Un acuerdo por los derechos humanos

UN ACUERDO POR LOS DERECHOS HUMANOS
Mensaje del Defensor del Pueblo
La Paz, 3 de Enero de 2015
Al iniciar el nuevo año, es importante que, como sociedad y como
Estado, hagamos una profunda reflexión sobre los avances,
retrocesos y desafíos en el ejercicio y cumplimiento de derechos
humanos de las bolivianas y bolivianos. Y es importante que lo
hagamos con la mayor transparencia y honestidad, guiados por el
compromiso que asumimos en enero de 2009, cuando de manera
mayoritaria, decidimos redefinir las reglas de convivencia y los
objetivos de país que nos habían guiado desde el inicio de nuestra
vida republicana.
El año 2015 puede convertirse en el punto de inflexión que nos
permita replantear las relaciones entre la sociedad y los Órganos del
Estado, pero eso tiene que ver con la necesidad de ser auto críticos; si
eso es factible, debemos renovar nuestro compromiso por los
derechos humanos, y empezar a dar nuevas señales que permitan
cualificar nuestra democracia. Como Defensoría del Pueblo, estamos
dispuestos a profundizar esa línea que ya nos hemos trazado, sin
embargo eso depende de la capacidad proactiva de coordinación con
los otros Órganos del Estado.
En este entendido consideramos que hoy más que nunca es
fundamental lograr un acuerdo nacional para fortalecer y avanzar en el
cumplimiento y ejercicio de los derechos humanos, especialmente
aquellos cuya vulneración está afectado de manera más grave y
recurrente a la niñez y las mujeres. Un acuerdo que incluya a las
instituciones del Estado, los movimientos sociales y los pueblos y
naciones indígena originario campesinas y que nos permita reorientar
nuestros objetivos hacia la construcción de una sociedad con justicia,
igualdad y democracia plena.
La conformación de una nueva Asamblea Legislativa Plurinacional,
integrada en más del 90% por nuevas y nuevos representantes de casi
todos los sectores de la ciudadanía y con igualdad completa de
1
género; además de la renovación total de las Asambleas
Departamentales y Concejos Municipales, constituye una gran
oportunidad para recuperar la calidad de la democracia, que a nuestro
entender, está siendo afectada en aspectos centrales como la
desinstitucionalización del Estado y la despolitización de la sociedad.
Es imprescindible que entre todas y todos asumamos con mayor
decisión y voluntad, una política efectiva para enfrentar la violencia
como fenómeno estructural transversal y creciente. No podemos
seguir considerando a la violencia machista y adultocentrista como
fenómenos aislados del contexto y ajenos a la tendencia del sistema
que prioriza al individualismo, el exitismo, la acumulación y
competencia; tampoco debemos seguir aplicando medidas
coyunturales, únicamente desde el campo de la legislación, a un
fenómeno que tiene causas profundas y multidimensionales, que están
alcanzado todos los ámbitos de la cotidianidad ciudadana.
Sólo desde un trabajo conjunto podremos multiplicar los esfuerzos y
las acciones concretas para defender y promover el ejercicio y la
defensa de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Los
alarmantes niveles de indefensión provocados por la debilidad del
Estado y la complicidad social, nos deben conducir a reaccionar de
manera conjunta y efectiva para garantizar que la violencia, la
pobreza, el abandono y la explotación, sean disminuidos y erradicados
como condición esencial para avanzar en el cumplimiento verdadero
de los derechos humanos en Bolivia.
La vigencia y el respeto a los derechos de las naciones y pueblos
indígena originario campesinos es una tarea pendiente, urgente e
importante. La visión desarrollista – extractivista de la economía y la
acción política de división, nos ha llevado a un peligroso retroceso y
negación del principio constitucional de la libre autodeterminación y el
derecho que tienen los pueblos indígenas a ejercer desde la
diversidad, su propios mecanismos de organización, elección de
autoridades, administración y gestión de la justicia, en el marco de la
Constitución.
Del mismo modo en que se asumió el derecho a la educación como
objetivo fundamental desde hace varios años y que está mostrando
resultados viables y concretos en términos del acceso y permanencia,
es necesario que asumamos la urgencia de responder al cumplimento
de los derechos a la salud, el trabajo y la justicia.
2
No podemos seguir creyendo que los derechos laborales pasan
únicamente por el porcentaje de desocupación, ignorando que, detrás
de éste se encuentra un índice escandaloso y alarmante de
precariedad que, afecta el ejercicio de todos los derechos relacionados
con el trabajo como la estabilidad, las grandes disparidades en el
ingreso, el acoso laboral, la negación de los derechos al descanso, la
organización, la seguridad y sobre todo, una tendencia sostenida a la
discriminación que afecta a las mujeres, los jóvenes, las personas
adultas mayores, las personas con discapacidad, las personas con
distinta opción sexual, entre otras.
La salud es quizá uno de los mayores problemas que, nos toca
enfrentar en la gestión. Para ello es imprescindible construir una
verdadera política de salud que cumpla con el principio constitucional
de asegurar el acceso universal y gratuito a los servicios de salud en
condiciones
de
calidad,
oportunidad,
interculturalidad,
no
discriminación y buen trato- como lo ha iniciado este año la
Gobernación de Chuquisaca. Sin embargo en el resto de los gobiernos
sub-nacionales, la salud como un derecho, está aún en condiciones
que le son negadas a la mayoría de la población, especialmente la
más vulnerable y por eso es fundamental que cumplamos el
compromiso de realizar la Cumbre de Salud, como un espacio de
análisis y deliberación que, desde la participación de todos los
sectores, nos permita enfrentar las raíces del problema y encarar
juntos una solución.
La situación de la justicia debe ser asumida de una vez por todas con
la seriedad y responsabilidad que corresponde. Mantener un sistema
con las mismas deficiencias en términos de precariedad, corrupción,
retardación, injerencia política y discriminación, va a conducir
inevitablemente a socavar los principios de los derechos humanos a la
igualdad, la justicia y el debido proceso.
Es sustancial que reorientemos la lucha contra la discriminación que,
aún subsiste en nuestra sociedad y asumirla como una verdadera
política de Estado, que se aplique a todos los niveles, sin preferencias
ni excepciones y que tenga incidencia real en la educación, la función
pública y las instituciones como las Fuerzas Armadas y la Policía.
Aunque son muchos los avances, los desafíos son más; y
probablemente estos pasan por una verdadera decisión de retomar los
3
principios de la descolonización, la despatriarcalización, la
interculturalidad, la autonomía y la preeminencia de los derechos
humanos, como ejes conductores y líneas de orientación en todos los
ámbitos plurinacionales.
Es urgente como importante que recuperemos el verdadero sentido
del "Vivir Bien" que va más allá de las construcciones, las carreteras y
el lujo, la modernidad y la riqueza de unos pocos y debe entenderse
como la necesidad de construir una sociedad más inclusiva, donde
todas y todos ejerzamos nuestros derechos humanos en igualdad, con
libertad, democracia, justicia, paz y solidaridad.
Desde la Defensoría del Pueblo quiero expresar mis más fervientes
deseos de que el año que iniciamos sea un verdadero avance hacia
estos objetivos que expresan los sueños de esta generación de
bolivianas y bolivianos que decidimos construir un país nuevo, y que
tengamos la misma valentía y humildad para asumir la decisión de
hacerlo entre todas y todos, en una sola voluntad de la que nadie debe
ni puede sustraerse, porque hoy más que nunca sabemos que el
camino trazado es el correcto y que debemos emprenderlo juntos.
La Paz, enero de 2015
Rolando Villena Villegas
Defensor del Pueblo
4