documento - Fundación Carolina

Transcripción

Portada DT 32.qxp:Portada DT 30.qxp
15/1/09
7:57
Página 1
Género y empleo
El Centro de Estudios para América Latina y la Cooperación Internacional (CeALCI) se crea, en noviembre de
2004, con la voluntad de promover la investigación y el
debate en torno a la realidad de los países en desarrollo
en general, y de América Latina en particular, y para
potenciar los estudios y propuestas sobre la mejor manera
de enfrentar los problemas que aquejan a estos países.
DT
32
Bajo la denominación «Documentos de Trabajo» se publican
resultados de los proyectos de investigación realizados y
promovidos por el CeALCI. Además pueden ser incluidos
en esta serie aquellos estudios que, previa aceptación por
el Consejo Editorial, reúnan unos requisitos de calidad
establecidos y coincidan con los objetivos de la Fundación
Carolina y su Centro de Estudios.
CeALCI – Fundación Carolina
[email protected]
www.fundacioncarolina.es
Judith Astelarra (coord.)
Género y empleo
Documento de
Trabajo nº 32
253_08 Aju 00a pri Ind
15/1/09
07:41
Página i
15/1/09
07:41
Página ii
GÉNERO Y EMPLEO
Judith Astelarra (coord.)
15/1/09
07:41
Página iv
Estos materiales están pensados para que tengan la
mayor difusión posible y que, de esa forma, contribuyan
al conocimiento y al intercambio de ideas. Se autoriza,
por tanto, su reproducción, siempre que se cite la fuente
y se realice sin ánimo de lucro.
Los trabajos son responsabilidad de los autores y su
contenido no representa necesariamente la opinión de
la Fundación Carolina o de su Consejo Editorial.
Están disponibles en la siguiente dirección:
http://www.fundacioncarolina.es
Primera edición, enero de 2009
© Fundación Carolina - CeALCI
C/ Guzmán el Bueno, 133 - 5.º dcha.
Edificio Britannia
28003 Madrid
www.fundacioncarolina.es
[email protected]
Diseño de la cubierta: Alfonso Gamo
Foto de la cubierta: Lee Chisholm
DERECHOS RESERVADOS CONFORME A LA LEY
Impreso y hecho en España
Printed and made in Spain
ISSN: 1885-866-X
Depósito legal: M- 2202-2009
Fotocomposición e impresión: EFCA, S.A.
Parque Industrial «Las Monjas»
28850 Torrejón de Ardoz (Madrid)
Impreso en papel reciclado
15/1/09
07:41
Página v
ÍNDICE
INTRODUCCIÓN, Maribel Rodríguez .......................................................................
VII
PRESENTACIÓN, Judith Astelarra............................................................................
XI
I. UNA RECONFIGURACIÓN DE LA SOCIEDAD DEL TRABAJO
1.
2.
3.
4.
5.
GÉNERO Y TRANSFORMACIONES DEL MERCADO DE TRABAJO, María
Rosa Renzi.........................................................................................................
3
EL EMPLEO FEMENINO EN ESPAÑA Y EUROPA: CAMBIOS Y CONTINUIDADES, Pilar Carrasquer .................................................................................
15
LA COHESIÓN SOCIAL, LAS MUJERES TRABAJADORAS, EL EMPLEO Y
LOS INGRESOS, Janina Fernández Pacheco .................................................
25
COMENTARIO. PARA CONSEGUIR LA EQUIDAD DE LOS GÉNEROS RESPECTO AL EMPLEO SE REQUIEREN POLÍTICAS DE EMPLEO INTEGRALES, Fausto Miguélez .......................................................................................
33
COMENTARIO. UNA RECONFIGURACIÓN DE LA SOCIEDAD DEL TRABAJO,
Josep Banyuls Llopis ........................................................................................
45
II. NUEVAS DINÁMICAS EN EL CONTEXTO LABORAL
6.
7.
8.
9.
10.
MUJERES, MERCADO LABORAL Y TRABAJO PRECARIO EN ECUADOR,
Alison Vásconez ...............................................................................................
55
EL EMPLEO DE LAS MUJERES EN MÉXICO Y LA APERTURA COMERCIAL, María Elena Cardero...............................................................................
67
LAS MUJERES JÓVENES EN EL MERCADO DE TRABAJO: ENTRE LOS
DATOS Y LOS DISCURSOS, Inma Pastor .......................................................
79
INMIGRACIÓN Y ENVEJECIMIENTO DESDE UNA PERSPECTIVA ASISTENCIAL, Raquel Martínez Buján....................................................................
87
COMENTARIO, María Manuela Poveda Rosa.................................................
97
V
15/1/09
07:41
Página vi
Índice
III. POLÍTICAS PÚBLICAS Y FACTORES QUE INCIDEN
EN EL MERCADO DE TRABAJO
11.
LA PROPUESTA DE LA RENTA BÁSICA: POTENCIALIDAD Y DEBILIDADES
PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE EMPLEO Y LA EQUIDAD DE GÉNERO, Corina Rodríguez Enríquez ..................................................................
111
DESIGUALDAD EN EL MERCADO DE TRABAJO Y EN LA ECONOMÍA: SITUACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS, María Pazos Morán...............................
121
CIUDADANÍA E INCLUSIÓN SOCIAL FRENTE A LAS INSEGURIDADES
CONTEMPORÁNEAS. LA SIGNIFICACIÓN DEL EMPLEO, Joan Subirats,
Eva Alfama y Anna Obradors ..........................................................................
133
¿ES POSIBLE (DES)ENCADENAR LA DESIGUALDAD DE GÉNERO EN
AMÉRICA LATINA, Juliana Martínez Franzoni y Koen Voorend....................
143
COMENTARIO. EL TRABAJO REMUNERADO Y LAS MUJERES: ¿CÓMO
PASAR DEL EMPLEO DEL GÉNERO AL GÉNERO EN EL EMPLEO?, Juliana Martínez Franzoni ......................................................................................
153
BIBLIOGRAFÍA ...........................................................................................................
167
12.
13.
14.
15.
VI
253_08 Aju 00b Intro
15/1/09
07:41
Página vii
INTRODUCCIÓN
Maribel Rodríguez *
Desde el año 2006, la Fundación Carolina, a través de su Centro de Estudios
para América Latina y la Cooperación
Internacional (CeALCI), ha dedicado un
gran esfuerzo al trabajo sobre la cohesión social en América Latina. Ese trabajo se ha detenido y concentrado en distintos aspectos de la cuestión general
de la cohesión social.
En primer lugar, se ha desarrollado un
amplio programa de trabajo relativo al
análisis de los sistemas de bienestar, ya
que éstos constituyen la principal herramienta de política pública para ofrecer a
la ciudadanía, a través de los sistemas
de protección social, la cobertura ante
contingencias vitales y laborales, como
la pobreza, el desempleo, la enfermedad o la vejez. Para llevar a cabo este
programa se ha colaborado con organismos como la Corporación de Estudios para Latinoamérica, el Instituto Fernando Henrique Cardoso, el Banco
Interamericano de Desarrollo, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, la Agencia Española de Cooperación
Internacional, la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, la Universidad de Costa Rica, la Universidad Estatal de Campinas de Brasil o el Núcleo de
Estudios de Políticas Públicas de Chile.
Por otra parte, se ha profundizado en el
estudio de la educación, bajo su consideración como clave para el acceso de
la población a mejores niveles de cali-
dad de vida y para la consolidación de la
democracia: el acceso de la ciudadanía
a niveles educativos y culturales más altos se traduce en el acceso a empleos
decentes y a una «capacitación» para el
ejercicio de sus derechos. Además, la
educación es importante también desde
la óptica de las estrategias de desarrollo
país, puesto que, la posibilidad de un
país de mejorar la competitividad de su
economía (estrechamente vinculada a la
capacidad de innovación) depende en
gran medida de la calidad de la formación que ofrece a las nuevas generaciones.
Finalmente, la reflexión no hubiese sido
completa sin abarcar en nuestra mirada
la fiscalidad: la arquitectura fiscal de los
estados nacionales determina el nivel
de recursos disponibles para financiar
todas las políticas públicas, entre ellas,
las políticas sociales. Por otra parte, la
recaudación de los impuestos puede ser
utilizada (aunque lamentablemente en
el contexto de América Latina lo es todavía muy poco) como instrumento de
reducción de las desigualdades en los
ingresos individuales, aumentando la
progresividad de la imposición fiscal.
De esta manera, la política fiscal puede
convertirse en un potente instrumento a
disposición de los Estados para luchar
contra la desigualdad y para favorecer
la cohesión social. Este tema tiene una
especial relevancia en América Latina,
pues los insuficientes niveles de recau-
* Responsable del Programa de Cohesión Social en América Latina. Centro de Estudios para América
Latina y la Cooperación Internacional (CeALCI), de la Fundación Carolina.
VII
15/1/09
07:41
Página viii
Maribel Rodríguez
dación fiscal suponen un serio obstáculo al impulso de una política social de
calidad, esto es, que esté a la altura del
desafío que la pobreza introduce en algunos de los países de la región. Por último, la estructura impositiva existente
puede contribuir, de hecho, a la profundización de las desigualdades sociales.
Como complemento a este trabajo sobre
cohesión social, nos ha parecido fundamental desde la Fundación Carolina dedicar una atención específica a la dimensión de género en los diferentes sectores
de la cohesión social que estábamos
abordando en nuestro trabajo. La progresiva incorporación de las mujeres al
mercado de trabajo ha puesto en evidencia la existencia de sistemas nacionales
de cohesión que se fundan sobre el pilar
del trabajo (ni remunerado, ni reconocido) de las mujeres, derivado de la división sexual del trabajo. El tiempo de las
mujeres, tradicionalmente sin coste y
considerado producto de la vocación social, dedicado al cuidado de los menores
y de los mayores, está hoy día en el centro de los debates de política social. Por
ello, sigue siendo importante profundizar en el impacto de la relación entre los
modelos de bienestar —el rol de las familias— y los mercados laborales (Estado-familia-mercado). En esta materia, la
Fundación colaboró con socios importantes como el Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), la Universidad Autónoma de Barcelona o la
Universidad de Costa Rica.
1
En 2007 se realizó, en colaboración con
la Universidad Autónoma de Madrid, un
seminario virtual con el fin de introducir
el análisis de género en los debates que
estaban teniendo lugar en América Latina en el contexto de la preparación de la
XVII Cumbre Iberoamericana dedicada
al tema de la cohesión social, que, lamentablemente, se caracterizaban por
tener una mirada «ciega al género».
Este seminario culminó con la edición
de un documento de trabajo de la Fundación Carolina: «Género y cohesión social», disponible en la página web de la
Fundación 1.
En el año 2008, el CeALCI propuso a la
Universidad Autónoma de Barcelona
abrir otro foro dedicado específicamente
al tema género y empleo. Abordar la temática del trabajo se desprendía «naturalmente» del trabajo que la Fundación
venía realizando en materia de cohesión
social desde hace casi tres años. El acceso a un empleo decente constituye, en
efecto, la principal fuente de inclusión
social, permite a los ciudadanos vincularse a los sistemas nacionales de protección social, así como adquirir bienes
y servicios básicos.
Por otra parte, puesto que América Latina se caracteriza por presentar un nivel
de informalidad laboral que oscila entre
un 40 y un 50 por ciento y elevados índices de empleo escasamente remunerado, el análisis del empleo era una tarea
perentoria. Paradójicamente, el merca-
http://www.fundacioncarolina.es/FundacionCarolina/mwcealci/cealci/publicaciones/documentos/.
VIII
15/1/09
07:41
Página ix
Introducción
do de trabajo ha sido objeto de pocas
reformas en materia de políticas públicas en la región, y eso a pesar de haber
sufrido un proceso de creciente deterioro. Consecuentemente, se identificó el
estudio de las políticas de empleo y su
interrelación con las desigualdades de
género como una línea de trabajo prioritaria para el Centro de Estudios, para alimentar la reflexión de los tomadores de
decisión en materia de políticas de empleo, y también para informar a la cooperación española acerca de cómo evaluar y mejorar dichas políticas.
La pertinencia de una lectura de los problemas de empleo desde una perspectiva de género es particularmente útil y
eso, por varias razones. Por una parte,
estamos asistiendo recientemente a un
fenómeno migratorio, principalmente
femenino, procedente de América Latina y cuyo destino privilegiado es España. Este fenómeno de debe principalmente a las transformaciones sociales y
económicas de España que han generado un aumento de la demanda de servicios de cuidados a niños y ancianos. El
sistema de protección social español
que descansa, en gran medida, en redes
de solidaridad familiares para suplir
esta atención a los dependientes, no
supo evolucionar al mismo ritmo que la
sociedad española que se caracteriza
por un abandono progresivo del modelo tradicional de familia. Aquellas familias, en las cuales ambos progenitores trabajan o que están encabezadas por una
sola persona ya no son una excepción.
Estos cambios han supuesto para un
amplio contingente de mujeres procedentes de América Latina, una oportunidad laboral. Lamentablemente, estos
nuevos mercados de los cuidados se
han desarrollado en condiciones precarias, puesto que estos trabajos no siempre dan acceso a una residencia legal, ni
al sistema de protección social español
o ni siquiera ofrecen un salario decente.
Sin embargo, esta situación también
puede verse bajo un ángulo positivo. En
efecto, esta «desfamiliarización» de la
economía de los cuidados representa,
en el contexto internacional de desaceleración evidente de muchos sectores
productivos, una oportunidad laboral. El
envejecimiento de la población y una inserción ahora irreversible de las mujeres en el mercado del trabajo van a ir,
además, consolidando esta tendencia
de subcontratación de los cuidados domésticos. Estamos ante un modelo que
difícilmente va a revertirse. Por lo tanto,
se trata de un sector laboral en plena expansión, que contrasta con un contexto
de recesión de otros sectores productivos. Es necesario, por lo tanto, llevar
una reflexión profunda sobre la relación
entre formalidad e informalidad en el
mercado de trabajo y sobre los puentes
de política pública que pueden coadyuvar a transformar esta economía sumergida en un sector dinámico de empleo
formal.
Otro aspecto que ha venido influyendo
en el mercado laboral de la región ha
sido el creciente proceso de globalización de la economía. Los estados nacioIX
15/1/09
07:41
Página x
Maribel Rodríguez
nales encuentran cada vez más dificultades para articular coherentemente políticas de desarrollo económico y de protección social en un entorno en el cual
las empresas se mueven de un país al
otro, en función de aquellos entornos
más rentables para sus actividades. Privilegiar el desarrollo de la empresa nacional y elevar las barreras a la competencia internacional para fortalecer
la economía de un país es una medida
X
cada vez menos viable. Los Estados deben trabajar en un contexto volátil, difícil de controlar e impredecible.
Esperamos que los trabajos reunidos en
este documento constituyan una contribución al debate relativo a las políticas
de empleo y, por otra parte, permitan
encarar retos cada día más acuciantes
que la crisis mundial plantea a todos los
países y ciudadanos.
253_08 Aju 00c Present
15/1/09
07:41
Página xi
PRESENTACIÓN
Judith Astelarra *
Este libro recoge las ponencias y cuatro
comentarios que se debatieron en los
foros del seminario: «Género y Cohesión Social: trabajo y empleo» 1, en el
cual se ha buscado aplicar este enfoque
a uno de los tres ámbitos, el del mercado de trabajo, y a una problemática específica, la del empleo remunerado en
el mercado y el trabajo de cuidados que
se hace en la familia. El seminario se ha
desarrollado en tres actividades que
interactúan entre ellas: los debates on
line, un encuentro presencial y ahora,
una publicación. La fase de debates en
línea se estructuró en base a tres foros:
una reconfiguración de la sociedad del
trabajo, las nuevas dinámicas en el contexto laboral y las políticas públicas y
factores que inciden en el mercado de
trabajo. El curso sobre Género y Cohesión Social organizado por el Instituto
de la Mujer y el Centro de Formación de
la AECID de Antigua, Guatemala (julio
de 2008) ofreció una primera oportunidad de encuentro presencial para una
parte de los comentaristas y ponentes.
También ha dado su apoyo UNIFEM de
México, Centroamérica y el Caribe.
Los temas abordados en las ponencias
y comentarios debatidos en los foros
virtuales han permitido mostrar tanto
las especificidades de género que se
producen en el empleo y el trabajo doméstico, como las características comunes que afectan a ambos géneros. La
división sexual del trabajo crea desigualdades tanto en el mercado de trabajo como en el reparto del trabajo de
cuidado hecho en la familia. Aunque se
han producido avances, los dos géneros no se encuentran en situación de
igualdad.
La primera parte del documento aborda
como tema central el de la reconfiguración de la sociedad del trabajo y es tratado en tres ponencias: «Género y transformaciones del mercado de trabajo» de
María Rosa Renzi; «El empleo femenino
en España y Europa: cambios y continuidades» de Pilar Carrasquer; y «La cohesión social, las mujeres trabajadoras,
el empleo y los ingresos» de Janina Fernández Pacheco. Además de estas tres
ponencias, se agregó al foro un trabajo
de Martín Hopenhayn, «Cambios en el
paradigma del trabajo remunerado e
impactos en la familia» ya publicado 2.
Los comentarios a las ponencias fueron
hechos por Fausto Miguélez y Joseph
Banyuls Llopis.
* Profesora de Sociología en la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB). Fue decana de la Facultad de
Ciencias Políticas y Sociología de la UAB (1992-1997). Desde 1994 es miembro del Consejo Asesor de la
Fundación Carolina y experta del Consejo de Cooperación para el Desarrollo. En 1996 recibió la medalla
President Macià de la Generalitat de Catalunya.
1
Las ponencias y comentarios, los foros así como los vídeos de presentación de los invitados de honor se
encuentran en el COFI: www.e-cofi.net. También se encuentra todo el material del primer seminario, «Género y Cohesión Social».
2
En Irma Arraigada (coord.): Familias y políticas públicas en América Latina: una historia de desencuentros. CEPAL, Libros CEPAL, 2007.
XI
15/1/09
07:41
Página xii
Judith Astelarra
Tanto las ponencias como los comentarios hacen hincapié en los cambios que
se han producido en el ámbito laboral y
que afectan tanto a los hombres como a
las mujeres. Éstos se derivan de los cambios acelerados que se han producido
debido a la globalización y a las variaciones económicas. La globalización ha ido
acompañada de deslocalización y los
cambios económicos han impuesto nuevas formas de flexibilización del trabajo
remunerado. Estos cambios le han quitado al trabajo el monopolio que tenía
en materia de integración social. El trabajo ya no constituye como antes un elemento central en la actuación social de
las personas y no es el único elemento
de unión y cohesión social. Es cierto que
trabajo no es lo mismo que empleo, como han señalado adecuadamente las
teorías de género al mostrar la importancia del trabajo doméstico. Pero también lo es que, en la sociedad moderna,
el empleo era el principal factor que ordenaba el tiempo cotidiano y a lo largo
de la vida y creaba las redes sociales
básicas.
La deslocalización y la flexibilidad del
empleo han sido respuestas empresariales a las incertidumbres que se derivan de las nuevas tecnologías y de la
creciente competencia internacional.
Era más fácil actuar sobre la fuerza de
trabajo, que sobre estos otros factores.
Consecuentemente, el trabajo dejó de
ser un elemento que daba estabilidad a
las personas y apareció la precariedad
laboral. Este proceso ha sido muy diferente en los países en que existían meXII
canismos de regulación e intervención
del Estado, como es el caso de la mayoría de los países europeos, contrariamente a la mayoría de los países latinoamericanos.
Si bien ésta es una realidad que afecta a
ambos géneros, perjudica muy especialmente a las mujeres. Estos cambios
se han producido en momentos en que
ha habido una gran incorporación femenina al mercado de trabajo. De hecho,
esta incorporación se manifiesta justamente en los nuevos sectores laborales
y en los trabajos más precarios. Es decir,
los cambios antes descritos con respecto al trabajo han tenido una importante
dimensión de género.
En la segunda parte se abordan estas
nuevas dinámicas del contexto laboral,
con cuatro ponencias y un comentario:
Alison Vásconez analiza la situación laboral de las mujeres en Ecuador: «Mujeres, mercado laboral y trabajo precario
en Ecuador»; María Elena Cardero nos
propone una mirada sobre «El empleo
de las mujeres en México y la apertura
comercial»; Inma Pastor presenta el caso
de «Las mujeres jóvenes en el mercado
de trabajo: entre los datos y los discursos», y Raquel Martínez Buján cierra este
apartado abordando el tema de gran actualidad de la «Inmigración y envejecimiento desde una perspectiva asistencial». El comentario estuvo a cargo de
María Manuela Poveda Rosa.
Las ponentes constatan la existencia de
la dimensión de género en los cambios
15/1/09
07:41
Página xiii
Presentación
producidos en el mercado de trabajo.
A pesar de que existen importantes
transformaciones en el acceso de las
mujeres al trabajo remunerado, se recalca que las desigualdades entre los
géneros persisten y en muchos casos se
acrecientan. En América Latina están
asociadas a la deslocalización, como es
el caso de las maquiladoras en América
Central y México. La misma desigualdad
se encuentra en Ecuador donde la participación económica femenina se caracteriza por condiciones de precarización,
subocupación y baja cualificación, a pesar de los buenos resultados educativos.
En España persisten las desigualdades
que afectan también a mujeres jóvenes,
para quienes se han producido las grandes transformaciones de las dos últimas
décadas. Aparece al mismo tiempo un
fenómeno que relaciona a las dos orillas
del Atlántico: el de la inmigración femenina que accede a empleos vinculados
al cuidado. Esto pone al descubierto el
problema del mantenimiento de la división sexual del trabajo. Si bien se han
producido cambios en la participación
de las mujeres en el mercado de trabajo,
éstos no han llegado a la familia, que sigue siendo la gran responsable de los
cuidados, y que están mayoritariamente
a cargo de las mujeres. Esto ha llevado a
la sustitución del modelo de «hombre
proveedor, mujer ama de casa» por el
de la «doble presencia» de las mujeres.
Pero la globalización ha tenido como
una de sus consecuencias la de un nuevo
impulso a la inmigración y una de las
novedades es la gran cantidad de mujeres que inmigran solas y no como parte
de una familia. El empleo que más rápidamente encuentran es el de cuidado,
que las mujeres europeas abandonaron
hace tiempo y las españolas en fechas
más recientes. El coste salarial más bajo
de las mujeres inmigrantes ha permitido que familias españolas con niveles
de ingresos medios o medio-altos las
puedan contratar. Esta disponibilidad ha
contribuido a mantener una situación
en la cual no hay suficientes recursos
públicos para financiar el cuidado ni un
grado de corresponsabilidad adecuado
por parte de los hombres.
Las ponencias y comentarios de las dos
primeras partes de este libro han mostrado que el enfoque de cohesión social
y género es importante y útil para abordar los fenómenos descritos, tanto desde la perspectiva de los cambios generales como de las formas de vinculación
que existen entre ellos y las relaciones de
género. Como se señala en el comentario, la cohesión social ha estado asociada a dos factores: el trabajo y la familia.
Las políticas sociales, fuente importante
de cohesión en Europa estaban asociadas al trabajo. Pero, si estas fallaban, las
familias garantizaban la cohesión si había trabajo adecuado y suficiente. La crisis del empleo ha debilitado ambas cosas, de aquí que sea necesario buscar
nuevas formas de cohesión social. Pero,
la importancia de darle una dimensión
de género al análisis de la cohesión social es precisamente no verla sólo desde
la perspectiva del trabajo productivo
XIII
15/1/09
07:41
Página xiv
Judith Astelarra
como se había hecho hasta ahora, sino
también con respecto al trabajo doméstico.
Finalmente, la tercera parte del documento aborda las políticas públicas
que inciden en el mercado de trabajo.
Consta de cuatro ponencias: «La propuesta de la renta básica: potencialidad
y debilidades para mejorar las condiciones de empleo y la equidad de género» de Corina Rodríguez Enríquez; la
«Desigualdad en el mercado de trabajo
y en la economía: situación y políticas
públicas» de María Pazos Morán; la
«Ciudadanía e inclusión social frente
a las inseguridades contemporáneas.
La significación del empleo» de Joan
Subirats, Eva Alfama y Anna Obradors;
y «¿Es posible (des)encadenar la desigualdad de género en América Latina?»
de Juliana Martínez Franzoni y Koen
Voorend. El comentario estuvo a cargo
de Juliana Martínez.
Los cambios antes descritos hacen necesario reconsiderar las políticas sociales
que se habían impulsado hasta ahora.
De forma explícita las políticas públicas
nunca se habían hecho cargo del cuidado. En la medida en que las mujeres se
han incorporado al mercado de trabajo,
el cuidado aparece como una necesidad
social que se debe abordar tanto desde
el trabajo remunerado como desde la
política social. La primera respuesta ha
sido la adopción de políticas de conciliación laboral familiar. Sin embargo,
siguen siendo mayoritariamente las mujeres las que la utilizan, puesto que la diXIV
visión sexual del trabajo con respecto al
cuidado no ha cambiado.
Las ponencias abordan la necesidad de
nuevas políticas públicas que tomen en
cuenta tanto el empleo como el trabajo
de cuidado. Revisan el concepto mismo
de ciudadanía cuya base había sido la
independencia económica, vinculada
al empleo. Sin embargo, esta ciudadanía independiente en teoría, era dependiente en la práctica con respecto a la
necesidad de cuidados, lo que se resolvía con el modelo de hombre proveedor/mujer ama de casa. La igualdad de
oportunidades que ha contribuido a
cambiar la inserción social de las mujeres y la nueva realidad en que se han debilitado los dos grandes pilares de la cohesión social, la capacidad protectora
del empleo y la estructura familiar, hacen necesario redefinir la ciudadanía.
Los problemas antes descritos del mercado de trabajo, que han llevado a problemas de dualización en la sociedad,
con grupos integrados y otros en situación de exclusión, generan además problemas en el ejercicio de los derechos.
Desde esta perspectiva, se proponen nuevas políticas públicas. La primera se refiere a la renta básica que tendría efectos
positivos para las condiciones de empleo
y la equidad de género. También se señala que es necesario revisar los sistemas
de protección social y las políticas fiscales
para que tengan criterios de acceso individual. Y por último, se analizan nuevos
tipos de políticas de empleo que tomen
en cuenta todas las formas de trabajo.
253_08 aju 01
I.
15/1/09
07:41
Página 1
UNA RECONFIGURACIÓN DE LA SOCIEDAD DEL TRABAJO
253_08 aju 01
15/1/09
07:41
Página 2
253_08 aju 01
1.
15/1/09
07:41
Página 3
GÉNERO Y TRANSFORMACIONES DEL MERCADO
DE TRABAJO
María Rosa Renzi *
I.
EL TRABAJO Y LA ECONOMÍA DESDE
UNA VISIÓN FEMINISTA
La economía feminista pone en el centro
de la preocupación la dimensión política
de los estándares de vida, entendida
como la forma en que la sociedad se organiza para el acceso a recursos y la distribución de la riqueza entre los diferentes
grupos sociales, entre mujeres y hombres. Los estándares de vida son variables diferentes para mujeres y hombres
en términos de trabajo, productividad y
eficiencia y, por ello, requiere marcos teóricos y el análisis diferente de las políticas
económicas. Supone una complejización
de la noción de sistema económico y la
ruptura con una visión excluyente del
mismo. La economía desde la perspectiva de género considera el hogar como
unidad de consumo y de producción; que
el trabajo doméstico es un factor determinante de los estándares de vida como lo
son el salario o ingreso; que la economía
requiere ampliar las fronteras más allá de
la producción de mercado y que las relaciones sociales de producción en el hogar
son distintas a las del mercado. La globalización no se limita al intercambio de
bienes y servicios, sino que ello ha traído
aparejado la pérdida del poder económico de los estados. Esto tiene mucha significación para las mujeres, pues es evidente que además de enfrentar problemas de
invisibilización de su contribución a la
economía, que ha impedido aplicar políticas públicas que favorezcan su inclusión
en los procesos económicos, sociales y
políticos, las políticas de ajuste con una
importante contracción del gasto público
en servicios sociales y las actuales dinámicas mundiales son elementos que agudizan la situación de discriminación de
las mujeres 1. El aumento de la rentabilidad se basa principalmente en cambios
en los procesos de producción más que
en innovaciones de los productos. Sin
embargo, los avances tecnológicos y las
exigencias cada vez más sofisticadas del
mercado mundial han influido para que
los bajos salarios hayan dejado de ser un
factor determinante de la competitividad
internacional. El desarrollo de las cadenas productivas globalizadas ha conlle-
* Licenciada en Economía en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Buenos
Aires, República Argentina. Postgrados en género y desarrollo, Políticas públicas con enfoque de género.
Actualmente es responsable de la Oficina de Desarrollo Humano (PNUD-Nicaragua) y Coordinadora Regional del Programa conjunto UNIFEM-PNUD «Creando capacidades para el análisis de género de las economías de la región en la nueva etapa de apertura económica». Es autora de varias publicaciones en temas relacionados con: Macroeconomía y género, Metodologías y análisis de la pobreza. Mercado de
trabajo.
1
Clara Jusidman señala que la intensificación de la inserción de las mujeres al mercado laboral, se da justamente en el momento de mayor deterioro de la relación del gasto social sobre el PIB, lo que muestra que
la mayor presencia de las mujeres en el ámbito público coincide con un deterioro y privatización de los
servicios sociales básicos, lo que influye en la baja cualificación y capacidades técnicas y de disponibilidad
de tiempo a las que se enfrentan las mujeres que se incorporan al mercado laboral en condiciones de desventaja con relación a los hombres.
3
253_08 aju 01
15/1/09
07:41
Página 4
María Rosa Renzi
vado cambios en los roles entre los países en el concierto internacional, influenciados por el impacto producido por el
desarrollo tecnológico. Algunas investigaciones muestran que dentro de los próximos diez años, más del 80% de la tecnología que hoy está vigente será obsoleta y
será reemplazada por otra más avanzada.
De igual manera, serán viejos los conocimientos y habilidades de una parte importante de la fuerza de trabajo actual.
II.
LA APERTURA ECONÓMICA Y SUS
IMPACTOS EN EL MERCADO LABORAL
Centroamérica, a comienzos de los años
noventa 2 inició la etapa de renovación
de la integración regional. La evolución
económica de la región entre 1990 y
2007 muestra que los procesos de apertura económica se han acelerado, pudiendo explicar en parte el crecimiento
económico y de la inversión extranjera.
Sin embargo, ello no ha garantizado la
mejoría de las condiciones de vida de
la población, ni la superación de la desigualdad social y de género. La apertura
económica, además de implicar una sustantiva reducción de aranceles sobre las
operaciones del comercio exterior, ha
propiciado la firma de tratados de libre
comercio con varios países, estando ac-
tualmente iniciándose el Acuerdo de
Asociación entre EU y CA. La apertura
comercial modificó el patrón de inserción internacional, el perfil y composición
de la estructura productiva de los países
y trajo consigo la emergencia de nuevos
sectores productivos para la exportación, que hoy coexisten en el seno de
los tradicionales sectores productivos y
cambios en la organización del trabajo
y los salarios, puesto que los emergentes sectores exportables pasaron a operar bajo el nuevo marco de la desregulación laboral. El crecimiento económico
del Istmo durante los últimos 20 años,
además de caracterizarse por su alta volatilidad y poco incluyente, ha descansado en la generación de ingresos provistos por tres rubros o sectores (turismo,
remesas y maquila), los que representaron el 65% del total de exportaciones de
bienes o el 19% del PIB en el año 2007,
los que tienen una importante relación
con el trabajo y vida de las mujeres de la
región. A continuación se presentan algunos hallazgos identificados en estudios realizados por AGEM 3.
II.1.
La migración y las remesas
Se estima que 5 millones de mujeres y
hombres emigraron de sus países en
busca de nuevas esperanzas, dando
2
El Protocolo de Tegucigalpa (1991) propone la renovación de la integración desde la perspectiva social,
económica, política y cultural en un contexto de paz.
3
Programa conjunto UNIFEM-PNUD: Creando capacidades para el análisis de género de la economía de
la región y condiciones para el posicionamiento de la agenda de las mujeres en la nueva etapa de la apertura comercial (AGEM).
4
253_08 aju 01
15/1/09
07:41
Página 5
Género y transformaciones del mercado de trabajo
Remesas asociadas a la migración: factor clave para el cierre de la brecha externa
Fuente: Elaboración propia.
como resultado un importante crecimiento en los flujos de divisas para los
países, solventando los fuertes déficit de
balanza de pagos que estructuralmente
enfrentan y un relativo impacto positivo
en el corto plazo en la reducción de la
pobreza de los hogares receptores de remesas. Sin embargo, desde una perspectiva de mediano y largo plazo implica
un costo económico para la región y conlleva efectos sociales no deseados. Las
remesas familiares totalizaron en el año
2007 (en el Istmo Centroamericano) US$
12.942 millones, 10% del PIB de la región
y el 37% de sus exportaciones de bienes.
Siguen fuertemente concentradas y representan sobre el PIB de cada país: 28%
en Honduras; 19% en El Salvador; 16% en
Nicaragua y 14% en Guatemala. En el
extremo opuesto Costa Rica y Panamá
con 1,4% y 1,3% respectivamente.
La otra cara de la migración es: la desintegración familiar, la pérdida de identi-
dad y, en muchos casos, la exposición a
riesgos y la violación de los más elementales derechos humanos de la población
migrante que vive en los países de destino una constante zozobra en su vida personal. Otros efectos a considerar son: (i).
La descapitalización por la fuga de cerebros. (ii). La creciente emigración de mujeres (48%) y jóvenes, con su consecuente impacto en la composición y carga de
trabajo en el hogar. Aumenta el tiempo
de cuidado de niños-as, adolescentes y
adultos mayores. El incremento de la jefatura de hogares en manos de mujeres
(promedio 30%), con un acentuado peso
de mujeres mayores, vacío de autoridad
familiar, violencia social juvenil y expansión del consumo de droga. (iii). El endurecimiento de las políticas migratorias ha
dado lugar a emergentes movimientos
sociales de los migrantes, pero también
el desarrollo de mafias que trafican con
la pobreza de la población de niñas/os y
mujeres como los más vulnerables.
5
253_08 aju 01
15/1/09
07:41
Página 6
María Rosa Renzi
II.2.
El turismo: otro sector
dinámico de la economía
regional
El balance neto de la cuenta de viajes
del exterior para el año 2007 totalizó en
los seis países del Istmo Centroamericano un valor de US$ 3.424 millones, 9%
del total de las exportaciones de bienes,
según datos de CEPAL (2008).
II.3.
Hallazgos sobre la inserción
laboral de las mujeres
en el turismo
El turismo es un sector económico con
una importante vinculación y articulación hacia atrás y hacia delante con
otras actividades económicas. Con una
participación promedio del 5% del PIB
de la región. Las características de la
inserción laboral de las mujeres en el
sector mantienen las bases de la segregación laboral por razones de género.
Aunque existen diferentes tipos o modelos de turismo 4, de acuerdo a las dinámicas que se observan hasta la fecha,
el tipo de turismo social, ecológico y comunitario es el que genera el mayor empleo, caracterizado por ser el motor del
establecimiento de micro y pequeña
empresa, de propiedad familiar con alta
participación de las mujeres. El mercado laboral está segmentado, la inserción laboral de las mujeres está asociada a su rol doméstico, pero también
según el ciclo de vida de las mujeres.
Así, vemos que las mujeres asalariadas,
en su gran mayoría son jóvenes, están
vinculadas en actividades de servicios
de alojamiento y gastronómicos; en
operadoras de turismo; en venta de artesanías, etc. Las trabajadoras indepen-
Ingreso de divisas por concepto de turismo. Millones de dólares
4
6
(i). Segregado o de enclave, (ii). Integración relativa, (iii). Turismo integrado, social o comunitario.
253_08 aju 01
15/1/09
07:41
Página 7
dientes en su gran mayoría son mujeres
adultas vinculadas a la producción y
comercialización de artesanías y gastronomía. Las mujeres con alto nivel educativo se ubican mayormente como
empleadas en cadenas de hoteles tipo
resort. Las grandes empresas turísticas
suelen recurrir a empleo de personal
fuera del territorio donde están localizadas, mientras que el turismo social y
comunitario se nutre principalmente de
la misma población del territorio.
Entre las barreras para entrar al sector,
las mujeres señalan: el nivel educativo
de las personas, al desconocimiento de
un segundo idioma, la presencia física, la
edad, pertenencia étnica. Para las asalariadas, según los estudios de casos, los
salarios que perciben son menores al mínimo legal, por contratos a plazo fijo, no
reciben el pago de horas extras y enfrentan también exigencia de hacer turnos
rotativos o doble turno. El incremento
del turismo tiene externalidades negativas como «comercio sexual», la prostitución infantil y adolescente, entre otros.
Pero también, de acuerdo a las entrevistas realizadas a mujeres que trabajan en
el sector y vinculadas al turismo social o
comunitario, se rescatan elementos positivos como mayor empoderamiento, realización personal y social, emergencia de
procesos de asociatividad para incidir en
las políticas públicas nacionales y locales, entre otros. A pesar que el turismo es
un sector incorporado en las estrategias
de desarrollo y competitividad de los países, el apoyo público es escaso. De manera específica, faltan estadísticas oficia-
les sobre las diferentes actividades vinculadas al turismo, desagregadas por
sexo y otras características de la población, lo que impide construir indicadores
y medir impactos diferenciados del dinamismo que está registrando el sector. El
vínculo entre el crecimiento del sector y
el desarrollo económico y humano no es
claro aún.
II.4.
La maquila: ¿Nuevos procesos
de industrialización?
Para la región, la manufactura de alta
tecnología se asocia a los esquemas de
producción bajo regímenes tributarios
especiales (zonas francas). Estas exportaciones crecen apoyadas en políticas y
regímenes especiales de subvenciones.
En 1990, las empresas bajo el régimen
de zonas francas eran 85 y generaban
17.000 empleos directos. En el año 2004,
el número de empresas se elevó a 1.100
y el de empleos directos a 354.000. El
empleo femenino está contrayéndose.
II.5.
Maquila: dinamizador
del empleo a corto plazo
y femenino
Las tendencias y el comportamiento del
sector también experimentaron cambios
con implicaciones en el empleo. En Nicaragua, la participación del empleo femenino en las empresas de zonas francas
era 68% en 2003, se redujo al 60% en el
año 2006; en Honduras pasó del 63,5%
en 2000 a 52,3% en 2006; en Costa Rica
7
253_08 aju 01
15/1/09
07:41
Página 8
María Rosa Renzi
Exportaciones de maquila/exportaciones totales % 5
Fuente: Estimaciones propias con base en datos de CEPAL.
el empleo femenino en el año 2006 fue
de 40%; en Nicaragua el empleo generado por este sector disminuyó de 88.700
trabajadoras-es en diciembre 2007 a poco
más de 84.000 en julio del 2008 6. Varios
son los factores que explican la contracción del empleo femenino: la entrada de
nuevos sectores industriales, distintos al
de confección textil, donde la participación de las mujeres es menor; la extensión de las actividades de la industria manufacturera para la exportación en el
sector confección textil hacia un paquete
completo que induce a la mayor contratación de hombres para el desarrollo de
nuevas funciones, y la generación de empleo formal, que atrae principalmente a
hombres 7, la salida de empresas de la región por razones de costos. Otro elemen5
6
7
8
to que podría estar influyendo es que
ante el bajo dinamismo económico y la
lenta generación de empleo masculino,
los hombres estén siendo impulsados a
aceptar las condiciones laborales de las
industrias de maquila o zonas francas.
De acuerdo a los estudios, en la «cadena» textil y agroindustrial (ámbitos principales de implementación de la política
económica y de apertura), surge una
fuerza laboral «asalariada formal» de
nuevo tipo, caracterizada por: marcada
feminización y extrema juventud. Nivel
de primaria o secundaria incompleta.
Ausencia de trayectoria y calificación laboral. Urbanizada o ladinizada abruptamente, concentrada a lo largo de la franja central-pacífico que se corresponde
con la localización y relocalización de la
Relación del VA de la maquila/Exp. totales equivale al 12,5% del total de exportaciones de bienes del 2007.
Informe BCN agosto 2008.
Ibid.
253_08 aju 01
15/1/09
07:41
Página 9
maquila y las agroexportadoras. Por
otro lado, coexiste una fuerza laboral femenina más adulta, con menos educación pero más cualificada en el manejo
del rubro/rama, articulada a partir de la
subcontratación, como cuenta propia,
PYME y/o ayudante familiar no remunerada. Este sector se caracteriza por su
alta precariedad y ningún beneficio social, así como tampoco cuenta con la supervisión sobre las condiciones laborales. Las nuevas modalidades del empleo
están dando lugar a la combinación de
nuevas y viejas formas de organización
del trabajo donde se mezclan procesos
altamente tecnificados y dinámicos (muchos de ellos ligados a la inversión extranjera directa), con prácticas ligadas a
la subsistencia.
II.6.
La informalidad
y precarización del mercado
laboral
Si bien la tasa de desempleo abierto ha
disminuido en todos los países, el desarrollo del mercado laboral se ha caracterizado por su alta informalidad y
precariedad de los nuevos puestos de
trabajo y por la aplicación de políticas
de flexibilización frente al empleo formal, lo que ha contribuido a la pauperización de la población y al poco impacto
en los altos niveles de pobreza que enfrenta la región. Los cambios productivos y las relaciones entre el capital y el
trabajo han borrado las fronteras entre
el trabajo formal e informal, con consecuencias profundas desde la perspectiva
de los derechos laborales. La expansión
de la economía informal ha permitido a
los hogares compensar la carencia de
empleo y riesgos de desprotección. Según estimaciones del BM, en la región,
cerca del 50% del ingreso nacional proviene de este sector de la economía. Las
principales características de este sector
son:
Ocupación en el sector informal (%)
El panorama desde la perspectiva de género estaría incompleto si no hiciéramos relación a otros dos sectores que
son relevantes para la vida de las mujeres: el trabajo en el sector informal y el
trabajo reproductivo. La región, con excepción de Costa Rica y Panamá, se ha
caracterizado por el elevado peso del
sector informal y por la sobrerrepresentación de las mujeres.
País
Honduras
Guatemala
El Salvador
Nicaragua
Costa Rica
1990
60
58
54
48
40
2005
55
57
58
63,4
38
Es mayoritaria la presencia de mujeres,
pero con un crecimiento más acelerado
de los hombres en los últimos años 8.
8
El 57% de los pequeños negocios está en manos de «mujeres emprendedoras»: 66% El Salvador, 60%
Guatemala, Honduras y Nicaragua. Mujeres microemprendedoras más que microempresarias (Trejos,
OIT, 2005).
9
253_08 aju 01
15/1/09
07:41
Página 10
María Rosa Renzi
Existe una relación negativa del sector
informal con el ingreso por habitante: es
más alto en los países con ingresos per
cápita más bajos y la relación es positiva con el índice de GINI: cuanto más alto
el coeficiente mayor es la informalidad.
Es una alternativa de empleo, particularmente para las mujeres, porque permite
aprovechar eficientemente los tiempos
disponibles de la familia: la educación,
el trabajo de jóvenes y cuidado del hogar. Utiliza recursos fungibles que también desempeñan funciones domésticas
y productivas (casa empresa, transporte
familiar comercial).
II.7.
La economía reproductiva
Las políticas públicas de protección social que se han aplicado tomando como
referente a las familias, continúan siendo diseñadas bajo supuestos de modelos ideales de organización familiar y
social que ya no se corresponden con la
realidad. Esto ha contribuido a profundizar las desigualdades entre mujeres y
hombres en el ámbito de la economía
del cuidado, tanto en el hogar como en
las comunidades, y en el ámbito laboral.
El hecho de que las políticas económicas no consideren la profunda interrelación entre la economía de mercado y
la economía no remunerada mantiene la
fuente de profundización de desigualdades de género: intensificación de las
jornadas de las mujeres ante la disminución de la oferta y/o del acceso a alternativas de atención pública o privadas a
10
las demandas de cuidado de las personas. Las mujeres centroamericanas han
compensado, a costos muy altos, las fallas del mercado y del Estado en la economía del cuidado. El entramado sociocultural vigente en nuestras sociedades
cruza toda la problemática analizada y
conspira contra las posibilidades de superar las desigualdades fundamentales
de género, tanto en el ámbito del trabajo no remunerado como en el de la participación política y ciudadana. Aunque
no existen datos oficiales que den cuenta del aporte económico de las mujeres
con su trabajo reproductivo, algunos
estudios realizados en la región para diferentes años reflejan la siguiente situación:
Estimaciones del valor del trabajo
doméstico no remunerado
País
Nicaragua
Guatemala
El Salvador
Año
de la
estimación
1996
2000
1996
Relación
con el
PIB
30%
30%
33%
Fuente: Nicaragua, FIDEG. Guatemala, CEPAL. El
Salvador, PNUD.
III.
ALGUNAS TENSIONES DEL ISTMO
CENTROAMERICANO
El incremento de algunos precios clave
de la economía como es el petróleo y
sus derivados y el impacto que ello tiene en la cadena de producción y distri-
253_08 aju 01
15/1/09
07:41
Página 11
bución de los bienes y la necesidad de
diversificar las fuentes de generación
energética a lo que se ha sumado la
reciente crisis financiera internacional,
están reflejando impactos en las economías de la región. La región ha comenzado a resentirse del impacto de estas
tendencias. El índice de precios al consumidor en el Istmo Centroamericano
pasó del 6% en promedio durante el año
2006 a 9,3% en 2007, siendo Nicaragua y
Costa Rica los que registraron los mayores incrementos con inflación de dos dígitos: 16,9% y 10,8% respectivamente.
La tendencia creciente de los precios
durante el primer semestre de 2008 se
ha mantenido. Algunas estimaciones
señalan que el incremento de los precios de los alimentos básicos ha oscilado en el último año entre 30% y 60%
para productos básicos de la dieta centroamericana como es: frijol, arroz y
maíz. La crisis mundial de alimentos en
Centroamérica se combina con la falta
de prioridad y estímulo hacia la producción primaria, perdiendo participación
en la generación del PIB. A pesar de ello,
el sector primario sigue siendo importante para las economías de la región,
en particular para las exportaciones 9 y
la generación de empleo, prevaleciendo
los altos niveles de pobreza en la población rural. La desaceleración de la
economía mundial traerá aparejado una
importante reducción del ingreso de divisas en la región por las medidas restrictivas a la inmigración, cuyo efecto
más directo se ha tenido en el año 2008
con la Directiva de Retorno aprobada
por el Parlamento Europeo. De producirse una caída significativa del ingreso
de remesas, la pobreza de los hogares
tenderá al aumento en el mediano plazo, particularmente en las zonas urbanas, con otras consecuencias de carácter
social que podría derivar en una disminución del índice de desarrollo humano
en los próximos años, si no se toman
medidas de políticas públicas que vayan
compensando los efectos negativos de
esa situación. La crisis alimentaria constituye una amenaza para el desarrollo
de los países de la región y pone a las
mujeres en una situación de mayor tensión al seguir siendo responsables de la
reproducción social y del bienestar de la
familia. Por otro lado, la IED y particularmente la producción industrial bajo el
régimen de zonas francas, comenzó a
experimentar reorientaciones territoriales, observándose un retiro de algunas
empresas, particularmente de los países
más pobres de la región. En los últimos
años asistimos a la salida abrupta de
empresas maquiladoras con un importante impacto en el empleo femenino
vinculado a los sectores más afectados
(textil). Esta situación puede agravarse
con la entrada masiva de los productos
de China e India que compiten con la
producción de la región a muy bajos
costos. Por otra parte, la recesión mundial plantea también otro tipo de amenazas frente a los sectores dinámicos
9
Mayra Falck, «Aprietos Alimenticios. El rol de los precios de los alimentos en el desarrollo regional. El
caso de Centroamérica», 12 de junio de 2008. BCIE.
11
253_08 aju 01
15/1/09
07:41
Página 12
María Rosa Renzi
como el turismo, que como vimos anteriormente, constituye un soporte importante de la economía regional.
IV.
CONCLUSIONES
A pesar del importante crecimiento de
la fuerza de trabajo femenina, según las
estadísticas oficiales, las dos terceras
partes de las mujeres son consideradas
población económicamente inactiva, incluyéndose dentro de dicha categoría a
las «amas de casa». Las transformaciones del mercado laboral requiere de
nuevas categorías de análisis e indicadores que permitan dar cuenta de la
evolución de los mercados y las implicaciones del trabajo en la calidad de vida
de las mujeres.
El desarrollo de sectores productivos
vinculados a las cadenas globalizadas
no está generando mayor valor agregado, deja pocos recursos en los países,
pero, sobre todo, es un mecanismo que
está frenando las posibilidades de desarrollo humano de la población que
tiene que entrar al mercado de trabajo
en condiciones tales que en algunos casos es violatorio de sus propios derechos laborales y que frena el desarrollo
de las capacidades para una mejor vida.
El avance democrático y la igualdad en
el ejercicio de los derechos de toda la población de la región depende de que la
mitad de la población en la región —las
mujeres— se convierta en sujeto activo
12
del funcionamiento social, económico y
político a todos los niveles y las cargas
de trabajo no remunerado (en el hogar y
en la comunidad) se distribuyan más
equitativamente entre mujeres y hombres, así como entre el Estado, la familia/hogar y el mercado.
V.
DESAFÍOS
Acciones de política que contribuyan en
el aumento del capital humano de las mujeres atendiendo a todo el ciclo de vida:
— Incorporar en el currículo educativo
nuevos conceptos que contribuyan a
la deconstrucción de estereotipos de
género, aportando al cambio en el
imaginario social. Masificar el acceso de las nuevas tecnologías de información para que en el marco de
comunidades de aprendizaje, las
mujeres tengan la oportunidad de
desarrollar sus capacidades y articular esfuerzos a nivel local, nacional e
internacional.
— Profundizar en el conocimiento sobre las implicaciones de la globalización y las tendencias económicas
mundiales con efectos en la región
para adelantar propuestas desde y
para las mujeres con el objetivo de
que estén preparadas para una mejor inserción laboral y aprovechen
los espacios que puede dar una economía mundial más interconectada.
— Explorar sobre los mecanismos de
empoderamiento, las emergentes
253_08 aju 01
15/1/09
07:41
Página 13
formas asociativas y de agencia experimentadas por las mujeres que
trabajan en el sector informal con el
fin de dar luces sobre posibles políticas públicas que refuercen el capital
social.
— Fomentar políticas redistributivas que
cruzan acciones a nivel micro, meso
y macroeconómico. Ello requiere intervenciones en materia de políticas
compensatorias donde el Estado a
nivel nacional y local, el sector empresarial, la comunidad y las familias
asuman la reproducción social.
— Acelerar el crecimiento económico y
mejorar la distribución del ingreso:
con crecimiento incluyente, mejorando la efectividad de la inversión
social y programas orientados a la
población pobre, sin sobrecargar el
trabajo de las mujeres. ¿Existe espacio para reformas tributarias en beneficio de las mujeres?
— Mejorar las condiciones de productividad requiere poner especial atención a la situación y condiciones de
las mujeres y promover el acceso a
derechos a la propiedad, aumentar
el tamaño y la productividad de la
tierra. Así como, políticas que incidan en los factores asociados, como
son: acceso a mercados, al crédito,
seguros e infraestructura económica
y social.
El proceso en marcha de los acuerdos
de asociación entre la UE y CA constituye una oportunidad para hacer una integración incluyente. El movimiento de
mujeres de la región ha sido muy activo
para posicionar sus demandas y señales
de alerta. Se requiere fortalecer ese espacio de articulación regional en CA
pero también construir un diálogo para
la incidencia con el movimiento feminista europeo.
13
253_08 aju 01
15/1/09
07:41
Página 14
253_08 Aju 02
2.
15/1/09
07:40
Página 15
EL EMPLEO FEMENINO EN ESPAÑA Y EUROPA:
CAMBIOS Y CONTINUIDADES
Pilar Carrasquer *
I.
INTRODUCCIÓN
Estas páginas sintetizan la intervención
presentada en el seminario «Género y
Cohesión social» celebrado en La Antigua entre el 30 de junio y el 6 de julio
de 2008. Tienen como objetivo mostrar
los grandes rasgos de la participación
femenina en el mercado laboral español y europeo, resaltando los elementos de cambio y de continuidad
observados en estos últimos años, en
particular desde la definición de los objetivos europeos de empleo en la Cumbre de Lisboa de 2000 que han marcado las líneas de actuación en Europa
durante este último periodo. En este
sentido, el carácter del texto es eminentemente descriptivo.
Sin embargo, como no hay descripción
neutra, en la lectura de los datos se argumentan, aunque sea de forma somera, tres cuestiones, a mi modo de ver claves, para entender las desigualdades de
género hoy en el mercado de trabajo español y, en cierto modo, europeo. La primera de ellas es que, a pesar de los
cambios, la presencia femenina en el
mercado laboral sigue caracterizada por
un conjunto de factores que durante la
segunda mitad del siglo pasado sirvie-
ron para tipificar dicha presencia como
específica o peculiar con respecto a la
norma, entendiendo, de hecho, por tal,
la norma de empleo masculina. Estos
elementos de permanencia o de continuidad avalan el carácter estructural de
las desigualdades de género en el mercado de trabajo, al tiempo que suscitan
interrogantes con respecto a las políticas llevadas a cabo para paliarlas. De
modo que, en segundo lugar, cabe preguntarse por la bondad de las líneas
maestras de las políticas europeas de
empleo, desde una perspectiva de género. Más concretamente, cabe plantear la
hipótesis de si las políticas no están actuando, en cierto modo, como factor de
reproducción de aquello que pretenden
cambiar. De ahí que, para terminar, se
sugieran algunas líneas de debate y de
actuación para un futuro más igualitario
entre hombres y mujeres. Un horizonte
que, para quien esto escribe, pasa ineludiblemente por afrontar la cuestión de
la «carga total de trabajo» y la de la relación entre tiempo de trabajo y tiempo
de vida. Y no sólo como algo que atañe
al empleo femenino y a las desigualdades de género, sino como dimensiones
a explorar y sobre las que actuar para la
mejora del bienestar cotidiano de las
personas.
* Profesora del Departamento de Sociología de la UAB y miembro del CER-QUIT (Grupo de estudios
sociológicos sobre Trabajo y Vida Cotidiana) de dicho Departamento, donde desarrolla su actividad investigadora en temas relacionados con el trabajo desde una perspectiva de género. Los resultados del
último proyecto DGICYT sobre «El tiempo de trabajo en la negociación colectiva y sus efectos sociales»,
han sido publicados en el núm. 23, monográfico de la revista Cuadernos de Relaciones Laborales dedicado a los «Tiempos de trabajo» y coordinado por T. Torns y P. Carrasquer, y en el núm. 83 de la revista
Papers.
15
253_08 Aju 02
15/1/09
07:40
Página 16
Pilar Carrasquer
II.
PRINCIPALES RASGOS DEL MERCADO
DE TRABAJO: VIEJAS Y NUEVAS
DESIGUALDADES
Sostiene M. Maruani (2000: 18) que, en
relación al empleo, «existen pocos ámbitos en los que haya tenido lugar una
mutación social de tamaña amplitud
sobre un telón de fondo de desigualdades tan tenaces». En buena medida,
esa amplia mutación social a la que se
refiere Maruani tiene que ver con lo
que L. Balbo denominó la doble presencia femenina y con su legitimación
social. Esto es, con la presencia continuada en el mercado laboral de las mujeres adultas con responsabilidades
familiares, pero sin que ello haya significado ni su menor dedicación al trabajo doméstico-familiar 1 ni un reparto
más equitativo del mismo entre géneros. Lo que convierte el fenómeno de la
doble presencia en un elemento de
cambio pero también de continuidad
en el trabajo y en el empleo femenino,
en las relaciones de género y en las
desigualdades que se generan en torno
al trabajo y a la actividad laboral.
Por su parte, el carácter tenaz de las desigualdades remite al mantenimiento de
algunas de sus formas de expresión
(mayor exposición al desempleo, mayor
discontinuidad en el mercado laboral,
más rotación en el empleo, menor salario) pero también a la redefinición de al1
gunas ya conocidas (mayor presencia
en el empleo a tiempo parcial, segregación ocupacional horizontal y vertical) y
a la identificación de otras que quizá no
son nuevas, aunque sólo recientemente
se les haya puesto nombre (acoso sexual). Elementos, pues, de continuidad
que ponen en duda algunas de las hipótesis todavía habituales para explicar la
especificidad del empleo femenino y las
desigualdades de género, como el menor compromiso de las mujeres con la
actividad laboral o su menor inversión
educativa. Pero también elementos de
cambio que ponen de manifiesto el carácter dinámico de las relaciones y de
las desigualdades de género. Veamos
algunos datos.
La tasa de actividad de las españolas se
ha incrementado de manera notable en
las últimas décadas, al tiempo que ha
aumentado su presencia continuada en
el mercado laboral. Sólo entre 1997 y
2007, la tasa de actividad femenina en
España ha pasado del 38,1% al 48,4%,
recortando distancias con respecto a la
tasa de actividad femenina de la UE-15
(45,6% y 50,6%, respectivamente). Sin
duda, el crecimiento es significativo
pero no iguala las tasas de actividad
masculinas, ni en España (64,4%) ni en
EU-15 (66,1%).
En el caso español, buena parte de ese
incremento corresponde a la presencia
Entiendo por trabajo doméstico-familiar el conjunto de tareas que implica el mantenimiento de la infraestructura del hogar y el cuidado de las personas del hogar-familia, ya sea en términos de gestión como
de ejecución de dichas actividades (véase Carrasquer, Torns et al., 1998).
16
253_08 Aju 02
15/1/09
07:40
Página 17
El empleo femenino en España y Europa: cambios y continuidades
de las mujeres casadas en el mercado
laboral formal. En dos décadas, la tasa
de actividad de las casadas se ha incrementado en más de 20 puntos, en
particular en las edades centralmente
reproductivas, de forma que tiende a
desaparecer la curva bimodal típica del
empleo femenino. A fecha 2007, la tasa
de actividad de las mujeres casadas en
España supera el 60% entre los 20 y los
54 años, alcanzando la cota del 70% en
el intervalo entre los 30 y los 34 años.
Unos porcentajes que contrastan con
los de veinte años atrás, cuando la tasa
de actividad de las casadas encontraba
su punto más alto en un escueto 45%
entre los 25 y los 29 años, justo antes de
la edad media de nacimiento del primer
hijo o hija. Con todo, de nuevo los datos
quedan lejos de los registrados por los
hombres casados, cuya tasa de actividad supera siempre ampliamente el
90% entre los 24 y los 59 años, si bien,
para 2007, se aprecia ya con claridad la
caída en la tasa de actividad masculina a
partir de los 54 años, siempre según la
EPA.
Siguiendo con el caso español, el nivel
de estudios continúa jugando un papel
importante a la hora de explicar la actividad femenina. La tasa de actividad femenina más elevada corresponde a las
mujeres con estudios universitarios,
siendo éste el único caso en el que casi
se equiparan a la correspondiente tasa
de actividad masculina (87,7% y 96,2%,
respectivamente, para la población de
30 a 34 años, en 2007). Es más, en un
mercado laboral tan duro como el espa-
ñol, con un pasado reciente de fuerte
desempleo, la credencial educativa se
ha convertido en llave de entrada a la
actividad productiva para las jóvenes.
Tanto es así que, entre las jóvenes de 30
a 34 años, el 36,7% de las activas tiene
estudios universitarios, frente a una
proporción del 22,8% en el caso de los
jóvenes españoles. Un esfuerzo educativo que no suele ser sinónimo de éxito,
sino más bien de posibilidad de acceso
a un empleo y de mayor sobrecualificación femenina.
En cuanto al desempleo, a pesar de la
notable mejoría en las tasas de desempleo de ambos géneros en el conjunto
de la UE, las cifras indican la persistencia de una mayor exposición femenina
al mismo, si bien las distancias son menores que hace 10 años. Sin embargo,
conviene añadir, de inmediato, que esa
realidad es heterogénea si consideramos la divergencia entre las tasas de
desempleo masculino y femenino en
los distintos países europeos. España
es uno de los países donde esa divergencia es mayor, dándose la circunstancia de que la tasa española de desempleo masculino se sitúa en la media
europea (6,4% y 6,5%, respectivamente) mientras que la femenina supera
ambas de manera nítida (10,9%), para
2007.
En síntesis, los hombres siguen teniendo una estrecha vinculación con el
mercado laboral, con independencia de
su nivel de cualificación y del estado civil, y a lo largo de todo el ciclo vital
17
253_08 Aju 02
15/1/09
07:40
Página 18
Pilar Carrasquer
(con la excepción de los efectos de las
políticas empresariales de expulsión,
más o menos negociada, de los mayores de 55 años), como corresponde a
su identificación como proveedor principal del hogar. Por su parte, las mujeres tienen, en la actualidad, una presencia muy relevante en el mercado
laboral, pero todavía ligada a la cualificación, al estado civil y al ciclo vital,
por lo menos en lo que respecta a su
participación en el mercado laboral formal. Presumiblemente, en el caso de
las mujeres con cargas familiares y
baja cualificación, parte de las cifras de
inactividad responden, en realidad, a
una actividad laboral informal, más difícil de contabilizar a través de las estadísticas oficiales.
El porqué de estos datos hay que buscarlo más allá de lo que suele ser habitual en los análisis del mercado de trabajo. Las teorías convencionales no
sirven para dar cuenta ni del comportamiento de la mano de obra, masculina o
femenina, ni de las desigualdades de
género que definen el mercado laboral
en el conjunto de países europeos. Por
más que algunas de ellas impregnen el
sentido común y algunas prácticas cotidianas. ¿Quién no ha oído alguna vez
que casi resulta mejor y más económico
que la mujer deje la actividad laboral,
aunque sea temporalmente, para la
crianza de los hijos e hijas o para el cuidado de los mayores? Sobre todo si se
pone en la balanza el coste económico
de los servicios de atención a las personas, en particular en aquellos países
18
donde los servicios públicos son insuficientes. Y cabe hacer notar que, en esos
casos, el salario que se pone en el platillo de la balanza es siempre el femenino
y no el conjunto de los ingresos familiares. Con otras palabras, la explicación
de los datos hay que buscarla en el
mantenimiento de la división sexual del
trabajo en el hogar, tal como muestran
los estudios de R. Crompton, entre
otros.
Ese escenario común al género femenino debe ser matizado no sólo por el ciclo de vida y la tipología de cargas familiares, sino también por la clase
social, pues ésta influye tanto en la posibilidad de derivar el trabajo doméstico-familiar, y el conflicto cotidiano
que éste acarrea, como en los distintos
imaginarios y percepciones sociales
con respecto al propio trabajo doméstico. Y, finalmente, esa realidad se concreta según países de acuerdo con los
particulares «regímenes de bienestar»
y «modelos de empleo» (Moreno, 2005;
Bosch et al., 2007) o de las «culturas del
trabajo» (Pfau-Effinger, 2004) que en
cada caso se den, por mencionar sólo
algunos ejemplos de las aproximaciones que en estos últimos años han renovado los análisis del trabajo y del
mercado laboral. Unas aproximaciones
que, al margen de sus distintos acentos
y focos particulares de interés, tienen
en común el hecho de partir de las relaciones entre mercado laboral, familia y
Estado como marco analítico básico
para explicar las desigualdades de género en este campo.
253_08 Aju 02
15/1/09
07:40
Página 19
III.
LAS POLÍTICAS EUROPEAS
DE EMPLEO Y SUS LÍMITES
El impulso a la presencia femenina en el
mercado laboral constituye uno de los
objetivos europeos de empleo en estos
últimos años. El aumento de las tasas de
actividad y de empleo de las mujeres bajo
condiciones de igualdad se encuentra en
el centro de las políticas europeas de empleo emanadas desde la Cumbre de Lisboa de 2000. En el horizonte de 2010, hoy
casi inmediato, se trataba de alcanzar
una tasa de empleo femenino del 60% en
el conjunto de países europeos. Un objetivo que debía ir acompañado por políticas de igualdad de oportunidades que
permitiesen lograr ese objetivo y que,
además, contribuyesen a dibujar un mercado laboral más igualitario entre géneros. Bajo este prisma, se identificaban
cuatro grandes líneas de actuación:
— Favorecer la incorporación de mujeres en sectores donde están subrepresentadas, con objeto de paliar la
segregación ocupacional.
— Disminuir las discriminaciones indirectas.
— Favorecer la reincorporación femenina después de periodos de inactividad, especialmente por motivos de
maternidad y de crianza.
— Favorecer la «conciliación» de la vida
personal, familiar y laboral a través
del aumento de los servicios de cuidado de las personas.
Todo ello mediante la gobernanza entendida como proceso que ha de facili-
tar la definición de las problemáticas
específicas en cada contexto, así como la generación de los consensos
necesarios entre todos los actores sociales implicados, dentro de los objetivos y orientaciones comunes a nivel
europeo.
En lo que concierne al objetivo principal, la meta parece al alcance de la
mano si consideramos que la EU-27 presenta una tasa de empleo femenino del
58,3%, en 2007. España queda algo más
lejos de ese objetivo, con una tasa de
empleo del 54,7%, después de un crecimiento espectacular en estos últimos
diez años. Sin embargo, un balance más
detallado pone encima de la mesa algunos puntos oscuros:
Refuerzo de la segregación ocupacional,
en parte provocada por el impulso del
empleo femenino en los servicios (care).
Así, en el conjunto de la UE-25, el 60%
del empleo femenino se concentra en
sólo 6 sectores de actividad (sanidad y
servicios sociales, comercio, educación,
administración pública, servicios a las
empresas y hoteles y restauración, por
ese orden); mientras que, en el caso
masculino, los 6 principales sectores
donde se localiza el empleo masculino
son otros (construcción, administración
pública, servicios a las empresas, comercio, agricultura y transporte por carretera) y sólo concentran el 40% del
empleo masculino. De modo que segregación, pero también concentración, definen, hoy como ayer, el empleo femenino.
19
253_08 Aju 02
15/1/09
07:40
Página 20
Pilar Carrasquer
Impulso del trabajo a tiempo parcial, especialmente en aquellos países donde
ese tipo de empleo está aún poco extendido, como España, y consolidación de
los porcentajes existentes allí donde
esta modalidad de empleo tiene ya un
peso significativo. En el bien entendido
de que ese tiempo parcial es femenino y
no masculino: alrededor del 30% de las
europeas trabaja a tiempo parcial, frente a un 8% de los europeos, según datos
de Eurostat para 2006. Ese peso del trabajo a tiempo parcial en el empleo femenino pone en cuestión el significado
de las tasas de actividad y de empleo femeninas en Europa. En términos cuantitativos, si se traduce el tiempo parcial a
su equivalente en empleo a tiempo
completo, las tasas de actividad y de
empleo femeninas se reducen sensiblemente (Scheele, 2007). Desde un punto
de vista más cualitativo, está claro que
un empleo a tiempo parcial no garantiza
ni la posibilidad de independencia económica ni la posibilidad de carrera profesional.
Si aunamos ambas dimensiones, tipo
de empleo y características del mismo,
en Europa se observa la configuración
de buenos y malos empleos, estos últimos muy ligados a los servicios, en concreto al care, ocupados mayoritariamente por mujeres. Aunque no todo el
empleo en los servicios puede ser calificado de empleo de baja calidad, ni todas las mujeres ocupan el mismo tipo
de empleo ni están en la misma situación. La polarización del empleo femenino es también un rasgo del mercado la20
boral español y europeo que sale reforzado y no paliado por las políticas de
empleo europeas.
A todo ello cabe añadir, por último, el
mantenimiento de las discriminaciones directas y, sobre todo, indirectas.
A modo de ejemplo, en 2006, el «gap salarial» entre el empleo femenino y masculino en Europa se estima en torno al
15%, siempre según Eurostat. Es más,
aunque no es sencillo evaluar las diferencias salariales, se puede añadir que
esa diferencia se amplía cuanto mayor
es la cualificación formal de las mujeres,
bien sea por la menor valoración de las
competencias femeninas y de los puestos que ocupan, bien sea por la menor
capacidad de control sindical de las condiciones de trabajo en determinadas categorías profesionales; con otras palabras, el convenio colectivo iguala las
condiciones de empleo de hombres y
mujeres, pero en los puestos donde
pesa la discrecionalidad empresarial y/o
la capacidad de negociación individual,
como sucede en los puestos de responsabilidad, las mujeres salen perdiendo.
Las especialistas europeas como J. Rubery (1995, 2001, 2004) tienden a explicar ese balance en parte alentador (crecimiento del empleo femenino) y en
parte descorazonador (mantenimiento
y/o redefinición de las desigualdades de
género) a través de tres grandes cuestiones. La primera es lo que podríamos
llamar productivismo, es decir, las políticas han promovido la entrada de las
mujeres al mercado laboral, sin que se
253_08 Aju 02
15/1/09
07:40
Página 21
haya intervenido decididamente para
modificar las reglas de juego que lo presiden. La segunda es la no transversalidad. En realidad, al margen de la declaración de intenciones, las políticas de
empleo se plantean en paralelo a las políticas de igualdad. Son actuaciones que
no sólo no se enriquecen mutuamente
sino que claramente van en sentido contrario (véase el impulso al trabajo a
tiempo parcial femenino, a la vez que,
desde instancias europeas, se amenaza
con la ampliación de la jornada laboral).
La tercera son los imaginarios patriarcales de los actores sociales, uno de los
grandes temas de fondo. Los principales actores que intervienen en el diseño
y puesta en práctica de las políticas siguen trabajando sobre la base de un
mercado laboral que se ve formalmente
como neutro y/o que responde al perfil
de centralidad productiva y dedicación
exclusiva que sólo la mayoría de hombres y también algunas mujeres, pueden cumplir. En este sentido, la presencia de mujeres en puestos de decisión
no garantiza per se un cambio de orientación en las políticas europeas (Perrons, 2005). Para expresarlo de un
modo resumido, son políticas que no
tienen en cuenta ni el reparto de la carga
total de trabajo (productivo y doméstico-familiar) ni la hegemonía de la lógica
temporal productiva. O, en una lectura
algo más provocativa, son políticas que
sí tienen en cuenta ese trasfondo del
mercado laboral, pero no hacen demasiado por removerlo. Se moviliza mano
de obra femenina, sin modificar substancialmente los factores y los procesos
que favorecen las desigualdades de género en el mercado laboral.
Con todo, y para no caer en el pesimismo, lo esbozado hasta ahora también
deja algunas líneas de trabajo y de reflexión abiertas para mejorar las actuaciones en el futuro. Menciono tres que me
parecen de especial interés.
En primer lugar, en el plano de los marcos de actuación, la conocida como Ley
de Igualdad española de 2007 abre un
camino relativamente nuevo al ofrecer
la posibilidad de intervención en materia de igualdad dentro de las empresas.
Sin menospreciar las posibles dificultades de aplicación, la ley «obliga» al
diagnóstico y al diseño de planes de
igualdad en las mismas. Proporciona,
además, un reconocimiento, aunque sea
simbólico, a las posibles actuaciones
en ese campo. En segundo lugar, la gobernanza puede favorecer que las desigualdades de género se incorporen a la
agenda de los actores sociales, desde
los niveles más macro hasta el ámbito
local. En este sentido, al igual que la Ley
de Igualdad, puede contribuir a la visibilidad social de esa problemática. Aunque hay que reconocer que, hoy por
hoy, parecen pesar más sus límites que
sus potencialidades, como se ha podido
constatar en el caso de la conciliación
(Carrasquer et al., 2007). De todos modos, es un proceso a tener en cuenta
para favorecer la interlocución social y
lograr compromisos en el campo de la
igualdad, aunque sólo sea de oportunidades. Más difícil me parece, en tercer y
21
253_08 Aju 02
15/1/09
07:40
Página 22
Pilar Carrasquer
último lugar, ver la cara positiva de la
denominada flexiseguridad. Sobre el
papel, sin duda, la tiene: se trataría de
garantizar el vínculo con el mercado laboral y la inclusión y cohesión social no
necesariamente a través de la estabilidad en el empleo sino mediante el refuerzo del empleo y de la protección social. Como contrapartida, las empresas
dispondrían de la flexibilidad necesaria
para mantener su competitividad. Tal
como se divulga, se trataría de una propuesta que parece ir en consonancia
con los tiempos (mayor atención sobre
el individuo y «su» capacidad para organizar «su» propia vida a «su» manera) y
podría suscitar una cierta aceptación social. Pero, de momento, más allá de la
emblemática experiencia danesa (Martín Artiles, 2008), el tipo de empleo que
se puede configurar a partir del desarrollo de políticas de este cariz se asemeja
demasiado a la experiencia femenina en
el empleo (discontinuidad, precariedad)
para que resulte atractiva, especial pero
no exclusivamente para los colectivos
menos cualificados o que ocupan este
tipo de puestos de trabajo (Carrasquer,
2002; Carrasquer y Torns, 2007).
IV.
A MODO DE CONCLUSIÓN:
ALGUNOS RETOS DENTRO
Y FUERA DEL MERCADO LABORAL
La presencia femenina en el mercado laboral español y europeo no es ninguna
anécdota. Las mujeres constituyen una
parte significativa de la fuerza laboral en
22
los países desarrollados, inclusive en
aquellos segmentos más cualificados.
Pero no es una presencia en igualdad,
desde el punto de vista de género. Mejorar lo hecho hasta ahora requiere revisar algunas cuestiones y presupuestos
de partida. En lo que se refiere a la definición de la problemática, esto es, de las
desigualdades de género en el mercado
laboral, señalaría los siguientes ejes de
debate:
«Job model vs. Gender model», por expresarlo en las palabras de R. Feldberg y
N. Glenn (1982). Es decir, la persistencia
de un doble rasero en los análisis del
trabajo y del mercado laboral: por un
lado, el «job model» que correspondería
al modelo de empleo «normal» o masculino. Y por otro lado, ese «gender model» que recogería la especificidad de la
relación femenina con el empleo. Esta
disyuntiva es la que continúa presidiendo buena parte de los análisis y de las
actuaciones, como se puede reconocer
en el caso europeo.
Redistribución vs. Reconocimiento, dimensión señalada por N. Fraser, entre
otras, para dar cuenta del debate sobre
aquello que prima, y lo que debería primar, en los análisis y en las propuestas
en torno al trabajo y el empleo femeninos. Entiendo que la cuestión de la redistribución es central porque apunta
hacia la desigualdad. Pero trabajar sobre
el reconocimiento puede contribuir, por
ejemplo, a una revisión en positivo de
las tareas consideradas femeninas y, en
este sentido, por lo común devaluadas.
253_08 Aju 02
15/1/09
07:40
Página 23
Por último, un tema casi ausente de los
análisis del trabajo y del empleo femeninos que hay que abordar: el de la heterogeneidad femenina y el de la desigualdad «intragénero». El denominador
común de las desigualdades entre hombres y mujeres no obsta para obviar las
desigualdades, no sólo económicas,
sino también culturales, entre las propias mujeres. Las políticas serían más
acertadas si fuesen capaces de reconocer y actuar sobre esa heterogeneidad.
Para terminar, para que las políticas
sean efectivas tendrían que abordar la
distribución de la carga total de trabajo
entre géneros y a lo largo de todo el ciclo o trayectoria de vida. Una cuestión
que presupone una reorganización del
tiempo de trabajo y de la jornada labo-
ral, acorde con el conjunto de los tiempos de vida (Torns, 2007; Torns et al.,
2008). Con todo, ambos aspectos serían
insuficientes si no se aborda, de manera
decidida, el cuidado socialmente organizado de las personas. Y, muy probablemente, nada de ello sea posible sin
impulsar los cambios culturales que remuevan los imaginarios patriarcales
que perviven tanto en los hombres
como en las mujeres.
Como se puede apreciar, casi hay más interrogantes que respuestas. Aunque el
conocimiento acumulado hasta ahora
permite señalar algunas certezas. Y quizá
la principal sea que sólo desde una aproximación compleja a las desigualdades
de género en el mercado laboral va a ser
posible mejorar el escenario actual.
23
253_08 Aju 02
15/1/09
07:40
Página 24
253_08 Aju 03
3.
15/1/09
07:40
Página 25
LA COHESIÓN SOCIAL, LAS MUJERES TRABAJADORAS,
EL EMPLEO Y LOS INGRESOS
Janina Fernández Pacheco *
I.
LA ESTRATEGIA PARA REDUCIR LA
POBREZA DEBE ESTAR ARTICULADA
AL MERCADO DE TRABAJO
Esta última década ha estado llena de
buenos propósitos por medio de estrategias para reducir la pobreza, para lograr avanzar en los Objetivos de Desarrollo del Milenio, por lograr una mayor
cohesión social y, desde el punto de vista de las relaciones laborales, por avanzar hacia lo que la OIT ha llamado el paradigma del Trabajo Decente.
Las aspiraciones son las mismas que se
plantean las agendas de desarrollo desde hace muchas, pero muchas décadas.
Los rostros de la realidad muestran:
Unos países con heterogeneidades estructurales de carácter económico, institucional, cultural y de acceso a las oportunidades, que se observa en toda su
crudeza por lo menos a tres niveles: las
diferencias entre el mundo rural y el urbano, las diferencias de todo tipo y entre ellas las condiciones de acceso al
mercado de trabajo de las etnias indígenas y de los negros, y las diferencias
en el acceso al mercado de trabajo de
las mujeres en relación con sus pares
hombres.
Dicho en otra forma: el hecho de que en
el momento actual no esté en el centro
de los discursos y las preocupaciones:
la fragmentación entre mundos rurales
y urbanos, la exclusión social por razones de etnia, raza y género y la persistencia de un enorme sector informal laboral como esponja del empleo de las
mujeres, no significa que la situación
haya mejorado, sino que simplemente
se aborda desde otras vertientes, entre
ellas la cohesión social. ¿Pero es posible
siquiera imaginar la cohesión social en
un mundo tan estructuralmente excluyente y fragmentado? ¿Qué ha cambiado? Lo que cambia son los discursos
pero las realidades persisten y se hacen
más complejas en términos de los mecanismos de exclusión social, entre los
cuales la exclusión, por razones de género o por pertenencia a pueblos indígenas o negros, sigue teniendo una indeseable primacía.
Las estrategias para la reducción de la
pobreza no han logrado ese gran consenso nacional necesario para actuar
sobre el mediano y largo plazo, de forma tal que sus mecanismos están sujetos a los ciclos de las administraciones
gubernamentales y, además, subordinados a la coyuntura económica, entre cuyos problemas relevantes por su impac-
* Costarricense, socióloga y economista especializada en políticas públicas, combinando el trabajo como
docente universitaria con actividades diplomáticas y de cooperación internacional. Trabajó con ACNUR en
derechos humanos de la población refugiada en el marco de los Acuerdos de Paz en América Central, y
como consultora internacional en diferentes países. Experta en el ámbito de los derechos laborales y de
las políticas de empleo en América Central. Ha sido distinguida con diferentes premios por su obra poética
y por sus trabajos de investigación en política económica.
25
253_08 Aju 03
15/1/09
07:40
Página 26
Janina Fernández Pacheco
to en nuestras economías se encuentra:
la desaceleración de la economía norteamericana, el incremento de la factura
energética y la ominosa amenaza de
una crisis alimentaria por el encarecimiento de los insumos para producir
con una eficacia mínimamente aceptable.
Es en este marco de persistencia de la
pobreza y de la diferenciación del empleo a nivel urbano y rural, así como en
la persistencia de la exclusión social laboral por razones de género, de edad
o de pertenencia étnica que podemos
adelantar un primer recuadro sobre los
aspectos positivos (las luces) y los aspectos negativos (las sombras) en la
participación de las mujeres en el mercado laboral en América Latina.
Principales aspectos positivos:
— Disminuye la brecha de participación
entre hombres y mujeres.
— Disminuye la brecha de participación
entre las mujeres pobres y las demás
mujeres.
— La tasa de ocupación de las mujeres
crece más que la de los hombres.
— Disminuye moderadamente la brecha de ingresos.
— Aumenta significativamente la tasa
de desempleo y subempleo de las
mujeres, en especial de las más
pobres.
— Se amplía la brecha de desempleo
entre hombres y mujeres.
— La brecha de ingresos entre hombres
y mujeres continúa alta, en especial
en los tramos superiores de escolaridad (estudios postsecundarios).
— El porcentaje de mujeres ocupadas
en el sector informal sobre el total de
la fuerza de trabajo femenina es superior a la de los hombres en esa situación y la tendencia a incrementarse se mantiene.
— El porcentaje de mujeres que no
cuenta con ningún tipo de protección social es superior al de los hombres en esa situación.
— Ha disminuido levemente el porcentaje de mujeres que labora media
jornada, mientras han aumentado
las jornadas muy cortas (hasta 20
horas semanales) y las muy extensas (49 y más horas semanales).
Resumido de: Abramo Laís (ed.) (2006),
Trabajo decente y equidad de género en
América Latina OIT, Santiago, Chile.
Principales aspectos negativos:
II.
— Las mujeres tienen mayores tasas de
escolaridad, pero persisten significativas diferencias ocupacionales y de
ingresos en relación con sus pares
masculinos.
26
TRABAJO SUFICIENTE Y DE CALIDAD,
GÉNERO Y EMPLEO
Las condiciones de trabajo, así como la
demanda y la oferta de empleo remunerado se derivan del funcionamiento
253_08 Aju 03
15/1/09
07:40
Página 27
La cohesión social, las mujeres trabajadoras, el empleo y los ingresos
de la sociedad como totalidad, pero
asimismo reflejan las heterogeneidades y los diferentes niveles de desarrollo a lo interno de los países. En las
condiciones actuales de funcionamiento de economías globales la generación de empleo es el resultado del accionar de un conjunto de dimensiones
económicas, sociales, políticas, jurídicas, culturales e institucionales, que
interactúan entre sí. En esta perspectiva interesan tanto la calidad, como la
cantidad de trabajo.
Las políticas gubernamentales para lograr promover el empleo están de hecho insertas en una economía mundial
cada vez más integrada, que evidentemente sobredetermina los márgenes de maniobra de las políticas de gobierno.
La naturaleza de la política económica en cada país: política fiscal, política
monetaria y política de ingresos, axial
como de las demás políticas gubernamentales, particularmente, la política comercial, la política educativa, la política
de salud, la política de equidad entre los
géneros y la política de protección social, inciden en la posibilidad de generar
empleo y de mejorar la calidad de los
empleos existentes, tanto en el sector
formal como en el sector informal de la
economía.
La naturaleza de los marcos institucionales y la manera en que interactúan
con los mercados y los procesos políticos desempeñan un papel fundamental
en la determinación de la calidad y la
cantidad del trabajo.
Sabemos poco de la dialéctica precisa
que interviene en todos estos procesos,
así como la manera en que estas relaciones quedan afectadas por los niveles
de desarrollo y por las estructuras institucionales existentes. Lo que sí sabemos es que la cantidad y la calidad del
empleo que existen en cada país son,
como ya hemos afirmado, el saldo de la
forma en que interactúan las variables
económicas, políticas, sociales y culturales, tanto a nivel sustantivo como de
procedimientos institucionales, entendiendo por instituciones todas las formas relacionales organizadas del quehacer humano.
Una de las primeras preguntas que habría que contestar es:
¿Cuáles son los medios disponibles
(oportunidades y limitaciones) para poner en ejecución las políticas para avanzar hacia un empleo con equidad entre
los géneros y con equidad para los diversos grupos raciales o étnicos, en el
contexto de la globalización y las limitaciones y oportunidades que emanan
de la misma para cada uno de nuestros
países?
Igualmente importante que la pregunta
anterior es:
¿Cuál es el nivel de desarrollo relativo
del mercado de trabajo como espacio
geográfico del Estado-nación en que
27
253_08 Aju 03
15/1/09
07:40
Página 28
confluyen los oferentes y los demandantes de empleo?
•
Si las respuestas, a nivel sumario, se
concentran en un cuadro de:
• Precariedad o inestabilidad cíclica del
crecimiento económico;
• Debilidad de los mecanismos para
captar y redistribuir ingresos —por
ejemplo, políticas impositivas regresivas y basadas en los impuestos al
consumo—;
• Abandono parcial o total de la política
de empleo y sustitución de la misma
por las reglas del juego de un mercado cada vez más abierto a los vaivenes del comercio internacional;
• Altos niveles de exclusión social que
se manifiestan en pobreza y pocas
oportunidades para remontar esa situación de encarecimiento;
• Debilidad y fragmentación de las estructuras institucionales, tanto públicas como privadas, que pueden incidir
directa o indirectamente en la generación de empleos de calidad con equidad entre los géneros;
• Altos niveles de desempleo y sobre
todo de subempleo;
• Baja cobertura de la seguridad social
y raquitismo de los sistemas de protección social;
• Disminución sostenida o crecimiento
cero de la tasa de afiliación sindical y
sexismo androcéntrico en las organizaciones sindicales;
• Inoperancia de hecho de los tribunales de trabajo por su extrema lentitud
y por sus sesgos sexistas al no aplicar
28
•
•
•
los Convenios y la legislación que
protegen a la mujer trabajadora;
Debilidad de los Ministerios de Trabajo y poca profesionalización y transparencia de los servicios de inspección laboral y de salud, así como una
casi inexistencia de servicios de intermediación laboral y una absoluta inexistencia de servicios de intermediación laboral género sensitivos;
Crecimiento acelerado del sector informal; y el sector informal como principal fuente de generación de ingresos
para las mujeres;
Diversidad de formas explícitas o veladas de exclusión social de las mujeres para acceder a empleos estables y
adecuadamente remunerados con la
inevitable consecuencia de empobrecimiento más agudo para las mujeres
jefas de hogar;
Fragmentación en la aplicación de las
leyes para tutelar la equidad entre los
géneros de forma tal que, al juzgar
conflictos de trabajo, los jueces no
se refieren a esas leyes, sino que se
atrincheran en el marco más reducido
de las leyes laborales nacionales, sin
siquiera aludir a los Convenios fundamentales de la OIT, ratificados por sus
países para garantizar la equidad de
género en las relaciones laborales o a
las leyes que tutelan explícitamente la
igualdad de oportunidades y trato
para las mujeres.
Si todas estas condiciones se dan o varias de ellas son las que prevalecen, estamos entonces ante una situación de
precariedad en el empleo que significa
253_08 Aju 03
15/1/09
07:40
Página 29
un enorme reto de concertación social,
política y económica para mejorar por
aproximaciones sucesivas el empleo
que ya existe e incorporar a la generación de empleo los mínimos de calidad
y no discriminación por sexo aceptables, por ejemplo en el marco de los Tratados de Libre Comercio, de manera
que se detenga la caída hacia mayores
niveles de pobreza por insuficiencia en
la generación de ingresos provenientes
del trabajo. En esta perspectiva, la afirmación contundente es que la única forma de salir y mantenerse fuera de la
pobreza para la casi totalidad de la población es por medio de un empleo que
garantice una subsistencia digna tanto a
nivel personal como familiar.
Es un hecho analizado exhaustivamente
que el predominio de políticas económicas diseñadas en función de objetivos
muy estrechos de estabilización o de
crecimiento económico como criterios
centrales, ha resultado ser incompatible
con la expansión a largo plazo del producto y del empleo.
Una de las consecuencias de este enfoque de políticas es que la dinámica del
mercado de trabajo se deslizó progresivamente desde el lado de la demanda
hacia el lado de la oferta de la fuerza de
trabajo. La amplitud y crecimiento del
sector informal e incluso su feminización, revelan hasta qué punto la generación de empleo se ha convertido en una
responsabilidad de los propios trabajadores, que no por casualidad son los
que menos demanda tienen para los
empleos dignamente remunerados, ya
que sus calificaciones educativas son
generalmente bajas y no cumplen con
los estándares de calificación que demanda el sector formal de la economía.
Incluso en trabajos como la maquila
para la exportación.
El nivel educativo y las competencias laborales son un factor clave para evolucionar de las maquilas de primera generación como las de vestuario, calzado y
textiles, hacia las maquilas de segunda
y tercera generación, en que se ensamblan productos electrónicos y cibernéticos y, desde hace unos años, ha irrumpido en algunos países con mayor nivel
educativo los llamados call centers o
centros de servicio a clientes del mundo
desarrollado, lo que demanda gente joven, la mayoría con estudios a nivel de
educación secundaria y con un dominio
aceptable del idioma inglés. Estos empleos ofrecen el espejismo de mejores
salarios que los promedios para ese tipo
de población, con esos niveles educativos, pero tienen horarios que no permiten ningún otro tipo de crecimiento
personal y es probable que a mediano
plazo, tengamos un contingente de trabajadores despedidos porque ya no tienen los requisitos de edad y resistencia
a largas jornadas, que no adquirieron
otras habilidades y destrezas y que interrumpieron su formación educativa
(aun los que podían tenerla) por el espejismo de un salario promedio mayor
que el pagado a los egresados de la
educación secundaria con dominio de
un segundo idioma.
29
253_08 Aju 03
15/1/09
07:40
Página 30
De forma tal que, para remediar los descalabros de la pobreza y la precariedad
del empleo en el corto plazo, resulta útil
poner en práctica políticas activas del
mercado de trabajo, así como políticas
pasivas en aquellos países en que exista
la posibilidad de financiarlas. El objetivo
de estas políticas es, en suma, contribuir
a amortiguar la caída vertiginosa hacia
mayores niveles de subempleo y desempleo con la lógica consecuencia de
incremento de la incidencia de la pobreza. Sin embargo, es importante ponderar los costos y los resultados de cada
uno de los instrumentos de estas políticas 1 y sobre todo calibrar muy bien el
impulso a políticas que realmente ofrecen encadenamientos virtuosos para lograr empleos de calidad, como lo serían
las políticas de capacitación y formación
profesional, siempre y cuando respondan a la demanda del mercado, no sólo
en el corto, sino también en el mediano
y largo plazo, así como las políticas de
protección social, que no son otra cosa
que políticas de redistribución del ingreso por medio de la acción del Estado.
III.
GÉNERO EN LAS POLÍTICAS
DE EMPLEO, ¿REALMENTE
EXISTEN POLÍTICAS?
En primer lugar, para que una Política de
Empleo sea algo más que una declaración de intenciones, debe estar inserta
en la Política Nacional de Desarrollo y
1
debe ser sinérgica con la Política Económica y la Política Social del Estado. Desde otra perspectiva, la Política de Empleo
para ser eficaz deberá ser concertada
con las diferentes instituciones y actores
de la sociedad que tienen representatividad y poder de influencia y decisión en
los diferentes espacios políticos, económicos y sociales.
Por tanto, aun cuando los Ministerios de
Trabajo sean los responsables de coordinar la formulación de la Política de
Empleo, no son los únicos responsables
de los contenidos sustantivos de la misma, su rol fundamental es contribuir a
su formulación y posteriormente velar
por su aplicación mediante los instrumentos previstos en la Política del Mercado de Trabajo y en la Política Laboral.
Pero todavía la formulación de esas políticas requiere de una poderosa capacidad de coordinación y un certero análisis de los nichos de oportunidad que
existen y los que pueden existir en el
mediano y largo plazo. En tercer lugar y
no por eso menos importante: la Política
de Empleo no puede ser «ciega» a las
diferencias de género y a las asimetrías
que de hecho ya existen en el empleo
por razones de género.
Hechas estas breves afirmaciones, lo
primero que podemos afirmar, sin lugar
a equivocarnos, es que en ninguno de
los países de América Latina existe una
política de empleo. Lo que sí existe, sobre todo en los de mayor desarrollo rela-
Por ejemplo, las transferencias condicionadas para jefas de hogar.
30
253_08 Aju 03
15/1/09
07:40
Página 31
tivo, son políticas activas del mercado
de trabajo y políticas de equidad laboral
entre los sexos.
IV.
DIFERENCIAS DE GÉNERO
CON EFECTOS PERTINENTES
EN EL MUNDO DEL TRABAJO
La diferencia más evidente de género en
el mundo del trabajo se relaciona con el
rol reproductivo de las mujeres, los empleadores en términos generales consideran la maternidad como un costo. Por
otro lado, existe cada vez más una segregación por edad y apariencia física de las
mujeres. Se prefieren mujeres jóvenes
con una apariencia atractiva. Una tercera
segregación por género en el mundo del
trabajo es la orientación de los cursos de
capacitación/habilitación, en muchos casos sesgados hacia la reproducción de
los estereotipos de género en los oficios.
Una cuarta segregación, más difícil de
abatir, es la persistencia de la feminización de las tareas domésticas en los hogares y la resistencia manifiesta o latente
a que esos roles sean compartidos por
sus pares masculinos, con el objetivo de
aliviar la carga de la doble jornada de trabajo: el productivo y el doméstico no remunerado que está estrechamente ligado con el sincretismo ideológico/cultural
que fusiona a la mujer como responsable
central del cuidado del hogar y la familia.
La subvaloración del trabajo femenino, y
por ello, la demanda laboral de empleos
para las mujeres que reproducen los
roles asumidos como típicamente femeninos está tan interiorizada en el inconsciente colectivo del patriarcado que, a
pesar de que las estadísticas muestran
que las mujeres poseen un mayor nivel
educativo a nivel general que los hombres en América Latina, el mercado de
trabajo sigue estando muy segmentado
a nivel ocupacional y, en general, las
mujeres requieren de aproximadamente
cuatro años más de estudio para aspirar
a los mismos trabajos de los hombres.
Para las mujeres pertenecientes a los
estratos pobres de la sociedad, la situación es aun más compleja: un menor nivel educativo y de capacitación laboral,
una mayor tasa de fecundidad, la ausencia de servicios de apoyo pagados para
el cuidado de los hijos; el crecimiento de
las jefaturas de hogar femeninas y la imperiosa necesidad de generar ingresos
para la subsistencia básica, son todos
factores que explican la masiva afluencia de mujeres al sector informal o la sobreoferta laboral en las actividades más
precarias del sector formal.
Un nuevo elemento que está haciendo
su aparición en el panorama y que puede causar distorsiones en el análisis, si
no se pondera adecuadamente, es la
disminución de las brechas de ingresos
entre hombres y mujeres. En este sentido es importante tener presente que: en
países con altos niveles de pobreza, los
salarios mínimos son los mínimos minimorum, que incluso no alcanzan para
cubrir los costos de la canasta básica alimentaria, así que la disminución de las
31
253_08 Aju 03
15/1/09
07:40
Página 32
brechas de ingreso en estas circunstancias lo que revela son los límites de la
exclusión social para ambos sexos por
la vía de la precariedad de los salarios o
los ingresos. En este sentido resulta revelador que las brechas vuelven a ampliarse entre hombres y mujeres con
mayor nivel educativo (13 años y más).
Para concluir este esbozo: la cohesión
social en países en desarrollo es una
32
utopía deseable y necesaria, pero en
el centro de esta aspiración debe estar como eje articulante la equidad de
género. En esta dirección hace ya varias décadas se inició la larga marcha.
Nuestra visión es optimista, porque no
se abaten siglos y siglos de exclusión
en unas pocas décadas, pero sí se pueden crear las condiciones para avanzar
hacia relaciones que sean cada vez más
equitativas.
253_08 aju 04
4.
15/1/09
07:40
Página 33
COMENTARIO. PARA CONSEGUIR LA EQUIDAD
DE LOS GÉNEROS RESPECTO AL EMPLEO SE REQUIEREN
POLÍTICAS DE EMPLEO INTEGRALES
Fausto Miguélez *
I.
IMPORTANCIA DE LA TEMÁTICA
DE ESTE FORO
Las ponencias presentadas por Pilar Carrasquer, María Rosa Renzi, Janina Fernández y Martín Hopenhayn señalan temas de gran trascendencia no sólo en
el debate sobre la equidad respecto al
empleo entre los géneros, sino también
por lo que toca a las posibilidades de
una sociedad más justa con todos sus
individuos, que permita una cohesión
social que se base en derechos y deberes colectivamente aceptados y no
en la imposición de modelos que garantizan el orden social, pero que no
se fundamentan necesariamente en la
aceptación por parte de los ciudadanos.
Las/os autores focalizan sus análisis en
cuatro grandes temas que podríamos
sintetizar en: significado social e individual del trabajo hoy ante un cambio
del mismo que manifiesta uno de sus
ejes básicos en la flexibilidad/precariedad; grado en que se mantienen las
desigualdades de acceso al empleo entre hombres y mujeres como explicación de la falta de bienestar de muchas
personas; papel de las políticas de empleo para acceder a una mayor equidad
y a mayor cohesión; rol que han jugado y juegan las familias en esto. El es-
cenario mayoritariamente descrito es
América Latina, en su totalidad o regionalmente, y el contrapunto parece ser
la Unión Europea.
Asumiendo el valor de todo lo escrito,
mis comentarios pretenden, al hilo de
las grandes cuestiones señaladas, centrarse en la evaluación de las políticas
de empleo al uso, principalmente en la
UE que puede parecer el paradigma a
seguir. Mi tesis es que las políticas de
empleo en curso difícilmente consiguen sus objetivos porque son parciales, y cuando se trata de políticas de
empleo con objetivo de equidad aún
son más parciales. Y por parciales entiendo que no se suelen integrar en las
otras dos políticas que les darían garantías, recursos y continuidad: las políticas económicas y las políticas sociales.
II.
¿UN CAMBIO PARADIGMÁTICO
RELATIVO A LA CENTRALIDAD
DEL TRABAJO?
Siguiendo lo que en su día había señalado Claus Offe 1 y más recientemente
Z. Bauman 2, las grandes transforma-
* Catedrático de Sociología en la Universidad Autónoma de Barcelona. Como director del Centro de estudios QUIT ha llevado a cabo numerosas investigaciones sobre trabajo, tiempo, diferencias de género, relaciones laborales, etc., con frecuencia en un contexto de comparación europea. Ha publicado varios libros
en relación a sus áreas de especialización, así como numerosos artículos sobre diversos aspectos del mercado de trabajo, tanto en revistas nacionales como internacionales.
1
C. Offe, La sociedad del trabajo: problemas estructurales y perspectivas de futuro, Madrid, Alianza, 1992.
2
Z. Bauman, Modernidad líquida, México, Fondo de Cultura Económica, 2003.
33
253_08 aju 04
15/1/09
07:40
Página 34
Fausto Miguélez
ciones que ha tenido desde los años
setenta del siglo XX, habrían provocado
que el trabajo haya perdido su capacidad como elemento explicativo de la
historia de la humanidad y sobre todo
de la historia de las sociedades modernas. Baste recordar cómo las ideas
claves de los clásicos de la sociología:
Marx (creación de riqueza, explotación
y conciencia), Weber (modelo de comportamiento ético), Durkheim (solidaridad y cohesión social) tienen una
fuerte connotación del trabajo como
eje de estructuración de la sociedad.
Clases, recursos, desigualdad, poder,
estatus y prestigio no se entenderían
sin referirse al poder estructurador social del trabajo. Pero tampoco algunas
de las pautas culturales claves en nuestra tradición cultural: trabajo y progreso, trabajo y bienestar, trabajo y consumo. Desde este punto de vista no
cabe duda del papel fundamental del
trabajo en la construcción de identidades sociales colectivas e individuales así como en los procesos de integración social (identificación con la
sociedad en su conjunto). El trabajo ha
sido uno de los ejes estructuradores
de las sociedades modernas y, sin
duda, un concepto clave en la explicación del cambio y la estabilidad en las
mismas.
La posición de C. Offe sobre la transformación fundamental de la categoría trabajo tanto en su papel estructurador
como explicativo podría ser sintetizada
en estos tres aspectos:
34
— Trabajar afecta cada vez menos a la
forma de actuación social de las personas.
— No parece evidente que el trabajo
sea un nexo de unión entre quienes
lo realizan, superior a otros nexos.
— Las diferencias internas entre los
asalariados pueden superar los elementos de semejanza.
Y la razón de la transformación aducida por el autor podríamos resumirla diciendo que el trabajo hoy predominante, el de los servicios, no está sujeto al
régimen de productividad técnicoorganizacional, sino a la reflexividad
(la persona pone una parte muy importante de sí misma) y por tanto es fuente
de diferenciación individual y autonomía más que de estructuración colectiva.
Z. Bauman, a su vez, señala que el trabajo pierde centralidad en la integración social en la «modernidad líquida», porque se hace discontinuo y
escaso. Gran parte de los debates en
torno a esta cuestión y que sintetiza
Hopenhayn en su ponencia, suelen ser
en torno a la transformación técnicoorganizacional del trabajo; evidentemente hay muchísima gente que ya no
trabaja en los mismos oficios ni de la
misma manera que lo hacían sus antecesores hace 50 años. Pero el tema
fundamental, desde lo social y la sociología no es ese. Por otro lado, las
referencias históricas al trabajo como
estructurador e integrador, tanto por
parte de los clásicos como de los pen-
253_08 aju 04
15/1/09
07:40
Página 35
Comentario. Para conseguir la equidad de los géneros respecto al empleo...
sadores sociales, no lo eran a todos los
individuos. Tenían al menos las siguientes restricciones. Por un lado, una visión etnocéntrica, al referirse a países
industrializados. ¿Y sectores marginales de otros países?, ¿y países no modernos? Por otro lado, una visión androcéntrica. ¿Y las mujeres que no
tienen el trabajo productivo como centro de su actividad? Finalmente, una
visión mercado-céntrica. ¿Y el trabajo
que no pasa por el mercado?
Dicho todo esto, que debería encuadrar
en su justo término determinadas visiones históricas del trabajo, la pregunta
puede seguir manteniéndose: ¿es hoy
el trabajo un elemento estructurador e
integrador básico? Mi hipótesis es que
lo está dejando de ser para algunos
para quienes lo era, no acaba de serlo
para muchos para los que no lo era
antes, y sigue siéndolo para muchos
otros. Respecto a los primeros, tiene
parte de razón Offe (sin olvidar que no
siempre trabajo en servicios equivale a
autonomía). En el último caso tampoco
tiene razón Bauman (puesto que para
ellos el trabajo no es ni discontinuo ni
escaso). En cualquier caso, las potencialidades o no potencialidades individuales marcan la diferencia: hay quien
puede ser autónomo por su trabajo y
hay quien no lo es precisamente por
su trabajo. El debate sobre la equidad
entre los géneros no puede olvidar
esto. Como veremos luego, no se da
dicha equidad meramente porque la
tasa de ocupación femenina haya subido bastante.
III.
III.1.
DESIGUALDAD DE GÉNERO
EN EL EMPLEO Y POLÍTICAS
DE EQUIDAD EN LA UNIÓN EUROPEA
Modelo europeo de empleo
y sus limitaciones
Desarrollo y bienestar, con cohesión social, en los países capitalistas ricos se da
gracias, en buena parte, a un modelo de
empleo basado en la estabilidad y en el
acceso universal al mismo. Históricamente tiene lugar por la combinación de
varios de estos factores:
— Fuerte crecimiento gracias a una posición privilegiada en la economía
mundial.
— Innovación tecnológica que explica
la eficacia y el éxito.
— Pactos sociales y paz social que garantizan crecimiento de productividad.
— Pleno empleo con normas, mínimos
y regulación del Estado.
— Políticas sociales que intentan amparar a todos en el sistema, tanto cuando pierden el empleo como cuando
ya no pueden trabajar o para que
puedan hacerlo.
Este modelo de empleo está en la raíz
de las estrategias sindicales y de las
políticas de empleo de la Unión en el
pasado y en el presente (tratados de
Ámsterdam, y Lisboa, fallida Constitución Europea). Pero creo que tiene fuertes limitaciones o debilidades sobre las
que me parece obligado reflexionar, que
son las siguientes:
35
253_08 aju 04
15/1/09
07:40
Página 36
Fausto Miguélez
1.ª El supuesto pleno empleo dejaba
fuera a una parte muy importante
de la población: es decir, a muchas
mujeres las cuales entran en el modelo sólo de la mano de sus maridos que son los titulares del derecho al empleo. Ellas realizan el
trabajo doméstico o bien están en
la economía sumergida para completar los ingresos familiares o
bien trabajan a tiempo parcial sin
posibilidades de carrera profesional con menos derechos. Cuando
no trabajan en el mercado, lo hacen a nivel doméstico y contribuyen al bienestar, pero sin reconocimiento.
2.ª Dicho pleno empleo regulado, en el
grado en que se da, tiene lugar en
los países llamados desarrollados
pero no en otros, donde el empleo
es mayoritariamente —exceptuadas
algunas minorías privilegiadas—
sin reglas sociales (o simplemente
con las duras reglas de la oferta y la
demanda). Se podría pensar que es
lógico, porque estamos hablando
de Europa, pero quizá en los primeros puede existir empleo con reglas
sociales justamente porque es sin
reglas en los segundos, algo que es
facilitado por procesos de intercambio comercial no equitativo o bien
por la presencia de multinacionales
en aquellos países que facilitan materias primas o productos elaborados a bajos precios o por el control
de aquellos mercados o por el predominio de las tecnologías externas
sobre las internas.
36
IV.
LA CRISIS DEL EMPLEO
Y SU SIGNIFICADO
Pero desde el inicio de los años ochenta,
aquel modelo europeo, aún con sus limitaciones, entra en una notable crisis
que llamamos de inestabilidad del empleo, debido a la flexibilidad que padece
buena parte del mismo. Algo que amenaza en poner en riesgo la cohesión social. Para ser más precisos, la crisis tiene
dos caras.
En el interior de los países la cara de la
crisis se llama flexibilización del empleo,
que se traduce en tasas altas de paro y
en empleo inestable. Allí donde se mantienen elementos de regulación, la flexibilidad adquiere formas nuevas de
empleo con algunas garantías: empleo
temporal, empleo a tiempo parcial. Pero,
donde no hay elementos de regulación
la flexibilidad se ha llamado informalidad. Esta ha crecido en toda la UE, pero
mucho más en otras regiones como
América Latina. Hacia el exterior la cara
recibe el nombre de deslocalización
(que es contar con la flexibilización más
fácil que se puede realizar en otros países, bien sea trabajo informal bien empleo con menos derechos).
En ambas caras aparecen las nuevas estrategias de las empresas con mucha
más fuerza que otros factores que se
puedan aducir. Lo que prevalece es que
las empresas quieren controlar las incertidumbres que provienen de las nuevas características de la competencia
—sea nacional sea global— y dado que
253_08 aju 04
15/1/09
07:40
Página 37
no son tan controlables ni el mercado ni
las tecnologías, el control se desplaza
totalmente hacia la fuerza de trabajo haciendo su uso mucho más maleable.
Flexibilizar y deslocalizar quiere decir
poder controlar en cada momento la
cantidad y la intensidad de la fuerza de
trabajo que se utilizará y las condiciones
en las que se hará. Pero más allá quiere
decir dirigir determinadas incertidumbres de la empresa hacia los trabajadores precarizando sus empleos.
Creo que se puede sostener que, en teoría, las empresas tienden en lo posible a
optar por un mercado o una tecnología
poco flexibles —es decir, una tecnología
que dure el máximo tiempo posible y un
mercado que se mantenga o crezca pero
sin sobresaltos el máximo tiempo posible—, sencillamente porque ello significa menos costes. Y tienden a resolver
las incertidumbres que necesariamente
vendrán de la tecnología y del mercado
—porque hay otras empresas en juego— utilizando flexiblemente el trabajo
(más o menos empleo, más tiempo o
menos tiempo de trabajo, con mayor
rendimiento). No cabe extrañarse demasiado de que las empresas vayan
hoy buscando la máxima flexibilidad del
trabajo, dado que es algo que han hecho siempre, pero la regulación normativa o social eran un freno superior entre
los años cincuenta a ochenta. La razón
parece sencilla: si la flexibilización en el
mercado o en la tecnología la realiza la
empresa es ésta la que asume su coste,
mientras que en la flexibilización del tra-
bajo el coste —esfuerzo, rendimiento,
salario y condiciones— lo suele asumir
el trabajador. Obviamente, como no es
posible ni conveniente que sea flexible
toda la fuerza de trabajo —dado que un
núcleo estable es absolutamente necesario— los ajustes de la incertidumbre
se hacen sobre una parte de la misma.
De modo que en los años ochenta, a
las limitaciones que ya tenía el modelo
de empleo europeo, se agrega lo que
solemos llamar la precarización del empleo. Pero dado que este nuevo proceso tiene lugar en una economía más
global, las nuevas características del
empleo se extienden por todo el globo
y allí donde tradicionalmente había
menos regulaciones las nuevas características se expanden con más fuerza,
en términos de informalidad, como señalan en sus ponencias Renzi y Fernández Pacheco.
V.
SIN POLÍTICAS ECONÓMICAS
Y POLÍTICAS SOCIALES ADECUADAS
NO HAY POLÍTICAS DE EMPLEO
ADECUADAS
La Unión Europea comienza a desarrollar la Estrategia Europea del Empleo,
desde la Cumbre de Ámsterdam en
1997, que deberá hacer frente a la tradicional limitación (baja incorporación
de la mujer) y a las nuevas (insuficiencia de empleo y baja calidad del mismo). Los resultados son contradictorios.
Un estudio reciente sobre el empleo de
37
253_08 aju 04
15/1/09
07:40
Página 38
Fausto Miguélez
la mujer en la UE 3 pone de manifiesto
que las mujeres han incrementado
cuantitativamente sus posiciones en el
mercado de trabajo, pero no cualitativamente, tal como también señala Pilar
Carrasquer en su escrito. Las tasas de
paro, que ahora se vuelven a incrementar, no habían bajado en media del 7%
y muchos países de la Unión tenían un
grave problema de inestabilidad en el
trabajo.
La pregunta es si ha fracasado esta estrategia y por qué. En parte ha fracasado, pero no sólo en la UE, también en
América Latina. La razón fundamental,
desde mi punto de vista, es que las políticas de empleo han ido separadas de
las políticas económicas y de las políticas sociales en general. Las políticas
económicas se han dirigido a mantener la competitividad de las empresas,
pero han dejado de lado la cuestión del
empleo. Las políticas económicas han
pasado en buena parte a los órganos
rectores de la Unión y los países han
perdido una cierta capacidad que tenían de hacerles jugar un papel a favor
del empleo. Por su lado, las políticas
sociales deberían facilitar que la gente
se incorporara al empleo y lo hiciera en
mejores condiciones. Podemos pensar
al respecto en políticas de conciliación,
servicios sociales, políticas familiares,
políticas de cuidado de las personas, políticas de formación y un largo etcétera... Estas políticas han tendido a
quedar estancadas en la Unión en los
3
últimos diez años a unos niveles determinados del PIB, mientras que las necesidades a las que deberían hacer frente
han ido en aumento. Pero el estancamiento de las políticas sociales ha acabado recayendo también sobre las políticas de empleo que deben ser no sólo
normas y disposiciones —leyes de conciliación, de autonomía, de igualdad de
género y otras— sino también inversiones consistentes. Sólo por poner un
ejemplo: las políticas activas representan hoy prácticamente la mitad del gasto en términos de PIB en la Unión que
representaban hace diez años. Poca coherencia con el objetivo de Lisboa que
no sólo aspira a crear más empleos,
sino mejores empleos.
VI.
¿ES LA FLEXISEGURIDAD EL NUEVO
MODELO?
Los trabajadores y los sindicatos han luchado siempre contra la flexibilidad del
trabajo, puesto que dicha flexibilidad
implicaba asumir incertidumbres que
podían ser dolorosas: de salario, de
tiempo de trabajo, de condiciones de
trabajo, de estabilidad. Con otras palabras, la certidumbre de rendimiento que
al empresario le proporciona la flexibilidad del trabajo tiene como contrapartida, para el trabajador, inseguridad en
sus condiciones de vida. Por tanto, las
empresas y sus trabajadores se han enfrentado desde siempre en torno a la
European Foundation for Working... Working Conditions in the European Union: The Gender Perspective.
38
253_08 aju 04
15/1/09
07:40
Página 39
cuestión de la flexibilidad del trabajo. En
un momento histórico ese enfrentamiento asume una cierta regulación y
con ella también se regula el grado de
incertidumbre que el trabajador está
dispuesto a asumir y el grado de certidumbre que el uso determinado de la
fuerza de trabajo da al empresario. Es el
momento de una mayor y más específica intervención del Estado y aquí tenemos la referencia al factor político del
proceso productivo. Desde la tercera década del siglo XX muchos Estados de los
países con fuerte industrialización han
contribuido a construir relaciones estables entre capital y trabajo basadas en la
búsqueda de garantías mínimas para
las dos partes: para la empresa garantía
de estabilidad de costos, para el trabajador garantía de estabilidad de empleo.
El garante fundamental ha sido el Estado, a través de sus normas, tribunales,
inspección. A cambio ha exigido a las
empresas tasas e impuestos, salarios
mínimos, condiciones de trabajo estándar. A los trabajadores y a sus sindicatos les ha exigido control del conflicto
social y respeto, cuando éste tiene lugar, al capital invertido por la empresa.
El instrumento clave de todo este entramado de acuerdos tripartitos ha sido la
negociación colectiva que, cuando se
refiere al ámbito de país puede recibir el
nombre de concertación. Pero detrás de
ambas estrategias, de las empresas y de
los trabajadores y sus representantes,
hay el objetivo de conseguir la máxima
certidumbre posible.
4
VII.
MODELO EUROPEO
DE FLEXISEGURIDAD
La Comisión Europea está intentando
desarrollar políticas comunes de empleo desde la Cumbre de Ámsterdam
(1997) y particularmente desde la de Lisboa (2000). Aunque sus objetivos principales son incrementar la tasa de actividad, particularmente de las mujeres 4 y
reducir la tasa de paro, manteniendo la
igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, se señala explícitamente la necesidad de mejorar la calidad
del empleo, bajo el lema de «better jobs
and not only more jobs», como he señalado más arriba.
La tesis dominante es que el empleo
está empeorando, en particular para las
generaciones que se acercan por primera vez al trabajo o se incorporan como
inmigrantes a los mercados de trabajo
europeos, pero también para muchos
que en el periodo anterior tenían una
mejor situación. Está sucediendo así,
aunque la flexibilidad podría haber seguido otros caminos. Así el salario podría estar distribuido flexiblemente a lo
largo del año sin que ello implicara disminución de la capacidad adquisitiva
de las personas. El horario también podría ser diversificado en forma irregular
siempre que no implicara riesgos para
la salud o problemas sociales o familiares graves, o siempre y cuando tuviera
compensaciones adecuadas a esos inconvenientes, no necesariamente en el
La directiva de conciliación entre la vida laboral y familiar, de 1998, va en esa dirección.
39
253_08 aju 04
15/1/09
07:40
Página 40
Fausto Miguélez
terreno económico, por ejemplo, con
más tiempo libre. El contrato temporal
dejaría de ser precario si a su finalización no se diese la amenaza del paro o
el cambio hacia otro empleo que no interesa o no tiene nada que ver con la
propia profesión. El trabajo a tiempo
parcial sería una buena solución en determinadas circunstancias de la vida si
fuera voluntario y tuviera condiciones
aceptables. Las razones del empeoramiento las hemos relacionado con la flexibilidad y las estrategias empresariales
para desarrollarla en un contexto de elevado desempleo, estrategias que han
sido corregidas en parte según los modelos de relaciones laborales existentes
en cada país.
Teóricamente hay posibilidades de modular la flexibilidad a través de políticas
que pongan el acento en la seguridad.
Tampoco cabe olvidar que muchas personas prefieren tener hoy empleos no
estándar. Por ejemplo, un empleo a
tiempo parcial durante un cierto tiempo
o toda la vida con el fin de conciliar el
trabajo con otras aspiraciones. Quizá un
empleo temporal para poder con más
facilidad cambiar a otro mejor, cuando
convenga. En el fondo, para ser eficiente la flexibilidad debería basarse sobre
la seguridad individual (Supiot, 2001 5).
Por tanto, la estabilidad y la seguridad
no necesariamente deben ser interpretadas en términos de «puesto fijo en la
5
misma empresa para toda la vida». Todos estos factores han conducido a una
nueva formulación teórica que busca
articular la necesaria flexibilidad que
exige la nueva competitividad, la libertad de las personas para escoger y el
mantenimiento del modelo social europeo que garantice la cohesión social.
Recibe el nombre de «flexicurity». La seguridad en este caso debería implicar
salario adecuado y buenas condiciones,
posibilidad de progresar en el mercado
de trabajo, estar protegido contra abusos como el despido y otros, mantener
siempre los derechos sociales básicos
en el trabajo y en el postrabajo. Para ello
se debería basar en obtener, mantener y
desarrollar las competencias de la gente
a lo largo de sus vidas.
En las políticas de flexicurity se han interesado los gobiernos, con mayor o
menor intensidad sea regulatoria que
de recursos (políticas activas). Pero han
sido los sindicatos quienes más han
propiciado la nueva regulación: en el
empleo part-time 6, buscando mejores
condiciones para el empleo temporal,
luchando contra el empleo sumergido.
Menores son las implicaciones de los
empresarios, excepto cuando se ha tratado de distribuir los recursos de las políticas activas.
Un balance de las prácticas que en los
diversos países se están realizando con
Beyond Employment Changes in Work and the Future of Labour Law in Europe, Oxford, Oxford Univ.
Press.
6
Directiva 97/81 de 18 de diciembre de 1997 sobre acuerdo marco relativo al part-time work.
40
253_08 aju 04
15/1/09
07:40
Página 41
el objetivo de mantener flexibilidad y
seguridad es ofrecido por el Informe
Wim Kok (European Comission, 2004 7).
Se entiende que en la flexicurity el Estado debe seguir jugando un papel fundamental —como lo ha jugado tradicionalmente en el modelo social europeo— al
definir las formas de flexibilidad que
garanticen una seguridad básica. Con
otras palabras, la flexicurity no renuncia
a la regulación, sino que la modula teniendo en cuenta la flexibilidad.
¿Está funcionando este modelo? Puede
darse en países con flexibilidad controlada como los Países Bajos y los Nórdicos y donde el Estado puede dedicar
todavía importantes recursos a políticas
de seguridad y a políticas de empleo
sólidas.
En países con flexibilidad incontrolada,
como los del Sur y los nuevos incorporados, la flexicurity parece tener escaso
desarrollo. En este caso, la temporalidad se distingue por ser obligada y tener escasa vinculación con el puesto de
trabajo, como manifiesta la alta rotación
del trabajador entre puestos de trabajo,
empresas y sectores, con una proporción muy alta de los empleos que tienen
una duración inferior a un mes. Tal como señala el Informe Wim Kok (p. 35)
Grecia, Italia, Portugal y España son invitados a suprimir los obstáculos al trabajo a tiempo parcial. Tales obstáculos
son exactamente la inestabilidad-inseguridad: temporalidad, contratación por
pocas horas que luego pueden ser alargadas con horas extras, menos derechos que otros trabajadores, mal pagados y descualificados. Las escasas
medidas de estabilidad que recogen los
convenios de sector casi no tienen ninguna incidencia en la agricultura, la
construcción, la hostelería, el comercio
y otros servicios personales que son los
grandes sectores en los que se ha creado la mayoría del empleo en los últimos
años. Ejemplo de este escaso relieve lo
tenemos en la conciliación de la vida laboral y familiar (Quit 8). Un último ámbito a considerar es el self-employment y
el empleo sumergido que tienen profundas conexiones entre sí a través de fórmulas como el trabajo a domicilio, los
asalariados que trabajan como «falsos
autónomos» —con contrato administrativo— para las empresas, el telework,
etc. Los escasos intentos de introducir
una cierta regulación en ese ámbito han
chocado con la propia indefinición de
los actores.
VIII.
COHESIÓN SOCIAL ES UNA COSA
Y ORDEN SOCIAL ES OTRA
Dos han sido los factores que tradicionalmente se han relacionado con la cohesión social: el trabajo y la familia. El
7
L’emploi, l’emploi, l’emploi, noviembre, 2003, Bruselas.
«La conciliación entre la vida laboral y familiar». Monográfico que aparecerá en 2007 en la revista española Papers, Universidad Autónoma de Barcelona.
8
41
253_08 aju 04
15/1/09
07:40
Página 42
Fausto Miguélez
trabajo y las políticas sociales garantizaban cohesión social de individuos y familias. Si fallaban las políticas sociales,
podía darse dicha cohesión si en las familias había trabajo adecuado y suficiente. La crisis del empleo ha debilitado el trabajo en las familias y al tiempo
ha dificultado las inversiones en las políticas sociales. La debilidad del empleo,
por tanto, se ha revelado como una
amenaza a la cohesión social. Así lo han
visto los políticos de la Unión y de muchos países que, como objetivo, se plantean reconstruir oportunidades de empleo con el fin de garantizar la cohesión
social. Al menos desde el Tratado de
Maastricht, la cohesión económica y social se ha convertido para las autoridades de la Unión Europea en uno de los
objetivos políticos más relevantes, en el
contexto de una necesaria recuperación
de la crisis del empleo. No plantearse
ese horizonte de cohesión, responsable
en parte del tipo de progreso que se ha
dado en Europa, sería un gran error político. Pero plantear la cohesión indisolublemente vinculada al empleo también puede ser, en el contexto actual,
apostar básicamente por la acción individual y por las funciones del mercado.
Otra cosa es si los actores políticos y sociales de la Unión serán capaces de convertir en políticas relevantes el objetivo
de la creación de empleo en condiciones aceptables, y si realmente esas políticas serán eficaces, es decir, si lograrán
que la política condicione al mercado.
Aquí es donde se verá el papel que se
atribuye al empleo.
42
Dicho de otra manera, mi hipótesis no
es que la cohesión social sea la consecuencia directa del pleno empleo. Es
mucho más complejo. En la mayoría de
los países que hoy componen la Unión,
la cohesión social pudo ser lograda
como resultado de una base sólida del
bienestar individual y de las políticas
sociales, y esa base tenía como eje la
existencia de pleno empleo y de reglas
sociales sobre determinadas características del mismo: empleo estable, negociación de sus condiciones, mejora continuada de las mismas, garantías de
estabilidad en el postrabajo. Pero también sobre políticas sociales y económicas adecuadas, vuelvo a insistir.
Subrayo que en la mayoría de los países, porque en varios de ellos —España,
Grecia, Portugal— podía haber pleno
empleo o no, según tengamos o no en
cuenta las fuertes emigraciones, pero al
no existir libertades democráticas el
empleo tenía unas características (actores sociales, tipo de relaciones, tipo de
normas) que impedían no sólo hablar
de cohesión social, sino hasta de políticas de bienestar, aunque hubiese, hacia
el final de las dictaduras, algunas medidas muy paternalistas y aleatorias en
esa dirección.
Se presupone una fuerte vinculación entre norma social del empleo dominante
y cohesión social, pero por la vía señalada. Esta última se habría fortalecido a lo
largo de décadas gracias a la estabilidad
del empleo en las sociedades del bienestar. Pero podría estar ahora en peligro
253_08 aju 04
15/1/09
07:40
Página 43
por la crisis del empleo. Por ello, para la
Unión el fortalecimiento de la cohesión
económica y social pasa por facilitar el
acceso al empleo, o a un empleo estable, a aquellos que no lo tienen o lo tienen inestable.
Pero ¿qué entender por cohesión social
y por qué el empleo puede jugar en la
misma un papel clave? Antes que nada,
conviene clarificar lo que debemos entender por otros conceptos que reflejan
elementos tradicionalmente estructurantes del entramado social y, por tanto,
de otros conceptos válidos en los esquemas interpretativos de la misma.
Vamos primero a señalar lo que no es
cohesión social, para luego intentar precisar un poco más lo que podemos entender por ese concepto.
La cohesión social no es sinónimo de
igualdad, sino que convive con mayor o
menor desigualdad hasta un cierto grado. Es decir, la existencia de niveles de
recursos desiguales no permiten afirmar sencillamente que se trate de una
sociedad carente de cohesión. Pero
unos niveles de desigualdad muy relevantes y quizá crecientes, o formas de
desigualdad que se piensen como no legítimas, difícilmente van a mantener
una sociedad cohesionada a largo plazo, puesto que eso implicaría la aceptación, por ciertos colectivos, de mecanismos o estructuras que les excluyen.
Así mismo, la cohesión social no significa ausencia de conflicto, sino que convive con él, hasta un cierto grado. El con-
flicto supone el contraste de intereses y
la actuación —es decir, articulación de
medios— para hacer valer unos intereses frente a otros. Cuando cohesión social y conflicto conviven se trata de un
«conflicto ordenado», es decir, sujeto a
normas que son las que indican los medios, la intensidad y el momento del
conflicto. Si el conflicto alcanza cierta intensidad y tiene lugar al margen de toda
regla social establecida y aceptada, no
podríamos seguir hablando de sociedad
cohesionada. El ejemplo más claro lo
tenemos en una guerra civil, pero puede
haber otros momentos como enfrentamientos étnicos, religiosos o de otro
tipo, hasta laborales si son de mucha
gravedad.
La cohesión social hace referencia a inclusión frente a exclusión, como se señala en alguna de las ponencias comentadas. Es decir, a tener oportunidades
para progresar, a poder participar en decisiones que condicionan las formas organizativas y relacionales de la sociedad. Esa inclusión pone el acento sobre
ciertas normas y ciertos valores como
configuradores del marco de instituciones y prácticas que a las personas permitirán progresar y mejorar, sea que actúen individualmente sea que lo hagan
colectivamente.
Por ello, no es lo mismo cohesión social
y orden social. El primer concepto hace
referencia a aceptación por parte de una
gran mayoría de los ciudadanos de ciertas «reglas de juego», que son las normas y valores en las áreas básicas de la
43
253_08 aju 04
15/1/09
07:40
Página 44
Fausto Miguélez
convivencia y de la vida cotidiana. Visto
desde otro ángulo, es una legitimación de las formas sociales predominantes. Esta aceptación permite expresar discrepancias sobre normas y
valores, basadas en diferencias en intereses o en la comprensión de dichas
normas y valores. Por tanto, admite la
posibilidad de cambiar dichas normas y
de que ciertos valores se vayan imponiendo en sustitución de otros. El orden
social, por el contrario, hace referencia
a un funcionamiento ordenado de hecho de la sociedad. Es un funcionamiento que puede ser resultado del consenso
pero también de la imposición. Vistas
así las cosas, la cohesión social es un
concepto histórico y relativo. Puede
existir o no y es fruto de circunstancias
históricas. Su mayor o menor solidez
dependerá de la mayor o menor acep-
44
tación de normas y valores sociales comunes.
El empleo —en las formas que ha adquirido en las últimas décadas en las sociedades desarrolladas— juega en la cohesión social un papel clave por diversas
razones. Tener ingresos estables provenientes, directa o indirectamente (pensiones y jubilaciones) del trabajo y mejorar paulatinamente las condiciones
del mismo inclina a las personas a la
aceptación de determinados valores
que son vistos como la garantía de
aquellos objetivos. Conseguir objetivos
que ayuden a consolidar ciertas garantías laborales y económicas lleva a las
organizaciones colectivas y a los grupos
de interés a asumir las normas de una
sociedad cuyas reglas de juego contribuyen a configurar.
253_08 Aju 05
5.
15/1/09
07:40
Página 45
COMENTARIO. UNA RECONFIGURACIÓN DE LA SOCIEDAD
DEL TRABAJO
Josep Banyuls Llopis *
INTRODUCCIÓN
Aisladamente, el contenido de cada una
de las cuatro ponencias presentadas en
el foro sobre la reconfiguración de la sociedad del trabajo es muy interesante.
Pero en conjunto adquieren más relevancia por su complementariedad. Con
la finalidad de introducir algunos puntos de referencia para el debate en el
foro, los comentarios que voy a realizar
están organizados por temas que aparecen en las ponencias y que, desde mi
punto de vista, son los más significativos para analizar la reconfiguración de
la sociedad del trabajo.
La comunicación presentada por Martín Hopenhayn da pie a analizar con detalle los cambios en el paradigma del
trabajo remunerado y las transformaciones en el ámbito familiar. Otras dos
de las comunicaciones presentadas, la
de María Rosa Renzi y la de Pilar Carrasquer, se centran más en el análisis
empírico de la realidad laboral en los
países del Istmo y en Europa, con especial referencia a España. Esta última
también analiza la incidencia de las políticas de la Unión Europea. Por último,
la comunicación presentada por Janina Fernández aborda con más detalle
los problemas de la intervención públi-
ca en el ámbito laboral, las desigualdades de renta y las diferencias de género.
Desde mi punto de vista, las cuatro comunicaciones inciden en una serie de
aspectos que es necesario considerar
para abordar el debate sobre la reconfiguración de la sociedad del trabajo. Es
necesario un marco de análisis teórico
que nos permita contextualizar el debate. Hace falta ver qué está pasando en la
realidad a partir del análisis empírico e
interpretar la lógica de las transformaciones y es necesario preguntarse qué
pueden hacer las políticas públicas en
este contexto de cambio.
Con estas premisas, y teniendo en cuenta que pienso que el papel del comentarista es principalmente introducir temas
de debate, he organizado el texto en los
siguientes apartados: la reflexión sobre
el marco teórico, los cambios que están
teniendo lugar en la actualidad en el
ámbito del trabajo mercantil, las tensiones en la esfera reproductiva y qué papel juegan las políticas públicas. Intento
con ello sintetizar los puntos de discusión que a mi entender son más relevantes y que más me han llamado la
atención a partir de la lectura de las comunicaciones.
* Profesor titular en el Departamento de Economía Aplicada de la Universidad de Valencia. Su actividad
investigadora está centrada en el análisis de aspectos relacionados con el trabajo. Más concretamente, la
precariedad laboral, los cambios recientes en los modelos nacionales de empleo y también la transformación de las estructuras productivas y su impacto en las condiciones de empleo, todo lo cual ha generado
diferentes publicaciones en revistas especializadas y libros.
45
253_08 Aju 05
15/1/09
07:40
Página 46
Josep Banyuls Llopis
I.
LA NECESIDAD DE UN MARCO
ANALÍTICO INCLUSIVO
¿Inclusivo de qué?, ésta sería la primera
pregunta que nos podríamos plantear.
Pues, posiblemente, de muchas cosas,
pero lo que claramente debe incluir es el
género como elemento articulador del
análisis y un concepto global de trabajo
que abarque también el trabajo reproductivo. Esto choca frontalmente con el
esquema de análisis convencional que
se fundamenta principalmente en el enfoque neoclásico. Tal como señala María Rosa Renzi en su ponencia «Género
y transformaciones del mercado de trabajo», hay que romper con conceptos
económicos estereotipados e impulsar
nuevos enfoques de la economía que
ponga el análisis de las relaciones de
desigualdad entre mujeres y hombres,
cosa que no es posible hacer desde los
estrechos márgenes de la economía neoclásica.
Desde mi punto de vista, y siguiendo
una definición ya tradicional, hay que
partir de un concepto de trabajo en el
que éste no se considere una mercancía
sino un esfuerzo que se dirige a satisfacer necesidades y que presenta básicamente dos formas: trabajo mercantil y
trabajo reproductivo. Continuar con los
enfoques que vehiculizan el análisis a
partir del trabajo mercantil me parece
erróneo porque desde esa perspectiva
no es posible hacer visible el trabajo reproductivo, al cual, no lo olvidemos, el
conjunto de la sociedad dedica más
tiempo y esfuerzo.
46
El segundo aspecto que creo que hay
que recuperar en el análisis, con todas
las matizaciones que queramos introducir, es el enfoque de la autonomía relativa. Las dinámicas del ámbito mercantil
y reproductivo interactúan y se ven
afectadas mutuamente, pero mantienen
cierta autonomía. Los cambios en la esfera productiva no explican todos los
cambios en la esfera social, y al revés.
En el caso de España esto se pone de
manifiesto claramente, tal como nos
muestra Pilar Carrasquer en su ponencia «El empleo femenino en España y en
Europa: cambios y continuidades» explicando el aumento de la tasa de actividad femenina. La mayor incorporación
de la mujer en España al mercado de
trabajo se debe en parte a que ahora las
mujeres cuando se casan, no abandonan el mercado de trabajo como sí que
ocurría con anterioridad. Es un cambio
en las pautas de movilización y no es
una transformación derivada de los
cambios en la estructura productiva.
II.
LOS CAMBIOS EN LA ESFERA
MERCANTIL
La ponencia de Martín Hopenhayn,
«Cambios en el paradigma del trabajo
remunerado e impacto en la familia»,
plantea claramente la necesidad de una
reflexión global sobre el papel que tradicionalmente ha tenido el trabajo mercantil en nuestras sociedades como
elemento de articulación e integración
social, y cómo los cambios recientes en
253_08 Aju 05
15/1/09
07:40
Página 47
Comentario. Una reconfiguración de la sociedad del trabajo
la estructura productiva alteran ese significado. En esta reflexión que plantea el
autor sobre el trabajo como referente
social hay una serie de aspectos que
no podemos olvidar. En primer lugar, no
podemos obviar que el trabajo que tradicionalmente ha sido uno de los elementos centrales de articulación social
es el trabajo mercantil. Aquella parte de
la sociedad que se ha dedicado al trabajo reproductivo, masivamente las mujeres, no ha «disfrutado» de este elemento de integración y, en consecuencia, de
entrada ya hay una gran parte de la sociedad que no ha tenido acceso a esa
forma de integración social.
En segundo lugar, tengo ciertas dudas
de si la pérdida de centralidad del trabajo mercantil como referente de articulación social se debe a la crisis del trabajo
mercantil como tal (lo que algunos autores resumen como el fin de la sociedad
del trabajo), o si lo que realmente cuestiona la centralidad del trabajo como elemento de integración social es la ruptura
del modelo estándar de empleo (el empleo asalariado como forma predominante, jornada de trabajo a tiempo completo, relación contractual indefinida y
pleno reconocimiento de los derechos
laborales así como capacidad para ejercerlos). La norma estándar de empleo
ya no describe la situación en el mercado de trabajo y tampoco es el referente
del empleo. Paralelamente, emerge un
nuevo modelo, plural, que combina diferentes formas de empleo, pero que
tiene como características comunes la
flexibilidad, la precariedad y una regula-
ción más débil. Posiblemente sean más
importantes estos aspectos para explicar la pérdida de importancia del trabajo
mercantil como referente de integración
social que la supuesta crisis del trabajo.
En las ponencias hay dos aspectos que
merecen especial atención para explicar
las transformaciones recientes: la globalización y la flexibilidad. La globalización y sus efectos se abordan en varias
de las comunicaciones. Especialmente
en la presentada por Martín Hopenhayn
y también en la de María Rosa Renzi. Es
evidente que se trata de un vector explicativo muy importante de los cambios
que vivimos. En el caso de los países de
América del Sur la apertura de las fronteras comerciales ha conllevado cambios en la estructura productiva, en las
formas de organización del trabajo y en
la posición de las economías locales en
el contexto internacional. Poco que añadir a lo que se dice en las diferentes comunicaciones del foro. Sólo quería subrayar un aspecto que desde mi punto
de vista es importante considerar y que
creo que deberíamos profundizar en su
debate:
Pienso que la globalización ha hecho
que los modelos nacionales de empleo
(en un sentido amplio) también pasan a
ser un factor de competitividad. Los territorios no son competitivos solamente
por la dotación factorial sino por su capacidad para «soportar» estrategias de
flexibilidad laboral más intensas, por los
menores costes laborales o por las menores cargas sociales y menor conflicti47
253_08 Aju 05
15/1/09
07:40
Página 48
vidad en el puesto de trabajo. Entre los
múltiples efectos de este nuevo papel
del modelo nacional de empleo en una
economía globalizada hay tres que creo
interesante destacar.
Uno es la transferencia de responsabilidad hacia las personas ocupadas para el
mantenimiento de los puestos de trabajo. La amenaza de despido, el aumento
de las horas de trabajo o la moderación
salarial ahora quedan legitimadas porque en el nuevo contexto competitivo si
no se cumplen estas condiciones la empresa se deslocaliza. La «culpa» del cierre o del traslado de la empresa en última
instancia la tienen las personas ocupadas porque no han sido «responsables»
acatando las exigencias de la empresa.
Cuestión añadida es que el ámbito reproductivo adquiere más relevancia para
mantener los salarios bajos, moderar las
tensiones sociales, facilitar mano de obra
más disciplinada, etc. Como señala María Rosa Renzi en su comunicación, la flexibilización de las relaciones laborales
está estrechamente vinculada al nuevo
paradigma de la competitividad, «justifica» todas las desregulaciones posibles
en los ámbitos, económicos y jurídicosociales que conforman los marcos normativos del trabajo. La intensificación de
la competencia legitima la disminución
de los salarios reales, el desmantelamiento de las protecciones sociales, la
explosión del desempleo, la precariedad
de todos los empleos, el deterioro de las
condiciones de trabajo, etcétera). En tanto, los derechos laborales son percibidos
48
como costes de producción que encarecen y socavan la competitividad. En resumen, el papel del Estado equilibrador de
los efectos negativos del mercado prácticamente ha dejado de funcionar. La seguridad social solidaria ha sido reemplazada por la seguridad social asumida
individualmente y privatizada. Todo
esto ha derivado en nuevas cargas desigualmente distribuidas por razones de
género.
El segundo efecto es el aumento de la flexibilidad y la precariedad laboral. En todas
las comunicaciones aparecen reflexiones
sobre su extensión. La ruptura del modelo de producción fordista, el aumento del
empleo en actividades terciarias, nuevas
formas de gestión empresarial, etc. son
factores que explican su expansión. Esta
nueva coyuntura no afecta por igual a
toda la sociedad ni a todos los países. En
contextos donde tradicionalmente la regulación laboral ha sido más garantista,
y donde el Estado ha tenido un papel
más activo en la protección social, la ruptura ha sido menos radical que en otros
países donde la regulación siempre ha
sido más laxa y la orientación social de
las políticas públicas más débil.
Con todo, hay una serie de aspectos comunes en todos los países. Estos cambios han coincidido en el tiempo con la
incorporación masiva de la mujer al
mercado de trabajo, con lo que se ha
concentrado su presencia precisamente
en los sectores que más se han expandido en el nuevo contexto productivo. Los
colectivos que se han incorporado más
253_08 Aju 05
15/1/09
07:40
Página 49
recientemente al mercado de trabajo
(mujeres y jóvenes) sufren con más intensidad la ruptura del modelo. También la segmentación laboral entre buenos empleos y malos empleos se ha
acrecentado y ha afectado más negativamente a estos grupos de población.
Esta situación no es nueva y en gran
medida es un proceso que hunde sus
raíces en períodos anteriores a la transformación que estamos señalando, aunque ahora ha aumentado.
El tercer efecto es la intensificación de
los flujos migratorios. Aunque aparentemente estos tienen efectos positivos
reequilibrando la balanza de pagos en
los países de América del Sur por las remesas de los emigrantes, no podemos
dejar de lado todo el conjunto de efectos negativos. Ruptura de unidades familiares, desarraigo, malas condiciones
de trabajo en los países de llegada, abusos por empresarios o por las mafias,
etc. Junto a ello, la pérdida de personas
que bien por su edad o por su formación
son un colectivo que puede ser clave en
su país de origen para iniciar procesos
de cambio. Posiblemente hay que pensar estos hechos en términos de un nuevo modelo colonial, y creo que como tal
hay que abordarlo.
III.
LAS TENSIONES EN LA ESFERA
REPRODUCTIVA
La inmovilidad del reparto de papeles
entre hombres y mujeres parece ser una
de esas constantes universales de la física, que no cambian ni con el tiempo ni en
el espacio. Tal como claramente muestran las ponencias presentadas por María Rosa Renzi y por Pilar Carrasquer, la
participación de la mujer en el ámbito
mercantil ha aumentado de forma significativa. Con todo, las diferencias con los
hombres son todavía muy importantes.
Pero, como muy bien señalan las dos
autoras, ésta es sólo una parte de la historia. La otra parte está relacionada con
el trabajo reproductivo. Y en este ámbito los cambios no han sido tan significativos. Es más, la continuidad de los modelos sexistas de reparto del trabajo ha
aumentado la carga total de trabajo de
las mujeres. La doble jornada, la doble
presencia, o lo que algunas autoras han
denominado como la liberalización dolorosa, al referirse a la incorporación de la
mujer al mercado de trabajo sin haberse
alterado las estructuras de reparto de
trabajo reproductivo, supone, como indica Pilar Carrasquer, un elemento de
continuidad en el trabajo y en el empleo
femenino, en las relaciones de género y
en las desigualdades que se generan en
torno al trabajo y a la actividad laboral.
El escenario es más complejo si consideramos que la actividad de las mujeres
en la esfera del trabajo reproductivo con
frecuencia soporta las carencias de un
estado del bienestar débil (por ejemplo,
la atención a gente mayor, niños o enfermos) o de unas economías con graves problemas estructurales. Buen ejemplo de ello es lo que pone de manifiesto
49
253_08 Aju 05
15/1/09
07:40
Página 50
María Rosa Renzi: la crisis alimentaria
constituye una amenaza para el desarrollo de los países de la región y coloca a las mujeres en una situación de
mayor tensión al seguir siendo responsables de la reproducción social y del
bienestar de la familia.
Junto a ello también hemos de considerar que la «entrada» de la mujer en la esfera del trabajo mercantil es mayoritariamente, comparando con los hombres,
en puestos de trabajo precarios. El modelo patriarcal de incorporación al mercado de trabajo no se ha roto. Y no sólo
porque numéricamente la mano de obra
sea mayoritariamente masculina, sino
también porque la incorporación de la
mujer al mercado de trabajo no es en
una posición central sino marginal. Es
una inserción laboral con bajos salarios,
elevada rotación, mayor vulnerabilidad
al desempleo, menor reconocimiento de
las cualificaciones, etc. Esto nos lleva de
nuevo al debate inicial, la centralidad del
trabajo mercantil como elemento de integración social. Con una inserción secundaria el trabajo no puede considerarse como ese elemento de integración.
IV.
LAS POLÍTICAS PÚBLICAS
Tanto la ponencia de Pilar Carrasquer,
«El empleo femenino en España y Europa: cambios y continuidades», como la
de Janina Fernández, «La cohesión social, las mujeres trabajadoras, el empleo
y los ingresos», abordan la problemática
50
de la intervención pública. En la primera de las aportaciones se analiza con
detalle las limitaciones de las políticas
europeas de empleo y su incapacidad
para lograr la integración plena de las
mujeres en el mercado de trabajo y la
consecución de mayores niveles de
igualdad. Los problemas de segregación
del empleo femenino, que se concentran
en unos pocos sectores de actividad, la
extensión del trabajo a tiempo parcial
(una inserción débil, o «periférica» en el
mercado de trabajo), la persistencia de la
segregación salarial y dificultades de acceso a determinados puestos de trabajo
por parte de las mujeres, y en definitiva,
la persistencia de la segmentación, son
algunos de los problemas apuntados.
Esta situación es coherente con los objetivos y la filosofía de la política de
empleo en la Unión Europea. A nivel macroeconómico, de forma implícita se asumen los fundamentos de la propuesta
que deriva del Consenso de Washington,
justificada sobre la base del renombrado
círculo virtuoso de Wall Street. Los objetivos en materia de empleo son subsidiarios y la prioridad es el control de la
inflación a partir de un déficit público reducido y de la moderación salarial. Con
ello serán posibles tipos de interés bajo
que incentiven la inversión, y con ello el
aumento de la productividad y la competitividad, lo que se supone que tendrá
efectos beneficiosos sobre el empleo.
Pero en este escenario, los objetivos de
calidad del empleo o de integración social (ambos directamente relacionados)
253_08 Aju 05
15/1/09
07:40
Página 51
no son prioritarios. Buen ejemplo de ello
son la cuantificación de los objetivos de
pleno empleo en la Unión Europea derivados de la Cumbre de Lisboa. Si bien el
objetivo de creación de empleo se define claramente a partir del nivel de tasa
de empleo que se debe alcanzar, los aspectos cualitativos no dejan de ser más
bien retóricos, y en muchas ocasiones
contradictorios. Es el mismo caso que la
estrategia de flexicurity, ambigua en
general, y que en parte de los países
de la Unión Europea, por ejemplo España, comporta un aumento de la precariedad de las mujeres en el mercado de
trabajo.
Posiblemente la cuestión es más compleja de lo que a primera vista puede parecer. Si tenemos en cuenta los aspectos que hemos señalado anteriormente
en cuanto a trabajo mercantil y trabajo
reproductivo y la persistencia de los roles tradicionales, en algunos de los países de la Unión Europea la mayor participación de la mujer en el mercado de
trabajo no se puede desligar de la dinámica de la esfera no mercantil. La Unión
Europea promueve la mayor participación femenina en el mercado de trabajo
pero no entra en el debate de la organización del trabajo reproductivo (por
ejemplo, la atención a la gente mayor o
a los niños). Tampoco aborda si determinadas formas de participación en
el mercado de trabajo (por ejemplo, el
tiempo parcial involuntario) como mecanismo de integración laboral consolidan posiciones de precariedad para las
mujeres.
Baste como ejemplo de la complejidad
del debate la situación española. La mayor participación de la mujer en el mercado de trabajo ha conllevado que parte
del trabajo reproductivo lo asuman las
inmigrantes, en el caso de que se pueda
pagar, o las mujeres mayores (por ejemplo, las abuelas cuidando los niños). Una
situación de desigualdad entre hombres
y mujeres se traslada a otra situación de
desigualdad entre mujeres. Posiblemente la única solución a este dilema en términos de mayor equidad social pasa
por más y mejores servicios públicos,
pero esto choca con las restricciones señaladas anteriormente de las políticas
macroeconómicas que buscan la contención del gasto público.
En la otra comunicación apuntada se
aborda la intervención pública y su incidencia en la integración social y en la
mejora de los niveles de vida. Aunque
en los últimos años se han producido
mejoras en algunos aspectos (aumento
de la participación de la mujer en el
mercado de trabajo, menor diferencia de
ingresos entre hombres y mujeres o
mayor participación de las mujeres pobres en el mercado de trabajo), muchos aspectos negativos continúan. En
la comunicación se pone de manifiesto
cómo las desigualdades persisten a pesar de que se haya extendido un discurso por parte de muchos organismos sobre la necesidad de reducir la pobreza y
las desigualdades. Diferencias entre el
ámbito rural y urbano, entre colectivos
étnicos y entre hombres y mujeres en
cuanto a su acceso al empleo mercantil
51
253_08 Aju 05
15/1/09
07:40
Página 52
y en la mejora de las condiciones de
vida persisten y son generales.
La reflexión que se plantea en esta comunicación es pertinente en la medida
que pone de manifiesto la complejidad
de los problemas en la articulación de
las políticas públicas en el contexto
económico actual. El conjunto de objetivos e instrumentos en manos de los
gobiernos tiene que hacer frente a diversos problemas y no necesariamente
tienen como objetivo central real, en el
sentido de ir más allá del discurso retórico, la mejora del empleo, la erradicación de la pobreza o la integración
plena de la mujer en la sociedad. Los
aspectos planteados en la ponencia ponen de manifiesto una serie de aspectos sobre las políticas públicas que creo
que cabe profundizar.
Por una parte, el debate sobre la función
de bienestar colectiva, la cual es siempre el referente último para cualquier intervención pública. La realidad muestra
que más allá de la retórica de los gobiernos, dicha función, que es heterogénea
y plural, es más bien el resultado de los
intereses, ideas y valores de las fuerzas
sociales y políticamente significativas,
en el marco de una determinada situación institucional. Dicha función, además, es especificada —y socializada—
por el bloque de poder dominante. Los
tiempos que corren no son precisamente
los más favorables para la igualdad y la
52
mayor preocupación por los problemas
sociales. No obstante, nada es inamovible y creo que es necesaria una tarea de
«pedagogía» continua para introducir
un cambio en la escala de valores.
La segunda cuestión que quiero destacar es que los fines-medios de las intervenciones públicas normalmente se
plantean como un esquema cerrado y
coherente, y esto no es cierto. Creo que
el caso de las políticas de empleo de la
Unión Europea es muy claro en este
sentido. La estrategia de flexicurity cuando se lleva a la práctica en algunos países es contradictoria en sí misma como
instrumento de política económica, si
atendemos a los objetivos de la calidad
del empleo y la integración de la mujer.
Otro tanto podemos decir de la instrumentación de muchas de las políticas de
la UE. ¿Por qué los fondos estructurales
sólo se destinan a políticas de infraestructuras y no se destinan a políticas de
bienestar social? Creo que hace falta
más debate sobre estos aspectos.
Quisiera acabar estos comentarios con
una reflexión general. Pienso que cualquier estrategia de política económica
con voluntad de cambio ha de tener presente que el trabajo es una condición
para el bienestar personal y colectivo.
No podemos olvidar que el trabajo (mercantil y reproductivo) no es un fin en sí
mismo sino un instrumento para conseguir una vida más plena y satisfactoria.
253_08 aju 06
15/1/09
II.
07:39
Página 53
NUEVAS DINÁMICAS EN EL CONTEXTO LABORAL
253_08 aju 06
15/1/09
07:39
Página 54
253_08 aju 06
6.
15/1/09
07:39
Página 55
MUJERES, MERCADO LABORAL Y TRABAJO PRECARIO
EN ECUADOR
Alison Vásconez *
I.
MODELOS DE DESARROLLO
Y PRECARIZACIÓN
La lógica económica de los últimos 25
años en Ecuador se ha basado en la
consideración del trabajo como el costo
más flexible de la producción, y la generación de empleo la forma menos eficiente de competitividad. El crecimiento basado en costos bajos implica que
las formas más precarias de trabajo
sean las que mejor se acomodan al esquema de acumulación, fortalecido por
estrategias políticas que han facilitado
el repliegue del Estado como regulador,
dejando al mercado la mediación entre
la demanda de empleo y una oferta
desarticulada y desorganizada, exacerbando situaciones de inequidad debidas a diferenciales en la retribución al
trabajo y desprotección laboral, y a la
utilización del mercado laboral como
mecanismo de ajuste. Por otro lado, la
lógica productiva ha generado divisiones entre sectores de mayor dinamismo (y menor elasticidad al trabajo) y
grandes proporciones de sectores de
baja productividad y bajo capital, en
donde se concentra la mayor parte de la
población trabajadora y la que ingresa
al mercado.
En este contexto se incorpora al mercado de trabajo una creciente proporción
de mujeres, en condiciones de mayor
desventaja e inequidad que sus contrapartes masculinas. Dos puntos fundamentales permiten entender la relación
entre la precariedad del trabajo de las
mujeres y el régimen de acumulación.
Primero, siendo el proceso de reproducción social un continuum reproducciónproducción, la reproducción de la fuerza
laboral involucra un proceso productivo
basado en el trabajo no remunerado
que se gestiona desde la división sexual
del trabajo, y cuyo valor se transfiere al
sistema económico mercantil sin considerar su costo. La oferta laboral es
entonces fruto de un conflicto en el espacio reproductivo. El segundo punto
tiene que ver con el funcionamiento del
mercado laboral, que refleja las relaciones económicas dentro del hogar y reproduce las desigualdades y desventajas de las mujeres, añadiendo el orden
de género establecido dentro del mercado mismo, que remunera en forma desigual por igual trabajo, favorecido por
un régimen de acumulación que requiere bajos costos laborales.
En definitiva, la precariedad del trabajo de las mujeres es un elemento inherente al funcionamiento los regímenes
económicos androcéntricos vigentes;
y tiene que ver no únicamente con el
empleo, sino también con el proceso
de trabajo relacionado con la reproducción social.
* Maestra en Economía de las Políticas Sociales (York University), candidata a doctora en Economía
(FLACSO), docente en FLACSO-Ecuador.
55
253_08 aju 06
15/1/09
07:39
Página 56
Alison Vásconez
II.
PRECARIEDAD DEL TRABAJO
Y PRECARIEDAD DE LA VIDA:
ELEMENTOS MACRO PARA ECUADOR
Desde finales de los años ochenta, entra
agresivamente en Ecuador el modelo
desregulador descrito antes, con logros
poco alentadores en el plano económico
y resultados negativos sobre la vida de la
mayoría de la población. A partir del
cambio de régimen monetario (2000) y
en coincidencia con períodos de alta vulnerabilidad política, las políticas desreguladoras se desaceleran, los gobiernos
tienden hacia el incremento del gasto público (apoyado por un incremento sostenido en los precios del petróleo) y la matriz de políticas se enfoca actualmente en
un estado que se recupera y reconcentra.
Estos cambios de enfoque en la política
aún no revierten las tendencias macro de
la participación laboral: la de los hombres hacia una estabilización, la de las
mujeres creciendo aunque en menor ritmo que hace una o dos décadas: de 40%
a 50%. El carácter de añadido del trabajo
femenino se manifiesta en Ecuador hasta
finales de los años noventa, pero en los
siguientes años la participación no se ha
detenido a pesar de que la economía se
recupera. De todas formas, se confirma
todavía una tendencia a que en momentos de crisis y desempleo la participación
de las mujeres crece y se mantiene postcrisis en subempleo y trabajo no remunerado.
El modelo económico transcurrido en
los últimos 25 años da cuenta de un
56
comportamiento mixto de oferta laboral, mayoritariamente contracíclico, salvo en dos períodos: finales de los años
ochenta en que la economía tiene un repunte y crece mucho la participación, en
especial de las mujeres, y durante la crisis de finales de los años noventa en
que ambas participaciones decrecen y
se recuperan junto a la subida del PIB.
En el primer caso se trataría de un fenómeno de crecimiento generador de
oportunidades de empleo, que no se da
en ninguna otra ocasión entre 1990 y
2007. En el segundo, se estaría entendiendo un ajuste de la crisis vía desempleo y trabajo no remunerado de las mujeres, dado que su declive de oferta de
trabajo es mayor que el de los hombres.
Al respecto, el gráfico 1 muestra la alta
volatilidad del trabajo mercantil femenino. Si bien la lógica de participación (y
empleo) es bastante similar, es decir,
ambas ofertas de trabajo crecen y decrecen juntas, la de las mujeres se muestra mucho más volátil, inestable, sensible a los ciclos económicos, y con más
alta probabilidad de salir al desempleo.
Adicionalmente, se mantienen las brechas de desempleo entre hombres y
mujeres, casi intocadas durante los últimos 15 años: el desempleo de los hombres duplica al de las mujeres, salvo en
períodos de alta recesión en que esta
brecha se amplía hasta más de 2,5 veces: el desempleo de las mujeres varía
entre 10% y 20% de 1990 a 1999 (año de
la crisis) y de allí hasta 8% hasta el presente. El de los hombres va desde el 5%
253_08 aju 06
15/1/09
07:39
Página 57
Mujeres, mercado laboral y trabajo precario en Ecuador
GRÁFICO
1.
Ecuador: evolución de la participación laboral
hasta el 8% en crisis y baja de nuevo al
5%. Al igual que para la oferta laboral, las
fluctuaciones del empleo-desempleo de
las mujeres son más marcadas que las
de los hombres y de alguna manera coinciden con las fluctuaciones de la economía, y las brechas también se amplían
cuando hay crisis general de desempleo.
Por otro lado, la crisis de 1999, el posterior cambio de régimen monetario y el
crecimiento del PIB marcan también
cambios en la lógica laboral de hombres
y mujeres; se instala en el país una modalidad mayoritariamente informal y de
subempleados. En el primer caso, crece
la cantidad de personas en autoempleo,
empresas micro sin legalizarse o en actividades de baja cualificación; en el segundo, se amplía el trabajo por horas, la
dedicación a más de un trabajo (con
horas incompletas), y los salarios por
debajo de los mínimos legales. La infor-
malidad comienza a crecer erráticamente y con fuerza durante la postcrisis en
especial para los hombres. En el caso de
las mujeres, se encontraba declinando
hasta antes de la crisis y posteriormente se incrementa en forma sostenida y
constante (véase gráfico 3). Concretamente, los datos muestran que entre el
año 1990 y el 2006 la proporción de población empleada en el sector denominado «moderno» decrece de 52% a 45%,
y aquella empleada en el sector informal se eleva del 38% al 46%. Dentro de
este grupo, el 51% de mujeres se encuentra trabajando en el sector informal, frente al 45% de hombres.
En cuanto al subempleo, el comportamiento es menos disparejo entre hombres y mujeres, salvo en los períodos
post y precrisis en los cuales el subempleo de los hombres crece más rápidamente; esto permite intuir que el sub57
253_08 aju 06
15/1/09
07:39
Página 58
Alison Vásconez
GRÁFICO
2.
Ecuador: PIB y empleo
empleo o el empleo informal representan para los hombres una transición hacia o desde el empleo pleno, mientras
que las mujeres tienen mayor dificultad
de pasar de un sector a otro. De hecho,
las crisis económicas provocan que las
mujeres abandonen sus empleos totalmente, es decir, pasen con mayor facilidad a la inactividad.
Otro proceso que da cuenta de la informalización de la economía es la retracción del sector privado como generador de empleo, para las mujeres. En
1988 el 32,8% de los hombres y el
45,3% de las mujeres estaban empleados en el sector privado. En 2007, la
participación de empleados privados
entre la PEA masculina es de 52,21%
frente a 29,9% de las mujeres. Este
abandono de empleos privados se sus58
tituye por un crecimiento muy fuerte
de la participación en actividades por
cuenta propia en ambos sexos, y en el
caso de las mujeres, de trabajo familiar
no remunerado: en 1988 el 2,8% de las
mujeres y el 6,8% de los hombres trabajaba en estas condiciones; en 2007 la
proporción de trabajadoras no remuneradas llega al 18,8% mientras que la
proporción de hombres se mantiene.
Igualmente, hace diez años había mayor proporción relativa de mujeres que
hombres patronos: hoy la tendencia se
revierte, y aunque en Ecuador los patrones y patronas son pocos, el 6,3% de
los hombres lo son, frente al 2,9% de las
mujeres.
Finalmente, el régimen económico así
como la intensidad de la participación
laboral (bajo un enfoque específico de
253_08 aju 06
15/1/09
07:39
Página 59
productividad) ha generado que la intensidad del trabajo mercantil, definida
por la dedicación semanal a este trabajo, se eleve en cerca del 55% entre 1990
y 2007, con una mayor concentración en
los rangos superiores. La cantidad de
personas que dedican más de 46 horas
a la semana al trabajo mercantil se ha
triplicado en el caso de las mujeres y duplicado en el caso de los hombres. Esto
no se compensa con las elevaciones de
ingreso laboral por hora que, en términos constantes, se ha elevado en 24%
durante este mismo período.
Esto configura un modelo laboral que
ha utilizado el trabajo intensamente, no
ha producido oportunidades laborales
en condiciones adecuadas en especial
para las mujeres, y se ha apoyado en la
dinámica del trabajo y la sustitución de
trabajadores/as para la recuperación
económica.
III.
PRECARIEDAD EN EL TRABAJO,
EL HOGAR Y EL EMPLEO: EL NIVEL
MESO
Las necesidades de sobrevivencia en
Ecuador están mayoritariamente cubiertas por los ingresos laborales, por lo que
la dependencia de recursos no provenientes del trabajo añade intensidad a la
precariedad de la reproducción social y
quienes la sustentan. En Ecuador, más
de 2,1 millones de mujeres mayores de
18 años están en la categoría de «inactivas» (el 40% de la población de este rango de edad) y el 70% del grupo no está
buscando trabajo porque no le es permitido, o por falta de tiempo. Las mujeres
inactivas está concentradas en hogares
pobres, igual que las desempleadas, con
ingresos laborales menores al resto de
hogares, con familias más numerosas y
en ellas más hijos menores de cinco
años, lo cual supone una carga de trabajo doméstico más alta que en los otros
regímenes de trabajo. Por otro lado,
menos del 10% de los hogares de las
mujeres inactivas y desempleadas está
cubierto por servicios de alimentación
escolar y cuidado infantil 1.
Además de la dedicación al trabajo doméstico, la participación de las mujeres
en el mercado laboral está mediada por
el nivel de ingresos de su hogar. Si bien
las mujeres pobres entran al mercado
laboral informal cuando las familias están en situación de crisis, la carga de
cuidados es mucho mayor en ellas que
en las mujeres de familias más ricas,
tanto por facilidades de infraestructura
1
El 40% de las mujeres desempleadas más pobres y el 90% de inactivas recibe una transferencia monetaria llamada «Bono de desarrollo humano» de US$30 mensuales (más o menos el 6% de la canasta mínima
alimentaria). Como en la mayoría de los casos están también inmersas en un entorno laboral marcado por
el desempleo y el subempleo, el bono se constituye en la única fuente estable (aunque no segura) de ingresos. Las condiciones para acceder a este beneficio son amplias y complejas, tanto que, por ejemplo, si
existe afiliación a la Seguridad Social del cónyuge o una línea telefónica en la vivienda, pierden este beneficio.
59
253_08 aju 06
15/1/09
07:39
Página 60
Alison Vásconez
como por la cantidad de hijos pequeños
que tienen, además de tener menor nivel educativo y menos redes sociales
que las apoyen y vinculen con la economía.
En lo relacionado a la precariedad en el
empleo, ésta se manifiesta a través de
un perfil laboral basado en la inseguridad (Rodríguez, 2006; Pérez, 2001): en el
horizonte temporal del empleo, en la remuneración, en las condiciones, incluso
en el tipo y magnitud del trabajo. Estas
inseguridades se materializan en la creciente presencia de contratos temporales y parciales, flexibilización de los
CUADRO
1.
60
3.
Las mujeres están en condición de desventaja a lo largo de toda su historia la-
Ecuador: Condición de actividad por sexo 2007
Condición de actividad
Ocupados/as Adecuados/as
Subocupados/as
Ocupados no clasificados
Desocupados(as) Abiertos(as)
Desocupados(as) Ocultos(as)
GRÁFICO
horarios, el multiempleo, la alta probabilidad de caer en el desempleo, el subempleo, el desempleo oculto, la dependencia del salario de una negociación
bilateral, ligada a un debilitamiento de
la organización de trabajadoras/es; la
movilidad, el trabajo en la calle, la poca
cobertura de seguridad y salud, la incertidumbre. En Ecuador la mitad de las
mujeres está subocupada porque gana
menos que el salario que le corresponde y el 35% porque trabaja menos horas de las que podría o quisiera.
Inactividad por nivel de ingreso
Hombres
58,6%
36,2%
1,0%
2,5%
1,6%
Mujeres
43,3%
47,9%
1,0%
3,7%
4,1%
253_08 aju 06
15/1/09
07:39
Página 61
boral, incluso en los períodos más «productivos». Cuando son más jóvenes los
hombres trabajan más, pero ambos lo
hacen en condiciones de subempleo invisible (menor salario), y hay el doble de
mujeres desempleadas. A medida que
avanza la edad, y en especial en el rango
de 30 a 39 años, los hombres alcanzan su
mayor nivel de empleo adecuado (cerca
del 70% de la PEA), mientras que las
mujeres llegan al máximo de 49% en el
rango de mayor de 40 años.
En cuanto a los ciclos de desempleo,
hay más hombres que mujeres en períodos cortos (de hasta dos semanas), y lo
opuesto ocurre en períodos largos (más
de seis meses): cerca del 40% de las mujeres desempleadas está en esta condición. Por otro lado, de los desempleados y desempleadas de larga duración
el 42% de las mujeres ya no está buscando trabajo, frente al 30% de los hombres.
Por otro lado, las mujeres se incorporan
con mayor facilidad en los sectores denominados informales: la probabilidad
de ingresar a estos sectores es el doble
que para los sectores formales, y el sector agrícola emplea al 32% de los hombres y al 22% de mujeres trabajadoras.
En el sector moderno hay una proporción importante de mujeres con educación superior, lo cual no asegura un salario acorde a su calificación.
Por otro lado, cerca del 30% de la población ocupada está en el grupo de «trabajador/a no calificado/a», tanto en el
caso de hombres como de mujeres. Esta
categorización no tiene relación con la
calificación, sino más bien con las tareas: de esta mano de obra más del 30%
tiene educación secundaria completa y
cerca del 5% tiene educación superior.
En cuanto a la estabilidad del trabajo, la
mayoría de las mujeres y hombres tiene
contrato temporal, ocasional o eventual,
pero una gran parte también está trabajando en un régimen de contratación
indefinida o estable. Este grupo, en el
caso de las mujeres es muy importante:
el 36% de las trabajadoras labora bajo
este régimen, frente al 31% de los hombres. En total, casi la mitad de las mujeres está trabajando en condiciones relativamente estables.
Por otro lado, el hecho de que existan
condiciones de estabilidad no asegura
que se cumpla con otros derechos laborales. La cobertura de seguro total en las
áreas urbanas es del 27% y en las rurales del 19%: en el primer caso, el 18% de
las mujeres y el 25% de los hombres
está cubierto; en el segundo, la cobertura llega al 20% de hombres y 17% de
mujeres.
Un modelo simple que calcula la probabilidad de entrar en condiciones de
precariedad, entendiendo ésta la carencia de tres o más de estas condiciones:
estabilidad, remuneración, trabajo calificado, seguridad social, contabilidad y
registro para impuestos, empleo pleno
(horas y nivel salarial), indica que la
condición de precariedad tiene que ver
61
253_08 aju 06
15/1/09
07:39
Página 62
Alison Vásconez
CUADRO
2.
Efectos marginales sobre la precariedad laboral
Variable explicativa
Rural
Mujer
Edad
Indígena
Escolaridad
y_pcapita
Hijos/as
Horas/doméstico
Agricultura
Mujer / indígena
Mujer / escolaridad
Mujer / ingreso_pc
Mujer / hijos/as
con muchas características de las personas que son distintas de su formación o
calificación, o su experiencia.
Las mayores y más evidentes diferencias entre la situación laboral de hombres y mujeres se dan en los ingresos
laborales. En Ecuador, la fijación del salario está marcada por discriminación,
aunque ésta se suaviza un poco cuando
se añaden otros beneficios laborales no
salariales: la brecha salarial se sitúa en
19% en promedio, frente a una de ingreso laboral de cerca del 15%, destacando
un fenómeno de «techo de cristal»: la
mayor brecha se encuentra en el nivel
nulo y en el más alto de la calificación
profesional. No obstante, a pesar de que
existen brechas amplias, en especial en
los mayores niveles educativos, lo que
más diferencia el salario no es tanto la
formación sino el cargo que ocupan las
62
Efectos marginales
0,06375
0,07145
–0,00554
0,04788
–0,03634
–0,00007
0,00839
0,00059
0,02199
0,06055
-0,05203
–0,00669
0,01059
(error std)
(0,00489)
(0,00486)
(0,00013)
(0,00851)
(0,00057)
(0,00020)
(0,00142)
(0,00006)
(0,00064)
(0,02479)
(0,00022)
(0,00232)
(0,00054)
personas. En los trabajos donde hay
mayor segregación por tareas también
existe mayor discriminación (agropecuario calificado, profesionales y científicos, en este último caso también las
mujeres están mejor cualificadas, y la
brecha se aproxima al 38%). También
las brechas salariales y laborales se intensifican en el sector urbano «moderno» (en donde llegan hasta al 40%), y en
los sectores con alta participación de
mujeres (agricultura y servicios personales, con un promedio de 50%), lo cual
permite evidenciar sobre explotación
del trabajo, en muchos casos en negocios de las mismas familias o en el trabajo por cuenta propia, así como en los
sectores informales, donde hay muy
poco control de las autoridades laborales. Por otro lado, si bien como se vio,
las mujeres están vinculadas en forma
«estable» en mayor proporción que los
253_08 aju 06
15/1/09
07:39
Página 63
hombres, las mayores brechas se dan
en estos regímenes de trabajo.
IV.
EL TRABAJO NO REMUNERADO
Y EL TRABAJO DE CUIDADO,
SUS RELACIONES
CON LA PRECARIEDAD
La dedicación casi exclusiva de las mujeres al trabajo doméstico casi no ha
variado en los últimos 20 años. El 97%
de quienes realizan tareas domésticas
o de cuidado de la casa son mujeres.
Esto significa que la balanza del trabajo
socialmente necesario se inclina hacia
las mujeres, y esto es creciente dado el
aumento de su participación en el mercado. Las cifras macro muestran que el
número de personas que se dedican a
realizar trabajo doméstico exclusivamente, como parte de la población en
edad de trabajar, se ha mantenido relativamente estable aunque se puede
mostrar que durante los períodos de
crisis se incrementa, indicando que los
problemas críticos de la economía, y en
especial el desempleo, generan sustitución de trabajo hacia el no pagado en
el hogar.
Del total de las mujeres en edad de trabajar que realiza trabajo doméstico no
remunerado en sus hogares, el 75%
también realiza trabajo en el mercado.
Las mujeres dedican cerca de tres veces
2
más tiempo a estas tareas que los hombres y un 10% menos del tiempo al trabajo mercantil. No obstante, el trabajo
no pagado de las mujeres es más intenso para quienes están desempleadas,
existe una alta correlación positiva entre
desempleo e intensidad de trabajo no
pagado. Por otro lado, las mujeres que
trabajan en la informalidad y las empleadas domésticas también soportan una
carga muy intensa de trabajo no pagado
doméstico. Se intuye que las ocupaciones menos valoradas por el mercado así
como una situación de vulnerabilidad de
ingresos están relacionadas con bajas
valoraciones al interior de los hogares.
Esto se puede confirmar cuando se observa que la carga de trabajo es inversamente proporcional al ingreso «propio»
de las mujeres, en especial en los estratos sociales más altos.
En el estudio «Mujeres, protección social, desempleo y ciudadanía» 2, se analiza la relación entre las condiciones laborales y las de trabajo doméstico no
remunerado. Se encuentra que la carga
de trabajo está positivamente relacionada con baja escolaridad, presencia de
cónyuge, falta de apoyo familiar para el
cuidado infantil. Por otro lado, la condición de trabajo pagado no se opone, se
complementa, no es diferenciadora de
horas de carga de trabajo doméstico,
pero el ingreso sí es diferenciador en
ambos casos. Por otro lado, hay mayor
carga de trabajo doméstico en las muje-
Armas y Vásconez (2008).
63
253_08 aju 06
15/1/09
07:39
Página 64
Alison Vásconez
DIAGRAMA1.
Relaciones del trabajo mercantil y doméstico no remunerado
res desempleadas, inactivas y en las que
están trabajando en la informalidad.
En resumen, el trabajo no pagado está
inversamente relacionado con una mejor situación laboral de las mujeres y en
especial con su ingreso, así como con la
existencia de servicios de cuidado infantil, aunque esto último en menor
grado.
64
V.
REFLEXIONES FINALES
El proceso de precarización es claro en
Ecuador, tanto en sectores formales
como informales. El modelo liberal y la
flexibilización laboral y el ajuste sistemático provocan precariedad y, a la
vez, utilizan los recursos transferidos
por este proceso para el ajuste de las
recesiones. Esta situación está cam-
253_08 aju 06
15/1/09
07:39
Página 65
biando en los últimos años, pero aún
no se aprecia un cambio de tendencia.
Por otro lado, existe un marco legal importante que influye en la precariedad y
actualmente procura eliminarla, pero
persisten y se hacen efectivas prácticas
y convenciones sociales informales en
un marco de flexibilidad en el cual las
mujeres están más afectadas y su situación en especial en remuneraciones, subempleo y dificultad de acceso y permanencia en el trabajo no han cambiado en
las últimas dos décadas.
Finalmente, las condiciones de precariedad no son únicas ni indivisibles. La precariedad en la división del trabajo, dada
por la carga de trabajo de las mujeres,
incide no solamente en su disponibilidad de horas dedicadas al trabajo mer-
cantil sino también en su salario esperado y la posibilidad de conseguir mejores
condiciones laborales. En este sentido,
la discriminación y segregación de género como fuentes de precariedad específicas de las mujeres han cambiado
muy poco, y se amplían cuando la economía entra en recesión o desaceleración, abocando a las trabajadoras a un
período de precariedad previo a la recuperación, lo cual indica que el sistema
no solamente produce desigualdades
sino que las utiliza para ajustar las pérdidas del sistema. La fuerza laboral de
las mujeres se constituye en un mecanismo de ajuste y transferencia de recursos en la recesión económica por su
aporte no monetario, el diferencial salarial y la inelasticidad de su oferta laboral. Esto no se da sólo en los estratos bajos de la población.
65
253_08 aju 06
15/1/09
07:39
Página 66
253_08 Aju 07
7.
15/1/09
07:39
Página 67
EL EMPLEO DE LAS MUJERES EN MÉXICO
Y LA APERTURA COMERCIAL
María Elena Cardero *
INTRODUCCIÓN
Si bien desde comienzos de la década
de 1990 se reanudó el crecimiento económico, las variables relativas al empleo en el mundo no han mejorado. Las
cifras macroeconómicas y sociales observadas en las últimas dos décadas
muestran que se han generado conjuntamente altos niveles de desempleo, subempleo, precariedad del empleo y pauperización de las condiciones de vida de
amplios sectores demográficos en todos los países del mundo, independientemente de su grado de desarrollo.
La Oficina Internacional del Trabajo (OIT,
2006) en su informe sobre Tendencias
Mundiales del Empleo, reporta que en
2005 el incremento más sustancial en el
desempleo se registró en América Latina y el Caribe, en donde el número de
desempleados aumentó en 1,3 millones
de individuos, aproximadamente, y la
tasa de desempleo se incrementó 0,3%
entre 2004 y 2005.
El deterioro del mercado de trabajo en
AL se ha caracterizado por una tasa de
crecimiento de la región lenta y variada,
al mismo tiempo que los países se han
visto sometidos a una serie de reestructuraciones y cambios fundamentales
que los apartaron de la senda seguida
hasta antes de comienzos de los años
ochenta. En México, ni la calidad del em-
pleo, ni los índices de desempleo han
experimentado mejoras sustanciales.
Entre 1982 y 1994, el crecimiento del empleo en el sector formal de la economía
estuvo muy por debajo de las necesidades de generación de fuentes de trabajo
estables y adecuadamente remuneradas, situación que no se corrigió a pesar
de la moderada expansión económica
posterior a esos años.
Con la instauración del modelo neoliberal en México se ha configurado un sistema productivo integrado por:
— Un sector exportador manufacturero
y maquilador, convertido en el eje dinámico del sistema, pero aislado del
resto del sistema productivo;
— El antiguo sector moderno creado
durante la etapa de sustitución de
importaciones, integrado por pequeñas, medianas y hasta grandes industrias, separadas del sector exportador y dependientes del mercado
interno;
— Actividades atrasadas compuestas
por antiguas actividades tradicionales, urbanas y rurales; y
— Una cada vez más densa franja de
empleo informal.
El desempleo ha tendido a variar en los
últimos años. De la segunda mitad de
los años ochenta y hasta 1989, la recuperación de la estabilidad macroeconó-
* Doctora en Economía y docente de tiempo completo en la Facultad de Economía de la UNAM. Ha publicado varios libros y ensayos entre ellos: Qué ganamos y qué perdimos con el TLC, Madrid, Siglo XXI
Editores, 1996.
67
253_08 Aju 07
15/1/09
07:39
Página 68
María Elena Cardero
mica y la reanudación del crecimiento
tuvieron buenos efectos en la reducción
del desempleo. En los años siguientes,
permanecieron las tasas bajas y estables de desempleo hasta fines de 1992,
justo antes de comenzar con la desaceleración del año 1993. La recesión de
1993 y posteriormente la crisis de 19941995 revirtieron completamente esta
tendencia, afectaron los mercados laborales y la capacidad de reinserción de la
fuerza de trabajo. Si bien a partir de ese
año y hasta la fecha se ha alcanzado una
importante estabilidad macroeconómica, no se ha logrado abatir las tasas de
desocupación.
En la actualidad, el rasgo más distintivo
es la recesión de la economía de Estados Unidos, que parece haber detonado
CUADRO
1.
la fuerte caída de la producción industrial mexicana y con ella la del PIB agregado (entre 2000 y 2003), continuando
en los años recientes.
Esta tendencia positiva (creciente) del
desempleo aún en etapas de reactivación de la economía desde el año 2001,
indicaría que una parte importante del
desempleo que se ha generado en los
últimos diez o quince años es causado
por bajos niveles de acumulación, de
productividad laboral y por la desaparición de cadenas productivas.
Si analizamos los datos del Sistema de
Cuentas Nacionales de México, las cifras muestran apenas un aumento algo
menor a los 10 millones de nuevos empleos en más de 20 años:
Personal ocupado remunerado, 1980-2004 (N.º de personas)
Concepto
1980
1985
1990
1995
2000
2004
1. Agropecuaria, Silvicultura
y Pesca
6.032.515
6.486.424
6.230.307
6.193.512
6.286.195
6.547.140
2. Minería
145.893
180.155
178.871
124.098
131.713
129.993
3. Industria Manufacturera
3.145.941
3.086.220
3.275.202
3.066.717
4.102.052
3.505.818
4. (Rama 60) Construcción
1.979.524
2.005.449
2.528.703
2.645.841
3.956.615
4.053.630
5. (Rama 61) Electricidad,
Gas y Agua
106.489
130.172
142.252
149.406
176.170
191.504
6. Comercio, Restaurante
y Hoteles
3.715.911
3.977.911
4.505.159
5.184.770
5.928.504
6.247.397
7. Transporte, Almacenaje
y Comunicaciones
1.060.330
1.206.169
1.438.371
1.520.974
1.934.012
1.953.793
8. Servicios Financieros, Seguros,
Actividades Inmobiliarias
369.955
493.472
511.118
548.605
605.439
626.799
9. Servicios Comunales, Sociales
y Personales
6.093.381
6.831.720
7.147.678
7.913.558
8.888.722
8.923.491
Total personal ocupado
22.649.938 24.397.692 25.957.661 27.347.481 32.009.422 32.179.565
Fuente: INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales.
68
253_08 Aju 07
15/1/09
07:39
Página 69
El empleo de las mujeres en México y la apertura comercial
CUADRO
2.
Años
2005
I
II
III
IV
2006
I
Población activa y desocupación, 2005-2006
Población
en edad de trabajar
Población económicamente activa
Total
Ocupada
Desocupada
74.388.858
74.601.990
74.857.031
75.229.290
47.723.247
42.818.591
43.657.852
43.866.653
41.086.349
41.320.802
42.007.609
42.503.540
1.658.898
1.497.789
1.650.243
1.363.134
75.484.742
43.914.704
42.366.317
1.548.387
Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo.
Las cifras del cuadro anterior comprenden el llamado empleo «formal» que
generó la economía en su conjunto. Sin
embargo, el mismo INEGI conduce otras
investigaciones y encuestas sobre el empleo como es la Encuesta Nacional de
Ocupación y Empleo (ENOE) atendiendo
unidades más pequeñas y con menos
empleados, así como pequeñas industrias de tipo muy variado. Adicionalmente, en este tipo de encuestas la información viene abierta por sexo de empleado.
De acuerdo con la ENOE, la población en
edad de trabajar es de alrededor de 75
millones de habitantes (véase cuadro 2).
CUADRO
3.
La ocupación por sexo en 2008 fue de
27 millones de hombres y 16,2 millones
de mujeres. La información de esta segunda fuente muestra datos bastante
diferentes a los obtenidos en el SCNM.
Estamos hablando de algo más de 10 millones de empleos capturados por la
ENOE, obtenidos mediante encuestas
diferentes por el INEGI. Estos más de
10 millones podrían considerarse como
el empleo «informal» bajo la definición,
un tanto arbitraria, de que lo que no es
formal es informal, y dan una idea más
aproximada de la cifra de empleo total
en el país. Casi la mitad de la población
trabaja en empresas y negocios, sin que
Población ocupada por tipo de unidad económica
Total
Empresas y negocios
Instituciones
Sector de los hogares
Situaciones de carácter especial y n/e
Primer trimestre
2005
40.575.874
20.407.345
5.468.421
14.370.247
329.861
Primer trimestre
2008
43.320.677
21.805.406
6.099.890
15.048.056
367.325
Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo.
69
253_08 Aju 07
15/1/09
07:39
Página 70
se determine si son negocios formales
y/o informales, además hay otra parte
que en promedio asciende a 35% que lo
hace en los hogares y en situaciones de
carácter especial.
La tasa de incorporación de las mujeres
al mercado de trabajo ha sido relativamente rápida. Hoy en día es de 36,97%
(2006) frente a 33,32% en 1988. Este
cambio obedece entre otros factores al
incremento del desempleo masculino,
el crecimiento de los precios y el estancamiento de los salarios, la reducción
del empleo en sectores como la agricultura y la industria manufacturera y la
ausencia de seguros de desempleo.
La participación de las mujeres en la
etapa más reciente (2001-2006) está
fuertemente concentrada en el comercio, 26,9%, los servicios personales en
los que su presencia ha descendido de
casi 43% en 1988 a 20,25% en 2006, 19%
en la industria extractiva, de transformación y electricidad; y un sorprendente aumento en comunicaciones y transportes que creció de sólo 1,46% en 1988
a la cifra de 17,3%.
En este entorno general la pregunta es
cuánto han participado las mujeres en
el empleo creado o estimulado por los
aumentos de la participación del comercio exterior en la economía mexicana.
Es necesario mencionar que, si bien es
claro que la apertura ha generado cambios importantes en actividades como la
agricultura, los servicios, las comunica70
ciones y transportes entre otros, una vez
quitado el efecto exportador petrolero y
de la agricultura, más del 85% del total
exportado e importado por México se
genera en la industria manufacturera.
De ahí que la evaluación del mercado de
trabajo creado por la apertura comercial
está fuertemente concentrada en el análisis en este sector.
I.
SECTOR EXTERNO Y EMPLEO
FEMENINO EN MÉXICO
La economía mexicana creció sólo 2,7%
en los años que van de 1980 a 2004. En
general las ventajas de la apertura han
sido analizadas desde el punto de vista
del crecimiento de la producción y del
aumento del empleo. Un aspecto adicional para este tipo de enfoques, desde el
punto de vista analítico, es la dificultad
para encontrar información estadística
de otros aspectos, aunque en algunos
casos se han hecho estimaciones con
base en la matriz de insumo, producto
del impacto que ha tenido sobre la estructura productiva y el empleo (véase
Cardero y Aroche, 2008).
La apertura comercial puede beneficiar
a las mujeres si aumenta la demanda de
trabajo, suben los salarios y obtienen
más capacitación. Pero puede perjudicarlas si algunas actividades, como por
ejemplo la agricultura, pierden dinamismo empleador, o bien se propicie la
concentración de las mujeres en el sector de servicios donde reproduzcan las
253_08 Aju 07
15/1/09
07:39
Página 71
CUADRO
4.
Periodo
2005/01
2006/01
2007/01
2008/01
2008/02
Mujeres. Composición de la población ocupada por actividad económica
(en porcentaje)
Agropecuario Construcción
5,15
4,58
5
5,63
3,97
0,69
0,71
0,82
0,63
0,67
Industria
Comercio Servicios
manufacturera
17,9
27,44
47,64
17,57
26,28
49,85
17,83
26,02
49,27
16,36
26,75
49,65
17,75
25,9
50,7
Otros
0,37
0,26
0,36
0,38
0,35
No
especificado
0,81
0,74
0,7
0,61
0,67
Fuente: INEGI, Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo.
actividades domésticas (lavar, cocinar,
planchar, cuidar niños) y/o por el aumento de la competencia en el mercado de
trabajo por la entrada de las importaciones, lo que puede limitar su acceso al
mercado laboral.
En México, entre las posibles causas de
la feminización del mercado de trabajo se encuentran: a) el aumento de la
demanda de trabajo de bajos salarios;
b) el comercio y las inversiones se dirigen a los lugares donde los costos laborales son bajos; c) la posibilidad de
evadir los costos de los derechos laborales, en los que las mujeres son menos demandantes; d) el surgimiento de
nuevas alternativas laborales que las
mujeres aceptan; e) cambios radicales
en los mercados laborales a los cuales
los hombres no renuncian; y f) la deslegitimación de los sistemas de bienestar
y la privatización de la protección social que nunca cubrió a grandes sectores de mujeres trabajadoras.
Esta mayor proporción del empleo femenino no significa que hayan desapa-
recido las desigualdades de género. De
hecho, algunos países han experimentado no sólo la feminización de la fuerza
de trabajo sino también la feminización
de las condiciones de empleo (lo que se
traduce en informalización, precarización) para todos los trabajadores. Al
mismo tiempo, en la medida en la que
las mujeres no pueden abandonar el
trabajo reproductivo y de cuidado de la
familia no pagado, hace que ellas se
orienten hacia trabajos que les permitan mayor flexibilidad en el uso del
tiempo y conciliar los trabajos de la
vida doméstica con los del empleo fuera de la casa, pero de índole más precaria en términos de salarios, de estabilidad, de extensión y distribución de la
jornada.
Las mujeres concentran su trabajo en
los servicios, el comercio y la industria,
al mismo tiempo que su participación en
el trabajo agrícola ha descendido de forma importante. Una parte sustantiva de
estos trabajos se hace con un salario diferenciado al de los hombres y en todos
los casos menor al de ellos.
71
253_08 Aju 07
15/1/09
07:39
Página 72
CUADRO
5.
Periodo
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
Porcentaje de discriminación salarial de las mujeres por tipo de actividad
Industria de
transformación
Total
–0,259
–0,254
–0,232
–0,302
–0,287
–0,254
–0,232
–0,304
–0,277
–0,21
Comercio
Total
–0,666
0,083
–0,145
–0,15
–0,147
–0,208
–0,222
–0,283
–0,199
–0,174
Servicios sociales
y admin. pública
Total
–0,011
–0,024
–0,025
–0,017
–0,037
–0,12
–0,046
–0,073
–0,066
–0,075
Servicios
personales
Total
–0,205
–0,162
–0,137
–0,089
–0,11
–0,194
–0,188
–0,078
–0,133
–0,149
Fuente: INEGI y STPS, Estadísticas de empleo con enfoque de género.
II.
EL COMERCIO INTERNACIONAL.
LAS EXPORTACIONES
En el caso mexicano el comercio exterior
ha tenido etapas de aumento rápido
1987-1990, de crecimiento más lento
1990-1994, y una segunda etapa de recuperación 1995-2000, seguida de nuevo
de un ritmo más lento en los años recientes. Si quitamos de las exportaciones las ventas del sector agrícola y del
petróleo crudo el resultado es que para
2006 las ventas totales de la Industria
Manufacturera (IM) ascendían a más de
204 mil millones de dólares. Sólo la División VIII exportó en 2006, 71% del total
exportador por la Industria Manufacturera, seguida por la División de Sustancias
Químicas, que representó el 8%, y por la
División IX de Otras Industrias 6%. Las
tres Divisiones aportaron cerca del 85%
del total exportador por la IM. El resto de
las exportaciones estuvieron principal72
mente conformadas por la Industria Textil y del Vestido y por la Industria Metálica Básica.
Alrededor de 62% del total exportado
por la División VIII son productos maquilados, en el caso de la División IX,
75% es maquila y en Industria Textil
y del Vestido 66% son bienes maquilados.
III.
LAS IMPORTACIONES
En las importaciones, si quitamos aquellas del sector agrícola y de la industria
petrolera y sus derivados primarios, el
total importado es de 242.532 millones
de dólares y de ellos 133.000 millones —que equivalen al 53% del total importado por la IM— son generados por
la División VIII.
253_08 Aju 07
15/1/09
07:39
Página 73
CUADRO
6.
Exportaciones totales y de maquila, por Divisiones 1993-2006
(millones de dólares)
Descripción
Total
I. Agropecuario,
Silvicultura y Pesca
II. Minería
III. Industria
Manufacturera
A. División I:
Productos Alimenticios,
Bebidas y Tabaco
B. División II:
Textiles, Prendas
de Vestir e Industria
del Cuero
C. División III:
Industria de la Madera
y Productos de la Madera
D. División IV:
Papel, Productos de Papel,
Imprentas y Editoriales
E. División V:
Sust. Químicas,
Deriv. del Petróleo,
Productos de Caucho
y Plástico
F. División VI:
Productos de Minerales
no Metálicos,
excepto Derivados
del Petróleo y Carbón
G. División VII:
Industrias Metálicas
Básicas
H. División VIII:
Productos Metálicos,
Maquinaria y Equipo
I. División IX:
Otras Industrias
Manufactureras
V. Electricidad
IX. Servicios Comunales,
Sociales y Personales
Sin Clasificar
1993
1996
2000
2006
Total
Maquila
Total
Maquila
Total
Maquila
Total
Maquila
51.831,96 21.853,01 96.003,74 36.924,32 166.424,03 79.386,83 250.461,20 111.829,21
2.526,02
6.683,55
33,91
0,10
3.167,32
11.103,11
31,52
0,10
4.090,36
15.357,16
30,76
0,18
6.906,97
36.002,24
93,28
4,47
42.272,58
21.708,31
81.088,77 36.668,03
145.923,29
78.736,55
204.837,12
110.739,39
1.478,72
92,12
3.163,47
116,33
4.255,58
223,89
7.329,72
885,49
2.333,70
1.569,76
5.930,58
3.570,01
11.863,82
7.548,90
8.692,67
5.790,32
548,62
314,21
522,89
152,30
651,17
301,09
694,66
343,90
649,91
460,18
877,92
444,53
1.303,12
633,96
1.831,84
954,20
4.311,72
1.018,15
6.465,98
1.183,74
9.412,62
2.401,19
16.391,17
3.004,14
867,42
181,84
1.432,95
214,41
2.084,41
460,75
3.001,97
712,05
1.827,13
104,97
3.753,23
147,58
3.171,50
231,27
8.680,47
304,28
28.122,40
16.529,65
55.141,62 28.314,30
106.432,44
62.53 5,82 146.254,14
89.789,15
2.132,96
84,91
1.437,44
0,00
3.800,13
46,84
2.524,84
0,00
6.748,62
5,99
4.399,68
0,00
11.960,48
567,34
8.955,87
312,20
8,16
256,73
3,15
107,54
14,87
582,84
1,16
223,51
34,87
1.012,37
1,91
617,42
23,87
2.123,66
2,80
677,08
Fuente: Banco Nacional de Comercio Exterior.
73
253_08 Aju 07
15/1/09
07:39
Página 74
CUADRO
7.
Importaciones totales y de maquila 1993-2006 (millones de dólares)
Descripción
Total
I. Agropecuario,
Silvicultura y Pesca
II. Minería
III. Industria
Manufacturera
A. División I:
Productos Alimenticios,
Bebidas y Tabaco
B. División II:
Textiles, Prendas
de Vestir e Industria
del Cuero
C. División III:
Industria de la Madera
y Productos de la Madera
D. División IV:
Papel, Productos de Papel,
Imprentas y Editoriales
E. División V:
Sust. Químicas,
Deriv. del Petróleo,
Productos de Caucho
y Plástico
F. División VI:
Productos de Minerales
no Metálicos,
exceptuando Derivados
del Petróleo y Carbón
G. División VII:
Industrias Metálicas
Básicas
H. División VIII:
Productos Metálicos,
Maquinaria y Equipo
I. División IX:
Otras Industrias
Manufactureras
Sin Clasificar
1993
1996
2000
2006
Total
Maquila
Total
Maquila
Total
Maquila
Total
Maquila
65.365,19 16.441,61 89.468,76 30.504,75 174.430,08 61.708,83 256.204,76 87.503,14
2.260,73
238,91
64,17
17,52
4.147,01
506,61
48,19
27,82
4.010,67
728,1
44,15
36,1 1
5.824,49
2.061,58
84,57
28,18
55.032,30
16.333,12
82.014,30
30.390,98
164.161,97
61.262,72
242.532,54
85.526,48
3.436,24
22,61
3.236,57
43,53
5.166,77
56,77
10.085,76
274,81
3.778,81
1.505,91
5.326,05
3.398,12
10.855,00
6.369,50
9.168,99
3.842,23
602,44
172,53
389,08
195,01
874,07
330,64
1.488,74
353,32
2.338,67
644,18
2.919,32
1.253,90
4.640,31
1.840,89
5.880,09
1.876,82
10.151,03
2.433,15
14.873,44
4.215,58
27.881,53
7.496,48
51.480,48
10.193,91
715,13
135,09
1.022,43
266,23
1.701,30
570,39
2.380,64
814,31
2.864,84
580,17
3.934,57
1.092,28
7.375,12
1.936,03
14.019,51
3.342,43
28.032,02
10.346,70
46.534,53
19.050,17
98.718,17
40.884,15
133.989,36
58.230,22
3.113,13
7.754,02
492,78
24,67
3.778,32
2.717,25
876,15
37,2
6.949,70
5.480,93
1.777,85
362,27
14.038,98
5.718,60
6.598,43
1.862,52
De igual manera que en el área exportadora, en las importaciones, sólo en la
División VIII se genera el 43% del total
74
importado por la industria maquiladora.
Le sigue en importancia la División V
de Sustancias Químicas (21%) y la de
253_08 Aju 07
15/1/09
07:39
Página 75
Industrias Metálicas Básicas y de Otras
Industrias Manufactureras, ambas aportan respectivamente el 6% de las importaciones totales de la IM.
Al comparar esta información con los
datos del Personal Ocupado de la ENOE
para el tercer trimestre de 2005 tenemos
que según esa fuente en la IM trabajan
6,7 millones de personas de las que 4,1
millones eran hombres y 2,6 millones
mujeres, cifras bastante diferentes a la
de los empleados registrados en el
SCNM que para 2004 ascendía a un total
de 3,5 millones, es decir, una diferencia
de 3,2 millones de personas (véase cuadro 8 en página siguiente).
El 36% de la población ocupada total
son mujeres y el 38,5% de ellas trabajan
en la IM. Hay una marcada segregación
ocupacional en dos Divisiones: la alimentaria que da empleo al 24% de las mujeres ocupadas en la IM y la fabricación de
prendas y accesorios de vestir (con otro
24%). Si a esta última le sumamos la
confección de productos textiles, excepto prendas de vestir que generan una
ocupación para las mujeres de 6,8% y la
fabricación de productos de cuero y piel
(3,5%), tendríamos que alrededor del
58% de la población femenina ocupada
en la IM se encuentra en estas dos divisiones, cuyos saldos comerciales son
crecientemente deficitarios.
Por su elevada importancia, en tanto
que realizan más de la mitad del total
exportado e importado, está la División
VIII, cuyo saldo en conjunto es positivo,
con divisiones fuertemente maquilizadas, sobre todo las ramas de maquinaria y aparatos eléctricos y la de equipos
y aparatos electrónicos. En este sector
laboran en conjunto el 16,27% de la
población de mujeres que trabajan en
la IM.
Las cifras anteriores dan una idea de la
magnitud del empleo de las mujeres en
las exportaciones, aunque no nos permiten saber las tendencias, ni cuántas
de ellas fueron expulsadas de alguna de
estas u otras actividades por la apertura
comercial y la entrada masiva de las importaciones, sobre todo de insumos intermedios y de bienes de capital.
Podemos concluir en este primer acercamiento que:
Si bien en un entorno de bajo nivel de
creación de empleos, caída de los salarios y baja de oportunidades laborales,
la participación de las mujeres en el
mercado laboral ha aumentado en los
últimos años, sin que podamos saber si
ha sido en empleos formales o los llamados «informales». Los empleos de
las mujeres se caracterizan, además,
por continuar registrando discriminación salarial.
Ellas trabajan principalmente en el comercio, los servicios personales, en la
industria y en el sector de comunicaciones y transportes.
En el aparato productivo mexicano, si
bien el sector exportador es un eje rela75
253_08 Aju 07
15/1/09
07:39
Página 76
CUADRO
8.
Personal ocupado en la industria manufacturera por rama y sexo 2005, tercer
trimestre
Total
Hombres
Mujeres % total % H*
Total nacional
39.275.282 25.301.487 13.973.795 100
Total industria
manufacturera
6.676.743 4.105.401 2.571.342 17,00 16,23
Industria alimentaria
1.353.195
734.974
618.221 20,27 17,90
Industria de las bebidas y del tabaco
189.864
165.202
24.662
2,84 4,02
Fabricación de insumos textiles
201.777
126.448
75.329
3,02 3,08
Confección de productos textiles,
excepto prendas de vestir
232.726
58.846
173.880
3,49 1,43
Fabricación de prendas y accesorios
de vestir
926.670
311.107
615.563 13,88 7,58
Fabricación de productos de cuero,
piel y materiales sucedáneos, excepto
prendas de vestir
260.991
171.067
89.924
3,91 4,17
Industria de la madera
102.658
89.850
12.808
1,54 2,19
Industria del papel
142.454
101.133
41.321
2,13 2,46
Impresión e industrias conexas
158.548
115.632
42.916
2,37 2,82
Fabricación de productos derivados
del petróleo y del carbón mineral
64.293
56.692
7.601
0,96 1,38
Industria química
200.805
127.942
72.863
3,01 3,12
Industria del plástico y del hule
245.810
149.279
96.531
3,68 3,64
Fabricación de productos a base
de minerales no metálicos
310.356
260.745
49.611
4,65 6,35
Industrias metálicas básicas
118.300
103.142
15.158
1,77 2,51
Fabricación de productos metálicos
461.426
407.557
53.869
6,91 9,93
Fabricación de maquinaria y equipo
69.033
50.908
18.125
1,03 1,24
Fabricación de equipo de computación,
medición y de otros equipos
componentes y accesorios electrónicos
212.045
100.971
111.074
3,18 2,46
Fabricación de equipo de generación
eléctrica y aparatos y accesorios
eléctricos
230.145
138.293
91.852
3,45 3,37
Fabricación de equipo de transporte
y partes para vehículos y automotores
537.694
334.985
202.709
8,05 8,16
Fabricación de muebles y productos
relacionados (colchones, cortineros)
426.635
389.569
37.066
6,39 9,49
Otras industrias manufactureras
231.286
111.059
120.227
3,46 2,71
Descripciones insuficientemente
especificadas de subsector de
actividad del sector 31-33,
industrias manufactureras
32
32
0,00 0,00
H*, M*: Participación de los hombres o mujeres en la industria manufacturera.
H**, M**: Participación de los hombres o mujeres en la rama.
Fuente: Elaboración propia en base a ENOE 2005-2006 Compac Disc. INEGI.
76
% M * % H ** % M **
64,42 35,58
18,40
24,04
0,96
2,93
61,49
54,31
87,01
62,67
38,51
45,69
12,99
37,33
6,76
25,29
74,71
23,94
33,57
66,43
3,5 0
0,50
1,61
1,67
65,55
87,52
70,99
72,93
34,45
12,48
29,01
27,07
0,30
2,83
3,75
88,18
63,71
60,73
11,82
36,29
39,27
1,93
0,59
2,09
0,70
84,01
87,19
88,33
73,74
15,99
12,81
11,67
26,26
4,32
47,62
52,38
3,57
60,09
39,91
7,88
62,30
37,70
1,44
4,68
91,31
48,02
8,69
51,98
0,00
0,00 100,00
253_08 Aju 07
15/1/09
07:39
Página 77
tivamente activo y va acompañado por
una dinámica similar de las importaciones, está aislado del resto de la economía y su capacidad de generación de
empleos es bastante limitada, debido a
la ruptura de cadenas productivas que
trajo consigo la apertura comercial.
cación de equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios.
La ocupación de las mujeres está fuertemente segregada en una cuantas actividades: la industria alimentaria, la de
prendas de vestir, textiles y cuero y en
un monto bastante menor al anterior en
la División VIII, particularmente en la fabricación de partes para equipos automotores, en la electrónica y en la fabri-
Su vinculación con el sector exportador
ocurre fundamentalmente de manera segmentada y es en otras ocupaciones donde
ellas encuentran y/o desarrollan mercados de trabajo que hacen compatible la
obtención de ingreso con el rol que socialmente se les ha asignado, que es el mercado laboral del cuidado sin retribuciones.
Si bien la ocupación de las mujeres ha
aumentado, ello no necesariamente ha
sido en los sectores más dinámicos de
la economía.
77
253_08 Aju 07
15/1/09
07:39
Página 78
253_08 aju 08
8.
15/1/09
07:39
Página 79
LAS MUJERES JÓVENES EN EL MERCADO DE TRABAJO:
ENTRE LOS DATOS Y LOS DISCURSOS
Inma Pastor *
El tema central de la comunicación que
tienen entre las manos es la situación
actual de las mujeres jóvenes en el mercado de trabajo. Es una comunicación
en el contexto de un debate en el que
determinados conceptos son (o podemos darlos por) conceptualmente compartidos y no requieren explicación por
mi parte, me refiero al concepto género,
al concepto juventud y al concepto mercado de trabajo. No quiero dejar de
apuntar que el punto de partida de estas
reflexiones es la reconceptualización del
trabajo (Borderías et al., 1994) a partir
de hacer visible el trabajo doméstico/familiar y de constatar que la actividad laboral femenina debe ser analizada a la
luz de su participación en forma de protagonista —la mayoría de las veces en
solitario— en ese trabajo. Sin embargo,
este hecho no significa que las explicaciones de las desigualdades entre hombres y mujeres que se constatan en el
mercado de trabajo radiquen únicamente en la mayor participación de las mujeres al trabajo doméstico/familiar. Las
dinámicas organizativas que se desarrollan en los ámbitos laborales reproducen relaciones de poder que colocan al
género masculino en lugares de dominación y al género femenino en lugares
de subordinación. La ausencia de discriminación jurídica y la existencia de normativa y regulación que impide, casi to-
talmente, la discriminación directa por
razón de sexo, hace que las desigualdades de género estén marcadas por la invisibilidad, lo cual puede hacer rebajar o
anular la percepción de esta desigualdad. En este sentido, se hace más necesario aplicar políticas a favor del equilibrio de géneros.
La reflexión que planteo pasa por dos
momentos, primero la presentación de
algunos datos en base a la EPA sobre la
realidad de las mujeres jóvenes, con el
fin de interpretar lo que nos dicen estos
datos. Una vez hecho esto me centraré
en la realidad de una parte de las mujeres jóvenes, aquellas que quieren desarrollar una carrera profesional como
profesionales cualificadas en organizaciones complejas; respecto a la realidad de este colectivo podemos destacar algunas consideraciones sobre su
vivencia de las dificultades encontradas en el momento de incorporarse al
empleo y empezar una carrera profesional. Nuestro punto de llegada será
una reflexión más allá de los datos, una
reflexión que quiere destacar que las
principales dificultades para las mujeres no están solamente en su inserción laboral, ni siquiera en su promoción, sino, sobre todo, en demostrar
que incluso en las organizaciones que
se suponen totalmente meritocráticas,
* Profesora titular de Sociología de la Universidad Rovira i Virgili y doctora en Sociología por la Universidad Autónoma de Barcelona. Su investigación se centra en sociología del trabajo, sociología del género y
sociología de la educación. Recibió el premio a tesis doctorales en sociología del Consejo Económico y
Social de España en 2006. Es autora o coautora de diversos artículos en revistas especializadas sobre sociología del género, sociología del trabajo y sociología de la educación.
79
253_08 aju 08
15/1/09
07:39
Página 80
Inma Pastor
existe un sesgo que favorece al género
masculino y perjudica al género femenino.
Esta información la hemos obtenido a
partir de diversas investigaciones en las
que se han estudiado las trayectorias
profesionales de hombres y mujeres en
contextos laborales de empleos de alta
cualificación. Considero necesario sacar
a la luz los discursos utilizados para justificar la menor promoción de las mujeres, incluso allí donde supuestamente
están regulados los mecanismos de
desarrollo profesional. Y considero que
es importante hacerlo porque el hecho
de que las pautas de inserción laboral
de las mujeres jóvenes tiendan a parecerse a las pautas masculinas (a pesar
de que se siguen constatando ciertas diferencias que después comentamos)
puede esconder el hecho de que sus trayectorias laborales acabarán tomando
formas diferentes.
I.
LA DESIGUALDAD EN EL EMPLEO
Y LAS POLÍTICAS DE GÉNERO
Actualmente, podemos decir que existe
una conciencia generalizada de la necesidad, desde los diferentes ámbitos e
instituciones públicas, de trabajar para
eliminar, o como mínimo reducir, las diferentes desigualdades por razón de género que perviven en nuestra sociedad.
El camino recorrido en el terreno de la
sensibilización hacia las diferentes desigualdades ha sido muy largo. Es de
80
destacar la vigencia de la necesidad de
eliminar las desigualdades dada la aprobación de la Ley para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres en marzo de
2007.
Una observación superficial podría hacer creer que la desigualdad por razón
de género ha desaparecido en la medida que, en la sociedad actual, han desaparecido muchos de los mecanismos
formales de discriminación de las mujeres. Sin embargo, una reflexión más detenida nos muestra que las tradicionales
desigualdades entre los trabajos que
hacen los hombres y los trabajos que
hacen las mujeres no han desaparecido
totalmente, sino que han experimentado un proceso de transformación. Es innegable que la afluencia de las mujeres
al mercado de trabajo, así como los
avances en la escolarización femenina,
marcan un punto de inflexión en la historia de las relaciones entre hombres y
mujeres. A pesar de todo, esta transformación es un proceso con adelantos y retrocesos. Como apunta Maruani
(2000) los progresos se miden en términos de libertad y autonomía. Pero también hay retrocesos y estancamiento
que, en el contexto del ámbito laboral,
se denominan sobrecualificación, subocupación, niveles desproporcionalmente elevados de paro y precariedad, segmentación...
Dos constataciones, medidas por varios
estudios, nos sirven como punto de partida para argumentar que la desigualdad por razón de género en el mercado
253_08 aju 08
15/1/09
07:39
Página 81
Las mujeres jóvenes en el mercado de trabajo: entre los datos y los discursos
laboral es, todavía, una realidad presente y con mucha fuerza en nuestra sociedad. Una de estas constataciones 1 es la
desigual participación de los hombres y
mujeres en el mercado de trabajo: hay
más hombres activos y ocupados que
mujeres y más mujeres que hombres en
paro (en el segundo trimestre de 2008,
según datos de la Encuesta de Población Activa, la tasa de actividad es de
50,2% para las mujeres y 69,6% para los
hombres; la tasa de ocupación es de
44,1% para ellas y de 63,3% para ellos;
la tasa de paro masculino se sitúa en un
9,07%, mientras que el femenino se sitúa en el 12,2%); paralelamente se constata que entre las mujeres que están
ocupadas económicamente hay una importante segregación tanto horizontal
como vertical, es decir, las mujeres están concentradas en algunas ramas de
actividad (lo cual ha supuesto la feminización de determinados ámbitos, como
la enseñanza o la sanidad) y en los lugares de menor categoría profesional (el
19% de las mujeres pertenecen al grupo
profesional de no cualificadas y el 43%
se agrupan en tareas administrativas
como, por ejemplo, técnicas de apoyo,
administrativas y otras actividades de
servicios) mientras que las técnicas y
profesionales suponen sólo el 14,4%.
La otra constatación es que, además de
desigualdad, también se puede hablar
de discriminación en el mercado de trabajo en términos de desigualdad salarial (las directoras de empresas reciben
1
el 74% del salario que recibe un hombre
de la misma categoría profesional y,
en el otro extremo de la jerarquía profesional, las trabajadoras no cualificadas
—excepto transporte— reciben un 67%
del salario de sus compañeros masculinos), de desvalorización de las profesiones feminizadas y de su estancamiento
de las carreras profesionales de muchas
mujeres. Un dato que muestra este último apunte es que sólo un 4% de los lugares de los consejos de administración
de las sociedades cotizadas españolas
están ocupados por mujeres. Según los
datos de la EPA (II trimestre de 2008) la
brecha salarial entre hombres y mujeres
es de un 28,8% a favor de ellos.
Datos como esos nos muestran la necesidad de continuar desarrollando medidas para conseguir que la igualdad de
oportunidades entre hombres y mujeres
sea una realidad efectiva. Aun así, cualquier tratamiento que quiera ser eficaz
en su praxis requiere un buen diagnóstico. A eso quiere contribuir esta aportación al debate que nos propone COFI en
este Seminario virtual de «Género y Cohesión social: trabajo y empleo».
Las políticas públicas de igualdad de
oportunidades han tenido y tienen como objetivo central el acceso de las
mujeres al espacio público. No obstante, con su aplicación, impulsadas desde
la Unión Europea y aplicadas a nuestro
país, la desigualdad no ha desaparecido.
Las mujeres españolas se han incorpo-
Véase Torns (1999).
81
253_08 aju 08
15/1/09
07:39
Página 82
Inma Pastor
rado tardíamente al trabajo, en comparación con sus homólogas europeas, lo
han hecho en determinados espacios
productivos y todavía en la actualidad
hay ausencias en algunas categorías superiores profesionales y de prestigio social. Una de las razones que se ha utilizado para explicar este hecho es que el
acceso al mundo del trabajo no ha modificado la carga de responsabilidades
en la esfera del ámbito doméstico-reproductivo.
II.
LAS JÓVENES Y EL MERCADO
DE TRABAJO: LO QUE DICEN
LAS ENCUESTAS
Analizar la participación de las mujeres
jóvenes en el mercado de trabajo requiere apuntar que esta incorporación se ha
dado en un contexto de terciarización,
de manera que una gran parte de las
mujeres ha entrado a formar parte de la
población ocupada del sector servicios.
Estos dos hechos, aumento de la actividad económica femenina y ocupación
en el sector servicios, enmarcan el análisis de la actividad laboral de las jóvenes.
Los datos de actividad económica del
total de mujeres presenta claras y grandes diferencias respecto al comportamiento del total de los hombres: ellos
presentan tasas de actividad económica
y de ocupación 20 puntos porcentuales
por encima de las mujeres, mientras
que el paro de ellas se sitúa en 3 puntos
porcentuales por encima del masculino.
82
Tasas de actividad, ocupación y paro según
sexo
Mujeres Hombres
Tasa de actividad
económica
Tasa de ocupación
Tasa de paro
50,2
44,1
12,2
69,6
63,3
9,07
Fuente: EPA, II trimestre 2008.
Si centramos nuestro análisis en las
menores de 30 años (la EPA establece
los siguientes tramos de edad: 16-19,
20-24, 25-29) se constata que las diferencias respecto a los hombres existen
pero son menores, unos 10 puntos porcentuales en el caso de la actividad y la
ocupación, presentando ellos mayores
tasas en todos los grupos de edad. En
el caso del paro las diferencias entre
los y las jóvenes se mantienen. En concreto, entre los 24-29 años las tasas de
participación están por encima del 80%
para los dos colectivos (82,3% para
ellas y 90,3% para ellos). La diferencia a
resaltar está en que el grupo de edad
que presenta mayor tasa de actividad
económica es entre los 24-29 años en
el caso de las mujeres pero entre los
30-39 años para el colectivo de los
hombres.
Tasa de actividad económica según sexo
y tramos de edad
16-19
20-24
25-29
30-39
Mujeres Hombres
25,8
32,7
62,9
71,8
82,3
90,3
81
94,9
253_08 aju 08
15/1/09
07:39
Página 83
Esta misma pauta se reproduce, aunque
con datos diferentes, cuando se analiza
la tasa de ocupación. La franja de edad
en la que las mujeres presentan mayor
tasa de ocupación es entre los 25-29
años con un 72,1%, mientras que en los
hombres la mayor tasa corresponde a la
franja de 30-39 años en la que ellos presentan una tasa del 87,5%. Debemos
destacar que en la franja de 25-29 años
las diferencias entre ellos y ellas es de 7
puntos porcentuales mientras que entre
los 30-39 años la diferencia es de 18
puntos porcentuales. Hay un momento
en que la edad actúa de forma claramente diferente en ellos y ellas: en ellos
se acompaña de un incremento de la
ocupación y en ellas de una reducción.
Tasa de ocupación según sexo y tramos
de edad
16-19
20-24
25-29
30-39
Mujeres Hombres
13,2
21,1
50,5
58,7
72,1
79,6
69,1
87,5
Este análisis simple entre edad y actividad requiere ir acompañado de la información de otras variables clave como es
el estado civil, ya que es sabido que esta
tercera variable actúa de forma diferente en ellos y ellas. Es así que el comportamiento laboral de ellos y ellas es
similar cuando se trata de solteros o separados/divorciados, apenas 5 puntos
porcentuales de diferencia y en los dos
colectivos por encima del 85% de ocu-
pación, pero es diferente cuando se trata de casados o casadas; la categoría de
casadas va acompañada de menores tasas tanto de actividad económica como
de ocupación.
Los datos de las tasas de paro también
requieren un breve comentario en la
misma dirección que venimos haciendo: el aumento de edad incide en las tasas de paro de forma diferente en el colectivo de hombres y de mujeres. En la
franja de edad 16-19 años la diferencia
es de poco más de 1 punto porcentual,
mientras en el grupo de 30-39 años la diferencia es de 4 puntos porcentuales. La
diferencia es a favor del colectivo masculino que presenta, para todas las edades y en comparación con las mujeres,
menores tasas de paro.
Además de los datos presentados, considero conveniente resaltar algún hecho
más del funcionamiento del mercado de
trabajo. El 82% de las personas asalariadas con contrato a tiempo parcial son
mujeres y también son mujeres el 67,6%
de los trabajadores por cuenta propia a
jornada parcial. El 98,8% de todas las
personas que trabajan a jornada parcial
y lo hacen por tener que cuidar a niños,
adultos enfermos, mayores o discapacitados son mujeres, mientras que son
mujeres el 55% de todos aquellos que
dicen que trabajan a jornada parcial
para seguir cursos de formación.
¿Qué nos dicen los datos? El breve análisis planteado tiene un objetivo que es
recordar, con cifras actuales, lo que las
83
253_08 aju 08
15/1/09
07:39
Página 84
Inma Pastor
expertas sobre mercado de trabajo nos
han ido explicando: la participación laboral de las mujeres jóvenes viene marcada por una cada vez mayor actividad
económica y ocupación aunque con tasas inferiores a los hombres; ellas lo hacen de forma diferente según franjas
de edad y estado civil mientras que en
ellos estas variables no afectan con tanta fuerza; su participación en el mercado de trabajo es de concentración
en algunos sectores y ramas de actividad, la llamada segregación ocupacional (Torns, 1999); sobre ellas actúan
mecanismos de discriminación indirecta que hacen que las mujeres presenten
tasas de temporalidad mayores a las de
hombres (temporalidad no deseada) y
la discriminación salarial continúa formando parte de la realidad laboral de
las mujeres.
III.
SOBRE LA CARRERA PROFESIONAL:
LO QUE DICEN LAS ENTREVISTAS
Partiendo del hecho de que las mujeres
presentan tasas de actividad y ocupación que, en las franjas más jóvenes,
cada vez se parecen más a las masculinas, en esta comunicación he querido ir
más allá de la información cuantitativa
para entrar en los discursos que hacen
las mujeres (y también los hombres)
una vez ocupados en el mercado de trabajo. Me ha interesado reflexionar sobre los discursos que hacen las mujeres
una vez forman parte de una estructura
laboral en la que tienen que desarrollar
84
una carrera profesional. Los estudios
realizados en organizaciones complejas,
como universidades y hospitales, nos
han servido para recoger información
sobre el desarrollo de las carreras profesionales por parte de las generaciones
que se están incorporando.
En primer lugar, nos encontramos con
que las propias protagonistas niegan,
de entrada, la existencia de discriminaciones sexistas en las organizaciones.
Únicamente ante la explicación de posibles situaciones de discriminación, los
entrevistados asumen la posibilidad de
que existan ciertas desigualdades, a pesar de que mayoritariamente todos los
entrevistados consideran que el origen
de las discriminaciones está fuera de las
organizaciones.
El discurso de la negación encontrado
en la mayoría de los casos se sustenta,
por un lado, en la idea de que cada vez
entran más mujeres en el mercado de
trabajo, o en el hecho de que algún sector o tipo de trabajo está feminizado y
una proporción de las mujeres han llegado a cargos de responsabilidad. Por
otro lado, este discurso se sostiene en la
idea de que no hay barreras formales y
no se produce una discriminación directa. Aún así se reconoce la existencia de
procesos que perjudican las carreras de
las mujeres, negando la responsabilidad que tienen las organizaciones y sus
órganos de decisión, y culpabilizando a
la sociedad en general. En todo caso, se
responsabiliza también a las mujeres
por no asumir un patrón de conducta
253_08 aju 08
15/1/09
07:39
Página 85
dominante en el interior de las profesiones. El hombre viene a ser aquí el modelo de referencia de cómo debería ser la
conducta de las mujeres: «Es un hecho,
no como resultado de que nosotros en
igualdad de condiciones hayamos priorizado a un hombre, sino porque las
mujeres han tendido a competir menos»
(Perfil 15).
De manera mayoritaria las mujeres niegan su pertenencia a un colectivo oprimido, y en pocos casos se reconocen
como individuos en una situación de
desigualdad respecto a otros. Sin embargo, a lo largo del discurso acaba surgiendo, de manera a veces inconsciente, el reconocimiento de que el hecho de
adquirir el rol de «profesor de universidad» o de «médico» supone un sobreesfuerzo para la mujer.
El discurso de las mujeres también se
construye a partir de su negativa a identificar a los hombres como responsables de una situación que, ante los datos
objetivos de diferencias entre hombres
y mujeres, se debe calificar como desigual. De la misma forma, tampoco se
atribuyen responsabilidades a la organización.
Siguiendo esta argumentación, en ausencia de discriminación formal existe una
realidad que genera resultados diferentes para hombres y mujeres, y desde
esta realidad las desigualdades entre
hombres y mujeres se interpretan en
clave de capacidades y esfuerzos personales diversos.
Otro de los discursos con el que nos encontramos al analizar las entrevistas es
el de la neutralidad. La idea central de
este discurso es la creencia de que el
funcionamiento del sistema laboral en
su conjunto responde a un funcionamiento meritocrático y de evaluación
objetiva de sus miembros.
Mayoritariamente, los hombres niegan
que el sexo y/o el género de los individuos jueguen ningún papel en la promoción, aunque pongan de relieve la
falta de transparencia y claridad en el
acceso y promoción.
Cabe destacar el hecho de que las mujeres, a pesar de que opinan mayoritariamente que encuentran más dificultades
que los hombres a la hora de promocionar, resultan ser un colectivo que asume
su situación sin exigir reparaciones, y en
muchos casos se culpabiliza de ella.
Como resultado, se acepta una sumisión
paradójica como una forma natural de
las relaciones entre hombres y mujeres.
Es destacable una contradicción central
en este discurso alrededor del funcionamiento meritocrático: en todas las organizaciones estudiadas aparecen voces
críticas a la meritocracia, que reconocen
que la discrecionalidad y los intereses
no estrictamente científicos a menudo
también forman parte del proceso, sin
embargo, estas mismas voces acallan la
crítica y reivindican la meritocracia
cuando se trata de revisar el sexismo
que ese mismo sistema meritocrático
está generando en clave de género.
85
253_08 aju 08
15/1/09
07:39
Página 86
Inma Pastor
Si dejamos a un lado lo que dicen los
protagonistas y analizamos su situación
dentro de las organizaciones, podemos
ver cómo el género es un factor con
gran incidencia en la manera de estar en
la vida y en el mercado de trabajo, y que
sitúa a las mujeres en una posición de
desventaja, como resultado de una socialización diferencial por razón de
género.
A partir de las entrevistas se puede afirmar que las mujeres organizan su vida
con una doble carga de trabajo, la remunerada, o productiva, y la familiar, o reproductiva, y muchas de ellas viven su
dimensión profesional con un sentimiento de culpa y de sobreesfuerzo superior en comparación con los hombres. A pesar de que esta doble carga de
trabajo no es un factor determinante del
mayor o menor éxito profesional, sí que
pesa sobre la disponibilidad y predisposición a participar en otros ámbitos.
El hecho de que la responsabilidad de
compatibilizar la vida familiar con la
vida laboral recaiga todavía en las mujeres constituye el reflejo de la estructura
patriarcal de la familia, que impone la
inscripción social de las mujeres en el
espacio doméstico en el cual están a
cargo de las responsabilidades familiares. Este no acercamiento a la esfera familiar es del todo interesada para la mayoría de los hombres, ya que les supone
tener menor responsabilidad y realizar
una menor carga de trabajo (Torns et al.,
2003-2004:133-134).
86
IV. CONCLUSIONES
El hecho de que las mujeres jóvenes desarrollen pautas de actividad y ocupación
laboral similares a los hombres se utiliza como argumento para defender la inexistencia de desigualdades ni discriminaciones. La fuerza de la normativa y la
regulación jurídica que impiden buena
parte de las anteriores discriminaciones
directas actúa como ideología para rechazar la existencia de discriminaciones
indirectas y, en todo caso, la existencia
de resultados que son desiguales para
hombres y mujeres. Este discurso de
negación de desigualdad es especialmente fuerte en organizaciones donde,
hombres y mujeres se juegan —compiten por— una carrera profesional con
posibilidades de éxito económico y asociada a puestos de poder y reconocido
prestigio. Las mujeres jóvenes que quieren desarrollar una carrera profesional
se enfrentan a una realidad laboral donde por un lado se las va a mirar como
«mujeres», en tanto que «concepto prejuicio» respecto a lo que se supone que
priorizan las mujeres (responsabilidad
en el trabajo doméstico/familiar), sino
que al mismo tiempo se espera de ellas
que se comporten como «trabajadores»
y se concentren en la ocupación laboral.
Además, lo van a tener que hacer siguiendo una reglas del juego a las que
no han estado invitadas a definir porque
se supone que estas reglas no están sexuadas. Es, por tanto, tarea de todos y
todas construir unas reglas del juego
consensuadas.
253_08 aju 09
9.
15/1/09
07:38
Página 87
INMIGRACIÓN Y ENVEJECIMIENTO DESDE UNA PERSPECTIVA
ASISTENCIAL
Raquel Martínez Buján *
El envejecimiento de la población es
uno de los rasgos demográficos que caracterizan el desarrollo de las sociedades y, además, uno de los principales
desafíos de la política económica y sociosanitaria del siglo XXI. El aumento de
años de vida está asociado a una pérdida de capacidades funcionales que requiere la presencia de una tercera persona como apoyo para la realización de
las actividades básicas de la vida diaria.
La provisión de estos cuidados, que en
muchos casos son de larga duración, ha
estimulado la búsqueda de soluciones
que aseguren tanto la viabilidad financiera como el suministro de este trabajo
de asistencia.
Aquellos países, como España (y en
general el Sur de Europa), donde la
base de las tareas de cuidado se encuentra en el trabajo familiar femenino,
están experimentando importantes
cambios demográficos y sociales que
han modificado el «natural» equilibrio
de asistencia bajo el cual se han mantenido hasta la actualidad. La caída de la
natalidad, el aumento de la esperanza
de vida, la incorporación de las mujeres al mercado laboral y la tendencia
hacia la privatización de la política social (Williams y Gavanas, 2008; R. Martínez, 2008) son algunos de esos factores que desestabilizan los niveles de la
demanda de cuidados y de las perso-
nas que ofrecen asistencia. Simultáneamente en estos países mediterráneos
se ha producido en la última década
una creciente internacionalización del
mercado de trabajo acompañada de
una aceleración de los flujos migratorios que eligen esta región como lugar
de destino. En el caso particular de España, esta tendencia se caracteriza por
la feminización, latinoamericanización
e irregularidad del colectivo inmigrante (Izquierdo et al., 2003; R. Martínez,
2003). Dichas particularidades han favorecido el reemplazo del cuidado familiar no remunerado por la contratación
de cuidadoras inmigrantes que realizan
estas tareas de atención personal en el
seno del sector doméstico.
Esta comunicación observa el vínculo
entre inmigración y envejecimiento
desde una perspectiva que analiza a la
población foránea como dispensadora
de asistencia a los mayores dependientes. El mercado laboral de cuidados dentro del tradicional servicio doméstico es un sector de trabajo en alza
que ha quedado desprovisto de trabajadores nativos. Y la demanda de domésticas cuidadoras es tan relevante
que algunos técnicos ocupados de
gestionar bolsas de empleo determinan que el 90% de las ofertas laborales
delegadas al colectivo extranjero femenino están relacionadas con la asis-
* Doctora en Sociología por la Universidad de La Coruña. Actualmente trabaja como Profesora Ayudante
del Departamento de Sociología, Ciencia Política y de la Administración de la Universidad de La Coruña.
Sus ámbitos de investigación recogen las áreas de migración latinoamericana, política social y envejecimiento de la población.
87
253_08 aju 09
15/1/09
07:38
Página 88
Raquel Martínez Buján
tencia a personas dependientes. El
«cuidado» se convierte en la ocupación que permite a las mujeres inmigrantes la entrada al mercado laboral
español (Colectivo IOÉ, 2005).
Los objetivos de esta comunicación son
analizar la aparición de este mercado
laboral y su delegación hacia mujeres
inmigrantes así como las necesidades
de formación específicas que requiere
el desempeño de dicha actividad. La
metodología utilizada es cualitativa y
forma parte de la elaborada para la redacción de mi tesis doctoral («Bienestar
y cuidados: El oficio del cariño. Mujeres
inmigrantes y mayores nativos»). El
trabajo de campo efectuado está basado en entrevistas en profundidad
dirigidas a tres colectivos: mujeres
inmigrantes cuidadoras de ancianos
(30 entrevistas), familias empleadoras
(20 entrevistas) y técnicos de asociaciones, ONG y otras instituciones con una
bolsa de empleo para el trabajo de cuidados ofertado a extranjeros (20 entrevistas).
El espacio geográfico de la investigación se circunscribe a las ciudades de
La Coruña y Santiago de Compostela,
aunque también se han realizado entrevistas en Pamplona, Madrid y Barcelona.
I.
LA EXTERNALIZACIÓN DE LA
ASISTENCIA Y LA CONTRATACIÓN
DE MUJERES INMIGRANTES
CUIDADORAS 1
Ante un panorama de envejecimiento
demográfico, incremento de personas
mayores con necesidades de atención
personal, insuficiencia de servicios públicos adecuados a la asistencia geriátrica y descenso de mujeres «amas de
casa» a tiempo completo, cada vez son
más las familias que deciden contratar
en el mercado los servicios de una persona que se ocupe de la asistencia de
las personas dependientes. Existen diversas fórmulas de externalización de
los cuidados. Desde las residencias hasta las empresas de Servicio de Ayuda a
Domicilio pasando por búsqueda de apoyo en el tradicional servicio doméstico
ocupado actualmente por un número
importante de mujeres inmigrantes. Esta
última opción es la principal vía de privatización del «trabajo de cuidado». Tan
sólo el 0,4% de las familias cuidadoras
han mercantilizado el servicio asistencial a empresas privadas mientras que
el 7% han contratado a un/a trabajador/a
de hogar para cumplir esta función. La
proporción de empleados domésticos
cuidadores iguala a la cobertura de servicios públicos asistenciales ofertada
desde la administración (7,7%) 2.
1
Esta sección está basada en el artículo de R. Martínez Buján (2005): «El cuidado de ancianos: un vínculo
entre la inmigración y el envejecimiento», Panorama Social, núm. 2, pp. 86-97.
2
Esta cifra no es elevada si la comparamos con la recogida por una encuesta realizada en la región italiana de Módena. En esta ciudad, el 27,3% de las familias con mayores dependientes habían contratado
a alguien, preferentemente una mujer inmigrante, para realizar las tareas de asistencia (Bettio et al.,
2006).
88
253_08 aju 09
15/1/09
07:38
Página 89
Inmigración y envejecimiento desde una perspectiva asistencial
Las características laborales del servicio
doméstico permiten una mayor flexibilización de horarios, una adecuación entre el tiempo de atención y el desarrollo
de las tareas domésticas y la presencia,
mediante la modalidad de «interna», de
una cuidadora permanente que esté
pendiente de las necesidades del mayor
durante 24 horas diarias. La oferta de
provisión de cuidados por empresas
privadas tiene un coste económico tan
elevado que pocos presupuestos familiares pueden soportar. Además, la frecuencia y el tiempo de asistencia que
ofrecen no llegan para cubrir las necesidades de la población dependiente. Las
familias empleadoras requieren una
persona que realice tareas que van más
allá de la atención personal al mayor,
desde un «trabajo físico», como es la
limpieza del hogar, a un «trabajo emocional», que supone la presencia continua de una persona que ofrezca con su
compañía bienestar y cariño.
Una persona de aquí que te haga ese trabajo no hay nadie. Sé que hay algunas empresas que hacen unos turnos de mañana,
tarde y noche pero eso es carísimo. Estábamos hablando de 400.000 ó 500.000 pesetas
todos los meses. Y no hay quien mantenga
eso. Y entonces a partir de eso con lo que había ya en ese momento ya se planteó coger
a una persona de fuera (Mujer empleadora de
una cuidadora inmigrante. Pamplona, 2004).
La incorporación de la mujer al mercado
laboral y la escasa igualdad entre sexos
en el reparto de las tareas desempeñadas en el interior de los hogares permite
pronosticar un aumento seguro en la
demanda de cuidadoras. Las propias familias empleadoras de inmigrantes para
el cuidado de sus mayores recalcan que
el principal elemento que ha inducido a
la contratación está relacionado con la
imposibilidad de efectuar las tareas del
cuidado del miembro femenino sobre el
que recaería el trabajo de asistencia. Esa
ausencia femenina está motivada bien
por su inserción en el mercado de trabajo, bien por la necesidad de su presencia
con sus familiares directos o bien por
ambos aspectos. Lejos de aducir cuestiones relacionadas con la política social
y la ausencia de una red de servicios sociales, las razones más señaladas para la
contratación de una cuidadora están relacionadas con el agravamiento de una
dependencia y la imposibilidad de hacer
frente al cuidado por motivos laborales.
Todas las familias entrevistadas 3 identificaron como causa detonante de la contratación la aparición de un problema de salud que aumenta la dependencia de la
persona de edad (una embolia, una caída...). Sin embargo, esta situación suele ir
pareja a otros factores asociados. La iniciativa de contratar a una cuidadora extranjera responde a una estrategia familiar en la que pesa principalmente la
situación de convivencia del mayor y la
inserción laboral de la mujer española sobre la que tendría que recaer este trabajo.
3
Se entrevistó a las personas sobre las que recayó la responsabilidad principal de contratar a una cuidadora inmigrante. Todas ellas eran mujeres.
89
253_08 aju 09
15/1/09
07:38
Página 90
En este sentido son cuestiones relevantes el lugar de residencia y los miembros que viven en el hogar del anciano.
Si el mayor vive solo porque no tiene
parientes o porque reside en un lugar
alejado de su familia (por ejemplo, en el
pueblo), el recurso más demandado es
una cuidadora en régimen de «interna».
También existe la posibilidad de que los
hijos o en su caso los cuidadores principales no se pongan de acuerdo en la
residencia en la que debe vivir el anciano/a, o que el propio mayor no quiera abandonar su hogar «de siempre».
Cuando el anciano/a vive dentro de una
unidad familiar (con algún hijo u otro
pariente) la razón para emplear a una
cuidadora está relacionada con la incorporación de la mujer sobre la que cae el
peso del hogar en el mercado laboral.
La dificultad de la conciliación de la vida
laboral y familiar se soluciona mediante
la externalización del cuidado. En este
caso, el régimen habitual de contratación es en la mayoría de las ocasiones
«por horas».
¿Por qué? Porque las dos hermanas que estábamos aquí en Pamplona estábamos trabajando y entonces no disponíamos de tiempo suficiente para cuidar a nuestro padre
que no se podía quedar solo. Estaba totalmente ya que se le iba un poco la cabeza.
Aunque se manejaba él pero... solo no podía
estar. Entonces era para cubrir las horas que
nosotras no podíamos estar y bueno (Mujer
empleadora de una cuidadora inmigrante.
Pamplona, 2004).
La contratación de una inmigrante únicamente se ha realizado en el momento
90
en que no se ha encontrado a una persona nativa que quisiese desempeñar
este trabajo. En las propias organizaciones no gubernamentales informaban a
las familias interesadas de que no había
mujeres nativas dispuestas a trabajar y
menos de «internas». Ante la imposibilidad de encontrar a una cuidadora autóctona, la salida es la contratación de una
persona inmigrante.
Contratamos a una persona extranjera para
cuidar de mi madre porque yo no podía
atenderla durante el día. Me dijeron que no
había españolas para hacer el trabajo. Tengo
una librería y estoy todo el día fuera de casa.
Ya sabes que una librería es muy atado porque tengo que abrir todos los días de la semana, sábados y domingos. Mi marido también trabaja y mis hijos, cada uno tiene su
trabajo. Cuando mi madre empeoró y me la
traje a mi casa se me echó el mundo encima.
No era capaz de hacer todo el trabajo. Al final decidí contratar a alguien y las únicas
personas dispuestas eran inmigrantes (Mujer empleadora de una cuidadora inmigrante. La Coruña, 2003).
II.
EL PERFIL DE LA CUIDADORA
DOMÉSTICA
Los entrevistados pertenecientes a ONG
e instituciones con bolsa de empleo para cuidadoras extranjeras coinciden en
afirmar que regularmente el trabajo de
asistencia es ocupado por mujeres extranjeras irregulares que acaban de llegar al país. Al ser la mayoría de las ofertas de trabajo dentro de la modalidad de
253_08 aju 09
15/1/09
07:38
Página 91
«interna», las circunstancias vitales de
las recién llegadas indocumentadas son
las que mejor se acoplan a este empleo.
La regulación jurídica y el reagrupamiento familiar condicionarán la salida de la
cuidadora del régimen de interna y su
establecimiento en las modalidades de
atención que se ubican en la fórmula
de «externa» (desde por horas hasta jornada completa). Ello significa que el cuidado de ancianos se convierte en un
nicho laboral para aquellas mujeres procedentes de nacionalidades menos asentadas en el país. En el caso de Pamplona,
destacaba la presencia de ecuatorianas
y bolivianas; en La Coruña estaba empezando a surgir la figura de la cuidadora
brasileña.
Las preferencias de las familias empleadoras también determinan la nacionalidad de las personas que se ocupan en
este empleo. Existe una predilección hacia las «sirvientas» procedentes de Latinoamérica. El idioma ha sido siempre la
variable fundamental para explicar esa
preferencia junto con la cercanía cultural de las personas procedentes de esta
región. La igualdad de lenguaje y religión se han convertido en dimensiones
que efectúan una discriminación positiva (a la hora de encontrar trabajo en el
servicio doméstico) para las latinoamericanas.
Bueno, pues pedimos mediana edad, que
hablase castellano, o sea, queríamos sudamericanas más que nada por el castellano,
que no fuese muy negra porque mi padre a
los negros les tenía fobia... Entonces diji-
mos: «Bueno, pues una que fuese más clarita». De piel normal, que no fuese blanca
de todo, de piel normal (Mujer empleadora de
una cuidadora inmigrante. Pamplona, 2004).
No, es que en aquel entonces, sí que es verdad que se nos comentó de poner a alguna
persona de Rumanía que no conocía bien el
idioma. Entonces no, yo lo siento mucho,
pero mi padre necesitaba a alguien que por
las noches le hablase. Y no alguien a quien
le tuviese que enseñar. De ahí que contratamos a una sudamericana (Mujer empleadora
de una cuidadora inmigrante. La Coruña,
2003).
Esa preferencia por mujeres latinoamericanas ha repercutido en que el cuidado de ancianos se convierta para ellas
en un nicho de empleo. En este caso, se
ha creado por una demanda existente
con anterioridad a la llegada de estas
mujeres inmigrantes y a su asentamiento en este mercado laboral. Esta idea se
refuerza por el hecho de que tan sólo
dos de las treinta cuidadoras entrevistadas habían trabajado en sus países de
origen en esta ocupación, que son las
únicas que habían pensado en trabajar
dentro de este empleo cuando forjaron
el proyecto migratorio. El cuidado de
ancianos es una actividad impuesta por
un momento puntual al no poder acceder a otro trabajo.
Si tú has trabajado en un banco, aquí no te
lo van a dar tampoco. Tú aquí vas de cocinera o de cuidado de niños o de ancianos, ése
es el trabajo para nosotros. [...] No, es que lo
que tú tienes de Ecuador, aquí no te vale
nada, nada. Aquí, de cuidadora de ancianos,
91
253_08 aju 09
15/1/09
07:38
Página 92
de cuidar niños. No tienes documentos...
(Cuidadora ecuatoriana. La Coruña, 2003).
III.
FORMACIÓN DEMANDADA
PARA LAS CUIDADORAS
El cuidado de personas mayores introduce nuevas tareas que no eran definidas para el servicio doméstico y que
requieren de una formación específica
dirigida, principalmente, en dos ámbitos. Por una parte, las actividades relacionadas con un esfuerzo físico (levantar al mayor, asearlo, inyectarle...) que
pueden ser contabilizadas dentro de
un concepto profesional del cuidado
mediante la presencia de una serie de
conocimientos médicos. Por otra parte, el «trabajo del cuidado» implica
una relación personal con el mayor
que necesita de una serie de habilidades emocionales que se traduzcan en
ofrecer bienestar y consuelo. Este ámbito es más difícil de cuantificar profesionalmente y está asociado a ciertas
características o habilidades de carácter personal.
Ninguna de las familias empleadoras
entrevistadas ha demandado cuidadoras profesionales. Las únicas características a valorar de la futura trabajadora
están relacionadas con la «paciencia» y
el «cariño». Se atrae a inmigrantes hacia
una actividad en la que, supuestamente,
no es necesaria más que la experiencia
vital y desarrollar el rol aprendido en el
país de origen con su familia.
92
Yo tampoco había estado en una casa haciendo lo que me toca hacer ahora. No me es
difícil porque yo tuve mi hogar y tuve mis experiencias (Cuidadora colombiana. La Coruña, 2003).
No se configura el cuidado de ancianos
como una ocupación en la que sea necesaria una profesionalización puesto que
los empleadores contratan trabajadoras
para cuidar a sus mayores que no tienen
una especialización para el trato de los
mismos, aún teniendo en cuenta que en
numerosos casos, el mayor requiere
unos cuidados específicos como la aplicación de inyecciones, reanimación en
caso de espasmos, vigilancia de las medicinas...
No, yo no pido que tengan una especialización concreta para cuidar mayores. A mí es
que de esta chica me habló una clienta mía.
Y con eso ya está. No, porque allí tiene gente, tiene al médico cerca... No le hace falta.
No necesito así a nadie con conocimientos
de enfermería, porque unos parches de morfina se los pone así cualquiera (Mujer empleadora de una cuidadora inmigrante. La
Coruña, 2003).
Pero, a pesar de este discurso en el que
se dice no necesitar a nadie con unas
aptitudes específicas en el cuidado de
ancianos, estamos hablando de personas con una movilidad reducida, por lo
que en determinadas ocasiones sería
necesario a unas cuidadoras con unos
conocimientos específicos sobre su enfermedad. Las propias inmigrantes resaltan que no estaban preparadas para
dedicarse a la custodia de un mayor
253_08 aju 09
15/1/09
07:38
Página 93
y que en ocasiones no saben cómo
actuar:
Yo nunca lo hice, pero yo me voy y los cuido
con todo el cariño del mundo. A ver cómo
nos va (Cuidadora colombiana. La Coruña,
2003).
Empezar a cuidar ancianos fue coincidencia,
no sabía, ni estaba preparada (Cuidadora
brasileña. Santiago de Compostela, 2003).
Porque a la señora le pegan esas vueltas,
como que se te va, esas arritmias, ella se me
desmaya, se pone morada... A mí me dan los
nervios, porque yo nunca he trabajo en eso,
me coge desprevenida, no sé que hacer, no
sé a dónde correr (Cuidadora ecuatoriana.
La Coruña, 2003).
Todos estos elementos que configuran
el mercado de trabajo del cuidado de
ancianos, determinan que las personas
implicadas en este empleo deben poseer unas determinadas cualidades.
Ellas mismas definen cuáles tienen que
ser las capacidades que debe de poseer
una buena cuidadora. Lo curioso es que
hacen referencia, ante todo, a peculiaridades personales, a adjetivos de personalidad, más que a conocimientos prácticos relacionados con la asistencia.
«Paciencia y cariño» son las características más importantes que ellas mismas
reconocen a la hora de asistir a personas mayores. Incluso algunas de las entrevistadas mencionan que aunque nunca habían trabajado en la custodia de
ancianos, se consideran portadoras de
una cualificación especial, de una sensibilidad innata que las hace proclives a
trabajar en esta actividad. Parece que
para tener éxito en el cuidado de ancianos, los empleadores se fijan en el trato
personal que la trabajadora tiene con el
anciano y en la nacionalidad, más que
en su cualificación. Se demandan unas
determinadas características de personalidad con las cuales, por otra parte, se
identifican las propias empleadas.
No pido que sepa nada específico. Igual que
aprendí yo a cuidar a mi madre aprenderá
ella (Mujer empleadora de una cuidadora
inmigrante. La Coruña, 2003).
Ello significa que la mayor demanda de
las familias españolas y la parte del trabajo de cuidados con el que más se
identifican las cuidadoras extranjeras es
la relacionada con los aspectos emocionales del empleo. Sin embargo, éstos
siempre son y han sido los más devaluados, los más invisibles y los peor remunerados, precisamente por la dificultad de traducir las habilidades en una
remuneración económica. Esta ausencia en la demanda de conocimientos tácitos o formales está relacionada con la
vinculación del cuidado al ámbito doméstico. En primer lugar, supone que el
cuidado sea asimilado como una actividad femenina. En segundo lugar, conlleva que el entrenamiento necesario para
su desarrollo se considere como «innato» para las mujeres sin que se reconozcan capacitaciones formales. Esta consideración se aplica sobre todo a la parte
emocional del trabajo asistencial y no
tanto a sus aspectos técnicos. El cuidado personal dirigido al mantenimiento
93
253_08 aju 09
15/1/09
07:38
Página 94
físico requiere de unos conocimientos
que fácilmente pueden traducirse en un
salario. El trabajo emocional, sin embargo, no se especifica como una forma de
«labor especializada», sino que se atribuye a componentes de personalidad
de la cuidadora.
Cuando las familias empleadoras demandan a sus futuras cuidadoras «trabajo emocional», tampoco tienen en
cuenta los entrenamientos necesarios
para poder llevarlo a cabo. En el análisis
de las entrevistas en profundidad tanto
a cuidadoras extranjeras como a mujeres contratadoras de sus servicios se
pone de relieve cómo ambos grupos no
son conscientes de que el trabajo de
«afecto», «amor» y «cariño» pueda implicar la necesidad de unas pautas explícitas de aptitudes y la adquisición de conocimientos.
Observando la formación de cada una
de las cuidadoras inmigrantes entrevistadas se saca la conclusión de que muchas de ellas poseían estudios al menos
secundarios (de treinta inmigrantes cuidadoras entrevistadas, quince de ellas
tenían estudios secundarios) y aunque
en sus países trabajaban en el sector
servicios la experiencia previa en el trabajo de asistencia es más bien escasa
(tan sólo dos de las mujeres entrevistadas se habían ocupado en su lugar de
origen en el sector de asistencia). El cuidado de ancianos y de niños se configuran como modalidades de empleo en el
país receptor en el que tienen que insertarse si quieren empezar a trabajar
94
cuanto antes. El sector de cuidados es el
inicio de la actividad laboral en España,
aunque más adelante, cuando tengan
sus papeles en regla, o cuando reagrupen a su familia, intenten algún tipo de
movilidad hacia otros empleos.
Ello demuestra que el servicio doméstico y de cuidados son trabajos en los
que actualmente se insertan personas
procedentes de países terceros con un
cierto nivel de formación y que, incluso,
pueden formar parte de las clases medias de sus países originarios. Esta situación ya descrita por Sarti (2005) queda verificada en el trabajo de campo
realizado. Las mujeres entrevistadas tenían trabajo antes de emprender la migración. Empleo que además se adecuaba en mayor medida a sus perspectivas
profesionales que el que han encontrado en España. Puede darse la situación,
por tanto, de que la migración provoque
una caída en el estatus social. La inserción en el trabajo de cuidados es un claro ejemplo. No obstante, se incrementa
el estatus financiero por lo que la retribución económica compensa esta movilidad descendiente. Es lo que Parreñas
(2001: 150-198) denomina como «contradictory class mobility». La mayor parte de las entrevistadas encontraron el
empleo al poco tiempo de llegar al país,
por lo que la necesidad de ganar dinero
rápido acentúa la inserción en los trabajos asistenciales resumiéndose la resignación en la idea de que «es el trabajo que hay para nosotras». De media,
se tarda un mes y medio en encontrar
el primer empleo en esta ocupación.
253_08 aju 09
15/1/09
07:38
Página 95
Este período de búsqueda se incrementa entre las mujeres más jóvenes. La
edad se impone también como un criterio selectivo junto con la nacionalidad.
Así ha sido el caso de dos entrevistadas
que con 18 y 21 años respectivamente
tardaron cerca de tres meses en encontrar un empleo como cuidadoras en
régimen de interna, a pesar de la elevada demanda existente dentro de
esta modalidad.
IV.
CONCLUSIONES
La mercantilización de la asistencia a domicilio mediante la utilización de empleadas de hogar ha supuesto la identificación del «acto cuidar» con las tareas de
mantenimiento del hogar. La Ley de 1985
que regula el servicio doméstico parte de
la consideración de que «cuidar» y «limpiar» forman parte de una misma activi-
dad obviando la diversificación de tareas
que el trabajo asistencial introduce en los
hogares. De esa equiparación de ambas
actividades aparece la invisibilidad de la
formación que requiere el trabajo de
atención personal. La tradición de la división sexual que consagra las tareas reproductivas a las mujeres se traduce,
cuando esta actividad se mercantiliza, en
una demanda de cuidadoras asociadas al
hecho de ser mujer y a ciertas características de personalidad que se asocian a
este colectivo (como ser pacientes y cariñosas). Sin embargo, la experiencia de
las mujeres inmigrantes que trabajan en
este sector demuestra la conveniencia de
formación para que se produzca una labor de cuidado adecuada y para que la
situación de convivencia en el hogar (recordemos que la mayor parte de las inmigrantes cuidadoras trabajan como
internas) sea favorable para las tres partes implicadas: anciano, familia empleadora y cuidadora.
95
253_08 aju 09
15/1/09
07:38
Página 96
253_08 aju 10
10.
15/1/09
07:38
Página 97
COMENTARIO
María Manuela Poveda Rosa *
Sobre los caminos cruzados de las Políticas de Igualdad y las transformaciones
laborales en el contexto de la Nueva División Internacional del trabajo, comprender la relación entre cohesión social, cambios en el empleo y relaciones
sociales de género, implica, hoy más que
nunca, salir de las fronteras nacionales y
situarnos en el marco de las transformaciones introducidas por la Nueva División Internacional del Trabajo (Wallerstein, 1997) y los procesos económicos,
sociales, culturales, etc. propiciados por
el actual modelo de globalización.
Debe hacerse, además, sin perder de
vista que el origen de ese «capitalismo
extremo que ha sido rebautizado con el
nombre de globalización» (Touraine,
2001) está en la crisis de los años setenta y en los subsiguientes intentos de recomponer los mecanismos de acumulación del capital para garantizar altas
tasas de rentabilidad, objetivo que ha situado la lógica del beneficio capitalista
por encima del bienestar y la cohesión
social.
La aceptación de unas transformaciones
que modifican sustancialmente la relación capital-trabajo empeorando la vida
de la mayoría de los trabajadores, encontró sus fundamentos en la idea de
que éstas eran inevitables y en una nue-
va religión basada en la bondad de tres
palabras básicas: mercado, competitividad y flexibilidad. Según sus legitimadores teóricos, la apertura económica y
el crecimiento de los flujos comerciales
y financieros elevan la competitividad y,
con ello, el crecimiento económico y las
oportunidades de empleo a nivel local y
global.
Frente al discurso de las bondades de la
globalización, numerosas voces han denunciado la asimetría de sus resultados
y el aumento de todo tipo de desigualdades sociales entre y dentro de las
fronteras de los estados-nación, pero han
sido incapaces de frenar incluso su código de implantación y aceptación, su
«imperialismo simbólico y cultural»
(Bourdieu, 2000).
A partir de los años ochenta, las políticas de reajuste estructural promovidas
por organismos internacionales como el
Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial, han sacado a los países «en
vías de desarrollo» al escenario internacional a jugar «sin red», con una regulación desfavorable y con un tipo de ventajas competitivas que, a largo plazo, se
les han vuelto en contra. Aunque en algunos periodos han mejorado sus indicadores macroeconómicos, el empleo
creado ha sido, mayoritariamente, de
* Profesora TEU del Departamento de Sociología y Antropología Social de la UVEG. Miembro del Institut
Universitari D’Estudis de la Dona. Licenciada en Economía y Doctora en Sociología. Su interés docente e
investigador se ha centrado en temas relacionados con las desigualdades sociales ligadas al trabajo, el
empleo y las relaciones de género. Ha colaborado en la realización de diversos informes sobre la situación
social de las mujeres en la Comunidad Valenciana, sobre precariedad laboral, sobre informalidad y empleo de hogar.
97
253_08 aju 10
15/1/09
07:38
Página 98
María Manuela Poveda Rosa
baja calidad: precarización en todas sus
vertientes y modalidades, zonas francas, sector informal e incremento de la
emigración son algunas de sus consecuencias.
El impacto sobre las desigualdades sociales ha sido asimétrico: aquellos países, grupos sociales o individuos con
poder de negociación que se adaptaron
a las nuevas reglas acrecentaron sus
ventajas; el resto, por el contrario, ha
visto cómo sus desventajas quedaban
«a la intemperie», sin esa mínima protección que procuraba la regulación fordista. Más que cohesionar, las nuevas
reglas del juego han aumentado la polarización dentro y fuera de las fronteras
nacionales.
El origen y la magnitud de la crisis económica que en estos momentos golpea
la economía de EE UU y la europea ha
destapado el tipo de libertad de las reglas de mercado que apoyan los llamados neoliberales: las reglas que convienen al capitalismo internacional y la
intervención estatal es perjudicial hasta
que deja de serlo. Empezamos a conocer algunas de las consecuencias más
negativas de la crisis sobre los trabajadores: paro e imposibilidad de seguir
pagando, entre otras cosas, las hipotecas. Como escribía B. Ehrenreich 1, los
pobres del mundo están provocando la
crisis del capitalismo aunque no como
consecuencia de su revolución sino más
bien de su ahogado grito de lamento.
Desde ese contexto dibujado a grandes
rasgos, valorar el impacto de las tendencias de las últimas décadas sobre las
desigualdades en las relaciones sociales
de género nos lleva a compartir la afirmación de que las políticas económicas
y laborales no han sido neutrales al
género.
Los procesos sociolaborales desplegados en los países centrales y periféricos
han tenido en el género, entre otros,
un elemento estructurante de las estrategias y las políticas llevadas a cabo. Políticas que, al mismo tiempo, han interactuado con las Políticas de Igualdad de
Oportunidades promovidas —con distinta intensidad— en Europa y América.
En medio de la «tormenta neoliberal», la
«revolución silenciosa» del feminismo
avanza «tres pasos adelante y dos hacia
atrás... son tiempos duros para la búsqueda de la igualdad» (Maruani, 2000:
15) 2.
Basta recordar los cambios legislativos
y algunos indicadores sobre escolarización y participación en el ámbito público
de las mujeres occidentales para reconocer que en el sistema patriarcal se
1
B. Ehrenreich (2007), «Hacer añicos el capitalismo», The Nation, 20 de agosto. Traducido por la Red Renta
Básica el 24 de septiembre de 2008.
2
En Maruani, Rogerat y Torns (dirs.) (2000), Las nuevas fronteras de la desigualdad: hombres y mujeres
en el mercado de trabajo, Barcelona, Icaria.
98
253_08 aju 10
15/1/09
07:38
Página 99
Comentario
han producido transformaciones. Una
que en este comentario interesa señalar
especialmente es la existencia de un
nuevo modelo de división sexual del trabajo: del modelo de mantenedor y mujer
«ama de casa en exclusiva» —más teórico que real—, pasamos al modelo «neotradicional». En éste, las mujeres reciben
un doble mensaje: deben trabajar retribuidamente (por autonomía personal
y/o por necesidad) pero sin olvidar que
tienen que cuidar y que son las principales responsables del bienestar familiar.
El mensaje que reciben los varones, por
su parte, sigue siendo casi unívoco: centrarse en el logro profesional.
Por supuesto, el despliegue de ese modelo «neotradicional» presenta rasgos
locales —y de clase— que explican las
diferencias en las oportunidades vitales y, por otro lado, la coincidencia en
las grandes tendencias señaladas en las
cuatro ponencias: aumento de la escolarización y de la participación femenina,
segregación sexual horizontal y vertical,
discriminación salarial, mayor precariedad, persistencia de las cargas domésticas, etc. Es decir, persiste la «marca de
género» y es visible en distintos contextos nacionales aunque se presenta con
diferencias de grado significativas.
Los cambios en las relaciones de género
son, como cualquier otro cambio social,
procesos complejos resultado de la
interacción entre distintas dimensiones
y actores sociales. La interacción entre
las políticas públicas, el mercado laboral, las organizaciones empresariales, la
estructura familiar y las prácticas cotidianas (de ellos y de ellas) constituyen el marco mínimo para analizar las
transformaciones en las desigualdades
sexuales.
Es indiscutible que, en el mundo actual,
la situación laboral o la relación con el
trabajo (productivo y reproductivo), es
clave para entender la posición de hombres y mujeres dentro de la estructura
social. Por esa razón, resultan especialmente interesantes los debates planteados por las ponencias presentadas al
foro.
No sólo la posición dentro del escenario
global marca diferencias entre unas sociedades y otras. También lo hacen las
diversidades existentes entre los mercados de trabajo regionales generadas por
el carácter y el peso de los factores económicos, institucionales, simbólicos, etc.
que determinan la oferta y la demanda
de trabajo.
A grandes rasgos puede decirse que el
volumen y el tipo de oferta de trabajo
responde a: factores demográficos, regulaciones jurídico-institucionales, régimen de Estado de bienestar, sistema de
relaciones de género, valores ideológicos, etc. Todos esos factores explican,
asimismo, la existencia de segmentos
diferenciados de mano de obra (sexo,
etnia, nacionalidad...) dentro de los mercados laborales regionales.
Por su parte, la demanda empresarial de
trabajadores es fruto de: la demanda
99
253_08 aju 10
15/1/09
07:38
Página 100
agregada, el ciclo y la estructura productiva, las necesidades de los hogares, los
factores tecnológicos, las políticas de
contratación, los valores y estereotipos
(una vez más sexuales, étnicos/raciales,...) todo lo cual genera un volumen
de empleo que, unido a los mecanismos de asignación de los puestos de
trabajo, la estabilidad y la promoción
dentro de la organización, permite explicar la estructura laboral segmentada,
la capacidad de negociación y las oportunidades de empleo de los distintos
colectivos sociales.
En las economías más desarrolladas
preocupan los procesos de desindustrialización, de precarización, de terciarización del empleo, de segmentación de
los trabajadores y de feminización en el
triple sentido del término: aumento de
la participación femenina, crecimiento
de los empleos que desarrollan habilidades relacionales y comunicacionales,
extensión de las condiciones precarias
típicas de las mujeres a todos los trabajadores.
En las llamadas economías «en vías de
desarrollo» se refieren procesos más
agudos de desregulación del empleo
(con su ejemplo más extremo en las zonas francas), de un importante crecimiento del empleo informal ligado a los
cambios en el sector formal, de la per-
sistencia de un sector de autoempleo
tradicional, de subempleo, de subocupación y de una emigración más feminizada ligada a las llamadas «cadenas globales de cuidados» (Hochschild, 2004) 3.
Las comunicaciones de A. Vásconez y
M. E. Cardero recogen esos procesos
sociolaborales que, en América Latina,
están impactando negativamente sobre
la desigualdad social y las relaciones de
género: la precariedad laboral con sus
especificidades y los procesos migratorios, interpretados como consecuencia
de los reajustes globalizadores. Son las
«contrageografías de la globalización»
(Sassen, 2005) 4.
Así, María E. Cardero propone como
objetivo de su texto analizar los efectos
de la apertura comercial mexicana sobre el empleo femenino: «en cuánto han
participado las mujeres en el empleo
creado o estimulado por los aumentos
de la participación del comercio exterior en la economía mexicana a partir
de la apertura iniciada en la segunda
mitad de la década de los años ochenta
a la actualidad, y si es cierto que la misma ha beneficiado a las mujeres, en
qué sentido han sido esos beneficios».
Su análisis se centra en la industria manufacturera y es una constatación de
que, contrariamente a lo afirmado por
la economía ortodoxa, crecimiento eco-
3
Ann Hochschild (2004), «Las cadenas mundiales de afecto y asistencia», en Giddens y Hutton (eds.), En
el límite: la vida en el capitalismo global, Barcelona, Tusquets.
4
Saskia Sassen (2005), Contrageografías de la globalización. Género y ciudadanía en los circuitos transfronterizos, Madrid, Traficantes de Sueños.
100
253_08 aju 10
15/1/09
07:38
Página 101
Comentario
nómico no implica automáticamente
creación de empleo ni garantiza la calidad del empleo creado.
Dada la persistencia de la segregación
sexual del empleo, la industria maquiladora, emblemática del empleo industrial propiciado en la América Latina y el
Caribe por la deslocalización productiva
de los países centrales, ha creado más
empleo femenino o masculino (actualmente) en función de la rama industrial
desarrollada. Junto a la industria maquiladora y la existencia de una cada
vez más densa economía informal con
elevada presencia femenina, el crecimiento de la emigración y las cargas de
trabajo reproductivo son referidos como factores negativos para la cohesión
social.
Se trata de un análisis económico descriptivo basado en las estadísticas disponibles. A pesar de que la autora trata
de utilizar diversas fuentes estadísticas,
parecen insalvables las dificultades de
recoger estadísticamente la realidad laboral de una economía que tiene un
50% de informalidad, con grandes diferencias entre el ámbito rural y el urbano,
con grandes desigualdades entre las
propias mujeres y, como ocurre siempre
al estudiar la participación laboral femenina, con unas fronteras tan permeables
entre la situación de inactividad o desempleo.
Por todo ello, pienso que se necesitaría
un nivel mucho mayor de desagregación de los datos para poder interpretar
dónde están los elementos de cambio y
dónde las resistencias al mismo.
Su lectura me ha sugerido las siguientes
reflexiones:
• Parece que, como reconoce la autora,
sí se ha creado empleo (otra cosa es la
calidad del mismo) y el crecimiento
ha sido mayor para las mujeres.
• Sorprende la baja tasa de paro ¿Están
ajustadas las bases poblacionales de
la muestra? ¿Se tiene en cuenta la
emigración?
• Se habla de un desempleo estructural
cuando las tasas de desempleo abierto son tasas muy bajas, cercanas al
pleno empleo y no parece que la explicación sea el grado de ajuste entre
la oferta laboral y las oportunidades
de ocupación, ya que también se habla de subocupación.
• Se dice que si se le suma la tasa de subempleo, la tasa de paro subiría al
11%. No nos olvidemos de que también subirían las tasas españolas si se
les añadieran los subempleados. Los
recuentos y las clasificaciones estadísticas tienen, entre otras, una intencionalidad política: reducir la cifra de
desempleados.
• Respecto a la población femenina en
edad laboral ¿en qué medida se ha producido el cambio en los modelos de
mujer que convierte a las «sin empleo
retribuido» (inactivas) en buscadoras
del mismo (desempleadas) elevando
los niveles de desempleo femenino?
• Relacionar el comportamiento del
empleo femenino de forma agregada
101
253_08 aju 10
15/1/09
07:38
Página 102
con los índices de crecimiento del PIB
puede dar una primera impresión necesaria, pero, teniendo en cuenta la
diversidad de comportamientos que
se pueden distinguir dentro de la población laboral femenina, las diferencias en la necesidad de ingresos y en
las motivaciones de las trabajadoras,
¿no se estarían mezclando tendencias
contrarias ante la crisis? ¿No estaríamos interpretando errónea o simplificadamente los datos?
• El desempleo afecta más a jóvenes
(suponemos que de ambos sexos) y
a mujeres con niveles de formación
intermedio o superior ¿es fruto de un
mercado laboral y una estructura
productiva que no demanda mano de
obra cualificada? ¿Se ha abierto más
la brecha entre el mayor nivel de instrucción conseguido por las y los
jóvenes y la calidad del empleo creado?
• ¿En qué medida las mayores expectativas de los más instruidos les hacen
permanecer en la búsqueda? El nivel
de instrucción actúa retrasando la incorporación de los jóvenes (disminuye la cifra de parados/as) y aumentando la tendencia a la participación
laboral femenina (crece el número de
paradas); sin embargo, el mayor nivel
de instrucción eleva también las expectativas respecto al empleo «socialmente aceptable» en todos aquellos
grupos que no tienen urgencia y/o necesidad de aceptar cualquier trabajo.
Aquí actuaría la situación socioeconómica de la familia como «colchón» o
como resorte que catapulta a los para102
•
•
•
•
dos más instruidos hacia trabajos precarios o subempleos.
Evidentemente, los estereotipos y los
roles de género permean las vivencias del desempleo haciéndolo más o
menos «tolerable» para la sociedad y
para los afectados.
Una vez más, la diversidad de situaciones y de representaciones no sólo
entre hombres y mujeres, sino también dentro de la población femenina hace imprescindible un análisis
cuantitativo más desagregado, así
como, la realización de investigaciones sobre las representaciones o motivaciones ante el empleo (o ante su
ausencia) que nos ayuden a interpretar (a des-cifrar) los datos estadísticos.
Todos los trabajadores no compiten
por los mismos puestos de trabajo. El
mercado está segmentado por razones de sexo, etnia, formación, etc. Por
ello habría que matizar la afirmación
de que a las mujeres trabajadoras
«les beneficia el incremento de la demanda de trabajo» y «les perjudica el
incremento de competencia». Dependerá de qué tipo de trabajador se demande, de dónde y entre quién se incremente la competencia.
Un ejemplo claro de segregación sexual del empleo lo podemos encontrar dentro del mismo texto cuando se
analiza la evolución del empleo en las
maquilas en los últimos años. Ha
cambiado el peso de las distintas ramas de actividad y, en consecuencia,
la composición sexual de la fuerza de
trabajo dentro de las mismas.
253_08 aju 10
15/1/09
07:38
Página 103
Comentario
• Respecto a las brechas salariales entre mujeres y varones, lo que se apunta para el caso mexicano (aunque con
diferencias de grado) coincide con lo
que se viene denunciando en la mayoría de los países (mal de muchos...).
• Las ramas y ocupaciones feminizadas
consiguen «retribuciones de mujeres»,
menor poder de negociación y la desigual valoración de las «cualidades» femeninas frente a las «cualificaciones»
masculinas. Una vez más, la segregación sexual del mercado laboral y
sus consecuencias explicarían, aunque
sólo en parte, la brecha salarial.
El texto «Mujeres, mercado laboral y trabajo precario en Ecuador» presentado a
debate por A. Vásconez, trata de reflejar
la relación existente entre la precariedad del trabajo de las mujeres y el actual régimen de acumulación. Se sitúa
en la perspectiva teórica que considera
producción y reproducción social como
un continuum, según la cual, el trabajo
no remunerado de la reproducción social, gestionado desde la división sexual
del trabajo, transfiere valor al sistema
económico mercantil sin que se considere su coste para las mujeres encargadas de realizarlo. La oferta de trabajo femenino se construiría dentro del ámbito
reproductivo. Desde esta perspectiva, el
funcionamiento del mercado laboral refleja las relaciones económicas dentro
del hogar y reproduce las desigualdades y desventajas de las mujeres.
Según la autora, los cambios reguladores introducidos en Ecuador a partir del
año 2000, no han conseguido revertir
las tendencias macro de la participación
laboral: la estabilización de la masculina
y el aumento de la femenina. Hasta finales de los años noventa, en los momentos de crisis aumentaba la participación
femenina («hipótesis del trabajador adicional») y, en la actualidad, la participación no decrece en las fases de crecimiento económico.
• En la interpretación de las gráficas,
creo, una vez más, que se tropieza con
la falta de datos desagregados. Lo
más probable es que estén actuando
al mismo tiempo comportamientos
de aquellas trabajadoras que salen al
mercado para asegurarse unos ingresos que completen o sustituyan los
del mantenedor principal, las que lo
hacen dentro del segmento precarizado porque no existe tal mantenedor
principal, las minorías de mujeres
cuyo comportamiento laboral sería
más parecido al de los varones, etc.
Las primeras permanecen en el mercado formal, en el subempleo o dentro de la economía informal mientras
dura la necesidad. Entre las últimas
pesan más las ansias de autonomía y
libertad y sus deseos de participación
(como ocupadas o desempleadas) se
mantienen independientemente del
ciclo.
• No se puede olvidar el comportamiento contracíclico del paro desanimado, que las desanimadas son
contabilizadas como inactivas (baja
la cifra de paradas) cuando las oportunidades decrecen o como paradas
103
253_08 aju 10
15/1/09
07:38
Página 104
cuando mejoran las expectativas
(sube el número de buscadoras de
empleo).
• La información requerida sobre el
peso de los distintos grupos de trabajadoras mencionados permitiría interpretar con mayor seguridad los datos
de las gráficas. No obstante, el aumento de la distancia entre el paro masculino —siempre más elevado— y el femenino en los momentos de crisis
permite sospechar que el porcentaje
elevado de mujeres sin trabajo retribuido que es clasificado como inactivo
y no como desempleado es elevado.
• ¿Cómo se define el paro de larga duración? Se dice que el 42% de las mujeres en esa situación «ya no buscan».
¿Siguen clasificadas como paradas?
• ¿Qué relación tiene la mayor posibilidad de las mujeres de pasar al paro
con la sensibilidad ante las crisis de
las ramas y ocupaciones feminizadas,
con el tipo de contrato mayoritario entre las ocupadas, etc.? ¿Qué tipo de
empleo se les ofrece? ¿Qué empleos
han crecido en los momentos de expansión?
En resumen, el panorama que dibuja
A. Vásconez de los cambios en el periodo de 1996-2006 no es muy alentador:
precarización tanto en el sector formal
como en el informal, autoempleo, subocupación, caída del empleo dentro del
sector moderno, caída del empleo femenino en el sector privado, intensificación
de la dedicación y, un aspecto muy destacable el 30% de los trabajadores «no
cualificados» lo son por las tareas que
104
realizan y no por su falta de formación.
Por otro lado, la cobertura de los seguros es muy baja ampliando las desigualdades entre ámbito rural y urbano, así
como, entre hombres y mujeres con lo
que se agudizan los efectos negativos
de las crisis.
Los cambios legales introducidos para
combatir la precarización laboral no han
conseguido combatir las prácticas y
convenciones sociales informales en las
que las mujeres salen perjudicadas.
La conclusión final que destaca la autora
es que «el sistema no solamente produce desigualdades sino que las utiliza
para ajustar las pérdidas, (...) la fuerza laboral femenina se utiliza como mecanismo de ajuste y transferencia de recursos
en la recesión económica por su aporte
no monetario, el diferencial salarial y la
inelasticidad de su oferta laboral».
Desde el otro lado del océano, los textos
de Inma Pastor y Raquel Martínez son
un reflejo de las problemáticas más destacadas en los análisis de las desigualdades de género dentro de las sociedades
más desarrolladas: «los techos de cristal» con los que tropiezan las minorías
más cualificadas y las formas de «parchear» la llamada «crisis de los cuidados» a través de la importación de cuidadoras. Esta última problemática es un
reflejo perfecto del efecto asimétrico del
nuevo (des)orden mundial. Las mujeres
de los países periféricos abandonan su
presencia como cuidadoras directas en
su familia para asumir los de aquellas
253_08 aju 10
15/1/09
07:38
Página 105
Comentario
mujeres de los países más desarrollados que no pueden, o no quieren, asumir la totalidad de la carga de los mismos.
El reconocimiento de la existencia de la
«crisis de los cuidados» ha saltado al
foro público (Leyes de Conciliación) pero
la solución a la misma sigue siendo
«cosa de mujeres» y se resuelve dentro
del ámbito privado. Mientras las tendencias demográficas agudizan el problema: menos cuidadoras para cuidar a
más personas mayores dependientes,
ni el sector público aporta suficientes
recursos, ni los varones se corresponsabilizan de los mismos y la organización
social del empleo sigue funcionando
«de espaldas y a lomos del trabajo reproductivo».
La ponencia de Raquel Martínez nos habla de esa pseudoresolución desde la
perspectiva de las nuevas cuidadoras
retribuidas y de las razones aducidas
por las empleadoras para contratarlas.
El trabajo de cuidar (especialmente si se
trata de abuelos o enfermos) implica
una gran carga de trabajo físico y emocional. Cuando, además, se realiza en
régimen de interna conlleva un deterioro
personal que no compensa los salarios
percibidos. Las trabajadoras autóctonas
lo abandonaron en los años sesenta.
Sólo la llegada de mujeres atraídas, entre otras cosas, por el diferencial salarial
con sus países, ha permitido resucitar
un tipo de empleo que había desaparecido de nuestra realidad cotidiana. Hoy
en día, aunque sea con grandes sacrificios, algunas familias con niveles de ingresos medios e incluso medios-bajos
recurren a ese tipo de solución.
Para las recién llegadas, especialmente
las «sin papeles», encontrar trabajo como internas les ofrece un techo, unos
contactos que pueden facilitar su regularización y una posibilidad de ahorro
máximo. Lo que en principio constituye
un «refugio» con el tiempo acaba convirtiéndose en una cárcel, y no precisamente de oro.
Es conocido el «régimen especial» de
las empleadas de hogar que carga con
las desventajas de ser un trabajo feminizado, dedicado a tareas de mujeres «naturalizadas» y, por tanto, devaluadas,
desarrollado en el ámbito privado y, en
estos momentos, realizado por inmigrantes.
De mi participación en el Informe sobre
«Precarización, Informalidad y Empleo
de hogar» 5 aprendí escuchando a las
propias trabajadoras que hay que huir
del maniqueísmo aunque sea bienintencionado.
5
Informalidad del empleo y precariedad laboral de las empleadas de hogar, dentro del Programa sectorial de Estudios de las Mujeres y el Género (2002-2004). Plan Nacional I+D. C.I.C.Y.T. y Ministerio de Asuntos Sociales (Instituto de la Mujer). Puede consultarse el texto íntegro en formato electrónico en la página
web del Instituto de la Mujer.
105
253_08 aju 10
15/1/09
07:38
Página 106
• Las mujeres que emigran son mujeres
de una gran fortaleza que se ven situadas en una posición de extrema
vulnerabilidad por las leyes del juego
económico, del mercado laboral, de
las relaciones de género en los países
emisores y receptores y del control de
la inmigración.
• Son esas mismas condiciones las que
objetivamente colocan a las familias
empleadoras en el lado de los «explotadores». En sus relatos, encontramos
situaciones de abuso y maltrato, pero
también muchas experiencias (propiciadas por la dependencia mutua) de
relaciones afectivas y buenas prácticas. Aunque es cierto que son relaciones basadas en percepciones estereotipadas sobre esas mujeres y la
realidad social de sus países de procedencia.
• Se trata, en muchas ocasiones, de
mujeres que nunca habrían trabajado
como empleadas de hogar en su países y a las que, a pesar de tener un nivel educativo mayor que las personas
a las que cuidan, sólo se les ofrece ese
«nicho de empleo».
• La importancia de las redes de información de carácter informal, en mi
opinión, es mayor de la que se desprende de la lectura del texto de Vásconez (no digo de la que ella le conceda). La mayoría de las inmigrantes de
América Latina viene sabiendo que
hay trabajo para mujeres, al menos,
en el sector doméstico.
6
• Como inmigrantes sufren un deterioro de su posición social, como emigrantes mejoran sus ingresos y con
sus envíos mejora el poder adquisitivo de sus familias. Las mujeres emigrantes corren el peligro de ser percibidas por sus propios hijos como «las
mamá dinero» 6. También los países
emisores sufren efectos de distinto
signo: las remesas mejoran los indicadores económicos pero también acusan las pérdidas de capital humano y
cohesión social.
• Comparto totalmente la propuesta de
profesionalizar y ofrecer esos servicios como empleo público (tal y como
ocurre en los países nórdicos) ya que
mejoraría la estabilidad, la formación
necesaria y la consideración social de
las «cuidadoras retribuidas». Me queda una pequeña duda suscitada por el
abuso del «cursillismo» de nuestras
políticas de empleo y sus, a mi juicio,
escasos efectos.
Inma Pastor en su ponencia propone
como objeto de debate las dificultades
de las mujeres jóvenes «que quieren
desarrollar una carrera como profesionales cualificadas en organizaciones
complejas». Es decir, que quieren hacer
efectiva la promesa de igualdad.
Para hacerlo nos ofrece, previamente,
un panorama de las desigualdades laborales entre jóvenes de ambos sexos a
través de los datos más recientes de la
Título de un artículo aparecido en El País el 23 de marzo de 2008.
106
253_08 aju 10
15/1/09
07:38
Página 107
Comentario
EPA. La conclusión es tajante: ha habido
cambios positivos pero aún es muy pertinente hablar de desigualdades de género, incluso entre generaciones que
han crecido con la conciencia de ser
iguales y que han tenido la experiencia
de compartir aulas y conocer al «otro» y
a la «otra». Pero, como vienen demostrando las sociólogas de la educación,
«escuela mixta no es coeducación» y la
igualdad de los currículos formales se
acompaña de un «currículo oculto», difícilmente controlable que va impregnando más o menos sutilmente la socialización de niños y niñas.
Lo que destaca la autora es que las jóvenes tienen más dificultades no sólo en el
acceso o en la promoción, sino que, sus
trayectorias laborales acaban siendo diferentes a la de sus colegas varones, incluso en organizaciones supuestamente
meritocráticas en las que también se da
un sesgo que favorece al género masculino y perjudica al femenino. Pese a estar totalmente de acuerdo con su análisis, la lectura del mismo me ha sugerido
algunos puntos de debate:
• Se está produciendo una disminución
de la brecha entre el desempleo femenino y el masculino. De unas tasas
de paro femenino que duplicaban las
masculinas, en la actualidad la distancia es de tres puntos porcentuales.
¿Es un indicador de mejoría en la inserción laboral de las mujeres? ¿Está
la segregación sexual del empleo
protegiendo a las mujeres de la crisis
como ocurrió en los años ochenta?
¿Se trata de algo coyuntural? De momento la crisis se está manifestando
con mayor dureza en la construcción
(paro masculino), en la industria relacionada con la misma (paro principalmente masculino) y en los servicios
inmobiliarios (ambos sexos). Es de
esperar que la crisis afecte a todos los
trabajadores con la excepción del
funcionariado y, entre éstos, la proporción de empleo femenino es importante.
• Las diferencias de la participación en
los tramos de educación primaria y
secundaria responderían, no sólo
pero también, a la existencia de diferencias en la oferta de empleo para
hombres y mujeres con estudios primarios y para según qué tipo de estudios secundarios.
• Respecto a la desigual incidencia del
trabajo a tiempo parcial y el uso de las
desigualdades de género preexistentes para flexibilizar el uso de la fuerza
de trabajo, los datos presentados no
dejan lugar a dudas: son mayoría las
mujeres en las formas de trabajo a
tiempo parcial. Sin embargo, es muy
interesante consultar las respuestas a
la EPA sobre los motivos por los que
trabajan con esa dedicación reducida
y ver la importancia de las que dicen
hacerlo «por no haber encontrado
uno a tiempo completo» (muchas trabajadoras parciales son jóvenes sin
cargas familiares). La excusa es facilitar la «conciliación femenina»; la realidad es que algunas no necesitarían
hacerlo y que, teniendo en cuenta los
horarios demenciales que se ofertan,
107
253_08 aju 10
15/1/09
07:38
Página 108
las que quieren conciliar difícilmente
podrán hacerlo.
Los discursos que recoge de las propias
interesadas vienen a corroborar una interpretación bastante frecuente entre
muchos de los (y las) jóvenes de hoy en
día y no sólo entre ellos:
• La negación del carácter estructural,
social o institucional del problema.
Convencidos del carácter espontáneo
o libre de sus elecciones, se culpabilizan de sus fracasos y se vanaglorian de
sus éxitos, legitimando la meritocracia
como un proceso objetivo y neutral.
Los fallos estarían en el funcionamiento no en el sistema meritocrático.
• Las dificultades objetivas se interiorizan como incapacidades o características personales. La transición a la vida
adulta de las mujeres (sobre todo con
la llegada de la maternidad) genera un
conflicto que no se aborda conscientemente y que se manifiesta en forma de
malestar personal y rupturas de pareja.
• Los mecanismos de discriminación,
en ocasiones, pueden ser muy sutiles y, por lo tanto, poco generadores
de resistencia. Una idea muy compartida es el «ya somos casi iguales (¿a
quién?) y es cuestión de tiempo el que
lo seamos del todo». No se cuestiona
demasiado que el modelo de referencia, el comportamiento laboral del
varón, no es universalizable, ni socialmente deseable.
• El problema estaría como apunta Inma
Pastor en que no se cuestionan «las reglas del juego» y esas reglas son espe108
cialmente desfavorables en los dos tipos de organización analizados.
• En la carrera universitaria, además de
la existencia de «capillitas», de lo que
en algunas disciplinas algunas han
llamado «club de los muchachos», la
dedicación necesaria para promocionar es, en algunos momentos, absolutamente exclusiva (y no en el sentido
administrativo). Y también conocemos las que estamos en ella, la coincidencia en la misma fase del ciclo vital
del aumento de las cargas reproductivas y las cargas académicas.
• Las jornadas laborales de los médicos
(y en gran parte del personal sanitario) dentro de los hospitales son totalmente incompatibles con las tareas
de cuidado a la dependencia. También
deberían serlo con la necesidad de
descanso regular que exige su desempeño profesional. La profesión por los
tramos inferiores se ha feminizado y
es de suponer y de desear que afloren
los conflictos.
Un apunte optimista. En mi larga experiencia como docente en temas de trabajo y género, sí que he constatado en
algunas alumnas la resistencia a adoptar el modelo masculino para poder llevar una vida profesional y personal digna, el «es que yo no quiero ser como un
hombre». Una especie de «feminismo
de la diferencia visceral» sin esencialismos, que podría ser el virus que ayudara a corroer el carácter androcéntrico y
mercantilizado de la organización social
del trabajo, que mejorara el bienestar
individual y la cohesión social.
253_08 aju 11
15/1/09
III.
07:38
Página 109
POLÍTICAS PÚBLICAS Y FACTORES QUE INCIDEN
EN EL MERCADO DE TRABAJO
253_08 aju 11
15/1/09
07:38
Página 110
253_08 aju 11
11.
15/1/09
07:38
Página 111
LA PROPUESTA DE LA RENTA BÁSICA: POTENCIALIDAD
Y DEBILIDADES PARA MEJORAR LAS CONDICIONES
DE EMPLEO Y LA EQUIDAD DE GÉNERO
Corina Rodríguez Enríquez *
La propuesta de la renta básica o ingreso ciudadano 1 se presenta como una de
las más radicales en el espacio de debate sobre políticas alternativas de sostenimiento del ingreso. Esto se debe a sus
valores fundamentales de incondicionalidad y universalidad, así como a las implicaciones de proponer separar la garantía de un ingreso, de la garantía de
un empleo. Estos aspectos contrastan,
por un lado, con el paradigma de la focalización y las transferencias monetarias condicionadas que hoy rigen las acciones de política pública asistencial, y
que refuerzan en muchos casos la noción de workfare. Y, por el otro, con la
centralidad que la sociedad salarial le
otorga a la relación de trabajo en un empleo, como medio para acceder a los recursos monetarios necesarios y a los
beneficios de la protección social.
Este trabajo se propone reflexionar sobre la potencialidad y las debilidades
que la propuesta de la renta básica presenta como instrumento para afectar
positivamente las condiciones en el
mercado laboral y la situación de equidad de género. No pretende elaborar argumentos conclusivos al respecto, sino
por el contrario presentar los puntos
centrales del debate y ofrecer elementos para profundizar la discusión.
I.
¿QUÉ ES LA RENTA BÁSICA?
La noción de renta básica es tributaria
de otros conceptos que designan a todos aquellos arreglos institucionales
cuyo objetivo es garantizar cierta forma
de ingreso monetario incondicional a
todas las personas 2. Esto es, un ingreso
para cuyo acceso no se requiere ninguna otra condición personal que la de ser
ciudadana/o. Por ejemplo, no se requiere trabajar (como es el caso del salario),
tener un registro contributivo (haber
provisional), demostrar que se está desocupado (seguro de desempleo) o ser
pobre (programas asistenciales focalizados).
Las características de incondicionalidad,
universalidad y beneficio monetario son
las que identifican primordialmente a
esta propuesta. La misma no es contradictoria con el modo de producción capitalista, pero sí atañe a algunos de sus
* Economista (Universidad de Buenos Aires) —Máster en Políticas Públicas (Institute of Social Studies, La
Haya, Países Bajos)—. Doctora en Ciencias Sociales (FLACSO, Sede Argentina). Investigadora del Consejo
Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas y del Centro Interdisciplinario para el Estudio de Políticas
Públicas, en Buenos Aires, Argentina. Trabaja temas relativos al mercado laboral, economía del cuidado,
pobreza y distribución del ingreso, políticas sociales, políticas fiscales, y la propuesta de la renta básica.
1
Ingreso ciudadano es la denominación que la propuesta ha asumido en el debate argentino.
2
Para conocer más sobre la propuesta y el debate internacional que existe en torno a ella, se puede acceder a http://www.basicincome.org/bien/. Para una contribución que fundamente el debate en América Latina véase Lo Vuolo (1995). Para un trabajo básico sobre la mirada feminista respecto de la propuesta del ingreso básico véase Robeyns (2000).
111
253_08 aju 11
15/1/09
07:38
Página 112
Corina Rodríguez Enríquez
ejes, desde la relación salarial hasta la
ciudadanía, desde el trabajo mercantil
hasta el trabajo socialmente útil, desde
la acumulación hasta la distribución.
En su forma ideal, la renta básica o ingreso ciudadano consiste en una transferencia monetaria incondicional y universal que se pagaría: i) a individuos, no
a hogares o familias; ii) independientemente de su riqueza y de los ingresos
que pudieran recibir por otras vías; iii)
sin exigencias de registros contributivos
de ningún tipo; y iv) sin requerir contraprestación, como la realización de un
trabajo ni la disposición a aceptar una
oferta de empleo.
La incondicionalidad del beneficio es
uno de los rasgos distintivos de la propuesta, y también uno de los elementos
que generan mayor resistencia entre
quienes se le oponen. La crítica sostiene
que es simplemente injusto transferir
ingresos a personas que no lo necesitan. Quienes, por el contrario, ven en
esta característica uno de los valores
positivos esenciales, sostienen que: i) es
justamente la distribución de este título
de derecho universal lo que garantiza el
consenso en torno a la propuesta; ii) todos los miembros de la sociedad están
involucrados (por inclusión o exclusión)
en los mecanismos de producción económica, la que resulta entonces una herencia comunitaria que debe distribuirse, al menos en la medida de un básico,
entre todos los ciudadanos y ciudadanas; iii) es más grave e irreparable el
error de no darle a quien necesita que el
112
de darle a quien le sobra; iv) la incondicionalidad y universalidad es la única
manera de combatir el clientelismo; v)
la justicia distributiva se obtiene integrando las transferencias fiscales, de
modo que todos reciban el beneficio de
la renta básica, pero el peso de su financiamiento recaiga de manera proporcionalmente mayor sobre quienes tienen
mayor capacidad contributiva.
Uno de los aspectos que fortalece la
propuesta es su carácter preventivo. En
este sentido, nuevamente juega la incondicionalidad. Al no ser necesaria
ninguna demostración de carencia o insuficiencia para recibir la transferencia,
la misma actúa en forma previa a cualquier manifestación de necesidad. De
esta forma, la renta básica evita la trampa de la pobreza, es decir, la conveniencia de permanecer con bajos niveles de
ingresos propios para no perder el beneficio. Adicionalmente, la renta básica
resulta una política de gestión mucho
más sencilla y menos onerosa que cualquier programa que involucre test de recursos.
Por supuesto, la capacidad de la renta
básica para actuar preventivamente
frente a la problemática de la pobreza
dependerá del nivel del beneficio, que
es materia de abundante discusión en
el debate. A este respecto, las variantes
se ubican desde niveles inferiores al nivel de subsistencia, fundamentalmente
cuando se teme sobre los posibles incentivos negativos sobre la oferta de
trabajo mercantil, hasta el máximo nivel
253_08 aju 11
15/1/09
07:38
Página 113
La propuesta de la renta básica...
fiscalmente atendible, cuando lo que se
prioriza es el elemento de justicia distributiva implicado en la propuesta.
El nivel del beneficio también estará determinado en la práctica por las decisiones en torno al esquema de financiamiento de la renta básica. Al respecto, la
propuesta que presenta mayor coherencia es la que subraya los beneficios
derivados de integrar los sistemas de
transferencias de ingresos 3. Esto es,
una renta básica o ingreso ciudadano
financiado con imposiciones sobre los
ingresos, que actúe con tasas marginales crecientes; es decir, que por el propio efecto de un beneficio universal de
suma fija implique una contribución al
fisco creciente en términos relativos a
los ingresos de las personas.
En síntesis, la propuesta de la renta básica es sencilla y a la vez transgresora.
Parte de la idea de reconocer el derecho
a la existencia de todas las personas, y
de la posibilidad de contribuir a garantizar ese derecho a través de una transferencia monetaria universal e incondicional. La fuerza redistributiva de la
propuesta se fortalece cuando se piensa
a la misma funcionando en el marco de
un sistema integrado de transferencias
fiscales, en el cual el peso del financiamiento recaiga en términos crecientes
sobre la capacidad contributiva de las
personas.
Al proponer garantizar el acceso a un ingreso por fuera del mercado laboral, la
propuesta de la renta básica implica un
desafío particular para aquellas sociedades y economías donde el acceso al ingreso y a la mayoría de los beneficios
sociales se ha estructurado en función
de la situación de las personas respecto
del empleo mercantil.
En lo que sigue se plantean las principales discusiones en torno al impacto que
la propuesta de la renta básica puede tener sobre el empleo y las condiciones
en el mercado laboral. Un énfasis particular se realiza sobre sus implicaciones
en aquellos aspectos vinculados con el
mercado laboral, que determinan dimensiones de la equidad de género.
II.
LA RENTA BÁSICA Y LOS INCENTIVOS
AL TRABAJO MERCANTIL 4
Uno de los argumentos críticos a la propuesta de la renta básica sostiene que
3
Para una ampliación sobre las posibilidades de un sistema integrado de transferencias fiscales de ingreso véase Barbeito (1995).
4
Me refiero explícitamente al trabajo mercantil o al empleo, para diferenciarlo del conjunto del trabajo
humano. Es decir, el trabajo que se ofrece en el mercado laboral es sólo una parte del trabajo que realizan
las personas, que también incluye otras actividades, la principal de las cuales es el trabajo de cuidado no
remunerado que se realiza al interior de los hogares y que no tiene un reconocimiento en el espacio del
mercado. Por lo mismo, también me refiero aquí al mercado laboral, como una denominación más rigurosa y exacta que la habitualmente utilizada de mercado de trabajo.
113
253_08 aju 11
15/1/09
07:38
Página 114
las personas se verían desincentivadas
a ofrecer su fuerza de trabajo en el mercado como consecuencia de tener garantizado por vía fiscal un nivel básico
de ingreso.
Este argumento podría confirmarse si
se verificaran al menos dos situaciones:
i) el nivel del beneficio monetario del esquema de renta básica sea lo suficientemente elevado como para que las personas no se vean deseosas de obtener
ingresos adicionales, y ii) el único incentivo de las personas para entrar en el
mercado laboral y ofrecer su fuerza
de trabajo sea la obtención de ingresos
monetarios 5.
En relación con el primer punto, puede
afirmarse que la relevancia de la magnitud del beneficio será variable según la
situación de las personas. Así, existirían
dos perfiles en los cuales sí es posible
que la renta básica desincentive la oferta de trabajo en el mercado de empleo:
i) aquellas personas para quienes el costo de oportunidad de ingresar al mercado laboral sea elevado (por caso, los estudiantes); y ii) aquellas personas que
por distintas situaciones, principalmente bajo nivel educativo y de calificación,
sólo consiguen empleo en actividades
de bajo nivel de remuneración.
En estos casos, puede interpretarse que
el desincentivo a la oferta de trabajo no
es negativo. En el primero, la renta bási-
ca puede entenderse como una remuneración a las actividades de capacitación,
o al menos como un estipendio de supervivencia que permita a estas personas realizar estas actividades que producen beneficios no sólo individuales
sino también sociales. En el segundo, la
renta básica puede inducir a un incremento de los niveles de remuneraciones más bajas, lo que puede considerarse un impacto positivo.
Más aun, si el problema consiste en un
desajuste entre los requerimientos de la
demanda y la oferta de trabajo en términos de calificaciones, la existencia de la
renta básica puede permitir que los
trabajadores y trabajadoras destinen
tiempo a mejorar su entrenamiento y
capacidades laborales (finalizando la
educación formal o asistiendo a capacitaciones específicas en oficios), mientras cuentan con el beneficio de la renta
básica para «sobrevivir». De esta forma,
las personas pueden encontrarse en
mejores condiciones de acceder a empleos mejor remunerados, a la vez que
los empleadores encuentran fuerza de
trabajo más apta a las calificaciones que
requieren sus procesos técnicos.
Claro que todo lo anterior dependerá
del monto del beneficio, del nivel de los
salarios y de la situación en términos de
la tasa de desempleo existente. En definitiva, y como señalaremos referente a
otros aspectos, el impacto concreto de
5
Algunos de estos argumentos se han discutido con aplicación particular al caso de Argentina en Rodríguez Enríquez (2007a y b).
114
253_08 aju 11
15/1/09
07:38
Página 115
la renta básica dependerá de las condiciones existentes en el mercado laboral,
así como de políticas públicas que permitan el efectivo acceso de las personas
a instancias de capacitación.
empleo o de cualquier fuente de ingresos. Es justamente esta condicionalidad
de los esquemas asistenciales, lo que
activa la llamada trampa del desempleo
(o del empleo precario, o de la pobreza).
En relación con la segunda premisa implícita, que considera que las personas
sólo entran al mercado laboral para obtener un ingreso monetario, la misma
no parece verificarse. Por el contrario, la
propia centralidad que el empleo tiene
en la estructuración social, implica que
las personas ofrezcan su fuerza de trabajo para colmar otro tipo de expectativas, además de las monetarias. Porque
es a través de un empleo que las personas acceden a buena parte de los derechos sociales; es a través de las relaciones de trabajo que se conforman redes
de sociabilidad; y es en el propio trabajo
mercantil donde las personas encuentran cierto sentido de utilidad a sus actividades, justamente por el reconocimiento social del que goza el trabajo
mercantil y del cual carecen otro tipo de
trabajos humanos.
Esta trampa se produce cuando los beneficiarios se ven forzados a rechazar
una oferta de empleo o un ingreso adicional, porque la misma implica la pérdida automática del beneficio social. En
mercados laborales volátiles, donde las
condiciones de estabilidad en el empleo
y el nivel de remuneraciones son débiles, es más probable que esta trampa
funcione. La fortaleza de la propuesta de
la renta básica, en este sentido, radica
justamente en evitar la trampa del desempleo, la pobreza o el empleo precario. Como la situación ocupacional y de
ingresos de las personas no condiciona
el acceso al beneficio, sus perceptores
no se enfrentan a la disyuntiva de ocuparse en el mercado de empleo y dejar
de percibir el beneficio, o mantenerse
desocupados para conservar la transferencia. Así, puede pensarse que la renta
básica constituye un piso sobre el cual
las personas estarán deseosas de sumar
otros ingresos provenientes del trabajo
en un empleo.
El argumento respecto a los desincentivos a la oferta de fuerza de trabajo en el
mercado se suele referenciar en experiencias existentes de transferencias
monetarias asistenciales. Esta relación
no es válida por una razón fundamental.
Los programas asistenciales que transfieren ingresos adoptan la forma de
transferencias monetarias condicionadas. La condición suele radicar en la
manifestación de una carencia, que habitualmente es la propia falta de un
III.
LA RENTA BÁSICA Y EL TRABAJO
DE LAS MUJERES
Una dimensión específica de la discusión acerca del impacto de la renta básica sobre los incentivos a la oferta de
115
253_08 aju 11
15/1/09
07:38
Página 116
trabajo mercantil, se relaciona con el
caso particular de la fuerza de trabajo
desempeñado por la mujer.
La información disponible demuestra
ampliamente que las mujeres presentan
dificultades más severas que los varones para ofrecer su fuerza de trabajo en
el mercado. Esto obedece al efecto simultáneo de la persistencia de discriminación de género en el mercado laboral,
y del inequitativo reparto de las responsabilidades domésticas entre varones y
mujeres al interior del hogar.
mente útil de cuidado que realizan mayoritariamente las mujeres, de manera
no remunerada al interior de los hogares. En este caso, el ingreso recibido por
la renta básica puede en efecto desincentivar la activación de la fuerza de trabajo femenina.
Particularmente, en sistemas donde la
provisión de servicios de cuidado se encuentra muy restringida y estratificada,
la inactividad laboral aparece como la
única opción para las mujeres, especialmente para aquellas con menores niveles de cualificación y mayor peso de responsabilidades domésticas.
Ante la dificultad de conciliar ambas
esferas, las mujeres pueden optar por
permanecer como principales responsables del cuidado en el hogar, fortalecidas por la posibilidad de tener de todas
formas un ingreso. Aun cuando ésta
puede ser una solución rápida para que
las mujeres no activas cuenten con ingresos propios, no resulta la opción
más liberalizadora para las mujeres. Por
el contrario, esta lectura de la renta básica parece consolidar, más que desafiar,
los roles tradicionales de género en los
que se asientan varias dimensiones de
la inequidad.
¿La existencia de un esquema de renta
básica modifica esta situación? La respuesta a esta pregunta puede parecer
ambigua. Por un lado, el ingreso recibido por la renta básica puede servirles a
las mujeres para acceder a servicios
mercantiles de cuidado (en ausencia de
provisión o subsidio público a los mismos), lo que facilitaría la posibilidad de
conciliar su inserción laboral con sus
responsabilidades domésticas.
Cuál de las miradas o impactos prevalezca dependerá nuevamente de la situación en el mercado laboral, y de la
existencia o no de alternativas para la organización del cuidado. En definitiva, la
existencia de la renta básica puede potenciar el impacto positivo sobre la oferta
de trabajo, en la medida que existan políticas de regulación del mercado laboral
que eviten condiciones de segregación
ocupacional y discriminación salarial.
Por otro lado, la renta básica puede interpretarse (y de hecho así sucede en alguna parte de la literatura), como una
manera de remunerar el trabajo social-
Asimismo, la potencialidad positiva de
un esquema de renta básica sobre las
opciones laborales de las mujeres, dependerá de la existencia de mecanis-
116
253_08 aju 11
15/1/09
07:38
Página 117
mos que permitan redistribuir de mejor
manera las responsabilidades de cuidado entre los hogares y el Estado, por un
lado, y entre varones y mujeres por el
otro.
En este sentido, dos tipos de intervenciones de política pública aparecen
como imprescindibles. En primer lugar, la garantía de acceso a servicios de
cuidado, ya sea mediante la provisión
pública de los mismos, o mediante el
subsidio al acceso a los servicios mercantiles existentes. En segundo lugar, la
existencia de mecanismos diversos que
permitan una redistribución de los tiempos de trabajo, que den lugar a una mejor combinación de tiempos de trabajo
para el mercado y tiempos de trabajo de
cuidado.
En síntesis, la tríada renta básica-servicios de cuidado/políticas de conciliación-redistribución de los tiempos de
trabajo, aparece como una opción atractiva para mejorar la situación de equidad
de género vinculada con la conciliación
de la vida laboral y las responsabilidades
domésticas de todas las personas.
IV.
LA RENTA BÁSICA Y LAS
CONDICIONES DE EMPLEO
La renta básica puede tener varios efectos positivos sobre el nivel de empleo y
las condiciones del trabajo mercantil,
dependiendo nuevamente de las características y dinámica del mercado labo-
ral y de las políticas públicas diseñadas
para su regulación.
En primer lugar, la masa de transferencia de recursos que implica un sistema
universal de renta básica, puede traducirse a su tiempo en demanda efectiva
que permita sostener niveles elevados
de empleo. Para que esta retroalimentación virtuosa suceda exitosamente, se
requieren características consistentes
de los mercados de bienes y servicios,
que permitan absorber cualquier presión inflacionaria que pueda generar el
sostenimiento de la demanda. Nuevamente, políticas públicas de regulación
de los mercados resultan claves.
Asimismo, cuanto más progresivo sea
el financiamiento del esquema de renta
básica, mayor potencialidad tendrá este
efecto, al traducirse en transferencias
netas efectivas a los sectores de menores ingresos y mayor propensión a consumir.
En segundo lugar, la garantía de un ingreso básico por fuera del mercado laboral
puede ubicar a los trabajadores y trabajadoras en una situación de mayor fortaleza
para negociar las condiciones laborales.
Sobre este punto, existen dos visiones
confrontadas en la literatura. Por un lado,
se afirma que efectivamente la renta básica consolida la fuerza de negociación del
trabajo frente al capital. Por otro lado, se
señala lo contrario, que dado que existe
un nivel de ingreso básico garantizado,
esto puede llevar a los trabajadores y trabajadoras a aceptar peores condiciones
117
253_08 aju 11
15/1/09
07:38
Página 118
laborales. En esta segunda mirada, la renta básica promovería, en lugar de ayudar
a morigerar, el empleo no registrado, precario e informal.
En tercer lugar, y en sintonía con lo que
se viene comentando sobre la calidad
del empleo, puede pensarse el impacto
de un esquema de renta básica sobre los
ingresos del trabajo, para lo cual no existe una respuesta conclusiva. La renta básica puede empujar hacia arriba las remuneraciones del trabajo, en los casos
en que dada la existencia de un ingreso
básico garantizado, las personas puedan
optar por no aceptar empleos cuya remuneración se considera insuficiente
para el trabajo exigido. Pero la renta básica también puede empujar hacia abajo
las remuneraciones, cuando las personas consideren que estas últimas son un
complemento razonable para la primera.
Y cuando los empleadores consideren
que pueden reducir los salarios ofrecidos en una magnitud similar al beneficio
que reciben los trabajadores y trabajadoras por vías fiscales.
Cuál de estas situaciones suceda dependerá una vez más del nivel del beneficio
de la renta básica, del nivel promedio de
los ingresos laborales y de la capacidad
de los empleadores de absorber la mejora salarial. Así como también de las
políticas públicas. Es decir, la implementación de la renta básica no exime
al Estado de su función reguladora, ni
de la provisión de normas e instituciones protectivas para los trabajadores y
trabajadoras.
118
Debido al hecho de que las mujeres se
encuentran sobrerrepresentadas en los
espacios de empleos más precarios e informales, y de menor nivel de remuneración, la potencialidad de la renta básica para mejorar el nivel de ingresos del
trabajo y las condiciones laborales,
cuando existen políticas públicas consistentes, es una vía además de mejorar
la equidad de género que se determina
en este espacio.
En cuarto lugar, la existencia de la renta
básica puede estimular que determinados sectores de la fuerza de trabajo se
retiren del mercado laboral. Tal es el
caso, por ejemplo, como se mencionaba
anteriormente, de los estudiantes. Algo
similar podría suceder con las personas
mayores, que permanecen activas en el
mercado de empleo solamente por la
necesidad de complementar sus ingresos. Además de contribuir a equilibrar la
situación de oferta y demanda laboral,
esto implica una mejora en la calidad de
vida de las personas que permanecen
en el mercado laboral por mera necesidad económica.
V.
LA RENTA BÁSICA, LAS ACTIVIDADES
SOCIALMENTE ÚTILES
Y LA DISTRIBUCIÓN DEL TIEMPO
DE TRABAJO
Como se mencionó anteriormente, una
parte de la literatura sostiene que la renta básica puede pensarse como una remuneración a las actividades social-
253_08 aju 11
15/1/09
07:38
Página 119
mente útiles que realizan las personas y
que no son reconocidas, y por tanto remuneradas, mercantilmente. Esto puede incluir, entre otras, las actividades
vinculadas con la formación y la capacitación, y el trabajo de cuidado realizado
al interior de los hogares.
Esta perspectiva, en realidad, se vincula
con el espacio que la renta básica abre a
la posibilidad de una concepción más
amplia del trabajo. Es decir, la renta básica viene a recuperar el sentido mismo
de la ocupación, esto es, de las actividades que realizan las personas, que tienen una utilidad social y que no siempre
son valoradas en el mercado de trabajo
mercantil. En este sentido, la renta básica promueve el derecho a la ocupación
de las personas, es decir, a vivir según el
sentido propio de la ocupación, en lugar
de reivindicar el derecho al empleo que
en otros arreglos institucionales adopta
la forma de la obligación de trabajar en
cualquier tipo de empleo.
El hecho de reconocer y valorar otras
actividades además de las que se realizan estrictamente en el ámbito mercantil, va de la mano de la necesidad de discutir nuevas formas de organización del
tiempo social. De este modo, la renta
básica gana en potencialidad cuando se
la combina con distintos mecanismos
de distribución del tiempo de trabajo.
Partiendo de la seguridad económica
brindada por el ingreso básico, las per-
sonas pueden elegir distintos arreglos
ocupacionales con menos restricciones,
incluyendo el trabajo mercantil a tiempo
completo o parcial, el trabajo doméstico
o de cuidado, actividades de capacitación e inclusive el ocio. Desde esta visión, la renta básica puede conducir a
una distribución más equitativa del ingreso, el trabajo remunerado, el trabajo
de cuidado de las personas y el tiempo
libre, entre varones y mujeres.
Desde esta perspectiva se sugiere que la
renta básica funcionaría como un «estipendio de emancipación», y mejoraría
la fuerza negociadora de las mujeres,
sobre todo si son pobres, o si tienen escasa cualificación, frente a sus empleadores y frente a sus esposos, y alentaría a
los varones a procurar empleos de tiempo parcial y ocuparse de parte de las tareas del hogar.
En síntesis, la propuesta de la renta básica aparece como una alternativa innovadora, provocadora y estimulante frente a las nociones más difundidas y
tradicionales. Por sí sola, no permite garantizar la mejora en las condiciones en
el mercado de empleo y la situación de
equidad de género. Pero en integración
con políticas públicas consistentes, se
transforma en una herramienta potente
para permitir que las personas gocen de
vidas más libres, con mayores oportunidades de elección, y con una distribución más justa del trabajo y del ingreso.
119
253_08 aju 11
15/1/09
07:38
Página 120
253_08 aju 12
12.
15/1/09
07:38
Página 121
DESIGUALDAD EN EL MERCADO DE TRABAJO
Y EN LA ECONOMÍA: SITUACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS
María Pazos Morán *
I.
LA SITUACIÓN EN EL MERCADO
DE TRABAJO: DISTINTOS FACTORES
Y SUS EFECTOS SEGÚN SEGMENTOS
DEL EMPLEO FEMENINO
Las mujeres se están incorporando masivamente al empleo en todos los países,
pero todos los indicadores nos muestran su situación de precariedad y de
desigualdad con respecto a los hombres: mayores tasas de paro, de temporalidad, de subempleo... También son
mayores sus tasas de pobreza, y menores sus salarios y sus pensiones medias;
y están superrepresentadas en las categorías de trabajadores con menos derechos (como por ejemplo las empleadas
de hogar).
Si las mujeres superan a los hombres
en rendimiento académico; si, a pesar
de la orientación diferencial, ya llegan a
todas las profesiones y a todos los sectores; si en muchos países hace ya mucho tiempo que las empleadas están
más cualificadas que los empleados de
su misma edad; ¿cómo es que se sitúan
sistemáticamente peor que los hombres de su misma cualificación? Para
analizar las diferencias de género, y sus
causas, no podemos tomar la población
femenina como un todo homogéneo.
La tradicional relegación y discriminación de las mujeres está relacionada
con prejuicios irracionales e intereses
ajenos al rendimiento empresarial,
pero también con el hecho de que las
mujeres llevan, hasta ahora, la casa a
cuestas, lo que les acarrea funestas
consecuencias. Estos dos fenómenos
influyen de manera distinta en las mujeres directivas y en el resto de las asalariadas.
Un reciente estudio realizado por la organización americana Catalyst sobre las
500 mayores empresas del mundo concluye que las empresas con mayor número de mujeres en sus puestos de dirección obtienen mejores resultados
económicos en general. En rentabilidad
sobre recursos propios (ROE, en sus siglas inglesas), la diferencia entre las
compañías con más mujeres en los cargos de dirección respecto a las que menos tienen es de un 53%. Si se analizan
los beneficios por ventas (ROS), esa brecha se acorta a un 42%; y en cuanto al
retorno sobre el capital invertido (ROIC)
la cifra que distingue a unas de otras se
eleva al 66% (más detalles en www.catalyst.org).
Es fácil comprender estos resultados:
puesto que el talento no es privativo de
ningún sexo, si se eliminaran las trabas
artificiales que impiden que cada persona se coloque en el puesto que le co-
* Máster en Estadística (U. Harvard, EE UU) y Matemática (U. Complutense, Madrid). Es especialista en la
comparación de sistemas de impuestos y prestaciones y en la evaluación de sus impactos sobre el mercado de trabajo. Actualmente es Jefa de Estudios de Investigación en el Instituto de Estudios Fiscales, desde
donde coordina la línea de investigación «Hacienda Pública e Igualdad de Género» de este Instituto. Imparte cursos en Economía e Igualdad de Género en diversas universidades e institutos especializados.
121
253_08 aju 12
15/1/09
07:38
Página 122
María Pazos Morán
rresponde se aprovecharía el potencial
productivo y, como consecuencia, el
funcionamiento de las empresas sería
más eficiente.
Pero las ejecutivas son una minoría. Algunas de ellas no tienen hijos, y de todas formas ganan tanto dinero que tienen la posibilidad de contratar servicios
para cuidarlos. ¿Y las demás? Las cuotas en los consejos de administración de
las empresas (o en las listas electorales)
no son suficientes para resolver los problemas que afectan a la mayoría de la
población femenina asalariada.
La mayoría de las mujeres, sin participación de los hombres y sin servicios
públicos, no tienen la opción de compatibilizar vida familiar y vida profesional.
Así que, o bien renuncian a tener hijos,
o si los tienen se ven condenadas a la
doble jornada, a la precariedad, temporalidad, tiempo parcial y abandonos
temporales del empleo de los que ya no
se recuperan. Pero el obstáculo no existe solamente para las madres. Aparte
de los prejuicios irracionales e intereses
espurios, existe aquí un mecanismo,
conocido como discriminación estadística, que afecta a todas las mujeres.
Este término se ha acuñado para explicar el fenómeno de que los empresarios, a falta de información previa sobre
el comportamiento futuro de un candidato/a, se guían por la información estadística que tienen sobre el grupo al
que pertenece. En el caso de las mujeres, los empresarios tienen en cuenta
su mayor probabilidad de ausencias del
122
trabajo por razones familiares. Estas
ausencias pueden originarles costes de
organización importantes y, lo que es
más importante, estos costes son generalmente mayores cuanto mayor es el
nivel de cualificación del puesto de trabajo. Para compensar este riesgo, los
empresarios tienden a colocar en los
empleos de calidad a los hombres, dejando para las mujeres, a lo sumo, los
empleos menos cualificados y más fáciles de sustituir. Así, todas las mujeres
pagan por llevar la etiqueta de «menos
disponible».
En resumen, hay dos tipos de causas
que determinan las diferencias entre
hombres y mujeres en el mercado de
trabajo: uno está relacionado con factores educacionales y con prejuicios irracionales. El otro con la falta de asunción
del trabajo doméstico y de cuidados por
parte de los hombres. Mientras que los
hombres pueden compaginar su vida
profesional con su vida personal y familiar, las mujeres se ven obligadas a elegir y en cualquier caso sus vidas se ven
enormemente afectadas.
II.
CONSECUENCIAS DE LA DIVISIÓN
DEL TRABAJO SOBRE LAS VIDAS
DE LAS MUJERES
En el modelo tradicional, una vez eliminadas las barreras legales para el acceso a la educación y al trabajo asalariado
(que aún persisten en muchos países),
las mujeres pueden ser empleadas o
253_08 aju 12
15/1/09
07:38
Página 123
Desigualdad en el mercado de trabajo y en la economía: situación y políticas públicas
empresarias, y tener los mismos derechos de Seguridad Social que los hombres, aunque con menores salarios, peores condiciones de trabajo y mayor
probabilidad de estar en paro o subempleadas... Sin embargo, el mayor problema se plantea cuando consideramos
la llamada «vida personal».
Hoy asistimos a la denominada «nueva
división del trabajo», que consiste en
que las mujeres se han incorporado al
empleo sin que los hombres hayan asumido su parte en el trabajo doméstico y
de cuidados. Como señala Esping Andersen (en Pazos, 2008), en las sociedades tradicionales se da una distribución
bimodal, con un grupo de mujeres que
asume el trabajo doméstico casi en solitario (retirándose del empleo para el
cuidado, con doble jornada, etc.) y otro
grupo que renuncia totalmente a la maternidad. En ambas situaciones, muchas
pagan el coste personal de no poder tener los hijos que hubieran deseado, y
también pagan un alto precio en términos de su vida sentimental: cuanto más
tradicional es la sociedad, mayor es el
porcentaje de mujeres profesionales sin
pareja, con o sin hijos (es frecuente el
caso de divorcio entre mujeres con hijos
de corta edad).
El no reparto del trabajo doméstico y de
cuidados hace que muchas mujeres se
vean atrapadas en la dependencia económica de sus maridos y/o en la pobreza, pues aparte de los periodos de permisos, inactividad y desempleo, los
trabajos precarios y a tiempo parcial
van asociados a menores derechos de
Seguridad Social (por ejemplo, desempleo, jubilación). No hace falta recordar
aquí que la dependencia económica
desprovee a las personas de los derechos más básicos, empezando por la capacidad de decidir sobre sus propias vidas. Por eso, el movimiento feminista
siempre ha luchado por la independencia económica de las mujeres. Así que,
medidas como las diferentes prestaciones para el cuidado, o el supuesto salario para el ama de casa, no solucionan
los problemas porque, para empezar, no
les dan libertad para abandonar su situación (las prestaciones no basadas en
la participación en el mercado laboral
nunca son suficientes para asegurar una
existencia independiente, como señala
Sainsbury, 1999).
La división del trabajo afecta a las mujeres de todas las sociedades y de todas las
clases sociales, aunque de distinta manera. El recurso al empleo precario para
servicio doméstico es un colchón para
que algunas mujeres muy cualificadas
puedan compatibilizar maternidad con
empleo sin abordar el problema en su
raíz, pero no es una solución ni siquiera
para ellas. Por otro lado, para la mayoría
de las trabajadoras ni siquiera existe este
recurso. La precariedad de las trabajadoras del servicio doméstico (en su mayoría inmigrantes en los países más desarrollados) es un problema íntimamente
ligado al mantenimiento de la división
del trabajo, y cuya solución también está
asociada a su reconversión en trabajadoras no al servicio de las familias. Esa es la
123
253_08 aju 12
15/1/09
07:38
Página 124
María Pazos Morán
experiencia de países como Suecia, donde este trabajo no es precario, pero prácticamente no existe, y, sin embargo, sí
hay servicios públicos y una importante
implicación de los hombres.
III.
MERCADO DE TRABAJO, TRABAJO
DOMÉSTICO Y POLÍTICAS PÚBLICAS
La persistencia de la desigualdad en los
países donde no hay prohibiciones expresas al empleo y educación de las
mujeres, hace que cunda el desánimo.
Las autoridades declaran la necesidad
de la igualdad, se articulan políticas de
acción positiva, se hacen campañas
para promover la igualdad desde los organismos específicos y para proteger a
las mujeres más vulnerables, pero nada
de esto parece surtir efecto. Y parece
como si el movimiento feminista se hubiera quedado sin grandes reivindicaciones porque, se podría argumentar, si
las leyes (las políticas públicas) ya son
neutrales, ¿qué le vamos a pedir a los
poderes públicos aparte de más acciones positivas para compensar una desigualdad que al fin y al cabo ellos no
han producido? Por si fuera poco, las
acciones positivas son una fuente de
aumento del gasto público, que como
sabemos no es ilimitado. Y, además
existe la impresión de que el papel de
las mujeres como cuidadoras es imprescindible para la economía. Con todas estas premisas, no es de extrañar
que muchas feministas no vean ninguna salida.
124
Sin embargo, dos descubrimientos vienen a arrojar una enorme esperanza
sobre este panorama aparentemente
desolador. El primero es el de que aún
no somos iguales ante la ley, es decir,
que muchas políticas públicas (leyes)
siguen potenciando la desigualdad. El
segundo es el de que la especialización
de las mujeres en el trabajo doméstico
no es buena para la economía sino
todo lo contrario. Veamos aquí cómo
las políticas públicas generan desigualdad.
En efecto, si las leyes fueran ya neutrales, ¿de dónde vendrían las desigualdades? Una explicación, descartada la
biológica, podría ser que la desigualdad está arraigada en la sociedad,
transmitiéndose de generación en generación a través de las personas y de
las estructuras privadas, en una especie de inercia del pasado o, lo que es
peor, por una tendencia incorregible a
la desigualdad. Esta visión, que ha primado durante las últimas décadas, ignora que las leyes reflejan, a la vez que
potencian, unas determinadas (y no
otras) estructuras sociales, normas y
valores, aunque estas normas estén
implícitas y no se reconozca su existencia. Las leyes otorgan unos u otros derechos, potencian unos u otros comportamientos.
Las políticas públicas están impregnadas de una orientación que fomenta la
permanencia de los roles de género.
Desde la política educativa, la moda, las
instituciones religiosas, las actividades
253_08 aju 12
15/1/09
07:38
Página 125
culturales y deportivas segregadas, los
medios de comunicación, hasta las políticas sociales y de empleo... la actividad
pública (o con dinero público) contiene
muchos elementos que favorecen este
modelo de división del trabajo y roles
de género.
Todo este sistema está subvencionado y
promovido a través de leyes bien concretas (de deporte, de educación, regulaciones de la Seguridad Social y de los
impuestos, etc.), y singularmente mediante las anuales Leyes de Presupuestos. La razón de ser del mainstreaming o
transversalidad es el descubrimiento de
que hay que cuestionarse y cambiar la
orientación de la corriente principal de
las políticas públicas que, hoy por hoy,
están orientadas hacia la desigualdad.
Y este descubrimiento es el que nos proporciona una gran capacidad reivindicativa: no se trata de pedir un trato de
favor (compensatorio) para las mujeres
en unas políticas que serían ya neutrales
sino, fundamentalmente, de exigirles la
justicia que no tienen.
Las regulaciones fiscales y las prioridades del gasto social son de especial interés, pues pueden favorecer un determinado modelo de sociedad u otro
diferente. En el sistema tradicional, los
sistemas de impuestos y prestaciones
están diseñados pensando en dos grupos de personas diferentes: uno el de
los «trabajadores» a tiempo completo
y sin dedicación al cuidado. El otro, el
de las personas dedicadas prioritariamente al cuidado y dependientes eco-
nómicamente de los «trabajadores».
En definitiva, se legisla conforme al
modelo de «sustentador masculino/esposa dependiente». Así, «el trabajador» cotiza a la Seguridad Social y está
protegido contra las contingencias derivadas de la pérdida de sus ingresos
laborales (enfermedad, desempleo, jubilación). La mujer del trabajador, por el
contrario, origina los llamados «derechos derivados», que consisten en prestaciones y desgravaciones fiscales concedidas al «trabajador» por «esposa a
cargo». En este sistema, las mujeres solamente reciben directamente las pensiones de viudedad. No se imagina otra
causa de existencia independiente de
las mujeres.
En el sistema de impuestos personales
(IRPF), la tributación conjunta hace que
el salario de la mujer se añada al del
marido como si fuera un aumento de
sueldo de éste. Esta acumulación de
rentas provoca que las mujeres casadas tengan que pagar un porcentaje
importante de su sueldo en concepto
de impuestos, lo que les incitará a quedarse en el hogar. Sin embargo, cuando
estas mujeres quieran salir de su situación de dependencia, se encontrarán
sin medio de vida; y entonces no se les
ofrecerá ninguna ayuda (Pazos, 2006).
Las leyes fiscales han ido cambiando el
lenguaje en muchos países (por ejemplo, esposa por cónyuge), de tal forma
que ahora son formalmente neutrales.
Pero, en la práctica, estas regulaciones siguen favoreciendo a la familia
de un solo perceptor de rentas y, por
125
253_08 aju 12
15/1/09
07:38
Página 126
María Pazos Morán
tanto, la dependencia económica de
las mujeres.
A pesar de las dificultades, las mujeres
se han incorporado masivamente al
mercado de trabajo en todos los países
en los que tienen acceso a la educación
y su participación no es objeto de prohibiciones. Sin embargo, esta incorporación toma formas diferentes dependiendo de las políticas públicas que se
adoptan. En los países (y periodos) en
los que no se han hecho aún cambios en
las políticas públicas, esta incorporación se da a tiempo completo y un gran
número de mujeres renuncia a la maternidad. Este fenómeno, junto con el mayor nivel educativo y otros factores asociados a la industrialización, se refleja
en una fuerte caída de la tasa de fecundidad. Este es el caso de todos los países en un primer periodo.
En algunos países se han ido poniendo
en pie las llamadas políticas de conciliación de la vida profesional y familiar/
personal. Estas políticas se dirigen a facilitar la contratación (o el cambio) a
tiempo parcial, el teletrabajo, los horarios flexibles y los permisos para el cuidado de niños y dependientes. Por un
lado se introducen cambios en las regulaciones laborales que obligan (y en
algunos casos incentivan) a los empresarios a permitir los cambios en las
condiciones de trabajo de las personas
con responsabilidades de cuidado que
lo soliciten. Se protegen los contratos
con prohibiciones del despido en determinadas circunstancias (como embara126
zo y permiso por maternidad) y con obligación de reserva del puesto de trabajo
en los periodos de excedencia. En algunos casos, se reconocen derechos parciales de Seguridad Social a las personas que abandonan el puesto de trabajo
por razones de cuidado (por ejemplo,
concediendo puntos para la pensión por
determinados periodos de inactividad o
según el número de hijos criados). También se conceden prestaciones para el
cuidado a tiempo completo, como las
prestaciones para «cuidadores familiares» recientemente establecidas en España con la Ley de Dependencia aprobada en 2007.
Todas estas medidas de conciliación están supuestamente dirigidas a favorecer
la incorporación de las mujeres al empleo. Por otro lado, es cierto que facilitan a las mujeres asalariadas el abandono de su puesto de trabajo, temporal o
parcialmente, para dedicarse al cuidado. Este sistema, se dice, permite a muchas mujeres mantener un pie en el
mercado de trabajo. Pero, para muchas que ya tenían los dos, es sacar uno.
Y dada la precariedad, las tasas de temporalidad femenina y la existencia de
una mano de obra masculina más disponible, sacar uno les coloca en una posición inestable muy difícil de mantener.
Finalmente, este sistema no solamente
acarrea consecuencias negativas a las
mujeres que se «benefician» sino a todas las mujeres, pues los empresarios
lo tendrán en cuenta a la hora de decidir contratar a un hombre o a una mujer,
y a la hora de situarles en un puesto de
253_08 aju 12
15/1/09
07:38
Página 127
Hay cuatro elementos determinantes
del modelo de incorporación de las mujeres al mercado de trabajo, y este modelo está íntimamente conectado con el
modelo de sociedad que inspira las políticas públicas: 1) la organización de los
tiempos de trabajo (y singularmente la
regulación de la contratación a tiempo
parcial); 2) los permisos para el cuidado
de niños y personas dependientes; 3) la
configuración de los servicios públicos
de educación infantil y de atención a la
dependencia; y 4) el sistema de impuestos personales.
revelan que la mayoría de las trabajadoras a tiempo parcial desearían trabajar más horas, y existe un debate social
al respecto, pero la norma se ha establecido y es muy difícil de revertir. Los
empresarios ya organizan el trabajo de
forma que ciertos puestos de trabajo
son a tiempo parcial. En España, con las
crecientes facilidades para la reducción
de jornada, el tiempo parcial está aumentando a marchas agigantadas (del
17% en 2000 al 24,8% en 2005, sin contar aún los efectos que sin duda tendrá
la extensión de estas facilidades proporcionada por la Ley de Igualdad de
2007). Y no hace falta decir que la inmensa mayoría de las personas a tiempo parcial son, en todas las partes del
mundo, mujeres; ni tampoco hace falta
recordar que el tiempo parcial es también salario parcial y derechos parciales
de todo tipo; en resumen, que el tiempo
parcial no permite la independencia
económica. Ésta es la razón por la que
los hombres no se acogen a estas supuestas ventajas.
El tiempo parcial tiene realidades muy
diferentes en los países de Europa, y
esas realidades se han ido conformando desde las políticas públicas. En Holanda, por ejemplo, ya el 75% de las
mujeres asalariadas tiene un contrato a
tiempo parcial. Esta situación es el resultado de una política de acuerdos entre sindicatos, patronal y Gobierno que
ha ido estableciendo regulaciones para
garantizar el derecho a la reducción de
jornada de todos los trabajadores que
lo soliciten. Actualmente, las encuestas
La regulación del tiempo de trabajo
también puede influir en la reducción o
prolongación de las jornadas de los trabajadores a tiempo completo. Es importante la jornada en la Administración
Pública, así como determinadas reglas
fiscales (por ejemplo, en España existe
un tope en las bases de cotización a la
Seguridad Social, lo que quiere decir
que los ingresos salariales por encima
de un determinado nivel están exentos;
esto incentiva al empresario a contratar
pocos trabajadores con largas jornadas).
responsabilidad, como hemos visto en
el apartado anterior. Lo que es cierto
es que, según se ponga el acento en
unas u otras políticas, la incorporación
de las mujeres afecta de diferente forma
a la configuración del mercado de trabajo y a la división de roles dentro del
hogar.
III.1.
Cuatro elementos clave
127
253_08 aju 12
15/1/09
07:38
Página 128
María Pazos Morán
El ejemplo de las 35 horas semanales
en Francia es también muy interesante.
En los países nórdicos los trabajadores a
tiempo completo tienen jornadas más
cortas que en otros países. En definitiva, mediante medidas fiscales y regulaciones es posible intentar que todas
las personas trabajen a tiempo completo con jornadas cortas que permitan
conciliar con las responsabilidades familiares, en lugar de que los hombres
tengan jornadas interminables y las mujeres se vean condenadas a la precariedad y a la doble jornada. Claro que
una buena organización del tiempo de
trabajo no es suficiente, sino que debe
estar apoyada por una buena red de servicios públicos y por medidas efectivas
para la implicación de los hombres en el
cuidado.
Los permisos y excedencias para el cuidado son muy importantes para configurar los roles de género en la familia y
la situación de las mujeres en el empleo.
En muchos países existen únicamente
permisos de maternidad (y no de paternidad), lo que responde a la idea de que
la responsabilidad del cuidado de bebés
es exclusiva de las mujeres. En otros
países, como España, Francia o Portugal,
existe ya un permiso de paternidad que
va de unos días a unas semanas pero
que es aún mucho más corto que el permiso de maternidad. Este es un modelo
que podría calificarse de «amabilidad»,
donde el padre participaría en el evento
y ayudaría a la madre especialmente
durante la recuperación del parto, pero
luego se reintegraría a su puesto deján128
dole a ella el grueso del cuidado. Por
último, otros países han adoptado un
modelo de corresponsabilidad, con el
objetivo expreso de que los hombres
compartan el cuidado al 50%. Islandia
es el país que más lejos ha llegado en
este camino, con tres meses de permiso intransferibles para cada progenitor
y otros tres a repartir entre ambos; y los
hombres ya se toman el 32% del tiempo total de permisos en este país. En
Suecia los permisos también son iguales para padres y madres, aunque solamente tienen dos meses intransferibles y el resto se lo pueden repartir (los
padres se toman el 20%, que coincide
a grandes rasgos con la parte intransferible, poco comparado con el 50%
deseable, pero mucho comparado con
el 1% de España). Tanto en Suecia como en Finlandia se están considerando reformas enfocadas a que los hombres se tomen realmente el mismo
tiempo que las mujeres para cuidar de
sus bebés.
Existen muchos estudios sobre el impacto del diseño de los permisos sobre
el reparto de tareas de cuidado de los
bebés, sobre los roles de género en la
pareja y sobre la situación de las mujeres en el mercado de trabajo (para una
revisión, véase artículo en Pazos, 2008).
Los servicios públicos de cuidado son
imprescindibles, aunque no suficientes,
para facilitar la incorporación de las
mujeres al empleo de calidad. También
en este aspecto las políticas públicas
varían enormemente, desde los países
253_08 aju 12
15/1/09
07:38
Página 129
nórdicos y Francia, donde el derecho a
la educación infantil es universal, a países como España o Italia con coberturas
menores del 25% y otros donde ni siquiera se considera.
Los impuestos personales, a los que ya
nos hemos referido, pueden contener
importantes desincentivos al trabajo
asalariado de las mujeres, sea a través
de la declaración conjunta o por otras
formas de desgravación por esposa dependiente.
III.2.
Modelos de sociedad
Según se combinen las regulaciones e
incentivos a los diferentes comportamientos (y en particular en cuanto a los
elementos clave descritos en este apartado), se conforman distintos modelos
de incorporación de las mujeres al mercado de trabajo. Desde el modelo tradicional puro de sustentador masculino/
esposa dependiente (según la clasificación de Sainsbury, 1999), se ha pasado a
otras situaciones, entre las que podríamos destacar:
— Modelo de sustentador masculino/
esposa dependiente modificado: Es
el caso de países como Alemania,
Holanda, Australia, Inglaterra. En estos países, con más o menos incidencia del tiempo parcial y con más
o menos precariedad del empleo femenino, la división del trabajo sigue
siendo muy acusada. Las mujeres
abandonan el empleo y/o pasan a
tiempo parcial en los periodos de
cuidado. No existe una red de servicios de educación infantil de calidad,
con horarios suficientes y asequibles
a la mayoría de la población. Muchas
mujeres que optan por tener hijos
dependen de sus maridos, y en su
defecto, de la asistencia pública. Algunas autoras han calificado esta situación como de sustentador y medio, o sustentador y cuarto, etc.
— Modelo de separación de roles de
género (Sainsbury, 1999): El caso
más emblemático es el de Noruega.
Se proporcionan servicios públicos
de cuidado y también prestaciones a
las mujeres para el cuidado, pero los
hombres no asumen el trabajo doméstico. Por ejemplo, largos permisos de maternidad y no de paternidad. Las mujeres siguen realizando
la inmensa mayoría del trabajo doméstico y de cuidados, pero gozan
de una cierta independencia respecto a sus maridos. En cambio han pasado a depender de las prestaciones
y ayudas públicas.
— Modelo de personas sustentadoras/
cuidadoras en igualdad (Sainsbury,
1999): Es el modelo que se adoptó
expresamente como meta en Suecia.
Este modelo guió las reformas radicales que se llevaron a cabo durante
los años sesenta y setenta los socialdemócratas suecos y donde la figura
de Olof Palme fue decisiva.
Para un cambio de modelo debería darse una conjunción de condiciones sociales y políticas. El estudio del caso sueco
129
253_08 aju 12
15/1/09
07:38
Página 130
María Pazos Morán
es de la mayor relevancia. Suecia realizó
las reformas que permitieron el cambio
(no acabado) en un corto espacio de
tiempo y en medio de un debate público
auspiciado desde el poder.
En los países en los que aún no se ha
decidido el modelo de incorporación de
las mujeres al mercado de trabajo, aún
no se ha configurado completamente la
segregación que existe en otros países
donde hay sectores enteros totalmente
femeninos que funcionan a tiempo parcial y/o en precariedad. En estos países
aún «no configurados» (España es uno
de ellos, y también los latinoamericanos), es muy importante activar la discusión pendiente sobre cuál debe ser el
enfoque de las políticas públicas para
conseguir un sistema de organización
social que apueste decididamente por la
igualdad de género. Para esta discusión,
se requiere utilizar la evidencia acumulada sobre los efectos de las distintas
políticas públicas (y en particular las políticas económicas) sobre la configuración del modelo de sociedad de cada
país (para mayor discusión, véase Pazos, 2008).
—
—
—
—
A modo de resumen para el debate, he
aquí algunas de las reformas más importantes de la política social que serían
necesarias para situarnos en la vía de un
modelo de personas sustentadoras/cuidadoras en igualdad:
— Permiso de paternidad intransferible
e igual al de maternidad: Reforma de
los permisos actuales de materni130
—
dad, paternidad y parentales y establecimiento de un permiso por nacimiento o adopción igual para cada
progenitor/a, que sea intransferible,
pagado al 100%, de la misma duración y con la misma parte obligatoria
para cada progenitor(a). Para más
información, véase www.igualeseintransferibles.org.
Individualización total del IRPF, con
la eliminación de todas las desgravaciones por esposa dependiente en la
forma actual (declaración conjunta)
o en cualquier otra posible.
Que las prestaciones y/o desgravaciones para el cuidado no estén, en
ningún caso, condicionadas a la inactividad laboral de la persona cuidadora. Esto implica la derogación
del art. 18 de la Ley de Dependencia
y de las extensiones de las excedencias para el cuidado previstas en la
Ley de Igualdad.
Servicio público de atención a la dependencia.
Puesta en pie de un verdadero sistema público de educación infantil de
0 a 3 años, que establezca el derecho universal a plaza y garantice una
atención de toda la demanda a precios asequibles para toda la población en función de su nivel de renta.
Los centros deben tener horarios lo
suficientemente largos y flexibles
como para cubrir los horarios de trabajo, con recursos especiales para
horarios laborales especiales y emergencias de trabajo coyunturales.
Eliminación de todas las partidas del
presupuesto público que supongan
253_08 aju 12
15/1/09
07:38
Página 131
apoyar actuaciones no igualitarias
y/o denigrantes para las mujeres.
Todas estas reformas exigen voluntad
política y una planificación a medio-lar-
go plazo basada en un pacto social por
la igualdad. La discusión de las implicaciones económicas favorecerá la toma
de conciencia necesaria para que ese
contrato de género sea posible.
131
253_08 aju 12
15/1/09
07:38
Página 132
253_08 aju 13
13.
15/1/09
07:37
Página 133
CIUDADANIA E INCLUSIÓN SOCIAL FRENTE
A LAS INSEGURIDADES CONTEMPORÁNEAS.
LA SIGNIFICACIÓN DEL EMPLEO
Joan Subirats *, Eva Alfama ** y Anna Obradors ***
I.
EL CONCEPTO DE EXCLUSIÓN SOCIAL
La progresiva utilización del término exclusión en sustitución del de pobreza por
parte de la Comisión Europea se produjo
a partir de los años ochenta debido a la
extensión de cierto consenso en cuanto
a la necesidad de superar una visión excesivamente economicista del concepto
de pobreza. Sin embargo, este cambio
de terminología en el ámbito de la política europea no parece ser sólo una cuestión de modas terminológicas, sino que
responde a un proceso de transformación de la propia sociedad. La extensión
del término exclusión en Europa responde, precisamente, a la existencia de un
elevado nivel de consenso teórico sobre
la necesidad de utilizar una concepción
que incluya la naturaleza dinámica, multidimensional y heterogénea del fenómeno. Por otro lado, de una concepción
estática, que entendía la pobreza como
situación de bajos ingresos en un momento determinado del tiempo, se pasa
a una concepción que entiende la exclusión como un proceso. De la concepción
dual que entendía la pobreza como una
situación que afectaba a un colectivo diferenciado de la sociedad mayoritaria,
se pasa a la diferenciación de una heterogeneidad de espacios situados en el
continuo entre integración y exclusión.
La exclusión social se entiende pues
como un proceso de alejamiento progresivo de una situación de integración social en el que pueden distinguirse diversos estadios en función de la intensidad:
desde la precariedad o vulnerabilidad
más leve hasta las situaciones de exclusión más graves.
Como hemos dicho, la noción de exclusión social va más allá de la carencia
material, puesto que incorpora al análisis de la desigualdad en la distribución
de los recursos socialmente valorados
otros aspectos como la discriminación,
la estigmatización, el rechazo social o la
debilidad en las redes interpersonales
* Doctor en Ciencias Económicas por la Universidad de Barcelona. Catedrático de Ciencia Política de la
Universidad Autónoma de Barcelona. Director y fundador del Instituto de Gobierno y Políticas Públicas
(IGOP). Ocupó la cátedra Príncipe de Asturias en la Universidad de Georgetown. Se ha especializado en
temas de gobernanza, gestión pública y en el análisis de políticas públicas y exclusión social, así como
en problemas de innovación democrática, sociedad civil y gobierno multinivel.
** Licenciada en Ciencias Políticas por la Universidad Autónoma de Barcelona donde también ha cursado
el postgrado sobre Participación ciudadana y desarrollo sostenible. Actualmente está realizando el doctorado en Psicología social crítica y es investigadora para proyectos del Institut de Govern i Polítiques Públiques-IGOP de la Universidad Autónoma de Barcelona-UAB. Ha realizado y coordinado investigaciones en
ámbitos muy diversos: movimientos sociales, exclusión social, políticas de género, evaluación de políticas públicas y políticas sociales desde una perspectiva comparada.
*** Licenciada en Sociología por la Universidad Autónoma de Barcelona y Máster por esta misma universidad con el estudio: «Exclusión social, el concepto, las teorías contemporáneas y algunas propuestas críticas». Es investigadora del Institut de Govern i Polítiques Públiques-IGOP desde el año 2000. Desde 1998
ha desarrollado investigación en los campos de la sociología de la religión, la juventud, la educación, las
desigualdades y la exclusión social, el análisis de políticas públicas, y los estudios de género.
133
253_08 aju 13
15/1/09
07:37
Página 134
Joan Subirats, Eva Alfama y Anna Obradors
que contribuyen, refuerzan o alimentan
las dinámicas de expulsión u obstaculización del acceso a determinados espacios, derechos o relaciones sociales que
son el único medio para alcanzar ciertos
recursos (Martínez Veiga, 1999). Así, el
género, la edad, la procedencia u orígenes culturales o el estado de salud pueden ser factores que determinen la situación de exclusión o inclusión social
de una persona o colectivo, junto con
la posición económica y en el mercado
laboral, el nivel educativo y el capital
cultural acumulado, las características
de la vivienda y del territorio en que
ésta se halle, entre otros muchos elementos (EDIS, 1998; Renes, 2000; Subirats, 2004).
ciertos segmentos de población situados en las posiciones menos ventajosas
de la estructura social: los más pobres,
las mujeres, los jóvenes, los ancianos,
los enfermos o minusválidos, los inmigrantes, las minorías étnicas, etc. El deterioro de las condiciones de vida de
dichos colectivos conlleva una gran dificultad para que puedan actuar y se consideren a sí mismos como una parte
activa de su comunidad y de la sociedad
en general y que, por tanto, puedan desarrollarse como tales (Tezanos, 2002;
Subirats, 2004).
El concepto de exclusión social así definido puede aplicarse, como hace Pedro
José Cabrera (2000), a los sectores más
marginados de la sociedad, los más pobres y con estilos de vida más alejados
de las formas dominantes —las personas sin hogar— pero también como hacen otros autores sobre una parte muy
significativa de la población que, a causa de las transformaciones estructurales
que se han producido en el campo económico, en los patrones sociodemográficos y en las políticas de bienestar, se
hallan en una situación de vulnerabilidad social o precariedad, ya sea por un
proceso de expulsión o por la obstaculización del acceso a determinados recursos (Moreno, 2001; Subirats, 2004).
Tal y como han sido presentados, los
conceptos de inclusión y exclusión social están íntimamente relacionados.
Para distinguirlos, se podría decir que
cada uno de ellos constituye un polo del
mismo eje en el que se pueden definir
una multiplicidad de situaciones en función del «grado de exclusión o inclusión»; es decir, de la intensidad de la exclusión: el grado de vulnerabilidad o
precariedad social. Por otra parte, los
procesos de exclusión e inclusión también se pueden entender a partir de las
oportunidades de movilidad ascendente
o descendente que determinados grupos sociales o personas tienen en este
eje. Así, las estrategias que se desarrollan para hacer frente a las situaciones
de precariedad, igual que las tendientes a mantener determinadas posiciones
de inclusión, deben ser también materia
De hecho, los obstáculos, precariedades
y exclusiones tienden a acumularse en
134
II.
¿INCLUSIÓN SOCIAL?
253_08 aju 13
15/1/09
07:37
Página 135
Ciudadanía e inclusión social frente a las inseguridades contemporáneas...
GRÁFICO
1: Los espacios de la inclusión social
Fuente: J. Subirats, 2004: 15.
de estudio para lograr una mejor comprensión de la dinámica de dichos fenómenos. En este punto, vamos a desarrollar los contenidos de los ámbitos
fundamentales de la inclusión social, los
tres elementos a partir de cuya articulación se define un mayor o menor grado
de inclusión social en un individuo, un
grupo social o, incluso, un territorio (representados en el gráfico 1).
La inclusión social de cualquier persona, colectivo o territorio pasaría pues,
en primer lugar, por el acceso garantizado a la ciudadanía y a los derechos eco-
nómicos, políticos y sociales correspondientes a la misma, así como las posibilidades de participación efectiva en la
esfera política. Este acceso es especialmente problemático para algunos colectivos, como la población extranjera, sobre la que no solamente pesa la barrera
a la participación económica regular en
el mercado formal (que depende directamente de la tenencia de permisos de
residencia y trabajo), sino también la
negación del pleno derecho al sufragio
activo y pasivo. Sin embargo, y al margen de este caso más extremo, existen
un sinfín de grupos y colectivos sociales
135
253_08 aju 13
15/1/09
07:37
Página 136
que no tienen reconocidos sus derechos
sociales o que, aún teniéndolos, los
recursos a los que éstos les permiten
acceder resultan inadecuados a sus características u opciones personales. Nos
referimos, por ejemplo, al caso de las
personas con discapacidades, con enfermedades mentales, u otros casos;
puesto que el acceso a las políticas sociales también forma parte de dicha acción del estado de reconocimiento de
los derechos de protección social de la
ciudadanía en caso de necesidad.
En segundo lugar, la inclusión social de
toda persona o grupo social pasaría por
la conexión y solidez de las redes de reciprocidad social, ya sean éstas de carácter afectivo, familiar, vecinal, comunitario o de otro tipo. Las redes sociales y
familiares son un elemento constituyente de las dinámicas de inclusión y exclusión social. Así, resulta importante señalar el hecho de que no sólo la falta de
conexión con estas redes puede determinar en gran medida la exclusión o la
inclusión social de una persona o colectivo, sino que también las características
específicas y los sistemas de valores y
de sentidos que éstas tengan son extremadamente relevantes. Aun así, la existencia de redes de solidaridad es un elemento clave en las estrategias que los
grupos y las personas tienen a su alcance para paliar o dar solución a determinadas situaciones de carestía o de
precariedad, y su inexistencia o su conflictividad puede acentuar la gravedad
de la situación y/o cronificarla. Este elemento es especialmente importante en
136
los regímenes de bienestar mediterráneos como el español, donde la cobertura del sistema de protección social público es notablemente débil, por lo que las
redes familiares y sociales juegan un papel fundamental en la redistribución de
recursos y en la contención de la exclusión y la pobreza grave (Moreno, 2001).
Finalmente, el espacio de la producción
económica y muy especialmente del
mercado de trabajo, es el otro gran pilar
que sustenta la inclusión social. El empleo es la vía principal de obtención de
ingresos para la mayor parte de la población, la base con la que se calcula el
grado de cobertura social de la población inactiva y también una de las principales vías de producción de sentido e
identidad para los sujetos. Por lo tanto,
el grado y el tipo de participación en
éste determinan de una forma muy clara y directa las condiciones objetivas de
exclusión e inclusión social.
En el contexto actual existen múltiples
segmentos de la población, cada vez
más numerosos, que o bien quedan al
margen del mercado de trabajo o bien
tienen una débil inserción en él. Nos
encontramos en un proceso de dualización del mercado laboral, en el cual se
consolida, por un lado, la disminución
del mercado laboral primario, constituido por los puestos de trabajo relativamente estables y protegidos; y, por el
otro, el crecimiento desorbitado del
mercado laboral secundario, que se caracteriza por una creciente precariedad,
una alta rotación y la pérdida progresi-
253_08 aju 13
15/1/09
07:37
Página 137
va de derechos y coberturas sociales, y
que está ocupado principalmente por
jóvenes de baja y media cualificación,
mujeres, inmigrantes extranjeros y trabajadores adultos precarizados (Renes,
2000). A todo ello hay que añadir el también creciente número de personas que
trabajan como falsos autónomos o en
empleos informales, irregulares o directamente ilegales.
Éstos, a la postre, obtienen menores ingresos, menor estabilidad y una cobertura más débil o inexistente por parte
del sistema de pensiones y de protección social, por lo que requieren de manera muy significativa del apoyo de la
familia u otras redes sociales. Así, por
ejemplo, las personas con enfermedades o discapacidades que impiden o
dificultan enormemente su inserción la-
GRÁFICO
2.
boral, u otros colectivos con baja cualificación, falta de experiencia, o que trabajan en sectores informales (como el trabajo doméstico) quedan a merced del
sistema de protección social no contributivo, la «última malla» de seguridad
pública, que junto al soporte familiar y
social que puedan obtener, se convertirá en el único modo de mantenerse en
el espacio de la precariedad sin caer en
la exclusión social (Moreno, 2001).
En relación con la integración social y la
producción de sentido que proporciona
la participación en el mercado de trabajo,
cabe destacar otra cuestión, de difícil tratamiento analítico y poca presencia en la
literatura (excepto casos muy concretos,
véase, especialmente Carrasco, 1999,
2001). Nos referimos al trabajo doméstico y/o reproductivo no remunerado. Si
Sistemas de inserción social
Fuente: Colectivo IOE (2003: 96).
137
253_08 aju 13
15/1/09
07:37
Página 138
bien este tipo de trabajo, desarrollado
básicamente por las mujeres, no genera
ingresos ni permite la subsistencia económica si no está inserto en una estructura de redistribución familiar u de otro
tipo, para muchas mujeres constituye, a
la vez, una vía de inserción social en el
sentido que les proporciona, al menos,
un reconocimiento social y un sentido de
identidad vinculado al imaginario social
tradicional sobre la división sexual del
trabajo. Sin embargo, no podemos olvidar que se trataría, en cualquier caso, de
un modelo de inserción social tremendamente débil, vulnerable y dependiente,
en tanto que se vehicula a través de un
tipo de trabajo que no está ni remunerado ni valorado a nivel social. Para ejemplificar esta argumentación, mostramos
el gráfico con el que el Colectivo IOE
(2003) representaba los sistemas de inserción sociolaboral de las personas con
discapacidad en España (gráfico 2).
Así, en términos generales, las carencias,
ausencias o la posición que cada persona
o grupo tenga en cada uno de estos tres
espacios de la inclusión (o en más de uno
a la vez), conllevan el desarrollo de procesos de precarización o vulnerabilidad
que pueden conducir hacia la exclusión
social. Al contrario, quienes tengan mayores oportunidades de participar con
unos determinados niveles de «calidad»
en estas tres esferas, serán los colectivos
con mayores cotas de inclusión.
La presencia y la posición de los distintos segmentos de población en cada
una de estas dimensiones determina138
rán, de entrada, su nivel y tipo de inclusión social y, con ello, sus principales
riesgos de exclusión. Así, por ejemplo,
la posición desaventajada que en términos generales padecen las mujeres en el
mercado de trabajo, las hace más vulnerables a procesos de exclusión vinculados con la falta de participación o las
condiciones de precariedad bajo las que
se desarrollan en el campo de lo laboral.
Por otra parte, colectivos como el de la
población inmigrada, se hallen o no regularizados e independientemente de
que participen en el mercado de trabajo,
se encuentran amenazados en términos
de inclusión social por el escaso reconocimiento existente de sus derechos políticos como ciudadanos. Finalmente, el
aislamiento social que pueden padecer
muchas personas ancianas sin redes familiares o, determinados casos como la
monomarentalidad, encarnan posiciones muy frágiles, incapaces de amortiguar mediante las redes de apoyo la
presencia de otros factores de exclusión
o desigualdades.
Aun así, destacamos que no es solamente la existencia de un cierto tipo de
participación la que indica una situación
de exclusión o inclusión social, sino que
también es determinante la estabilidad
de esta participación. Por eso, el análisis de las variaciones ocurridas en este
esquema a lo largo del tiempo y la interpretación de sus causas nos acercan
sobremanera a la explicación de los procesos de exclusión o inclusión social de
un agente particular.
253_08 aju 13
15/1/09
07:37
Página 139
III.
FUNDAMENTOS PARA UNA POLÍTICA
PÚBLICA INCLUSIVA
Si seguimos la propuesta de García
Roca (en Vidal Fernández, 2006) podemos identificar diferentes representaciones conceptuales o metáforas que
subyacen a las formas de entender la
exclusión social y que se corresponden
con las diferentes prácticas inclusivas
que en consecuencia se desarrollan. En
primer lugar, destacamos la ya mencionada metáfora espacial, en la cual la sociedad se concibe como un espacio ordenado con un centro y una periferia. La
clave del fenómeno de la exclusión, en
consecuencia, es el quedar fuera y al
margen, y esto en nuestra sociedad viene determinado por el acceso a la producción y al consumo. Bajo esta óptica
la intervención social se concreta en dar
apoyo a quienes están fuera en su proceso de incorporación, fundamentalmente por la vía del empleo. En segundo lugar, encontramos la metáfora de la
desviación, fundada en las analogías
médicas y organicistas, donde la integración acaba identificándose con la
normalidad; y la exclusión, con las desviaciones o patologías sociales o personales. Esta concepción en cierto sentido
presupone que en ciertos sujetos se da
una cierta predisposición a la exclusión.
La pobreza y la inmigración, por ejemplo, serían circunstancias propicias a la
emergencia de la desviación. Las prácticas inclusivas, pues, se basan en el
modelo terapéutico y la perspectiva
correccional, buscando la «normalización». Las principales limitaciones de
este punto de vista son la objetivación
que generan de los excluidos, así como
la dificultad por entender los sentidos
que se despliegan desde el interior de
estas situaciones y para reconocer el
protagonismo de éstos en su proceso
de transformación personal y colectiva.
En tercer lugar, encontramos la metáfora de la vulnerabilidad, que se centra en
la dimensión de pérdida de los vínculos
y redes sociales presente en la exclusión. Frente a esta situación, las prácticas de inclusión de este modelo pivotan
sobre la creación de resilencia en base a
la reconstrucción de los lazos y la organización colectiva. Las experiencias de
desarrollo comunitario a nivel local serían un buen ejemplo de políticas de
este tipo, que se basan en el aprendizaje
fruto de la reflexión constante sobre la
praxis, y en la definición de estrategias
conjuntas, en las que las comunidades y
colectivos son a la vez sujetos y objetos
de su proceso de inclusión. Finalmente,
la última metáfora se basa en la experiencia del naufragio. En ella se sitúa en
el centro de la exclusión la vivencia subjetiva de impotencia y falta de horizontes. Remitirnos a la precariedad y falta
de autonomía económica de los jóvenes, las enfermedades mentales o la dependencia de los ancianos nos puede
servir para ejemplificar este concepto.
Como políticas inclusivas para afrontarlo, García Roca menciona las prácticas
de acompañamiento que se sustentan
en la empatía, la confianza y el apoyo en
el proceso de empoderamiento del sujeto. De esta manera, las cuatro aproximaciones parciales permiten acercarse a la
139
253_08 aju 13
15/1/09
07:37
Página 140
experiencia y a la realidad de la exclusión social desde diferentes ángulos.
La actual situación de complejidad y
creciente vulnerabilidad requiere que
las políticas públicas articulen mecanismos de respuesta de carácter comunitario que recojan los aportes de todas
estas estrategias y tradiciones de intervención para poder construir autonomía, retejer relaciones y recrear personas. Creemos que el factor esencial de
la lucha contra la exclusión hoy día pasa
por la reconquista de los propios destinos vitales por parte de las personas o
colectivos afectados por esas dinámicas
o procesos de exclusión social. Por tanto, no se trata de hacer un camino en
solitario hacia una hipotética inclusión
social. No se trata sólo de estar con los
otros, se trata de estar entre los otros.
Devolver a cada quién el control de su
propia vida significa devolverle sus responsabilidades, y ya que entendemos
las relaciones vitales como relaciones
sociales de cooperación y conflicto, esa
nueva asunción de responsabilidades
no se plantea sólo como un sentirse responsable de uno mismo, sino sentirse
responsable con y entre los otros.
Entendemos por tanto la inclusión como
un proceso de construcción colectiva no
exenta de riesgos. En ese proceso los poderes públicos deben actuar quizás no
tanto como gerentes sino especialmente
como garantes, contribuyendo en lo posible en la búsqueda de autonomía, y no
construyendo dependencias. Si el objetivo
es construir un verdadero régimen de
140
inclusión, ello quiere decir que debemos
fomentar la participación de la sociedad,
desde posiciones públicas y privadas, para
conseguir un entorno de cohesión social y
de bienestar social de todos sus miembros. Ello exige activar la colaboración,
generar incentivos, construir consenso y,
al mismo tiempo, aceptar los riesgos. Para
todo ello, las personas y los colectivos han
de tener la oportunidad de participar desde el principio en el diseño y puesta en
práctica de las medidas de inclusión que
les afecten. Si no les queda otra alternativa
—no pueden «salir» individualmente— han
de poder participar —«hacerse oír» ante
los demás—. Asimismo, la cambiante geografía de la pobreza y la exclusión demanda a las políticas inclusivas la capacidad de
afrontar los nuevos retos que las transformaciones sociales imponen realizando
planteamientos innovadores. Es decir, proponiendo acciones, procedimientos y enfoques nuevos basados en el aprendizaje de
la praxis y en el diálogo y la cooperación.
Todo ello sin olvidar el hecho de que la
exclusión social es un fenómeno estructural, es decir, se halla enraizado en las
formas de organización económica, política y cultural vigentes, por lo que la acción inclusiva de las políticas públicas
no puede orientarse exclusivamente hacia la asistencia o solución de las consecuencias de la exclusión social, sino que
debe garantizar el abordaje de sus causas: actuar sobre los factores mismos de
exclusión. La orientación estratégica de
las políticas para la inclusión social supone también la integración de la perspectiva de género, así como incorporar
253_08 aju 13
15/1/09
07:37
Página 141
las diferencias y desigualdades existentes por edades, procedencias, etnias, y
opciones religiosas, sexuales o de otra
índole. La integración de la consideración de las relaciones de poder y desigualdad en la política y la articulación
de medidas destinadas a debilitar estas
relaciones y empoderar a los grupos y
personas afectadas por éstas. Pese a la
necesidad de las medidas sectoriales, la
tendencia debería ser hacia el diseño de
actuaciones que tomen en cuenta al máximo número de ámbitos que forman
parte de la vida de las personas y condicionan su trayectoria de exclusión así
como sus dificultades de inclusión: la
TABLA
1.
formación y la capacitación laboral y/o
social, el tratamiento sociosanitario, la
estabilidad residencial, etc. Pero, la propia estructura segmentada y jerárquica
de la administración lo dificulta.
Con fines comparativos, en la tabla
siguiente se enlistan los principios
orientadores de las políticas públicas
tradicionales y aquellos criterios de
innovación (retos) que se entienden
necesarios para avanzar hacia una
concepción, desarrollo y operación
de políticas públicas con mayor capacidad de abordar las problemáticas
actuales.
Propuesta de criterios de orientación en las políticas de inclusión
Políticas públicas
tradicionales
Enfoque estático.
Focalización en el conjunto de individuos en
situación de precariedad.
Perspectiva individualista.
Focalización estricta al individuo y al hogar.
Políticas homogeneizadoras.
Respuestas para cubrir necesidades que se
consideran homogéneas e indiferenciadas.
Asistencialismo.
Políticas destinadas a paliar los efectos de la
precariedad.
Centradas en los elementos de renta.
Enfoque sobre la pobreza monetaria.
Enfoque reactivo.
Oferta de servicios como reacción a las problemáticas concurrentes.
Criterios de innovación
para las políticas públicas
Enfoque dinámico.
Focalización en los procesos de entrada y
salida relacionados con la precariedad.
Perspectiva comunitaria.
Énfasis en las dimensiones comunitaria y
territorial de la exclusión.
Políticas sensibles a la diversidad.
Respuestas adaptadas a situaciones territorialmente y socialmente homogéneas.
Promoción de la autonomía.
Políticas destinadas a promover el desarrollo autónomo, evitando la dependencia con
las administraciones.
Enfoque multidimensional.
Consideración de todos los factores generadores de exclusión.
Enfoque proactivo (estratégico).
Políticas anticipatorias y orientadas a la
transformación estratégica del entorno.
141
253_08 aju 13
15/1/09
07:37
Página 142
TABLA
1.
(Continuación)
Políticas públicas
tradicionales
Enfoque orientado a las consecuencias.
Atención centrada en solventar los efectos
de la problemática.
Centralización de las políticas en ámbitos de
gobierno supralocal.
Predominio de los niveles central y regional
en la formulación de las políticas y residualidad local.
Especialización y segmentación de responsabilidades públicas.
Fragmentación de responsabilidades entre
administraciones y entre departamentos.
Fuerte división entre lo público y lo privado.
Monopolio de la formulación de políticas
por parte de las instituciones públicas; escasa cooperación público-privada.
142
Criterios de innovación
para las políticas públicas
Enfoque orientado a las causas.
Atención a las causas o factores generadores de la exclusión social.
Descentralización y fortalecimiento político
local.
Fortalecimiento, en general, de los agentes
más próximos al territorio. Gobiernos locales fortalecidos, con capacidad de liderazgo
político de redes de gobierno multinivel.
Transversalidad y coordinación multinivel.
Coordinación entre distintos niveles administrativos y entre departamentos.
Corresponsabilidad y participación.
Espacios de participación y negociación
compartida entre administraciones, agentes
privados y tejido asociativo.
253_08 aju 14
14.
15/1/09
07:37
Página 143
¿ES POSIBLE (DES)ENCADENAR LA DESIGUALDAD
DE GÉNERO EN AMÉRICA LATINA?
Juliana Martínez Franzoni * y Koen Voorend **
I.
INTRODUCCIÓN
El papel de las mujeres y de las relaciones de género se ha instalado en el debate público sobre la política social en
América Latina. El detonante han sido
los programas de transferencias condicionadas (TMC): dinero a cambio de que
las madres envíen a sus niños/as a la escuela y a los controles de salud. Independientemente de si son efectivos o no
y para qué, estos programas han puesto
en el tapete la importancia del género
como mediador de la relación entre Estado y sociedad (Molyneux, 2006). Para
entender cómo estas relaciones tienen
lugar y si contribuyen a la redistribución de las oportunidades y entre quiénes, los TMC y la política social en general, deben ubicarse en un marco más
amplio de relaciones entre mercados
laborales, política social y familias. Este
artículo analiza los escenarios que proporcionan mayores grados de igualdad
entre hombres y mujeres, por qué, y
qué implicaciones tiene esto en las condiciones de vida de la población en 18
países de América Latina.
Con la desigualdad que la caracteriza,
en esta región hay países con mejor
desempeño, con mercados laborales
más capaces de absorber y remunerar
adecuadamente su fuerza de trabajo y
con políticas sociales más robustas.
¿Hay una relación directa entre el desempeño de los mercados laborales, la
política pública y la organización de las
familias —es decir, el régimen de bienestar —, y la desigualdad entre hombres
y mujeres? Sabemos que todos los regímenes de bienestar latinoamericanos
descansan en importantes desigualdades de género. Sin embargo, ¿existen
variaciones sistemáticas entre ellos?
Además, ¿es posible que un régimen de
bienestar favorezca tanto la distribución
como la redistribución en general, pero
no aquella entre hombres y mujeres en
particular?
II.
RELACIONES ENTRE MERCADO
LABORAL, POLÍTICA SOCIAL
Y FAMILIAS
En nuestra región, mercados laborales
altamente informales y con remuneraciones bajas y desiguales coexisten con
políticas públicas usualmente débiles.
Si bien el autoempleo y la informalidad
son aquí fenómenos de larga data, desde mediados de los años ochenta, la
reorganización de las economías ha debilitado el grado en que compensan la
falta de trabajo formal. La principal válvula de escape ha sido entonces la in-
* Doctora en sociología egresada de la Universidad de Pittsburg. Es investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad de Costa Rica; docente de la Escuela y Maestría de Ciencias Políticas
de esta misma universidad: y consultora para organizaciones como UNRISD y OIT. Integra el equipo técnico que apoya la elaboración de la política de igualdad y equidad de género para Costa Rica 2007-2017.
** Investigador, Instituto de Ciencias Sociales, Universidad de Costa Rica.
143
253_08 aju 14
15/1/09
07:37
Página 144
Juliana Martínez Franzoni y Koen Voorend
serción laboral transnacional mediante la
emigración. Segundo, la región presenta
enormes diferencias en la magnitud de
los recursos, los criterios de asignación,
la calidad de su política social, y la extensión de las protecciones 1. Durante los
años noventa, con importantes variaciones nacionales, se promovió una privatización, descentralización y focalización
del gasto social en sectores como pensiones, salud y educación (Filgueira, 1998).
Más recientemente, las acciones se han
movido de las reformas sectoriales a la
naturaleza de los programas, como es el
caso de las TMC (Cohen y Franco, 2006),
existentes en 15 de los 18 países latinoamericanos con resultados diversos 2.
Desde una visión crítica de las TMC, se
argumenta que la demanda de trabajo
femenino que estos exigen a las mujeres,
es simultánea al considerable aumento
de la fuerza laboral femenina, mucho
mayor que la masculina. Las mujeres
urbanas pasaron de tasas de participación del 38% en 1990 al 50% en el 2002
(CEPAL, 2007). Este aumento respondió
fuertemente a las necesidades económicas: mientras las mujeres pobres
aumentaron su participación laboral en
un 23%, las no pobres lo hicieron solamente un 9,5% (Milosavljevic, 2007).
Además, la mayor participación laboral
femenina está en países con la mayor
1
fertilidad, la menor educación, la mayor pobreza y la mayor informalidad,
junto con la menor inversión pública
(Schkolnik, 2004) y, por lo tanto, también mayor trabajo femenino no remunerado, tanto dedicado a los oficios domésticos y a los cuidados, como a
estrategias de subsistencia.
La insuficiente distribución y redistribución de las oportunidades ha detonado
procesos masivos de emigración y el
que las remesas no sólo se hayan incrementado considerablemente sino que
constituyan la principal fuente de ingresos de varios de los países de la región.
Además de su carácter mayoritariamente privado, las remesas permiten
atender algunos de los vacíos dejados
por la ausencia o la debilidad de políticas públicas en general, y sociales en
particular (OIT, 2005). En estos casos las
familias, y centralmente las mujeres, articulan lógicas productivas (mediante el
autoempleo), reproductivas (mediante
el cuidado de parientes) y redistributivas (mediante la creación de redes de
protección social frente a imprevistos).
La asignación de recursos combina así
lógicas y prácticas de maneras más
complejas que en sociedades que presentan mayor diferenciación institucional (como en Europa y América del
Norte).
Por ejemplo, en 2004-2005 el gasto social anual por habitante variaba entre US$90 en Nicaragua y
US$1.521 en Argentina en dólares de 2000 (CEPAL, 2007).
2
Concretamente, «positivos en escolaridad y algunos aspectos de salud y alimentación de hogares pobres, débiles en la disminución (ligera) de la pobreza en el corto plazo e inciertos en los impactos en el aspecto educativo del capital humano y en la reducción de la pobreza en el corto plazo» (Valencia, 2008: 499).
144
253_08 aju 14
15/1/09
07:37
Página 145
¿Es posible (des)encadenar la desigualdad de género en América Latina?
II.1.
La heterogeneidad regional
La noción de régimen de bienestar alude a constelaciones lógicas de asignación de recursos. Estas son principalmente tres. Primero, mercantiles,
mediante la generación de ingresos en
el propio país o transnacionalmente mediante la emigración y el acceso a las remesas. Segundo, redistributiva, mediante bienes y servicios colectivos,
estatales pero también comunitarios o
trasnacionales, por ejemplo, entre asociaciones de la sociedad civil. Tercero,
mediante el trabajo no remunerado,
particularmente femenino, dedicado a
los oficios domésticos, a los cuidados y
a la producción para la subsistencia, por
ejemplo, por parte de pequeña producción campesina (Martínez Franzoni,
2008). Esta constelación de prácticas
distribuye y redistribuye recursos de
maneras distintas a las identificadas por
Esping-Andersen (1990): como «mundos» del capitalismo de bienestar 3, los
cuales tenían en común ser tres mundos
estatales del bienestar (Gough y Wood,
2004).
Para formalizar la heterogeneidad de la
región, recurrimos a una tipología de
regímenes de bienestar. Conscientes de
que éstos simplifican realidades complejas, nos permiten ubicarnos en un
nivel intermedio, entre la región y los
países (Filgueira, 1998; Barba, 2007;
Martínez Franzoni, 2008). Concretamente, agrupamos países según el grado de
mercantilización de la fuerza de trabajo
nacional o trasnacional, y el acceso a
los ingresos que ésta permite; según el
grado en que el bienestar de las personas deja de estar sujeto al poder adquisitivo, es decir, se desmercantiliza; y el
grado en que el bienestar deja de estar
sujeto a la disponibilidad de trabajo femenino no remunerado, es decir, se
desfamiliariza y desfeminiza 4. Al hacerlo podemos esquematizar tres constelaciones típicas de relaciones entre mercados laborales, políticas sociales y
familias, es decir, tres regímenes de
bienestar. El gráfico 1 presenta estas
constelaciones y las ilustra con tres países emblemáticos: Chile, Costa Rica y El
Salvador.
Entre estos grupos de países varía, primero, la efectividad de los mercados laborales para absorber y remunerar la
fuerza de trabajo sin que una gran proporción de la población deba salir del
país. Esta capacidad es relativamente
alta en los conglomerados a los que pertenecen Chile y Costa Rica, pero baja en
el que se encuentra El Salvador (véase
celda superior izquierda del gráfico). Segundo, varían las estrategias familiares
3
Estos mundos son el socialdemócrata, el corporativo y el liberal, según la intervención estatal tenga
lugar principalmente en función de ciudadanía, contribución o necesidad, respectivamente.
4
En un trabajo previo hablábamos sólo de «desfamiliarización», lo cual, siendo correcto, oculta una distribución de responsabilidades familiares que lejos de ser aleatoria se organiza alrededor de la división sexual del trabajo.
145
253_08 aju 14
15/1/09
07:37
Página 146
GRÁFICO
1.
Regímenes de bienestar en América Latina: tipos y principales características
para hacerle frente a los obstáculos que
impone el mercado laboral para la generación de ingresos. Por ejemplo, varía la
importancia relativa de las familias nucleares y con hombre proveedor (véase
celda inferior del gráfico). Así, la importancia relativa de las mujeres jefas de
hogar, de mujeres cónyuges con trabajo
remunerado y en hogares extensos, es
mayor en el conglomerado de países en
el que se encuentra El Salvador. Tercero,
en dos de los tres grupos de países el
Estado tiene altas capacidades relativas
para la redistribución mediante políticas
146
sociales (Chile y Costa Rica) mientras
que en el tercer grupo éstas son débiles
y residuales (véase celda superior derecha del gráfico).
Los países con régimen estatal-productivista (Argentina y Chile) tienen políticas públicas que enfatizan la productividad laboral y un alto manejo mercantil
de los riesgos sociales. La desigualdad
en la distribución del ingreso es máxima. Con muy variable desempeño en
términos de desigualdad (máxima en
Brasil; mínima en Uruguay y Costa
253_08 aju 14
15/1/09
07:37
Página 147
La región: desigualdad
del trabajo; heterogeneidad
de políticas
Rica), países con régimen estatal-proteccionista (como Brasil, Costa Rica, o
Uruguay) enfatizan un manejo colectivo
de dichos riesgos, principalmente asociados al trabajo formal asalariado. Ambos regímenes alcanzan un desarrollo
humano alto comparado con el resto de
la región. Los países del tercer régimen,
informal-familiarista, como El Salvador
o Bolivia, tienen políticas públicas con
escasas capacidades y, más bien por
omisión que por acción, éstas promueven una alta participación del trabajo
femenino no remunerado y de estrategias familiares para el manejo de los
riesgos sociales (Martínez Franzoni,
2008).
II.2.
Estas constelaciones de relaciones entre
mercados laborales, políticas sociales y
familias, ¿consolidan, transforman o
son independientes de las relaciones de
género? ¿Hay una correspondencia entre el régimen de bienestar y sus efectos, intencionales o no, en términos de
fortalecer o debilitar la división sexual
del trabajo tradicional entre hombres y
mujeres? El índice de potenciación de
género muestra que las brechas de ingreso y la segregación laboral varían
considerablemente, aun entre países
con desarrollo humano similar. Dado
que este índice se basa en indicadores
restringidos a la dimensión de mercantilización, la relación entre régimen de
bienestar y relaciones de género que
acá presentamos es mucho más amplia
y, dada la importancia de lo no mercantil en la vida de las mujeres, mucho más
adecuada.
A continuación discutimos los principales hallazgos.
Al comparar regímenes de bienestar
entre sí, ¿varía la desigualdad entre
hombres y mujeres? Las respuestas se
basan en 24 indicadores (medias, medianas y desviaciones estándar) correspondientes a cada una de tres dimensiones: 9 relativos a mercantilización de la
fuerza de trabajo, 6 a la desmercantilización, y 9 a la desfeminización del bienestar. Los indicadores corresponden
además a cada una de las seis dimensiones de la desigualdad propuestas por
Fraser (1994).
Mercantilización
La brecha de acceso al mercado laboral
gira en torno a 2,5 hombres ocupados
más por cada mujer. La brecha oscila entre 21% en Bolivia y Uruguay, y 31% en
Nicaragua. A pesar de la menor proporción de mujeres que de hombres en el
mercado laboral, el desempleo es siempre mayor entre las mujeres que entre
los hombres (3%), aunque muestra oscilaciones entre países (desviación estándar de 4,1%). La brecha entre hombres y
mujeres adquiere mayor importancia si
consideramos que en la mayoría de la
región, la principal respuesta ante la falta de empleo es el subempleo y no el
desempleo. En materia de calidad del ac147
253_08 aju 14
15/1/09
07:37
Página 148
ceso, destaca la segregación en el ingreso a puestos altos (mujeres gerentes:
31,7 mujeres por cada 100 hombres) y su
sobrerrepresentación en ocupaciones de
baja productividad, en ambos casos con
importantes variaciones entre países
(desviaciones estándares del 6%).
En términos de remuneraciones, las
brechas de ingresos son sistemáticamente desfavorables a las mujeres. Sin
embargo, su magnitud varía según se
considere a mujeres y hombres en general, o según su nivel educativo en
particular. En definitiva, e independientemente de que las causas estén asociadas al mercado laboral o a la formación
de capital humano, las mujeres obtienen el 48% de las remuneraciones que
obtienen los hombres. A mayor educación, mayores también las brechas, y relativamente más heterogéneas son entre países. Las brechas de ingreso son
todavía mayores y más heterogéneas
entre hombres y mujeres ubicados en
ocupaciones típicamente masculinas o
femeninas como la construcción y el
servicio doméstico.
El que las brechas de ingreso no reflejen
sólo diferencias educativas (o de trayectorias laborales) manifiesta dinámicas
discriminatorias propias de los mercados
laborales que es preciso transformar.
Además, en muchos casos el crecimiento económico se ha apoyado en trabajo
femenino considerado como no calificado (por ejemplo, en la maquila textil) y
mal remunerado (Seguino, 2004). Esta
desvalorización social del trabajo feme148
nino y la escasa capacidad de negociación colectiva de las mujeres conlleva
que, irónicamente, escenarios de alto
crecimiento puedan asociarse a una alta
desigualdad entre hombres y mujeres.
Más aun, la brecha de ingresos puede,
en sí misma, atraer inversión. Esta mediación entre crecimiento y distribución
por parte de mercados laborales altamente generizados explicaría por qué
escenarios redistributivos tan diversos
como los que hay en América Latina,
tengan a la vez una persistente brecha
distributiva (Seguino, 2004).
Desmercantilización
Para la región en general, la asistencia
escolar entre 13 y 19 años es similar entre hombres y mujeres, aunque con variaciones importantes entre países. En
salud, los partos atendidos por personal
especializado registran una media de 80
partos cada 100. Las variaciones son,
sin embargo, muy grandes y algo similar
ocurre con la mortalidad materna. Entre
la población ocupada, la brecha en la
contribución a la seguridad social en
más de la mitad de los países favorece a
los hombres y en los restantes 8 a las
mujeres. Países con débil presencia de
la seguridad social como Nicaragua, Bolivia o El Salvador muestran las mayores brechas en detrimento del aseguramiento femenino. En comparación, el
acceso efectivo a la seguridad social entre personas de 65 años o más, muestra
una cobertura siempre desfavorable a
las mujeres: 63% del acceso masculino.
253_08 aju 14
15/1/09
07:37
Página 149
Desfeminización
En la región, 43 de cada 100 mujeres se
dedican a tiempo completo a las tareas
de la casa. Sin embargo, esta proporción varía bastante, entre 54 de cada
100 en Chile y 32 de cada 100 en Bolivia.
La duración de la jornada laboral es levemente mayor cuando hay niños/as a
cargo. Entre mujeres con niños/as a cargo hay un 14,5% más de mujeres dedicadas principalmente a los quehaceres
domésticos, aunque la brecha oscila
entre 22% en México y sólo el 6% en
Chile y Colombia. Curiosamente, donde
la presencia de amas de casa es menor,
hay también mayor aprobación hacia
una división del trabajo tradicional entre hombres y mujeres: en Bolivia y Chile, la favorecen un 42% y un 28% de la
población, respectivamente.
La importancia de la aportación de la
mujer en los ingresos del hogar también
permite valorar cambios en la división
sexual del trabajo. En la región, las mujeres aportan un tercio de los ingresos
del hogar, aunque las variaciones entre
países son importantes: desde un 27%
en Guatemala hasta un 45% en la República Dominicana. Las cifras son indicativas de cambios en la presencia a tiempo
completo de las mujeres en el ámbito
doméstico, más aun teniendo en cuenta
las brechas entre las remuneraciones
femeninas y masculinas. Sin embargo,
y dada la evidencia disponible mediante
las encuestas de uso del tiempo respecto a la carga total de trabajo femenino y
masculino, estos cambios no necesaria-
mente implican desfeminización del trabajo doméstico y de cuidados.
El trabajo a tiempo parcial voluntario (¡o
al menos su registro!) tiene escasa importancia relativa: en promedio, 14,9 de
cada 100 mujeres. Oscila entre menos
del 1% en El Salvador y el 20% en Uruguay y el 39% en Perú a pesar de que
este último tiene un mercado tan informalizado como el salvadoreño.
En materia de demanda de cuidados infantiles (medida según tasa de fertilidad),
la media es de 2,9 niños/as por mujeres.
Oscila entre los países con tasas de reposición (Chile, Costa Rica, Uruguay) y
países con más del doble (como Guatemala). También existe una considerable
diferencia en la proporción de personas
menores de 12 años y mayores de 65.
Finalmente, dos indicadores nos permiten acercarnos a las condiciones en las
que se desempeña el trabajo doméstico
y de cuidados. Para la región más del 80%
de la población tiene acceso a agua potable en condiciones seguras, pero oscila
entre el 77% en Paraguay y el 100% en
Uruguay. El acceso a electricidad, relacionado con la posibilidad de conservar más
tiempo los alimentos y su preparación,
es menor que el acceso al agua. La media
es de 79% y la mediana de 78%. Las variaciones son además mayores: entre el
100% en Uruguay y el 48% en Nicaragua.
Una de las preguntas que, evidentemente,
quedan planteadas a partir de esta apretada descripción de desigualdades orga149
253_08 aju 14
15/1/09
07:37
Página 150
nizadoras de las relaciones entre hombres y mujeres, es en qué medida las propias políticas contribuyen a generarlas,
en el mejor de los casos por omisión y en
el mejor por intención, en función de objetivos usualmente considerados superiores, como el combate a la pobreza.
Dejando a un lado los regímenes de
bienestar y agrupando países según las
tres dimensiones consideradas (mercantilización, desmercantilización y desfeminización), vemos, primero, cómo se
agrupan los países y, segundo, si sistemáticamente muestran mayores o menores desigualdades entre dimensiones
(gráfico 2). A la izquierda se agrupan
Chile, Argentina, Costa Rica, Uruguay,
México y Venezuela con las menores
brechas y las mejores condiciones para
las mujeres en comparación a los homGRÁFICO
150
2.
bres. A la derecha se encuentra Bolivia, con las mayores brechas y las peores condiciones. Entre medias se ubican, como en abanico, los restantes
países, con régimen de bienestar informal-familiaristas.
Estos resultados indicarían que la correspondencia entre el régimen de bienestar
y el orden de género es en principio alta
pero no exclusiva: de ello atestigua, primero, la presencia de Venezuela entre
los países con menores brechas; segundo, el que entre aquellos con menores
brechas coexistan países con distintos tipos de política pública y, por lo tanto, de
régimen de bienestar como Chile y Costa Rica; y tercero, el que los países con
régimen informal-familiarista presentan
diferencias importantes en el grado de
desigualdades existentes.
Contra hipótesis de Fraser pareciera haber alta interrelación entre dimensiones
de la desigualdad
253_08 aju 14
15/1/09
07:37
Página 151
¿Hay una relación directa entre el desempeño de los mercados laborales, la
política pública y la organización de las
familias —es decir, el régimen de bienestar—, y la desigualdad entre hombres
y mujeres? La evidencia, exploratoria,
indica, primero, que entre países con régimen de bienestar estatal las brechas
son siempre menores que entre países
con régimen de bienestar informal-familiarista. Segundo, países con régimen
de bienestar informal-familiarista (como
Venezuela) pueden presentar brechas
similares a las encontradas entre países
con régimen estatal. Tercero, como lo
evidencia el agrupamiento de Argentina, Costa Rica, Chile y Uruguay, en su
conjunto, las brechas de género no presentan diferencias significativas según
la política pública sea de tendencia productivista o proteccionista. Cuarto, entre países con régimen de bienestar informal-familiarista, las brechas pueden
variar de manera significativa.
III.
REFLEXIONES FINALES
Esta ponencia se basa en un trabajo que
explora una propuesta conceptual y empírica para abordar el rendimiento que
distintos escenarios (re)distributivos
tienen en las relaciones de género. En
nuestros términos, estos escenarios son
los regímenes de bienestar, expresión
de las relaciones entre mercados laborales —y las estrategias de crecimiento
y distribución que les dan lugar—; las
políticas redistributivas, estatales o no;
y el trabajo no remunerado, especialmente femenino, en los que se apoya el
desarrollo humano.
De manera muy exploratoria, hemos
mostrado que los tres regímenes de
bienestar se asientan de manera sistemática en desigualdades de género.
Segundo, la desigualdad entre regímenes, según dimensiones, es más homogénea en cuanto a mercados laborales y
ámbitos domésticos, y algo menos en
materia de política pública. Es decir, que
las políticas públicas pueden mostrar
mayores grados de igualdad que los
mercados laborales y la organización de
las familias. Tercero, a pesar de que las
brechas de ingreso pueden ser menores
—en gran medida debido a una informalidad del empleo generalizada—, en
el balance, la mayoría de los países con
régimen de bienestar informal-familiarista muestran brechas mayores que las
existentes en países con régimen de
bienestar estatal (proteccionista o productivista). En esos países las desigualdades tienden a «encadenarse» y arrojan una mayor desigualdad que en los
países con régimen estatal. Cuarto, el
que los países con régimen informal-familiarista presenten brechas de género
heterogéneas, sugiere que algún tipo de
desencadenamiento de las desigualdades de género podría tener lugar con relativa independencia del régimen de
bienestar.
151
253_08 aju 14
15/1/09
07:37
Página 152
Anexo
América Latina: caracterización regional de la (des)igualdad de género
Indicadores
Media Mediana
MERCANTILIZACIÓN (9 indicadores)
Brecha en la tasa de participación entre mujeres y hombres
25,4
26,0
Brecha en la tasa de desempleo abierto entre mujeres y hombres
3,0
3,1
Brecha entre mujeres y hombres ocupadas/os en sectores de
baja productividad (urbano)
8,5
9,7
Gerentes mujeres en total de gerentes (15-64 años)
31,7
30,8
Mujeres con trabajo remunerado menos de 30 horas involuntariamente
12,9
11,2
Relación entre ingresos femeninos y masculinos
48,2
53,0
Relación entre ingresos prom./hora mujeres y hombres con
0-3 años de estudio
86,3
82,7
Relación entre ingresos prom./hora mujeres y hombres con
13 años o más de estudio
73,2
73,0
Relación salarial trabajos típicos femenino y masculino
65,8
63,5
DESMERCANTILIZACIÓN (6 indicadores)
Brecha en asistencia escolar femenina/masculina (13-19 años
quintil más pobre)
–0,8
–1,1
Partos atendidos por personal especializado
80,4
87,0
Mortalidad materna por cada 1.000 partos
145,7
130,0
Relación entre empleadas y empleados con seguridad social
105,8
103,2
Relación entre mujeres y hombres con acceso a pensiones
(65 años y más)
63,2
63,2
Probabilidad legal que esposas/compañeras retengan propiedad
de finca familiar
6,2
6,0
DESFEMINIZACIÓN (9 indicadores)
Cónyuge sin trabajo remunerado en hogares nucleares biparentales
43,0
43,8
Creen que la mujer debe de estar en el hogar y el hombre en el
trabajo
40,7
37,8
Proporción del ingreso familiar obtenido por mujeres
33,7
31,7
Mujeres con trabajo remunerado menos de 30 horas voluntariamente 14,9
14,4
Duración de jornada laboral según mujeres tengan o no niñas/os
a cargo
1,4
1,4
Mujeres principalmente en quehaceres domésticos según tengan
o no niñas/os a cargo
14,5
14,6
Tasa de fertilidad
2,9
2,7
Acceso a agua potable
90,5
92,5
Acceso a electricidad
79,1
78,1
152
SD
3,6
4,1
6,0
6,1
7,5
10,0
13,0
9,5
27,3
5,1
18,4
95,9
12,6
18,8
1,2
5,4
13,5
5,2
9,0
1,9
4,5
0,7
6,7
16,0
253_08 Aju 15
15.
15/1/09
07:37
Página 153
COMENTARIO. EL TRABAJO REMUNERADO Y LAS MUJERES:
¿CÓMO PASAR DEL EMPLEO DEL GÉNERO AL GÉNERO
EN EL EMPLEO?
Juliana Martínez Franzoni
I.
¿GÉNERO Y EMPLEO O GÉNERO
Y TRABAJO REMUNERADO?
Ya lo dice el dicho que «sin cacao no hay
chocolate». Este foro se enfoca en algo
central para cualquier persona que vive
en una economía de mercado: los ingresos monetarios. Aunque está claro que,
como señalan las cuatro ponencias, la
inserción laboral no sólo genera ingresos sino también sentido y pertenencia.
Como punto de partida, pensando desde
América Latina, la noción de «empleo»
podría sonar restrictiva en tanto remite a
una inserción laboral enmarcada en relaciones empleado/a-empleador/a, es decir, en relaciones asalariadas. Este tipo de
inserción laboral no es necesariamente
el principal en muchos países de América Latina. Además, en los países de modernización tardía, como es el caso de
toda América Central pero también de
buena parte de América del Sur, el trabajo asalariado nunca logró constituirse en
el predominante. Por eso, en lugar de
empleo, podría ser más adecuado hablar
de trabajo remunerado.
Si fuera así, de inmediato sería útil hacer
distinciones entre las dinámicas de inserción laboral propias del trabajo asalariado, y aquellas propias del trabajo independiente o por cuenta propia. Subirats,
Alfama y Obradors las hacen en términos de mercado laboral primario y secundario y en este último incluyen, por
ejemplo, los empleos informales e irregulares. Estos empleos son frecuentemente generados en el marco de estrate-
gias de subsistencia para hacer frente a
la incapacidad de los mercados laborales
de absorber y remunerar adecuadamente a una gran proporción de la fuerza de
trabajo. Más aun, en el caso del trabajo
informal, las distinciones entre distintas
prácticas de asignación de recursos —en
particular, mercantil y familiar— se vuelven algo porosas. Nos encontramos así
ante familias que son simultáneamente
redes de relaciones primarias, unidades
productivas y redes de protección social.
Como segunda delimitación del asunto
a tratar, cabe señalar que actualmente
en América Latina, las relaciones entre
género y empleo/trabajo remunerado están atravesadas por la inserción laboral
trasnacional. Sea que se trate de países
que expulsan fuerza de trabajo o que más
bien la atraen, esta situación es uno de
los «nervios» de esta relación, tanto por
sus efectos en las dinámicas propiamente familiares, como por sus efectos en la
organización de los cuidados de quienes
se quedan en los países de origen. Idealmente debería además ser materia de
preocupación de las política laborales y
de protección social, que deberían poder
darle un lugar a esta tensión (amplificada) entre vida familiar y laboral.
II.
EL TIPO DE CIUDADANÍA EN EL QUE
SE INSERTA LA DISCUSIÓN SOBRE
GÉNERO Y EMPLEO/TRABAJO
REMUNERADO
Subirats, Alfama y Obradors parten de
la tensión fundacional que anima la re153
253_08 Aju 15
15/1/09
07:37
Página 154
lación entre capitalismo y democracia
durante el siglo XX: diferenciación social
y ampliación de derechos. Es Marshall
quien resume estas tensiones desde la
sucesiva (aunque no exenta de conflicto) ampliación de los derechos civiles,
políticos y sociales. Lo que Marshall en
su momento no podía ver era el grado
en que la propia ciudadanía social estaba, y sigue estando, permeada por el
género de las personas 1.
modo, el cuidado condiciona el ejercicio
de la ciudadanía, la cual, si bien se presenta como universal, ni lo es ni en concepción ni en ejercicio. Por eso, cuando
la ciudadanía se reconstruye incorporando la clase y el género, se observan
aspectos que de otra manera permanecen ocultos (O’Connor, Orloff y Shaver,
1999).
En efecto, sabemos ahora que la ciudadanía social opera a través de personas económicamente «independientes»
que son a la vez en algún grado cuidado-dependientes, es decir, interdependientes de otras. A su vez, la «independencia» económica está sujeta a la clase
social y a las distintas oportunidades de
lidiar mercantilmente con los riesgos
sociales que cada clase permite.
III.
En síntesis, la ciudadanía se apoya en
un binomio inseparable: (in)dependencia económica e (in)dependencia de cuidado, históricamente resuelto a través de
la división sexual del trabajo entre hombres proveedores y mujeres cuidadoras,
esposas y madres 2. Desde estos papeles se accede diferencialmente al ejercicio de la ciudadanía. Dicho de otro
1
¿QUÉ ESPERAMOS DEL EMPLEO/
TRABAJO REMUNERADO ADEMÁS
DE INGRESOS?
Subirats, Alfama y Obradors plantean
que «las transformaciones en las esferas económica y social y la aparición de
nuevos riesgos sociales, han debilitado
la capacidad protectora del empleo y la
estructura familiar, los dos grandes pilares sobre los que se sustentaban las
políticas sociales y de integración. Es
en este contexto en el que se apunta hacia una progresiva dualización de la sociedad en dos grupos de población, uno
integrado y otro cada vez más alejado
del empleo y la participación social».
Comparto básicamente la afirmación
aunque pensando en una gran parte de
América Latina (los que Filgueira en su
Estoy usando la noción de género en tanto «una categoría analítica con la cual los humanos piensan y
organizan su actividad social» (Sandra Harding en Hawkesworth, 1999: 8). Es «el conjunto de ideas, representaciones, prácticas y prescripciones sociales (...) a partir de la diferencia anatómica entre los sexos» y
establece «clases» de personas jerárquicamente relacionadas entre sí (Lamas, 1999: 84).
2
La división sexual del trabajo alude a una distribución de tareas socialmente construida y asignada a
partir del hecho anatómico de ser hombres o mujeres y que trasciende la reproducción biológica, única
capacidad estrictamente femenina.
154
253_08 Aju 15
15/1/09
07:37
Página 155
Comentario. El trabajo remunerado y las mujeres
trabajo de 1998 denomina «excluyentes»), lo que se debilitó fue más el paradigma de inclusión social que su realidad. La capacidad protectora efectiva
de estas instituciones se debilitó en los
países que antes de la crisis económica
de los años ochenta podían considerarse, siguiendo con Filgueira, como con
«universalismo estratificado» o dualistas (mezcla de universalismo estratificado en las áreas urbanas y de exclusión en las rurales). Entre los primeros
encontramos a Argentina, Chile, Costa
Rica y Uruguay; entre los segundos a
Brasil y México.
Este punto nos hace volver la mirada a
dos aspectos centrales a la discusión
que tenemos entre manos: la primera
es la importancia de los paradigmas,
en su relación con, pero relativamente
independiente de, las prácticas sociales y las políticas efectivas. Y me refiero con esto no sólo a los paradigmas
previos sino a cuáles son los paradigmas emergentes en materia de género
y mercados laborales. ¿Es posible formalizarlos? ¿Forman parte de una única
comunidad epistémica que ha logrado
tener hegemonía o, por el contrario,
encontramos varios paradigmas en
disputa intentando permear, tanto las
políticas públicas como las reglas de
juego de los mercados laborales? Y si
hay esos paradigmas en disputa, ¿cómo se caracterizan y qué actores son
sus principales portadores?
IV.
REMUNERADO: ¿QUÉ BUSCAMOS
Y CÓMO VALORAMOS CUÁN CERCA
O LEJOS SE ESTÁ?
La relación entre género y empleo despierta múltiples interrogantes y plantea
numerosos retos. Aunque no siempre
explícitamente, pareciera que el horizonte del debate es el de la igualdad entre hombres y mujeres. Estos comentarios suponen que la principal pregunta
que anima el debate es cómo lograr
condiciones de igualdad en materia de
empleo entre hombres y mujeres. ¿Es
así? Si lo es, la primera discusión, animada por consideraciones éticas y políticas, es cuál sería ese escenario de relaciones igualitarias entre hombres y
mujeres. ¿Es el modelo de personas
proveedoras de ingresos y de cuidados
en condiciones de igualdad planteado
por Sainsbury (1999) y retomado por
Pazos? Si lo fuera, y acordando que en
América Latina ningún país podría considerarse ejemplo de estas condiciones
de igualdad, ¿cuáles serían indicadores
que nos permitirían valorar distintos
grados de acercamiento a, o alejamiento de a este modelo?
A los efectos de contribuir a la discusión, planteo tres «tipos ideales» identificados para América Latina en un trabajo previo (Martínez Franzoni, 2007).
Cada uno plantea retos distintos para
crear condiciones de equidad en materia de trabajo no remunerado. En algunos casos los principales retos giran,
propiamente, en torno al mercado labo155
253_08 Aju 15
15/1/09
07:37
Página 156
ral. En todos giran además en torno a la
organización familiar.
Un primer régimen de bienestar es estatal de proveedor único. En estos países,
el Estado continúa asignando la mayor
parte de sus recursos a servicios universales. Están experimentando un desplazamiento hacia una mayor participación
del mercado, en particular de servicios
como la educación, salud y pensiones.
El cambio es gradual y comparativamente menor. Los dos países son Costa
Rica y Uruguay, este último el único país
que da muestras de un cierto debilitamiento del modelo de proveedor único,
más que por la alta inserción laboral de
las mujeres (que también se observa en
los regímenes informales de doble proveedor que describo a continuación),
por los criterios de asignación de la inversión pública (Pribble, 2005). Ambos
países son considerados excepciones
en materia de condiciones de vida y perfil del Estado y de sus reformas en América Latina. Como acercamiento al nivel
de cohesión social, vemos que este régimen arroja la menor desigualdad socioeconómica de la región (coeficientes
de Gini menores a 0,50).
Un segundo régimen de bienestar es liberal de proveedor único. Estos países
han experimentado un desplazamiento
acelerado y radical, desde el Estado hacia la prestación privada de servicios, en
particular de salud, educación y pensiones. Ejemplos son México, Argentina y
3
Chile 3. La inversión pública por habitante continúa siendo alta pero refleja una
combinación de asignaciones previas
(en pensiones), con asignaciones focalizadas más recientes (salud y educación). En estos países el Estado tiene altas capacidades relativas y en la última
década ha venido especializándose en
una inversión focalizada, dirigidos a
prestar servicios básicos. Este régimen
arroja una desigualdad socioeconómica
alta (coeficientes de Gini de 0,55 o más).
Un tercer régimen de bienestar es el informal de doble o múltiple proveedor.
Son ejemplos El Salvador, Guatemala y
Nicaragua. Para alcanzar niveles mínimos de ingreso las mujeres alcanzan niveles muy altos de participación laboral
y de familias con doble proveedor, a
partir de una muy alta proporción de
trabajo informal con base en el autoempleo y en la inserción laboral en mercados trasnacionales. Las mujeres continúan siendo cuidadoras y tienen que
responder a una alta demanda, debido
tanto a tasas de fecundidad altas como
a la muy escasa inversión social. En estos países el Estado ha tenido escasa
presencia y capacidades institucionales
pero en la última década su inversión
social ha ido aumentando. Este régimen
arroja niveles de desigualdad socioeconómica extrema (coeficientes de Gini
mayores de 0,60). Usando los términos
de Pazos (2008), éste sería un modelo de
sustentador generalizado, con mujeres
cuidadoras.
Me refiero a estos países previamente a la más reciente ola de contrarreformas.
156
253_08 Aju 15
15/1/09
07:37
Página 157
El régimen de bienestar estatal de proveedor único refleja un cierto balance
entre esferas de producción del bienestar dado que si bien se organiza a partir
de la división sexual del trabajo, comparte la producción del bienestar con el
mercado y la asignación autorizada de
bienes y servicios. El régimen liberal de
proveedor único refleja un «adelgazamiento» del Estado y una ampliación
de la esfera del mercado que por definición conlleva mayores niveles de
desigualdad y de pobreza. El régimen
informal de doble proveedor refleja Estados históricamente «delgados», cuenta con mercados altamente excluyentes, y los arreglos familiares, aunque
en particular las mujeres están muy
exigidas.
distingue a cada régimen es el «estadocentrismo» relativo del primero, el
«mercadocentrismo-con-Estado-focalizado» del segundo, y el «familiocentrismo-con-Estados-y-mercados-débiles»
del tercero.
En síntesis, el agrupamiento permite,
primero, ver itinerarios en la inserción
laboral de las mujeres y, segundo, discutir qué factores dan cuenta de las
brechas de género y cómo superarlas.
Esto implica partir de los argumentos
planteados en los artículos para luego descender a un nivel de análisis
menor.
V.
En términos comparativos, puedo hipotetizar que en los países que presentan
un régimen estatal de proveedor único,
los grados de desmercantilización deberían ser mayores que en los restantes
dos regímenes. A su vez, los grados de
desfamiliarización deberían ser mayores que en los restantes regímenes y
muy escasos en el régimen informal de
doble proveedor, régimen en el cual la
familia está absorbiendo el grueso de la
producción del bienestar. Finalmente, en
el régimen liberal de proveedor único, la
desmercantilización se dirige selectivamente a los sectores de menores ingresos, mientras que en el resto de la
población es mínima. En suma, si algo
REMUNERADO: ¿CÓMO VALORAR
EMPÍRICAMENTE LOS GRADOS
DE DESIGUALDAD ENTRE GÉNERO? 4
Dado que nos interesa valorar el desempeño de los mercados laborales para
las mujeres y para la equidad de género, tiene sentido que el eje de valoración sea el de igualdad/desigualdad. Las
académicas feministas concuerdan en
que la igualdad de género constituye un
objetivo necesario —y siempre en movimiento—, para mejorar el bienestar de
las mujeres, aunque no necesariamente
coinciden en cómo definen dicha igualdad. «Hasta ahora las feministas han
asociado la igualdad de género tanto
4
Las consideraciones iniciales que planteo en esta sección están tomadas de Martínez Franzoni y Voorend
(2008).
157
253_08 Aju 15
15/1/09
07:37
Página 158
con diferencia como con igualdad. La
igualdad significa tratar a las mujeres
exactamente igual que a los hombres.
La diferencia significa tratar a las mujeres de manera distinta, en tanto se diferencian de los hombres» (Fraser, 1994:
594). Las partidarias de la diferencia argumentan que las estrategias de igualdad asumen al hombre como la norma;
las partidarias de la igualdad plantean
que las estrategias de diferenciación se
basan en supuestos esencialistas acerca
de la feminidad, y refuerzan así estereotipos que confinan a las mujeres a las divisiones de género existentes (Fraser,
1994).
Frente a ambas visiones, Fraser (1994)
argumenta que la igualdad de género
debe ser identificada con ambos valores,
el de igualdad y el de diferencia, dado
que está constituida por una pluralidad
de principios o estándares normativos,
algunos más asociados al enfoque de la
igualdad, otros al de la diferencia, y
otros ni a uno ni a otro. A partir de esta
noción multidimensional relativa a la
igualdad de género, Fraser elabora cinco principios que permiten valorar los
grados de igualdad en situaciones concretas. Ella desarrolla estos principios
en función de los Estados de bienestar;
nosotros los adaptamos para analizar
la relación entre regímenes de bienestar y órdenes de género, es decir, incluyendo aunque trascendiendo la política
pública. El principal aporte de este estudio es realizar un análisis empírico a
partir de criterios normativos explícitos,
que nos permita identificar similitudes
158
y diferencias en distintos entornos nacionales.
Los principios empleados son cinco: antipobreza, antiexplotación, antimarginación, antidesigualdad y antidesvalorización social, los cuales a partir de Fraser
definimos entornos capaces de crear
condiciones amigables para las mujeres
y para la equidad. Concretamente, se
trata de:
— Entorno de antipobreza, definido
como la capacidad autónoma de las
mujeres para atender sus necesidades materiales básicas.
— Entorno de antiexplotación, definido
en función de la magnitud del trabajo y de las condiciones con que se
cuenta para llevarlo a cabo asociadas, estrictamente, a la condición de
género (por ejemplo, la violencia o el
acoso sexual). Está asociado a las relaciones que tienen lugar en el ámbito doméstico, con empleadores y supervisores en el mercado laboral, y
con servidores públicos en sus relaciones con el Estado.
— Entorno de antimarginación, definido como el grado en que las mujeres
desempeñan tareas «de mujeres»,
sea en el ámbito doméstico como en
el mercado laboral y sea en el Estado
(por ejemplo, la segregación ocupacional).
— Entorno de antidesigualdad, definido en función de tres recursos principales e interrelacionados entre sí: ingresos, ocio y respeto o valoración
social.
253_08 Aju 15
15/1/09
07:37
Página 159
En los ingresos monetarios, alude al
promover salarios iguales para tareas similares, eliminar las menores
remuneraciones del trabajo femenino, y evitar la reducción de los ingresos femeninos, aunque no de los
masculinos, ante la disolución de la
pareja que en el caso de los hombres
suelen duplicarse mientras que en el
de las mujeres tiende a reducirse
(Fraser, 1994).
En los ingresos sociales, alude a la
asignación del gasto público social.
En el uso del tiempo, alude a disponibilidad de tiempo para actividades distintas al trabajo, remunerado
o no.
— Entorno de antidesvalorización social: alude a la eliminación de arreglos sociales, que a pesar de que
puedan prevenir la pobreza y la explotación, cosifiquen, denigren o
trivialicen a las mujeres y las actividades que éstas realizan (Fraser,
1994).
En materia de producción mercantil, Subirats, Alfama y Obradors (2008) plantean que «los obstáculos, precariedades
y exclusiones tienden a acumularse en
ciertos segmentos de población situados en las posiciones menos ventajosas de la estructura social: los pobres,
las mujeres, los jóvenes, los ancianos
(2008: 3).
La pregunta que junto con mi colega
Koen Voorend nos hemos hecho es cómo
valorar empíricamente el grado de encadenamiento o desencadenamiento de las
desigualdades (véase artículo en este
mismo volumen). Para ello, proponemos
la operacionalización que se presenta en
el siguiente cuadro 5. Lo planteo en el marco de la discusión sobre género y empleo,
en tanto pareciera que la afirmación de
Subirats, Alfama y Obradors (2008) se
enriquecería a la luz de la evidencia empírica que permita combinar avances y
retrocesos experimentados por las mujeres en el complejo y particular proceso de inserción laboral. Un instrumento
como el propuesto permite así combinar
las evidencias de avances que nos plantea Pazos (2008), principalmente relacionados con la magnitud de presencia femenina en los mercados laborales y con
los obstáculos, principalmente relacionados con la calidad de dicha inserción.
Un ejercicio similar podría pensarse
para las otras dos dimensiones de la inclusión social que proponen Subirats,
Alfama y Obradors (2008): el espacio de
la ciudadanía y el espacio relacional y
de los vínculos sociales. El punto de
todo el ejercicio es el buscar maneras de
hacer balances en torno a la acumulación o no de las desigualdades sociales,
en este caso, asociadas a las relaciones
entre mercado laboral y género.
5
Esta operacionalización se enfoca sólo en la dimensión de mercantilización. En nuestro trabajo, y siempre con el objetivo de determinar grados de (des)igualdad de género, abarcamos además los grados de
desmercantilización y de desfeminización del bienestar (véase artículo en este mismo volumen).
159
253_08 Aju 15
15/1/09
07:37
Página 160
Dimensiones
de la (des)igualdad
Pobreza
Explotación
Marginación
Desigualdad del
ingreso
Desigualdad en el uso
del tiempo
Desvalorización social
Grados de mercantilización
Subdimensión
Indicador
Acceso a ingresos en el propio país
— Participación en
mercado laboral
— Desempleo
Jornadas y estabilidad de
— Horas trabajadas
condiciones laborales
Prevención y sanción del acoso
— Aún no disponible
sexual en el empleo
estadísticamente
Desagregación ocupacional entre
— Ocupación en sectores
trabajos «masculinos» y
de baja productividad
«femeninos»
— Mujeres gerentes
— Mujeres que trabajan
menos de 30 horas
involuntariamente
Brechas en el ingreso monetario
— Ingreso medio
— Ingreso por hora
según nivel de
calificación
— Ingreso femenino en
ingresos del hogar
No corresponde
No corresponde
Valoración del trabajo y las
capacidades femeninas
— Ingreso entre trabajos
típicamente femenino
y masculino
Fuente: Tomado de Martínez Franzoni y Voorend (2008).
VI.
¿CÓMO MERCANTILIZAR
DESMERCANTILIZADAMENTE?
LA PROPUESTA DE LA RENTA BÁSICA
Rodríguez resume la estrategia de renta
básica y sus posibles efectos para las
condiciones de empleo y la equidad de
género. A diferencia de las transferencias condicionadas que actualmente se
promueven en la región como parte de
la política social de combate a la pobreza, esta renta «alude a un ingreso incon160
dicional a todas las personas (...) que no
requiere ninguna otra condición personal que la de ser ciudadano/a» (Rodríguez, 2008: 1).
En las sociedades capitalistas el intercambio mercantil es el principal aunque
no el único mecanismo de asignación de
recursos. Bajo la primacía del mercado,
todas lo hacen también a través de otros
mecanismos como la familia o la política
pública (Polanyi, 1944). La renta básica
253_08 Aju 15
15/1/09
07:37
Página 161
que discute Rodríguez en el marco de
este foro es transgresora, precisamente,
porque se plantea mercantilizar o aumentar los grados de mercantilización de la
población, mediante una política pública,
es decir, de manera desmercantilizada.
El argumento es, desde mi punto de vista, a la vez retador y convincente. A la
vez, como bien lo señala Rodríguez, la
determinación de efectos de la renta básica en las condiciones de empleo de las
mujeres y la equidad de género, dependerá de la situación del mercado laboral
y de las formas de organización de los
cuidados ya disponibles en cada país.
Por eso, la principal interrogante que
deja planteado el trabajo es cómo descender de nivel de análisis, de uno de carácter normativo, a otro que nos permita
valorar viabilidad y alcances de la renta básica en escenarios concretos. Por
ejemplo, ¿qué podríamos decir si consideráramos países latinoamericanos emblemáticos? Por ejemplo, ¿qué ocurriría
ante mercados laborales altamente asalariados o no; con o sin redes universales
de servicios y de protección social para la
mayoría de la población; y con mayor demanda de cuidados entre menores de 15
años o entre mayores de 65 años?
VII.
¿ES POSIBLE SEPARAR
EMPLEO/TRABAJO REMUNERADO
DE FAMILIAS Y DE POLÍTICA SOCIAL?
Los trabajos previos dejan claro que no
es posible abordar el mercado laboral sin
a la vez considerar la familia y las demandas de cuidados y, por lo tanto, no se puede pensar en el empleo sin incorporar la
división sexual del trabajo dentro y fuera
del mercado laboral. Si las visiones tradiciones sobre el mercado laboral podían
darse el lujo de pensar en un «tipo ideal»
de trabajador sin responsabilidades por
los cuidados familiares, era, precisamente, porque otra persona, su mujer, velaba
por tales responsabilidades mientras el
«trabajador ideal» se enfoca en sus responsabilidades laborales. Cuando esta
división sexual del trabajo se rompe, de
la mano de la creciente reducción de mujeres dedicadas tiempo completo a los
cuidados, el cuidado como demanda social irrumpe creciente y tercamente en la
organización del trabajo remunerado.
Las trayectorias laborales de las mujeres
están doblemente tensionadas: desde la
vida personal y familiar, y desde los mercados laborales. Las ponencias, en particular la de Pazos, documenta resultantes
de la inserción laboral femenina actual:
subempleo, brechas salariales, segregación, entre otros. Sería muy útil que en el
foro se debatieran y distinguieran las
fuentes de las brechas de género en materia de inserción laboral. Pazos da algunos indicios, relativos, por ejemplo, a calificaciones y experiencia laboral, por un
lado, pero también a simple discriminación, por el otro. ¿Cuáles de estas brechas se originan en dinámicas de los
propios mercados laborales? ¿Cuáles se
originan fuera? ¿Es posible hacer estas
distinciones y señalar cuáles fuentes de
brechas afectan más a qué mujeres?
161
253_08 Aju 15
15/1/09
07:37
Página 162
En algunos países, casi todos de los latinoamericanos, la mayoría de la población corresponde a un tipo de situación
que Subirats, Alfama y Obrador caracterizan muy bien: inserción laboral precaria, inestable, con bajos ingresos, sin
protección social, acompañada de redes
familiares y sociales fuertes, y muy frecuentemente ausencia de protección del
Estado incluso en esa «última malla» no
contributiva. Y, por supuesto, todo ello
acompañado de grandes cantidades de
trabajo no remunerado, principalmente
femenino, no sólo en los cuidados sino
también en la producción de bienes y
servicios para el autoconsumo.
Es por ello que recientemente, en un
debate en torno a las políticas llamadas
«conciliatorias» entre vida familiar y laboral en México, líderes feministas se
resistían a usar esos términos (Goldsmith, 2008). En su lugar, plantearon
que antes de hablar de «conciliación»
entre vida familiar y laboral, lo que se
requiere es trabajo decente, propuesta
por la Organización Mundial del Trabajo (OIT): bien remunerado; con protección social, respetando los principios y
derechos fundamentales del trabajo
(no discriminación, no trabajo forzoso,
libertad sindical y negociación colectiva y eliminación del trabajo infantil);
diálogo social y tripartito, es decir, con
participación de los actores (OIT, 2008).
Agregaría yo que, dada la total invisibilidad de los cuidados en la definición
propuesta por la OIT, lo que necesitaríamos es una suerte de «trabajo decente plus».
162
En este debate acerca del trabajo decente, un asunto central es el de las trabajadoras domésticas remuneradas. Pazos
alude a ellas como «colchón» para la
compatibilización entre vida familiar y
laboral. En América Latina este trabajo
tiene un papel absolutamente central
entre mujeres de los sectores medios e
incluso medios-bajos. En América Central, su peso relativo en la población
económicamente activa oscila entre el
12% en Costa Rica y el 18% en Guatemala (CEPAL, 2006). Además, dado que
frecuentemente trabajan en más de un
hogar, la proporción de hogares que
contratan estos servicios y que descansan en ellas parte de su demanda de
cuidados, es aun mayor. Uno de sus
efectos de la estratificación socioeconómica de este tipo de mecanismo de
«conciliación» es la dificultad para construir alianzas políticas que impulsen alternativas de cuidados más colectivas
y fuera del hogar. Otro de los efectos es
la dificultad para mejorar las condiciones laborales de las servidoras domésticas que, en general, mantienen normas —respecto a jornadas laborales,
vacaciones, salarios y otras condiciones salariales— de excepción con respecto al resto de la fuerza de trabajo.
VIII.
SOBRE LAS RECOMENDACIONES
DE POLÍTICA
Los comentarios mencionados me remiten, directamente, al tema de las transformaciones necesarias. Como bien lo
253_08 Aju 15
15/1/09
07:37
Página 163
dice Pazos, «aún (las mujeres) no somos
iguales ante la ley». La pregunta es, creo,
¿cuáles son los retos de igualación ante
la ley en el actual escenario de mercados laborales crecientemente internacionalizados, desregulados, flexibilizados?
Pazos plantea que hay países en los que
el modelo de incorporación de las mujeres al mercado laboral aún no se ha decidido y señala a los países latinoamericanos como ejemplo de estos países
que llama «no configurados». El que los
países no estén «configurados» es cierto desde el punto de vista de la política
pública pero no desde el punto de vista
de los regímenes de relaciones entre
mercados laborales, familias y política
social, es decir, desde el punto de vista
de los regímenes de bienestar. En América Central, por ejemplo, el nuevo modelo económico se basa en fuerza de
trabajo femenina de bajo coste: no ha
habido un ámbito de deliberación democrática a partir del cual la política pública
se plantee explícitamente cómo incorporar a las mujeres. Sin embargo, el trabajo femenino «no calificado» es un pilar
«duro» de la estrategia de crecimiento
económico y en ese sentido, estamos
antes países altamente configurados.
Las estrategias de crecimiento me llevan directamente a un punto plateado
por Subirats, Alfama y Obradors: cómo
actuar sobre los factores que causan la
exclusión. Si bien las respuestas son
muchas, no pueden dejar de considerar
las estrategias de crecimiento económico e inserción internacional. En última
instancia, una relación virtuosa entre
género y empleo/trabajo remunerado,
necesariamente requiere explorar los
márgenes existentes a partir de inserciones internacionales y de fuentes de
generación de divisas que son diversas.
A riesgo de simplificar, pero a modo de
ejemplo, en América Latina estos son
completamente distintos en los grandes
exportadores de materias primas (desde petróleo hasta soja), que en los países principalmente exportadores de
personas (Pérez y Vernengo, 2008).
En todo caso, para maximizar los márgenes de transformación disponibles,
deberíamos plantearnos actuar, simultáneamente desde la producción y las
formas de generación de la riqueza; desde las relaciones laborales y la distribución de los ingresos; y desde la política
fiscal y social y sus efectos en la redistribución. Con relación a estas últimas, Pazos aborda buenos ejemplos de cómo la
política fiscal incentiva o no la inserción
laboral femenina. Por ejemplo, la tributación conjunta hace que una gran proporción del salario femenino se transforme en impuestos, creando así un
desincentivo a la generación de este salario.
Desde la política social, es decir, desde
el gasto antes que desde los ingresos,
hay claramente que avanzar hacia sistemas de protección social que privilegien
criterios de acceso individuales antes
que «derivados» del esposo o cónyuge,
«consistentes en prestaciones y desgravaciones concedidas al trabajador por
163
253_08 Aju 15
15/1/09
07:37
Página 164
“esposa a cargo”» (Pazos, 2008: 4). Para
las mujeres, este acceso es el equivalente a la «última malla» de acceso no contributivo del que hablan Subirats y sus
coautoras. Lo son en tanto sujetos a una
relación de dependencia económica que
es inestable y, por ello, puede terminar,
sino que también usualmente define
una canasta de servicios distinta, menor, a quien ejerce la «titularidad» del
derecho.
Dicho esto, el plantearse eliminarlos,
como argumenta Pazos, es correcto en
términos del largo plazo, pero tendría
efectos muy negativos en el corto plazo,
dado que aumentaría los grados de desprotección. La estrategia no es eliminarlos sino irlos reemplazando y corrigiendo para que reconozca el aporte de
trabajo no remunerado realizado por las
mujeres (en muchos casos, aún por
parte de aquéllas con trabajo remunerado). Por ejemplo, en materia de acceso a
las pensiones por viudedad, está claro
que el acceso no debería ser por dependencia económica sino por el trabajo no
remunerado realizado por las mujeres a
lo largo de la vida laboral de su pareja.
También es claro que en casos de separación o divorcio, la futura pensión por
viudedad no debería perderse, al menos
en el monto equivalente al trabajo no
remunerado por las mujeres. En suma,
se trata de idear maneras de inclusión
a partir de los puntos de partida existentes.
Los documentos considerados aquí plantean recomendaciones de política y lo
164
hacen de manera muy enriquecedora en
el plano de prescripciones u horizontes
a los que las políticas públicas deberían
apuntar. Para complementar este abordaje y descender a un nivel menor de
generalidad sin necesariamente abocarse a casos específicos, es útil ubicar estas recomendaciones en constelaciones
específicas de relaciones entre mercados laborales, políticas sociales y organización del trabajo no remunerado. Sin
hacerlas chalecos de fuerza, estoy convencida de que los retos pueden diferenciarse claramente según el tipo de
régimen de bienestar con el que cuentan los países. Por ejemplo, en los países informal-familiaristas de América
Latina, como El Salvador o Paraguay, la
magnitud de los retos y los márgenes
de acción son muy distintos a países
con Estados y políticas sociales fuertes,
aunque con distinta orientación, como
Chile o Cosa Rica.
Temas muy controvertidos como el del
trabajo a tiempo parcial pueden debatirse más fácilmente en este menor nivel
de análisis. Si bien en principio es un
arreglo laboral que atenta contra la independencia laboral (Pazos, 2008), colocado en este otro nivel adquiere contornos
distintos. Por ejemplo, en países con régimen de bienestar informal-familiarista
la formalización de jornadas laborales
parciales parece muy lejana. Sin embargo, en países con mayor proporción de
trabajo asalariado formal pero con escasa infraestructura social de cuidados, antes que la amenaza a la independencia
económica, la alternativa es entre traba-
253_08 Aju 15
15/1/09
07:37
Página 165
jos de medio tiempo formales o trabajos
de medio tiempo informales. El que, por
ejemplo, pueda cotizarse a la Seguridad
Social representa, subrayo que en este
escenario, un avance.
IX.
ALGUNOS TEMAS PENDIENTES
EN LA CONSTRUCCIÓN
DE ARGUMENTOS
Hay preguntas cuyas respuestas potenciarían las alianzas necesarias para promover transformaciones positivas en la
inserción laboral de las mujeres. Una es
el por qué «la especialización de las mujeres en el trabajo doméstico no es buena para la economía» tal como plantea
Pazos. Otra es por qué la discriminación
laboral no sólo es un problema para las
mujeres sino que afecta negativamente
a la economía y las unidades productivas.
¿Contamos con argumentos y evidencia
contundente para demostrarlo? Pazos
aporta evidencia del rendimiento de las
empresas con mujeres en puestos de dirección y argumenta que son los entornos que realmente premian el mérito
(antes que la mera adscripción a un grupo, como el de los hombres) los que explican que donde hay más mujeres, hay
mejor desempeño económico y laboral.
Para contar con argumentos adecuados
(y deseablemente datos) capaces de convencer de que la desigualdad de género
es un «mal negocio» incluso para quienes no están preocupados con la desigualdad en sí misma, es preciso abordar
al menos tres asuntos más.
El primero alude a los países y a su inversión social y se relaciona con lo que ocurre en materia de inversión en capital humano desperdiciado, precisamente, por
las condiciones de inserción femenina en
los mercados laborales.
El segundo se relaciona con las unidades
productivas y tiene que ver con el ausentismo. Pazos (2008) plantea que se produce una «discriminación estadística»
por la cual, «los empresarios, a falta de
información previa acerca del comportamiento de un candidato/a, se guían por la
información estadística disponible». En
América Latina, antes que discriminación
estadística estamos ante la total falta de
estadísticas y el despliegue de estereotipos de género. De hecho, Abramo y
Todaro (2002) muestran que, dejando a
un lado las licencias por maternidad, el
ausentismo laboral de las mujeres es similar al de los hombres. Además, documentan las autoras, los hombres presentan factores correlacionados con el
ausentismo laboral que las mujeres no
presentan. Por eso, la evidencia no sustenta que el ausentismo laboral justifique
la menor contratación de mujeres.
El tercero tiene que ver, en muchos países de la región, con los costos asociados al financiamiento de la maternidad
en el empleo. Aunque la mayoría de los
países ya no tienen (o nunca tuvieron)
las licencias por maternidad dentro de
sus sistemas de protección social, algunos, como Costa Rica, aún se encuentra
165
253_08 Aju 15
15/1/09
07:37
Página 166
en el ámbito de la Seguridad Social. Además, e independientemente de las licencias propiamente dichas, el tema de lo
que cuesta el «cuidado-dependencia»
es clave para abordar las tensiones entre trabajo remunerado y no remunerado que, lejos de resolverse con las licencias, requiere de una infraestructura
social de los cuidados a lo largo del ciclo
vital de las personas. En esto, y aunque
no sólo, las unidades productivas y en
particular empleadores/as, deben necesariamente participar y aportar preocupaciones pero también soluciones.
Finalmente, en países cuyos Estados
frecuentemente carecen de capacidades
166
técnicas, institucionales y fiscales, parecería relevante contar con argumentos e
instrumentos de política que, a la vez
que reivindican el necesario papel del
Estado en la construcción de la inclusión, se plantean también maneras de
organización colectiva de recursos que
le trascienden.
Se trataría de que, tarde o temprano, los
mercados laborales dejen de usar el
género para fines instrumentales, reproduciendo e incluso ampliando las
desigualdades entre hombres y mujeres
para, en su lugar, «generizarse», es decir, democratizarse, en sus valores, normas, prácticas y representaciones.
253_08 aju 16 biblio
15/1/09
07:37
Página 167
BIBLIOGRAFÍA
ASTELARRA, J. (2005): Veinte años de políticas de igualdad, Madrid, Cátedra.
—(2001): Tiempos, trabajos y género, Barcelona, Universitat de Barcelona.
BARBA, C. (2007): ¿Combatir la pobreza o
construir ciudadanía para todos? América
Latina. Regímenes de bienestar en transición al iniciar el siglo XXI, Guadalajara, Universidad de Guadalajara.
—et al. (1997): Mujeres, trabajos y políticas
sociales: una aproximación al caso español, Madrid, Instituto de la Mujer.
BERNDT, K. y SEIFERT, H. (2005): «Atypical
Employment and Flexisecurity», Management Review, vol. 16, pp. 304-323.
BETTIO, F. et al. (2006): «Change in Care Regimes and Female Migration: the Care Drain
in the Mediterranean», Journal of European
Social Policy, núm. 16(3), pp. 271-285.
BORDERÍAS, C.; CARRASCO, C. y ALEMANY, C.
(1994): Las mujeres y el trabajo: rupturas
conceptuales, Barcelona-Madrid, FUHEMICARIA.
BOSCH, G.; RUBERY, J. y LEHNDORFF, S.
(2007): «Los modelos europeos de empleo, agitados por vientos de cambio», Revista Internacional del Trabajo, vol. 126,
núms. 3-4, pp. 285-314.
BOURDIEU, P. (2000): Propos sur le champ
politique, Lyon, Presses Universitaires.
CARRASQUER, P. (2002): «¿En los límites
de la modernidad?: Trabajo y empleo femenino precario en España», Sistema,
núm. 167, pp. 73-99.
—; MASSÓ, M. y MARTÍN ARTILES, A. (2007):
«Discursos y estrategias en torno a la conciliación de la vida laboral y familiar en la
negociación colectiva», Papers, núm. 83,
pp. 13-36.
—y TORNS, T. (2007): «Cultura de la precariedad: conceptualización, pautas y dimensiones: una aproximación desde la perspectiva de género», Sociedad y Utopía,
núm. 29, pp. 139-156.
—; — et al. (1998): «El trabajo reproductivo»,
Papers, núm. 55, pp. 95-114.
CASTRO GARCÍA, C. y PAZOS MORÁN, M.
(2007): «Permisos de maternidad, paternidad y parentales en Europa: algunos
elementos para el análisis de la situación actual», en María Pazos Morán (ed.),
Economía e igualdad de género: retos de
la hacienda pública en el siglo XXI, Instituto de Estudios Fiscales, 2008. En http://
www.ief.es/ Investigacion/Temas/Genero/Libro_Genero.pdf.
CARDERO, M. E. y AROCHE, F. (2008): «Cambio estructural comandado por apertura
comercial. El caso de la economía mexicana», Estudios Económicos, El Colegio de
México, vol. 23, núm. 2, julio-diciembre.
CATALYST (2008): The Bottom Line. En
www.catalyst.org.
CARRASCO, C. (ed.) (1999): Mujeres y economía. Nuevas perspectivas para viejos y
nuevos problemas, Barcelona, Icaria.
CEBRIÁN ABELLÁN, A. (1992): Marginalidad
de la población gitana española, Murcia,
Universidad de Murcia.
167
15/1/09
07:37
Página 168
Bibliografía
CEPAL (2006): Panorama Social de América
Latina, Santiago de Chile, CEPAL, diciembre.
—(2006): Estudio Económico de América Latina y el Caribe 2004-2006, Santiago de Chile, CEPAL.
—(2007): Panorama Social de América Latina, Santiago de Chile, CEPAL, noviembre.
COHEN, E. y FRANCO, R. (eds.) (2006): Transferencias con corresponsabilidad: una mirada latinoamericana, México, FLACSO.
COLECTIVO IOE (1999): «Inmigrantes, trabajadores, ciudadanos: una visión de las migraciones desde España», Valencia, Universidad de Valencia.
—(2003): «La inserción laboral de las personas
con discapacidades», Barcelona, Fundación La Caixa, Colección Estudios Sociales, núm. 14.
—(2005): «El cuidado de personas mayores
dependientes realizado por ciudadanos inmigrantes en la Comunidad de Madrid»,
en IMSERSO (ed.), Cuidado a la dependencia e inmigración, Madrid, IMSERSO.
—; PEREDA, C.; ACTIS, W. y DE PRADA, M. A.
(2005): «Inmigración y vivienda en España», Madrid, Observatorio Permanente de
la Inmigración del Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales.
EDIS (1998): Las condiciones de vida de la
población pobre de España, Madrid, Fundación FOESSA.
—(2004): Realidad social de las mujeres sin
techo, prostitutas, ex reclusas y drogodependientes en España, Madrid, Instituto
de la Mujer.
168
—(2005): Población gitana y empleo. Un estudio comparado, Madrid, Fundación Secretariado Gitano.
ESPING-ANDERSEN, G. (1990): The Tree
Worlds of Welfare Capitalism, Princeton,
Princeton University Press.
—(2008): «Modelos de sociedad, demografía, economía y políticas públicas: un nuevo contrato de género», en M. Pazos Morán (ed.), Economía e igualdad de género:
retos de la Hacienda Pública en el siglo XXI,
Instituto de Estudios Fiscales. En http://
www.ief.es/Investigacion/Temas/Genero/Li
bro_Genero.pdf.
FELDBERG, R. L. y GLENN, E. N. (1982):
«Male and Female: Job Versus Gender
Models in the Sociology of Work», en R.
Kahn-Hut et al. (eds.), Women and Work:
Problems and Perspectives, Oxford, Oxford University Press.
FILGUEIRA, F. (1998): «El nuevo modelo de
prestaciones sociales en América Latina:
residualismo y ciudadanía estratificada»,
en Brian Roberts (ed.), Ciudadanía y política social, San José, FLACSO/ SSRC.
FRASER, N. (1994): «After the Family Wage:
Gender Equality and the Welfare State»,
Political Theory, vol. 22, núm. 4, noviembre, pp. 591-618.
GARCÍA DE LEÓN, A. (2001): Las académicas
(Profesorado universitario y género), Madrid, Instituto de la Mujer.
GOLDSMITH, M. (2008): Conversación personal, 26 de septiembre, San José, Costa
Rica.
15/1/09
07:37
Página 169
Bibliografía
GÓMEZ BUENO, C. (2001): «Mujeres y trabajo: principales ejes de análisis», Papers
63/64.
gráfico de «Relaciones laborales en España: problemas y retos», Arxius de Ciències
Socials, núm. 18, pp. 9-24.
GÓMEZ GONZÁLEZ, E. (dir.) (2004): «Realidad social de las mujeres sin techo, prostitutas, ex reclusas y drogodependientes
en España», Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Madrid. Disponible en http://
www.mtas.es/mujer/mujeres/estud_Inves/InformeEDIS.pdf.
MARTÍNEZ BUJÁN, R. (2003): La reciente
inmigración latinoamericana en España,
Serie Población y Desarrollo, Santiago de
Chile, CEPAL-ONU.
GOUGH, I. y WOOD, G. (2004): «Introduction», en Ian Gough y Geof Wood (eds.),
Insecurity and Welfare Regimes in Asia,
Africa and Latin America, Cambridge,
Cambridge University Press.
IZQUIERDO, A. et al. (2003): «The Favourites
of the Twenty-First Century: Latin American Immigration in Spain», International
Journal of Migration Studies-Studi Emigrazione, núm. 149, pp. 98-124.
IZQUIERDO, M. J. (2004): El sexismo en la
UAB, UAB.
JEPSEN, M. y SERRANO, A. (2005): «The European Social Model: An Exercise in Deconstruction», Journal of European Social
Policy, vol. 15, núm. 3, pp. 231-245.
—(2005), «El cuidado de ancianos: un vínculo
entre la inmigración y el envejecimiento»,
Panorama Social, núm. 2, pp. 86-97.
—(2008), «The Entry of Female Immigrants
into Personal Home Care Services in
Spain», en H. Fassman, M. Haller y D. Lane
(ed.), Migration and People on Movement
in Europe, Edward Elgar Publising (en
prensa).
MARTÍNEZ FRANZONI, J. (2007): «Regímenes de bienestar en América Latina: consideraciones generales y trayectorias regionales», Revista Centroamericana de Ciencias
Sociales, vol. II, núm. 2.
—(2008): Domesticar la incertidumbre en
América Latina: mercados laborales, política social y familias, San José, Editorial
de la Universidad de Costa Rica.
LAIS, A. (ed.) (2006): Trabajo decente y equidad de género en América Latina, Santiago de Chile, OIT.
MARTÍNEZ VEIGA, U. (1999): Pobreza, segregación y exclusión espacial: la vivienda de
los inmigrantes extranjeros en España,
Barcelona, Icaria.
LO VUOLO, R. (comp.) (1995): Contra la
exclusión. La propuesta del ingreso ciudadano, Buenos Aires, Ciepp-Miño y Dávila.
MARUANI, M.; ROGERAT C. y TORNS, T.
(2000): Las nuevas fronteras de la desigualdad hombres y mujeres en el mercado del trabajo, Barcelona, Icaria.
MARTÍN ARTILES, A. (2008): ¿Modelo social
europeo de bajo coste?, especial mono-
MILOSAVLJEVIC, V. (2007): «Estadísticas
para la equidad de género: magnitudes y
169
15/1/09
07:37
Página 170
Bibliografía
tendencias en América Latina», Cuadernos de la CEPAL, núm. 92, Santiago de
Chile, CEPAL, UNIFEM.
OCDE (2006): «Women and Men in OECD
Countries». En http://www.oecd.org/dataoecd/44/52/37962502.pdf.
MOLYNEUX, M. (2006): «Mothers at the Service of the New Poverty Agenda: Progresa/Oportunidades, Mexico’s Conditional
Transfer Programme», Social Policy & Administration, núm. 40 (4), pp. 425-449.
OIT (2005): Panorama Laboral 2005: América
Latina y el Caribe (Avance primer semestre), Lima, OIT, Oficina Regional para América Latina y el Caribe.
—(2006): Tendencias Mundiales del Empleo.
MORENO, A. (2005): «Empleo de la mujer y
familia en los regímenes de bienestar del
sur de Europa, en una perspectiva comparada», REIS, núm. 112, pp.131-163.
MORENO, L. (ed.) (2002): Pobreza y exclusión: la «malla de seguridad» en España,
Madrid, Instituto de Estudios Sociales
Avanzados, Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
—y SARASA, S. (comps.) (1995): El Estado
de Bienestar en la Europa del Sur, Madrid,
Centro de Estudios Sociales Avanzados,
CSIC.
MUÑOZ, M.; VÁZQUEZ, C. y VÁZQUEZ, J. J.
(1998): Atrapados en la calle: testimonios
de personas sin hogar con problemas de
salud mental, Madrid, Consejería de Sanidad y Servicios Sociales.
—(2008): http://www.ilo.org/global/ About_
the_ILO/Mainpillars/WhatisDecentWork/lan
g-es/index.htm (Acceso 28/09/2008).
OSO, L. (1998): La migración hacia España
de mujeres jefas de hogar, Madrid, Instituto de la Mujer.
PARREÑAS, R. (2001): Servants of Globalization: Woman, Migration and Domestic
Work, California, Stanford University Press.
PAZOS MORÁN, M. (ed.) (2006): «Impuestos
y prestaciones: ¿Cómo tener en cuenta a
las mujeres?», en María Jesús Vara (ed.),
Estudios de Género y Economía, Akal. Una
versión en http://www.ief.es/investigacion/Temas/Genero/Econom%C3%ADa%2
0cr%C3%ADtica% 2006%20def.pdf.
MUÑOZ, S. (2005): La presencia de las mujeres en el empleo irregular (con especial atención a las empleadas de hogar), Madrid, Instituto de la Mujer y MTAS. En http://www.
mtas.es/mujer/mujeres/estud_Inves/Estudio%20irregular.pdf.
—(2008): Economía e igualdad de género: retos de la hacienda pública en el siglo XXI,
Madrid, Instituto de Estudios Fiscales. En
http:// www.ief.es/Investigacion/Temas/Genero/Libro_Genero.pdf.
O’CONNOR, J.; ORLOFF, A. y SHAVER, S.
(1999): States, Markets, Families: Gender,
Liberalism and Social Policy in Australia,
Great Britain and the United States, Cambridge, Cambridge University Press.
PÉREZ, E. y VERNENGO, M. (2008): Back to
the Future: Latin America’s Current Development Strategy. En http://www.networkideas.org/featart/aug2008/fa02_Back2Future.htm (Acceso 27/08/2008).
170
15/1/09
07:37
Página 171
Bibliografía
PÉREZ SÁINZ, J. P. (1999): From the Finca to
the Maquila: Labour and Capitalist Development in Central America, Colorado,
Boulder, Westview Press.
PERRONS, D. (2005): «Gender Mainstreaming and Gender Equality in the New
(market) Economy: an Analisis of Contradictions», Social Policy, núm. 12, pp. 398411.
PFAU-EFFINGER, B. (2004): Development of
Culture, Welfare States and Women’s Employment in Europe, Burlington, Ashgate.
PNUD (2007): Informe sobre desarrollo humano 2007/2008: La lucha contra el cambio climático: solaridad frente un mundo dividido, Nueva York, Programa de
las Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD).
PRIETO, C. y MIGUÉLEZ, F. (1999): Las relaciones de empleo en España, Madrid, Siglo XXI.
ROBEYNS, I. (2000): «Hush Money or Emancipation Fee? A Gender Analysis of Basic
Income», en R. van der Veen y L. Groot
(eds.), Basic Income in the Agenda. Policy
Objectives and Political Chances, Amsterdam, Amsterdam University Press.
RODRÍGUEZ ENRÍQUEZ, C. (2007a): «Basic
Income and Labour Market Conditions:
Insights from Argentina», Basic Income
Studies, núm. 2(1), Art. 9. http:// www.bepress.com/bis/vol2/iss1/art9.
—(2007b): «La propuesta del ingreso ciudadano: Elementos para un nuevo consenso social», en K. Forcinito y V. Basualdo
(coords.), Transformaciones recientes en
la economía argentina. Tendencias y pers-
pectivas, Buenos Aires, Prometeo LibrosUniversidad Nacional de General Sarmiento.
RUBERY, J. et al. (2001): Gender Equality and
the European Employment Strategy. An
Evaluation of the National Action Plans for
Employment, EGGE, European Commission’s Expert Group on Gender and Employment, en http:/www2.umist.ac.uk/management/ewrc/egge/egge/publications/S
ynthesis2001. pdf.
—(2004): «The Ups and Downs of European
Gender Equality Policy», Industrial Relations Journal, vol. 33, núm. 6, pp. 603-628.
—y MAIER, F. (1995): «Equal Opportunity for
Women and Men and the Employement
Policy of the EU – A Critical Review of the
European Union’s approach», Transfer,
vol. 1, núm. 4, pp. 520-532.
SAINSBURY, D. (1999): Gender and Welfare
State Regimes, Oxford, Oxford University
Press.
SARTI, R. (2005): «Who are Servants? The
Answers Given in Different Historical Periods (16th-20th centuries)», en S. Pasleau
e I. Shopping (eds.), Proceedings of the
Servant Project, vol. II, Seminar in Oslo.
SCHEELE, A. (2007): «Gender and the Quality
of Work: An Overview of European and
National Approaches», Transfer: European
Review of Labour and Research, vol. 13,
núm. 4, pp. 595-610.
SCHKOLNIK, M. (2004): «Tensión entre familia y trabajo», en Irma Arriagada y Verónica Aranda (eds.), Cambio de las familias
en el marco de las transformaciones glo171
15/1/09
07:37
Página 172
Bibliografía
bales: necesidad de políticas públicas eficaces, Santiago, CEPAL/FNUAP.
SOJO, C. y PÉREZ SÁINZ, J. P. (2002): «Reinventar lo social en América Latina», en Carlos Sojo (comp.), Desarrollo social en América Latina: temas y desafíos en América
Latina, San José, FLACSO.
SUBIRATS, J. (dir.) (2004): Pobreza y exclusión social. Un análisis de la realidad española y europea, Barcelona, La Caixa. Colección Estudios Sociales, núm. 16.
TEZANOS, J. F. (2002): «Desigualdad y exclusión social en las sociedades tecnológicas», Revista del Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales, Madrid, MTAS, núm. 35,
pp. 35-53.
TORNS, T. (1999): «Las asalariadas: un mercado con género», en C. Prieto y F. Miguélez, Las relaciones de empleo en España,
Madrid, Siglo XXI.
172
—(2007): «El tiempo de trabajo y las relaciones de género: las dificultades de un
cambio ineludible», en C. Prieto (ed.),
Trabajo, género y tiempo social, Madrid,
Editorial Hacer-Editorial Complutense.
—; BORRÁS, V. y CARRASQUER, P. (20032004): «La conciliación de la vida laboral y
familiar: ¿Un horizonte posible?», Sociología del Trabajo, núm. 50, pp. 114-137.
—; —; MORENO, S. y RECIO, C. (2008): «Las
actuaciones sobre el tiempo de trabajo»,
Sociología del Trabajo, núm. 63, pp. 3-25.
WALLERSTEIN, IMMANUEL (1997): Para abrir
las Ciencias Sociales, México, Siglo XXI.
WILLIAMS, F. y GABANAS, A. (2008): «The
Intersection of Childcare Regimes and Migration Regimes: A Three-country Study»,
en Lutz, H. (ed.), Migration and domestic
work, Aldershot, Asghate.
999 FundCarolPresent
15/1/09
07:36
Página 173
PRESENTACIÓN
La Fundación Carolina se constituye en octubre del año 2000 como una institución para la
promoción de las relaciones culturales y la cooperación en materia educativa y científica
entre España y los países de la Comunidad Iberoamericana de Naciones, así como con
otros países con especiales vínculos históricos, culturales o geográficos.
Por su naturaleza, mandato y funciones la Fundación Carolina es una institución única en
el sistema español de cooperación al desarrollo, así como en el marco de la Comunidad
Iberoamericana de Naciones.
ACTIVIDADES
Programa de Formación
Tiene como objeto facilitar la ampliación de estudios en España de titulados universitarios, profesores, investigadores profesionales iberoamericanos, a través de tres modalidades de becas:
– Postgrado
– Doctorado y Estancias Cortas
– Formación Permanente
Se convocan anualmente alrededor de 1.500 becas y ayudas.
Programa de Investigación
Se realiza a través del Centro de Estudios para América Latina y la Cooperación Internacional (CeALCI) mediante investigaciones directas, una convocatoria anual de Ayudas a la
Investigación y el desarrollo de líneas de investigación concertadas con diferentes centros europeos y latinoamericanos. El Programa se articula en torno a cuatro grandes
temas: estudios sobre América Latina, relaciones económicas internacionales, políticas
públicas y calidad de la ayuda al desarrollo.
Programa Internacional de Visitantes
Se dirige a personas y grupos relevantes y con proyección de futuro en sus respectivos
países con el fin de conocer la realidad española y establecer contactos con personalidades e instituciones españolas de su ámbito de interés. Existen programas específicos
como Becas Líder, Líderes Hispanos de Estados Unidos, Jóvenes Políticos Iberoamericanos o Mujeres Líderes Iberoamericanas.
Programa de Responsabilidad Social de las Empresas
Su objetivo es sensibilizar sobre la importancia de establecer mecanismos de concertación en los modelos de gestión e incorporar perspectivas de justicia, igualdad y solidaridad, para contribuir a un desarrollo sostenible desde el punto de vista económico, social
y medioambiental.
15/1/09
07:36
Página 174
PUBLICACIONES
La Fundación Carolina, a través de su Centro de Estudios para América Latina y la Cooperación Internacional (CeALCI), ha iniciado una serie de publicaciones que reflejan las
nuevas orientaciones del centro y sus actividades. La Fundación pretende así servir de
plataforma de difusión de libros que respondan a los criterios de excelencia y relevancia
que definen las actuaciones del CeALCI.
Libros
Los libros son compilaciones de trabajos o monografías, tanto aquellas que hayan sido
elaboradas con apoyo de la Fundación como aquellas otras que por su interés y concurrencia con sus objetivos así se decida. Los criterios de calidad científica de los materiales y de su coincidencia con las prioridades del Centro son por tanto los que determinan
la aceptación de los proyectos. El primer título de esta colección es “Las Cumbres Iberoamericanas (1991-2005). Logros y desafíos”. La obra, elaborada por especialistas españoles e iberoamericanos bajo la coordinación del profesor Celestino del Arenal, recoge
la historia, los logros y el futuro de las Cumbres, y ha sido editada en coedición con
Siglo XXI de España.
Documentos de Trabajo
Bajo la denominación Documentos de Trabajo se publican los informes finales de los
proyectos de investigación así como otros trabajos científicos y/o académicos que se
propongan y se consideren que tienen la suficiente calidad e interés para los objetivos
del Centro.
Con un formato ligero y con carácter divulgativo, son el instrumento que sirve para difundir las investigaciones realizadas y promovidas por el CeALCI, específicamente las
propias investigaciones y las resultantes de las ayudas a la investigación. Además, pueden ser publicados como Documentos de Trabajo todos aquellos estudios que reúnan
unos requisitos de calidad establecidos y un formato determinado, previa aceptación
por el Consejo de Redacción.
Avances de Investigación (Edición electrónica)
Se editan en formato pdf, para su distribución electrónica y su acceso libre desde las
páginas web, aquellos Avances de Investigación que, a juicio del centro y con el visto
bueno del investigador, se considera oportuno con el fin de presentar algunos de los resultados iniciales de las investigaciones para su conocimiento por la comunidad científica, de tal forma que el autor o autores puedan tener reacciones y comentarios a sus trabajos.
Estos Avances permiten también al CeALCI conocer los logros y dificultades en los proyectos de investigación y modificar o reorientar, si fuera necesario, sus objetivos. En
principio se consideran susceptibles de edición electrónica en este formato aquellos
avances de investigación de proyectos que hayan sido objeto de financiación a través de
la Convocatoria de Ayudas a la Investigación, Becas de Estancias Cortas o informes realizados por encargo directo.
15/1/09
07:36
Página 175
15/1/09
07:36
Página 176
15/1/09
07:36
Página 177
15/1/09
07:36
Página 178

documento - Fundación Carolina

Transcripción

Documentos relacionados