TRAS EL APAGÓN DE LOS NUEVES CANALES DE TDT

EL GOBIERNO INTENSIFICA SU HOSTIGAMIENTO
A LA TELEVISIÓN EN ABIERTO
El concurso para la adjudicación de canales anunciado tras el Consejo de Ministros
obvia el principal riesgo para telespectadores e industria audiovisual: el posible
cierre de otros ocho canales de la TDT.
Ajeno a la realidad y necesidades del sector, el Gobierno no enmienda sus propios
errores en la atribución de canales producida tras el apagón analógico.
Madrid, 17 de abril de 2015 – El Gobierno, tras su Consejo de Ministros, ha anunciado la
convocatoria de un concurso para la adjudicación de nuevos canales de TDT en abierto.
Dicho concurso obvia por completo el principal problema que se cierne hoy sobre el sector
audiovisual nacional, y especialmente sobre la televisión en abierto: la posibilidad de cierre
de otros ocho canales de la TDT como consecuencia de una nueva sentencia del Tribunal
Supremo.
Esta decisión elude la reparación de una serie de errores de la Administración que ya tuvo
una dramática consecuencia el año pasado con al cierre de nueve canales en abierto, en una
decisión que no sólo recortó drásticamente la libertad de los telespectadores, sino que puso
a toda la industria audiovisual española en una delicada situación económica y jurídica.
Incumplimiento de compromisos
Con el anuncio hecho hoy, el Gobierno no solo pone de manifiesto su completo
desconocimiento de las necesidades del sector, sino que además persiste en el
incumplimiento de los compromisos adquiridos con las televisiones en el proceso de
transición a la TDT. En dicho tránsito, la Administración del Estado asignó estos ocho canales
para incentivar la migración. Ésta se llevó a cabo de manera modélica gracias a la importante
contribución económica y técnica de los radiodifusores privados, que cumplieron en tiempo
y forma todos los exigentes compromisos esperando las contraprestaciones estipuladas.
Lamentables errores en la tramitación legal han hecho posible que el cumplimiento de
aquellos acuerdos esté en entredicho, pero nada, salvo la ausencia de voluntad para hacerlo,
impide que el Ejecutivo acuerde una solución viable y satisfactoria. El Gobierno dispone de la
legitimación y los medios necesarios para eliminar de forma inmediata y definitiva la
inseguridad jurídica que condiciona a todo el sector audiovisual. Sin embargo, ha optado,
hasta la fecha, por hacer recaer las consecuencias de su obstinada inacción sobre los
operadores, condenando de paso a todos los españoles a una preocupante reducción de la
pluralidad informativa y de ocio.
Hostigamiento a la televisión en abierto
Con esta actuación, el Gobierno aprovecha el pretexto del Tribunal Supremo para abundar
en su hostigamiento a la televisión en abierto en un manifiesto impulso a la opción de la
televisión de pago. En apenas un año, los telespectadores podrían perder nada menos que
17 canales gratuitos. Todo ello después de haber afrontado diez años de creación y
sostenimiento, con inversiones de cientos de millones de euros, de canales que podrían
desaparecer. Y apenas unas semanas después del final de una adaptación en la que se han
invertido, de nuevo, cuantiosos recursos, que ahora resultan despilfarrados.
Conviene recordar que el espectro radioeléctrico es un bien público de alto valor para la
vertebración y cohesión social, y que la gestión del mismo que el Gobierno está ejecutando
supone un serio revés a la libertad informativa, pero también inflige un grave daño a una
industria que genera un volumen de negocio cercano a las 10.300 millones de euros y
empleo directo e indirecto para más de 77.000 profesionales.
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