documento - Colombia Punto Medio

LA MINERÍA Y LOS DAÑOS AMBIENTALES: EL DEBATE MÁS ALLÁ DE LA ECONOMÍA
Julio Fierro Morales. *
El impacto ambiental de la megaminería
En el reciente estudio “Minería en Colombia: fundamentos para superar el modelo extractivista”,
publicado por la Contraloría General de la República, se establecen algunos indicadores objetivos
de los impactos de la minería a gran escala del carbón y del oro, alrededor de la gigantesca
generación de residuos rocosos que al transformarse mediante procesos geoquímicos inevitables
e irreversibles generan contaminación (Cabrera & Fierro, 2013). Todo ello con base en datos
generados por las empresas mineras, tanto en estudios ambientales como en reportes mineros e
informes de seguimiento remitidos a entidades oficiales.
En ese contexto no se entiende la insistencia de gremios mineros en que se está confundiendo a la
opinión pública con endilgarle efectos de la minería ilegal a la megaminería. Tampoco debería
insistir la institucionalidad ambiental y en particular el Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible, en que el daño ambiental relacionado con la minería se circunscribe a la ilegal y que el
hecho de contar con una licencia ambiental borra por resolución los efectos negativos que tiene la
minería, especialmente a gran escala y a cielo abierto, y no solo la ilegal, sobre aguas, suelos, aire,
ecosistemas y comunidades.
La gran deficiencia de los instrumentos ambientales y la irresponsabilidad de la megaminería
Es un hecho documentado en todo el mundo (Epstein, 2011; Palmer, 2010) que la normativa
ambiental no está dando cuenta de los impactos que genera la minería y en particular la de gran
escala. En el ámbito colombiano ya la Contraloría General de la República se ha referido de
manera reiterada desde 2008 (CGR, 2008) acerca de los impactos que sobre el ambiente y la salud
pública sufren comunidades y ecosistemas en las zonas mineras.
De igual manera, el Ministerio de Ambiente alertó desde 2007 sobre las gravísimas e irreparables
consecuencias de la minería en ecosistemas estratégicos y en áreas protegidas, situación que dio
lugar a la prohibición de la minería en ciertos lugares. La lista podría continuar con los análisis que
en su momento hizo la Procuraduría General sobre La Colosa y con innumerables informes de
entidades públicas y reportes académicos. Es deseable, por lo tanto, que gremios mineros y otros
agentes relacionados fundamenten en estudios y no en opiniones o deseos el debate técnicocientífico alrededor de la minería.
Es así como no contribuye a la argumentación gremial sobre la responsabilidad de la gran minería,
que la empresa Billiton insista en que se pueden gestionar los impactos de Cerromatoso con una
licencia de 1981 y con ajustes mediante un DEMA (Documento de evaluación y manejo ambiental),
instrumento declarado no ajustado a la normativa colombiana menos de un año después de su
creación, la ausencia de información de las empresas mineras con respecto a hundimiento de
barcazas en puertos carboníferos del Magdalena, los deslizamientos en sus taludes mineros en el
Tunjuelo, el incumplimiento de obligaciones ambientales como el cubrimiento de vagones de
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trenes carboneros, no caracterizar geoquímicamente rocas en tajos mineros en el Cesar, o la
realización de “preconsultas” espurias para correr ríos en La Guajira, entre muchas otras.
El cierre minero: el inicio de la configuración de pasivos ambientales
No existen casos exitosos de cierres mineros en el país con las únicas excepciones de la mina de sal
de Zipaquirá y dos canteras distritales en Bogotá, que tienen en común haber sido gestionadas en
su recuperación con dineros estatales. Quizá el caso más relevante por haber sido ventilado en
medios de comunicación, es el recientemente discutido proyecto para el cambio de curso del río
Ranchería en La Guajira, para el que El Cerrejón (2011) planteó que las fosas mineras serían
retrollenadas en cerca de un 50% y que “Cerrejón consultaría previamente con los grupos de
interés para definir el destino más apropiado de la parte remanente de los tajos. Como mínimo,
serán cercados para la seguridad pública”.
También es ilustrativo el caso de Cerromatoso, en el que de acuerdo con lo planteado en el
instrumento minero PTO remitido por la empresa en 2004: “La meta obvia para la planificación del
uso del suelo post-minería es apoyar el uso beneficioso de la tierra. Dependiendo del estado de la
propiedad de la tierra, el uso del suelo puede definirse por la compañía minera con o sin la
intervención de las autoridades reguladoras”.
En cuanto a Drummond, el Plan de Manejo Ambiental presentado por la empresa expresa que: “Se
realizará el cerramiento de los tajos remanentes mediante diques de protección que eviten el
ingreso de aguas de escorrentía de sectores por fuera de los límites del tajo. (…) para evitar que
aguas superficiales de buena calidad se deterioren entrando en contacto con aguas acumuladas en
los tajos, las cuales posiblemente presentarán en su mayoría condiciones de déficit de oxígeno y
minerales en solución.” (subrayados fuera de texto).
Es evidente que no existen consideraciones adecuadas para el uso post-minería de las tierras
afectadas y que resalta la debilidad institucional de los sectores minero y ambiental para hacerlas
obligatorias.
Para el caso de la megaminería de oro a cielo abierto, no existe ningún emprendimiento en
desarrollo, pero el EIA (Estudio de impacto ambiental) de la empresa Greystar para su proyecto
Angosturas en el Páramo de Santurbán contiene lo siguiente:
• Una vez garantizada la estabilidad de cada talud en la escombrera y en las zonas de préstamo se
procederá también a la conformación de suelos y cobertura vegetal.
• Para el tajo de explotación no se prevé retrollenado; se considera la posibilidad de inundación
parcial del tajo si el balance hídrico de la zona lo permite. De no ser así, en las actualizaciones al
plan de cierre inicial y en el plan de cierre final se indicará la alternativa a seguir.
La “restauración” consistiría entonces en cubrir con vegetación, ignorando el hecho de que las
pilas de lixiviación se caracterizan por unos pH extremadamente alcalinos y las escombreras por
ser exageradamente ácidas, al igual que los tajos mineros. La ignorancia con respecto a si el hueco
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se llenará o no con aguas evidencia la falta de interés en las zonas afectadas una vez la extracción
es llevada a cabo, a pesar que los tajos mineros en pórfidos metalíferos conllevan la generación de
aguas ácidas, situación que es de conocimiento pleno del macrosistema minero, como puede
comprobarse de la expedición de la “Guía Global del Drenaje Ácido de Mina” (INAP, 2012),
patrocinada por grandes empresas mineras, entre las cuales se encuentran Río Tinto, Xstrata,
Angloamerican y Vale.
El daño ambiental y los pasivos
Los gremios mineros critican que se asuman como ciertas e inevitables la irreversibilidad o la
perpetuidad de los impactos mineros en lo relacionado con la acidificación de rocas con altos
contenidos de sulfuros (en particular pirita, denominada de manera coloquial marmaja o
marmato) y la consiguiente liberación al ambiente de metales pesados y otras especies químicas
tóxicas, pero este es un debate carente de sentido pues se trata de leyes químicas que se cumplen
en la práctica. Para ilustrar sobre estos aspectos y citando únicamente revistas indexadas de las
más altas calidades científicas, puede consultarse a Science, en su edición de enero de 2010; a
Elements, en su edición Mine Wastes de diciembre de 2011; a los Anales de la Academia de
Ciencia de Nueva York de febrero de 2011, entre otros. A menos que se haya encontrado cómo
reversar la termodinámica o la entropía en el corto, mediano o largo plazo, en cuyo caso
esperamos que se ilustre con los soportes del caso en el debate científico.
En el contexto local es importante el documento de SRK Consulting (2011) para Gran Colombia
Gold con respecto al proyecto Marmato, donde de manera explícita se establece que “El impacto
potencial de estas escombreras con respecto al lixiviado de drenajes ácidos de roca, (…) requerirá
de atención particular durante el diseño y la construcción.” (pp. 120). También se lee: “La
contaminación de aguas subterráneas como resultado de infiltraciones acidas o ricas en metales
desde la mina (…)” (pp. 140), es decir, que no solamente se contaminan con acidificación las aguas
superficiales. El hecho de que el documento establezca un impacto “potencial” daría en principio
cierta razón a los argumentos gremiales, pero estos quedarían claramente desvirtuados en la
página 144 al establecerse que: “Aunque la mineralización de oro está descrita como de ocurrencia
en venillas ricas en sulfuros, los sulfuros también están presentes de manera diseminada en las
rocas porfiríticas adyacentes. De estos minerales solamente la galena no genera acidez cuando se
oxida (…)” (subrayados fuera de texto)
De la lectura es claro que: 1. Que la mineralización de Marmato –al igual que la de Santurbán o La
Colosa- asocia de manera íntima el oro a los sulfuros; 2. Los sulfuros generan acidez, excepción
hecha de la galena; 3. Que la acidificación ocurrirá, en particular cuando los datos de Greystar y
AngloGold demuestran que la pirita se encuentra en ciertos porcentajes dentro del yacimiento (1
al 10%), mientras que el oro se encuentra en el mejor de los casos en partes por millón (0,5 a 1).
Con la base cierta de la ocurrencia de acidificación y la consecuente contaminación de aguas
superficiales y subterráneas (las escombreras mineras acumulan miles de millones de toneladas de
residuos rocosos que acidifican), la discusión es si es posible la gestión de este impacto que se
relaciona con la disolución y dispersión de muchas especies químicas contaminantes. Una de las
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respuestas es que es posible llevar los drenajes ácidos a condiciones cercanas a las neutrales con
costos asumidos por empresas mineras comprometidas mientras llevan a cabo su proyecto, pero
que las condiciones para la acidificación continuarán operando de manera perpetua en escala de
tiempo humana.
Habría que preguntarse si luego de terminar su proyecto las empresas continuarán tratando el
agua, máxime cuando estudios recientes llevados a cabo por Earthworks (2013) publicado como
Polluting the future y con base en la revisión de más de 200 reportes de instituciones públicas y de
informes científicos en instancias académicas, se muestra el altísimo costo del tratamiento de
aguas ácidas de mina en Estados Unidos, a propósito cifras de contexto que deben tenerse en
cuenta cuando las empresas mineras enfatizan sobre la elevada carga de regalías e impuestos: “De
acuerdo con nuestra investigación, los costos de tratamiento de aguas en estas minas se estima en
57.000 a 67.000 millones de dólares por año, una deuda que nuestros hijos y nietos deberán
asumir para asegurar agua limpia.” (Earthworks, op. cit.)
Deuda ecológica y economía ambiental
Una arista del debate que plantean los gremios tiene que ver con la crítica al modelo extractivista
en términos de extracción para exportación con grandes costos ambientales y sociales. El hecho
que se desconozcan los debates sobre extractivismo y post-extractivismo que se llevan a cabo en
el mundo es quizá una muestra más de la tradicional insularidad de un sector acostumbrado a
circunscribirse como un asunto estrictamente doméstico a espaldas del resto del mundo. La huella
material de las exportaciones, la huella del agua y la huella de carbono son parte de los abordajes
que se plantean en los debates sobre economía ecológica, justicia ambiental o comercio
ambientalmente justo. Para ilustrar este tema se recomiendan los textos de Martínez Alier,
Gudynas, Acosta y en Colombia de Pérez y Vallejo, entre otros.
Los mitos “técnicos” aducidos por gremios mineros
El gremio de la minería a gran escala expresa que: “Para sustentar la amenaza de la minería sobre
los derechos a la tierra, no se utilizan de manera exacta las cifras de títulos mineros en varios
sentidos: se confunde un título con un actividad minera; se desconocen los dobles registros que
existen en los títulos; y no se entienden afirmaciones como que 2,1 millones de hectáreas se
dedican a la minería y luego se afirma que 40 millones de hectáreas están amenazadas por la
minería.”
De acuerdo con las Naciones Unidas (2005), la amenaza es la probabilidad de ocurrencia de un
suceso potencialmente desastroso durante cierto periodo de tiempo en un sitio dado. Acotando el
término, existen escenarios de amenaza y uno de ellos es el actual, con áreas que ya están
afectadas por la actividad minera y otras que han sido tituladas y que deben ser sometidas a la
carga ambiental y social que implica la exploración.
Con base en los casos de Cerrejón, Drummond y Cerromatoso es posible afirmar que el impacto
ambiental no solamente se restringe al área circunscrita del título sino que afecta zonas
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adyacentes: el área de influencia indirecta biofísica planteada por Cerrejón es al menos tres veces
mayor que el área de la suma de todos sus títulos; los botaderos de Drummond se ubican muchos
de ellos por fuera de sus títulos, donde los tajos mineros y las escombreras restantes abarcan la
totalidad del área titulada, y en el caso de Cerromatoso, parte de las escombreras y de las colas se
encuentran por fuera del título.
Un mito difundido por gremios mineros y que es expuesto en el artículo de la revista Mundo
Minero es que “el índice de éxito minero (…) es de menos del 1%, en concreto 1 de cada 1000 áreas
se convierte en un proyecto exitoso. En consecuencia, el traslape entre las solicitudes de
exploración y la frontera agrícola o el tamaño de los municipios es inexacto, pues no tiene en
cuenta esta probabilidad”
En primer lugar, es un error pretender promediar un “índice de éxito minero”, pues es diferente la
probabilidad de que un proyecto de materiales de construcción se materialice, a que lo haga uno
de oro, carbón o esmeraldas. Ya con una base conceptual equivocada se presenta un dato
cuantitativo de que el 1 por mil de los proyectos mineros llega a ser una realidad. En aras de la
discusión sería pertinente a tener las referencias bibliográficas que sustentan tanto la
conceptualización del “índice” como el porcentaje de éxito, máxime cuando en Colombia, de
acuerdo con la institucionalidad minera, existen cerca de 4000 títulos mineros en explotación, lo
cual indicaría, que hubo cerca de 4 millones de proyectos exploratorios, cifra ante la cual las
“verdades sabidas” son poco fiables.
Para terminar, además de las falencias ya documentadas desde la perspectiva económica, el
estudio de Ernst & Young (2012) presenta inconsistencias técnicas. En el caso de la minería de oro
consideran para el caso de minas a cielo abierto una “relación estéril/mineral útil (Stripping ratio)”
como de 8:1. En el caso de todos los proyectos con información técnica generada por las empresas
mineras, la relación es cercana a 1.000.000:1 (La Colosa, Marmato y Angosturas, entre otros).
Tampoco corresponde a la realidad que el cierre de mina por tonelada de material extraído en
cielo abierto sea de $1,2 mientras que para minería subterránea sea de $7,7 (cinco veces mayor)
ni que la concentración de oro sea 1,24 ppm, cifra entre un 25 y un 75% mayor a lo reportado por
los proyectos auríferos de megaminería a cielo abierto en el país. Es evidente que la información
suministrada en el caso del oro no resulta confiable ni sustentable.
*Geólogo MSc. Geotecnia U.N. Analista y consultor ambiental. Investigador Grupo Terrae.
Referencias citadas
Cabrera, M. & J. Fierro (2013). Implicaciones ambientales y sociales del modelo extractivista en
Colombia. En: Minería en Colombia: fundamentos para superar el modelo extractivista.
Contraloría General de la República. Bogotá.
Cerrejón (2011). Resumen del Proyecto de Expansión Iiwo´uyaa para Grupos de Interés.
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Cerromatoso (2004). Plan de Trabajo y Obras – PTO. Documento interno presentado a Ingeominas.
Contraloría General de la República (2008). Informe de auditoría gubernamental con enfoque
integral. Modalidad especial. Instituto colombiano de geología y minería Ingeominas. Vigencia
2007.
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Elements (2011). Mine Wastes. Dec. 2011, Vol. 7 (6).
Epstein, P., Buonocore, J., Eckerle,K., Hendryx, M., Stout, B., Heinberg, R., Clapp, R., May,B.,
Reinhart, N., Ahern, M., Doshi, S., and L. Glustrom (2011). Full cost accounting for the life cycle of
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