Situación de las URIS en Bogotá afecta la

Situación de las URIS en Bogotá afecta la

Situación de las URIS en Bogotá afecta la seguridad de
la ciudad
La Veedora Distrital, Adriana Córdoba, hizo un nuevo llamado para que los gobiernos
Nacional, Departamental y Distrital se comprometan en encontrar prontamente una
solución de fondo para frenar la grave situación de hacinamiento y vulneración de
derechos que viven los más de 14 mil ciudadanos privados de la libertad, no sólo en
las cárceles de Bogotá, (Buen Pastor, La Picota y La Modelo), sino en la Unidad
Permanente de Justicia UPJ y las Unidades de Reacción Inmediata (URI´s) de la
Fiscalía General de la Nación.
Estas últimas, que son responsabilidad de la Fiscalía y del Gobierno Nacional, pese a
ser lugares de paso, se están convirtiendo en centros de reclusión. Para la Veeduría
Distrital es lamentable la situación, pues mantienen en condiciones infrahumanas a
cerca de setecientos (700) ciudadanos privados de la libertad, sin que hasta ahora se
vislumbre una solución estructural en el inmediato, mediano y largo plazo.
Este nuevo llamado de la Veedora Distrital se hace en momentos en los que el paro
judicial completa más de 60 días y la situación de hacinamiento en las Unidades de
Reacción Inmediata -URI´s- y de las cárceles es cada vez más incontrolable. El
hacinamiento en la UPJ y las URIs es del 95%, con una capacidad instalada de 355
cupos; hoy hay 691 ciudadanos privados de la libertad.
“Es imperante que el Gobierno Nacional asigne recursos y con el apoyo financiero y
político de los gobiernos Distrital y Departamental entren a solucionar este grave
problema de hacinamiento. La ciudad y la región tienen una bomba de tiempo que en
cualquier momento puede afectar la seguridad de los ciudadanos”, enfatizó la
Veedora Distrital, quien desde comienzos de año ha insistido en la necesidad de
tomar medidas estructurales como reconstruir las cárceles Modelo y Buen Pastor, tal y
como se hizo con la Cárcel Distrital, construir una cárcel regional en un municipio de
Cundinamarca y si se va a ampliar la capacidad de La Picota, se debe contemplar un
plan de regularización que afecte lo menos posible a las comunidades circunvecinas y
a la ciudad en general.
Esta situación, además de vulnerar todos los derechos de los más de 14 mil
ciudadanos privados de la libertad, afecta la seguridad de las comunidades vecinas de
las cárceles, de las URIs y de la ciudad en general, en la medida en que se dejan de
realizar detenciones porque no existen lugares donde recluir a los delincuentes y
violentos. “Existen altos riesgos de fugas masivas, desastres como el incendio de la
Cárcel Modelo de Barranquilla o riesgos sanitarios por epidemias en los centros de
reclusión y para la ciudad, como las que se presentaron hace algunos meses en la
Picota de tuberculosis y varicela”, agregó la Veedora Adriana Córdoba.
UPJ del Distrito también está siendo utilizada para atender el hacinamiento de las
cárceles
Para la Veedora Distrital, Adriana Córdoba, resulta aún más preocupante la situación
de la Unidad Permanente de Justicia (UPJ) del Distrito, en la medida en que fue
creada para proteger ciudadanos por no más de 24 horas y hoy en día está siendo
utilizada para tener por varios días y meses a sindicados y condenados por delitos y
no contraventores de las normas de convivencia, como era el objetivo de esta Unidad.
Las salas de retención de la UPJ no están diseñadas para tener detenidos de alta
peligrosidad y el INPEC no ha recibido las personas que se encuentran con condenas
en la UPJ).
“Se está cambiando una medida de protección a la ciudadanía por solucionar el
problema de hacinamiento en cárceles y URI´S, que es responsabilidad de la Nación”,
explicó la Veedora Adriana Córdoba.
En su momento, el Secretario de Gobierno, Hugo Zárate, y el comandante de la
Policía de Bogotá, Edgar Sánchez, suscribieron un documento en el cual prestaron las
celdas del segundo piso de la UPJ para retener allí a ciudadanos con condenas
(personas con penas hasta de 40 años), lo cual agravó la prestación del servicio UPJ
y desubicó a los funcionarios de la Secretaría de Gobierno que son designados a la
UPJ. Hoy en día por el préstamo o lo que se cedió a la URI, ya no se hace
clasificación en la UPJ, ya que solo cuenta con dos salas de retención en el primer
piso. (Todos los hombres en una misma sala, habitante de calle, universitarios,
ciudadanos de grupos étnicos, miembros de barras bravas, etc).
En la visita que la Veeduría realizó a la UPJ se encontró que el hacinamiento y uso
inadecuado de la Unidad ha provocado el taponamiento de las cañerías y las aguas
negras se rebosan hacia el primer piso. Esto llevó a Salud Pública del Distrito a
clausurar estas áreas de retención desde el 11 de septiembre de 2014, sin embargo,
haciendo caso omiso, hoy se siguen utilizando para retener a más de 180 personas.
A juicio del ente de control, hay que decretar emergencia sanitaria en la UPJ y las
URI’s para que los funcionarios del INPEC permitan el ingreso a las cárceles de
Bogotá de los sindicados y condenados que se encuentran en estas instalaciones y
los jueces definan rápidamente la situación de algunos ciudadanos que no irían a las
cárceles. “La emergencia sanitaria, que se puede aplicar para las cárceles hacinadas,
les permite a los gobiernos Nacional y Distrital asignar recursos para solucionar este
problema en el mediano y largo plazo”, reiteró Adriana Córdoba.
Finalmente, la Veedora Distrital también llamó la atención para que los gobiernos
Nacional y Distrital se reúnan para encontrar soluciones de fondo al problema de
privación de la libertad de los adolescentes del Sistema de Responsabilidad de
Responsabilidad Penal -SRPA-, en particular a los problemas que en los últimos
meses se han presentado en El Redentor.
http://www.radiosantafe.com/2014/12/15/situacion-de-las-uris-en-bogota-afecta-la-seguridadde-la-ciudad/