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Diálogo con Serpaj
La hora de la justicia *
Un número importante de casos vinculados a violaciones a los derechos humanos,
ocurridas durante la dictadura y antes del golpe de Estado del 27 de junio de 1973, se
encuentran a estudio de los magistrados nacionales, a los efectos de obtener la prueba de los
hechos denunciados y juzgar a los responsables.
En su mayoría han sido casos denunciados por los familiares de los asesinados o
desaparecidos; en otros, por organizaciones de derechos humanos y abogados que a título
personal colaboran en estas denuncias.
La justicia de Paso de los Toros investiga el homicidio de Roberto Gomensoro Josman,
primer desaparecido cuyos restos fueron hallados. Fue detenido por integrantes de las Fuerzas
Conjuntas en Montevideo el 12 de marzo de 1973 y luego trasladado a Tacuarembó. Su cuerpo
fue retirado de las aguas de lago de la represa del Rincón del Bonete seis días después, predio
que pertenece al Batallón de Ingeniería Nº 3.
Otro hecho ocurrido antes del golpe de Estado fue la desaparición de Héctor Castagnetto,
en el que tuvo intervención el “escuadrón de la muerte” - organización clandestina integrada
por militares, policías y civiles que operaba en nuestro país persiguiendo y eliminando a
militantes de izquierda – . Castagnetto fue visto por última vez el 17 de agosto de 1971. Su
caso es investigado en Montevideo, por el Juzgado Penal de 8º Turno.
En Maldonado se investiga la desaparición de Horacio Gelós Bonilla, quien según
concluyó la Comisión para la Paz falleció a consecuencia de la tortura el día 6 de enero de
1976.
Hace pocas semanas se denunció en el Juzgado Penal de 9º Turno a los mandos civiles,
militares y policiales del gobierno cívico – militar y demás responsables, por la existencia de un
vuelo clandestino en octubre de 1976 –conocido como el 2do. vuelo- en el marco de delitos de
desaparición forzada. La denuncia fue formulada por los familiares de María Islas Gatti de
Zaffaroni, Juan Pablo Recagno Ibarburu, Ary Cabrera Prates y Juan Pablo Errandonea Salvia.
A estos casos se suman las denuncias por los asesinatos de Horacio Darío Ramos
Bentancor, Hugo de los Santos, Nibia Sabalsagaray, Luis Martirena y su esposa Ivette
Jiménez, el de Silvia Reyes y sus compañeras Laura Raggio y Diana Maidanic, la
desaparición de Washington Barrios (esposo de Silvia Reyes de 19 años de edad quien se
encontraba embarazada de 3 meses) y de Adalberto Soba. También las denuncias contra el
golpista Juan María Bordaberry y Juan Carlos Blanco, por los homicidios de Zelmar Michelini y
Héctor Gutiérrez Ruiz y otros ciudadanos uruguayos, y la causa en otra sede penal contra el
ex dictador, por atentado a la Constitución y otros delitos.
Otros dos casos emblemáticos denunciados ante la justicia son: los asesinatos de la maestra
Elena Quinteros - a quien la retiraran arrastrándola del jardín de la Embajada de Venezuela-,
y el de la joven María Claudia García de Gelman - secuestrada en Argentina, traída a
Uruguay donde dio a luz a una niña, la que le fue sustraída y entregada a un policía quien la
inscribió como hija legítima, siendo asesinada luego del nacimiento de su hija- . En el primero
de los casos se procesó al canciller de la dictadura Juan Carlos Blanco. El segundo que fue
archivado, con el argumento de que en el mismo hay cosa juzgada. Ante el agotamiento de la
vía interna éste último fue denunciado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Finalmente reseñamos el hallazgo de los restos óseos de Fernando Miranda en el Batallón
Nº 13 y los de Ubagesner Chávez Sosa en una chacra de Pando. Respecto al primero, la
Comisión para la Paz había informado que sus restos habían sido arrojados al Río de la Plata
luego de exhumados. El informe del Ejército al Presidente, Tabaré Vázquez, señaló que una
vez exhumados y cremados se habían esparcido en la zona del Batallón Nº 14. En el caso de
Chávez Sosa, sus restos fueron hallados luego que la Fuerza Aérea informó al Presidente que
había muerto en la Base Boisso Lanza a causa de las torturas. La Comisión para la Paz
también había informado a sus familiares que sus restos habían sido incinerados y arrojados al
Río.
Según surge de este breve repaso de casos presentados en distintas sedes del
Poder Judicial, los jueces están en condiciones de investigar, averiguar la verdad, y una
vez determinados los responsables, proceder a juzgarlos.
Es fundamental en este proceso las resoluciones del Poder Ejecutivo que han determinado
que los hechos investigados no están comprendidos en el art. 1 de la Ley de caducidad.
Pero causa verdadera indignación la vigencia de esta ley que obliga a los magistrados a
consultar al Poder Ejecutivo para que éste decida si pueden actuar o no. Ello nos permite
afirmar que en un Estado de derecho, se sigue violando en forma flagrante la división de
poderes. Esto daña gravemente nuestro sistema democrático, y continúa exponiendo
negativamente a nuestro país ante la comunidad internacional.
En las denuncias se ha hecho hincapié en normativa internacional de los derechos
humanos, incorporada a nuestra legislación por diversas leyes, que por lo tanto integran
nuestro derecho al igual que la Ley de caducidad. Pero con una salvedad, que ésta es
nula por estar en contradicción con preceptos universales, imperativos y absolutos, que
están por encima de los tratados y las leyes. Estas normas conocidas como “jus cogens”
vician de nulidad absoluta a la Ley de caducidad, por ser contraria a las mismas. Los crímenes
contra la humanidad deben ser juzgados y sus responsables castigados.
En esta línea de reflexión están actuando algunos jueces y fiscales, y no nos debería
sorprender que en el momento de resolver responsabilidades, aquellos ignoren aplicar la ley de
impunidad, por su nulidad intrínseca, carácter que no pierde ni siquiera por el plebiscito en que
la ciudadanía votó por su confirmación.
Sin duda estamos en un momento histórico, en que al Poder Judicial le toca un rol
fundamental en la lucha contra la impunidad. Resoluciones de magistrados en primera y
segunda instancia están determinando situaciones impensadas años atrás: acusados de las
más graves violaciones a los derechos humanos declarando en los estrados, caréandose con
sus acusadores; la determinación de plazos de prescripción que no consideran el período de la
dictadura y que los elevan en función de considerar a los autores de estos crímenes como
sujetos peligrosos.
A lo expuesto se suman: las resoluciones judiciales que permitieron que tres militares –dos
de ellos en actividad- hayan sido extraditados a Chile por el caso de Eugenio Berríos, y la
detención por solicitudes de extradiciones desde Argentina de 5 militares y 1 policía acusados
en múltiples testimonios de violaciones a los derechos humanos dentro y fuera de fronteras
como integrantes del tenebroso acuerdo criminal denominado “Plan Cóndor”.
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Por el Dr. Guillermo Payssé. Coordinador del Servicio Paz y Justicia de Uruguay.