Democratizar la comunicación para profundizar la democracia

Democratizar la comunicación para profundizar la democracia

DEMOCRATIZAR LA COMUNICACIÓN PARA PROFUNDIZAR LA DEMOCRACIA
En estos días (15-17 de mayo) se realiza en El Salvador una reunión de representantes de
las grandes radiodifusoras privado-comerciales del Continente, invitados por la Asociación
Salvadoreña de Radiodifusores (ASDER). En el evento confluye el encuentro bianual del
consejo directivo de la Asociación Internacional de Radiodifusión (AIR) y la asamblea general
de la Unión de Asociaciones de Radiodifusores de Centroamérica (UNARCA).
En este contexto, representantes de la AIR han expresado en algunos medios masivos
salvadoreños afirmaciones falsas sobre los procesos de democratización de la comunicación,
que se impulsan en varios países latinoamericanos a través de nuevos marcos jurídicos y
políticas públicas en el ámbito mediático. Los voceros de la AIR afirmaron que la
democratización de la comunicación no es más que una estrategia para acabar con los
“medios privados, libres e independientes”.
Las propuestas para democratizar la comunicación, descalificadas por la AIR, surgen del
seno de medios comunitarios, organizaciones populares, instituciones académicas,
Organismos de Naciones Unidas como la UNESCO y diversas instancias de la sociedad civil
que plantean la creación de modelos de comunicación plurales, diversos y democráticos; y
parten de tres principios fundamentales: el derecho humano a la comunicación, los medios
como instrumentos para la libertad de expresión y la democracia, y el espectro radioeléctrico
como un bien público que los Estados deben administrar con criterios transparentes y
democráticos.
Quienes promovemos la democratización de la comunicación, buscamos el reconocimiento
legal y en igualdad de condiciones de los medios públicos, privados y comunitarios; la
distribución equitativa de las frecuencias analógicas y digitales, mecanismos transparentes e
incluyentes para asignar las concesiones de radio y televisión, y medidas antimonopólicas
para contrarrestar la concentración de la propiedad mediática. También propiciamos
medidas como la defensoría del público; el derecho de rectificación y respuesta, la
asignación transparente y equitativa de la publicidad estatal, acceso universal al internet y
promoción de la cultura nacional.
Estas propuestas están recogidas en constituciones nacionales (Bolivia y Ecuador), leyes de
comunicación (Argentina y Uruguay) o en propuestas de ley que se debaten en congresos
legislativos (Ecuador y Honduras). En El Salvador, ARPAS –junto a organizaciones sociales
e instancias académicas, con apoyo de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos
Humanos y en diálogo con el sistema de medios públicos– plantea una ley para democratizar
la comunicación.
Estos marcos regulatorios están acordes con los parámetros democráticos establecidos por
instancias como la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la
Cultura (UNESCO) y las Relatorías para la Libertad de Expresión de la ONU, la OEA, Unión
Europea y de la Comisión Africana de Derechos Humanos, que proponen una mayor
diversidad de medios como garantía para la libertad de expresión y la pluralidad de
informaciones y opiniones.
Esta perspectiva democrática contrasta con la visión mercantil de los conglomerados
mediáticos representados en ASDER, UNARCA y AIR. Para estos grupos concentrados la
comunicación es un negocio, los medios son instrumentos para el lucro y las frecuencias
radioeléctricas son bienes privados de explotación comercial que se pueden comprar, vender
o alquilar. Estos oligopolios mediáticos asumen el discurso de la libertad de expresión para
defender sus intereses empresariales, manipular informaciones y opiniones, y para mantener
la hegemonía neoliberal.
Por eso se oponen a la democratización de la comunicación, calificándola como una
estrategia contra los “medios privados, libres e independientes”. En Argentina, por ejemplo, el
Grupo Clarín mantiene una fuerte ofensiva jurídica y política contra la Ley de Servicios de
Comunicación Audiovisual; en Ecuador impulsan una campaña de desinformación sobre el
proyecto de ley de comunicación, presentándola como ley mordaza; y en El Salvador
rechazan las propuestas de ARPAS, la UCA, FESPAD, ACISAM, ORMUSA y otras
organizaciones e instituciones .
Por tanto:
La Asociación de Radios y Programas Participativos de El Salvador (ARPAS), que aglutina a
25 radios y centros de comunicación comunitarios, y la Asociación Latinoamericana de
Educación Radiofónica (ALER), que integra a más de 100 radios y centros de comunicación
educativos y populares, coordinadoras nacionales de radios comunitarias y redes regionales
de comunicación, rechazamos enérgicamente las afirmaciones falsas de los representantes
de la Asociación Internacional de Radiodifusores (AIR).
ARPAS y ALER reivindicamos la democratización de la comunicación y la construcción de
modelos de medios democráticos como una reforma democrática estructural necesaria para
profundizar la democracia en nuestros países, en el marco de la búsqueda del Buen Vivir de
los pueblos latinoamericanos. En tal sentido, instamos a los medios de comunicación
democráticos, a las organizaciones populares y cristianas, a las instituciones académicas y a
los gobiernos que son sensibles a estas propuestas, a continuar con el esfuerzo de
democratizar la comunicación para profundizar la democracia.
San Salvador y Quito, 16 de mayo de 2013.