RESOLUCIÓN N.º 3: BANGLADESH

RESOLUCIÓN N.º 3: BANGLADESH. Presentada por PEN Bangladesh y secundada por el
Centro PEN Estados Unidos
La Asamblea de Delegados de PEN International, reunida en el marco del 81er Congreso
Mundial en la ciudad de Quebec, Canadá, del 13 al 16 de octubre de 2015.
El surgimiento del fundamentalismo religioso, la intolerancia y la violencia extremista en
Bangladesh ha estado acompañado por un clima cada vez más hostil para la libertad de
expresión (ver anexo adjunto). Autores y blogueros de tendencia laico y atea han sido
detenidos por las autoridades. El Código Penal de Bangladesh prevé penas de prisión para
quienes “ofendan sentimientos religiosos” de manera “deliberada” o “malintencionada”. Los
activistas también están expuestos a graves riesgos por parte de extremistas religiosos, que
han asesinado a cinco blogueros desde 2013 —cuatro de ellos tan solo en 2015— con casi
total impunidad.
La posibilidad de expresión en Internet ha sido restringida por la Ley de Tecnologías de la
Información y la Comunicación, en particular el artículo 57, que tipifica la publicación de
contenidos que puedan “atentar contra la ley y el orden, menoscabar la imagen del Estado o de
las personas, o que ofendan o pueda ofender creencias religiosas”. Las reformas de esta ley
llevadas a cabo elevaron la pena máxima a 14 años de cárcel, y en los últimos años varios
autores, incluidos blogueros y periodistas, han sido juzgados con arreglo a esta norma.
El uso de cargos por desacato por parte del Tribunal de Crímenes Internacionales de
Bangladesh (International Crimes Tribunal, ICT) contra personas que manifiestan opiniones
que, sencillamente, cuestionan o comentan los pronunciamientos del ICT, ha tenido un
profundo efecto amedrentador sobre la libertad de expresión en Bangladesh, y transmite el
mensaje de que no se tolerará el disenso.
Dichas leyes y prácticas contravienen las obligaciones internacionales de Bangladesh, como
Estado Parte en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, de reconocer el derecho
a la libertad de expresión.
La Asamblea de Delegados de PEN International exhorta al gobierno de la República
Popular de Bangladesh a:
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Investigar de inmediato y exhaustivamente el homicidio de autores laicos, asegurando
que se destinen suficientes recursos económicos, materiales y humanos a tal fin, y
difundir públicamente los resultados de las investigaciones;
Juzgar penalmente a quienes se identifique como los presuntos responsables, con el
mayor alcance permitido por la ley;
Poner fin a la cultura de impunidad de las amenazas contra activistas laicos y el
homicidio de estas personas, quienes deberían poder expresar libremente su opinión
contraria al fundamentalismo;
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Asegurar medidas de protección adecuadas para todas las voces disidentes y
minoritarias, aun cuando sean sumamente controvertidas, especialmente aquellas
contra las cuales se haya blandido públicamente la amenaza de ataques; y garantizar
que todos aquellos que necesiten protección puedan acceder a información sobre
medidas disponibles y solicitarlas con facilidad;
Disponer la liberación inmediata e incondicional de todas las personas que estén
detenidas exclusivamente por haber ejercido de manera pacífica su derecho a la
libertad de expresión, incluidas aquellas encarceladas por expresar posturas ateas;
Facilitar el debate sobre tolerancia religiosa, uno de los pilares del islamismo;
Abolir todo tipo de censura, derogar leyes excesivamente restrictivas y permitir la libre
difusión de información, en consonancia con las normas internacionales de derechos
humanos;
Reconocer los derechos de todas las personas a expresar su opinión, incluidas aquellas
que discrepan con el gobierno o lo cuestionan, según se garantiza en la Constitución;
Cumplir con las obligaciones asumidas por Bangladesh en virtud del Pacto Internacional
de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), de proteger los derechos a la libertad de
expresión, asociación y reunión.
ANEXO
Declaración de PEN International sobre la situación de la libertad de
expresión en Bangladesh
Octubre de 2015
PEN International manifiesta su profunda consternación por el clima cada vez más hostil para la
libertad de expresión, que ha acompañado el resurgimiento del fundamentalismo religioso, la
intolerancia y la violencia extremista en Bangladesh1. Se han acentuado las tensiones entre
fuerzas laicas y religiosas, y también se ha producido un aumento de la violencia contra voces
disidentes, aunque la mayoría de los responsables se encuentran en libertad. Las diferencias
políticas entre el partido laico en funciones Awami League, el Partido Nacionalista de
Bangladesh (de derecha) y el partido islamista Jamaat-e-Islami se han profundizado2. Las
protestas organizadas en todo el país por grupos fundamentalistas islamistas han exigido la
ejecución de blogueros ateos y la promulgación de una ley contra la blasfemia3.
A pesar de que, en declaraciones públicas, la Primera Ministra Sheikh Hasina ha señalado que
en ningún caso cederá ante extremistas religiosos4, también ha defendido la detención de
blogueros ateos por su gobierno, la prohibición de sus páginas web y la conformación de un
panel de inteligencia dedicado a monitorear los medios sociales para identificar contenidos
potencialmente blasfemos5, aseverando que “Si alguien pretende ofender a cualquier religión o
líder religioso, existe una ley. Podemos tomar medidas”6. El Título 295A del Código Penal de
Bangladesh y el artículo 57 de la Ley de Tecnologías de la Información y la Comunicación
prevén penas de prisión para quienes “ofendan sentimientos religiosos”. Estas leyes y políticas
contravienen la obligación de Bangladesh de proteger la libertad de expresión conforme al
artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP)7 y el artículo 39(2)
de su propia Constitución8. El 26 de agosto, se presentó un recurso judicial y se cursó una
notificación pidiendo al gobierno que excluyera al artículo 57 de la ICT, en medio de duras
críticas debido a la presunta implementación abusiva por las autoridades de aplicación de la
ley9.
Durante años, organizaciones radicales islamistas han convertido específicamente a blogueros
y escritores laicos en víctimas de asesinatos, y han perpetrado así crímenes aberrantes con
impunidad casi absoluta. En 2013, la agrupación Hefazat-e-Islam10, que se ha atribuido la
responsabilidad de varias muertes, difundió una lista de 84 “blogueros ateos” que serían blanco
de sus ataques. Los homicidios siguen un patrón, que consiste en matar a machetazos a las
víctimas, mientras que la persecución penal de los autores es ínfima o nula. El destacado
bloguero Ahmed Rajib Haider fue asesinado en 201311, el catedrático AKM Shafiul Islam en
201412 y los blogueros Avijit Roy, Washiqur Raman13 y Ananta Bijoy Das14 en 2015. Muchos
otros autores de blogs han recibido amenazas de muerte o han sobrevivido a intentos de
asesinato. Varios han renunciado a sus empleos, han dejado de escribir o han huido del país15.
En enero de 2013, el bloguero Asif Mohiuddin sobrevivió tras ser apuñalado cerca de su
oficina en Dacca. Dos meses después, fue detenido por publicar contenidos “antirreligiosos”.
En abril de 2014, escapó a Alemania16. Pinkai Bhattacharya, un amigo de Avijit Roy, señaló al
respecto: “En Bangladesh el blanco más fácil son los ateos. Los ateos pueden ser atacados y
asesinados”17.
Algunas acciones del Tribunal de Crímenes (ICT) Internacionales de Bangladesh también han
desencadenado la preocupación por la libertad de expresión. El ICT se creó en 2010 para
analizar los crímenes de guerra cometidos durante la guerra de liberación de 1971. En
diciembre de 2014, el ICT condenó al periodista británico David Bergman por desacato, debido
su análisis de las pruebas del tribunal que efectuó en sus publicaciones periodísticas18. El
tribunal manifestó que la “libertad de expresión podrá ser ejercida de buena fe y en beneficio
del interés público”, pero que Bergman no había cumplido ninguna de esas condiciones y había
“ofendido el sentir de la nación”19.
Tras la sentencia, 50 activistas, autores y académicos firmaron una declaración manifestando
su preocupación por “el uso de la figura de desacato al tribunal para cercenar la libertad de
expresión”, en relación con la condena de Bergman por el ICT. En enero de 2015, el ICT exigió
que los firmantes “explicaran” su declaración. En respuesta, una firmante retiró su nombre justo
antes de que la ICT hiciera su demanda y como consecuencia otros 26 pidieron disculpas,
mientras que los otros 23 fueron procesados por desacato. De estos, finalmente 22 quedaron
exonerados, pero uno de ellos fue condenado. El Tribunal justificó esta medida señalando que
ya había recibido una advertencia en el marco de un proceso anterior por desacato20. El uso de
la figura del desacato por el ICT contra personas que manifiestan opiniones que sencillamente
cuestionan o comentan los pronunciamientos del ICT ha tenido un profundo efecto
amedrentador de la libertad de expresión en Bangladesh, y transmite el mensaje de que no se
tolerará el disenso.