Distinguidos integrantes de la Junta

Distinguidos miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que nos
visitan;
Distinguidos integrantes de la Junta de Gobierno;
Buenas tardes, soy Mariclaire Acosta,
México:
Directora de la Oficina de Freedom House en
1. En nuestro país los periodistas y las personas defensoras de derechos humanos
enfrentan una situación grave de violencia y agresión. Distintas fuentes de
información dan cuenta de ello, como fue señalado en las audiencias temáticas
organizadas por la CIDH el pasado lunes.
2. Tan sólo en el mapa interactivo sobre “periodistas en riesgo” del Centro
Internacional para Periodistas (ICFJ) y Freedom House, se han documentado 267
agresiones en su contra de 2012 a la fecha, que van desde amenazas hasta asesinatos
y desapariciones. La Plataforma de Vinculación de Periodistas –una red que hemos
promovido y que tiene presencia en 13 estados de la República- ha documentado más
de 15 casos de desapariciones de periodistas entre 2000 y 2015 en los estados de
Veracruz, Michoacán, Coahuila y Durango; y en lo que va de este año ha reportado
al menos 7 periodistas asesinados, varios de ellos en los estados de Oaxaca y
Veracruz. La Fiscalía Especial para Delitos contra la Libertad de Expresión de la
PGR da cuenta de 106 homicidios de periodistas y comunicadores de 2000 a la fecha
y 25 casos de desaparición.
3. Las y los defensores de derechos humanos se encuentran en una situación parecida.
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos
Humanos, documentó una veintena de casos de asesinatos y al menos 6
desapariciones forzadas de defensores entre 2006 y 2012, todos ellos por motivos
relacionados con las causas que defendían.
4. Las desapariciones, homicidios y agresiones contra periodistas y defensores son
claros síntomas de un problema estructural y sistémico, agravado por la crisis de
seguridad, resultado de una política pública fallida en esta materia.
5. El programa de Freedom House en México pretende contribuir a la generación de un
ambiente favorable para la libertad de expresión a través de la prevención de la
violencia contra periodistas y defensores; el fortalecimiento del marco legal y de las
instituciones; y el trabajo con la sociedad civil para visibilizar la importancia de la
libertad de expresión en una sociedad democrática como la que pretende ser México.
6. El fortalecimiento de las instituciones del Estado es fundamental, por ello hemos
trabajado con el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos
Humanos y Periodistas desde su creación. En un inicio, impulsamos un reglamento
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de la ley que lo creó, que contó con la participación de la sociedad civil y consideró
los mejores estándares internacionales. Apoyamos también la promoción de un
proceso transparente para la elección de su Consejo Consultivo, integrado por
miembros de la sociedad civil y periodistas.
7. A partir de 2014, hemos dado asistencia técnica para fortalecerlo, y hemos apoyado
su proceso de construcción institucional –incluyendo el esclarecimiento de su misión
y objetivos estratégicos; el diseño de procesos y procedimientos para su operación- la
generación de herramientas metodológicas para el análisis de riesgo individual,
colectivo y con perspectiva de mujer; y la capacitación de sus funcionarios. Todo ello
ha contribuido a que, a pesar de ser una institución con sólo 3 años de vida, el
Mecanismo en la actualidad haya otorgado medidas de protección a más de 440
defensores y periodistas y a 10 organizaciones.
8. Falta mucho por hacer, como ustedes escucharon en las audiencias sobre la situación
de personas defensoras de derechos humanos y periodistas, este Mecanismo enfrenta
aún grandes retos, entre los que destacan los más urgentes, a saber:
o Presentar de manera regular estadísticas e informes sobre su labor, en especial
en lo que se refiere a la implementación y eficacia de las medidas de protección
otorgadas, con el objeto de atender la falta de confianza de las poblaciones
beneficiarias y en riesgo a través de la rendición de cuentas y un ejercicio de
transparencia.
o Implementar una estrategia de difusión dirigida a las poblaciones en riesgo que
hoy tienen poco conocimiento sobre el Mecanismo y cómo acceder a él.
o Promover el reconocimiento desde el más alto nivel político de la importante
labor que realizan defensores y periodistas, el cual es necesario para mandar un
mensaje claro, especialmente a las autoridades del nivel local, que en muchas
ocasiones son las agresoras, de que los ataques en contra de estas poblaciones
son inaceptables.
o Fomentar la cooperación entre los tres niveles de gobierno, y la participación
activa de las entidades gubernamentales que lo integran como la PGR, la
Comisión Nacional de Seguridad y la CNDH.
o Lograr la autonomía administrativa y presupuestal, ya que la operación del
Mecanismo requiere de procesos expeditos y flexibles a fin de que la protección
se pueda brindar de manera oportuna.
o Contar con criterios claros para definir quién es defensor y quien es periodista,
cuándo se debe cerrar un caso, y cómo se define un colectivo, apegándose a los
más altos estándares internacionales. La falta de estos criterios ha generado
inconsistencias en la incorporación y atención de los casos.
o Realizar una evaluación a profundidad sobre la efectividad e idoneidad de las
medidas de protección, a fin de hacer los ajustes necesarios para asegurar que
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éstas se adecúen a los diferentes contextos y cumplan con su objetivo final de
proteger a quienes se encuentran en riesgo
o Mejorar las prácticas de manejo de información, incluyendo el almacenamiento
seguro de los expedientes, así como la definición de criterios claros para el
intercambio de datos con otras autoridades, especialmente de nivel local, que en
muchas ocasiones son las que han perpetrado las amenazas o agresiones
o Priorizar la prevención y poner en marcha la Unidad encargada de este tema.
9. Además, es urgente el combate a la impunidad, que promueve la repetición de los
crímenes contra periodistas y personas defensoras de derechos humanos y los deja en
la indefensión. El Estado tiene la obligación de investigar, procesar, juzgar y
sancionar a quienes cometen estos crímenes. Sin embargo, las autoridades mexicanas
en los tres niveles de gobierno incumplen con esta obligación debido a la falta de
autonomía de ministerios públicos y jueces, la corrupción y la falta de capacitación
de los funcionarios. La Comisión Nacional de Derechos Humanos, en su
Recomendación General 20/2013, documentó que el 89% de los casos de agresiones
graves contra periodistas, como homicidios, desapariciones y ataques a medios de
comunicación, que fueron denunciadas en las procuradurías de justicia del país,
quedaron en la impunidad.
10. El Estado Mexicano debe atender ya estos retos a través de una estrategia amplia de
protección que incluya el diseño de una política pública que garantice el pleno
ejercicio del derecho a defender los derechos humanos y la libertad de expresión y
combata la impunidad.
11. En un contexto de violencia extendida y de impunidad crónica, como el que
prevalece actualmente, el reto que enfrenta el Estado mexicano es grande y para
atenderlo deberá de ir más allá de un mecanismo de protección, que es sólo una
herramienta para cumplir con su obligación de proteger y garantizar los derechos
humanos.
Muchas gracias
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