Tratado Trans-Pacífico

Los riesgos del nuevo
Tratado Trans-Pacífico
E
l recientemente electo presidente de la Argentina, Mauricio Macri, ha dicho en
reiteradas ocasiones que su plan de gobierno contempla asegurar una adecuada
“inserción” de ese país en el mundo, retomando los tradicionales vínculos
preferenciales con Estados Unidos y Europa. Para Macri, el rumbo seguido por la Argentina
desde la presidencia de Néstor Kirchner es insanablemente equivocado. Según el líder de
Cambiemos la política latinoamericanista y vagamente tercermundista del kirchnerismo
es anacrónica y ha arrojado a la Argentina en brazos de los gobiernos populistas de
Venezuela, Bolivia y Ecuador, o de regímenes corruptos en África. Uno de los componentes
de esta radical reorientación es la adhesión de la Argentina a diversos esquemas de
integración auspiciados por la Casa Blanca como la Alianza del Pacífico y el Tratado Trans
Pacífico (TTP), así como la redefinición en clave neoliberal del Mercosur a través de un
tratado de asociación con la Unión Europea. No sería de extrañar que Macri también inicie
negociaciones para firmar un TLC con Estados Unidos y, eventualmente, para facilitar la
instalación de una base militar de aquel país en territorio argentino. Si Colombia, Perú y
Chile, países cuyos gobiernos despiertan la admiración de Macri, tienen bases militares
estadounidenses en sus territorios, ¿por qué no debería también la Argentina tener una,
como prueba de su incondicional alineamiento con el imperio?
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Pero, ¿qué es el TTP? Es un tratado que en años recientes
ha sido impulsado por la Casa Blanca y cuya acta de
nacimiento fuera firmada en Atlanta, Estados Unidos, el 5
de Octubre pasado. Es el tratado económico más grande
de todos los conocidos: integra a un grupo de naciones que
representan algo más del 40 del PIB y aproximadamente el
10 % de la población mundial. Forman parte del TTP Estados
Unidos, México, Canadá, Australia, Malasia, Japón, Singapur,
Vietnam, Nueva Zelanda, Brunei, Chile y Perú. No deja de
ser sorprendente la ausencia de China en este acuerdo, así
como también la de Rusia y otras importantes economías
del Asia Pacífico, como Corea del Sur, Indonesia y Filipinas.
No hace falta ser un experto en geopolítica para concluir
que un TTP que excluya a la segunda mayor economía del
mundo, y destinada a ser la primera en pocos años más,
es un acuerdo contra ese país, una alianza concebida
precisamente para aislar a China y recortar su gravitación
en el campo internacional.
Suele decirse que el TTP es un acuerdo de libre comercio,
concebido para eliminar las barreras comerciales pero en
realidad es otra cosa. Tal como lo advierten el Premio Nobel
de Economía Joseph Stiglitz y Adam Hersh, el TTP “es un
acuerdo para administrar las relaciones comerciales y de
inversión … (todo esto) en contra del libre comercio.”1 Tal
como ha sido señalado por otro estudioso del tema sólo
cinco de los 30 capítulos del TTP “están relacionados con
las tarifas.” No es casual que los principales se refieran
a inversiones, servicios financieros, telecomunicaciones,
comercio electrónico, política de competencia, empresas
estatales, propiedad intelectual, medio ambiente, derechos
de los trabajadores, coherencia regulatoria, desarrollo,
transparencia y anticorrupción y mecanismo de solución de
controversias.”2 Cuestiones particularmente sensibles en
la negociación son aquellas relacionadas con la propiedad
intelectual (a nuestro juicio, uno de los dos temas esenciales),
y las relativas al derecho laboral, la protección del medio
ambiente y la también crucial temática de la solución de los
diferendos y conflictos entre los estados y las corporaciones,
tema sobre el cual las disposiciones del TTP arrojan por la
borda cualquier noción de soberanía nacional.
Al igual que un engendro semejante, el felizmente frustrado
Acuerdo Multilateral de Inversiones, el TTP es un tratado
que se negocia en el más estricto secreto, como también lo
es el TTIP (Transatlantic Trade and Investment Partnership),
un acuerdo entre Estados Unidos y la Unión Europea.
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Ambos son, por definición, iniciativas profundamente
antidemocráticas dado que excluye por completo el
examen y la discusión pública de sus contenidos. Una
prueba más de la complicidad de la mal llamada “prensa
libre” con los más mezquinos intereses corporativos la
ofrece su escandaloso silencio ante una iniciativa de estas
características, que evoca la omertá de los códigos de la
mafia. Las discusiones y negociaciones en torno al tratado
han estado herméticamente blindadas, selladas “en un nivel
de secreto sin precedentes.” Por ejemplo, los miembros del
congreso de Estados Unidos sólo pudieron tener acceso a
porciones selectas de documentos relacionados al tratado
y sólo pueden ser leídas bajo estricta supervisión. Según
Wikileaks, “solo tres individuos de cada país tienen acceso al
texto completo del acuerdo, pero a unos seiscientos lobistas
que promueven y protegen los intereses de gigantescas
corporaciones estadounidenses como Chevron, Halliburton,
Monsanto y Walmart – se les concedió acceso privilegiado a
secciones cruciales del texto del tratado. Los representantes
de la ciudadanía en el Congreso no tienen esos privilegios;
los del capital sí. Huelgan los comentarios sobre lo que
puede esperarse de un acuerdo que se elabora según estos
criterios.
En Noviembre del 2013 Wikileaks dio a conocer un borrador
completo del capítulo de “Propiedad Intelectual” del tratado,
crucial, como decíamos más arriba, por sus implicaciones
sobre la producción de medicamentos, servicios de internet,
patentes en el campo de la biotecnología y sobre las
libertades civiles. A lo largo de 95 páginas y 30,000 palabras
se establecen disposiciones para instituir un régimen
internacional de gran alcance legal y de cumplimiento
obligatorio, modificando o reemplazando disposiciones
constitucionales, estatutos o leyes vigentes en los estados
signatarios del TTP. En otras palabras, se instituye un
ordenamiento legal que neutraliza por completo la soberanía
de los estados miembros con el consiguiente debilitamiento
de los procesos democráticos, que se verán expropiados de
su capacidad para regular el funcionamiento de los mercados.
Los ítems específicos del citado capítulo incluyen acuerdos
relacionados con las patentes (vgr. quién puede producir
bienes o medicamentos), derechos de autor (quién puede
transmitir información), registros de marca (quién puede
describir información o bienes como auténticos) y diseño
industrial3. Como consecuencia de estas disposiciones las
compañías farmacéuticas podrían “prolongar prácticamente
– y algunas veces casi indefinidamente – sus monopolios
1 Joseph E. Stiglitz y Adam S. Hersh, “La farsa del Acuerdo Estratégico Transpacífico de Asociación Económica”, en https://www.project-syndicate.
org/commentary/trans-pacific-partnership-charade-by-joseph-e--stiglitz-and-adam-s--hersh-2015-10/spanish (2 Octubre 2015)
2 Felipe Frydman, “Qué es el Acuerdo Transpacífico y cómo nos afecta”, enhttp://www.ieco.clarin.com/economia/comercio-transpacificoArgentina_0_1448855457.html
3 https://wikileaks.org/tpp/index-es.html
4 Stiglitz y Hersh, op. cit.
de medicamentos patentados, así como mantener fuera
del mercado a medicamentos genéricos más baratos
y bloquear, durante muchos años, la introducción de
nuevos medicamentos”, en especial los genéricos4.
Dado que el objetivo final del TTP o iniciativas similares
(entre las cuales la Alianza del Pacífico) es instaurar un
orden neoliberal global no es casual que la sección más
extensa de dicho capítulo esté dedicada al “cumplimiento”
de las obligaciones contraídas en el marco del TTP. Como
en el caso del ALCA, las obligaciones son casi todas de
los estados, mientras que los derechos son casi todos de
las corporaciones. Allí se estipulan nuevas medidas de
vigilancia y control, con lesivas consecuencias de gran
alcance para el disfrute de los derechos individuales,
las libertades civiles, los editores, los proveedores de
servicios de internet y la privacidad en la red, así como
para el patrimonio común creativo, intelectual, biológico
y ambiental. Entre las regulaciones más draconianas se
encuentran aquellas que incluyen tribunales de litigio
supranacionales –como los del funesto CIADI del Banco
Mundial- que tendrán precedencia en relación a los
tribunales nacionales. Estos organismos podrán realizar
audiencias secretas y considerar evidencias igualmente
secretas. No es casual, entonces, que en ese marco
altamente protector de las corporaciones no exista
salvaguardia alguna en materia de derechos humanos. Es
obvio que el tema no interesa a los promotores del TTP.
Tiene razón Julian Assange, Editor en Jefe de Wikileaks
cuando observa que “de ser instituido, el régimen de
Propiedad Intelectual del TTP pisotearía los derechos
individuales y la libre expresión y trataría como un trapo
al patrimonio común intelectual y creativo. Si usted lee,
escribe, publica, piensa, escucha, baila, canta o inventa; si
usted cultiva o consume comida; si se encuentra enfermo
o se pudiera encontrar algún día enfermo, el TTP lo tiene
en su mira”.
En suma, el TTP es el embrión de un ALCA global, que
debe ser derrotado tal como sucediera con este último
en Mar del Plata en 2005. Significa el reinado de un
neoliberalismo global que arruinará a las economías de la
periferia y sumirá a sus pueblos en la pobreza, imponiendo
la dictadura de las megacorporaciones y vaciando de todo
contenido a los procesos democráticos al fundar un orden
jurídico supranacional al margen de cualquier grado de
control popular y concebido para exclusivo beneficio de las
transnacionales. Un mundo sin ciudadanos, sin derechos
laborales y desinteresado por la salvaguardia del medio
ambiente y los derechos humanos. Un sórdido mundo en
donde sólo cuentan las ganancias del capital. Así como
dijimos “No al ALCA” los pueblos latinoamericanos debemos
unirnos al movimiento en ciernes que, en la gigantesca
cuenca del Pacífico, ya comienza a decir “No al TTP”.
Para Correo del Alba, Atilio A. Boron.
Politólogo y sociólogo.
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