Centro de Solidaridad Federación Internacional de

Transcripción

Centro de Solidaridad
Federación Internacional de Periodistas
Ceso - FIP
Este informe anual (2007) expone la situación del ejercicio del periodismo en Colombia y las actividades
desarrolladas por el Centro de Solidaridad de la Federación Internacional de Periodistas (Ceso-FIP) en pro de
la defensa a la Libertad de Prensa.
La libertad de prensa se ve coartada por individuos y grupos armados, quienes desde la legalidad o la
ilegalidad agraden, amenazan, acosan judicialmente y en la peor de las situaciones asesinan a los
periodistas. Lo anterior se suma al constante riesgo a la seguridad laboral y personal de quienes ejercen su
profesión entre la incertidumbre y el veto. La distribución de publicidad oficial sigue siendo un mecanismo de
presión. Y el conjunto de pautas publicitarias (oficial y privada) son la causa más determinantes del
empeoramiento de las condiciones laborales de los periodistas. Uno de los efectos del “chantaje publicitario”
se evidenció en la época electoral del 2007 (Elecciones para gobernadores, diputados, alcaldes y concejales
realizadas en octubre).
Durante el período electoral, el espacio de publicidad permaneció como la forma más utilizada para pagar la
labor de los periodistas, además de constituirse como un mecanismo de presión para involucrarlos en las
campañas políticas.
De otra parte, los propietarios de medios de comunicación, sobre todo en radio, conservaron para ellos el
monopolio de publicidad y las opiniones editoriales de programas alquilados. Esta situación general causó la
confrontación entre periodistas, y periodistas y políticos, que fueron expresados por un número más alto de
agresiones.
Adicionalmente la propaganda política se disfrazó como información, presentándose como espacios de
formación democrática para la ciudadanía.
En zonas donde los paramilitares fueron derrotados en las elecciones, se evidenció un incremento en las
agresiones contra la población, incluida la prensa, a pesar de que el Gobierno Nacional afirma que todos los
grupos paramilitares se han desmovilizado y desconoce sus vínculos con los llamados “grupos emergentes”.
El periodista Eduardo Márquez, representante del CesoFIP y la Federación de Periodistas en América Latina
y el Caribe (Fepalc), presentó durante la celebración de las audiencias públicas de las sesiones de la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) un balance de las limitaciones y restricciones por las
que se ven afectados los reporteros.
Márquez analizó cuatro aspectos que aquejan la libertad de prensa en Colombia y como conclusión elaboró
un texto de peticiones en las que, entre otros, los siguientes puntos fueron considerados: Garantías de la
seguridad social de periodistas, medidas para detener ataques violentos contra periodistas y medidas que
eviten la impunidad.
Después de las conductas que atentan contra la integridad personal de los periodistas, como segunda forma
de intimidación en Colombia, se acude a la práctica de la presión utilizando las diferentes acciones judiciales
como denuncias penales por calumnia o el recurso de amparo (acción de tutela), sin dejar de lado las
investigaciones contra periodistas por presuntos vínculos con grupos armados ilegales como mecanismo de
amenaza. Todo esto cobra más fuerza en zonas del país, en las que la violencia política hace parte del día a
día y los grupos armados o políticos abusan de su poder sobre los medios de comunicación, coartando así el
derecho a recibir una información imparcial.
Ceso - FIP
Las solicitudes del Ceso-FIP ante el Ministerio Público y a otras entidades públicas, así como los derechos de
petición presentados por el Ceso-FIP a la Fiscalía General de la de la Nación, forman parte de este informe
anual. También los comunicados emitidos por el Ceso-FIP durante el primer y segundo semestre del 2007 y la
síntesis de agresiones a la libertad de prensa registradas en los mismos periodos. Observando los dos
últimos se percibe un incremento importante en el segundo semestre a las agresiones individuales a
periodistas, lo cual deja ver que el tiempo de campañas electorales afectó seriamente al gremio. Una razón de
esto es la falta de garantías laborales, por las que el periodista colombiano se ve sometido a ejercer su oficio
bajo condiciones que lo hacen más vulnerable.
Finalmente, la pertenencia o no de los medios de comunicación a grupos políticos o económicos trae
consecuencias vinculadas al enfrentamiento de los actores armados del conflicto colombiano. Lo anterior
obliga al periodista a trabajar para un sector y ser blanco de hostigamientos por parte de los opositores.
INFORME 2007
Durante las audiencias públicas del 127 período de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos (CIDH), Eduardo Márquez en representación del Centro de Solidaridad de la Federación
Internacional de Periodistas (CesoFIP) y la Federación de Periodistas de América Latina y el Caribe (Fepalc)
presentó una radiografía de los peligros que enfrentaron los reporteros latinoamericanos durante el año 2006
y la manera como afectan el curso de la democracia.
Además reseñar las circunstancias en que fueron asesinados 37 periodistas de la región y el altísimo nivel de
impunidad que rodea estas muertes, Márquez señaló las amenazas, el acoso judicial y la degradación de las
condiciones laborales, como los obstáculos mas frecuentes para el ejercicio de la libertad de prensa en el
continente.
En la Audiencia se presentó el análisis de cuatro aspectos que han afectado la Libertad de Prensa en
Colombia:
1. Impunidad por crímenes contra periodistas
2. Situación laboral
3. Acoso judicial
4. Análisis de la ley 1016 de 2006, o ley del Periodista.
Al final de la audiencia, en cuya preparación fue asesorado por la Comisión Colombiana de Juristas, el
periodista Márquez entregó el siguiente texto con 12 peticiones:
“De la manera más respetuosa, la Federación de Periodistas de América Latina y el Caribe, FEPALC, y el
Centro de Solidaridad de la Federación Internacional de Periodistas, Ceso-FIP, de Colombia, presentan a su
consideración las siguientes peticiones:
1. Que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos incorpore en sus informes un capítulo especial
sobre la situación laboral de los periodistas.
2. Que el Relator para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, realice
una visita a México, Colombia y Venezuela, donde se concentraron la mayor cantidad de agresiones contra
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periodistas en el continente durante el año 2006, para la elaboración de un informe especial sobre la situación
de la libertad de prensa.
3. Que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos inste a los Estados de América Latina a que
adopten medidas que garanticen la seguridad social de los periodistas, independientemente del tipo de
vínculo contractual.
adopten, de inmediato, medidas enérgicas para detener los ataques violentos contra periodistas e
instrumentos concretos y eficaces para la protección de los periodistas.
adopte medidas que eviten la impunidad en los casos de periodistas asesinados, las cuales deben incluir:
a. La apertura de unidades especiales de investigación de asesinatos a periodistas, adscritas a la rama
judicial. En el caso colombiano, la reapertura de la subunidad al interior de la Unidad de Derechos Humanos y
Derecho Internacional Humanitario de la Fiscalía General de la Nación.
b. La investigación penal seria, imparcial y efectiva de los casos de violencia contra los periodistas y la
sanción de los agresores.
c. El suministro de información periódica a las organizaciones gremiales de periodistas sobre los avances de
las investigaciones penales por amenazas, atentados y agresiones contra periodistas, sin que se incurra en la
violación de la reserva sumarial.
d. La adopción de mecanismos como las comisiones de la verdad, donde tengan participación los periodistas,
para hacer más eficaces las investigaciones.
implementen campañas de sensibilización sobre los efectos perjudiciales que tiene en la sociedad cualquier
atentado contra la libertad de prensa, en particular sobre el derecho ciudadano a una información veraz,
equilibrada y oportuna.
7. Que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos inste a los Estados de América Latina a la creación
de comités en los que participen los representantes de las organizaciones gremiales de periodistas, para que
junto con los órganos gubernamentales de los distintos niveles, definan de manera equilibrada la distribución
de la pauta publicitaria oficial, con el seguimiento de los órganos de fiscalización.
adecuen la legislación interna a los parámetros internacionales de responsabilidad civil posterior de los
periodistas, mediante la despenalización de los delitos de injuria y/o calumnia y/o desacato, donde no lo
hubieren hecho.
9. Que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos inste al Estado colombiano a que adopte las
medidas administrativas y disciplinarias tendientes a que el delegado de la Fiscalía General de la Nación
asista a las reuniones del Comité de Reglamentación y Evaluación de Riesgos – CRER del Ministerio del
Interior y de Justicia.
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10. Que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos inste al Estado colombiano a que dentro del
informe final de la Comisión de Reparación y Reconciliación, se incluya un capítulo sobre la responsabilidad
de los grupos paramilitares en la comisión de delitos que afectaron la libertad de prensa en Colombia.
11. Que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos inste a la Defensoría del Pueblo de Colombia
para que adopte, dentro de su estructura interna, la creación de una Oficina Delegada para la Libertad de
Expresión.
12. Que la Relatoría de la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos,
promueva un dialogo entre autoridades judiciales y periodistas para resolver, mediante el diálogo y la
comprensión tanto de la ley como de las rutinas periodísticas, las naturales tensiones que se producen entre
los dos sectores”.
Respecto a los temas abordados en estas peticiones, durante el 2007 se observó lo siguiente:
Petición No. 3. Sobre las garantías de la seguridad social de los periodistas, independientemente del
tipo de vínculo contractual:
En la audiencia ante la CIDH, CesoFIP denunció la desnaturalización de las relaciones laborales en
detrimento de los derechos de los periodistas, mientras que las obligaciones de éstos para con el medio son
las mismas que las de un trabajador de nómina. Por el temor a quedarse sin empleo, los comunicadores se
ven abocados a trabajar jornadas extensas, traspasando los límites de respeto a la vida personal. Quienes
cuentan con suerte, son vinculados a las empresas a través de contratos definidos a término fijo por lo
general inferior a un año, sometiéndolos a una gran tensión e incertidumbre, al acercarse el vencimiento del
mismo. Aquellos que están vinculados mediante contrato de prestación de servicios temen denunciar estos
abusos ante la justicia laboral, también por miedo a perder sus empleos.
Se ha generalizado la figura del trabajador independiente. Más del 70% de los periodistas ejercen bajo esta
modalidad. Es importante anotar que la mayoría de los periodistas vinculados mediante contrato laboral se
encuentran concentrados en las grandes ciudades como Bogotá y Medellín.
Sin un vínculo laboral estable, el periodista no cuenta con el apoyo de quien contrata sus servicios para
realizar los aportes al sistema de seguridad social, es decir, salud, pensiones y riesgos profesionales.
Tampoco cuenta seguro de vida, además de sufrir la discriminación por parte de las empresas asegurados
por el alto grado de riesgo en el que éstas califican el oficio periodístico.
En el 2006, el Gobierno colombiano expidió la ley 1016, adoptando normas con meros propósitos declarativos
para la protección laboral y social de la actividad periodística y de comunicación. El Ministerio de la Protección
Social en respuesta a la solicitud radicada con el número 27722, informó a CesoFIP que la acreditación
contemplada en la Ley 1016 de 2006 “no tiene efectos sobre el Sistema de Seguridad Social Integral”.
Entonces, en lo que respecta a esta ley, no puede hablarse de un avance en cuanto a la seguridad social de
los periodistas.
Adicionalmente, durante el 2007 se desarrolló un debate sobre los aportes al sistema de seguridad social
integral, para las personas que no cuentan con unos ingresos suficientes. El Gobierno expidió el Decreto 3085
de 2007, que según el Boletín de Prensa 080 del 21 de agosto de 2007 del Ministerio de la Protección Social,
abre la posibilidad para que un trabajador independiente, sin capacidad de pago, pueda pagar solo a salud y
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no a pensiones a través de la Planilla Integral de Liquidación de Aportes - PILA. Sin embargo, CesoFIP ha
recibido varios testimonios de periodistas que no han logrado hacer esos aportes, por falta de información en
las empresas promotoras de salud (E.P.S).
Debido a lo anterior, CesoFIP solicitó el 5 de septiembre de 2007 al Ministerio de la Protección Social
información adicional sobre el alcance del Decreto 3085. Al respecto, la Oficina Asesora Jurídica y de Apoyo
Legislativo del Ministerio de la Protección Social respondió que el artículo 3 del Decreto 3085 de 2007, no
están contemplando que el trabajador independiente sólo debe cotizar en salud, toda vez que la obligación de
cotizar simultáneamente en salud y pensiones es un mandato legal.
Actualmente cursa en el Congreso de la República el Proyecto de Ley de iniciativa gubernamental No. 26 de
2007 “Senado”, en la cual se propone la posibilidad de que los trabajadores independientes cuyos ingresos
mensuales sean iguales o inferiores a un salario mínimo legal mensual vigente, no estén obligados a cotizar
en pensiones.
Para garantizar el acceso al servicio básico de salud, un periodista independiente debe pagar el equivalente al
12.5% de sus ingresos. Adicionalmente, el aporte para pensión corresponde al 15.5% de su ingreso mensual.
A partir del enero de 2008, el aporte para pensión será del 16.5% del ingreso mensual del periodista
independiente. Entonces se concluye que el sistema de cotizaciones con los que se busca garantizar la salud
y la pensión de jubilación para los trabajadores independientes no es coherente con el bajo nivel de ingresos
de la mayoría de periodistas colombianos.
Petición 4. Medidas enérgicas para detener los ataques violentos contra periodistas
En este punto es importante referirse a dos aspectos que afectan negativamente a la libertad de prensa en
Colombia: a) el acoso judicial y b) declaraciones de funcionarios públicos en contra de periodistas y medios
de comunicación.
a) Acoso Judicial
La Constitución de 1991 reconoció la responsabilidad social de los medios de comunicación, la prohibición
categórica de la censura y el derecho de rectificación en condiciones de equidad. Este mandato constitucional
se presenta en el contexto de la protección a los derechos fundamentales a la libertad de expresión, opinión e
información1.
Pero recientemente en Colombia se ha incrementado la práctica de intimidación a los periodistas por medio
de acciones judiciales que da origen al debate sobre el acoso judicial y la necesidad de despenalizar los que
comúnmente se conocen como “delitos de prensa”2.
Cuando se difunde una información falsa o inexacta que causa perjuicios a una persona o grupo de personas,
se genera la obligación civil de reparar los daños causados y el deber constitucional de la rectificación. La
actual legislación penal también contempla penas de prisión y multas económicas a quienes incurran en los
delitos de injuria y calumnia. El Código Penal contempla pena de 1 a 3 años en caso de injuria, y a 1 a 4 años
1 Constitución Política, artículo 20.
2 Código Penal, Delitos contra la integridad moral. Artículos 220 a 223.
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calumnia, pero si se utilizan medios de comunicación la pena puede aumentar la pena de una sexta a la
mitad3.
En recientes casos se observa cómo la utilización de la injuria y calumnia para iniciar acciones penales como
mecanismo para desincentivar la crítica de las actuaciones de los funcionarios públicos. La obligación del
Estado de proteger los derechos de los demás se cumple satisfactoriamente estableciendo una protección
contra los ataques intencionales al honor mediante acciones civiles que garanticen el derecho de rectificación
o respuesta. Así se garantizará el derecho de protección a la honra y al buen nombre sin que el Estado
acuda al derecho penal. La penalización de la injuria y la calumnia ha conducido al silenciamiento de la
opinión pública en muchos casos4.
El deber de los periodistas de reparar los perjuicios corresponden a la responsabilidad posterior de la
información difundida, lo cual es coherente con la prohibición constitucional de la censura, y con el artículo 13
de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y los principios 5 y 7 de la Declaración de Principios
sobre Libertad de Expresión. Estos dos últimos hacen parte del bloque de constitucionalidad5.
A pesar de lo anterior, en Colombia se difunde la práctica de las presiones a periodistas a través de acciones
judiciales como denuncias penales por injuria o calumnia o el recurso de amparo (acción de tutela), sin dejar
de lado las investigaciones contra periodistas por presuntos vínculos con grupos armados ilegales como
mecanismo de intimidación.
Casos de acoso judicial en 2007.
1. El periódico El Heraldo, de la ciudad de Barranquilla, publicó el informe titulado “Métodos y Sistemas, en el
centro de la „parapolémica‟”.
La empresa Métodos y Sistemas S.A. interpuso una acción de tutela en contra del periódico y de la
organización que participó en la investigación que sustentó el artículo. Como al final del artículo se anuncia la
continuación del informe, el juez segundo penal del circuito de Barranquilla, Hernando Estrada Peña, ordenó
mediante una providencia judicial la suspensión de las publicaciones sobre la Sociedad Métodos y Sistemas
S.A. porque “presuntamente amenazan y vulneran los derechos fundamentales de la sociedad accionante”. El
funcionario judicial justifica su decisión aduciendo que “En ese escenario el Juez para tomar una medida
provisional tiene que establecer si la tutela es como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable y si se le solicitó tal medida por parte del petente (peticionario), situaciones que se cumplieron a
cabalidad”. La medida provisional fue ordenada el 25 de enero en el mismo documento que admite la acción.
Luego de permanecer siete días bajo la prohibición de publicar información sobre la sociedad accionante, el
juez consideró que no existía violación a los derechos fundamentales a la honra y el buen nombre de Métodos
y Sistemas S.A. Bajo esta consideración, el juez negó la acción de tutela.
3 Entre el 2.002 y el 2.004, según estadísticas de la Fiscalía General de la Nación, se recibieron 49.528 denuncias por el delito de
calumnia y 34.091 por injuria, una parte significativa contra periodistas y medios de comunicación. Según la Fiscalía, para el 2.004 la
calumnia se encontraba en el puesto 17 de los 27 que más se cometen. En el 2.002 se investigaron 14.957 casos y en el 2.003
12.729. La injuria por su parte se encontraba en el lugar 20. En el 2.002, 10.755 y en el 2.003 fueron investigados 9.123 casos. Datos
tomados de la Exposición de Motivos del Proyecto de Ley 055 de 200-Senado, por el cual se buscaba penalizar la injuria y calumnia
en cabeza de periodistas.
4 En este sentido: Impunidad, Autocensura y Conflicto Armado Interno: Análisis de la Situación de la Libertad de Expresión en
Colombia. Organización de los Estados Americanos Comisión Interamericana de Derechos Humanos Relatoría para la Libertad de
Expresión OEA/Ser.L/V/II Doc. 51 31 agosto 2005
5 Constitución Política, artículo 93.
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El abogado de la Sociedad Métodos y Sistemas S.A. señaló que seguirá impulsando la denuncia presentada
ante la Fiscalía contra el director del Heraldo, Gustavo Bell Lemus, y la directora de Protransparencia, Deyana
Acosta.
A pesar de que la tutela fue negada, el juez consideró que la medida cautelar impuesta no constituye una
censura. Entre otras consideraciones, el juez en su decisión esgrimió que “sobre las relaciones entre libertad
de información, intimidad y buen nombre, si prima esta última, el juez le corresponde imponer limites a los
medios de comunicación sobre el caso concreto que se haya planteado; por consiguiente, ni la medida
provisional decretada ni una sentencia que impongan esos límites, no constituye de ninguna manera censura
a la prensa”.
2. El 5 de febrero de 2007, un juez penal de San Andrés le ordenó a varios medios locales no informar acerca
de una orden judicial que reabría una investigación por corrupción. La decisión cobijó a las emisoras RCN
Radio, Caracol Radio, La Voz de Las Islas, Radio Leda Internacional, Radio Impacto Estéreo y al semanario
'The Archipiélago Press'.
La medida se tomó después de que el juez penal, Alfonso Gómez Nieto, admitió una acción de tutela (recurso
de amparo) presentada por el abogado Hernán Nisimblat Álvarez. La acción buscaba evitar que varios medios
de comunicación informaran sobre la decisión de la Fiscal 42 Delegada ante el Tribunal Superior de Bogotá
contra Nisimblat, quien está implicado en la perdida de 2.850 millones de pesos en la liquidada empresa de
energía de San Andrés, Archipielagos Power and Light. Co. E.S.P.
Nisimblat consideró que la publicación de la información sobre esta decisión de la fiscalía era una "violación al
buen nombre y al debido proceso". Tres días antes de la orden judicial, 'The Archipiélago Press' ya había
dado la noticia.
En principio el Juez Penal de San Andrés Alfonso Gómez Nieto, como medida cautelar, le ordenó a las
emisoras RCN, CARACOL, VOZ DE LAS ISLAS, RADIO LEDA Y RADIO IMPACTO, y al semanario THE
ARCHIPIELAGO PRESS, no publicar información relacionada con la Fiscal 42 Delegada ante el Tribunal
Superior de Bogotá. Luego en su decisión de fondo el Juez no tuteló los derechos invocados por el accionante
y levantó el veto que pesaba contra los medios de comunicación.
3. El 13 de febrero del 2007 la jueza cuarta civil del circuito de Bogotá, Hilda González Neira, ordenó
mediante una sentencia rectificar el contenido de una columna de la periodista Salud Hernández Mora,
publicada en el periódico de circulación nacional El Tiempo, el 14 de agosto de 2005. Esta acción judicial fue
promovida por el magistrado de la Corte Constitucional Jaime Araujo Rentería un año y medio después de la
publicación. En varios artículos la periodista consideraba que esas presiones no le harían revelar la fuente de
su información.
Según el Magistrado Araújo, el 16 de agosto de 2005, dirigió una comunicación escrita a el periódico EL
Tiempo, en la que precisa que no está pidiendo que la periodista revele la fuente de su información. En el
mismo sentido el periódico el Tiempo publicó una nueva carta del magistrado Araújo el 19 de febrero de 2007.
En la sentencia No. T-681 del 31 de agosto de 2007 (expediente T-1607867), con ponencia de Manuel José
Cepeda Espinosa, la Sala Segunda de Revisión de la Corte Constitucional calificó de "improcedente" la
acción de tutela impuesta por el magistrado Jaime Araújo, quien pretendía una rectificación de la columnista y
periodista Salud Hernández.
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La Corte Constitucional declaró improcedente la tutela interpuesta por el magistrado Araújo, por incumplir los
requisitos de rectificación: 1) la interposición de la solicitud de rectificación al medio de comunicación en un
lapso de tiempo oportuno y 2) la adecuada solicitud de rectificación que indique al medio qué es lo que se
quiere rectificar y presente el sustento que demuestre el error de la publicación que afecta los derechos del
interesado.
4. Renson Said Sepúlveda Vergara, crítico literario del periódico cucuteño La Opinión, publicó el 28 de marzo
de 2003 una columna titulada “La República de Chacón”. Según un informe del periódico El Espectador, en
esa columna Said Sepúlveda se refiere los escritos del abogado Pablo Chacón Medina, señalando que éste
no es poeta y sus cualidades estéticas no lo ameritan6.
El abogado Chacón denunció penalmente por injuria a Said Sepúlveda, argumentado que debido a esta
columna sufrió daños en su estatus social, su profesión de abogado, su vida de escritor, su familia y su propia
personalidad, agregando una estimación de daños materiales por $100‟000.000 y el daño moral por
$433‟700.000. Además pidió que se embargaran los bienes muebles e inmuebles de Said Sepúlveda.
El proceso penal se inició en abril de 2003. El primero de diciembre de 2003 la Fiscalía 41 de la Unidad de
Vida de Cúcuta decidió que Renson Said Sepúlveda debía ser llamado a juicio por el delito de injuria. Ahora
está pendiente la sentencia de un juzgado penal de Cúcuta, que se espera, salga antes de terminar el 2007.
Según el informe publicado por el periódico El Espectador el 11 de noviembre de 2007, el abogado Chacón
“sostiene que mientras Sepúlveda no se rectifique y reconozca que él es poeta e intelectual, no cesará en su
demanda”7.
b) Declaraciones de funcionarios públicos en contra de periodistas y medios de comunicación
Las declaraciones de funcionarios públicos en contra de periodistas y medios de comunicación se
incrementaron este año, a través de señalamientos o acusaciones indirectas. Los casos más recientes son
los del Director del Policía Nacional, general Oscar Naranjo, y las del Senador Jairo Clopatosfsky en contra
del periódico Desde Abajo.
1. El Director de la Policía Nacional, general Oscar Naranjo, declaró el pasado 24 de noviembre a diferentes
medios de comunicación, que el periodista William Parra, quien trabaja para el canal Telesur, manipuló el
video que le fue enviado por las FARC como prueba de supervivencia de unos secuestrado. Además señaló
que hay un proceso judicial adelantado por la Fiscalía especializada antisecuestro, en donde se determinará
el “papel real que el señor William Parra esta desarrollando de cara al secuestro del Capitán Solorzano y que
explica su relación directa con las FARC”[1].
Sobre este asunto, el canal interestatal Telesur denunció la persecución de William Parra, su colaborador en
Colombia. Aclaró además que hace dos meses se le solicitó al periodista un reportaje sobre las gestiones
para un acuerdo humanitario de canje de prisioneros y surgió la oportunidad de la entrevista al militar “desde
su lugar de cautiverio”. Finalmente, el canal internacional responsabilizó al general Naranjo por el peligro que
pueda correr el periodista por las declaraciones que cuestionan su integridad.
6 Rivas G. Enrique. Juicio a crítico literario. Publicado en El Espectador. Semana del 11 al 17 de noviembre de 2007. Página 11 A.
7 Ibìdem.
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2. El 5 de diciembre del 2007, el senador Jairo Clopatosfsky dijo que el periódico Desde Abajo pertenece a la
guerrilla de las FARC. Estas declaraciones fueron hechas en el programa "La noche RCN", que dirige la
presentadora Claudia Gurisatti, y anunciado el mismo día en el noticiero de esta programadora de las 7 p.m.,
reproducido además en su noticiero matinal del 6 de diciembre.
Según el comunicado del periódico Desde abajo “Todo comentario tendencioso y difamatorio, que establece
supuestas relaciones entre expresiones de la sociedad civil y la insurgencia, propicia en Colombia
persecuciones, aislamientos y en no pocas ocasiones asesinatos”.
Sobre el tema de las declaraciones de funcionarios públicos, la Corte Constitucional ha reiterado que éstas no
deben poner en riesgo a ningún ciudadano:
1. Declaraciones de altos funcionarios del gobierno: El criterio que debe orientar el ejercicio de la libertad
de expresión de los altos funcionarios del gobierno, y en general, de los funcionarios públicos, es que deben
abstenerse de emitir cualquier declaración o afirmación que lesione o ponga en riesgo los derechos
fundamentales de los habitantes del territorio colombiano.
La Corte Constitucional, en la sentencia T-1191 del 25 de noviembre de 2004, señalé que las autoridades
tienen una posición de garante respecto de los derechos fundamentales de todos los habitantes del territorio
nacional. Por ello al dirigirse a los ciudadanos, la persona que tiene la calidad de autoridad pública debe
abstenerse de emitir cualquier declaración o afirmación que lesione o ponga en riesgo tal categoría de
derechos. Esta obligación adquiere mayor relevancia tratándose de sujetos de especial protección
constitucional.
Y esa especial protección constitucional podemos encontrarla en el artículo 73 de la Carta Política, que
dispone: “La actividad periodística gozará de protección gozará de protección para garantizar su libertad e
independencia profesional”. Además, la libertad de expresión, y su corolario, la libertad de prensa, es un
derecho fundamental consagrado en el artículo 20 constitucional.
Por otra parte, en la sentencia T-263 de mayo 28 de 1998, la Corte Constitucional estudia las implicaciones
de las declaraciones públicas de personas con reconocida relevancia social de acuerdo a la gravedad de los
señalamientos. En esa oportunidad la Corte Constitucional señaló que “en la sociedad contemporánea existen
grupos de dominación cuyo poder puede eventualmente tornarse exorbitante” por lo que es necesario
consagrar “garantías adicionales para que los individuos que puedan estar sometidos a ese poder no vean
afectada su autonomía por la evidente ruptura de la igualdad”.
Lo anterior se refuerza cuando existen zonas en el país caracterizadas por su situación de violencia. En esos
lugares, el ejercicio abusivo de la libertad de expresión por parte de alguien que tiene mayor relevancia
política, podría concluir en agresiones contra la vide e integridad personal de las personas que fueron objeto
de sus declaraciones negativas.
Las anteriores referencias jurisprudenciales permiten analizar los límites a las declaraciones de funcionarios
públicos, cuando con éstas se pueda poner en riesgo la vida e integridad física y moral de los habitantes de
Colombia.
2. Imputación de conductas delictivas a través de medios de comunicación: En caso de conocerse la
eventual participación del periodista en la comisión de un delito, el deber de las autoridades es adelantar las
investigaciones judiciales del caso. Las declaraciones públicas, en el ambiente de violencia generalizada que
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padece Colombia, tienen la capacidad de poner en peligro la vida de cualquier ciudadano. Además, es un
comportamiento que contradice el mandato constitucional que tienen las autoridades de proteger la vida,
honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades de las personas residentes en Colombia.
La Corte Constitucional señaló en la sentencia T-444 de 1992 que los organismos de seguridad no pueden
difundir al exterior la información sobre una persona, salvo los casos de antecedentes penales o
contravencionales. Estos antecedentes surgen únicamente luego de una sentencia judicial definitiva.
Además, la Corte afirmó en la misma sentencia que “la labor que realicen los organismos encargados de
llevar a cabo la investigación, no debe hacerse pública antes de la etapa de juzgamiento o incluso en la etapa
de investigación previa, por más importante que resulte el hallazgo hecho y mucho menos en "ruedas de
prensa" realizadas a fin de explicar a la opinión pública el método utilizado, o los resultados obtenidos o los
presuntos infractores de la Ley Penal, pues este comportamiento viola el derecho al buen nombre, entorpece
el desarrollo de la futura investigación penal y es un mecanismo de presión de un fallo anticipado”.
Petición 5. Adopción de medidas que eviten la impunidad en los casos de periodistas asesinados, las
cuales deben incluir:
a. La apertura de unidades especiales de investigación de asesinatos a periodistas, adscritas a la rama
judicial. En el caso colombiano, la reapertura de la subunidad al interior de la Unidad de Derechos Humanos y
Derecho Internacional Humanitario de la Fiscalía General de la Nación.
b. La investigación penal seria, imparcial y efectiva de los casos de violencia contra los periodistas y la
sanción de los agresores.
c. El suministro de información periódica a las organizaciones gremiales de periodistas sobre los avances de
las investigaciones penales por amenazas, atentados y agresiones contra periodistas, sin que se incurra en la
violación de la reserva sumarial.
El siete (7) de febrero de 2007 CesoFIP elevó dos derechos de petición a la Unidad de Derechos Humanos y
Derecho Internacional Humanitario de la Fiscalía General de la Nación (Radicados 018013 y 018014),
solicitando una información específica sobre casos de periodistas amenazados y sobre la existencia de una
unidad especializada en la investigación de estos hechos.
Al no recibir respuesta a estas solicitudes, el primero (1) de marzo de 2007 CesoFIP radicó los derechos de
petición (Radicados 031229 y 031230) insistiendo en las solicitudes formuladas desde el siete (7) de febrero.
Tampoco hubo respuesta por parte de la Fiscalía, por lo que el siete (7) de noviembre de 2007, CesoFIP
elevó una petición de información al Fiscal General de la Nación (Radicado 165432), solicitando la
información que hasta la fecha no ha sido sumistrada.
Esto demuestra el desinterés que persiste en los organismos estatales con funciones judiciales frente a los
casos de periodistas asesinados y la precaria comunicación con las organizaciones representativas de lucha
por la libertad de prensa en Colombia.
Sin embargo, es necesario resaltar algunos avances en procesos penales como:
Medida de aseguramiento contra tres integrantes de las FARC por el homicidio del camarógrafo Pablo
Enrique Medina Mota, ocurrido el 3 de diciembre de 1999, en el departamento del Huila.
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La confirmación que hizo la Corte Suprema de Justicia del fallo condenatorio contra Jhon Jairo Buitrago
González y Luis Alberto Puertas Triana como coautores del delito de tentativa de homicidio agravado contra el
periodista Yamid Amat Ruiz, ocurrido en 2001.
La condena a 16 años de prisión contra los asesinos del periodista Santiago Rodríguez Villalba, según fallo de
un juez de Sincelejo. El periodista fue asesinado el 19 de febrero de 1997.
El reconocimiento que hizo el paramilitar Juan Francisco Prada Márquez, alias 'Juancho Prada‟, líder del
frente Héctor Julio Peinado Becerra, de las Autodefensas Unidad de Colombia, de ser el autor material del
crimen de Martín La Rotta Duarte, el 7 de febrero de 2004.
Reconocimiento que hizo el paramilitar Pablo Emilio Quintero Dodino, alias „Bedoya‟, jefe del Frente Nordeste
Antioqueño del Bloque Central Bolívar de la AUC, de su participación como autor material en el asesinato del
periodista José Emeterio Rivas Rivas. Este asesinato ocurrió el 6 de abril de 2003, en Barrancabermeja.
Solicitudes hechas por CesoFIP ante el Ministerio Público
FECHA DE SOLICITUD
PRIMER
SEMESTRE
2007
Febrero 7 de 2007
Procuraduría General de
la Nación
Radicado 26155
SOLICITUD
Relación
de
investigaciones
disciplinarias adelantadas por esa
entidad,
sobre
casos
de
asesinatos,
amenazas
o
agresiones contra periodistas.
Febrero 7 de 2007
Relación de iniciativas legislativas
Defensoría del Pueblo
desde 2002, relacionadas con la
penalización de injuria y calumnia.
Febrero 7 de 2007
Solicitud de información sobre
intervención de la Defensoría en la
defensa de la Libertad de Prensa
Abril 23 de 2007
Solicitud de investigación por las
Procuraduría General de amenazas contra el periodista
la Nación
DIEGO
WALDRÓN
,
Radicado 88128
(Barrancabermeja)
Mayo 17 de 2007
Solicitud de investigación por
Procuraduría General de amenazas contra el periodista
la Nación
JOSÉ
DAVID
MARTÍNEZ
Radicado 112482
(Barrancabermeja)
RESPUESTA
Oficio DRC No. 768 de marzo 27 de 2007.
Listado de investigaciones disciplinarias
registradas desde enero 1 de 2004 hasta
marzo 14 de 2007
Oficio 002781 del 12 de febrero de 2007
Oficio 004131 del 19 de febrero de 2007
Oficio 075639-2007 de mayo 25 de 2007.
Se remite por competencia a la
Procuraduría
Provincial
de
Barrancabermeja, mediante oficio No.
075639 de mayo 25 de 2007.
Ceso - FIP
Mayo 17 de 2007
la Nación
Radicado 112481
SEGUNDO SEMESTRE
2007
Julio 5 de 2007
la Nación
Radicado 155155
Agosto 6 de 2007
la Nación
Septiembre 11 de 2007
la Nación
Radicado 217527
amenazas y agresiones contra la
periodista SANDRA HERNÁNDEZ
ACOSTA (Guajira)
Oficio 075509-2007 de mayo 24 de 2007.
Procuraduría Regional de la Guajira,
mediante oficio No. 075639 de mayo 24 de
2007.
agresiones
físicas
y
obstaculización
del
ejercicio
periodístico contra el periodista
MANUEL SANTIAGO PÉREZ
ORTÍZ (Sucre)
Solicitud
de
investigación
disciplinaria por las agresiones
físicas y obstaculización del trabajo
a 4 periodistas, de parte de
agentes del ESMAD
agresiones y obstaculización del
trabajo
periodístico
contra
GABRIEL
PADILLA
POLO
(Magdalena), por parte de agente
del CTI
Oficio 078169 del 10 de julio de 2007
Procuraduría Provincial de Sincelejo,
mediante oficio No. 0789169 de julio 10 de
2007
Oficio 082761 de septiembre 17 de 2007.
Se remite por competencia a Procuraduría
Delegada Prevención DDHH y étnicos,
mediante oficio 082761 de septiembre 17 de
2007.
Oficio 111046-217527-07/P0010114/tric.
Se remite oficio a la oficina de Control y
Registro de la Procuraduría General de la
Nación para que avoque investigación
disciplinaria.
la Nación
Radicado 222872
Octubre 24 de 2007
la Nación
Radicado 259189
Octubre 24 de 2007
Diciembre 21
la Nación
Radicado 310050
agresiones
físicas
y
obstaculización
del
ejercicio
periodístico contra el periodista
JUAN ALONSO RESTREPO
(Valle del Cauca)
Solicitud de intervención del
Procurador General de la Nación
frente a medida de censura en el
decreto 3095 de 2007
Copia de la solicitud de
intervención
del
Procurador
General de la Nación frente a
medida de censura en el decreto
3095 de 2007
Solicitud
investigación
por
agresiones de policía de tránsito el
12 de diciembre y Esmad el 18 de
diciembre.
Ceso - FIP
Derechos de petición presentados por CesoFIP a la Fiscalía General de la Nación
Fecha de solicitud
Febrero 7 de 2007
Febrero 7 de 2007
Marzo 2 de 2007
Marzo 2 de 2007
Noviembre 7 de 2007
Destino
Unidad de Derechos
Humanos y Derecho
Internacional
Humanitario
de
la
Fiscalía General de la
Nación.
Radicado 018014
Unidad de Derechos
Humanos y Derecho
Internacional
Humanitario
de
la
Nación.
Radicado 018013
Unidad de Derechos
Humanos y Derecho
Internacional
Humanitario
de
la
Nación.
Radicado 031230
Unidad de Derechos
Humanos y Derecho
Internacional
Humanitario
de
la
Nación.
Radicado 031229
Fiscal General de la
Nación
Solicitud
Respuesta
Relación de procesos Ninguna
que adelanta esa unidad
por
asesinatos,
amenazas o agresiones
contra periodistas
Responde el Fiscal 22
Información sobre diez Especializado,
dando
(10) casos de periodistas información sobre dos
amenazados
(2) casos.
Insistencia sobre el Ninguna
derecho de petición
presentado el 7 de
febrero
de
2007,
radicado con el No.
018014
Insistencia sobre el Ninguna
derecho de petición
presentado el 7 de
febrero
de
2007,
radicado con el No.
018013
Insistencia
en
los NINGUNA
derechos de petición
018014,
031229
y
031230
Relación de casos sobre los que se pidió información a la Fiscalía General de la Nación, con los radicados
018013 y 031229
Nombre del periodista
Jairo Elías Márquez
Fecha
hechos
de
los Respuesta de la Fiscalía
Respuesta del Fiscal 22 especializado.
20 de noviembre de Estado actual del proceso: Investigación
1997
Preliminar.
Ceso - FIP
Amparo Leonor Jiménez
11 de agosto de 1998
No hay respuesta
Gerardo Bedoya
20 de marzo de 1995
Respuesta del Fiscal 22 especializado.
Estado actual del proceso: Investigación
Preliminar.
Guzmán Quintero Torres
16 de septiembre de No hay respuesta
1999
19 de marzo de 1993 No hay respuesta
Carlos Lajud Catalán
Ernesto Acero Cadena
Hernando Rangel Moreno
12 de diciembre de No hay respuesta
1995
11 de abril de 1999
No hay respuesta
Elizabeth Obando
11 de julio de 2002
No hay respuesta
Orlando Sierra Hernández
1 de febrero de 2002
No hay respuesta
Julio H. Palacios
11 de enero de 2005
No hay respuesta
Solicitudes hechas por Ceso- FIP ante otras entidades públicas
FECHA DE ENTIDAD
SOLICITUD
Febrero 13 Ministerio
de
de 2007
Protección Social
Radicado 27722
SOLICITUD
RESPUESTA
Petición de información sobre Febrero 21 de 2007.
los alcances de la Ley 1016 de Oficio No. 34965
2006.
1. Carácter del propósito declarativo
de la ley: “(…) la declaración
emitida por distintas organizaciones
(…) no puede ser una condición
para que un individuo ejerza la
actividad periodística (…), ni para
acceder al régimen de seguridad
social para lo cual no se requiere
acreditación alguna”.
2. No existe reglamentación por
parte del Gobierno sobre los criterios
para acreditar el ejercicio de la
actividad periodística.
Febrero 14 Ministerio
de 2007
Educación
Nacional
Radicado
de Petición de información sobre
los alcances de la Ley 1016 de
2006 “Por la cual se adoptan
normas legales, con meros
Marzo 7 de 2007
Oficio 2007EE10341
No existen efectos sobre el registro de
títulos académicos de periodistas ante el
Ceso - FIP
2007ER6825
propósitos declarativos, para
la protección laboral y social
de la actividad periodística y
de comunicación a fin de
garantizar su libertad e
independencia profesional”.
Febrero 20 Senado de la Solicitud de información sobre
de 2007
República
proyectos de ley desde 2002
que se refieran a injuria,
calumnia y difamación
Abril
de Ministerio de la Información sobre la Revisión
2007
Protección Social de Contratos Laborales
Radicado 69788
Septiembre Ministerio de la Solicitud de información sobre
5 de 2007
Protección Social la aplicación del Decreto 3085
Radicado
de 2007, sobre aportes al
199703
Sistema de Seguridad Social
Integral
de
trabajadores
independientes.
Septiembre Policía Nacional Solicitud de investigación por
17 de 2007 Oficina de DDHH agresiones contra el periodista
JUAN ALONSO RESTREPO
en Cartago (Valle del Cauca)
Octubre 3 Acción Social
de 2007
ayuda
a
colombianos
refugiados en el exterior
Octubre 31 Acción social
de 2007
Noviembre
21 de 2007
Diciembre
19 de 2007
Diciembre
20 de 2007
Ministerio de Educación.
No se encuentran parámetros para
expedir las acreditaciones de la actividad
periodística.
Respuesta recibida el 5 de marzo de
2007
Oficio 80623 del 18 de abril de 2007 de
la oficina asesora jurídica
Oficio 211551 del 17 de septiembre de
2007, de la Oficina Asesora Jurídica y
apoyo legislativo
Oficio 02226INSE-ASJUD de noviembre
1 de 2007 del jefe de asuntos jurídicos:
se remite mediante oficio 102593 del 24
de septiembre a la Inspección General.
Ofico UTP-20074180718802 / SAPDJ8075 de octubre 27: Acción Social no
responde a la solicitud de información
hecha por CesoFIP
Insistencia en el derecho de
petición de información sobre
la ayuda a colombianos
refugiados en el exterior
Alcaldía Mayor Solicitud de información sobre Respuesta parcial: remiten a la gerencia
de Bogotá D.C:
la existencia de normas que de Transmilenio
permitan la restricción del uso
de cámaras fotográficas en el
sistema de transporte masivo
Transmilenio.
Dirección de
Derechos
la interpretación que esa
Humanos.
dirección hace de la definición
Ministerio del
de “periodista” contenida en el
Interior y de
decreto que reglamenta el
Justicia
Programa de Protección a
Periodistas del Ministerio del
Interior y de Justicia.
Coronel Jorge
Solicitud de investigación por:
Iván Florez.
- Muerte del fotógrafo
Comandante de
Rafael Bruno.
Ceso - FIP
Policía de Norte
de Santander
-
-
Agresiones por parte
de la policía de
tránsito el 12 de
diciembre.
Agresiones por parte
del Esmad el 18 de
diciembre.
Ceso - FIP
COMUNICADOS EMITIDOS Y/O DIFUNDIDOS POR EL CENTRO DE SOLIDARIDAD DE LA FEDERACIÓN
INTERNACIONAL DE PERIODISTAS (CESO-FIP)
PRIMER SEMESTRE 2007
COMUNICADO No. 1
Ceso-FIP condena atentado contra periodista afiliado al Círculo de Periodistas de Cali
21/2/2007
El Centro de Solidaridad de la Federación Internacional de Periodistas condenó, de manera enérgica, el
intento de homicidio del colega Edgar Buitrago Rico, director del periódico La Razón, de Cali, en el que
resultaron heridas tres personas, el día de ayer, martes 20 de febrero.
Según narración hecha por el escolta del periodista, Gustavo Adolfo Alape, adscrito al Departamento
Administrativo de Seguridad, DAS, cuando los sicarios intentaron ingresar a las oficinas del periódico, logró
reaccionar a tiempo con su arma, impidiendo el crimen. Sin embargo, en el cruce de disparos quedaron
heridos el propio escolta, un empleado de La Razón y un transeúnte que, casualmente, pasaba frente al lugar
del atentado.
El pasado 9 de febrero, durante la celebración del día del periodista, y luego de ser condecorado por el
Círculo de Periodistas de Cali, el colega Edgar Buitrago advirtió sobre amenazas en su contra a través de
mensajes enviados por Internet. Buitrago ha sido un caracterizado investigador de casos de corrupción, en
esa región del sur occidente del país.
“La Federación Internacional de Periodistas, se une al clamor de los colegas del CPC, para que el
comandante de la Policía Metropolitana, brigadier general Luis Alberto Moore, asuma directamente la
investigación y, de esta manera, se haga justicia frente a este nuevo atentado de la intolerancia contra la
libertad de prensa; esperamos que tanto los responsables materiales como los intelectuales, sean llevados
ante los jueces competentes”, declaró, Eduardo Márquez, director de Ceso-FIP.
Finalmente concluyó: “La única manera de acabar con la rampante impunidad en los casos de crímenes y
agresiones contra periodistas en Colombia, es disuadiendo a los criminales mediante una acción efectiva de
las autoridades”.
COMUNICADO No. 2
Ceso-FIP hace llamado a grupos armados que operan en el sur de Colombia
22/3/2007
Tras dos agresiones contra periodistas del departamento del Huila, en menos de una semana, el Centro de
Solidaridad de la Federación de Periodistas, Ceso-FIP, hizo un llamado a los grupos armados ilegales para
que cesen el hostigamiento contra la prensa.
“Los guerreros de todas las vertientes ideológicas tienen que comprender que la obligación de los periodistas
es informar a la sociedad, así, en ocasiones, la información saque a la luz hechos que se quieren mantener
ocultos. De la misma manera como hemos puesto una alta cuota de sacrificio en vidas denunciando actos de
corrupción, también es nuestro deber ético dar a conocer sus excesos contra la población”, declaró Eduardo
Márquez, director de Ceso-FIP.
En uno de los casos, los hostigamientos y amenazas fueron de tal magnitud que una periodista radial se vio
obligada a dejar abandonados su trabajo y vivienda, para refugiarse en otra región del país.
Y el pasado fin de semana, otro colega fue forzado a entregar su cámara fotográfica, una grabadora y su
teléfono celular, además de la billetera con todos los documentos de identificación y el dinero. El colega había
sido previamente abordado por un presunto guerrillero que le expresó la intención de las FARC de entregarle
Ceso - FIP
pruebas sobre el estado de salud de cuatro secuestrados: la ex candidata presidencial Ingrid Betancourt –de
quien dijo padece asma y una infección-; el congresista de Nariño, Luís Eladio Pérez; la huilense Consuelo
González y un sub oficial del Ejército Nacional.
“En nombre de los más de 500.000 periodistas afiliados a la Federación Internacional de Periodistas en 120
países, hago un llamado para que los grupos armados pongan punto final a las amenazas contra los colegas,
permitan su regreso junto a sus familias y a la normalidad de sus trabajos, y que el material de trabajo
decomisado sea devuelto, todo esto como una muestra de buena voluntad frente a la prensa colombiana e
internacional”, concluyó Márquez.
COMUNICADO No. 3
Ceso-FIP rechaza amenazas contra presidente de Asociación de Periodistas del Huila, ASPEHU
3/4/2007
Debido a reiteradas amenazas telefónicas, el colega Germán Hernández, jefe de redacción del Diario del
Huila y presidente de la Asociación de Periodistas del Huila, ASPEHU, tuvo que abandonar su trabajo y
vivienda para refugiarse en otra región del país.
El periodista recibió varias llamadas donde le anunciaban su muerte, una de ellas hecha desde un celular que
se alquila por minutos en un local frente al periódico huilense, luego que publicara varios artículos sobre la
escandalosa corrupción en el hospital de Neiva.
El colega Germán Hernández también es promotor, cofundador y presidente de ASPEHU, organización que
agrupa a cerca de 80 periodistas del departamento, y que fue conformada el 27 de marzo del año pasado,
con el apoyo de la Federación Internacional de Periodistas.
“A los corruptos que amenazan a nuestro colega, queremos decirles que no él no está solo. Más de 500.000
periodistas afiliados a la FIP, en 116 países, lo respaldan”, declaró Eduardo Márquez, director del Centro de
Solidaridad de la Federación. “Una agresión más y les haremos pagar un alto precio, con los lentes y
micrófonos del mundo sobre ustedes, pues conocemos su identidad, sus redes, sus apoyos políticos, sus
contratos torcidos”, concluyó.
COMUNICADO No. 4
Circulo de Periodistas de Cartago, Valle, protesta por maltrato verbal de alcalde contra periodista
19/4/2007
La Junta Directiva del Círculo de Periodistas de Cartago, Valle, CPC, mediante comunicado, manifestó su
inconformidad con la declaración del alcalde de la ciudad, Luís Alberto Castro, contra el corresponsal del
diario El País, Luís Angel Murcia, que los colegas calificaron de "acalorada, grosera, desafortunada e
irresponsable, comprometiendo la integridad física, moral y ética del periodista".
A través de un noticiero radial, el burgomaestre señaló al periodista de perseguirlo, deteriorar su imagen y
faltar a la verdad en el ejercicio del periodismo, el pasado 27 de marzo. El funcionario hace referencia a
entrevistas en las que el colega ha retomado serios cuestionamientos contra su administración, hechos tanto
por la Contraloría Departamental, como por el Ministerio de Educación Nacional.
Los directivos del CPC señalan que "Luís Ángel Murcia es un periodista de ética y reconocida objetividad, y
que solo ha cumplido con su deber de informar buscando con ello la verdad, postulado Constitucional y
objetivo primordial del periodismo". A renglón seguido, recuerdan que "no es la primera vez que el señor
alcalde maltrata el derecho a la información y la libertad de prensa, imponiendo su criterio vulnerando de esta
forma preceptos Constitucionales".
Igualmente el Circulo le exigió al alcalde "ofrecer disculpas, a través del mismo medio de comunicación, al
periodista Luís Ángel Murcia".
Ceso - FIP
Al respecto, Eduardo Márquez G, director del Centro de Solidaridad de la Federación Internacional de
Periodistas, declaró: "La agresividad del alcalde Castro contra los colegas críticos e independientes, y el
chantaje que hace con la publicidad -premiando a quienes le siguen y vetando a los periodistas que cumplen
con su obligación de informar de una manera veraz- han trascendido muchas veces".
"Desde la Federación le hacemos un llamado al entendimiento con la prensa. También a que comprenda que
los reporteros no son, ni deben ser, jefes de prensa de ningún funcionario, partido político, ONG, grupo
armado o mafioso; los periodistas somos los informadores de la sociedad y trabajamos en el marco del
Estado de derecho".
COMUNICADO No. 5
ALERTA: DOS COLEGAS EN PELIGRO
14/5/2007
Dos sujetos que se identificaron como guerrilleros de la FARC ingresaron, a la 1:00 de la madrugada de hoy,
al Hotel Para Mi, de Planadas, Tolima, a 352 kilómetros al sur occidente de Bogotá, para amenazar al
periodista independiente Afranio Franco Ballesteros, a quien intimidaron con sus armas, junto a su
camarógrafo, y luego procedieron a robar todos sus equipos, documentos de identidad y dinero.
En otro incidente, el colega Diego Waldrón, director de la revista mensual Gente, del puerto petrolero de
Barrancabermeja, a 403 kilómetros al norte de Bogotá, recibió una llamada amenazante, ayer por la mañana,
en la que le anunciaron que “por estar jodiendo, le va a pasar lo que a Ricaurte en San Mateo”, haciendo
alusión al prócer de las guerras de independencia que murió durante la explosión de un polvorín.
En una angustiosa llamada a Ceso-FIP, el colega Franco Ballesteros, pidió ayuda para salir del municipio de
Planadas, pues la población más cercana, Chaparral, queda a 6 horas por tierra y teme por su vida.
Igualmente relató, que los guerrilleros, luego de interrogarlo sobre su presencia en el municipio, le dieron la
orden de permanecer en la habitación, hasta recibir la orden de un comandante insurgente. Los equipos
robados fueron dos cámaras de video que el periodista utiliza para realizar videos institucionales en los
municipios, un lector de DVD y los documentos y dinero tanto del periodista como del camarógrafo.
Entre tanto, el colega Waldrón también teme por su vida, pues relaciona la amenaza con artículos publicados
en la cuarta edición de Gente, donde denunció contratos irregulares del alcalde de Barrancabermeja, Edgar
Cote. Según Diego Waldrón, el funcionario le entregó varios contratos a las mayorías del Consejo de la
ciudad, algunos de cuyos dineros terminaron en una fundación de la esposa del alcalde.
También le narró a Ceso-FIP que el candidato a la alcaldía de la ciudad, Daniel Patiño, de quien asegura es
apoyado por el actual burgomaestre, lo intentó sobornar con 25 millones de pesos para que no sacara la
edición de 3.000 revistas que, por cierto se agotó en un sólo día. Igualmente advirtió que en la próxima
edición, publicará facsímiles de los contratos denunciados.
Respecto a estas dos nuevas agresiones contra la libertad de prensa, Eduardo Márquez, director de CesoFIP, declaró: “La situación de los dos colegas es verdaderamente angustiosa. Ya nos comunicamos con el
Ministerio del Interior para que las autoridades escolten a Afranio, pues los policías de Planadas temen un
ataque de la guerrilla, y que le brinden seguridad a Daniel”.
Luego agregó: “Del alcalde de Barrancabermeja, son muchas las quejas que hemos recibido de colegas que,
cumpliendo con su deber, han denunciado irregularidades de su administración y, casualmente, luego son
amenazados. Es hora de que se imponga el imperio de la ley en esa población azotada por todo tipo de
Ceso - FIP
violencias, y así lo solicitará a las autoridades la Federación Internacional de Periodistas. Pero,
lamentablemente, tenemos nuestras reservas, pues otro colega, Diro Cesar González, director de La Tarde,
entregó la fotografía y el nombre del paramilitar que intentó asesinarlo el año pasado, al propio Vicepresidente
de la República, y el sujeto, José del Carmen Arévalo Quintero, alias, “Pata de Palo” o “El Toche”, se pavonea
tranquilamente por las calles del puerto”.
COMUNICADO No. 6
Federación Colombiana de Periodistas, FECOLPER, rechaza amenazas contra periodistas
14/5/2007
A sólo una semana de la celebración del Día Internacional de la Libertad de Prensa, dos periodistas han sido
víctimas de la acción de intolerantes, en Barrancabermeja, Santander, y en Maicao, Guajira, y una emisora
fue vetada por el alcalde de Santa Marta.
“Dígale a ese (…) que se cuide, que no sabe con quien se metió, que con la ley no se juega”, es uno de los
mensajes, de un serie de amenazas telefónicas iniciadas la semana pasada contra el reportero gráfico José
David Martínez, quien trabaja para el diario Vanguardia Liberal en el puerto petrolero de Barrancabermeja, a
403 kilómetros al norte de Bogotá.
En otro ataque contra la libertad de prensa, la colega Sandra Hernández Acosta, directora del espacio
institucional de la alcaldía de Maicao, que se emite de lunes a viernes por Olímpica Estéreo, fue amenazada
por la concejal de ese mismo municipio, Sayira García Ariza quien, no satisfecha con la agresión, intentó
golpear a la colega, el pasado martes. Maicao esta ubicado a 72 kilómetros de la costa Caribe.
Finalmente en un inaudito y antidemocrático gesto, el alcalde de la costera ciudad de Santa Marta, José
Francisco Zúñiga, vetó a la emisora Radio Magdalena, afiliada a la cadena Caracol, en rueda de prensa
realizada en la alcaldía, el pasado martes 8.
Peligro en Barrancabermeja
La Federación Colombiana de Periodistas, FECOLPER, se une a la preocupación de nuestra organización
afiliada, la Corporación de Periodistas de Barrancabermeja y el Magdalena Medio CORPEMAG, por la
seguridad del colega José David Martínez quien, además, fuera agredido por la policía el pasado 14 de
febrero. En esa ocasión, un agente atacó, sometió, y esposó a Martínez cuando cubría un atentado frustrado
por
las
autoridades.
“Queremos pensar que las actuales amenazas no están relacionadas con el incidente del 14 de febrero, pues
resultaría de suma gravedad para la sociedad barrameja, que los encargados de velar por la vida y honra de
los ciudadanos, apelen al terror para ejercer retaliaciones contra un periodista que ellos mismo agredieron por
cumplir con su deber de informar”, declaró Eduardo Márquez, Presidente de la FECOLPER.
“Pero no deja de ser extraña la coincidencia de las amenazas, máxime cuando aumentan en cantidad y tono,
luego de que el colega hizo la denuncia en la Fiscalía”, agregó Márquez. “No dejaremos solo a nuestro colega
y exigiremos a las autoridades dar con el paradero de estos agresores”, concluyó.
A continuación, el comunicado de la Corporación de Periodistas de Barrancabermeja y el Magdalena Medio,
CORPEMAG:
Barrancabermeja, Mayo 10 de 2007
Con profunda preocupación vemos como la prensa continúa siendo objeto de amenazas en Barrancabermeja,
como expresión de una flagrante violación a la libertad de expresión.
Ceso - FIP
Damos a conocer a la opinión pública que el reportero gráfico del periódico Vanguardia Liberal, viene siendo
objeto de amenazas a través de llamadas realizadas a su residencia desde la semana anterior, según lo dio a
conocer el propio afectado. Estas llamadas, con mensajes insultantes en contra del reportero, fueron recibidas
en una ocasión por su hija y la segunda por su esposa.
La situación se tornó mas preocupante, cuando el día de ayer hacia las 11:30 de la mañana, la secretaria del
diario Vanguardia Liberal recibió una llamada en donde preguntaron por José David Martínez, quien no se
encontraba en el periódico, para dejarle la siguiente razón: “Dígale a la Gonorrea esa que se cuide, que no
sabe con quien se metió, que con la ley no se juega”. Inmediatamente el reportero denunció ante las
autoridades competentes las amenazas.
Pero hoy, a las 10:20 a.m., hicieron una nueva llamada, en la que dijeron a la secretaria: “Dígale al mariquita
del fotógrafo que gracias por lo que esta haciendo, que nos vemos en la calle y que se cuide”.
La corporación de periodistas de Barrancabermeja y el Magdalena Medio, CORPEMAG, rechaza
enérgicamente esta clase de hechos deplorables, que atentan contra el buen ejercicio del periodismo.
José David Martínez Mulford es un reportero gráfico de gran trayectoria en la región. Durante 18 años ha
desempeñado su trabajo en el diario Vanguardia Liberal, caracterizándose por su responsabilidad, dedicación
y entrega, lo que le ha permitido gozar de credibilidad y respeto entre los colegas y la comunidad en general.
Pedimos a las autoridades investigar estos hechos y garantizar la seguridad del reportero gráfico.
Intolerancia en Maicao
El pasado lunes 7 de mayo, la vice presidenta del Consejo Municipal de Maicao, Sayira García Ariza, montó
guardia en la puerta de la emisora Olímpica Estéreo para, de manera agresiva, grabar con su teléfono celular,
a la periodista Sandra Hernández Acosta, quien en el espacio institucional acababa de manifestar su
inconformidad con un hecho que implicaba al Consejo.
En el espacio radial diario de 10 minutos, la periodista adscrita a la alcaldía calificó de irrespetuoso que, el día
anterior, el cortejo fúnebre del asesinado Notario Único, hubiera llegado al salón del Consejo con la intención
de velar el cadáver, para encontrar la puerta cerrada.
La concejal advirtió que al otro día ejercería su derecho a replica. Horas mas tarde, Sandra recibió un derecho
de petición del presidente del Consejo, en el que le pidieron copia del programa, argumentado delitos de
injuria y calumnia.
El martes en la mañana, la concejal manifestó que participaría en el programa institucional a como diera lugar.
Ante la negativa de la periodista, y en el momento que se presentaba el espacio, la concejal García Ariza,
rapó el micrófono y empezó a gritar de manera desaforada clamando respeto…la colega manifestó entonces
que el programa terminaba, dado que estaba siendo violentado su derecho a una libre expresión.
Fue en ese momento que la furibunda señora lanzó un golpe contra la comunicadora que terminó contra el
micrófono, mientras gritaba: “Estás acabada ¡la vas a pagar!”, según declaró a Ceso-FIP, la colega. El sonido
del impacto, hizo pensar a los sorprendidos oyentes que estaban ante un desenlace fatal, por lo que muchos
se movilizaron, alarmados, hacia las instalaciones de la estación.
“Un grotesco espectáculo de intolerancia fue el que protagonizó la concejal García; lo que hubiera podido
resolverse mediante un dialogo civilizado, terminó siendo un grave acto intimidatorio y una agresión contra la
libertad de prensa que rechazamos los periodistas, y que deben evaluar sus electores”, comentó Eduardo
Marquez presidente de la Federación Colombiana de Periodistas. “Estaremos pendientes de las actuaciones
de la concejal, porque esto no se puede repetir, menos en medio de la tensión preelectoral que se está
sintiendo en buena parte del país”.
Ceso - FIP
La ruleta del veto samario
Finalmente Márquez se refirió al veto del alcalde de Santa Marta contra Radio Magdalena: “Es sorprendente
el arbitrario gesto del alcalde, pues además de antidemocrático, así con hoy él veta, mañana puede ser
vetado por los medios. Pero entristece saber que los demás colegas hubieran permanecido en la rueda de
prensa, pues así como hoy permiten un veto, mañana cualquier periodista puede sufrir el mismo trato”.
COMUNICADO No. 7
Sujeto que se identificó como comandante de las FARC amenaza a periodista afiliado a ANPRESS,
Tolima
24/5/2007
Cuando el periodista Rodrigo Callejas recibió una llamada, el pasado 20 de mayo, de un sujeto que se
identificó como Luis Alfonso, comandante del Frente Tulio Barón de las Fuerza Armadas Revolucionarias de
Colombia, FARC, pensó que se trataba de una broma. Pero la siguiente frase, le confirmó que estaba frente a
una amenaza, la segunda recibida este año: “Es en serio y escuche: usted se está metiendo con nuestra
gente y por eso se va a morir”.
El día anterior, el colega había cubierto la visita del gobernador del Tolima al municipio de Fresno, 201
kilómetros al sur de Bogotá, y en horas de la noche, detectó a un hombre que ocultaba su rostro con la visera
de una gorra, rondando el lugar donde se encontraba. Pero solo al momento de la llamada a su teléfono
celular, entendió que podría tratarse de un seguimiento por parte de la guerrilla.
El periodista, sorprendido con la amenaza, preguntó a que gente hacía referencia. Entonces el comandante
guerrillero mencionó dos nombres de habitantes de Fresno, prófugos de la justicia. Uno de ellos había sido
condenado por rebelión, la semana anterior, hecho que el periodista informó a través del noticiero de Fresno
Estéreo “Debate 5”, al igual que otra noticia relacionada con el crimen de un ganadero secuestrado en Murillo,
adjudicado al grupo guerrillero por las autoridades
Finalmente, el hombre le dijo al periodista que tenían videos que lo mostraban conversando con enemigos de
las FARC, entre ellos un jefe paramilitar.
“Hago un llamado a la guerrilla para que le ponga fin al hostigamiento contra nuestro colega Rodrigo Callejas”,
dijo Eduardo Márquez, presidente de la Federación Colombiana de Periodistas, Fecolper. “Amenazar a un
periodista porque cumple con su obligación de informar sobre fallos judiciales o sobre el resultado de las
acciones guerrilleras o, simplemente, porque se reúne con fuentes antagonistas de uno u otro bando, es
desconocer el papel de la prensa en cualquier sociedad”, agregó.
“Ustedes argumentan con la boca de un fusil, mientras los periodistas lo hacemos con la palabra. Así es que,
con la palabra de los cerca de 1.000 periodistas afiliados a nuestra Federación y los más de 500.000 que
hacen parte de la Federación Internacional de Periodistas, FIP, rodeamos solidariamente a nuestro colega y
expresamos nuestro rechazo a todas las formas de intimidación, sin importar de donde provengan”.
La Asociación Nacional para el Desarrollo Social del Periodista, ANPRESS, es la organización a afiliada a la
Federación Colombiana de Periodistas, en el departamento de Tolima.
COMUNICADO No. 8
ONU rechaza amenazas de paramilitares contra corresponsal del Miami Herald en Colombia
14/6/2007
Las amenazas de presuntos paramilitares contra el periodista colombiano Gonzalo Guillén, quien trabaja
como corresponsal del diario norteamericano Miami Herald en Bogotá, llegaron hace diez días a la sede del
periódico en Miami, según confirmó a la agencia AFP el propio comunicador.
Ceso - FIP
La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos expresó su "preocupación" por la
situación de Guillén, y advirtió que todo acto de violencia contra los periodistas "constituye una violación del
derecho fundamental a la libertad de expresión". Añadió que confía en que las autoridades refuercen las
medidas para "proteger la vida y el libre ejercicio periodístico" de Guillén, y en que los culpables sean
condenados.
En un artículo de este viernes en el Herald, Guillén dijo que el jefe paramilitar Vicente Castaño, pedido en
extradición por Estados Unidos, está refugiado en la península de La Guajira (Caribe), "desde donde dirige la
reorganización de decenas de escuadrones de la muerte en todo el país".
Según el reportero, que cita fuentes de inteligencia de las cuales obtuvo una foto de Castaño en esa región
fronteriza con Venezuela, el paramilitar se refugia allí con la presunta "complicidad de agentes de la fuerza
pública".
Castaño está prófugo desde el pasado 16 de agosto, cuando el presidente Álvaro Uribe dio un ultimátum a los
jefes paramilitares para que se sometieran a la justicia, en cumplimiento de los acuerdos firmados en el marco
del proceso de paz que desmovilizó a cerca de 30.000 combatientes de las Autodefensas Unidas de
Colombia. Castaño entró de nuevo a la clandestinidad, tras trascender que había dado la orden de asesinar a
su hermano Carlos Castaño, comandante general de las AUC por sospechar que estaba realizando contactos
con el gobierno norteamericano.
COMUNICADO No. 9
Federación Colombiana de Periodistas rechaza agresión de estudiantes contra el diario El Nuevo Día
14/6/2007
Lo que en principio fue una protesta pacífica de maestros y estudiantes en la ciudad de Ibagué, en el marco
de manifestaciones simultáneas nacionales, degeneró en actos de vandalismo contra la sede del diario El
Nuevo Día.
Cerca del medio día, cuando las movilizaciones de protesta por la ley de transferencia de recursos estatales a
las regiones culminaban en el parque Manuel Murillo Toro, cerca de 200 estudiantes de la Universidad del
Tolima y algunos colegios, se concentraron frente a la sede del diario para calificarlo de “amarillista”, y de
“fascista uribista”.
Entre tanto, impedían la salida de los trabajadores del periódico que se aprestaban a almorzar, para
finalmente lanzar piedras y objetos contundentes contra las instalaciones del diario.
Ante la situación, directivas del medio de comunicación propusieron un espacio de dialogo con la
manifestantes, pero fueron rechazados por los furibundos estudiantes.
Esta fue la segunda agresión que debió padecer El Nuevo Día en sólo una semana. El martes pasado, un
equipo periodístico que cubría la asamblea entre alumnos y autoridades de gobierno, fue abordado de
manera agresiva por los universitarios y obligado a borrar las fotografías que sobre el evento había realizado.
“Este tipo de actos vandálicos, dejan solo un saldo: pérdida de legitimidad del motivo de la protesta, por la
muestra de intolerancia. A esos estudiantes, les recordamos que los periodistas somos simplemente el
mensajero y que muchas veces, son reporteros quienes develan desmanes contra el movimiento estudiantil”,
declaró Eduardo Márquez, presidente de la Federación Colombiana de Periodistas, FECOLPER.
“Ahora bien, eso de exigir borrar fotografías con amenazas, pone a los futuros profesionales al mismo nivel de
los depredadores de la libertad de prensa en Colombia que, haciendo uso de la fuerza, han intentado,
infructuosamente, silenciar las voces que denuncian sus atropellos. Por todas estas razones, rechazamos esa
nueva agresión contra el ejercicio del periodismo y les hacemos un llamado a la reflexión”, concluyó Márquez.
Ceso - FIP
COMUNICADO No. 10
Federación Colombiana de Periodistas lamenta crimen de propietario de la Voz del Cinaruco de
Arauca
15/6/2007
Con varios golpes en la cabeza fue asesinado el empresario Garrid Muñoz Tello, propietario de la Voz del
Cinaruco de Arauca, en la habitación de un hotel de Villavicencio, ciudad donde se realizaba chequeos
médicos previos a una cirugía. La policía capturó a una pareja en el lugar del crimen.
Garrid Muñoz Tello fue el pionero de la radio en el departamento de Arauca, fundador de la emisora la Voz del
Cinaruco hace 38 años. Activista político, fue gerente de las dos campañas electorales del presidente Uribe, y
eje muchas campañas en Arauca.
Respecto a este lamentable hecho, el presidente de la Federación Colombiana de Periodistas declaró: “En
nombre de los colegas agrupados en nuestra organización, enviamos nuestras condolencias a la familia de
don Garrid, en particular a su hijo, el colega Oscar Garrid. También a Carmen Rosa Pabón, José Domingo
Pita, Luis Guedez Gámez, José Antonio Hurtado Zocadaguí y Alirio Javier Riaño, periodistas de la Voz del
Cinaruco, todos miembros de Corporación de Periodistas de Arauca, organización afiliada a la FECOLPER”.
A continuación, el comunicado emitido por la COPAR:
La Corporación de Periodistas de Arauca rechaza el asesinato del pionero de la radio en Arauca
Han tocado las entrañas del pueblo araucano. Le han quitado al pionero de la radio, al más apasionado
radioaficionado que haya llegado a estas tierras, enamorado de su paisaje, de su belleza, de sus ríos, de ese
río que dio origen al nombre de la emisora de sus amores, la Voz del Cinaruco.
Rechazar este acto cobarde no se lo devolverá a su familia de sangre, a su familia de corazón los
trabajadores de su emisora, ni mucho menos a su familia del pueblo araucano que escuchaba desde sus
casas, como cada mañana su nombre era recordado en la emisión matutina del noticiero de su casa radial.
Cada nuevo día, era saludado el gerente general de la Voz del Cinaruco, el señor Garrid Muñoz Tello.
No se lo devolverá a su gente, pero si esperamos ahondar en la conciencia de la gente de bien sobre la
necesidad de respetar por sobre todas las cosas el derecho a la vida y a la expresión. También esperamos
ahondar en la conciencia de quienes cegaron su vida para que entiendan de una vez, que las armas no
pueden seguir siendo el instrumento para imponer criterios y para hacerse notar.
La única arma que tenía Don Garrid, era la inteligencia y decisión que lo llevó a creer en Arauca hace cerca
de cuatro décadas, para fundar la emisora del pueblo araucano, en medio de la inmensidad de esta llanura a
la que dedicó sus mejores años. Con la muerte del señor Muñoz Tello, se atentó profundamente contra la
libertad de expresión en el Departamento, contra esa libertad que tanto se empeñó en defender a costa de
toda circunstancia en la reciente historia araucana.
La Corporación de Periodistas de Arauca, repudia este aleve crimen, y hace un llamado a la cordura, a la
solidaridad y al respeto del derecho que tienen todos los ciudadanos a opinar y expresarse libremente, y por
supuesto al derecho a la vida.
Paz en la tumba de Don Garrid Muñoz Tello.
Arauca, junio 15 del 2007
COMUNICADO No. 11
Policía arremete contra reportero gráfico en Sincelejo, Sucre
27/6/2007
Ceso - FIP
Cuando cubría la protesta de transportadores de la sabana que rechazan la construcción de un peaje en la
vía Sincelejo- Corozal, el fotógrafo del diario El Universal de Sincelejo, Manuel Santiago Pérez, fue agredido,
de manera deliberada, por la policía.
El colega tuvo que ser internado en la Clínica Las Peñitas de Sincelejo, debido a contusiones producidas por
los golpes de los uniformados, y por problemas en el rostro y los ojos debido a gas lacrimógeno y pimienta.
Habrían pasado unos 20 minutos desde que un grupo de periodistas había iniciado el cubrimiento de la
protesta, cuando se produjo una escaramuza entre policías y transportadores. El colega Manuel Santiago se
adelantó para fotografiar el incidente, pero inmediatamente fue atacado por un grupo de uniformados que, con
aerosoles y golpes de bolillo, intentaron impedir las gráficas.
Inmediatamente, el colega fue auxiliado por el periodista José Javier Sarmiento, también de El Universal,
quien además elevó su protesta ante el coronel Carlos Pineda -tercero al mando de la institución en Sucre-,
quien diera la orden del ataque y jefe del operativo en el que participaron cerca de treinta policías.
“De nuevo y por enésima vez, nos enfrentamos a la violencia policial en un fallido intento por silenciar a la
prensa”, comentó Eduardo Márquez, Presidente de La Federación Colombiana de Periodistas. “En nombre de
la Federación, rechazamos esta agresión contra el colega Manuel Santiago Pérez, y anunciamos que
presentaremos nuestra queja ante las autoridades competentes; quien ataca a un periodista, viola el derecho
ciudadano a la información, por lo tanto debe ser sancionado de manera ejemplar”, concluyó.
COMUNICADO No. 12
Dos paramilitares condenados por homicidio de periodista colombiano
23/2/2007
A 16 años de cárcel, fueron condenados, ayer 22 de febrero, los dos criminales del periodista Santiago
Rodríguez Villalba, según fallo del Juzgado Segundo del Circuito de Sincelejo.
El colega fue asesinado el 19 de febrero de 1997 en el barrio Los Tejares de Sincelejo, Sucre, al norte de
Colombia, cuando trabajaba como Jefe de Divulgación y Prensa de la Corporación Autónoma Regional de
Sucre, CarSucre, y como periodista del espacio radial “Contra Ataque”, donde fustigó a los corruptos de la
región costeña. El colega también había sido concejal y secretario de Gobierno de Sincelejo.
Los sujetos, identificados como Juan Carlos García Lidueña, alias “Deivis Enrique Rivera”, y Enrique Salcedo
Rivera, hacían parte de un grupo paramilitar de extrema derecha que azotó la región, y cuyas secuelas aún
padecen los reporteros de esa zona del país.
El fiscal de la Unidad Nacional de Derechos Humanos y DIH a cargo de la investigación, recaudó las
evidencias que inculparon a los responsables del crimen.
Una de las pruebas que orientó la investigación de la Fiscalía, fue el testimonio del hijo del periodista quien
explicó que, antes del crimen, había hablado, en una reunión, con el sicario. Por eso puedo reconocerlo al
momento del atentado, en la puerta de la residencia familiar.
“Aunque siempre lamentaremos la muerte de nuestros colegas, es una buena noticia, que en país como el
nuestro -donde han caído cerca de 150 periodistas y sobran los dedos de la mano para contar los fallos
condenatorios contra criminales-, sean llevados a prisión dos asesinos”, declaro Eduardo Márquez, director
del Centro de Solidaridad de la Federación Internacional de Periodistas. “Desde las organizaciones de
periodistas, solo esperamos que la voluntad y el valor mostrados, tanto del fiscal como del juez, sea imitados
por lo demás miembros de la rama judicial, para bien de nuestra frágil democracia”.
COMUNICADO No. 13
Federación Colombiana de Periodistas celebra cambio de actitud de Alcaldía de Santa Marta
Ceso - FIP
25/5/2007
Lo que en un comienzo fue la repetición del veto del Alcalde de Santa Marta a los periodistas de Radio
Magdalena, terminó siendo una rectificación de actitud que beneficia a libertad de prensa y, por lo tanto, a
toda la ciudadanía de la ciudad costera.
En la mañana del jueves 25 de mayo, la Alcaldía de Santa Marta, convocó a una rueda de prensa. Cuando los
periodistas ingresaban al lugar, Jader Camacho, secretario del burgomaestre y Asesor de Agenda
Estratégica, detuvo al periodista José Domingo López, de Radio Magdalena -afiliada a la cadena Caracol-,
con la siguiente frase: "Aquí no hay noticias para ti; no hay noticias para Radio Magdalena".
El periodista, entonces, tuvo que quedarse en la sala de espera. Después de un tiempo prudencial se regresó
a la emisora, donde recibió una llamada. Era la jefa de Protocolo de la Alcaldía, Doly Solórzano, quien
presentó disculpas al colega y explicó que Camacho no cumplía órdenes del Alcalde cuando fue vetado por
segunda vez. Finalmente le dijo que la Alcaldía había llamado la atención al funcionario.
“En nombre de la Federación Colombiana de Periodistas, FECOLPER, quiero decirle al Alcalde de Santa
Marta, José Francisco Zuñiga Riascos, que celebramos el cambio de actitud de su administración frente a los
colegas de Radio Magdalena”, dijo Eduardo Márquez, presidente de la Federación. “Con ese gesto, además
de dar un ejemplo de civilidad, usted ha señalado el camino que deben seguir las relaciones
entre la prensa y los funcionarios públicos”.
COMUNICADOS EMITIDOS POR EL CENTRO DE SOLIDARIDAD DE LA FEDERACIÓN INTERNACIONAL
DE PERIODISTAS (CESO-FIP)
Ceso - FIP
SEGUNDO SEMESTRE DE 2007
Comunicado No. 1
Federación Colombiana de Periodistas condena agresiones de particulares contra periodistas
Julio 10 de 2007
Los colegas Javier Manjarres Ramos de Barranquilla, Atlántico, y William Montesinos de Barrancabermeja,
Santander, fueron agredidos por particulares violentos e intolerantes, mientras realizaban cubrimientos
periodísticos, el pasado 4 de julio.
El periodista Manjarres, director del Magazín de la Noche emitido por Emisoras Unidas de la Cadena Radial
La Libertad, fue atacado por una fanática del Movimiento Ciudadano, a la salida de una rueda de prensa
convocada por el presidente del Polo Democrático Alternativo, Carlos Gaviria.
La iracunda militante increpó al periodista, a la salida del Hotel El Prado, reclamándole sus preguntas sobre
investigaciones y denuncias por corrupción contra el ex sacerdote y ex alcalde de la ciudad, Bernardo Hoyos,
líder del Movimiento, hoy parte del PDA. A los reclamos se sumaron otros militantes que empujaron y
golpearon al colega, quien terminó en el piso sin sentido y con varias contusiones.
Por su parte la Corporación de Periodistas de Barrancabermeja y Magdalena Medio, CORPEMAG, denunció
que el colega William Montesinos de Enlace Televisión, fue agredido e insultado por varios mototaxistas a la
salida del canal, tras entrevistar al Director de Tránsito, a quien había preguntado sobre un decreto que
impuso restricciones a quienes transportan pasajeros en sus motocicletas, hecho que ha generado disturbios
en el puerto petrolero.
No contentos con este ataque contra la libertad de prensa, una hora más tarde, cuando el colega Montesinos
salía de las instalaciones de la alcaldía, nuevamente fue agredido por varios desconocidos motorizados que le
lanzaron piedras, harina y agua.
“Es tal el ambiente general de intolerancia en Colombia, que las rutinarias preguntas de un periodista, lo
pueden convertir en objeto de agresión de particulares fanáticos que deberían estar tras las rejas”, comentó
Eduardo Márquez, presidente de la Federación Colombiana de Periodistas FECOLPER.
“A los dirigentes del Polo Democrático en Barranquilla, les hacemos un llamado para que expulsen
públicamente de su filas a los agresores, si no quieren ser objeto de un veto periodístico como respuesta a la
agresión; ya lo colegas de la costa atlántica están contemplando la posibilidad de negarse a participar en
ruedas de prensa con presencia de militantes. Y a los mototaxistas de Barranca, solo queremos recordarles
que los periodistas no redactamos decretos sino noticias; pero también que, si insisten en agredirnos, solo
conseguirán que cerremos filas en nuestra defensa, armados de la palabra, nuestra herramienta de trabajo”,
concluyó Márquez.
Comunicado No. 2
FECOLPER: Agredidos periodistas en Barrancabermeja y Barranquilla durante nueva ola de
intolerancia
Agosto 6 de 2007
Ceso - FIP
Cuatro colegas de Barrancabermeja que cubrían una manifestación de los comerciantes del puerto petrolero,
y un grupo de de periodistas de Barranquilla que intentaron cubrir una protesta de los trabajadores de la
salud, fueron agredidos física y verbalmente, el pasado jueves 2 de agosto.
En el primer caso, los protagonistas de la intolerancia contra la prensa fueron miembros del Escuadrón Móvil
Antidisturbios ESMAD que, como ya se ha vuelto costumbre, arremetieron contra los colegas Mónica Arcella –
Directora del medio local de televisión Enlace Noticias; Ademir Luna – Comunicador Social del Observatorio
de Paz Integral y los reporteros gráficos Adriano Contreras y Francisco Bayona.
En Barranquilla, los colegas que cubren alcaldía fueron agredidos verbalmente e impedidos a trabajar por
parte de miembros del sindicato de trabajadores de la salud ANTHOC, que no contentos con el bloqueo que
realizaron en el piso 8, declararon a los periodistas como enemigos.
“Es una trágica coincidencia que en menos de un mes, simultáneamente, en Barrancabermeja y Barranquilla,
los intolerantes se ensañaron contra colegas que intentaban cumplir con su obligación de informar a la
ciudadanía”, comentó Eduardo Márquez, presidente de la Federación Colombiana de Periodistas,
FECOLPER.
“Pero a esto tenemos que ponerle fin. Los periodistas somos uno de los puntales de cualquier sociedad
democrática. Gracias a la información que recogemos y difundimos, los ciudadanos toman buena parte de sus
decisiones. Agredirnos es atacar a la sociedad, es menoscabar la democracia. Así es que en cuanto al
ESMAD, presentaremos nuestra queja ante la Procuraduría General de la Nación , pues la policía esta en la
obligación de garantizar el cubrimiento periodístico. Y con relación a los sindicalistas de ANTOCH, la
Federación Colombiana de Periodistas respalda la propuesta de vetarlos informativamente hasta tanto no
rediman públicamente su agresión, y así lo hace saber a sus afiliados”.
Comunicado No. 3
FECOLPER condena arremetida de las FARC contra prensa araucana
Agosto de 2007
En las ultimas horas, los medios de comunicación del departamento de Arauca, han recibido presiones del X
Frente de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, organización ilegal que exige la lectura
de panfletos de su organización o, de lo contrario, anuncia declararlos objetivo militar. El departamento de
Arauca, a 746 kilómetros al nororiente de Bogotá, tiene límites con la República Bolivariana de Venezuela.
El pasado 7 de Agosto, a las 11:34 de la mañana, en la Voz del Cinaruco recibieron un fax firmado por el X
Frente “Guadalupe Salcedo”, Bloque Oriental de las FARC, en el que declaran lo que llaman “paro armado” a
partir de las 00 horas de ese mismo día, en todo el territorio del departamento de Arauca y donde prohíben el
transito a cualquier vehículo. En el panfleto, los guerrilleros le exigen a los directivos de la emisora la lectura
de comunicados en tres noticieros, durante dos días, con una fatal advertencia: “Si no obedecen esta orden,
serán declarados objetivo militar”.
Las comunicaciones hacen referencia a los 17 años de la muerte del dirigente de esa organización armada,
Jacobo Arenas, bajo el titulo “Una vida forjando la Patria Socialista”, y critican la política de seguridad
democrática del presidente Álvaro Uribe Vélez, así como lo que califican de infiltración en el Ejército de
Liberación Nacional, ELN, - la otra guerrilla presente en el departamento -, y el desplazamiento en zona rural
de los municipios de Tame, Fortul y Arauquita.
Ceso - FIP
Antes de presentar la información sobre el tema, las estaciones radiales La Voz del Cinaruco y La Voz del Río
Arauca, aclararon a sus oyentes la advertencia hecha por el grupo guerrillero. Por su parte Álvaro Pérez
García, director de la Emisora Meridiano 70, en su comentario matutino, confrontó a las FARC, argumentando
su decisión de no dar a conocer el texto de los panfletos y criticando su contenido. Es necesario recordar que
dos colegas de esta emisora han sido asesinados por su labor periodística: Efraín Alberto Varela Noriega
(2002) y Luís Fernando Alfonso Parada (2003).
En Saravena, el día de ayer, en horas de la mañana, colegas de la emisora Sarare Estéreo, recibieron varias
llamadas telefónicas de un sujeto que se identificó como vocero de las FARC, quien exigió la lectura completa
de los panfletos, con la amenaza de “atenerse a las consecuencias”, en caso de no hacerlo.
“De manera vehemente condenamos esta arremetida autoritaria de la guerrilla contra el libre ejercicio del
periodismo. Cuando un grupo armado se cree con el derecho de amedrentar a un periodista, lo hace bajo la
creencia de que la razón proviene de las armas; para los periodistas, la razón proviene exclusivamente de la
verdad y nuestro único poder, es la palabra. Informamos a la sociedad, atenazados por deplorables
condiciones laborales, presiones políticas inimaginables y por la acción de intolerantes que enarbolan todo
tipo de ideologías. Por lo tanto, nos declaramos alzados en palabras contra quien nos conmine a informar
mediante el chantaje”, comentó Eduardo Márquez, presidente de la Federación Colombiana de Periodistas,
FECOLPER. Luego concluyó: “A los colegas de Arauca les decimos que no están solos: cuentan con el apoyo
de nuestros más de 1.000 afiliados en todo el país y de los 600.000 colegas miembros de la Federación
Internacional de Periodistas en el mundo”.
Comunicado No. 4
FIP hace llamado al gobierno colombiano a proteger a los periodistas amenazados por la guerrilla
Agosto 14 de 2007
La Federación Internacional de Periodistas, FIP, condenó la nueva campaña de intimidación de la guerrilla de
extrema izquierda en Colombia que amenaza con violencia a estaciones radiales que no transmitan su
propaganda. La FIP reitera que el gobierno debe hacer más para proteger a los periodistas convertidos en
objetivo por el grupo armado ilegal.
“Los periodistas enfrentan una violencia aterradora en Colombia, por lo tanto el gobierno debe concretar
promesas sólidas para protegerlos”, dijo el Secretario General de la FIP, Aidan White. “Mientras los medios de
comunicación son intimidados por grupos armados para que transmitan mensajes políticos con amenazas a la
seguridad de los empleados, la libertad de prensa no podrá existir. El gobierno debe intervenir urgentemente”.
La semana pasada, tres emisoras en Arauca recibieron la orden de leer un panfleto del Frente X de las
Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, organización armada ilegal, o de lo contrario, serían
declarados objetivo militar.
La FIP, organización que representa a más de 600.000 periodistas en 115 países en el mundo, respalda a la
Corporación de Periodistas de Arauca, COPAR, organización regional de periodistas, y a la organización
nacional, la Federación Colombiana de Periodistas, FECOLPER, en su lucha contra esta intimidación.
“Hacemos un llamado al gobierno a ofrecer una verdadera protección a los periodistas que encaran esta
amenaza armada”, afirmó White. “A menudo, los periodistas quedan bajo presión de un bando u otro, pero
jamás deben ser declarados objetivos militares”.
Ceso - FIP
La ley internacional reconoce el estatus de civil de los periodistas en zonas de conflicto armado, y la
Resolución 1738 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, señala que los responsables de asesinar a
periodistas en conflicto armado pueden ser juzgados por crímenes de guerra.
Las estaciones de radio araucanas que transmitieron el panfleto, advirtieron a su audiencia, de ante mano, la
amenaza hecha por el grupo armado. Pero el director de la emisora Meridiano 70 dio a conocer su decisión
de no reproducir el texto del panfleto y criticó su contenido. Dos colegas de Meridiano 70 han sido asesinados
en los últimos cuatro años por su labor periodística. Otra estación, Sararé Estéreo, recibió llamadas
telefónicas de un hombre que se identificó como vocero de las FARC y exigió la lectura completa del panfleto
o la estación tendría que “atenerse a las consecuencias”.
“De manera vehemente condenamos esta arremetida autoritaria de la guerrilla contra el libre ejercicio del
periodismo”, comentó Eduardo Márquez, Presidente de la Federación Colombiana de Periodistas,
FECOLPER y Director del Centro de Solidaridad de la FIP en Colombia. “A los colegas de Arauca les decimos
que no están solos: cuentan con el apoyo de nuestros más de 1.000 afiliados en todo el país y de los 600.000
colegas miembros de la Federación Internacional de Periodistas en el mundo”, afirmó Márquez.
Comunicado No. 5
Decepción en FECOLPER por postura gubernamental ante agresión en Arauca
Agosto 14 de 2007
En declaraciones dadas al programa La Noche de RCN TV, el Vicepresidente de la República, Francisco
Santos, aseguró que los periodistas que habían emitido el panfleto de las FARC habían incurrido en apología
al delito. Y ante la replica del periodista de Sarare Esteréo, Emiro Goyeneche, sobre lo fácil que resulta hacer
sindicaciones desde Bogotá, el alto funcionario le respondió que si no estaba dispuesto a enfrentar la
amenaza terrorista, lo mejor era que dejara el periodismo.
Al respecto, se pronunció Eduardo Márquez, Presidente de la Federación Colombiana de Periodistas: “Al
Vicepresidente quiero repetirle lo que dije en el mismo programa y no salió al aire: la razón de ser del Estado,
en una sociedad democrática, es la de garantizar la vida, honra y bienes de los ciudadanos. Cuando el
gobierno incumple con este mandato, deja a los periodistas expuestos a las presiones de los grupos armados
ilegales. Ahora bien, con sus declaraciones, lo que hizo fue dejar a los colegas de Arauca entre la espada y la
pared: de un lado los fusiles de las FARC y del otro, la justicia por una supuesta apología al delito. Señalar a
colegas amenazados, es caer en la trampa de cortarle la cabeza al mensajero”.
Finalmente, el dirigente de FECOLPER, comentó: “En la entrevista, el Vicepresidente también aseguró que
enviaría funcionarios con poder de decisión. La promesa quedó convertida en una misión de segundo orden,
encabezada por una funcionaria del Ministerio del Interior que no dudamos dará una respuesta positiva, pero
una vez sean cumplidos los largos y desidiosos procedimientos extendidos en el particular tiempo de la
burocracia. Como la situación es de emergencia, lo que pedimos es su presencia en Arauca, por la dignidad
de su cargo y por su condición de periodista víctima de intolerantes, para que se tomen decisiones
estructurales que permitan no solamente el ejercicio de la libertad de prensa, sino el ejercicio de los derechos
ciudadanos amenazados por la proximidad de las elecciones”.
Comunicado No. 6
FECOLPER denuncia cobarde agresión policial contra periodista en Cartago, Valle
Agosto 17 de 2007
Ceso - FIP
Un escuadrón de la policía conformado por 9 policías, le dio una golpiza al periodista y camarógrafo Juan
Alonso Restrepo Vejarano, a la 1 de la mañana de hoy, tras salir de los estudios del Canal de Televisión CNC,
en la ciudad de Cartago, a aproximadamente 400 kms al suroccidente de Bogotá.
Según lo explicado por el colega a FECOLPER, al girar en una esquina, en un lugar oscuro de la Avenida 5
de Cartago, sintieron unos fuertes golpes contra el carro, que conducía, lo que alarmó a sus ocupantes.
Además de la esposa de Juan Alonso, quien se encuentra en estado de embarazo, en el carro se movilizaban
los periodistas Andrés Bolívar y Jeivan Andrés.
El colega paró a los tres metros, pero al ver unas sombras que se abalanzaban contra ellos, continuó su
camino y unas cuadras más adelante, en un lugar que contaba con alumbrado público y movimiento de
personas, se detuvo, al percatarse que un grupo de agentes de policía corría tras ellos.
Pero los uniformados lo sacaron violentamente del carro y lo golpearon en la cabeza con la cacha de un arma
corta. “Les dije que respetaran, que éramos de la prensa y no me atendieron el llamado", explicó el colega.
Luego lo hicieron tirar al piso con las manos en la cabeza e iniciaron, nueve de ellos, la golpiza, frente a su
esposa y los dos sorprendidos colegas, quienes intentaron hacer imágenes del atropello pero fueron
amenazados con el cañón de varias armas.
Luego de la cobarde golpiza, los agentes emprendieron su furia contra el carro del comunicador con
puntapiés y con otros elementos. El periodista fue esposado y conducido a los calabozos de la estación de
policía, de donde fue liberado en las horas de la mañana.
“Esta agresión no se justifica en un Estado Social de Derecho que tiene la obligación de proteger la integridad
física de sus ciudadanos”, señaló en un comunicado el Circulo de Periodistas de Cartago, organización
adscrita a la Federación Colombiana de Periodistas, FECOLPER.
Por su parte, el presidente de FECOLPER, además de condenar este nuevo acto de violencia policial contra
la prensa, señaló: “Resulta muy extraño que un grupo de policías se embosque en un calle oscura, sin ningún
tipo de señal que indique la presencia de un retén legal. De todas formas, nada justifica que, posteriormente,
varios de los uniformados la emprendan a golpes contra un ciudadano que resultó ser un periodista. Sabemos
que el colega está presentando su queja ante las autoridades, pero FECOLPER igualmente elevará una
denuncia ante la Procuraduría General de la Nación para que sea sancionado este abuso de autoridad, que
no puede repetirse nunca más”.
Comunicado No. 7
Alerta: FECOLPER rechaza atentado contra la prensa en Quindío
Hacia las tres y cinco de la tarde del viernes 7 de septiembre, un equipo de reporteros de CNC Noticias,
programadora adscrita a Cable Unión de Occidente, fue baleado en el barrio Las Colinas, hacia el sur de la
ciudad de Armenia, departamento del Quindío, cuando se disponía a realizar un trabajo periodístico sobre las
necesidades de la comunidad.
Según los colegas atacados, dos sujetos en una bicicleta portando armas de fabricación casera, se
atravesaron, dispararon contra el automóvil en el que se trasladaba el equipo de trabajadores de la prensa y
Ceso - FIP
emprendieron la huida. De inmediato, los comunicadores buscaron refugio y esperaron la llegada de la policía
para retirarse del lugar. Los colegas resultaron ilesos.
Carlos Alberto Arturo Martinez, Gerente del Canal CNC Noticias, confirmó que Mario Fernando García Mora y
Pedro Pablo Gordillo, reportero y periodista del canal CNC Noticias se encontraban en el vehículo.
“Es una lastima que las comunidades no entiendan la función social que emana de la constitución política de
Colombia y nos agredan de todas las formas posibles, tratando de menguar nuestro compromiso con la
información y la verdad", manifestó Edgar Torres Sótelo, vocero de la Asociación de Periodistas de Quindío,
ASOPEQ.
FECOLPER respalda el rechazo de ASOPEQ a este nuevo ataque contra la libertad de prensa, en menos de
una semana de agresiones reportadas en diferentes ciudades del país, y su llamado a los violentos a que
rectifiquen su conducta y papel en la sociedad.
"Nos sorprende que la delincuencia común ataque a los periodistas. Solicitamos a las autoridades realizar
operativos de inmediato para capturar a los responsables. Si permitimos que ocurran estos atentados contra
la prensa, tendremos su réplica en diferentes partes del país", afirmó Eduardo Márquez, Presidente de
FECOLPER y Director del Centro de Solidaridad de la Federación Internacional de Periodistas, CESO FIP.
Comunicado No. 8
Alerta FECOLPER: Simpatizantes de partido político agreden a camarógrafo en Quindío, Colombia
El pasado miércoles, 19 de septiembre, Lisbey Aguilar López, camarógrafo de CNC de Cable Unión de
Occidente y Cacique Televisión, fue víctima de agresiones por parte de simpatizantes del grupo político MIRA,
durante un evento del candidato a la alcaldía del Partido de la U y Cambio Radical, Juan Carlos Giraldo, en un
populoso sector de Calarcá, Quindío.
Lisbey preparaba material gráfico sobre las campañas, de cara a las elecciones del mes de octubre cuando
una muchedumbre seguidora del partido MIRA, llegó a las instalaciones del encuentro y liderada por una
mujer, cercaron al periodista con la intención de dañar el equipo de trabajo.
Al respecto, la Asociación de Periodistas del Quindío -ASOPEQ, por intermedio de su Secretario General y
vocal suplente en la Federación Colombiana Periodistas –FECOLPER-, Edgar Augusto Torres Sotelo,
manifestó extrañeza ante la conducta de los simpatizantes del MIRA, que promulgan las buenas costumbres y
la no violencia.
“No entendemos cómo estos ciudadanos atentan contra la libertad de prensa y la libre opinión, vulnerando los
derechos fundamentales que dicen defender”, afirmó Torres.
“El ejercicio de los derechos políticos implica también el acatamiento de unos deberes. No es saludable para
la democracia atentar contra la libertad de prensa mientras se abandera una propuesta política. Si desde las
iniciativas electorales se atenta contra el ejercicio de una prensa libre, vendrá un panorama aún más oscuro
cuando los agresores de hoy o sus voceros lleguen a ocupar cargos públicos”, advirtió Andrés Monroy, asesor
jurídico del Centro de Solidaridad de la Federación Internacional de Periodistas, CESO FIP y Federación
Colombiana de Periodistas, FECOLPER.
Ceso - FIP
La Relatoría Especial de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha manifestado que: “Sin una
efectiva libertad de expresión, la democracia se desvanece, el pluralismo y la tolerancia empiezan a
quebrantarse, los mecanismos de control y denuncia ciudadana se comienzan a tornar inoperantes y, en
definitiva, se crea el campo fértil para que sistemas autoritarios se arraiguen en la sociedad” (Organización de
los Estados Americanos. Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Relatoría para la Libertad de
Expresión. Impunidad, Autocensura y Conflicto Armado Interno: Análisis de la Situación de la Libertad de
Expresión en Colombia OEA/Ser.L/V/II Doc. 51 31 agosto 2005).
FECOLPER hace un llamado a la Senadora Alexandra Moreno Piraquive, Presidenta del Movimiento Político
MIRA y a todos los dirigentes políticos a orientar a sus simpatizantes para que no se repitan hechos que no
contribuyen al debate ideológico, propio de un Estado Social de Derecho.
“Sólo, demostrando decencia, ética y haciéndose conocedores realmente de los derechos fundamentales,
tendrán el favor del pueblo”, concluyó Torres Sotelo.
Comunicado No. 9
PRESIDENTE URIBE AUMENTA RIESGO DE PERIODISTA Y DOS REPORTEROS ATACADOS EN
CÓRDOBA
Octubre 3 de 2007
Declaraciones del Presidente Uribe aumentan riesgo de periodista amenazado, y grupo de militantes políticos
golpean a dos reporteros en Córdoba
Durante declaraciones a varias emisoras a donde el propio Presidente Álvaro Uribe llamó el día de ayer,
acusó al periodista Gonzalo Guillén, de tener una carrera dedicada a la difamación y a la calumnia, haciendo
referencia al libro “Amando a Pablo, odiando a Escobar” de la ex presentadora Virginia Vallejo. Al otro lado de
la geografía nacional en Chinú, Córdoba, 807 kilómetros al norte de Bogotá, Milton Otero Martínez, director de
El Observador, y el camarógrafo Julio Daniel Otero Jaramillo, fueron atacados a golpes por un grupo de
aproximadamente diez sujetos de Colombia Democrática.
El Presidente Uribe negó, de manera enfática, que hubiera sido amigo del tristemente célebre narcotraficante
Pablo Escobar, como se asegura en el libro. En uno de los capítulos, la ex presentadora y amante del capo
del cartel de Medellín, dice haber conocido al hoy primer mandatario, gracias a que Escobar se lo presentó
asegurando que era uno de sus políticos protegidos.
Por su parte Guillen, corresponsal del Nuevo Herald, aseguró que nada tuvo que ver con ese libro y anunció
que demandará al Presidente por los delitos de injuria y calumnia. Gracias a una filtración de información,
recientemente fue conjurado un posible atentado contra el periodista, quien, en este momento, cuenta con un
esquema de protección.
Con relación a la agresión contra los reporteros de Chinú, Milton Otero explicó que la gavilla que los golpeó
en cara y cabeza, estaba liderada por el docente oficial Rafael Figueroa Flórez y el ex alcalde José Betín
Figueroa. El colega Otero atribuyó la agresión a la investigación que adelanta sobre la candidatura a la
alcaldía de Luis Álvarez Amariz y su relación con el senador Reginaldo Montes, hoy detenido por sus vínculos
con grupos paramilitares de extrema derecha.
El pasado 14 de septiembre, seguidores de Álvarez Amariz, le raparon una cámara digital a Julio Daniel
Ceso - FIP
Otero. Al otro día, el propio candidato le devolvió la cámara con unas disculpas, pero con la memoria borrada.
El material destruido hacía parte de la edición No 13 de El Observador, periódico quincenal fundado hace tres
años.
“Hacemos un llamado al presidente Uribe para que atempere su lenguaje cuando se trata de la prensa; no es
la primera vez que sindica a un periodista de hechos falsos o inexactos. Si está inconforme con las
afirmaciones hechas en ese libro, lo mas lógico es que acuda a la justicia y no a una practica propia de
francotiradores verbales”, comentó Eduardo Márquez, Presidente de la Federación Colombiana de
Periodistas, FECOLPER.
Con relación a la agresión en Chinú, Córdoba, Márquez dijo: “Ya iniciamos acciones para que los agresores
sean sancionados con el rigor de la ley, sin embargo hacemos un llamado a las autoridades para que ayuden
a evitar este tipo de ataques contra la libertad de prensa, lamentablemente muy frecuentes durante esta
campaña electoral”.
Comunicado No. 10
Atacado periodista dentro de la cabina de Ecos del Combeima
Octubre 9 de 2007
Alvaro Murillo, periodista del espacio radial “Democracia en Acción”, que se emite a través de Ecos de
Combeima, en Ibagué, Tolima, 213 kilómetros al sur occidente de Bogotá, quedó lesionado en el rostro, tras
un ataque de un fanático político que logró colarse en la propia cabina de grabación, el día de ayer.
En momentos en que el colega anunciaba un corte comercial, en el programa de corte partidista liberal, el
sujeto Miller Oliveros se abalanzó a golpes sobre el periodista y le produjo contusiones que le significaron 10
días de incapacidad, y tres puntos en el párpado izquierdo. Tras la agresión, el delincuente se dio a la fuga.
Según explicó el colega, el atacante ingresó a la estación radial, asegurando que debía entregar unos
documentos de importancia, al arrendatario de “Democracia en Acción”, Gustavo Ramos. Sobre la militancia
del agresor, quienes lo conocen aseguran que ronda varias sedes de campaña, distintas a las del partido
liberal.
“Dado que está identificado el atacante, le pedimos a las autoridades el Tolima que lo capturen, apoyados en
la denuncia puesta en la Fiscalía seccional 24 de Ibagué”, solicitó Eduardo Márquez, Presidente de la
Federación Colombiana de Periodistas, FECOLPER.
Luego agregó: “La impunidad en los casos de agresiones contra periodistas, son un evidente incentivo para
todos los intolerantes. Casos como el que se produjo el viernes pasado, cuando un juez dejó en libertad al
asesino de Orlando Sierra, subdirector del diario La patria, no solo nos llena de indignación, sino que alejan la
posibilidad de llegar hasta los autores intelectuales, en este caso, un reconocido y corrupto político del
departamento de Caldas”.
Comunicado No. 11
FECOLPER: otro periodista se ve obligado a salir de Colombia; dos meses del cierre de emisora
Octubre 23 de 2007
Ceso - FIP
Por considerar peligroso el ambiente político contra el periodismo a partir de reiteradas declaraciones del
presidente Álvaro Uribe, el periodista Hollman Morris decidió abandonar el país, el día hoy, junto con su
familia. Por otra parte, esta semana se cumplen dos meses del cierre de la emisora Fresno Estéreo, luego
que el director del noticiero, el colega y dirigente periodístico Rodrigo Callejas fuera amenazado por la
guerrilla de las FARC.
Morris, director del suspendido programa televisivo “Contra Vía”, recientemente galardonado con el Premio
Nuevo Periodismo CEMEX-FNPI, recibió la semana pasada, nuevas amenazas en las que lo señalan de anti
patriota y guerrillero. En conversación con el Centro de Solidaridad de la Federación Internacional de
Periodistas, Ceso-FIP manifestó: “Desde hace dos años vengo siendo objeto de amenazas, seguimientos,
deslegitimación y estigmatización de mi trabajo mediante declaraciones del presidente Uribe, interceptación
ilegal de mis teléfonos, y nuevamente amenazas que llegan a mi correo electrónico, sin que los organismos
de seguridad logren determinar el origen”.
Hollman agradeció la seguridad que le presta el DAS, pero hizo una salvedad: “La mayor protección que
pueden recibir los periodistas colombianos es un ambiente de tolerancia y de respeto hacia su trabajo. Las
declaraciones del presidente Uribe deslegitimando nuestra labor –como lo hizo con el director de Noticias 1,
Daniel Coronell, y Gonzalo Guillén, corresponsal del Nuevo Herald- y de la prensa crítica, ha generado un
ambiente en el que se pretende mostrarnos como enemigos del país y, en algunos casos, tratarnos como
delincuentes. Por ello y ante las amenazas directas recibidas precisamente en este momento, tomé la
decisión de salir del país”.
Entre tanto, Rodrigo Callejas, junto con su familia, debe enfrentar una difícil situación económica, luego que
se viera obligado a cerrar el tradicional noticiero que dirigía: “Debate 5” . El informativo, que se emitía de 6:30
a 8:00 a.m. a través de Fresno Estéreo, fue dirigido desde el “exilio” de Fresno -201 kilómetros al sur de
Bogotá-, durante dos meses, desde el 20 de mayo, luego que un sujeto de las Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia, FARC, quien se identificó como comandante Luís Alfonso, le advirtiera
telefónicamente: “Usted se está metiendo con nuestra gente y por eso se va a morir”.
Pero finalmente Callejas no pudo continuar haciendo informes sin la posibilidad de visitar Fresno -donde vive
su familia-, y sus menguados ingresos le obligaron a despedirse de su audiencia el pasado 5 de agosto.
“Mantener dos casas y dirigir un noticiero desde la distancia es muy difícil, máxime cuando también se es
reportero, vendedor de publicidad y cobrador”, comentó durante una visita a la oficina de Ceso-FIP.
Pero “Debate 5” era el alma informativa y financiera de Fresno Estéreo. Entonces, al poco tiempo, sus
propietarios, las Juntas de Acción Comunal del municipio, tomaron la dolorosa decisión de apagar los
trasmisores, con la esperanza de que ceda la intolerancia guerrillera y Rodrigo pueda, nuevamente, prender
los micrófonos que han escuchado su voz, durante casi dos décadas. Es ese, también, el mayor sueño de
Rodrigo.
“Los casos de Hollman y Rodrigo, muestran de manera fehaciente las condiciones en que los periodistas
colombianos deben informar a la sociedad”, comentó Eduardo Márquez, presidente de la Federación
Colombiana de Periodistas, FECOLPER. “Si no es la guerrilla, son los paramilitares; si no es la delincuencia
común, es un corrupto de cuello blanco; si no es la mafia del narcotráfico, es el propio Presidente de la
República ; todos, casi al unísono, entorpeciendo el derecho ciudadano a una información veráz. Todos,
señalando a la prensa como el enemigo, cuando es su propia intolerancia el cáncer que corroe a nuestra
democracia”.
Ceso - FIP
Comunicado No. 12
Gobierno Nacional limita información sobre orden público el día de elecciones
Octubre 24 de 2007
Debido a las perturbaciones del proceso electoral, el gobierno nacional expidió, el pasado 12 de octubre, el
Decreto 3950 para “conservar el orden público”, donde ordena a los medios de comunicación transmitir
únicamente información confirmada por fuentes oficiales, el día de las elecciones.
A menos de una semana de la decisiva jornada, el asesor jurídico del Centro de Solidaridad de la Federación
Internacional de Periodistas, CESO FIP, alerta sobre la injustificada restricción a la información, que a la luz
de la jurisprudencia, puede constituir censura previa, expresamente prohibida por el artículo 20 de la
Constitución Nacional.
El Gobierno Nacional expidió el Decreto 3950 del 12 de octubre de 2007, que contiene medidas especiales de
orden público para el 28 de octubre, día en que se celebrarán las elecciones locales.
El artículo 8 de este Decreto 3950 dispone que: “En materia de orden público, los medios de comunicación
transmitirán el día de las elecciones, únicamente las informaciones confirmadas por fuentes oficiales”.
Los siguientes son los argumentos por los que puede considerarse esta medida como una restricción
injustificada a la libertad de prensa, constitutiva de censura previa:
1. Las medidas adoptadas mediante el Decreto 3950 de 2007 se adoptan con el fin de conservar el orden
público. Al buscar “conservar” el orden público, se entiende que hay un estado de normalidad vigente con el
pleno ejercicio de derechos, entre ellos la libertad de prensa. No existen razones justificadas que permitan
concluir que restringiendo la libertad de prensa, se preserve el estado de normalidad que el Gobierno busca
garantizar.
2. Existe un precedente jurisprudencial en el que se consideraron ajustadas a la Constitución unas medidas
que restringían la libertad de información, con el fin de “restablecer el orden público”. En ese caso, existía una
declaratoria previa de Estado de Conmoción Interior. Estos límites deben ser objeto de una interpretación
estrictamente ceñida a las “justas exigencias de una sociedad democrática”. Actualmente no existe ninguna
declaratoria de Estado de Conmoción Interior.
3. En ningún caso es válida una restricción genérica e indeterminada, la cual debe cumplir además con los
requisitos de adecuación, necesidad y proporcionalidad. Aunque puede haber una autorización relativamente
amplia (limitación a la libertad de expresión por razones de seguridad u orden público), también lo es que ella
solamente puede materializarse cuando media otra norma de carácter específico que desarrolla esa
autorización en forma previa, clara y explícita.
En el caso del Decreto 3950 de 2007 no se encuentra una medida previa que realmente justifique la
imposición de límites a la libertad de prensa. Invocar la función constitucional del Presidente de la República
de conservar en todo el territorio el orden público[4] no justifica la restricción a la libertad de prensa en los
términos planteados en el Decreto 3950 de 2007, pues no se encuentra la proporcionalidad requerida entre la
restricción y el fin propuesto.
4. Teniendo en cuenta que la noción de orden público es muy amplia, y que con base en esta noción pueden
imponerse restricciones al derecho a la libertad de expresión, “es indispensable que las medidas adoptadas
Ceso - FIP
por el Estado para limitar el ejercicio de la libertad de expresión por motivos de orden público satisfagan
requisitos estrictos que muestren las necesidades de estas medidas”.
5. El artículo 13-3 de la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos establece que no se puede
restringir la libertad de expresión por "medios indirectos, como el abuso de controles oficiales... encaminados
a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones".
6. La prohibición de la censura, y la libertad de prensa, se violan cuando se impone al periodista la obligación
de publicar una información u opinión, del mismo modo que cuando se le impide su difusión. Que la prensa
sea libre no admite interpretación diferente a la que se basa en la real libertad del periodista. Es él quien, bajo
su responsabilidad, debe decidir qué publica, y cuándo y cómo lo publica[6].
El caso concreto del Decreto 3095 de 2007, se dispone que “En materia de orden público, los medios de
comunicación transmitirán el día de las elecciones, únicamente las informaciones confirmadas por fuentes
oficiales”. Esto quiere decir que la información relacionada con el orden público el día de las elecciones, debe
pasar por un filtro previo, consistente en la confirmación por parte de la fuente oficial.
Al exigirse la confirmación de una fuente oficial para transmitir información sobre orden público, se está
imponiendo una previa evaluación de la autoridad, lo que equivale a la autorización o no de su publicación,
que configura la existencia de una medida de censura sobre la prensa[7].
Comunicado No. 13
FECOLPER ALERTA: Oleada de intolerancia contra periodistas en Colombia
Octubre 26 de 2007
Asesinado reportero gráfico en Cali; obstruyen labor informativa en Granada y Bucaramanga; temerario
señalamiento contra colegas de Cartago.
El reportero gráfico Carlos Alberto Jaramillo y su asistente, fueron acribillados por sicarios en el nororiente de
Cali, durante la mañana del pasado domingo 21. El jueves 18 y el pasado lunes 22, el alcalde de Granada,
Meta, William Reinoso, y el polémico ex senador por Santander, Alberto Gil, respectivamente, obstruyeron el
trabajo informativo de dos colegas. Y en Cartago, Valle, el Representante a la Cámara Luis Carlos Restrepo,
señaló a todos los periodistas de la ciudad como amigos de un sujeto señalado como narcotraficante.
EL CRIMEN DE UN REPORTERO
Cuando el fotógrafo Carlos Alberto Jaramillo, de 50 años, se desplazaba en un vehículo Mazda, en compañía
de su asistente Julio César García, de 43 años, con la intención de cubrir una competencia de ciclismo en
Palmira, fue atacado por sicarios en el barrio Los Alcázares de Cali, el pasado domingo, a las 9:12 a.m.
Jaramillo murió instantáneamente por varios disparos que lo impactaron a la altura del pecho, mientras su
acompañante falleció en el Hospital Joaquín Paz Borrero, a donde fue llevado inmediatamente.
Aunque Carlos Alberto era poco conocido en el gremio de la capital vallecaucana, pues era fotógrafo
independiente, se sabe que trabajó en medios como La Crónica, de Quindío, y como colaborador del diario
Q‟hubo que circula en el departamento del Valle. Igualmente, se supo que realizaba fotografías sociales y de
eventos deportivos.
Ceso - FIP
ESCOLTA DE ALCALDE Y EX SENADOR OBSTRUYEN TRABAJO DE PERIODISTAS
El pasado lunes 22, Abel Zabala Vargas, director del periódico el Ariarense, fue agredido por el escolta del
alcalde de Granada, Meta, y por el patrullero Darwin Piñeros, para impedir que realizara una grabación del
burgomaestre en compañía del candidato a la alcaldía Edilto Triana, quienes, aparentemente, estarían
comprando cemento. Entre tanto el alcalde, William Reinoso, le gritaba palabras soeces al periodista, durante
el incidente que se produjo a las 9:30 a.m., a la altura de carrera 14 entre calles 18 y 19 de ese municipio del
Meta.
El colega sufrió un fuerte arañazo en el cuello y tuvo que permanecer encerrado dentro de un establecimiento
comercial, de donde el escolta -que se encontraba de civil-, no lo dejó salir, pero lo amenazó: “No sabe lo que
le va a pasar ese gran hijo de p…”. Finalmente llegó la policía, pero contrario a lo que se podría esperar en un
Estado de Derecho, los uniformados no reprendieron al agresor, sino que intentaron quitar la cámara al
periodista quien se resistió e impidió ser llevado a la estación.
En carta dirigida a la opinión pública, Abel puntualizó: “Como periodista pongo en conocimiento de la
autoridades que no tengo ningún enemigo; por lo tanto si a mí o a mi familia nos pasa algo, los únicos
responsables son el alcalde William Reinoso y el policía Darwin Moreno (…) Cuando se quiere denunciar, la
misma a policía no deja ejercer el derecho al periodismo porque no me permitieron seguir filmando (…) la
participación en política del alcalde utilizando dineros del Estado”.
Otra obstrucción a la labor periodística fue protagonizada por el ex senador por el departamento de Santander
Luis Alberto Gil Castillo -mencionado la semana anterior entre los congresistas llamados a indagatoria por la
Corte Suprema de Justicia por el escándalo de la llamada “parapolítica”-, el pasado jueves 18, en la ciudad de
Bucaramanga, contra el reportero Pastor Viviescas.
“¡Bandido! ¡Policía! ¡Francotirador!”, fueron las expresiones empleadas por el político cuando el periodista
tomó tres fotografías del ex senador de Convergencia Ciudadana en la marcha realizada ese día en respaldo
al gobernador Hugo Heliodoro Aguilar. Luego levantó su mano derecha para impedir que le siguiera haciendo
fotografías. “Me está confundiendo, yo soy periodista”, le respondió Viviescas.
Sin embargo Gil, acompañado por cuatro escoltas, continuó gritando: “¡Policía! ¡Usté (sic) es un francotirador!
¡Usté (sic) dice mentiras!”. El colega le propuso que le concediera una entrevista para que repitiera lo que
estaba diciendo y que agregara lo que quisiera, pero el sujeto siguió caminando entre sus seguidores,
protegido por sus guardaespaldas.
Pastor Virviescas Gómez, es jefe de redacción del Periódico 15, director de la Oficina de Comunicaciones de
la Universidad Autónoma de Bucaramanga (UNAB) y colaborador de los periódicos Al Día, de San José de
Costa Rica y El Espectador, de Bogotá, donde trabajó como editor internacional y del Tema del Día. Uno de
sus trabajos publicados fue, justamente, la entrevista, en 2006, al entonces senador Luis Alberto Gil, titulada
“3.000 almuerzos para cuántos voticos”, que recibió el Premio Nacional Simón Bolívar de Periodismo en la
categoría de Mejor Entrevista.
AFIRMACIONES TEMERARIAS
Finalmente, el pasado lunes, 22 de octubre, el Representante a la Cámara, Luis Carlos Restrepo Orozco,
afirmó, a través del noticiero Radio Sucesos RCN de Radio Robledo que todos los periodistas del municipio
Ceso - FIP
de Cartago habían sido amigos del ya fallecido Ariel Rodríguez, quien fuera señalado por la autoridades como
narcotraficante.
El Círculo de Periodistas de Cartago rechazó inmediatamente la afirmación, pues considera que estigmatiza
al periodismo cartagueño y lo pone en la picota pública, a pesar de los ingentes esfuerzos que han hecho
muchos colegas contra la perniciosa influencia de ese flagelo que ha conllevado a lamentables episodios de
corrupción gubernamental.
Comunicado No. 14
FECOLPER lamenta crimen de colega en Cartago y rechaza agresiones contra periodistas en dos
ciudades
Octubre 29 de 2007
Producto de varias heridas producidas por arma blanca, falleció el colega Javier Darío Arroyave, en su
apartamento en Cartago, Valle, presumiblemente en la madrugada del día de hoy. Al otro extremo del país, en
la ciudad de Santa Marta, Idinael Fernández, periodista de Radio Galeón, fue amenazado por el presidente de
la Asociación de Abogados de Santa Marta. Igualmente, trascendió que en el puerto petrolero de
Barrancabermeja, dos colegas de la recién inaugurada emisora Antena del Río, fueron conminados a no
emitir cuñas relativas a la defensa de la vida y los derechos humanos, el pasado 24 de agosto.
Un crimen por esclarecer en Cartago
Javier Darío Arroyave, director del programa radial de opinión “¿Cómo les parece?” de Ondas del Valle de
Caracol y corresponsal freelance del diario El Tiempo, fue encontrado muerto por varios vecinos en su
apartamento a las 7 y 30 de la mañana de hoy, debido a tres heridas hechas con arma cortopunzante, sin
que fueran encontrados otros signos de violencia como cerraduras forzadas. De sus pertenencias, solo fue
robado su computador.
Aunque la primera hipótesis de las autoridades apunta a un crimen con móviles de tipo personal, sus colegas
de Cartago no descartan razones de oficio. El colega Arroyave, de 40 años, abordaba temas polémicos en su
espacio radial como la corrupción, el despilfarro de los recursos del Estado y la política regional. Igualmente,
recordaron que había hecho parte del equipo periodístico que denunció la corrupción del polémico anterior
alcalde de la ciudad, Luis Alberto Castro, quien, a la postre fue sancionado con la suspensión de su cargo.
Por este hecho, el alcalde, inicialmente, amenazó con retirar la pauta publicitaria del espacio radial para
buscar su cierre, pero, finalmente, se llegó a un arreglo. De todas formas el espacio salió del aire en mayo del
2005, porque el periodista temía represalias.
Abogado amenaza en Santa Marta
En horas de la mañana de hoy, cuatro individuos, entre ellos el Presidente de la Asociación de Abogados de
Santa Marta, Alfredo Salomón Calván, ingresaron a la emisora Radio Galeón y amenazaron al colega Idinael
Fernández Caballero, responsable de las fuentes judicial y orden público.
En las emisiones de ayer y hoy del Noticiero Radio Periódico Galeón, el periodista informó del proceso penal
iniciado en contra de Salomón Calván, a quien el Juzgado Penal del Circuito 1 de Santa Marta, procesa por el
presunto delito de abuso sexual contra sus dos hijas.
Ceso - FIP
“Fíjate bien en mi rostro y cuando escuches mi nombre, acuérdate de este día”, fueron las palabras de
Calván, reconocido abogado litigante que en el pasado aspiró a cargos públicos. Luego vinieron una serie de
improperios por parte del hermano del abogado, Álvaro, y los otros dos sujetos.
Radio Galeón ha tenido una historia trágica. Además de amenazas de grupos armados al margen de la ley
contra sus periodistas, en repetidas ocasiones, el 29 de diciembre del 2003, su propietario José Luis
Ahumada Hernández, quien es invidente, fue objeto de un frustrado atentado con arma de fuego. Dos años
atrás, el padre de José Luis, Rodrigo Ahumada Bado, periodista y fundador de la emisora, había sido
asesinado cuando adelantaba su campaña como candidato a la Cámara de Representantes. Dos años más
tarde, sicarios dieron muerte a su tío Antonio Ahumada, un conocido educador de la ciudad. El tercer miembro
de la familia asesinado, fue su hermano, Rodrigo Alonso Ahumada Lomanto, en el año 2000 cuando se
desempeñaba como gerente de la emisora.
Antena del Río, objetivo de los intolerantes en Barrancabermeja
Dos periodistas la emisora Antena del Río fueron interceptados en la calle por dos sujetos, quienes los
amenazaron y les advirtieron que el lema de la emisora “no les gustaba”, el pasado 24 de agosto. El slogan
del proyecto radial apoyado por la Unión Europea y desarrollado por la Iglesia Católica y el Programa de
Desarrollo y Paz del Magdalena Medio, es emitido en la apertura diaria de las emisiones: “Nos
comprometemos a defender primero la vida con dignidad, Antena del Río, una radio comprometida con la
comunidad”.
Desde el 30 de abril, día en que salió al Antena del Río, la emisora ha sido objeto de varios actos que los
periodistas de Barrancabermeja califican de saboteo. El 30 de julio, desconocidos ingresaron a la finca Santa
Lucía y robaron material y cableado de la emisora, avaluado en 6 millones de pesos. Nueve días después,
burlaron la vigilancia del Claustro Rural Universitario, donde están los transmisores de la estación radial, pero
fueron detectados por la seguridad y huyeron. El 13 de agosto cuatro sujetos violentaron, finalmente, las
puertas del cuarto de máquinas, y robaron cables y equipos.
Sobre toda esta serie de hechos que atentan contra la libertad de prensa, se pronunció el presidente de la
Federación Colombiana de Periodistas, Eduardo Márquez: “A los colegas de Cartago y a los familiares de
Javier Darío, le enviamos nuestro mas sentido pésame por este nuevo crimen que enluta al periodismo
nacional. A las autoridades, les hacemos un llamado, como organización nacional, para que realicen una
investigación exhaustiva, pues no queremos que el manto de la impunidad cubra este asesinato con una fácil
y rápida hipótesis”.
Con relación a las amenazas contra el colega de Radio Galéon, Márquez precisó: “De nuevo un grupo de
sujetos intolerantes, ataca al mensajero. A ellos le decimos: los periodistas no somos ni jueces, ni
responsables de los actos delictivos de terceros. Pero que un juzgado penal procese al presidente de una
asociación de abogados, siempre será noticia, aquí y en cualquier lugar del mundo. También, les informamos
que este caso ya lo pusimos en conocimiento del comité de protección de periodistas del Ministerio del
Interior”.
Finalmente, el presidente de FECOLPER hizo un llamado a la solidaridad con los colegas de Antena del Río:
“Esa emisora, es una luz de esperanza para quienes no tienen voz en la agenda habitual de los medios de
comunicación. Allí trabajan periodistas afiliados a nuestra Federación, bajo el espíritu conciliador del
sacerdote Francisco de Roux, a quien admiramos profundamente por su compromiso con la paz, concebida,
no como ese discurso desgastado que todas las fuerzas políticas enarbolan, sino como hechos tangibles para
los humildes del Magdalena Medio. A todos ellos nuestro saludo solidario y el de la Federación Internacional
de Periodistas”.
Comunicado No. 15
Intentan secuestrar a hija de periodista en Bogotá; amenazan de muerte a colega en Tolima
Ceso - FIP
Octubre 30 de 2007
Dos sujetos intentaron secuestrar a Nancy Beatriz, hija del periodista y director de la revista La Verdad, Pedro
Antonio Cárdenas, esta mañana, en el sur de Bogotá. Y en el municipio de Anzoátegui, Tolima, 200
kilómetros al sur-occidente de la capital, el colega José Joaquín Chávez, director de la emisora “Acción F.M.
estéreo” viene siendo amenazado de muerte desde el pasado jueves 18.
Cuando Nancy Beatriz, hija del periodista Pedro Antonio Cárdenas, transitaba –hoy- a las 7:20 a.m. por la
calle 46 sur, hacia la Avenida Caracas, para dirigirse a su trabajo, dos fornidos sujetos la interceptaron, la
tomaron fuertemente de los brazos e intentaron levantarla, mientras le decían: “Acompáñenos”. La muchacha,
de 25 años, comenzó a forcejear pero, por suerte, a sólo dos o tres metros, un vecino intervino, enfrentó a los
delincuentes y comenzó una trifulca a golpes que ella aprovechó para huir.
La hija del periodista se guareció en la estación Santa Lucía de Transmilenio, del barrio Marco Fidel Suárez,
desde donde pudo ver que uno de los sujetos manaba sangre del rostro, antes de tomar el bus que la sacaría
del sector.
El pasado 11 de septiembre, el colega Cárdenas había recibido una llamada a su celular en la que un
desconocido le advirtió: “Espere el regalito, amigo”. Al llegar a su casa uno de sus hijos le informó que alguien
había llamado para dejar la siguiente razón: “Dígale a don Pedro que se le había prohibido sacar la revista
que espere el regalito”. Al otro día se repitió la llamada y una hora después, llegó un mensajero con un ramo
de flores del que pendía una tarjeta que decía: “Para la familia Cárdenas Beltrán. Sentido pésame por las
nueve noches”.
Entre tanto, el colega José Joaquín Chávez, director de la emisora “Acción F.M. Estéreo” de Anzoátegui y
corresponsal de la Voz del Tolima en el conflictivo norte del Tolima, recibía una de las tantas amenazas de
muerte que lo acosan desde el pasado jueves 18. Ese día Chávez entrevistó a Orlando Cabrero, coordinador
regional del programa presidencial Familias en Acción que entrega subsidios para educación o nutrición,
donde hizo claridad sobre unas presuntas irregularidades.
Treinta segundos luego de terminada la entrevista llegó el primer mensaje amenazante: “Apague la emisora o
se muere”. Desde ese día, el colega ya ha perdido la cuenta de la cantidad de llamadas y mensajes de texto
recibidos, donde, además, le dicen: “Lo más seguro es que usted no alcanza a votar”.
“Estamos anonadados con la avalancha de agresiones contra periodistas. En sólo cinco días, dos colegas
salieron del país, dos han sido agredidos para obstruir su trabajo, tres han recibido amenazas de muerte y
ahora, la hija de un colega casi es secuestrada”, comentó Eduardo Márquez, Presidente de la Federación
Colombiana de Periodistas, FECOLPER. “Hacemos un llamado a las autoridades para que protejan a la hija
de Pedro Antonio, quien ya ha sufrido los rigores del exilio por su trabajo, y para que le den seguridad al
colega
José
Joaquín,
quien
trabaja
en
una
zona
particularmente
violenta”.
Finalmente Márquez puntualizó: “Tememos que las amenazas contra Pedro Antonio Cárdenas, provengan de
una mafia que en Bogotá controla el tráfico de teléfonos celulares robados y redes de mulas de narcotráfico.
Ellos quieren evitar la publicación del resultado de una investigación periodística en La Verdad. A esos
delincuentes, les decimos que el colega desistió de la publicación, pero también queremos advertirles que si
agreden una vez más al colega o a cualquier miembro de su familia, varias copias del reportaje que se
encuentran en sobres cerrados serán abiertas, para su publicación, en medios nacionales e internacionales”.
Ceso - FIP
Comunicado No. 16
Continúan amenazas contra periodista en Bogotá y en Valle, colega debe emitir noticiero por teléfono
Noviembre 11 de 2007
Pedro Antonio Cárdenas, director de la revista la Verdad, cuya hija padeciera un intento de secuestro la
semana pasada, de nuevo fue amenazado el día de ayer. Por otra parte, el colega Enoc Romero, ha tomado
medidas de seguridad extremas, luego que una turba destruyera la sede de la candidatura que asesora como
jefe de prensa en el municipio de Pradera, Valle, el pasado domingo.
Ayer a las 10:49 a.m., el colega Pedro Antonio, recibió una llamada en la que una voz masculina le dijo que
no olvidara que tanto él como su familia eran objetivo militar. Esta es la cuarta amenaza que Cárdenas recibe
durante el último mes.
Por su parte, Enoc Romero hizo una angustiosa llamada al Centro de Solidaridad de la Federación
Internacional de Periodistas, Ceso-FIP, tras el ataque que una turba enfurecida realizara a la sede del
candidato electo a la alcaldía de Pradera, Gido Germán Caicedo. La multitud, inconforme con los resultados
del conteo electoral, apareció lanzando piedras y arrancando las puertas de la casa a las 8:00 p.m. del
pasado domingo, solo cesó el ataque hasta las 2:00 a.m. de ayer, gracias a la intervención de la policía y el
Ejército Nacional.
Dada la situación de zozobra, el colega Romero se ha visto en la obligación de realizar las dos emisiones
diarias del noticiero “Ventanas” –que se trasmite a través de Cañaveral Estéreo-, vía telefónica, pues no
cuenta con protección permanente de las autoridades.
“Hacemos un llamado a las autoridades para que atiendan de manera diligente la situación de seguridad de
los colegas Pedro Antonio Cárdenas y Enoc Romero”, dijo Eduardo Márquez, Presidente de la Federación
Colombiana de Periodistas, FECOLPER. “Pedro Antonio ya cuenta con un esquema de protección que es
necesario ampliar a su familia; y respecto a Enoc le pedimos a la policía de Pradera que le brinde una
protección que supere las rondas que realizan en este momento".
Comunicado No. 17
Asesino de periodista colombiano paga 5 de 29 años de cárcel
7/10/2007
BOGOTA, 6 Oct 2007 (AFP) - Pese a haber sido condenado a 29 años y dos meses de cárcel por el crimen
del periodista colombiano Orlando Sierra, su asesino, Luis Fernando Soto, salió de prisión tras cinco años y
siete meses, denunció este sábado el diario La Patria para el que laboraba la víctima.
El director del diario, Nicolás Restrepo, calificó como "indignante" la decisión judicial que le otorgó la libertad
al pistolero, quien se acogió a beneficios jurídicos que le permitieron pagar sólo tres quintas partes de la
condena inicial.
"¿Cuál es el poder disuasivo de la justicia penal en Colombia cuando una persona asesina
premeditadamente a otra, la condenan a 29 años de cárcel y después de cinco años queda en libertad?", dijo
Restrepo.
El juez Carlos Eduardo Bohórquez, que otorgó la libertad al pistolero de 27 años, dijo al diario que él sólo
aplicó la norma, al explicar que Soto se acogió a sentencia anticipada, observó buena conducta en la cárcel, y
además descontó pena por estudios y por no tener antecedentes penales.
Por el asesinato del periodista, bajo el cargo de coautores del crimen, permanecen en la cárcel dos hombres
que fueron condenados a 28 años de cárcel cada uno.
Ceso - FIP
El subdirector de La Patria fue baleado por la espalda por Soto el 30 de enero de 2002 y falleció en el hospital
dos días después. Aún no se conocen los autores intelectuales del crimen que el pistolero alegó haber
cometido "por error".
Cifras oficiales señalan que entre 1993 y 2006 fueron asesinados 111 periodistas en Colombia, de los cuales
está plenamente establecido que 57 lo fueron por razones de la profesión.
pro/rpl
Comunicado 18
El caso de la Negra Candela 17/12/2007
La periodista Graciela Torres Sandoval fue declarada culpable del delito de Injuria Agravada y condenada a
una pena de 17 meses de prisión (excarcelable) y a no ejercer durante el mismo periodo el periodismo. Esta
condena, confirmada en segunda instancia por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D.C., Sala
de Decisión Penal[1], es el resultado de la acción judicial iniciada por la actriz Luz Elena Bossa Brieva,
posterior a la publicación que hizo la periodista de un video íntimo de la denunciante, además de emitir
expresiones sobre el mismo en una emisora.
El ejercicio del periodismo implica una responsabilidad social y la libertad de prensa no es absoluta. En
consonancia con la prohibición constitucional de la censura, la responsabilidad por el ejercicio del periodismo
debe ser posterior. Sin embargo, es necesario llamar la atención sobre la proporcionalidad de las sanciones
penales. Imponer una pena de prisión, aunque resulte excarcelable, es un mensaje que invita a la
autocensura, a la vez que refuerza el sistemático acoso judicial del que son víctimas los periodistas de todas
las regiones en Colombia, sin importar el tema que investigan e informan. Esto puede llegar a desvirtuar el
carácter del derecho penal como la medida más extrema de protección con que cuenta la sociedad.
La tendencia que se observa en varios países es la despenalización de la injuria y calumnia, manteniendo la
responsabilidad civil que se deriva del daño ocasionado al perjudicado con la información difundida. Una
decisión legislativa en este sentido fue adoptada en marzo de este año por el Congreso de México, donde se
implementaron medidas para acabar con la práctica de llevar a juicios penales a periodistas, manteniendo el
derecho de las personas que se sientan agraviadas por alguna publicación a obtener una reparación del daño
moral en caso de comprobarse una falta, a través de un juicio civil.
En la sentencia dictada contra la periodista Graciela Torres, la instancia judicial aplicó las normas penales
vigentes en Colombia. Por ello, el esfuerzo debe orientarse a impulsar medidas legislativas que despenalicen
la injuria y la calumnia. Claro está, debe mantenerse la obligación de reparar los daños mediante el ejercicio
de acciones civiles, si previamente se comprueba la intención de causar daño en el honor de alguien.
Un punto que deberá ser analizado por al Corte Suprema de Justicia en una eventual sentencia de casación,
es la constitucionalidad de la prohibición impuesta a Graciela Torres para ejercer el periodismo.
“Un periodista nunca debería ser encarcelado por hacer su trabajo. Sin embargo, en estos momentos, los
periodistas languidecen en las cárceles simplemente por esta razón (…). La difamación criminal es un
esfuerzo para afrentar a la libre expresión. Tiene enorme impacto personal en el periodista acusado y le
silencia efectivamente. Si se le encuentra culpable y se le sentencia a custodia, le priva de su libertad, su
ingreso económico y su carrera. Esto coloca un peso sobre su familia y, por definición, etiqueta al periodista
como
criminal”[2].
[1] Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D.C., Sala de Decisión Penal. Radicación
Ceso - FIP
11001310404120030032702. Magistrado Ponente: FERNANDO ADOLFO PAREJA REINEMER. Fecha:
Noviembre
20
de
2007.
[2] Chris Warren. Presidente de la Federación Internacional de Periodistas (2005). En: Descriminalizar la
difamación. FIP – 2005. Pg. 3.
Comunicado 19
El periodista William Parra de Telesur desmintió las acusaciones del director de la Policía Nacional
20/12/2007
VTV/TeleSur/El tiempo/RN
El corresponsal de TeleSUR en Colombia, William Parra , desmintió este lunes las acusaciones del director de
la Policía Nacional , general Oscar Naranjo, quien el sábado lo acusó, a través de en un comunicado, de
manipular la información y provocar confusión sobre el origen del reportaje transmitido por TeleSUR "Voces
de la selva".
Según Parra, le entregó a la familia Solórzano seis minutos del trabajo de una hora como "un gesto única y
exclusivamente periodístico, de mi ética periodística", y negó haberle solicitado a los parientes del agente que
dijeran que el audiovisual había sido obtenido hace una semana.
"Hablé con ella (la esposa del capitán) y le dije que iba a salir el documental "Voces desde la selva" por el
canal TeleSUR y que el video era reciente, nunca le dije que manifestara que era de hace una semana",
aseguró el comunicador.
La versión de William Parra fue apoyada por la madre del capitán Solórzano, Noemí Julio, quien ratificó que
nunca fue presionada por el reportero y que su familia sólo tiene "palabras de agradecimiento a William Parra
y a TeleSUR", ya que "en ningún momento recibimos presiones ni amenazas y, por el contrario, tenemos la
inmensa fortuna de recibir pruebas de supervivencia hace una semana".
En cuanto a la exigencia de Naranjo que Parra explicara cuál era su relación con las Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia (FARC), grupo que mantiene retenido a Guillermo Javier Solórzano desde el
pasado 4 de junio, éste negó que pertenezca a esta guerrilla y aclaró que su trabajo es netamente
periodístico.
"Quiero aclarar que no es cierto lo que está diciendo el general Naranjo de que yo pueda pertenecer a las
Farc o sea militante de esa organización, ni siquiera que pueda tener alguna simpatía. Mi trabajo se ha
limitado a un objetivo única y exclusivamente periodístico", explicó.
"Creo que todo forma parte de una campaña contra algunos periodistas que no se limitan a tener la versión
oficial del ejército o de los cuarteles de policía. No entiendo por qué el general Naranjo me acusa de
manipular y de secuestro. Aquí lo único que estoy defendiendo es mi derecho a informar, me limité a pedir
una entrevista con el capitán Solórzano y me la dieron, no sé si eso es pecado a los ojos del general Naranjo
y del gobierno", añadió Parra.
Sobre el por qué el video terminó en manos de la senadora colombiana y ex facilitadora para el acuerdo
humanitario, Piedad Córdoba, Parra dijo que le había informado a la parlamentaria de la existencia de la cinta,
pues a su juicio es "una prueba de vida".
Ceso - FIP
"El documental yo lo trabajé anoche (viernes) y le dije a la senadora de la existencia del documental que para
mi es una prueba de supervivencia que se da desafortunadamente en una coyuntura muy difícil", agregó.
Parra elaboró un reportaje periodístico en base a una entrevista hecha a Solórzano desde su cautiverio y a
sus familiares más cercanos, que fue transmitido en exclusiva por TeleSUR el pasado domingo a las 21H00,
hora de Caracas.
En un comunicado publicado el sábado, el director de la Policía Nacional de Colombia, general Oscar
Naranjo, acusó al periodista de provocar confusión sobre el origen del reportaje y de presionar a los familiares
del capitán Guillermo Javier Solórzano, para que emitieran declaraciones.
Según el general, el video fue conocido por la Policía hace más de un mes, pero se mantuvo en secreto para
no entorpecer el proceso de liberación del capitán.
Solórzano está retenido por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) desde el 4 de junio
pasado.
Otros ataques a periodistas de TeleSUR
Las acusaciones de falta de ética periodística, de las que fuera víctima el sábado pasado el corresponsal de
TeleSUR en Colombia, William Parra , no son las primeras que se hayan registrado contra comunicadores de
esta casa periodística multiestatal.
A finales de noviembre de 2006, el periodista Fredy Muñoz Altamiranda, corresponsal para la época en el país
andino, fue detenido por agentes del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) en el aeropuerto "El
Dorado" de Bogotá (capital), cuando desembarcaba proveniente de Venezuela.
Acusado de los cargos de rebelión y terrorismo, Muñoz Altamiranda fue llevado a los calabozos de la DAS,
donde se le interrogó y se le practicaron exámenes forenses.
Su reclusión se extendió por 32 días. Tras su excarcelación, por falta de pruebas, Altamiranda tuvo que pasar
a la clandestinidad al ser amenazado de muerte por grupos paramilitares.
También, en octubre de 2007, el comunicador social colombiano Hollman Morris , colaborador de TeleSUR,
destacado activista por los derechos humanos en Colombia y crítico del Gobierno del presidente Álvaro Uribe,
abandonó su país junto a su familia, tras recibir reiteradas amenazas de muerte en su contra por parte de
paramilitares de ultraderecha.
A través de correos electrónicos firmados por un presunto grupo paramilitar autodenominado "Frente
Patriótico", a Morris se le decía que se había ganado la rifa para un ataúd con la leyenda "Por guerrillero,
sapo y apátrida".
Comunicado No. 20
FLIP/IFEX: Periodistas amenazados de muerte en panfleto firmado por grupo paramilitar 17/12/2007
(FLIP/IFEX) - El 12 de diciembre de 2007, un panfleto firmado por las
"Nuevas AUC-Cesar" fue enviado a las instalaciones de la emisora Maravilla en la ciudad de Valledupar,
Ceso - FIP
departamento del Cesar. En el panfleto estaban incluidas 24 personas de diferentes sectores de la sociedad
vallenata, entre ellos Enrique Camargo Plata, director de noticias de Radio Guatapurí.
El periodista fue declarado objetivo militar a menos que se pusiera ''a paz y salvo'' con la organización.
El gobernador del Cesar, Rodrigo Canosa Guerrero, quien también fue enumerado en la lista, manifestó a la
opinión publica que había dado la alerta temprana al gobierno nacional por la reaparición de los grupos de
autodefensas en la región. En declaraciones dadas a "La W", el gobernador manifestó que las autoridades se
encuentran confirmando la autenticidad del panfleto.
En diálogo con la FLIP, Gustavo Cuello, miembro del equipo periodístico de la emisora Maravilla, informó que
en horas de la mañana de ese día alguien timbró en la emisora y dejó debajo la puerta dos sobres dirigidos a
los periodistas Julio de la Rosa, director de 'Despertar Vallenato', primer programa del día, y Eder Guerra, del
equipo de noticias de la emisora, que contenían el panfleto y la lista de amenazados.
Melitza Quintero, presidenta del Círculo de Periodistas de Valledupar, manifestó el temor del gremio frente a
la llegada de este panfleto, en el cual amenazan no sólo a Enrique Camargo, sino también al fotógrafo Raúl
Garrido Cantillo, quien se desempeña como reportero grafico de la Gobernación del Cesar.
La
FLIP trató de
comunicarse
con
el coronel
José
Edgar Cepeda
Ayala,
comandante de la Policía de Valledupar, pero no fue posible. No obstante, varios periodistas informaron que
se llevó a cabo un consejo extraordinario de seguridad, donde se determinó implementar las medidas de
seguridad preventivas para las personas que aparecen en el panfleto.
El
panfleto
hace
un llamado
al
''rearme de
nuestra agrupación
debido al
incumplimiento y el abandono por parte del gobierno nacional y municipal''. Adicionalmente, afirma que
continuará la ''guerra'' contra la subversión y los ''delincuentes de cuello blanco''.
Comunicado No. 21
ALERTA: Contratista del municipio de Montería ataca a camarógrafo de "Zona Franca"
20/12/2007
Cuando el reportero-camarógrafo Milton Carmona Morelo, del Programa Zona Franca que se emite por
NorteVisión, se encontraba realizando unas tomas de la Villa Olímpica de Montería, Córdoba, para una nota
sobre los contratos y la calidad del material utilizado en los trabajos de readecuamiento, fue asaltado y
agredido por el ingeniero contratista del municipio y ex alcalde Amaury Sánchez Mejía, el pasado viernes a
las 5:30 de la tarde.
En compañía de tres de sus trabajadores a quienes dio la orden de “¡levántenlo!”, el agresor se abalanzó
sobre la cámara del colega Carmona y luego de reducirlo a la impotencia, en el suelo le dieron una golpiza.
En su afán por robar el material grabado, el ingeniero averió la cámara.
Al lugar de los hechos llegaron el directivo de Nortevisión, Raúl Parra, y el gerente de Zona Franca, Pompilio
Silva Sánchez, para apoyar a Milton, cuando acababa de arribar una radiopatrulla de la policía. Ante el
reclamo sobre el casete, por toda respuesta el ingeniero amenazó a Parra, al oído: “Cuando te encuentre
solo, te voy a meter el casete por el c…”
Pero una nueva agresión protagonizó el mismo sujeto, al otro día, ante la indiferencia de las autoridades. El
equipo periodístico regresó a la Villa Olímpica, para realizar la nota que enfatizaría en el material que se pone
a una cancha deportiva, y cuando los periodistas se retiraban del lugar, el mismo ingeniero atravesó una
Ceso - FIP
camioneta.
A pesar de la circunstancia, los colegas le exigieron la devolución del casete robado el día anterior. El sujeto
les aseguró que se lo entregaría en su casa; lo siguieron hasta el lugar y cuando estacionaron, se aproximó a
la ventanilla del vehículo periodístico para propinarle un puñetazo en la cara a Pompilio Silva.
“Este es un caso insólito de desfachatez del agresor de un colega, es una flagrante violación al derecho que
tienen los habitantes de Montería a estar informados, como también es insólita la actitud de la policía que no
capturó a un sujeto peligroso que, a todas luces, es un antisocial”, declaró Eduardo Márquez, presidente de la
Federación Colombiana de Periodistas, FECOLPER.
“Lo que aumenta nuestra preocupación, es la frecuencia con que particulares agreden a periodistas de
Montería, para evitar que la opinión pública conozca sus tropelías contra el espacio público. Hemos recibido
denuncias sobre la manera agresiva en que un vigilante privado de la Academia Sandra impidió una
grabación y como, en dos ocasiones, también vigilantes privados, persiguieron a Milton Carmona e intentaron
quitarle el equipo, durante la construcción de la sede de Carrefour”, puntualizó Márquez antes de concluír:
“Como organización, estaremos pendientes de la actuación de las autoridades ante esta seguidilla de
agresiones”.
Federación Colombiana de Periodistas, FECOLPER
La FECOLPER representa a más de 1.000 periodistas
Centro de Solidaridad de la Federación Internacional de Periodistas, CESO FIP
La FIP representa a más de 600.000 periodistas en 120 países
Comunicado No. 22
IPYS/IFEX - Nuevas amenazas de muerte contra corresponsal de Nuevo Herald 19/12/2007
FUENTE: El Instituto Prensa y Sociedad (IPYS), Lima
(IPYS/IFEX) - El 17 de diciembre de 2007, el periodista Gonzalo Guillén, corresponsal en Colombia del diario
"El Nuevo Herald", recibió una nueva amenaza de muerte, la más reciente de una serie iniciada el 14 de
diciembre y enviada a su teléfono móvil. Los autores de las amenazas refieren a dos artículos que publicó el
13 y 15 de diciembre, donde informa sobre la renuncia del zar anticorrupción, Rodrigo Lara Restrepo, hijo del
ex ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla, asesinado por la mafia en 1984.
"El Nuevo Herald" es un periódico basado en Miami. Según la nota, Lara Restrepo renunció porque el
gobierno le ocultó información acerca de un expediente sobre la muerte de su padre. Este expediente trata
sobre la presunta infiltración del narcotráfico en la política y en el que se ha involucrado al actual mandatario
Álvaro Uribe y a su padre, Alberto Uribe (presuntamente vinculado por el hallazgo de un helicóptero de su
propiedad en "Tranquilandia", el mayor laboratorio para la producción de cocaína, desmontado por las
autoridades).
Guillén denunció las amenazas ante la Unidad de Libertad Individual, de la Fiscalía 246, Seccional Bogotá.
Estas intimidaciones se unen a la que recibió en su teléfono el 3 de diciembre y ocurre dos meses después de
que el presidente Álvaro Uribe Vélez acusara públicamente a Guillén de haber ayudado a escribir el libro
"Amando a Pablo, odiando a Escobar" de la ex presentadora Virginia Vallejo, en el que se da cuenta de la
presunta relación entre Uribe y el ex narcotraficante Pablo Escobar.
Ceso - FIP
El periodista, quien había abandonado el país para proteger su integridad debido a amenazas similares,
regresó a Colombia la tercera semana de octubre.
Comunicado No. 23
ALERTA: Asesinado reportero gráfico en Cúcuta y agresiones policiales contra periodistas
21/12/2007
El periodista Rafael Bruno Bruno, fue muerto de un impacto de bala en la cabeza, al interior de su casa en el
barrio Bellavista de Cúcuta, capital de Norte de Santander, en circunstancias confusas, durante la noche de
ayer.
El cadáver del reportero gráfico del diario La Opinión fue encontrado en el patio de su vivienda, donde, según
versiones de los vecinos, se escucharon varios disparos que muchos señalaron, parecían producto de un
enfrentamiento.
El colega había llegado a las 9:10 p.m. en su vehículo. Antes de ingresar a la vivienda, dialogó con varios
niños que, con frecuencia, lo esperaban para que les regalara dulces. Extrañó a los vecinos que el periodista
ni hubiera salido con su pequeño radio a escuchar música, como solía hacerlo casi todas las noches. Por otra
parte, unos cinco minutos después de cerrar la puerta, se habían escuchado estallidos similares a los de la
pólvora de estas fiestas navideñas, y sus perros ladraban sin parar, lo que despertó inquietud en quienes lo
conocían.
Luego de golpear en la puerta y marcar a su teléfono celular infructuosamente, solicitaron la presencia de una
patrulla de la policía. Cuando lo uniformados entraron a la casa, se encontraron con el cuerpo de Bruno
bocabajo, y un revólver en su mano derecha que, después se supo, tenía cinco vainillas desocupadas en el
tambor.
El día de ayer fue completamente normal para Rafael Bruno Bruno. Había hecho varias fotografías de un
puente para un informe especial de la edición dominical y, al caer la tarde, antes de partir hacia su casa,
había compartido varios platos decembrinos con sus colegas y empleados de La Opinión, donde habló de sus
planes para estos días.
El colega Bruno había nacido hace 76 años en Salazar de Las Palmas; era un apasionado de la fotografía
que siempre estaba en primera línea a la “caza” de noticias. Su lente captó importantes momentos de la vida
regional, como la desmovilización del Bloque Catatumbo de las Autodefensa Unidas de Colombia, en Tibú, a
finales del 2004. Cada año, en noviembre, partía hacia Cartagena para registrar el Reinado Nacional de la
Belleza, donde siempre acompañaba a al candidata de Norte de Santander.
Fue un comprometido activista de la ciudad de Cúcuta, por lo que presidió las juntas de varias organizaciones
sociales: la Federación Nacional de Comerciantes, FENALCO, la Asociación Colombiana de Pequeños
Industriales, ACOPI, y el Colegio Nacional de Periodistas, CNP.
“La Federación Colombiana de Periodistas y el Centro de Solidaridad de la Federación Internacional de
Periodistas, enviamos nuestras condolencias a los familiares de Rafael y a sus colegas del diario La Opinión”,
declaró Eduardo Márquez presidente y director de las dos organizaciones gremiales. “Igualmente, hacemos
un llamado a las autoridades para que realicen una investigación seria, en la que no se descarte la posible
Ceso - FIP
comisión de un crimen, pues la hipótesis de un suicidio, no parece muy creíble, si detallamos sus últimas
horas de vida”.
La muerte de Rabel Bruno, se produce en medio de un ambiente de hostilidad de la policía contra periodistas
de La Opinión en la capital nortesantandereana. El pasado martes 18 de diciembre, mientras cubrían el
desalojo de una vivienda en cumplimiento de una decisión judicial solicitada por un banco, miembros del
cuerpo antimotines ESMAD, de la Policía, agredieron física y verbalmente a la practicante de periodismo,
Marta Forero y al fotógrafo Carlos Patiño, ambos de la Opinión, William Pantano de APN TV y otroc colegas
que se encontraban en el lugar.
Seis días atrás, el 12 de diciembre, otros dos colegas, la reportera gráfica Gabriela Sierra y el redactor Hugo
González fueron objeto de empujones por parte de agentes de la policía de tránsito, en momentos en que
cubrían el asesinato de un intendente de la policía. Un cabo de apellido Álvarez corrió a empujones a los
periodistas, mientras otros intentaron quitar la cámara a la reportera gráfica. El periodista mostró su chaleco
que lo identificaba como trabajador de la Opinión, pero el cabo lo tomó por los bolsillos, lo haló y le exigió
mostrar su cédula de ciudadanía; luego lo dejó a disposición de un funcionario de la Fiscalía.
Cicerón Florez, subdirector del periódico La Opinión, manifestó al Centro de Solidaridad de la Federación
Internacional de Periodistas, su preocupación por las crecientes limitaciones que existen para el cubrimiento
periodístico de hechos judiciales. Florez reconoce que existen unos límites legales que buscan garantizar las
investigaciones judiciales, “pero la actitud de la fuerza pública en Cúcuta no es proporcional a esas
disposiciones. Cada vez son más frecuentes la actitudes represivas y los insultos por parte de agentes de la
Policía Nacional, muchas veces bajo la mirada indiferente de sus superiores”, concluyó.
Al respecto, Márquez aseguró que estos nuevos casos de agresión policía, serán presentados ante la
Procuraduría General de la Nación, por parte de la Federación Internacional de Periodistas, para que sean
sancionados los responsables.
Federación Colombiana de Periodistas, FECOLPER
La FECOLPER representa a más de 1000 periodistas en 18 departamentos del país
Centro de Solidaridad de la Federación Internacional de Periodistas, CESO FIP
La FIP representa a más de 1000 periodistas en 120 países
Comunicados sobre avances en la protección a la Libertad de Prensa
FECOLPER: Periodistas de Sucre firman trascendentales pactos con policía y academIa
11/9/2007
Por convocatoria de la Asociación de Comunicadores Sociales Periodistas de Sucre, ACPS, con el apoyo de
la Federación Colombiana de Periodistas, FECOLPER, fueron firmados un pacto con la policía departamental
y un convenio con el Cread Caribe de la Universidad Francisco de Paula Santander, el pasado sábado 8 de
septiembre, en la sede del diario El Meridiano, que permitirán avanzar en el objetivo de mejorar las
condiciones del trabajo informativo en el departamento de Sucre.
El inédito Pacto de Buen Entendimiento, firmado por los delegados de los periodistas y el coronel Jorge
Andrés Rodríguez Borbón, Comandante de Policía de Sucre, permitirá superar dificultades que se han
presentado entre uniformados y reporteros, durante el cubrimiento del orden público y hechos judiciales.
Además del Pacto, las partes firmantes acordaron un cronograma de capacitación que permitirá conocer las
lógicas profesionales, cadenas de mando, derechos, obligaciones y limitaciones tanto de quienes velan por la
vida y bienes de los colombianos, como de quienes estamos en la obligación de informar a la sociedad.
Ceso - FIP
Por su parte, el presidente de FECOLPER se comprometió a presentar lo acordado ante la junta directiva de
la Federación y a los responsables de Derechos Humanos de la Policía Nacional, para buscar que este tipo
de acuerdos se realicen en otras partes del país, donde se han presentado fricciones entre periodistas y
policías.
Tras la firma del documento, los colegas afiliados a la ACPS tuvieron la oportunidad de plantear con total
franqueza las limitaciones que en ocasiones, ponen los organismos de investigación e inteligencia a la labor
informativa, a Onán González, delegado del CTI y al recién nombrado director del DAS, Eder Martínez.
Igualmente, se evaluó, conjuntamente, la situación de cuatro colegas amenazados por intolerantes y los
esquemas de protección asignados, algunos aún sin ejecutar.
Finalmente y luego de aprobar las solicitudes de nuevos afiliados a la ACPS, fue firmada por el Coordinador
del Cread Caribe de la Universidad Francisco de Paula Santander, Alberto González Gaviria y la presidenta
de la Asociación de Comunicadores Periodistas de Sucre, Beatriz E. Diegó Solano, la Alianza de Cooperación
Mutua entre las dos entidades para: “Desarrollar proyectos de interés común (…) relativos al bienestar de los
periodistas afiliados o no a la ACPS (…). Se decide en esta reunión, llevar a acabo un primer proyecto
tendiente a realizar un censo de los periodistas del departamento, para elaborar un mapa que muestre su
situación actual en materia laboral, seguridad social, económica, social y formativa”.
A continuación el texto del Pacto firmado el pasado sábado:
PACTO DE BUEN ENTENDIMIENTO
Teniendo en cuenta que nuestra Constitución Política determina como fin principal de la Policía Nacional
mantener las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas que aseguren la
convivencia pacífica entre los habitantes de Colombia;
Recordando que nuestra Constitución Política establece que la actividad periodística gozará de protección
para garantizar su libertad e independencia profesional;
Reafirmando que la libertad de expresar y difundir el pensamiento y opiniones, la de informar y recibir
información veraz e imparcial es un derecho ciudadano fundamental, reconocido en instrumentos jurídicos
nacionales e internacionales;
El día 8 de septiembre de 2007, se reunieron el Coronel Jorge Andrés Rodríguez Borbón, comandante del
Departamento de Policía de Sucre; Beatriz Diegó, presidenta de la Asociación de Comunicadores Sociales
Periodistas de Sucre, ACPS; y Eduardo Márquez, presidente de la Federación Colombiana de Periodistas y
representante de la Federación Internacional de Periodistas, con el fin de suscribir el siguiente Pacto de Buen
Entendimiento:
1. Las labores habituales de periodistas y policías estarán orientadas por el respeto mutuo y el
bienestar de la comunidad.
2. El desarrollo de las actividades propias del oficio de periodistas y policías, estarán desprovistas de
cualquier intención de ingerencia negativa, respetando los derechos ajenos y no abusando de los
propios.
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3. Periodistas y policías adelantarán campañas de defensa y difusión de los derechos humanos, como
fundamento de la convivencia pacífica, de acuerdo a lo establecido en nuestra Constitución Política.
4. En caso de presentarse cualquier tipo de vulneración a los derechos de periodistas o de policías, se
establecerán canales directos para la resolución de conflictos dentro del marco de la ley, buscando
siempre mantener las buenas relaciones.
5. Los periodistas se comprometen a desarrollar su labor bajo los parámetros éticos de un ejercicio
responsable, con sujeción al equilibrio informativo, la veracidad y la imparcialidad.
6. En el desarrollo del derecho y el deber de informar a la sociedad sobre hechos de carácter judicial,
los periodistas evitarán obstaculizar los procedimientos de policía. Igualmente, gozarán del respeto
de todas las garantías para el cubrimiento informativo y la difusión noticiosa por parte de las
autoridades competentes.
NUEVA CIRCULAR DEL MINISTERIO DE COMUNICACIONES SOBRE EMISORAS COMUNITARIAS
4/10/2007
El Ministerio de Comunicaciones emitió la Circular 000014 del 03 de octubre de 2007 “Información durante la
etapa preelectoral”. Allí recuerda que en las emisoras comunitarias no pueden transmitir programas con fines
proselitistas ni propaganda política. El Ministerio aclara que está permitida la transmisión de programas
informativos, pero bajo el entendido de que éstos no busquen apoyo electoral
Esta posición del Ministerio de Comunicaciones rectifica lo dicho en la Circular 12 del 9 de agosto de 2007,
en el que pedía a los concesionarios no de incluir en su programación la intervención política y los debates de
los candidatos del próximo certamen electoral, así como cualquier propaganda política, entendiendo que
cualquiera de esta manifestaciones son consideradas como proselitismo político, fundamentándose en el
parágrafo 2 del artículo 4 y el artículo 6 del Decreto 1981 de 2003 que reglamenta el Servicios Comunitario
de Radiodifusión Sonora[1]:
Si bien el texto de la norma es claro en prohibir la difusión de propaganda política, el Centro de Solidaridad de
la Federación Internacional de Periodistas, encontró una desafortunada incoherencia entre la finalidad de las
emisoras comunitarias y la Circular 12 de 2007 del Ministerio de Comunicaciones, lo que se hizo saber a las
diferentes organizaciones de periodistas de Colombia, pues considerar que el debate entre los candidatos a
un cargo de elección popular como proselitismo político, afecta la posibilidad que tienen los ciudadanos de
confrontarlos y conocer los intereses reales que motivan sus candidaturas. Lo anterior va en consonancia la
orientación que deben tener los servicios de radiodifusión comunitaria, como el ejercicio del derecho a la
información y participación de sus habitantes, y la promoción de los valores democráticos. Además, la
programación de las emisoras comunitarias deber orientarse a fomentar espacios de formación, debate y
concertación que conduzcan a la promoción de la democracia, la participación y los derechos fundamentales
de los colombianos[2]. Por lo anterior, no consideramos que un debate electoral que servirá para orientar a la
opinión pública sobre las calidades de los candidatos a los cargos de elección popular sea entendido como
proselitismo político
CONFIRMADA CONDENA POR TENTATIVA DE HOMICIDIO CONTRA YAMID AMAT
18/10/2007
Ceso - FIP
El ocho de agosto de 2007, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia[i] confirmó el fallo
condenatorio contra Jhon Jairo Buitrago González y Luis Alberto Puertas Triana como coautores del delito de
tentativa de homicidio agravado contra el periodista Yamid Amat Ruiz.
Esta tentativa de homicidio es calificada como agravada porque a criterio de la fiscalía que formuló la
acusación, existían fines terroristas y esa conducta delictiva iba dirigida en contra de un periodista, en razón
de su oficio.
La sentencia de primera instancia correspondió al Juzgado Octavo Penal del Circuito Especializado de Bogotá
(28 de julio de 2003). Allí, los sindicados fueron condenados como coautores del delito de tentativa de
homicidio. En segunda instancia, el 26 de julio de 2004 el Tribunal Superior de Bogotá confirmó este fallo.
Los hechos que dieron origen a este proceso penal se encuentran resumidos de la siguiente manera en el
expediente: “El 19 de septiembre de 2001, siendo aproximadamente las 8:10 p.m., unidades de la Policía
Nacional, adscritas a la Décima Tercera Estación de Teusaquillo, capturaron en la PIZZERIA D‟OMO de la
carrera 21 No. 39 – 70 de Bogotá a JHON JAIRO BUITRAGO GONZÁLEZ y LUIS ALBERTO PUERTAS
TRIANA, cuando el primero portaba un artefacto explosivo y manifestó pertenecer al frente 53 de las Fuerzas
Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), al mando de Romaña, de quien dijo les había dado la orden
de atentar contra la vida de un periodista de Caracol que se desplazaba en un Mercedes Benz color negro”.
CONSIDERACIONES DE LA CORTE
La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia tuvo en cuenta las siguientes consideraciones
para la sentencia que confirmó la condena:
1. Comenzaron a ejecutarse una serie de actos necesarios para consumar el atentado contra la vida de
Yamid Amat. La Corte lo manifestó de la siguiente manera: “La respuesta es una sola, lo que faltó
fue colocar el explosivo y retirar la espoleta, de manera que la conducta que realizaron los
incriminados, como ya se dijo, corresponde al comienzo de ejecución del punible contra la vida
agravado, sin que lograran, por causas ajenas a su voluntad, realizar la totalidad de actos ejecutivos
necesarios para la consumación del delito (…)”.
2. El hecho de que JHON JAIRO BUITRAGO GONZÁLEZmanifestara haber actuado en cumplimiento
de órdenes impartidas por el comandante del Frente 53 de las FARC, no incide de manera alguna en
su responsabilidad penal, pues a juicio de la Corte, Buitrago y Puertas actuaron libremente. Además,
la Corte sostuvo que “quienes pertenecen a una organización guerrillera, como aquí se constató
respecto de JHON JAIRO BUITRAGO GONZÁLEZ, tienen conocimiento del carácter delictivo que
conlleva la ejecución de los actos dispuestos por sus jefes en la estructura de mando que tengan”.
3. Para la Corte fue claro que en este caso no se discutía la responsabilidad de quien impartió la orden
de ocasionar la muerte al periodista, sino la que corresponde a quienes dieron inicio a la fase
ejecutiva de la conducta encaminada a tal propósito, sin cumplir su cometido, gracias a la
intervención de la policía.
Niegan tutela a candidato en Bogotá
25/10/2007
Fuente: www.cmi.com.co
Ceso - FIP
La libertad de prensa una vez más fue protegida en Colombia. Una tutela fallada a favor del noticiero CM&, le
advirtió a los jueces que no pueden imponer a los medios los candidatos que pueden ser entrevistados.
Un fallo judicial negó hoy una tutela contra la libertad de prensa. El juez 16 de familia le recordó a los
despachos judiciales que no podrán imponer a los medios los personajes a entrevistar.
La tutela pedía que se obligara a CM& incluir en el debate a Jorge Leyva, uno de los candidatos a la alcaldía
de Bogotá con menos posibilidad de elección, según indican las encuestas. Pero la justicia protegió la libertad
de prensa.
"No puede el operador judicial conminar a los informadores a que promuevan una confrontación de ideas,
llamado a éste o aquel candidato",explica la tutela.
"Me parece muy grave que los políticos estén utilizando la acción de tutela, un mecanismo tan sagrado, para
entrar por la puerta trasera de los medios de comunicación". Aseguró Roberto Pombo, editor general de El
Tiempo.
"Los medios no podemos estar obligados a entrevistar a un personaje, creo que este fallo protege la libertad
de prensa", sostuvo Dario Restrepo, director de City TV.
El fallo dá el visto bueno para que cualquier medio de comunicación elija a sus propios entrevistados.
"Esta es una victoria a la libertad de prensa y de expresión", explicó el abogado de CM& Francisco José
Sintura.
Si bien el juez protege la libertad de prensa impone limites a las encuestas
"Se advierte que un candidato oficial a la alcaldía de la capital de la República, no puede ser clasificado como
cualquier persona, aún cuando de él se predique pobreza en el eco de sus ideas, menos cuando esta
conclusión fluye del resultado de las encuestas", añade el texto de la tutela.
El juzgado 16 de familia había ordenado de manera cautelar incluir en el debate al candidato pero CM& se
negó a hacerlo en defensa a su libertad. Esa libertad quedó protegida por la justicia colombiana.
Marcela Ulloa
En Bogotá: APROBADO ACUERDO SOBRE COMUNICACIÓN COMUNITARIA
2/11/2007
Bogotá, Planeta Paz. Noviembre 2 de 2007.
Con 26 votos a favor y 3 en contra, este viernes 2 de noviembre fue a probado el acuerdo 175 y 226 de 2007,
por medio del cual se establecen lineamientos de política pública en materia de Comunicación Comunitaria en
el Distrito Capital.
Esta reglamentación es pionera en política pública en comunicación para Bogotá y para el país. Contó con el
apoyo de amplios sectores y partidos del Concejo de Bogotá y fue presentada por el Concejal Gustavo de
Roux y Leo César Diago.
Durante su discusión se manifestó por parte de algunos Concejales la mejora del acuerdo en cuánto a su
redacción jurídica y su competencia en legislación de carácter nacional. Finalmente, para la mayoría este
Acuerdo en un primer avance en al apoyo a medios locales y comunitarios que también merecen tener voz.
Ceso - FIP
La política tiene como finalidad promover y fortalecer procesos comunitarios, distritales o locales, de
comunicación en la ciudad, y está orientada por el propósito de impulsar la equidad en el acceso a los
espacios y medios de comunicación y de fomentar la circulación democrática de opiniones e informaciones.
El acuerdo propone desarrollar nueves estrategias y líneas de acción para implementar la política, al igual que
un reconocimiento especial anual para estos medios y la constitución de una mesa de trabajo conformada por
diferentes instancias del gobierno distrital, por cuatro delegados de los sectores de los medios comunitarios
de la ciudad y uno de la academia.
Queda pendiente la sanción de Alcalde Garzón y que la próxima administración implemente y desarrolle de
manera participativa, la política pública en comunicación comunitaria para Bogotá.
Por homicidio de camarógrafo asegurados jefes de las FARC
15/11/2007
Bogotá, 13 de noviembre.- La Fiscalía profirió medida de aseguramiento en contra de tres integrantes de la
cúpula de las Farc, por el homicidio agravado del camarógrafo Pablo Enrique Medina Mota.
De acuerdo con la decisión adoptada por un fiscal de Derechos Humanos y DIH, Pedro Antonio Marin, Noel
Mata Mata, y Rodrigo Londoño Echeverri, también son presuntos responsables de los delitos de terrorismo,
secuestro extorsivo, tentativa de homicidio, hurto agravado, daño en bien ajeno y rebelión.
Medina Mota, camarógrafo de TeleGarzón, fue asesinado el 3 de diciembre de 1999 en un retén de las Farc,
cuando se dirigía a cubrir la toma del municipio de Gigante, Huila, cometida por la columna móvil “Teófilo
Forero” y el frente 48 de las Farc.

Centro de Solidaridad Federación Internacional de

Transcripción

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