Encendiendo el motor forestal La estabilidad financiera según el FMI
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Encendiendo el motor forestal La estabilidad financiera según el FMI
viernes 9 de octubre del 2015 el comercio .A21 Opinión El Comercio abre sus páginas al intercambio de ideas y reflexiones. En este marco plural, el Diario no necesariamente coincide con las opiniones de los articulistas que las firman, aunque siempre las respeta. Diversificación Productiva en marcha Ley de partidos políticos Encendiendo el motor forestal Reformar contra la realidad - Piero Ghezzi Solís Ministro de la Producción L os últimos días han sido muy importantes para la diversificación productiva. Además de los seis decretos legislativos aprobados para impulsarla, se implementó tres acciones para facilitar el despegue del sector forestal: la aprobación de cuatro reglamentos a la Ley Forestal, impulsados por el Ministerio de Agricultura; la modificación del Fondo Mipyme en la Corporación Financiera de Desarrollo (Cofide), que facilitará el financiamiento al sector; y la aprobación de la construcción del Centro de Innovación Tecnológica (CITE) forestal en Pucallpa, el más grande del país. Las cifras de nuestro potencial forestal son elocuentes. Tenemos de 10 a 12 millones de hectáreas de bosque amazónico. Usamos menos de 2 millones. Es madera fina, lista para aprovecharse con un manejo ambientalmente sostenible. Además, tenemos en los espacios andinos y amazónicos aproximadamente 9 millones de hectáreas “reforestables” para plantaciones. Solo hemos reforestado 33 mil hectáreas. La bolaina crece en nuestras plantaciones en 8 años versus 23 años del pino radiata, especie con propiedades similares, en Chile. Sin embargo, este país, con mucho menos territorio de aptitud forestal, exporta alrededor de US$5.500 millones de productos forestales versus US$170 millones del Perú. Logros de la mesa forestal: El potencial observado nos llevó a instalar la mesa forestal, a iniciativa del Ministerio de Agricultura (Minagri), como parte del Plan Nacional de Diversificación Productiva. La mesa elaboró un diagnóstico integral e identificó tres tipos de barreras: a) Deficiente regulación y tramitología. b) Falta de innovación y baja productividad. c) Falta de financiamiento. En regulación, este 30 de setiembre se publicaron los cuatro regla- mentos forestales pendientes, liderados por el Minagri. Participaron más de 2.500 personas, incluidas comunidades nativas vía la consulta previa. Los reglamentos permiten que aquellos que tienen posesión pero no titulación de sus tierras puedan comerciar su madera de manera legal. También los dueños de tierras pueden realizar plantaciones forestales sin trámite alguno. Para el bosque, se simplifica los trámites, se permite que la concesión pueda constituir garantías para préstamos, y se da una visión integral (más allá de productos maderables). Además, se levantaron las barreras en tramitología: carga casi cero; agilización notable del mecanismo de exportación; implementación del Manual de Auditoría Quinquenal y Sistema de Información Gerencial; mejora en regulación de las infracciones y sanciones y conformación del Tribunal Forestal. ren mínimo a diez años, con largos períodos de gracia debido al flujo de caja acumulado negativo hasta la cosecha. Ese tipo de financiamiento no existe. Tampoco para las concesiones de bosque primario, pues en el pasado las concesiones nunca se han aceptado como garantía. Esperamos utilizar un monto relativamente pequeño Crecimiento Lograr el despegue definitivo del sector forestal requerirá reglas de juego sostenidas en el tiempo. El CITE forestal en Pucallpa ayudará a acelerar la innovación en los procesos productivos, y, con nuevas especies, a transferir tecnología a las pequeñas y medianas empresas (mipymes) y atraer expertos calificados del exterior. Sus laboratorios darán certificaciones de calidad. También ayudará a la estandarización. Mejorará nuestros procesos de secado y corte de la madera que aún no son ideales, inyectando competitividad. En cuanto al financiamiento, las plantaciones forestales lo requie- (S/.200 millones inicialmente) para préstamos de segundo piso que gatillen el financiamiento privado al sector, como hizo el Fondo Mivivienda con el sector inmobiliario. Las compañías de seguros y fondos de pensiones locales son los inversionistas naturales. Las ventajas del sector forestal rebasan lo productivo. Desarrollar el sector no solo es compatible con el medio ambiente, sino que protege nuestra biodiversidad, nos ayuda a preservar el agua, e incluso podría mitigar desastres naturales. Además, es una actividad socialmente inclusiva. Por cada 2 hectáreas de plantación se genera un empleo formal para trabajadores no calificados. Países vecinos decidieron años atrás impulsar su sector forestal. Para desarrollarlo, Chile devolvía hasta 75% de lo que las empresas invertían en las plantaciones. Similares incentivos, en menor porcentaje, han aplicado Brasil, Uruguay, Colombia y, recientemente, Ecuador. A diferencia de nuestros vecinos, el Perú apuesta principalmente por mejorar la productividad. Naturalmente lograr el despegue definitivo del sector forestal requerirá más que lo logrado hasta hoy. Requerirá también reglas de juego sostenidas en el tiempo, y acompañamiento continuo para hacer ajustes cuando sea necesario. Asimismo, seguir fortaleciendo la infraestructura logística. Esperamos que con lo hecho y lo que queda por hacer este motor del crecimiento, por tantos años apagado, se encienda para impulsar el progreso del Perú. ilustración: giovanni tazza mirada de fondo La estabilidad financiera según el FMI - iván alonso Economista E n una entrevista periodística publicada el último domingo, Christine Lagarde, directora gerenta del Fondo Monetario Internacional, encomia a los reguladores bancarios del mundo por haber establecido requerimientos más estrictos de capital, lo cual debería contribuir a la estabilidad financiera. Una visión, para ser justos, compartida por gran parte de la comunidad financiera y de la academia. Lo que no queda del todo claro en la mente de este economista desregulado es de qué manera una mayor exigencia de capital reduce el riesgo de que los ahorristas no puedan recuperar sus depósitos, que es, si no la única, la principal razón para preocuparse por la estabilidad financiera. Supongamos que el regulador le ordena a un banco que aumente su capital. Los accionistas cumplen con hacer un aporte. Pero ¿qué es exac- tamente lo que aportan? Podrían, por ejemplo, aportar inmuebles, que el banco después utiliza para trasladar allí las agencias que funcionan en locales alquilados. Más inmuebles en el lado izquierdo del balance implican más capital en el lado derecho. ¿Sirve ese capital para devolver a los ahorristas sus depósitos, en caso el banco no pueda recuperar la totalidad de los préstamos que ha otorgado? No, a menos que se puedan vender los inmuebles rápidamente sin tener que bajarlos de precio. El regulador indudablemente preferiría que el aporte se hiciera en efectivo. Pero eso no resuelve el problema. Un aporte en efectivo significa que el banco puede hacer más préstamos y también, por lo tanto, que puede perder más plata. Su capacidad para responder por los depósitos del público no necesariamente será mayor de lo que hasta entonces había sido. El regulador tendrá que exigir que el aporte quede inmovilizado en la bóveda, con el objeto de que haya más capital para el mismo volumen de préstamos. Pero, para mantener su rentabilidad, los bancos tratarán de cambiar la composición de su cartera, reemplazando los préstamos menos riesgosos por otros más riesgosos, que son los que pagan las tasas de interés más altas. En todo orden de cosas, la gente suele reaccionar de una forma que lleva a resultados distintos de los que esperaban los reguladores. La regulación financiera no es una excepción. Hay una presunción de que los dueños de los bancos no pondrán por propia voluntad todo el capital necesario para aislar a sus depositantes de las pérdidas crediticias; o que asumirán riesgos excesivos para el capital con que cuentan. Pero en esto no tienen por qué ser diferentes a los demás empresarios. No quieren conscientemente perder su negocio por una acumulación de malas deudas que lo descapitalicen completamente. No quieren tampoco arriesgar las utilidades futuras por una ganancia de corto plazo. Decir que los bancos deben tener como mínimo un capital equivalente al 8% o al 10% o a cualquier otro porcentaje de sus préstamos es esencialmente una cuestión subjetiva. Parte de una idea acerca de la frecuencia con la que sus clientes no estarán en capacidad de pagar sus deudas y de cuánto consideren recuperable mediante la ejecución de sus garantías. Una idea basada ya sea en la experiencia o en la confianza sobre su proceso de evaluación crediticia. Y, con todo respeto, no creemos que los reguladores, en general, estén mejor informados o motivados para decidir cuánto riesgo debe asumir un banco. Fernando Tuesta Soldevilla Profesor de Ciencia Política de la PUCP E l Congreso de la República aprobó modificaciones a la Ley de Partidos Políticos que, desde su promulgación, en noviembre del 2003, ha visto cambiar su contenido en casi todo su articulado. El problema es que no atacan aspectos sustantivos de la regulación de los partidos políticos o sus modificaciones han ido en sentido contrario al objetivo declarado. Es suma de partes y ausencias. La propuesta, por ejemplo, permite que un partido pueda seguir existiendo pese a no presentarse a un proceso electoral –con lo que se alarga la vida de los llamados “vientres de alquiler”–, eleva a una cuarta parte el número de candidatos designados por la dirección del partido – sin que pasen por elecciones internas– e incrementa a más de 700 mil las firmas de adherentes para inscribir un partido, cuando estas medidas no han reducido la presencia de partidos cascarones. De la misma manera, no se toca el pernicioso voto preferencial, así como no permite la intervención directa de los organismos electorales en las elecciones internas, entre otras importantes ausencias. Pero la gran novedad de este primer paquete de modificaciones es el artículo que señala que no se puede entregar, prometer u ofrecer dinero, regalos o dádivas, salvo como propaganda electoral, siempre y cuando no supere el 1% de una UIT por cada bien entregado. La pretensión es legislar contra el populismo y la demagogia, partiendo de que el elector se deja llevar por estas prebendas, creando un sinsentido jurídico. ¿Cómo hará la ONPE, al que se le encarga esta tarea, para cotizar el valor de un bien que se entrega u ofrece? ¿Qué método y qué pruebas debería alcanzar? Es decir, si se regala un bien que cuesta S/.38,50 (1% de la UIT) estaría prohibido, pero si se regala cientos que cuestan menos de esa cantidad, no. Si un partido excede esta cantidad, la ONPE tendría que sancionarlo con 100 UIT (S/.385.000) e incluso podría retirarlo de la campaña electoral (al ser una conducta tipificada como grave). El problema para esta ley es la realidad que busca normar. En una campaña electoral se desarrollan, en muy corto tiempo, cientos de eventos simultáneos y espontáneos en todo el país. Hoy ya están inscritos 21 partidos nacionales, por lo que se tendría 21 candidatos presidenciales y –gracias al voto preferencial– cada candidato al Parlamento hará campaña individual, por lo que sumarían 2.730 candidatos en total. Para ir tras cada candidato la ONPE tendría que crear un aparato especial con personal y recursos supervisando sus actividades –obviamente no podría hacer una muestra estadística–. Una práctica altamente subjetiva y de casi imposible aplicación. Esto supondría, además, una carga administrativa alta que se desplazaría luego al JNE cuando, por apelación, deba ver cada caso, incrementando su ya alta carga procesal. Ahora imagínese esto para el caso de las elecciones regionales y municipales, cuyo número de candidatos supera los cien mil: las denuncias se multiplicarían, exigiéndose a los organismos electorales su cumplimiento, ante una tarea de difícil aplicación y resultado esquivo. No se trata de no combatir la demagogia, sino hacer leyes realistas, aplicables y que no se cargue de más trabajo a los organismos electorales, distrayendo la atención de sus funciones fundamentales. Ingentes e inútiles recursos para legislar contra la realidad. habla culta - martha Hildebrandt - Director General: FRANCISCO MIRÓ QUESADA C. Pipilín. En la lengua general la voz infantil pipí designa la orina, pero en el castellano de gran parte de la América hispana, el Perú incluido, pipí es el equivalente de pene, especialmente el del niño. El oficial Diccionario de americanismos (2010) registra, con el mismo sentido, el diminutivo pipilín, el cual está circunscrito a nuestro país. Véase este diálogo en Los últimos días de La Prensa de Jaime Bayly: “–¿No tiene pipilín el viejo? / –Dice que se lo volaron en la guerra...” (Barcelona 1996, p. 306). Director Periodístico: Fernando Berckemeyer Olaechea Directores fundadores: Manuel Amunátegui [1839-1875] y Alejandro Villota [1839-1861] Directores: Luis Carranza [1875-1898] -José Antonio Miró Quesada [1875-1905] -Antonio Miró Quesada de la Guerra [1905-1935] -Aurelio Miró Quesada de la Guerra [1935-1950] -Luis Miró Quesada de la Guerra [1935-1974] -Óscar Miró Quesada de la Guerra [1980-1981] -Aurelio Miró Quesada Sosa [1980-1998] -Alejandro Miró Quesada Garland [1980-2011] -Alejandro Miró Quesada Cisneros [1999-2008] -Francisco Miró Quesada Rada [2008-2013] -Fritz Du Bois Freund [2013-2014]