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18/03/2005
BRECHA, Página 19
La red
COMITÉS DE APOYO A LOS PRESOS POLÍTICOS
El 14 de marzo de 1985 se cerraron las cárceles políticas uruguayas. Buena ocasión para
recordar y comparar las formas en que se manifestó, a lo largo de más de quince años, la
solidaridad de familiares y amigos con las personas encarceladas.
Ivonne Trías
En Uruguay hubo presos políticos* mucho antes del golpe de Estado de 1973. Fueron
presos (o deportados) políticos los organizadores de los primeros sindicatos del país y
los opositores a las anteriores dictaduras. Y, a diferencia de lo que sucede con los presos
sociales, toda vez que hubo presos políticos en el país hubo solidaridad hacia ellos, sea
en forma anónima y difusa, sea en forma organizada. Dos de las fundadoras del Comité
de Familiares de Presos Políticos formado en 1969, María Eva Amir y Marcelle
Bidegain, relataron a BRECHA estos comienzos.
“Para denunciar el maltrato y torturas que se aplicaban en lugares de detención
contábamos al principio con periódicos que publicaban dichas denuncias, además de
legisladores que se hacían eco de las mismas”, dice Amir.
“Y se vio también la necesidad de atender a muchos niños que quedaban desamparados.
Entonces creamos la guardería para los hijos de los presos políticos, a la que concurrían
también niños del barrio”, apunta Bidegain.
Las dos fundadoras, aunque temen ser injustas por olvidar algunos nombres, recuerdan
que de aquel primer comité que funcionó entre 1969 y 1974 formaron parte: Bárbara
Sureda de Cabrera, Elsa Dubra de Maynard, Esperanza Garrido y Hugo Fabbri,
Yamandú Pouzo y Mary Suárez, Mary Martínez de Faravelli, Sara González de
Gutiérrez, Olga Mántaras, Ivelisse Macchi y Aída Torre, Gloria López de Clavijo,
Rosana Tejera, Esther Crandines de Ribeiro, María Busak, Ivonne Blanco, Isabel Corina
Devitta, María Inés Sánchez Rossi, Élida Bravo, Claudette y Alicia Candán, María Rosa
Mercao de López, Olga Rivero, Elsa Amodei, Yuyo Goitiño, Maruja Márquez de
Baldovino, Dora Díaz, “nosotras dos, ¡y tantas otras...!”.
Amir considera que la primera etapa fue con los presos de Punta Carretas y de la Cárcel
de Mujeres y que la segunda, la correspondiente al gobierno de Jorge Pacheco Areco y
luego a la dictadura, fue una etapa muy brava, con mucha persecución. Pero también,
acota Bidegain, “con mucho apoyo, de mucha gente que nos prestaba lugares para
reunirnos, sacerdotes que abrían las puertas de sus parroquias porque sabían que nos
estaban persiguiendo”.
Anduvieron a salto de mata hasta que consiguieron lo que buscaban, locales políticos,
más protegidos, como el de Erro y el de Michelini.
Entre 1969 y 1971, aproximadamente, “todavía regía el hábeas corpus, todavía actuaban
con ciertas libertades los abogados, como Hugo Fabbri, Alejandro Artuccio, Elena
Martínez, Edgardo Carvalho, Caggiani, Arturo J Dubra, Graciela Borrat y otros”.
Amir y Bidegain consideran que el comité fue útil en lo afectivo, en lo moral, y también
en lo económico, porque muchas veces había que buscar al familiar por todo el país y
había que contar con la plata para los pasajes y para el paquete.
“Hubo muchísima solidaridad. Es verdad que había familias que tenían conciencia de lo
que estaba pasando señala Amir, pero había familiares que caían del cielo, que se
sorprendían al descubrir que su hijo o hija ‘estaba en algo’ y se sentían totalmente
desorientados.”
Después vino la dictadura.
LA GUARDERÍA. Con la ayuda de “mucha gente anónima que sentía la causa de los
niños” se abrió, en la calle Pérez Castellano, la guardería para los hijos de los presos.
La guardería, que funcionaba de seis de la mañana a siete de la tarde, y contaba con
gente especializada, aliviaba esa situación.
“Lo más importante, apunta Bidegain, es que nunca compramos nada, todo venía como
donación, la mayor parte de las veces anónima. Habría que hacer un día un homenaje a
la solidaridad anónima. Porque sin esa gente, sin el vecino, sin el amigo, sin el familiar,
no se hubiera podido. Porque la gente que está en la vanguardia necesita de la gente que
está en la retaguardia y apoya y sostiene. Venía un camión con una carga enorme de
cosas para la guardería. ‘¿Quién lo manda?’, preguntábamos. ‘No, no importa, es para
los niños de los presos’, nos decían.”
Y estaban los psicólogos, acota Amir, los que apoyaron a los chiquilines cuando estaban
peor, “y había que contenerlos mucho, tratarlos con mucho, mucho cariño y eso es lo
que tratábamos de hacer”.
Claro que toda esa actividad tenía, además, otras consecuencias. “Y cuando nos llevaron
presas a nosotras y nos preguntaban quiénes eran esas personas que colaboraban, porque
ellos no podían entender que había solidaridad anónima, nosotras decíamos bueno, nos
matarán, pero no sabemos quiénes son...”
REMINISCENCIAS. “El otro día pasé por donde estaba el juzgado, en la calle Estero
Bellaco... Todo lo que hacíamos para averiguar cuándo venían al juzgado nuestros
presos y poder así verlos un segundo al bajar de los camiones o cantarles algo o gritarles
el nombre, algo, una señal de que estábamos allí, apoyándolos, recuerda Bidegain: Nos
pasábamos días, sentados allí desde temprano, sólo para verlos pasar. Y bueno, ahora,
después de tantos años, pasé por Estero Bellaco y recordé todo eso (se emociona)... Son
reminiscencias, perdón.”
Después del 74 el comité se redujo, ya no se podía ni pagar el alquiler. Cuando empezó
a abrirse de nuevo el panorama, recuerda Amir, hicieron algunas marchas: “De mujeres
solas primero, en silencio. Tan en silencio que oíamos nuestros propios pasos por la
calle”.
EL ÚLTIMO COMITÉ. Virginia Martínez, aunque pertenece, como Adrián Manera,
del Serpaj, a una generación muy posterior, también comparte con BRECHA sus
recuerdos de las actividades de apoyo a los presos.
“Antes que luchar por los presos políticos, había que luchar por el reconocimiento de
los presos políticos, porque la dictadura negaba su existencia”, sostiene. Por algo lo que
antes se llamó Comité de Apoyo a los Presos Políticos, dice Martínez, durante la
dictadura se llamó Comité de Madres y Familiares de Procesados por la Justicia Militar.
Hubo años de silencio, con solidaridad personal, clandestina, hasta que empezó el
repunte.
En julio de 1982, 384 madres de presos, con el apoyo del Serpaj, presentaron una carta
al dictador Gregorio Álvarez “reclamando amnistía para sus hijos. Entre las que
impulsan la iniciativa están Esperanza Garrido, Margot Sánchez, Iris Valente, Marta
González, Zdenka Montero, Mercedes Barreiro, Dora Díaz y Olga Rivero, cuyos hijos e
hijas llevan más de diez años en prisión. El abogado Hugo Fabbri escribe los
fundamentos jurídicos del pedido. El hecho constituye un desafío a la dictadura y es casi
silenciado por la prensa. La carta es el primer paso para la formación del grupo de
Madres y Familiares de Procesados por la Justicia Militar”.**
En setiembre del mismo año, siempre según los recuerdos y apuntes de Martínez, fue la
Jornada de Silencio de estas madres en la parroquia Sagrada Familia, en reclamo de una
respuesta al pedido de amnistía para sus hijos.
En junio de 1983, durante la visita del rey de España Juan Carlos I, Gregorio Álvarez
ofrece una recepción en el Palacio Legislativo. Allí el rey expresa su confianza en que
“el país llegará a una democracia plena en la que los partidos políticos sean el cauce
efectivo de la participación del pueblo”. En la avenida 18 de Julio la Policía detiene a
una decena de madres de presos políticos que, al paso de la caravana, despliegan un
cartel pidiendo una amnistía general.
En diciembre de 1984 las madres de presos políticos se concentran en silencio frente a
la Casa de Gobierno para entregar a Gregorio Álvarez una segunda carta, “esta vez
acompañada por 23 mil firmas, en la que reclaman amnistía general. La Policía las
obliga a dispersarse y el pedido es presentado tres días más tarde”, apunta Martínez.
Tras el relato de quienes participaron en las distintas etapas de estos comités de apoyo a
los presos políticos, surgirá la inevitable comparación: cómo apoyar hoy a los presos
sociales que, en terribles condiciones de reclusión, carecen de los elementales soportes
materiales, culturales y afectivos.
* Amnesty International define como preso político a “toda aquella persona detenida
por las autoridades de su país por razones vinculadas con la política. Ese vínculo puede
estar referido a la naturaleza de los actos que le son reprochados, a las motivaciones que
la han llevado a actuar, o a las motivaciones de las autoridades que han emprendido la
persecución”.
** Este tramo de la cronología, así como el fragmento de carta pertenecen a un libro de
Virginia Martínez de próxima aparición.