Compra pública "verde"

Compra pública "verde"
A pesar de que la legislación exige el aumento de la
compra ecológica y responsable por parte de las
administraciones, diversos estudios revelan que en
España todavía hay un largo camino por recorrer
Los consumidores no son los únicos que deben concienciarse a la hora de
comprar de forma ecológica. De hecho, la Administración Pública, cuyo
gasto equivale al 18% del Producto Interior Bruto (PIB) de la Unión
Europea, tiene también una gran responsabilidad. En este sentido, diversas
experiencias en todo el mundo demuestran que la contratación con criterios
ecológicos permite el ahorro de miles de euros y una reducción importante
del impacto medioambiental. Sin embargo, a pesar de que la legislación
exige el aumento de la "compra pública verde", diversos estudios y expertos
señalan que en España todavía hay un largo camino por recorrer.
Por Alex Fernández Muerza
Beneficios de la compra pública verde
- Imagen: Mappi Los expertos reconocen que cambiar los hábitos de compra de una
Administración puede resultar al principio difícil, más aún cuando el coste
inicial de algunas de estas medidas puede ser más elevado que lo que
supone seguir con los planes convencionales.
Las medidas que implica la compra pública verde son en su gran mayoría
sencillas y su gasto inicial se acaba amortizando
Sin embargo, la experiencia llevada a cabo por diversas administraciones de
todo el mundo demuestra que dichas medidas son en su gran mayoría
sencillas, y su gasto inicial se acaba amortizando. Gracias a la compra
pública verde, la Administración que la lleva a cabo y, en general, toda la
sociedad logran una gran cantidad de beneficios, no sólo medioambientales,
sino también económicos. Por ejemplo, el condado de Multnomah, Oregón
(EE.UU.), cambió entre los años 1993 y 1998 sus sistemas energéticos, lo
que le ha permitido ahorrar cada año en electricidad más de 235.000 euros,
sin olvidar la reducción de emisiones de dióxido de carbono (CO2) que
supone.
Los cambios que las administraciones pueden llevar a cabo y sus
contrapartidas ecológicas y económicas son muy diversos:
•
La compra pública de productos y sistemas ecológicos, además de
reducir la explotación de recursos naturales y la generación de
residuos, permitirá ampliar la demanda de este sector aún incipiente
y, con ello, podrá ofrecer mejores precios. Por ejemplo, se pueden
usar
materiales
productos
de
oficina
reutilizables,
ecológicos,
reciclados
y
con
ordenadores
etiquetas
"verdes",
ecológicas,
sistemas sostenibles de gestión de residuos, etc.
•
La implantación de sistemas basados en energías renovables y en la
eficiencia energética ahorrará una gran cantidad de dinero en
electricidad y, de paso, contribuirá a reducir el cambio climático y los
demás
impactos
ambientales
relacionados
con
el
consumo
energético. Por ejemplo, a la hora de construir o reformar un edificio,
se pueden tener en cuenta criterios bioclimáticos, de energía cero,
etc. Y lo mismo ocurre con los sistemas de ahorro y eficiencia para el
agua.
•
La puesta en marcha de un verdadero sistema de transporte público
sostenible ahorrará dinero en energía y reducirá la contaminación,
ofreciendo a los ciudadanos una mejor calidad de vida.
•
La imagen pública de la Administración mejora al volverse más
"verde" y se convierte en ejemplo para el resto de los ciudadanos.
En este sentido, los expertos en compra pública verde recuerdan que se
trata de una estrategia que combina varias decisiones, como contratar
productos y servicios a proveedores con criterios sostenibles; analizar el
ciclo de vida de los productos para minimizar en su conjunto sus posibles
impactos medioambientales; mantener la competitividad de los precios con
sistemas como el precio tope, por el que se está dispuesto a pagar un
porcentaje de más a los proveedores o suministradores siempre que se
demuestre los beneficios ecológicos; obligar a los responsables de una obra
o una concesión de carácter público a que asuman criterios respetuosos con
el medio ambiente; aplicar consultorías medioambientales, etc.
Escasa implantación en España
En 2008, se aprobaba el Plan de Contratación Pública Verde aplicable a la
Administración General del Estado. El texto introduce los criterios sociales y
ambientales en los procesos de compra públicos para adaptarse así a la
normativa europea. En este sentido, la Declaración de Lisboa del año 2000
se refiere también a la compra pública verde como "contratación pública
responsable", y establece como objetivo que la Administración europea sea
más eficiente y sostenible antes de 2010.
- Imagen: Daniel Lobo El plan español se marca unas metas que cumplir entre los años 2010 y
2015 en los campos de la construcción y el mantenimiento, el transporte, la
energía, los equipos de oficina, el mobiliario, la limpieza y los eventos. Por
ejemplo, señala una reducción de energía del 9% para 2010 y de agua del
20%, consumir un 50% de papel reciclado en 2010 y un 90% en 2015,
reducir el número de publicaciones en un 40% respecto a 2006 para 2015,
etc.
Asimismo, la campaña Procura+ pretende introducir los criterios europeos
de contratación pública verde en todos los Estados miembros. En España la
organización Bakeaz y el Ecoinstitut de Barcelona son los responsables de
su correcta implantación.
La Declaración de Lisboa del año 2000 se refiere a la compra pública verde
también como "contratación pública responsable"
Diversos
ayuntamientos,
universidades,
gobiernos
provinciales
y
autonómicos o el Ministerio de Medio Ambiente (MARM) han aprobado
programas
o
introducido
criterios
sostenibles
en
sus
sistemas
de
contratación. Sin embargo, el propio MARM reconoce que la implantación de
la compra pública verde en España es más bien escasa. Por su parte,
Ecologistas en Acción tilda de "incompleto e insuficiente" al Plan de
Contratación Pública Verde, ya que en su opinión se marca unos objetivos
modestos y unos plazos de implantación excesivamente amplios.
Cómo aumentar la compra pública verde
Los expertos subrayan que para que la compra pública verde se implante
con éxito es necesaria la concienciación y formación de todas las partes
involucradas, así como un apoyo presupuestario mayor. Por su parte, los
ciudadanos también deben exigir a sus administraciones que asuman
criterios medioambientales y sociales.
Asimismo, las administraciones deberían desterrar los falsos tópicos sobre
la contratación pública ecológica. Por ejemplo, no es cierto que se
encuentre fuera de la ley europea al contradecir supuestamente el principio
de no discriminación, sino que la nueva normativa precisamente impulsa su
establecimiento. Y tampoco es cierto que sea más caro, porque o bien cada
vez los productos y servicios "verdes" son más competitivos, o porque a la
larga el gasto se amortiza y ofrece ahorros y efectos beneficiosos.
Ecologistas en Acción añade que haría falta utilizar más ecoetiquetas y
certificados ambientales, así como una fiscalidad y unas leyes más
ecológicas que permitiesen generalizar los productos ecológicos y encarecer
o prohibir los dañinos.
Ejemplos mundiales
La Administración española no es la única de la UE que suspende en sus
deberes de compra pública verde. Según un estudio elaborado por la
Comisión Europea entre 2005 y 2006, el porcentaje real de implantación de
este sistema se reduce al 37%. Los países con una Administración Pública
más ecológica fueron Austria, Dinamarca, Finlandia, Alemania, Suecia,
Países Bajos y Reino Unido. En este sentido, en España se podrían seguir
diversos ejemplos de administraciones europeas que han llevado a cabo
exitosas medidas de contratación pública responsable.
- Imagen: Thomas Duesing En Viena, al igual que otras ciudades europeas, como Lyon o Bonn, se
cuenta con un catálogo, basado principalmente en ecoetiquetas, para la
contratación de una gran cantidad de productos. Por su parte, el
Ayuntamiento vienés ahorra 110.000 euros anuales al haber sustituido sus
bombillas convencionales por otras de bajo consumo, y 1,5 millones de
euros al instalar sistemas de ahorro de agua. Asimismo, los vieneses
también
disfrutan
de
diversos
alimentos
ecológicos
en
hospitales,
residencias de ancianos, colegios y guarderías, con el objetivo de aumentar
progresivamente su porcentaje.
Pero los ejemplos no se reducen a la capital. La Administración de la ciudad
de Wiener Neustadt emprendió en 1996 una iniciativa para volver más
ecológica la utilización de productos de limpieza. Sus responsables
redujeron su uso entre un 20% y un 30%, y se ahorró más del 30% del
presupuesto destinado a este concepto. Y en la provincia de Voralberg, 96
municipios pequeños se unieron en 2001 para asumir un sistema de compra
compartida que les ha permitido ahorrar 6.400 euros en materiales de
oficina y 410.000 euros en equipos informáticos.
El porcentaje real de implantación de este sistema en la UE se reduce al
37%
En
Estados
Unidos,
el
Gobierno
Federal,
el
mayor
comprador
de
ordenadores del mundo, decidió a partir de 1993 adquirir únicamente
aparatos con los requisitos "Energy Star", una acción que se considera vital
para que los fabricantes generalizaran esta norma de eficiencia energética.
Se estima que desde dicho año, el Gobierno ha ahorrado 200.000 millones
de kilovatios/hora (kw/h), el equivalente a 22 millones de toneladas de
CO2.
En el apartado del transporte, también se pueden encontrar iniciativas muy
interesantes. El proyecto ZEUS ha reunido a ocho municipios europeos para
la contratación conjunta y puesta en funcionamiento de vehículos de baja o
nula contaminación. Por ejemplo, en Oslo la contratación conjunta de este
tipo de vehículos ha permitido un ahorro de entre el 10% y el 50%.
El apartado energético también ofrece casos dignos de estudio. La
Universidad inglesa de Sheffield Hallam decidía en 2002 cubrir el 5% de su
electricidad con energía verde; en el sureste de Brabante (Países Bajos), la
iluminación de casi todos los edificios públicos y la urbana provienen de
energías limpias; en 2001, 21 municipios de la región de Einhoven cubren el
75% de su consumo eléctrico con un proveedor verde; etc.
Asimismo, las obras públicas podrían ser más respetuosas con el medio
ambiente si se siguieran ejemplos como los de París. En la capital francesa,
las empresas licitadoras están obligadas a seguir un código de conducta
ecológico, En caso de incumplirlo, el contrato puede darse por finalizado y
quedar excluidas para futuras convocatorias.