Breve historia de Sinaloa. Sergio Ortega Noriega

Breve historia de Sinaloa. Sergio Ortega Noriega

La economía
Disponemos de un informe redactado por Eustaquio Buelna, el Compendio
histórico, geográfico y estadístico del estado de Sinaloa, publicado en 1877 y que
contiene muy valiosa información relativa al periodo de 1854 a 1877. A propósito
de la agricultura, dice Buelna que en Sinaloa se producían los alimentos necesarios
para el consumo interno, y que los básicos eran el maíz y el frijol. Los cultivos
comerciales, es decir, los destinados a la industria y no al consumo directo, eran
varios y de importancia; señalaba el trigo que se cosechaba y se molía en Mocorito,
aunque reconocía que la mayor parte de la harina consumida en Sinaloa se
compraba en Sonora; la caña dulce, el tabaco y el mezcal se procesaban en
pequeñas instalaciones artesanales; el algodón se trabajaba en modernas fábricas
de hilados que había en Culiacán, Mazatlán y Villa Unión. Buelna consideraba que
la agricultura sinaloense era atrasada, a pesar de tener tierras fértiles y agua
abundante, y explicaba este atraso por dos razones principales: que sólo la gente
de escasos recursos se interesaba en la agricultura, porque los ricos preferían
invertir en minería o en comercio, y que muchas tierras de la mejor calidad —las
del distrito de El Fuerte— pertenecían a las comunidades indígenas que, a juicio
de Buelna, no sabían explotarlas con espíritu emprendedor. La producción
ganadera consistía en ganado bovino para la obtención de carne, leche y cueros y
la cría de las indispensables mulas. El rápido poblamiento de la Alta California
repercutió sobre la economía del noroeste mexicano, porque abrió un mercado para
los productos agrícolas y pecuarios de Sinaloa y Sonora. Trigo, harina, maíz, carne,
ganado en pie y otras mercancías del noroeste abastecieron a los pobladores recién
llegados a la Alta California,
La minería continuaba siendo la más importante de las actividades económicas
porque —decía Buelna— fomentaba el comercio interior y exterior. Los registros
de la aduana de Mazatlán señalaban que 95% de las exportaciones eran de plata
acuñada, en pasta y en mineral. Los centros mineros más importantes eran El
Rosario y Cosalá. Durante este periodo hubo importantes innovaciones en la
minería sinaloense, como el inicio de la mecanización y de las inversiones directas
de capitales extranjeros, cambios que en buena medida se debieron a la política de
los gobiernos federales.
Como en épocas anteriores, el comercio era la actividad preferida por los notables
y conservaba las características antiguas, es decir, exportación de plata e
importación de productos manufacturados. Pero Buelna señalaba una diferencia:
que en la década de 1870 los vapores estadunidenses, con base en San Francisco,
predominaban en el transporte marítimo y habían desplazado a los buques
europeos. Buelna también se dolía de que los empresarios sinaloenses no
participaran en el transporte naval. El comercio interno se hacía por medio de
recuas de mulas y por navegación de cabotaje, aunque en este periodo se
empezaron a usar los caminos carreteros. Los demás ramos de la economía
sinaloense presentaban un desarrollo muy escaso.
La política y la sociedad
El proceso político sinaloense después de la Intervención fue sumamente confuso
y agitado, al punto de que su análisis resulta por el momento impracticable. Entre
1867 y 1874 hubo un permanente estado de guerra entre los caudillos de la lucha
contra los invasores franceses: Domingo Rubí, Ángel Martínez, Jorge García
Granados, Adolfo Palacio, Manuel Márquez de León, Jesús Ramírez Terrón y
muchos más, ya en defensa de un gobierno legal o bien en sublevaciones,
mantuvieron viva la guerra civil en Sinaloa. En estos disturbios también
participaron los comandantes militares de Mazatlán con los soldados federales a
su mando, los milicianos de Sonora y las fuerzas de Manuel Lozada. En las filas
del guerrillero tepiqueño militaba ahora Plácido Vega, quien había defeccionado
por diferencias con los militares sinaloenses y con el presidente Juárez y trataba de
recuperar el poder que había tenido en Sinaloa. Pero Vega ya no volvió a figurar
en la política y murió como rebelde y prófugo de la justicia, pues se le imputaban
los delitos —reales o ficticios— de traición a la patria y malversación de fondos
públicos.
Los caudillos sinaloenses lucharon enconadamente entre ellos, al parecer por
ambiciones personales. Algunos se levantaron en armas en apoyo a movimientos
foráneos, como fue el caso de Jesús Ramírez Terrón, quien luchó en favor de
Porfirio Díaz en las rebeliones de La Noria y de Tuxtepec. El único político de esta
época que contó con un programa de gobierno definido y consistente fue el civil
Eustaquio Buelna, electo gobernador para el periodo 1871-1875, pero que, de
hecho, sólo pudo aplicarlo en el último año y medio de su periodo. A pesar de ello,
Buelna realizó algunos cambios importantes en Sinaloa, como reorganizar las
bases jurídicas para regular la vida del estado y darle un fuerte impulso a la
educación pública. El 20 de septiembre de 1873 Buelna trasladó la capital del
estado de Mazatlán a Culiacán, hecho que podemos considerar como el símbolo
de la autonomía del gobierno respecto de los comerciantes mazatlecos. De su obra
educativa lo más trascendente fue la fundación del Colegio Civil Rosales en 1873,
que fue la más importante de las instituciones educativas sinaloenses y primera
piedra de la actual Universidad Autónoma de Sinaloa.
Eustaquio Buelna nació en Mocorito, en 1830, hijo de Miguel Buelna y Estéfana
Pérez. Estudió en el seminario diocesano de Sonora y en la Universidad de
Guadalajara, donde se graduó como abogado. De regreso a Sinaloa se adhirió a la
causa liberal y la sirvió como jurista e ideólogo, no como soldado, porque para la
milicia no tenía aptitudes. Su carrera política fue muy extensa, pues sucesivamente
fungió como prefecto de Culiacán, diputado local, diputado federal, juez,
gobernador del estado, tesorero general y ministro de la Suprema Corte de Justicia
de la nación. Cultivó las ciencias y las letras y produjo numerosas obras que
publicó para que el estado de Sinaloa fuera conocido y respetado en toda la
República.
Los cambios en la sociedad sinaloense entre 1867 y 1877 no fueron espectaculares
pero sí profundos, al grado de que podemos decir que nos acercamos al fin de un
periodo histórico y al inicio de otro. La información de que disponemos no es
abundante, pero es significativa en cuanto que manifiesta la agonía de las
comunidades indígenas y el ocaso del poder de los comerciantes extranjeros del
puerto de Mazatlán.
En lo que concierne a los indígenas, los indicios documentales apuntan a la fase
final de la descomposición de las comunidades a causa de la pérdida de la tierra
que pasaba a manos de hacendados y rancheros. Como dijimos, en 1865 los indios
mayos del valle del Río Fuerte se sumaron a la guerra que los yaquis libraban en
Sonora, aparentemente adheridos al Imperio francés. Decimos aparentemente
porque aunque yaquis y mayos lucharon contra los republicanos, resulta
desproporcionado pensar que defendían una causa de los yoris, y es más plausible
la hipótesis de que entraron en la guerra en defensa de sus comunidades, de sus
tierras y de su cultura, aprovechando la coyuntura, cuando sus enemigos seculares
peleaban entre sí con saña y rencor. Ramón Corona envió al general Ángel
Martínez para que aplacara a los mayos en el norte de Sinaloa y sur de Sonora. En
una campaña de cuatro meses, Martínez los derrotó, pero supo entender las razones
de los indios y ordenó la restitución de las tierras usurpadas a la comunidades; sin
embargo, no lo respaldó la legislatura sinaloense porque en 1870 dispuso que se
aplicara la Ley Lerdo sobre las propiedades de los mayos. La misma legislatura
abrogó esta disposición en 1873, en vista de la inconformidad de los indios, pero
el despojo de las tierras comunales ya estaba consumado. Es revelador constatar
que una de las mentes más lúcidas del momento, don Eustaquio Buelna, participara
de la opinión liberal de los indios, a quienes miraban con lástima y consideraba
incapaces de "civilizarse" por ser insensibles al progreso y no querer explotar por
medios modernos las riquísimas tierras que detentaban. Los indios —pensaban los
liberales— eran una rémora para el progreso y no había otro remedio que hacerlos
a un lado, sólo así Sinaloa entraría a la modernidad.
Entre los comerciantes extranjeros del puerto de Mazatlán también ocurrieron
cosas interesantes en el periodo que va de 1854 a 1877. Los mercaderes habían
fortalecido su poder al término de la Guerra de Reforma, y la Intervención francesa
no detuvo sus actividades comerciales porque los mismos invasores alentaron el
tráfico mercantil. Los comerciantes permanecieron neutrales en el conflicto
franco-mexicano y, aparentemente, no colaboraron con los invasores o lo hicieron
de manera discreta, porque al término del conflicto no se les tachó de
colaboracionistas como se hizo con los notables de Culiacán. Después los
comerciantes extranjeros continuaron ejerciendo su poder sobre gran parte del
estado; siguieron practicando el contrabando y el soborno de militares y
autoridades mexicanas; financiaron cuartelazos y lograron imponer a dos
gobernadores espurios, Mateo Magaña y José Palacio, quienes les concedieron
privilegios fiscales. Fue también en este periodo cuando empezaron a invertir sus
capitales en la minería del sur del estado para ejercer un mejor control sobre el
mercado de la plata.
Sin embargo, también para ellos se presentaron algunas circunstancias adversas.
Por ejemplo, el ferrocarril México-Veracruz benefició mucho a los importadores
que operaban en el Golfo de México; al abatir el costo de los fletes, los
comerciantes de la ciudad de México pudieron disputar ciertos mercados en
Chihuahua y Durango, que antes eran de injerencia exclusiva de los mercaderes
mazatlecos; asimismo, la navegación de cabotaje, que los vapores estadunidenses
subsidiados hacían en la costa del Pacífico, restó mercados a los comerciantes de
Mazatlán. La difícil situación del mercado internacional también los perjudicó,
porque se redujo considerablemente el precio de la plata, que era la base del
comercio exterior de Sinaloa. Todas estas circunstancias disminuyeron el margen
de las utilidades de importadores y exportadores. Por otra parte, el gobierno federal
aplicó medidas para frenar la corrupción en las aduanas e impedir la intromisión
de los cónsules extranjeros en los asuntos nacionales.
Durante 40 años, el grupo de comerciantes porteños había intervenido en los
asuntos públicos de Sinaloa con el objetivo de incrementar sus negocios por todos
los medios, lícitos e ilícitos, que tenían a su alcance; sin embargo, las mismas
contradicciones del sistema económico pusieron fin a la posibilidad del lucro
desmedido y, al decaer su poder económico, el grupo también perdió la capacidad
de manipular el gobierno del estado.
Sinaloa de 1854 a 1877
Los sucesos del periodo de las guerras de Reforma e Intervención dejaron una
profunda huella en la conciencia colectiva de los sinaloenses, principalmente en
los habitantes del sur del estado. Nunca antes (ni siquiera hoy) se vivió el horror
de la guerra con tal intensidad. Los invasores franceses provocaron el odio y el
rencor de los sinaloenses por la forma como vejaron a la población civil. Es la
época de los héroes que más admiramos los sinaloenses: Antonio Rosales, el
vencedor de los franceses; Ramón Corona, Domingo Rubí y Ángel Martínez, los
militares que defendieron nuestro pueblo; asimismo, sigue vigente la imagen de
Agustina Ramírez, la mujer de Mocorito que perdió a su marido y a 13 hijos en la
lucha contra el invasor. Casi todos los relatos populares que por tradición oral
circulan en el sur del estado refieren actos de heroísmo o de vileza en los aciagos
días de la invasión.
Como observadores de la historia sinaloense, llama nuestra atención una nueva
faceta que se revela en este periodo: la unión de los mexicanos del noroeste;
sinaloenses y sonorenses libraron juntos las guerras de Reforma e Intervención,
actitud que contrasta con lo sucedido durante la invasión estadunidense. En esta
etapa vemos a los próceres, originarios de distintos lugares de la República, luchar
con los nuestros por una causa común; por ejemplo, Pesqueira y García Morales,
sonorenses, quienes incluso fueron gobernadores de Sinaloa; Antonio Rosales,
zacatecano, Ramón Corona, jalisciense, Ángel Martínez, nayarita, Manuel
Márquez de León, bajacaliforniano, todos ellos alternando con los sinaloenses
Plácido Vega, Domingo Rubí, Eustaquio Buelna y muchos más. Y no sólo vemos
esta unión en los estados vecinos, pues también los sinaloenses y los sonorenses
marcharon al centro del país para luchar al lado de otros mexicanos hasta la
completa derrota del Imperio; y fue la primera vez que intervinieron en asuntos
nacionales. Estos hechos indican un cambio en la manera en que los sinaloenses
percibían su sociedad, una mirada más amplia que dejaba atrás las posturas
localistas para descubrir los lazos culturales comunes con las regiones vecinas y
con toda la nación. Aquí aparece el incipiente nacionalismo de los sinaloenses,
como lo vemos también en otras regiones del país.
Hubo otros cambios importantes para la sociedad de Sinaloa, principalmente en el
aspecto económico. Uno de ellos, como lo señaló Buelna en 1870, se refiere a las
rutas del comercio internacional, a que las naves estadunidenses de San Francisco
desplazaron a los buques europeos en el puerto de Mazatlán. Antes, Mazatlán era
el puerto del Pacífico al que concurrían las naves europeas, estadunidenses y del
oriente para comerciar; ahora, este lugar lo ocupaba el puerto de San Francisco, en
la Alta California, y Mazatlán, junto con los demás puertos mexicanos del Pacífico,
se volvió dependiente del nuevo centro comercial californiano. Este cambio
anunciaba la presencia del sistema económico estadunidense en el noroeste de
México y la influencia hegemónica que más tarde ejercería en toda nuestra región.
Otros cambios significativos fueron el flujo de las inversiones extranjeras directas
en la minería sinaloense y el inicio de la modernización tecnológica de esta
actividad productiva, pero también la crisis del mercado internacional de la plata,
que auguraba profundas modificaciones en la economía sinaloense, hasta entonces
apoyada en la producción y exportación del metal como actividad preponderante.
Páginas atrás dijimos que los años 1854-1877 parecen cerrar un periodo histórico
a causa de la magnitud de las transformaciones de la sociedad sinaloense. A las
nuevas condiciones de la economía se sumaron otros cambios políticos y sociales
de consideración; se terminó la época en que los notables o los comerciantes
extranjeros podían dominar el estado, y las comunidades indígenas recibieron el
golpe final de la Ley Lerdo.
El año de 1876 empezó con otra revuelta militar, la de Porfirio Díaz en Tuxtepec,
en contra de la reelección de Sebastián Lerdo de Tejada como presidente de la
República. Díaz tuvo adeptos en Sinaloa, como los coroneles Francisco Cañedo y
Jesús Ramírez Terrón, pero ambos fueron derrotados por las tropas federales que
permanecieron fieles al gobierno. Cañedo se retractó de su sublevación y sólo
Ramírez Terrón permaneció en rebeldía en el sur del estado. Con todo, los
tuxtepecanos triunfaron en otros lugares del país y, a la postre, Ramírez Terrón fue
reconocido gobernador de Sinaloa, y en marzo de 1877 convocó a elecciones que
se efectuaron el 15 de abril y en las que resultó triunfador el ahora general
Francisco Cañedo, quien tomó posesión el 4 de junio. Así se inició en Sinaloa el
largo periodo cañedista que, como veremos en el siguiente capítulo, inauguró una
nueva etapa en la vida de los sinaloenses.
X. LA ERA DE FRANCISCO CAÑEDO, 1877-1909
se inició con el triunfo de la revuelta de
Tuxtepec, en 1877, y terminó con la muerte del general Cañedo, en 1909. Este
periodo corresponde a la etapa de la historia nacional conocida como el porfiriato,
y no sólo por coincidencia cronológica, sino porque las características de los
hechos muestran una mayor integración de Sinaloa a la sociedad nacional, y de
ambas al orden económico mundial impuesto por las potencias capitalistas del
mundo occidental. Ya vimos cómo, desde el siglo XVIII, la sociedad de la
entonces Intendencia de Arizpe se ligó al mercado mundial por medio de
comerciantes ingleses y estadunidenses y cómo esta relación económica se fue
haciendo más intensa a lo largo del siglo XIX,a la par que producía mayores
repercusiones al interior de nuestra sociedad. Durante la era de Cañedo este
fenómeno alcanzó mayor profundidad y creció el número de canales para la
penetración de la influencia económica de los extranjeros. Por estas razones, para
comprender la historia sinaloense de este periodo —y también la nacional— es
preciso tener en cuenta lo que ocurría en el mundo occidental.
LA LLAMADA "ERA DE FRANCISCO CAÑEDO"
En el último cuarto del siglo XIX el sistema capitalista entró en la fase del
imperialismo financiero, esto es, la vigorosa expansión de los países desarrollados
sobre las regiones no industrializadas de América, Asia y África. Los países
capitalistas necesitaban controlar las fuentes de las materias primas requeridas por
sus industrias, pugnaban por abrir nuevos mercados para sus manufacturas y para
obtener mejores oportunidades de inversión de sus capitales. En esta coyuntura de
la historia occidental, los Estados Unidos surgieron como potencia económica
capaz de rivalizar con las naciones europeas en la carrera imperialista, y, por la
cercanía geográfica, México y el Caribe serían el primer campo de acción de sus
ambiciones económicas, además de la expansión por el Océano Pacífico.
La respuesta del régimen porfiriano al empuje del imperialismo estadunidense fue
receptiva, con desconfianza pero con la esperanza de promover el desarrollo
económico del país, como lo preveía el programa económico de los liberales
instalados en el poder. México abrió sus fronteras para que los capitales extranjeros
fluyeran sin tropiezo a los sectores fundamentales de la economía nacional. Los
Estados Unidos superaron por amplio margen a sus competidores europeos —
Inglaterra, Francia, Alemania y Holanda, principalmente—. Los capitales
estadunidenses se invirtieron en la explotación de recursos minerales y en la
construcción de ferrocariles; de hecho, las principales vías mexicanas fueron la
prolongación de las líneas y las empresas que operaban en el suroeste de los
Estados Unidos. México recibió el efecto de la fuerza económica del exterior y se
adaptó a sus exigencias. La economía mexicana dio señales de dinamismo, pero el
resultado fue un crecimiento supeditado a los intereses de los inversionistas
extranjeros. En esta coyuntura descubrimos el inicio de un rasgo característico de
la economía sinaloense del presente, esto es, su vinculación muy estrecha con la
economía de los Estados Unidos.
Por todas estas circunstancias, la era de Francisco Cañedo marca un hito en la
historia de Sinaloa; es el inicio de una nueva etapa porque los cambios que aquí se
esbozaron llegarían a ser las líneas directrices del desarrollo de nuestro estado. En
la época de Francisco Cañedo Sinaloa se modernizó, pero debemos precisar sus
alcances. La economía sinaloense se transformó al recibir la tecnología avanzada
y las inversiones necesarias, más para desempeñar el papel que le asignó el sistema
capitalista, esto es, en la forma y las circunstancias que convenían a los
inversionistas extranjeros. El objetivo no era el bienestar del pueblo sinaloense,
sino las ganancias de los dueños del capital. Las transformaciones de la sociedad
del estado tuvieron repercusiones en todos los aspectos: en lo político, en lo
económico, en lo social y en lo cultural, pero en el aspecto económico fueron más
apreciables, por lo que iniciaremos el relato precisamente con los cambios
ocurridos en la economía sinaloense.
La economía sinaloense durante la era de Cañedo
Guillermo Ibarra Escobar ha estudiado recientemente la historia de la economía
sinaloense. De su libro Sinaloa: tres siglos de economía. De la minería a los
servicios, tomamos las principales ideas para la exposición de los aspectos
económicos de la historia sinaloense en este periodo y en los siguientes.
La modernización afectó todos los ramos de la economía, empezando por la
tradicional actividad minera, pero modificó también la agricultura, las
comunicaciones, el comercio y la industria de transformación. En el sector agrícola
los cambios fueron más profundos y significativos, porque aquí se inició la
agricultura capitalista que caracteriza a la Sinaloa contemporánea.
La minería
La actividad minera de Sinaloa empezó a cambiar sus formas de producción en el
periodo anterior, cuando recibió inversiones de extranjeros que permitieron la
incipiente mecanización de las operaciones. En el periodo de Cañedo, los cambios
avanzaron de la misma manera: inversiones directas de capital extranjero para
implantar la tecnología avanzada, con la protección de las leyes más favorables a
estas inversiones que el gobierno de Porfirio Díaz pudo expedir. En efecto, la
legislación permitía a los extranjeros explotar minas en los estados fronterizos y
litorales, cosa prohibida desde la separación de Texas, y otorgaba también la
propiedad del subsuelo y sus productos, punto en que se abandonaba la legislación
vigente desde la época colonial, que reservaba al rey, o a la nación, la propiedad
del subsuelo.
Hubo compañías mineras, propiedad de extranjeros, en los distritos de El Fuerte,
Sinaloa, Mocorito, Culiacán, Cosalá, San Ignacio, Concordia y El Rosario. Las
empresas más fuertes fueron: Anglo-Mexican Mining Company, en el distrito de
Sinaloa; Palmarito Mining and Milling Company, en Mocorito, y Compañía de las
Minas Hidalgo y Anexas, en El Rosario. Se producían metales preciosos, aunque
también se inició la explotación de metales industriales como el cobre. La
producción minera creció en volumen y en valor, y durante el periodo que nos
ocupa todavía fue el principal producto de exportación al mercado internacional,
como lo había sido desde hacía un siglo. Sin embargo, en los últimos años del
siglo XIX y primeros del XX hubo una crisis internacional del precio de la plata, y
luego del cobre, que deterioraron esta tradicional actividad económica de Sinaloa.
La minería empezó a perder su principal papel económico en la región, a la par que
crecía la importancia de la agricultura, como luego veremos.
Transportes, comunicaciones y comercio
Un factor de gran importancia en la economía de Sinaloa fue el mejoramiento de
los transportes y de las comunicaciones, gracias principalmente al ferrocarril y al
telégrafo, que fueron los mayores avances tecnológicos del siglo XIX. El primer
ferrocarril que operó en Sinaloa fue el popular Tacuarinero (1883), que cubría los
62 kilómetros que median entre el puerto de Altata y la ciudad de Culiacán; se
construyó como parte del Ferrocarril Occidental Mexicano que debía llegar hasta
Durango, pero que, de hecho, se redujo a este pequeño tramo. Entre 1900 y 1910
se tendió la parte sinaloense del ferrocarril Kansas City Mexico and Oriente, que
es actualmente el Ferrocarril Chihuahua al Pacífico, que corre de Ojinaga a
Topolobampo, pero que en este periodo se redujo al tramo que va de Topolobampo
a San Felipe. En estas mismas fechas se construyó el ferrocarril Southern Pacific
(actual Ferrocarril del Pacífico), que recorre al estado en toda su longitud, y que lo
comunicó directamente con Sonora y la frontera estadunidense; más tarde, en
1927, la vía férrea llegó hasta Guadalajara. Es de notar que en Sinaloa la operación
del ferrocarril ocurrió después que en otras regiones del país, pues desde fines del
siglo XIX ya funcionaba la red ferroviaria del centro y norte de la República. Estas
tres vías, que son las mismas que hoy tiene el estado, fueron tendidas durante la
era de Cañedo y con capital estadounidense (mapa X.1). El ferrocarril que tuvo
mayor influencia en el comercio de Sinaloa fue el del Pacífico, porque comunicó
las comarcas de la planicie, las unió con el mercado sonorense y abrió una ruta
expedita hacia la frontera; además, gracias a su trazo, funcionaba todo el año, aun
cuando los ríos se desbordaban.
MAPA
X.1
Ferrocarriles en Sinaloa, 1910.
Los puertos sinaloenses habilitados para el comercio exterior fueron Mazatlán y
Altata, y sólo hasta 1902 se abrió Topolobampo como puerto de altura para la
introducción del material ferroviario que importaba la empresa Kansas City
Mexico and Oriente. La navegación de cabotaje se incrementó entre los puertos
del Golfo de California, y en menor escala en los demás puertos mexicanos del
Pacífico. Entre 1900 y 1905 creció notablemente el movimiento comercial de
Mazatlán y Altata, sobre todo en este último, que nunca había sido un puerto
importante pero que ahora manejaba azúcar de exportación. Hacia 1909, con la
crisis de los metales y la operación del Ferrocarril del Pacífico, decayó el
movimiento comercial en ambos puertos, también de manera notable. En el
periodo cañedista se modificó un poco la composición de las exportaciones
sinaloenses, pues además de los metales preciosos, tabaco labrado, mantas y jabón,
se inició la exportación de grandes volúmenes de azúcar. Las importaciones
añadieron el importante rubro de la maquinaria y el material ferroviario que llegaba
de los Estados Unidos.
La agricultura
En buena medida, entre 1877 y 1909, la agricultura del estado conservó las
características que tuvo a lo largo del siglo XIX esto es, producción para el consumo
directo de los sinaloenses, tecnología tradicional y actividad reservada a los
rancheros, pequeños hacendados y campesinos; se producían los alimentos que
consumían los sinaloenses, como el maíz, el frijol, el trigo, las hortalizas y las
frutas, y hubo también cultivos para la industria local, como el tabaco, el algodón,
el mezcal y la caña de azúcar. Pero a fines del siglo XIX, junto con esta forma
tradicional de explotar el campo, se inició la agricultura en gran escala y
organizada por medio de empresas, al modo capitalista, tal como existe hoy en
nuestro estado. Varios factores concurrieron a este cambio. Por una parte, las leyes
porfirianas alentaron la formación de extensas propiedades a expensas de las tierras
desamortizadas, que antes eran de las comunidades indígenas, y también por la
roturación de tierras antes no cultivadas. Hubo un flujo de capitales extranjeros,
estadunidenses en particular, que se invirtieron en empresas agrícolas y
agroindustriales. De manera simultánea se importó tecnología para sistemas de
riego, para el cultivo mismo y para la industria azucarera. En las tierras de los
valles del norte del estado empezó esta transformación, en los valles de los ríos
Fuerte y Culiacán, donde grandes extensiones de tierra permanecían sin cultivo por
falta de tecnología para irrigarlas. La agroindustria azucarera surgió
principalmente en Los Mochis, Navolato y Eldorado, impulsada por la tecnología
y el capital estadunidenses. Estas empresas eran industriales y agrícolas porque
ellas mismas producían la caña que se procesaba en sus ingenios. A diferencia de
los hacendados locales, los empresarios ya no usaban, de manera predominante, ni
la aparcería ni el peonaje para pactar con sus trabajadores, sino que procuraban
contratarlos por un salario pagado en moneda. Estos empresarios también crearon
extensas redes de distribución para sus productos dentro de Sinaloa, en otros
estados de la República y en el extranjero. Otros cultivos seguirían por este mismo
camino, como el tomate y el garbanzo, producidos para grandes mercados más que
para el consumo local.
La industria de transformación
La industria sinaloense anterior a 1880 era en gran parte artesanal, aunque también
hubo fábricas propiamente dichas, pues eran instalaciones con amplia capacidad
de producción y con procedimientos mecanizados para la elaboración de sus
productos. Los establecimientos industriales se localizaban en Mazatlán y, en
segundo término, en Culiacán. Entre 1877 y 1909 los establecimientos industriales
se mecanizaron aún más y se ampliaron, y se crearon los ingenios azucareros del
norte del estado. Durante la primera década del siglo XX, la producción azucarera
fue la más importante del estado, seguida por el aguardiente, el mezcal, la cerveza
y el tabaco.
La industria textil también fue importante en Sinaloa; hubo tres fábricas de hilados
y tejidos, dos en Mazatlán y una en Culiacán, que procesaban el algodón producido
en el estado y también el importado de Sudamérica. En Mazatlán operaban dos
fundiciones de considerable capacidad en las que se producían las máquinas de
vapor que se empleaban en las minas y en otras industrias del estado, así como una
fábrica de fósforos, dos de sombreros, siete tenerías y tres fábricas de zapatos.
En resumen, durante la era de Cañedo la industria de transformación tuvo un
crecimiento importante en Sinaloa, después de haber sido el sector menos
desarrollado de nuestra economía; en este progreso tuvo influencia la ampliación
de los mercados en esta época. También indica la bonanza económica de Sinaloa
el establecimiento en Mazatlán de las primeras instituciones de crédito que hubo
en el estado: en 1889 se estableció el Banco Nacional de México, y un año después
se abrieron el Banco de Londres y México y el Banco Occidental Mexicano, que
fueron los principales. La banca de crédito, institución por excelencia del sistema
capitalista, empezó a arraigar en Sinaloa porque nuestra economía tomaba el
rumbo marcado por el sistema económico occidental. La apertura de los bancos
muestra que Sinaloa se integraba al mercado nacional del crédito aun antes de que
estuviera integrada al mercado de productos.
Los asuntos políticos
En contraste con la efervescencia política que privó desde la independencia, la era
de Francisco Cañedo fue de estabilidad, pues de los nueve periodos
gubernamentales que hubo entre 1876 y 1909, siete fueron ejercidos por el general
y sólo dos (1880-1884, 1888-1892) por el ingeniero Mariano Martínez de Castro,
su leal colaborador. Pero más que conformidad de los sinaloenses o indiferencia
hacia la política, este hecho revela la eficiente represión de Cañedo en el estado.
El primer periodo en el gobierno de Francisco Cañedo (1877-1880) se caracterizó
por el gran número de asesinatos y ejecuciones tras un simulacro de juicio, algunos
por ser delincuentes, los más por ser desafectos al gobernador. Entre estos
asesinatos sobresalieron los de dos personajes de la vida pública sinaloense: el
periodista José Cayetano Valadés y el general Jesús Ramírez Terrón.
José Cayetano Valadés era un combativo periodista mazatleco, editor de La
Tarántula, quien en sus artículos denunciaba las arbitrariedades de Cañedo y la
corrupción de su régimen. Valadés fue apuñalado en las calles de Mazatlán la
noche del 27 de enero de 1879, y la indignación del pueblo estalló en un motín de
grandes proporciones. Cañedo declaró el estado de sitio para que el ejército federal
restableciera el orden. Como se le acusaba abiertamente de ser el autor intelectual
del homicidio, el Congreso local lo suspendió y sometió a juicio, pero los diputados
—amigos y compadres del gobernador— lo absolvieron y restituyeron en su
puesto.
El general Jesús Ramírez Terrón había sido el dirigente militar de la revuelta
tuxtepecana en Sinaloa y esperaba la gubernatura del estado en recompensa por
sus servicios. En 1876, en las primeras elecciones después del triunfo de los
insurrectos, Ramírez Terrón no pudo participar como candidato porque ocupaba el
puesto de gobernador provisional y la constitución del estado inhabilitaba para
contender en las elecciones a quien ocupara el poder Ejecutivo, es decir, prohibía
la reelección para un periodo inmediato. Ramírez Terrón esperaba ser el triunfador
en las elecciones de 1880, pero no fue así. Desde el año anterior a la sucesión vio
que el sucesor de Cañedo sería Martínez de Castro, aprobado por el presidente
Porfirio Díaz. El defraudado general logró aglutinar a numerosos opositores a
Cañedo y se levantó en armas en Copala el 2 de noviembre de 1879. Ramírez
Terrón era un peligroso opositor por el prestigio de que gozaba entre los militares.
Como no pudo vencerlo por las armas, Cañedo recurrió a la traición e hizo que
fuera asesinado en El Salto, cerca de Mazatlán, el 22 de septiembre de 1880.
En marzo de 1880 se celebraron las elecciones. Como estaba previsto, triunfó
Martínez de Castro, y como diputados quedaron los mismos existentes, pues
interesaba al gobernador dejar en el poder a los legisladores que lo habían absuelto
del asunto de Valadés, y que eran sus cómplices en la defraudación de las rentas
públicas", según escribió Eustaquio Buelna.
Cañedo también nombró a los adeptos a su persona para que ocuparan los puestos
estratégicos en el control de la población, los diputados locales, los prefectos, los
directores políticos y los alcaldes. En aquel entonces, el estado de Sinaloa se
dividía en nueve distritos: El Fuerte, Sinaloa, Mocorito, Culiacán, Cosalá, San
Ignacio, Mazatlán, Concordia y El Rosario, y al frente de cada uno estaba un
prefecto; los distritos se dividían en directorias a cargo de un director político, y
en cada cabecera de distrito había un ayuntamiento. Así, prefectos, directores y
alcaldes eran de gran importancia para vigilar y reprimir a los inconformes y para
controlar las elecciones, que eran indirectas. En 1880, Cañedo hizo reformar la
constitución para que el gobernador nombrara y removiera libremente a prefectos
y directores y para que el tribunal de justicia nombrara a los alcaldes. Estos puestos
eran de elección popular antes de la reforma de 1880.
Con estos mecanismos de control, Cañedo logró la elección del ingeniero Martínez
de Castro, a quien encargó la gubernatura mientras él iba a México para ocupar
una curul en el Senado. En 1884, Martínez de Castro devolvió la gubernatura a
Cañedo, y en 1888 volvió a alternar con el general. En el año de 1892, Cañedo
asumió de nuevo la gubernatura y modificó la constitución para suprimir el artículo
46 que prohibía la reelección inmediata del gobernador. En adelante, ya no dejaría
el poder sino hasta su muerte.
Francisco Cañedo nació en el cantón de Tepic el año de 1839, pero desde joven
vivió en Mazatlán y en Culiacán como dependiente de mostrador en varios
comercios. De ahí pasó a la milicia del estado, donde su carrera militar dejó mucho
que desear, pues, a decir de sus contemporáneos, la lista de servicios de Cañedo
"cabía en media hoja tamaño carta", pero alcanzó el grado de coronel en 1876 y el
de general en 1883. La habilidad de Cañedo fue política, pero la del político sin
escrúpulos que recurría a cualquier medio para lograr sus objetivos. Tal vez fue
ésta la cualidad que Porfirio Díaz más estimaba de Cañedo, por lo que lo apoyó
para que fuera el ejecutor de la política porfiriana en Sinaloa, como de hecho lo
fue. Por su parte, Cañedo siempre guardó lealtad a Porfirio Díaz.
Otro importante aspecto de la vida política sinaloense en este periodo es el de las
relaciones entre el estado y la federación, o más bien, entre el poder estatal
(Cañedo) y el poder federal (Porfirio Díaz). Este aspecto es difícil de estudiar
porque tales relaciones se llevaron a cabo conforme a reglas no escritas, ni siquiera
dichas con claridad, pero que rigieron en Sinaloa y en el resto de la República
Mexicana. En términos generales, podemos decir que el gobierno federal aumentó
su injerencia en los asuntos del estado de manera más constante y más firme que
en épocas anteriores. Dijimos en el capítulo anterior que el presidente Benito
Juárez inició el proceso de centralización del poder político en la ciudad de
México, poder que se había debilitado desde las reformas borbónicas y la
independencia. Los gobiernos posteriores a Juárez, los de Lerdo, Porfirio Díaz y
Manuel González, prosiguieron esta política.
La federación se hacía presente en Sinaloa por distintos medios, unos antiguos y
otros de nueva creación, que concurrían para fortalecer el poder del gobierno
federal y la ejecución de sus decisiones. Una de las principales dependencias
federales era la aduana de Mazatlán, que regulaba la puerta grande del comercio
sinaloense y recaudaba una considerable porción de los ingresos del gobierno
federal. En el periodo que ahora nos ocupa, la aduana quedó libre de la presión de
los comerciantes extranjeros y cumplió sus funciones con menos irregularidades.
Junto con la aduana, la administración del puerto también quedó bajo la
jurisdicción federal; en apoyo de ambos estaba un fuerte destacamento del ejército
federal, cuyo jefe era también el comandante militar del estado, con la facultad de
asumir las funciones de gobernador en el caso de que se declarara el estado de sitio.
Así, las entradas y salidas del comercio exterior sinaloense estaban bajo el control
de la federación, tanto en Mazatlán como en Altata y en Topolobampo. Es cierto
que durante el porfiriato el ejército federal cumplió sus funciones con
profesionalismo y disciplina, y ya no fue la pesadilla de los gobernadores de
Sinaloa ni el árbitro de los problemas políticos internos; sin embargo, este ejército
no sujeto al poder del estado era un recordatorio de la presencia del poder de la
federación. Por otra parte, el gobernador Cañedo restringió el tamaño y las
funciones de la guardia nacional, esto es, de los ciudadanos armados e integrados
en las milicias del estado; y prefirió dar más importancia a la temida policía rural,
porque era uno de los elementos de su aparato represor. También es necesario
tomar en cuenta que las modificaciones en la aduana y el ejército federal
repercutieron en el fortalecimiento del gobierno estatal, dieron mayor confianza a
los comerciantes e inversionistas y, en general, ayudaron a consolidar la estabilidad
económica del estado.
El gobierno de Porfirio Díaz encontró también nuevos caminos para intervenir en
el ámbito propio del poder estatal y restringir su soberanía en los rubros de terrenos
baldíos, colonización, recursos hidráulicos y comunicaciones, cuatro aspectos de
capital importancia para la economía y el control político del estado que quedaron
reservados al fuero federal. Fue el presidente Juárez, como señalamos, quien luchó
para reservar al gobierno federal la competencia legal en estos rubros, aunque
careció de medios para aplicar estos principios jurídicos.
Los terrenos baldíos o tierras nacionales eran aquellas que, por no tener propietario
legalmente reconocido, podían ser entregadas en propiedad privada a los
particulares que las solicitaran. La colonización fue un fenómeno característico del
porfiriato y consistió en otorgar las mayores facilidades para el establecimiento de
colonos extranjeros que quisieran venir a México para cultivar las tierras ociosas.
Ambos asuntos, el de la colonización y el de las tierras baldías, estaban enlazados
porque la concesión de tierras nacionales tenía por objetivo su colonización; la ley
federal que reglamentó estos asuntos fue expedida el 15 de diciembre de 1883 y
amparó a las tristemente célebres compañías deslindadoras que se dedicaron a
crear latifundios sin cumplir el objetivo de colonizar las tierras. En 1880, Porfirio
Díaz consiguió del Congreso nacional la exclusividad del gobierno federal para
regular los asuntos ferroviarios que, en ese tiempo, eran el medio de comunicación
terrestre más importante. Lo mismo ocurrió con el control de los telégrafos y con
la concesión de uso del agua de los ríos nacionales, es decir, los que desembocan
en el mar.
No es difícil comprender el efecto que la política del gobierno federal tuvo en
Sinaloa, pues afectó los puntos estratégicos de nuestra economía. Hemos señalado
que el cambio más profundo en el periodo cañedista fue el inicio de la agricultura
intensiva; pero tanto la concesión de tierras como del agua para riego fueron de
jurisdicción federal y no estatal. La colonización que tan bien funcionó en Sinaloa,
como lo veremos en el siguiente apartado, fue asimismo una concesión del
gobierno federal. El ferrocarril que introdujo sustanciales cambios en los mercados
locales también fue concesionado, trazado y operado bajo jurisdicción federal y no
estatal, así como los puertos de altura y sus aduanas. Así, el gobierno federal logró
introducirse en los puntos neurálgicos de la economía sinaloense y, aunque no
podemos afirmar que ejerciera control absoluto, sí fue un imprescindible actor en
la historia de la economía sinaloense.
A la luz de estos comentarios podemos observar cómo se transformó la relación
entre el poder federal y el poder estatal. Durante el porfiriato hubo en la ciudad de
México un gobierno con suficiente fuerza para poner límites al poder estatal,
aunque no lo suplantara o lo anulara. Esta pérdida de soberanía indica que Sinaloa
se integraba cada vez más a la nación, o, en otras palabras, que avanzaba la
conformación de México como nación, pues muchas de las decisiones de gobierno
debían tomarse en función de las necesidades generales del país y no de alguna de
sus regiones. Asuntos como el comercio exterior, la defensa nacional, las
comunicaciones, los recursos hidráulicos y la concesión de las tierras nacionales
superaban el ámbito de los intereses locales, por lo que no era posible dejar su
administración a los gobiernos estatales, sino que era preciso que una instancia
superior se ocupara de gobernarlos. Por otra parte, no podemos ignorar que el
general Cañedo aceptó las nuevas condiciones y las aprovechó para obtener no
pocos beneficios personales y para sus amigos.
Los Mochis y el valle del Fuerte
El surgimiento de la ciudad de Los Mochis y la apertura al cultivo del valle del
Fuerte fueron dos hechos de la época cañedista que estuvieron ligados a las
políticas del gobierno federal a que nos referimos en el apartado anterior. En ambos
casos podemos observar la injerencia del gobierno federal en asuntos de tanta
importancia para la economía sinaloense como las comunicaciones ferroviarias y
marítimas, la colonización con extranjeros y la concesión de la tierra y del agua.
Esta historia empezó en 1872, cuando el ingeniero estadunidense Albert Kimsey
Owen llegó al valle del Río Fuerte y a la bahía de Ohuira como explorador de una
empresa ferrocarrilera de su país en busca de un puerto en la costa del noroeste
para que fuera la terminal de una línea férrea que correría hasta Nueva York o
Norfolk, Virginia, para agilizar el comercio entre los Estados Unidos y los países
asiáticos. Owen pensó que este puerto podía ser Topolobampo y que el ferrocarril,
además de servir al comercio estadunidense, podría abrir mercados para los
productos agrícolas que se cultivaran en el valle del Fuerte. Es decir, Owen
concibió la idea de lo que hoy es el ferrocarril Chihuahua al Pacífico, que tardaría
90 años en hacerse realidad. La primera acción fue asociarse con algunos
compatriotas suyos residentes en el valle y también con mexicanos de la región,
para adquirir grandes extensiones de tierras que serían beneficiadas por el
ferrocarril, cosa que consiguieron, Owen y sus socios, gracias a la benevolencia
con la que el gobierno federal distribuía las tierras nacionales. Es de notar que estos
terrenos eran baldíos en realidad, y no las tierras desamortizadas que habían
perdido los indios mayos. Siendo ya copropietario de las tierras, Owen inició la
construcción del ferrocarril en el año de 1884, pero la empresa estadunidense que
la llevaba a cabo no pudo concluirla. Entre 1900 y 1929 operó otra empresa
ferroviaria, la Kansas City Mexico and Oriente Company, que sólo logró construir
la parte sinaloense de la vía, entre Topolobampo y San Felipe, más dos secciones
discontinuas en el altiplano chihuahuense. El gobierno mexicano compró la
empresa y terminó la obra en 1961.
La empresa ferroviaria de Owen se conjugó con el proyecto de establecer en
Topolobampo una colonia agrícola con inmigrantes estadunidenses, aprovechando
las grandes facilidades que el gobierno federal otorgaba para la colonización. Entre
1886 y 1896 funcionó la empresa colonizadora The Credit Foncier Company,
organizada por Albert K. Owen como sociedad cooperativa y con ciertas
características del socialismo utópico, porque la tierra, los recursos naturales y
otros medios de producción eran de propiedad común pero los explotaban en forma
privada los cooperativistas; además, sólo la empresa podía ejercer el crédito y el
comercio. Este rasgo del proyecto colonizador atrajo a muchos estadunidenses de
nivel socioeconómico medio y bajo, porque en ese momento el socialismo utópico
era una ideología muy difundida en los Estados Unidos, de modo que 1 245
colonos de esta nacionalidad ocuparan los asentamientos que la compañía
estableció en el valle del Fuerte, principalmente en los terrenos del paraje conocido
como Los Mochis.
La historia de la colonización tiene visos de novela por el idealismo de aquellos
pioneros, que contrastaba con la ineficiencia de Owen y de otros dirigentes como
administradores de la empresa. La obra más relevante de los colonos fue la
construcción del mayor de los sistemas de riego que se conocían en el valle, pues
excavaron con picos y palas un canal principal de 11 kilómetros de longitud para
llevar el agua del Río Fuerte hasta el predio Los Mochis, más la construcción de
dos kilómetros de canales derivadores y el desmonte de 1 500 hectáreas de terrenos
eriales que abrieron al cultivo. Pero la colonia fracasó a causa de los errores
administrativos de los dirigentes, por los que perdieron las concesiones de la tierra
y del agua. Las tierras que desmontaron los colonos, el sistema de riego y las
concesiones federales pasaron a manos del estadunidense Benjamin Francis
Johnston, quien fundó en Los Mochis la empresa Sinaloa Sugar Company, que
llegaría a ser el más importante ingenio azucarero del estado. Algunos de los
colonos se quedaron en Los Mochis y trabajaron con Johnston; otros se dispersaron
en diversos puntos del valle y volvieron a los Estados Unidos en 1913, cuando su
gobierno les propuso la repatriación.
Johnston llegó al valle del Fuerte en 1890 y trabajó como empleado del hacendado
Zacarías Ochoa, dueño del ingenio El Águila, situado cerca del pueblo de Ahome.
Zacarías Ochoa quebró y Owen se quedó con la hacienda, y después adquirió el
ingenio La Constancia, propiedad de Francisco Orrantia y Sarmiento; estas
operaciones se financiaban con capital de inversionistas de Chicago. Cuando
Johnston creó Sinaloa Sugar Company contaba con un capital de un millón de
dólares, con el cual amplió considerablemente el sistema de riego y las tierras de
cultivo que dejaron los colonos. La empresa agroindustrial de Johnston atrajo a
muchos pobladores mexicanos que acudieron a trabajar en los campos y en la
fábrica de azúcar, de modo que surgió una nueva población que fue declarada
sindicatura el 1º. de junio de 1903, el mismo año en que el ingenio realizó su
primera zafra. Así, a partir de los colonos estadunidenses y de las inversiones de
Benjamin Francis Johnston nació la ciudad de Los Mochis, que en 1910 contaba
con 1 188 habitantes, y se inició la moderna explotación de las tierras del valle del
Fuerte.
La sociedad
En este periodo (1877-1909) volvemos a tener información estadística confiable,
pues disponemos ya de censos modernos levantados conforme a las mejores
técnicas de ese tiempo. El primer informe fue publicado por Alfonso Luis Velasco
en 1889, y en ocaciones se le cita como "Censo de Cañedo". En 1895 se levantó el
primer censo nacional de población, en 1900 el segundo y en 1910 el tercero,
gracias a los trabajos de Antonio Peñafiel. El cuadro X.1 contiene la información
de los censos de 1900 y 1910.
CUADRO
X.1.
Habitantes del estado de Sinaloa, por distritos
FUENTE: Censos generales de la República Mexicana.
En los datos del cuadro X.1 podemos ver que entre 1900 y 1910 la población del
estado de Sinaloa aumentó 10.9%, cifra ligeramente inferior al crecimiento
promedio nacional, que fue del 11.4%, en el mismo periodo. También se observa
que el incremento se dio principalmente en los distritos de Culiacán, Mazatlán y
El Fuerte, que fueron también los que alcanzaron mayor desarrollo económico.
Este crecimiento contrasta con el escaso aumento de la población en Cosalá y San
Ignacio, distritos que quedaron marginados del desarrollo porfiriano, a pesar de
que habían sido muy importantes durante la época colonial y la primera mitad del
siglo XIX
Los censos también ofrecen información sobre la ocupación, dato que nos permite
observar algunas características de la estructura de la sociedad sinaloense. El
cuadro X.2 resume los datos proporcionados por el censo de 1900.
Los datos del cuadro X.2 indican que la sociedad sinaloense de 1900 era
preponderantemente, rural porque la mitad de las personas con ocupación
remunerada estaban en el campo, pero también se observa que de cada 10 personas
que trabajaban en el campo, siete eran peones, es decir, individuos que sólo
disponían de sus brazos para sobrevivir. Las cifras también indican que la minería,
actividad económica de tanta importancia, ofrecía pocos empleos directos; el
número de trabajadores industriales era mínimo y relativamente grande el de
servidores domésticos, cuyo trabajo implicaba una relación de servidumbre con el
patrón.
CUADRO X.2. Personas ocupadas en el estado de Sinaloa, por categoría ocupacional, según el
censo de 1900.
Si de las categorías ocupacionales del cuadro anterior seleccionamos las de escaso
prestigio social y bajos ingresos, como peones, trabajadores mineros, obreros
industriales y de la construcción, dependientes, servidores domésticos y no
domésticos, pescadores y de ocupación desconocida, tenemos que en conjunto
formaban 69% de la población ocupada. Esto significa que en la sociedad
sinaloense de 1900 el grupo social bajo era muy amplio, que de cada 10 sinaloenses
ocupados, siete pertenecían al grupo de los desposeídos.
La mayor parte de la población estaba compuesta por los trabajadores y sus
familias, a quienes benefició muy poco el crecimiento económico de la región. Los
peones de las haciendas percibían un salario de 25 centavos diarios, más una ración
familiar de maíz y frijol, por jornadas de 12 horas de trabajo; los hacendados aún
recurrían al endeudamiento de los peones para mantenerlos arraigados. Las
empresas modernas, como Sinaloa Sugar Company, en el valle del Fuerte, ofrecían
un jornal de 75 centavos en moneda de curso corriente, por ocho o 10 horas de
trabajo, relación laboral que tendía a ser propiamente salarial. Los trabajadores
mineros llegaban a ganar un peso diario por exhaustivas jornadas en labores
pesadas, peligrosas e insalubres. Los trabajadores de las empresas ferroviarias
recibían 75 centavos diarios por el desempeño de las labores ordinarias y más
pesadas.
También tenemos información sobre el precio de algunos alimentos en Sinaloa
durante la era de Cañedo. El precio del maíz fluctuaba entre cuatro y siete centavos
el kilogramo, en tiempos normales; el trigo se compraba entre tres y seis centavos
el kilogramo, y el frijol entre 15 y 20 centavos. Si comparamos estos precios con
los salarios de los trabajadores, es evidente que los salarios eran muy bajos y que
difícilmente alcanzaban para pagar el sustento mínimo de una familia. Estos datos
dibujan una sociedad con grandes desequilibrios en la distribución de los
beneficios económicos, en la que la remuneración del trabajo sólo permitía
condiciones de vida precarias, sin perspectiva de mejoramiento alguno.
La propiedad de la tierra y los problemas indígenas
Otro fenómeno que incidió en el desequilibrio social de Sinaloa fue la excesiva
concentración de la propiedad de la tierra, realizada al amparo de las leyes de
colonización y baldíos. El investigador Alonso Martínez Barreda, en su
estudio Sinaloa Land Company, señala que se formaron 10 compañías
colonizadoras y deslindadoras de tierras baldías que operaron en Sinaloa entre
1877 y 1910, ocho de ellas estadunidenses. La primera fue de la Albert K. Owen
en el valle del Fuerte, de la que ya hablamos. Las demás obtuvieron grandes
extensiones de tierras y concesiones para el uso del agua en los valles de los ríos
Fuerte, Sinaloa, Mocorito, Culiacán y San Lorenzo, y aunque no cumplieron con
la obligación de asentar colonos, pagaron las multas correspondientes y quedaron
en la posesión de excelentes tierras agrícolas que podían ser irrigadas. Ahí se inició
la agricultura moderna de Sinaloa. Según las Estadísticas sociales del
porfiriato, publicadas por la Secretaría de Economía, la extensión de las tierras
adquiridas así casi alcanzó la cifra de dos millones de hectáreas.
Una de estas compañías colonizadoras y deslindadoras fue la empresa Sonora and
Sinaloa Irrigation Company, fundada por Carlos Conant para adquirir tierras en los
valles de los ríos Yaqui, Mayo y Fuerte. Entre las tierras baldías concesionadas a
esta compañía estaban las comunales de yaquis y mayos, porque legalmente no
tenían propietario desde que la Ley Lerdo extinguió la propiedad comunitaria. Este
hecho provocó el recrudecimiento de la guerra entre indios y yoris, que alcanzó
una de sus etapas más crueles y violentas. Yaquis y mayos se levantaron en armas
bajo la dirección de Cajeme y luego de Tetabiate, para luchar en defensa de sus
tierras. Las acciones militares ocurrieron principalmente en territorio de Sonora,
pero participaron en el conflicto los indios mayos del valle del Fuerte. A la derrota
militar de los indios siguió su deportación a Yucatán y Oaxaca.
La Iglesia
Cuando en 1860 el obispo Pedro Loza y Pardavé fue expulsado de Sinaloa por
Plácido Vega, el presbítero José de Jesús Uriarte y Pérez quedó como
administrador de la diócesis y le tocó enfrentar a los gobiernos liberales y la
aplicación de las leyes de Reforma. Uriarte tuvo conflictos continuos con los
gobernadores de Sinaloa, hasta el punto de tener que refugiarse en la sierra para
eludir la persecución que sufría. El problema terminó en 1866, cuando el hombre
fuerte de Sinaloa, el general Ramón Corona, ordenó que se dejara en paz al
presbítero. El obispo Loza, que estaba en San Francisco, en 1865 volvió a Sonora,
que también era parte de su diócesis, pero no pudo entrar en Sinaloa; en 1868, fue
admitido de nuevo en Culiacán, pero ese mismo año fue enviado a ocupar el
obispado de Guadalajara.
El presbítero Uriarte, quien era originario de Badiraguato, fue nombrado obispo de
Sonora en 1869, y al año siguiente tomó posesión de su cargo. En su desempeño
como obispo de Sonora reorganizó el Seminario Conciliar, clausurado en tiempos
de la Reforma, terminó la catedral de Culiacán y fundó el hospital de El Carmen,
que fue la primera institución de asistencia que hubo en Culiacán. En 1883 la
diócesis de Sonora se dividió y se creó la diócesis de Culiacán, que comprendía el
territorio del estado de Sinaloa. El señor Uriarte fue nombrado primer obispo de
Culiacán, puesto que ocupó hasta su muerte en 1887.
La salud pública
Durante la era de Cañedo se iniciaron en Sinaloa los esfuerzos gubernamentales en
favor de la salud pública; en épocas anteriores, los problemas de salubridad eran
atendidos por los particulares o por las instituciones religiosas. A mediados del
siglo XIX no había médicos en Sinaloa, ni farmacias ni hospitales; se atendía a los
enfermos con los procedimientos de la medicina tradicional, a cargo de curanderos
empíricos. En 1854 se fundaron en Mazatlán los dos primeros hospitales, el militar
y el civil, con capacidad para 34 internos.
La medicina moderna empezó en Culiacán gracias al doctor Ignacio Praslow, de
origen alemán, quien fue director del primer hospital de la ciudad, el hospital de
El Carmen, que fundara el obispo Uriarte. Hubo también en Culiacán otros tres
médicos extraordinarios, los doctores Ramón Ponce de León, Ruperto L. Paliza y
Andrés Vidales. Durante la era de Cañedo se rehabilitaron en Mazatlán los
hospitales que ya existían, que fueron atendidos por médicos de gran capacidad
profesional, los doctores Martiniano Carvajal, Juan Jacobo Valadés y Luis Lerdo
de Tejada. Asimismo se fundaron hospitales en Concordia, Cosalá, El Rosario y
Sinaloa. También en este periodo el Colegio Rosales abrió la carrera de químico
farmacéutico.
Los anales sinaloenses registran tres catástrofes durante la era de Cañedo. La
primera fue la hambruna de 1878 que se presentó en el norte y centro del estado,
después de una larga sequía. La falta de alimentos incidió sobre una población ya
de suyo desnutrida, e hizo que proliferaran varias enfermedades, especialmente el
tifo, que causó muchas defunciones. El recién instalado gobierno de Francisco
Cañedo tuvo muchas dificultades para conseguir alimentos y detener las violentas
manifestaciones de inconformidad del pueblo. Más tarde brotó una epidemia de
fiebre amarilla, que empezó en Mazatlán en el año de 1883 y se extendió a
Culiacán. La epidemia mató a la soprano Ángela Peralta, quien se encontraba en
Mazatlán con su compañía de ópera. Peró más grave fue la epidemia de peste
bubónica que sufrió Mazatlán en 1902 y que causó la más grande mortandad que
se recuerda en Sinaloa. Las epidemias de 1883 y de 1902 fueron combatidas
eficazmente por los médicos sinaloenses, quienes evitaron que los estragos fueran
mucho mayores.
El final de la era de Cañedo
La era de Cañedo terminó con la primera década del siglo XX y su conclusión
constituye un momento adecuado para observar los cambios operados en la
sociedad sinaloense; transformaciones profundas, efectos de un proceso secular
que en el noroeste se inició con las reformas borbónicas y culminó con la
aplicación de la reforma liberal. Muchas de estas alteraciones no fueron previstas
ni queridas por los reformadores liberales, y en estas innovaciones reconocemos
ya el rostro de la Sinaloa contemporánea. Sinaloa entró en la modernidad del
momento, la que impulsaba el sistema capitalista y consideraba como la única vía
posible para que los pueblos no industrializados alcanzaran la prosperidad de que
disfrutaban Inglaterra, Francia, Alemania o los Estados Unidos. En Sinaloa avanzó
el establecimiento de las relaciones económicas y sociales propias del sistema
capitalista, pero no apareció la prometida prosperidad.
El cambio más significativo fue, tal vez, el de la agricultura. En muy poco tiempo
se introdujeron las técnicas más avanzadas para cada una de las fases de esta
actividad productiva; el principal cultivo fue el de la caña de azúcar para alimentar
a los nuevos ingenios, y cuya producción se destinaba a numerosos mercados,
dentro y fuera de la nación. La transformación de la agricultura requirió la
concentración de grandes extensiones de tierras en las manos de pocas empresas;
el gobierno mexicano favoreció la formación de estos latifundios, aunque algunos
fueran tierras de las comunidades indígenas desde tiempo inmemorial. Los
indígenas despojados y muchos otros sinaloenses desposeídos se transformaron en
trabajadores asalariados en los campos y en las fábricas de las empresas azucareras
que, por cierto, eran estadunidenses.
También hubo avances en la tecnología minera y de comunicaciones. La
mecanización del trabajo en las minas y en las haciendas de beneficio trajo el
aumento en la producción de metales preciosos y de los industriales, aunque la
demanda de estos productos decayó mucho en el mercado internacional, Más
profundas fueron las repercusiones de la innovaciónes en las comunicaciones; al
final de la era de Cañedo estaban construidos los ferrocarriles sinaloenses (mapa
X. 1), en especial el Southern Pacific, que comunicó las comarcas del estado y las
unió con la frontera norte de un modo seguro y rápido que permitía la exportación
de productos agrícolas frescos. Los ferrocarriles también se construyeron con
capitales estadunidense y para servicios de los inversionistas extranjeros.
La modernización de Sinaloa ocurrió en la planicie donde eran posibles el tendido
de vías y la agricultura mecanizada. Las tierras altas quedaron al margen de estos
avances, excepto en los puntos donde la minería recibió inversiones extranjeras.
Se esbozó entonces la división longitud del estado: la Sinaloa del progreso, es
decir, la de la planicie y el litoral, y la Sinaloa atrasada de la zona serrana,
configuraciones que en buena medida subsiste hasta el presente. Una Sinaloa
tradicional que permanece cercana a la formas de vida de la época colonial, y una
Sinaloa renovada y fuertemente ligada a los intereses de la economía
estadunidense.
Como se programa en los discursos oficiales de los gobiernos federales y estatales,
la transformación de la economía produjo muchos beneficios, mas no para todos
los sinaloenses. Los más abundantes fueron para los dueños de los capitales que
aquí se invirtieron, y que eran estadunidenses en su gran mayoría. La elite de la
sociedad local participó en las innovaciones y también en los beneficios
económicos, pero la inmensa mayoría del pueblo no tuvo acceso a los beneficios;
para ellos sólo había cabida como trabajadores en las empresas capitalistas.
Ciertamente que convenía tener una fuente de trabajo, pero cuando la
remuneración era tan raquítica como en los tiempos de Cañedo, resultaba una
nueva manera de sujetar a los trabajadores al servicio de los poderosos. La brecha
entre los grupos sociales se profundizó; se hicieron más evidentes las diferencias
entre las condiciones de vida de los grupos privilegiados y las de la gran masa de
trabajadores.
Al final de la era de Cañedo, la reducida elite de Sinaloa gozaba de las ventajas del
progreso, pero la gran mayoría del pueblo desposeído sufría la pobreza y la
represión del régimen cañadista, y la tensión social se acumulaba. Para saber si los
desposeídos eran conscientes de la situación que vivían, disponemos del testimonio
de la cultura popular que creó la figura de los "bandidos generosos", que
despojaban a los ricos para socorrer a los pobres. En efecto, la tradición sinaloense
guarda viva la memoria de dos individuos a los que celebra como héroes: Heraclio
Bernal y Jesús Malverde, ambos surgidos de los estratos bajos de la sociedad
cañedista y que perdieron la vida a manos de los opresores por el delito de servir a
los pobres, según dijeron sus contemporáneos.
Heraclio Bernal, llamado el Rayo de Sinaloa, fue un minero de Guadalupe de los
Reyes que se rebeló contra los patrones y contra el gobierno, y operó en la región
de Cosalá y en el sur del estado, entre 1879 y 1888. Al frente de un grupo armado,
Bernal caía de improviso sobre mineros, comerciantes y hacendados para
despojarlos de sus riquezas, que distribuía entre sus seguidores y los pobres; solía
también humillar a los ricos y poderosos, para regocijo del pueblo. Iniciaba una
rebelión formal contra el gobierno porfiriano cuando fue apresado y muerto por la
policía de Cañedo.
Jesús Malverde actuó en la ciudad de Culiacán y sus alrededores, donde robaba a
los poderosos señores de la elite cañedista para repartir el botín entre la gente
necesitada. La tradición recuerda a Jesús Malverde como a un hombre valiente y
arriesgado, que actuaba de modo tan audaz y habilidoso que irritaba a sus
perseguidores y divertía al pueblo. Malverde actuó a principios de siglo y murió
joven; una versión afirma que sufrió un accidente, por lo que pudo ser apresado y
ejecutado por la policía, y otros dicen que murió de enfermedad y que los esbirros
de Cañedo fusilaron el cadáver.
La leyenda de los bandidos generosos en Sinaloa apareció en la época de Cañedo
y aún se cantan los corridos de Heraclio Bernal y la figura del Rayo de
Sínaloa sigue inspirando a dramaturgos y novelistas. En la ciudad de Culiacán está
el santuario de Jesús Malverde, donde la gente humilde le rinde culto, como a los
santos católicos, y acude a pedir su protección y favores milagrosos. Heraclio
Bernal y Jesús Malverde son dos figuras creadas por el pueblo de Sinaloa como
una manifestación de sus angustias y de sus anhelos. No es casualidad que ambos
correspondan a la era de Cañedo, que expresen el gozo de los pobres por la
humillación de los ricos y la restitución de las riquezas injustamente acumuladas.
El general Francisco Cañedo murió en Culiacán el día 2 de junio de 1909 y dejó
de Sinaloa la herencia de una economía que empezaba a progresar, excesivamente
ligada a los intereses de los estadunidenses, sustentada en la explotación de los
trabajadores sinaloenses y en un régimen represivo que anuló los derechos
políticos del pueblo. Pronto vendría la violenta reacción de los desposeídos, como
ya se manifestaba en otros lugares del país.
XI. LA REVOLUCIÓN EN SINALOA, 1909-1940
señalamos que, al final de la era de Cañedo, la
sociedad sinaloense adolecía de profundos desequilibrios en las condiciones de
vida de los grupos que la integraban: la opulencia del reducido grupo de la elite, la
pobreza extrema de los desposeídos y una clase media no muy numerosa que
luchaba por mantener una decorosa forma de vida. La realidad cotidiana en Sinaloa
era un conjunto de condiciones adversas para la mayoría como la deficiente
remuneración del trabajo, el despojo de las comunidades indígenas, el
acaparamiento de las tierras en pocas manos y un gobierno represivo y despótico.
Estas circunstancias no eran exclusivas de Sinaloa, porque el régimen porfiriano
las había fomentado en diferentes regiones del país, de modo que cuando estalló la
crisis final del régimen, las luchas sociales comenzaron casi simultáneamente en
diversos estados de la república.
AL CERRAR EL CAPÍTULO ANTERIOR
La coyuntura que precipitó la crisis fue la contracción del mercado mundial en la
primera década del siglo XX. En 1905 cayó el precio internacional de la plata, que
era uno de los principales productos mexicanos de exportación. En 1907 y 1908
bajó el precio del cobre y de otros productos minerales. Al disminuir el valor de
las exportaciones mexicanas se cerraron minas y muchas otras empresas que
dependían de ellas, hubo despido de trabajadores, encarecimiento de los artículos
de consumo básico y pérdida del valor adquisitivo de los salarios. Además de los
trabajadores, algunos miembros de la clase media y de la elite también tenían
reclamos contra el régimen porque favorecía en exceso a los extranjeros, a los
estadunidenses en particular, y porque les cerraba las posibilidades de ascenso
social. Hacia 1908 ya estaban puestas las condiciones para una movilización
violenta de amplios sectores de la sociedad mexicana, por el gran deterioro de las
condiciones de vida en general y por una apreciable fisura en el grupo de los
privilegiados.
Cuando murió Francisco Cañedo, el 5 de junio de 1909, Heriberto Zazueta fue
designado gobernador interino, con la misión de convocar a elecciones
extraordinarias de un gobernador sustituto que completara el periodo de Cañedo,
que expiraba en 1912. Entre los aspirantes a las candidaturas se contaron Diego
Redo de la Vega, Juan B. Rojo, Jesús Uriarte, el propio gobernador interino, el
periodista José Ferrel y varios más; pero cuando se supo que en la ciudad de
México se apoyaba a Redo, los demás aspirantes, excepto Ferrel, retiraron sus
postulaciones. Se inició entonces una vigorosa campaña política de grupos
intermedios de la sociedad en apoyo a Ferrel. Se formaron clubes políticos en
Mazatlán, Guasave, Angostura, Mocorito y las villa de Sinaloa. Incluso en
Culiacán los estudiantes del Colegio Rosales hicieron movilizaciones en favor de
Ferrel. Varios periodistas, como el editor de El Paladín, de El Fuerte, El Alfiler y El
Correo de la Tarde, de Mazatlán, se unieron a la causa de la oposición. La vieja
elite cañedista se disciplinó alrededor de Diego Redo y también impulsó una activa
campaña política.
Diego Redo de la Vega, nativo de Culiacán, era hijo de un modesto inmigrante
español que de pequeño comerciante pasó a latifundista. Hábil para los negocios y
al amparo de las leyes sobre colonización y baldíos creó el emporio de Eldorado.
Por línea materna, Redo descendía de los otrora notables de Culiacán. Por su parte,
José Ferrel, conocido por su valiente oposición al régimen, era originario de
Hermosillo y editor de los periódicos El Progreso Latino y El Demócrata
Mexicano; su campaña política fue muy brillante y sus discursos enardecían el
ánimo ya predispuesto de mucha gente en contra del gobierno; sin embargo, Ferrel
fue derrotado en los comicios, se sometió a Redo y terminó al servicio de
Victoriano Huerta.
Las elecciones tuvieron lugar el domingo 8 de agosto, y el día 25 la legislatura
declaró a Diego Redo gobernador electo, tomó posesión el 27 de septiembre para
continuar el periodo de Cañedo, y, en efecto, su gobierno fue la prolongación de la
política del viejo general.
La lucha armada
En mayo de 1909 se había iniciado en la ciudad de México el movimiento
antirreeleccionista impulsado por Francisco I. Madero, con miras a participar en
las elecciones nacionales de 1910. En enero de ese año, Madero llegó a Mazatlán
para organizar el antirreelecionismo en Sinaloa, donde encontró condiciones
favorables creadas por la reciente campaña local; sin embargo los más destacados
ferrelistas se abstuvieron de apoyar a Madero, temerosos de la represión
gubernamental que ya habían probado. En los pocos días que Madero estuvo en
Sinaloa, logró formar los clubes antirreeleccionistas de Mazatlán, Culiacán y
Angostura, de donde salieron activos luchadores políticos, como el ingeniero
Manuel Bonilla, Felipe Riveros, Rosendo Verdugo y el profesor Gabriel Leyva
Solano, quienes extendieron la organización maderista a otros puntos del estado.
El gobierno de Redo enfrentó la situación de la misma forma en que lo había hecho
Cañedo; persiguió con violencia a los maderistas y preparó la manipulación de las
elecciones. La primera víctima de la represión fue Gabriel Leyva Solano, quien fue
aprehendido en Cabrera de Inzunza bajo el cargo de sedición, el día 7 de junio de
1910, y le fue aplicada la "ley fuga" en ese mismo lugar, a los seis días de su
detención. Los prefectos y directores políticos condujeron las elecciones como era
la costumbre en Sinaloa, y el fraude se consumó el día 11 de julio cuando los
colegios electorales decidieron que los sinaloenses votaban por la reelección de
Porfirio Díaz y Ramón Corral, como presidente y vicepresidente de la república.
Como en los demás estados de la federación ocurrió otro tanto, los
antirreeleccionistas decidieron luchar con las armas en defensa de sus derechos
políticos. El 5 de octubre de 1910, Francisco I. Madero proclamó el Plan de San
Luis que convocaba a la rebelión armada para el día 20 de noviembre.
La etapa maderista
El comerciante Amado A. Zazueta inició los preparativos para la lucha en la villa
de Sinaloa, donde hizo acopio de armas y convocó a otros decididos maderistas: el
jefe de rurales Juan M. Banderas, José María Cabanillas y Ramón F. Iturbe. Los
conspiradores fueron descubiertos y se dispersaron. Iturbe se refugió en Durango,
donde se sumó a las fuerzas de Domingo Arrieta e inició la lucha en el mes de
enero de 1911. En mayo una sección de estas fuerzas revolucionarias, al mando de
Iturbe, bajó de la sierra para combatir en Sinaloa. Gregorio Cuevas inició la
rebelión en Mocorito, el zapatero Manuel Salazar hizo lo propio en Copala y
Crescencio Gaxiola en Guamúchil. En Ahome se levantó en armas José María
Ochoa, hijo del antiguo y poderoso hacendado don Zacarías Ochoa. En el sur del
estado hubo numerosos insurrectos como Claro Molina, Justo Tirado, Ángel Flores
y Juan Carrasco. Estos levantamientos ocurrieron entre los meses de enero y abril
de 1911.
La policía rural del estado y las fuerzas del ejército federal reprimieron a los
insurrectos. El teniente coronel del ejército federal, Luis G. Morelos, se distinguió
por la eficacia y ferocidad con que persiguió a los revolucionarios; sin embargo, el
movimiento rebelde cobró fuerza y para el mes de mayo era ya el vencedor. Las
fuerzas unidad de Ramón F. Iturbe, Juan M. Banderas, José María Cabanillas,
Claro G. Molina, Herculano de la Rocha y otros jefes, que sumaban más de 4 000
soldados, pusieron sitio a la ciudad de Culiacán y la tomaron el día 31 de mayo.
Dos días mas tarde cayó Mazatlán y, así, desapareció el régimen cañedista.
Mientras tanto, el 21 de mayo de 1911 Madero y los representantes del gobierno
federal habían firmado la paz en Ciudad Juárez. El día 25 había renunciado Porfirio
Díaz a la presidencia de la república y se expatrió poco después.
Derrocado el gobierno porfiriano, Francisco I. Madero nombró al ingeniero
Manuel Bonilla como su delegado en Sinaloa, para atender los asuntos políticos
del estado y para impedir la ejecución de los jefes vencidos. El ex gobernador
Diego Redo y el general Higinio Aguilar, quien fuera comandante militar de
Sinaloa, recibieron protección del general Juan M. Banderas hasta que salieron del
estado de Sinaloa. Celso Gaxiola Rojo ocupó interinamente la gubernatura, hasta
el 7 de agosto de 1911, cuando se organizó la junta militar de los jefes vencedores
y su presidente, Juan M. Banderas, asumió el cargo de gobernador para convocar
a elecciones. Los comicios se celebraron a principios de septiembre y fue electo el
profesor José María Rentería, quien tomó posesión de su cargo el día 27 del mismo
mes, para terminar el periodo que concluía en septiembre de 1912.
Francisco I. Madero fue electo presidente de la república y tomó posesión el 6 de
noviembre de 1911. Entre los miembros de su gabinete incluyó al ingeniero
Manuel Bonilla como secretario de Comunicaciones y Obras públicas. A pesar de
que el cargo le impedía cualquier intervención en la política sinaloense, Bonilla no
quiso perder la influencia que tenía en el estado y aprovechó su puesto para intrigar
y entrometerse en los asuntos políticos de Sinaloa.
La actitud conciliadora de Madero con los antiguos porfiristas y su indecisión para
llevar a cabo las reformas sociales demandadas, como la devolución de las tierras
de las comunidades, ocasionó el descontento y la rebeldía de algunos
revolucionarios, como Emiliano Zapata en el estado de Morelos, quien proclamó
el Plan de Ayala (25 de noviembre de 1911) que en su parte medular se ocupaba
de la restitución de las tierras usurpadas a las comunidades. También los
revolucionarios sinaloenses participaron del descontento por los actos y omisiones
del presidente Madero; se opusieron al licenciamiento de las tropas que ordenó
Madero y algunos de ellos se pronunciaron por el Plan de Ayala (Mocorito, 21 de
febrero de 1912). Las ideas agraristas referentes a la restitución de las tierras de las
comunidades tuvieron buena acogida entre los campesinos sinaloenses; sin
embargo, su movimiento estuvo mal preparado y careció de unidad, por lo que las
fuerzas del gobierno lo aniquilaron en 1913.
El gobernador Rentería no pudo preservar la unidad de los revolucionarios
sinaloenses, en buena medida por la solapada oposición de Manuel Bonilla desde
la ciudad de México, así que prefirió renunciar el 26 de marzo de 1912 y retirarse
de la vida política. Los seis meses que restaban al periodo gubernamental fueron
cubiertos por varios gobernadores interinos, lo que nos da una idea de la caótica
situación política del estado. Celebrados los comicios, resultó electo Felipe
Riveros para ocupar la gubernatura de Sinaloa en el cuatrienio que empezaba el 27
de septiembre de 1912.
La etapa constitucionalista
En febrero de 1913, en la capital del país ocurrieron los hechos conocidos como la
Decena trágica, que culminaron con el asesinato de Francisco I. Madero (la noche
del 22 al 23 de febrero) y la usurpación de la presidencia por Victoriano Huerta.
El día 23 se supo en Mazatlán la noticia de la muerte del presidente, y la primera
reacción fue una concentración popular espontánea que vitoreó a Madero y repudió
a Huerta. Sólo el antiguo maderista Genaro M. Velázquez intentó en vano
organizar un movimiento de resistencia en contra del gobierno espurio. La mayor
parte de los gobernadores de los estados aceptaron al gobierno surgido del
cuartelazo. Felipe Riveros comunicó a Victoriano Huerta la adhesión de su
gobierno, con fecha 27 de febrero; no obstante, Huerta lo hizo aprehender y
nombró gobernador al general José L. Legorreta. Riveros fue llevado a México y
procesado por sedición, pero fue absuelto y liberado; luego huyó y se unió a los
rebeldes sinaloenses en abril del mismo año. Manuel Bonilla también fue
aprehendido, pero aceptó servir al régimen como senador por Sinaloa. A pesar de
las defecciones que sufrió el grupo maderista de Sinaloa, entre marzo y junio de
1913 surgieron pequeños grupos de insurrectos en diversos puntos del estado: el
coronel José María R. Cabanillas, en Tamazula, el mayor Macario Gaxiola en Los
Mochis, el coronel José María Ochoa en Ahome y Juan Carrasco en el sur del
estado. Sin embargo, los rebeldes carecían de elementos para la guerra y de un
líder que coordinara los esfuerzos, por lo que parecía imposible que pudieran
vencer a las considerables fuerzas de que disponía el general Legorreta.
El movimiento de resistencia en contra de Victoriano Huerta había surgido en
Coahuila, Chihuahua y Sonora, y empezó a unificarse alrededor de Venustiano
Carranza, el Plan de Guadalupe (26 de marzo de 1913) y el Acta de Monclova, del
día 18 de abril del mismo año. Éste fue el origen del ejército constitucionalista, al
cual se sumaron los rebeldes sinaloenses. El general Ramón F. Iturbe estaba en
California cuando ocurrieron los sucesos que acabamos de narrar, por lo que
decidió volver al país. En junio de 1913 llegó a Sonora y se puso a las órdenes del
jefe constitucionalista, el general Álvaro Obregón, quien le encomendó un grupo
de 80 hombres con las instrucciones de operar en Sinaloa. Con la presencia de
Iturbe empezó a organizarse el constitucionalismo en nuestro estado, bajo el
mando militar de este jefe y con Felipe Riveros como cabeza política, pues a pesar
de su defección era reconocido como el gobernador de la entidad.
Iturbe estableció su centro de operaciones en San Blas, la estación de enlace del
Ferrocarril Sudpacífico con el Kansas City Mexico and Oriente, en el norte de la
entidad, desde donde dirigió algunas exitosas ofensivas contra el ejército federal,
como en Topolobampo (28 de agosto de 1913), Cerro del Sufragio (30 de agosto),
Mocorito y Los Mochis (24 de septiembre) y villa de Sinaloa (4 de octubre). Los
más destacados militares fueron el propio Iturbe, el mayor Macario Gaxiola, el
teniente coronel Manuel Mezta y el coronel Benjamín Hill. Los revolucionarios
estaban aún lejos de vencer al ejército federal que operaba en Sinaloa.
En septiembre de 1913, Venustiano Carranza, primer jefe del ejército
constitucionalista, pasó por el norte del estado en su viaje hacia Sonora. El día 12
llegó a Chinobampo, después de atravesar la sierra tarahumara, bajó a El Fuerte el
día 14, y luego a San Blas, el día 17, donde abordó el ferrocarril que lo condujo a
Hermosillo para tratar con los caudillos sonorenses la consolidación del
movimiento constitucionalista.
El general Álvaro Obregón, uno de los iniciadores de la rebelión en Sonora, había
conducido una brillante campaña militar, en lo que el ejército del noroeste —que
era una de las fracciones del ejército constitucionalista— había derrotado en toda
la línea al ejército huertista; sólo la plaza de Guaymas quedaba en poder de los
federales y estaba sitiada por los revolucionarios. En noviembre de 1913 Obregón
y su hueste entraron en territorio de Sinaloa y los revolucionarios sinaloenses se
sumaron a este cuerpo militar, del que Ramón F. Iturbe fue segundo jefe. Obregón
estableció su cuartel general en El Palmito, desde donde dirigió las operaciones
contra Culiacán entre el 9 y el 14 de noviembre. El coronel federal Miguel
Rodríguez defendía la plaza con 2 000 hombres de tropa y artillería, pero el día 14
abandonó su posición por no poder resistir el empuje de los revolucionarios.
Desalojadas de la capital del estado, las fuerzas federales se concentraron en
Mazatlán. Obregón dispuso el sitio del puerto y prosiguió su marcha hacia la
ciudad de México. Al año siguiente triunfó el movimiento constitucionalista y
Victoriano Huerta huyó del país (14 de julio de 1914). Las fuerzas federales que
ocupaban Mazatlán resistieron hasta el 9 de agosto cuando, por mar, evacuaron la
plaza. El mismo día el coronel Ángel Flores ocupó el puerto y el estado de Sinaloa
quedó bajo el control de los constitucionalistas. Seis días después el ejército
vencedor entró en la ciudad de México; en sus filas militaban destacados
sinaloenses como Juan M. Banderas, Rafael Buelna, Salvador Alvarado, Francisco
R. Serrano, Benjamín Hill, Ramón F. Iturbe, Ángel Flores y muchos soldados
reclutados de entre los campesinos y obreros de Sinaloa.
La escisión de los revolucionarios
Cuando triunfó el movimiento constitucionalista se acentuaron las diferencias que
ya se habían manifestado entre sus principales jefes. En la convención de
Aguascalientes, celebrada entre el 10 y el 31 de octubre de 1914, se consumó la
escisión de los vencedores en dos facciones principales, una fiel a Carranza y la
otra encabezada por Francisco Villa. Por su parte, Emiliano Zapata continuaba la
lucha agrarista en el estado de Morelos, y aunque no participó oficialmente en la
convención, sus delegados lograron que se aceptara el Plan de Ayala entre los
principios de la revolución triunfante. Villa y Zapata pugnaban por una reforma
agraria inmediata y completa, mientras que Carranza y su grupo no deseaban
reformas sociales radicales. De la ruptura entre los triunfadores surgió una
enconada lucha entre los convencionistas, como se llamaba también a los villistas,
y los carrancistas, cuyo jefe militar era el general Álvaro Obregón. Ambos grupos
contendieron en diversas partes del país hasta la completa derrota de los villistas,
en diciembre de 1915.
La división alcanzó también a los revolucionarios sinaloenses. El gobernador
Felipe Riveros se decidió por el bando villista e invitó a los jefes militares de
Sinaloa a que lo secundaran (23 de octubre de 1914), pero casi todos siguieron
leales a Carranza. El general Ramón F. Iturbe trató de mediar para evitar el
rompimiento, pero no lo consiguió, y como Riveros permaneció firme en su
decisión, tuvo que huir del estado (20 de noviembre de 1914) acompañado por un
pequeño grupo de seguidores. El tercer batallón de Sinaloa, compuesto por
indígenas mayos, se pronunció por Villa en el poblado de San Blas, donde estaba
acantonado (22 de octubre). Ángel Flores se dispuso a combatirlos, pero los
indígenas se replegaron hacia el norte para incorporarse a las fuerzas villistas de
José María Maytorena que operaban en el estado de Sonora.
Por orden de Carranza se formó la Columna Expedicionaria de Sinaloa con un
contingente de 1 000 hombres al mando del general Ramón F. Iturbe. La primera
acción de la columna fue en contra de los maytorenistas de Baja California a los
que Iturbe derrotó el día 8 de diciembre de 1914. De regreso a Sinaloa y bajo el
mando del general Ángel Flores, penetró en Sonora (1o. de enero de 1915) para
combatir a los villistas, cuya fuerza era considerable en este estado, y aquí
permaneció hasta la extinción del villismo en la comarca.
También en el sur del estado hubo enfrentamientos entre villistas y carrancistas. A
principios de 1915 los villistas avanzaron desde Nayarit y lograron llegar hasta
Villa Unión, donde el general Juan Carrasco los derrotó el día 22 de febrero de
1915 y los hizo retirarse hasta Acaponeta. En este punto, Carrasco volvió a
derrotarlos y los alejó de Sinaloa. Entre estos villistas se encontraba el general
sinaloense Rafael Buelna.
El enfrentamiento más importante entre villistas y carrancistas se dio en El Bajío,
en el centro del país, entre abril y junio de 1915, cuando Alvaro Obregón derrotó
a Francisco Villa. Las posteriores acciones militares en el norte de la República
sólo fueron los últimos intentos de Francisco Villa por recuperar una fuerza
definitivamente perdida. En el estado de Sinaloa combatieron los generales
villistas Felipe Riveros y Macario Gaxiola, quienes lograron tomar El Fuerte y la
villa de Sinaloa el 20 de junio de 1915. El general Mateo Muñoz combatió y
derrotó a Gaxiola en El Tule (6 y 7 de junio) y, finalmente, el general Ramón F.
Iturbe aniquiló a las fuerzas villistas en Bacamacari el 26 de agosto de 1915.
Rebelión de los Indígenas
Al mismo tiempo que se llevaba a cabo la guerra entre las facciones villista y
carrancista, ocurrió en el norte de Sinaloa la última rebelión indígena que registran
las crónicas locales. Este hecho tuvo más relación con las luchas sociales de mayos
y yaquis del siglo XIX que con las diferencias políticas que se ventilaban entre Villa
y Carranza. Entre abril y noviembre de 1915 los indios mayos del Río Fuerte
aterrorizaron a la población blanca y mestiza del bajo valle del mismo río. Los
indios realizaron incursiones en las poblaciones para saquear, violar y matar a los
yoris. La saña de estos hechos mostraba el desbordamiento de antiguos y profundos
rencores.
De los indios sublevados en San Blas en octubre del año anterior, algunos
volvieron al Río Fuerte para enardecer los ánimos en contra de la población blanca
y mestiza. El caudillo fue Felipe Bachomo, joven militar indígena originario de La
Palma. Las razones para la sublevación se acumulaban desde siglos atrás, y no eran
otras que el continuo despojo de tierras que sus comunidades sufrían por parte de
los yoris. Los mayos se habían sumado a la causa revolucionaria desde 1910, con
la promesa de que les restituirían sus tierras, pero nada se había hecho al respecto
después de cinco años de lucha por los intereses de los blancos. La coyuntura de
1915 les ofreció la oportunidad para que lucharan por sus propios intereses.
Los indígenas rebeldes se aliaron con los villistas que, si bien en Sonora todavía
tenían fuerza militar, las derrotas sufridas en otros lugares hacían ver que serían el
bando perdedor. Tal vez las ideas agraristas que secundaba Villa hayan influido
para que los indios se le sumaran y no a Carranza, quien, a pesar de que expidió la
Ley Agraria del 6 de enero de 1915, ofrecía menores posibilidades de atender las
demandas de los campesinos. Bachomo puso su cuartel general en Jahuara,
poblado indígena en las márgenes del Río Fuerte, y desde allí lanzó incursiones
sobre las poblaciones del valle sin encontrar mayor resistencia que la de los propios
vecinos, pues el gobierno no se decidía a distraer las fuerzas regulares que
combatían contra los villistas. Pero a principios de noviembre de 1915, una
columna de 2 000 soldados —restos del ejército villista— penetró en el valle del
Río Fuerte, procedente de Chihuahua. A la cabeza de estas fuerzas venía el general
Juan M. Banderas, con Orestes Pereyra y otros destacados jefes; y a este
contingente se sumó Felipe Bachomo.
El general Mateo Muñoz organizó la contraofensiva y derrotó a los villistas en las
goteras de El Fuerte (5 a 7 de noviembre). Los vencidos se replegaron a los
territorios controlados por Bachomo en la parte baja del valle y, el 19 de
noviembre, realizaron la última incursión contra Los Mochis. Los carrancistas
decidieron lanzar una campaña formal contra indígenas y villistas, que fue
confiada al general Mateo Muñoz y al coronel José Gonzalo Escobar. La campaña
fue rápida y efectiva (23 a 25 de noviembre); los indios fueron derrotados en sus
propios terrenos y obligados a huir en desbandada con rumbo a Sonora.
Perseguidos, Banderas y Bachomo fueron capturados en Movas el 5 de diciembre
de 1915 y enviados a la ciudad de México para ser juzgados. Banderas fue
amnistiado y Bachomo trasladado a Culiacán para comparecer ante un consejo de
guerra que lo sentenció a la pena capital. Fue ejecutado en Los Mochis el martes
25 de octubre de 1916.
La rebelión de los indios mayos, que algunos historiadores confunden con un
episodio más de la lucha contra el villismo, fue en realidad la manifestación de los
problemas sociales del campesinado sinaloense, que venían de muchos años, se
agudizaron durante la era de Cañedo y no fueron atendidos de inmediato por los
revolucionarios. Habría que esperar hasta los tiempos de Lázaro Cárdenas para que
los reclamos de los indios recibieran atención.
La Constitución de 1917
Cuando Felipe Riveros abandonó el estado de Sinaloa, en octubre de 1914,
Carranza nombró gobernador provisional a Manuel Rodríguez Gutiérrez, cuyo
régimen se caracterizó por la importancia que concedió al problema agrario y las
tentativas para resolverlo. El gobernador estaba convencido de que la rebelión de
los indígenas mayos tenía por origen el despojo de las tierras que pertenecían a las
comunidades y trazó un plan de reforma agraria para responder a las demandas de
los campesinos sinaloenses. Rodríguez Gutiérrez inició el reparto agrario el 20 de
julio de 1915, en favor de los campesinos de Tepuche, municipio de Culiacán,
conforme a la Ley Agraria expedida por Carranza el 6 de enero. También seguía
el ejemplo de otros jefes constitucionalistas que habían hecho lo mismo en diversos
estados de la república; sin embargo, los terratenientes de Sinaloa lo vieron con
desagrado y pidieron a Carranza que lo retirara del estado, con el pretexto de que
era coahuilense. Carranza aceptó y Manuel Rodríguez Gutiérrez fue removido de
la gubernatura en marzo de 1916. En los siguientes 15 meses, Sinaloa tuvo cinco
gobernadores provisionales: Isauro Ibáñez (marzo 21 a abril 31 de 1916), Ángel
Flores (1o. de mayo a 22 de octubre de 1916), Manuel Mezta (22 de octubre de
1916 a 7 de enero de 1917), Ángel Flores (7 de enero a 24 de abril de 1917) y el
sonorense Ignacio Pesqueira (24 de abril a 26 de julio de 1917).
A mediados de 1916, el presidente Carranza dispuso que se celebraran elecciones
municipales (3 de septiembre) y que se suprimiera el cargo de jefe político. Expidió
también la convocatoria para la celebración de un Congreso constituyente que
reformara la Constitución de 1857 e introdujera los principios por los que habían
luchado los revolucionarios (19 de septiembre). El 22 de octubre se llevó a cabo la
elección de los diputados constituyentes y el Congreso se instaló en la ciudad de
Querétaro el 1º de diciembre. Los representantes electos por el pueblo sinaloense
fueron Pedro Zavala por el distrito de Culiacán, Andrés Magallón por el de
Mazatlán, Carlos M. Ezquerro por el de Concordia, Emiliano C. García por el
distrito de El Fuerte y Cándido Avilés por el de Mocorito. El Congreso trabajó
desde el día de su instalación hasta el 31 de enero de 1917, cuando dio por
concluidas sus tareas y se firmó el texto constitucional, que fue promulgado el día
5 de febrero siguiente.
La obra legislativa del Congreso convocado por Carranza consistió en refrendar
algunos principios liberales de 1857, como la forma de gobierno republicano y
representativo, con división de poderes, la organización de la nación como
federación de estados libres y soberanos, los derechos civiles y políticos de los
ciudadanos y las restricciones a la Iglesia y al clero en materia política. También
quedaron incluidos nuevos principios como la no reelección del presidente de la
República y de los gobernadores de los estados, la educación primaria gratuita y
obligatoria para todos los mexicanos. Pero lo más importante fue su definición —
en contra del liberalismo— del papel del Estado en los asuntos económicos y
sociales en los artículos 27 y 123.
El artículo 27 afirmaba el dominio original de la nación sobre las tierras y aguas
comprendidas en su territorio, su derecho a transferir ese dominio en propiedad
privada y a imponer a la propiedad las modalidades convenientes según lo pidiera
la utilidad pública. Este artículo también sentó las bases de la reforma agraria y
devolvió a la nación la propiedad del subsuelo y de sus riquezas. El artículo 27 de
la Constitución de 1917 fue la bandera agrarista de la revolución, hasta que fue
reformado por el presidente Carlos Salinas de Gortari (6 de enero de 1992), que
dio por concluida la reforma agraria. El artículo 123 enunciaba los principios
legislativos para normar las relaciones laborales y definió los derechos
fundamentales de los trabajadores.
Promulgada la nueva constitución federal, hubo elecciones en los estados para la
restauración de los poderes locales y el orden legal en toda la nación. En Sinaloa,
las elecciones se llevaron a cabo el 5 de junio de 1917, y contendieron los generales
Ángel Flores y Ramón F. Iturbe como principales candidatos. El voto favoreció al
general Iturbe, pero fue desconocido por la mayor parte de los ayuntamientos
porque no cumplía con los requisitos señalados en la constitución local. La rebelión
duró hasta el mes de agosto del mismo año, cuando ambas partes llegaron a un
acuerdo e Iturbe fue reconocido como gobernador constitucional de Sinaloa.
Durante la gubernatura del general Iturbe, el Congreso local reformó la
constitución de nuestro estado para adecuarla a la Constitución federal; la nueva
ley fue promulgada el 25 de agosto de 1917. Respecto de la constitución local
anterior, que era la de 1894, difería por la supresión de las prefecturas políticas y
de los directores políticos y por la prohibición de la reelección del gobernador. El
artículo 15 señalaba los 16 municipios en los que se dividía el estado, que ya casi
eran los actuales, pues sólo faltaban los municipios de Salvador Alvarado y de
Navolato. El municipio de Salvador Alvarado fue segregado del de Mocorito el día
10 de marzo de 1962 y el de Navolato fue separado del de Culiacán el día 27 de
agosto de 1982.
El período gubernamental de Iturbe expiraba en 1920, pero no pudo concluirlo por
el rompimiento entre Obregón y Carranza. La mayor parte de los generales
sinaloenses se adhirió a Obregón, mientras que Iturbe, Carrasco y Mena
permanecieron fieles a Carranza. Carrasco y Mezta murieron en la lucha que siguió
mientras que Iturbe logró huir a los Estados Unidos, donde permaneció hasta 1928.
Ángel Flores fue electo gobernador en 1920, pero renunció en 1924, antes de
concluir su periodo, para contender en las elecciones presidenciales contra Plutarco
Elías Calles. Flores impulsó las obras de irrigación en el valle de Culiacán, pero
no respondió a los sinaloenses pobres, pues no permitió el reparto de tierras e
impidió la formación de organizaciones obreras. Su campaña presidencial fue un
fracaso político que lo desprestigió como figura pública, y después de su derrota
se dedicó a las labores agrícolas. Murió al poco tiempo en la ciudad de Culiacán,
el 31 de mayo de 1926. El rumor popular afirmó que fue envenenado, pero nunca
se confirmó esta versión.
La inestabilidad política de Sinaloa en la etapa posrevolucionaria se puede
observar en la debilidad de los gobernadores, que no podían permanecer en su
puesto. En el lapso de 1925 a 1928 hubo tres: Alejandro R. Vega, Juan de Dios
Bátiz y Manuel Páez, sin contar a los interinos que ocuparon la gubernatura por
muy breve tiempo. El general Macario Gaxiola fue electo gobernador para el
periodo del 1º de enero de 1929 al 31 de diciembre de 1932, y para el cuatrienio
comprendido entre 1933 y 1936, el profesor de farmacia Manuel Páez. Gaxiola
completó su periodo, aunque con muchas interrupciones breves; Páez dejó la
gubernatura un año antes y la completó el general Gabriel Leyva Velázquez. Para
el periodo 1937-1940 fue electo el coronel Alfredo Delgado.
Los vaivenes de la política sinaloense se debieron a pugnas internas, pero también
a ciertos asuntos nacionales, como el asesinato del presidente electo Álvaro
Obregón, porque los militares sinaloenses eran sus adeptos y participaron en la
rebelión escobarista (1929) en contra de Plutarco Elías Calles. En estas mismas
fechas se fundó el Partido Nacional Revolucionario, creado por Calles como
instrumento para controlar las ambiciones personales de los numerosos jefes
revolucionarios, y también como un medio para perpetuarse en el poder como jefe
máximo de la revolución. La guerra cristera que sacudió al centro de la República
entre 1926 y 1929 también afectó al sur de nuestro estado, aunque no de manera
tan profunda como en otras entidades. La crisis del sistema económico
internacional al final de la década de los veinte también afectó a Sinaloa, como lo
veremos en otro apartado.
La economía sinaloense de 1909 a 1940
La fase de lucha armada de la Revolución mexicana, que en Sinaloa se extendió
de 1910 a 1929, aunque no de manera continua ni generalizada, tuvo efectos
negativos sobre el conjunto de la economía del estado por diversas razones, como
la suspensión de las inversiones para la producción, el retiro de muchos extranjeros
con sus capitales, los robos, saqueos, destrucciones y expropiaciones que
realizaron los revolucionarios, así como la falta de trabajadores que fueron
movilizados para engrosar la tropa de los ejércitos, tanto revolucionario como
federal. Entre las pérdidas más sensibles se contó la fábrica de hilados y tejidos El
Coloso, en Culiacán, que fue incendiada por los revolucionarios en 1911 porque
pertenecía a la familia Redo. Hubo también otras circunstancias adversas que no
se debieron directamente a la revolución, como las que indicó el gobernador Iturbe
en 1918: la falta de un sistema financiero y la extrema escasez de circulante que
obligó al uso del dólar como moneda de curso legal. Sin embargo, la economía del
estado no se paralizó ni sufrió tanto como en los estados del centro y en Morelos.
La minería sinaloense continuó en actividad y los gobiernos revolucionarios
impulsaron cuanto pudieron la producción agrícola.
Durante los primeros 20 años del periodo que nos ocupa, esto es, entre 1910 y
1930, la economía del estado siguió las pautas vigentes desde la era cañedista. En
los municipios del sur, especialmente en Mazatlán, la industria de transformación
y el comercio formaron el núcleo de su economía, mientras que en los municipios
costeros del centro y del norte del estado fue la agricultura comercial el motor del
crecimiento económico con los mismos cultivos del periodo anterior, la caña de
azúcar, el tomate y el garbanzo. La gran propiedad agraria se conservó porque los
diferentes gobernantes de Sinaloa la protegieron e impidieron el reparto de tierras,
aunque junto a la gran propiedad surgieron también pequeños propietarios en los
valles irrigables. Entre 1915 y 1917 se crearon seis nuevos municipios por
fragmentación de los anteriores: Escuinapa, Angostura, Elota, Guasave, Ahome y
Choix. Si descontamos a Choix, los demás municipios se formaron en zonas de
gran desarrollo económico, y este fenómeno puede indicar que ciertos grupos
locales poderoso delimitaron los territorios de su control político.
En el capítulo anterior tratamos del cultivo de la caña de azúcar, que en este periodo
no sufrió cambios sustanciales. El tomate, como cultivo comercial de exportación,
empezó a producirse en los valles de los ríos Fuerte y Culiacán, en 1907 y 1908,
respectivamente. Para 1922 se había extendido y en 1927 se cultivaba en gran
escala en los municipios de Ahome, Culiacán, Guasave y Sinaloa. Dos empresas
estadunidenses, Mexican Arizona Trading Company (MATCO) y Miers Darling and
Hinton Company comercializaban la mayor parte del tomate sinaloense y lo
exportaban a los Estados Unidos, además de financiar a los agricultores tomateros.
En los años 1929-1930 se contrajo el mercado estadunidense y causó grandes
pérdidas a los tomateros sinaloenses, pero se recuperó una vez controlada la crisis.
El garbanzo se cultivó principalmente en los municipios de Mocorito, Guasave y
Sinaloa, y la ciudad de Guamúchil fue el centro de la comercialización del
producto, que se exportaba a España y a Centro y Sudamérica. El auge del
garbanzo ocurrió entre 1925 y 1935, aunque la crisis de 1929 también afectó el
mercado.
La década de los años treinta fue para Sinaloa un periodo de transición porque se
reorganizó la tenencia de la tierra y desapareció la gran propiedad acumulada
durante el periodo cañedista para dar paso al reparto entre los agricultores
particulares y el ejido, que es la manera como la propiedad de la tierra está
dispuesta en nuestro estado. A partir de 1935 se llevó a cabo la reforma agraria
impulsada por el presidente Cárdenas, pero desde antes ya había en Sinaloa
pequeños propietarios que formaban un dinámico grupo de empresarios agrícolas.
La reforma agraria se verá en otro apartado; aquí veremos únicamente el aspecto,
económico del periodo.
La población del estado de Sinaloa creció en forma notable pues prácticamente se
duplicó entre 1910 y 1950, aunque el crecimiento más pronunciado se produjo
después de 1930, como se observa en las cifras del cuadro XI.1.
CUADRO
XI.1
Población del estado de Sinaloa
FUENTE: Censos generales de población de la República Mexicana
La población ocupada en actividades agropecuarias decreció en los treinta en los
municipios mineros de El Rosario, Concordia y Cosalá, pero creció notablemente
en los municipios de Choix, Badiraguato, Culiacán, Sinaloa, Guasave, El Fuerte y
Ahome que, excepto el primero, son los municipios donde hubo reforma agraria.
La población ocupada en actividades industriales creció y se concentró en los
municipios de Culiacán, Mazatlán, Ahome, El Rosario y Escuinapa. La población
ocupada en actividades comerciales también aumentó en todos los municipios,
pero Culiacán y Mazatlán fueron los más importantes, seguidos de Ahome,
Guasave y El Rosario.
En 1940 Mazatlán era el municipio con economía más diversificada. La actividad
agropecuaria había dejado de ser preponderante, se concentraba la industria de
transformación y era el centro comercial del estado. Seguía en importancia el
municipio de Culiacán, con un crecimiento sostenido en todos sus sectores
productivos; venía después el joven municipio de Ahome, con grandes
posibilidades de crecimiento económico diversificado.
La reforma agraria en Sinaloa
La reordenación de la propiedad de la tierra fue una de las demandas más urgentes
de los campesinos de todo el país, pero el problema presentaba características
diferentes según la región de que se tratara. Una modalidad del asunto, que se
presentó en muchos estados de la República, era la restitución de las tierras
arrebatadas por los hacendados a las comunidades. Otra era la dotación de tierras
a los campesinos que no las tenían, y que no podía llevarse a cabo sin afectar las
grandes propiedades, aunque fuesen legalmente adquiridas. La dotación se realizó
de dos maneras: se formaron ejidos en los que la propiedad de la tierra era colectiva
y se establecieron colonias agrícolas en las que los colonos recibían la tierra en
propiedad privada.
Los gobiernos revolucionarios elaboraron una amplia legislación para efectuar la
reforma agraria. Ya hemos hablado del artículo 27 de la Constitución de 1917, que
dio fundamento a la reordenación de la propiedad de la tierra, pero debemos citar
otras leyes que también influyeron en el reparto agrario. La primera fue la que el
presidente Venustiano Carranza emitió en Veracruz el 6 de enero de 1915, que
anulaba las enajenaciones de tierras, aguas y montes pertenecientes a los pueblos,
hechas a partir del año 1856, y también ordenaba restituir y dotar de tierras a los
pueblos. Esta misma ley creó la Comisión Nacional Agraria, organismo oficial
encargado de su aplicación. La comisión emitió la circular del 11 de octubre de
1922, que definió la institución del ejido con propiedad colectiva e inalienable de
la tierra; y que rigió hasta 1992, cuando se transformó el ejido y se abrió la
posibilidad de privatizar la propiedad de las tierras. La tercera disposición legal de
la reforma agraria fue la Ley de Colonización promulgada por el presidente
Plutarco Elías Calles en 1923, cuyo objetivo era la formación de colonias agrícolas
de pequeños propietarios mexicanos. La ley también fijó los límites de la pequeña
propiedad, a saber, hasta 150 hectáreas en tierras de riego, 250 hectáreas en tierras
de temporal y hasta 500 hectáreas en tierras de agostadero, y dispuso que el
gobierno federal ayudara con créditos baratos a los agricultores que quisieran
establecer una colonia.
En Sinaloa el problema agrario presentaba ciertas peculiaridades. Había tierras
usurpadas a las comunidades de los indios mayos, pero sólo en el valle del Fuerte,
porque en el resto del estado ya no existían las comunidades indígenas. También
hubo latifundios, con la característica de que producían y que los más importantes
eran propiedad de compañías o particulares estadunidenses. Mucha gente aspiraba
a ser dotada de tierras, había un gran excedente de tierras no cultivadas por carecer
de infraestructura para el riego o por falta de mercado para sus productos, pero
también agua en abundancia que podía ser aprovechada para regar las tierras
agrícolas. Por otra parte, los jefes revolucionarios de Sinaloa no consideraron la
reforma agraria como un problema capital; por el contrario, fueron partidarios de
la gran propiedad, si su explotación era eficiente; y se opusieron al reparto de
tierras, aun a la restitución que demandaban los indios mayos, a quienes se les
había prometido a cambio de su participación en la guerra. Los gobernadores
Ramón F. Iturbe y Ángel Flores se resistieron a la aplicación de la ley del 6 de
enero de 1915.
Era evidente que la solución al problema de la reordenación de la propiedad de la
tierra en nuestro estado consistía en abrir nuevas tierras al cultivo y dotar con ellas
a ejidatarios y a pequeños propietarios, pero era una solución a largo plazo y que
exigía grandes inversiones en infraestructura hidráulica, así que, por razones
políticas y sociales, era impostergable la afectación de los latifundios y el reparto
de las tierras. La historia de la reforma agraria en Sinaloa se divide en tres etapas:
la primera abarca de 1915 a 1934, que son las fechas del inicio de la reforma agraria
y el comienzo de la presidencia de Lázaro Cárdenas. La segunda es la de Cárdenas
y corresponde a los seis años de su mandato, es decir, de 1934 a 1940. La tercera
va de 1940 a 1992, cuando el presidente Carlos Salinas dio por concluida la
reforma agraria en todo el país.
El primer periodo comprende los 20 años de resistencia a la reforma agraria. Ya
señalamos que en julio de 1915 el gobernador Manuel Rodríguez Gutiérrez trató
de ejecutar la ley del 6 de enero, en Tepuche, municipio de Culiacán, pero que fue
frenado por los latifundistas. El mismo año tuvo lugar la rebelión de los indios
mayos por la restitución de sus tierras, pero el gobierno federal optó por la solución
militar y aplastó a los alzados. El gobernador Macario Gaxiola (1929-1932) fue
más sensible a las demandas populares y favoreció la reforma agraria por medio
de dotaciones de ejidos y la formación de colonias agrícolas.
Durante su gubernatura el general Macario Gaxiola impulsó la reforma agraria, el
trabajo político que desarrolló en Sinaloa la Confederación Revolucionaria de
Obreros Mexicanos (CROM)entre los trabajadores de los ingenios, pues logró
organizarlos y darles suficiente fuerza política para alternar con otras
organizaciones estatales. Ante las Ligas Agrarias municipales que organizó el
gobernador Gaxiola y el avance de la CROM entre los trabajadores agrícolas de los
ingenios, algunos latifundistas optaron por vender parte de sus propiedades y
formar colonias agrícolas, e incluso contaron con crédito del gobierno federal. En
estos primeros 20 años de reforma agraria en Sinaloa se repartieron 122 367
hectáreas, es decir, un promedio de 6 118 hectáreas por año, cifra muy baja en
relación con los otros periodos.
Durante el sexenio del general Lázaro Cárdenas (1934-1940) transcurrió la etapa
más activa de la reforma agraria en Sinaloa, que respondía a la necesidad de
reordenar la propiedad de la tierra, pero también a un plan político, económico y
social del gobierno federal. Cárdenas buscaba la desaparición de los latifundistas
como grupo social y político, y también quería cambiar el modelo de producción
de los empresarios agrícolas, pues deseaba que, en lugar de cultivar productos para
la exportación, produjera lo que el país necesitaba. Lázaro Cárdenas logró el
reparto de los mayores latifundios en los valles de los ríos Fuertes, Sinaloa y
Culiacán, pero no alcanzó los otros objetivos que se propuso. Para llevar a cabo la
reforma, se apoyó en el vigoroso movimiento de los trabajadores de los ingenios
azucareros, quienes fueron los beneficiarios de la expropiación de los latifundios
cañeros; sin embargo, muchos de estos ejidatarios quedaron ligados a sus antiguos
patrones, pues debían producir caña de azúcar para el ingenio. En el periodo
cardenista se repartieron en Sinaloa 622 135 hectáreas, es decir, 103 700 hectáreas
anuales, promedio muy superior a cualquier otro en el estado.
La reforma agraria de Cárdenas tuvo también cierto tinte nacionalista en Sinaloa,
de acuerdo con la ideología revolucionaria, porque muchos de los latifundios
afectados eran propiedad de extranjeros. La reforma no pretendía eliminar la
propiedad privada, pues aun en su etapa más radical el gobierno favoreció la
formación de colonias agrícolas. La reforma agraria fue también un fenómeno de
las tierras bajas, es decir, de los valles irrigables, porque en las tierras altas la
dotación de tierras fue menor, fenómeno que no ha sido suficientemente estudiado.
Educación y salubridad pública en Sinaloa
Al final de la era de Cañedo, la educación pública de Sinaloa estaba a cargo del
gobierno del estado, y en su organización administrativa y técnica participaba el
Colegio Civil, Rosales, no sólo porque impartía educación superior, sino porque a
través de él se planeaba la educación de todo tipo que se impartía en nuestro estado.
En el curso de la lucha armada el sistema educativo estatal se deterioró debido a la
inestabilidad política de los gobiernos y a la carencia crónica de recursos
económicos. Fue hasta la gubernatura del general Ramón F. Iturbe (1917-1920)
cuando el sistema educativo estatal recibió la debida atención. El gobernador creó
el Departamento de Educación y expidió la Ley Orgánica de Educación Primaria
en el Estado de Sinaloa (diciembre de 1917) que, entre otros puntos, estableció que
la educación elemental sería obligatoria, gratuita y laica, características del sistema
educativo que estaban vigentes desde 1890 en gran parte de los estados de la
República. En este tiempo, el Colegio Civil Rosales pasó a ser la Universidad de
Occidente.
Fue también muy importante el impulso del gobierno federal a la educación en
todo el país por medio de inversiones para la construcción de escuelas y creación
de plazas de maestros, así como por la unificación de los programas y métodos de
enseñanza. El presidente Álvaro Obregón restableció la Secretaría de Educación
Pública y Bellas Artes con José Vasconcelos como secretario (julio de 1921), quien
gradualmente celebró convenios con los gobiernos de los estados para fomentar y
mejorar los sistemas educativos estatales. El convenio con el estado de Sinaloa se
firmó en 1923, y en ese mismo año la federación fundó dos escuelas primarias, una
escuela industrial y 50 plazas de maestros rurales. El presidente Plutarco Elías
Calles fortaleció el sistema educativo nacional, pues durante su mandato se
fundaron escuelas primarias federales en casi todos los municipios de Sinaloa; al
terminar su régimen había en Sinaloa 124 escuelas federales y 380 del estado. El
número de escuelas particulares era mínimo.
El presidente Lázaro Cárdenas también impulsó notablemente la educación en todo
el país, no sólo por los recursos que le destinó, sino también porque la reorganizó
de acuerdo con los principios del socialismo. En el medio oficial sinaloense fue
bien acogida la política educativa socialista, no sólo a nivel de educación
elemental, en la que la nueva orientación era obligatoria por mandato del artículo
tercero de la Constitución, sino también en la educación superior, de modo que la
Universidad de Occidente se transformó en la Universidad Socialista del Noroeste
(1937). El influjo de la federación fue profundo en Sinaloa; de hecho, fue el
director federal de educación y no el gobierno del estado quien dirigió la política
educativa durante este sexenio; y el número de escuelas federales, que alcanzó la
cifra de 478, fue superior al número de escuelas estatales, que disminuyó de 380 a
340 durante el periodo cardenista. Casi todos los maestros federales y estatales
abrazaron la ideología socialista y la aplicaron en su trabajo educativo, y lo mismo
hicieron muchos padres de familia, pues en Sinaloa no hubo los conflictos que en
otros estados en lo que los católicos rechazaron esta educación. También en la
época cardenista, los maestros sinaloenses formaron una asociación gremial y
realizaron dos huelgas con las que lograron mejorar sus condiciones de vida.
La historia de la salud pública en el estado de Sinaloa se asemeja a la del sistema
educativo. Durante los años de la guerra se produjo un retroceso respecto de las
condiciones sanitarias que había dejado Cañedo al final de su periodo, pues
faltaron médicos, medicinas y equipo para curación; en consecuencia, se
recrudecieron las enfermedades endémicas, aun las que habían sido controladas,
como tifo, paludismo, disentería, viruela, sarampión, tos ferina, tifoidea y
poliomielitis. La más grande de las epidemias registradas en nuestro estado fue la
de influenza española, que entró por Mazatlán en 1918 y se extendió por todo el
estado. Para atender a los muchos enfermos se improvisó en Culiacán un hospital
a cargo del doctor Andrés Vidales, quien tuvo que atender a heridos de guerra y
enfermos con un mínimo de recursos materiales.
Durante las gubernaturas de Macario Gaxiola (1929-1932) y Manuel Páez (19331935) se dieron importantes avances en salubridad pública, como la creación en
Culiacán del Dispensario Antileproso (1930), y la fundación del Hospital Civil del
Estado (1932), cuyo primer director fue el médico tabasqueño Mario Camelo. Por
iniciativa del doctor Bernardo J. Gastélum se fundó en Culiacán la Unidad
Sanitaria Municipal para vigilar la higiene pública en la ciudad. En 1934 se creó la
escuela de enfermería de la Universidad de Occidente. En fecha posterior (1942)
se inauguró en Culiacán el Hospital Pediátrico, y en 1955 se estableció en el estado
el Instituto Mexicano del Seguro Social.