observatorio sociolaboral - Fundación Sindical Ateneo 1º Mayo

Transcripción

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sindical de estud
LA CONSTRUCCION DE LA
SUMARIO
OPINION
3
■ Francisco García
Movilización en la enseñanza y derecho
a la educación
INDICADORES
Y EL MOVIMIENTO SINDICAL
ntre el 10 y el 13 de junio, 450 millones de ciudadanos europeos están llamados a las urnas para elegir a los 732 eurodiputados que constituirán el Parlamento Europeo.
E
4
■ Jaime Cedrún López y
Fernando Sánchez Martín
CC.OO. y UGT consideran que los Presupuestos de la Comunidad de Madrid
para el 2004 no se corresponden con
las necesidades socioeconómicas de la
región
TENDENCIAS
UNION EUROPEA
9
■ Mª José Romero Rodenas
Concepto de acoso moral y diferenciación de figuras afines
La ampliación, que se produjo en el mes de abril, con la incorporación de 10 de los antiguos países del Este, tienen repercusiones no solo en el numero de parlamentarios a elegir, (de
los 626 actuales se pasa a 732), produciendo, además de la
evidente ampliación, una reordenación de los correspondientes a cada
país, como consecuencia de la ampliación, con 75 millones de nuevos
votantes. En nuestro país esta am- Si tenemos la mispliación se traduce en una limitación ma moneda, si las
de los mismos, ya que España pasa grandes líneas de la
de los 64 europarlamentarios actua- política económica
les a 54.
son comunes, tamEsta quinta ampliación de la Unión bién hay que tenEuropea va a suponer modificacio- der, de manera
nes importantes, no solo en la com- tranquila, pero imposición del Parlamento, sino porque parable, a homogela incorporación de diez nuevos paíneizar las condicioses, con 75 millones de habitantes,
con unas determinadas característi- nes laborales y en
cas, tanto económicas, como socia- materia de dereles y laborales, va a influir de forma chos sociales, y padeterminante en la vida de toda la ra esto es necesaUnión Europea. La ampliación de la rio caminar en la
Unión Europea la hemos de concebir,
senda de un verdatambién, como un factor determinante frente a la exclusión y por la solida- dero espacio de negociación y de diáridad.
logo social en el
Es importante que estas incorpora- marco europeo.
ciones refuercen el modelo social europeo, ya que este es la base necesaria para el propio desarrollo económico, absolutamente
compatible con un alto nivel de protección social, con derechos sociales normativos, con una negociación colectiva libre
y con servicios públicos eficientes. Para contribuir a lograr esto, hoy más que nunca, es necesario un movimiento sindical
fuerte, coordinado, europeo.
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Para el sindicalismo europeo, la Europa social y el pleno empleo, de calidad, seguro y con derechos, son condiciones necesarias de la Europa social. Es deseable que el objetivo del
pleno empleo se convierta en el objetivo central de la política
macroeconómica, y para ello es necesario que el mo◗◗◗
EDITORIAL
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2■
vimiento sindical juegue un papel protagonista y de primer
orden.
La construcción europea, es una vieja reivindicación del
movimiento sindical europeo y por ello la Confederación
Europea de Sindicatos reivindica una Constitución Europea que camine hacia la construcción de una economía
social de mercado, construida sobre valores de paz, libertad, democracia, respeto a los derechos fundamentales,
igualdad de oportunidades, desarrollo sostenible, solidaridad, justicia social, pleno empleo y trabajo de calidad,
cohesión social y territorial, la Seguridad Social y la prosperidad. En definitiva, una Europa basada en el desarrollo
pleno del concepto de ciudadanía europea.
ponsabilidad y tiene que poner en juego su enorme fuerza
y capacidad representativa, asumiendo la responsabilidad de representar los intereses generales de los trabajadores y trabajadoras europeos.
Es necesario que el sindicalismo europeo apueste de manera clara y decidida por avanzar organizativa y estratégicamente en las respuestas necesarias y articulando la intervención suficiente para gobernar los cambios, su simultaneidad, y el tiempo en que éstos evolucionan, se
modifican y transforman. El sindicalismo tiene que estar
organizado atendiendo también a las estrategias empresariales, a su nivel de organización, no sólo a los espacios
contractuales definidos, sino también a los que están por
crear.
En el caso de nuestro país, es evidente que
existen fuertes resistencias a aceptar estos
espacios, y no sólo desde ámbitos empresariales, también desde distintas patronales, e incluso Gobiernos, que como el anterior del PP, han trabajado en dirección
opuesta, intentando atomizar más los ámbitos de contratación en la perspectiva de
una mayor desregulación e individualización de las relaciones laborales.
A esta oposición política hay, que añadir la
realidad de los datos que hablan de que antes de las ultimas incorporaciones, nuestro
país había vivido un alejamiento de 7.2 puntos del PIB, unos 7 billones de pesetas, con
respecto al gasto social europeo.
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La construcción europea, es una vieja reivindicación del movimiento sindical europeo y por ello la Confederación Europea de Sindicatos
reivindica una Constitución Europea que camine hacia la construcción
de una economía social de mercado, construida sobre valores de paz, libertad, democracia, respeto a los derechos fundamentales, igualdad de
oportunidades, desarrollo sostenible, solidaridad, justicia social, pleno
empleo y trabajo de calidad, cohesión social y territorial, la Seguridad
Social y la prosperidad. En definitiva, una Europa basada en el desarrollo
pleno del concepto de ciudadanía europea.
Porque el modelo social europeo, el que empezó a gestarse después de la II Guerra Mundial, permite hacer compatible un desarrollo económico importante con un alto nivel de protección social, con derechos sociales normativos, con una negociación colectiva libre y con servicios
públicos eficaces.
Es evidente que la ampliación de la Unión Europea supone la tentación para muchas empresas, incluso es posible
que para algún gobierno, de practicar “dumping social”,
de ejercer una política de deslocalización de empresas en
busca de paraísos de bajos salarios y escasos derechos
laborales, pero es evidente que esto seria un fracaso en el
corto plazo de lo que debe ser la Unión Europea, y en este aspecto el movimiento sindical también tiene su res-
Mientras que se había logrado una convergencia en los indicadores económicos, se
había producido un aumento de divergencia en protección social, afectando a la calidad de las prestaciones y dificultando
grandemente la incorporación de nuevas.
El incremento de esas diferencias viene explicado fundamentalmente por las escasas
aportaciones del Estado con la excusa de
las distintas rebajas fiscales, evidenciando,
una vez más, la relación entre impuestos y
gastos sociales, que, por cierto, en nuestro
país, los ingresos por cotizaciones sí que
alcanzan la media europea.
La construcción imparable de la Unión Europea no puede hacerse al margen de un
movimiento sindical fuerte, capaz de afrontar el proceso
de construcción de una Europa social, y la globalización.
Porque si tenemos la misma moneda, si las grandes líneas de la política económica son comunes, también hay
que tender, de manera tranquila, pero imparable, a homogeneizar las condiciones laborales y en materia de derechos sociales, y para esto es necesario caminar en la senda de un verdadero espacio de negociación y de diálogo
social en el marco europeo.
En los próximos meses verá la luz la Constitución Europea, que debe ser conocida y debatida por la ciudadanía,
solo así es posible que la construcción europea sea sentida como un avance por los ciudadanos y ciudadanas de
este país. ■
Movilización en la enseñanza y derecho
a la educación
bierno de Esperanza Aguirre no
na las causas fundamentales de
cree en la escuela pública ni tampola huelga y movilización en la educo tiene intención de disimularlo.
cación madrileña, que se hizo extensiva a las seis Universidades públicas de
Los sindicatos y las organizaciones
nuestra comunidad, tiene que ver con
progresistas de la enseñanza helos presupuestos educativos para el
mos ido también a la huelga ante la
presente año, ya que la educación
imposibilidad de negociar un nuevo
–que pasa por ser uno de los dereacuerdo educativo que rescate a los
chos fundamentales de los ciudadacolegios e institutos públicos madrinos– se ha situado en un discreto sépleños y a sus profesionales de su actimo lugar en el crecimiento del gasto,
tual situación de desamparo. Hasta
pasando del 27,2% al 26,28 %, y rela fecha el señor Peral, Consejero de
duciéndose casi un punto. Y si hablaEducación, no ha dado ninguna
mos de la Universidad vemos que el
muestra de querer sentarse a dialogasto público en enseñanza superior
gar con los sindicatos y evaluar las
crece menos que en los años 2002 y
prioridades, con un análisis serio de
2003, por lo que tenemos que concluir
nuestra realidad. Es más, corremos
que el capítulo de educación no se enel grave riesgo de que desde que se transfirieron
cuentra entre las prioridades del Gobierno de
las competencias en materia educativa se
nuestra región.
rompa el diálogo por la falta de sensibiliLos sindicatos y las orEl éxito de esta movilización en contra la ganizaciones progresistas de dad a la hora de sentarse a debatir.
política educativa del Gobierno regional
la enseñanza hemos ido a la huelEl equipo del señor Peral si se dedica,
nos demuestra que los sindicatos y las
ga
ante la imposibilidad de nego- sin embargo, ha fomentar la incultura y
organizaciones progresistas de la enseñanza nos hayamos en el buen caciar un nuevo acuerdo educativo la exclusión escolar. Tal es el caso de
mino, pero también tememos que es- que rescate a los centros públicos la viceconsejera de Educación, Carto sea solo el comienzo de un otoño ca- madrileños y a sus profesionales men González, quién se ha hecho declaraciones del estilo de “el que ha cruliente y de una larga lucha que tendrá su
de su actual situación de dezado en patera no ha venido a estudiar 3º
continuación el próximo curso escolar.
samparo.
de ESO, y yo lo que tengo que hacer es proporcionarle una salida lo más directa al mercaNuestra denuncia es que los dirigentes del PP
do laboral”, o sobre los niños gitanos que, a su juiescoran sospechosamente un presupuesto, ya de
cio, lo que quieren “es ir con su padre con la fregoneta al
por sí regresivo, hacia la financiación de la enseñanza privada, dedicándose a retribuir nuevas aulas concertadas,
mercado a vender fruta”. La señora González no solo no
costeando con el dinero de todos y mediante chequesha dimitido por estas manifestaciones racistas y xenóbobeca la llamada educación preescolar, lo que hace todafas –según ella “desafortunadas”–, sino que el PP ha cevía más profunda la brecha entre la pública y la privada; y
rrado filas en torno a ella y el consejero Peral se ha permieso lo demuestra el incremento de 10.000 ayudas en estido el lujo de echarla un capote aduciendo que es “una esta etapa, cuando existen al menos unas 19.000 peticiones
pléndida profesional”. En manos de estos “profesionales”
de escuela infantil pública por parte de las familias madriestá la educación madrileña.
leñas. La previsión de 686 nuevas unidades concertadas
en las diferentes etapas ahonda más si cabe en el problePara rematar la faena, la señora Aguirre ha sido la primera
ma e impide a unos 4.000 alumnos de nuestra región curen atrincherarse y abanderar a las Comunidades Autónosar los estudios de su elección en la enseñanza pública
mas del PP en contra de la paralización del calendario de
por falta de plazas.
implantación de la Ley de Calidad, aprobado el pasado 28
de mayo por el Gobierno socialista. Bajo el endeble arguPara colmo, se produce un frenazo en la inversión en
mento de que un real decreto no puede paralizar una ley
construcciones de centros públicos: 12 escuelas infantiorgánica los populares han anunciado que recurrirán diles, que acogerán a cerca de 1.000 niños, algo irrisorio y a
cha norma ante el Tribunal Supremo. Por su parte, la pretodas luces insuficiente; si hablamos de colegios de infansidenta de la CM también ha señalado que permitirá, entil y primaria la previsión es construir nueve, siete menos
tre otras medidas, implantar los itinerarios en los centros
que el curso anterior, mientras que las obras de ampliaeducativos madrileños. Todo un despropósito que, adeción en los colegios en estos niveles contemplan 390 acmás de perjudicar claramente a nuestros alumnos, es la
tuaciones, 56 menos que el año pasado. Se trata de cifras
prueba definitiva de la manifiesta irresponsabilidad del Godemoledoras y la demostración palpable de que el Gobierno que sufrimos en Madrid. ■
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Secretario general de la Federación Regional de Enseñanza de Madrid
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■ Francisco García
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■ DESDE EL MIRADOR
PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2004
Los sindicatos consideran que no se
corresponden con las necesidades de la región
■ Jaime Cedrún López y Fernando Sánchez Martín
4■
Portavoces de CC.OO. y UGT en el Consejo Económico y Social
(Los representantes de CC.OO. y UGT en el CES han expresado, por medio de un voto particular del Grupo Sindical, su opinión sobre los criterios y líneas generales del proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para el año 2004, recientemente aprobados)
participación, y en particular a la de los sindicatos y asociaciones empresariales en la “defensa y promoción de los
intereses económicos que les son propios”. Cabe esperar
que en el próximo presupuesto que se elaborará en sus
tiempos y periodos ordinarios, se produzca tal supuesto.
C.OO: y UGT de Madrid, quiere poner de manifiesto
su más absoluto desacuerdo y consecuentemente
su voto negativo al informe 04/2004 sobre los criterios y líneas generales del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para el año 2004, por
considerar que dicho informe no se ajusta ni recoge las
propuestas y valoraciones que desde este Grupo se han
transmitido en las reuniones mantenidas. Un informe
complaciente con la propuesta presupuestaria, acrítico
con sus objetivos, de claro contenido continuista con el
ideario político del Ejecutivo Regional, donde la exaltación
al sector privado y a la deriva privatizadora supera, incluso, al propio Gobierno, como así lo manifiestan algunas
de las recomendaciones efectuadas.
C
Los ingresos fiscales corresponden a los tres primeros
capítulos del presupuesto, donde se recogen todos los
ingresos por tributos, impuestos y tasas, que se ingresan
en la Comunidad de Madrid. Representan el 89% del total
del presupuesto y dan muestras de la alta capacidad recaudatoria que tiene nuestra región. Sin embargo, esta
capacidad recaudatoria no se ha utilizado para equilibrar
el sistema fiscal de nuestra región. La deriva regresiva en
el ámbito fiscal en los últimos años en la Comunidad de
Madrid es evidente. El sistema de financiación de las CoPuesto que en el año 2004 van a convivir en la Comunidad
munidades Autónomas ha dado capacidad normativa y
de Madrid dos períodos presupuestarios, cuyo proyecto
de gestión en materia tributaria, no solo en los impuestos
se informa, y a pesar de que su ejecución se vería limitapropios sino también en los impuestos cedidos. Esta cada a un período de siete meses, hubiera sido necesario
pacidad se podría haber utilizado para realizar una ordeque se reflejase en los mismos, aunque fuese en su plannación de los tributos, donde se prime el interés
teamiento inicial, todos los compromisos adquirigeneral, a través de criterios de equidad, prodos por el Gobierno regional, fundamentalgresividad, igualdad y distribución de la
mente en materia de sanidad, vivienda,
Unas políticas de gastos
carga tributaria. Sin embargo esta posieducación…, de cara a su consolidaque no alcanzan para cubrir las
bilidad se ha perdido un año más. No
ción en los sucesivos ejercicios.
necesidades en materia sanitaria, hay ninguna medida que contribuya a
En este sentido, UGT y CC.OO. con- ni educativa, ni de atención a mayo- lo comentado anteriormente , muy al
sideran que los Presupuestos de la res. Casi inexistentes en políticas de contrario, las modificaciones normativas planteadas ahondan en la situaComunidad de Madrid para el año
igualdad o de vivienda. Un presupuesción de menor equidad tributaria.
2004 presentados por el nuevo Gobierno no se corresponden con las to que se olvida del sector industrial.
necesidades socioeconómicas de la Y un presupuesto que deteriora al Parece evidente que la prioridad del
sector público en beneficio
Gobierno Regional en política de ingreregión. Una estructura de gasto poco
sos es el incremento de la imposición por
equilibrada entre las diferentes acciones
del sector privado.
la vía de los impuestos indirectos, coincidienpolíticas de los programas e insuficiente pado plenamente con lo decidido por los gobiernos
ra hacer frente a los problemas de nuestra Coanteriores. En sentido positivo, cabe señalar la congelamunidad. Unas políticas de gastos que no alcanzan para
ción del impuesto indirecto sobre los hidrocarburos, el cocubrir las necesidades en materia sanitaria, ni educativa,
nocido como “céntimo sanitario”, aunque sería más posini de atención a mayores. Casi inexistentes en políticas de
tiva su eliminación total.
igualdad o de vivienda. Un presupuesto que se olvida del
sector industrial. Y un presupuesto que deteriora al sector
El total del capítulo de Impuestos Indirectos alcanza la cipúblico en beneficio del sector privado.
fra de 7.104 millones de euros, lo que representa el 51.3%
del total del presupuesto. Este capítulo gana peso con
CC.OO. y UGT reclaman al nuevo Gobierno Regional una
respecto al presupuesto del año anterior, cuando la partiactitud diferente en la elaboración de los presupuestos.
cipación en el conjunto del presupuesto era de un 48.3%.
Es necesario propiciar una amplia participación de los
agentes económicos y sociales, dada la trascendencia de
El incremento de este capitulo supone un 17.4%
esta ley y el papel que concede nuestra Constitución a la
◗◗◗
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Por otro lado, el fuerte incremento previsto en la recaudación del Impuesto sobre el Valor Añadido. Este año se pretende alcanzar el volumen de 2.513 millones de euros, lo
que supone un crecimiento con respecto al año anterior
de un 15.4%, es decir un tercio del aumento previsto para
este año. Hay que mencionar el peligro que supone hacer
previsiones demasiado optimistas, que pueden mermar
de forma considerable los ingresos de los presupuestos,
poniendo en peligro algunos de los gastos previstos para
este ejercicio. Este es el caso de este impuesto, que tiene
una relación directa con la situación económica de las
economías domesticas. Como ya hemos comentado en
alguna ocasión, y en el mismo sentido que otras instituciones, el fuerte endeudamiento de las familias puede generar una situación muy complicada que tendría repercusiones en el ámbito económico. Cualquier subida de tipos
de interés pondría en peligro a muchas de estas familias
que no podrían hacer frente a las deudas contraídas.
El sistema productivo es el gran ausente de estos presupuestos. En la Comunidad de Madrid, la incidencia de la
alta inflación, la menor creación de empleo y el más bajo
crecimiento ya se están evidenciando en los sectores industriales y de servicios, perjudicando al tejido productivo
y al empleo, como ya se ha venido observando en los últimos meses con el fenómeno cada vez más creciente de la
deslocalización de empresas y destrucción del empleo industrial.
UGT y CC.OO. consideran que el cuadro macroeconómico que proponen estos presupuestos parece excesivamente optimista, tal y como afirman múltiples instituciones. Igualmente señalar que la aplicación del principio de
estabilidad, obliga a mantener el capítulo de inversiones
en un perfil bajo y a recurrir a un nuevo endeudamiento de
sus Entes y Empresas Públicas, como sucede con MINTRA para los nuevos kilómetros del Metro.
CC.OO. y UGT afirman que estos presupuestos siguen
apostando por la gestión de entidades privadas en detrimento de la gestión pública. Crecen las políticas orientadas a transferir al sector privado recursos para la atención
de servicios y se reduce el peso del sector público. Así, los
capítulos de gastos y de transferencias corrientes, capítulos 2 y 4, incrementan sus cantidades en un 9,6% y un
7,6%, respectivamente, y lo hacen por el crecimiento de
las partidas dedicadas al sector privado. La externalización de los servicios es una de las características más significativas de este presupuesto. Los capítulos destinados
a la realización de trabajos por terceros y las subvenciones
suponen casi la mitad del presupuesto total de gastos, sin
el capítulo 1, de la Comunidad de Madrid, lo que pone de
manifiesto el grave proceso de desmantelamiento del
sector público y la tendencia hacia la privatización del mismo.
La inversión no recupera el peso relativo que perdió en el
ejercicio anterior, manteniéndose en el 13% del total del
presupuesto. Estos presupuestos lejos de reforzar el sector público, suponen el peor año inversor desde que gobierna el PP. No se ha tenido en cuenta lo expresado por
el CES en su Informe a los Presupuestos del 2002, “este
consejo considera que se debería potenciar la inversión en
gastos de capital, incrementando el porcentaje destinado
a los mismos, como una garantía para la reactivación de la
La I+D+i continúa como una mera serie de ini❛❛
ciativas descoordinadas y mal financiadas. Con este presupuesto y con la trayectoria histórica de ejecución parcial del mismo, lejos de alcanzar en la Comunidad de Madrid en el año 2015 un gasto del 3%
del PIB, tal y como recomienda la Unión Europea, se
continuará perdiendo peso en materia de gasto destinado a I+D+i en relación con las regiones más desarrolladas en Europa y respecto a las del resto del
territorio español.
La Consejería de Economía que articula las políticas que
se desarrollan en este campo, reduce su presupuesto en
un 4,8%, siendo significativas las caídas de un 13,4% en
inversión y de un 3,2% en transferencias de capital. Se debilita el sector empresarial público, las Empresas Públicas
y los Entes Públicos no recuperan el peso perdido en el
presupuesto anterior y siguen cargando con la mitad de la
deuda.
La I+D+i continúa como una mera serie de iniciativas descoordinadas y mal financiadas. Con este presupuesto y
con la trayectoria histórica de ejecución parcial del
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economía en un marco de incertidumbre”. El presupuesto del 2004 sigue apostando por un nivel alto de las operaciones corrientes, 83% del total, desequilibrando con
ello el presupuesto e incorporando serios riesgos de hipotecar los presupuestos futuros.
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con relación al 2003. Este desmesurado crecimiento en la
recaudación indirecta se debe a dos motivos. Por un lado,
todos aquellos impuestos que tienen una relación directa
con actividades inmobiliarias incrementan la previsión de
recaudación de forma muy importante. Así por ejemplo el
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y el Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados, se incrementan
un 14.5% y un 46.1% respectivamente. Este crecimiento
tiene como factor determinante el desmesurado crecimiento sostenido del mercado inmobiliario.
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mismo, lejos de alcanzar en la Comunidad de Madrid en el
año 2015 un gasto del 3% del PIB, tal y como recomienda
la Unión Europea, se continuará perdiendo peso en materia de gasto destinado a I+D+i en relación con las regiones
más desarrolladas en Europa y respecto a las del resto del
territorio español.
Del análisis de los programas y subprogramas, sin conexión y sin objetivos comunes identificados, se desprende
que la tradicional ausencia de políticas dirigida al sistema
productivo se mantiene en este ejercicio. Las inversiones
reales en el programa de Industria caen a la mitad, des-
produce en Transportes e Infraestructuras que crece un
32%. Consta de nuevos planes de carreteras, y sobre todo, de más Metro, 70 Km, 81 estaciones y 5 intercambiadores. No obstante, queda sin dilucidar la financiación de
estas infraestructuras – excepto Metro que se adjudica a
MINTRA- con el resultado de la deuda hipotecaria presupuestaria por un lado y, por otro, la contribución de muchas de estas infraestructuras viarias a un modelo desequilibrado de desarrollo que produce caos urbanístico y
especulación, así como la dispersión de emplazamientos
industriales, residenciales y de ocio, con el consiguiente
aumento de las necesidades de movilidad.
Las partidas dedicadas al empleo crecen un 2% en términos reales, por debajo del esperado crecimiento de la economía regional. Representan en la distribución del presupuesto por Consejerías, un 3,5% sobre el total del gasto,
que es realmente insuficiente para afrontar políticas activas de empleo que acaben con la temporalidad y con la
precariedad, y que permitan el normal desarrollo de proyectos de vida, más acuciantes en los casos de los jóvenes y las mujeres. El presupuesto del Servicio Público Regional de Empleo evidencia un injustificable escaso crecimiento, si es que se quiere abordar el objetivo del pleno
empleo, y ha contado con la oposición de los sindicatos.
Mención especial merece el presupuesto del Instituto Regional Seguridad y Salud en el Trabajo que no sólo no ha
contado con la participación sindical, sino que incorpora
un descenso en las partidas dedicadas al Plan Director,
uno de los escasos acuerdos vigentes.
El principal aumento presupuestario y conse❛❛
cuentemente la prioridad más sobresaliente del
nuevo gobierno se produce en Transportes e Infraestructuras que crece un 32%. Consta de nuevos
planes de carreteras, y sobre todo, de más Metro, 70
Km, 81 estaciones y 5 intercambiadores. No obstante, queda sin dilucidar la financiación de estas infraestructuras.
cendiendo también el gasto total, con un efecto directo
sobre las ayudas y subvenciones al desarrollo. Se reducen
las cantidades destinadas a los planes municipales de
ahorro y eficiencia energética, las subvenciones para
energías renovables en las empresas siguen siendo irrisorias, y no se impulsa el Centro Regional para el Ahorro y la
Eficiencia Energética.
Llama poderosamente la atención, la falta de una decidida apuesta por la implementación de la ley IPPC (prevención y control integrado de la contaminación) que obliga a
la adaptación de los procesos productivos para la reducción de la contaminación y que varios centenares de empresas madrileñas van a tener que cumplir antes del 2007.
El principal aumento presupuestario y consecuentemente la prioridad más sobresaliente del nuevo gobierno se
El presupuesto total de la Consejería de Sanidad y Consumo para el 2004 es de 5.052,4 millones, con un incremento real del 7.2%. Un presupuesto insuficiente que según cálculos del grupo sindical, alcanza en el año 2004 el
montante que hubiera sido necesario en la fecha del traspaso. Y esto lo hace, con un gasto farmacéutico disparado que se lleva, el sólo, más de la cuarta parte del incremento previsto para este año.
No se observan mejoras en cuanto a la atención primaria,
especializada o atención psiquiátrica y salud mental. Así
en esta última, a pesar de convertirse en prestación obligatoria en el 2003 al entrar en vigor la nueva Ley de Coordinación Sanitaria, se reduce el presupuesto en un 7,5%
respecto al año anterior.
Los capítulos de inversiones y transferencias de capital del
gasto sanitario, se reducen respecto al ejercicio anterior y
apenas suponen el 4% del total del mismo, afectando negativamente a las nuevas construcciones tanto en primaria como en especializada. En estas partidas no aparece
el esfuerzo para los nuevos hospitales.
En atención primaria, se establece un número de consultas menor que el previsto en el 2003 y el práctico estancamiento del tiempo medio de consulta, al proponer una mejora de 12s tanto en medicina general como en pediatría.
En ambos casos se calculan unos tiempos medios de
consulta de 6,8m y 9.4m, respectivamente, alejados de
los 10m y 15m que serían necesarios.
En atención especializada, el número de pacientes en listas de espera es de 277.000 en lista de espera de consulta, 97.800 en pruebas de diagnóstico y 60.000 en lista de
espera quirúrgica, según los últimos datos dispo-
◗◗◗
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El presupuesto dedicado a la Enseñanza Universitaria y a
la Investigación crece un 2,5%, un aumento insuficiente a
todas luces, que choca tanto con las nuevas necesidades
de nuestras universidades como con el objetivo de avanzar en el gasto en I+D.
Se produce un incremento del 5,9% en Justicia e Interior,
aunque su peso supone sólo un 2,9% sobre el total. Se
mejoran la informatización y las infraestructuras pero no se
incrementa significativamente la inversión destinada a
mejorar los Juzgados de 1ª Instancia, la aplicación de la
Ley Penal del menor o para nuevas secciones de lo civil y
lo social.
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Se incorpora un programa nuevo dirigido a reducir las listas de espera quirúrgicas. Su dotación es de 50 millones,
y más de la mitad del presupuesto del mismo se destinan
a contratar con el sector privado. Una partida que además
de descubrir los afanes privatizadores del nuevo gobierno,
puede ser un gasto inútil sino se ve acompañado, tal y como demuestran los datos anteriores, de una mejora de la
oferta sanitaria que impida las propias listas.
INDICADORES
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nibles a principios de año 2004. La Consejería se marca
unos objetivos en el presupuesto para el año 2004 que
mantiene el actual número de camas hospitalarias en funcionamiento, no varía ni el número de intervenciones ni el
número total de consultas previstas respecto al 2003.
■7
La política sanitaria del Gobierno Regional apuesta por los
medios ajenos para la prestación sanitaria. Así, la mayor
parte del gasto, sin contar el capítulo 1, del programa de
salud mental y el 13,7 % en la especializada se concierta
con establecimientos privados. Asimismo, se dispara el
gasto farmacéutico, alcanzando más del 90% (sin capítulo 1) en la atención primaria y el 20% en la especializada.
El Plan de Calidad sigue sin ser la respuesta. Sólo tiene repercusión en el capítulo 1 como consecuencia de la homologación. Estos presupuestos confirman el fracaso del
mismo. La escasa representación social de las organizaciones firmantes y la ausencia de objetivos concretos
acompañados de sus correspondientes partidas presupuestarias, así como el escaso rigor que parece desprenderse en el seguimiento de su cumplimiento están en el
origen de este escaso respeto al Plan por parte de la Consejería de Sanidad.
UGT y CC.OO. quieren hacer especial mención a la política educativa contemplada en estos presupuestos. La
Consejería dispondrá de una partida de 3.703,4 millones,
un 3,5% más que el año anterior. Un incremento que deja
las cosas como están, manifestando la ausencia de prioridades educativas en el nuevo Gobierno Regional.
La generalización de los conciertos con centros escolares
privados para el tramo de 3-6 años de Educación Infantil
y las subvenciones en forma de becas a las familias para
que matriculen a sus hijos de 0-3 años en guarderías privadas, junto al escaso esfuerzo inversor en la construcción de Escuelas Públicas de Educación Infantil son los
aspectos más señaladas de este presupuesto. Se propone un incremento en este nivel de +455 nuevas unidades
concertadas y 10.000 becas, respectivamente. En total
se conciertan 686 nuevas unidades y el gasto en conciertos crece un 18% en términos reales, muy por encima de
lo que crece el gasto educativo y las partidas de la enseñanza pública. Así, el capítulo inversor apenas crece, limitándose a cubrir el aumento de los costes, reduciendo a
su vez el número de actuaciones.
El programa correspondiente al Acuerdo Educativo queda reducido al 15% de su cuantía, destinándose a escuelas bilingües y centros integrados de FP. El Gobierno Regional da al traste -con esta decisión- con su compromiso
de renovar el Acuerdo Educativo y opta por reforzar la privatización de la enseñanza madrileña y romper con la
práctica del diálogo y el consenso con los agentes sociales que ha caracterizado a nuestra Región en los últimos
cinco años en materia educativa.
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El programa correspondiente al Acuerdo Educativo
queda reducido al 15% de su cuantía, destinándose a escuelas bilingües y centros integrados de FP. El Gobierno
Regional da al traste -con esta decisión- con su compromiso de renovar el Acuerdo Educativo y opta por reforzar la
privatización de la enseñanza madrileña.
CC.OO. y UGT quieren llamar la atención sobre la inexistente política de vivienda. Ante la extremada gravedad del
problema, el Gobierno Regional propone que el IVIMA
construya 1.487 (2000 el año pasado) viviendas nuevas,
se eleva la cifra de cheques vivienda a más de 3.117 (2000
en el anterior ejercicio) y se calcula que el Plan vigente
aborde la promoción de 3.844 viviendas. Por otra parte,
se incrementan las transferencias al IRIS y se aumentan en
un 9% las partidas dedicadas a ayudas y subvenciones, si
bien muchas de ellas se corresponden con el pago de
atrasos. Todo ello, conforma un paquete de medidas deslavazadas cuyos resultados inoperantes son de sobra conocidos.
UGT y CC.OO. de Madrid, lamenta que el Ejecutivo Regional, no sólo no apueste por la vivienda protegida, por la
vivienda en alquiler, sino que demuestre con su re◗◗◗
INDICADORES
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nuncia, las necesarias partidas presupuestarias que palien el déficit que arrastra la Comunidad Madrileña en materia de política pública de vivienda, ignorando con esta
ausencia premeditada, la imperiosa necesidad de una
verdadera política de vivienda que demandan todos los
ciudadanos y ciudadanas madrileños. Desaprovechando
nuevamente la oportunidad de acometer autenticas medidas que posibiliten la consecución de precepto constitucional, el acceso a una vivienda digna para todos y, cuyo objetivo tiene que pasar irremediablemente por la consecución de un Plan de Choque por la Vivienda Protegida
y, no por medidas virtuales que no solucionan en modo alguno el grave problema de la vivienda en Madrid.
Nuevamente se debe reiterar lo expresado por el CES en
sus Informes sobre los Presupuestos: “Desde este Consejo se ha manifestado en distintos informes el acuciante
de los recursos destinados a programas de esta Consejería son transferencias al sector privado. Los conciertos
con entidades privadas crecen un 23%, mientras la financiación de los programas públicos se congela. En esta
Consejería las inversiones no llegan al 0.1% del presupuesto total de la misma. Con estos datos, el presupuesto da para incrementar en 6.000 los usuarios de la Ayuda
a Domicilio y en 34.000 los de la Teleasistencia Domiciliaria, para unas necesidades estimadas en 200.000 y
100.000 personas, respectivamente. Se propone incrementar en 1.260 las plazas en Residencias y Centros de
Día, siendo públicas sólo la tercera parte, para unas necesidades de plazas residenciales de 25.000 solicitudes.
Asimismo, las plazas residenciales para personas con discapacidad, siendo insuficientes, se ofertan en su casi totalidad en centros concertados.
Se mejora la Cooperación a costa del presupuesto destinado a Inmigración. Tampoco se constata una política dirigida a este colectivo, a pesar de la importancia que el
mismo tiene en nuestra Región.
En política medioambiental, se produce un estancamiento de las inversiones en protección del medio natural (prevención de incendios, Plan Forestal o la conservación de
espacios protegidos). Asimismo se da un tratamiento escaso al programa de Calidad y Evaluación ambiental, dedicándose el incremento a la adecuación de vertederos,
agravándose con la caída de inversiones que experimenta la empresa GEDESMA. Se estanca el desarrollo de las
agendas locales 21.
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En política medioambiental, se produce un estancamiento de las inversiones en protección del
medio natural (prevención de incendios, Plan Forestal o la conservación de espacios protegidos).
Asimismo se da un tratamiento escaso al programa
de Calidad y Evaluación ambiental, dedicándose el
incremento a la adecuación de vertederos,
problema del elevado precio de las viviendas libres en todo el territorio de la Región y la imperiosa necesidad, por
tanto, de fomentar acciones en la vivienda de carácter
protegido, circunstancia que no parece reflejarse en el
presente Proyecto de Ley y que debería revisarse en consecuencia”.
La Consejería de Familia y Servicios Sociales ve como su
presupuesto crece un 12,1%. Sin embrago la mayor parte de este crecimiento va a inversiones para el sector privado. Se prevé un crecimiento de perceptores de la Renta Mínima y sin embargo se reduce la cantidad destinada
al programa de la lucha contra la exclusión social. Una política pactada con los agentes sociales esta viéndose empañada por la falta de participación y consenso al establecer el presupuesto y las cantidades a percibir.
En Servicios Sociales, hay que reiterar , que más del 40%
El capítulo de Gastos de Personal, representa un 35,5%
del presupuesto de gasto, incrementándose un 4,2% respecto al año anterior. Un aumento que una vez saldados
los incrementos salariales como los vinculados a los procesos de homologación, tendrán escasa repercusión en
el incremento de efectivos que los servicios públicos madrileños necesitan. El Grupo Sindical considera necesaria
la aplicación de cláusulas de revisión generalizadas que
garanticen el mantenimiento y mejora del poder adquisitivo de las retribuciones.
Igualmente, habría sido necesario implementar políticas
de personal a fin de reducir la alta tasa de temporalidad del
22% actual en el conjunto de la Función Pública Madrileña. Además de abordar procesos de estabilidad en los
que se valore adecuadamente la experiencia y la formación de los trabajadores temporales que actualmente
prestan sus servicios en la Administración Autonómica, se
ha de reducir el recurso a la externalización en la prestación de servicios por la Administración y recuperar para la
gestión pública directa aquellos servicios que ya lo han sido. Asimismo, se debe formalizar y agilizar la aplicación de
la jornada de 35 horas a toda la función pública.
En definitiva, CC.OO. y UGT valoran que los Presupuestos
Generales de la Comunidad de Madrid para el año 2004
no responden al objetivo de servir como instrumento fundamental para transformar la sociedad madrileña y mejorar el entorno y el bienestar de los ciudadanos y ciudadanas de nuestra Región. El nuevo Gobierno Regional ha
perdido una primera oportunidad para poner en marcha
las políticas económicas y sociales que permite un presupuesto que alcanza el 11% del PIB regional y cuya influencia y capacidad de incidencia es esencial. ■
Concepto de acoso moral y diferenciación de
figuras afines
Texto perteneciente al Capitulo II “Concepto del acoso moral y deferenciación de figuras afines” del libro “Protección
frente al acoso en el trabajo”, publicado por Editorial Bomarzo, escrito por la catedrática de Derecho del Trabajo Mª
José Romero Rodenas en un estudio que ofrece una visión amplia del problema desde el punto de vista laboral, centrándose en el análisis del concepto del acoso moral y su diferenciación de figuras afines, así como la tutela administrativa frente al acoso y la tutela judicial (penal, laboral, civil y contenciosa-administrativa)
n un principio, el concepto de mobbing es ajeno a las
relaciones laborales e incluso a las relaciones humanas1. Es a finales de la década de los 80 cuando desde el
campo de la psicología se populariza el término2, que inmediatamente recibe aportaciones en el terreno de la psiquiatría3, con motivo de analizar las consecuencias que
produce el acoso moral en las personas que habían sido
víctimas de estas conductas. Así pues, es en estos campos de la investigación científica donde surgen las primeras señales de alarma ante un tipo de comportamiento
que afecta gravemente a la salud de los trabajadores y cuyo tratamiento en los ordenamientos jurídicos era prácticamente inexistente.
E
CONCEPTO JURIDICO-LABORAL DEL ACOSO
MORAL
Como ya hemos señalado anteriormente en los ordenamientos jurídicos de nuestro entorno y salvo las excepciones apuntadas, no ha existido una regulación legal del
concepto de acoso moral. Otro tanto ha sucedido con la
legislación española que, hasta fechas muy recientes, no
ha afrontado directamente la regulación del acoso moral
en los lugares de trabajo, y cuando lo ha hecho, trasponiendo las Directivas comunitarias 2000/43/CEE y
2000/78/CE, la regulación ha sido marcadamente insuficiente.
Esta laguna normativa, al menos hasta enero del 2004, no
ha impedido que nuestros tribunales hayan dado respuesta motivada a las demandas planteadas por las víctimas del acoso laboral, en unos casos para posibilitar la resolución de los contratos de trabajo, en otros para decidir
sobre el cese inmediato de los comportamientos lesivos y
el abono de indemnizaciones por los daños y perjuicios
irrogados, y también para calificar las situaciones de incapacidad temporal o permanente como derivadas de accidente de trabajo. Así pues, han sido los órganos judiciales,
teniendo muy en cuenta las aportaciones doctrinales procedentes de los diversos campos de las ciencias sociales,
los que han ido perfilando el concepto jurídico de acoso laboral en los lugares de trabajo, delimitándolo de figuras
afines.
Desde esta perspectiva judicial el acoso laboral ha sido
definido como “agresión del empresario, o de alguno de
sus empleados con el conocimiento y tolerancia de aquél,
mediante hechos, órdenes o palabras, repetida y duradera en el tiempo, con el fin de desacreditar, desconsiderar
y aislar al trabajador, que puede llegar incluso a deteriorar
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En los ordenamientos jurídicos de nuestro entorno y salvo las excepciones apuntadas, no ha existido
una regulación legal del concepto de acoso moral.
Otro tanto ha sucedido con la legislación española
que, hasta fechas muy recientes, no ha afrontado directamente la regulación del acoso moral en los lugares de trabajo, y cuando lo ha hecho, trasponiendo las
Directivas comunitarias 2000/43/CEE y 2000/78/CE, la
regulación ha sido marcadamente insuficiente.
su salud, con el objeto de conseguir un autoabandono del
trabajo, produciendo un daño progresivo y continúo a su
dignidad”4, incluyendo por tanto en el concepto de acoso
tanto el hostigamiento psicológico que se produce por el
empresario o superiores jerárquicos del trabajador, como
aquel otro que procede de otros trabajadores de la empresa que se sitúan en un plano de igualdad u horizontalidad con el acosado, e incluso en ocasiones en un
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Catedrática de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la E.U. de Relaciones Laborales de la UCLM
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plano inferior, pero que ejercen la violencia moral con conocimiento y consentimiento expreso o tácito del empleador5.
En definitiva y sin perjuicio de lo que después se dirá de los
elementos y conductas integrantes del mobbing, los tribunales han venido poniendo el acento para definir el acoso moral en la existencia de conductas hostiles6 frente a
uno o varios trabajadores, ejercidas de forma reiterada y
sistemática7, que persiguen producir un daño psicológico
al trabajador, al que se coloca en posición de indefensión
y desvalimiento8 y todo ello con el objetivo de conseguir su
autoeliminación9.
el entorno laboral que, de forma persistente en el tiempo,
tienen como objetivo intimidar, apocar, reducir, amilanar y
consumir emocional e intelectualmente a la víctima, con
vistas a forzar su salida de la organización o a satisfacer la
necesidad patológica de agredir, controlar y destruir que
suele presentar el hostigador como medio de reafirmación
personal”11.
Como puede apreciarse este concepto de acoso moral es
sensiblemente más amplio que el contenido en la Ley
62/2003 de 30 de diciembre, donde se acota el mismo a
las conductas no deseadas relacionadas exclusivamente
“con el origen racial o étnico, religión o convicciones, la
discapacidad, la edad o la orientación sexual de una persona” de forma que cuando el hostigamiento psicológico
del trabajador tenga móviles ajenos a los expresados, la
indicada regulación legal resultará insuficiente para combatir tales comportamientos, debiendo acudir, como se
ha venido haciendo con anterioridad, a la aplicación directa de los preceptos constitucionales que consagran
genéricamente el derecho a la dignidad humana, a la no
discriminación, a la integridad física y moral y el derecho al
honor a la intimidad personal y a la propia imagen.
DIFERENCIACION ENTRE EL ACOSO MORAL Y
OTRAS FIGURAS AFINES
Siendo cierto que el acoso moral en los lugares de trabajo presenta caracteres comunes con otros conflictos que
surgen en el seno de la relación laboral, no lo es menos
que existen, como se verá, caracteres específicos que diferencian al acoso moral de otros fenómenos con los que
guarda cierta analogía y a los que sucintamente hemos de
referirnos con la finalidad de delimitar los contornos del
concepto de acoso, ya que los fenómenos afines pueden
tener origen diferente, el bien jurídico atacado es distinto y
los medios para reaccionar frente a dichas conductas son
también diferentes.
- Ejercicio arbitrario del poder directivo empresarial.
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El acoso laboral ha sido definido como “agresión del empresario, o de alguno de sus empleados
con el conocimiento y tolerancia de aquél, mediante hechos, órdenes o palabras, repetida y duradera
en el tiempo, con el fin de desacreditar, desconsiderar y aislar al trabajador, que puede llegar incluso a
deteriorar su salud, con el objeto de conseguir un
autoabandono del trabajo, produciendo un daño
progresivo y continúo a su dignidad”
En estos casos el empresario “suele simplemente buscar
por medios inadecuados un mayor aprovechamiento de la
mano de obra, imponiendo condiciones de trabajo más
favorables a sus intereses”12, mientras que con el acoso
lo que se pretende es causar un daño al trabajador socavando su personalidad; de manera que los motivos que inducen al empresario a emplear arbitrariamente sus potestades directivas son distintos de los que mueven al sujeto
activo del acoso moral a hostigar a la víctima13.
Aun cuando suele tratarse de un conflicto personal asimétrico entre dos partes en el que la hostigadora tiene
más recursos, apoyos o una posición superior a la del hostigado10, evidenciando una situación de jerarquía o poder
sobre la víctima, no es descartable, como ya hemos indicado, que el acoso moral proceda de otros trabajadores
de igual o inferior nivel en el organigrama de la empresa.
Como acertadamente señalan las resoluciones judiciales,
ya citadas, que se han ocupado de deslindar ambas figuras, con el ejercicio arbitrario del poder directivo empresarial el bien jurídico afectado es el de “los derechos laborales sobre el lugar, tiempo, modo y contraprestación por el
trabajo”, mientras que el acoso moral, atenta contra la dignidad del trabajador y su derecho a la integridad psíquica
y salud mental, sin perjuicio de que en ocasiones pueda
también implicar un trato discriminatorio de la persona o
un atentado contra su honor.
Resumiendo la doctrina judicial existente al respecto, podría concluirse que el acoso moral en los lugares de trabajo consiste “en todos aquellos comportamientos, actos
o conductas llevados a cabo por una o varias personas en
Resultado de lo anterior será que, frente al ejercicio arbitrario del poder de dirección, las acciones ejercitables son
las que proporciona la legalidad ordinaria, mientras que en
los supuestos de mobbing podrá acudirse, entre
◗◗◗
- Trastornos psíquicos
Se trata de una manifestación concreta de estrés laboral,
propia de quienes realizan su trabajo en contacto con
otras personas que, por sus características, son sujetos
que precisan de ayuda o asistencia –profesores, personal
sanitario, asistentes sociales, etc-, manifestándose al ver
el profesional defraudadas sus expectativas, debido a la
imposibilidad de modificar su situación laboral y de poner
en práctica sus ideas con respecto a como debe ser realizado el trabajo14.
Existen afectaciones psíquicas que, en momentos de crisis, pueden manifestarse como comportamientos semejantes al acoso, siendo los más comunes la esquizofrenia
y la depresión psíquica.
La persona esquizofrénica percibe alucinaciones auditivas, visuales y mentales. Debido a las percepción alterada y al deterioro de la función cerebral llega a creerse perseguida en el trabajo (paranoia) o que es la figura central
En estos casos, conocidos también como “síndrome de
desgaste personal”, se produce una cierta frustración derivada de la forma y condiciones en que se realiza el trabajo, por lo que es la propia actividad laboral la que desencadena la aparición de la afectación psíquica, a diferencia
de lo que acontece en el acoso laboral, en el que son las
relaciones personales las que dan lugar, por variados procedimientos, al hostigamiento psicológico.
Por ello, aun cuando el resultado que produce en el trabajador afectado pueda ser parecido: lesión de la integridad
física o psíquica del trabajador15, ni por sus orígenes ni por
el bien jurídico afectado, pueden equiparse ambas situaciones, y ello sin perjuicio de que también el síndrome de
burn-out pueda ser considerado como accidente de trabajo, al tener su origen en las condiciones en que se desarrolla la actividad laboral16.
- Estrés laboral.
En este caso el deterioro físico o psíquico del trabajador se
produce exclusivamente por causas directamente relacionadas con el trabajo. A diferencia del síndrome del quemado no es la sensación de insatisfacción personal o de
frustración la que provoca el estrés, sino las condiciones
concretas en que se realiza el trabajo, de modo que el estrés laboral podría constituir una categoría genérica, mientras que el síndrome de burn-out supone una manifestación muy específica y concreta del estrés laboral.
Como se ha señalado por la doctrina “un trabajo será tanto más estresante cuanto más se acerque al siguiente modelo: muchas exigencias psicológicas, tanto cuantitativas
(presión de tiempo), como cualitativas (trabajo emocional
que conlleva esconder emociones o sentimientos), trabajos que requieran gran esfuerzo intelectual o sensorial, poco control sobre la propia tarea, es decir, escaso margen
de decisiones en el que, como, cuando, quien y cuanto se
trabaja, posibilidad de desarrollarse como persona…. Falta de apoyo social en el trabajo... escasez de recompensa o compensación…”17, de manera que la relación entre
el trabajo y el deterioro psíquico y físico que puede suponer el estrés laboral parece claramente evidenciada, de
aquí que, cuando concurran tales circunstancias, el estrés
laboral podrá ser calificado como accidente de trabajo18.
Es claro por tanto que el estrés laboral es ajeno a las relaciones interpersonales que se establecen entre distintos
individuos de un mismo centro de trabajo, que es precisamente lo que caracteriza al origen del acoso moral, de forma que aun cuando este último pueda producir efectos
El acoso moral en los lugares de trabajo consiste
❛❛
“en todos aquellos comportamientos, actos o conductas llevados a cabo por una o varias personas en el entorno laboral que, de forma persistente en el tiempo,
tienen como objetivo intimidar, apocar, reducir, amilanar y consumir emocional e intelectualmente a la víctima, con vistas a forzar su salida de la organización o a
satisfacer la necesidad patológica de agredir, controlar y destruir que suele presentar el hostigador como
medio de reafirmación personal”.
de lo que ocurre a su alrededor (ideas de referencia). Estas “falsas” convicciones son debidas a un deterioro de la
función cerebral y, generalmente, no se cambian mediante hechos o razonamientos, sino sólo con un tratamiento
médico y farmacológico. El individuo es incapaz de comprender que sus ideas carecen de fundamento y que está
enfermo, albergando frecuentemente la idea de que existe un complot en su contra para expulsarlo del trabajo,
creyéndose así víctima de un acoso laboral que sólo existe en su imaginación. En estos casos y aún cuan◗◗◗
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- Síndrome del quemado o Burn-out.
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análogos a los del estrés laboral, es evidente que sus orígenes son diferentes.
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otras vías, a la de protección jurisdiccional de los derechos
de la persona, con acceso incluso al recurso de amparo.
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12 ■
do el trabajador pudiera insistir en la idea de acoso en el
trabajo, es evidente que su deterioro psíquico es ajeno a
las relaciones interpersonales mantenidas en la empresa
e incluso al propio trabajo, por lo que ninguna relación
guarda con el mobbing19.
Con relación a la depresión psíquica y aún cuando la mayoría de las resoluciones judiciales no la consideran como
accidente de trabajo20, ya que “es obvio que la alteración
psíquica no se produce en el círculo de la empresa y en el
horario y jornada laboral, ni aparece legalmente catalogada como enfermedad profesional…”21, es lo cierto que en
ocasiones puede apreciarse el origen directo de la enfer-
datorio, hostil, degradante, humillante u ofensivo”.
El acoso sexual en el trabajo guarda notorio paralelismo
con el acoso moral, compartiendo buena parte de sus elementos, hasta el punto que la construcción jurídica del
acoso moral está íntimamente relacionada con la del acoso sexual24; presenta como rasgos comunes el que se trata de comportamientos personales en el lugar de trabajo
que lesionan el derecho a la dignidad de la persona y a su
integridad física y moral25. En ambos casos se pueden
producir daños emocionales y físicos, afectar al rendimiento en el trabajo, propiciar el absentismo laboral e incluso el abandono del puesto de trabajo. Generan un ambiente humillante, hostil e intimidatorio, que en el acoso
sexual es resultado de una cultura de trabajo predominantemente masculina, caracterizada por la prepotencia y
menosprecio hacia la mujer26.
Sin embargo existen importantes diferencias, ya que el
acoso sexual abarca a una serie de conductas que tienen,
“un claro contenido sexual o lividinoso, ya sea de forma física o de palabra, directa o a través de insinuaciones que
claramente persiguen aquella finalidad”27, de forma que el
objetivo es violentar la libertad sexual de la persona acosada, lo que no está presente en el acoso moral.
Por otra parte, como ya hemos adelantado al definir el
concepto de acoso moral, la reiteración y persistencia del
hostigamiento psicológico es componente imprescindible de este fenómeno, a diferencia de lo que acontece con
el acoso sexual, en el que basta la existencia de una sola
conducta, de notoria entidad, para que pueda apreciarse
su existencia 28.
En suma, el contenido de la conducta, su finalidad y la reiteración son elementos que permiten la diferenciación entre ambos comportamientos. ■
NOTAS
❛❛ El acoso sexual abarca a una serie de conductas que tienen, “un claro contenido sexual o lividinoso, ya sea de forma física o de palabra, directa o a
través de insinuaciones que claramente persiguen
aquella finalidad”, de forma que el objetivo es violentar la libertad sexual de la persona acosada, lo
que no está presente en el acoso moral.
medad en el trabajo22, en cuyo caso tal situación presenta notorias coincidencias, en cuanto a sus consecuencias,
con el acoso laboral, si bien el criterio de diferenciación entre ambos radica en que el acoso moral es siempre fruto
intencionado de las relaciones interpersonales en la empresa, mientras que la depresión por causa directa en el
trabajo, puede tener un origen diferente a tales relaciones,
en cuyo caso se aproximaría a la figura del estrés laboral,
pero con mayor entidad, diferenciándose del mobbing.
- Acoso sexual.
Recientemente ha sido definido por la Directiva
2002/73/CEE23 como “la situación en que se produce un
comportamiento no deseado, relacionado con el sexo de
una persona, con el propósito o el efecto de atentar contra la dignidad de la persona y de crear un entorno intimi-
1 El etólogo KONRAD LORENZ utilizó por primera vez este térmi-
no para describir conductas de ciertas comunidades de animales, como los gansos silvestres y los perros de trineo, señalando
que “tienen tendencia a excluir a todos los que no son miembros
de la sociedad…y a establecer un orden jerárquico entre los individuos integrantes de la misma”, Consideraciones sobre la conducta animal y humana, Plantea- De Agostini, Barcelona, 1976.
2
H. LEYMANN, retomando los estudios de Honrad Lorenz los
aplicó al estudio de la conducta humana en las relaciones laborales, calificando la situación en que se produce el acoso psicológico como “psicoterror” y definiéndolo como situación en la que
una persona (o en raras ocasiones un grupo de personas) ejercen
una violencia psicológica extrema, de forma sistemática y recurrente (como media unos seis meses) sobre otra persona o personas, en el lugar de trabajo, con la finalidad de destruir las redes
de comunicación de la víctima o víctimas, destruir su reputación,
perturbar el ejercicio de sus labores y lograr que finalmente esa
persona o personas acaben abandonando el lugar de trabajo. En
general la conducta se practica desde una posición jerárquica superior, en LEYMANN H.: Mobbing. La persecution au travail. Editions Seuil. Paris, 1993, pág. 23.
3 HIRIGOYEN M.F.: El acoso moral. El maltrato psicológico en la
vida cotidiana. Ed. Paidós, Barcelona, 1999, pág. 32, amplia los
supuestos de mobbing, no sólo a las conductas en las que el hostigador persigue el abandono del trabajador de su puesto de trabajo, sino también aquellas otras que tienen como finalidad deteriorar el ambiente laboral. Define el mobbing como cualquier manifestación de una conducta abusiva y, especialmente, los comportamientos, palabras, actos, gestos y escritos que
◗◗◗
puedan atentar contra la personalidad, la dignidad, o la
de 2003 (Rec. 107/03).
5 STSJ Comunidad Valenciana, Sala contencioso-administrativo,
de 25 de septiembre de 2001, (Rec. 40/1998).
6 STSJ Navarra de 24 de diciembre de 2002 (Ar.681)
7 SJS núm. 1 de Granada de 24 de mayo de 2002 ( Ar. 3350), y
SJS núm. 30 de Madrid de 18 de marzo de 2002 (Autos
24/2002).
8 SJS núm. 36 de Madrid de 29 de abril de 2003, autos 747/2002
y SJS núm. 6 de Granada de 7 de octubre de 2002, (Autos
741/2002).
9 SJS núm. 2 de Girona de 17 de septiembre de 2002 (Ar. 2691)
y SJS núm. 3 de Vigo de 28 de febrero de 2002 (Ar. 634)
10
SJS núm. 2 de Pamplona de 24 de septiembre de 2001 (Ar.
3192)
11 CAVAS MARTINEZ F.:”El acoso moral en el trabajo “mobbing”:
delimitación y herramientas jurídicas para combatirlo” Actualidad
Jurídica Aranzadi núm. 555 (2002), pág. 3
12
SJS núm. 33 de Madrid de 18 de junio de 2001 (Ar. 1667) y
STSJ País Vasco de 26 de febrero de 2002 (Ar. 2933).
13 Un detallado análisis de las diferencias entre acoso moral y ejercicio arbitrario del poder directivo empresarial puede verse en
MELLA MENDEZ L.: “El acoso psicológico en el derecho del trabajo” Tribuna Social núm.145 pág. 18
14 MARTINEZ BARROSO M.R., “Sobre las enfermedades profesionales no listadas. A propósito de un supuesto de “síndrome de
desgaste personal” o de “bournot” Revista de Derecho Social
núm. 10 pág. 187 y ss. Y DIAZ DESCALZO M.C.”Los riesgos psicosociales en el trabajo: el estrés laboral, el síndrome del quemado y el acoso laboral. Su consideración como accidente de trabajo”, Revista de Derecho Social núm. 17 (2002) págs 183 y ss.
15 GORELLI HERNANDEZ J., GOMEZ ALVAREZ T. “El acoso mo-
ral. Perspectivas jurídico laborales”, Revista General de Derecho
del Trabajo y Seguridad Social, núm. 2/2003, apartado I.4.4.b.
17 DIAZ DESCALZO M.C..op.cit. pág. 186.
■ 13
18
SSTSJ Cataluña 1 de marzo de 2001 (Ar. 1670); Baleares 19
de abril 1999 (Ar. 1528), Andalucía 5 de enero de 1998 (Ar. 5063);
Castilla-León 30 de septiembre de 1997 (Ar.2978), entre otras.
19 www.esquizo.com
20
En contra, apreciando la existencia de contingencia profesional STS 27 noviembre de 1992 (Ar. 7844).
21 STSJ Andalucía (Málaga) 18 de marzo de 1993 (Ar.1334).
22 STS Galicia 25 de octubre de 2003 (Rec. 738/2001).
23 Que modifica la Directiva 76/207/CE relativa a la aplicación del
principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en lo que
se refiere al acceso al empleo, a la formación y la promoción profesional y a las condiciones de trabajo.
24 GORELLI HERNANDEZ J., GOMEZ ALVAREZ T…. op. cit. par.
I.4.4.b
25 Un detenido estudio de las notas comunes y de las diferencias
entre acoso moral y acoso sexual en el trabajo, en MELLA MENDEZ L…. op. cit., pág. 18 y 19.
26
La prevención de riesgos en los lugares de trabajo. Guía para
una intervención sindical, ISTAS-CCOO, Madrid, 3ª edición,
2001, pág. 327.
27 STSJ Galicia 9 de febrero de 1995 (Ar. 587).
28 SSTSJ de Galicia de 7 de noviembre de 2002 (Ar.7157), Anda-
lucía /Málaga 9 de octubre de 1998 (Ar. 7758)
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Francisco Fernández Buey
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Pompeu Fabra de Barcelona, es el autor de “Poliética”, una publicación a la
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Publicaciones: Adela Crespo Alvarez
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ma la situación de baja del trabajador como derivada de accidente de trabajo; viniendo referida a un trabajador cuya actividad
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nivel de agotamiento físico-psíquico que le llevó a no encontrarse
en condiciones de acudir al trabajo”.
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4 STSJ Aragón de 30 de junio
16 STSJ País Vasco de 2 de noviembre de 1999 (Ar. 4212) confir-
TENDENCIAS
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integridad física o psíquica de un individuo, con el fin de poner en
peligro su empleo, o de degradar el clima de trabajo.
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sindical de estud
RESOLUCION GENERAL
SUMARIO
OPINION
5
■ Elvira S. Llopis
Las palabras y las cosas
INDICADORES
CC.OO. DE MADRID
l 8º Congreso de la USMR de CC.OO. ha puesto de manifiesto la necesidad de afrontar nuevos retos en el ámbito
laboral, en el campo económico y en el terreno sociopolítico.
En el último periodo se han acelerado los cambios derivados
de las transformaciones en el sistema productivo y sus peores
consecuencias se han dejado sentir en un contexto dominado
por las políticas conservadoras del PP.
E
6
■ José Antonio Ruiz Salvador
Régimen jurídico del contrato de trabajo
a tiempo parcial
TENDENCIAS
8º CONGRESO
15
■ José Luis López Bulla
Nosotros en la Europa Social
Básicos de
Derecho Social
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• "Sindicalismo y Derecho Sindical"
del catedrático de Derecho del Trabajo y
de Seguridad Social de la E. U. De Relaciones Laborales de la UCLM.
• "Protección frente al ocaso en el
trabajo", de la catedrática de Derecho
del Trabajo y la Seguridad Social de la
E.U de Relaciones Laborales de la
UCLM.
• "La Sección Sindical" de la profesora titular de Derecho del Trabajo
y de la Seguridad Social. Universidad Jaime I de Castellón.
• "El contrato de trabajo a tiempo parcial" del
profesor asociado de
Derecho del Trabajo y de
la Seguridad Social de la
Universidad Jaime I de
Castellón.
CC.OO. de Madrid debe reforzar sus
objetivos, afinar en sus estrategias e
impulsar sus instrumentos organizativos con el objetivo de reafirmar su
compromiso con la mejora de las
condiciones de vida y trabajo de los
trabajadores y trabajadoras de la Comunidad de Madrid.
CC.OO. de Madrid ha puesto de manifiesto en este 8º Congreso que el
sindicato y su acción sindical deben
seguir adaptándose a las nuevas realidades, reforzando su filo reivindicativo, avanzando en su capacidad de
propuesta, reafirmándose en la necesidad del acuerdo y la movilización
como elementos básicos en el gobierno de las relaciones laborales y en
el avance en la consecución de derechos.
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El 8º Congreso se
compromete, desde esta concepción
de la innovación, el
desarrollo sectorial, la promoción
del equilibrio territorial y la defensa
del medio ambiente, con el objetivo
prioritario de avanzar hacia el pleno
empleo y hacerlo
con empleo estable
y de calidad.
Con este objetivo CC.OO. de Madrid va a situar a su organización en las mejores condiciones de garantizar que el programa
de acción de todas las CC.OO. se plasme en nuestra Región,
como una propuesta útil para defender los valores y los intereses de los trabajadores y trabajadoras de la Comunidad. Un
programa y unos planes de acción que deben suponer la consolidación de CC.OO. de Madrid como la primera organización sindical y social de la Región. Un nuevo impulso afiliativo
y un nuevo empuje en el objetivo de sindicalizar a los trabajadores y trabajadoras de la región. Un incremento en la representación sindical y en el número de delegados y delegadas
que permita mantener y mejorar los actuales resultados electorales de CC.OO. y contribuir al reforzamiento del movimiento sindica de clase.
Un esfuerzo que a su vez debe llevar aparejado el refuerzo de
la unidad de acción entre UGT y CC.OO., instrumento fundamental para la defensa y representación de los trabajadores y
trabajadoras madrileños. Unidad de acción que debe◗◗◗
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mos profundizar a lo largo de los próximos años, limando
las dificultades que aún la entorpecen en algunos sectores y avanzando en la unidad de acción sindical, tanto sectorial como territorial.
El 8º Congreso de CC.OO. de Madrid se compromete con
la defensa y la consolidación de un tejido productivo y de
servicios eficiente en la creación de riqueza, igualitario social y territorialmente y respetuoso con el entorno natural.
Esto implica cambiar el actual modelo de desarrollo que
padece nuestra Comunidad Autónoma, romper con la segregación espacial del crecimiento donde perviven un
norte rico y un sureste empobrecido, con una producción
Administraciones Públicas, exigiendo un nuevo papel del
sector público, reclamando otras políticas fiscales más
igualitaria que mejoren la capacidad financiera de aquellas, reivindicando una actuación política combinada y coordinada del gobierno regional y de los gobiernos locales,
así como con las políticas desarrolladas por el Estado en
la CM. Una exigencia que trasladaremos al empresariado
madrileño para conseguir la mejora del sistema productivo y el empleo de calidad.
El 8º Congreso se compromete, desde esta concepción
de la innovación, el desarrollo sectorial, la promoción del
equilibrio territorial y la defensa del medio ambiente, con el
objetivo prioritario de avanzar hacia el pleno empleo y hacerlo con empleo estable y de calidad.
Con este fin, se ha de conseguir un Servicio Público Regional de Empleo que alcance plenamente el objetivo de
ser un instrumento capaz de observar la realidad y las tendencias del empleo en la Región, promover la formación
continua y ocupacional y ser capaz de intermediar de manera activa en la búsqueda de empleo. Un compromiso
que debe ser acompañado del impulso del Consejo Regional de la Formación Profesional con la aprobación del
Plan Regional de Formación Profesional.
CC.OO. de Madrid reclamará a los gobiernos autonómicos y municipales acuerdos que incorporen la calidad y la
estabilidad en el empleo como elementos centrales, tanto
para el empleo directo de las administraciones como para el empleo de las empresas que contraten con las mismas.
CC.OO. de Madrid se compromete igualmente a impulsar
y participar en cuantas campañas y movilizaciones confedérales y federales, se realicen para defender este objetivo
de pleno empleo, estable, seguro y con derechos, tanto en
el ámbito del sector privado como del sector público.
Este Congreso se fija como elemento central en este objetivo del empleo, la intervención contra la situación laboral que sufren las mujeres de paro, precariedad y discriminación, así como contra las causas que lo provocan. Una
intervención que se inserta en una estrategia orientada a
avanzar en la consecución de la efectiva igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.
Este congreso llama a la movilización a toda la
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Comunidad educativa y a todos los trabajadores y
trabajadoras y exige al Gobierno regional un cambio
radical en su política educativa y la vuelta al dialogo
y a la negociación que permita la consecución de un
nuevo acuerdo educativo.
basada en los bajos costes laborales y con la sobreexplotación del entorno natural. Apostar por unas bases productivas sólidas asentadas en la innovación, en la inversión en I+D, en el empleo estable, seguro y cualificado y en
una ordenación del territorio que potencie el aparato productivo y permita un desarrollo sostenible.
CC.OO. de Madrid para conseguir este objetivo se compromete a reclamar una intervención más decidida de las
Para dotarnos de las más precisas y eficaces herramientas para nuestra intervención sindical dirigida a los jóvenes
trabajadores, el 8º Congreso acuerda celebrar durante este mandato su IIº Conferencia de Juventud, que sirva para realizar un diagnostico riguroso de la situación sociolaboral de los jóvenes madrileños, que analice impulse
nuestra Acción Sindical dirigida a jóvenes y la implicación
y la participación que han tenido los jóvenes en nuestro
trabajo sindical, que elabore nuestras propuestas y reivindicaciones específicas para jóvenes, desarrollando los
documentos aprobados en este congreso, y que también
sirva para consolidar la acción y la estructura del Sindicato Joven en todas las Uniones Comarcales y en todas las
Federaciones Regionales.
El 8º Congreso fija la Salud Laboral como un eje prioritario
de nuestras actuaciones. Un objetivo que comporta seguir mejorando y ampliando la red de acción sindical construida en torno a esta materia, integrando de for◗◗◗
La realidad social, laboral y demográfica de la Región ha
modificado drásticamente los perfiles de quienes se en-
El 8º Congreso se compromete, junto con la defensa del
empleo estable, seguro y con derechos, con la defensa y
extensión del Estado Social.
Las agresiones actuales del Gobierno Regional contra la
enseñanza pública no universitaria y el modelo de educación participativa y compensadora, la apuesta sin tapujos
por impulsar la enseñanza privada y la ruptura con el
acuerdo educativo ha dibujado un nuevo panorama en la
educación madrileña protagonizado por el conflicto escolar. Este congreso llama a la movilización a toda la Comunidad educativa y a todos los trabajadores y trabajadoras
y exige al Gobierno regional un cambio radical en su política educativa y la vuelta al dialogo y a la negociación que
permita la consecución de un nuevo acuerdo educativo.
Un cambio político que debe alcanzar al ámbito de las universidades, recuperando el clima de consenso en las políticas universitarias, el esfuerzo presupuestario en consonancia con el determinante papel que en investigación y
cualificación desarrollan y la aplicación estricta de los
acuerdos alcanzados con el anterior gobierno. Este congreso se solidariza y apoya las movilizaciones convocadas
por el profesorado universitario.
El 8º Congreso denuncia que las transferencias sanitarias
no han contribuido a mejorar los indicadores de salud, la
cobertura asistencial y la calidad de la atención sanitaria
en nuestra Comunidad. Asimismo denuncia la nula voluntad del nuevo Gobierno regional a iniciar un proceso de
concertación con los agentes sociales en esta materia.
CC.OO. de Madrid pondrá en marcha, de forma unitaria
con UGT, un proceso de movilización social en torno a la
Alternativa Sanitaria unitaria que fuerce la negociación y el
dialogo en las políticas sanitarias y que abra camino a un
acuerdo social por la sanidad pública madrileña.
Este congreso constata que el problema de la vivienda en
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El 8º Congreso denuncia que las transferencias
sanitarias no han contribuido a mejorar los indicadores de salud, la cobertura asistencial y la calidad
de la atención sanitaria en nuestra Comunidad. Asimismo denuncia la nula voluntad del nuevo Gobierno regional a iniciar un proceso de concertación con
los agentes sociales en esta materia.
cuentran en riesgo de exclusión social. CC.OO. de Madrid
realizará un seguimiento riguroso de la aplicación efectiva
de la ley de Rentas Mínimas.
El 8º Congreso constata que la Comunidad de Madrid
acoge a prácticamente un tercio de la población inmigrante del Estado Español. Este hecho hace necesario
un compromiso de trabajo conjunto de todas las estructuras de CC.OO. para evitar las discriminaciones
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El 8º Congreso se identifica con la necesidad de fortalecer
la Negociación Colectiva. Con este fin se ha de reforzar
desde la estructura regional el papel de las Federaciones
Regionales en la misma, impulsando el campo de cobertura de la misma y la consecución de los objetivos reivindicados, entre otros, la incorporación de cláusulas de garantía salarial, de reducción de jornada en función del objetivo de avanzar hacia la Jornada de 35 horas, de conversión de empleo temporal en fijo, mantenimiento del
empleo, creación de empleo, igualdad de oportunidades,
o salud laboral. Todo ello acompañado de esfuerzos en la
coordinación de criterios federales, análisis de los contenidos de la negociación y reflexiones permanentes sobre
la misma, así como en la información permanente a nuestros afiliados y delegados.
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Madrid, es sin duda el de mayores dimensiones de toda
España. Avanzar en su solución requiere una intervención
decidida de las Administraciones Públicas, en la corrección de elementos estructurales que determinan el comportamiento especulativo del suelo y del precio de la vivienda, así como una actuación directa en la promoción
de vivienda pública, vivienda protegida, rehabilitación de
vivienda y en la extensión de la vivienda en alquiler. Comisiones Obreras exigirá a las Administraciones un Plan Regional de Vivienda en la Comunidad de Madrid.
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ma más efectiva todas las actuaciones. El Plan Director
que se ha demostrado un buen instrumento debe ser renovado con un nuevo plan que profundice en actuaciones
sectoriales y territoriales vinculadas a nuestra Acción Sindical. Actuaciones de Comisiones Obreras de Madrid que
tienen como objetivo profundizar en el tratamiento de la
salud laboral, asumir la lucha contra la siniestralidad para
tratar de reducirla drásticamente y abordar la problemática de las enfermedades producidas por efecto del trabajo,.
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y la explotación laboral de los inmigrantes. Un objetivo
que nos lleva a exigir cambios en el marco legal con la reforma de la Ley de Extranjería, la denuncia de las políticas
fracasadas de los contingentes, la persecución de las
prácticas mafiosas de parte del empresariado, la intensificación de la acción sindical en estos colectivos, la mejora de los servicios a los mismos y la promoción de su afiliación sindical. CC.OO. de Madrid reivindicara para Madrid un Plan adecuado de Integración Laboral y Social de
las personas inmigrantes.
El 8º Congreso valora que uno de los colectivos que mayor y más creciente atención reclaman en nuestra comunidad es, sin duda, el de las personas mayores. Un colectivo que, en función del crecimiento de la esperanza de vi-
cial de las plazas en residencias de mayores y centros de día
en nuestra Comunidad.
CC.OO. de Madrid, en el marco de la intervención confederal en esta materia, demandará la negociación de un
Plan de Atención a las Dependencias que garantice la protección social de nuestros mayores.
El 8º Congreso considera que es necesario fortalecer la
capacidad transformadora y contractual del sindicalismo,
para hacer valer más nuestras reivindicaciones ante las
Instituciones Públicas. Así para reforzar un diálogo social
fructífero hay que generar y consolidar los instrumentos
que lo facilitan. En este sentido, se inclina por el Consejo
de Madrid, como ámbito estable de diálogo social en el nivel regional y por promover y estabilizar Consejos Locales
o Mesas de Concertación en los ámbitos municipales. Un
refuerzo de los instrumentos de concertación que será
complementada con el de los órganos de participación
social y económica, singularmente del CES regional. Un
reto que debe basarse en la implicación, participación y
coordinación de todas las estructuras del sindicato, así
como en la definición precisa de los criterios y propuestas
para la intervención en los mismos.
Este Congreso considera que CC.OO. de Madrid, al formar parte esencial de la izquierda social de esta Región,
debe intensificar de manera especial nuestra relación y
cooperación con organizaciones sociales que comparten
objetivos generales o específicos con los trabajadores y
trabajadoras madrileños. Y, dentro de éstas, cobra especial relevancia la implicación en el Foro Social de Madrid.
El 8º Congreso reafirma su compromiso con el pacifismo
y la resolución de los conflictos mediante la aplicación del
derecho internacional. Manifiesta su condena de la guerra
y sus secuelas: torturas, vejaciones y agresión a los derechos de las personas y de los pueblos. Este Congreso denuncia y rechaza la intervención imperialista en Irak y el terrorismo de Estado que sufre el pueblo palestino.
de esta Región, debe intensificar de manera especial nuestra relación y cooperación con organizaciones sociales que comparten objetivos generales
o específicos con los trabajadores y trabajadoras
madrileños. Y, dentro de éstas, cobra especial relevancia la implicación en el Foro Social de Madrid.
Asimismo, manifiesta su repulsa a cualquier forma de terrorismo y su firme disposición a combatirlo. Con el dolor profundo por las victimas del 11-M, la solidaridad con las miles
de personas afectadas y con la amenaza terrorista en nuestra región muy presente, esta organización sindical retoma
con renovadas fuerzas su apuesta por un modelo de convivencia basado en el dialogo, la renuncia expresa a la violencia y el derecho a vivir en libertad y en paz en una sociedad que garantice los derechos laborales y sociales.
CC.OO. de Madrid constituirá, junto a UGT, la fundación
“Madrid, 11 de marzo” para perseguir estos objetivos.
da, incrementa paulatinamente su índice de dependencia,
configurando por tanto un auténtico problema de carácter
social que las distintas administraciones madrileñas deben
asumir. Esto debe suponer la implementación de políticas
tanto de rehabilitación de viviendas y su adecuación a las situaciones de discapacidad de las personas mayores, como de apartamentos protegidos con servicios comunes,
nuevas plazas en Residencias públicas, ayudas a domicilio
y telasistencia en el propio domicilio. Programas y centros
de atención socio-sanitaria para personas dependientes, y
de apoyo a su entorno convivencial, el incremento sustan-
Este 8º Congreso ha debatido en profundidad sobre estos
temas y ha asumido el reto de trabajar por integrar las propuestas y a las personas, buscando construir mayorías
plurales e integradoras que cohesionen a la organización.
Una unidad necesaria en torno a cuanto nos une en la defensa de una sociedad madrileña que convive en libertad
y democracia y debe avanzar en igualdad. Una unidad necesaria de unas CC.OO. capaces de ser un vector determinante en la consecución del pleno empleo, el empleo
estable, seguro, con derechos y la protección social para
todos y todas. Una unidad imprescindible para combatir la
violencia y seguir defendiendo el derecho a vivir y trabajar
en paz. ■
Este Congreso considera que CC.OO. de Ma❛❛
drid, al formar parte esencial de la izquierda social
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OPNION
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■ Elvira S. Llopis
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Doctora en Metafísica por la Universidad Autónoma de Madrid
Las palabras y las cosas
te, coherencia y consistencia no son
condiciones suficientes, aunque sí necesarias de un discurso: en tanto las
palabras nos refieren a las cosas, un
discurso debe ser verdadero. Y son los
hechos, las cosas, las que nos dicen algo acerca de la veracidad de las palabras, del discurso, y, en última instancia, acerca de la vigencia de una idea,
de un sistema de valores.
alabras, cosas e ideas o, si se quiere,
lenguaje, pensamiento y realidad, constituyen los tres pilares sobre los que se
asienta el universo de lo humano, la propia
condición de humanidad. Así, sociedades,
culturas, instituciones, organizaciones, son,
en rigor, un precipitado, causa y efecto a la
vez, de lenguaje, pensamiento y realidad.
P
Sin embargo, la relación entre ideas, palabras y cosas no está dada de una vez por todas, no es unidireccional, no es inequívoca,
no es estable. De ahí los cambios en el significado de las palabras a través de la historia;
de ahí los deslizamientos de significado que
generan los equívocos; de ahí la brecha, la
fractura que posibilita la mentira y el error.
La credibilidad, por tanto, no reside en
el discurso mismo, sino en la relación
que éste guarda con los valores y con
los hechos. Por eso algunos discursos
son inverosímiles, es decir no tienen la
apariencia de verdaderos, por más que
quienes los sostengan echen mano de su mejor
retórica, esto es, del arte de seducir con las
Pero además, cada sociedad, cada cultura,
palabras, con el discurso mismo. Y es que
cada institución, cada organización, estableLa credibilidad no resila razón busca la verdad, y la verdad tiene
ce una combinación ligeramente distinta de
su piedra de toque más contumaz en las
esos elementos, interpreta la realidad desde en el discurso mismo,
de su peculiarísimo punto de vista, dota a sino en la relación que éste cosas.
las palabras de significados específicos,
guarda con los valores y
De ahí también que el sindicalismo deba
establece y acota parcelas de la realidad
con los hechos.
cuidar en extremo su discurso, a fin de evipropias, vale decir, apropiadas, definiendo
tar caer en dos tipos de error de gran imporun modo de ser, hacer y pensar característitancia: el enajenación del discurso de un lado
cos.
y los discursos inapropiados, de otro. Y es que, en
efecto, el discurso sindical ha sido paulatinamente enajeTambién el sindicalismo de clase en tanto cultura, institunado por el discurso liberal, que ha usurpado el uso de térción, organización, define y se define a la vez por una peminos sindicales hasta despojarlos de todo su valor, de su
culiar interpretación de la realidad a la que podríamos cacomponente ético originario, hasta despojarlos, en fin, de
racterizar en términos de conflicto capital-trabajo, por la
la historia sedimentada en ellos, que no es otra que la hisdelimitación de su campo de actuación a la realidad sotoria de la lucha contra la opresión y la explotación, de la
cioeconómica y laboral, y por un discurso eminentemenconstrucción de la solidaridad y de la organización de la
te valorativo, eminentemente ético, en el que los elemenclase trabajadora. El discurso sindical no ha sabido ver estos descriptivos adquieren su auténtico significado por su
ta usurpación, o no ha sabido combatirla, y ni tan siquiera
referencia los valores o a los principios que alientan el hedenunciarla. O tal vez ha sido el propio discurso sindical el
cho sindical. Buena prueba de ello es que los estatutos, es
que ha perdido pie en sus principios, compartiendo, si no
decir, la norma interna, el elemento que aspira a una maalentando ese desplazamiento. ¿Cómo entender de otro
yor objetividad dentro del discurso sindical, comienza por
modo los nuevos (y perversos) significados de términos
una definición de principios, pretendiendo así que cualcomo “derechos”, “igualdad”, “libertad”, “democracia”,
quier interpretación del resto del discurso sea hecha a la
“participación”… que nos abruman desde distintos disluz de esos principios; pretendiendo así reducir al mínimo
cursos, desde distintas ideologías bajo la apariencia de
el umbral de equivocidad del discurso sindical; preten“decir lo mismo”? ¿Por qué este silencio, por qué no podiendo así proporcionar un referente estable que permita
ner de manifiesto que no hay un “lo mismo” cuando tras
identificar verdad y falsedad, acierto y error.
una palabra hay cosas que no son homogéneas, que no
son compatibles, que son diferentes, radicalmente difeConsiguientemente, el texto, el discurso sindical tienen
rentes?
sentido en tanto y sólo en tanto, seamos conscientes de
esos valores, de esos principios, los compartamos y los viPero si esa colonización del discurso sindical es sumagoricemos esto es, los impulsemos, los pongamos en
mente grave, y lo es en la medida en que produce una pérpráctica, los defendamos. Son ellos los que ajustan innodida de identidad colectiva, no menor es la gravedad que
vaciones, corrigen desplazamientos, los que dotan de
se deriva del hecho de que el discurso sindical se apropie
sentido a los términos, los que garantizan, de la única made términos que, en rigor, le son ajenos: incorponera posible, su coherencia y su consistencia. No obstan◗◗◗
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OPINION
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borales, sobre las condiciones de trabajo de
raciones novedosas, pretextadas en la necetrabajadores y trabajadoras, sobre los crisidad de vigencia del sindicalismo, como
terios de redistribución del propio capipueden ser los discursos de la competiCada institución, cada ortal, sobre las estrategias, en fin, de extividad, la excelencia, el capital humaganización, establece una complotación de la fuerza del trabajo.
no… remiten a una realidad en la que
binación ligeramente distinta de
el propio sindicalismo no tiene senti- esos elementos, interpreta la realidad
Con todo, la mayor gravedad afecdo, por cuanto en ella se desdibudesde su peculiarísimo punto de vista,
ta, sin duda, a la veracidad del disjan, se mitigan, cuando no se niedota a las palabras de significados escurso sindical. Una veracidad que
gan las distintas manifestaciones
pecíficos, establece y acota parcelas
se cuartea irremisiblemente cuando
del conflicto radical que, como decíde la realidad propias, vale decir,
las palabras pretenden suplantar a
amos más arriba, no es otro que el
apropiadas, definiendo un modo
las cosas, ocultarlas, desfigurarlas.
conflicto capital-trabajo, en aras de la
Cuando dentro de una misma organiresolución “conjunta” del conflicto
de ser, hacer y pensar caraczación no nos entendemos porque, en riemanado de la competencia entre emterísticos.
gor, no decimos lo mismo; cuando entre las
presas (es decir, de la propia contradicción
palabras y las cosas se produce una quiebra,
interna en el proceso de acumulación del capiuna fractura, de tal magnitud que nos parece mentira. O
tal); un conflicto que, no nos olvidemos, sigue basculana lo mejor lo es. ■
do, en gran medida, sobre la calidad de las relaciones la-
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REGIMEN JURIDICO
Contrato de trabajo a tiempo parcial
■ José Antonio Ruiz Salvador
Profesor Asociado de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad Jaume I
de Castellón
El Texto corresponde al capítulo III, del libro “El Contrato de Trabajo a tiempo parcial”, escrito por José Antonio
Ruiz Salvador, profesor Asociado de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad Jaume I de
Castellón, editado por Editorial Bomarzo, dentro de su colección, “Básicos de Derecho Social”.
que correspondan a un trabajador a tiempo
LA JORNADA ORDINARIA DE TRABAJO
completo comparable, y en caso de que
Y SU DISTRIBUCIÓN
este no existiera, a la jornada a tiempo
La norma sigue exigiendo
completo prevista en el convenio coYa hemos visto como la actual regulaen el momento de formalizar el
lectivo de aplicación o, en su defección del contrato de trabajo a tiempo
contrato de trabajo a tiempo parcial
to, a la jornada máxima legal, sino
parcial ha flexibilizado sensiblemente las exigencias formales que con que en el mismo figure el número de también el cuando, esto es, la disrelación a la distribución de la jorna- horas ordinarias de trabajo al día, a la tribución de la misma, máxime si se
da contratada y su concreción men- semana, al mes o al año contratadas y tienen en cuenta que también a essual, semanal y diaria, incluida la de- su distribución, exigencia esta última tos contratos de trabajo a tiempo
parcial les será de aplicación las preterminación de los días en los que el
que parece debe ponerse en relavisiones establecidas en el art. 34 ET
trabajador deberá prestar servicios,
ción con los días en que la jory, en su caso, con ciertas limitaciones,
estaban vigentes en la redacción del
nada debe prestarse.
las que se derivan del art. 41 ET, en maart. 12.4 a) ET anterior al RD-Ley 5/2001.
teria de modificación sustancial de las conPese a todo, la norma sigue exigiendo en el
diciones de trabajo. Ello significa, de manera
momento de formalizar el contrato de trabajo a
muy especial, que no llegando al límite máximo de jortiempo parcial que en el mismo figure el número de honada anual a tiempo completo (art. 34.1 ET), referida al traras ordinarias de trabajo al día, a la semana, al mes o al año
bajador a tiempo completo comparable, o la que en su cacontratadas y su distribución, exigencia esta última que
so determine el convenio, o la máxima legal, así como los
parece debe ponerse en relación con los días en que la jorlímites de jornada diaria establecidos en el art. 34.3, senada debe prestarse.
gundo párrafo, ET, la jornada ordinaria de trabajo y su distribución, en los contratos de trabajo a tiempo parcial, va
Pese a ello, existe una alto grado de flexibilidad, por no dea tener un sinfín de posibilidades en relación al total de hocir una flexibilidad casi absoluta, a la hora de determinar
ras a prestar así como al momento de prestarlas. No obsno sólo el quantum de la jornada que debe prestar el tratante, lo anterior no significa en modo alguno que en el
bajador, que como se sabe puede ser cualquier cantidad
contrato no deba expresarse el número de horas
de horas, con la única condición de que sea inferior a las
◗◗◗
❛❛
• Jornada diaria
Lo más frecuente en los contratos a tiempo parcial será
encontrarnos con jornadas de trabajo diarias inferiores a
las que realicen los trabajadores a tiempo completo. El supuesto paradigmático será todo aquél contrato de trabajo a tiempo parcial horizontal en el que el trabajador prestará servicios todos los días considerados como laborables en la actividad de que se trate, pero en un número inferior al correspondiente a los trabajadores contratados a
tiempo completo. Ejemplo, cuatro horas diarias prestadas
de lunes a viernes, frente a ocho horas diarias con idéntica distribución. De la misma forma, esa jornada inferior
podrá distribuirse o prestarse tan sólo durante ciertos días de la semana, así por ejemplo, los lunes, miércoles y
viernes, o, lo que suele ser frecuente en determinadas actividades, una jornada diaria inferior o igual a la establecida para los trabajadores a tiempo completo prestada tan
sólo durante determinados días de la semana, especialmente, los viernes, sábados y domingos. Sin embargo
pueden existir otros supuestos en los que la jornada diaria
del trabajador con contrato de trabajo a tiempo parcial no
sólo puede que sea igual a la que correspondería a tiempo completo sino que incluso podría ser de mayor duración. Esta posibilidad se desprende no solo de la amplitud
y flexibilidad con que la ley define el trabajo a tiempo parcial, sino también, a “sensu contrario”, de lo dispuesto en
el art. 12.4 b) ET, al señalar “cuando el contrato a tiempo
parcial conlleve la ejecución de una jornada diaria inferior
a la de los trabajadores a tiempo completo...”.
Puede darse tal circunstancia en algunos de los casos señalados en el párrafo anterior, esto es, cualquier actividad
en la que sea necesario organizar la prestación de servicios durante determinados días a la semana exclusivamente, pero con las mismas o más horas diarias de trabajo de las que se prestarían normalmente por un trabajador
a tiempo completo en la misma actividad. Así por ejemplo,
27 horas semanales de jornada, pero distribuidas a razón
de 9 horas diarias durante 3 días a la semana. Sería el caso, así mismo, contemplado en el art. 36.3, tercer párrafo,
ET, en relación con las empresas que por la naturaleza de
su actividad realicen el trabajo en régimen de turnos, incluidos los domingos y días festivos, las cuales pueden
efectuarlo bien por equipos de trabajadores que desarrollen su actividad por semanas completas, o contratando
personal para completar los equipos necesarios durante
uno o más días a la semana, en cuyo caso, podrán prestar una jornada diaria similar a la de los trabajadores a tiempo completo o incluso superior; su relación laboral será a
tiempo parcial si la totalidad de su jornada es inferior a la
de los trabajadores a tiempo completo comparables. Lo
mismo ocurre en aquellos supuestos de trabajos fijos periódicos, en los que la parcialidad viene determinada únicamente por la anualización de la jornada, en los que durante los días, semanas o meses en que se prestan los servicios, estos tienen una duración similar a la que corres-
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ponde a trabajadores a tiempo completo. También sería
el caso de todos aquellos contratos con jornada anual a
tiempo parcial pero distribuida de forma irregular, de forma tal que la jornada ordinaria diaria, durante todos o algunos de los días que la misma se presta, fuese igual, o superior incluso, a la de los trabajadores a tiempo completo.
El supuesto paradigmático en este sentido sería el de los
trabajos a tiempo parcial concentrados durante periodos
inferiores a los de alta, en los que, como se sabe, el trabajador presta sus servicios durante solo determinados días
en los que concentra y realiza la totalidad de la jornada que
debe llevar a cabo a lo largo del todo el año, o el periodo
inferior contratado. Pues bien, en todos estos casos, de
conformidad con lo establecido en el art. 34.3, segundo
INDICADORES
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contratadas y la distribución de las mismas, tal y como hemos visto al tratar sobre la forma del contrato, no siendo
válidas aquellas fórmulas que impliquen una indeterminación en la distribución de la jornada1. Veamos, por tanto,
teniendo en cuenta los límites antes señalados, algunas
de las posibilidades y limitaciones que se deben tener en
cuenta en relación con los distintos módulos temporales a
los que se refiere el art. 12.1 ET.
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Lo más frecuente en los contratos a tiempo parcial será encontrarnos con jornadas de trabajo diarias inferiores
a las que realicen los trabajadores a tiempo completo. El
supuesto paradigmático será todo aquél contrato de trabajo a tiempo parcial horizontal en el que el trabajador
prestará servicios todos los días considerados como laborables en la actividad de que se trate, pero en un número inferior al correspondiente a los trabajadores contratados a
tiempo completo.
párrafo, ET, el número de horas ordinarias de trabajo efectivo no podrá ser superior a nueve diarias, salvo que por
convenio colectivo o, en su defecto, acuerdo entre la empresa y los representantes de los trabajadores, se establezca otra distribución del tiempo de trabajo diario, respetando en todo caso el descanso entre jornadas. Previsión que actuaría como límite igualmente en el caso de trabajadores a tiempo parcial y que únicamente podría verse
alterada mediante la posibilidad de acudir al pacto de horas complementarias, respetando, en todo caso, los límites en materia de jornada y descansos establecidos en los
artículos 34, apartados 3 y 4, 36, apartado 1, y 37, apartado 1, todos ellos del ET [art. 12.5 e), ET].
◗◗◗
INDICADORES
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En cuanto a la forma en que debe prestarse la jornada diaria en el caso del trabajo a tiempo parcial y las interrupciones que en la misma se pueden establecer, el art. 12. 4 b)
ET señala que la misma puede realizarse de forma continuada o partida. En este segundo supuesto, si esa jornada es inferior a la de los trabajadores a tiempo completo,
sólo será posible efectuar una única interrupción, salvo
que se disponga otra cosa mediante Convenio Colectivo
sectorial o , en su defecto, de ámbito inferior.
• Jornada semanal
art. 34.1, segundo párrafo, ET. Y en segundo lugar, por lo
que se señala, así mismo, en la Directiva 97/81/CE, en cuya cláusula 3. 1 del AMTTP, se establece que “a efectos
del presente Acuerdo, se entenderá por «trabajador a
tiempo parcial» a un trabajador asalariado cuya jornada
normal de trabajo, calculada sobre una base semanal o
como media de un período de empleo de hasta un máximo de un año, tenga una duración inferior a la de un trabajador a tiempo completo comparable”. Por tanto, esa
referencia a la jornada anual, en la práctica y en la mayoría
de los casos, será la que habrá que tener en cuenta y la
que nos dará la respuesta de si estamos ante un contrato
de trabajo a tiempo parcial y de la proporción de jornada
que se debe tomar en consideración en el mismo, lo que
resulta de especial importancia, en orden a la cuantificación exacta de todos aquellos derechos derivados del
contrato en los que rige el principio de proporcionalidad,
especialmente el salario.
En relación con el módulo semanal se pueden presentar,
al igual que en el diario, una gran diversidad de supuestos.
Si bien lo habitual será que el trabajador a tiempo parcial
realice una jornada semanal inferior a la de los trabajadores a tiempo completo, podría darse el caso de que ello no
fuese así y, por tanto, podríamos encontrarnos con jornadas iguales o incluso superiores a las de aquellos. Tal sePartiendo de lo anterior y de todo cuanto
rá el caso de los trabajos fijos periódicos, en los
hemos señalado sobre los módulos
que, como se sabe, durante los meses o sediarios, semanal o mensual, se puemanas en que se prestan los servicios, por
En cuanto a los trabajadode comprender hasta que punto
lo general, la jornada semanal tienen una
res a tiempo parcial con contrato
la jornada anual va a jugar un paduración similar a la que corresponde a
indefinido, podrán realizar horas expel importantísimo y va a constrabajadores a tiempo completo. Lo
traordinarias, si el contrato ha sido fortituir un marco amplio y de exmismo cabe decir de los supuestos de
traordinaria flexibilidad a la
trabajo a tiempo parcial concentrado,
malizado antes de la entrada en vigor de
tal y como hemos visto en el epígrafe dicha disposición o con posterioridad, en hora no sólo de fijar el límite de
la jornada de trabajo a tiempo
anterior. El límite de 40 horas semalos términos que expresamente prevea el
parcial sino también de su disnales de jornada máxima legal a que
convenio para los trabajadores a tiemtribución, pudiendo emplearse
se refiere el art. 34.1, segundo párrafo,
po parcial. Pero si formalizan pacto
una amplísima gama de posibiET, jugaría igualmente como límite málidades.
ximo de la jornada ordinaria de los trabade horas complementarias, no
jadores a tiempo parcial, salvo pacto de
pueden realizar horas ex• Consecuencias derivadas de excedistribución irregular, si bien la misma podría
traordinarias.
der la jornada ordinaria pactada
incrementarse por medio del pacto de horas
complementarias, respetando, en todo caso, los límiYa hemos visto que en aquellos supuestos en los que no
tes en materia de jornada y descansos establecidos en los
se formaliza por escrito el contrato a tiempo parcial, se
artículos 34, apartados 3 y 4, 36, apartado 1, y 37, aparpresume que el mismo se ha celebrado a tiempo completado 1, todos ellos del ET (art. 12.5 e), ET).
to, salvo prueba en contrario que acredite el carácter parcial de los servicios. Pues bien, aunque el contrato se ha• Jornada mensual
ya formalizado por escrito, si el mismo se incumple en el
sentido de realizar de forma habitual un exceso de horas
El art. 12.1 ET se refiere también a este módulo de refeextraordinarias o complementarias hasta completar la jorrencia mensual. Ahora bien, salvo en aquellos convenios
nada ordinaria a tiempo completo, el contrato deberá encolectivos que puedan establecer una jornada ordinaria
tenderse igualmente celebrado a tiempo completo2, hamensual, dada la ausencia de toda referencia a dicho módulo en el art. 34 ET, parece claro que va tener, en la prácbiéndose llegado a tal solución en el supuesto de contratica, poca o ninguna funcionalidad, pues incluso en aquetos a tiempo parcial, en el ámbito de la sanidad privada,
llos supuestos en los que los contratos a tiempo parcial
con guardias médicas de presencia hasta alcanzar la jorpudieran tener una duración mensual, el número de horas
nada completa, al considerar que en tal supuesto se está
contratadas como de servicios a tiempo parcial vendrá reante un contrato a tiempo parcial en fraude de ley3, apliferido, por lo general, a la semana, y su relación con las
cando al caso la doctrina establecida por el TJCE a proque en dicho módulo semanal correspondan a tiempo
pósito de la Directiva 93/104/CEE, y el concepto de “tiemcompleto. Dentro de ese periodo mensual, bimensual,
po de trabajo” en relación con médicos de atención prietc., podríamos encontrarnos igualmente con jornadas
maria en servicio público de salud4.
irregulares o concentradas, en cuyo caso habría que estar
a lo señalado en los epígrafes anteriores.
❛❛
• Jornada anual
El módulo de jornada anual será, en todos los casos, la referencia o límite absoluto que en ningún caso podrán franquear los contratos de trabajo a tiempo parcial. Se desprende la anterior conclusión, en primer lugar, de lo dispuesto en el art. 12.1 ET, en relación con lo señalado en el
LA PROHIBICIÓN DE REALIZAR HORAS
EXTRAORDINARIAS Y EL TRABAJO A TIEMPO
PARCIAL
Según lo dispuesto en el art. 12.4 c) ET, en la redacción
dada al mismo por el RD-Ley 15/1998, los trabajadores a
tiempo parcial no podrán realizar horas extraor-
◗◗◗
• Eficacia temporal de la prohibición
La DT 1ª del RD-Ley 15/1998 establece que los contratos
celebrados antes de su entrada vigor continuarán rigiéndose por la normativa legal o convencional conforme a la
que se celebraron. Teniendo en cuenta tal previsión y demás normas transitorias, en concreto, DT 1ª. 2 y DT 2ª del
RD-Ley 15/1998, se ha señalado por algunos autores que
los trabajadores a tiempo parcial temporales sólo podrán
realizar horas extraordinarias, en el caso de que hayan sido contratados antes de la entrada en vigor de la norma
de urgencia, o posteriormente, en el caso de que el convenio colectivo les obligue o les permita expresamente realizarlas y durante la vigencia del mismo. En cuanto a los
trabajadores a tiempo parcial con contrato indefinido, podrán realizar horas extraordinarias, si el contrato ha sido
formalizado antes de la entrada en vigor de dicha disposición o con posterioridad, en los términos que expresamente prevea el convenio para los trabajadores a tiempo
parcial. Pero si formalizan pacto de horas complementarias, no pueden realizar horas extraordinarias. Si el contrato se ha formalizado después del 29 de noviembre de
1998, sólo los indefinidos pueden realizar horas complementarias, sin que sea posible, a salvo de cuanto dispongan los convenios colectivos, la realización de horas extraordinarias5.
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INDICADORES
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LA REGLA DE PROPORCIONALIDAD COMO
MANIFESTACIÓN DEL PRINCIPIO DE IGUALDAD
Establece el art. 12.4 d) ET que los trabajadores a tiempo
parcial tendrán los mismos derechos que los trabajadores
a tiempo completo. Cuando corresponda en atención a su
naturaleza, tales derechos serán reconocidos en las disposiciones legales y reglamentarias y en los Convenios
Colectivos de manera proporcional, en función del tiempo
trabajado. Esta norma tiene su origen tanto en las previsiones que se contienen en el Convenio 175 de la OIT, artículos 5 y siguientes, como en la Directiva 97/81/CE,
cláusula 4, en la que, bajo el título de “principio de no discriminación”, se establece que “por lo que respecta a las
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o
dinarias, salvo que las mismas sean las que se señalan en
el art. 35.3 ET, esto es, para prevenir o reparar siniestros y
otros daños extraordinarios y urgentes. No obstante, hay
que tener presente que dicha prohibición de realizar horas
extraordinarias para los trabajadores contratados a tiempo parcial necesita de algunas matizaciones, especialmente en virtud del carácter no retroactivo de dicha prohibición.
■9
• Consecuencias más importantes de la prohibición
Las consecuencias más importantes en relación con las
horas extraordinarias giran en torno a su cotización y su
cómputo en las bases reguladoras de las prestaciones de
Seguridad Social por contingencias profesionales. En ese
sentido, cabría preguntarse, qué ocurre en materia de cotización a la Seguridad Social, en el caso de que se realicen horas extraordinarias por los trabajadores a tiempo
parcial, más allá de las que legalmente están permitidas o
incluso contraviniendo las normas que prohíben su realización; ambas cuestiones serán abordas más adelante,
en el capítulo V, dedicado a la Seguridad Social de los contratos de trabajo a tiempo parcial.
Los trabajadores a tiempo parcial no podrán realizar
❛❛
horas extraordinarias, salvo que las mismas sean las que
se señalan en el art. 35.3 ET, esto es, para prevenir o reparar siniestros y otros daños extraordinarios y urgentes.
• Contratos excluidos de la prohibición
Finalmente, hay que tener en cuenta que los trabajadores
fijos discontinuos de carácter irregular, cuya ejecución no
se repite en fechas ciertas, desde el RD-Ley 5/2001 y Ley
12/2001, tampoco están afectados por la prohibición de
realizar horas extraordinarias. Respecto de estos habrá
que distinguir, por tanto, entre todos aquellos contratos
celebrados tras la entrada en vigor del RD-Ley 15/1998,
esto es, desde el 29-11-1998, y la fecha de entrada en vigor del RD-Ley 5/2001. Todos los contratos celebrados
en ese periodo estarán afectados por la prohibición de realizar horas extraordinarias pero no en cambio los anteriores o posteriores a dichas fechas.
condiciones de empleo, no podrá tratarse a los trabajadores a tiempo parcial de una manera menos favorable que
a los trabajadores a tiempo completo comparables por el
simple motivo de que trabajen a tiempo parcial, a menos
que se justifique un trato diferente por razones objetivas”,
y, así mismo, que “cuando resulte adecuado, se aplicará
el principio de pro rata temporis”, o, lo que es lo mismo, el
principio de proporcionalidad. Por consiguiente, teniendo
en cuenta lo establecido en los preceptos señalados, la regla de proporcionalidad no sería de aplicación automática
en todos los casos sino que estaría sujeta a los siguientes
requisitos: 1º) Que la propia naturaleza de los derechos lo
permita, lo que nos lleva a distinguir entre dere-
◗◗◗
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o
10 ■
brados a tiempo parcial en los que se fijó un número determinado de horas inferiores a las señaladas para la jornada a tiempo completo8.
chos susceptibles de disfrute proporcional y aquellos
otros que no lo son; 2º) Que así se reconozca expresamente en las disposiciones legales o convencionales; 3º)
Que la aplicación de la proporcionalidad descanse en razones objetivas; y 4º) Que la regla de proporcionalidad, en
su caso, se aplique en función del tiempo trabajado. Veamos como se traduce la aplicación de dicho principio en
relación con los distintos derechos laborales.
• Proporcionalidad y complementos extrasalariales
Establece el art. 26.2 ET que no tendrán la consideración
de salario las cantidades percibidas por el trabajador en
concepto de indemnizaciones o suplidos por los gastos
• Proporcionalidad y salario
realizados como consecuencia de su actividad laboral… y
las indemnizaciones correspondientes a traslados…. Entre estos complementos extrasalariales suele ser común
Hay que entender por salario no solo el salario base sino la
en muchos convenios colectivos el “plus de transporte”,
totalidad de las percepciones económicas de los trabajaademás de otros muchos como los de “ropa”, “uniforme”,
dores, en dinero o en especie, por la prestación profesio“distancia”, “dietas”, etc., etc. Existen muchos convenios
nal de los servicios laborales por cuenta ajena, ya retribuen los que estos complementos extrasalariales se han fiyan el trabajo efectivo, cualquiera que sea la forma de rejado de forma proporcional en función de un determinado
muneración, o los períodos de descanso computables
número de horas de trabajo a tiempo parcial, por lo gecomo de trabajo (art. 26.1 ET). No debe haber excesivos
neral, estableciendo para todos aquellos conproblemas en relación con el principio de protratos de hasta 20 horas semanales, un imporcionalidad y el salario en los contratos de
porte equivalente al 50 % de dichos
trabajo a tiempo parcial, especialmente,
Los trabajadores a tiempo
complementos. De no establecer el
si se tiene en cuenta, la perfecta adapparcial tendrán los mismos deconvenio colectivo ninguna distintabilidad del salario a dicho principio,
rechos que los trabajadores a tiemción, con independencia de la jorhabiéndose admitido expresamente
nada realizada, dichos compleel abono proporcional de determipo completo. Cuando corresponda en
mentos deberán abonarse en la
nados complementos salariales,
atención a su naturaleza, tales deremisma cantidad que a los trabajatales como “trabajo en festivo”,
chos serán reconocidos en las disposidores contratados a tiempo comaunque no esté previsto en el conciones legales y reglamentarias y en
pleto9.
venio colectivo el abono proporcional del mismo, y sin que ello signifi- los Convenios Colectivos de manera
que trato discriminatorio contrario al
• Proporcionalidad y descanso diaproporcional, en función del
art. 14 CE6. Ahora bien, podríamos enrio, semanal, fiestas, permisos o vacatiempo trabajado.
ciones
contrarnos con complementos salariales
por cantidad o calidad que no estén relacioA ello se refiere en parte el art. 7 del Convenio 175
nados con el tiempo de trabajo, en cuyo caso hade la OIT, al señalar que deberán adoptarse medidas pabría que excluir la proporcionalidad. Tal podría ser, por
ra asegurar que los trabajadores a tiempo parcial gocen
ejemplo, una prima fija en función de objetivos o resultade condiciones equivalentes a las de los trabajadores a
dos, etc., o comisiones por ventas establecidas en forma
tiempo completo en situación comparable, en las siguienporcentual.
tes esferas: c) vacaciones anuales pagadas y días feriados
pagados. No parece que los derechos regulados en los
En cuanto al complemento de antigüedad tampoco parearts. 34.3, 37.1 y 2, y 38, ET, esto es, el derecho al desce que deba presentar ningún problema, debiendo excluir
canso entre jornada y jornada, descanso semanal, días
la regla de proporcionalidad para su consolidación y aplifestivos y vacaciones anuales puedan dar lugar a confliccarla en cambio en cuanto a la cantidad a devengar, que
tividad ni verse alterados en cuanto a su duración por el
será siempre proporcional a la jornada pactada y que en
hecho de prestar el trabajo a tiempo parcial. En todo caso,
muchos casos vendrá dada directamente por la aplicael salario que se percibirá durante esos días lo será en la
ción de un porcentaje sobre el salario base.
misma proporción al que corresponda según la jornada
pactada10. Lo mismo cabe decir respecto de los permisos
Procederá, así mismo, aplicar criterios de proporcionalidad en el cálculo y retribución de las pagas extraordinarias
establecidos en los arts. 40.4 y 53.2 ET.
de vencimiento superior al mensual, sobre la base del coeficiente de proporcionalidad en cómputo anual, compuEn cuanto a los permisos regulados en el art. 37.3 ET, se
tando al efecto los periodos de descanso retribuidos7.
ha venido entendiendo por la doctrina11 que aquellos cuyo momento de su disfrute depende exclusivamente de la
No es infrecuente que en los contratos a tiempo parcial,
voluntad del trabajador, pueden ser objeto de reducción
como consecuencia de la disminución de la jornada pacproporcional o incluso de supresión. Sería el caso del pertada en el convenio colectivo, se tengan que producir
miso por matrimonio, permiso por traslado del domicilio
ajustes en cuanto al importe proporcional de los salarios
habitual o permiso para el ejercicio de sufragio activo. Ello
devengados por los trabajadores contratados en función
puede ser discutible si tal posibilidad de reducción prode un número de horas determinado. La reducción de la
porcional o supresión no está contemplada en las dispojornada a tiempo completo operada en el Convenio colecsiciones reglamentarias o por convenio colectivo [art.
tivo no se trasmite al contrato a tiempo parcial si en el mis12.4.d), ET]. Tal sería el supuesto, expresamente previsto
mo se ha estipulado un número concreto de horas y no un
en el art. 13 RD 605/1999 y en las normas dictadas por las
porcentaje sobre la jornada a tiempo completo, aunque si
Comunidades Autónomas con competencia en materia
que tiene consecuencias jurídicas en el incremento del
laboral12, para los permisos de sufragio activo.
porcentaje de jornada y de salario de los contratos cele-
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◗◗◗
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o
Nos referimos con ello a los derechos contemplados en el
art. 23 ET, esto es, al disfrute de los permisos necesarios
para concurrir a exámenes, así como a una preferencia a
elegir turno de trabajo, si tal es el régimen instaurado en la
empresa, cuando se curse con regularidad estudios para
la obtención de un título académico o profesional, así como la adaptación de la jornada ordinaria de trabajo para la
asistencia a cursos de formación profesional o a la concesión del permiso oportuno de formación o perfeccionamiento profesional con reserva del puesto de trabajo. No
parece que dichos derechos puedan verse afectados por
la regla de proporcionalidad, pues la propia naturaleza de
los mismos hace impensable tal posibilidad.
condiciones que los trabajadores a tiempo completo,. En
caso de ser miembros del Comité de Empresa o Delegados de Personal, tendrán derecho al crédito horario en los
mismos términos que los regulados para los trabajadores
a tiempo completo, esto es, según la escala establecida
en el art. 68 e) ET, o, en su caso, la que establezca el convenio colectivo, pues dicho crédito tiene como finalidad el
ejercicio de sus funciones de representación y estas no
pueden verse mermadas por el hecho de realizar una jornada inferior a la que corresponda a los trabajadores a
tiempo completo, dependiendo la mayor o menor duración del crédito del número de trabajadores de la empresa.
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• Proporcionalidad y derechos de formación y promoción
profesional
■ 11
• Proporcionalidad y derechos para la conciliación de la
vida laboral y familiar
Nos referimos aquí, en primer lugar, al permiso por lactancia de un hijo menor de 9 meses (art. 37.4 ET). A los derechos relacionados con la maternidad, en el caso de los trabajadores a tiempo parcial, se refiere, así mismo, el art. 7
del Convenio 175 de la OIT, señalando que deberán adoptarse medidas para asegurar que los trabajadores a tiempo parcial gocen de condiciones equivalentes a las de los
trabajadores a tiempo completo en situación comparable.
La expresión “equivalentes” no resuelve el problema de si
hay que aplicar o no la regla de proporcionalidad en el caso de los derechos que venimos contemplando. El permiso por lactancia no parece que deba verse afectado por la
regla de proporcionalidad, ya que el mismo está establecido a favor del hijo, para atender a sus necesidades alimenticias, y estas no pueden verse reducidas por el hecho
de que el contrato de la madre o, en su caso, el padre, lo
sea a tiempo parcial. Ello se vería reforzado por lo señalado en el apartado 6 del art. 37 ET, en el sentido de que la
concreción horaria del permiso por lactancia corresponde
al trabajador dentro de su jornada ordinaria. Lo mismo cabría decir en relación el derecho a ausentarse del trabajo
durante una hora en el caso de hijos prematuros, o con el
derecho a reducir la jornada de trabajo hasta un máximo
de dos horas, con la disminución proporcional del salario
(art. 37.4 bis ET), o el derecho a reducir la jornada por
guarda legal de hijo menor de seis años, o por cuidado de
un minusválido físico, psíquico o sensorial, o de familiares
que por razones de edad, accidente o enfermedad no
pueda valerse por sí mismo (art.37.5 ET); es evidente que
la efectividad de tales derechos será directamente proporcional a la duración de la jornada a tiempo parcial realizada, o lo que es los mismo, cuanto menor sea la jornada que se realice menor será también la necesidad de reducción de la misma para dedicarse a los citados deberes
familiares. En cualquier caso, la reducción de la jornada es
a cargo del trabajador, que verá reducido proporcionalmente su salario.
• Proporcionalidad y derechos de representación unitaria
o sindical
Los trabajadores a tiempo parcial no pueden ver reducidos en modo alguno sus derechos de representación unitaria o sindical por la duración inferior de su jornada; por
tanto podrán participar en las elecciones a representantes
de los trabajadores y ser electores y elegibles en idénticas
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Hay que entender por salario no solo el salario base sino la totalidad de las percepciones económicas de los trabajadores, en dinero o en especie, por la prestación profesional de los servicios laborales por cuenta ajena, ya retribuyan el trabajo efectivo, cualquiera que sea la forma de remuneración, o los períodos de descanso computables como de trabajo (art. 26.1 ET).
• Proporcionalidad, derechos sociales a cargo de la empresa y mejoras voluntarias de Seguridad Social
Los convenios colectivos establecen estas mejoras sin regular, en muchas ocasiones, ninguna previsión o especialidad en relación con los trabajadores a tiempo parcial. El
TS ha rechazado la aplicación supletoria, en estos casos,
de la normativa de Seguridad Social relativa a prestaciones análogas con relación a los trabajadores a tiempo parcial, descartando la aplicación del principio de proporcionalidad, indicando que no son aplicables a “las mejoras
voluntarias buena parte de las disposiciones específicas
que regulan las prestaciones propiamente dichas
◗◗◗
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12 ■
de la Seguridad Social, como son, entre otras, las que determinan el importe de la prestación y su base reguladora,
en cuya analogía se fundamenta la actuación empresarial
ahora combatida y que jurídicamente se rechaza”13.
adoptarse por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción”.
a) Consecuencias del principio de voluntariedad para el
trabajador
Consecuencia de cuanto acabamos de exponer será que,
al igual que ocurre en el acceso al contrato de trabajo a
tiempo completo (art. 1.1 ET), o, mejor, en todo contrato
(art. 1261 Código Civil), el contrato a tiempo parcial solo
Hasta la reforma operada por el RD-Ley 15/1998, dado
podrá establecerse de forma voluntaria para el trabajador,
que el art. 12 ET no establecía nada al respecto, existieron
a través del mutuo acuerdo, bien sea en el momento de su
dudas sobre la posibilidad de que el empresario pudiera
concertación inicial, bien en cualquier momento posterior
imponer, por la vía del art. 41 ET, la conversión de un cona través de un pacto novatorio. Este pacto podrá consistrato a tiempo completo en un contrato a tiempo parcial,
tir tanto en la conversión de un contrato previo a tiempo
lo que era rechazado por algunos Tribunales Superiores
completo en otro a tiempo parcial, como en la conversión
de Justicia, al entender que tal pretensión constituía una
de un contrato a tiempo parcial en otro a tiempo parcial de
novación extintiva del vínculo laboral y no una simple momenor o mayor duración de jornada17, pues así se
dificación de la jornada14, admitiéndose por otros al
considerar que se trataba de una modificación
desprende de lo señalado en el segundo pásustancial de las condiciones de trabajo
rrafo del apartado 4.e) del art. 12 ET, y de
que afectaba a la jornada [art. 41.1.a)
las normas generales sobre contrataEllo significa que
ET]15. Esta situación cambió a partir del
ción, en especial, art. 1255 del Código Civil.
RD-Ley 15/1998 como veremos a
no se puede imponer de
continuación.
forma unilateral por la empresa
En todos aquellos casos en los
una novación del contrato
que el trabajador voluntariamente
• Conversión de contrato a tiempo
a jornada completa para
acepte una novación extintiva de
completo en contrato a tiempo parsu contrato a tiempo completo
cial o viceversa: su carácter voluntaadaptarlo a otro a tiempo
para pasar a un contrato a tiempo
rio para el trabajador
parcial, o viceversa
parcial, o que implique cualquier reducción de jornada de un contrato a
La reforma operada por el RD-Ley
tiempo parcial, la reducción horaria
15/1998, en línea con lo que ya se conteoperada no se considerará en ningún canía en el art. 10 del Convenio 175 OIT y la
so como situación legal de desempleo suscláusula 5.2 del la Directiva 97/81/CE, despejó
ceptible de generar derecho a prestaciones de tal
las dudas anteriores al consagrar rotundamente el
naturaleza18.
carácter voluntario para el trabajador de toda conversión
de un contrato a tiempo completo en otro a tiempo parcial;
señala el nuevo art. 12.4 e) ET que “la conversión de un trab) Consecuencias de la no aceptación por el trabajador de
bajo a tiempo completo en un trabajo parcial y viceversa
la novación
tendrá siempre carácter voluntario para el trabajador y no
se podrá imponer de forma unilateral o como consecuenComo hemos visto, la conversión de un contrato a tiempo
cia de una modificación sustancial de condiciones de tracompleto en otro a tiempo parcial o viceversa tiene siembajo al amparo de los dispuesto en la letra a) del apartado
pre carácter voluntario para el trabajador. En caso de ne1 del artículo 41”. Debe entenderse incluida en dicha
gativa a aceptar la modificación propuesta por la empreprohibición, cualquier reducción o ampliación de la jornasa, el trabajador no podrá sufrir ningún tipo de represalia.
da de un contrato a de trabajo a tiempo parcial16.
Así se desprende de lo señalado por el apartado 4.e) del
art. 12 ET cuando establece que “el trabajador no podrá
ser despedido ni sufrir ningún otro tipo de sanción o efecEllo significa que no se puede imponer de forma unilateral
to perjudicial por el hecho de rechazar esta conversión”.
por la empresa una novación del contrato a jornada comEllo nos lleva a pensar en la configuración de una nuevo
pleta para adaptarlo a otro a tiempo parcial, o viceversa;
supuesto de nulidad al margen de los establecidos en el
en aquellos supuestos en los que la empresa pretenda un
art. 17.1 ET, lo que de ser así debería llevar necesariaajuste de plantilla o de jornada que implique la conversión
mente la consideración del despido como nulo y no merade contratos a tiempo completo en otros a tiempo parcial
mente improcedente19.
o viceversa, sólo tendrá dos vías: alcanzar acuerdos con
los trabajadores afectados que libre y voluntariamente estén dispuestos a aceptar la conversión de su contrato, o,
c) El principio de voluntariedad y la negociación colectiva
acudir, necesariamente, a las vías establecidas en los arts.
51 y 52 c) ET, esto es, la extinción de contratos de trabajo
Como consecuencia del carácter voluntario que para el
fundada en causas económicas, técnicas, organizativas o
trabajador tendrá siempre la conversión de un contrato a
de producción, o despido objetivo por las mismas causas.
tiempo completo en otro a tiempo parcial hay que señalar,
En efecto, así se desprende del precepto que venimos coigualmente, la imposibilidad de que dicha conversión venmentando, cuando señala que “el trabajador no podrá ser
ga determinada como obligatoria por convenio colectivo,
despedido ni sufrir ningún otro tipo de sanción o efecto
conclusión a la que hay que llegar necesariamente dada la
perjudicial por el hecho de rechazar esta conversión, sin
regulación que acabamos de ver. Se trata, por tanto, de
perjuicio de las medidas que, de conformidad con lo disuna norma de derecho necesario absoluto que no puede
puesto en los artículos 51 y 52 c) de esta Ley, puedan
ser desconocida ni alterada por vía de negociaEL PRINCIPIO DE VOLUNTARIEDAD
❛❛
◗◗◗
Lo que sí pueden establecer “los Convenio Colectivos
sectoriales y, en su defecto, de ámbito inferior”, según se
desprende de lo establecido en el art. 12.4.g) ET, son “los
requisitos y especialidades para la conversión de contratos a tiempo completo en contratos a tiempo parcial,
cuando ello esté motivado principalmente por razones familiares o formativas” del trabajador y sea este el que voluntariamente decida acogerse a dichas normas convencionales para así llevar a cabo la novación de su contrato
y adaptarlo en materia de jornada a las necesidades derivadas de las causas señaladas, en cuyo caso, la novación
será obligatoria para la empresa. Entre los supuestos derivados de razones familiares cabe pensar en todos aquellos que no queden comprendidos dentro del ámbito del
derecho de reducción de jornada que para la conciliación
de la vida familiar y laboral reconoce expresamente el art.
37.5 ET, ya que de lo contrario podríamos estar ante una
renuncia de un derecho reconocido por disposición legal
de derecho necesario, lo que está prohibido por el art. 3.5
ET. Entre los supuestos derivados de razones formativas,
la expresión es sin duda más amplia que la contemplada
en el art. 23.1 ET, limitada, como se sabe, a “la asistencia
a cursos de formación profesional o a la concesión del permiso oportuno de formación o perfeccionamiento profesional”, comprendiendo también la asistencia a cualquier
curso para la obtención de cualquier título académico.
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Pese a ello, el mandato genérico de que las solicitudes deban ser tomadas en consideración y que la denegación
sea motivada y notificada por escrito al trabajador, hace
que, cuanto menos, la conclusión antes señalada pueda
calificarse como discutible, pues es evidente que una denegación no basada en motivos objetivos y fundados debería ceder y podría ser revocada en vía jurisdiccional a
partir del mismo momento en que se produjese su notificación, o incluso si la misma no se diese. Si el empresario
dispusiese de facultad para aceptar o denegar libremente
las solicitudes no estaría obligado a justificar motivadamente la denegación. Por tanto, como se ha señalado por
la doctrina, “en la medida en que la ley obliga al empresario a explicitar en el escrito denegatorio la causa de la de-
INDICADORES
rio
ción colectiva. Por ello, los convenios colectivos tampoco
podrán establecer la conversión obligatoria o automática
de los contratos a tiempo parcial en contratos a tiempo
completo, pues “aunque sea presumible que tal novación
contractual haya de resultar globalmente beneficiosa para los trabajadores es a éstos individualmente considerados, y no al empresario o a los titulares de la autonomía colectiva, a quienes corresponde aceptar en último término
el paso del contrato a tiempo parcial al contrato a tiempo
completo…”20.
■ 13
EL DERECHO A LA MOVILIDAD VOLUNTARIA DE
UN TRABAJO A TIEMPO COMPLETO A UN
TRABAJO A TIEMPO PARCIAL Y VICEVERSA
Establece el art. 12.4.e), segundo párrafo, ET, que a fin de
posibilitar la movilidad voluntaria en el trabajo a tiempo parcial, el empresario deberá informar a los trabajadores de la
empresa sobre la existencia de puestos de trabajo vacantes, de manera que aquellos puedan formular solicitudes
de conversión voluntaria de un trabajo a tiempo completo
en un trabajo a tiempo parcial y viceversa, o para el incremento del tiempo de trabajo de los trabajadores a tiempo
parcial, todo ello de conformidad con los procedimientos
que se establezcan en los Convenios Colectivos sectoriales o, en su defecto, de ámbito inferior. Como se puede observar, estaríamos ante una norma incompleta que parece
remitir el alcance concreto de este derecho a “los procedimientos que se establezcan en los Convenio Colectivos”,
lo que puesto en relación con el último inciso del párrafo siguiente, esto es, que las solicitudes que formulen los trabajadores en tal sentido, “deberán ser tomadas en consideración, en la medida de lo posible, por el empresario”, ha
llevado a considerar que, en realidad, no estamos ante el
reconocimiento concreto de un derecho sino de una mera
obligación empresarial de carácter instrumental de informar sobre los puestos de trabajo vacantes21.
❛❛
Los Convenios Colectivos establecerán medidas para
facilitar el acceso efectivo de los trabajadores a tiempo
parcial a la formación profesional continua, a fin de favorecer su progresión y movilidad profesionales.
negación y ésta tendrá que ser necesariamente objetiva,
el empresario no podrá alegar más que la existencia de un
derecho preferente de otro trabajador –de un excedente
voluntario (art. 46.4 ET), de un trabajador al ascenso (art.
22 ET), de un trabajador previamente convertido [art.
12.4.e) ET], de un trabajador consorte que trabaje en la
misma empresa (art. 40.3 ET) o de un trabajador contratado a tiempo parcial que hubiese prestado servicios como tal en la empresa durante tres o más años [art. 12.4 e)
ET]-, por lo que…se trataría de un efectivo derecho al
puesto vacante solicitado, si bien debiendo ceder ante
aquellos otros derechos declarados legalmente como
preferentes”22.
◗◗◗
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su concreción o desarrollo vía convenio colectivo, sino
que en todo caso, estos podrán regular “los requisitos y
procedimientos”, pero respetando en todo caso la premisa material establecida por la ley, esto es, el haber sido
contratados inicialmente a tiempo parcial y haber prestado servicios como tal en la empresa durante tres o más
años. Así se ha entendido y aplicado en un supuesto en el
que el convenio colectivo guardaba silencia al respecto24.
DERECHO PREFERENTE PARA VOLVER A
OCUPAR UN PUESTO DE TRABAJO VACANTE A
TIEMPO COMPLETO DESEMPEÑADO CON
ANTERIORIDAD
El art. 12.4.e), tercer párrafo, ET, establece que los trabajadores que hubieran acordado la conversión voluntaria
de un contrato de trabajo a tiempo completo en otro a
tiempo parcial o viceversa y que, en virtud de las informaciones a las que se refiere el párrafo precedente, soliciten
el retorno a la situación anterior, tendrán preferencia para
el acceso a un puesto de trabajo vacante de dicha naturaCONTRATO A TIEMPO PARCIAL Y FORMACIÓN
leza que exista en la empresa correspondiente a su misPROFESIONAL CONTINUA
mo grupo profesional o categoría equivalente, de
acuerdo con los requisitos y procedimientos
Cumpliendo con lo regulado en la cláusula
que se establezcan en los Convenios Co5.3.d) de la Directiva 97/81/CE, el art. 12.4
lectivos sectoriales o, en su defecto,
f) ET señala que los Convenio ColectiLa reducción de la jornada a
de ámbito inferior.
vos establecerán medidas para facilitiempo completo operada en el Contar el acceso efectivo de los trabavenio colectivo no se trasmite al contraEstamos, en el presente caso,
jadores a tiempo parcial a la forante un derecho preferente de
mación profesional continua, a
to a tiempo parcial si en el mismo se ha estiretorno a la situación contracfin de favorecer su progresión y
pulado un número concreto de horas y no un
tual precedente, que a difemovilidad profesionales. Se traporcentaje sobre la jornada a tiempo completo,
rencia de lo señalado en el
ta, por tanto, de un mandato
epígrafe anterior, su efectivi- aunque si que tiene consecuencias jurídicas en del legislador destinado a los
el incremento del porcentaje de jornada y de
dad no parece que pueda esagentes sociales a fin de que
tar condicionada a los requisiestos pongan los medios necesalario de los contratos celebrados a tiempo
tos y procedimientos que se essarios (permisos, incentivos, etc.
parcial en los que se fijó un número detertablezcan en los Convenios Co)
destinados
de manera específica
minado de horas inferiores a las señalectivos, sino que, en todo caso,
al colectivo de trabajadores a tiemladas para la jornada a tiempo
podrá ejercitarse aunque el convepo parcial, con el fin facilitar su procompleto.
nio colectivo no establezca nada al resgresión y movilidad profesionales, lo que
pecto, pues una cosa es el establecimienhabrá que entender en el sentido de que los
to de un deber de “informar a los trabajadores
mismos alcancen un mayor grado de cualificade la empresa sobre la existencia de puestos de trabajo
ción profesional que les permita, de manera más fácil y rávacantes”, y otra muy distinta señalar que “tendrán prefepida, el acceso al un contrato a tiempo completo. Se trarencia para el acceso a un puesto de trabajo vacante de
ta, en definitiva, de medidas de acción positiva a favor de
dicha naturaleza que exista en la empresa correspondienlos trabajadores a tiempo parcial, lo que implícitamente
te a su mismo grupo profesional o categoría equivalente”,
pone de manifiesto que estamos ante un colectivo que,
pues, como se ha señalado, a propósito del derecho preobjetivamente considerado, se halla, cuanto menos, en
ferente que con el mismo alcance se configura en el seuna posición de clara desventaja.
gundo inciso de este mismo párrafo tercero del art. 12.4.e)
ET, “no cabe duda de que el referido precepto establece
una preferencia a favor de los trabajadores a tiempo parcial…para ocupar las vacantes a tiempo completo que se
EFICACIA TEMPORAL DE LAS NORMAS SOBRE
produzcan en la empresa “23.
EL PRINCIPIO DE VOLUNTARIEDAD EN LOS
CONTRATOS DE TRABAJO A TIEMPO PARCIAL
❛❛
DERECHO PREFERENTE PARA OCUPAR UN
PUESTO DE TRABAJO A TIEMPO COMPLETO DE
LOS TRABAJADORES QUE HABIENDO SIDO
CONTRATADOS A TIEMPO PARCIAL HUBIEREN
PRESTADO SERVICIOS COMO TALES DURANTE
TRES O MÁS AÑOS
Establece el segundo inciso del tercer párrafo, art. 12.4.e)
ET, que igual preferencia tendrán los trabajadores que,
habiendo sido contratados inicialmente a tiempo parcial,
hubieran prestado servicios como tales en la empresa durante tres o más años, para la cobertura de aquellas vacantes a tiempo completo correspondientes a su mismo
grupo profesional o categoría equivalente que existan en
la empresa. El alcance de este concreto derecho de preferencia, al igual que ocurre en el contemplado en el epígrafe anterior, no parece que pueda estar condicionado a
Las normas sobre el alcance del principio de voluntariedad que acabamos de examinar, contenidas en el art.
12.4 e) y f) ET, son de aplicación, desde la fecha de entrada en vigor del RD-Ley 15/1998, a todos los contratos de
trabajo a tiempo parcial, cualquiera que fuese la fecha de
su celebración, en virtud de lo dispuesto en la DT 1ª.1, segundo párrafo, de la citada disposición. ■
Notas
1 Sentencia TSJ de Murcia, de 16-04-1998 (AS 1998, 2257).
25
Sentencia TSJ de Cataluña de 27-02-2003 (JUR 2003,
117166), TSJ de Asturias de 26-09-2003 (JUR 2004, 18713),
TSJ de Castilla-La Mancha de 12-11-2002 (JUR 2003, 100367),
TSJ del País Vasco de 13-11-2001 (JUR 2002, 81813).
26 Sentencia TSJ de Cataluña de 25-11-2002 (AS 2003, 672).
27 Sentencia del TJCE de 3-10-2000 (TJCE 2000, 234).
28 Vid., J. CABEZA PEREIRO y J. F. LOUSADA ARO-
◗◗◗
Miembro del Consell de Treball Econòmic i Social de Catalunya
Nosotros en la Europa social
que sin una Europa política no es posible una
ablar de Europa, con fundamentado punEuropa social. De manera que Europa no
to de vista, es referirse a nuestras cosas
puede seguir siendo un elemento extraño en
más directas. Mientras no nos metamos plenamente esto en la cabeza no avanzaremos,
el debate político cotidiano español, escasaporque Europa no es una caprichosa orientamente preocupado por etapa de transición
ción política sino una opción de vida; más tohistórico-económica, social, política e institucional. Esta discusión política (y también sodavía, para nosotros no hay un planteamiento
alternativa a Europa: no hay otro camino que el
cial y cultural) adquiere ahora más importaneuropeo. Me interesa afirmar que, en mi opicia para nosotros tras los magníficos resultanión, no se trata de una postura defensiva en
dos electorales así en España como en Franrelación, por ejemplo, a los Estados Unidos sicia que podrían abrir un nuevo itinerario. Me
no de un planteamiento de civilización. Pero sí de
permito un inciso con relación a estos imporuna Europa como alternativa al proceso de
tantes resultados para la izquierda: ya he
mundialización salvaje que, por lo demás,
oído voces por ahí echando las cam¿Cómo afrontan la política
está provocando un profundo desequilipanas al vuelo y, sobre todo, afirde izquierdas y el sindicalismo
brio en las relaciones de poder en el
mando la frase tan sobada de que
el hecho de que en España el promundo, mediante un espectacular unise está abriendo un nuevo ciclo
lateralismo que genera humillación y
¡Qué más quisiera yo que fuera
medio del coste laboral sea de 15 eufrustración en ciertas latitudes1. A mi
tan indudable! Lo digo porque toros por trabajador y hora trabajada,
entender son estos elementos (humi- mientras que en los países del Este eu- davía están muy frescas las elecciones en Grecia donde el PASOK
llación y frustración, incluso tanto o
ropeo es de 4,5 euros? De ninguna de
ha perdido los comicios (cierto, tomás que la miseria, unidos a un sentilas maneras se trata de una bagadavía mantiene unos resultados en
do de inferioridad que no siempre cointela.
torno al 40 por ciento) y los malos recide con la pobreza) el caldo de cultivo
sultados del SPD en Alemania en las
del terrorismo —injustificable a todas luelecciones de los lands. Todavía es muy
ces, cierto —que ha masacrado tantas vidas
en los cinco continentes y, hace poco, en Mapronto para saber si las elecciones en Espadrid2. Una Europa política, pues, como opción de reña y Francia son una alternancia o la apertura de un
nuevo ciclo; ya lo iremos viendo.
equilibrio de tales relaciones de poder en el mundo, por-
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38 Sentencia TSJ de Castilla y León/Valladolid de 17-02-1995 (AS
1995, 626).
39 Sentencia JS núm. 33 de Madrid de 8-03-2003 (AS 2003,
1980).
40 Sentencia JS núm. 33 de Madrid de 8-03-2003 (AS 2003,
1980).
41 Sentencia TSJ de Madrid de 8-03-2001 (AS 2001, 1752), entre otras muchas.
42 No se entendió así en el supuesto contemplado por la Sentencia del TSJ de Andalucía/Granada, de 16-04-2001 (AS 2001,
2509).
43 Sentencia TS de 21-07-1992 (RJ 1992, 5645).
44 Sentencia del TSJ de Cantabria de 13-02-2002 (JUR 2002,
125235).
45 T. SALA FRANCO, “Los principios de ordenación del contrato
de trabajo a tiempo parcial”, op. cit., pags. 89 y 90.
46 Sentencia del TSJ de la Comunidad Valenciana de 19-07-2002
(JUR 2003, 151861). En el mismo sentido, el Juzgado de lo Social núm. 33 de Madrid vino a entender que “el empresario está
obligado a viavilizar la conversión o, e su defecto, al retorno entre
estas modalidades contractuales…ya que la ausencia de regulación convencional de procedimientos y requisitos no puede vaciar de contenido la preferencia de estos trabajadores”, R. BODAS MARTIN, “La Jornada Laboral”, ponencia presentada a la
Jornadas “Tiempo de Trabajo”, Madrid, 22 y 23 de enero de
2004, ejemplar multicopiado, pag. 61.
47 Sentencia del TSJ de la Comunidad Valenciana de 19-07-2002
(JUR 2003, 151861).
TENDENCIAS
CHENA, “El nuevo régimen legal del trabajo a tiempo parcial”,
Granada (Comares), 1999, pag. 151.
29 Sentencia TSJ de Cataluña de 10-10-2002 (AS 2002, 3570)
30 Sentencia TSJ de Canarias/Las Palmas de 23-04-2002 (JUR
2003, 3948).
31 Sentencia TSJ del País Vasco de 7 de mayo de 2002 (AS 2002,
1842).
32 Sentencia TSJ de Canarias/Tenerife de 3-10-2002 (JUR 2002,
283231).
33 Sentencia TSJ de Canarias/Las Palmas de 19-04-2002 (JUR
2003, 3886).
34 T. SALA FRANCO, “Los principios de ordenación del contrato
de trabajo a tiempo parcial”, en “Los contratos de trabajo a tiempo parcial”, AA.VV. (Coord. por M.E. CASAS BAAMONDE y F.
VALDES DAL-RÉ), Valladolid, (Lex Nova) 2000, pag. 76, y I..
GONZALEZ DEL REY RODRIGUEZ, “El contrato de trabajo a
tiempo parcial”, Navarra (Aranzadi), 1998, pag. 250 y ss.
35 Véase, por ejemplo, Orden de 23 de febrero de 2004, de la
Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo, de la Generalitat
Valenciana, por la que se dictan normas para facilitar el derecho
al voto en las elecciones generales del 14 de marzo de 2004
(DOGV de 3-03-2004).
36 Sentencia TS de 11-05-1998 (RJ 1998, 4644). En el mismo
sentido, sentencias TSJ del País Vasco de 29-05-2001 (AS
2001, 4412) y 23-07-1996 (Recurso 2310/1995).
37Así, sentencias del TSJ de 19-11-1993 (AS 1993, 4838), 2203-1995 (AS 1995, 1170), 20-10-1995 (AS 1995, 3631), TSJ de
la Comunidad Valenciana de 15-06-1999 (AS 1999, 3922).
■ 15
TENDENCIAS
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Estas son las razones que veo, por el momento, para el
debate europeo que se reclama: la necesidad de un gobierno de la globalización en esta fase de innovación-reestructuración3 y la crisis del Estado-nación tal como la
hemos conocido hasta ahora4. Se trata, pues, de dos
grandes motivos que desafían las conductas del movimiento organizado de los trabajadores, de los movimientos sociales alternativos y del conjunto de las izquierdas,
de un lado, y de la personalidad de tales sujetos. Hablar de
Europa, por lo tanto, quiere, decir también, transformar las
conductas autárquicas y el carácter de dichos sujetos.
Yendo por lo derecho: la economía y, en consecuencia, la
empresa están plenamente insertas en ese mundo de la
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Las cosas europeas no han sido tratadas en
nuestro país con la atención que se merecen. Por
ejemplo, ¿dónde está el debate en torno al proyecto
de Constitución que ha preparado el grupo de expertos y está siendo discutido en diversas conferencias de jefes de estado y primeros ministros? ¿O
dónde se discute algo tan importante como es las
sucesivas operaciones que está conociendo el Pacto de Estabilidad y Crecimiento?
globalización y en el escenario europeo5. Lo que comporta una asimetría con el mundo de lo social y el territorio de
los sujetos sociales y políticos. Dicha asimetría no es un
buen asunto. Pongamos un ejemplo decisivo: ¿cómo
afrontan la política de izquierdas y el sindicalismo el hecho
de que en España el promedio del coste laboral sea de 15
euros por trabajador y hora trabajada, mientras que en los
países del Este europeo es de 4,5 euros? De ninguna de
las maneras se trata de una bagatela6.
Y, sin embargo, las cosas europeas no han sido tratadas
en nuestro país con la atención que se merecen. Por ejemplo, ¿dónde está el debate en torno al proyecto de Constitución que ha preparado el grupo de expertos y está siendo discutido en diversas conferencias de jefes de estado
y primeros ministros? ¿O dónde se discute algo tan importante como es las sucesivas operaciones que está co-
nociendo el Pacto de Estabilidad y Crecimiento?7 (Sobre
esta cuestión volveremos más adelante). Me parece que
todo eso se encuentra solamente en algunos niveles reducidos de algunas fuerzas políticas españolas, pero no
en la calle. El actual momento, además, tiene nuevos desafíos con la ampliación de la UE a otros países del Este,
cuya fecha ha sido el Primero de Mayo: la Europa de los
25. Desafíos, digo, de enorme relevancia. Basten las siguientes situaciones: los nuevos países que se adhieren
representan solamente una aportación del 5 % del Producto Interior Bruto, mientras que su población es de una
tercera parte y la renta media per capita no llega a la mitad
de la que dispone la actual Unión. Una ampliación que se
hace en un contexto de desaceleración económica y descenso de los ritmos de actividad: en una palabra, recesión.
Que, para complicar más las cosas, afecta a tres países
fuertes, tales como Alemania, Francia e Italia8. Menos mal
que no estamos ante aquellas inflaciones de caballo, de
dos dígitos que se desataron en las décadas de los setenta, sin duda gracias a las prácticas de moderación salarial
que han impreso los sindicatos europeos.
En Europa está el origen del movimiento socialista y del
sindicalismo como modernas expresiones de la irrupción
de una parte de la ciudadanía, los de abajo, que todavía no
había alcanzado plenamente sus derechos. Fue un amplio
movimiento de masas que tuvo una visión formalmente internacionalista pero que realmente no pudo escaparse de
actuar fundamentalmente en el terreno del Estado-nación. Las reacciones de solidaridad internacional (que, en
algunas ocasiones, fueron importantísimas) fueron esporádicas. Con la tranquilidad y el desparpajo impertinente
de lo ya conocido, se puede volver a abrir la caja de las críticas contra aquellas limitaciones evidentes de nuestros
antepasados: ello no quita un ápice de los acontecimientos históricos que hicieron nuestros abuelos. Una visión
más sosegada y prudente tal vez pueda tener una mirada
más serena: lo más probable es que no hubiera condiciones objetivas para llevar a la práctica lo que retóricamente
se pregonaba desde la literatura oficial de aquellas fuerzas
y movimientos de antaño. Pero ahora las cosas han cambiado profundamente: ha mudado el sistema de producción, ha cambiado la economía y el Estado está conociendo una profunda y acelerada transformación. Romano Prodi acostumbra a establecer un pedagógico paralelismo entre nuestro ahora mismo y la época del descubrimiento de América9. Y sin embargo, el retraso de la izquierda en tan importantes asuntos es del todo evidente,
y para muestra emblemática ahí va ese botón: en las contiendas electorales (un importante momento para contrastar los niveles de relación entre los partidos y el electorado), las cosas europeas brillan con una clamorosa ausencia, especialmente cuando todo un conjunto de importantes cuestiones empiezan a ser extremadamente
preocupantes que he anticipado en parte10.
En efecto, la integración de los mercados está comportando tres elementos negativos: a) la deconstrucción parcial de los derechos laborales11, b) una tendencia acelerada a la liberalización de los servicios públicos y c) la deslocalización de empresas. De otro lado, paralelamente a la
introducción del euro, se están dando las siguientes evoluciones: primero, desde 1980 hasta el año pasado el
Pproducto Interior Bruto de la zona euro con relación al
mundial ha pasado del 19 al 15.5%; segundo, el crecimiento medio de la zona euro, entre el 2001 y el
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TENDENCIAS
culares fortines autárquicos es harina de otro costal y no
2003, ha sido de un 1%, mientras que en los Estados Uniprecisamente atribuible a nadie más que a ellos mismos.
dos ha representado un 2%; tercero, la productividad,
desde 1995, ha caído un 1% frente al crecimiento en los
La construcción de la Europa social o se incardina en el
EE.UU. de un 1%. Elementos de gran envergadura que
paradigma de esta etapa, ya postfordista, o no se están
exigirían políticas conducentes a crear un ambiente favohaciendo debidamente las cosas; una etapa que he defirable de crecimiento sostenido, el saneamiento de los
nido de innovación-reestructuración, también para indicar
efectos contraproducentes de la competencia (por la vía
que no se trata de un tránsito a la antigua usanza, sino más
del dumping) y las necesarias inversiones en educación,
bien de una transición permanente (como si dicho tránsiformación, investigación, desarrollo y crecimiento. Sin
embargo, la realidad es otra: las decisiones, por ejemplo,
to no se acabara nunca), tal como es la naturaleza ahora
de la cumbre de Lisboa (2000) han sido gobernadas por
de la innovación tecnológica. Permitidme una previa: se
el ECOFIN mediante el predominio absoluto del mercado
equivocaría quien viera que estas novedades son el resulsobre ´lo social y del monetarismo sobre la ocupación.
tado de un complot que se diseñó en todo lo alto de MonMás todavía, mercado y monetarismo conocían diseños
te Pelegrino con von Hayek oficiando la misa negra del nemás o menos concertados, mientras que lo social y la
oliberalismo. Porque, en buena medida, esto es también
ocupación van, una y otra, a la buena de dios.
el resultado de la incesante caminata revolucioDigo que conocían unos diseños más o
naria de las fuerzas productivas que un amimenos concertados hasta el momento
go nuestro dejó dicho allá en el año 1848
Los nuevos países que se
del conflicto del Pacto de Estabilidad
en un famoso manifiesto escrito al aliadhieren representan solamente
y Crecimiento que ha enfrentado a
món con otro buen miembro de la cola Comisión Europea con el ECOfradía: era el barbudo de Tréveris.
una aportación del 5 % del Producto
FIN y a unos países con otros, por
Quizá vengan a cuento, con relaInterior Bruto, mientras que su poblaejemplo, España con el eje franción a lo que estoy diciendo, las
ción es de una tercera parte y la renta
co-alemán12. De este tema se
palabras de Joseph Roth: “no se
media per capita no llega a la mitad de la
baila el charleston porque el munhablará más adelante. De manera que hablar de la Europa social que dispone la actual Unión. Una ampliado sea capitalista, sino porque es
ción que se hace en un contexto de deuna de las formas de expresión de
es hacerlo sobre la cumbre de Lisla sociabilidad de nuestra época”.
boa que apuntaba a los siguientes
saceleración económica y descenobjetivos que, se dijo, eran interdeso de los ritmos de actividad:
Ahora bien, creo que es de la mayor impendientes: pleno empleo, crecimienen una palabra, receportancia preguntarnos si con este Pacto
to con sus correspondientes inversiosión.
de Estabilidad y Crecimiento se pueden llevar
nes, carácter duradero de las reformas esa cabo los postulados de la Cumbre de Lisboa cotructurales, políticas de welfare state y desarromo elementos necesarios de la Europa social15. Mi resllo13; un año después, la cumbre de Göteborg introduce
el desarrollo sostenible. La relación entre una y otra cumpuesta es que no. Y, con igual claridad, afirmo que sin un
bre ha hecho que alguien haya acuñado la expresión de
acuerdo económico tampoco es posible. Más todavía, con
ser de la mayor necesidad un acuerdo económico tampoLisborg como sincopación de Lisboa y Göteborg. La preco bastaría si no se teje una contractualidad europea entre
gunta es: ¿qué nivel de coordinación para conseguir los
el sindicato europeo y sus contrapartes empresariales. Peobjetivos de Lisborg tienen las izquierdas políticas euroro, de momento, seguimos bajo el paradigma de este Plan
peas y el sindicalismo confederal? A un servidor le gustaría estar informado al respecto. Porque, a simple vista, da
de estabilización que, ahora, ya no es de crecimiento.
la impresión de que todos van cada uno a lo suyo y, para
ser más exactos, sin salir de los estrechos marcos de su
Como es sabido, el Plan fue estipulado en 1997. Las prinrespectivo Estado-nación. Pero lo cierto es que cada cual
cipales observaciones que algunos hicimos en su día fueva por su lado en lo referente a las políticas sociales, tamron las siguientes: a) es rígido porque su aplicación obvia
bién porque hasta la presente nadie ha estado interesalas evoluciones de la coyuntura económica internacional y
do en que la Unión Europea tenga competencias en maeuropea; b) se apoya en un constructo idelogicista porque
terias de pensiones y protección social. La Conferencia
se ve sometido al libre funcionamiento del mercado interde Göteborg (2001) ya dio un cierto toque de alerta sobre
no, a la desregulación del mercado de trabajo y a la rela importancia de estos asuntos. Pero cada cual quiere
ducción de la intervención pública y del gasto social. Ni
asegurarse el monopolio de unas determinadas políticas
que decir tiene que dicha rigidez es un doble disparate:
clientelistas.
económico, porque priva a la Unión Europea de una intervención sostenida en el ciclo; político, porque se quita, en
Ahora bien, una cosa es clara: la Carta de Niza 2000 es,
la práctica, a los gobiernos y a la misma Unión del único
sin lugar a dudas, un importante paso adelante14. No coelemento de discrecionalidad que le queda, una vez que
se ha transferido la ´soberanía monetaria´ al Banco Central
nozco a nadie con la cabeza bien puesta en los hombros
Europeo. Por lo demás, el Pacto de Estabilidad ha provoque no la valore positivamente. Este es un texto intergucado: a) una fuerte caída de las inversiones públicas porbernativo que, por primera vez, introduce importantes deque no distingue entre inversiones y gasto corriente, de
rechos de ciudadanía social. En efecto, el Título IV es un
modo que los gobiernos recortan las inversiones; b) una
buen texto normativo que compendia un importante elenabusiva práctica de trocear y desplazar las inversiones púco de derechos, protecciones y tutelas como hasta ahora
blicas fuera de los presupuestos generales de cada Estano se habían escrito. Yendo por lo derecho: la pelota está
do con la conocida técnica del método alemán16.
en el tejado de los interlocutores sociales, al menos en determinados terrenos, por ejemplo tras el reconocimiento
del derecho de la negociación colectiva europea por la
El Pacto duró mientras iba viento en popa a toda vela el veCarta. Que unos y otros sigan encastillados en sus partilero bergantín de la economía europea, lo que ex-
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plicaría que se hicieran aquellos planteamientos de Lisboa
2000. Pero después vino el tío Paco con las rebajas: la
economía entró en un ciclo diverso y empezaron los problemas porque, además, las perspectivas no eran muy
halagüeñas que digamos. Alguien, desde filas moderadas, habló de “la incapacidad de las economías europeas
para crecer a un ritmo satisfactorio y del empeoramiento
de la coyuntura internacional”17. El problema es que, así
las cosas, se produjo esta situación: a) los gobiernos francés y alemán incumplieron a sabiendas y queriendas el
Plan; b) Aznar tiró con bala contra ellos, apoyando el Plan
con esa fe del carbonero que le ha llevado a una gloria bastante devaluada; c) Berlusconi echó pestes contra el plan
La pelota está en el tejado de los interlocutores
❛❛
sociales, al menos en determinados terrenos, por
ejemplo tras el reconocimiento del derecho de la negociación colectiva europea por la Carta. Que unos
y otros sigan encastillados en sus particulares fortines autárquicos es harina de otro costal y no precisamente atribuible a nadie más que a ellos mismos.
porque es europeo, d) el resto de los gobiernos dijeron llamarse Andana; y e) el Banco Central Europeo, como siempre, miró el panorama y fue a la suya, consciente de que
no debía explicaciones ni a dios ni al diablo. Los éstúpidos´ del Banco Central continúan (y siguen en ello) con su
obsesión de lucha contra la inflación cuando el problema
es ahora la deflación18. De ahí que el presidente Prodi, vista la situación del patio de vecindonas, hizo lo que podía,
un pastel para intentar contentar a tan diverso zoco: lectura flexible del Plan de Estabilidad; y lo más seguro es que
no tenía otra opción19. Pero, parece claro, que este asunto no puede seguir de esta manera. Por las siguientes razones: 1) no hay concordancia entre sus contenidos y la
evolución de la economía, 2) es afásico con relación a los
objetivos de Lisboa y Göteborg, 3) se da de patadas en las
espinillas con el objetivo de una serie de amplias reformas
que conduzcan a la Europa social.
Con lo que se lleva dicho, parece conveniente ahora entrar en harina: los contenidos (por supuesto, lo más importante) de eso que llamamos la Europa social. De todas
formas, quiero recordar, en primer lugar, —aunque parezca que abuso de vuestra paciencia— lo que se ha dicho
hace un rato: la Europa social que tiene sentido es la que
se encuadra en este mundo real, el de esta fase de innovación-reestructuración, el de esta revolución tecnológica
del tiempo real y de la revolución financiera del espacio
global; y, en segundo lugar, quiero preguntar a bocajarro
si existe un interés claro por parte de las izquierdas, políticas y sociales, por diseñar la Europa social y, contemporáneamente, poner en funcionamiento los instrumentos
convenientes para ello, porque afirmo que hasta la presente no se utilizado lo más mínimo la genérica literatura
comunitaria para poner en marcha un proyecto sostenido
en pos de la Europa social20. Es claro que esta pregunta
retórica (en el sentido de que sabemos de antemano la
respuesta) sólo ha sido contestada afirmativamente en la
primera parte de su contenido, esto es, se quiere construir
la Europa social; no obstante, sigue en el aire su condición
suficiente: ¿con quiénes, con qué instrumentos? Es decir,
quiénes son los amigos, conocidos y saludados que están
compartiendo diversamente el paradigma de dicha construcción social y qué instrumentos han puesto en marcha
para tales fines. Esto es lo que, hasta ahora (aunque cueste decirlo) no aparece con claridad. Esta es una cuestión
de suma importancia y que, en principio, poco tendría que
ver con la vieja concepción de la ´política de alianzas´ que
siempre hizo correr kilométricos ríos de literatura, tanto
oral como escrita. En mi opinión ya no se trataría de ello (de
la vieja política de alianzas en torno a un astro mayor alrededor del cual giran los dioses menores) sino de la configuración de un bloque político-social con voluntad de hacer historia, esto es, de poner las bases y los desarrollos
de la Europa social.
Antes de entrar en el obligado elenco de materias que deben informar la Europa social, vamos a situar las dos grandes precondiciones indispensables: una, el paradigma innovación tecnológica y la compatibilidad entre desarrollo
y cuestión medioambiental; otra, un considerable avance
en la integración política y, muy especialmente, la ampliación de los poderes del Parlamento europeo y de la Comisión. Ni que decir tiene que el camino fatigoso hacia la Carta social no pasa por el actual Plan de Estabilidad que debe ser reformado a fondo, pues como ha quedado dicho
anteriormente supone que estamos ante una situación esquizofrénica: de un lado, los ambiciosos objetivos de Lisboa y Göteborg y, de otra parte, los mecanismos de dicho
Plan, amén de lo que (en otro orden de cosas) suponen las
restrictivas decisiones del Banco Europeo. Más todavía,
¿es posible afrontar los retos de los nuevos socios de la
Unión con la vigencia del Plan de Estabilidad?21.
Y sin más dilación se pasa a apuntar los mínimos indispensables que deberían caracterizar la metodología de
una renovada Carta social europea. (El lector notará en falta algunas cuestiones elementales que no se mencionarán pues figuran detenidamente en la Carta de Niza 2000,
tales como el derecho a la negociación colectiva, el ejercicio de la huelga y otros, que damos por dichas y bien dichas).
1.- Derecho a la certidumbre del contrato de trabajo
para todas las formas del trabajo contra las
◗◗◗
Una certidumbre del contrato de trabajo que no sólo se refiere a las garantías del trabajo heterodirecto en los nuevos
países socios de la Unión, que tienen un iuslaboralismo
menos tuitivo, sino también a los de los trabajadores de los
actuales países que conforman la Unión. Es decir, de todos. Hablemos claro, la certeza que imprime el contrato
de trabajo no quiere decir que el contrato sea por tiempo
indefinido; expresa, nada más y nada menos, que lo convenido en tal instituto tiene la firmeza de lo estipulado. No
es poca cosa en estos tiempos que corren, caracterizado
A mi entender, será en el terreno de los saberes y del coporque se han despotenciado las reglas del juego22. No es
nocimiento donde se ventilarán los grandes desafíos de
los tiempos presentes y venideros. O lo que es lo
poca cosa para nosotros, europeos de estos
mismo, el binomio saberes-tecnología es la
tiempos, y, desde luego, es algo de gran
madre del cordero: el saber entendido
importancia para las relaciones labocomo factor social y factor productirales de los nuevos socios que enLa Europa social que tiene sentivo, será cada vez más el motor detrarán en la Unión dentro de podo es la que se encuadra en este munterminante de la equidad y de la
co.
do real, el de esta fase de innovación-reescalidad del desarrollo, el eje
tructuración, el de esta revolución tecnológica
central de una renovada pro2.- Derecho a la formadel tiempo real y de la revolución financiera del espuesta de justicia social. De
ción durante todo el pepacio global; y, en segundo lugar, quiero preguntar a
ahí que el conocido científiriodo de la vida laboral
con los mecanismos de bocajarro si existe un interés claro por parte de las iz- co sevillano Luis Angel Fernández Hermana proponfinanciación adecuaquierdas, políticas y sociales, por diseñar la Europa
ga insistentemente algo tan
dos a cargo de las emsocial y, contemporáneamente, poner en funcionalúcido como la enseñanza
presas, el Estado y la
miento los instrumentos convenientes para ello,
sociedad.
digita obligatoria y gratuita
porque afirmo que hasta la presente no se utilizaque evoca unas profundas
resonancias históricas sobre
La razón es bien sencilla: hedo lo más mínimo la genérica literatura comuuna de las batallas de civilizamos dicho que la fase de innonitaria para poner en marcha un proyecto
ción más importantes de las izvación-reestructuración no es
sostenido en pos de la Europa social.
quierdas de ayer: la enseñanza graun tránsito a la antigua usanza sino
tuita, uno de los grandes pilares de las
un prolongado cambio. Más todavía,
políticas de welfare del siglo XX. En resumisi el éxito de la empresa se mide por la cadas cuentas, hoy el valor de la igualdad no puepacidad de interpretar las demandas del merde deslindarse del acceso al saber o, si se prefiere, la inscado, el derecho a este tipo de formación aparece como
trucción a todos los niveles es pieza clave para la igualdad.
condición sine qua non para la autorrealización de la persona que trabajo, para la eficiencia de las empresas y para la relación de todo ello con los sistemas de protección
4.- El derecho al conocimiento del objeto del trabasocial y la mejor marcha de la economía. Y, además, cojo, el control de los sistemas de organización del tramo elemento imprescindible para un adecuado control de
bajo y de la participación en la definición de los obla flexibilidad negociada entre los sujetos sociales y sus dijetivos productivos y organizativos.
versas contrapartes23.
El gran objetivo es: reducir y cambiar las relaciones de suEn pura lógica con lo dicho hace un momento sacamos
bordinación, aumentando los espacios de libertad en los
otra conclusión: es necesario reformar adecuadamente
centros de trabajo. De ahí la necesidad del instrumento
los sistemas pedagógicos en todas las enseñanzas, dessobre el que vengo insistiendo machaconamente: la code la primaria a la universitaria. Porque ya no es válida la
determinación27. Este es un territorio en el que se echa de
formación (a nivel que sea) que concluya afirmando que lo
menos la actividad contractual del sindicalismo que todaaprendido en tal cual sede, en un momento dado, tiene
vía sigue escorado hacia el ´pacto callado´ de la época forutilidad para siempre24.
dista: el dador de trabajo monopoliza el poder de la organización del trabajo, esto es, el uso, reservándose el sindicalismo la corrección del abuso28. Lo curioso de este
3.- Elaboración de un catálogo de nuevos derechos
de ciudadanía social propios de esta fase de la innoasunto es que la caída del fordismo industrial no se ve
vación tecnológica.
acompañada de la desaparición del taylorismo, ya que el
dador de trabajo sigue cooptando los saberes empíricos
del conjunto asalariado sin ningún tipo de contrapartidas.
Porque no es posible afrontar los nuevos desafíos meEs decir, sigue en el aire el espectacular apotegma del indiante mecanismos de protección que, siendo adecuageniero norteamericano Taylor: si la organización del trados en la época del fordismo industrial, hoy ya son placebajo es científica, ¿a santo de qué vamos a negociarla con
bos: ni chicha ni limoná. En esa dirección, retomo lo que
los trabajadores y sus organizaciones sindicales? Unas
he planteado en diversas ocasiones, esto es, el Estatuto
palabras que, en determinados aspectos, tienen una fuerde los Saberes25, como elemento central de lo que podríte actualidad; ahí se medirá la capacidad de proamos denominar el welfare tecnológico, es decir, el nuevo
❛❛
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compromiso político-social que deberían construir la política, el sindicalismo confederal y las organizaciones empresariales europeas, y en base a las muy positivas experiencias de los últimos tiempos, tampoco debería olvidarse el papel de la sociedad civil en la innovación, concretamente el papel de los hackers26. Desde luego, la construcción de ese nuevo compromiso político-social que se
plantea tiene, como mínimo, dos importantes pilares: la
negociación colectiva y la legislación, elementos imprescindibles para el nacimiento de un nuevo iuslaboralismo.
Si, para ello, tuviéramos que bordar una bandera, propongo que el lema sea: Más saberes para todos.
TENDENCIAS
rescisiones unilaterales y no motivadas por causa
justa, substituyendo los antiguos vínculos de fidelidad y antigüedad propios del viejo modelo fordista.
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TENDENCIAS
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yecto del sindicalismo y la izquierda política para proponer
una creíble y gradual alternativa. O lo que es igual: saber
salir del pensamiento y la práctica fordista cuando la empresa ha tiempo que se escapó ya de dicho sistema en su
variante industrial.
5.- El welfare state activo, no clientelar, basado en el
paradigma tecnológico, que tenga un carácter incluyente, descentralizado y con los correspondientes apoyos de la subsidiaridad.
Parece evidente que, de lo que se lleva dicho hasta ahora,
se desprende la necesidad de situar también las nuevas
protecciones del Estado de bienestar en el actual paradig-
Es necesario reformar adecuadamente los sis❛❛
temas pedagógicos en todas las enseñanzas, desde
la primaria a la universitaria. Porque ya no es válida
la formación (a nivel que sea) que concluya afirmando que lo aprendido en tal cual sede, en un momento dado, tiene utilidad para siempre.
ma de innovación-reestructuración que está substituyendo
a uñas de caballo el viejo territorio del fordismo. Porque la
evidente crisis del Estado de bienestar nace de las profundas modificaciones que ha tenido el sistema productivo fordista, hoy ya en una situación terminal. O lo que es lo mismo, la persistencia del mismo modelo de Estado del bienestar bajo una realidad que ha cambiado profundamente
está comportando efectos desestabilizantes29. De ahí, especialmente, nacen las dificultades más densas que tienen
las políticas distributivas y el conjunto de acciones del welfare: unas y otras están poniendo en muchos apuros al
sindicalismo confederal y al conjunto de la izquierda política. El sindicalismo se mueve en un terreno asaz inoperante, de un lado30; a la izquierda política, por otra parte, le
conduce o bien a una cierta mimesis de los planteamientos de la derecha o bien a conductas de resistencia. Y lo
cierto es que también en ese terreno, en el del welfare, se
medirán sindicatos e izquierdas, a partir de ahora, con la
realidad. Unos y otros deben salir con urgencia de ese ca-
llejón sin salida pues se está convirtiendo el asunto en una
situación aporética.
Las cosas son, ciertamente, complicadas porque las políticas de Estado de bienestar (lo que algunos sociólogos
llaman benestaristas) han estado vinculadas, a lo largo del
pasado siglo, con el sistema de producción fordista; caído éste ¿cómo sustituir las fuentes nutrientes del welfare?
Este es el gran desafío que tiene la Europa social de la que
tanto estamos hablando. Porque, si bien en términos generales, se ha podido hablar de un ´modelo social europeo´, la cuestión actual es: comoquiera que el benestarismo de los países más desarrollados de nuestro continente se han basado en la primacía del fordismo ¿cómo construir un auténtico welfare europeo, cuando ya el tan repetido fordismo industrial es pura hojalata? Esta es la cuestión. Desde luego algunas señales nos vienen, por ejemplo, desde Finlandia. Las investigaciones de Manuel Castells y Pekka Himanen son ilustrativas. Destacan, entre
otros, los compromisos entre empresas (especial, aunque
no únicamente) como Nokia, el Estado, las regiones y los
sindicatos. El hilo conductor que atraviesa estas instituciones es la innovación tecnológica y los procesos formativos, las inversiones en investigación y en los diversos escenarios de la sanidad, enseñanza, vivienda... Esto ha llevado a dicho país a una espectacular caída continuada, o
al menos a un nivel bajo, de injusticia y exclusión social. La
explicación parece clara: el desarrollo tecnológico finlandés, medido por el índice de logro tecnológico de la ONU,
es superior al de Estados Unidos y al resto de las economías avanzadas31. La señal que nos viene, así las cosas,
es que las políticas benestaristas tienen como fuente nutriente el paradigma de la innovación tecnológica. Así
pues, la visión de algunos apocalípticos de que la innovación tecnológica liquidaría el Estado de bienestar no se ha
visto confirmada por la realidad de las cosas finlandesas.
Porque el punto de vista con fundamento de los finlandeses ha sido establecer un amable binomio entre la innovación-reestructuración y el welfare.
En otro orden de cosas, el (necesario) vínculo entre concertación social, a todos los niveles, y las políticas benestaristas debería orientarse a ir conformando un welfare
que ya no fuera fundamentalmente de resarcimientos, tal
como se expresó durante todo el tiempo fordista; una
práctica ésta, de resarcimientos, que sigue vigente. Para
que esta cuestión tan delicada quede lo suficientemente
clara es necesario poner algún ejemplo ilustrativo: el monopolio de los sistemas de organización del trabajo por
parte del empresario (y su unilateralismo en las decisiones)
ha consolidado que el dador de trabajo no vea (o no quiera ver) la relación estrecha entre sistemas de organización
del trabajo, condiciones de trabajo y siniestralidad laboral;
al final todo acaba en que el empresario acaba externalizando los costes de tanta sangría humana a los sistemas
públicos de protección social, provocando una considerable hemorragia del welfare. De ahí que las disposiciones
normativas y la concertación social en Europa caigan en la
cuenta de este circuito vicioso. Quiero decir que lo importante no es resarcir a los afectados por la siniestralidad laboral sino poner las bases para reducirla drásticamente,
mediante unos sistemas de organización del trabajo que
conduzcan a la humanización de las condiciones de trabajo: unas y otras deben ser la expresión de la concertación social que, como fuente de iuslaboralismo, se traducirían en textos normativos más eficientes y ges-
◗◗◗
❛❛
plos más visibles del nuevo estadio de la
ciencia y la técnica, también de las repercusiones que tiene en la economía32. Gordon
Moore, también ingeniero, observó la sorprendente regularidad del crecimiento de la potencia de los microprocesadores: desde 1971 hasta nuestros días dicha potencia
se dobla cada dieciocho meses, lo que se dice pronto. Esta ley es importante porque: uno, explica hasta qué punto
es exponencial la potencia de tan minúsculos chirimbolos,
al tiempo que se reduce el ratio coste/preecio por bit; dos,
por la aparición de un formidable motor de la revolución
tecnológica en curso que está redefiniendo permanentemente 33la estructura de los costes, la geografía de los
mercados, las modalidades operativas de todo tipo de
producción y distribución... Pues bien, así están las cosas.
Y, siendo de esa manera tan vertiginosa y trepidante ¿es
posible continuar con unas políticas de welfare que obvian
tan espectaculares novedades? No tengo la menor duda,
por el manido (e inconveniente) sendero por el que se va
no se construye una Europa social como dios manda. En
pocas palabras, mantener la misma carreta en la vereda
de siempre trae los dividendos a los que alude Jürgens Peters, un alto exponente de la IG Metall: uno de los nuestros, no de la acera de enfrente.
Decididamente las nuevas políticas de welfare deben
apuntar a favorecer el capital inmaterial: el conjunto de los
conocimientos y competencias que se acumulan y distribuyen a través de la investigación, la enseñanza y la formación. Piezas claves de todo ello serían, como mínimo:
• El Estatuto de los Saberes, del que ya se ha hablado, como compendio de nuevos derechos de ciudadanía,
• Políticas públicas para la acumulación y utilización
del capital inmaterial y su combinación con las inversiones privadas,
mar al lector con reiteraciones innecesarias.
6.- La fiscalidad europea
¿Será abusivo recordar que la fiscalidad es un poderoso
instrumento de redistribución de la justicia social? De ahí
que los grandes desafíos de la Europa social no pasen, en
consecuencia, porque los Estados miembros sigan reteniendo por los siglos de los siglos sus competencias en la
materia: es necesario que gradualmente se proceda a poner en marcha un proceso de transferencia hacia la Unión
europea. Por ejemplo, ¿porqué no empezar transfiriendo
los impuestos de sociedades? En todo caso, lo importante sería ir hacia una armonización fiscal flexible, esto es,
con sus correspondientes horquillas como paso previo a
la fiscalidad europea. Desde luego sería un cierto paso
contra el dumping fiscal. Ahora bien, una fiscalidad europea acorde con la Europa social que estamos preconizando requiere un cambio substancial de los poderes del
Parlamento europeo y la creación de una authority fiscal
europea.
Lo que no puede ser es que el Banco Central Europeo siga siendo tierra de nadie; quiero decir: de nadie que lo
controle. Porque la cuestión de fondo es: las competencias de la Unión Europea en los terrenos macroeconómicos son débiles y, de la misma manera, sus instrumentos
son débiles, mientras que el BCE tiene la sartén por el
mango de sus políticas friedmanianas34. Si la Unión, por lo
que llevamos dicho, debe impulsar unas políticas de crecimiento sostenido compatible con el medio ambiente, el
saneamiento de los efectos malsanos que se desprenden
de una competición sin reglas que hacen del dumping noticia cotidiana, si se requieren gastos de inversión en los
escenarios educativos, formativos, de investigación y desarrollo, políticas inclusivas y contra la exclusión social...,
la Unión debe tener poderes fuertes. Y el Parlamente no
puede no disponer de sus atribuciones, por ejem-
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TENDENCIAS
• Un espacio común europeo de la investigación,
tionados mediante el instrumento de la co-determinación
transformando las actuales iniciativas europeas (de tial que antes se ha hecho referencia. Es decir, se trata de
po puntual) en políticas europeas, lato sensu, de inun welfare activo y no solamente asistencialista de resarvestigación,
cimientos; también con la adopción de nuevas orientaciones de política industrial y la investigación de base aplica• Códigos de conducta compartidos sobre probleda, estimulando el uso de productos compatibles con la
mas ambientales y éticos...
defensa y promoción del (único) medio ambiente que tenemos. En resumidas cuentas, es necesario proceder a
• La potenciación de una industria y un mercado del
una profunda revisión de qué se entiende, en esta fase de
saber.
largo recorrido de la innovación-reestructuración, por Estado de bienestar. De ahí que a este edificio tan agrietado
Me excuso si parece que pontifico, pero por ahí deberían
del welfare, los planteamientos rutinarios (como por ejemir las pistas que ayudarían a Jürgens Peters y a la
plo el Pacto de Toledo, por poner un ejemplo dosanta cofradía sindical europea a “repensar los
méstico) no sirven en absoluto para nada,
instrumentos redistributivos” a partir de
porque siguen dejando intacto el carácahora; y, de paso, a construir un Estado
ter de welfare fordista, aunque el GotLa evidente crisis del Estade bienestar activo e incluyente. Por
ha no lo vea de ese modo: actúa con
do de bienestar nace de las proahí me atrevo a seguir proponiendo el
los mismos comportamientos que
fundas modificaciones que ha tenido
nuevo compromiso social entre los
cuando el Sol nunca se ponía en el
el sistema productivo fordista, hoy ya
sindicatos y sus diversas contraparmundo de la cadena de montaje.
en una situación terminal. O lo que es lo
tes (privadas y públicas) de un PacEl prestigioso ingeniero mataro- mismo, la persistencia del mismo mode- to por la Innovación tecnológica
nés Joan Majó, que fue Ministro
lo de Estado del bienestar bajo una reaque lógicamente tendría su momento inicial pero que, por mejor dede Industria en uno de los gobierlidad que ha cambiado profundamencir, sería un itinerario de contractualinos socialistas de la década de los
te está comportando efectos dedad sostenida. De ello he hablado en
ochenta, acostumbra a explicar la
sestabilizantes.
otras ocasiones y no es cosa de abruley de Moore como uno de los ejem-
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TENDENCIAS
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plo, debe fijar los objetivos de política fiscal que se refieren
a la esfera pública.
Ahora bien, los anteriores desafíos en torno a la Europa
política (ya hemos dicho que es una condición sine qua
non para que exista una Europa social) exigen, también sine qua non, unos sujetos políticos y sociales radicalmente nuevos: una personalidad nueva de los partidos políticos, del sindicalismo confederal y de las organizaciones
empresariales. De momento, no creo que haya novedades en esa (necesaria) dirección. Tengo para mí que lo
más chirriante es que tales sujetos siguen anclados en la
lógica del Estado-nación, lo que produce una estridente
asimetría: el mundo está globalizándose de manera vertiginosa con unos mecanismos que, hasta hace poco, eran
❛❛
Hoy el valor de la igualdad no puede deslindarse del acceso al saber o, si se prefiere, la instrucción
a todos los niveles es pieza clave para la igualdad.
inéditos, mientras que la política convencional no sale de
su tradicional cascarón; la izquierda no es una excepción;
la empresa y (el conjunto de la economía) es un huracán
globalizador, pero el sindicalismo confederal y las organizaciones empresariales mantienen sus tradicionales visiones y prácticas solipsistas anteriores a dicho vendaval35.
Lo que está comportando un considerable debilitamiento
de la capacidad contractual y organizadora del sindicalismo europeo que afecta, principalmente, a las organizaciones que han tenido mayor fuerza36. Porque la globalización no ha impuesto sólo un profundo cambio de los
procesos sociales sino también de las relaciones de mando: las finanzas, la ciencia, la información, las redes que
exigen con urgencia que los partidos, el sindicalismo y las
organizaciones empresariales se transformen en instrumentos organizados a escala europea. O lo que es lo mismo, en palabras de Gramsci: deben tener la capacidad de
hacer historia. De donde infiero que la (necesaria) refundación, de la que tanto se habla, no afecta sólo a la política sino también al pensamiento y a los instrumentos. Pero ello no significa volver a los planteamientos tradicionales de la izquierda (un tópico socorrido y recurrente con
cierta frecuencia), aunque sólo sea porque nuestros mayores de antaño nos dejaron una herencia no siempre
adecuada, lo que no impide sus no menores aciertos37.
Por otra parte, sorprende que tales sujetos (partidos, sindicatos y organizaciones empresariales, al menos en España) no hayan alzado la voz en torno a un conocido fenómeno que dura ya algunos años, esto es, el repliegue a
posiciones de miope defensa de la soberanía nacional, de
los poderes y de determinados interdictos de algunos Estados nacionales, por ejemplo el gobierno del Partido Popular, aunque no sólo éste. Se me ocurren dos razones:
una, la subalternidad de Aznar (y otros gobernantes europeos) en torno a la administración republicana de Bush, de
un lado, y, de otra parte, la confrontación de Aznar contra
los nacionalismos periféricos de nuestro país38. En el primer caso, la dependencia del compadre norteamericano
es una manifiesta imposibilidad de avanzar en la Europa
política como condición fundamental para la Europa social; en el segundo aspecto, quien piense que la renacionalización de la vida política española es una manera de
combatir los nacionalismos periféricos cae en un error
grotesco.
Desde luego la construcción de la Europa social exige que
la izquierda política ponga en el centro de su conducta la
revaloración social del trabajo como elemento de identidad concreta. Ello es fundamental porque se tiene la impresión que la lectura que se está haciendo, desde hace
ya bastante tiempo, es que la modernización está imponiendo un obscurecimiento de la cuestión social. Me permito una ligera digresión, la más abundante literatura política de la izquierda es el federalismo, cuya importancia es
innegable. Pero el federalismo no es para la izquierda, que
yo sepa, una cuestión de identidad suficiente; podrá (es)
necesaria, pero no suficiente. Sin embargo, el torrente de
reflexiones al respecto contrasta con la exigüidad de análisis y propuestas políticas sobre los gigantescos cambios
que se están operando tras la disolución acelerada del paradigma fordista. Ni que decir tiene que la Europa social
requiere un cambio de metabolismo del sindicato europeo
en, al menos, dos direcciones: una, la asunción plena (incluidas sus consecuencias) de la dimensión europea, especialmente en el terreno de la contractualidad; dos, el carácter plenamente europeo de las plataformas reivindicativas, primero, y de los convenios colectivos, después, en
todos los ámbitos. No sin cierta perplejidad, Antonio Baylos habla de que “resulta llamativa esta incapacitación del
movimiento sindical a esta dimensión supranacional,
cuando su acta de nacimiento fue el internacionalismo39.
Una incapacidad, habría que añadir, en el mantenimiento
de unos organismos de representación sindical en el caso
español, los comités de empresa, que (en este mundo de
la globalización) siguen manteniendo sus concepciones y
prerrogativas de la más pura raigambre autárquica. Pero
sobre esto no insistiré en esta ocasión porque sospecho
que sería fatigar demasiado al lector, al que remito a
echarle un vistazo a otros trabajos anteriores40.
En resumidas cuentas, lo que quiero trasladar es la necesidad que tienen tanto la izquierda política como
◗◗◗
❛❛
• El establecimiento de controles del mercado con
una propuesta histórica de su papel insubstituible;
• Un proyecto de reforma de la empresa;
• La gestación de un nuevo welfare incluyente;
• La compatibilización entre desarrollo económico,
Estado de bienestar y paradigma medioambiental:
• La paz como bien universal, como convivencia general en todo el planeta.
Y un apunte final: no es posible afrontar estos desafíos eu-
Notas
1 Sería cosa importante reflexionar en torno al paralelismo entre el
unilateralismo empresarial (con la caída de las normas y el derecho: la ruptura de la baraja de la que habla con frecuencia Miquel Falguera) y el unilateralismo en política internacional con la
manumisión del derecho.
2 Véase Alfredo Reichlin y Vittorio Foa en Gli argomenti umani, de
setiembre y diciembre de 2002, respectivamente; también
Bruno Trentin en su presentación del Manifesto per l’Europa,
todas ellas posteriores al 11 de septiembre de las Torres Gemelas.
3 La globalización como: la explosión de los sistemas de economía planificada en los países del llamado socialismo
real; la disolución del sistema de cambios fijos; la des◗◗◗
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TENDENCIAS
ropeos y mundiales si no se aborda de manera eficaz el
epifenómeno del terrorismo, también porque no parece
posible la construcción de la Europa social mientras el terrorismo siga golpeándonos, seguramente por la vulnerabilidad que conlleva en todos los aspectos. A mi juicio, el
empecinamiento de José María Aznar de meter todos los
terrorismos en el mismo saco ha sido realmente funesto.
Es más, ni lo son por sus causas ni tampoco por sus consecuencias políticas42. Esta obcecación es, sobre todo,
se encuadra en que el pensamiento está siendo substituido por una general ansia de propaganda. Aquí no se discute que todos los terrorismos concluyen en una masiva
sangre derramada: algo que es del todo evidente. Que
ETA y Al Qeda llenen de dolor numerosísimas familias es
algo que les une, lo que no es poca cosa, desgraciadamente. Pero ahí se acaban las coincidencias43. Es más,
podría darse la total eliminación de ETA y mantener
la incapacidad de destruir Al Qeda. La trágica
Durante esta charla santaferina (y en otras
novedad de este terrorismo (el que ha golpeocasiones) me habéis oído ser bastante
ado dramáticamente Madrid con un daño
Los planteamientos rudeslenguado sobre las izquierdas del
terrible en lo humano y simbólicamente
tinarios (como por ejemplo
siglo XX. Pero lo cierto es que hizo hisapocalíptico) es que no se refiere, como
el Pacto de Toledo, por poner
alguien ha apuntado lúcidamente, a los
toria. Más todavía, las conquistas de
un ejemplo doméstico) no sirven
esquemas tradicionales: a la clase, vercivilización (la construcción del Estado
en absoluto para nada, porque
sión Brigadas Rojas, o al territorio, en la
de bienestar, el amplio universo de los
siguen dejando intacto el caacción de ETA44. Un terrorismo que, tal
derechos de ciudadanía política y social, el fortalecimiento de las organizavez, indica algo que dejó sentado el marácter de welfare fordista.
ciones democráticas) se deben al coraje
estro Eric Hobswam en la década de los
de nuestros abuelos de antaño. Ese estanoventa: Europa y el mundo finalizan un siglo
dio está ya agotado, también por el sentido y
de (relativa) estabilidad y entran en un período de
naturaleza de las conquistas de nuestros antepadesorden, quizá incontrolable. Que son unas palasados. El desafío de la Europa social (extrovertida hacia
bras extremadamente pesimistas en las que no quisiératodos los hemisferios del planeta, capaz de liquidar todos
mos creer45.
los vestigios y secuelas del eurocentrismo) debe ser la pasión civil de ahora, y a partir de ahora. Esto es, la puesta en
Finalmente deseo agradecer muy de veras la (siempre
marcha de un proyecto que genere amplias agregaciones
amable) invitación de los organizadores que, año tras año,
de personas en torno a partidos, organizaciones y movime convidan a este seminario. A las primeras vine en mi
mientos que puedan compartir diversamente la gestación
condición de sindicalista, más tarde lo hice como diputado
y desarrollo de la Europa social que venimos hablando; de
del Parlament de Catalunya y, en esta ocasión, deseo suun sentido cultural y político no mitológico, plausible, habrayar mi nueva actividad como asesor de la Presidencia
cedero cotidianamente. A grandes rasgos, las líneas madel CTESC. No hace falta que les diga que se trata de una
estras que se proponen son las siguientes, indicando que
metamorfosis de la que me siendo orgulloso, pues no hay
su desarrollo quedará para otra buena ocasión. Son las sinada peor que vivir siempre en la misma habitación por imguientes:
portante que sea. Hay que cambiar de la misma manera
que don Alejandro Scopelli, aquel entrenador del Granada
• La profundización de la democracia creando nueCF que nos sorprendió a mediados de los años cincuenta
vos institutos de participación activa e inteligente;
con sus tácticas flexibles. Los viejos aficionados decían
aquello de pero qué hace este hombre; el resultado es que
• La democratización de la economía, valorando soel Granada subió a primera división y se consolidó como un
cialmente el trabajo, el control y la transparencia de los
equipo de postín. La lección es clara. ■
procesos financieros41;
los sujetos sociales (también los empresarios orgánicos)
de una nueva epistemología. Hablo de la construcción de
un pensamiento realista e históricamente fundamentado,
no un nuevo mito ideológico y político: un pensamiento
global, capaz de restituir a la izquierda el sentido de una
función histórica y, al mismo tiempo, de darle a la política
—a toda la política— una nueva dimensión: la lectura de
los procesos que, desde hace tiempo, están en acelerada
marcha, con un análisis crítico de la sociedad moderna,
con una idea concreta de los grandes cambios necesarios
y de las fuerzas reales (sociales, nuevas instituciones, instrumentos de poder) para hacerlo posible, de un lado; y,
de otra parte, es preciso un eficiente compromiso entre la
política y la economía, entre el Estado y el mercado, por lo
menos en la línea de lo ya hablado en la Conferencia de
Lisboa, esto es, dando a la política y al Estado un papel de
guía del proceso económico.
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regulación de los mercados financieros; la consiguiente munto de la lechera.
14 Carta de derechos fundamentales de la Unión Europea, Condialización de las finanzas y su creciente predominio sobre la
economía real; los ritmos acelerados de la innovación tecnolósejo europeo de Niza, diciembre de 2000.
15 El Presidente Prodi ha dicho en enero pasado que “después de
gica y, sobre todo, el enorme crecimiento de las tecnologías infotelemáticas que propician la deslocalización de las inversiocuatro años de la Conferencia de Lisboa, parece claro que no
nes y las iniciativas empresariales, deseganchándolas
conseguiremos sus objetivos” para a continuación arrecada vez más de los precisos (y hasta ahora, vinmeter contra “los gobiernos nacionales que no han
culantes) puntos de referencia territorial. Lo
cumplido sus tareas”. A lo que habría que añaque ha comportado el tránsito de la riquedir: esta fase ha coincidido con el repliegue a
Porque la globalización no
za de las naciones a la riqueza sin nacioposiciones de estrecha defensa de las soha impuesto sólo un profundo
nes.
beranías nacionales, de los poderes, de
4 Con esto no se quiere decir que el Eslos interdictos por parte de los Estados
cambio de los procesos sociales sino
tado nación haya perdido sus podenacionales.
también de las relaciones de mando: las
16 José Luis López Bulla: ¿Dónde está
res. Hay que tener cuidado con la
utilización indiscriminada de este finanzas, la ciencia, la información, las re- Europa? En El Mundo-Cataluña, 8 de
concepto, porque todavía el Estado des que exigen con urgencia que los parti- marzo de 2004.
17 José Viñals, Director General del
nacional cuenta con importantes
dos, el sindicalismo y las organizaciones Banco de España, en La economía eupoderes tanto legislativos como de
redistribución. El significado que daropea en la encrucijada, intervención
empresariales se transformen en insmos a crisis es el de transición a...
en la III Conferencia anual sobre Política
trumentos organizados a escala
5 Para un preciso conocimiento de la
económica, empresa y sociedad, en el
europea.
evolución de la globalización, véase
Círculo de Empresarios, Madrid 25 de noEmilio Ontiveros en Los efectos de la gloviembre de 2003.
balización en www.fe-es.or
Una situación que ha hecho que Ecofin, en su
6 Más datos. Según la III Relación sobre la cohereunión de primeros de abril, celebrada en Eunsión europea de la Comisión, presentada a principios
chestown (Irlanda) haya revisado a la baja las previsiode 2002, la disparidad en la renta per capita regional respecto
nes de crecimiento económico para el conjunto del área.
18 Los banqueros estúpidos del BCE es un piropo del prestigioso
a media europea era del 53 por ciento de una región de Grecia
frente al 263 por ciento del Gran Londres.
economista Franco Momigliano. Como hemos dicho antes,
7 En realidad este nombre (estabilidad y crecimiento) no deja de
también Prodi habló de la estupidez de idolatrar el Pacto de estabilidad y crecimiento. Ya iba siendo hora de que el lenguaje
ser un oxímoron. De hecho es una opinión fundada que su nadiplomático tuviera algo que ver con las expresiones que oímos
cimiento fue más bien una chapucilla para poder contentar a
en La Gloria y otras tabernas santaferinas.
los alemanes, muy preocupados por el peso (real o simbólico)
19 Esta es la situación en que se encuentran Zapatero y Solbes,
de su moneda y a Lionel Jospin que tenía puesta la mirada en
la lucha contra la inflación y en la creación de empleo. Sin emeste último destacado protagonista del enfrentamiento entre la
bargo, hay que ver el arte que le echan algunos a la magia de la
Comisión y el Ecofin.
20 Resolución del Consejo General, 1974: realización del pleno y
palabra: de un pasteleo franco-alemán se sacan un concepto
sacrosanto que, si te encaras con él te ponen pingando. Hasmejor empleo; mejorar las condiciones de vida y trabajo que
ta al mismísimo Prodi (con ser Prodi) le dieron sus cogotazos
permita su harmonización en el progreso; participación crecuando habló, con más razón que un santo, de la estupidez
ciente de los interlocutores sociales en las decisiones econóque supone creer en dicho pacto a pies juntillas.
micas y sociales de la Comunidad y de los trabajadores en la vi8 Es sintomática también la situación la situación italiana: el PIB ha
da de las empresas.
crecido tan sólo un 0,3. Pero peor todavía es la estructura de
Resolución de la Cumbre de Madrid, junio de 1989: El Consetan raquítico crecimiento: la industria está bajo cero y la consjo europeo considera que, en el marco de la construcción del
trucción pierde cinco puntos; la construcción es el único secmercado único europeo, conviene conceder a los aspectos
tor que salva la cara con un amplio crecimiento en los últimos
sociales la misma importancia que a los aspectos económicos
ocho años: allí también el ladrillo hace de las suyas... Vale la
y que, por consiguiente, deben desarrollarse de manera equipena destacar, con datos de Guglielmo Epifani, máximo dirilibrada.
gente de la Cgil, que de enero de 2003 al mismo mes de este
Los sindicalistas de mi generación no estuvimos muy atinados
año la facturación industrial ha caído un 6% y son 1500 emal leer estos papeles y ver las posibilidades que abrían.
21 Raimón Obiols y el resto de los eurodiputados del Partido sopresas las afectadas por la crisis con unos 200.000 trabajadores.
cialista europeo que forman el llamado Grupo Spinelli están
9 Romano Prodi: Manifesto: Europa, el sueño y las opciones. Nohablando de la necesidad de algo así como un ´Plan Marshall´
viembre de 2003.
de ayuda a los socios que, dentro de muy poco, se sentarán en
10 José Luis López Bulla: ¿Dónde está Europa? Mundo-Catalula misma mesa que los actuales miembros.
22 De hecho esta cuestión ha sido tratada in extenso por Miquel
ña, 8 de marzo de 2004.
11 A lo largo de este trabajo la expresión flexibilización deberá enFalguera i Baró en toda su literatura jurídica. Los asiduos de las
tenderse como utilización unilateral de las políticas, esto es, no
jornadas santeferinas recordarán sin duda que una parte subsnegociadas con sus contrapartes. Sería, pues, lo contrario de
tancial de su discurso en las Segundas Jornadas versó sobre
flexibilidad que conlleva contractualidad. Véanse, a tal efecto,
tan importante cuestión.
23 Para estos asuntos de la flexibilidad, véase mi trabajo Diálogos
mis artículos en Izquierda y Futuro núm.2, Él control de la flexibilidad´ y en La factoría núm. 20.
con Javier Terriente en La factoría, núm. 20, en www.lafacto12 Conviene aclarar, frente a lo expresado por algunos medios geriaweb.com
24 Joan Majó: Nuevas tecnologías y educación. Primer Congreso
neralmente desinformadores, que el grupo parlamentario socialista europeo no ha votado contra los planteamientos de la
de las TIC en los centros de enseñanza no universitaria. El texComisión europea. Dicho grupo, que sostiene una interpretato íntegro de esta conferencia viene en la web de Joan Majó.
ción flexible del Pacto de Estabilidad, se limitó a votar en el ParBuscar por google.
25 José Luis López Bulla en La cuestión tecnológica, El País-Calamento europeo que no se llevara a la Corte de Justicia al
ECOFIN.
taluña, 25 de abril de 2003
13 De todas formas, la Cumbre de Lisboa se propuso una serie de
26 Manuel Castells y Pekka Himanen: El Estado de bienestar y la
objetivos ambiciosos, pero sin diseñar de qué manera se iban
sociedad de la información, El modelo finlandés (Alianza editoa alcanzar y, sobre todo, con qué graduación. Se planteó harial, 2002), donde se explica hasta qué punto una serie de incer de Europa él continente más competitivo del planeta´, crenovaciones creadas por los hackers han sido adoptadas posar 20 millones de puestos de trabajo en diez años, situar la tateriormente por todo tipo de corporaciones; por ejemplo, el sissa de ocupación femenina en el 60 por ciento y la de los vetetema de mensajes de texto. El mismo Pekka Himanen acuñó
ranos (entre 55 y 64 años) en un cincuenta por ciento. El cuenen 1991 la expresión hackerismo social.
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◗◗◗
dia para la autonomía cultural del movimiento de los trabajadores y de la izquierda política. Aunque no fueron los únicos, los
comunistas se pusieron firmes (y en su lugar, descansen)
cuando leyeron la intervención de Lenin en cierto evento soviético bendiciendo el taylorismo y el fordismo: media hora antes
de leer dicho informe, nuestro abuelo Rabaté, dirigente sindical francés, abominaba de los métodos de don Federico Taylor. Mención especial en torno a esta idolatría es la famosa expresión de un buen amigo, Gramsci, que dejó sentado algo realmente cuestionable: el fordismo es el mayor esfuerzo para
crear un nuevo tipo de trabajador y hombre, indudablemente
superior. O tempora o mores... Sobre estas cuestiones véase
El sindicalismo en la encrucijada de Miquel Falguera y José Luis
López Bulla (Columna, 97)
38 Puestos a entender las cosas, diré que la lógica de Aznar no se
aguanta por ningún lado, aunque las posiciones de Blair y ciertos gobiernos del centro y este de Europa admiten una cierta
(aunque injustificada) comprensión. El primero porque su relación con los norteamericanos viene de muy atrás; los segundos porque, así lo manifestaron ellos, era una manera de escaparse definitivamente de su pasado ´socialista´, todavía muy
reciente en términos históricos. Desde luego, la confrontación
contra los nacionalismos de nuestro país no llega ni a razón necesaria porque se trata de un asunto casero, absolutamente
irrelevante en la geopolítica mundial.
39 Ver Antonio Baylos en La necesaria dimensión europea de los
sindicatos y sus medios de acción, Gaceta sindical, monográfico núm. 178, setiembre de 1999. Estos asuntos tan importantes apenas si tienen tratamiento en los documentos congresuales que se están celebrando estos días, a pesar de que
un buen pelotón de países, de aquí a poco, serán miembros de
pleno derecho de la Unión Europeo.
40 José Luis López Bulla: El modelo de representación social, en
Izquierda y Futuro, núm. 4; y en Una conversación particular,
en la Revista Social de Derecho, núm. 22, entre Antonio Baylos y José Luis López Bulla
41 Loretta Napoleoni ha escrito un interesantísimo libro Yijad, cómo se financia el terrorismo en la nueva economía (Urano) con
abundante información al respecto. Según la autora la economía del terror supera los 1,5 billones de dólares: una cifra superior al doble del producto bruto del Reino Unido.
42 Sorprende, por ello, que una persona tan seria como Giorgio
Ruffolo haya dicho que no es tan importante ir al origen del terrorismo fundamentalista islámico, con motivo del 11 de septiembre, sino a las consecuencias. Y lo peor de su argumentación fue lo siguiente: cuando hay un incendio se llama a los
bomberos no a los sociólogos para que investiguen las causas
del fuego. Cuando leí la perla me quedé de piedra, ¿y a usted
como le sienta el chascarrillo?
43 José Luis López Bulla: Nuevas preguntas sobre el terrorismo,
El País-Cataluña, 29 marzo de 2004.
44 Luigi Manconi: Un terrorismo senza classe e senza terra, l’Unità, 25 de marzo de 2004. Este es un artículo que recomiendo
muy vivamente. Véase en www.unita.it
45 Confiemos que esta profecía se vaya al garete de la misma forma que les ocurrió a las del marqués de Condorcet y Emil Faguet: el primero, predijo que nada ocurriría en los próximos lustros, debió tener una sorpresa mayúscula con las revoluciones
americana y francesa; el segundo, a finales del siglo XIX anunció el fin de todas las guerras. Ni uno ni otro tuvieron un aceptable ojo clínico que digamos.
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la flexibilidad.
28 Que fue una de las grandes características del sistema taylofordista. Aunque algunos oídos pacatos se escandalicen es
claro que toda una serie de cuestiones, especialmente salariales, surgieron de lo que he calificado de pacto callado. Comoquiera que, en aquellos sistemas tan rígidos, era dificultosa la
movilidad y el ascenso categorial, se compensaron mediante
las pluses de antigüedad y otras de características festivas, como por ejemplo, las navidades y vacaciones de verano; estas
últimas en la España de Franco, Franco, Franco (y su fordismo
cuartelero) se llamaron del 18 de Julio.
29 Esta es, a mi entender, la explicación esencial de la crisis de los
sistemas públicos de protección, lo que descartaría argumentos tales como la mayor esperanza de vida de los pensionistas
y otros que, aunque no irrelevantes, no son explicaciones
esenciales.
30 Jürgens Peters, importante dirigente sindical de la IG Metall, en
Gewerkschlafliche Monastschefte, una importante revista de
dicha organización en su núm. de junio 2001: “Los sindicatos
han entrado debilitados en el nuevo siglo desde el punto de vista de las políticas distributivas. Para poder repensar adecuadamente ante sus propios afiliados y actuar en sus ćompetencias políticas´ deben recuperar la capacidad de influir en la distribución, repensar y desarrollar de nueva forma los instrumentos redistributivos”.
31 El índice se basa en cuatro componentes: la creación de tecnología (el número de patentes otorgadas per cápita, los ingresos por autoría intelectual y licencias exteriores per cápita), la
difusión de las innovaciones recientes (internet, exportación de
productos de alta y media tecnología), la difusión de tecnologías antiguas (teléfono, electricidad) y el nivel de cualificación
humana (promedio de años de escolarización, tasa bruta de
estudiantes universitarios de ciencias e ingeniería sobre el total
del estudiantado). Lo que ha llevado a que la exclusión social
medida por el analfabetismo funcional sea bajísima en Finlandia (6,9), mientras que en los Estados Unidos es un 17,9 y en el
resto de las economías avanzadas un 15.5, según datos de la
OCDE en 2001.
32 Joan Majó, ver: Chips, cables y poder (Editorial Planeta, 1997)
33 En un sentido más amplio incluiría, además, todas las actividades intelectuales y al conjunto de la producción cultural.
34 Es conocida la frase del economista norteamericano Lester Turrow: “Los europeos tienen un mentecato Banco Central que
se concentra sólo en la inflación”.
35 Ver Riccardo Nencini, secretario nacional de la FIOM (la poderosa organización metalúrgica de la Cgil) que, en un documento de cara al próximo congreso de su federación, expone: “Nos
encontramos hoy ante una pérdida de eficacia de la acción sindical no sólo en Italia sino en la mayoría de los países europeos, desde Alemania a Francia y desde el Reino Unido a los países escandinavos”.
36 Jürgens Peters, Gewerkschlafliche Monatschefte de junio de
2001 que: “los sindicatos han entrado en el nuevo siglo debilitados desde el punto de vista de las políticas distributivas”. Lo
nuevo de estas reflexiones (las de Nencini y Peters) es que vienen desde los mismos adentros del sindicalismo confederal, y
alertan a quienes, la mayoría, parecen decir aquello de Sin novedad, señora baronesa.
37 Entre otras gangas, nuestros abuelos hicieron, con vengo insinuando, una lectura apologética del fordismo que fue una insi-
TENDENCIAS
27 Por ejemplo en el número 2 de Izquierda y Futuro, El control de
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aboral
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nio 2004 23
fund
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ación
sindical de estud
ELEVADA ABSTENCION
EN LAS ELECCIONES
SUMARIO
OPINION
3
■ Ignacio Fernández Toxo
La industria española en la Europa de
los veinticinco.
INDICADORES
9
■ Alfredo García
Indicadores económico-industriales
TENDENCIAS
11
■ Antonio Baylos
La autonomía colectiva en el derecho
social comunitario.
«JÓVENES
Y ACCIÓN
COLECTIVA»
La Fundación Sindical de Estudios de
CC.OO. de Madrid ha presentado, dentro del marco de la Escuela de Verano,
ante los medios de comunicación y un
importante grupo de sindicalistas, el libro titulado “Jóvenes y acción colectiva.
Experiencias en el marco sociolaboral”,
publicado por ediciones GPS.
En la rueda de prensa de presentación
del mismo Antonio Antón, coordinador
del mismo, señalo que el objetivo del mismo era abordar las necesidades que el
movimiento sindical tiene de renovarse,
así como dotar al sindicato de una herramienta para tender puentes
entre los jóvenes y el sindicato. Entre las conclusiones
del estudio, Emilio Peña, investigador, resaltó la necesidad de fomentar espacios
de convivencia y participación; mejorar las canales de
comunicación entre jóvenes
y el sindicato, mejorar la formación sindical y laboral y
profundizar en la idea de la
acción colectiva.
EUROPEAS
a abstención ha presidido las elecciones al Parlamento europeo celebradas el 13 de junio. De los casi 344 millones
de ciudadanos con derecho a voto, solo lo han ejercido 155
millones, los que supone un 44.2% de participación para elegir un Parlamento que es la única institución comunitaria que
se reúne y delibera en público, a pesar de ser un órgano con
poderes legislativos limitados, con competencias presupuestarias y de control muy limitados, especialmente en temas de mercado
interior, medio ambiente, educación
o salud.
Es posible que la
coyuntura pese
Los resultados han permitido al Partimucho sobre las
do Popular Europeo (PPE) obtener
278 eurodiputados, seguido del Par- distintas opiniones
tido Socialista Europeo (PSE) con públicas y cada pa199 escaños, liberales con 67 dipu- ís, tanto los ciudatados, IUE 41, verdes 39, U.E. de las danos como los
Naciones 27; EDD 15 y otros 66, en responsables polítotal 732 eurodiputados. En España,
ticos, hayan hecho
el PSOE obtuvo 25 escaños, el PP
24, IU 2, Galeusca 2 y Europa de los la campaña electoral pensando más
Pueblos 1.
en sus respectivos
Estos resultados evidencian la nece- Gobiernos que en
sidad de reflexionar, al menos en dos
el proyecto común
frentes ¿cuales han sido las razones
de la abstención? y ¿qué papel juega al que se enfrentan.
L
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la izquierda social y política en la construcción europea?.
¿Qué sucede para que un proyecto aparentemente compartido por 344 millones de ciudadanos obtenga el respaldo de al
menos la mitad de los mismos?. Nadie discute la importancia
y transcedencia histórica del proceso. Es conocido que la
construcción europea es un proceso histórico largo, lento pero imparable y que hay que tener una perspectiva histórica y
ser conscientes que fue preciso utilizar todo el siglo XX para
defender e imponer el principio de legitimación democrática
del Estado, y que solo en 1989, con la caída del Muro de Berlin, el principio democrático se generaliza en Europa, al menos
desde un punto de vista teórico, y este triunfo acelera la marcha de la construcción europea (Maastricht 1992; Amsterdan
1996, Niza 2000...). Es evidente que este proceso no se está
viviendo igual en todos los países, ni tiene el mismo ritmo en todos, al igual que se percibe cierta lejanía entre las instituciones
y la sociedad, la política y los ciudadanos.
Es posible que la coyuntura pese mucho sobre las distintas
opiniones públicas y cada país, tanto los ciudadanos
◗◗◗
EDITORIAL
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como los responsables políticos, hayan hecho la campaña electoral pensando más en sus respectivos Gobiernos
que en el proyecto común al que se enfrentan.
Esta idea fue subrayada por el presidente del Parlamento
Europeo Pat Cox, que señaló que Europa estaba ausente
en demasiadas campañas en muchos países, sin distinción entre nuevos y viejos Estados miembros. Las razones
pueden ser tantas como 25, una por cada Estado, pero es
posible que el problema sea que el gran debate sobre la
Europa que queremos no se ha producido. El problema es
la ausencia de debate y esto no es un juego de palabras.
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Mientras la izquierda debate, dormita o se paraliza, hay otras fuerzas que buscan la construcción
de otra Europa, de una Europa que se parezca a
otras zonas del mundo de prosperidad económica,
pero sin protección social, y existe una corriente de
pensamiento perfectamente articulada y definida
capaz de enunciar en una sola frase su trabajo “es
posible ser proeuropeo y no socialdemocráta”.
A esta abstención tampoco es ajena la guerra de Iraq y el
papel que la Unión jugó, o, menor dicho, no fue capaz de
jugar en la misma. Ya que mostró una profunda división,
propiciada entre otros por los gobiernos de Aznar, Blair y
Berlusconi, que impidieron ese necesario equilibrio político en el mundo, dejando todas las iniciativas y decisiones,
por graves y descabelladas que fueran, en manos del gobierno del Estados Unidos.
Como tampoco es ajena la política de deslocalizaciones y
dumping social que determinadas empresas practican
con el beneplácito de determinados gobiernos de reciente incorporación a la propia Unión Europea.
Otra línea de reflexión tiene que ser sobre la Europa que la
izquierda social y política quiere construir, y sobre cómo
trabajar para conseguirlo. Es fácil ponerse de acuerdo en
la defensa del modelo social europeo, al menos de manera empírica, pero eso es difícil de entender cuando se convive con ataques al mismo, realizado por gobiernos, como
el alemán. Es fácil ponerse de acuerdo para afirmar que
Europa tiene que ser, ante todo, la Europa del desarrollo
sostenible, capaz de conjugar política económica, industrial y monetaria, con protección social, compromiso a favor de la cultura, la paz, la tolerancia, la integración... pero
hay que poner los medios para evitar que la Europa social
se retrase y mutile y vaya a remolque de la Europa económica.
Porque conviene tener muy presente que mientras la izquierda debate, dormita o se paraliza, hay otras fuerzas
que buscan la construcción de otra Europa, de una Europa que se parezca a otras zonas del mundo de prosperidad económica, pero sin protección social, y existe una
corriente de pensamiento perfectamente articulada y definida capaz de enunciar en una sola frase su trabajo “es
posible ser proeuropeo y no socialdemocráta”.
Si queremos que, además de conservar, mejorar y ampliar
el Estado de Bienestar europeo, Europa sea un referente
y una esperanza no solo para los europeos, sino para la
humanidad es su conjunto; si queremos que sea una potencia cultural, social, política y económica, capaz de jugar el papel de gran potencia, de ser contrapeso en un
mundo cada vez unipolar, parece aconsejable extraer algunas lecciones de las pasadas elecciones, y una de ellas
las enunciaba el ex presidente Prodi, al conocer la escasa
participación, afirmaba que las fuerzas políticas, no solo
europeas, deben comprometerse en Europa para hacer
pedagogía sobre la Unión. Por tanto el trabajo no debe ir
en la dirección de renacionalizar las políticas, sino, por el
contrario, de abrirlas, de acercar las instituciones europeas a los ciudadanos, la política, la sociedad.
Cuando en unas elecciones de carácter europeo se vota
más pensando en los Estados y en los Gobiernos de éstos, en el fondo se parte de la poca utilidad de las instituciones europeas, de la lejanía de los ciudadanos y de sus
problemas con respecto a los mismos; y las consecuencias no sólo debilitan la construcción de la Unión Europea
en términos políticos y sociales, sino que terminará por
afectar a la propia vida política en el seno de los Estados.
El futuro no se puede concebir pensando únicamente en
los Estados y, en paralelo, ralentizar la construcción europea, más bien al contrario, superando los déficits de información y participación. Sigue siendo imprescindible lograr una Unión Europea construida sobre la paz, la libertad, la democracia, los derechos fundamentales y la igualdad de oportunidades, el desarrollo sostenible, la solidaridad y la justicia social, el pleno empleo y el trabajo de calidad, la cohesión social y territorial, la Seguridad Social y la
prosperidad, basado todo ello en los principios de modelo social europeo, en el camino de la construcción de una
economía social de mercado.
Concibiendo el modelo social europeo, además, como la
base necesaria para el propio desarrollo económico, absolutamente compatible con un alto nivel de protección
social, con derechos sociales normativos, con una negociación colectiva libre y con servicios públicos eficaces.
Europa, entendida como un gran proyecto internacionalista y democrático, a pesar de todas sus deficiencias,
avanza, y lo que era un Mercado Común de Carbón y Acero, en el que participaban un puñado de países, se ha
transformado en una macomunidad de 25 naciones que
han comenzado a eliminar las barreras que las separan y
que tienen que continuar integrando sus mercados, sus
derechos, armonizando instituciones y fijado políticas comunes bajo la bandera del desarrollo sostenible, el modelo social europeo, la defensa de la paz, la cultura, la solidaridad, la tolerancia, y donde, en definitiva, se trabaje
pensando en la sociedad, en las personas y no solo en las
instituciones. ■
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La industria española en la Europa de los 25
tado por la economía española en estos
años es un espejismo vinculado a la llegada
de dichos recursos.
l pasado día 1 de mayo de 2004, diez
nuevos países se han incorporado a la
Unión Europea. La Europa a veinticinco es
una realidad. En “lista de espera” quedan
Bulgaria y Rumanía. La Comisión estima que
estos dos últimos países podrían ingresar en
la UE en 2007. Sin embargo, otro país aspirante, Turquía, que de momento no cumple
todos los requisitos políticos necesarios, permanece a la espera hasta que intensifique
«sus esfuerzos de democratización».
E
Antes de entrar a valorar la posible repercusión que para el futuro industrial de nuestro
país puede tener la Europa de los 25, parece conveniente pararse un momento a recordar que el Consejo Europeo de Lisboa
planteó a la Unión Europea el reto de convertirse en: “la economía basada en el conocimiento más competitiva y dinámica del
Pasar de una Europa a 15 a una Europa de 25
mundo, capaz de crecer económicamente
ó 28 países es un hecho políticamente de la
de manera sostenible con más y mejores
máxima trascendencia, no sólo por razones
empleos y con mayor cohesión social”. Dicha
cuantitativas -es la primera vez desde el Tradeclaración, que llevaba asociada la necetado de Roma que se produce una incorsidad de puesta en marcha de planes
La ampliación supone un imporación de países en ese número-, side empleo por cada uno de los países
no también cualitativa y de trazos hismiembros -con el objetivo del “pleportante acontecimiento econótóricos, por cuanto supone de reenno empleo en 2010”-, es necesario
mico y social que merece una atencuentro europeo, después de la
relacionarla con las conclusiones
ción especial por parte de las empresas,
fractura que supuso la división de la
de la Cumbre de Gotemburgo de
postguerra y el largo período de y que requiere un análisis previo de forta- 2001, relativas al “desarrollo soslezas y debilidades de los distintos mer“guerra fría”.
tenible”, así como con la Cumbre
cados y de los distintos sectores, de
de Barcelona de marzo 2002 de
Además, la ampliación supone un
incrementar la inversión en I+D pamodo que cada empresa pueda evaimportante acontecimiento econóra alcanzar, también en 2010, el 3%
luar y decidir anticipadamente
mico y social que merece una atención
en términos de PIB.
cuáles son sus oportunidaespecial por parte de las empresas, y
des y sus estrategias.
que requiere un análisis previo de fortaleDesarrollo, sostenibilidad e inversión en
zas y debilidades de los distintos mercados y
I+D+i van a ser claves a la hora de analizar los
de los distintos sectores, de modo que cada empreriesgos de deslocalización a los que está sometida
sa pueda evaluar y decidir anticipadamente cuáles son
la industria europea, y la española en particular.
sus oportunidades y sus estrategias. No olvidemos que,
entre otros, con la ampliación se vislumbran ambiciosos
Teniendo en cuenta la evolución aparente y a la baja del
intereses económicos: una Europa de 25 estados y casi
empleo industrial en la UE y España en los últimos 10 años,
500 millones de consumidores tendrá mayor protagoniscualquier análisis estadístico clásico podría llevar a la conmo e influencia en la economía mundial.
clusión de que hoy resulta poco relevante, en términos de
desarrollo económico, lo que suceda con el empleo inY para reforzar esa Europa más amplia, los líderes de los
dustrial. Efectivamente, en estos últimos 10 años, se ha
Veinticinco han alcanzado, tras dos años de preparativos
producido una reducción de este tipo de empleo, tomany arduas negociaciones, un acuerdo histórico al aprobar el
do un mayor protagonismo el sector servicios. Y, en conprimer Tratado Constitucional de la UE. El texto deberá
secuencia, podría pensarse, que la evolución del empleo
ahora ser ratificado por cada país y, entonces, se podrá
industrial no es determinante para la consecución o no de
decir que Europa ya tiene Carta Magna.
los objetivos de la Cumbre de Lisboa.
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Detrás de esos debates y en el fondo de la misma ampliación, está el futuro de los fondos de cohesión. El papel que
han jugado esos fondos para España está fuera de toda
duda, de igual manera que los serán para el futuro de los
países que ahora se incorporan. En adelante se podrá
comprobar si España ha aprovechado adecuadamente
los recursos procedentes de los fondos estructurales y de
cohesión o, si por el contrario, el crecimiento experimen-
En mi opinión, más allá de la evolución estadística, la importancia de la industria y el empleo industrial para alcanzar los objetivos de Lisboa viene determinada por dos
cuestiones que el propio Parlamento Europeo pone de
manifiesto a través del “Proyecto de informe sobre la política industrial en una Europa ampliada” (1), y que ha tomado como referencia la Comunicación de la Comisión al
Consejo y al propio Parlamento de 21/11/2003.
◗◗◗
(1) Informe elaborado por la Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía de 27/11/2003.
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Secretario confederal de Acción Sindical de CC.OO.
OPNION
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■ Ignacio Fernández Toxo
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OPINION
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En dicho informe, se señala que “parte de la actividad económica clasificada en la categoría de servicios es en realidad una externalización, por parte de las empresas (industriales), de servicios accesorios a la producción manufacturera”. Así como que, “la industria manufacturera desempeña con frecuencia un papel motor, en el sentido de
que, independientemente de su importancia estadística
relativa en la economía nacional o europea, su buena salud y dinamismo puede relanzar la economía en su conjunto incluido el sector terciario”.
Por ello, parece evidente que una actividad industrial en
declive y poco competitiva, arrastraría al resto de los sectores de la economía, con lo que los objetivos de empleo
asociados a la mejora de la competitividad de la economía
nacional y europea serían inalcanzables.
LA ESTRUCTURA DE LA INDUSTRIA ESPAÑOLA
Se puede señalar que la estructura industrial española
guarda ciertas semejanzas con la UE.
blamos de un sector que representa actualmente el 9%
del PIB de nuestro país.
Los últimos procesos de privatización, además de convertir en irrelevante la presencia del Estado en la industria
(sólo se mantiene en la industria extractiva del carbón y en
la construcción naval), ha supuesto la toma de control por
capitales extranjeros de la industria del aluminio y la siderurgia integral y, aunque se mantiene la presencia del Estado en el capital de CASA, la nueva sociedad está bajo el
control de EADS (consorcio franco-alemán).
El capital foráneo, que controla más del 50% de la industria española, ha permitido la modernización del tejido productivo español (cambios en los procesos productivos, incorporación de nuevas tecnologías y una mayor eficiencia
en la gestión), lo que, sin duda, ha mejorado la competitividad española a escala internacional, sin omitir los riesgos añadidos, como son: la excesiva dependencia que
nos expone a los efectos de decisiones externas que no
somos capaces de controlar y en ocasiones, ni tan siquiera, influir en ellas lo más mínimo.
Así, como consecuencia del “parón inversor” en las nuevas tecnologías de comunicación, se ha produciEl peso relativo de los sectores de fabricación de
do un reajuste industrial; que ha provocado la
vehículos y material de transporte, extracción
pérdida de la casi totalidad del empleo vinde minerales, es mayor en España que en la
Desarrollo, sostenibiliculado a la fabricación de equipos y comUE. Por el contrario, el peso de sectores caponentes electrónicos dependiente de
lificados como de demanda fuerte (fabridad e inversión en I+D+i
empresas multinacionales.
cación de máquinas de oficina e informávan a ser claves a la hora de
tica, maquinaria industrial, material y
analizar los riesgos de desloLa evolución del empleo en las indusequipo eléctrico) es sensiblemente infecalización a los que está sotrias TIC’s en España ha venido determirior en España.
metida la industria euronado por la caída de las inversiones de
pea, y la española en
las operadoras de telecomunicaciones,
España tiene una posición muy débil en las
fuertemente endeudadas a partir de las suindustrias de alta tecnología, aunque se enparticular.
bastas para acceder a las nuevas licencias de
cuentra bastante próxima a la media europea en
telefonía y a causa de alguna aventura fallida en telas agrupaciones de baja y media.
rrenos que no les eran propios.
Existen sensibles diferencias de tecnología y organización
A esa situación se ha venido a sumar la derivada de la nueentre los sectores productivos españoles y los países de
va estrategia productiva de los grupos industriales, que
la UE. En términos de productividad por empleado, es
mayoritariamente han optado por segregar las actividamenor la española que la media de la UE.
des de fabricación vendiéndolas a grupos especializados,
quienes a su vez han optado por trasladar la producción al
España es actualmente una potencia media en la producsureste asiático, al este de Europa o, como en el caso de
ción de material y equipos de transporte, próxima a Italia,
“Agüere”, a sus fábricas de Estados Unidos.
pero por debajo de Francia, Alemania y Reino Unido.
❛❛
La industria española tiene una fuerte dependencia internacional. La presencia de capital extranjero, que ya era importante, se incrementó a partir de la puesta en marcha,
en julio de 1996, del “Programa de modernización del sector público español”. Sectores como las industrias de
electrónica de consumo, gama blanca (con la excepción
de las cooperativas de Mondragón), industrias vinculadas
a las tecnologías de la información y la comunicación y
otras estaban totalmente controladas por grupos multinacionales.
Las privatizaciones de Seat, SKF, Pegaso, Motor Ibérica o
Maquinista Terrestre y Marítima y Ateinsa, realizadas por
los gobiernos del PSOE, pusieron bajo control de capital
extranjero la industria pública de material ferroviario, así
como toda la industria automovilística. En este sector, salvo cinco empresas de componentes, no existe ninguna
empresa de capital español y conviene recordar que ha-
Como se decía, la Cumbre de Barcelona consideró imprescindible, para alcanzar los objetivos fijados para 2010
en Lisboa, avanzar progresivamente en el incremento del
gasto en I+D+i para lograr en ese mismo año el equivalente al 3% del PIB.
La economía española está lejos de situarse en condiciones de dar cumplimiento a dicho objetivo. El gasto medio
español en 2003 se ha situado apenas en el 1% del PIB.
De ese gasto, la mayor parte procede del sector público y
está destinado a la financiación de grandes proyectos, la
mayoría militares.
La inversión de las empresas en I+D+i se encuentra bajo
mínimos y ello, en gran medida, es consecuencia del llamado “efecto sede”. Continuando esa lógica, gran parte
de nuestras empresas industriales son de dependencia
multinacional y tienen sus centros tecnológicos
◗◗◗
Por otro lado, la evolución positiva de los costes de producción de la industria a nivel mundial ha influido en el nivel de exportaciones españolas y la competitividad a nivel
internacional. Aunque conviene resaltar que la crisis económica internacional, que ha afectado a países a donde
se dirigen gran parte de las exportaciones españolas (entre otros Alemania), junto al efecto “fortaleza” del euro con
respecto al dólar, están ha limitado los efectos de esa ventaja competitiva. Una situación que aún puede volverse
más negativa por la repercusión y el impacto en los costes
empresariales que pudiera tener el incremento del valor de
las materias primas, fundamentalmente los hidrocarburos.
EMPLEO INDUSTRIAL Y SALARIOS
Comparando el sector industrial con el resto de los sectores, se puede decir que hasta el tercer trimestre del año
2001, las variaciones que experimentan en el empleo son
muy similares hasta que, en ese trimestre, comienzan a diferenciarse sustancialmente, llegando el empleo industrial
a registrar variaciones negativas de hasta el -1,8% en tanto que el conjunto del empleo asalariado crece por encima
del 2% en el primer trimestre de 2002.
Ha sido fundamentalmente el empleo temporal el que ha
absorbido los efectos de la menor actividad industrial. Así,
aunque el crecimiento del empleo indefinido desciende significativamente entre 2001 y 2002 (+0,4% 2º trim.2002),
para repuntar tímidamente en 2003, el temporal registra
variaciones fuertemente negativas entre 2001 y 2002 y,
aunque de forma más suave, lo sigue haciendo entre 2002
y 2003.
4,1%
1.756,87
Fuente: Cuadernos de la Federación nº 26, marzo de 2004 .
■5
Varios son los factores que han permitido ese comportamiento, pero los más importantes tienen que ver con la política de moderación del crecimiento de los salarios. Aquí
se ha trabajado para combinar la recuperación del poder
adquisitivo (erosionado por el efecto de la inflación) con un
moderado crecimiento, y se ha hecho así, a partir de la negociación en torno a la mejora de la productividad de las
empresas y los sectores. La moderación del crecimiento
de los costes laborales está también asociada a que los
nuevos empleos lo son con niveles de salario, por lo general, más bajos que los más antiguos. No ha sido menor
el impacto de la moderada reducción experimentada por
la jornada de trabajo en España en comparación a la situación planteada en otros países del entorno.
◗◗◗
La Cumbre de Barcelona consideró imprescindible,
❛❛
para alcanzar los objetivos fijados para 2010 en Lisboa,
avanzar progresivamente en el incremento del gasto en
I+D+i para lograr en ese mismo año el equivalente al 3% del
PIB. La economía española está lejos de situarse en condiciones de dar cumplimiento a dicho objetivo. El gasto medio español en 2003 se ha situado apenas en el 1% del PIB.
Cuadro 1. Criterios de la FM de CC.OO. para la negociación colectiva del año 2004
Porcentaje Salarial. Sector Industrial
Jornada
ervato
s
b
o
En cuanto a salarios, se puede decir que la evolución de
los costes laborales en España han visto moderado su
crecimiento a lo largo de los últimos años, situándose en
estos momentos por debajo del 75% de los costes laborales unitarios (CLU) de la zona euro, y ello, a pesar del diferencial de la inflación que en nuestro país superior al de
la zona euro.
La evolución del empleo industrial en España viene definida por la conjunción de varios factores: 1. Efecto de la
reubicación estadística (procesos de segregación de determinados servicios industriales al sector servicios). En
este caso, no se produce una destrucción directa de empleo, pero sí de la modificación de las condiciones del mismo, dando generalmente lugar a la pérdida de condiciones de trabajo a través del cambio de Convenio Colectivo
de referencia o bien porque la actividad pasa a ser subcontratada a una empresa de servicios. 2. La cantidad de
empleo industrial se ve condicionada por efecto de la menor actividad económica internacional.
2000
soci
olaboral
3. Caída de la inversión en España (menor actividad económica mundial y España ha dejado de ser el destino primero de las inversiones de los grupos multinacionales que
han reorientado gran parte de sus inversiones hacia el Este de Europa y Asia).
OPNION
rio
fuera de España. El esfuerzo en innovación es mínimo y se
corresponde a la especialización que se ha dado a los
centros ubicados en España, por cierto, orientados exclusivamente a la fabricación y venta de los productos. Y
es precisamente de esta especialización donde procede
la mayor vulnerabilidad del tejido productivo español, como muy recientemente han puesto de manifiesto claramente los casos de Samsung y Philips.
2001
2002
2003
2,7%
2,0%
2,3%
1.750,32 1.748,25 1.746,47
OPNION
rio
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o
6■
El peso de los costes laborales sobre el conjunto de los
costes de producción ha ido reduciéndose de forma progresiva en estos años. Bien es cierto que esa reducción no
procede, ni única, ni mayoritariamente, de la evolución del
componente salarial, determinada por la negociación colectiva. Tiene que ver con eso, pero, sobre todo, con la
mejora de la productividad asociada a la inversión en tecnologías de proceso y de producto y los cambios organizativos que ha permitido el salto cualitativo que, como se
ha comentado, procede en gran medida de la inversión
extranjera en España, así como de la mejora general del
entorno social, económico y político que ha experimentado la sociedad española en 25 años de democracia.
Esa mejora general de la productividad ha llevado a que el
peso de los costes laborales, en sectores como el automóvil y otros de integración tecnológica equivalente, no
suponga más del 10% de los costes totales de producción, cuando apenas hace 15 años suponía entre el 25 y
el 30%.
de la economía que exige mayores esfuerzos a las empresas para competir y otras formas de competir, más allá de
la reducción de los costes laborales.
La ampliación implicará un aumento de la diversidad de situaciones económicas en los países de la UE y traerá problemas de ajuste, tanto sectoriales como regionales. Los
retos de esta ampliación son importantes.
Pero esto no debe llevarnos a exagerar el temor de nuestro país por los efectos que puede conllevar, y esto, porque gran parte de ellos se ha producido ya en esta última
década, como consecuencia de la liberalización llevada a
cabo en estos países.
Los países de la ampliación representarán el 9% de la Europa ampliada y el 15% de los empleos y sus costes unitarios representan entre el 16% y el 53% de la UE. Es más
que probable que su integración plena al mercado interior provoque un cierto nivel de impacto en las zonas fronterizas, así como en sectores intensivos en mano
La evolución de los costes
de obra hoy establecidos mayorilaborales en España han visto
tariamente en Grecia, España y
EL DESAFIO Y LOS RIESGOS DE LA
moderado su crecimiento a lo largo
Portugal.
DESLOCALIZACIÓN
de los últimos años, situándose en esPero, más que a los países de
Hasta aquí, y de forma casi esquemátitos momentos por debajo del 75% de
la ampliación, la UE y España
ca, se han comentado las característilos costes laborales unitarios (CLU) de
deben prestar atención a la
cas del sector industrial en España y la
la zona euro, y ello, a pesar del difeevolución de otras zonas emerevolución de las principales variables.
rencial de la inflación que en nuesgentes, como India y China. PaíPero, para tener una panorámica más
tro país superior al de la zona
ses que concentran la atención
completa, conviene tener en cuenta tamdel mundo empresarial, por cuanto
bién que el proceso de cambio industrial es
euro.
sus niveles de desarrollo animan a las
permanente, por lo que la adaptación al misempresas a preparar estrategias que les
mo también lo ha de ser.
permitan estar presentes en las mismas, restando atención y esfuerzos inversores a otras áreas, y porAsistimos a un proceso en que el tejido industrial español
que sus niveles de crecimiento están provocando consuse ve sometido a desafíos derivados del proceso de glomos de materias primas utilizadas también en la UE, que
balización económica y, por lo tanto, de redefinición geohan visto crecer los precios de forma espectacular en los
gráfica de la división internacional del trabajo; a la introdos últimos años.
ducción del euro; a la influencia de la ampliación de la UE;
al efecto de las nuevas tendencias organizativas empreLa ampliación, más que como un problema en términos
sariales y al cambio tecnológico.
industriales, hay que contemplarla como una oportunidad
no carente de retos y que, en buena medida, va a permitir
El fenómeno de la deslocalización industrial no es nuevo,
que permanezcan en Europa actividades que, de otra forcomo no lo son los procesos de concentración empresama, buscarían otros lugares para implantarse. Como ya
rial o la externalización de actividades. Se ha venido manisucedió en el pasado reciente con gran parte de la indusfestando de forma permanente, si acaso se han aceleratria textil española.
do como consecuencia de los factores apuntados anteriormente. Observar el fenómeno de la deslocalización inEl cambio en la conformación del tejido industrial español
dustrial exclusivamente desde la óptica de la ampliación
es, en gran medida, inevitable y deseable. De lo que se trasería muy reduccionista y, por lo tanto, engañoso, puta es de anticipar el mismo. No va muy desencaminada en
diendo fácilmente conducir a errores en su tratamiento o
sus conclusiones la Comisión de Industria del Parlamento
llevar al equívoco de creer que sin ampliación se habrían
Europeo, en su “Informe sobre la Política Industrial en una
conjurado los riesgos.
Europa ampliada”, de 8 de octubre de 2003, cuando afirma que “las ventajas comparativas presente y futuras de
La ampliación de la UE podría implicar el desplazamiento
la industria europea no pueden ser las de las economías
de la actividad de las industrias hacia estos países, con
emergentes: bajo coste del trabajo y laxismo reglamentasus efectos sobre el empleo y la cohesión social de corio en materia medioambiental y social. Al contrario, la inmunidades y regiones de España. Pero esto, que es un
dustria europea debe centrarse en sus propias bazas: alenunciado teórico y empieza a convertirse en ideología de
to nivel de cualificación de la mano de obra, capacidad
las empresas a la hora de poner en marchas ajustes labotecnológica, dominio de los procesos de producción ‘limrales en nuestro país, no resiste la prueba de los hechos
pios’”.
en algunos sectores industriales y el fenómeno tiene que
ver más con la competencia a escala internacional, como
En mi opinión, lo primero que cabe descartar es
consecuencia del mayor grado de apertura y globalización
❛❛
◗◗◗
El período transitorio para la adecuación a la directiva va a
resultar determinante para el futuro industrial. Reducir los
GEI debe hacerse teniendo en cuenta que gran parte de
las empresas están sometidas a la competencia internacional y que EE.UU., Rusia y China no han suscrito los
compromisos de Kyoto. El período transitorio debe, por lo
tanto, utilizarse para avanzar progresivamente hacia la
consecución de los objetivos a partir de que la sociedad
española asuma el coste que está dispuesta a pagar. La
clave del éxito está en lograr combinar desarrollo econó-
El 8º Congreso de la Confederación Sindical de CCOO,
conscientes de la trascendencia del momento actual para el futuro de la economía española, alertaba de la situación y apunta claramente, el Programa de Acción a la necesidad de realizar una apuesta fuerte por un cambio de
modelo productivo. Las viejas ventajas competitivas de la
economía española, que han servido para un período, sería poco menos que suicida pensar que, profundizar en
ellas, va a permitir a las empresas mantenerse en nuestro
país.
soci
olaboral
De haberse desarrollado hasta sus últimas consecuencias aquellas tesis, hoy, por ejemplo, Europa y España no
dispondrían de industria siderúrgica, naval, aluminio y
otras, entre las que las europeas son de las más eficientes
del mundo.
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o
sectores industriales y empresas, en un marco cada vez
más globalizado de la economía, deben centrar la atención y los esfuerzos de la política industrial.
OPNION
rio
una vieja división de los sectores industriales en Europa
que hizo furor y muchos estragos, en los años 70 y 80, entre maduros y de futuro.
■7
No es el problema de RVI o NISSAN un problema de costes de producción. En estos casos, como en otros no estamos ante planes de cierre para llevarse la industria a lugares o países con menores costes laborales, mayor flexibilidad o menores costes del despido.
El mantenimiento o no de un tipo de industria en un espacio económico determinado lo decide su capacidad de
estar presente en los mercados y esto viene de la mano de
la eficiencia productiva y la calidad de los productos que
se fabrican.
En lo que a España se refiere, la tendencia ha sido buscar
la ventaja competitiva a través de la reducción de los costes laborales, con un escaso esfuerzo en I+D+i o cualificación de los trabajadores y las trabajadoras. El Balance
no puede ser más negativo: se ha deteriorado el empleo y
las condiciones de trabajo, tenemos la mayor tasa de
temporalidad, precariedad y siniestralidad de la UE y,
además, esto no ha servido para impedir la deslocalización de parte de la actividad industrial. A lo que cabe añadir el escaso celo mostrado por las administraciones públicas y las empresas a la hora de prepararse para dar
cumplimiento a la “Directiva del Comercio de Emisiones
sobre Gases de Efecto Invernadero (GEI)” de la Unión y el
protocolo de Kyoto.
Si esos son los resultados, sería una insensatez seguir
planteándose que las economías desarrolladas, como es
el caso de España, compitan reduciendo costes a expensas de ocasionar averías sociales de gran calado.
Siempre va a haber un país o una región del mundo con
costes laborales y condiciones de trabajo peores que las
nuestras a donde trasladar las industrias. Son otras, por lo
tanto, las ventajas que tiene que aportar la economía y las
industrias españolas.
ANTICIPAR LOS CAMBIOS
Los efectos de la ampliación de la UE, y la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que
se establece un régimen para el comercio de derechos de
emisión de GEI en la Comunidad, junto al desarrollo de los
La moderación del crecimiento de los costes labora❛❛
les está también asociada a que los nuevos empleos lo son
con niveles de salario, por lo general, más bajos que los
más antiguos. No ha sido menor el impacto de la moderada reducción experimentada por la jornada de trabajo en
España en comparación a la situación planteada en otros
países del entorno.
mico, sostenibilidad y empleo y lo cierto es que el enfoque
que se realiza en la Directiva, unido a las condiciones que
se establecieron para España, no son las más adecuadas
para el futuro de nuestros sectores productivos.
En el ámbito eléctrico, por las características del sector,
debería corresponder, inicialmente, realizar el mayor esfuerzo para la reducción de los GEI. Se trata de lograr: los
mayores niveles de independencia energética (agua, carbón autóctono, renovables…), garantía de suministro y
precios competitivos. A los esfuerzos por cumplir los compromisos, se ha de sumar el compromiso del conjunto de
la sociedad y los sectores, anticipando normas y
◗◗◗
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8■
regulaciones que, entre otras, pongan el acento en la eficiencia en el consumo y el desarrollo de alternativas de
transporte “limpio. Y además de posibles las iniciativas
regulatorias, habrá de procederse a una revisión de la Directiva, de manera que pueda hacerse un enfoque más
global que contemple también parámetros de competencia internacional a partir del esfuerzo que los sectores realicen.
Otro parámetro importante deberá ser la política de cohesión económica y social en la UE, manteniéndose e incrementándose el compromiso de apoyar a las regiones más
débiles, para ello será necesario un mayor esfuerzo finan-
El futuro industrial de España, como el de la UE-25 necesariamente debe vincularse al papel clave que tiene que
jugar el conocimiento. Es decir, hoy más que en cualquier
otro momento, es necesario sentar las bases desde la iniciativa pública y privada para lograr alcanzar el objetivo del
3% en inversión en I+D+i.
Se hace necesario pasar de una competencia en precios
y costes a la competencia centrada en la responsabilidad
social corporativa; en las características y calidad del producto, el diseño, las tecnologías de proceso y de producto, la capacidad de adaptación a las necesidades del
consumidor para que, en el marco de una actuación socialmente responsable y sostenible, desempeñen un papel determinante en las estrategias de las empresas.
Una estrategia, como la descrita, no es compatible con un
mercado de trabajo caracterizado por: altas tasas de precarización y temporalidad, bajos niveles salariales, y deficientes índices de formación y cualificación . En esa línea,
se debe insistir, porque cobra aún más vigencia, en la propuesta realizada por la Comisión de Industria del Parlamento Europeo de “incluir la educación, la formación y la
cualificación en la política industrial, sobre todo mediante
el establecimiento de un objetivo cuantificado relativo a la
masa salarial de las empresas dedicada a la formación
permanente”.
Además, la industria española necesita desarrollarse internacionalmente tomando posiciones en otros mercados, aprovechando, a la vez, las ventajas de la UE-25. Para ello el Gobierno español debe promocionar políticas
que, también, favorezcan la actuación de las PYMES en
ese espacio.
La pérdida de centralidad de España, con respecto a los
mercados a partir de la ampliación exige un esfuerzo suplementario para el desarrollo de redes de comunicación
y transporte que forme parte integral de las redes transeuropeas, es un elemento crucial para la competitividad de
la industria española.
❛❛
Los países de la ampliación representarán el 9% de la
Europa ampliada y el 15% de los empleos y sus costes unitarios representan entre el 16% y el 53% de la UE. Es más
que probable que su integración plena al mercado interior
provoque un cierto nivel de impacto en las zonas fronterizas, así como en sectores intensivos en mano de obra hoy
establecidos mayoritariamente en Grecia, España y Portugal.
ciero orientado a la política de solidaridad en su conjunto.
Una solidaridad política y económica, que exige que los
presupuestos comunitarios superen la debilidad de los
actuales. Para asegurar una política de crecimiento económico; aumento del empleo y de desarrollo sostenible,
se exige que, desde los Presupuestos de la UE, se aumenten las inversiones y la calidad de éstas y, a la vez, se
haga un seguimiento sobre el impacto de la ampliación en
las distintas regiones y sobre los temas de sostenibilidad.
España tiene que hacer una apuesta por el mantenimiento y la competitividad del tejido industrial que, aunque sujeto a modificaciones, debe asentarse en los sectores básicos actualmente existentes. La clave para el futuro está
en la capacidad de anticipar los cambios. Las administraciones públicas españolas, las empresas y los agentes sociales deben tomar nuevamente la iniciativa en nuestro país, comenzando porque el Gobierno concentre las competencias sobre los temas industriales en un solo departamento.
Así, no basta con definir medidas de carácter horizontal,
aunque éstas sean necesarias. Las especificidades sectoriales exigen planes sectoriales, no sólo para anticipar el
cambio, sino para impulsar la actividad en los sectores básicos para la economía española, y como forma de contrarrestar, en términos de empleo, el efecto de decisiones
de deslocalización que van a seguir tomando algunas empresas, sobre todo grupos multinacionales, que sólo
mantienen en nuestro país centros de ensamblaje, además de la distribución o servicios post-venta.
Son necesarias iniciativas sectoriales, algunas de ellas ya
apuntadas por la Comisión Europea para sectores
◗◗◗
Indicadores económico-industriales
■ Alfredo García
Director del Observatorio sobre Industria, Ciencia y Tecnologia de la FSE
ro como en nuestro país repunta en tres décires meses seguidos de ligera recuperación
mas debidas principalmente al incremento
económica en las principales área de
de los precios del petróleo y los efectos del
producción industrial, sumadas a las urLa tendencia a la liberasostenido encarecimiento del dólar resgentes medidas para sujetar el alza deslización de los productos inpecto del euro.
bocada de los productos derivados del
dustriales y los servicios asopetróleo da pié para una renovada moderación del optimismo productivo: se ciados a ellos se establece en un En nuestro país, después del Aarón
expectante provocado por las elecciosiguen creando puestos de trabajo y
mercado sin barreras comercianes
y el cambio de gobierno, la atenmanteniéndose el consumo y la inverles, de acuerdo con las disposición de las actividades y expectativas
sión empresarial. Todo ello referido al
ciones de la Organización
económico-industriales permanece aún
área Unión Europea (UE) y nuestro país.
Mundial de Comercio
a la espera de las directrices que determi(OMC).
narán la política económico-industrial. Mi
Como la evolución económica y de la propunto de vista es, entre otras reflexiones, producción industrial en España está muy interreladucto de las actuaciones que poco a poco va insicionada con las zonas euro y de la UE, el análisis connuando más que explicitando el nuevo Gobierno a las que
junto a este nivel de las variables y condiciones de la prosumar las reticencias que causa el hecho de que sea Peducción industrial (exceptuando el Reino Unido) no ofrece
dro Solbes el director de la política económico-industrial
grandes distorsiones internas. La industria es, otra vez la
del nuevo gobierno.
actividad que tira del conjunto de las variables económicas, siendo también reseñable la mejora de los sectores
Los interrogantes no son aún preocupantes pero están en
de la construcción, (que en España, aún de manera conla senda de serlo. Las insuficiencias de la reforma de la Potenida respecto a plazos temporales anteriores, sigue
lítica Agraria Común (PAC), en Luxemburgo, más la deciconstituyendo el grueso de la actividad) a los que sumar el
sión unilateral de rebajar el IVA de los CD’s (consecuencia
incremento de la venta al por menor. Por el lado contrario
de la cual ha sido la correspondiente advertencia
el Indice de Precios al Consumo (IPC), tanto en la zona eu-
T
❛❛
◗◗◗
soci
olaboral
ervato
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o
❛❛
INDICADORES
rio
ra situar en un equilibrio constructivo y creador
como el siderúrgico, el naval, aeroespacial, textodos los intereses de los actores afectatil, automoción y otros, tan básicos para la
dos”…, “la política industrial europea deUE como lo son para España.
La industria española
be dirigirse no sólo a desarrollar los nueatraviesa una fase de redefivos sectores de alto potencial de deLa implicación y la participación del connición que requiere la atención y
sarrollo, sino también a garantizar una
junto de los actores industriales son
fundamentales y, en ese sentido, cola actuación concertada de todos buena gestión de los sectores más
los actores, si se quiere que los
tradicionales”. Estas últimas líneas
bra una gran importancia el diálogo social. Diálogo social institucionalizado a retos y desafíos del presente no son declaraciones de Comisión de Industria del Parlamento Europeo, y son
través de la creación de observatorios
se conviertan en problemas
más
que suficientes para encarar la
industriales como los ya constituidos en
irresolubles del mañana.
cuestión.
algunos sectores, como el textil o la química, o los propuestos por CC.OO. para el autoHasta aquí y por lo expuesto, y teniendo en cuenmóvil, la energía y otros.
ta la limitación de espacio, éstas son las apuestas fundamentales para el próximo periodo. La industria española
Los problemas y desafíos presentes y futuros de la indusatraviesa una fase de redefinición que requiere la atención
tria, y por lo tanto de la economía, no se van a resolver a
y la actuación concertada de todos los actores, si se quiegolpe de reformas desregulatorias, ni, mucho menos,
re que los retos y desafíos del presente no se conviertan
atacando las bases del sistema de protección social.
en problemas irresolubles del mañana.
“Los tres pilares de la estrategia de desarrollo sostenible
Salvando las diferencias ideológicas con el autor, quisiera
de la Unión Europea definida en Gotemburgo, el econócerrar el artículo con una frase de Eric Hoffer, “En épocas
mico, el social y el medioambiental, lejos de ser antagónicos, se refuerzan mutuamente”…, “la nueva política inde cambio quienes estén abiertos al aprendizaje se aduedustrial europea debe definirse y aplicarse con la contriñarán del futuro, en tanto, quienes creen saberlo todo se
bución de los agentes sociales”…, “en este sentido, el diáencontrarán maravillosamente equipados para operar en
logo social es un instrumento consecuente y decisivo paun mundo que dejó de existir.” ■
■9
INDICADORES
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10 ■
de la UE por vulnerar el principio de “armonización impositiva” entre los estados miembros, provoca dudas sobre
la consistencia del programa económico-productivo del
Gobierno, más aún, cuando los rectores del área de Economía y Hacienda no ha explicitado el gasto máximo que
el Gobierno podrá ejecutar sin incumplir la Ley de Estabilidad Presupuestaria vigente, lo que incita y da pie a suponer que dicho gasto sobrepasará el crecimiento previsto
(3% anual), incurriendo en un incumplimiento de la decisión de no incrementar el déficit público.
En otro sentido los precios industriales vuelven a ser un
problema a partir de abril, en toda la zona euro, y todo ello
tiene que ver con los precios del petróleo que elevará, sin
del crecimiento del Índice de Producción Industrial (IPI)
hasta un -0,7%, (-0,3 puntos inferior a lo previsto hasta diciembre).
La producción industrial en 2004 viene ralentizándose
mes a mes. Esta ralentización afecta a los sectores con
más implantación e nuestro país, y es especialmente importante en la producción de energía, un indicador indirecto de la caída de la producción industrial, así como del
sector de los bienes de consumo no duraderos. Ambos
grupos suponen el 47 % del IPI.
Las informaciones disponibles a partir de enero de 2004,
más las revisiones introducidas en las expectativas, el escenario consolida una desaceleración de la actividad industrial, que se da en casi todos los sectores, y especialmente en aquellos más sensibles y que mayor porcentaje
de producto aportan, como son la producción de energía,
bienes de equipo (indicador que expresa la caída de las
expectativas industriales); bienes intermedios.
Así, el perfil de la industria en nuestro país, contrasta sobremanera con la mejora de los indicadores cualitativos
tanto de la UE como de España. Se establece así la clásica situación expectante de las empresas industriales que,
pese a repuntes puntuales, siguen una tendencia de empeoramiento de las opiniones empresariales para este
ejercicio, lo cual contrasta con la situación en Europa. Situación que puede verse afectada por los resultados de
las elecciones europeas.
Antes de celebrarse éstas se estimaba que el IPI estabilizaría su crecimiento entre el 0,5% y el 1,5 anual. Si esta
perspectiva se consolidase, lo cual parece más lejano como consecuencia de las elecciones europeas, en el ámbito de la UE, sería un estímulo poderoso para la evolución
del IPI, español, especialmente debido a que ello implicaría un incremento de la demanda interna a las plantas industriales de las multinacionales.
Un problema endémico de una parte importante de
❛❛
nuestro tejido industrial, se puede volver a sustanciar en
una pérdida de producción relativamente alta, lo que requiere de la acción de las organizaciones sindicales en estos sectores absolutamente dependientes de decisiones
foráneas (que por otra parte se han aprovechado en su mayoría de pingües ayudas públicas) avanzando en el tratamiento sindical de estos temas.
duda alguna, los preciso industriales muy por encima del
objetivo del BCE y del Banco de España. Las hipótesis
más optimistas hablan de un incremento de los preciso industriales por encima del 2,55 interanual, en paralelo con
el retroceso del euro respecto del dólar.
En otro orden de cosas, la caída de la producción industrial: 2,9%, (-0,1% de lo previsto), rebajan las perspectivas
En esta materia, las decisiones por el momento políticas,
pero con un alto grado de certera posibilidad, de la deslocalización industrial, por parte de las multinacionales, a
países de la nueva UE ampliada, con alto grado de potencia, capacitación y know haus industriales, establecen serios nubarrones sobre una buena parte de las plantas industriales españolas dependientes, en uno u otro grado,
de decisiones no políticamente intervenibles.
El plus a pagar por la permanencia de las plantas multinacionales se deberán hacer efectivo, como es norma, en
empleo directo e inducido en nuestro país. Este, que es un
problema endémico de una parte importante de nuestro
tejido industrial, se puede volver a sustanciar en una pérdida de producción relativamente alta, lo que requiere de
la acción de las organizaciones sindicales en estos sectores absolutamente dependientes de decisiones foráneas
(que por otra parte se han aprovechado en su mayoría de
pingües ayudas públicas) avanzando en el tratamiento
sindical de estos temas, a nivel del Estado y a nivel de las
relaciones sindicales europeas en las que, en gran parte,
y especialmente en lo referido a los países de nueva incorporación, con tradición industrial, mano de obra abundante y perfectamente formada, preciso de ésta baratos y
reducida potencia sindical (que en todo caso se manifestaría a favor de las “relocalizaciones en sus paí-
◗◗◗
■ Antonio Baylos
Catedrático de Derecho del Trabajo UCLM
La autonomía colectiva en el derecho social
comunitario
El texto corresponde al primer capítulo del libro “La dimensión europea y trasnacional de la autonomía colectiva”, coordinado por Antonio Baylos, que además es autor del siguiente texto, donde define en primer lugar el concepto y lugar de la autonomía colectiva en el ordenamiento jurídico comunitario. A continuación describe los actores a escala europea, el diálogo social comunitario y la tipología de la negociación colectiva comunitaria.
1.- Concepto y lugar de la autonomía colectiva en el ordenamiento jurídico comunitario.
La autonomía colectiva ocupa en los sistemas jurídico-laborales europeos un lugar
central. Normalmente esta relevancia se suele resaltar al hablar del sistema de fuentes del
derecho, en el sentido de que la producción
de reglas con valor normativo por parte de los
sujetos sociales que disciplinan las relaciones
laborales se contrapone a las normas de origen estatal
que tienen por objeto la misma materia, de manera que la
peculiariedad típica del Derecho del Trabajo es precisamente esta autonomía o poder de autorregulación de los
intereses contrapuestos de empresarios y trabajadores
que se plasma en el convenio colectivo como fuente del
derecho, como norma jurídica. Pero además la centralidad de la autonomía colectiva tiene más significados no
menos relevantes. Ante todo porque el gobierno del siste-
ma de relaciones laborales se basa esencialmente en dicho principio, cuya capacidad de
regulación social se expresa a través de la negociación colectiva, pero donde el sindicato
de trabajadores supone un instrumento de
producción de reglas ligado al protagonismo
social y político de este sujeto colectivo que
expresa también en el conflicto social un factor de dinamización del sistema en su conjunto. Además, desde la lógica político-democrática de estos sistemas jurídicos, los poderes de autorregulación y de autotutela en los que se materializa esta autonomía colectiva se inscriben en una línea
de tendencia que busca la compensación de la desigualdad material presente en las relaciones de producción a
través de la acción colectiva, y que adquiere relevancia jurídico-formal al más alto nivel a partir del reconocimiento
en las constituciones europeas de la segunda posguerra
mundial que se liberaron de los fascismos tanto de este
principio de autonomía, ligado al de pluralismo so◗◗◗
soci
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b
o
❛❛
TENDENCIAS
rio
nistas (hacia los nuevos países de la UE o el
ses”) pone, también de manifiesto lo mucho
Norte de Africa especialmente) tendentes
que queda por hacer en cuanto a la intea crecimientos a corto plazo, lo cual no
gración sindical europea.
La ausencia de una polítideja de ser también una política mioca común de límites drásticos
pe de cara a la consolidación de un
Secundariamente, la tendencia a la limedioambientales, de utilización
espacio industrial sostenido en vaberalización de los productos indusde los recursos no renovables y de
lores añadidos.
triales y los servicios asociados a
ellos se establece en un mercado sin su sustitución por energías y procedibarreras comerciales, de acuerdo mientos acordes con las aún existen- Todo ello afecta profunda y continuamente a los asuntos sociales,
con las disposiciones de la Organites normativas medioambientales,
especialmente
a aquellos que deterzación Mundial de Comercio (OMC).
impulsa las deslocalizaciones
minen directa o indirectamente resLo que homogeniza las decisiones inoportunistas
tricciones sobre las actividades proverso/productivas económicas, sociaductivas, e, indirectamente a los pilares
les y políticas. La competencia entre embásicos del Estado del Bienestar, especialpresas induce la competencia entre territomente las pensiones. En este campo la generalirios, incluso de un mismo país, lo cual abunda en
dad de los Gobiernos “relajan” sus legislaciones o medidesregulación y privatización. Ello está determinando una
das y hacen la vista gorda a cualquier actitud que permita
reducción drástica de los sistemas de regulación naciola mejora de la competitividad industrial.
nales en particular y la reducción de las barreras fiscales
en general.
Con los efectos que ello tiene sobre las cuentas y disponibilidades públicas para actuar, tanto en políticas indusDe otra parte, la ausencia de una política común de límites
triales activas, especialmente las demandantes de más
drásticos medioambientales, de utilización de los recurrecursos financieros y logísticos, como en políticas sociasos no renovables y de su sustitución por energías y proles, de protección o inversión en la respuesta a demandas
cedimientos acordes con las aún existentes normativas
sociales urgentes. ■
medioambientales, impulsa las deslocalizaciones oportu-
■ 11
TENDENCIAS
rio
ervato sociolaboral
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o
12 ■
cial, como de las facultades de autonormación y de autotutela colectiva, traducidas en derechos fundamentales:
libre sindicación, huelga, negociación colectiva. Sobre estos elementos se construye la dimensión colectiva y sindical del ordenamiento jurídico-laboral en los sistemas democráticos contemporáneos, de los que el ordenamiento
español, a partir de la promulgación de la Constitución de
1978, es un ejemplo.
El problema que se plantea es la difícil traslación del espacio que ocupa en un sistema de relaciones laborales nacional la autonomía colectiva, al ordenamiento jurídico comunitario. No se trata por tanto de iniciativas de los sujetos sociales o de otras entidades para proceder a coordinar políticas y estrategias en el plano colectivo de las relaciones laborales a escala europea. Ni la constatación de
que en Europa todos sus sistemas jurídicos nacionales
asignan un papel muy relevante a las distintas manifestaciones de la autonomía colectiva, entre las que se podría
proceder a realizar una cierta clasificación comparatista
por grupos de sistemas y de las diversas técnicas y políticas en los que se manifiestan éstos. Se trata por el contrario de afrontar la estricta dimensión supranacional comunitaria y el modo en el que en la misma se puede hacer
presente la autonomía colectiva como fuente del derecho
y como principio político de autorregulación social.
No es fácil el asunto, pues la peculiar forma de construcción y desarrollo del ordenamiento comunitario lo hacen
bascular sobre un orden de valores diferentes, prioritariamente dirigidos a la consecución del mercado común y de
la unidad monetaria y financiera, y en donde el reconocimiento de principios y de derechos se realiza fragmentariamente y siempre en función de estos objetivos (Galiana,
1997, 150). El modelo antropológico sobre el que se edifican las constituciones democráticas europeas es el del
ciudadano – trabajador, y sobre el trabajo como elemento
de cohesión social y de dignidad personal se asienta la
idea del Estado Social que orienta el orden constitucional
y el sistema de derechos de una nación. En el ordenamiento comunitario, por el contrario, la figura social relevante es la del consumidor y la del usuario, y frente al Estado como elemento regulador se afirma el mercado y en
definitiva la empresa como sujeto clave en el funcionamiento del mercado unificado también monetariamente.
Ambas esferas regulativas desarrollan por tanto “códigos
genéticos” diferentes.
No debe extrañar, por tanto, que si la dimensión social de
la Unión Europea ha sido una realidad tardía y siempre secundaria respecto de los esfuerzos realizados hacia la unidad monetaria y financiera en un contexto de mercado
común, los aspectos relacionados con la regulación por
las partes sociales de las condiciones de empleo y de trabajo en el ámbito europeo no hayan sido tenidos en cuenta ni reconocidos hasta prácticamente el Tratado de Maastricht, al margen de una tímida presencia - el diálogo social – a partir del Acta Unica Europea de 1987 (Galiana,
1997, 165; Rodriguez-Piñero, 1997a, 2) que no llegaba a
definirse como principio político. No es euro-optimismo
mantener, sin embargo que, tras el Tratado de Amsterdam, vino a dar comienzo una etapa de transición hacia un
escenario en el que se irá construyendo la dimensión colectiva de la regulación comunitaria sobre aspectos sociolaborales, de la que ya hay significativas manifestaciones
(Spyropoulos, 1999, 234), pero también serias carencias.
Ahora bien, ante el papel que el ordenamiento jurídico comunitario asigna a la autonomía colectiva y ante el que
efectivamente puede desempeñar ésta en este espacio
normativo supranacional, en sus diversas manifestaciones posibles, hay que adoptar ciertas precauciones. La
primera, y fundamental, no incurrir en el “equívoco metodológico” (Lo Faro, 1999, 8) de aplicar al estudio de las categorías jurídicas de los derechos laborales colectivos los
mismos elementos conceptuales de los sistemas nacionales, ni de emplear los estereotipos culturales, históricamente determinados y que han ido cristalizando en cada
uno de los ordenamientos internos en una amplia diversidad. Como se ha recordado muy oportunamente, no hay
nada mas diferente en Europa, aparte de los idiomas, que
la estructuración de los sindicatos, los criterios de representación, la eficacia personal de la negociación colectiva
(Lettieri, 1998, 14), por mencionar sólo los aspectos más
llamativos en las diversas soluciones jurídicas planteadas
a nivel comparado.
En segundo lugar, conviene tener presente la dinámica
instaurada entre el sistema de garantías que tutela los derechos fundamentales de carácter colectivo – sindicación,
huelga, negociación colectiva fundamentalmente – en los
respectivos ordenamientos internos, y el cuadro resultante de protección “interiorizada” en cada país, una vez
comparados cada uno de estos sistemas, que arroja un
generalizado, aunque enormemente diferenciado, nivel
de respeto de tales derechos. Pero – y esta es la precaución – sin que esta situación se plantee como un objetivo
general de la actuación normativa comunitaria ni se prevea
la construcción de un sistema análogo de garantías a nivel
supranacional, lo que por otra parte tiene mucho que ver
con el reparto de competencias comunitarias y nacionales y el juego del principio de subsidiariedad, cono se analizará más adelante.
Por último, procede diferenciar entre lo que se delimita jurídicamente como norma comunitaria y se inserta con una
lógica propia en dicho ordenamiento jurídico y las reglas
que la autonomía colectiva puede crear, como consecuencia de la acción social de los sujetos colectivos, en
especial en este tema los sindicatos de trabajadores. Este tipo de reglas no se asimilan fácilmente a las categorías
jurídicas de las que se dispone en los ordenamientos nacionales respectivos ni ofrecen las certezas a las que estamos acostumbrados en materia de eficacia de las mismas y de la garantía de los derechos en ellas reconocidos,
y tampoco se instalan en el cuadro normativo del derecho
comunitario, de por sí proclive a fórmulas “dúctiles” de
creación del derecho. Sin embargo esa creatividad colectiva que abarca la dimensión supranacional y transnacional posee un valor indicativo y prescriptivo extraordinario.
Desde esta perspectiva, que hace más complejo el análisis de estas categorías, es desde donde es más correcto
abordar el estudio de la autonomía colectiva en el Derecho
social comunitario.
1.1.- La carencia de un orden constitucional europeo de garantía de derechos colectivos.
Nadie puede negar que la construcción de la Unión Europea como una Europa de ciudadanos haya de sustentarse en la existencia de un reconocimiento de los de-
◗◗◗
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TENDENCIAS
rio
el segundo la “información, consulta y participación de los
trabajadores”. Delimitando el contenido de los mismos, se
pueden señalar los siguientes:
a) Derecho de asociación y libertad sindical, que comprende tanto el derecho de los empresarios a asociarse y
a constituir asociaciones profesionales para defender sus
intereses económicos y sociales, como el derecho de libertad sindical propiamente dicho, tanto en su vertiente
individual como colectiva. La interpretación de los contenidos de la libertad sindical se deberá realizar con el auxilio de los Convenios de la OIT, en el sentido con que el Preámbulo de la Carta se refiere a la “inspiración” de sus declaraciones en aquellos. Es de resaltar sin embargo que en
ervato
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o
rechos fundamentales de éstos “expresión de los valores
colectivos y de la identidad de las sociedades europeas”
(Casas, 1996a., 11), lo que remite a la declaración de derechos y a su eficacia en el ordenamiento comunitario. Por
eso el debate sobre la constitucionalización de los derechos sociales viene de lejos, aunque sólo entrados en el siglo XXI se haya llegado a una situación en la que se puede
hablar de la proximidad de un ordenamiento constitucional europeo que los recoja.1. Lo cierto es que todavía carecemos de constitución europea en el sentido clásico del
término. Una parte de esta carencia se debe a los ímpetus
desreguladores de la ideología neoliberal triunfante en los
años 80, que interpretaba la lógica de los derechos como
una cortapisa al funcionamiento del mercado, y señaladamente aquellos derechos de carácter colectivo como los
de sindicación, negociación colectiva y huelga. Pero también posiblemente a que la noción de derechos sociales
se reconducía al ámbito de competencias comunitarias,
como derechos reactivos o reflejos de una acción o política de los poderes públicos, por lo que en consecuencia no
se tenían en cuenta los supuestos de producción extralegislativa o autónoma de reglas vinculantes en materia de
relaciones laborales. Sin embargo existen dos textos importantes en donde se utiliza la forma de declaración de
derechos para incorporar el conjunto de derechos sociales.
■ 13
a) La Carta comunitaria de los derechos sociales
fundamentales de los trabajadores.
En efecto, han existido intentos serios de lograr una cierta
constitucionalización de los derechos sociales y en concreto de los derechos fundamentales de carácter colectivo, como sucedió con la Carta comunitaria de los derechos sociales fundamentales de los trabajadores adoptada en diciembre de 1989, en el contexto de un proceso de
tensión hacia la construcción de una dimensión social europea “fuerte” bajo la presidencia de Jacques Delors, a finales de los años ochenta.
Este texto constituye una declaración de los derechos que
básicamente comparten todos los Estados miembros, en
el intento de trasladar al modelo europeo de regulación
social lo que constituye el elemento fundante de los principios de protección de los derechos sociales en los respectivos ordenamientos internos. Por eso el Preámbulo
de la Carta recuerda que por un lado pretende “consagrar
los progresos realizados en el ámbito social, por la acción
de los Estados miembros, de los interlocutores sociales y
de la Comunidad”, y por otro “garantizar en los niveles
adecuados el desarrollo de los derechos sociales de los
trabajadores de la comunidad Europea”, sin que desde
luego pueda darse “ninguna regresión con respecto a la
situación actualmente existente en cada Estado miembro”.
Los derechos reconocidos de carácter colectivo se concentran en dos grandes bloques: en el primero se consagra “la libertad de asociación y negociación colectiva”, en
1
Una exposición muy clara de esta necesidad en Rodriguez Piñero y Casas, 1996. Ver también Sciarra, 1996.
❛❛
En el ordenamiento comunitario, por el contrario, la figura social relevante es la del consumidor y la del usuario,
y frente al Estado como elemento regulador se afirma el
mercado y en definitiva la empresa como sujeto clave en el
funcionamiento del mercado unificado también monetariamente.
la declaración europea tenga expresa acogida la protección de la libertad sindical negativa que sin embargo no se
menciona en los textos de la OIT, con consecuencias restrictivas o impeditivas para las claúsulas de seguridad sindical típicas de la cultura sindical anglosajona. Los ordenamientos internos deberán además determinar “en qué
condiciones y en qué medida” se deben aplicar a las fuerzas armadas, a la policía y a la función pública las facultades y derechos derivados de la libertad de sindicación, lo
que es también extensivo a otros derechos reconocidos,
como el de negociación colectiva y el derecho de huelga.
b) Derecho de negociación colectiva, que se reconoce
en un doble nivel. En el plano de las condiciones establecidas por las legislaciones y prácticas nacionales, a los
empresarios y sus organizaciones y a las organi-
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14 ■
zaciones de trabajadores, y a escala comunitaria, a los interlocutores sociales, pero confinada en el marco de las
consultas y pareceres comunes de ambos que se conoce
como diálogo social, que puede culminar, si así se desea,
en que “se establezcan relaciones convencionales” tanto
a nivel interprofesional como sectorial. De esta forma, la
negociación colectiva de empresa en el nivel transnacional no aparece recogida en la Carta como derecho fundamental de los trabajadores, una muestra mas de la incoherencia y la obstinación ideológica de algunos gobiernos
en no legitimar la acción sindical a escala europea.
c) Derecho a recurrir a acciones colectivas y derecho
de huelga, originado por un conflicto de intereses y con las
posibles limitaciones derivadas tanto de la legislación como de las obligaciones pactadas en convenios colectivos,
en una doble alusión en consecuencia a la imposición legal de límites al ejercicio del derecho de huelga y a la pactación de claúsulas de paz en la negociación colectiva. En
cualquier caso es patente la remisión a la legislación y las
prácticas nacionales en este supuesto. Y en este tema, la
exclusión o restricción del ejercicio del derecho de huelga
para fuerzas armadas, policía y función pública a que antes se ha hecho referencia, tendrá una proyección muy intensa en los diversos ordenamientos nacionales.
d) Procedimientos de conciliación, mediación y arbitraje, con la finalidad de resolver los conflictos laborales planteados, tanto de intereses como jurídicos, sin que la declaración comunitaria se pronuncia por el carácter público
o voluntario de los mismos, es decir, generado en el seno
de una estructura administrativa pública o creado y administrado por la negociación colectiva, al determinar únicamente que “es conveniente favorecer” su creación y utilización, aquí también “ de conformidad con las prácticas
nacionales”.
e) Derechos de información, consulta y participación de
los trabajadores en la empresa, que se establece a nivel
general como derecho ejercitable “según mecanismos
adecuados” en función de “las prácticas vigentes en los
diferentes Estados miembros”, y se extiende en especial a
“aquellas empresas o grupos de empresas que tengan
establecimientos o empresas situados en varios Estados
miembros de la Comunidad Europea”. La declaración establece además algunos supuestos en los que tales procedimientos de información y de consulta resultan particularmente necesarios, en concreto en los supuestos de
introducción en la empresa de innovaciones tecnológicas
que modifican sustancialmente las condiciones de trabajo o la organización del trabajo, en los casos de fusiones o
restructuraciones de empresas y en los despidos colectivos, y, en fin, en los trabajadores transfronterizos afectados por las políticas de empleo llevadas a cabo por las empresas en las que trabajan.
Al margen de sus limitaciones, imperfecciones y deficiencias, la Carta resultó una iniciativa plenamente fallida,
puesto que no consiguió sus objetivos primeros de constituir un “minimum social comunitario” (Rodriguez Piñero,
1997, 2). La Carta carecía de valor jurídico alguno en el interior del ordenamiento comunitario y tampoco orientó la
jurisprudencia comunitaria a efectos interpretativos de los
principios de la Comunidad. Era una simple declaración
solemne (Spyropoulos, 1999, 233) que además no suscribieron todos los Estados miembros de la misma, ante la
exclusión de Gran Bretaña. De esta forma, este proyecto
que pretendía una cierta constitucionalización de derechos sociales y la homogeneización de los mismos, no tuvo la fuerza política para poder afirmarse, confirmando así
de nuevo el papel plenamente subsidiario de la denominada dimensión social del proyecto europeo en el conjunto de las políticas económicas y sociales que éste representa, como se volvería a poner de manifiesto en los criterios de convergencia que se emplearon en Maastricht.
Posteriormente otros intentos en la misma dirección han
tenido idéntico fin2, aunque el debate se orientó en los
años noventa hacia el logro de nuevas formas de constitucionalización de los derechos sociales (Sciarra, 1996,
86), que encontraron en la reforma de Amsterdam algunos avances, lo que no quería decir mucho ante la situación anterior de la que se partía de negación de cualquier
afirmación general de un sistema de valores políticos y sociales que orientara las políticas de los gobiernos y la acción de la Comunidad más allá de la consecución de la unidad monetaria y el mercado común.
En efecto, el art. 6 TUE establece el compromiso de la
Unión Europea de respetar los derechos fundamentales
tal y como éstos resultan del convenio de Roma de 1950
y “tal y como resultan de las tradiciones constitucionales
comunes a los Estados miembros” como principios generales del Derecho comunitario. Y concreta más esta referencia a los derechos sociales fundamentales el art. 136
TCE al mencionar expresamente los reconocidos en la
Carta Social Europea de 1961 y en la Carta comunitaria de
derechos sociales fundamentales de los trabajadores de
1989. Se produce así una cierta constitucionalización de
estas declaraciones de derechos como principios, que
van a tener posiblemente un margen de aplicación en tanto orientan la interpretación del TJCE3. Es éste quien debe garantizar el respeto de tales derechos como principios
generales del Derecho comunitario (Casas, 1996a, 11),
pero su alcance puede que no se limite a este efecto orientador e interpretativo. Porque estos compromisos del TUE
y del TCE, aunque a la postre no vengan sino a suponer el
enunciado de un vago compromiso político en torno a los
valores que representan los derechos fundamentales a los
que estas normas remiten, implican un cierto cambio de
orientación, la necesidad de llegar a establecer un catálogo de derechos y un sistema de protección de los mismos
a escala europea.
b) La Carta de los derechos fundamentales de la
Unión Europea (La Carta de Niza, 2000).
Tantas veces propuesta como necesidad la constitucionalización de los derechos fundamentales en la dimensión
comunitaria, es el Consejo Europeo de Colonia en 1999 el
que determinó que se profundizara en los trabajos
◗◗◗
2 Resulta de gran interés la propuesta de Blanpain, Hepple, Scia-
rra y Weiss, 1995, 873 ss. Una exposición sintética de esta propuesta y la del “Comité de Sabios” de 1996, en Rodriguez Piñero, 1997a, 6 ss.
3 Unánime comentario de la doctrina que ha comentado Amster-
dam: Galiana, 1998; Gomez Muñoz, 1998, Rodriguez Piñero,
1998; Rodriguez-Piñero Royo, 1998; Torrents, 2000.
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4 “Acuerdo no normativo que revela la inspiración compartida por
la Unión Europea debido a la pluralidad y a la transparencia de
su debate y por ser fruto de un amplio consenso institucional e
intergubernamental” (Mangas, 2002, 431).
5 Su precedente se encuentra en el “Convento” o convención pa-
ra la elaboración de la Carta de Niza. En la Convención se encuentran representantes de los Gobiernos y Parlamentos nacionales y de las instituciones comunitarias, Parlamento y Comisión europea. Cfr. Valdés de la Vega, 2003.
¿Cómo se contemplan por tanto en el ordenamiento comunitario los derechos relacionados con el principio de
autonomía colectiva? Estamos hablando de derechos
fundamentales de carácter colectivo y este tipo de derechos entra de lleno en el ámbito del principio de subsidiariedad. Ya se ha visto el énfasis que en este punto ponían
las declaraciones de derechos reconocidos en la Carta
comunitaria de los derechos fundamentales de los trabajadores. Con carácter general se articulaba en el
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condición de legitimación del sistema político sobre el que
se quiere basar la Unión, en donde el “modelo social” europeo constituye sin duda un elemento determinante. Hay
que tener en cuenta que en el Proyecto de Constitución
Europea se ha optado por asignar a la Carta de Niza la mayor relevancia política y el más alto valor jurídico, como derecho originario de la Unión que goza del principio de primacía sobre el derecho nacional de los Estados miembros. Si, como todo parece, triunfa esta opción, el largo
proceso seguido para encontrar una parte declarativa de
derechos con fuerza vinculante en el ordenamiento comunitario habrá culminado mediante la positivización de
estos derechos en el marco constitucional de la Unión
(Valdés de la Vega, 2003). Sin embargo, será importante
conocer cual será la delimitación que pueda hacerse del
“contenido esencial” de los derechos y libertades recono“Los trabajadores y los empresarios, o sus organizaciones
cidos, sobre la base de las diferentes tradiciones
respectivas, de conformidad con el Derecho comuniconstitucionales de los Estados miembros
tario y con las legislaciones y prácticas naciona(Casas, 2000, 110), lo que resulta particules, tienen derecho a negociar y celebrar
larmente relevante en lo que se refiere a
convenios colectivos, en los niveles adeNo hay nada mas diferente
los derechos colectivos reconocidos
cuados, y a emprender, en caso de
en Europa, aparte de los idioen la misma.
conflicto de intereses, acciones colectivas para la defensa de sus intemas, que la estructuración de los
Por otra parte, según las reglas de
reses, incluida la huelga”.
sindicatos, los criterios de representainterpretación que da el art. 52 de
ción, la eficacia personal de la negociala Carta de Niza, el sentido o alA lo que habría que añadir el recoción colectiva (Lettieri, 1998, 14), por
cance de estos derechos habrá
nocimiento en el capítulo de libermencionar sólo los aspectos más llade ser como mínimo el que recotades, en el art. 12, de la libertad de
mativos en las diversas soluciones
nozca el CEDH, a menos que la
asociación en el ámbito sindical, “lo
Carta garantice una protección mas
que implica el derecho de toda perjurídicas planteadas a nivel comelevada
o amplia, sin que quepa intersona a fundar con otras sindicatos y a
parado.
pretar cualquier precepto de este texto
afiliarse a los mismos para la defensa de
legal como limitativo o lesivo de los deresus intereses”.
chos humanos y libertades fundamentales “reconocidos, en su respectivo ámbito de aplicación, por
Aprobada como solemne declaración política y por tanel Derecho internacional y los convenios internacionales
to sin atribuirle un valor jurídico que la haga formar parte
de los que son parte la Unión, la Comunidad o los Estados
del ordenamiento comunitario4, comparte con la declaramiembros, y en particular el CEDH así como las Constitución de derechos anterior una segura función de orientaciones de los Estados miembros” (art. 53). Igualmente no
ción de la jurisprudencia comunitaria, al margen de que
cabe una interpretación que se dirija a la destrucción de
formalmente no se haya producido todavía una incorpolos derechos y libertades que reconoce o que cree limitaración formal de la Carta al sistema jurídico comunitario
ciones más amplias que las previstas (art. 54). Sin embar(Däubler, 2002, 20; Casas, 2000, 27). Sin embargo se insgo es conveniente aclarar que, como señala el art. 51 de
cribe en la dinámica que se inicia a partir del Consejo Eula Carta, ésta “no crea competencia ni misión nueva para
ropeo reunido en Laeken en diciembre del 2001, donde se
la Comunidad ni para la Unión y no modifica las compeconvoca una Convención para el futuro de Europa de
tencias y misiones definidas por los tratados”, de forma
composición novedosa5 y cuyo objetivo declarado es doque los derechos fundamentales garantizados en la Carta
tar a Europa de una Constitución. En ese proceso constisólo son efectivos en el marco de las competencias que
tuyente es necesaria una declaración de derechos fundadefine el TCE. Ello implica analizar de forma específica el
mentales para lo que la Carta de los derechos fundamenlugar que ocupan los derechos colectivos que son manitales de la Unión Europea o Carta de Niza debe ser incorfestación del principio de autonomía colectiva reconocido
porada al nuevo proyecto de Tratado fundante de la
en la Carta de Niza.
Unión. El curso de las cosas está ya muy avanzado en la
actualidad, y por esta vía se pretende acercar el proyecto
europeo a los ciudadanos y “hacer visibles” estos derechos fundamentales (Valdes de la Vega, 2003), como una
1.2.- La aplicación del principio de subsidiariedad.
en torno a una Carta Europea de Derechos Fundamentales, con expresa inclusión de los derechos sociales (Däubler, 2002, 16). Con rapidez sorprendente se obtuvo un
amplísimo consenso en torno a un texto que fue aprobado solemnemente en la cumbre de Niza en diciembre del
2000. Estructurada en siete capítulos (Dignidad, Libertades, Igualdad, Solidaridad, Ciudadanía, Justicia), es en la
rúbrica de solidaridad donde se recogen la gran mayoría
de los derechos sociales En concreto, en su art. 27 reconoce el derecho de información y consulta de los trabajadores en la empresa – “con la suficiente antelación” y “en
los niveles adecuados” - , y el art. 28 de la misma se declara el derecho de negociación y de acción colectiva en
los siguientes términos:
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punto 27 de aquella declaración, al afirmar que “la garantía de los derechos sociales fundamentales” contenidos
en la Carta “competen a los Estados miembros de conformidad con las respectivas prácticas nacionales, en particular mediante la legislación y los convenios colectivos”.
La Carta de derechos fundamentales de la Unión por su
parte recuerda en su art. 51.1 de forma específica que sus
prescripciones están dirigidas a las instituciones y órganos de la Unión, respetando el principio de subsidiariedad,
así como a los Estados miembros únicamente cuando
apliquen el derecho de la Unión, de forma que el respeto
de los derechos, la observancia de los principios y la aplicación de los mismos se realizará “con arreglo a sus respectivas competencias”.
El principio de subsidiariedad, que está enunciado de forma general en el art. 5 TCE, restringe las competencias de
la Comunidad y establece una regla de preferencia de la
actuación de los Estados, de tal manera que la acción de
la Comunidad sólo se podrá dar en la medida en que sus
objetivos “no puedan ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros” y, en consecuencia, “puedan lograrse mejor, debido a la dimensión o a los efectos
de la acción contemplada, a nivel comunitario”. Este principio parte de la idea de reducir la intervención comunitaria en materias tradicionalmente reguladas por los Estados nacionales, aunque supone en realidad un principio
para organizar la cooperación entre las diversas instancias
políticas que se despliegan en el escenario comunitario
para cooperar en la producción de normas (Rodríguez,
2001, 271-274). El territorio de la garantía de los derechos
fundamentales es el propio de los sistemas jurídicos nacionales de garantía de los mismos, es decir, que sobre
esta materia opera plenamente el principio de subsidiariedad.
Se ha señalado correctamente (Rodriguez Piñero, 1997a,
6) que no se debe confundir el tema de la competencia para la declaración de los derechos fundamentales con los
de la aplicación y puesta en práctica de los mismos, de forma que se puede producir una acción integrada entre el
reconocimiento en el ordenamiento jurídico comunitario
de determinados derechos fundamentales y sin embargo
deferir su regulación concreta y los medios de protección
de los mismos a los respectivos ordenamientos nacionales, con pleno respeto por tanto del principio de subsidiariedad6. Pero ya desde Maastricht el Derecho comunitario
ha acentuado la exclusión de los derechos laborales colectivos del espacio normativo por él delimitado.
En efecto, el art. 137.6 TCE excluye de la competencia de
la Comunidad “el derecho de asociación y de sindicación,
el derecho de huelga y el derecho de cierre patronal”. Dejando de lado la muy criticable equiparación entre huelga
y cierre patronal, que parece reiterar el art. 28 de la Carta
de Niza, con la previsible controversia que este tema conlleva (Däubler, 2002, 24), lo que aparece de forma neta en
este precepto es la voluntad de segregar de la dimensión
comunitaria la regulación de “las bases institucionales de
los sistemas de relaciones laborales” (Rodriguez Piñero,
1998, 5), las facultades de auto-organización y de autotutela colectiva que se encarnan en la libertad sindical y en el
derecho de huelga. En la justificación formal de esta opción política se maneja una equivocada noción del principio de subsidiariedad en el sentido de invocar las especificidades nacionales en materia de sindicación y de huelga (Lo Faro, 1999, 184) y por esa vía pretender respetarlas. Las consecuencias de esta exclusión competencial
son evidentes respecto de la propia negociación colectiva
a la que a partir del APS firmado en Maastricht se quería
dotar de un espacio de relevancia normativa incluido en el
ordenamiento comunitario, en concreto respecto de la
ablación de un reconocimiento completo de la libertad sindical de la que la negociación colectiva no es sino su corolario7.
De esta manera la libertad sindical y el derecho de huelga
no tienen reconocimiento constitucional directo en este
ámbito normativo supranacional, y han sido excluidos de
cualquier acción comunitaria que tenga por objeto regular
su ejercicio. Su lugar está sin embargo en los sistemas
constitucionales nacionales, en donde está “interiorizado”
tanto su reconocimiento como derechos fundamentales –
en aquellos Estados en los que existe constitución escrita
– como el sistema de garantías de los mismos. Parecería
por tanto que los principios de autonomía colectiva no podían traspasar las fronteras nacionales y se quedaban
confinadas en sus respectivos Estados miembros, siendo
a lo sumo objeto de una actividad de coordinación , fuera
del ordenamiento jurídico comunitario. Ello implicaría la incapacidad de encontrar un respaldo normativo al establecimiento de un sistema de relaciones laborales a nivel supranacional basado en los principios de autonomía de los
sujetos sociales. Y sin embargo hay dos importantes facultades que clásicamente forman parte de la actuación
de estos sujetos colectivos, a los que se les ha asignado
un espacio normativo dentro del ordenamiento comunitario: se trata de la negociación colectiva autodenominada
comunitaria – ante todo los acuerdos colectivos “fuertes”
- y de los derechos de información y de consulta en la empresa, y en especial en las empresas transnacionales. En
consecuencia, el tratamiento y reconocimiento de la autonomía colectiva en el derecho comunitario “se ha parcializado”, aceptando alguna de sus manifestaciones y negando otras (Valdes de la Vega, 2003).
La contradicción que se expresa, desde el punto de vista
del desarrollo completo de un principio de autonomía colectiva, es evidente, pero para solventarla no sólo habrá
que analizar en detalle los contenidos y las funciones de
estos derechos insertos en la dinámica del derecho social
comunitario, sino que habrá que manejar la tensión existente entre una realidad previa a la consagración normativa de sus tendencias, es decir a la existencia de unos sujetos colectivos y de unas reglas de actuación construidas
a escala comunitaria. No se puede contar sólo con
◗◗◗
6 Y a la inversa, “si la Comunidad se fija un objetivo que no puede
alcanzarse mas eficazmente a nivel de los Estados, las cuestiones concernientes a a los derechos fundamentales que se
deriven de estas políticas deben ser también responsabilidad
comunitaria” (Rodríguez, 2001, 277).
7 Es una apreciación muy extendida en la doctrina que se ha ocu-
pado del tema. Así, Aparicio, 1996, 175; Lo Faro, 1999, 175 ss;
Spyropoulos, 1999, 234, etc.
2.- Los actores colectivos a escala europea: sindicatos y asociaciones de empresarios.
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sas u organizaciones de participación pública, sin perjuicio de permitir en sus estatutos a partir de 1994 que las
empresas públicas puedan estar afiliadas indirectamente
a la UNICE a través de confederaciones nacionales o sectoriales11. Es también interlocutor representativo en el
marco del diálogo social y de la negociación colectiva comunitaria, pero en la práctica el papel dirigente lo desempeña la UNICE.
El asociacionismo empresarial europeo ha encontrado
importantes obstáculos para presentarse como el portavoz único de los intereses empresariales, en especial en lo
relativo a pequeñas empresas o a determinados sectores
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el diseño jurídico-político comunitario en la determinación
del espacio que ocupa el principio de autonomía colectiva
en el ordenamiento social europeo, sino que resulta decisiva la construcción de una dimensión supranacional de la
autonomía colectiva fuera de la normatividad comunitaria
a través de la acción de creación de reglas por obra de los
sujetos colectivos que se despliegan en ese ámbito. El
análisis por tanto de cuáles sean éstos es importante a estos efectos.
■ 17
El proceso de construcción de europea ha urgido a sindicatos y a asociaciones empresariales a desplegar su acción más allá de las fronteras nacionales, organizándose
también a escala comunitaria como “interlocutores sociales”. A efectos expositivos, se analizará primero el fenómeno del asociacionismo empresarial para luego dedicarse al sindicalismo europeo.
a) El asociacionismo empresarial.
En su origen, las asociaciones patronales se configuran
más en función de una coordinación de sectores empresariales con vistas a la unificación del mercado europeo
que como representación organizada de los empresarios
europeos en una función de interlocución con los representantes de los trabajadores. Aunque existen una larga
serie de asociaciones empresariales estructuradas por
sectores o ramas de producción, las organizaciones más
relevantes son las que representan al conjunto de los mismos, es decir, son asociaciones interprofesionales, y a
ellas nos referiremos brevemente. Una característica del
asociacionismo europeo es la agrupación diferenciada de
empresas públicas y privadas en dos asociaciones diferentes, CEEP y UNICE.
— La Unión de Confederaciones de Industria y de Empresarios Europea (UNICE)8, fue creada en 1958 y representa a 34 asociaciones interprofesionales de ámbito estatal de 27 paises europeos9, del sector privado fundamentalmente, aunque en países como en España la CEOE agrupe indistintemente en su seno a empresas públicas y privadas, y esté adherida a esta organización. Desempeña un rol muy activo en la interlocución frente a los
poderes públicos europeos y en la discusión de la agenda
del diálogo social y de la negociación colectiva europea.
— El Centro Europeo de Empresas de Participación Pública (CEEP)10, fue creado en 1961 y agrupa a las empre-
8 En www.unice.org se puede encontrar un resumen de su desa-
rrollo histórico y una descripción de su estructura. Sobre el tema ver también Dueñas, 2002, 112 ss.
9
Son las asociaciones empresariales de los paises de la Unión
Europea, del Espacio Económico Europeo, de Europa central
y oriental. UNICE tiene también cinco patronales como observadores.
Conviene tener presente la dinámica instaurada entre
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el sistema de garantías que tutela los derechos fundamentales de carácter colectivo – sindicación, huelga, negociación colectiva fundamentalmente – en los respectivos ordenamientos internos, y el cuadro resultante de protección
“interiorizada” en cada país, una vez comparados cada
uno de estos sistemas, que arroja un generalizado, aunque
enormemente diferenciado, nivel de respeto de tales derechos.
muy sensibles de la Comunidad, como los empresarios
agrarios o pesqueros. La pugna sobre la representatividad empresarial en la pequeña empresa a escala europea
se solventó con el acuerdo de colaboración entre UNICE
y UEAPME, una asociación empresarial con importante
incidencia en el sector empresarial medio y pequeño. Las
empresas multinacionales, por su parte, tienden a actuar
con autonomía respecto del asociacionismo empresarial
en el mismo marco europeo de referencia. Sin embargo la
UNICE ha creado un comité consultivo y de apoyo
◗◗◗
10 Como en el caso anterior, puede consultarse la página web de
esta organización para un resumen histórico, su programa y su
estructura: www.ceep.org .
11 La lista de Empresas Públicas europeas miembros de CEEP se
encuentra en www.ceep.org/documentsEn_Fr/EntrepriE.doc
TENDENCIAS
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en el seno de su estructura al que las empresas pueden
adherirse directamente, con el aval de su federación nacional (Teyssié, 2003, 290).
Asimismo tiene en muchas ocasiones una cierta indefinición entre las funciones de tipo representativo en materia
de relaciones laborales y otras tareas de naturaleza político- comercial (Fiorai, 1996, 197). El problema de mayor incidencia en materia de relaciones colectivas se plantea sin
embargo respecto de la carencia de delegación de poderes de actuación en nombre de las Confederaciones nacionales, que en ciertos momentos le impiden cualquier tipo de actuación autónoma y en nombre propio, debiendo
desempeñar meras tareas de coordinación, e imposibilitando la toma de decisiones a nivel europeo como un sujeto representativo en dicho ámbito. Hay que tener en
cuenta que hasta 1999 la UNICE tomaba las decisiones
por unanimidad, de manera que el riesgo de bloqueo era
evidente, lo que llevó a esta organización a modificar este
aspecto introduciendo un sistema de mayorías cualificadas para adoptar las decisiones vinculantes para la organización. Pero resulta llamativo que se requiera un 80% de
los votos de las federaciones afiliadas para iniciar las negociaciones de un acuerdo colectivo a nivel comunitario,
y se mantenga el requisito de la unanimidad para aprobar
los resultados de la negociación del mismo (Teyssié,
2003, 290).
b) El sindicalismo europeo: la Confederación Europea de
Sindicatos.
La construcción del sindicalismo europeo ha sido lenta y
complicada. Puede resultar llamativo que el sindicalismo,
que en su origen nació con un alcance internacionalista,
tenga dificultades en la actualidad en presentarse como
un sujeto colectivo construido a escala supranacional. Este hecho se explica en parte por el anclaje nacional de los
sindicatos en Europa a partir de la primera guerra mundial,
lo que ha originado que tanto sus modelos organizativos
como sus formas de actuación sean producto de particulares factores históricos, culturales e ideológicos, diferenciados en cada nación. Si se toman por ejemplo los cinco
grandes países de la Unión Europea – Alemania, Francia,
Italia, Gran Bretaña y España – se pueden apreciar cinco
modelos diferentes de organización sindical, de relaciones laborales, de estructura de la negociación colectiva,
de eficacia de los convenios. Sin embargo nadie duda de
la necesidad de la europeización del movimiento sindical.
Es claro que la asimetría entre el espacio de poder supranacional europeo y la localización nacional del sindicalismo no sólo dificulta el avance de un proceso de democratización que acompañe a la integración europea, sino que
progresivamente dificulta y vacía de contenido la propia
acción sindical de defensa de los derechos de los trabajadores (Baylos, 1999a, 12). Por eso se habla de la necesidad de una “revolución cultural e institucional” en el sindicalismo europeo (Lettieri, 1998, 17), que no sólo trabaje
en la construcción de estructuras organizativas en el ámbito supranacional, sino que vaya integrando la dimensión
europea entre las estrategias y los programas de acción
de las confederaciones sindicales nacionales.
El sindicalismo europeo se agrupa en torno a la Confederación Europea de Sindicatos (CES)12, que se creó en
1973. En su difícil proceso de configuración han pesado
más los factores ideológicos que las divergencias en el
modo de entender el sindicalismo y las formas de estructurarlo. Resultante en su origen de la fusión entre el sindicalismo de origen cristiano y el organizado en torno a la
CIOSL, en donde se inscribían desde los sindicatos norteamericanos hasta la mayoría de los sindicatos europeos
de cultura social-demócrata, variables políticas e ideológicas condicionaron la admisión de confederaciones sindicales nacionales representativas a las que se ligaba con
partidos comunistas con cierta implantación electoral. Esta hostilidad ante el tipo de sindicalismo mayoritario en una
parte importante del Europa del Sur – Francia, España, Italia y Portugal – ha ido eliminándose a lo largo de la década
de los noventa13 y en la actualidad la CES expresa en su
interior la pluralidad de corrientes que existen en el sindicalismo europeo y su fuerte diversidad cultural e ideológica. La CES por otra parte no sólo se limita a la representación de los trabajadores de los países miembros de la Comunidad Europea, sino que se extiende a la mayoría de los
estados que forman parte del continente europeo, exceptuando los Balcanes y Rusia14. En España, forman parte
de la CES en la actualidad las dos centrales sindicales más
representativas a nivel estatal, CC.OO. y UGT, y también
ELA-STV, sindicato más representativo a nivel de la comunidad autónoma del Pais Vasco15.
La estructura de la CES es compleja, porque agrupa tanto a Confederaciones sindicales interprofesionales de los
distintos paises miembros, como a Federaciones de Rama o de sector organizadas a nivel europeo (Federaciones
Sindicales Europeas)16. En cuanto a las centrales sindicales de ámbito nacional, en la CES están presentes 77 sindicatos que corresponden a 35 países europeos, y representan a 60 millones de trabajadores, junto a 11 Federaciones de Rama europeas de los principales sectores
productivos y servicios17, que agrupan a 40 millones de
trabajadores (Dolvik, 2000). A partir del Congreso de Helsiniki de la CES (1999), el nivel sectorial ha alcan◗◗◗
12 Su página web es la siguiente : www.etuc.org
13 En concreto sobre las peripecias de la C.S. de CC.OO. para in-
gresar en la CES, sorteando el veto ideológico alentado por la
UGT, ver el ágil y documentado relato de Moreno Preciados.
1999.
14
Como observadores se encuentran son embargo sindicatos
de Croacia, Lituania, Macedonia, Serbia y Suiza.
15
La pertenencia de ELA-STV a la CES constituye una excepción, puesto que sus Estatutos no prevén sino la incorporación
de confederaciones sindicales de alcance interprofesional y
que desempeñen su actividad en la totalidad del territorio de un
estado europeo, y no de una región del mismo. La causa de la
afiliación de ELA se halla en que pertenecía a la Confederación
Mundial del Trabajo, de matriz cristiana y que con tal condición
formó parte de los sindicatos fundantes de la CES al producirse la fusión entre sindicatos cristianos y social-demócratas europeos en 1973, aún vigente el franquismo en nuestro país.
16
Otras estructuras sindicales funcionan “bajo los auspicios” de
la CES, como Eurocadres, organización que asocia a cargos
medios y altos de las empresas, y la Federación Europea de Jubilados y Ancianos (FERPA). Sobre el tema, Dueñas, 2002,
109.
17 Forman parte de la CES las Federaciones Sindicales Europeas
de los sectores de alimentación, construcción, textil, química y
minería, metal y campo, así como del transporte, comunicación, periodismo, espectáculo, servicios públicos y educación.
Esta heterogeneidad organizativa ha generado ciertas
complicaciones a la hora de realizar la intermediación de
intereses entre las predominantes confederaciones nacionales y las federaciones europeas, pero simultáneamente esta singularidad permite que la CES abarque de
forma unitaria las distintas posiciones desde las que se
puede construir un espacio sindical europeo y establecer
una relación articulada entre las estrategias nacionales y europeas de la acción de los sindicatos, tanto respecto de la movilización
Los derechos reconocicomo de la consecución de acuerdos
sobre las condiciones de trabajo y emdos de carácter colectivo se
pleo de los trabajadores europeos.
3.- Facultades de autotutela coconcentran en dos grandes bloEsta capacidad de agregación es la
lectiva a nivel europeo: manifesques: en el primero se consagra
que permite aseverar la representatitación y huelga.
“la libertad de asociación y negovidad como interlocutor social de la
ciación colectiva”, en el segundo
CES en el ámbito europeo, cualidad
Ya se ha visto que en el plano normala “información, consulta y
de especial relevancia a efectos tanto
tivo comunitario se ha optado por exdel diálogo social como de la negociacluir los derechos laborales colectivos
participación de los trabación colectiva comunitaria, de la que parde
auto-organización y de autotutela de
jadores”.
ticipan también las Federaciones Sindicales
cualquier regulación comunitaria sobre los
Europeas que están adheridas a la CES.
mismos (art. 137.6 TCE). Esta opción de política
del derecho es plenamente incoherente con la existenUn tema importante en esta delimitación de la “nueva froncia de un ámbito europeo en el que necesariamente éstos
tera” europea de la acción sindical es la relativa a la suborderechos, regulados mediante las peculiariedades de las
dinación o independencia de la actuación de la CES reslegislaciones nacionales de los estados miembros, despecto de las confederaciones nacionales que la compoplegarán sus efectos trascendiendo el marco de sus resnen. Es decir, si se configura como un puro organismo de
pectivos países. A fin de cuentas, la existencia de normas
coordinación de estrategias de actuación de los sindicacomunitarias sobre la representación de intereses en las
tos nacionales, subordinado por tanto a la autorización o
empresas transnacionales o la capacidad de los interloal condicionamiento de los mismos en su programa de accutores sociales para establecer relaciones convencionación, lo que sería coherente con el esquema referido del
les y acuerdos colectivos en el ámbito supranacional, reart. 137.6 TCE en el sentido de someter los aspectos de la
queriría en paralelo la regulación de los aspectos transnalibertad sindical al principio de subsidiariedad. Esta perscionales de las “acciones colectivas”20. El ámbito europeo
pectiva sin embargo no es la que corresponde a un prode ejercicio de derechos fundamentales no puede en
ceso de integración social y política como el que busca el
efecto escindirse entre algunos que resultan regulados y
movimiento sindical europeo. Por ello en los estatutos de
reconocidos en esta dimensión, como los dere◗◗◗
esta Confederación se ha debido incluir la regla de la
adopción de decisiones en su seno por mayoría, lo que implica un fenómeno de “cesión de soberanía” por parte de
las confederaciones nacionales en beneficio de la central
19 Las iniciativas que se conocen han surgido como consecueneuropea, de forma que ésta se configura como una vercia de la movilidad laboral transfronteriza, mediante acciones
dadera persona jurídica que actúa como sujeto sindical
de reconocimiento mutuo por parte de las centrales sindicales
❛❛
18
Por otra parte en los ámbitos de la investigación social, de la
formación sindical y la salud y seguridad en el trabajo, la CES
ha creado unos institutos especializados que cuentan con una
administración autónoma y que tienen el apoyo económico de
la Unión Europea. Sobre el tema, Dueñas, 2002, 109-110. En
el Congreso de Praga de la CES (2003) se plantea la posibilidad de reunir estos institutos en una sola Fundación, como
medio de una mas eficaz utilización de los recursos disponibles
y como forma de mejorar los servicios que prestan a las estructuras de la CES.
que actuaban en los países afectados. En la resolución final del
Congreso de Praga de la CES (2003), se propugna la introducción de una tarjeta sindical que permita a quienes trabajan
temporalmente en el extranjero el acceso a toda la gama de
servicios sindicales, como la asistencia jurídica o los cursos de
formación.
20
Es una reivindicación de la CES, defendida ya durante el proceso de discusión sobre el Tratado de Ámsterdam pretendiendo la desaparición del art. 137. 6 TCE, que dio lugar a una resolución del Comité de empleo y de asuntos sociales del Parlamento Europeo en 1998 sobre el reconocimiento de los derechos sindicales transnacionales en la Unión Europea (Clauwaert, 2002).
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En cuanto a la vertiente sindical individual, es claro que no
se produce una afiliación directa de los trabajadores europeos a la CES, sino que ésta se produce a las respectivas
confederaciones nacionales miembros de la misma. Sin
embargo la creación de un espacio de libre circulación de
trabajadores integrado obliga a un reconocimiento transnacional de la afiliación sindical y a la mutua prestación de
protección y servicios sindicales19. La europeización sindical afecta también a este extremo, y la CES pretende definir las condiciones del mutuo reconocimiento de la afiliación sindical a este respecto entre las organizaciones miembros de la misma.
TENDENCIAS
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autónomo en el ámbito europeo, trascendiendo la suma
de los mandatos de cada una de las organizaciones sindicales que la componen. Esto tiene una especial relevancia
en orden al diálogo social y a la negociación colectiva comunitaria como veremos, pero en general se conecta con
la necesidad de poner en pie un marco completo de relaciones laborales europeo.
zado un mayor grado de desarrollo, pues las Federaciones Sindicales Europeas “coordinan” la negociación colectiva sectorial a nivel comunitario y la acción sindical en
los Comités de Empresa Europeos. Además se han creado otras estructuras intermedias que coordinan la acción
de los sindicatos de diferentes países europeos en áreas
regionales con una cierta integración económica y cultural
determinada, y que se hallan dirigidas también por la CES.
Se denominan Consejos Sindicales Interregionales, y hay
38 operativos hasta la actualidad18.
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chos de negociación colectiva y los derechos de información y consulta, y otros sometidos a las regulaciones nacionales, los de sindicación y huelga, siendo así que existe un espacio de expresión transnacional – y supranacional – de este tipo de acciones colectivas de autotutela del
interés de los trabajadores en Europa21.
Esta exclusión de cualquier acción comunitaria de regulación de estos últimos derechos no impide, como se ha visto, que los sujetos colectivos representativos de los trabajadores en este ámbito europeo elaboren reglas de actuación y adopten medidas de autotutela de sus intereses,
tanto en lo que respecta al conjunto de la población activa
en Europa, como a determinados sectores productivos en
concreto, en un contexto cultural en el que las relaciones
laborales están atravesadas por el conflicto social22. Las
expresiones mas usadas del principio de autotutela colectiva por parte de la CES son principalmente dos: el derecho de manifestación y el derecho de huelga.
El derecho de manifestación suele emplearse como contrapunto de las reuniones de Consejos de Ministros o de
órganos de gobierno de la Comunidad como medio de
presión para la adopción de políticas o de decisiones
orientadas al fortalecimiento de la dimensión social y ciudadana de la Unión europea. Las movilizaciones protagonizadas por el sindicalismo europeo a favor de una estrategia europea por el empleo con ocasión del Congreso
Extraordinario de Luxemburgo en 1997, las manifestaciones efectuadas en la cumbre de Oporto en el 2000, las
convocadas para la de Niza, coincidiendo con la presidencia francesa también en el año 2000, o la euromanifestación de Sevilla en junio del 2002, coincidiendo con la
convocatoria de la huelga general en nuestro país, se inscriben en esa práctica ya consolidada de reivindicación
sindical de defensa de intereses generales del conjunto de
trabajadores – activos y pasivos – en el ámbito comunitario.
El derecho de huelga se ha empleado prioritariamente en
la defensa de intereses de los trabajadores de empresas
o sectores en el ámbito europeo, aunque en algunas ocasiones se han organizado paros simbólicos intersectoria-
21
Ello da pié a interpretaciones críticas como la de Orlandini,
2003, 240, en el sentido que la exclusión de la huelga de las
competencias comunitarias significa que la tutela del derecho
de huelga se sitúa en conflicto directo con los objetivos de plena integración del mercado europeo, de manera que la protección de la huelga en el plano comunitario se rechaza sobre
la base de un juicio de valor político que considera a ésta como
un obstáculo a la productividad y a la competitividad del mercado. O, por decirlo a la inversa, sólo han de alcanzar el reconocimiento a nivel comunitario aquellos derechos colectivos
compatibles con (o funcionales a) la plena integración del mercado. Sin perjuicio de compartir la crítica a estas opciones ideológicas, es evidente que el sistema de relaciones laborales
que se está diseñando en Europa no es un sistema pretendidamente “a-conflictivo” que choca directamente con las tradiciones constitucionales de los Estados miembros y la propia
declaración del derecho de acción colectiva en la Carta de Niza. Y ello sin aludir a la capacidad de actuación del sindicalismo europeo en esa dimensión supranacional.
les ante reivindicaciones muy generales, como la reducción de jornada y la creación de empleo. En este terreno
confluyen sin embargo, distintos escenarios. Hay huelgas
que se desarrollan en un pais comunitario pero en las que
se aprecia una clara dimensión europea por dos motivos
principalmente. En unos casos porque mediante la huelga
se reivindica el cumplimiento de las normas comunitarias
en materia de derechos de información y consulta previos
a la adopción de medidas organizativas o de extinción de
contratos de trabajo, y que se suelen englobar en el rechazo a una estrategia de deslocalización productiva de
empresas comunitarias que se trasladan a otros países23.
Estos casos son propiamente huelgas de solidaridad en
donde el hecho que causa el desencadenamiento de la
acción colectiva se sitúa en el plano transnacional de las
empresas con dimensión comunitaria. Tal como está concebido el panorama del derecho de huelga que se remite
a los parámetros de cada ordenamiento interno nacional,
se plantea en estos supuestos una fragmentación del régimen jurídico aplicable a estas acciones de solidaridad en
función de lo que disponga cada ordenamiento nacional,
lo que significa que desde la regulación jurídica no se concibe la unidad de la huelga de solidaridad convocada, sino tantas huelgas como Estados nacionales haya (Clauwaert, 2002, 33). La consecuencia es que una misma
huelga convocada en el nivel transnacional puede ser considerada legal o ilegal en determinadas circunstancias en
los diferentes Estados nacionales en los que se desarrolle.
En otros supuestos la huelga se desarrolla en un país frente a ciertas medidas adoptadas por los agentes económicos o los poderes públicos que en último término están originadas por una norma o decisión comunitaria, como sucede con los proyectos de liberalización y de privatización
de determinados sectores, como el de la energía24, o los
conflictos derivados de la puesta en práctica del concepto
de Servicios de Interés General25. No se trata por tanto de
acciones organizadas para su confluencia en una jornada
de huelga en todos los países europeos, sino que las organizaciones sindicales nacionales adaptan el planteamiento global del sindicato europeo frente a la norma comunitaria o toma de posición del gobierno europeo en función de una decisión del gobierno nacional, directamente
generada por tanto por la política comunitaria al respecto.
Se podría por tanto denominar a este tipo de huelgas como huelgas nacionales comunitarizadas, puesto que reaccionan frente a una medida de política industrial, económica o de empleo nacional, pero directamente condicionada
por decisiones comunitarias.
◗◗◗
23 Es el caso bien conocido del cierre de la factoría que la empre-
sa Renault tenía en la población de Vilvoorde (Bélgica) en 1997,
que, tras una potente movilización sindical, originó incluso la
condena de la Comisión al modo de proceder de la empresa,
con violación patente de los derechos de información y consulta reconocidos legalmente.
24 Asi , en 1999, las huelgas y protestas en el sector de la electri-
cidad y del gas ante la destrucción de puestos de trabajo causada por la liberalización de estos sectores en Italia, Alemania,
Francia y Bélgica, o las huelgas ferroviarias en Austria, Bélgica
y Francia en 2003.
22 Aunque existan estudios en el seno de la CES que inciden en el
cambio del modelo de conflictividad en Europa y su terciarización acelerada en los años 90. Así, Bordogna y Cella, 2002.
25
Una crítica muy bien construida a esta noción desde la perspectiva del conflicto sindical, en Orlandini, 2003, 352 ss.
Existen múltiples manifestaciones de estas formas de
conflicto de ámbito europeo, por lo demás cada vez mas
frecuentes. En primer lugar, esta forma de presión se relaciona con las tendencias a construir espacios únicos europeos en determinados servicios, transcendiendo la capacidad soberana de los estados en su ordenación concreta. La necesidad, por ejemplo, de una “política exterior
común de la aviación” en el contexto de la iniciativa de la
Comisión sobre la creación del Cielo único europeo26, y la
litigiosidad derivada de los acuerdos bilaterales “de cielo
abierto”, obliga a plantear la acción sindical en ese nivel,
incluida naturalmente, las facultades de autotutela colectiva27, lo que es también aplicable al sector de las telecomunicaciones, o incluso a otros donde se avanza un “espacio” unificado, como el de la cooperación judicial en el
ámbito de un espacio judicial europeo, etc. Y, en segundo
término, a las huelgas que tienen por objeto protestar contra algún tipo de regulación comunitaria, o disuadir a la Comunidad de adoptar alguna medida que se entiende contraproducente para los intereses de los trabajadores, o, al
contrario presionar para que realice otro tipo de regulación
que se estima más favorable. El caso emblemático lo
constituye el sector del transporte, que ha conocido frecuentes acciones coordinadas a nivel europeo de protesta contra ciertas regulaciones (o desregulaciones) comunitarias del mismo, como las realizadas por los ferroviarios
en noviembre de 1998, o los transportistas por carretera –
muchos de ellos trabajadores autónomos – en 1999, o,
mas recientemente, el rechazo de la propuesta de Directiva sobre servicios portuarios que generó una importante
movilización europea en septiembre de 2003 en la que se
combinaron manifestaciones y huelgas en todos los puer-
26 Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento de 1
de diciembre de 1999 [COM (1999), 614 final].
27 Ver Position ETF pour une politique exterieure commune de l’avia-
tion, comunicado de 19 de febrero de 2003 ( www.itf.org.uk/etf),
con muy interesantes precisiones sobre el contenido que deberían incorporar los acuerdos de cooperación con USA en
materia de cielos abiertos.
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tos europeos. Por último, hay también ejemplos de eurohuelgas de empresa, como reacción contra la vulneración por una determinada compañía de las reglas de consulta e información con el Comité de empresa Europeo,
como sucedió con Michelin en 1998. La posible apertura
de procesos de negociación de ciertos contenidos en empresas o grupos de empresas de dimensión comunitaria
genera también ejemplos de huelgas de dimensión transnacional, más allá de la esfera de los derechos de participación en estas empresas, aunque en ocasiones estas
acciones colectivas se fragmentan en función de las medidas que adopten los sindicatos de cada filial de la empresa transnacional.
TENDENCIAS
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Hay en fin otro tipo de huelgas a las que se les debe asignar con propiedad el concepto de eurohuelgas, en donde
la acción de protesta se pretende realizar coordinadamente en todos los países europeos, y que naturalmente
se confronta a medidas o decisiones de ámbito comunitario. Bajo la expresión eurohuelga se está haciendo referencia por tanto a una acción colectiva sindical frente a una
decisión de los poderes públicos de la comunidad o frente a la aplicación concreta de la misma. Es en consecuencia una versión de lo que en España se llamaría huelga política, es decir la que se desarrolla frente a las decisiones
de los poderes públicos que afectan al interés de los trabajadores. De nuevo en este aspecto se constata la fragmentación del régimen jurídico aplicable a este tipo de medidas de presión en función de la consideración que cada
ordenamiento jurídico interno tenga de los límites externos
al derecho de huelga y de los intereses que se puedan defender mediante la misma. Se tiene que resaltar aquí que
la eurohuelga se dirige frente a un poder público supraestatal, de forma que los gobiernos nacionales no están directamente afectados por la reivindicación actuada por la
huelga, sino las autoridades comunitarias.
■ 21
La negociación colectiva de empresa en el nivel transnacional no aparece recogida en la Carta como derecho
fundamental de los trabajadores, una muestra mas de la incoherencia y la obstinación ideológica de algunos gobiernos en no legitimar la acción sindical a escala europea.
La característica común que se ha señalado en la construcción del conflicto a escala comunitaria es que, desde
el punto de vista del régimen jurídico aplicable al mismo,
no está previsto un sistema de garantías del derecho de
huelga en el plano global en el que se desarrolla el conflicto, sino que se fragmenta en los respectivos ordenamientos nacionales. Pero llegados a este punto, cabe preguntarse sobre las posibles contradicciones entre el ejercicio
de este derecho fundamental de huelga y determinados
principios económicos y de respeto a las reglas de libertad
de mercado que configuran la Comunidad y si el planteamiento de un conflicto en este nivel puede originar una respuesta normativa en el nivel comunitario. El cam-
◗◗◗
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po en donde se puede encontrar con mas facilidad una
confrontación es el de la libertad de circulación de personas y de bienes, elemento central en la configuración del
sistema jurídico y político comunitario. El primer supuesto
que podría plantearse es el de la contratación de esquiroles más allá de las fronteras del Estado en el que se desarrolla una huelga para limitar o impedir su eficacia, lo que
se podría llamar esquirolaje transfronterizo, basado en la
libertad de circulación de trabajadores en el mercado unificado europeo. La colisión entre el derecho de huelga y la
libertad de circulación de trabajadores se tiene que resolver naturalmente sobre el respeto al ejercicio del derecho
de huelga y la consiguiente prohibición de la contratación
directa, a través de una empresa de trabajo temporal o
mediante una empresa contratista, de trabajadores con la
finalidad de sustituir a los huelguistas, pero los términos de
la misma se realizarán según la forma que prevea cada ordenamiento nacional europeo, sin que por tanto exista en
este tema posibilidad de una regulación comunitaria28.
Sin embargo, cuando la huelga se realiza en determinados
sectores llave, como el del transporte, cuya continuidad
hace posible la libre circulación de mercancías, cabe interrogarse si puede ser restringida o impedida justamente
en función de la preservación de este principio fundante
de la Comunidad Europea (Orlandini, 2003, 245 ss.), de
manera que la norma comunitaria no regularía el derecho
de huelga, sino que estaría protegiendo el derecho de personas y bienes a circular libremente. Perspectiva que como se verá a continuación no tiene en consideración que
de esta manera se impondría con carácter general un límite directo al ejercicio del derecho de huelga en el ámbito
europeo, vedando en la práctica al conflicto, en determinados sectores productivos, su expresión en una dimensión supranacional muy necesaria.
Este es el interrogante que cabe hacerse ante el Reglamento del Consejo 2679/98, de 7 de diciembre de 1998
sobre el funcionamiento del mercado interior en relación
con la libre circulación de mercancías entre los Estados
miembros29, que, con el precedente del caso de los agricultores francesas y la STJCE Comisión Europea vs. República Francesa de 9 de diciembre de 199730 , contempla la adopción de medidas contra las actuaciones que
perturben gravemente u obstaculicen la libre circulación
de mercancías, entendiendo por tales la “acción u omisión” por parte de los Estados miembros en donde el término «omisión» se extenderá a los casos “en que las au-
28
toridades competentes de un Estado miembro, ante un
obstáculo ocasionado por acciones realizadas por particulares, se abstengan de aplicar todas las medidas necesarias y proporcionadas dentro de sus competencias para eliminar el obstáculo y garantizar la libre circulación de
mercancías en su territorio”31, previéndose un procedimiento específico para la reclamación formal por parte de
la Comisión al Estado sobre la perturbación u obstaculización a la libre circulación que se estuviera produciendo en
el territorio de aquél32.
Sin embargo la norma excluye expresamente de la noción
de las actuaciones perturbadoras de la libertad de circulación de mercancías que los Estados miembros tienen la
obligación de evitar, a las restricciones que ésta pueda sufrir como consecuencia del ejercicio del derecho de huelga. El art. 2º del Reglamento 2679/98 prescribe de forma
taxativa que éste no puede interpretarse “en el sentido de
que afecta en modo alguno al ejercicio de los derechos
fundamentales reconocidos en los Estados miembros, incluido el derecho o la libertad de huelga”, precisando a
continuación que “estos derechos podrán incluir asimismo el derecho o libertad de emprender otras acciones
contempladas por los sistemas específicos de relaciones
laborales en los Estados miembros”33. La exclusión era
necesaria y coherente con el respeto al ejercicio de los derechos fundamentales básicos sobre las que se basa el
ordenamiento comunitario, y tiene el valor “simbólico”
(Orlandini, 2003, 292) de constituir una regulación del derecho de huelga en un acto legislativo comunitario directamente vinculante en los ordenamientos nacionales,
aunque inmediatamente remite a los sistemas jurídicos de
cada Estado para la determinación de lo que cada uno de
ellos entienda por huelga, disolviendo así esta noción en la
diversidad de regímenes que regulan el derecho de huelga en los distintos países que forman parte de la Unión Europea.
Lo que esto quiere decir es que los Estados nacionales
pueden explicar a la Comisión europea que las acciones
de paralización u obstaculización del intercambio de mercancías intracomunitario se deben al ejercicio del derecho
de huelga, por lo que éste bloqueo no puede ser impedido o restringido sobre la base de este procedimiento especial regulado en el Reglamento 2679/98 citado. Y, a la
inversa, los sindicatos de trabajadores pueden entender
ilegítimas ciertas restricciones de sus medidas de presión
que los gobiernos hayan dispuesto para proteger la libertad de circulación de mercancías en el mercado unificado
europeo sobre la base de que estas restricciones
◗◗◗
Sobre el tema y las propuestas doctrinales de una directiva
prohibiendo recurrir al blacklegging transfronterizo, Clauwaert,
2002, 15.
29 Diario Oficial L 337 de 12-12-98. Ver también la Resolución del
Consejo y de los Representantes de los Gobiernos de los Estados miembros, reunidos en el seno del Consejo de 7 de diciembre de 1998 en relación con la libre circulación de mercancías, Diario Oficial n° L 337 de 12-12-98.
31
Art. 1, apartado 2) del Reglamento (CE) 2679/98, de 7 de diciembre de 1998.
32 Un análisis detenido del procedimiento y de los deberes de in-
formación recíprocos que en él se establecen en Orlandini,
2003, 284 ss.
30 Causa C-265/95, que analiza la operatividad del art. 28 TCE en
33 Exclusión que reitera la Resolución de 7 de diciembre de 1998
la consecución del objetivo de plena integración del mercado
interno extendiendo su alcance a los actos de los particulares
y precisando la “responsabilidad por omisión” del Estado ante
éstos. La importancia de esta Sentencia tanto en si misma considerada como en la adopción del Reglamento 2679/98, de 7
de diciembre de 1998, está estudiada con todo detalle por Orlandini, 2003, 246 ss.
antes citada: “.1 Los Estados miembros se comprometen a
hacer todo lo que esté en su poder, teniendo en cuenta la protección de los derechos fundamentales, incluidos el derecho o
la libertad de huelga, para proteger la libre circulación de mercancías y hacer frente rápidamente a las actuaciones que perturben gravemente la libre circulación de mercancías, tal como
se definen en el Reglamento (CE) n° 2679/98”.
❛❛
de forma clara la relación existente entre la instancia nacional y
la europea en el sentido de que una regulación nacional restrictiva del ejercicio del derecho de huelga dificulta extraordinariamente la incorporación del grueso de los trabajadores del
sector de ese Estado a una acción sindical coordinada a nivel
europeo, reduciendo así su incidencia y debilitando la percepción social de la importancia de la jornada de huelga. (S. Muntaner,. “Trenes europeos en huelga”, Gaceta Sindical nº 170,
diciembre 1998, p. 25).
36
Sobre los precedentes de estas reuniones, Jacobs, Ojeda,
1999, 37. Una exposición global de las implicaciones e importancia del diálogo social europeo desde una perspectiva histórica en la Comunicación de la Comisión relativa al desarrollo del
diálogo social a escala comunitaria COM (96) 448 final.
35 En el caso español, se utiliza la noción de diálogo social como
37
Cerca de una quincena de dictámenes comunes se emiten
desde 1986 a 1995, referidos genéricamente al crecimiento
económico y del empleo, la formación, nuevas tecnologías y
movilidad profesional y geográfica. (Ruiz Castillo, 1997, 715).
Uno de ellos, en 1992, se dedica justamente a señalar la importancia del diálogo social y de los procedimientos de negociación en que éste puede culminar, justamente antes de la ratificación del Tratado de Maastricht.
sinónimo de los procesos de concertación de alcance interprofesional tanto entre los representantes institucionales del
empresariado y de los sindicatos, como a la negociación tripartita entre los poderes públicos y las asociaciones empresariales y centrales sindicales más representativas a partir de
1996, frente a la denominación de concertación social que estos procesos recibieron en la década anterior.
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En el ámbito comunitario, manteniendo siempre esta idea
Ello no implica que el ejercicio del derecho de huelga en el
de base, ha ido asumiendo contornos diferentes, porque
ámbito europeo no sufra limitaciones cuando se desenno ha sido fácil – ni reciente – el camino hacia el pleno revuelve en sectores - como el transporte - que posibilitan
conocimiento del diálogo social como expresión del prinla libre circulación de personas y bienes. Los límites al ejercipio de autonomía colectiva que se despliega como princicio del derecho de huelga no estarán fundados en este
cipio político y organizativo del sistema de relaciones laReglamento 2679/98, sino que vendrán dados por los diborales que diseña el ordenamiento comunitario en la acferentes regímenes jurídicos de cada ordenamiento natualidad. Cuando el art. 136 TCE prescribe que la Comucional en el que los sindicatos del transporte convoquen la
nidad y los Estados miembros, “teniendo presentes dereeurohuelga. Lo que significa, de otra manera, que no exischos sociales fundamentales” tendrán como objetivo “el
te un sistema normativo que homogeneice los límites al
diálogo social”, y, de manera más explícita en lo que se reejercicio del derecho de huelga cuando éste se realiza a nifiere al órgano ejecutivo europeo, cuando el art. 138.1
vel europeo y en un sector que perturba u obstaculiza la liTCE determina que la Comisión “tendrá como cometibre circulación de mercancías, sino que, en función de la
do...adoptar todas las disposiciones necesarias” para faaplicación estricta del principio de subsidiariedad, éste se
cilitar el diálogo entre los interlocutores sociales a
resuelve en la disparidad de soluciones jurídicas
nivel comunitario, “velando porque ambas
que suministra cada ordenamiento nacional
partes reciban un apoyo equilibrado”, esal respecto34.
tá recibiendo normativamente una
El asociacionismo emprepráctica de intercambio de informasarial europeo ha encontrado
ción y de contactos entre estos suimportantes obstáculos para prejetos colectivos que históricamente
4.- Diálogo social comunitario:
sentarse como el portavoz único de
se realizaron a partir de 1985 en lo
Significado y características.
los intereses empresariales, en espeque se conoce como encuentros
de Val Duchesse, por iniciativa del
La expresión diálogo social se ha
cial en lo relativo a pequeñas empreentonces presidente de la Comiido cargando de contenidos en pasas o a determinados sectores muy
sión,
Jacques Delors36, y que en
ralelo a la importancia que paulatinasensibles de la Comunidad, como
mente ha ido adquiriendo en el condefinitiva se sustancia en una relalos empresarios agrarios o
texto de la construcción de la dimención bilateral y autónoma entre los inpesqueros.
sión social del mercado unificado euroterlocutores sociales a nivel comunitario,
peo. Es un término sin embargo muy manies decir, entre la representación de los emdo e impreciso que puede inducir a confusión
presarios (UNICE y CEEP) y de los sindicatos
porque en muchos ordenamientos internos, como el
(CES), de carácter esencialmente informal. Es decir
español, se emplea para explicar realidades diferentes
que el diálogo social comunitario supone una fórmula de
que no pueden reconducirse a un significado común, co“encuentro e intercambio de opiniones entre las partes somo concertación social35, participación institucional o inciales dirigidos a la búsqueda de opiniones convergentes
sobre cuestiones de interés común” (Roccella, Treu,
cluso procedimientos de consultas en las empresas, aun1995, 374), y que no necesariamente adoptan la forma de
que en términos generales se está refiriendo a la centraliun acuerdo colectivo.
dad de una noción de colaboración y de concertación entre los sujetos colectivos representantes de trabajadores
En su primera expresión histórica, el diálogo social es promovido por la autoridad comunitaria, y sus resultados son
opiniones o dictámenes sin valor jurídico vinculante, que
deben leerse como una recomendación conjunta dirigida
34 En el caso español esta solución ha sido valorada muy negatia las propias organizaciones afiliadas a las firmantes (Rovamente por los sindicatos. Así, respecto de la eurohuelga fedriguez Piñero, 1997b, 51), aunque un objetivo importanrroviaria de noviembre de 1998, la Administración fijó unos serte de este tipo de reuniones informales consistía en dar a
vicios mínimos extensos con la finalidad de que el transporte
conocer a las autoridades comunitarias este tipo de punferroviario no tuviera ninguna interrupción. Se verificó entonces
tos de vista u opiniones comunes37. Pero su re◗◗◗
TENDENCIAS
rio
y de empresarios en la configuración del sistema de relaciones laborales (Cella, 2003, 205).
no pueden aplicarse cuando la perturbación del tráfico está originado por el ejercicio del derecho de huelga.
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cepción en el AUE en 1987 implicó un cambio de dimensión, de manera que el diálogo social vino a ser un “objetivo” de la comunidad , que se encuadraba en el marco de
la política social de ésta, como un elemento dinamizador
de la misma (Ruiz Castillo, 1997, 710). No se trataba realmente de un reconocimiento de un principio de autonomía
colectiva, sino de un estadio previo a la misma, que cumplía una función anticipatoria y de preparación de verdaderas manifestaciones de negociación vinculante entre
las partes. En ese sentido la declaración 12ª de la Carta
Comunitaria de los Derechos Sociales de los Trabajadores diferenciaba entre el diálogo social entre los interlocutores sociales a escala europea, que “debe desarrollarse”,
y la posibilidad de que estos procesos de intercambio y de
consulta conduzca a la realización de acuerdos colectivos, tanto a nivel interprofesional como sectorialmente.
La situación cambia a partir del Tratado de Maastricht, con
la firma del Acuerdo de Política Social, porque el centro de
gravedad se traslada a la negociación colectiva comunitaria, la problemática por ella planteada y los condicionantes
de su ejercicio, y es ésta la que absorbe el diálogo social
como presupuesto de las relaciones convencionales establecidas, de manera que se liga necesariamente a la
consecuencia que anuncia el art. 139 TCE, en el sentido
que “el diálogo social entre interlocutores sociales en el
ámbito comunitario podrá conducir, si éstos lo desean, al
establecimiento de relaciones convencionales, acuerdos
incluidos”38. Ante la realidad de la “metamorfosis” del diálogo en acuerdo negociado (Martin Valverde, 1994, 16), el
interés doctrinal se dirige, naturalmente, ante esta nueva
forma, más compleja y que incorpora elementos típicos
de las reglas autónomas colectivas. Esta disolución de la
noción de diálogo social en la negociación colectiva comunitaria no es técnicamente correcta, pero señala de
manera clara el grado de desarrollo del principio de autonomía colectiva en el ordenamiento comunitario.
El diálogo social a partir de la incorporación homogénea
del APS al Tratado de Ámsterdam cobra ya una fuerza y
una extensión importante que se despliega en varios niveles tanto en función de la intensidad de la participación de
los interlocutores sociales, como en relación con los grados de institucionalización del mismo. En este sentido cabe distinguir niveles del diálogo social en función de su estructuración tanto a nivel interprofesional como a nivel
sectorial, éste último sobre todo a partir de 199439 (Ruiz
Castillo, 1997, 712), pero de manera muy reciente se ha
reforzado la concertación tripartita para insertar este elemento de diálogo en lo que aparecía como una esfera re-
servada a los poderes públicos nacionales y comunitarios,
la coordinación de las políticas de empleo a tenor de los
arts. 129 y 130 TCE. La creación de la Cumbre Social Tripartita para el Crecimiento y el Empleo por Decisión del
Consejo de 6 de marzo del 200340 quiere servir a “garantizar la concertación permanente” entre la Comisión, el
Consejo y los interlocutores sociales, de forma que éstos
puedan participar “en el marco del diálogo social” en las
distintos componentes de la estrategia económica y social integrada iniciada en el Consejo de Lisboa. El diálogo
social encuentra también otros ámbitos de desarrollo menos desarrollados, como en la faceta internacional, referida a las relaciones de la Unión Europea con terceros países, y en las relaciones bilaterales con los sujetos representativos en otras regiones – especialmente América Latina, Usa, Japón- y con la OIT. Lo más relevante es que el
diálogo social tiene su origen en la voluntad política de los
órganos de gobierno comunitarios que quieren asociar a
su acción legislativa y de administración la legitimación
que asignan los interlocutores sociales, abriendo por tanto a la participación de éstos la determinación de una buena parte de las políticas sociales. Pese a que se han institucionalizado importantes lugares donde se desarrolla el
diálogo social – especialmente en el nivel sectorial, pero
también en el interprofesional – este sigue constituyendo
ante todo una dinámica de intercambios entre sindicatos
y asociaciones empresariales europeos, sin que se confunda con determinados procedimientos técnicos y normativos. El diálogo social por tanto hace mas bien referencia a un nivel de desarrollo del sistema de relaciones
colectivas comunitario que requiere una fluida relación entre interlocutores sociales con incidencia tanto en la negociación de posibles acuerdos como en la orientación de la
política social comunitaria.
Desde este punto de vista, conviene diferenciar lo que significa el diálogo social respecto de otras instituciones o
procedimientos con los que puede confundirse.
— En primer lugar, respecto de la participación institucional en los órganos comunitarios. Existe un organismo específico, el Comité Económico y Social (arts 257 y ss. TCE)
en el que se expresan los intereses de los empresarios y
de los trabajadores de los distintos paises miembros de la
comunidad, y que debe ser consultado respecto de las
acciones normativas previstas en materia económico –
social41. Sin embargo no son los únicos representantes
de los sectores de la vida económica y social, puesto que
la norma prevé la participación de un tercer sector, consumidores y usuarios, autónomos y profesiones liberales
junto a los clásicos representantes del mundo del trabajo
y de la empresa. Esta tripartición se mantiene no sólo en el
Comité Económico y Social, sino en la mayoría de
◗◗◗
38 Así, expresamente, Jacobs y Ojeda (1999, 60 ss).
39
El refuerzo del diálogo social sectorial, que se realizaba en los
llamados Comités Paritarios aparece claramente a partir de
1996, y ha generado una reciente reorganización institucional
contenida en la Decisión de la Comisión de 20 de mayo de
1998 por las que se crean los Comités de diálogo sectorial para promover el diálogo entre los interlocutores sociales a escala europea y que sustituyen a los Comités Paritarios hasta entonces activos [COM (1998) 2334]. La lista actualizada de estos Comités de Diálogo Sectorial con expresión de los sujetos
sindicales y empresariales participantes en el mismo se puede
consultar en el Anexo 2 de la Comunicación de la Comisión El
diálogo social europeo, fuerza de modernización y de cambio,
COM (2002) 341 final.
40 DOCE L70/31, 14 de marzo del 2003.
41
Una descripción sobre la estructura y el funcionamiento del
mismo en Gomez Muñoz, 1992, 35 ss. Este modelo es el que
en nuestro ordenamiento jurídico realiza el Consejo Económico y Social, de configuración tripartita pero sin presencia como
parte del poder público, salvo mediante el nombramiento de
unos “expertos” que se incorporan al grupo en el que están representados consumidores, usuarios, organizaciones agrarias
y pesqueras y cooperativas. Ver Ley 21/1991, de 17 de junio
(BOE 18-6) y Reglamento de organización y funcionamiento interno del Consejo Económico y Social (BOE 13-4-1993).
— En segundo término, hay que distinguir el diálogo social
del procedimiento de consulta por parte de las autoridades comunitarias a los interlocutores sociales a que se refiere el art. 138 TCE, expresando el compromiso de la Comisión en general de “fomentar la consulta a los interlocutores sociales”, para a continuación precisar un procedimiento específico sobre la posible orientación de una acción comunitaria, que recogen los números 2 y 3 de dicho
precepto, y que en síntesis implica dos momentos: uno
inicial de consulta sobre la posible orientación de una acción comunitaria, y un segundo posterior, cuando la Comisión estima conveniente una acción comunitaria en
concreto, en cuyo momento éstos deberán ser consultados “sobre el contenido de dicha acción”. Dejando de lado este procedimiento de “consulta preceptiva” (Torrens,
2000, 117) descompuesto en dos momentos, y que tiene
como destinatarios a diferentes sujetos representativos o
mejor, con una representatividad valorada de forma diferente, que se relaciona directamente con la apertura del
proceso de negociación colectiva comunitaria, como luego se analizará, lo que hay que retener es que el intercambio de información tiene como punto de referencia el
poder público comunitario, que es quien posee la iniciativa de la consulta y es a la vez la destinataria de la misma,
en el último de los supuestos previstos en el art. 138.3
TCE, un dictamen si se trata de una opinión conjunta o una
recomendación si son pareceres diversos los de los interlocutores sociales (Aparicio, 1996, 184). Este vértice público que es fuente y objetivo de la circulación de las opiniones y puntos de vista de los interlocutores sociales es
el determinante de la consulta, que no puede ser confundida, por tanto, con el diálogo social directo entre los sujetos colectivos representativos42.
— En último lugar, conviene diferenciar el diálogo social
respecto de la propia negociación colectiva comunitaria.
Como señala el art. 139.1 TCE, lo que llamamos diálogo
social está en la base ciertamente de este fenómeno, es
un requisito previo al despliegue de los procesos de negociación que desembocan en un acuerdo colectivo, pero no puede ni confundirse ni ser absorbido por éste desde un punto de vista conceptual. Y ello tanto respecto de
la negociación colectiva comunitaria propiamente dicha, a
la que se refiere el art. 139 TCE, como a los procesos de
negociación desarrollados fuera de éste precepto, la lla-
42 El diálogo social pone el acento en la “horizontalidad” entre las
partes sociales, algo distinto de los “contactos verticales” con
los órganos comunitarios (Rodriguez Piñero, 1997b, 50).
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mada negociación colectiva “libre”o no vinculada por los
procedimientos que culminan en una norma comunitaria.
El establecimiento de “relaciones convencionales, acuerdos incluidos” a que aluden los textos comunitarios tiene
una caracterización singular y diferente de lo que es la dinámica del diálogo social y por tanto se debe analizar por
separado de manera autónoma43.
El diálogo social ha cumplido importantes funciones desde su formalización en los primeros textos normativos comunitarios. Ante todo ha permitido el reconocimiento institucional de las partes sociales a nivel comunitario y el mutuo reconocimiento de éstas (Rodriguez Piñero, 1997b,
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los órganos de la comunidad que buscan la participación
institucionalizada de los diferentes sectores de la vida económica y social. Es muy frecuente afirmar que el CES europeo es una institución a través del cual se viene practicando el diálogo social, aunque en un nivel de intensidad
débil (Gómez Muñoz, 1992, 42), pero posiblemente en este caso se reproduzca el equívoco que se da en los sistemas nacionales entre la concertación social y los órganos
de participación institucional. El diálogo social implica una
relación autónoma entre asociaciones empresariales y
sindicatos a nivel europeo, con exclusividad de estos sujetos, lo que lo diferencia de este organismo de participación (débil) en las políticas sociales comunitarias (Ruiz
Castillo, 1997, 721).
■ 25
La libertad sindical y el derecho de huelga no tienen reconocimiento constitucional directo en este ámbito normativo supranacional, y han sido excluidos de cualquier
acción comunitaria que tenga por objeto regular su ejercicio. Su lugar está sin embargo en los sistemas constitucionales nacionales, en donde está “interiorizado” tanto su reconocimiento como derechos fundamentales – en aquellos Estados en los que existe constitución escrita – como
el sistema de garantías de los mismos.
51), es decir, un modo de construir la representatividad de
estos sujetos colectivos en la dimensión comunitaria,
cuestión que será decisiva también a la hora de entablar
los procesos de negociación que conduzcan al
◗◗◗
43
En contra, Jacobs y Ojeda, (1999), que establecen un continuum entre el diálogo social y los procedimientos de negociación colectiva comunitaria. Otros autores (Ruiz Castillo, 1997,
712), diferencian el diálogo social de la concertación social, por
desbordar ésta “el ámbito de las relaciones bilaterales”, o por
implicar una “profunda interrelación” entre el ejercicio del poder público y la función representativa de las partes sociales en
el ejercicio de su autonomía colectiva (Fotinopoulos, 2000,
138).
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establecimiento de acuerdos colectivos en ese nivel, y sobre lo que volveremos más adelante. Pero además el diálogo social pasa a definirse en 1987 como un “objetivo” comunitario, lo que implica la búsqueda de la legitimación social a las políticas comunitarias y el inicio del reconocimiento de un principio de autonomía colectiva en éste ámbito tal
como sobre todo se establece en Maastricht. Es decir que
de un lado el diálogo social se inserta en los procedimientos
de generación de normativas comunitarias en las cuestiones relativas a la política social, dinamizando el instrumento
de regulación social comunitaria que supone la negociación
colectiva (Spyropoulos, 1999, 235) pero además los poderes públicos se orientan hacia el fomento de estos contactos autónomos entre las partes sociales que posiblemente
configuren una práctica por parte de las autoridades comunitarias de promoción de este fenómeno.
A partir de Ámsterdam se puede considerar que el diálogo social adquiere ya una posición relevante en el conjunto del marco político e institucional europeo. Se puede
ya hablar del diálogo social como un principio político que
incorpora el ordenamiento social comunitario como método de gobierno del sistema de relaciones laborales europeo. El énfasis que se pone en este último aspecto en
los últimos textos comunitarios – por todas la Comunicación de la Comisión sobre El diálogo social europeo, fuerza de modernización y cambio (2002) – es muy significativo del interés que este proceso de intercambios y de negociación entre los interlocutores sociales ha despertado
en su vertiente directamente política. Se dice en efecto
que el diálogo social contribuye a la mejor gobernanza
(governance) democrática de la Unión Europea, en especial ante la ampliación de la misma, y se conceptúa como
una “fuerza motriz” de las reformas económicas y sociales, vinculada a las nociones de modernización y de cambio. Se ha explicado esta visión tan elogiosa de los procesos de diálogo social europeo en clave estrictamente
política, sobre la base de que éstos constituyen una base
adecuada para la creación y la consolidación de una ciudadanía económico-social europea que, sin ser aún una
verdadera ciudadanía política, podría preparar su establecimiento, aunque para ello debería reflexionarse sobre
el tipo de intereses pluralistas representados y sobre la
necesaria visibilidad y transparencia de los procedimientos y mecanismos de diálogo social (Cella, 2003, 196). De
esta manera, estos textos comunitarios enfocan mas el
diálogo social como proyecto que como realidad, puesto
que en la práctica éste ha alcanzado realizaciones muy
modestas tanto en su vertiente interprofesional como
sectorial y se desenvuelve en una cultura muy diferente de
la participación en función de cual sea el interlocutor social, pues el asociacionismo empresarial europeo es en
gran medida reticente a la generalización de estas prácticas como método de gobierno del sistema europeo de
relaciones laborales44, mientras que uno de los leit-motiv
44 Un ejemplo reciente de esta actitud se encuentra en la toma de
posición de la UNICE sobre la revisión de la Agenda sobre Política Social 2003-2005, en especial en su oposición a doce iniciativas planteadas en la misma, la mayoría de ellas referidas a
adoptar medidas concertadas o a abrir procedimientos de negociación. (Comunicado de prensa de 30 de septiembre de
2003, en www.unice.org. ) Sobre las carencias del diálogo social, un análisis interesante, pero que se detiene en el año 2000,
en Degryse, 2000.
del movimiento sindical europeo es el de “reforzar” el diálogo social45, en lo que coincide por tanto con las declaraciones oficiales en la materia de las autoridades comunitarias.
5.- Negociación colectiva comunitaria: Tipología.
Como ya se ha señalado, el art. 139 TCE explica que el
diálogo entre interlocutores sociales en el ámbito comunitario “podrá conducir, si éstos lo desean, al establecimiento de relaciones convencionales”, es decir, de acuerdos colectivos. Este precepto supone el expreso reconocimiento del derecho de negociación colectiva en la dimensión comunitaria, pero no significa que las formas de
expresión de ésta en el nivel europeo sean únicamente las
reguladas en dicho artículo ni que la regulación del mismo
sea homogénea. Por eso puede resultar interesante suministrar una clasificación posible de la negociación colectiva comunitaria sobre la base de tres variables clásicas en
la ordenación de esta facultad de acción sindical: en función del contenido del convenio, en atención a la eficacia
del mismo y, en fin, en relación con el ámbito de aplicación
del mismo.
a) En función del contenido del convenio: acuerdos “vinculados” y acuerdos “libres”.
En lo que se refiere al contenido del convenio colectivo comunitario, resulta importante distinguir entre aquellos
acuerdos que ciñen sus contenidos a las materias objeto
de competencia comunitaria en materia social, tal y como
se recoge en el art. 137 TCE, y aquellos otros que no necesariamente se restringen en el contenido abordado a este contenido competencial comunitario. Doctrinalmente se
han acuñado términos específicos para reflejar la contención de lo regulado dentro del esquema de competencias
del art. 137 TCE – los “ámbitos sujetos al art. 137”, como
señala el art. 139 del mismo texto legal – de manera que los
primeros se denominarían “acuerdos vinculados” al ámbito temático de la competencia comunitaria (Lo Faro, 1999,
187 ss), puesto que no es posible regular por convenio materias no comprendidas o excluidas del listado del art. 137
TCE, en donde cobra una especial intensidad la mención
en el apartado 6 del mismo a las remuneraciones, el derecho de asociación sindical y el derecho de huelga. Los segundos reciben el nombre de acuerdos “libres” en la medida en que no están ligados al marco de competencias comunitarias en materia social (D’Antona, 1998, 106) y en los
que por tanto tienen al menos en principio plena libertad los
interlocutores sociales para fijar los contenidos regulados.
Se ha criticado desde el punto de vista de los principios de
autonomía colectiva esta “soberanía limitada” de las partes
sociales que les impide determinar autónomamente finalidades y contenidos de su actividad negocial (Lo Faro,
1999, 190), pero se trata de un rasgo distintivo explicable
en función de la inserción de este tipo de acuerdos colectivos en el iter formativo de una norma comunitaria, como
más adelante se explicará.
◗◗◗
45 Así en el Programa de Acción del X Congreso de la CES en Pra-
ga (mayo 2003), en www.etuc.org/EN/xcongress/fr/docs
Desde el punto de vista de la eficacia del acuerdo colectivo comunitario, se diferencia entre aquellos que adquieren
eficacia a través de una “decisión” comunitaria del Consejo a propuesta de la Comisión, es decir, a través de un acto que proviene de la esfera del poder público y que le
presta al convenio colectivo las características de un acto
legislativo comunitario para que éste pueda adquirir fuerza de obligar como si fuera una norma. Este tipo de acuerdos, que logran su eficacia mediante un acto comunitario
de actuación, se denominan “reforzados” (Rodríguez Piñero 1997b, 58) o acuerdos “fuertes”, “formales” (Gallardo Moya, 2003). En el procedimiento que prevé el art.
139.2 TCE, la decisión comunitaria se ha equiparado a la
Directiva, y éste es el instrumento normativo que posibilita la eficacia directa del acuerdo colectivo negociado sobre esta vía. Es decir, que la fuerza vinculante del acuerdo
colectivo no proviene de éste sino de la decisión comunitaria (Aparicio, 1994, 941). Se ha afirmado que así se pretenFrente a estos acuerdos colectivos que reciben su eficade equilibrar los procedimientos de adopción de decisiones
cia a través de una decisión del Consejo, existen otros que
normativas comunitarias y la autonomía colectiva, de maobligan y son eficaces a través de los diferentes sistemas
nera que el acuerdo colectivo “es la fuente de producde negociación colectiva que se dan en cada uno de
ción normativa, alternativa a la institucional colos países de la Europa comunitaria. Se aplimunitaria”, pero son los procedimientos de
can “según los procedimientos y prácticas
intervención de los poderes públicos copropios de los interlocutores sociales y
La construcción del sindimunitarios los que, a petición de las parde los Estados miembros”, tal y como
calismo europeo ha sido lenta y
tes firmantes del acuerdo, quienes “les
prescribe el art. 139.2 TCE. Con ello
complicada. Puede resultar llamaprestan los instrumentos que le prose está queriendo decir, ante todo,
porcionan carácter obligatorio”(Caque estos acuerdos así realizados
tivo que el sindicalismo, que en su
sas, 1996b, 5-6).
carecen de eficacia directa, puesto
origen nació con un alcance internaque la norma se remite a la necesacionalista, tenga dificultades en la
En cualquier caso, los destinatarios
ria interiorización de sus conteniactualidad
en presentarse como un
de la decisión comunitaria no son las
dos en cada uno de los ordenasujeto colectivo construido a
organizaciones nacionales adheridas
mientos nacionales de los Estados
o afiliadas a las firmantes del acuerdo
miembros, lo que se realizará a través
escala supranacional.
colectivo en el ámbito europeo46, sino los
de la negociación colectiva de cada país y respetando las peculiariedades de caEstados miembros de la Comunidad, que
da sistema de negociación colectiva nacional.
deben por tanto aplicar y desarrollar la Directiva
Así se desprende de la Declaración 27 aneja al Trataen sus ordenamientos internos respectivos. Es cierto
do de Amsterdam, que proviene de Maastricht, según la
que, como establece el art. 137.4 TCE, la aplicación de las
cual “la primera modalidad de aplicación de los acuerdos
Directivas comunitarias puede ser confiada a la negociacelebrados entre interlocutores sociales a escala comunición colectiva nacional, siempre que el Estado adopte las
taria consistirá en desarrollar el contenido de dichos
disposiciones necesarias para poder garantizar en todo
acuerdos mediante negociación colectiva y con arreglo a
caso los resultados fijados en la mencionada Directiva,
las normas de cada Estado miembro”, añadiendo
pero ello no impide la vía ordinaria de trasposición me◗◗◗
diante un acto legislativo estatal que reciba el contenido
de la misma en el ordenamiento interno de cada país. Se
opera así una especie de “devolución” a los Estados de la
47 Un problema adicional que se plantea en estos casos es el de
capacidad de aplicar y desarrollar el convenio colectivo
la posible discrecionalidad de este acto de recepción del dereeuropeo sobre la base del mandato de la Directiva, y son
cho comunitario por parte del acto legislativo estatal, es decir,
éstos quienes tienen que adoptar las medidas legislativas
las posibles variaciones en la trasposición que se puedan reapertinentes para conseguir su eficacia47.
❛❛
La Directiva “recibe” el acuerdo colectivo, produciendo la
incorporación plena a la misma de la fuente negocial (Casas, 1996b, 5) y esto implica una nueva “metamorfosis” de
la autonomía colectiva, que se presenta realmente como
lizar en los diferentes países comunitarios sobre la base de los
márgenes de actuación que permiten los arts, 137.2 y 5 TCE,
en especial respecto de la aplicación en las pequeñas y medianas empresas (Lo Faro, 1999, 211 ss.).
48 Se mueve dentro de los márgenes del proceso de toma de de-
cisiones, mantiene las mismas orientaciones que las que informan y delimitan la acción regulativa de la Comunidad (Lo Faro,
1999, 281).
46
Ni, directamente, los trabajadores o empresarios incluidos en
la unidad de negociación (interprofesional o sectorial) de que se
trate, sean o no miembros de las organizaciones firmantes
(Aparicio, 1994, 939), al estilo de la eficacia normativa y general del convenio estatutario español.
49
El sistema de negociación colectiva comunitario opera en un
ambiente político, económico e institucional del todo inusitado
y bastante distante de las tranquilizantes certezas que suministran los ordenamientos nacionales, como concluye Lo Faro
(1999, 302).
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un acto legislativo comunitario. Aunque la Directiva “encuadra” el Acuerdo, señalando los elementos de normatividad y se remite a los contenidos negociados colectivamente, que se presentan como “anexo” a la Directiva, en
definitiva el producto final es un acto legislativo comunitario típico, en donde la impronta del poder público es dominante sobre el origen negocial del mismo. Por ello es
mas acertado enmarcar este tipo de negociación colectiva dentro de los fenómenos de legislación negociada o
concertada (Casas, 1996b, 5), o definirlos como acuerdos
de concertación legislativa comunitaria (D’Antona, 1998,
105). Ello implica por otra parte comprobar que la manifestación mas señalada del principio de autonomía colectiva entre las partes sociales a nivel comunitario aparece
integrado en el proceso de creación de normas comunitarias, pero no logra independizarse de éste48.Y explica
también que en el elenco de fuentes del ordenamiento comunitario (art. 249 TCE) no se incluya el convenio colectivo49.
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b) En función de la eficacia del convenio: acuerdos “reforzados” y acuerdos “autónomos”.
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que dicha modalidad “no implica que los Estados miembros estén obligados a aplicar de forma directa dichos
acuerdos o a elaborar normas de trasposición de los mismos, ni a modificar la legislación nacional vigente para facilitar su ejecución”. En ello se diferencia por tanto de la
obligación de aplicación uniforme en los casos en los que
se produce una transposición convencional de una directiva, lo que implica el establecimiento de una intervención
subsidiaria del Estado para garantizar la eficacia general
de las disposiciones en ella contenidas (art. 137.4 TCE).
La conclusión de éstos Acuerdos a nivel comunitario no
lleva aparejada una garantía estatal de su aplicación homogénea. Por eso se han denominado doctrinalmente
acuerdos “débiles” al carecer su contenido de eficacia directa (Lo Faro, 1999, 165), aunque considerados en sí
mismos podrían conceptuarse como acuerdos colectivos
comunitarios autónomos u ordinarios.
Por tanto los acuerdos europeos autónomos u ordinarios
fragmentan su eficacia a través de su recepción vía negociación colectiva en los diferentes regímenes jurídicos de
los países miembros de la comunidad. Es en el ámbito nacional donde se recupera plenamente un principio de autonomía colectiva, pero con él la mayor diversidad de sistemas de encuadramiento de la negociación colectiva en
los respectivos ordenamientos estatales. Lo que implica
que estos acuerdos no alcanzarán previsiblemente un
mismo nivel de eficacia jurídica, pues su dependencia con
el sistema de negociación colectiva y sus relaciones con el
ordenamiento estatal de que se trate determinará cuantitativa y cualitativamente el grado de aplicación de los mismos, y cabe que no sea recibido en absoluto en alguno de
los países comunitario (Aparicio, 1994, 937). Aunque doctrinalmente se ha mantenido que existe una obligación de
“recepción” del acuerdo por la negociación colectiva nacional derivada del mandato representativo de las partes
sociales a nivel comunitario respecto de sus organizaciones federadas o adheridas en cada país (Jeammaud,
1998, 79 ss), lo cierto es que ésta se formularía como un
deber de negociar, sin garantizar el resultado de la negociación. Por eso y aunque ciertas posiciones extremas
equiparan estos acuerdos a gentlements agreements de
los que no derivan relaciones obligacionales entre las partes (Valdes, 1997, 14), la mayoría de la doctrina los conceptúa a la manera de un acuerdo marco que precisa de
una fase posterior de recepción en los diferentes sistemas
de negociación nacionales (Aparicio, 1996, 187; Rodriguez Piñero, 1997b, 58, Jeammaud, 1998, 80)50.
Estos acuerdos pueden ser conceptuados como un producto de la autonomía colectiva en su condición de poder
originario de los grupos sociales de autorregularse (D’Antona, 1998, 108), pero simultáneamente, permanecen fuera
del ordenamiento comunitario (Rodriguez Piñero, 1997,
57). No se puede hablar de una auténtica norma jurídica
convencional de ámbito europeo, pues carece de relevancia para el ordenamiento comunitario, en coherencia por
otra parte con las ya señaladas carencias respecto del re-
50
Ojeda (1998, 19 ss.) reconoce las dificultades de lograr la “inmediatividad” de los acuerdos colectivos europeos utilizando
técnicas de derecho privado, y se inclina por proponer en el futuro una norma comunitaria – un Reglamento – que establezca la eficacia directa de los acuerdos colectivos.
conocimiento en ese ámbito de un principio de libertad sindical y de sus manifestaciones básicas (Lo Faro, 1999,
172). Esta paradoja es más llamativa si se compara con el
otro tipo de negociación colectiva “reforzada” o “vinculada”, que se ha descrito51, y aunque sigue planteado el problema básico sobre las praxis y procedimientos autónomos
para poner en práctica estos acuerdos en los respectivos
ordenamientos nacionales (D’Antona, 1998, 109), ello no
ha sido óbice para que los interlocutores sociales exploraran también esta posibilidad de negociación colectiva.
De lo previsto en el art. 139.2 TCE estos tipos de convenios colectivos comunitarios se relacionan por pares, en el
sentido de que el tipo de acuerdo vinculado por su contenido a la lista de materias que son competencia comunitaria se corresponde con el acuerdo reforzado que obtiene su eficacia por una decisión del Consejo y, viceversa,
los acuerdos “libres” son también convenios “autónomos”
u ordinarios. Esta ecuación es parcialmente cierta, puesto que sólo se sostiene para el primer par “vinculado” – “reforzado”, pero no se aplica necesariamente a la segunda
relación, puesto que los interlocutores sociales pueden
negociar sobre temas objeto de competencia comunitaria
y optar por dotar al acuerdo obtenido de eficacia a través
de los diversos sistemas de negociación colectiva nacional, como ha sucedido con el Acuerdo Europeo sobre el
Teletrabajo del 2002.
Hay además otro tipo de acuerdos colectivos que se obtienen como resultado de las consultas e intercambios fruto del diálogo social sectorial y cuya eficacia puede descomponerse en frentes diferentes, desde una cierta obligación de influencia sobre las autoridades de gobierno comunitarias en su actuación internacional o normativa – como por ejemplo sucede con la pactación entre los interlocutores sociales de cláusulas sociales a introducir en los
tratados de la Unión Europea con terceros países52 – hasta el desplazamiento a la acción unilateral de otro sujeto
como forma de aplicación del contenido del pacto, sea éste otro sujeto las instancias de gobierno europeas, o las
propias empresas transnacionales, como sucede en muchos de los acuerdos obtenidos en determinados sectores productivos sobre puntos concretos de regulación de
las relaciones laborales en los mismos53.
◗◗◗
51
Por eso se ha hablado de un “efecto promocional asimétrico”
de la negociación colectiva por parte de la normativa comunitaria (D’Antona, 1998, 109).
52
Por ejemplo, ver la cláusula social para ser insertada en los
acuerdos de pesca con terceros paises negociada por las patronales EUROPECHE, COGECA “fisheries” y la Federación
Europea del Transporte (ETF), y adoptada en el Comité de Diálogo social sectorial “pesca marítima” el 19 de diciembre del
2001.
53 Un elenco de los acuerdos alcanzados en diversos comités de
diálogo social sectorial, que discurren sobre temas muy variados, desde el tiempo de trabajo, promoción del empleo o formación profesional, en Degrysse (2000). Últimamente, se puede consultar el Acuerdo logrado el 20 de octubre del 2003 entre la Comunidad Europea del Rail (CER), la asociación que
agrupa a las compañías ferroviarias europeas y la Federación
Sindical Europea del Transporte ETF sobre condiciones sociales en el mercado europeo del rail, que explícitamente tiende a
condicionar la regulación europea prevista sobre la licencia europea para conductores de tren.
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La peculiar construcción de la negociación colectiva en el
nivel comunitario, muy ligada en su versión “fuerte” al proceso de creación de normas comunitarias, hace que un
ámbito de aplicación “natural” de la misma sea el interprofesional, es decir, que su contenido se proyecte con carácter general regulando una institución determinada sobre la totalidad de los sectores profesionales. Este ha sido
el caso de los acuerdos marco que se han concluido entre los interlocutores sociales siguiendo el procedimiento
de los arts. 138.4 y 139. 2 TCE, sobre permisos parentales (1996), tiempo parcial (1997) y contratos temporales
(1999), pero ha sido también el ámbito de aplicación del
Acuerdo Europeo sobre el Teletrabajo (2002), cuya eficacia se entrega a los mecanismos nacionales de negociación colectiva.
El problema se ha planteado ante las primeras manifestaciones de la negociación colectiva comunitaria, el Acuerdo Marco sobre los permisos parentales, firmado por UNICE y CEEP por parte empresarial y la CES por la sindical,
que dio lugar a la Directiva 96/34/CE del consejo de 3 de
junio de 1996. Una asociación empresarial representativa
de la pequeña y mediana empresa impugnó esta Directiva solicitando su anulación sobre la base de que ésta entidad – UEAPME54 - debía haber participado en las negociaciones como parte legitimada, planteando así como
cuestión central la representatividad y el derecho a negociar convenios colectivos de ámbito europeo. Esta demanda dio lugar a una sentencia del Tribunal de Primera
Instancia de la CE de 17 de junio de 1998, de reconocida
importancia doctrinal sobre este tema55.
◗◗◗
TENDENCIAS
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c) En función del ámbito de aplicación del convenio y la representatividad suficiente para negociar en esos ámbitos..
■ 29
Junto a ello, es también importante la elección del ámbito
funcional del sector profesional o de la rama de producción, no sólo porque el diálogo social institucionalizado a
través de Comités permanentes ha delimitado de esta
manera, sino porque se corresponde con el peso cada vez
mas importante que van adquiriendo a escala sindical las
Federaciones Europeas de rama en el seno de la CES, en
un proceso que revaloriza como lugar prioritario de la acción sindical el del sector y que tiene también su correlato
en las diferentes estrategias sindicales nacionales. También en este aspecto hay ejemplos de acuerdos marco
que se presentan como directivas – acuerdos por tanto
“reforzados” – como el Acuerdo sobre la ordenación del
tiempo de trabajo de la gente del mar (1999) o el Acuerdo
de ordenación del tiempo de trabajo del personal de vuelo en la aviación civil (2000), pero también existen ejemplos
de acuerdos marco cuya aplicación se ha de lograr a través de la negociación colectiva en los diferentes sistemas
nacionales, como el Acuerdo Marco sobre el teletrabajo
en el comercio (2001).
La elección del ámbito de aplicación del convenio colectivo comunitario plantea inmediatamente un problema, el
de la búsqueda del sujeto representativo que, en cada uno
de estos ámbitos de aplicación, interprofesional o sectorial, se estima idóneo o legitimado para ser parte de la negociación y llegar a un Acuerdo. El tema de la representatividad de los interlocutores sociales a nivel comunitario es
crucial porque la negociación colectiva se sitúa en un proceso de creación de normas comunitarias, en donde se
reconoce a los interlocutores sociales la capacidad de
atraer hacia un espacio de autonomía colectiva la regulación de políticas sociales. Por tanto parece imprescindible
que se delimite la noción de representatividad que en función de determinados parámetros objetivos, permita identificar a los sujetos colectivos que tienen una mayor capacidad, influencia e implantación, de manera que sean éstos quienes se encuentres legitimados para negociar los
acuerdos colectivos de ámbito europeo “vinculados” en
su contenido a las competencias de la Comunidad en política social y a los que una Directiva les confiere aplicación
generalizada. Para los otros tipos de negociación colectiva no se plantea este problema en los mismos términos,
puesto que permanece fuera de la normatividad comunitaria y en consecuencia se reduce a un hecho de consenso autónomo entre las partes firmantes.
❛❛
No existe un sistema normativo que homogeneice los
límites al ejercicio del derecho de huelga cuando éste se
realiza a nivel europeo y en un sector que perturba u obstaculiza la libre circulación de mercancías, sino que, en función de la aplicación estricta del principio de subsidiariedad, éste se resuelve en la disparidad de soluciones jurídicas que suministra cada ordenamiento nacional al respecto.
54 Union européenne de l’artisanat et des petites et moyennes en-
treprises.
55
La sentencia del TPICE de 17 de junio de 1998, (Asunto T135/96), ha sido objeto de numerosos comentarios por la importante doctrina que sienta sobre el tema central de la representatividad de los interlocutores sociales europeos. Se destacan, desde posiciones bastante diferentes entre sí, los de
Casas (1998), Jacobs y Ojeda (1999) y Moreau (1999). El pleito base de esta decisión no continuó al producirse de diciembre de 1999, un acuerdo de colaboración entre UEAPME y la
UNICE, privando así al TJCE de emitir su opinión definitiva al
respecto. Los términos de dicho acuerdo de colaboración y su
significado, en Casas (1999, 2-4).
TENDENCIAS
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El punto de partida lo constituye la determinación unilateral por la Comunidad de aquellas organizaciones expresivas del pluralismo social que se presentan en el nivel comunitario que ésta entiende que gozan de una condición
representativa especial. Esta ofrece una lista de organizaciones representativas que son consultadas en el procedimiento previsto en el art. 138.2 TCE y conocido como
período de consultas “antes de presentar propuestas” en
materia de política social. En esta fase del procedimiento
legislativo, la Comisión tiene la obligación de consultar a
los interlocutores sociales representativos sobre la conveniencia, orientación y alcance de la iniciativa emprendida.
Los criterios para fijar esa representatividad son variados,
y manejan variables complejas: ser organizaciones interprofesionales o de sector organizadas a nivel europeo, integrar en su estructura a organizaciones representativas
en los Estados miembros, y disponer de estructuras adecuadas para permitirles participar de manera eficaz en el
procedimiento de consultas (Moreau, 1999, 56). La Comunidad estima que reúnen esta condición una larga serie de organizaciones, entre ellas desde luego UNICE y
CEEP como asociaciones empresariales y CES como organización sindical en el nivel interprofesional – organizaciones interprofesionales “de vocación general” - , pero
también otras “organizaciones interprofesionales que representan a ciertas categorías de trabajadores o de empresas – cuadros directivos y pequeñas empresas –, organizaciones específicas, como las cámaras de comercio
y en fin, una lista de organizaciones sectoriales que representan a los empresarios y a las federaciones sindicales
europeas, muchas de ellas adheridas a la CES56.
En este procedimiento de consultas del art. 138.3 TCE el
tema de la representatividad de los interlocutores sociales
no resulta problemático; la cuestión es diferente cuando
se abre la segunda fase de consulta sobre una acción comunitaria en materia social, una vez que ha concluido el
proceso de toma en consideración de los pareceres y opiniones sobre la misma. En esta segunda fase, en la que la
consulta se refiere al contenido concreto de la propuesta
planteada, “los interlocutores sociales podrán informar a
la Comisión su voluntad de iniciar el proceso previsto en el
art. 139 TCE”, es decir el proceso de negociación colectiva a que este artículo se refiere. Aquí es donde se plantea
el conflicto, porque la Comisión reserva a las organizaciones interprofesionales centrales en el sistema de relaciones laborales europeo, con “vocación” de representantes
generales de empresarios – UNICE y CEEP – y de los trabajadores – CES – la capacidad de negociación colectiva
que atrae a la órbita de las relaciones convencionales la
propuesta normativa comunitaria. De esta manera, otras
organizaciones que compiten, fundamentalmente del lado de los empresarios57, por obtener el reconocimiento
56
Puede consultarse la lista de las organizaciones europeas reputadas interlocutores sociales en el sentido del art. 138 CE en
el anexo 1 de la Comunicación de la Comisión El diálogo social,
fuerza de modernización y de cambio, COM(2002) 341 final.
57 Además de la mencionada UEAPME, hay otras organizaciones
de empresarios agrícolas y ganaderos, del sector público de
municipios y regiones, de hostelería, profesiones liberales o del
comercio, que compiten por ser incluidos, en pie de igualdad
con las dos grandes patronales europeas, en los procesos de
negociación informales y reglamentados que se desarrollan ordinariamente (Jacobs y Ojeda, 1999, 69).
de una representatividad general más allá de la fase de
consultas a que se refiere el art. 138.2 TCE, respecto del
procedimiento de negociación colectiva que se prevé en
el art. 138.4 TCE.
Existe una diferencia cualitativa entre el procedimiento de
consultas y el de negociación colectiva que justifica este
cambio en la representatividad requerida. Ambos son procesos independientes entre sí, de manera que el reconocimiento institucional de una representatividad suficiente para la fase de consultas no lleva aparejado que esta misma
representatividad se traslade al de negociación colectiva58. Este último se inscribe en el ámbito de la autonomía
contractual y se inicia mediante la negociación entre los interlocutores sociales, por lo que pertenece a su libre autonomía el mutuo reconocimiento como partes. Siempre que
éstas sean representativas a nivel europeo, por tanto, no
cabe ningún reproche a la autoselección como interlocutores que éstas hayan realizado, pero existe una obligación
de la Comisión y del Consejo de comprobar la representatividad de los interlocutores sociales firmantes de un
Acuerdo justamente porque se pretende que éste encuentre su aplicación en virtud de una Directiva, verificación de la representatividad que se concreta en lo que el
TPI llama “representatividad acumulada suficiente”59.
Basta por tanto con que las partes negociadoras del
acuerdo ostenten una representatividad acumulada suficiente60, que deberá ser controlada por la Comisión y, directamente, por las propias organizaciones no firmantes
cuya representatividad “sea necesaria para completar la
representatividad acumulada de los firmantes”, ante el Tribunal de Justicia comunitario. La verificación de la representatividad es por tanto doble, con carácter previo a la
“recepción” del Acuerdo colectivo en el ordenamiento comunitario mediante la Directiva que le da aplicación efectiva – control de legalidad por la propia Comisión – y, posteriormente en su caso, un control judicial de las condiciones de negociación de estos acuerdos colectivos europeos en lo que se refiere a la representatividad suficiente de
los interlocutores firmantes del mismo, lo que implica que
se reconoce a las organizaciones representativas europeas un derecho a impugnar judicialmente los acuerdos colectivos que se insertan en el proceso de creación de normas comunitarias, como en efecto sucedió en el caso UEAPME.
Cuando el contenido del acuerdo afecte directamente a
las condiciones de trabajo y empleo de los trabajadores
europeos y el ámbito de aplicación del mismo sea general
o interprofesional, parece seguro afirmar que son las tres
organizaciones interprofesionales con representación general en todas las categorías de empresas y de trabajadores a escala comunitaria61, es decir UNICE, CE◗◗◗
58 Se configuran pues los procedimientos de consulta y de nego-
ciación como “alternativos” con una “fase inicial común”, de tal
manera que son “actividades diferentes, que atienden objetivos diferentes y se desenvuelven con sujetos diferentes, aunque en ambos participen los interlocutores sociales representativos” (Casas, 1998, 8)
59 STPI 18 de junio 1998, Caso UEAPME, párrafos 74 a 80.
60 STPI 18 de junio 1998, Caso UEAPME, párrafo 90.
61 STPI 18 de junio 1998, Caso UEAPME, párrafo 94
❛❛
d) Un ámbito de aplicación muy peculiar: la
Se ha criticado doctrinalmente que los criteempresa transnacional.
rios de selección en que se resuelve la
Los destinatarios de la denoción de representatividad no se excisión comunitaria no son las
pliciten en ningún texto comunitario,
Una enumeración de los diferentes
ni tampoco en el fallo judicial del TPI
ámbitos de aplicación de la negociaorganizaciones nacionales adheride junio de 199863. El mutuo recoción colectiva comunitaria no estadas o afiliadas a las firmantes del
ría completo sin referirse a la emnocimiento de los interlocutores soacuerdo colectivo en el ámbito europresa transnacional, o si se quiere,
ciales no parece un criterio de sufipeo, sino los Estados miembros de la
a las empresas y grupos de empreciente objetividad, lo que se puede
Comunidad, que deben por tanto
sas de dimensión comunitaria tal cocomplicar a la hora de adoptar
aplicar y desarrollar la Directiva
mo los describe la Directiva 94/45/CE
acuerdos en determinados sectores
del Consejo, de 22 de septiembre de
en los que existe mayor pluralidad oren sus ordenamientos in1994. El objetivo de esta directiva es la
ganizativa empresarial a escala comuniternos respectivos.
constitución de un órgano de representataria. La carencia de una norma de encuación de los trabajadores de la empresa transdramiento de la negociación colectiva, y, en
nacional, pero no procede a fijar las estructuras insticoncreto, del tema de la representatividad de los intucionales de dicho órgano de manera directa. La norma
terlocutores, es expresiva de la ambivalencia con que escomunitaria opta por promocionar la autonomía colectiva,
te tema se trata y la prevención del ordenamiento comuniya que será a través de la negociación colectiva como se
tario ante cualquier iniciativa no ya de fomento, sino de
determinará fundamentalmente la definición, las compe“normalización” jurídica de la negociación colectiva en ese
tencias y las funciones del CEEu65. De hecho el núcleo
ámbito como verdadera fuente del derecho64.
central de las disposiciones de la Directiva 94/45/CE se diEn lo que respecta a los acuerdos colectivos “autónorige a garantizar un procedimiento de negociación para la
mos”, los criterios de selección de interlocutores no se
constitución del Comité de Empresa Europeo.
◗◗◗
apartan de los hasta aquí vistos. El Acuerdo Europeo so-
64 Por eso ha habido propuestas
62 La Directiva 1999/63/CE, del Consejo, de 21 de junio de 1999,
relativa al Acuerdo sobre la ordenación del tiempo de trabajo
de la gente del mar está suscrito por la Asociación de Armadores de la Comunidad Europea en representación de la patronal
y la Federación de Sindicatos del Transporte de la Unión Europea (ETF/FST), adherida a la CES, sin que por tanto en este caso haya una representatividad diferente de la general. Sin embargo, la Directiva 2000/79/CE del Consejo de 27 de noviembre de 2000, relativa a la aplicación del Acuerdo europeo sobre
ordenación del tiempo de trabajo del personal de vuelo de la
aviación civil, señala que éste Acuerdo ha sido suscrito por cinco interlocutores sociales representativos en el sector: La Association for European Airlines (AEA), la Federación de Sindicatos del Transporte de la UE (ETF/FST), la European Cockpit
Association (ECA), la European Regions Airline Association
(ERA) y la International Air Carrier Association (IACA), es decir,
por tres asociaciones empresariales y dos sindicales.
63 Ver fundamentalmente Moreau, 1999, 57. No es razonable que
partiendo de la consideración de la negociación colectiva como institución democrática, no se fijen unas reglas generales
sobre la medición de la representatividad que no se basen en
el propio autorreconocimiento de los negociadores (Casas,
1998, 13).
muy interesantes sobre una “legislación de apoyo” a la negociación colectiva comunitaria en
la que se incluyera una noción selectiva de los “interlocutores
sociales representativos” que sirviera para todas las manifestaciones de la negociación colectiva en este ámbito, fundada
sobre criterios homogéneos y que se basara tanto en el carácter comunitario de las organizaciones, entendido éste como
capacidad de asumir decisiones autónomas respecto de las
organizaciones nacionales a ellas afiliadas, como en la dimensión de la representatividad demostrada a través de la afiliación
de la mayoría de las organizaciones sindicales y empresariales
en la mayoría de los paises de la UE, como en fin, sobre la base de la asunción de un deber estatutario de transferir el contenido de los acuerdos de nivel comunitario a los acuerdos nacionales. El detalle de esta propuesta, en Lettieri y Romagnoli,
1998, 113-117.
65 Ello hace que la Directiva 94/45/CE se defina como una norma
procedimental que contiene frecuentes reenvíos tanto a los ordenamientos nacionales como, muy especialmente, a los
acuerdos colectivos a que lleguen las partes (Cruz, 1996, 506;
Garrido, 1997, 209), lo que se explica como aplicación del principio de subsidiariedad en su dimensión horizontal, que otorga
prioridad a la negociación colectiva en la ordenación de las relaciones colectivas (Casas, 1993, 4)
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bre el Teletrabajo de julio de 2002, de ámbito interprofesional, está suscrito por los sujetos representativos generales, UNICE, CEEP y CES, y otro tanto sucede con el
Acuerdo del sector de comercio también sobre el teletrabajo, de abril del 2001, que precedió al interprofesional,
entre las organizaciones sectoriales de los interlocutores
sociales generales citados. Pero como es evidente, en este tipo de acuerdos la voluntad de iniciar el proceso de negociación y sus contenidos son plenamente “libres”, al no
estar necesariamente vinculados al proceso de creación
de normas comunitario y basarse en los sistemas de negociación colectiva nacionales como forma de lograr la
generalización del acuerdo alcanzado en el conjunto de
las relaciones laborales de aquellos países. Por lo tanto en
estos casos la representatividad de las partes pasa por el
reconocimiento mutuo de ambas como interlocutores.
EP y CES, quienes ostentan representatividad acumulada
suficiente tanto en general como en relación con el contenido del acuerdo colectivo en concreto. Sin embargo,
cuando se trate de acuerdos colectivos de sector, la representatividad de las partes firmantes tiene que medirse
en función precisamente del tipo de organizaciones con
implantación entre las empresas y trabajadores del mismo, lo que puede generar – como ha sucedido en efecto
– una ampliación de los sujetos legitimados para esta negociación, en función de las peculiariedades representativas del sector, y ello tanto desde el punto de vista del asociacionismo empresarial como del sindicalismo de los trabajadores, aunque en menor medida al estar más sólidamente afirmada en este campo la representatividad muy
extensa de la CES y de sus Federaciones Sindicales Europeas62.
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Prescribe la iniciación del procedimiento, que incumbe a
la dirección central de las empresas o grupos de empresas transnacionales, y la constitución de una comisión negociadora, sobre la que prescribe ciertos requisitos mínimos que hacen referencia fundamentalmente al número
de miembros de la comisión y a garantizar la presencia de
un representante por cada Estado miembro en el que la
empresa tenga un establecimiento, al pago de los gastos
de negociación por la empresa y a la posibilidad de que los
negociadores estén asistidos por expertos. Dos elementos centrales de esta regulación, la elección de los representantes en la comisión negociadora y la determinación
gociación colectiva: “Corresponderá a la comisión negociadora fijar, junto a la dirección central mediante un
acuerdo escrito, el alcance, la composición, las atribuciones y la duración del mandato del Comité de Empresa Europeo”.
No hay obligación de llegar a un acuerdo, pero se puede
inferir del texto comunitario un deber de negociar y hacerlo “con espíritu de colaboración” para llegar a un acuerdo
(art. 6.1 Directiva 94/45/CE), e integrando en lo que se podría traducir como negociación de buena fé un “contenido
mínimo” del Acuerdo que supone abordar las cuestiones
fundamentales de estructuración y funcionamiento de este órgano de representación en la empresa transnacional66. Si la negociación no avanza o existen importantes
obstáculos para su desarrollo, la Directiva prevé la aplicación “subsidiaria” de un régimen legal en defecto de
acuerdo, disposiciones que suponen el establecimiento
de reglas sobre la constitución y funcionamiento del CEEu
y sobre las competencias que éste órgano asume, sustancialmente en torno a unas obligaciones de información
o consulta generales u ordinarias, y otros específicos deberes de consulta e información ante circunstancias excepcionales que “afecten considerablemente”a los intereses de los trabajadores, en concreto en los casos de traslados, cierres de empresa o despidos colectivos, que llevan aparejado el derecho a reunirse con la dirección de la
empresa para tratar este tipo de cuestiones67.
Como alternativa a la institucionalización de un órgano de
representación, cabe que el acuerdo colectivo desemboque en la puesta en práctica simplemente de un “procedimiento” de información y consulta, opción más débil que
se liga sin embargo a un acuerdo expreso, puesto que de
no realizarse éste, entrará en juego la normativa subsidiaria que sí incluye la creación de un Comité de Empresa68.
En cualquier caso, la eficacia de estos Acuerdos de creación de CEEu viene garantizada a través de su recepción
en cada ordenamiento interno a través de la ley de
◗◗◗
66
Art. 6.2 Directiva 94/45/CE. Forman parte del contenido mínimo del acuerdo aspectos tan decisivos como los relativos al
ámbito de aplicación del mismo, la composición del órgano de
representación, y las atribuciones o competencias del mismo
junto con los mecanismos de información y consulta previstos
en relación con tales atribuciones.
67
Por eso se ha definido doctrinalmente esta Directiva como legislación de apoyo o de “sostenimiento a la negociación colectiva en las empresas y grupos transnacionales europeos”
(Casas, 1993, 10), de manera que se interpretan estas disposiciones subsidiarias como un intento de garantizar el objetivo
prioritario de poner en práctica mecanismos de información y
de consulta, mediante el “reequilibrio” del diferente poder que
en la negociación mantienen las partes, empresa y trabajador
(Baz, 1998, 33).
68
Las disposiciones subsidiarias de la Directiva constituyen en
consecuencia un “modelo de cierre” del sistema negocial que
indica cuál es el modelo institucional concreto de información
y consulta transnacional (Baz, 1998, 33). No hay pues, frente a
lo que defienden algunas posturas doctrínales (De Miguel,
1995, 794 ss.) una “libertad de modelo” de representación en
el sentido que la Directiva no imponga un modelo concreto de
organización de los derechos de información y consulta de los
trabajadores.
❛❛
La articulación entre el plano comunitario y el nacional
en la empresa transnacional no suele construirse sobre parámetros clásicos que vinculen jurídicamente la esfera de
la consulta y negociación en el nivel central y su aplicación
en los distintos centros de imputación de la empresa en los
diferentes estados nacionales, sino que se sitúa preferentemente en un terreno extranormativo y, lo que es mas llamativo, extracontractual, privilegiando la circulación “interna” y en paralelo de estos procedimientos en el interior de
la red de decisiones de la empresa y en la transmisión de
los presupuestos de la consulta y sus contenidos por vía
endosindical.
de la composición del Comité y sus funciones no son definidos en la Directiva, sino que se remiten a las normas nacionales de transposición de la misma en función de los
sistemas nacionales de representación profesional, dejando el resto de las cuestiones a lo que disponga la ne-
soci
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TENDENCIAS
rio
se que son nuevas formas emergentes de negociación
transposición de la directiva 94/45/CE en una red interdecolectiva en la empresa trasnacional en las que predomipendiente de normativa estatal que asegura la realización
na una visión informal en la producción de reglas, seguida
de estos en función de las normas del ordenamiento nade una marcada preferencia por la procedimentalización
cional y garantiza los derechos de información y consulta
de la toma de decisiones como método, que a su
mediante una tutela sancionatoria y judicial. De esvez requiere un tratamiento articulado desde
ta forma, manteniéndose los rasgos propios
el nivel central – de la empresa matriz o la
que conforman cada sistema sindical y el
dirección de la empresa transnacional –
status de la negociación colectiva en caLos acuerdos europeos
a los diferentes establecimientos de la
da ordenamiento nacional, se pone en
autónomos u ordinarios fragmisma en los distintos países en los
pie un sistema normativo homogéneo
mentan su eficacia a través de su
que está instalada (Baylos, 1999b).
y coordinado que logra el objetivo
recepción vía negociación colectiva
En este sentido la micro-negociauniforme del ejercicio real en todos
en los diferentes regímenes jurídicos
ción a la que se está haciendo refelos países comunitarios del complerencia se insertaría en la cultura eujo de derechos que reconoce la Dide los países miembros de la comuropea– capilarizada a nivel de emrectiva 94/45/CE (Casas, 1997, 1
nidad. Es en el ámbito nacional
presas – de la governance entendiss).
donde se recupera plenamente
da como concertación, consulta y
un principio de autonomía
Pero junto a este tipo de Acuerdos para
diálogo como legitimación permanente
colectiva.
la constitución de órganos de representade un poder incontestado (Sciarra,
ción en la empresa transnacional y la delimi2003).
tación de sus competencias, que implica evidentemente el despliegue de la negociación colectiva en el
Si se ahonda un poco más en este tema tan opaco, la arámbito de la empresa de dimensión comunitaria y la coticulación entre el plano comunitario y el nacional en la emordinación de las estrategias sindicales en este nivel, lo
presa transnacional no suele construirse sobre parámeque es más interesante es comprobar el funcionamiento,
tros clásicos que vinculen jurídicamente la esfera de la
a efectos negociales de este tipo de órganos de repreconsulta y negociación en el nivel central y su aplicación en
sentación, es decir, la existencia de acuerdos de emprelos distintos centros de imputación de la empresa en los
sa creados en el seno de estos órganos como resultado
diferentes estados nacionales, sino que se sitúa preferende un proceso de consulta, que en la normativa comunitemente en un terreno extranormativo y, lo que es mas llataria se concibe como la apertura de un verdadero promativo, extracontractual, privilegiando la circulación “inceso de negociación con vistas a llegar a un acuerdo. Esterna” y en paralelo de estos procedimientos en el interior
te tipo de acuerdos sobre materias concretas no tienen la
de la red de decisiones de la empresa y en la transmisión
visibilidad de los acuerdos de constitución de un CEEu, ni
de los presupuestos de la consulta y sus contenidos por
tampoco de los grandes Acuerdos Marco a los que se ha
vía endosindical. Cabe en efecto que en determinados sualudido con anterioridad. Se trata de una micronegociapuestos se construyan reglas de actuación o principios de
ción de dimensión comunitaria que frecuentemente
orientación general sobre determinados aspectos de las
adopta formas de expresión en las que no se reconoce a
relaciones laborales o de empleo que en el nivel central
primera vista las trazas del acuerdo colectivo, puesto que
asuman la forma de compromisos obligacionales y que en
normalmente se presenta hacia el exterior como una deconsecuencia sea necesario discurrir sobre la forma de recisión unilateral de la empresa, o como expresión de vocepción de estos compromisos en los distintos ordenaluntad, clásicamente en los llamados códigos de conmientos nacionales “según los procedimientos y las prácducta de las empresas multinacionales. En ocasiones se
ticas propias de los interlocutores sociales y de los Estaelaboran orientaciones generales – guidelines – en los órdos miembros”, pero en muchas otras ocasiones la relación entre el plano comunitario y el nacional no va a enganos de representación de la empresa transnacional socontrar sentido a través de la fórmula que conforma una
bre determinados asuntos para que estos temas sean reobligación de conducta, sino que, como se ha señalado,
cogidos, profundizados y desarrollados en cada país en
se situará en el plano mucho mas viscoso e indefinido de
el que la empresa tiene un establecimiento, de manera tal
la autorresponsabilización de cada sujeto colectivo en enque se logra un cierto tratamiento homogéneo de un tecontrar un mecanismo propio para hacer circular en su esma, manteniendo sin embargo la especificidad de los resfera de influencia respectiva las “opiniones comunes” alpectivos sistemas nacionales en los que desenvuelve su
canzadas, las “tomas de posición” expresadas, las “actiactividad la empresa o el grupo de empresa transnaciotudes positivas” y los “elementos de avance” que forman
nal.
parte de una cultura de la participación y de la negociación
cooperativa en la empresa transnacional. ■
De este tipo de procesos puede probablemente deducir-
■ 33
lio 2004 24
fund
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ación
sindical de estud
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aboral
o
DIALOGO SOCIAL:
EMPLEO Y
SUMARIO
OPINION
3
■ Julián Gilaberte
El sector industrial en Madrid.
El carácter estratégico de la industria.
■ Simón Rosado
La necesidad de una política industrial
integrada
INDICADORES
7
■ Miguel Angel Falguera Baró
Marco general de derechos en materia
de filiación y familia en el ámbito
contractual laboral
TENDENCIAS
10
■ Luis Enrique Alonso
Trabajo y cohesión social.
NUEVO DOMICILIO DE LA
FUNDACIÓN SINDICAL
DE ESTUDIOS
A partir del mes de Septiembre,
la Fundación Sindical de
Estudios cambiará de domicilio
y estará ubicada en la primera
planta de la calle Sebatián
Herrera, 12 y 14 de Madrid.
ALGO MÁS
l gobierno de la Comunidad de Madrid ha puesto encima
de la mesa de concertación social la necesidad de una negociación en materia de empleo; una negociación que, desde
la parte sindical ha partido, en coherencia con los documentos
aprobados en el 8º Congreso Regional, de una concepción integral del empleo o, lo que es lo mismo, que ha abordado esta negociación desde el reconocimiento del carácter central que, como objetivo, osLa lucha sindical ha
tenta el empleo, pero a la vez ha considerado que la estrategia para alcan- sido y debe seguir
zar dicho objetivo debe ser una estra- siendo una lucha
por la conquista de
tegia transversal.
derechos y por su
Así, el documento sindical acomete consolidación; deeste proceso negociador desde varechos vinculados
rios frentes, en los que junto a la cantidad del empleo se consideran otros al mundo del trabaelementos vinculados a su calidad y a jo, y con el mismo
su distribución. Recuperar la centrali- rango de importandad del trabajo, por tanto, del pleno cia, derechos vinempleo, que desde una óptica sindiculados a las concal es indisociable de su calidad, tiene que ser un objetivo prioritario. Co- diciones de vida de
mo es necesario también afrontar la las personas, a la
fuerte segmentación que padece protección de los
nuestro mercado de trabajo: seg- más elementales
mentación entre trabajadores cualifi- factores que detercados y no cualificados, entre temminan la cohesión
porales y fijos, entre trabajadores
precarios y trabajadores con dere- social porque gachos; una segmentación que impri- rantizan la dignidad
me, a su vez, riesgos ciertos de cor- y la equidad de
porativización que es preciso atajar esas condiciones
por cuanto fracturan al colectivo de
de vida.
trabajadores y trabajadoras dentro
de una misma empresa, dentro de un
mismo centro de trabajo, forzando una competitividad a la baja entre ellos que proporciona ventajas adicionales a los empresarios para devaluar, cada vez más, las condiciones de trabajo.
E
❛❛
Se hace preciso, por tanto, incorporar iniciativas sindicales
orientadas a homogeneizar y regular las condiciones de trabajo dentro de un mismo centro de trabajo, de una misma empresa, dentro de un mismo conglomerado de actividad productiva aunque estén involucrados diferentes sectores, dentro de un mismo sector. A la vez, disponer de propuestas para incorporar inequívocamente la causalidad en la contratación temporal, su vigilancia y su control, y, de manera equivalente, las condiciones de externalización y subcontra◗◗◗
EDITORIAL
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2■
tación productivas hasta sus últimos resquicios, esto es,
hasta el límite marcado por el trabajo autónomo.
Pero a la vez hay que combatir activamente la preferencia
empresarial por determinados colectivos, especialmente
mujeres, jóvenes e inmigrantes, para los empleos menos
cualificados, peor retribuidos, y más peligrosos, cuando
no bordeando los límites de la legalidad. Como hay que
afinar en el tratamiento sindical de los centros especiales
de empleo y empresas de inserción para garantizar que
cumplen efectivamente su función de integración en el
mercado de trabajo de las personas con discapacidad.
las condiciones sociales, económicas, culturales, sanitarias, que permitan unas condiciones dignas de vida; significa, en definitiva, garantizar el ejercicio de la condición de
ciudadanía, la democracia efectiva, la democracia real, inconcebible desde la pobreza, la escasez de oportunidades y las privaciones sociales y económicas.
La cohesión social no es posible si no se combaten mucho más activamente la pobreza y la exclusión social. En
este sentido, Comisiones Obreras de Madrid fue pionera
al reivindicar, con firmeza, una Ley de Renta Mínima que,
aún no siendo condición de suficiencia económica y autonomía personal para todas aquellas personas que carecen de ingresos, ha contribuido a generar una garantía mínima de solvencia. Hoy consideramos que dicha Ley debe ser revisada, ampliando no sólo su cuantía económica
sino también los colectivos que pueden acceder a su percepción.
Del mismo modo, sería necesario reclamar la articulación
de una Ley de Servicios Sociales que mejorara sensiblemente la actual, con criterios diferentes y distintos mecanismos de gestión, evitando así su carácter exclusivamente asistencial, y la descohesión también entre los colectivos más vulnerables.
❛❛
Hay que combatir activamente la preferencia
empresarial por determinados colectivos, especialmente mujeres, jóvenes e inmigrantes, para los empleos menos cualificados, peor retribuidos, y más
peligrosos, cuando no bordeando los límites de la
legalidad.
Sin embargo, para caracterizar correctamente este proceso de negociación, debemos recordar una carencia
fundamental que Comisiones Obreras de Madrid debe reclamar con urgencia: la negociación concerniente a aspectos de carácter social en nuestra Comunidad. Y es que
la lucha sindical ha sido y debe seguir siendo una lucha por
la conquista de derechos y por su consolidación; derechos vinculados al mundo del trabajo, comenzando por el
propio derecho al trabajo, por el empleo estable y con derechos, por las condiciones en que el trabajo se desarrolla, por la retribución que por él se percibe. Pero también,
y con el mismo rango de importancia, derechos vinculados a las condiciones de vida de las personas, a la protección de los más elementales factores que determinan
la cohesión social porque garantizan la dignidad y la equidad de esas condiciones de vida.
La defensa de estos derechos no significa, sin más, orientar la actividad sindical hacia un mejor sistema de redistribución de la riqueza, siendo esto importante. Significa,
más profundamente, avanzar en la garantía universal de
La educación ha sido objeto de profundísimas y regresivas reformas en nuestro país, reformas que se materializan, fundamentalmente, en la marginación y segregación
del alumnado perteneciente a los grupos sociales más
desfavorecidos. Comisiones Obreras de Madrid, que
combatió activamente estas reformas, que fue capaz de
firmar un acuerdo sobre la calidad del sistema educativo,
no puede ahora cerrar el debate sobre educación. Por el
contrario, el objetivo del sindicato se plantea, precisamente por eso, con mucha más fuerza en el terreno educativo, toda vez que es imprescindible y urgente conseguir
un nuevo acuerdo, más ambicioso si cabe, y devolver a la
escuela su papel de espacio privilegiado para contribuir a
las políticas de redistribución.
Los cambios introducidos en el Sistema Nacional de Salud con las transferencias sanitarias, que en la Comunidad
de Madrid fueron especialmente cicateras, deben ser reorientados desde iniciativas que den la respuesta necesaria para responder a los nuevos retos de la salud. Pero sobre todo, el objetivo del sindicato debe centrarse, de manera inmediata en que el objetivo descentralizador no sólo no incorpore nuevas brechas entre distintos colectivos,
sino que contribuya a incrementar su cohesión, garantizando una integración y equiparación de la oferta de servicios para las personas residentes en todas las zonas de
nuestra Comunidad, reforzando así su carácter de servicio público y evitando la deriva hacia la privatización.
En relación a los servicios de atención a las personas dependientes, la iniciativa sindical pasar por reclamar un derecho subjetivo de atención a la dependencia que superara la actual escasez, dispersión y descoordinación de los
servicios asistenciales existentes e introduzca un auténtico factor de bienestar social.
Tampoco el acceso a la vivienda debe ser ajeno a este proceso de diálogo, que debe contribuir a resolver uno de los
problemas socioeconómicos más acuciantes en nuestra
región. Varios retos que requieren una respuesta. ■
El sector industrial en Madrid.
El carácter estratégico de la industria
extraídos de un reciente estudio realizado
por la Dirección de Economía de la Comunidad de Madrid, y del Gabinete Técnico de
CC.OO. de Madrid).
uizá de forma previa, al esbozar algunos
datos, ideas y reflexiones sobre la Industria en Madrid, habría que situar algunas
cuestiones, para mi fundamentales, desde el
punto de vista sindical.
Q
Estos datos y referencias, que no únicas,
ponen de relieve la importancia crucial que
se da en las relaciones de producción entre
las ramas industriales y de servicios, razón
por la cual se podría afirmar que el peso en
la evolución económica y en el empleo de la
actividad industrial es, con mucho, notablemente mayor que el nominal. Y ello sin tener
en cuenta el impacto significativo que también está teniendo en la asignación estadístiTenemos necesariamente que contemplarla coca del crecimiento del empleo de servimo una actividad que impulsa y nos proporcios, los procesos de externalización
ciona empleo, un bien, por cierto, muy
La defensa de la industria se ha
que están efectuando las emprepreciado, tanto desde el punto de vista
sas industriales de parte de sus
de la utilidad social, como por lo que
de convertir en el centro del interés eshasta entonces actividades prosignifica para cada individuo, y sotratégico de los sindicatos, de modo que
pias que, sin embargo, se
cialmente de garantía de estabiliseamos capaces de imprimir a nuestra actuatransfieren mediante estas fórdad y desarrollo personal y econóción sindical el necesario grado de eficacia, para mulas de externalización a acmico.
que, de forma coordinada, desde los diferentes
tividades de servicios.
ámbitos de nuestra estructura, podamos acoEs la industria, por tanto, un bien
La defensa de la industria, por
desde estos puntos de vista susmeter toda una serie de iniciativas que nos
todo ello, se ha de convertir en el
ceptible de considerar como esenpermitan contribuir a poner freno a los riescentro del interés estratégico de
cial el preservar y desarrollar con una
gos en los que se ve envuelta la propia
los sindicatos, de modo que seavisión estratégica, por lo que para ello
Industria en Madrid y en general.
mos capaces de imprimir a nuestra
hemos de impulsar cuantas iniciativas,
actuación sindical el necesario grado
medidas y propuestas, creamos contribude eficacia, para que, de forma coordinada,
yen de forma clara a este objetivo.
desde los diferentes ámbitos de nuestra estructura, podamos acometer toda una serie de iniciativas que
No obstante, los datos que se refieren a Madrid, respecto
nos permitan contribuir a poner freno a los riesgos en los
al empleo industrial, pueden conducir a pensar que las
que se ve envuelta la propia Industria en Madrid y en geafirmaciones previas que se manifiestan en este artículo
neral .
no tienen esa relevancia, (es decir, es importante, pero
menos, la Industria ) ya que según datos de la encuesta de
Ciñéndome a Madrid, he de señalar que se ha asistido en
población activa, en abril de 2004 el número de ocupados
los últimos años a un proceso de desmantelamiento real
en la industria es de 338.832, un 14.4% sobre el total,
de un sector en nuestro país tan sensible y de naturaleza
mientras que en España es del 18,7% y en la U.E. el 20,8%
tan estratégica, como es de las telecomunicaciones. La
destrucción de empleo y tejido industrial producido en las
Ahora bien, como a pesar de que estos datos prueban la
principales empresas de este sector instaladas en Madrid
debilidad porcentual que representa el empleo industrial
(ERICSSON, ALCATEL, SIEMENS, AGERE, LUCENT,
(notablemente menor en Madrid que en resto de España
AMPER, SINTEL, AVANZIT) y de empresas auxiliares
y, por supuesto, con respecto a la U.E.), se ha de con(SERVOCIRCUITOS, MICROSER), o de otras creadas
templar para un análisis riguroso, no sólo para el caso de
por la EXTERNALIZACIÓN, (que no de actividades de serMadrid (del que luego más específicamente opinaré), sino
vicios sino industriales) como S.C.I., CHATAM... a parte
a nivel general, que la Industria para su propia actividad rede dejar a miles de trabajadores sin empleo, podíamos dequiere de un sector de servicios muy potente, dado que
cir que nos ha colocado frente a una realidad que quizá
la misma necesita, para llevar a cabo su producción, de
nos aconsejaría una reflexión autocrítica, en el siguiente
proveerse de aportes ajenos equivalentes al 62% del valor
sentido:
de su producción media. Destacándose, que, de entre estos, al menos el 25% procede del sector de servicios y, así
¿hemos hecho lo necesario como sindicato para que esmismo, también un cuarto de las compras que los servito, que es una realidad, hubiera tenido otros resulcios hacen a la economía son bienes industriales (datos
◗◗◗
Creo que no sólo hemos de contemplar la Industria como un factor de desarrollo económico fundamental, que contribuye a generar
riqueza, a impulsar un determinado grado de
bienestar y a convertirse en polo de atracción
de la instalación o generación de múltiples
actividades de servicios.
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Coordinador del Departamento de Política Sectorial de CC.OO. de Madrid
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■ Julián Gilaberte Fernández
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OPINION
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tados?. La pérdida añadida en el tejido industrial y empleo
de calidad, también en Madrid, de otros sectores o subsectores como el de automoción (PIAGGIO, VALEO) y las
amenazas que se ciernen hoy sobre NISSAN Y R.V.I., pronostican determinadas perspectivas que se ciernen oscuras y complicadas sobre el futuro inmediato del empleo industrial en nuestro país, como consecuencia de la deslocalización industrial, fruto de la Globalización.
¿Hemos de situar estas cosas en el terreno de los hechos
inevitables, sobre los que poco más podemos hacer, salvo mitigar las consecuencias de la pérdida de Empleo, sobre los trabajadores que lo pierden?.
zación que tan extraordinaria y lógica preocupación generan en todos.
Podríamos decir que se aprecian, aunque no se manifiestan siempre con claridad, opiniones y alternativas diversas
que se circunscriben al ámbito estructural y que proponen
entre otras ideas:
–
–
–
–
–
–
Fortalecer el mercado.
Mejorar la posición de competitividad.
Aumentar las capacidades tecnológicas.
Mejorar dotaciones de infraestructuras.
Adecuado apoyo institucional.
Inversión en I+D, hasta alcanzar el objetivo del 3%
sobre el P.I.B., etc.
Todas estas propuestas que cito de forma enunciativa, y
comparto, es obvio que contribuirían a favorecer presupuestos de competencia y eficiencia, como aquellos que
se señalan también desde las instituciones políticas (aumento de la cualificación, aumento del capital físico y tecnológico, reformas en los ámbitos normativos adecuados,
promoción del suelo industrial, ayudas financieras y asesoramiento para la puesta en marcha de proyectos etc.).
Del mismo modo, y esto es muy importante, con el Gobierno Central se ha firmado recientemente un acuerdo
para intentar compartir y diseñar con los interlocutores
sociales, políticas industriales que favorezcan inversiones
tecnológicas que contribuyan a evitar deslocalización, reestructuraciones injustificadas, o impulsar análisis específicos mediante la puesta en marcha de observatorios industriales.
En esa misma dirección ya se han producido en Madrid
compromisos con los Sindicatos de iniciar procesos de
negociación con el Gobierno de la Comunidad Autónoma,
con el objetivo de alcanzar acuerdos que permitan impulsar en común una estrategia industrial, para lo que el Gobierno de la Comunidad ha elaborado un primer borrador
de libro blanco. Además, hemos abordado con el Ayuntamiento de Madrid un diagnóstico sobre la Industria en la
ciudad, para establecer también criterios y actuaciones al
respecto. Es de suma importancia, en mi opinión, implicar
al conjunto de las Administraciones, incluida la local, en
esa apuesta por el desarrollo estratégico de los sectores
productivos e industriales.
Es verdad que estamos asistiendo en los últimos tiempos
a un aluvión de opiniones en artículos de prensa sobre las
pautas que han de seguirse en el seno de los países de la
U.E. (15) para dotarse de unas políticas en lo industrial y
económico que permitan un crecimiento adecuado y un
desarrollo competitivo que evite que la competencia mundial, bien de los propios países de la U.E ampliada, o países emergentes, venga a representar un problema de desindustrialización creciente y pérdida importante de empleo.
Concurren también en estos momentos un buen número
de opiniones y manifestaciones muy diversas desde ámbitos de lo político o académico, que vienen, en algunos
casos, a coincidir sobre el diagnóstico, que no siempre en
las recetas, a aplicar para evitar la creciente degradación
que se está dando o pudiera darse como consecuencia
de la globalización económica, y los riesgos de deslocali-
No obstante a todo lo anterior, se producen ejemplos que
ponen de manifiesto hechos extraordinariamente relevantes alrededor de las decisiones que se están empezando a adoptar en algunos países (Alemania), en empresas tan importantes como SIEMENS, MERCEDES Y
VOLKSWAGEN, donde, tras amenazarse con cierres o
traslados de esas factorías a otros países si no se aceptan
recortes importantes en diferentes materias (aumento de
jornada de trabajo, reducción de salarios e incentivos
etc.), los trabajadores, en unos casos al margen de los sindicatos y en otros de acuerdo con los mismos, están dispuestos a aceptarlas si con ello consiguen preservar los
puestos de trabajo, aunque este tipo de soluciones se me
antojan muy temporales, en el sentido de que forman parte de un círculo que se puede ir repitiendo en el tiempo.
Estos últimos ejemplos, y otros muchos donde se evidencia la imposición empresarial, nos demuestran
◗◗◗
■ Simón Rosado Sánchez.
Secretario de Acción Sindical de la CONC
La necesidad de una política industrial integrada
n los últimos meses se han evidenciado
las debilidades de la industria en nuestro
país, lo lamentable es que para ello se haya tenido que producir un proceso de deslocalizaciones que ha provocado un grave problema
social con importantes pérdidas de empleo y
fracturas del tejido productivo. Estas deslocalizaciones no han hecho más que empezar si
no se ponen en marcha un conjunto de actuaciones a corto, medio y largo plazo en materia
de políticas industriales activas, acompañadas de las infraestructuras realmente necesarias de soporte a la economía productiva.
E
Estamos asistiendo a los efectos de muchos años de vacío de los poderes públicos, económicos y empresariales
de políticas industriales, como consecuencia de discursos económicos e ideológicos que parten de una concepción dogmática del mercado y que han impregnado a
todas las instituciones públicas y privadas de nuestro país; a grandes rasgos estos han sido los discursos y las
prácticas:
a) La absoluta confianza en el mercado, que se veía co-
rroborada por el espejismo de importantes
inversiones, antes y después de la entrada
de España en la entonces Comunidad
Económica Europea, sin caer en la cuenta
de qué tipo de inversiones y la solidez de
éstas, de allí la frase de que “la mejor política industrial es la que no existe”, da igual
quien la pronunció lo cierto es que se ha seguido practicando hasta estos momentos.
b) La apuesta por los servicios, mostrando
un cierto desprecio por las actividades industriales, también “corroborada” por el
espectacular crecimiento de los servicios,
aunque estos crecimientos (casi la mitad del total) no han
sido otra cosa que subcontratación de actividades asociadas a la industria, por lo que una caída del sector industrial arrastrará al sector servicio.
c) Un modelo de competitividad basado en mano de obra
barata y precaria, que es la causa de un considerable atraso en inversión tecnológica I+D+I. Estas son las verdaderas causas de las profundas ineficiencias de la organización del trabajo en la mayoría de las empresas y de
◗◗◗
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prensa, y que firma un profesor de Socioloque las alternativas o acuerdos antes citagía de la Universidad Complutense (Rados, resultarían del todo insuficientes si
fael Díaz Salazar), con el título “De la
no contemplamos desde el movimienLa pérdida añadida en el tejido
violencia laboral a la democracia into sindical ese análisis que también
industrial y empleo de calidad, también
dustrial”. Decía este artículo: “Se
soportan determinados expertos y
en Madrid, de otros sectores o subsectoda la paradoja de que los espaanalistas, sobre la necesidad de
res como el de automoción (PIAGGIO, VAñoles que se han ido incorporanresolver la prevalencia total que
LEO) y las amenazas que se ciernen hoy sobre
do al mercado laboral en los
produce la globalización del poNISSAN Y R.V.I., pronostican determinadas
años 80 y 90, los de mayor conder económico sobre el político,
pues queda meridianamente perspectivas que se ciernen oscuras y complica- solidación de la democracia poclaro que las decisiones o estra- das sobre el futuro inmediato del empleo indus- lítica, son los que están más indefensos al haber tenido que
tegias no están sujetas a la voluntrial en nuestro país, como consecuencia de
asumir el miedo y la impotencia en
tad legítima de las democracias,
la deslocalización industrial, fruto de la
las empresas. Por eso en España
de un gobierno, y menos aún de la
Globalización.
hay un fuerte desajuste entre demosoberanía de los pueblos.
cracia parlamentaria y democracia industrial”. Y también incluía en este mismo
Si no contribuimos a resolver esto último
artículo una referencia a una entrevista a la acdesde una disposición activa, una acción ditual Vicepresidenta del Gobierno, donde una periodisdáctica y movilizadora, no podremos defender con gata le decía que los ciudadanos piensan que quienes
rantías el futuro industrial y el pleno empleo de calidad, simandan en los políticos son las grandes fuerzas econóno que seremos víctimas de la resignación, o teóricos pamicas y empresariales, y la respuesta fue clara y contunra justificar lo injustificable, porque no habríamos encaradente: “Hay que demostrar que los que mandan son los
do lo fundamental, que no es sino nuestra capacidad libre
ciudadanos, son los titulares auténticos del poder, pero
de enfrentarnos con firmeza e inteligencia contra ese pocon la precariedad laboral no es posible elegir con liberder económico y las desigualdades que produce.
tad. Nuestro reto como Gobierno es ofrecer a los ciudadanos los instrumentos precisos para que puedan ser reMe parece aconsejable, por último, concluir este texto,
almente dueños de sus vidas, sin autonomía no hay lipara reforzar estas últimas ideas, con dos referencias
bertad, y sin libertad no hay igualdad”. ■
que se incluyen en un artículo reciente publicado en la
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las bajas tasas de productividad, por no hablar de los insoportables niveles de siniestralidad laboral y la desprofesionalización de la mano de obra.
ciales o centros de ocio), causa de casi el 50% de los accidentes graves y mortales laborales o del fuerte impacto
medioambiental.
d) La escasa internacionalización de las empresas españolas, más allá de algunas energéticas (eléctricas y derivados del petróleo), sectores financieros o telecomunicaciones y que no han sido, por cierto, un modelo de relaciones laborales en los países que se han instalado.
f) El peso cada vez mayor de la mentalidad financiera en
las empresas industriales, que han introducido objetivos
de beneficios a niveles especulativos y que, cuando no se
cumplen, provocan reestructuraciones y cierres de empresas, eludiendo toda responsabilidad social y generando una verdadera crisis de inversión en la economía productiva.
Estos bajos niveles de internacionalización de las empresas españolas suponen que suframos los efectos negati-
6■
Existen factores de carácter internacional que han puesto
en evidencia la fragilidad de nuestro tejido industrial: los
efectos de la incorporación de nuevos países a la Unión
Europea y la liberalización mundial del textil para el 2005.
El primer caso era totalmente previsible y no se ha hecho
absolutamente nada para pronosticar e intervenir a fin de
reducir los efectos de esa ampliación, se ha intentado, y
aún se sigue intentando, lo contrario de lo que hay que hacer: competir con esos países en la limitación y la reducción de los costes laborales y en la desregulación laboral,
en definitiva prolongar un modelo de competitividad agotado y fracasado social y económicamente
ALGUNAS IDEAS Y PROPUESTAS
❛❛
Estamos asistiendo a los efectos de muchos años de
vacío de los poderes públicos, económicos y empresariales de políticas industriales, como consecuencia de discursos económicos e ideológicos que parten de una concepción dogmática del mercado y que han impregnado a
todas las instituciones públicas y privadas de nuestro país.
vos (deslocalizaciones, reestructuraciones, …) del actual
proceso de globalización, sin aprovechar los positivos como la entrada en nuevos mercados.
e) Un modelo de infraestructura basada en el cemento y
grandes obras faraónicas con un abandono de las carreteras secundarias o del ferrocarril, una falta total de políticas integrales que conecten el transporte aéreo-portuario, carreteras y redes ferroviarias, que nos ha llevado a
unos “cuellos de botella” en el transporte de mercancías
por carretera, graves dificultades de movilidad de las personas y nula accesibilidad en transportes colectivos a los
centros de trabajo (polígonos industriales, centros comer-
Es necesario considerar la industria como motor del desarrollo económico, rechazando aquellas teorías que consideran superada la era industrial y que la industria no tiene
espacio en los países desarrollados, y apostando por la sociedad del conocimiento y las tecnologías de la información
y las comunicaciones (TIC). Estas teorías pueden ser tan
perniciosas como aquéllas de la no política industrial, de
triunfar estas tesis nos situaríamos en una especie de salto
al vacío, ya que las TIC son instrumentos precisamente para fortalecer la economía productiva en general y la industria en particular, si no hay actividades en las que aplicar el
conocimiento y las TIC no habrá desarrollo de éstas, y sería
una actitud suicida pensar que los países avanzados se dedicarán en el futuro al conocimiento y los países en vías de
desarrollo a la actividad productiva. En definitiva, la industria debe aprovechar el conocimiento y las nuevas tecnologías para mejorar la eficiencia de las empresas y el desarrollo de nuevos productos con mayor valor añadido.
Sería conveniente un gran pacto industrial a nivel europeo
que defina los objetivos para toda la U.E. y la implementación de esos objetivos a escala nacional y regional, de no
ser así los procesos de deslocalización que se han producido y se producirán hacia los países del Este de Europa,
serán insignificantes comparados con los que se producirán en la próxima década en Europa, incluidos los nuevos
países, hacia otros nuevos espacios económicos como
China o la India.
Perseverar en un modelo de competitividad basado en
bajos costes y desregulación del mercado de trabajo,
cuando ha fracasado social y económicamente, sólo puede conducir a retrasar el necesario y urgente cambio de
modelo; por otra parte, me parecen erróneos algunos discursos defensivos que sitúan la acción en la reducción de
los salarios en las empresas para evitar la posible deslocalización de éstas, porque lo máximo que se conseguirá
es aplazar el problema durante un tiempo, pero al final no
se evitará la deslocalización.
◗◗◗
Marco general de derechos en materia de filiación y
familia en el ámbito contractual laboral*
■ Miguel Angel Falguera Baró
Magistrado de Trabajo
a maternidad y las situaciones a ella asimiladas, así como el hecho de que generalmente el trabajador forma
parte de una unidad familiar, son aspectos naturales que
comportan efectos indudables sobre la prestación laboral, el tiempo de trabajo y, en general, sobre el propio contrato de trabajo. La intervención legislativa en la materia,
en aras a preservar y tutelar un cierto “ámbito familiar” en
el contenido y desarrollo de la relación laboral viene de antiguo, tanto en el estricto marco del Derecho del Trabajo,
como en el de la Seguridad Social.
L
No deja de ser remarcable que mientras el intervencionis-
mo heterónomo se encuentra en claro retroceso desde
hace años –especialmente en la primera de dichas subdisciplinas– no ocurre así con el mentado “ámbito familiar”: aquí la regulación del Estado no ha hecho más que
crecer en los últimos tiempos, con el conocido papel motriz que al respecto ha juzgado la normativa comunitaria.
En efecto, no sólo se han ampliado los derechos de los trabajadores y trabajadoras en la materia, sino que también
se han incrementado los supuestos causantes (asimilándose a la maternidad los casos de adopción, preacogimiento y acogimiento) y los sujetos titulares de dichos derechos (en tanto que su ejercicio ha pasado en
◗◗◗
* El texto forma parte de la introducción del libro “Filiación y familia. Sus efectos en el contrato de trabajo”, pertenecientes a la Colección Básicos del Derecho Social, de editorial Bomarzo, escrito por Miguel Angel Falguera Baró, Magistrado de Trabajo.
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OPNION
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pierden el empleo, acompañadas de planes
No tenemos en España un problema de exceformativos específicos que conecten con
sivos costes laborales y mucho menos salas necesidades detectadas y las posilariales, nuestro problema es que una
Existen factores de carácter
bles nuevas actividades.
parte del tejido empresarial está prointernacional que han puesto en
duciendo bienes y servicios de bajo
evidencia la fragilidad de nuestro tejio nulo valor añadido, en parte pordo
industrial: los efectos de la incorpoque los bajos costes laborales han
Proactivas:
ración
de nuevos países a la Unión Eurohecho innecesaria para muchas
Concertación de un Plan de políempresas la inversión necesaria pea y la liberalización mundial del textil pa- ticas industriales con medidas
en innovación de productos y sersectoriales y horizontales que
ra el 2005. El primer caso era totalmente
vicios de mayor valor. Otro de los
contemplen entre otras:
previsible y no se ha hecho absolutaproblemas que tenemos en la ma– La anticipación a las situaciones
mente nada para pronosticar e interyoría de las empresas es que la utilide crisis.
venir a fin de reducir los efectos
zación abusiva de la contratación
– Generar instrumentos de participade esa ampliación.
eventual y precaria más las horas extras
ción y diálogo permanente con los
excesivas, han generado profundas inefiagentes sociales.
ciencias en la organización del trabajo que, jun– Plan de I+D+I con el objetivo de alcanzar el
to a la falta de inversión tecnológica, son la causa de
3% del PIB.
las bajas tasas de productividad.
– Políticas de formación profesional coherente con las
necesidades actuales y futuras.
En definitiva, es urgente sentar las bases de un nuevo mo– Potenciar la conexión entre las universidades, las
delo de competitividad y en paralelo acompañar medidas
empresas y las instituciones.
de transición con políticas reactivas (que minimicen el im– Crear instrumentos de análisis y diagnósticos de las
pacto de las deslocalizaciones en los sectores y en el tediferentes situaciones coyunturales y estructurales.
rritorio) y proactivas o de anticipación.
– Una gestión más eficaz de la oferta y la demanda del
mercado laboral.
Reactivas:
– Plan de infraestructuras que favorezcan el cambio
del actual modelo de movilidad y que contribuyan a la
– Estudio de las necesidades de empleo.
competitividad de las empresas, corrigiendo el déficit
– Atracción de nuevas inversiones y ayudas sólo para
existente.
aquellos de mayor valor añadido.
– Políticas de ayudas financieras selectivas, públicas y
– Generación de nuevas actividades relacionadas con
concertadas con el sector privado.
la atención a las personas dependientes y el medio
– Conectar la negociación colectiva con los planes inambiente.
dustriales. Conseguir cuotas de intervención sindical
– Medidas de acompañamiento de las personas que
en la organización del trabajo. ■
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buena medida a ser transversal entre los géneros), aumentándose también las garantías y tutelas frente a actitudes reactivas ante el ejercicio de los mismos. En paralelo, debe destacarse que el Derecho de la Seguridad Social vive una experiencia similar: mientras se endurecen
los requisitos para el acceso a las prestaciones y se limita
su contenido –con carácter general-, en la materia analizada se amplía el terreno de las tutelas del sistema.
Esta tendencia no es sólo apreciable en el Derecho español, sino que también puede postularse del Derecho Internacional del Trabajo1 y, como se ha dicho, del Derecho
comunitario2. Nos hallamos, sin duda, ante un claro intento de los poderes públicos de fomentar la procreación
en las sociedades opulentas con el fin de mantener determinados niveles de potencial fuerza de trabajo. De esta
manera el “hecho familiar” se convierte en un bien superior
al propio contrato de trabajo, objeto de unas específicas
garantías por parte del Estado imponiéndose al empleador una serie de obligaciones específicas. Es ésta una
perspectiva que, a nuestro juicio, deviene central en el tema que estudiamos: aun y cuando en algunos casos dichas obligaciones pueden ser formalmente consideradas
gravosas y descompensadoras del sinalagma contractual, los problemas jurídicos dimanantes de las mismas
–complejos y múltiples, como se verá- no deben ser analizados desde una estricta perspectiva estrictamente contractual o con sometimiento de las mismas a la lógica de
la organización del trabajo –en esa odiosa tendencia tan
en boga en los últimos tiempos-; por el contrario, la hermenéutica al respecto debe centrarse en la protección de
la salud, la maternidad o la familia, como elementos jurídicos constitucionales de superior jerarquía.
Puede afirmarse, sin riesgo de errar, que en la actualidad
existe en nuestro ordenamiento un diverso marco de derechos y obligaciones que el legislador ha querido imponer en la relación entre privados tanto a nivel contractual,
como en materia de previsión social. Dicha intervención
tendrá un máximo desarrollo (aun hoy probablemente insuficiente) en la Ley 39/1999, para promover la conciliación de la vida familiar y laboral de las personas trabajadoras.
Esa intervención, en el enunciado doble marco contractual y de Seguridad Social, es compleja y variada. Su contenido y, muy especialmente, los criterios de aplicación
sentados por la jurisprudencia y la doctrina legal son el objeto de este estudio que tiene un objeto eminentemente
práctico. Debe denotarse, sin embargo, que no vamos a
analizar aquí los aspectos vinculados con el Derecho de la
Seguridad Social, limitándonos al estricto contenido del
contrato de trabajo, aunque es forzoso referir que, en muchos casos, como más adelante tendremos ocasión de
comprobar, existe una clara interconexión entre ambos
planos.
◗◗◗
1 .- Véase, en ese sentido el Convenio OIT 103 (y la Recomendación OIT número 95), en cuyo artículo tercero se contempla un período
de descanso mínimo de 12 semanas y en su artículo cuarto una prestación en dinero y en especie, así como el período de lactancia (art.
5) y la prohibición de discriminación por embarazo y parto. Dicho Convenio ha sido modificado por el 183, del año 2000 (y la Recomendación OIT 191). En éste se contemplan medidas específicas en materia de protección de la salud, se amplía la duración del descanso
a 14 semanas, tutelas específicas en materia de empleo y períodos de lactancia y derecho a revisiones periódicas. Por su parte, el Convenio OIT 156 de 1981 establece garantías específicas en materia de igualdad de trato entre trabajadores y trabajadoras por razón de
responsabilidades familiares. En otro plano, deben destacarse las previsiones contenidas en el art. 25.2 de la Declaración Universal de
Derechos Humanos, el art. 10.2 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y la Carta Social Europea, que
establece un descanso mínimo de doce semanas.
2 .- Vid. la Directiva 76/207/CEE, de 9 de febrero de 1976, relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato entre hombres y mu-
jeres en lo que se refiere al acceso al empleo, a la formación y a la promoción profesional, o la Recomendación del Consejo 84/635/CEE,
de 13 de diciembre de 1984, relativa a la promoción de acciones positivas en favor de la mujer; posteriormente: Directivas del Consejo
92/85/CEE, de 19 de octubre de 1992, sobre protección de la maternidad, y 96/34/CEE, de 3 de junio de 1996, relativa al Acuerdo Marco sobre permiso parental, celebrado entre las organizaciones empresariales y sindicales más representativas a nivel comunitario
– Suspensión del contrato de trabajo posterior al parto
(arts. 45.1.d) y 48.4 ambos LET y D.A 1ª del R. Decreto
1.251/2001, de 16 de noviembre).
Téngase en cuenta, por otra parte, que nuestra legislación
contempla otras medidas de protección de la familia que,
por motivos de limitación de espacio, no abordaremos
aquí, limitándonos a su simple concreción. Así:
– Permisos por nacimiento de hijo (art. 37.3 b) LET).
– Permiso por hijo prematuro o que deba permanecer
hospitalizado tras el parto por cualquier causa (art. 37.4
bis Y 48.4 LET)
3. Lactancia:
– Cambio de puesto de trabajo de la trabajadora lactante
por riesgos en el desarrollo del trabajo (art. 26.4 LPRL).
– Reducción de la jornada por lactancia para hijos naturales menores de nueve meses (art. 37.4 y 37.6 LET)
4. Adopción y acogimiento:
Suspensión del contrato de trabajo por adopción,
acogimiento preadoptivo o permanente de menores de
16 años o menores mayores de 18 años con circunstancias legales (art. 45.1.d) y 48.4 LET).
5. Cuidado de menor, minusválidos o familiar
– Reducción de la jornada por cuidado de menor de seis
años o mayor de dicha edad minusválidos físico o psíquico o familiar (art. 37.5 LET)
– Excedencia para el cuidado de hijo natural, adoptado o
acogimiento (art. 46.3 LET)
6. Otras medidas contractuales:
– Nulidad ex lege del despido, caso de no procedencia,
en supuestos de embarazo desde el inicio del mismo has-
a) Incentivos empresariales para la contratación en régimen de interinidad de trabajadores que sustituyan a otros
en situación de excedencia por cuidado de menor o de familiar (D.A. 14 LET)
b) Otros incentivos a las empresas en caso de contrataciones para la cobertura de asalariados (R. Decreto Ley
11/1998, de 4 de septiembre, modificado por el art. 18 de
la Ley 39/1999) o autónomos (Párrafo i) del apartado 1.1
del artículo cuarto de la Ley 12/2001, de 9 de julio, modificado por la D. A. Quinta de la Ley 45/2002) o socios de
cooperativas o empresas de trabajo asociado en períodos
de descanso por maternidad (D. A. Segunda de la Ley
12/2001) o por la contratación de desempleadas en los
veinticuatro meses siguientes al parto (Art. 4.1.1 i) de la
Ley 12/2001, de 9 de julio)
c) Tipos sancionadores específicos en el régimen de sanciones administrativas (arts 7.5 y. 13.1 del R. Decreto Legislativo 5/2002, Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social –LISOS-)
Puede, pues, comprobarse que la intervención del Estado
en el ámbito del sinalagma del contrato de trabajo es notable, y de indudable complejidad, en nuestro sistema jurídico.
En la medida en que las “servidumbres” que, como concreción del mandato constitucional ex art. 39 CE (STC
109/1993), impone el Estado en el marco de obligaciones
empresariales son diversas, analizaremos en forma diferenciada las distintas situaciones jurídicas a las que antes se
ha hecho referencia en los anteriores epígrafes 1 a 6. ■
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INDICADORES
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Sucintamente, el sistema normativo vigente
ta el inicio de la suspensión, en situaciones
puede ser esquematizado en la siguiente
de suspensión del contrato por materniforma respecto al contenido del contradad, riesgo durante el embarazo,
En la actualidad existe en
to de trabajo y en directa relación con
adopción o acogimiento, excedennuestro ordenamiento un diverso
las posibles situaciones en que puecia por idénticas causas o familiamarco de derechos y obligaciones que
de producirse una cierta colisión
res y permisos retribuidos por diel legislador ha querido imponer en la reentre lo que antes se describía cochos motivos (art. 55. 5 LET y
mo “ámbito familiar” del asalaria- lación entre privados tanto a nivel contrac- 108.2 de la Ley de Proceditual, como en materia de previsión social.
do y el propio sinalagma contracmiento Laboral –LPL-).
tual:
Dicha intervención tendrá un máximo desa– Interdicción legal de cómputo
rrollo (aun hoy probablemente insuficiende las ausencias por materni1. Embarazo
te) en la Ley 39/1999, para promover la
dad, riesgo durante el embarazo,
conciliación de la vida familiar y laenfermedades durante el embara– Adaptación del puesto de trabajo
boral de las personas trabajazo, parto o lactancia a efectos de pode la asalariada embarazada y en
sible despido objetivo (art. 52.d) LET).
puerperio a fin de proteger su salud y la
doras.
del feto (art. 26 Ley de Prevención de Ries– Establecimiento, si bien no en forma directagos Laborales –LPRL- apartados 1, 2 y 4).
mente vinculada con el contrato, con evidentes efectos
sobre el mismo, de una modalidad procesal específica pa– Suspensión del contrato de trabajo por riesgo durante
ra resolver los litigios dimanantes de la concreción horaria
el embarazo (art. 26.3 LPRL y arts.45.1 d) y 48.5 de la Ley
y la determinación de los períodos de lactancia y reducEstatuto de los Trabajadores –LET-).
ción de jornada (art. 138 bis LPL).
– Permisos retribuidos para exámenes prenatales y téc– Eficacia extintiva por el trabajador del pacto de horas
nicas de preparación al parto (art. 26.5 LPRL y 37.3 f) LET)
complementarias en materia de contratos a tiempo parcial
(art. 12. 5 LET), por razón de motivos familiares
2. Parto:
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TENDENCIAS
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■ Luis Enrique Alonso
Director del Departamento de Sociología. Universidad Autónoma de Madrid
Trabajo y cohesión social
“Sería un desastre que la mundialización que se está produciendo funcionara en una dirección única: por un lado, los “emisores universales”, y por otro los “receptores”; por un lado “la norma”, y por otro las excepciones: por
un lado los que están convencidos de que el resto del mundo no puede enseñarles nada, y por otro los que están
seguros de que el mundo no va a querer escucharlos jamás”
Amin Maalouf (1999: 149)
contractualista de seres estrictamente individuales y asociativismo contractualista de seres estrictamente individuales y soberanos que establecen relaciones cooperativas para mejorar su posición social- realizan el papel fundamental de dotar al mercado de una comunidad moral
absolutamente privada de acuerdo con los principios básicos de la máxima libertad individual y la negación de lo
colectivo como esfera no derivada directamente de la acción y la adición de decisiones individuales.
INTRODUCCIÓN
El malestar y las tensiones sociales que han acompañado
al triunfo del discurso de la economía globalizada han vuelto a poner en primera línea de argumentación política el tema de la cohesión social. Lo que se explica en gran parte
porque los costes sociales del modelo de desregulación
de los años ochenta y noventa se han hecho inocultables
y porque la construcción un tanto ilusoria, pero no
exenta de razón, de una imagen de los «bueAsí, la desintegración -o la exclusión- serán
nos viejos tiempos keynesianos» han venitambién un hecho -y una responsabilido a resaltar que un modelo de integraLa cohesión social liberal
dad- estrictamente privada un mal uso
ción y resolución del conflicto social ha
no es más que un resultado de
de las oportunidades vitales y coopequedado desarticulado dejando fueformas privadas de interacción
rativas del mercado y los sentimienra a los sujetos sociales -y productitos morales del capitalismo. El fracavos- que habían sido fundamentadonde cada individuo lleva a cabo
so social es considerado, desde esles en la construcción de un condesde su posición estratégica acciota óptica, como un fenómeno transisenso del bienestar (Alaluf 1999).
nes racionales y contractuales destitorio y reversible donde desajustes
nadas a maximizar la utilidad individe objetivos -o simples reveses de la
En general, toda teoría social es una
dual.
fortuna- pueden ser corregidos con
teoría implícita de la cohesión social
políticas de promoción personal, realiporque trata de resolver el problema
zadas o bien por un Estado mínimo o bien
«hobbesiano» del origen del orden social
por el asociacionismo privado que vuelven a
y las raíces que conforman el vínculo que
aumentar la capacidad de competencia en el
mantiene a los individuos unidos en formaciomercado de los individuos -en los casos más leves-, o
nes sociales estables. Además, en estas mismas teoríque vuelvan a crear las expectativas de esa competencia
as tendemos a encontrar casi siempre una teoría anexa
en los casos más aislados y severos.
del perfeccionamiento del vínculo, de manera que formas
más elementales, locales y emocionales de relación -la
Siguiendo la tradición del análisis liberal y tocquevilliano
comunidad en los clásicos términos de Ferdinand Tönnies
sobre el potencial asociativo de las democracias, James
(1980)- se van formando en complejas, anónimas, nacioColeman (1990) introduce el concepto de capital social
nales y racionales -la asociación-, consiguiendo así una
hablando de un específico recurso para la acción, que
mayor armonización entre la libertad individual y los valoconsiste en la estructura de relaciones de un individuo y
res sociales, así como entre los intereses individuales y las
entre las personas. Razonar en términos de capital social
necesidades sociales.
es considerar la sociedad desde el punto de vista del potencial de acción de los individuos que derivan de las esEl discurso, últimamente, dominante en la formación de la
tructuras de relación. En efecto, Coleman desarrolla una
cohesión social es básicamente una versión reformada y
sociología del actor estratégico y racional y se mueve desreforzada de la tradición liberal, según la cual, un mercado
de ahí hacia las macro-estructuras. El capital social, enautorregulado y sin trabas es capaz desde el centro de la
tonces, más que un objeto específico, parece constituir un
sociedad de generar la mayor riqueza posible a la vez que
punto de vista sobre el conjunto de relaciones que una sode garantizar la mayor libertad individual (Polanyi 1989). La
ciedad es capaz de generar. Las organizaciones creadas
cohesión social liberal no es más que un resultado –o
para fines específicos son estructuras que se producen y
«subproducto»- de formas privadas de interacción donde
producen capital social con una acción directa e intenciocada individuo lleva a cabo desde su posición estratégica
nal, quien controla una organización tiene un capital soacciones racionales y contractuales destinadas a maximicial; pero, además, Coleman está interesado de un modo
zar la utilidad individual. Desde esta perspectiva el proceparticular en el capital social creado, como subproducto
so de integración social es un hecho fundamentalmente
de las estructuras sociales más informales: las asociacioprivado-subjetivo donde instituciones primarias y voluntanes de ayuda mutua, las organizaciones voluntarias desde la familia al asociativismo -un asociativismo
◗◗◗
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La tesis central del análisis comparativo se especifica, entonces, en la constatación de que las diversas sociedades
tienen diversas dotaciones de capital social. En particular,
el radio de confianza -más amplio o más restringido- es
función de distintos códigos éticos, que se refieren en particular a diferentes culturas de la familia, le otorga a cada
sociedad mayor posibilidad de éxito económico y social.
La familia puede ser la base de formas económicas de pequeña empresa de éxito, como en la Italia del Centro-Noreste, donde la familia tiene un radio medio de extensión
de confianza en la comunidad, una especie de «familismo»
extendido, pero es también un obstáculo para organizaciones económicas más complejas. Las grandes corporaciones encuentran, de hecho, un terreno cultural apto
en países como Japón, Alemania y Estados Unidos, donde la familia no ha sido culturalmente un obstáculo para
formas asociativas extensas, favorecidas también por
otros elementos culturales (las sectas protestantes en Estados Unidos, por ejemplo). La zona meridional en Italia y
Rusia son, en fin, ejemplos de «familismo» restringido sin
fuertes familias ni redes de confianza más extendidas, y se
sugiere la capacidad de producir ellas solas organizaciones criminales como estructuras comunitarias solas. Hay
que señalar también que China, Francia, la Italia meridional y otras con baja confianza han pasado por una experiencia de fuerte centralización política que ha agotado el
capital social disponible. Esto no ha sucedido en Japón,
Estados Unidos y Alemania.
Por otra parte, nos encontramos con la vía más institucionalista y colectiva de afrontar los problemas de la inclusión, la solidaridad y la incrustación social. Así, la vía institucional de la cohesión social la ha abierto fundamentalmente la tradición más clásica de la sociología francesa,
encabezada por Emile Durkheim (1982), y que encuentra
la principal fuente de esta cohesión en la división social del
trabajo que crea una solidaridad por interdependencia o
necesidad mutua. Solidaridad orgánica que se considera
superior y alternativa a las formas de solidaridad mecánica o por proximidad, cercanía y semejanza situacional
asociada a grupos humanos con escasa división del tra-
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El últimamente muy difundido Francis Fukuyama (1998),
ha utilizado recientemente la vía abierta por Coleman para el análisis comparado de la estructuración social de las
sociedades capitalistas contemporáneas en una actualización reforzada de la tradición liberal. A su juicio, está en
curso una convergencia de las instituciones políticas y
económicas de los diversos países con economías orientadas al mercado y a la integración en la división capitalista global del trabajo. Se registra un abandono de las esperanzas sobrevenidas de la intervención del Estado en
los asuntos económicos, y un redescubrimiento del hecho
de que instituciones políticas y económicas sanas dependen de una sana y dinámica sociedad civil. La sociedad civil -empresas, asociaciones, escuelas, clubes, sindicatos- se funda a su vez sobre la familia como lugar primario
de socialización de la cultura, de los valores y de las disposiciones morales de una sociedad. La convergencia
económico-política de los diversos países hace emerger
el conocimiento y la importancia de las diferencias culturales.
bajo. El perfeccionamiento de la división del trabajo implica así una mayor densidad moral de la sociedad y la construcción de un marco, normativo en general y jurídico en
particular, basado cada vez más en el derecho -de diferencias articuladas- restitutivo y menos en el orden primitivo -de homogeneidades impuestas- propio de las sociedades consideradas como primitivas y autoritarias. La cohesión social es así la conciencia colectiva que como hecho social -independiente de las voluntades individualessurge como horizonte normativo y valorativo de la necesidad de interdependencia funcional que vincula a los diferentes grupos que producen en sociedad; la desintegración y pérdida de cohesión social son tomadas como un
desorden normativo, como un desajuste de normas y va-
TENDENCIAS
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rias, las relaciones entre personas ligadas en más de un
contexto: (familiar, de trabajo, religioso); las redes densas
de actividades socio-empresariales, etc.
■ 11
La familia puede ser la base de formas económicas de
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pequeña empresa de éxito, como en la Italia del Centro-Noreste, donde la familia tiene un radio medio de extensión de
confianza en la comunidad, una especie de «familismo» extendido, pero es también un obstáculo para organizaciones económicas más complejas.
lores incapaces de ajustar la división del trabajo y de estabilizar la especialización funcional de la sociedad sobre
principios morales sólidos y colectivamente respetados,
una especie de pérdida de fe en la religión civil de la solidaridad institucional y la interdependencia funcional juridificada. El conflicto aparece, pues como un conflicto normativo y valorativo, y su solución es siempre del mismo tipo: encontrar nuevas normas morales y sistemas jurídicos
que estén de acuerdo con la división del trabajo para así
incrementar la solidaridad orgánica.
Este enfoque de características solidaristas e ins-
◗◗◗
TENDENCIAS
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titucionalistas, típico del optimismo social (y presocialista)
de la primera reforma republicana de finales del siglo XIX y
principios del XX ha tenido una larga y diversa trayectoria,
y en las versiones más moderadas ha acabado siendo absorbido por el pensamiento funcionalista armonizándolo
con la tradición liberal. Así, el sociólogo norteamericano
Talcott Parsons (1976) acabó identificando la sociedad
como un sistema integrado de roles, donde el sistema cultural socializaba a los individuos en valores que los convertía en realizadores necesarios de las funciones globales de reproducción social, visión que se sigue planteando constantemente cada vez que se habla de cohesión
social (véanse, por ejemplo, Berger y otros 1999). Sin embargo esta tradición institucionalista también ha generado
una corriente más radical que llega hasta nuestros días.
minados pugnan en estrategias, ya sean de adaptación
solidaria e individualizada o de confrontación y acción colectiva. Por esto las políticas sociales que han desarrollado los Estados de orientación neoliberal crean el concepto de exclusión social como un proceso de segregación
estructural del capital social, donde «el pueblo» como colectivo queda fragmentado, segmentado y clasificado,
hasta aislar a amplios sectores de la población en categorías socio-administrativas incapaces de generar estrategias políticas por sí mismas.
Norbert Elías, en su agudo análisis sobre la exclusión social, remarca más los aspectos de la interdependencia
concreta dentro de los problemas de cohesión psicosocial; para este autor, la cohesión es producto de un proceso de construcción y naturalización de las configuraciones sociales producidas por redes de dependencia (Elias
La más interesante de estas propuestas es la de Robert
y Scotson 1997). El uso de la noción de cohesión social
Castel (1997) que parte de la hipótesis de un doble eje de
según Elías nos remite a la distancia social y la
integración por el trabajo -empleo estable, emoposición entre los establecidos y los «outsipleo precario, expulsión del empleo- y la
ders», la cohesión interna de los establecidensidad de la inscripción relacional en
dos aumenta cuando se cierran y alejan
redes familiares y de sociabilidad -inLa verdadera lucha contra la
en distancia de los «outsiders»: que
serción relacional fuerte, fragilidad reexclusión no consiste, o al mecada vez se desvinculan más y pierlacional, aislamiento social-; estas
nos no únicamente, en tratar de inden contacto en las redes de interconexiones cualifican zonas difedependencia. El uso de los factores
rentes de densidad conjunta de las
sertar a los excluidos, sino en luchar
simbólicos de generación de coherelaciones sociales, zonas de intepor una transformación y consolidarencia
de los establecidos cierra la
gración, zonas de vulnerabilidad y
ción de las condiciones de trabajo y
posibilidad de incrustarse en las rezonas de desafiliación. Evidentede vida.
des de interdependencia a los outsimente, no hay correlación mecánica
ders; por lo tanto, sólo las políticas de
entre los dos ejes -eje laboral, eje relarefuerzo de la interdependencia en las recional- y la pérdida de posiciones en
des, que combinan lo macro y lo microsouno no implica que no se pueda mantener
cial y que rompan las lógicas de exclusión de
la estabilidad social para ciertos individuos si,
los sectores internos integrados (sus blindajes simen el otro eje, se da una situación sólida y solvente.
bólicos educativos y materiales) serán medidas realmenPero, para Castel, el tema es más global e institucional, la
te efectivas para ampliar una cohesión social auténticaflexibilización y precarización del trabajo está separando
mente general que vendrá por reducción de las distancias
cada vez más, y privatizando estos dos ejes haciendo ausociales y por el fortalecimiento y el alargamiento de las
mentar las distancias entre las zonas de integración y las
configuraciones sociales y las redes de interdependencia
zonas de vulnerabilidad -riesgo de pérdida de ingresos lamateriales y simbólicas.
borales y de obtención de reconocimiento social por la
ocupación de temporalización recurrente, de rotación y
En los últimos tiempos ha crecido la atención por estas
volatilidad en el empleo, etc.- y desafiliación -desintegrametodologías de articulación de lo macro con lo micro,
ción severa, pérdida total de autonomía, exclusión, menpara investigar los modos de adaptación personales a sidicidad, etc.-; de tal manera que, para Castel, el mecatuaciones y recorridos típicos. Así el estudio de las adapnismo de la flexibilidad laboral combinado con el de la destaciones por medio de una redes horizontales de relacioformalización, desjuridificación y desinstitucionalización
nes (Granovetter, 1974), el análisis de las carreras (Arthur,
de todas las relaciones sociales y especialmente las laboHall, Lawrence 1989) y el redescubrimiento del mundo de
rales, está formando las condiciones para una sociedad
las interacción y el reconocimiento de su importancia paexclusógena, donde a la vez que aumenta cualitativamenra la estructuración social son, herramientas que Richard
te el poder y la comodidad del grupo integrado, aumenta
Sennet maneja en el que puede considerarse como el
cuantitativamente el tamaño y las dificultades de las zonas
gran libro de ensayo de finales de los noventa, cuya estevulnerabilizadas y desafiliadas. Por ello, Castel concluye
la puede permanecer todavía bastantes años. En esta
que la verdadera lucha contra la exclusión no consiste, o
obra, Richard Sennett (2000) realiza un impresionante
al menos no únicamente, en tratar de insertar a los excluidiagnóstico sobre la corrosión del carácter del ciudadano
dos, sino en luchar por una transformación y consolidapostmoderno, minimizado y movilizado éste por las relación de las condiciones de trabajo y de vida; muchas veciones laborales del postfordismo norteamericano. Sences mirar sólo a los márgenes en los temas de cohesión
nett va describiendo así, con una plasticidad casi literaria,
social impide ver que los procesos se generan en el cenla quiebra de las narrativas autobiográficas de quienes ya
tro mismo.
no pueden presentar su vida como un relato estabilizado
y organizado a partir de la vocación laboral o de la centraEn concordancia con esta tesis Pierre Bourdieu (1999) eslidad y coincidencia de su lugar laboral y su lugar social. La
tablece los procesos de cohesión social como procesos
desorientación sobre las responsabilidades personales y
conflictivos de lucha por un capital simbólico -la ciudadala percepción de la vida en la empresa como una situación
nía reconocida- que los grupos dominantes tratan de conmezcla de presión y vulnerabilidad permanente,
trolar y bloquear en su acceso, y por el que los grupos do-
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de enriquecimiento económico y avance tecnológico, pero que todavía tiene sin construir los modelos de ciudadanía, legitimación y consenso social adecuados para regular, asegurar y estabilizar la norma de empleo y los criterios
de ciudadanía multicultural propios de esta “era de la globalización” (Cohen y Kennedy, 2000). En este panorama,
culturalmente presentado como postmoderno -porque
descree de todo gran relato, de cualquier pretensión de
sentido unitario o de progreso lineal-, se abre una duda radical sobre la consideración del trabajo como categoría
económica y social, de sus formas concretas de uso y aplicación al proceso productivo y, en suma, de su colocación
en el conjunto de instituciones socio-jurídicas que conforman la ciudadanía actual como una comunidad de garantías, de derechos y obligaciones. De ahí que si en la postmodernidad, y en el postmodernismo, todo lo social se ha
vuelto débil, parece que resulta difícil el encaje en el diseño de todo tipo de organizaciones del inmediato futuro,
empezando por la organización de la misma convivencia cívica y la formación de la vida democrática de las naciones, de los valores
Pero, la obra de Sennet va más lejos,
Todo lo social se ha vuelto
que se habían venido atribuyendo al
cuando nos describe la ruptura del asdébil, parece que resulta difícil
mundo del trabajo como máximas
censo social permanente y de la reaconquistas del proyecto moderno.
lización de las personas en el trabael encaje en el diseño de todo tipo
jo. En este sentido las diferencias
de organizaciones del inmediato fuCon ello también todas nuestras forde motivación, cohesión y satisfacturo, empezando por la organización
mas de definición del trabajo y de exción comunitaria que produjo el cide la misma convivencia cívica y la
presión de su consideración social
clo fordista con respecto a las que
formación de la vida democrática.
se están construyendo sobre metáestá provocando la nueva econoforas y narraciones que lo enmarcan
mía flexibilizada, son paradójicaen un espacio en el que se entrecruzan
mente abismales a favor del modelo
y sintetizan tendencias que, a simple visde los años de posguerra, puesto que
ta, son contradictorias, pero que generan
en la actualidad ni los incentivos de consuun torbellino de condiciones nuevas para determo para las generaciones más jóvenes, -que
minar lo que es la condición laboral misma. El trabajo
ya han lo identificado y naturalizado como forma de
y el consumo fordista respondía a la lógica moderna de los
vida-, ni la perspectiva de la construcción de un futuro lamercados de masas homogeneizados y estandarizados
boral –y familiar- estable, ni la identificación con una ética
por una tecnología que encontraba en las grandes series
del trabajo que se convierta en una ética completa de vitanto la condición del abaratamiento de los productos, coda, son capaces de provocar una experiencia subjetiva
mo la posibilidad de hallar un consumidor tipo que resque ligue las trayectorias individuales y generacionales
pondía a la razón de la ampliación cuantitativa de los mercon una consciencia colectiva generadora de vínculos socados, en la formación y desarrollo de nuevas clases laciales comúnmente aceptados y reconocidos. El mundo,
borales consumidoras. La condición postmoderna ha
así, de unas relaciones laborales presidido por la flexibilicambiado esta lógica lineal y cuantitativa, no tanto supedad, el riesgo, la azarosa relación entre esfuerzos y rerándola -como pretenderían las versiones más triunfaliscompensas y la difícil inteligibilidad de sus objetivos contas y acríticas del postmodernismo teórico -sino complecretos en medio de una inflación de discursos abstractos
jizándola y rediseñándola en una diversidad de estilos de
(competitividad, mundialización, rapidez, novedad) está
vida que tiende a la individualización y a la subjetivación de
provocando en todos los niveles de la pirámide laboral
las percepciones y las trayectorias personales.
–puesto que a la precarización absoluta de los niveles más
bajos le corresponde la situación paralela de una cúpula
Sobre el trabajo -y el consumo- de masas se vienen intepermanentemente presionada y en movimiento (y angusgrando, así líneas de fragmentación y segmentación que
tia) continua- una constante situación de frustración y vaantes de responder a una simple razón cuantitativa y orcío asumida con grandes dosis de cinismo, pero también
ganizada de la economía de la producción industrial -una
con importantes disfunciones psicológicas, con falta de
mecánica ordenada de precios, cantidades y calidadesidentidad y de creación de relatos propios con vueltas haexpresan la desorganización sistemática de las culturas cia todo tipo de comunidades locales y afectivas muchas
y sobre todo las culturas laborales-, construidas ahora de
veces más cercana a la creencia premoderna que a la ramanera ecléctica y paradójica, bajo la presión de una nuecionalidad occidental.
va economía fuertemente desmaterializada y desregulada, que avanza por una senda siempre quebrada y (soTodos estos análisis, en suma, nos sitúan ante un curioso
cialmente) azarosa, pero siempre por el camino de la mápanorama y es que cuando parece más arraigada y triunxima rentabilidad financiera a corto plazo (Offe y Deken,
fante la nueva economía de matriz financiera y tecnológi2000).
ca en el ámbito internacional, más parecen mostrarse los
efectos de una especie de anomia del bienestar proceLos relatos postmodernos se han venido construyendo,
dente de un modelo de crecimiento económico que ha depues, contra las grandes convicciones sociales,
mostrado su capacidad de generar enormes expectativas
es para Sennet, una consecuencia de las nuevas relaciones laborales que desde finales de los años ochenta se
desenvuelven basándose en reestructuraciones de plantillas permanentes. En este horizonte, el recurso al trabajo
en equipo, o a unas rutinas de “buen” trato personal superficial –tanto entre los empleados de las empresas como entre las empresas y sus clientes- no puede aliviar la
tensión existencial que atenaza a cada vez más grupos
sociales colocados bajo el arbitrio de la flexibilidad, la reconversión empresarial permanente y la rotación por diferentes puestos de trabajo. Rotación y movilización por diferentes puestos y funciones que, aunque percibida míticamente como un avance personal, en la mayoría de los
casos, no son más que derivas descendentes o estrictamente horizontales que indican que en ausencia de carreras estables la movilidad funcional y geográfica impuesta
por las prácticas de flexibilización generalizada encubren,
muchas veces, una especie de esfuerzo permanente y
recurrente para no llegar a ningún sitio.
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De esta manera, el trabajo después de la Segunda Guerra
Mundial se hacía consustancial e inseparable con los elementos jurídicos de reconstrucción de la modernización
social democrática, después de la crisis y ruptura de esa
misma modernidad que había supuesto el surgimiento de
los regímenes totalitarios y el conflicto bélico subsiguiente. En este contexto de referencia –como en todos- el trabajo es indisoluble del núcleo institucional en que se incrusta, y en el ciclo que se inicia en la salida de la Segunda Guerra Mundial el trabajo es inseparable de su juridificación pública (superando la relación contractual privada), y por tanto su conversión en un derecho de ciudadanía que asociaba titularidades y bienes públicos. Con ello,
el trabajo y sus representantes institucionales quedaban
formalmente consolidados dentro de un sistema regulador que intervenía parcialmente tanto en la reordenación
de los procesos económicos en los que se incluía –el proceso productivo, las relaciones mercantiles, los sistemas
retributivos, etc.- como en las políticas sociales que lo enmarcaban (Marshall, 1998).
culturales y filosóficas de la modernidad ilustrada (Jameson, 1999 y 2000), y al enfocarse sobre la lógica de la producción han vanalizado y minimizado la importancia de la
relación salarial en la construcción de los vínculos sociales. La dinámica de las sociedades no puede ni debe explicarse, a partir de ahora, en función de los modos de producción, sino de los «modos de discurso», y el modo de
conocimiento -de manera específica- se considera más
importante que la producción social de bienes y servicios
propiamente dicha; con ello el lugar del trabajo se hace, teórica, simbólica y jurídicamente depender de las formas
de información y control de la información (Bell, 1976 y
1978). Tanto los teóricos de la postindustrialización económica (Handy, 1993 y 1996), como los de la posmodernización cultural (Block, 1990 y McGuigan 1999), coinciden en dar por hecho que hemos entrado en un sistema
informativo y reproductivo -más que estrictamente productivo- expresado en una ingente red de aplicaciones
tecnológicas que requiere una nueva capacitación, una
nueva mentalización y sobre todo un nuevo reajuste valorativo de los colectivos sociales que quieren pervivir en ese
nuevo entorno, un entorno virtualizado y simbólicamente
enriquecido capaz de debilitar las relaciones entre personas hasta convertirlas en una mera representación de representaciones mediáticas (Echeverría, 2000).
La llamada sociedad del trabajo –donde el trabajo como
relación social y el empleo como situación jurídico-económica tendían a unificarse en un mismo marco normativo e
institucional (Maruani y Renaud, 1993)- se revelaba,
por tanto, como la resolución contextual de los
conflictos sociales, producidos por la seSi entendemos por postmodernidad no
gunda revolución industrial y el primer
tanto una forma determinada de socieLa sociedad moderna cogran capitalismo financiero cartelizado,
dad o, mejor, una fase en la evolución
mo sociedad del bienestar se
así como del ciclo político de las grande la sociedad misma -lo que haría el
acababa representado como un
des guerras. Se coronaba con ello la
concepto inútil y reductivo al tratar
reforma social presentada durante
de identificar bajo un término todo
proyecto colectivo de seguridad
toda esa época como la cuestión
un complejísimo mundo de socieeconómica, en el que el mundo labopendiente de la modernidad y que
dades que en la actualidad se mezral se diseña jurídicamente y actúa
tomaba la forma de una sociedad de
clan y combinan entre sí (Vid. Eaglepor sí mismo.
la normalidad laboral, de la regulariton, 1998)- sino un ethos, una moral
dad en y por el trabajo, y en general de
que representa el marco normativo
una sociedad de la seguridad, donde el
básico que regula las relaciones con el
Estado, y las instituciones en general, se
prójimo, la naturaleza y la sociedad en su
comprometían, nominalmente, a asegurar
conjunto, podemos decir, entonces, que en
las condiciones de estabilidad laboral como un
el centro de ese incoherente e inconsistente etderecho de vida y ciudadanía. El trabajo tendía a estar rehos postmoderno (ya sea en sus versiones teóricas más
gulado por las instituciones jurídicas –regulación secunapocalípticas o más integradas, más liberales o más neodaria y débil dada la aceptación básica de la racionalidad
conservadoras) se encuentra el lugar común de resaltar el
primaria del mercado, pero muy importante en sus efecdebilitamiento y la desubstancialización sistemática de los
tos y resultados de igualación social- y gran parte de la nolazos sociales estables y predecibles (Rubio Carracedo,
vedad del capitalismo en esta fase histórica era su capa2000). Esta desfundamentación del sentido colectivo de
cidad articular mercado, democracia y ciudadanía social
las actividades humanas tiene una especial incidencia en
sobre la base de que el trabajo y los costes sociales que
el debilitamiento del lugar social del trabajo como un esse acumulaban sobre el mundo del trabajo iban a quedar
pacio regulado por garantías y derechos universalistas,
parcialmente cubiertos jurídicamente –al menos como
construidos fuera del relativismo moral y del azar existendeclaración y proyecto político- por un Estado y una red
cial de los intercambios mercantiles.
institucional que se mostraba formalmente garante de los
derechos del empleado (Erbès-Seguin, 1999a).
En este proceso estamos conociendo la destrucción de
los conceptos contextuales que creaban la misma idea de
La dinámica institucional, por tanto, era asimilar el contrabajo en la modernidad madura. El conjunto de convencepto de bienestar al concepto de seguridad laboral cociones y valores sociales que presentaban al concepto de
mo producto normativo del proyecto moderno. La societrabajo como socialmente central se diluyen y el trabajo,
dad moderna como sociedad del bienestar se acababa
lejos ya de ser un referente institucional autónomo se derepresentado como un proyecto colectivo de seguridad
bilita y flexibiliza hasta convertirse en un elemento añadido
económica, en el que el mundo laboral se diseña jurídica-en un empleo temporalizado y desprotegido- en otras dimente y actúa por sí mismo, como un espacio de identifinámicas de desarrollo técnico y acumulación económica,
cación de la ausencia de riesgo. La idea de progreso, que
más obligadas éstas a seguir los designios de la rentabilise venía arrastrando desde el proyecto ilustrado, se acadad financiera que a respetar las cautelas del bienestar sobaba concentrando en la obligación estatal e institucional
cial y, particularmente, laboral (Storper y Salais, 1997).
de generar una ciudadanía segura que armoniza-
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cial- y la formación de un compromiso cooperativo (una
disciplina negociada) sobre las obligaciones laborales, lo
que a la vez generaba obligaciones financieras y monetarias en el mundo del consumo, estabilizando definitivamente los estilos de vida laborales sobre la generalización
de una sociedad adquisitiva (Cross, 1993).
Esta situación hizo que en gran parte del occidente desarrollado –y especialmente en Europa- se ajustasen casi al
milímetro una relación salarial fordista, con una nueva norma de consumo de masas. Ajuste que no sólo separaba
definitivamente el mundo del trabajo de la pobreza extrema sino que hacía del salario uno de los factores funda-
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se los requerimientos del avance tecnológico –y de la ganancia mercantil- con la posibilidad de reparto de renta –y
de riesgos- de un sistema económico en expansión, pero
regulado social y democráticamente (Alonso 1999). El ethos postmoderno ha erosionado este sistema de equilibrios parciales e inestables, haciendo precisamente de la
explosión de la parcialidad –la fragmentación- y de la inestabilidad –el caos, el azar, el riesgo, etc.- su santo y seña
ético y político, dejando al mundo del trabajo, con ello, en
una suerte de deriva de su sentido social profundo.
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1. EL TRABAJO Y LA CONSTRUCCIÓN DE LA COHESION SOCIAL MODERNA.
La sociedad del trabajo como sociedad de la seguridad,
tenía su base productiva en la fabricación en masa, organizada industrialmente en cadena y generadora de largas
series de productos muy poco variados. Una producción
dispuesta, en una primera aproximación para cubrir mercados muy amplios y muy homogéneos basándose en
objetos relativamente simples, pero generalizados. Esta
producción masiva llevaba asociada indisolublemente la
figura de un trabajador codificado y normalizado por los
sistemas de fabricación y distribución en cadena, un trabajador estabilizado por el principio mecánico que se
comportaba colectivamente como un agente social relativamente nuevo. Es así como el “blue collar”, el trabajador
masculino e industrial, se consagraba en el momento de
la madurez fordista como el representante de la normalidad laboral, que suponía la separación definitiva del mundo del trabajo del universo de la pobreza tradicional y del
miserabilismo extremo en el que se había desenvuelto la
vida obrera a lo largo del siglo XIX y a principios del siglo
XX.
El trabajador fordista se consagraba, desde su primera
generación, como un sujeto social separado de la inseguridad radical -con lo que esto supone para la construcción
de figuras aceptables- gozando ya de una capacidad de
consumo estable y de acceso a bienes duraderos. Éste es
un hecho fundamental para pensar el mundo del trabajo
ya de pleno a partir de los años cuarenta en las sociedades occidentales, puesto que un sistema de nuevos incentivos y valores de consumo se integraba en las formas
de crear disciplina, armonía y reconocimiento social sobre
la base de los frutos consensuados del trabajo, que se
materializaban en un paquete asegurado de bienes de
consumos privados y públicos (Aglietta, 1979). Trabajadores regularizados en ciclos biográficos largos y firmes
(estabilidad en el empleo, muy poca rotación laboral, mantenimiento del puesto en la misma empresa durante prácticamente todo el período laboral útil, circulación por
puestos de trabajo de características profesionales y monetarias semejantes, etc.). Ciclos que, además, tienden a
construir una norma de consumo, un modo de vida salarial y hasta un esquema de autoridad familiar ajustado a
esta normalidad laboral que lleva asociada comportamientos económicos propios de las clases medias, como
es la adquisición de un paquete estandarizado de bienes
de consumo y, especialmente, bienes de consumo duradero. Estos comportamientos económicos suponían, una
fuerte valoración positiva y racional del esfuerzo laboral
–frente a la disciplina autoritaria negativa y misérrima de la
disciplina laboral decimonónica previa a esta reforma so-
El trabajador fordista se consagraba, desde su prime❛❛
ra generación, como un sujeto social separado de la inseguridad radical -con lo que esto supone para la construcción de figuras aceptables- gozando ya de una capacidad
de consumo estable y de acceso a bienes duraderos.
mentales en la constitución de la demanda efectiva del sistema económico; con lo que, evidentemente, sin alterar la
lógica básica de la relación salarial -producción social, beneficios privados-, tal lógica se incrustaba en un modo de
regulación social e institucional de innegables efectos redistributivos y fundamentadores de la base socioeconómica de una nueva ciudadanía laboral. Producción en masa, trabajo en cadena, ciclos biográficos en la actividad laboral muy amplios y continuados, protección y regulación
jurídico-institucional de esa actividad laboral, etc., hacían,
en suma, que el horizonte del trabajo, dentro de la más estricta lógica mercantil, fuese, a la vez, protegido
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una estructura de integración e inclusión: la ciudadanía
social (Procacci, 1999). Así, el Estado del bienestar representaba el reconocimiento institucional y normativo de la
ciudadanía laboral, cristalizado un tipo de acción destinada a garantizar una reproducción estable de la fuerza de
trabajo. Se consolidaban, con ello, una larga serie de soportes públicos diseñados para mantener de manera ordenada y garantizada la reproducción de la mano de obra
laboral: educación pública, seguridad social, políticas de
alojamiento, medios de transporte, etc.. Generalizándose
con ello la convención –aceptada en la práctica por todos
los agentes sociales- de que el Estado tenía que intervenir
para asegurar una larga serie de derechos, no ya sólo políticos –como el derecho al sufragio universal o las libertadas llamadas negativas-, sino también de derechos soEstas trayectorias de avance y consagración final de la
ciales y económicos, reconocidos. Esto suponía la consproducción en masa, la gran fábrica y la vida productivatitución de una “ciudadanía total”, basada sobre la idea de
mente estructurada, conformaban un omnipresente horique, en última instancia, el ciudadano tiene derezonte laboral asegurado, a la vez que normalizado
chos que no sólo se derivan de la participajurídicamente y regulado por una norma de
ción política, a través de los votos, o de la
consumo; situaciones, todas ellas, que
participación en la vida económica, a
acaban por crear el marco para poder
Gran parte de los efectos
partir de los precios, sino que existen
anunciar una “nueva condición obreextremos negativos y los cosnormas garantizadas por el Estado
ra”. Condición obrera que tiende a
tes sociales producidos por el funpara la obtención de titularidades de
converger –por lo menos en ciertos
cionamiento del mercado, debían de
bienes y servicios públicos. De la leaspectos reproductivos y de estilo
ser internalizados y neutralizados en
gislación laboral arcaica y protecde vida- con las nuevas clases mecionista, graciable e incluso pietista
dias emergentes ligadas también a
forma de políticas redistributivas.
(primeros controles de jornadas de
la producción masiva, pero en este
trabajo, uso de mano de obra infantil,
caso a la producción masiva de serinsalubridad, etc.) de la primera reforvicios. Nuevas clases medias que
ma social se pasa a una condición de
desbordan numérica y simbólicamente
ciudadanía social y colectiva aceptada e
a las pequeñas clases medias patrimoniaimpulsada por el Estado social que la acaba
les históricas –basadas en la pequeña proprotocolizando constitucionalmente (Midgley,
piedad comercial o industrial- y que vinculadas a
1997).
los requerimientos de la programación y la distribución comercial y financiera de un sistema económico, cada vez
Los topoi o lugares comunes mayoritariamente aceptamás complejo, de mayor escala y necesitado de personal
dos que sirven como origen de la argumentación ideológiasalariado especialista en las labores de administración,
ca y de la justificación de las políticas públicas de una épocirculación y realización monetaria de los valores (Ortí,
ca (Welsch, 1997), se situaban así en esta etapa histórica,
1987).
en la representación social del trabajo como fuente inapelable de derechos, titularidades y garantías. Tanto en lo
El crecimiento espectacular de las nuevas clases medias
que se refiere al trabajador tipo –el “trabajador masa” so–de las clases de excedente- es el responsable de que una
cializado en la cultura de la producción fordista (Pouget,
enorme masa de trabajadores de la burocracia y los servi1998)- como a su familia (consagrándose así, vía laboral,
cios entren a formar parte del mundo laboral masificado,
los esquemas de la familia nuclear moderna) conformados
normativamente asegurado, con su traducción paralela
en el primer círculo contributivo, pasando luego a consen el consumo estabilizado de bienes públicos y privados.
truirse, a partir de este centro laboral, espacios cada vez
Estos trabajadores “white collar”, estas clases medias de
más debilitados y borrosos, de mecanismos asistenciales
gestión y distribución, representaban la expansión masiva
que se constituían en formas de redistribución genérica,
de un concepto estructural de trabajo administrativo asablanda y no contributiva de las rentas de un centro labolariado; ordenado y estandarizado según principios de orral, seguro y asegurado, hacia las periferias sociales exganización racionalizada y jerarquizada, lo cual tendía a
tremas (Beaud y Pialoux, 1999). Otro lugar común, indisogenerar la construcción desde el lugar de las burocracias
lublemente ligado a la sociedad del trabajo, es aquel que
públicas y privadas de un centro ideológico de la relación
establecía la definición social de los bienes y servicios púsalarial sobre la convergencia implícita de las grandes clablicos asociada a la idea de “los fallos del mercado”. Así,
ses asalariadas y los grupos de rentas medias y medias
gran parte de los efectos extremos negativos y los costes
bajas. Una sociedad centrípeta donde la normalización de
sociales producidos por el funcionamiento del mercado,
la producción industrial en masa y la homogeneización de
debían de ser internalizados y neutralizados en forma de
los servicios administrativos y burocráticos configuraban
políticas redistributivas de ingresos y gastos públicos que
un centro social generador de valoraciones, justificacioreasignaban de esta manera -sobre la idea de una cierta
nes y convenciones normalizadoras de comportamientos
igualdad distributiva del trabajo-, los efectos no queridos
y actitudes.
del mercado. Por ello, la progresividad fiscal o las políticas
de discriminación positiva en la atribución de bienes públiEste centro laboral tomaba carta de naturaleza pública
cos se realizaban sobre esa convención de que el trabajo
mediante el Estado del bienestar, que sin hacer desapapor si mismo estaba, en la génesis de derechos,
recer las clases sociales tradicionales las componía en
por toda una serie de titularidades sociales que despejaban el horizonte temporal y fijaban unas perspectivas de
cierta estabilidad social, geográfica y funcional para la mano de obra asalariada. La expresión del vínculo directo entre progreso técnico y económico, en el mundo del trabajo, y progreso familiar y personal, en el mundo del consumo, se materializaba en un uso muy regulado de la mano
de obra que provocaba, a su vez, un incremento de las posibilidades sociales, públicas y privadas, asociadas al lugar político, distributivo y estructural del trabajo, ligado ya
definitivamente al mercado del gran consumo y superada,
igualmente, la etapa histórica y el pauperismo (Coriat,
1982).
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El Estado del bienestar, así, se mostraba como un Estado
desmercantilizador, por cuanto, fundamentalmente, operaba creando espacios de lo social en los que los precios
no funcionaban o, cuando menos, estaban mitigados por
La pobreza que –no lo olvidemos- era la condición normal
algún tipo de regulación social (Décaillot, 1999). Precisade la vida laboral del siglo XIX, se separa, en esta etapa, del
mente, porque el Estado benefactor fue el producto de la
mundo del trabajo y de sus esquemas de representación
resolución –parcial- de los conflictos sociales, después de
moral, social y política, no entrando ya ni en sus discursos
un ciclo de asentamiento de un modelo económico –el de
políticos, ni en sus protocolos reivindicativos. Se traspasa,
la producción en masa realizada por grandes organizaciopues, la responsabilidad sobre la gestión mínima del munnes empresariales- que atravesó todo tipo de enfrentado de la pobreza y la exclusión al Estado del biemientos colectivos e incluso dos guerras munnestar, que con ello no sólo tomaba labores
diales, las políticas del Estado del bienestar
redistributivas, salariales y contributivas,
no se explicaban directamente por ninguEl paradójico equilibrio
sino también asistenciales, tratando de
na ley del valor o la mera eficacia ecoadministrar y controlar parcialmente
nómica, sino por su capacidad de
keynesiano era, en realidad, un
los espacios sociales de pobreza
crear legitimidad y consenso en el
desequilibrio presupuestario toleembolsada (Elias y Scotson, 1997).
orden político y económico reinanrable que permitía cierta estabilidad
Una bolsa social que tendía a estar
te. El Estado del bienestar generapolítica y social, realizado mediante
explicada por su falta de integración
ba legitimidad y cohesión social al
políticas fiscales y de gasto anticíclien los mecanismos de la modernizareconocer necesidades colectivas
ción social (por motivos territoriales,
que no podían ser recogidas por los
cas.
étnicos, culturales, psicológicos,
aparatos mercantiles privados, la
etc.) y asignada en su responsabilidad
ciudadanía laboral –que completaba
al Estado que debía de ejercer labores
el “standard packadge” de bienes de
de tutela, de prevención, de atención y beconsumo privados con un conjunto de tineficencia, pero siempre sobre la base de la
tularidades públicas suministradas por el Essuperación del pietismo, la expresión de una restado al no ser precio eficientes- no era, por tanto, el
ponsabilidad pública colectiva y el diagnóstico de la desiproducto de la gradual evolución de la condición obrera o
gualdad extrema como un hecho que indica efectos exla vida laboral, sino la respuesta social al bloqueo de la moternos negativos y que afecta a una minoría social que dedernización y a los conflictos asociados a ello en los pribía de ser codificada y controlada por un conjunto de pomeros decenios del siglo XX, de modo que el propio conlíticas normalizadas. Todo lo cual refuerza la convención
cepto de ciudadanía integrase y equilibrase, o cuando
que abría una clara línea de demarcación psicosocial enmenos desradicalizase los conflictos de clase (Kergoat,
tre el mundo de la normalidad social –el trabajo- y la marBoutet, Jacob y Linhart 1998) .
ginalidad, o sea, la ausencia de ingreso regular y, en algún
caso, el subsidio estatal.
El Estado social generaba una ciudadanía nacional nueva
en la que un conjunto de políticas sociales públicas, planiEn el modelo de regulación social de la segunda post-gueficadas para erradicar el subconsumo social, realizaban, a
rra mundial, cuando la producción fordista y el Estado del
su vez, una contribución central en el ajuste de la demanbienestar se integran en un modelo de reproducción coda agregada a la oferta agregada, persiguiendo con ello la
herente, se asientan y desarrollan definitivamente en el
creación de espacios sociales seguros y un funcionaámbito jurídico un amplio conjunto de canales de institumiento fluido de los mecanismos de acumulación econócionalización pública del conflicto sociolaboral. Se incormica. El paradójico equilibrio keynesiano era, en realidad,
poran, además, en estas redes de mediación del conflicun desequilibrio presupuestario tolerable que permitía
to, las grandes organizaciones –muchas veces históricascierta estabilidad política y social, realizado mediante podel mundo del trabajo y a las organizaciones de la esfera
líticas fiscales y de gasto anticíclicas que, a su vez, garanpatronal, estableciéndose un fuerte mecanismo jurídico
tizaban la fluidez de la vida económica empujada por la inpúblico, asumido incluso por muchas naciones constituversión y el gasto público.
cionalmente, de negociación, regulación, codificación y
mediación estatal del conflicto laboral. El conflicto tiende,
La filosofía Beveridge –pleno empleo con “conservación
por tanto, a regularse según los parámetros del Estado y,
de las libertades básicas”, socialización de la demanda,
por tanto, a juridificarse y a ser legalmente regulado, conseguros sociales dependientes de las rentas del trabajo
siderándose como campo de actuación del derecho pú(vid. Williams y Williams 1990)- de creación de una ciudablico. De esta forma, el conflicto laboral mitiga sus efectos
danía laboral estable, se integraba así perfectamente en el
más disruptivos y destructivos al ser reconocido y consiproyecto keynesiano de mantenimiento de la demanda
derado como resultado de negociaciones y pactos entre
efectiva y estabilización nacional asistida del ciclo econólos tres agentes básicos de la sociedad del trabajo: las ormico. El Estado intervencionista de la sociedad salarial reganizaciones obreras, las organizaciones del capital y el
presentaba, por tanto, la garantía de mantener una regupropio Estado, que actúa, a la vez, como juez y colación sobre los usos mercantiles del trabajo, así como la
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creación de mecanismos de una cierta redistribución de
los costes sociales que se generaban en estos usos mercantiles, pero también hacía de esta política un sistema de
elementos funcionales para la acumulación mercantil y el
crecimiento económico. Desarrollo económico y reproducción social se construían en la misma dirección, teniendo al mundo del trabajo fordista como elemento central de este modo de regulación y construcción institucional de las bases jurídico-sociales en las que se incrusta toda actividad económica.
por encima de las desigualdades generadas por la escala
meritocrática mercantil. La edad de oro del Estado del bienestar coincidía así con la edad de oro de la modernización social en el intento, parcial y muchas veces nominales –pero real-, de neutralizar parcialmente los efectos externos negativos del mercado (Maris, 1999).
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de los frutos del crecimiento. En suma, la sociedad del trabajo, institucionalizó un modelo de regulación que había
desradicalizado su conflicto, mesocratizado su estructura
social y hecho que el conflicto realmente existente no se
convirtiera necesariamente en disruptivo y aniquilador, sino con posibilidades de generar dinámicas integrativas y
positivas para la organización social al hacerla avanzar en
el reconocimiento de sus necesidades, posibilidades y
deficiencias. Sin embargo, esta sociedad del trabajo dejaba también huecos importantes, su estatuto de ciudadanía se hacía a partir de una figura casi exclusivamente
masculina e industrial (dejando a todos los demás colectivos sin ese estatuto ciudadano o con un estatuto diferido
de esa ciudadanía central), su enfoque exclusivamente
nacional y occidental la hacía etnocéntrica (y eurocéntrica)
y su no-consideración del medio natural como un límite real la hacía ecológicamente explosiva (Vid. Beck, 1999: 4872).
mo parte de este modelo de síntesis social en equilibrio
inestable, pero con funciones latentes y manifiestas de
canalización y aprovechamiento de la energía social del
conflicto (Dahrendorf, 1979 y Coser, 1976). Se articula
con ello un modelo asimétrico de pacto –porque no todos
los agentes pueden ejercer el mismo poder en dicho pacto- que tiende en los diferentes niveles y marcos sociales
en los que se cumplimenta (desde la negociación colectivo en la empresa hasta el pacto social nacional) a corresponsabilizar a todos los sujetos colectivos implicados en
el mundo del trabajo en la gobernabilidad general de la nación, obligados casi legalmente a consensuar, llegar a
acuerdos y atender y reconocer al otro agente como interlocutor.
Esta institucionalización del conflicto abría la época del
pacto keynesiano, en el que se consagraba la idea –y la
práctica- de relativizar el orden natural del mercado –propuesto históricamente por el liberalismo y el utilitarismopara proclamar, incluso constitucionalmente, que el
acuerdo explícito de los diferentes agentes sociales es imprescindible para que la sociedad económica se estabili2. POSTFORDISMO: CRISIS Y FRAGMENTACIÓN
ce y la producción se regule (Barr, 1994). Este acuerdo báDE LA SOCIEDAD DEL TRABAJO
sico y fundamental significaba la cristalización generalizada de estrategias de toma y daca, como vía de regulaLos elementos fundamentales del Estado del bienestar
ción de las relaciones laborales, es decir, el esy de la sociedad del trabajo se han ido debilitantablecimiento de un pacto implícito por el
do progresivamente delante de nuestros
cual las organizaciones obreras aceptaojos en estos últimos veinte años. La soLa sociedad occidental de
ban la racionalidad básica (productiva)
ciedad occidental de los años ochenta
los años ochenta y noventa ha
del sistema capitalista siempre que
y noventa ha ido desmontando la conexistiese una vía legal de la participar
vención de la centralidad jurídico-soido desmontando la convención de
en la distribución de los beneficios
cial del trabajo, coronada por la idea
la centralidad jurídico-social del tradel crecimiento y, de igual forma, en
de que las instituciones, fundamenbajo, coronada por la idea de que las
la renegociación de los costes sotalmente públicas, tienen que gainstituciones, fundamentalmente púciales que ese crecimiento generarantizar un trabajo estable, seguro y
blicas, tienen que garantizar un traba. El Estado se presentaba como el
con futuro como base de la realizabajo.
gozne fundamental en el funcionación de la riqueza misma de las naciomiento del pacto keynesiano, puesto
nes. En la línea contraria, sin embargo,
que consagraba la negociación laboral,
han hecho su aparición y han arraigado
no sólo como contrato privado, sino inclutoda una serie de convenciones, dinámicas
so como ley pública (Èrbes-Seguin, 1999b), de
y valores sociales que desinstitucionalizan la
tal modo, que los acuerdos entre los diferentes sujebase jurídica –y económica- de la seguridad, centralitos y agentes sociales, se constituían como una suerte de
dad y sustentación pública del trabajo como bien colectiintercambio político, en el que el mundo del trabajo entravo. La sociedad del trabajo –esa sociedad del pleno emba en la arena de la gestión pública –de manera complepleo definida como logro social por todas las instancias
mentaria y, a la vez, paralela a la política parlamentariapolíticas durante la hegemonía de las prácticas económimediante un complejo sistema de justificaciones y reprecas de corte keynesiano y de la socialdemocratización
sentaciones sociales que venían a hacer ver la necesidad
material, no sólo formal, de las naciones occidentales- vide una aceptación implícita por todos los actores sociales
ve una crisis paralela a la crisis del concepto mismo de
de la racionalidad productiva (micro) del sistema, siempre
progreso y modernidad, crisis, por tanto, que supera el nique a nivel macro los trabajadores pudieran, por una parvel coyuntural o de ajuste más o menos difícil entre oferta
te, negociar cierta distribución del excedente económico
y demanda de puestos de trabajo, y apunta por muchos
y, por otra, traspasar hacia el Estado ciertos costes de reresortes a la construcción de un nuevo modelo o, más
producción de su propia vida laboral.
propiamente, de un antimodelo, de ocupación, inclusión y
consideración del lugar social del trabajo. Nuevo modelo
El modernismo social, la cara amable del proyecto ilustraque se inserta subordinadamente en una sociedad reticudo que expresaba la dimensión del progreso en su capalar y ultratecnologizada de impresionantes capacidades
cidad de crear armonía, acuerdo, solidaridad orgánica y
innovadoras, financieras y acumulativas, pero con serias
buen gobierno (Saint-Simón, Durkheim, el fabianismo,
dificultades, no sólo para generar los puestos de trabajo
etc.), siempre relegada y eclipsada por la cara más áspesuficientes para satisfacer las necesidades de ocupación
ra de la razón instrumental tecnocrática y mercantil, se
de nuestra sociedad –cosa que para ciertas coyunturas
manifestaba, ahora y esplendorosamente, conformando
temporales y fases del ciclo de negocios, así como para
una sociedad corporatista (Schmitter y Lehbruch, 1979),
ciertos grupos sociales tradicionales ha sido un problema
una sociedad de grandes organizaciones que acuerdan
extremo-, sino también para organizar e institucionalizar el
entre sí –con fuerzas y posibilidades de actuación muy dimundo del trabajo bajo los criterios civilizatorios de estaferentes no lo olvidemos- repartos de costes y ganancias
bilidad, calidad, justicia retributiva, equidad y se-
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Todo este proceso se ha disparado al transformarse radicalmente los diferentes mecanismos sobre los que se
asentaba la sociedad del trabajo y del pleno empleo, de tal
manera que si podemos hablar de postmodernismo es
porque un conjunto complejo de transformaciones en el
proceso de trabajo -que en su forma actual venimos ya conociendo con la muy ambigua denominación de postfordismo- se viene difundiendo por todo el centro de las economías occidentales. Así, el primer vector del actual modelo de regulación y ajuste social del trabajo sería su configuración productiva: desplegado sobre un modelo fordista de un sistema de trabajo en cadena y una norma de
consumo de masas altamente normalizada, hemos pasado a un sistema muy flexibilizado técnicamente, que ha
tendido a sobre-automatizarse y diseminarse, y que, a su
vez, de una manera muy rápida, ha generado líneas de
consumo muy diferenciales y una alta gama de estilos adquisitivos de vida. La fuerte tendencia del proceso productivo a robotizarse y a hacerse más intensivo en capital
e información es paralela a otra dinámica profunda que
hace que las condiciones de contratación de la mano de
obra se desformalicen y se relacionen más con el ciclo de
negocios que con las convenciones jurídicas que protegen al factor trabajo, coincidiendo con la disminución radical de las necesidades de mano de obra fabril, cualificada y formada según los esquemas típicos de la sociedad
industrial (Coriat 1993).
Se hacen, así, patentes, tendencias a la desindustrialización y deslocalización del tejido industrial tradicional de las
sociedades modernizadas. La economía productiva va
perdiendo efectivos y fuerza de trabajo industrial, en el
marco de una flexibilización que primero es técnica, pero
que luego se convierte en social general; la estructura cerrada de la gran fábrica se transforma en una red de producciones nacionales e internacionales, fenómenos manifiestos de contratación, subcontratación y externaliza-
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Esta entropía en la integración social del trabajo ha alcanzado de lleno al Estado social del bienestar de características estructurales básicamente socialdemócratas –aunque, lógicamente, muchos de los gobiernos de la época
no lo fueran-, que establecía los parámetros jurídicos básicos de intervención pública para que, por una parte se
asegurase la rentabilidad privada, pero también para que,
por otra parte, se garantizase que los costes sociales de
esa rentabilidad privada iban a ser asumidos públicamente, adoptando una clara vía asistencial, asociando al hecho colectivo del trabajo un amplio paquete de titularidades, capacidades y opciones al disfrute de bienes y derechos sociales (Pasquino, 2000). La centralidad del Estado
social de derecho y del trabajo se hacían así la misma, en
el espacio institucional del capitalismo intervenido y regulado; sin embargo, en los últimos años hemos conocido
un poderoso debilitamiento de la acción pública y las políticas reasignativas del Estado nación, desequilibrándose
las funciones económicas o acumulativas con respecto a
las sociales y legitimadoras de este Estado intervencionista. La gran llamada a la competitividad universal y la nueva remercantilización han desencajado la idea que hacía al
trabajador masa igual al ciudadano social, en el contexto
de una fuerte correlación, entre identidad laboral e identidad social (Sabel y Zeitlin, 1997).
ción de funciones empresariales se combinan con dinámicas territoriales complejas de conexión productiva a
corta y larga distancia (fenómenos de fábrica difusa, distintos industriales locales, asociaciones y alianzas de empresas, desvinculaciones, divisiones y fusiones de empresas en el ámbito internacional, etc.). Una estructura productiva, por tanto, mucho más reticular y fragmentada
que la macro-industria o la macro-planta mecánica, modelo de unidad productiva que había servido como punto
de referencia casi único a la formación de la imagen central del trabajo en el período fordista. Esta tendencia a la
deslocalización y a la generalización de redes tecnoproductivas muy diseminadas y descentralizadas dentro de
los países más desarrollados se acompaña con extraver-
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guridad, criterios todos ellos derivados de la ciudadanía
propia de la modernidad progresista.
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La economía productiva va perdiendo efectivos y fuerza de trabajo industrial, en el marco de una flexibilización
que primero es técnica, pero que luego se convierte en social general; la estructura cerrada de la gran fábrica se
transforma en una red de producciones nacionales e internacionales, fenómenos manifiestos de contratación, subcontratación y externalización.
sión de parte de las ramas y producciones industriales clásicas –más intensivas en mano de obra- hacia las semiperiferias. El modelo sectorial productivo, en suma, ha cambiado de configuración, es más dinámico, postindustrializado, ligero y disperso en los países centrales, a la vez que
se han trasladado parte de las producciones masivas hacia los nuevos países industrializados, lo que hace, en su
conjunto, que los esquemas de caracterización del trabajo basados en la empresa industrial orientada principalmente al mercado nacional sean cada vez más insuficientes para entender el valor de la vida laboral actual (Castells,
1997/8).
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paradojas y multideterminaciones de un modelo cada vez
Los efectos transformadores sobre el tipo de producto fimás dinámico, flexible y fragmentado de incrustación insnal y los estilos de vida también han sido espectaculares,
titucional y territorial del mercado en la sociedad (Davis,
para las nuevas clases medias ascendentes y clases me1999).
dias altas, así como para las nuevas élites de servicios (ligadas a las actividades de intermediación financiera, tecCoherentemente con esto, hemos visto aparecer procenológicas o de producción simbólica o mediática) las sesos de segmentación profunda del mercado de trabajo,
ries de objetos aumentan en sus gamas, se hacen más
generándose una estructura de mercados múltiples y mucortas, distinguidas y diversas; en general, los modelos
chas veces impermeables, entre ellos con segmentos sedisponibles para el consumidor se disparan en cantidades
cundarios o externos donde se concentran las especificay calidades, las configuraciones formales de los objetos
ciones de cualificación más elementales y los colectivos
tienden a tomar estilos mucho más personalizados. De los
laborales más expuestos e indefensos. La imagen de un
grandes mercados de masa muy homogéneos, pasamos
mercado de trabajo general, jerarquizado, pero homogéa mercados muy fragmentados, con todavía un segmenneo y continuo, se ha transformado y disuelto en un conto o núcleo duro dominante cuantitativamente de consujunto de colas particulares y autonomizadas que se ormo muy normalizado, estandarizado y estéticamente
denan según lógicas institucionales diferentes y
convencionalizado; pero con una enorme prodivergentes. Se multiplican, con ello, los
fusión de estrategias mercantiles de aprosubmercados concretos de trabajo, envechamiento y refuerzo de nichos de deEl impacto sobre el terricontrándonos con el mercado negro o
manda cada vez más pequeños, camtorio de todo este proceso es
ilegal, el gris o semiclandestino, el irrebiantes, dinámicos y económicagular o precario, el rosa u ocupado
mente diferenciados. Criterios de
impresionante, generando nuevas
históricamente por mano de obra ferenta, generacionales, territoriales,
desigualdades, desplazamientos y
menina de bajo coste, y así toda una
de micro-grupo afectivo, de red rebarreras espaciales –efectos frontepanoplia de espacios balcanizados
lacional, etc., rompen y fragmentan
ra- desindustrializándose parte de
y desestructurados donde los trabalos mercados potenciales de bielos territorios fabriles históricos.
jadores nacionales o inmigrantes
nes de consumo creando líneas de
más desprotegidos se estratifican en
identidad de producto muy específiocupaciones de baja deseabilidad socas. De esta manera, estamos obsercial (Laville, 1999). Pero frente a este mervando la quiebra de la tendencia central
cado que ha estallado en miles de fragmenen el fordismo a generarse identidades grutos desarticulados, también aparecen espacios
pales directamente derivadas del mundo laboespecialmente bien defendidos, elitizados o blindaral, a partir de una solidaridad mecánica básica en la
dos, donde se ordenan los gestores y técnicos ascendenque el mundo del trabajo propiciaba, de manera casi inte de la nueva economía de los servicios, el diseño informediata, normas de consumo y formas de vida muy comático o electrónico o la intermediación financiera. La tenherentes y homogéneas con la disciplina productiva (Luttdencia a la fragmentación se completa con una tendencia
wak, 2000).
paralela a la dualización lo que significa un estiramiento y
polarización de la pirámide estratificacional lo que implica
El régimen de acumulación actual es, por tanto, un sisteque esas solidaridades fuertes (orgánicas y mecánicas)
ma que combina una panoplia muy diversificadas de forque se habían creado desde el mundo del trabajo se conmas de producción flexibilizada y aligerada, en el sentido
vierten en solidaridades dañadas, vínculos que se consde su vinculación en tiempo real a los requerimientos del
truyen precariamente entre sujetos sociales débiles en
mercado eliminando cualquier freno al ajuste rápido en
una sociedad hojaldrada y claramente neoestamentalizaforma de norma jurídica o límite económico (costes de alda donde es muy difícil encontrar factores genéricos de
macenamiento, de personal fijo, de tiradas no ajustadas,
unidad ideológica en torno al mundo del trabajo (vid. Minetc.). Producción que tiende a descentralizar su fabricagione ,1993).
ción en el ámbito internacional buscando las ventajas
comparativas en costes de las economías de plataforma,
La consagración jurídica de esta fragmentación del mera la vez, que a adaptar, hacia el interior, formas de concado de trabajo ha venido de la mano de su desregulación
tractualización y descentralización productiva que difumiestructural, lo que supone una fuerte liberalización y temnan y diluyen en distintos empresariales y constelaciones
poralización de las condiciones de entrada y salida al mercada vez más borrosas de empresas, la fabricación y la
cado de trabajo, así como una multiplicación y debilitacomercialización clásica (Durand, 1999). El impacto sobre
miento de las formas contractuales, lo que ha hecho que
el territorio de todo este proceso es impresionante, geneel concepto de flexibilidad haya pasado al lenguaje común
rando nuevas desigualdades, desplazamientos y barreras
no ya como un concepto técnico, ni siquiera jurídico, sino
espaciales –efectos frontera- desindustrializándose parte
como una preconcepción social general que se asocia a
de los territorios fabriles históricos; pero, a la vez, geneuna serie de sujetos sociales debilitados en sus derechos,
rándose importantes polos de atracción de capital e innocon identidades errantes o a la deriva, y casi incompatibles
vación tecnológica en el ámbito global. Este proceso de
con la idea de seguridad y estabilidad el Estado del bierearticulación de la sociedad y el territorio, en función de la
nestar keynesiano y la sociedad del trabajo. Justamente
máxima movilidad de los recursos financieros y de la gecuando se produce ese estallido de las identidades laboneración del máximo número posible de mercados rentarales aparece un fenómeno social difícil de asimilar a lo que
bles finales, tiende a fragmentar las identidades genéricas
considerábamos el centro social de la sociedad de pleno
y especialmente las identidades laborales nacionales. El
empleo; éste es que el trabajo tiende a quedar determinatrabajo en masa como forjador de identidades –trabajo
do por un proceso de institucionalización social de la inque se traducía inmediatamente en una norma de consucertidumbre fabricada (Giddens, 2000). En una
mo de masas-, tiende a quedar desdibujado detrás de las
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los servicios de proximidad semiclandestinos (cuidado de ancianos, niños,
etc.), hombres inmigrantes en las labores
manuales de la construcción o la agricultura de temporada, etc.. Colectivos, todos ellos,
que difícilmente pueden ser considerados como elementos de esa clase obrera fordista estabilizada en unos
modos de vida propios de la edad de oro del Estado del
bienestar. Cada vez se va haciendo más difícil, a lo largo
de este período, encontrar puestos de trabajo de reciente
creación que sean fijos y relativamente seguros, sobre todo, para incluir a estos colectivos especialmente frágiles
(Thurow, 1999).
Paralelamente a este proceso, hemos asistido también a
un profundo y muy difundido episodio de crisis y reconversión del Estado del bienestar. Por una parte, se han
producido abiertas posturas políticas de cuestionamiento
de los efectos sociales y económicos del Estado del bienestar, acusándolo de generar burocratización, ineficiencia, derroche, inflación, indisciplina social, etc.; pero, a estos ataques que han cristalizado en un discurso ya aceptado y universalizado como neoliberalismo, hay que añadir una crisis auténticamente estructural de la relación salarial fordista, que ha mostrado sus limitaciones y contradicciones en el final del gran ciclo keynesiano (Rodríguez
Ortiz, 2000). La llamada crisis del Estado del bienestar
–convertida en lugar común de todo tipo de literatura social, sea periodística, científica o política- se ha mostrado
como un complejo e intrincado conjunto de dinámicas
que han hecho que el sentido de la intervención del Estado haya cambiado en los últimos veinte años y que el lugar político, territorial, económico y social del Estado se
haya hecho cada vez más contradictorio y problemático
–pero no por ello, como pretenden las visiones más ingenuas de la globalización, menos importante- a lo que en su
día fue el Estado del bienestar keynesiano que sirvió para
armar y dar coherencia a la sociedad de la ciudadanía laboral.
su intervención y superando un primer
momento de simple y agresiva retórica
antipública (“reaganomics”, thatcherismo, etc.) con acciones privatizadoras o supresoras de servicios sociales –pero sin un modelo alternativo de vinculación entre Estado y economía-, para ir construyéndose estrategias de intervención
estatal que –lejos de la simple supresión- van minimizando, localizando, seleccionando y focalizando las actuaciones del Estado social. Mientras que, a la vez, se van incrementando las actuaciones destinadas a la remercantilización de los sectores estratégicos, y la facilitación del
despliegue de las redes financieras, tecnológicas y productivas (Boix, 1996). Con este tipo de cambio de modelo sociopolítico de intervención, mucho más cercano a un
Estado promotor o empresarializador que a un Estado social, aparece la convención generalizada de que ya no son
los fallos del mercado ni el motor ni la justificación básica
de la intervención estatal, sino que es el “castigo del mercado”, esto es, el convencimiento de que el Estado no
puede crear costes sociales excesivos o generar espacios
fuera de la ley de la rentabilidad económica, sino, todo lo
contrario, su función principal es instituir las condiciones
para que se creen posibilidades de beneficio empresarial
y, por ende, de empleo y riqueza general, considerada
desde el lado de lo individual y lo privado. El Estado en el
postfordismo se ha ido transformando radicalmente, dejando inexacta, esquemática e insuficiente la imagen–cliché de la simple privatización o el desmantelamiento, para convertirse en un Estado remercantilizador y constructor político de oportunidades de negocio a todos los niveles, desde lo local a global. Un Estado, así, antes basado
en las titularidades sociolaborales universales como se
pretendía en el Estado del bienestar de corte keynesiano
(Vid. Adelantado, 2000).
De esta manera, conocemos la tendencia del Estado
postfordista a su centramiento en las políticas de reordenación y redefinición económica, financiera y tecnológica,
mientras se detecta una fuerte limitación y con-
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Hemos conocido, por tanto, déficit estructurales y continuados de los Estados occidentales contemporáneos
que han anunciado continuamente el peligro de una especie de bancarrota del Estado actual, con efectos fuertemente desequilibrantes para las economías y las sociedades occidentales. El diagnóstico neoliberal ha sido claro,
el Estado del bienestar rompe los equilibrios mercantiles
por sus ingerencias en los mercados financieros al tratar
de financiarse ocupando márgenes de rentabilidad del
sector privado, por ello el Estado del bienestar se ha conDe este modo, en el mismo momento que la nueva ecovertido, según este mismo diagnóstico, en un Estado innomía de la rápida innovación tecnológica y de las grancompatible con la ola de relanzamiento de una nueva ecodes operaciones de ingeniería financiera han generado
nomía mercantil más potente, flexible, inmaterial y necesiuna cultura de la alta rentabilidad a corto plazo (lo que tamtada de financiación, siendo cada vez menos eficaz en acbién ha producido en muchos casos conductas inducidas
tivar la demanda efectiva al generar todo tipo de efecde especulación y consumo ostentoso), han ido surtos de expulsión (crowding-out), desplazando
giendo también enormes estratos funcionales
al sector privado de grandes espacios renen el mercado de trabajo ocupados por sutables de la economía y desincentivar la
jetos sociales débiles y adaptados a las
Cada vez se va haciendo
actividad empresarial privada por la exocupaciones más degradadas de la
más difícil, a lo largo de este
cesiva presión impositiva y por su inje“zona obscura” de la sociedad de
período, encontrar puestos de trarencia en los mercados reales y fiservicios: jóvenes en situaciones de
nancieros.
(falsas) becas, prácticas o contracbajo de reciente creación que sean
tualizaciones microtemporales, pafijos y relativamente seguros, sobre
Ante este diagnóstico, los Estados,
rados de larga duración en la ecotodo, para incluir a estos colectivos
a partir finales de los años ochenta,
nomía sumergida, mujeres inmiespecialmente frágiles.
han ido transformando el sentido de
grantes en el servicio doméstico o
sociedad que para producir ganancias extraordinarias genera riesgos permanentes, el trabajo en su conjunto tiende a quedar subordinado a las dinámicas de rápida rentabilidad económica, mientras el discurso de la competitividad a ultranza y la aceleración forzada coloca en situaciones de inseguridad básica en la reproducción de su condición laboral a grandes sectores poblacionales y generacionales de esta “nueva” sociedad.
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te sentido, la figura del contrato laboral privado había sido
tención del Estado del bienestar clásico de corte (parcialabsorbido por el pacto keynesiano en un conjunto de insmente) redistributivo. Las políticas sociales se van resitituciones de negociación que se desplegaban desde los
tuando hacia las medidas de corte más asistencialista (inconvenios colectivos hasta los pactos nacionales modifitervención en casos de extrema necesidad, de marginacados la matriz estrictamente individual de la relación sación, de miseria, etc.) y, por ello, a encargarse a organislarial. La ruptura del pacto keynesiano ha supuesto, precimos locales, a dirigirse a grupos muy específicos y de alta
samente, una fuerte desestructuración, individualización y
vulnerabilidad social o a encargarse a cuerpos y organizaempresarialización de las relaciones laborales donde unas
ciones intermedias de la sociedad –organizaciones alsituaciones de contractualización, o incluso precontractruistas seglares o laicas-, sin descartar tampoco una ciertualización, muy desiguales, inseguras y diversificadas
ta empresarialización del sector bienestar. Por otra parte,
avanzan y limitan el estatuto público del contrato laboral y
se conoce un innegable declive de la política social como
la negociación colectiva. El pacto keynesiano se ha roto
elemento de seguridad y normalización de las clases medesde el momento en el que la democracia social es incadias laborales, bienes sociales que tenderían según las
paz de generar una red de convenciones y acuerdos soactuales convenciones mercantilizadoras a suministrase
bre la redistribución de los productos del crecimiento ecode manera principal a partir de formas privadas y emprenómico, y la internalización de sus costes, esto es, cuansariales de gestión y cobertura de riesgos (Mann, 2000).
do Estado, trabajo y capital son incapaces de encontrar
En gran parte, la identidad entre Estado y clases medias
espacios de acuerdo para racionalizar sus posiciones y
se ha roto en lo que respecta a la asociación entre un cademandas sociales mutuas, porque se parte en los nuepital social colectivo y gestión pública de riesgos, y el misvos modelos de crecimiento económico y tecnológico
mo proceso de fragmentación, borrosidad y dualización
postfordistas, que no puede existir frenos o normas sode las clases medias ha hecho que en sus tramos desciales que relativicen la competitividad económica de los
cendentes su exposición a los riesgos sociales (desemsistemas productivos y financieros (Recio, 1997). En este
pleo, vulnerabilidad, fracaso social) haya ido en aumento,
esquema de actuación –que en el discurso de la nueva
mientras que en sus tramos ascendentes hayan acudido
economía se lleva hasta sus últimos extremos- la
a formas de capitalización privada a partir de la
fuerte financiarización de todos los espacios
construcción de fondos, depósitos, contrasociales, ha creado dificultades para la fortos de servicios, seguros y, en general, formación de las demandas sociales del
mas de consumo defensivo que busEstamos así, asistiendo a
trabajo y para, incluso, la consideracan, por la vía privada, una cierta reun proceso donde se está redución de los actores sociales que reconstrucción del bienestar indepenciendo y, en parte, disolviendo el
presentan al mundo de trabajo como
diente
de
la
ciudadanía
núcleo central y los repertorios teportadores legítimos de intereses
productiva/laboral y de la obligamáticos de la negociación colectiva y
generales. Esto crea una tendencia,
ción pública de defenderla, típica
de keynesianismo y de su marco las relaciones laborales estatalmente cada vez más acusada, a erosionar
el sentido social del contrato laboral
fordista.
reguladas y centralizadas.
y la relación salarial –estatalmente regulada- y a individualizar, personalizar
Esta tendencia se acentúa con el proy desinstitucionalizar de las relaciones
ceso de la globalización y mundializalaborales hasta convertir el concepto de
ción de la economía actual. No porque el
trabajo (público, institucionalmente garantiEstado/nación haya dejado de intervenir en
zado, asociado a titularidades, etc.) en el de una
la economía o se vaya a disolver en el vacío, sino
bolsa de empleos ofrecidos en diferentes niveles y colas y
porque se codifica limita y unifica el sentido de sus polítipor el que los individuos a título personal pujan en función
cas en función de la internalización de las estrategias ecode unas “competencias” consideradas como estrictanómicas, mercantiles y, fundamentalmente, financieras,
mente individuales (Reina, 2000).
de tal forma que actuar contra ellas puede suponer perder
posiciones en la división internacional del trabajo. Así el
Estamos así, asistiendo a un proceso donde se está reduEstado/nación en un entorno postfordista no puede mosciendo y, en parte, disolviendo el núcleo central y los retrarse como socialmente eficaz, porque si lo hace deja de
pertorios temáticos de la negociación colectiva y las relaser económicamente eficiente, por lo tanto, según las
ciones laborales estatalmente reguladas y centralizadas.
convenciones económicas dominantes, la única intervenDisolución que opera en una doble vía, por una parte, en
ción estatal plenamente legitimada es la de garantizar la
lo que respecta al aumento de grupos vulnerables y coeficiencia productiva nacional –y sobre todo el equilibrio filectivos laborales inestables y precarizados, todos ellos
nanciero- de cara a salvaguardar la posición competitiva
sin capacidad política de imponer sus reivindicaciones en
internacional de la economía del país (o la región) en cueslos procesos de agregación, concertación y negociación
tión. La progresividad –social, fiscal, presupuestaria, etc.salarial; por otra, en la aparición de grupos profesionales
del Estado del bienestar clásico ha sido sustituida por una
técnicamente muy cualificados pero extremadamente inmezcla de ortodoxia presupuestaria y neutralidad social
dividualizados en sus procesos de contractualización laen el Estado promotor y empresarializador postfordista
boral así como reacios a la normalización y ajuste colectidestinada a promover e integrar –o a compensar cuando
vo de sus condiciones de trabajo. Hemos pasado así de
los equilibrios son excesivos- las bases económicas locaun modelo macro-corporatista basado en la unificación,
les en la economía internacional (Aglietta, 1990).
representación y negociación de intereses a través de
grandes organizaciones nacionales derivadas de la diviDirectamente relacionado con esto se encuentra el prosión del trabajo a una compleja red de agencias microceso de transformación de los modos jurídicos de regulacorporatistas de rama, sector, empresa o incluso línea
ción de las relaciones laborales y de formación de garanprofesional nacional o internacional, que repretías contractuales negociadas en el ámbito laboral. En es-
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El tradicional discurso de la era keynesiana sobre la convergencia política de los grupos asalariados, o entre las
funciones técnicas y las funciones laborales tradicionales
–discursos del tipo “nueva condición obrera”, “nueva clase” “proletarización del trabajo intelectual” o “alianza de
las fuerzas del trabajo y la cultura”, etc.- se ha sustituido
por un fuerte particularismo reivindicativo que acaba acumulando los costes sociales más evidentes (largas jornadas, bajos sueldos, malas garantías, etc.) en los grupos laborales y salariales más indefensos e inestables. Coherentemente con esto, hemos conocido un innegable desgaste de las grandes organizaciones sindicales, perdiendo fuerza y presencia social, precisamente porque cada
vez pueden inducir menos una lógica general de reivindicación y movilización sobre colectivos fuertemente sometidos a una estratificación interna –que incluso llega a la
dualización- de las condiciones salariales. El avance de
efectivos laborales (o superdinámicos o súper-inestables)
que se emplean en muy buenos y muy malos trabajos en
el sector servicios, justo cuando disminuye la población
ocupada fija en el sector de la producción industrial, construyen un mapa laboral difícilmente asimilable a la relación
salarial fordista (Gadrey, 1996).
Este tipo de situación hace que sea muy problemático hablar en estos momentos de la centralidad y estabilidad política del trabajo –rasgo que, en definitiva, se convierte en
el descriptor sociológico fundamental de la sociedad
postmoderna- dejando a éste sin bases sociales posibles
para la constitución de un pacto universal y generalista sobre los repertorios interpretativos y bases temáticas y justificativas que se manejaron en la era fordista y keynesiana. Estabilidad y centralidad que también encuentra sus límites territoriales al minimizar su eficacia la concertación
laboral nacional, al enfrentarse con una economía globalizada, o al crearse espacios regionales o locales mucho
más flexibles que el Estado/nación para generar acuerdos
o pactos que, ahora, tienden a presentarse justificativamente más para lanzar la competitividad económica de la
zona que para generar paz o bienestar social.
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3. DEL EMPLEO DÉBIL A LA SOCIEDAD DÉBIL: LA
FRAGMENTACIÓN COMO MARCO DE LA FLEXIBILIDAD TOTAL
El modo de regulación fordista tenía efectos evidentes de
uniformidad social y de monotonía cultural, tanto por el lado de las políticas públicas como por su desarrollo de una
cultura de consumo de masas. La libertad de elección, en
el universo fordista de formación de una sociedad de consumo de masas, se presentaba como relativamente pequeña; grandes franjas de la población consumían, por
primera vez, prácticamente lo mismo, accediendo a bienes técnica y culturalmente muy homogéneos y, en parte,
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sentan el nuevo poder de ciertos colectivos de técnicos y
gestores capaces de sacar ventajas de sus situaciones
particulares o de sus competencias específicas (posesión
de cualificaciones muy particulares, capacidad de bloquear un servicio o suministro, importancia estratégica,
económica o política del sector, etc.). Conocemos, por
tanto, una fuerte desintegración y fragmentación de todo
el universo laboral tradicional al que cada vez le resulta
más difícil encontrar incentivos de movilización, propuestas de acción y unificadores simbólicos capaces de encontrar eco en colectivos genéricos. Esta especial capacidad incluso simbólica, de imponer por parte de los técnicos y gestores sus condiciones específicas en las negociaciones concretas –fuerza que, de hecho, se trata de
trasladar a ámbitos externos, en procesos de desfiscalización o de movilización internacional de los recursos de
todo tipo- es simétrica a la imposibilidad por parte de los
colectivos laborales tradicionales de hacer incluir sus demandas no sólo ya en los objetivos de políticas económica de los gobiernos, sino también en las convenciones comúnmente aceptados de lo que es el bien común o la “cooperación negociada” (Beltrán, 2000).
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Hemos conocido un innegable desgaste de las gran❛❛
des organizaciones sindicales, perdiendo fuerza y presencia social, precisamente porque cada vez pueden inducir
menos una lógica general de reivindicación y movilización
sobre colectivos fuertemente sometidos a una estratificación interna –que incluso llega a la dualización- de las condiciones salariales.
sostenidos por políticas estatales más o menos fuertes,
pero siempre presentes: bienes de consumo de masas,
televisión y radio públicas, campañas nacionales de expansión del consumo, empresas nacionales, ayudas y/o
producción pública de bienes de consumo, etc.. La sociedad de consumo, como modelo de conceptualización
más o menos idealizado -o contra-idealizado desde las
escuelas críticas- de la expresión social de la madurez
opulenta del industrialismo moderno, hacía hincapié, por
tanto, en los efectos integradores y funcionales que producía ese tipo de sociedad: clases medias emergentes,
clase obrera «integrada», mercados de masas, pleno empleo, prestación impersonal y múltiple de bienes y
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los en parados de larga duración, trabajadores precarios;
trabajadores autónomos que saltan de un supuesto ‘negocio’ a otro sin capacidad de asentamiento, asalariados
azarosos de ‘trabajos malos’, jubilados y prejubilados atípicos, o, en general, en cualquier grupo social que mantiene con dificultad las condiciones de vida que disfrutaba.
Todos estos sectores tienen una característica común,
que es el de su estancamiento como proyecto de vida, en
un mundo que cambia con una rapidez frenética, y hace
central en su discurso ese cambio, estos grupos caen tendencialmente en el esfuerzo permanente por permanecer
en el lugar social donde estaban, movimiento sin avance
real que muchas veces acaba en la marginalidad. Por otra
Sin embargo, este tipo de representación de lo social se
parte, la austeridad impuesta hacia el coste del factor traha ido quedando sin sentido ni referencia, en cuanto ha ido
bajo, la congelación, el recorte o la redimensionalización
cambiando la configuración de los procesos económireal de importantes espacios y servicios del Escos y productivos contemporáneos; cambio
tado del bienestar, la fuerte tecnificación del
centrado, como hemos visto, en el paso de
proceso productivo y la preponderancia
una matriz productiva fordista a un moLa nueva estructuración
de los negocios financieros han hecho
delo postfordista de fabricación y esde clases, al debilitar la relaque los típicos efectos redistributivos
pecialización flexible. Con ello, en
clásicos de las políticas keynesianas
gran medida, ha estallado ese unición salarial como regulador jurídihayan sido sustituidos por los “reaverso social, unificador e integrador
co de lo social, arroja hacia sus márjustes” económicos (finos o duros),
que había servido como referencia
genes a colectivos muy importantes
de efectos anti-distributivos segubásica para la caracterización de la
de las clases laborales tradicionales
ros, típicos de las políticas de oferta
sociedad de consumo: gusto de
y de las capas medias decadentes.
(Bilbao, 1999). Al calor de la desreguclase media, grandes mercados de
lación han aparecido y se han favoreproductos muy poco diferenciados,
cido formas de consumo elitistas y una
fabricación en cadena de largas series
nueva euforia financiera: nuevas formas
de enorme duración comercial, escasa
de especulación en los mercados de valorenovación estética y simbólica de los prores, de fusiones y adquisiciones de empresas,
ductos, etc.. El modelo neo o postfordista ha
de actuaciones alcistas en el mercado inmobiliario,
generado casi todo lo contrario: mercados segmenuna «nueva economía» donde antes que al negocio protados, tendencias a la dualización social, desempleo esductivo o incluso al beneficio empresarial a largo plazo se
tructural, oferta diferenciada y estratificada (hasta la «peratiende a la máxima rentabilidad de los súbitos movimiensonalización») de bienes y servicios, adaptación de los
tos del capital internacional.
productos a multitud de nichos comerciales, Estado mercantilizado y empresarializador, etc. (Brown, 1992). Así, la
La expansión de esta economía financiera y la creación de
salida de la crisis de los setenta/ochenta ha supuesto un
un tipo de empleo más o menos especializado de alta reenorme cambio en la estructura social de las sociedades
muneración en sus aparatos de gestión y desarrollo tecoccidentales que, en gran medida, puede ser caracterizanológico, ha servido para consolidar un nuevo nivel de cado por un fenómeno general: la fragmentación, y el aupas medias/altas de renovada cultura promocionista e inmento de la disponibilidad social, de la fuerza de trabajo
dividualista, cristalizando a partir de ella una cultura del di(Freyssinet, 1997). Las acciones públicas y privadas para
nero, el poder y la ambición que en buena medida ha serrestaurar la tasa de beneficios han supuesto, desde prinvido tanto para quebrar la hegemonía del unificador simcipios de los años ochenta, el definitivo abandono, de hebólico del consumo de masas (basado en el valor social de
cho o de derecho, de cualquier política de pleno empleo y
una creciente clase media integradora), como para relegicon ello la contención de las demandas salariales, el detimar y encumbrar un nuevo elitismo meritocrático inmesempleo estructural, la intensificación del uso del factor
diatamente convertido en consumo ostentoso. Una sotrabajo contratado y el desarrollo de «políticas de oferta»
ciedad fragmentada y en plena desregulación, tiende a
destinadas a destruir cualquier obstáculo que impidiera el
volver a separar y reforzar las características adscriptivas
funcionamiento del mercado, aun cuando éste produjese
o cuasi-adscriptivas (juventud, vejez, sexo, raza, etc.) de
fallos de asignación y desigualdad social evidentes.
los grupos sociales que conforman los mercados de trabajo; así, la política típica de la ciudadanía laboral keyneFrente a la mítica sociedad de clases medias que arranca
siana de intervenir con planteamientos universalistas para
a finales de la Segunda Guerra Mundial (romboide en su
neutralizar las tendencias disgregativas en el mercado de
pirámide, centrípeta en sus discursos y uniformadora en
trabajo (que en la era keynesiana se tendió a realizar casi
sus prácticas sociales) el capitalismo de finales de los
exclusivamente en el ámbito de los derechos distributivos
ochenta y primeros noventa tiende a conformarse como
masculinos) se ve ahora ampliamente superada por una
una sociedad dual, centrífuga y segmentada, donde se
fuerte tendencia del mercado laboral a la segmentación,
crean barreras insalvables para un sector «difuso» que ha
hecho que se refuerza con la incorporación en los espaquedado relegado en la salida de la crisis. La nueva escios externos del mercado de trabajo de colectivos donde
tructuración de clases, al debilitar la relación salarial como
sus características adscriptivas –empezando por el géneregulador jurídico de lo social, arroja hacia sus márgenes
ro-, se aprovechan como elemento de segregación dináa colectivos muy importantes de las clases laborales tramica y funcional para aumentar la rentabilidad, burlando
dicionales y de las capas medias decadentes (pequeña
cualquier disposición jurídica de equidad, la igualexplotación agraria, industrial o comercial), convirtiéndoservicios destinados a un consumidor anónimo medio,
Estado keynesiano desmercantilizador, etc.. Todo esto
conformaba la imagen de una sociedad de masas definitivamente socializada en una cultura del bienestar y la institucionalización del conflicto, a la vez que presentaba un
perfil del consumo definido principalmente por la imagen
de lo subcultural y lo masivo para un gran público que, reiteramos, por primera vez, entraba en el universo de la adquisición regular de bienes fabricados en masa, superando el miserabilismo de modos de vidas anteriores (Corrigan, 1997).
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respecto a las ocupaciones efectivas a realizar y a las posibles formaciones curriculares, sin ningún tipo de garantía de continuidad o de confianza en un proyecto de futuro laboral y, además, de futuro laboral vivido en un conjunto de condiciones grupales y emocionales estables
(Supiot y otros, 1999). Los ciclos biográficos del mundo
del trabajo, coherentemente con esto, se desestructuran,
rompiendo la perspectiva de una vida laboral continua y
homogénea; la idea de un trabajador estable que ocupaNos encontramos, por tanto, con las nuevas subclases o
ba más o menos joven un puesto de trabajo, realizando
infraclases como formas mucho más dinámicas e integrauna función similar a lo largo de su vida laboral, acumulandas de modernización de la pobreza. En este contexto, a
do, experiencia, antigüedad y ascensos, y salía a una
la pobreza patrimonial -tener poco- hay que añadirle la exedad avanzada con una jubilación respetable, se hace
tensión inocultable de la pobreza funcional asociada la
ahora cada vez más improbable. La aparición de retrasos
nueva dinámica económica del modo de la regulación fleen la incorporación al mercado laboral, largos períoxible postfordista y a la desigualdad de acceso a biedos de paro, tendencias al incremento de la rones simbólicos especialmente diferenciadores
tación de un puesto a otro, una enorme canintroducida por la nueva economía en red.
tidad de contratos inestables y sin ninguUna subclase que más que como una
La amenaza de despido, el
na perspectiva, ya de entrada, de cualibolsa tiende a comportarse como un
imperativo de continua adaptaficación, promoción o incluso simple
comodín en la conformación laboral
ción de realidades económicas y
permanencia en ellos se convierte en
de una economía formalmente deuna situación normalizada en el ensindustrializada y con un enorme
tecnológicas cambiantes, la ausentorno de la sociedad postfordista.
crecimiento del sector servicios;
cia de criterios claros acerca de coProduciéndose, también, una corresector servicios que no lo olvidemo comportarse en sus respectivas
lación muy fuerte entre la precariemos, no es sólo el sector de los serempresas, ha acrecentado las filas
dad -entendida como la tendencia a
vicios cualificados y postindustriade los perplejos.
la degradación general de las condiles, sino de los servicios subproletaciones jurídico-laborales de estos puesrizados e infraindustriales. La vieja clatos de trabajo-, y la previsible disminución
se obrera tiende a ser desustancializada
en ellos de la satisfacción y el interés profey sustituida en muchos espacios por una
sional de las personas que los ocupan. El mundo
nueva subclase funcional. Subclase donde
del trabajo que en la era keynesiana tomaba como horiaparecen inmigrantes, jóvenes desempleados y mazonte el pleno empleo de trabajadores homogéneos y holempleados, residuos de viejas clases obreras y medias
mogeneizados por la propia producción material fordista,
caídos en desgracia después de varias reconversiones in-ese mundo de grandes clases y grandes grupos-, tiende
dustriales y comerciales, etc. Subclase difusa y nada emcada vez más a desarticularse en un estallido de procesos
bolsada, mas bien tomando cuerpo como una invisible o
varios que generan identidades muy diversas, y lo que es
semi-invisible y omnipresente sustancia lubrificante de
peor, en algún momento identidades encontradas: identiuna máquina económica que para engendrar beneficios
dades fuertes, integradas y promocionadas, frente a idencrecientes, requiere costes sociales, igualmente, en autidades débiles y con enorme desafección y desinterés
mento (Fitoussi y Rossanvallon, 1997). De la pobreza copor un tipo de trabajo que no permite ningún tipo de plan
mo residuo, se pasa entonces a una sociedad dual intede vida, de realización personal o de homogeneidad polígrada y a la vez polarizada, una parte utiliza el mercado patica.
ra mantener en situación de disponibilidad permanente a
la otra. Reforzándose así una fuerte dualización del merLa amenaza de despido, el imperativo de continua adapcado de trabajo y dando cada vez más peso a los sectotación de realidades económicas y tecnológicas camres externos y más desprotegidos de la mano de obra. La
biantes, la ausencia de criterios claros acerca de como
cirugía laboral de las políticas económicas de los ochenta
comportarse en sus respectivas empresas, ha acrecentaha supuesto la posibilidad de ir expandiendo cada vez
do las filas de los perplejos, moralmente acosados y psimás el sector externo del mercado de trabajo, justo por su
cológicamente maltratados, hombres y mujeres que no
mayor manejabilidad y disponibilidad, preparando el tepueden presentar la vida como una narración coherente,
rreno para las estrategias de la economía financiera de los
porque su referencia a la continuidad entre trabajo y ocio
noventa, cada vez más agresivas, en lo tocante a la gestambién se ha vuelto borrosa (Hirigoyen, 1999). El tiempo
tión de recursos humanos.
postfordista no es un tiempo continuo, sino fragmentado
en múltiples segmentos y desordenado en múltiples conEl mundo del trabajo, lejos de ser una referencia estable,
diciones, pero sobre todo aumentado en la duración efeces ahora en muchas de sus franjas un mundo turbulento,
tiva de las jornadas de trabajo, sin referencia ya a normas
de tal manera que la propia cultura laboral se va fragmenjurídicas en los usos del tiempo, sino a condiciones de detando en lógicas de supervivencia cada vez más personasempeño impuestas por una cultura de la plena disponibilizadas, azarosas y en ciertos casos, también, crecientelidad a la empresa (Ramos, 1998). La nueva economía no
mente tribalizadas. Al mismo tiempo que pasamos a un
sigue ya aquellos modelos empresariales de negocios famercado de trabajo con muy importantes sectores, tanto
miliares transmitidos de padres a hijos y fundados en la lecuantitativamente como cualitativamente, asediados por
altad y confianza de los trabajadores -el capitalismo del
la vulnerabilidad y la temporalidad estructural. Una situapionero-, ni a la definición de normas y estándares previsición en la que la pérdida de la «garantía laboral» genera
bles y negociados -el capitalismo organizado-; las nuevas
condiciones de contratación muy endebles, con requisiempresas no quieren ni pueden apelar a una traditos reales de formación fuertemente desajustados con
dad o a la integración (Barbier y Nadel, 2000). El refuerzo,
pues, de las condiciones adscriptivas tiende a fortalecer la
desigualdad y a usar esa discriminación para conseguir
espacios de especial vulnerabilidad y rentabilidad basados en una doble o múltiple discriminación salarial :mujer,
inmigrante, negra, joven, etc.( vid. Maruani, Rogerat y
Torns 2000).
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del capitalismo postindustrial, lo social como proyecto ha
caído en el vacío -Lipovetsky (1986, 1990) habla de la desubstanciación o incluso derrumbe de lo social-, la cultura se presenta como un proceso de combinación de formas y de recreación del gusto en una representación neobarroca construida a base de moda y superficialidad, lo
que no resulta extraño porque si se sustituye la sociedad
por el mercado, inmediatamente la cultura se convierte en
moda (Calabrese, 1989). El postmodernismo, como lógica cultural del capitalismo tardío (Jameson, 1991), se presenta como el intento cultural expreso de separar cualquier vinculación entre la posición social de los sujetos en
la producción –concepto, en sí mismo, que se tiende a
considerarse por el pensamiento postmoderno como obsoleto o fetichizado- y la construcción activa de su identidad.
ción porque contemplan los poderes racionalizadores de
la historia y la experiencia. En esta disolvente “estructurared”, los empleados de mediana edad más que como
transmisores de conocimientos útiles o como centro de
una organización estable, son considerados como obstáculos para la renovación y pasan a ser los candidatos permanentes para el despido, o bien para la jubilación anticipada (Sennett, 2000)
El menosprecio al pasado se complementa con una concepción meramente ajena del futuro, nada puede preverse porque todo es azaroso y caótico incluso (y ante todo)
lo que se puede hacer con las personas. El tiempo se acelera dejando atrás a personas y mercancías y el movimiento permanente siguiendo la presión ambiente es el
único argumento entendido para atajar -inútilmente- la caducidad permanente, que siempre acaba relegando y soEl trabajador como figura positiva de la modernidad quemetiendo a algo o alguien al estatuto de improductivo.
da así sustituido en las representaciones postmodernas
Con un pasado desvalorizado y con un futuro tan abierto,
por figuras siempre recreadas en el consumo, el «cosmolos parados, los pensionistas, los trabajadores o los ejepolita doméstico» viviendo en su interconectado electrócutivos en situación de permanente inestabilidad, no tienicamente, pero cerrado humanamente, hogar de «telénen otra opción que sentirse privados de identidad. Los
polis» (Echeverría , 1995), es un sujeto (a)social que ha amdictados del nuevo espíritu del capitalismo disuelven tanpliado sus posibilidades informacionales de manera into la profesión -vocación-, como la conciencia colectiva
sospechadas; sin embargo parece que ello no afecde las organizaciones, que quedan diluidas en la
ta para nada (o por lo menos para nada buesuperficie de la sociedad red, la obsolescenno) la reflexión sobre los valores éticos y
cia informática, el trabajo en equipos sin
políticos de la sociedad en que se deconfianza, las rutinas de servicio, la temA la temporalización del asasenvuelve. Esa (no)identidad en la segporalidad generalizada y, en suma, en
lariado tradicional le corresponmentación, hace también que haya
la inestabilidad y pérdidas de refesegmentos de alta velocidad, de alta
rencia de la cultura de la flexibilidad
de una fuerte movilidad espacial y
tecnología, de alta codificación, de
(Boltanski y Chiapello, 1999).
temporal de las empresas -nómadas
diferenciación social espectacular y
ellas mismas-, buscando trabajo dessobrepago, especialmente visibles;
En esta situación donde las identicualificado cada vez más barato.
pero, su rapidez y dinamismo hace
dades sociales se han vuelto mucho
que inmediatamente aparezcan los
más fragmentadas se han multiplisegmentos simétricos, los formados
cado las sensibilidades y percepciopor los que son incapaces de seguir ese
nes que desde diferentes grupos sociaritmo acelerado de formación, consumo y
les se le da a la noción misma de producir
representación simbólica. Se hacen hegey consumir. Al pasar de los mecanismos
mónicas, así, las representaciones más tecnolócentralizados a todo tipo de redes flexibles de
gicas de lo social, tanto por el despliegue o redespliegue
producción, de distribución, de consumo, de información,
de ramas y sectores -informática, telecomunicaciones, inel concepto de producción en masa, y su compañero nageniería genética- como por la profusión de objetos nuetural, el de consumo de masas, debe ser actualizado con
vos, los conocidos como objetos nómadas, objetos
conceptualizaciones mucho más ágiles como las de esti(post)industriales que producen y son producidos por la
los de vida o consumos distintivos, que representan esa
movilidad y la ubicuidad personal, como el fax, los teléfotendencia a encontrar diferentes líneas de cohesión econo móviles, los juegos de vídeo, las redes de intercomuninómica y social a lo largo de la sociedad; líneas más excación, los ordenadores portátiles, etc. (Attali, 1994).
cluyentes que integradoras y más diferenciadoras que hoConsumos que, a su vez, expresan y refuerzan la indivimogeneizadoras (Rochefort, 1996). Líneas, en suma, que
dualización (técnica y física) de los vínculos sociales, así
hacen aumentar la complejidad de lo social, a la vez que lo
como la industrialización de muchos servicios, antes fuerproblematizan y lo ponen en peligro. De ahí que, en este
temente dependientes de trabajo directo, tales como
contexto, la desarticulación laboral haya preparado el paiocio, la formación, la documentación, la pedagogía, el
saje social para una fuerte individualización del consumo.
diagnóstico de sistemas, la prevención y el tratamiento
La prescripción postmoderna (vid. Vattimo, 2000) que obmédico o asistencial, etc. A la temporalización del asalaserva en la pérdida de referencias sociales de los sujetos
riado tradicional le corresponde una fuerte movilidad esen el lugar de producción, como la apertura de caminos
pacial y temporal de las empresas -nómadas ellas mispara valorar la diferencia y la identidad, y considera el conmas-, buscando trabajo descualificado (o con cualificasumo (y ahora más con las formas del consumo en red)
ciones tradicionales) cada vez más barato e innovaciones
como una forma de aventura que permite la plasticidad y
tecnológicas que le den ventajas competitivas y rentas de
la expresividad, olvida siempre que en esta situación los
situación.
sujetos sociales se pueden disgregar en puros individuos
encerrados en un mundo autista y egoísta -hasta alcanzar
El sector servicios tiende a generar más empleo y a comel estatuto de un yo disgregado y múltiple- pleno de desplejizarse -justo cuando el sector industrial aumenta su
compromiso y desinterés por lo colectivo. En este espacio
productividad, pero disminuye sus necesidades
de modificación profunda de las estructuras productivas
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El consumo de los objetos más triviales está envuelto en
una masa espectacular de cultura icónica, de derroche informativo, de inversión en imagen, de erotización simbólica. La cultura de consumo actual disuelve las barreras entre el consumo como actividad económica y el consumo
como fenómeno cultural, hasta convertirlo en el «hecho
social central», dejando al trabajo –o, para ser exacto, a
muchos trabajos, los más débiles e inseguros- en un lugar
invisibilizado y banalizado hasta desaparecer en el entorno (Connor, 1996). El triunfo social mundial de los «consumos en red» o del «consumidor de acceso rápido» donde las dimensiones de accesibilidad, rapidez y diferencia simbólica, sobrepasan a las de abaratamiento de
precio y búsqueda de economías de escala típicas del fordismo (Rifkin, 2000)-, viene precisamente de su representación en el espacio y el tiempo de todas las paradojas
postmodernas, el de condensar así -en una forma análoga a lo que la psicología freudiana la atribuía a la dinámica
del sueño- en un espacio y un tiempo virtual una enorme
cantidad de símbolos culturales, muchas veces contradictorias entre sí, pero que atraen las prácticas de los individuos, creando el contexto de su normalidad social. Al
proyectarse esta dinámica sobre el espacio, vemos aparecer el triunfo de la “postmetrópolis” -los centros comerciales y los museos son las referencias de la construcción
postmoderna, lo mismo que lo fueron los bloques de viviendas, la fábrica o el edificio oficial o cívico en la moderna-, ciudad a la que corresponde un espacio que ha perdido su centro para expandirse y reticularse siguiendo la
localización comercial. Si la ciudad moderna, por excelencia, era la ciudad industrial fordista -Chicago-, la ciudad
postmoderna -Los Angeles- es un conjunto de grandes
espacios comerciales unidos por autopistas y donde el
automóvil es el canon occidental en materia de distancias
y recorridos, hasta hacer extraña -y casi sospechosacualquier separación entre ser humano y automóvil (Davis,
1996).
De la máquina de habitar, propuesta por el urbanismo y la
arquitectura funcionalista moderna, pasamos así al archipiélago postmoderno de centros comerciales generadores de una red laberíntica y borrosa de ciudades sin principio ni fin claramente demarcado y con una mezcla expansiva de usos y funciones, pero donde la gran superficie de ventas aparece –casi literalmente- como el templo
postmoderno, el fijador de referencias de las personas en
el espacio. La gran ciudad comercial es así el espacio cotidiano -local- que integra y da cuerpo a todas las ciudades postindustriales posibles: la ciudad global, la ciudad
virtual, la postmetrópolis, la ciudad informacional (Soja,
2000). Lo global y local -lo glocal- se funde así en un campo flexible que superan con mucho la idea de planificación
y orden urbanístico político o administrado, para reclamar
constantemente metáforas caóticas. Una autoorganización económica que tiende a desenvolverse en un marco
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permanente de entropía y desorden proyecta estos modelos caóticos sobre todo lo social.
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de empleo- como resultado de múltiples dinámicas y factores: la nueva economía necesita más regulaciones informativas, genera más necesidades de atención en los últimos escalones del proceso de distribución de bienes, se
demandan servicios a personas también por el aumento
de la renta disponible de ciertos sectores de la población
y los oferentes de trabajo tienden también a situarse en el
ámbito del sector servicios por ser considerado de mayor
prestigio, novedad y conformación de estatus que los
sectores tradicionales.
4. ¿DE LA SOCIEDADA FRAGMENTADA A LA COMUNIDAD INDEFENSA?.
Todos los cambios económicos y sociales que se han producido en los dos últimos decenios, han supuesto la quiebra de muchas de las líneas de identidad, solidaridad y coherencia grupal que se habían construido trabajosamente
en las sociedades occidentales a partir de la salida de la
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La gran ciudad comercial es así el espacio cotidiano ❛❛
local- que integra y da cuerpo a todas las ciudades postindustriales posibles: la ciudad global, la ciudad virtual, la
postmetrópolis, la ciudad informacional.
Segunda Guerra Mundial con el asentamiento de modo
de regulación fordista, la construcción del Estado del bienestar de carácter keynesiano y la extensión de los derechos de ciudadanía laboral hasta el ámbito de lo social y lo
económico. Esta quiebra ha supuesto el bloqueo de la dinámica de universalización y totalización de los derechos
de ciudadanía derivados de la condición laboral y soportada por la constitución en avance del Estado del bienestar. Se han vuelto, así, a destapar los más viejos argumentos conservadores -los que se habían puesto ya históricamente de manifiesto tanto contra la misma constitución del concepto de ciudadanía, como cuando su generalización con la democracia política (Torres Ló-
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trucción de la ciudadanía que se correspondan con el
avance tecnológico y los cambios territoriales y culturales
de la nueva economía en red y globalizada. El agotamiento de esta capacidad social se muestra en que gran parte
de las movilizaciones se han producido más como reacción a las estrategias consideradas como neoliberales de
privatización y desmantelamiento del Estado del bienestar, que defendiendo nuevos modelos de convivencia, lo
que resulta llamativo, pues ha sido uno de los escasos
momentos en la historia occidental donde más que por
una imagen del futuro gran parte de las movilizaciones han
sido para defender un modelo social el pasado como el
estado intervencionista keynesiano. La definición de la poEl «desencanto de lo público» pronto se ha tornado en cilítica social ha sido, de esta manera, uno de los puntos nonismo y la condición política postmoderna no ha podido
dales del debate sobre los derechos que confiere el traaportar más que un «ethos disgregado», hedonista y
bajo en los últimos años. Pero, a su vez, una de
fragmentario, incapaz de generar ni una sola virlas grandes novedades ha sido una cierta
tud pública más que no sea la trivialización
desvinculación entre la política social y el
de los valores consagrados en la sensibimundo integrado del trabajo (y por lo
lidad moderna, todavía gran parte de
Al enorme optimismo de las
tanto una nueva política de la gestión
ellos sin pasar del estadio de proyecrealizaciones tecnológicas y sus
individualizada de riesgos no relacioto inacabado (Heller y Fehèr, 1985 y
posibilidades hacia el futuro le conada directamente con las titulari1989). Los valores sociales se han
rresponde casi paradójicamente el
dades derivadas de la condición lavisto ante este cúmulo de circunstancias acosados, desorientados e pesimismo de una cultura de la derro- boral), pues frente a las demandas
sociales de tipo general o dirigidas al
incapaces de dar respuesta a tan
ta y el fatalismo social.
reconocimiento de las necesidades
difíciles retos. Del ciclo fordista keyderivadas de la relación salarial, en los
nesiano ha quedado una aceptación
últimos años, han sido las necesidades
pasiva de gran parte de los valores y
especiales de colectivos particularmente
propuestas abstractas que, en la línea de
excluidos o “desafiliados” por la salida de la
reconocimiento de derechos de ciudadacrisis de los setenta y el encumbramiento de
nía, habían puesto en circulación los movimienmodelos más flexibilizados de gestión económica, los
tos sociales modernos. Sin embargo lo que ya resulta
objetivos declarados de una política social minimalista y
muy difícil de encontrar es un proyecto duradero con voconsiderada prácticamente incompatible con el mundo
cación de cierta generalidad que sea capaz de defender
del trabajo (Castel, 1998).
estos valores de una manera activa como un plan conjunto de cambio social (Habermas, 1998).
No por casualidad, al relativo declive de los modelos de
conflictividad industrial clásica, le corresponde una sensiEn este sentido, parece que la desregulación y flexibilizabilidad especial sobre los problemas de nueva pobreza,
ción (numérica, funcional, geográfica, tecnológica, jurídiexclusión y desafiliación social -como imposibilidad para
ca, etc.) impuesta por la «nueva economía» (Gadrey,
sectores crecientes de la población de recrear un horizon2000) y el modo de regulación postfordista -fragmentate laboral seguro, codificado y proyectado hacia el futuro
ción económica y social -, ha generado una socialidad
que garantiza su identidad social (Castel 1997)- que se
blanda que ha disuelto los vínculos sociales en una grupahan convertido en caballo de batalla de gran parte de las
lidad pasiva -la nueva tribalidad- incapaz de generar idenacciones colectivas recientes, acciones defensivas –notidades que se opongan tanto al individualismo hedonista
vedad que se da incluso en su realización a partir del funcomo a la masificación comunicativa del capitalismo ultracionamiento de organizaciones no gubernamentales o del
consumista de fin de siglo. De esta manera, el ciclo de amvoluntariado social-, pero que además de hacernos entrepliación de la ciudadanía vinculado, a su vez, a la ampliaver horizontes de reconstrucción de los actores sociales,
ción de los derechos laborales colectivos y a los nuevos
nos han hecho descubrir que los nuevos movimientos somovimientos sociales de carácter más activo y expresivos
ciales no sólo tenían que explorar y construir identidades
se ha convertido en el postfordismo en un estado socialbasadas en utopías emancipatorias radicales, ya fueran
mente pasivo y defensivo, y de ahí los discursos de draprogresivas o regresivas, de fuerte contenido cultural, simática resistencia, casi in extremis ante desafíos civilizano que también surgen de situaciones de interacción cotorios frente los que hay que protestar por miedo inminentidiana que expresaban necesidades, demandas y estate de colapso irreversible de carácter ecológico, bélico o
dos de expectación concretos (Touraine, 2000).
social. Al enorme optimismo de las realizaciones tecnológicas y sus posibilidades hacia el futuro le corresponde
Pero, paralelamente, la identidad cultural, la aspiración de
casi paradójicamente el pesimismo de una cultura de la
coherencia y cohesión social y las energías utópicas de
derrota y el fatalismo social que ha sustituido al optimismo
una sociedad basada -como el optimismo del fordismo
pro-activo y confiado de la cultura emancipatoria de la era
keynesiano- sobre la posible negociación y la confluencia
de derechos sociales crecientes propia del pacto keynede intereses de todos los actores sociales (e incluso de las
siano y su desarrollo en los años sesenta y principios de
generaciones) que se agrupaban en torno al proceso de
los setenta (Maffesoli, 2000).
trabajo y que llegaban por primera vez a una cultura del
consumo de masas y el Estado del bienestar, se han ido
Curiosamente la era postfordista se ha construido sobre
agotando y desgastando, hasta convertirse en
una notable escasez de modelos de convivencia y conspez, 1998)- de la necesidad del desigualitarismo, el mercantilismo, la limitación de los derechos, y la lucha por la
competencia individual, como fórmulas para alcanzar el
bienestar económico. La difusión social y el triunfo relativo
de estos valores ha puesto contra las cuerdas a la cultura
sociopolítica de los movimientos sociales modernos (nuevos y viejos) basada precisamente en la radicalización de
los derechos públicos y privados de ciudadanía a todos
los niveles y en todas las circunstancias, ya fueran redistributivos y económicos (movimiento sindical), ya fueran cívicos y valorativos (nuevos movimientos sociales).
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Pero frente a las tesis de Fukuyama (2000) que sitúa esta
una cierta razón cínica dominada por el individualismo y el
anomia y pérdida de capital social -conjunto de normas y
pragmatismo reinante en la actual cultura de la flexibilizavalores informales que les permiten a las personas y a las
ción tecnológica, -atrincherada en una simple cultura de la
sociedades el desarrollo activo de la cooperación y el insatisfacción (Galbraith, 2000) o en el autismo del cibertercambio social y económico- en una especie de quiebra
egoísta de los sectores más promocionistas de la sociemoral generalizada de occidente, así como piensa en una
dad que esconden tras su pose neolibertaria el más absomilagrosa recuperación también un tanto inexplicable e
luto descompromiso colectivo (Turkle, 1997)-, como por
inexplicada, habría que conectar tanto estas quiebras de
la presencia de situaciones de degradación y malestar en
la confianza y el capital social, el declinar las ideologías cálos mecanismos que generan los vínculos de socialización
lidas y activas en las sociedades occidentales con la des(micro y macro) más tradicionales, desde la familia hasta el
regulación y mercantilización extrema de los últimos años,
Estado, situaciones que hacen preguntarse a muchos socon sus secuelas de descompromiso, pragmatismo y
bre la posibilidad de encontrar nuevos mecanismos coegoísmo, convertidos en santo y seña del universo cultumunitarios y solidarios capaces de superar la corrosión
ral de la posmodernidad. Pero, ante esta fría o incluso
del carácter que ha supuesto sobre todo la crisis del mogélida cultura del descompromiso ideológico -una
delo de solidaridad orgánica definido, a la vez, por el
especie de autocomplaciente realización ciega
fordismo y por la resolución de los grandes
del fin de las ideologías proclamado por la
conflictos sociales de la primera mitad del
sociología conservadora norteamericasiglo XX. Solidaridad que recordemos, ya
El asentamiento de una
na en los inicios de la era tecnocráticadesde Durkheim (1985) se le atribuía a
economía basada en la fragy el vacío de valores cívicos colectivos
una buena división social del trabajo y
mentación, la segmentación y la
dejado por tal situación, la construca la alta densidad moral que de ella
ción de identidad colectiva tiende a
se genera, justo cuando el riesgo se
precarización de todos los procesos
ser generada por grupos y actores
colectiviza, se institucionaliza norproductivos, ha dejado, por una parte
que cristalizan y hacen activos los
mativamente el principio de dereen situación de desorientación y crimiedos e incertidumbres actuales.
cho restitutivo y todo ello queda bien
sis de identidad al movimiento
En la era del vacío social, donde se
recogido en la consciencia colectiva
obrero tradicional.
hace difícil la posibilidad de identificade las sociedades.
ción positiva colectiva, empiezan a
aparecer proyectos regresivos que tratan
Parece que el postfordismo, la nueva
de rellenar tal vacío con falsas seguridades
economía y la cultura de la flexibilidad, today certidumbres. La comunidad expulsada de
vía han sido incapaces de generar esta solidarinuestras referencias dominantes por la vía positiva readad orgánica, justamente porque su esencia está en la
parece por la vía negativa, desde el neopopulismo antiesidea del individualismo extremo y el empleo débil, lo que la
tético y degradado de la cultura mediática -cada vez más
hace incompatible casi por definición con las ideas durkencerrado en el plebiscitismo del «síndrome gladiator»
heimianas precedentes (Standing, 1999). Si el trabajo se
(pan y circo) de las audiencias (Vallespín 2000), hasta el tridesregula, fragmenta e individualiza el puntal maestro de
balismo y el sectarismo cotidiano (en el nivel micro) de cierla solidaridad orgánica, entendida como el progreso social
tos grupos especialmente descentrados, para pasar a nimismo, se pierde y ya sea en el contexto norteamericano
vel macro en el preocupante renacer de antimovimientos
–escasas garantías laborales colectivas, alta ocupación,
sociales, tales como los nacionalismos agresivos, el repero muchos malos empleos- o europeo –pervivencia de
surgir directo del fascismo en sus diferentes expresiones
más garantías pero alto nivel de desempleo estructural-,
(racismo, xenofobia, bandas violentas, etc.) o cualquier
aparecen los grandes problemas de pérdida de cohesión
forma de guerra comunitaria (Le Bot, 1997). Antimovisocial, de incremento de la desigualdad (sobre todo de enmientos sin más proyectos de identidad que negar la identre los colectivos sociales más extremos) y, a nivel político,
tidad de los otros, sin poder salir de la aporía del nosotros
situaciones de movilización fundamentalmente particula(lo seguro, lo puro, lo respetable) frente a los otros (lo peliristas. En este ambiente se abre inmediatamente la puergroso, lo contaminado, lo denigrable).
ta para un repliegue social, en el que, por una parte se produce una desmovilización y apatía social generalizada en
Ahora bien, la aparición de estos antimovimientos sólo
la que se llega a perder hasta la más mínima capacidad de
puede entenderse como un proceso directamente enacción y respuesta grupal a los desafíos colectivos -es la
cuadrado en los cambios de la estructura social, ligados a
pérdida de la voz social- y, por otra parte, se tienden a gela flexibilización del modelo de producción y acumulación
nerar situaciones donde el miedo a perder posiciones sopostfordista. De tal manera que el asentamiento de una
ciales competitivas y el pánico al otro considerado como
economía basada en la fragmentación, la segmentación y
un extraño producen una desestructuración y desorganila precarización de todos los procesos productivos, ha
zación del conflicto social -así como de corrosión del cadejado, por una parte en situación de desorientación y crirácter y la consciencia colectiva- social que teje una red (la
sis de identidad al movimiento obrero tradicional, incapaz
otra red) de situaciones desafectivas y reactivas de los vade encontrar un principio de solidaridad mecánica al enlores cooperativos con peligro de generalizarse y extretrar el «blue-collar» en crisis como unificador simbólico, y
marse. Los modelos de desarrollo del conflicto laboral y
por otra parte, ha roto el radicalismo de clases medias que
social como un juego corporatista, organizado, cíclico y
animó a los nuevos movimientos sociales. Conocemos
negociado, típicos de un marco de fuerte institucionalizaentonces, como ya hemos señalado, la descomposición
ción del conflicto fordista, tienden a ser desplazados en
del conflicto y de los modelos de conflicto típicos del increcientes franjas, territorios y espacios vulnerables de esdustrialismo maduro -tal como los estudiaron y teorizaron,
ta sociedad del riesgo posfordista a situaciones de carácautores como Raymon Aron (1971), Lewis Coser (1976) o
ter precorporatista: es el resurgir del conflicto anómico
Ralph Dahrendorf (1979)-, un conflicto institucio(Dahrendorf, 1994).
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creado situaciones e identidades sociales nuevas incapanalizado, normalizado y funcional que estructuraba el cences de ser analizadas en relación con modelos ya agotatro de las relaciones industriales como principio general de
dos.
organización social y de reconocimiento colectivo de actores e identidades convertidos en grupos o cuasi-grupos
Más si tenemos en cuenta que el modelo de acumulación
interactuando de manera no disruptiva. Y esta descomeconómica que esta cristalizando implica una fuerte transposición ha propulsado tanto procesos de conflictividad
nacionalización de todo tipo de flujos y actividades proanómica, como procesos de individualización y de bloductivas y reproductivas, con una fuerte extraversión haqueo de referencias colectivas. Tan alejadas del poder cocia las semiperiferias avanzadas de la fabricación en serie
mo del mundo de los marginados, las clases medias que
de los productos industriales, la postindustrialización y ráse han adaptado a la «nueva economía» parecen pertenepida dispersión/reducción cuantitativa del tejido industrial
cer a una sociedad que, de momento, sólo se definen por
en los países centrales y por fin el hundimiento y depresión
la participación en el consumo, la vinculación mediática y
en la más absoluta miseria, olvido y ostracismo a grandísila constante preocupación por las posibilidades de asmas zonas del planeta históricamente subdesarrolladas o
censo individual y el peligro de caída personal. Esto ocumás recientemente deprimidas porque sus materias prirre, además, en un momento en que se experimenta la nemas ya o tienen valor como factores de producción en la
cesidad de grandes consumos de objetos y señales meindustria avanzada o en la nueva economía de la informadiáticas para satisfacer la idea misma de mantenimiento
ción y el conocimiento (García Canclini, 1999). Esta situaen la posición de referencia dentro de la escala social,
ción ha provocado, a nivel mundial, nuevas emigraciones
pues se ha generado ya un ambiente tan opulento que la
e inmigraciones, y de hecho el llamarla la «nueva gran miidea de permanecer presentable en la esfera de la clase
gración» (Enzensberger, 1992) sirve para recalcar que la
media, pasa por la realización de enormes cantidades de
diferencia de la situación actual con respecto al pasado no
gasto personal, incomparable en términos relativos con
es tanto cuantitativa -pues movimientos migratorios han
respecto a cualquier otra época o contexto anterior, cosa
existido siempre y mucho más después de la Segunda
que en las generaciones jóvenes es todavía más evidente
Guerra Mundial hacia las zonas desarrolladas de Euro(y a la vez menos motivante en términos absolutos) por
pa y América del Norte-, como cualitativa pues
su nacimiento y aceptación natural de una sorefleja una inmigración desordenada y paraciedad de consumo tan barroca (Sennet,
dójica enmarcada en los recortes al Esta2000; Kroker, 1998). El paso de una soDescualificación y mano
do del bienestar, la pérdida del postulaciedad en el que el pacto en el centro
de obra excedente, trabajos
do del pleno empleo dentro de las pode las relaciones industriales regulalíticas económicas públicas, el enveba la producción de la normalidad
precarios, subempleo, desempleo
jecimiento de las poblaciones occisocial misma, a una sociedad de la
estructural, etc., son situaciones lasuperestratificación y de la exclu- borales que hacen emerger gran can- dentales y la tendencia a crear grandes bolsas de apartheid social cosión creciente y dinámica de ciertos
tidad de identidades sociales tremo forma de garantizar la rentabilisectores laborales o sublaborales,
mendamente débiles.
dad de la moderna economía flexible
ha generado el declive de movilizay la cobertura de puestos de trabajo
ción social institucionalizada y orgade baja cualificación y deseabilidad sonizada o preorganizada, y entre los
cial. Si los movimientos migratorios de la
muchos efectos que esto ha tenido se
postguerra (relativamente ordenados) servíencuentra la consolidación de un espacio
an para paliar las necesidades de fuerza de traampliado de actitudes y conductas que tienden
bajo fabril y suponía el incremento de la asalarización
a la negación de las virtudes cívicas, cooperativas y
social, las actuales migraciones sirven para completar las
públicas.
necesidades de la subclase de servicios (y especialmente
servicios de proximidad) de una forma muy desordenada
El signo de la época ha sido la polarización y dualización
y no exenta de contradicciones sorprendentes, pues por
social provocada tanto por la aparición de las nuevas cauna parte se reclama la necesidad de estos inmigrantes
pas especulativo-financieras y/o de gestión tecnológica
para realizar estas funciones descualificadas o incluso paen ascenso (favorecidas por las políticas antidistributivas
ra aliviar las tensiones demográficas en los repartos de los
de oferta), como por la aparición de las nuevas clases marsistemas de pensiones, pero por otra parte se blindan juginales, expulsadas de los mercados internos y estables
rídicamente las condiciones de entrada de los inmigrantes
de trabajo o procedentes de la inmigración legal o clana estos países (Portes, 1995).
destina, integradas como subproletariado en las actividades económicas más penosas. Tal polarización ha dejado
Situaciones como ésta de la inmigración, con sus secueen una situación de perplejidad -replegado y sin capacilas de marginación y segregación, o cualquier otra que exdad de expresar un proyecto solidario colectivo- a un cenprese la consolidación de subclases o situaciones de
tro social que ha tomado como modelo de conducta la
«nueva pobreza» se están convirtiendo en estructurales
despolitización, el consumo ostentoso y la adoración endebido al modelo postfordista de máxima movilidad y flevidiosa de los nuevos mitos financieros, cosa que, tamxibilidad en la utilización de recursos sociales y económibién, ha producido reacciones defensivas ante fantasmas
cos, especialmente, de la fuerza de trabajo. Descualificaexteriores que inmediatamente se recogen, manipulan,
ción y mano de obra excedente, trabajos precarios, suagigantan y devuelven grotescamente, materializados por
bempleo, desempleo estructural, etc., son situaciones lalos antimovimientos sociales (Walzer,1998). Fenómenos
borales que hacen emerger gran cantidad de identidades
fundamentales éstos que tenemos que considerar de casociales tremendamente débiles, en las que se tienden a
ra a la reconstrucción de los movimientos sociales en las
acumular todos los costes sociales del actual modelo de
sociedades occidentales actuales, puesto que la estrucacumulación económica y que resultan difíciles de
tura económica y social del capitalismo de los noventa ha
❛❛
◗◗◗
Es lógico, por tanto, que los actuales discursos de la ciudadanía se estén construyendo, y deberán seguir construyéndose, como respuesta solidaria a los antimovimientos regresivos y autoritarios, a la vez que como estrategia
para hacer entrar en la historia y en la sociedad a los sujetos frágiles o débiles, expulsados del ámbito de la decisión
política y social por la nueva articulación de la economía
postfordista. El reconocimiento, la denuncia, y en muchos
casos el primer paso para un intento de solución activa de
necesidades, muchas veces extremas, de grupos excluidos o en trance de exclusión, que el descompromiso social, la remercantilización de la vida cotidiana y la privatización de parcelas del Welfare State han dejado fuera, se
han convertido en los motivos fundamentales de movilización colectiva de los últimos noventa. Esto no quiere decir
que buena parte de las identidades y culturas que animaron a los que ya pueden considerarse como movimientos
sociales «clásicos» sigan manteniéndose de fermento
movilizador fundamental, pero lo que sí ocurre es que se
han producido acontecimientos que sitúan en terrenos
bien diferentes el repertorio de motivos de actuación y las
estrategias de acción de los movimientos actuales si los
comparamos con el movimiento sindical fordista o los
nuevos movimientos sociales de los sesenta (Deacon,
1999). En lo que se refiere a estos últimos, los llamados
nuevos movimientos sociales, lo que en aquellos fue pensar las nuevas identidades no reconocidas por la política
formal, en la actualidad, lo fundamental es pensar la alteridad negada; lo que fue defender y construir lo privado
cotidiano frente a la colonización y juridificación de lo público hoy es defender lo público participativo frente lo privado desintegrador; lo que entonces suponía radicalizar
las contradicciones del Estado del bienestar, ahora se
convierte en la reconstrucción, solidificación y avance del
mismo. Lo que allí fue un canto a la nueva marginalidad
hoy es y debe ser un discurso por la solidaridad.
CONLUSIÓN: SOLIDARIDAD, ALTERIDAD Y TRABAJO
La cultura política de la sociedad del trabajo encontraba
un fuerte unificador simbólico: el otro era un trabajador; se
deshacía, pues, la diferencia en un problema de distribución y redistribución. Hoy no es tan fácil abordar el problema de la alteridad, sin embargo, es un punto crucial en una
coyuntura histórica como la que estamos viviendo, donde
un agresivo individualismo posesivo redivivo trata de imponer las ventajas -filosóficas, teóricas y prácticas- del
soci
olaboral
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o
egoísta homo-oeconomicus a lo que desde allí se considera el gregarismo estupidizante de lo colectivo. Y aquí,
quizá, lo más interesante es que el tema de considerar a la
sociedad como un conjunto de movimientos sociales nos
sirve para poder romper tanto las mistificaciones individualistas que tratan de hacer de la sociedad un simple sumatorio de individuos aislados, como las de los diferentes
colectivismos masificantes que tratan de ahogar al individuo en una totalidad anónima. Precisamente esas mistificaciones se rompen cuando hacemos entrar en juego la
grupalidad como fundamento de la socialidad. Y la grupalidad activa no sólo se establece como simple grupo de interés egoísta, sino como grupo donde la acción colectiva
es forma expresiva de reivindicar las necesidades e iden-
TENDENCIAS
rio
agregar a la cultura política y los intereses económicos de
la clase obrera tradicional. Situaciones, también, que se
convierten en el eje central para la reconstrucción de una
nueva ciudadanía. Reconstrucción imprescindible, pero
difícil, ya que tendrá que dar respuesta tanto a los peligros
de desmotivación y desmovilización del mundo del trabajo -cada vez más en peligro de producir identidades corporativas como resultado de la fragmentación y remercantilización ofensiva del modelo postfordista lo que rompe la posibilidad de encontrar en la clase económica la
fuente única y mecánica de identidad y solidaridad-, como a la dificultad que tienen las infraclases, y especialmente las actuales, de dotarse de instrumentos simbólicos y organizativos para generar una identidad ciudadana
activa (Schnapper y Bachelier, 2000).
■ 31
Los actuales discursos de la ciudadanía se están
❛❛
construyendo, y deberán seguir construyéndose, como
respuesta solidaria a los antimovimientos regresivos y autoritarios, a la vez que como estrategia para hacer entrar en
la historia y en la sociedad a los sujetos frágiles o débiles,
expulsados del ámbito de la decisión política y social por la
nueva articulación de la economía postfordista
tidades grupales atendiendo a la trasformación general de
la realidad social. En este sentido, el tema de la solidaridad
se amplía del ámbito de lo privado -la ética de la persona, para convertirse en un elemento central de lo público -de
lo político-, la creación de una comunidad de riesgo y un
reparto más amplio y más justo de los costes sociales en
un interés propio, recíproco y generalizado (Ricoeur,
1990).
Además, la construcción de la solidaridad se hace crítica
cuando la distancia entre «nuevos» y «viejos» movimientos
sociales es cada vez más débil e indefinida, si te-
◗◗◗
TENDENCIAS
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32 ■
mica, social y simbólica desde la sociedad interna integranemos en cuenta que la vieja identidad entre ciudadano y
da. La dificultad está en hallar incentivos de identidad y sotrabajador se esta rompiendo en mil formas de empleo,
lidaridad que sean capaces de superar la fragmentación
desempleo, contratación y subcontratación dentro de
social y la aparición de microconflictos incapaces de resectores muy segmentados del mercado de trabajo. Las
montarse por encima de los intereses particularistas (Fraviejas identidades y solidaridades homogéneas de clase
ser, 2000). De, en una palabra, pasar de la racionalidad ineconómica pasan así por momentos de máxima inestabidividual a la racionalidad colectiva, y del Estado de la nalidad, al perder gran parte de sus líneas de cohesión gruturaleza al Estado social. Sin embargo, tanto, por una parpal, estamos atravesando, por lo tanto, por un proceso de
te, los límites, costes sociales, deslegitimidad y disfuncioamplia diferenciación y diversificación de la estructura de
nes que se han producido después de más de una décaclases en el curso de esta larga y dubitativa pre/postcrisis
da de hegemonía de las políticas neoliberales en las sopermanente, que hace que se multipliquen los problemas
ciedades occidentales, como, por otra, la agresividad
así como las necesidades concretas, de grupos especialeconómica, ecológica y social que ha provocado el desmente fragmentados, llevando asociada por lo tanto, la dicompromiso social posmoderno, hacen vaticinar un camnámica previsible de la multiplicación de las identidades
bio de signo en los compromisos sociales y abren la poespecíficas y las mediaciones sociales. De la capacidad
sibilidad de un nuevo acercamiento a lo público
actual para crear nuevos vínculos sociales y de
reconociendo las necesidades afectivas,
solidaridad -una solidaridad de tercer tipo
económicas, sociales y comunicativas
(Ascher y Godard, 2000)- que sean capaLos movimientos sociales
de una mayoría que corre el riesgo de
ces de trascender políticas sectoriales
-nuevos y viejos, laborales y cíestar marginada en diferentes grados
o incluso situaciones locales depende
y de diferentes formas. Esta renovala capacidad social de intervención
vicos- tendrán que luchar para
ción del compromiso público hace
pública efectiva. En este sentido, el
ampliar y activar los derechos de
pensar que, quizás con contenidos
reconocimiento de la socio-diversiciudadanía social.
utópicos más limitados, centrándodad es uno de los elementos esense en temas menos espectaculaciales en la reconversión de los sisres, no tan centrados en un discurso
temas políticos de distribución, ayuemancipatorio y más abiertos a la
dando a gestionar directamente un
sensibilidad de las necesidades, volvanuevo Estado benefactor más descenmos pronto a vivir el eterno retorno a los
tralizado donde se dé la posibilidad de
movimientos sociales. Quizá, teórica y políencontrar vínculos sociales cada vez más
ticamente, el tema está en encontrar puentes
flexibles, pero más seguros, que combinen la
entre el paradigma de la diferencia y la identidad -tan
distribución económica con la identidad cultural. Ya
caro al pensamiento postmoderno- y el paradigma de la
que si bien el principio universalista estuvo en la base del
redistribución y la transformación radical de la división somoderno Estado social, sin embargo, al igual que la mocial y económica del trabajo estandarte del pensamiento
dernidad, el Estado del bienestar ha sido un proyecto inamoderno (Young, 2000).
cabado a mano de las políticas de oferta y de las disfunciones generadas en su propia marcha: burocratización,
En este sentido el proceso de amplia diferenciación y dipaternalismo, pasividad, descompromiso hacia él. etc..
versificación de la estructura de clases en el curso de la salida de la crisis (procesos de segmentación, parcelación,
De esta manera, frente a las interpretaciones neoliberales
descualificación y sobrecualificación, desempleo y emque hablan de los riesgos de la ciudadanía total -desmotipleo negro o precario, etc.), asociada a una fuerte terciarivación hacia el esfuerzo personal, indisciplina por exceso
zación del proceso de trabajo, hacen que las viejas identide derechos y democracia, sobrecarga de demandas en
dades y solidaridades homogéneas de clase económica
las instituciones políticas, crisis de gobernabilidad, etc.-,
también pasen por momentos de máxima inestabilidad al
lo que estamos conociendo ahora es precisamente lo
perder gran parte de sus líneas de cohesión grupal. Ahocontrario, la estrechez y limitaciones de ese concepto de
ra bien, este fenómeno de máxima complejización de lo
ciudadanía que cada vez deja más grupos fuera a la vez
social antes que provocar una, tan anunciada como indeque se hace más pasivo y acomodaticios a sus titulares remostrable, muerte de la sociedad del trabajo, lo que hace
ales (el sector medio alto de la sociedad). Los movimienes obligar a replantear los procedimientos tanto del análitos sociales -nuevos y viejos, laborales y cívicos- tendrán
sis teórico como de la práctica política del mundo laboral.
que luchar para ampliar y activar los derechos de ciudaLa gran segmentación y estratificación de las situaciones
danía social -frente a los simples derechos de propiedad
laborales provocadas tanto tecnológica como institucioeconómica impuestos por el mercado-, a la vez que tennalmente obligan a olvidar cualquier esencialismo en la
drán que lograr la materialización de estos derechos ciudeterminación de los antagonismos sociales, reconociendadanos en todos aquellos colectivos y sujetos especialdo que la clase obrera de la era postfordista está constimente débiles, sojuzgados y dispersos que están siendo
tuida, cada vez más, por una pluralidad de posiciones de
y serán estructurales en el nuevo capitalismo de principios
sujeto débilmente integradas, en algunos casos, y direcdel siglo XXI (Leonard, 1997).
tamente contradictorias en otros, con lo que no queda
más remedio que analizar esta pluralidad de posiciones
Si la expresión del radicalismo de identidad de las clases
diversas y en muchos casos contradictorias, de manera
medias funcionales fue el objeto central de los nuevos mototal o parcial, abandonando la imagen de un agente univimientos sociales en los años sesenta y setenta, los de la
ficado automáticamente y homogéneo tal como se comactualidad, sin renunciar a los problemas de expresión de
ponía la ‘clase obrera’ del discurso clásico (Santos, 2000).
identidad, estarán situados en la lucha por el reconociLa lógica económica de unos intereses «objetivos» bien
miento de la alteridad, por la recuperación de otras identirepresentados puede escindirse de la lógica social de
dades negadas y expulsadas hacia la exterioridad econó-
❛❛
En esta reconstrucción de la sociedad del trabajo es incuestionable que no podemos
Por ello, se puede decir que el trabajo, sin
simplemente volvernos atrás y tratar de
ningún tipo de esencialismo y concebido
Hemos sufrido una desarrestablecer intacto el sistema de segucomo razón social y política concreta,
ticulación de todos los elemenridades mutuas del fordismo keyneencarnado en grupos sociales reales
tos estables de generación de
siano, nos encontramos en otro
-sin tomarlo ni como una abstraccontexto y situación histórica, pero
ción historicista y profética, ni como
identidad universalista y de ciudadahay avances civilizatorios que no
un empleo que se reduce a mera
nía social y, a la vez, hemos conocido
podemos desaprovechar y que se
magnitud económica individualizatoda suerte de procesos de profundipueden rediseñar y adaptar a situada- debe ocupar un lugar instituciozación en la desigualdad social.
ciones más dinámicas, porque si no
nal principal en el conjunto de meca-
❛❛
nismos de regulación y gobierno de
las democracias actuales, no decimos
ni el único, ni el central -entre otras cosas
porque ese hipotético centro es cada vez
más difícil de encontrar-, pero sí insistimos en su
importancia y en la necesidad de su reconocimiento en
la formación de identidades y en la adquisición de titularidades. Los discursos del fin o la superación del trabajo
son además de empíricamente insostenibles, políticamente arriesgados, porque tienden a consagrar la vida y
las referencias sociales y personales de gran parte de los
habitantes y las familias occidentales al perfecto e inconsciente desorden del azar económico y la flexibilidad total.
Frente al impulso postmoderno de solazarse ya sea de
manera apocalíptica, ya sea de manera integrada en este
marco caótico (Baudrillard, 1980 y 1983), parece más lógico, en un nivel político, confiar en el imperfecto orden
consensual derivado de los movimientos, grupos e instituciones sociales, entre los cuales el mundo del trabajo sigue siendo una dimensión fundamental. En los últimos
años, han sido precisamente los comportamientos más
individualistas los que se han potenciado en las sociedades occidentales, resquebrajándose la solidaridad institucional representada por el Estado del bienestar y que hundía sus raíces en el trabajo estable, la seguridad laboral y
social, las prestaciones universalizadas y las políticas fiscales progresivas. De este debilitamiento de la cara más
progresiva de la modernidad, se ha derivado hacia su faceta menos presentable hasta generar un discurso postmoderno que en grandes aspectos se puede caracterizar
directamente como contramoderno (Habermas, 1991).
Por tanto, dados los peligros contemporáneos tanto de
desintegración y fragmentación de las identidades sociales, como de corrosión y disolución de los vínculos cooperativos, parece necesario restaurar la solidaridad y la
seguridad pública en el ámbito de las políticas democráticas, y en este sentido la contribución del mundo del trabajo resulta imprescindible. Reconstruir y regenerar los
derechos sociales del trabajo, impulsar su estudio y la me-
lo hacemos estamos amenazados de
volver a situaciones laborales propias
de un pasado casi remoto, reconstruyendo una sociedad donde el estamentalismo y la fragilidad casi hojaldrada de su estructura social la debiliten hasta dejarla sin defensas cívicas
y solidarias (Schnapper, 1997). Hacer visible al trabajo en
esta coyuntura tan tecnocrática, sirve así mismo para rescatar la idea del trabajo como contribución social, haciendo ver que el trabajo no sólo es un hecho mercantil, es
también un hecho comunitario que además de aparecer
en toda su magnitud en los trabajos extramercantiles, autónomos y organizados según necesidades sociales, se
encuentra en la dimensión comunitaria, aparece en todo
trabajo por cuanto es un elemento socio-humano tanto
como un elemento económico. Por lo tanto, considerar
que trabajo y ciudadanía deben de tener relaciones más
complejas y completas, que el propio concepto de trabajo debe de ser considerado de manera más flexible, que
incluso nuestros niveles tecnológicos actuales nos permiten realizar más fácilmente trabajos comunitarios y actividades sociales que cubran realmente necesidades, no
supone en ningún caso hablar del fin del trabajo, sino reforzar la razón política de la transformación social desde el
mundo del trabajo como contribución indispensable a una
razón civilizatoria general (vid. Castillo, 1999).
Defender la idea de la necesidad de contemplar el trabajo
en cualquier proyecto de cambio social es sencillamente
hacer perceptible que las condiciones comunicativas de
los sujetos se encuentran incrustadas en condiciones socioeconómicas dadas, y así no es abogar sólo la idea de
empleo mercantil, es revitalizar la idea misma de praxis humana como elemento central de creación de riqueza, de
convivencia y de relación. Roto el orden del trabajo industrial y la ciudadanía laboral fordista hemos sufrido una desarticulación de todos los elementos estables de generación de identidad universalista y de ciudadanía social y, a
la vez, hemos conocido toda suerte de procesos de profundización en la desigualdad social; ningún elemento re-
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jora de sus condiciones, revalorizarlo e incentivarlo en su
dimensión colectiva y civilizatoria es volver a impulsar los
valores de la ciudadanía -y no sólo los del consumo privado o la inversión tecnológica- hacia un desarrollo activo
evitando así el peligro de regresión al que estamos permanentemente expuestos. Esto significa plantear un proyecto de sostenibilidad social de los modelos occidentales de empleo, donde lo cuantitativo sea siempre regulado por lo cualitativo, pudiéndose derivar del mundo del
trabajo proyectos personales y comunitarios donde quepa la seguridad, la alteridad y el bienestar ciudadano; es
evidente que de malos trabajos no surgen buenas democracias y de malas sociedades no surgen buenas empresas (Sen, 2000).
otros colectivos sociales incapaces de imponer cualquiera de sus reivindicaciones. Los modelos de presentación
y representación (política, social, cultural) del trabajo que
pretendan sustentar una representatividad y una legitimidad esencialista y estrecha -brazo operativo de una inencontrable «verdadera» clase obrera que de hecho ha estallado en diversos segmentos desigualmente colocados
en el proceso de trabajo-, están destinados a ser sustituidos tarde o temprano por procesos de representatividad
amplia, articulada políticamente y dialógicamente construida de una manera muy estrecha con las acciones de
otros movimientos sociales, en la defensa de un Estado
universal, de la ciudadanía, el bienestar y la seguridad,
frente a los procesos disciplinadores, generadores de inseguridad, riesgo y miedo (Beck, 2000).
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oponer en su realidad concreta a cualquiera de las formas
del discurso del supuesto fin de todo -fin de la historia, de
los relatos, de la política y, por supuesto, del trabajo mismo-, discurso que impregnado y diluido en los tópicos lanzados por la cultura de consumo de nuestro tiempo, que
cuando reproduce términos como globalización, pensamiento débil, o postmodernidad, en el fondo está difundiendo un mensaje de debilidad política que hace de los
sujetos sociales juguetes en la mano de entes abstractos
como los mercados, el azar, el caos, el deseo. etc., sujetos, pues, sin autonomía o capacidad de acción política o
social colectiva (Antunes, 1999). El avance, por tanto, de
la nueva economía ha generado un proceso caótico en el
sentido postmoderno del término -en el sentido de una espontaneidad creativa- de crecimiento de nuevas formas
de riqueza, pero su propio éxito tanto económico como
social puede ser su fundamental peligro; a nivel económico, por la tendencia al autobloqueo de las propias dinámicas que ha creado -complejidad excesiva, pérdida de
control y estabilidad, fragilidad, desorientación, pánicos
mercantiles y financieros permanentes-; a nivel social, por
los peligros de cancerización y tumoración de sufren todos los tejidos -también el tejido social- por el excesivo y
caótico crecimiento de formas muy artificializadas de intercambio económico que destruyen en su evolución la
socio-diversidad de otras formas sociales, otras
culturas (tradicionales o alternativas), así como, las bases de la identidad comunitaEl trabajo debe de retomar
rias en que se integran los acuerdos,
Paradójicamente cuando gran parte
su lugar formación de una ciupactos, consensos y garantías jurídide las voces ligadas a la última genecas que se han generado en esas soración de la teoría crítica pronosticadadanía que se enfrente solidariaciedades en el último siglo. Irónicaba desde los años setenta una crisis
mente contra el peligro de reducción
mente, entonces, la postmodernide legitimación del capitalismo tarde todos los vínculos sociales y codad se habría devorado a sí misma
dío; con lo que nos encontramos
munitarios a una especie de «mercanegando la libertad, el multiculturahoy en día es con un capitalismo -y
do total».
lismo, la multiplicidad de sujetos y el
lo que es su nervio central: un merrelativismo que proclamaba en su forcado-, sobre-legitimado y simbólicamación (Callinicos, 1999).
mente arrasador, inflamado hasta tal
punto en la auto-referencia de sus éxitos
Los grandes discursos del managerialismo
financieros que es capaz de sepultar en
postmoderno, de la globalización, de las nueellos sus fracasos sociales y su bajo tono cívivas tecnologías y del pensamiento débil están socialco. Así en este contexto, «después de la pasión polímente desubicados, tienden a una retórica que por mutica», se alza, la necesidad de anteponer las razones concho que se repita, un tanto mecánicamente, desde cualcretas de los actores y especialmente a los actores laboquier lugar del mundo no borran las duras realidades del
res, contra los excesos de cualquier pretensión de absotrabajo a nivel internacional –ni, específicamente, las del
luto, ya sean los de los discursos abstractos del fin de las
trabajo industrial- ni pueden impedir observar la importanideologías, de la historia o del trabajo, o los de la inflamacia de los nudos productivos en la red de la supuesta
ción de los discursos de la identidad total, la militancia ex«nueva economía» globalizada. Así, frente a visiones más
trema o el compromiso como creencia, basados siempre
convencionales y superficiales, una visión realista del traen argumentos sacrificiales (sacrificio de uno mismo, sabajo, nos muestra que el entramado internacional del
crificio del enemigo) articulación acaba girando en la órbipostfordismo está lleno de agujeros negros y desigualdata del autoritarismo (Ramoneda, 1999). El trabajo frente a
des crecientes y que los costes sociales provocados por
cualquier pretensión de heroicidad histórica, o simplelos nuevos modelos de producción económica y de
mente historicista, debe de retomar su lugar modesto,
(des)regulación social se concentran y aumentan dentro
pero, por eso, fundamental en la formación de una ciudade territorios y grupos humanos especialmente debilitadanía que se enfrente solidariamente contra el peligro de
dos y precarizados a nivel mundial (Biersteker, 2000). Proreducción de todos los vínculos sociales y comunitarios a
cesos de heterogeneización, subproletarización y precauna especie de «mercado total». Peligro, que ahora, se
rización del trabajo son hechos que se encuentran detrás
agazapa y sobrevive borroso detrás de la razón mediática
del brillante despegue último de la nueva economía, y por
postmoderna -como Adorno y Horkheimer lo detectaron
ello esta nueva economía virtual sólo puede vivir de apodetrás de la razón moderna, iluminista liberal en la crisis de
yarse con más intensidad a nivel mundial en una base polos años treinta (Wellmer, 1993)-, reapareciendo a corta y
blacional que vive exclusivamente del trabajo, tomado ésa larga distancia, en acontecimientos nacionales y conflicte desde el punto de vista más tradicional.
tos internacionales.
al ha conseguido sustituir este orden del bienestar laboral
y huérfanos de ello corremos el peligro de la fragmentación y, dado que el mercado es incapaz de generar solidaridad o identidad colectiva y otros aspectos mucho más
ambivalentes, que van desde los nacionalismos o los movimientos de carácter étnico hasta el tribalismo alternativo, tienden a ocupar los déficit provocados por el desgaste a que ha sido sometida la identidad laboral (Perret,
1997). Por otra parte, renunciar a la identidad en el trabajo, es dejar sin identidad real a grandes grupos de población, y curiosamente siempre tienen que renunciar a esta
identidad los grupos peor colocados socialmente, mientras se sigue manteniendo en muchos casos relatos y representaciones sociales positivas para los trabajos y profesiones mejor colocados en la nueva economía. La inflación de los discursos de identidad y diferencia sin un referente de solidaridad llevan directamente a la violencia y las
guerras de alta o baja intensidad (Maalouf, 1999). Ni el cinismo postmoderno, ni el liberalismo utilitarista han sido
capaces de apreciar que las conductas humanas se construyen en marcos de socialización activa, así como que la
elección económica esta incrustada en un sistema cultural y normativo compuesto de instituciones y tradiciones
que traducen relaciones de poder, y entre estas instituciones el trabajo ha sido, y será, una institución fundamental en la distribución y redistribución del poder social (Bourdieu, 2000).
El trabajo aparece, así, como argumento a estudiar y a
❛❛
Tanto teórica como empíricamente tenemos una impor-
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o
tante labor de relativización de los principales mitos contemporáneos que se han creado en torno al tópico que, no
sin cierta ironía podríamos denominar postmoderno, del
fin o la banalización del trabajo. Tópico que se difunde tanto desde las filas conservadoras y neoconservadoras, que
de manera bastante comprensible, minimizan o ignoran la
centralidad del proceso de trabajo en la configuración de
la economía actual -tratando de sustituir la categoría de
trabajo asalariado por otras, como tecnología, información o conocimiento, para encontrar en ellas el origen de
la «riqueza de las naciones», como desde las corrientes
más idealizantes del pensamiento de izquierdas que, aquí
de manera un tanto incomprensible, se han dedicado en
los últimos años a disolver la potencialidad transformadora del trabajo en categorías intelectualmente muy atractivas (comunicación, diferencia, identidad, etc.), pero que ni
son incompatibles con el concepto mismo de trabajo, ni,
hasta el momento, han supuesto su superación teórica ni
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■ 37
fund
septiembre 2004 25
s
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sindical de estud
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laboral
b
o
INMIGRACION,
SINDICALISMO Y
BUSQUEDA DE SOLUCIONES
SUMARIO
OPINION
3
■ Antonio Baylos
“Retorno” a la empresa y problemas
derivados de la institucionalización de la
acción sindical en ese espacio.
INDICADORES
7
■ Antonio Antón
❛❛
Jóvenes y acción colectiva
TENDENCIAS
as noticias relativas a la inmigración durante el verano y desde hace varios años tienen un papel relevante en los diferentes medios de comunicación. Al contrario que en otras ocasiones
se han producido al menos dos novedades en comparación con
años anteriores, estas son, junto con las noticias de entradas a
través de patera, en primer lugar se ha puesto de manifiesto que
la mayor entrada del colectivo de inmigrantes se produce por los
aeropuertos y por diversos puestos fronterizos, entre otros los del
norte peninsular. Este aspecto que es conocido, se esconde con frecuencia frente a la
gran tragedia humana que significan las pateras, sin duda de mayor fuerza informativa, La inmigración lapero menos veraz sobre el significado de
boral seguirá acuuna parte del proceso migratorio como son
las vías de entrada a España. La entrada a diendo a nuestro
través de patera es mínima y además son las país si es depersonas que más se devuelven, se retornan mandada por nueso se expulsan (devolver, retornar o expulsar tro mercado laboral
se suelen usar como sinónimos y aunque el y solo una política
resultado final sea aparentemente el mismo,
combinada, equilitanto el proceso jurídico como sus implicabrada, flexible y
ciones para el inmigrante no son igual).
sencilla en los tráLa segunda novedad es haber tratado de mites burocráticos
hacer una cierta pedagogía sobre los moti- de los diferentes
vos por los que los inmigrantes llegan a Eselementos hará que
paña y se ha tratado de poner el acento donde verdaderamente está, “en la economía y se invierta la proespecialmente en la economía sumergida” porción de entraque se eleva por encima del 20 % del PIB, así das irregulares.
como en determinados “empresarios” carentes de escrúpulos, dispuestos a enriquecerse a costa de la explotación laboral y el fraude al Estado y por tanto a toda la ciudadanía.
L
14
Cosas catalanas y la Constitución
Europea
"El peso de la gestión
de flujos migratorios
no puede recaer sobre el
contingente, como lo demuestran los datos de los
últimos años: en el 2003 se
ofertaron 10.575 plazas
reales de contingente y se
cubrieron 2.845; para el
año 2004 se estableció el
contingente en 10.900 plazas de las cuales se han cubierto 3.000. Sin embargo
de las plazas temporales,
gestionadas sectorialmente (caso de las mesas agrarias) se han cubierto las
ofertadas y se han concedido cerca de 8.000 más para este año. Debe ser un
objetivo (no se puede ni se
debe aplazar más) la puesta en marcha de las mesas
sectoriales de hostelería o
de la construcción".
Este tratamiento informativo positivo encaminado a liberar a la víctima (el inmigrante) de la culpa de su situación y por tanto comenzar a romper determinados estereotipos, queda relegado por el
anuncio, prematuro desde nuestro punto de vista, de un proceso
de regularización extraordinario.
Prematuro, decimos, ya que hay muchos aspectos del mismo
que aún no se han concretado, entre otros :
• la asignación de recursos necesarios para tramitar los expedientes con agilidad, sobre todo cuando van a ser los empresarios los que tienen que realizar los trámites burocráticos;
• la decisión sobre el establecimiento del pago de las cotizaciones
de la Seguridad Social correspondientes al tiempo trabajado con
anterioridad y si esto se lleva a cabo, cómo se puede hacer efectivo si el empleador que garantiza un nuevo contrato no es el
◗◗◗
EDITORIAL
rio
ervato sociolaboral
s
b
o
2■
portancia que se quiera dar a cada uno de
ellos de forma aislada y así mismo interrelacionados.
mismo con quien se mantuvo la prestación laboral;
• la dificultad de formalizar un conSi en la gestión de los flujos migratorios no
trato por un periodo mínimo de un
se combinan de forma proporcional el régiaño cuando la tendencia del mercamen general, el contingente, el visado de
do apunta, al menos de momento,
búsqueda de empleo y otros mecanismos
en la dirección contraria. Se debería,
como las mesas de contratación en el ámasimismo, tratar la posibilidad de enbito agrario (Protocolo Adicional), estarecadenar contratos por obra (en la
mos en poco tiempo en la situación actual,
misma empresa u otras) de diferenpor muchos procesos extraordinarios que
te duración hasta completar un año.
se lleven a efecto. Así mismo, el peso de la
Este aspecto, por cierto no mejora la
gestión de flujos migratorios no puede repráctica actual por la cual se puede
caer sobre el contingente, como lo derenovar el permiso de trabajo con
muestran los datos de los últimos años: en el
nueve e incluso seis meses de cotización en
2003 se ofertaron 10.575 plazas reales de
un año a la Seguridad Social. La posibiliEl sindicalismo, en este
contingente y se cubrieron 2.845; para el
dad de acordar una modalidad conaño 2004 se estableció el contingente en
tractual específica y no discriminatonuevo escenario de diálogo, ha
10.900 plazas de las cuales se han curia para el colectivo de inmigrantes
de ser el sujeto protagonista del
bierto 3.000. Sin embargo de las plaen esta primera fase, dado el obscambio, aportando su experiencia y
zas temporales, gestionadas sectotáculo que supone la temporalidesarrollando al máximo su potencial en
rialmente (caso de las mesas agradad en determinados sectores laborales donde mayoritariamente la acción sindical, desde la propuesta y rias) se han cubierto las ofertadas y se
se inicia la relación laboral; y un la reivindicación, implicando a todas las han concedido cerca de 8.000 más
aspecto significativo de esta pro- estructuras para no perder la oportu- para este año. Debe ser un objetivo (no
se puede ni se debe aplazar más) la
puesta, si el permiso no va a ser
nidad de incidir y ser un elemento
puesta en marcha de las mesas sectoefectivo hasta que el empresario o
central en la consecución de
riales de hostelería o de la construcción.
empleador de el alta en la Seguridad
los objetivos.
Social y comience a cotizar, qué va a suLa inmigración laboral seguirá acudiendo a
ceder si no se formaliza este aspecto y por
nuestro país si es demandada por nuestro mercado
tanto ese permiso se queda sin validez, ya que no
laboral y solo una política combinada, equilibrada, flexible
parece que se haya establecido un mecanismo de control
y sencilla en los trámites burocráticos de los diferentes eleasí como la obligatoriedad de llevar a efecto dicho contramentos hará que se invierta la proporción de entradas irreto. Surge una duda que habría que despejar cuanto antes
gulares.
sobre que mecanismos de seguimiento se van a aplicar a
un proceso que se enuncia como “selectivo y personaliDe la misma forma hay que abordar, de forma paralela a
zado”.
estos mecanismos, el debate sobre las políticas de retorno a los países de origen, no en la dirección apuntada en
Esta medida, que tendrá una duración muy limitada, pareel Libro Verde sobre el retorno de la Unión Europea, sino
ce dejar sin cubrir algunas lagunas, como por ejemplo que
en la dirección propuesta por algunos consejeros en el
sucede con los trabajadores y trabajadoras irregulares
Consejo Económico y Social Europeo.
que no puedan acceder a la regularización, y más concretamente con aquellos que perdieron su situación de resiPor último son imprescindibles planes regionales y locales
dentes por razones administrativas (irregularidad sobrede integración social, adecuadamente financiados para
venida) y no puedan acceder a un contrato de trabajo con
que no supongan un sentimiento de competencia en el
una duración mínima de un año.
uso de los servicios públicos.
La finalidad de esta propuesta de regularización extraordiEl discurso y los métodos del actual gobierno, relacionado
naria es hacer aflorar la economía sumergida. Este ascon la política de extranjería, son los que marcan y marcapecto explicitado en el texto de la propuesta no deja de ser
ran, esperamos, la diferencia con el anterior gobierno del
una declaración de buenas intenciones sino se ponen en
Partido Popular. Escuchar y negociar, en cada ámbito, con
marcha mecanismos e instrumentos laborales suficientes
ONG,s, agentes sociales, etc., para tratar de llegar al máxien recursos y definición de prioridades, con programas y
mo de encuentros en una materia tan delicada es, entre
actuaciones específicos y sanciones disuasorias.
otras, la clave para evitar efectos negativos y hacer pedagogía que reduzcan alarmas sociales y sobre todo acabe
Al mismo tiempo que se anuncia este proceso de regulacon la demagogia que rodea a los procesos migratorios.
rización se está negociando el nuevo reglamento de aplicación de la Ley de Extranjería, que se sustancia sobre
El sindicalismo, en este nuevo escenario de diálogo, ha de
cuatro pilares: gestión de flujos migratorios, control de
ser el sujeto protagonista del cambio, aportando su expefronteras, integración social y cooperación con los países
riencia y desarrollando al máximo su potencial en la acción
de procedencia de los inmigrantes. Son exactamente los
sindical, desde la propuesta y la reivindicación, implicanmismos sobre los que se sustentaba la política del gobierdo a todas las estructuras para no perder la oportunidad
no del Partido Popular. Y aunque se pudieran matizar o rede incidir y ser un elemento central en la consecución de
tirar o añadir otros aspectos, estos cuatro ejes son fundalos objetivos. ■
mentales. Ahora bien, va a depender del desarrollo e im-
❛❛
‘Retorno’ a la empresa y problemas derivados
de la institucionalización de la acción sindical
en ese espacio
soci
olabora
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Catedrático de Derecho Laboral de la Universidad de Castilla La Mancha.
OPNION
rio
■ Antonio Baylos
1
que sin embargo no se vería acompañado
arece que en los últimos debates sobre el
de un trabajo en paralelo sobre las condiproyecto de actuación que debe llevar a
ciones específicas de trabajo y de empleo
cabo el sindicato se ha producido un cierto
en cada empresa en concreto. Hay que teredescubrimiento de la importancia de la emner en cuenta que normalmente este tipo de
presa como elemento vertebrador de la acregulación se abre de manera directa a la
ción de tutela de los derechos de los trabajaconcreción de una gran parte de las reglas
dores. En los ejes del programa de acción deenunciadas a nivel sectorial en la empresa,
finido en el 8º Congreso de CCOO, el primeen donde si no existe un proceso de mediaro de ellos era justamente el de aumentar la
ción colectiva, la regla la pone unilateralparticipación en la empresa, pero también se
mente la estructura empresarial. De esta
referían de manera muy directa a este tema
forma, sin que el sindicato que ha acuñado
las reflexiones sobre la necesidad de potenel término sociopolítico para explicar su caciar la negociación colectiva, o la convenienpacidad de acción como sujeto político, docia de fomentar un tejido productivo sostenitado de un proyecto de sociedad propio y
ble y de calidad, y, desde luego, las urgencias por
configurado autónomamente, abdique
abordar las nuevas realidades productivas o,
de su tradicional actuación en este
de forma mas directa, exigir la responsaCuando el sindicato retorna a
ámbito, se impone prestar mas
bilidad social de las empresas. A la posatención a la “laboralidad” del sintre, proponer como un eje prioritario
la empresa considerando este ámde actuación la mayor participación bito el elemento básico de su estrategia dicato más que a su vertiente
conformadora de una ciudadadel sindicato en la empresa debería
de actuación, no encuentra allí un colectinía social suficiente. Y también
llevar consigo la consecución de
vo laboral relativamente homogeneizado,
por tanto el sindicato no renuevos derechos mediante la negociación colectiva y los cambios sino un conjunto fragmentado y desigual de nuncia a su capacidad de distrabajadores que no sólo tienen identiciplinar el mercado laboral menormativos que se requirieran. Esdiante la regulación de las contas páginas vienen a proponer algudades propias y diferenciadas del tipo
diciones de trabajo, especialnas reflexiones sobre las implicacioideal del trabajador clásico, sino que
mente salariales, y del empleo, sines de este discurso sobre la institutampoco disponen de un conjunto
no que privilegia su razón de ser, el
cionalización de la acción sindical en la
de tutelas claramente delimitrabajo en la empresa como agente
empresa.
tadas.
de producción de bienes y de servicios.
Es un “retorno” a la empresa, al trabajo co“Retorno” a la empresa.
mo legitimación permanente del sindicato, y a su
capacidad de transformar la vida de las personas en conEn el centro por tanto está la empresa. Más aún, se podría
creto.
llegar a pensar que se está procediendo a una cierta refundación del sindicato desde la empresa, como una seña de identidad de la organización que se adapta a los requerimientos del nuevo siglo. “Reforzarnos en la empresa
Pero esta orientación tan intensa de la acción sindical que
y hacer más y mejor trabajo sindical en la empresa: ahí esdebería fundarse de abajo arriba, fortaleciendo y reforzántá la base de nuestra función y la fuente de nuestra legitidose en ese lugar, plantea algunos interrogantes respecmación”. Parecería que con este énfasis se esta implícitato de lo que se debe entenderse actualmente por empremente cuestionando una cierta derivación del trabajo sinsa, que suele ser definida por su tamaño, por su productidical a la creación de reglas vinculantes en la empresa pevidad, por su capacidad de competir o por su forma de orro creadas desde fuera de ella o más allá de los lugares
ganizarse. Se trata de un discurso muy extendido en el
productivos, a través del diálogo social con los poderes
que se discute por ejemplo sobre la necesidad de reforzar
públicos o la negociación colectiva de sector, lo que posila presencia sindical en las PYMES, o en la conveblemente ha ayudado a crear un marco normativo general
◗◗◗
P
❛❛
1 Este
texto se ha realizado para su publicación en la revista Viento del Sur a instancias del querido compañero Manolo
Garí, y puede servir como elemento para el debate en esta jornada de la Escuela Sindical de la USMR (29 junio 2004),
sin que sustituya la intervención de esta.
■3
OPINION
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niencia de crear una regla de irradiación de la potencia sindical sustitutiva de la capacidad representativa de los trabajadores cuando no existe presencia organizativa ni representación legal.
Desde la perspectiva sindical estos interrogantes no
constituyen un problema, al margen de que algunas propuestas al respecto tengan dificultades de encaje con los
parámetros generales del sistema sindical existente. Realmente lo que se está señalando de manera principal es
la ocupación de un territorio imaginario, en donde la empresa es, sencillamente, el espacio natural de la acción
sindical. Lo que implica definirlo como un campo de ac-
nes individuales y colectivas de los trabajadores frente al
interés del empresario y de la organización que dirige,
dando como resultado un campo de actuación que contiene las formas de ejercicio de ese poder privado empresarial, las implicaciones de su potencia y las formas de
control de la misma protagonizadas – al menos en su versión típica – por el sindicato. Como en todo espacio de poder, el aspecto de la coacción y de la sujeción de las personas es decisiva, pero no menor importancia revisten los
aspectos de legitimación del poder ejercido y de las formas de control del mismo.
Ese lugar no es sin embargo nada sencillo de comprender
ni siquiera esquemáticamente. Está además lleno de rincones y recovecos desconocidos. Es en muchos aspectos una terra incógnita. No sólo desde la extraña amalgama entre el capital humano y la lucha de clases con que a
veces se adorna el discurso sobre la refundación del sindicato en la empresa, sino porque estamos acostumbrados a contemplar ese campo de acción – el espacio empresa como territorio en el que se desenvuelve un poder
privado desigual sobre personas – desde la construcción
institucional de la acción sindical. Es decir, desde la organización vertical y horizontal de los trabajadores en la empresa y las formas concretas en que ésta se ha institucionalizado, un modelo que se edifica sobre la noción de empresa – centro de trabajo, sin atender a dónde realmente
se despliega el poder unilateral del empresario con efectos vinculantes sobre las personas materialmente dependientes de su organización.
Empresa / centro de trabajo.
❛❛
La empresa está ya desde hace tiempo y en muchos
sectores desagregada, deslocalizada y deconstruida, y en
ese proceso no parece posible mantener las mismas bases
organizativas de la representación de los trabajadores en
la empresa, que se corresponde con un modelo diferente
de organización empresarial, como también la de sus formas de accíón y su “capacidad de intervención”.
ción funcionalizado a la defensa y tutela de los derechos
de los trabajadores, de manera que las anteriores determinaciones del concepto de empresa en función del tamaño, capacidad productiva o fórmulas organizativas
quedan incluidas en este territorio imaginario cualificado
por el desempeño de la actuación sindical de tutela del interés colectivo de los trabajadores.
El espacio – empresa.
Por eso se concibe el espacio – empresa ante todo como
un lugar en el que se desarrollan relaciones de poder entre sujetos colectivos y en el que se integran las dimensio-
La empresa es así el lugar de trabajo, en donde se conforman posiciones subjetivas muy claras: alguien que dirige
el trabajo y lo organiza y un grupo que presta esa actividad
subordinadamente o de forma dependiente de aquél, de
cuya relación se construye a nivel individual la relación
obligatoria que se conoce como contrato de trabajo y a nivel colectivo la presencia del sujeto que organiza ese interés pretendiendo intervenir y “gobernar” el proyecto organizativo del empresario. Por eso en el lugar de trabajo – en
la empresa en esta acepción – es donde se condensa el
conflicto entre empresa y sindicato puesto que éste necesariamente encamina su actuación a la creación de derechos que garanticen la profesionalidad digna de los trabajadores y la eliminación gradual de la unilateralidad organizativa empresarial sustituyéndola por una actitud más democrática, que realice a su vez la condición ciudadana de
los trabajadores también en la empresa. Desde la idea
central de condicionar, controlar o negociar el poder de
decisión y organización del empresario, la red institucional
de la representación y de la acción sindical en la empresa
se conciben y se realizan normativamente desde el lugar
de trabajo, el centro de trabajo. Esta es la regla básica que
explica el sistema español de representación “unitaria” y
“sindical” construido desde la unidad electoral del centro
de trabajo como columna vertebral del “modelo dual” de
representación del interés colectivo de los trabajadores en
la empresa. Esa misma perspectiva se mantiene en materia de huelga, dado que el DLRT configura ante todo un
sistema de huelga de empresa en donde los “representantes” de los trabajadores todavía no han sido calificados
en función de la dualidad representativa que caracteriza al
sistema, pero donde la confusión entre empresa y centro
de trabajo es una referencia continua. Y, en fin, en
◗◗◗
De esta manera, el “retorno” a la empresa
como eje del trabajo sindical está neceDe momento las experienPorque tanto hablar del paradigma
sariamente mediado por la instituciocias
con las que se cuenta no han
fordista y sus herencias en la cultura
nalización de la acción sindical a trasindical y todavía no se ha relaciovés de los mecanismos jurídicos
sido capaces de generar una respuesnado suficientemente con la forque definen un sistema de repreta organizativa desde el espacio - emprema de construir la presencia de la
sentación de intereses determisa, sino que se acude a los esquemas orgaforma sindicato como institución
nado, y éste se localiza en el cennizativos del sindicato para, por elevación,
jurídica y políticamente relevante
tro de trabajo, haciendo equivaler la noción de empresa con la proporcionar el interlocutor (representante) en nuestro sistema de relaciones
laborales. Quizá porque la crisis
del lugar donde se trabaja en un
adecuado y suficiente, sea en el plano del
del paradigma se teoriza más en
entorno definido por una organisector o rama, sea en el del territorio,
el debate sindical sobre la base de
zación de una cierta autonomía
con todas las dificultades que ello
sus repercusiones en el trabajador
productiva en el conjunto del diseño
lleva.
típico y atípico al que se refiere el tramas general de la empresa.
bajo productivo actual y que entre nosotros cobra presencia abrumadora bajo la forEs claro que se necesita construir los víncuma del trabajo precario, inestable y temporal y sus
los que liguen el lugar de trabajo y la empresa coreferencias de edad y de género. De forma que cuando el
mo espacio de regulación de las condiciones de trabajo y
sindicato retorna a la empresa considerando este ámbito
de empleo. Lo que implica repensar la institucionalización
el elemento básico de su estrategia de actuación, no ende la acción sindical actualmente existente – en los térmicuentra allí un colectivo laboral relativamente homogeneinos en los que realmente se expresa –, es decir tanto el
zado, sino un conjunto fragmentado y desigual de trabamodelo dual de representación de intereses en vigor cojadores que no sólo tienen identidades propias y diferenmo la propia estructuración interna del sindicato en la conciadas del tipo ideal del trabajador clásico, sino que tamformación de la posición que ocupa la sección sindical de
poco disponen de un conjunto de tutelas claramente deliempresa. Por otra parte, al ser el sindicato un agente de
mitadas, al punto que para muchos de ellos las tradicioregulación de las condiciones de trabajo y de empleo, y
nales garantías del trabajo son tan desconocidas como
partícipe de las decisiones sobre la organización del tralos derechos democráticos que jamás gozan en el ejerbajo – que sigue reclamando el empresario como monocicio de su actividad productiva.
polio suyo -, la concreta administración de esta relación en
la empresa requiere una reflexión sobre la red de instruPorque aunque sea una constatación banal, la empresa
mentos regulativos colectivos que se vinculen directaestá ya desde hace tiempo y en muchos sectores desamente con la empresa como centro de imputación norgregada, deslocalizada y deconstruida, y en ese proceso
mativa.
no parece posible mantener las mismas bases organizativas de la representación de los trabajadores en la empreEsta es una reflexión fundamentalmente sindical, pero
sa, que se corresponde con un modelo diferente de organormalmente se vuelve a reabsorber en una perspectiva
nización empresarial, como también la de sus formas de
claramente institucional, normativa, que se viene a conaccíón y su “capacidad de intervención”. Es aquí posibleceptuar como el único camino de promover la autonomía
mente donde la necesidad de debate y de experiencias
de la acción sindical. Lo que además suele realizarse sin
sindicales sea mas urgente por tratarse de un aspecto
debatir previamente los términos en que se está realizanmuy visible políticamente.
do la acción institucional del sindicato en la empresa y sus
implicaciones.
...y la dimensión institucional de la acción
institucional.
La dimensión organizativa de la empresa...
Este es por consiguiente el primer problema planteado, la
reducción de la empresa a lugar de trabajo, al que hay que
añadir la desconexión de los planteamientos de organización de la empresa de este último concepto, el del lugar
donde se trabaja para otro.
Durante tanto tiempo atendiendo sólo al trabajador como
sujeto de tutela y como sujeto motor de la acción sindical,
desplegando la dimensión individual y colectiva del mismo, el interlocutor contractual o el antagonista colectivo
ofrecía una foto fija en la que no se reparaba y que posiblemente ofrecía una imagen del empleador que no se co-
La primera respuesta a los nuevos diseños de la organización empresarial flexible parece propiciar una estructura
sindical superpuesta a los órganos de representación en
una empresa frente a la que no es posible representar el
interés colectivo de los trabajadores en su conjunto, es
decir, a una suplantación de los enclaves institucionalmente designados como relevantes a efectos de la acción
sindical de tutela de los trabajadores por una estructura
sindical especialmente diseñada a la medida de la dimensión organizativa que ha elegido la empresa y que por regla general se situará en el nivel sectorial supraempresarial de la organización sindical. En este sentido,
◗◗◗
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rrespondía con su identidad predominante actual, como
sucede con algunas fotos de familia que reflejan una imagen lejana en la que resulta difícil reconocer a aquel con
quien se está hablando todos los días. Sin embargo la delimitación de lo que es la empresa y el empresario es hoy
objeto de debate desde la visión que el sistema jurídico
ofrece del mismo, en concreto frente a los fenómenos de
coordinación empresarial y de externalización
productiva.
OPNION
rio
lo que respecta a la negociación colectiva, es patente el
solapamiento en la que constituyó la figura “estrella” de la
reforma laboral de 1994, el denominado acuerdo “de empresa”, pero también se puede rastrear en otras figuras del
convenio colectivo regulado por el Estatuto de los Trabajadores, desde la legitimación para convenir hasta la pactación del comité intercentros en convenio colectivo.
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OPNION
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mantener, como sería razonable, que la crisis de identidad
representativa de los trabajadores en la empresa flexible
se supera mediante el recurso a instancias sindicales sectoriales, significa también que la respuesta escogida por el
sindicato a estas nuevas realidades organizativas favorece y acelera la crisis de las formas vigentes de institucionalización de la acción sindical en la empresa. La duda que
surge al respecto es si el sindicato es capaz de desplegar
su creatividad organizativa impulsando formas de agregación de intereses en la empresa diseñada flexiblemente sin
necesidad de recurrir a la estructura supraempresarial clásica del sindicato, el sector o la rama de producción. Interrogante que se plantea a su vez de manera muy parecida
Las dificultades para encontrar un ámbito comprensi❛❛
vo de negociación colectiva o para entablar una actuación
huelguística son evidentes, y sólo pueden ser salvadas mediante la intervención de una fórmula organizativa sin referencia directa a la empresa, aunque con especialidades
propias que aquí no pueden abordarse.
cuando lo que está en juego es una coordinación de actividades productivas mediante el juego de la subcontratación de actividades en un mismo centro de trabajo, con la
única diferencia de que en estos supuestos la respuesta
organizativa sindical suele reposar en la creación de un interlocutor – coordinador por parte sindical que se residencia en las estructuras territoriales de la organización sindical.
Por el momento las experiencias con las que se cuenta no
han sido capaces de generar una respuesta organizativa
desde el espacio - empresa, sino que se acude a los esquemas organizativos del sindicato para, por elevación,
proporcionar el interlocutor (representante) adecuado y
suficiente, sea en el plano del sector o rama, sea en el del
territorio, con todas las dificultades que ello lleva, reconociendo a la postre que el sindicato no tiene capacidad institucional en la empresa para poder administrar el conflicto desde ese lugar. Si se quiere a la inversa, el espacio –
empresa desde la dimensión organizativa que le da el empresario escapa a la compartimentación que institucionalmente se ha definido para la acción sindical. Ello implica
una cierta incapacidad de intervención de los órganos de
representación normativamente previstos y la definición
de sus facultades de acción, de manera que el acotamiento del campo de juego de la acción sindical no sirve
en estos supuestos y se tiene que rehacer desde presupuestos nuevos ante cada supuesto en concreto dependiendo de la correlación de fuerzas que en ese momento
determinado pueda darse. Es conveniente además resaltar que este tipo de soluciones que el sindicato inventa para hacer frente a un diseño organizativo dislocado y fragmentado formalmente, aunque con una clara convergencia en los objetivos de la organización del proceso de producción de bienes y servicios considerado en su conjunto, son siempre soluciones marcadas por la provisionalidad, que se agotan en el caso concreto sin producir una
regla hacia el futuro. Por lo demás las dificultades para encontrar un ámbito comprensivo de negociación colectiva
o para entablar una actuación huelguística son evidentes,
y sólo pueden ser salvadas mediante la intervención de
una fórmula organizativa sin referencia directa a la empresa, aunque con especialidades propias que aquí no pueden abordarse.
Sin embargo no es esta una tendencia unívoca que señale al sindicato y a las estructuras supraempresariales del
mismo como formas de respuesta a las transformaciones
de la morfología empresarial. En la dirección contraria caminan las orientaciones legales y convencionales que pretenden consolidar órganos de representación unitarios
sobre la base de un colectivo de trabajadores cuya inserción trasciende el ámbito del centro de trabajo y la empresa. En efecto, determinados fenómenos de cooperación
empresarial – grupos de empresas señaladamente – han
visto emerger reglas que crean organismos de representación electiva, de tipo unitario, como fórmula de recomposición del ámbito de representación del interés colectivo de los trabajadores con el efectivo poder de dirección y
de organización de la empresa. Así ha sucedido en el
transcendental tema de los comités de empresa europeos, sobre el que por cierto hay una extensa literatura jurídica y sindical que pone el acento en la dimensión transnacional que cualifica la organización empresarial, y una
larga experiencia derivada de la negociación colectiva de
nuestro sistema de relaciones laborales en materia de comités de grupo de empresas, como consecuencia de la
creación de una unidad de negociación adecuada a esta
realidad. Y, en lo que se refiere a los fenómenos de interposición regulados legalmente a través de las ETTs, la norma establece una especie de préstamo de la capacidad
representativa del órgano representativo de los trabajadores de la empresa respecto de aquellos cedidos por la ETT
que trabajan en la empresa, al menos en relación con los
aspectos del trabajo que realizan bajo la dirección y el control de la empresa usuaria, regla legal que puede exportarse a los fenómenos de cooperación interempresarial
externa a través del fenómeno de las contratas y subcontratas.
◗◗◗
En cualquier caso, es claro que el espacio – empresa no
agota la representación colectiva posible derivada del tra-
Jóvenes y acción colectiva
■ Antonio Antón
Sociólogo
unas conclusiones donde se profundizan vaste estudio contiene un importante trabarios aspectos que inciden en la acción colecjo de investigación cualitativa sobre las extiva: el marco global y de las empresas analiperiencias de acción colectiva en el marco lazadas; el papel de la precariedad y la inestaboral de varios grupos de jóvenes trabajadores
bilidad laboral; el significado del trabajo; las
y sindicalistas. Los objetivos iniciales perseguídiferencias generacionales, y la representaan una profundización sobre el comportamiención social de los sindicatos. A partir de ahí se
to, las opiniones y las actitudes de los jóvenes
ofrecen unas ideas y propuestas para orientrabajadores y trabajadoras en esta Comunitar mejor la actividad en relación con los jódad de Madrid, con respecto al movimiento
venes, en cuatro campos: en los canales de
sindical, para sacar las enseñanzas que renoinformación y comunicación; en los espacios
vasen nuestros enfoques. Se ha investigado su
y relaciones intergeneracionales; en la forparticipación y su percepción sobre los procemación laboral y sindical, y en la socialización
sos adaptativos y conflictivos en el ámbito lay traspaso de experiencias.
boral y en relación con el mundo adulto en las
empresas. Se trataba de averiguar su vincuHay una pérdida de peLas conclusiones son ilustrativas y sugelación con las dinámicas y estructuras sinrentes para avanzar en la comprensión de
dicales y las dificultades que éstas ofrecen
so del componente laboral
las características específicas de los jóvepara su mayor participación. Por tanto,
y de ‘clase’ -estatus sociones, para superar las dificultades en su
era esencial aplicar una metodología pareconómico- en la identidad
participación y vinculación al sindicalismo,
ticipativa para partir de los propios discurpersonal y colectiva y un
y, al mismo tiempo, para regenerar la acsos de los jóvenes.
mayor peso de las ‘forción sindical y sociopolítica y la vida organizativa de los sindicatos.
Tras el análisis de esos discursos se llegan a
mas de vida’.
E
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◗◗◗
1 Extracto del Prólogo y las Conclusiones del libro Jóvenes y acción colectiva. Experiencias en el marco sociolaboral, co-
ordinado por Antonio Antón y editado por la Fundación Sindical de Estudios. Corresponde a un estudio realizado por un
Equipo de Investigación del Master en Investigación Participativa para el Desarrollo Local de la Universidad Complutense de Madrid, en colaboración con CCOO de Madrid.
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bajo, puesto que no es capaz de ofrecer un campo de acción en el que la inserción en el proceso productivo implique la correlativa inclusión en un conjunto de derechos
ciudadanos a los que el trabajo (estable) permite acceder.
El ámbito de la “dificultad de inserción en el mercado”, el
empleo intermitente y precario con su frecuente rotación
entre el desempleo y un trabajo temporal, carece de los
derechos de ciudadanía que la Constitución reconoce a la
posición social y económicamente cualificada de trabajador, y se encuentra en un territorio diferente al resto de sus
episódicos compañeros de trabajo en la empresa. Por eso
ahí el espacio imaginario de la acción sindical no puede ser
fundamentalmente la empresa ni las fórmulas tradicionales de representación de los trabajadores en la misma, sino que se debe situar también fuera de este ámbito de inclusión, a través de mecanismos de implicación colectiva
de estos trabajadores desiguales en la acción de democratización y de tutela que el sindicato lleva adelante, no
necesariamente canalizados a través de la marca sindical
como exclusivo cauce de participación. ■
INDICADORES
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No se detecta un debate que intente visualizar este problema desde una perspectiva unitaria y que ofrezca en
consecuencia una línea de discusión en la que se presente el “nuevo modelo” de participación y de representación
en la empresa al que se alude como objetivo posible del
proyecto sindical de los cuatro próximos años. Desde ese
punto de vista el “retorno” a la empresa, el nuevo leadership sindical en este lugar de actuación, tiene necesariamente que confrontarse con el marco institucional en el
que se mueve y proponer su continuidad reformada o su
sustitución paulatina por otro tipo de proyecto organizativo de la representación en la empresa. Es un debate necesario que recuerda a aquel que sacudió la cultura sindical de finales de los setenta en torno a comités y sindicatos en la empresa y que trazó una cierta línea divisoria entre las organizaciones sindicales más representativas de
este país.
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INDICADORES
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8■
En este Prólogo voy a exponer, a título de marco general
de este estudio, algunos elementos claves de la expresión
sindical de los jóvenes y de cómo se van conformando sus
identidades sociales, cuestiones que han recorrido toda la
investigación.
dor, con especial relevancia para las generaciones jóvenes.
Veamos el reflejo en la identidad de los jóvenes. En relación con la palabra identidad colectiva hay que precisar
que nos podemos referir a elementos de identificación
fuerte como ¿qué o quiénes somos?, o bien, qué mentaEn primer lugar, voy a exponer, desde un punto de vista
lidad tenemos: ¿Qué ideas, objetivos, sentidos o represociológico, las características y dificultades principales
sentaciones tenemos de nuestra vida y de la sociedad? La
de la incorporación de los jóvenes a las estructuras sindidiscusión sobre la identidad colectiva ha adquirido un
cales y a la acción colectiva. En segundo lugar, voy a
nuevo vigor por la convergencia de tres dinámihacer referencia a las tendencias sociales y
cas, que necesariamente se deben tener en
culturales que influyen en los jóvenes y que
cuenta. La primera, por el debilitamiento
constituyen el contexto donde se exPara comprender a las nuede las grandes identidades de clase, en
presan sus identidades y sus vínculos
vas generaciones jóvenes hay
particular, la de la clase obrera. La secon la población trabajadora adulta
gunda, por el desarrollo de diversas
y el movimiento sindical.
que valorar esas nuevas tendencias
identidades colectivas parciales sociales; pero es fundamental dar imculturales, de género, locales, ecoEl primer aspecto destacable es
portancia a una nueva cultura, (...) y,
logistas, etc.- que además son
la participación importante de
gente joven en la estructura bási- también, a la resistencia cultural y prác- transversales y afectan a todas las
tica, contra las desigualdades, jerarclases sociales. La tercera, por la
ca del sindicalismo, en las funcioquías y opresiones diversas en un
fuerte tendencia de individualización
nes de delegados y representantes
que vacía los contenidos y relaciones
sindicales. (Hay más de 40.000 delemundo que aparece como forde una identidad colectiva y pone el
gados sindicales jóvenes, cerca del
malmente libre e igual.
acento en la identidad individual, aunque
15% del total, con datos de noviembre
enfrentada a ella se dé una reacción de signo
de 2003, de los cuales cerca de 20.500 de
contrario, de tipo comunitarista o de cohesión gruCCOO, algo más del 50%). Por tanto, se puede
pal.
destacar la significativa presencia juvenil entre la representación sindical, pero hay que constatar otros aspecLas dinámicas sociales y culturales de esa modernidad
tos: las dificultades de acceso a las estructuras interme‘tardía’ o ‘reflexiva’ estarían dando lugar a una doble tendias de los sindicatos, el soporte decisivo para la orientadencia. Por una parte, a un nuevo proceso de individualición sindical y el más visible; las tensiones entre las menzación. Por otra parte, estaría otra tendencia hacia una
talidades e intereses laborales entre los diferentes segnueva institucionalización de las formas de vida, personamentos de edad y las combinaciones intergeneracionales,
les y colectivas. Es una doble tendencia de acceso a nuey los cambios de las tendencias sociales y culturales de la
vas formas y expresiones de libertad y, al mismo tiempo,
población trabajadora que influyen en la función de la reaunque en capas y proporciones diferentes, a nuevas representación sindical.
laciones de dependencia y subordinación. Esas dinámicas producen resistencias, acomodaciones diversas y
Con respecto a esto último, se pueden destacar tres eleformas mixtas y asimétricas de relación entre la identidad
mentos: el rejuvenecimiento del mercado laboral; los
individual y la colectiva, y afecta especialmente a las nuecambios en la cultura e identidad obrera y su reflejo entre
vas generaciones.
los jóvenes, y la particular socialización laboral de los jóvenes y cómo afecta a los valores de solidaridad. Expongo
Lo nuevo y significativo es el cambio cultural y de las menun resumen de estos dos últimos aspectos.
talidades modernas de la sociedad (post) industrial y la
conformación de nuevos estilos de vida e identidades fráIdentidad y acción colectiva de los jóvenes
giles, heterogéneas y diversas; en particular, en algunos
sectores sociales y juveniles, precarios e ilustrados. Hay
Con respecto a la cultura obrera e identidad colectiva en
una pérdida de peso del componente laboral y de ‘clase’
los jóvenes, hay que señalar dos rasgos distintivos: una
-estatus socioeconómico- en la identidad personal y comayor individualización de las relaciones interpersonales y
lectiva y un mayor peso de las ‘formas de vida’; aunque
una experiencia organizativa más abierta entre los jóvenes
una parte de ese estilo de vida está condicionada por el nitrabajadores; eso supone un distanciamiento con los intevel personal y familiar de propiedad de bienes y rentas moreses, prácticas asociativas y pautas culturales de la base
netarias y de la capacidad relacional, experiencial, y cultuadulta sindical y, específicamente, de la estructura sindiral.
cal, muy institucionalizada.
❛❛
Pero los cambios más profundos derivan de la pérdida de
fuerza del trabajo como factor de identidad y de cohesión
social, aunque sigue constituyendo un problema central.
Los problemas derivados de las transformaciones del trabajo y del mercado laboral son más amplios y graves. La
dificultad viene de la falta de sintonía entre esa realidad de
precariedad e indefensión y la expresión colectiva de una
población trabajadora segmentada y diversa, de las dificultades para una identificación, una capacidad articuladora y una acción colectiva de cierto alcance transforma-
Existe una paradoja: se mantienen o incluso se amplían las
grandes desigualdades sociales y económicas, sobretodo en el ámbito internacional, pero pierden peso en la conformación de la identidad y en la acción colectiva estable,
aunque se conformen amplios movimientos de protesta
como contra la guerra. La mediación entre los dos planos,
la economía y la cultura, se segmenta, diversifica y exige
una nueva interpretación. La capacidad expresiva, individual y colectiva, dependería más de la propia subjetividad
-de su cultura, personalidad, voluntad- contingen-
◗◗◗
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En consecuencia, para comprender a las nuevas generaciones jóvenes hay que valorar esas nuevas tendencias
sociales; pero es fundamental dar importancia a una nueva cultura, a una acción y debate en el plano específicamente cultural, resaltando los nuevos valores e identidades: autonomía y solidaridad, nuevos acuerdos sociales, igualitarismo; y, también, a la resistencia cultural y
práctica, contra las desigualdades, jerarquías y opresiones diversas en un mundo que aparece como formalmente libre e igual.
Por tanto, hay un desequilibrio entre las socializaciones, la
cultura contractualista y los valores de la reciprocidad y la
solidaridad. Además, hay una fuerte mentalidad individualista y de corto plazo y, ante la incertidumbre y desconfianza en los compromisos ‘públicos’ junto al deterioro de
los sistemas de seguridad y pactos colectivos e intergeneracionales, se tiende hacia el aseguramiento privado y
la correspondencia con la contribución individual. En definitiva, es necesario una reformulación de la exigencia de
los derechos sociales y de los deberes de la contribución
pública, el empleo y el trabajo, para afianzar la cultura de
la solidaridad pública entre los jóvenes y las garantías de
protección social.
INDICADORES
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te, de la incorporación de los cambios culturales, de cómo
se vive la fragilidad y la inseguridad proporcionada por las
incertidumbres, derivadas de la inestabilidad y los riesgos
de las condiciones materiales de vida, presente o futura.
■9
La socialización laboral de los jóvenes y los valores
de solidaridad
El último aspecto es la relación de la socialización laboral
de los jóvenes y los valores de solidaridad. Existe un evidente deterioro de la cultura obrera tradicional, del mundo
del trabajo como factor de identidad, en especial, entre los
jóvenes. Dos elementos fundamentales estaban en el sustrato cultural de la clase obrera; uno, el equilibrio entre su
aportación de trabajo y la garantía de derechos, es decir,
la cultura contractualista del keynesianismo entre el pleno
empleo y el Estado de bienestar; el otro, los valores de solidaridad, relacionados con el sentido de pertenencia e
identidad colectiva. Voy a tratar estos dos aspectos relacionados con las nuevas generaciones y el cambio de
condiciones y mentalidades con respecto a ellos.
Los jóvenes, ahora, permanecen más tiempo en otros
campos de socialización –escuela, familia, relaciones interpersonales- que son más tolerantes y abiertos. Con esa
experiencia se resisten a una socialización mucho más jerárquica y disciplinada en las empresas. La primera etapa
refleja más libertad y derechos con pocas contrapartidas.
El ámbito de la escuela tiene dificultades añadidas para la
educación y el aprendizaje en los deberes, tanto cívicos
como formativos. En la segunda etapa, en el ámbito laboral, los empresarios redoblan sus esfuerzos para garantizar la eficiencia, la productividad y la subordinación, utilizando la precariedad como presión para la ‘adaptabilidad’
y ‘disponibilidad’.
Las políticas laborales, la situación del mercado de trabajo y las condiciones de los empleos precarios fuerzan un
sistema de autoridad, de obligaciones y rendimientos
concretos, con contrapartidas salariales y de expectativas
laborales y profesionales limitadas e inciertas; es la presión dominante de los ‘deberes’ con la renuncia a los ‘derechos’ laborales, a un empleo digno y a unas oportunidades vitales claras.
Por lo que se refiere a los derechos sociales, los jóvenes
con poca participación en el empleo, reciben unos bienes
básicos del Estado de Bienestar –enseñanza, sanidad-,
con la percepción de su poca ‘contribución’; pero esos
derechos están enmarcados en un pacto intergeneracional y en la perspectiva de su mantenimiento. Sin embargo,
cuando se emplean y cotizan, en condiciones inferiores a
la población laboral adulta, la percepción es que se les limitan algunos derechos laborales y la protección social,
las prestaciones de desempleo o las futuras pensiones.
❛❛
Existe una paradoja: se mantienen o incluso se amplían las grandes desigualdades sociales y económicas, sobretodo en el ámbito internacional, pero pierden peso en la
conformación de la identidad y en la acción colectiva estable, aunque se conformen amplios movimientos de protesta como contra la guerra.
Todo ello expresa la necesidad de una renovación del sindicalismo, de sus propuestas y estilos organizativos, para
conectar mejor con las condiciones, necesidades y mentalidades de las nuevas generaciones que mañana constituirán el grueso de la clase obrera. En particular, el dinamismo y la orientación de los sectores más activos y solidarios de esta nueva generación de los noventa, socializada en la precariedad laboral, más pragmática, realista e
ilustrada y, al mismo tiempo, con una cultura organizativa
más abierta, van a condicionar la evolución del sindicalismo en esta década y su capacidad de articular y representar los nuevos sectores emergentes.
◗◗◗
INDICADORES
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10 ■
de la acción colectiva nos encontramos con la pérdida de
la centralidad del trabajo, ya que con el anterior modelo
económico fordista, el trabajo era el eje central de la soEsta investigación sobre “Las Experiencias de Acción Cociedad. Hoy en día hemos pasado a un modelo postforlectiva de los jóvenes trabajadores y trabajadoras de la
dista, a través de una serie de transformaciones técnicas
Comunidad de Madrid en el marco socio-laboral” se ha rey tecnológicas, que permiten grandes incrementos de la
alizado en el ámbito de dos grandes empresas del sector
producción con mucha menos mano de obra. Además,
del metal, una empresa del sector servicios de limpieza
los procesos de flexibilización han venido acompañados,
hospitalaria y varias empresas del sector de telemárkea su vez, de medidas de desregulación jurídica, produting, donde se ha contactado con trabajadores y con reciéndose una crisis de la sociedad del trabajo. El trapresentantes de diferentes sindicatos. Asimismo, se
bajo pierde la centralidad que se le otorgaba
ha contactado con responsables de los sectores
con el modelo de producción fordista, conde telemárketing y de juventud de sindicatos
solidándose una fragmentación entre los
representativos; lo cual ha permitido coLos jóvenes, ahora, permatrabajadores. El concepto de clase,
nocer las posturas y diferentes visiones
necen más tiempo en otros
caracterizado por una fuerte identique tienen estos actores sobre la acción colectiva de los jóvenes en el mar- campos de socialización –escuela, dad, deja de tener la capacidad de
co socio-laboral. En los siguientes familia, relaciones interpersonales- cohesión que tuvo en periodos anteriores. La vieja identidad entre ciuapartados desarrollaremos las conque son más tolerantes y abiertos.
dadano y trabajador se ve modificaclusiones referidas a cada uno de los
Con esa experiencia se resisten a
da ante la pérdida de la centralidad
bloques de análisis.
una socialización mucho más jedel trabajo. La deslocalización espacial, así como la desarticulación y la
Generación de la acción colectiva
rárquica y disciplinada en
fragmentación productiva han hecho
las empresas.
que algunas clases laborales tradicionales
Como hemos comprobado a través del anápierdan su coherencia, su identidad y hasta su
lisis del discurso de los jóvenes, todo el proceso
situación geográfica.
para llegar a la acción colectiva en el ámbito laboral es
muy complicado y difícil. Influyen muchos factores, y en
La respuesta mayoritaria de los trabajadores, insertos en
cada caso se gesta de una forma diferente. Nos enconel actual marco de precariedad, es optar por una actitud
tramos con procesos, tanto a nivel global como a nivel loindividualista, defensiva y competitiva.
cal (empresa) que dificultan que se llegue al desarrollo de
la acción colectiva.
Otro obstáculo para el desarrollo de la acción colectiva es
la creciente diversidad de culturas del trabajo, cada vez
Para que ésta acontezca es necesario que los trabajadomás particulares y segmentadas, con valores muy diferes se perciban como un grupo con unas concepciones
rentes, lo que complica la formación de una identidad lacomunes sobre su realidad, unas metas similares y que
boral fuerte.
comparta una serie de opiniones sobre el entorno sociolaboral. Para ello se tienen que formar unas redes sociales
Por tanto el panorama con el que se encuentran el colecde comunicación, donde puedan compartir experiencias,
tivo de jóvenes no facilita el desarrollo de la acción coleccrear nuevas formas de relación interpersonal y nuevas
tiva.
estructuras que den sentido a la realidad. Pero en este
proceso nos encontramos con continuos impedimentos
Precariedad e inestabilidad laboral: factores de
que bloquean el desarrollo de estas redes.
incidencia en la acción colectiva.
Son importantes, en el ámbito laboral, las redes sociales
Las importantes transformaciones en la composición técde comunicación, ya que cuanto más fuertes, solidarias y
nica del capital que han tenido lugar desde finales de los
densas son éstas, más fuerza tiene el colectivo.
años setenta, no se han visto acompañadas por una
transformación congruente de la composición política del
De esta forma, es posible que los problemas se compartrabajo. Esto conduce en la actualidad a una serie de destan por todos y trasciendan lo individual. Consolidando
fases entre las herramientas de intervención, los modelos
una conciencia común de la situación en la que se enorganizativos sindicales y el campo de intervención actual.
cuentra cada trabajador. Como hemos visto en los discursos, una movilización puntual es relativamente fácil de
En ciertos aspectos, la transformación en curso de los
organizar, pero lo realmente complejo es generar una soprocesos productivos constituye una radicalización del
lidaridad y compromisos cotidianos.
modelo fordista. La lean production, el kan ban y demás
innovaciones introducidas por las prácticas de gestión
A su vez, hemos observado que la acción colectiva ejerce
empresarial de las últimas décadas, profundizan la articumayor fuerza y presión ante las empresas si hace visibles
lación entre los ritmos productivos y la demanda del merlos conflictos a la opinión pública, mediante formas altercado, acercándose al sueño fordista de una fusión sin finativas de comunicación que salgan del ámbito de la emsuras entre las instancias de producción, circulación y
presa, consiguiendo la atención de los medios y sensibiliconsumo.
zando al resto de la sociedad.
Conclusiones
❛❛
Marco global para el desarrollo de la acción
colectiva
Entre los procesos a nivel global que impiden el desarrollo
Pero, en otros aspectos significativos, es posible observar
ciertas discontinuidades que el proceso de reformulación
de la acción colectiva necesita tomar en cuenta. En primera instancia, la relación entre las unidades pro-
◗◗◗
soci
olabora
conflictos debido a la intensificación de las prácticas de
contratación temporal y a la reducción del empleo fijo y estable.
Los empleos precarios se caracterizan por salarios bajos,
peores condiciones de trabajo y por una situación de indefensión frente a prácticas abusivas por parte de la empresa. La precariedad laboral es utilizada como estrategia
de control del conflicto en los centros de trabajo, premiando a los trabajadores leales y estigmatizando a aquellos que reivindican la mejora de las condiciones laborales.
Las situaciones asociadas a dicho control empresarial generan los siguientes posicionamientos discursivos que intentan responder a dicha problemática.
ervato
s
b
o
Otro elemento significativo de discontinuidad es el cambio
en las relaciones del capital con la fuerza del trabajo. Las
relaciones laborales del periodo anterior presuponían ciertos niveles de conflictividad que intentaban ser mediados
por los dispositivos de negociación colectiva. En la situación actual, este presupuesto se ve debilitado, haciéndose de la autoactivación de la fuerza de trabajo un objetivo
fundamental en la gestión de los recursos humanos. Esto
es posibilitado por el proceso de fragmentación del mercado de trabajo en un polo tendencialmente decreciente
de trabajadores integrados y un conjunto tendencialmente creciente de fuerza de trabajo externalizada sujeta a distintas modalidades de contratación y que se manifiesta en
una heterogeneidad de figuras productivas.
INDICADORES
rio
ductivas y el exterior, además de verse intensificada, sufre
una transformación cualitativa. Si en el paradigma productivo anterior, el planeamiento se originaba en el centro
de la fábrica, intentando extenderse hacia la esfera del
consumo, en la actualidad es la saturación tendencial del
mercado y la variabilidad de la demanda la que modula la
organización de la producción.
■ 11
Los procesos anteriormente descritos generan ciertas dificultades para transformar las condiciones que hacían del
lugar de trabajo un espacio de agregación político-sindical y del sindicato un dispositivo de expansión de la representación sobre el conjunto de los trabajadores.
La precariedad laboral ha sido uno de los aspectos más
discutidos por todas las personas que han participado durante el trabajo de campo. Analizada la información podemos concluir que la precarización de las relaciones laborales y la inestabilidad del mercado de trabajo es uno de
los factores de mayor incidencia en la generación de procesos de acción colectiva.
Las políticas empresariales de gestión laboral, avaladas
desde la esfera política, son utilizadas como herramienta
de disciplinamiento y control, modelando, coartando y limitando las formas de acción colectiva reivindicativa.
Una amplía mayoría de los sujetos participantes en el proceso de investigación coinciden en que las empresas utilizan tácticas de control y disciplinamiento de la fuerza de
trabajo y que éstas, no sólo van dirigidas a la organización
y gestión laboral, sino que también se ejercen otros tipos
de presión que tienen que ver con prácticas psicológicas
que hacen referencia a las amenazas, coacciones y abuso del poder. La fragilidad del empleo y la flexibilidad laboral son los principales causantes de la precarización de las
relaciones laborales.
Este nuevo marco laboral es producto de las transformaciones de las estructuras organizativas de la actividad del
mercado de trabajo, de las nuevas regulaciones políticas y
laborales, y de los cambios tecnológicos. Estos factores reconocidos en los diferentes discursos contribuyen al desarrollo de la precariedad laboral como fenómeno visible.
Las condiciones de empleo generadas por estos cambios
influyen fuertemente en las relaciones laborales, los conflictos que surgen de éstas y, especialmente, en las formas de acción colectiva. Se ha avanzado hacia la desregulación del mercado de trabajo a través de estrategias de
flexibilización laboral. Estas estrategias han generado
Hay un desequilibrio entre las socializaciones, la cul❛❛
tura contractualista y los valores de la reciprocidad y la solidaridad. Además, hay una fuerte mentalidad individualista y de corto plazo y, ante la incertidumbre y desconfianza
en los compromisos ‘públicos’ junto al deterioro de los sistemas de seguridad y pactos colectivos e intergeneracionales
La respuesta adaptativa/individualista se caracteriza por
la elaboración de un análisis de la situación del mercado
laboral y, a partir del mismo, y mediante condiciones puntuales negociadas de forma individual con la empresa, se
busca un proceso de adaptación y equilibrio entre los actores implicados. No se buscan cambios estructurales. Se
produce la continuidad del modelo mediante una alianza
entre los actores implicados. Estos sujetos llevan a cabo
acciones individuales buscando el interés personal. Se
genera un proceso de afinidad con la empresa y de indiferencia con respecto a las estructuras sindicales y a los
compañeros más críticos.
◗◗◗
INDICADORES
rio
ervato sociolaboral
s
b
o
12 ■
En la respuesta adaptativa/pasiva los trabajadores consideran el funcionamiento actual del mercado de trabajo como un hecho natural e inmodificable. El comportamiento
de este colectivo carece de aspectos reivindicativos, adecuándose pasivamente a la situación laboral procurando
no mantener relaciones con ningún actor implicado en
procesos de conflicto o negociación colectiva.
mo un aspecto que está relacionado con la igualdad de los
derechos de los ciudadanos que en muchos casos, no se
respetan aunque estén legislados. Por ejemplo, se está
reclamando la mejora de las condiciones de los jóvenes en
el trabajo, pero no se cumple por parte de los mecanismos
establecidos.
De modo significativo observamos que cuando se plantea
el tema del derecho al trabajo muchos jóvenes responden
Otro tipo de posicionamiento sería el identificado como
en términos de deber: “... el trabajo, en principio, es un
respuesta refractaria/transformadora, en el cual se
derecho que tiene toda persona. Efectivamenhace del rechazo a la actual situación del merte, es la forma de poderse ganar la vida, no
cado laboral la estrategia para la movilizahay ninguna otra...” “... lo ideal sería que
ción. Se observa la intención de un camtoda persona pudiera trabajar en lo que
bio estructural como ideología domiTodo ello expresa la necesirealmente le gusta...”. Hacia este obnante. La posición frente a la probledad de una renovación del sindijetivo los jóvenes se movilizan con la
mática es transformadora. Las expresiones de acción colectiva res- calismo, de sus propuestas y estilos intención de alcanzar mejoras en sus
organizativos, para conectar mejor
condiciones laborales y de vida.
ponden a esta lógica. Mantienen relaciones de conflicto con la empresa
con las condiciones, necesidades y
Es importante señalar que en todos
y los sindicatos menos combativos.
mentalidades de las nuevas geneestos temas existe una pluralidad de
raciones que mañana constituiposicionamientos y de niveles de elaFinalmente, el posicionamiento que
rán el grueso de la clase
boración del discurso de los mismos.
corresponde a la respuesta reversiva,
obrera.
Las ideas del derecho al trabajo, el acceso
implica la elaboración de un análisis crítico
al mismo de las diversas bases sociales e inde la situación actual del mercado laboral. Sus
cluso el derecho al reparto del trabajo forman parte
formas de acción colectiva combinan procesos de
de este discurso.
negociación, formas de acción directa y la experimentación de nuevas modalidades de comunicación y organiOtro de los aspectos que podemos analizar en el discurso
zación. Se pretende revertir la situación de precariedad
de los jóvenes es la existencia de un fuerte particularismo
tratando de identificar las oportunidades latentes en la
/ individualismo, el cual podemos entender como consenueva situación. Intenta generar procesos de articulación
cuencia de una conciencia acerca de la situación en que
y confluencia de las distintas instancias organizativas exisviven: “lo que es”, la realidad en la que se desenvuelve su
tentes desde la reformulación estratégica de los modelos
actividad laboral y en la que se supone que juegan un rol
de acción.
productivo para la sociedad que con frecuencia se constituye en evidencia moral: “lo que debe ser”, si se tiene en
Significado del trabajo y sus efectos en la acción
cuenta que el trabajo es un derecho (o una cualidad) que
colectiva de los jóvenes trabajadores y
los jóvenes no pueden alcanzar como quieren en el motrabajadoras
mento de insertarse en el mercado laboral, debido a que
el acceso al trabajo depende, en gran medida de enchuHemos constatado, al analizar los aspectos concernienfes, amistades, y todo tipo de redes particularistas y clientes al significado del trabajo y sus efectos en la acción cotelistas.
lectiva de los jóvenes trabajadores y trabajadoras de la
Comunidad de Madrid, posicionamientos diferenciados
En la interpretación que hemos realizado del discurso de
en los discursos, de los que recogemos los siguientes aslos jóvenes trabajadores en sus luchas reivindicativas hepectos:
mos observado la existencia de un eje que va desde la lucha individual hacia lo colectivo, en el que no deja de priLa situación en que se encuentra la juventud actual frente
mar la individualidad por obtener beneficios y, por otro laal mercado de trabajo ha sido analizada desde varias
do, una vez obtenidos vuelve, en muchos casos, de lo coperspectivas que han explicado las particularidades del
lectivo a lo individual.
valor social “trabajo” y el lugar que éste ocupa en la vida de
los jóvenes participantes en el proceso de investigación.
Estos diferentes matices del discurso hacen que la acción
La llamada dualización del mercado laboral es producida,
colectiva se entienda desde los múltiples posicionamienen el terreno del significado, como una dualidad entre un
tos que pueden permitir abrir el proceso para la transfortrabajo con valor y sentido, y otro, más habitual y desvalomación social de aquellas realidades conflictivas que se
rizado.
consideran parte importante para una lucha reivindicativa
colectiva.
La estrecha vinculación entre el significado del trabajo y sus
efectos en la acción colectiva se aprecia cuando se planteSegún las diversas opiniones actuales sobre el cuestionaan aspectos tan importantes como el derecho al trabajo y
miento de la centralidad del trabajo que ha sido un aslas distintas formas de acceder al mismo. Así como la conpecto abordado en OFFE (1992) giran en torno a que el
fianza en la eficacia de la participación juvenil en la sociedad,
trabajo ha dejado de ser una categoría social clave.
la solidaridad entre los individuos, la cooperación y ayuda
entre los diferentes colectivos, el compromiso con la defenSi tenemos en cuenta las valoraciones, los puntos de vissa de los objetivos individuales y sociales.
ta, las opiniones y juicios dadas por los jóvenes, encontramos una vez más, que se habla de los enigmas,
La idea del derecho al trabajo la expresan los jóvenes co-
❛❛
◗◗◗
Así, es posible encontrar esta opinión en las valoraciones
que estos jóvenes han realizado de sus diferentes realidades sociales, donde expresan cómo el trabajo influye en
diversos aspectos de la vida y, sin lugar a dudas, en la
conciencia de los individuos para asumir sus responsabilidades sociales, que de una manera directa se expresan
en las experiencias y formas de la acción colectiva.
soci
olabora
tintos órdenes sociales el trabajo, o mejor dicho, las actividades sociales denominadas trabajo, adquieren significados diferentes.
ervato
s
b
o
Ante esta situación observamos como se ha producido,
por una parte, una valoración genérica del trabajo/empleo, pero, por otra parte, una conciencia muy clara de la
existencia de una dualidad entre un trabajo valioso y digno, y otro desvalorizado y precario.
INDICADORES
rio
de su crisis, su metamorfosis y sus disonancias, de sus
nuevos lazos y los desafíos del trabajo como un valor en
peligro de extinción, destacando así lo que en su momento expresaron Friat y Rosse (1996).
En este contexto los jóvenes han considerado que la estructuración social encuentra su plataforma explícita en el
modo de producir y trabajar, ocupando el trabajo una determinada relevancia en la vida del trabajador, así como en
las formas y experiencias de organizarse para desarrollar
las actividades colectivas en el marco socio-laboral.
En este estudio se ha podido constatar otro asunto importante referido a las distintas posiciones discursivas con
respecto a la actividad denominada trabajo y de los indivi-
■ 13
Entre estos aspectos se destaca cómo, por una parte, el
trabajo se convierte en obligación social al tener que asumir las funciones de mantenimiento de las necesidades
básicas para la vida y no porque realmente guste o se realice por placer (Dimensión Instrumental), y, por otro lado,
se sitúa el trabajo como una forma de realización personal
cuando se lleva a la práctica lo aprendido en la actividad
laboral cotidiana de una forma que el trabajador sienta como productiva (Dimensión Expresiva).
Estas valoraciones genéricas del trabajo como algo importante las hemos tenido en cuenta para la comprensión
de las distintas formas y experiencias que asumen los jóvenes al actuar de manera colectiva, y para la explicación
de la presencia de contradicciones que estimulan, a la vez
que desalientan a otros, la unión para alcanzar los objetivos sociales colectivos. Éstos pueden ser interpretados y
llegar a cumplirse cuando los grupos y colectivos se organizan para alcanzarlos.
Respecto a la crisis del trabajo, los jóvenes nos explican que
está presente en el reconocimiento social que hoy tiene el
valor trabajo, y no, en el propio trabajo que se constituye en
uno de los problemas sociales con que se enfrentan los jóvenes en el día a día. Por otro lado, a esta crisis se une la forma social que ha llegado adquirir el trabajo, su propia existencia y reconocimiento público en la sociedad, donde el
trabajo es reconocimiento en tanto que empleo.
Como conclusión a este análisis acerca de los diferentes
significados del trabajo y sus efectos para las formas de
acción colectiva y de cooperación entre determinados
grupos sociales podemos extraer lo siguiente:
• El trabajo puede llegar a adquirir distintas formas de
existencia social.
• En el aspecto teórico y metodológico, la configuración
del orden social es previa a la consideración del trabajo como valor social central.
• Si lo que está en crisis es el trabajo en su forma social empleo una de las cuestiones abordadas es en qué consiste
esa forma de clasificar el trabajo en forma de empleo y en
qué configuración del orden social encuentra su lugar.
• Por otro lado, puede ser relevante mostrar cómo en dis-
❛❛
Otro obstáculo para el desarrollo de la acción colectiva es la creciente diversidad de culturas del trabajo, cada
vez más particulares y segmentadas, con valores muy diferentes, lo que complica la formación de una identidad laboral fuerte.
duos denominados trabajadores, que, en algunos casos,
están respondiendo a una lucha por definir y crear un determinado orden social y, en otros casos, a la lucha de
ciertos individuos por ocupar una cierta posición de poder
y reconocimiento en esos órdenes sociales.
El trabajo cobra cada vez más importancia como problemática, en función de la precarización y del crecimiento de
los índices de desempleo. Pero, en un proceso simultáneo, pierde centralidad en la constitución de la identidad.
Diferencias generacionales en la acción colectiva
La necesidad de reformular las modalidades de acción
colectiva en un contexto radicalmente alterado, convierte
al análisis crítico de las experiencias del pasado en
◗◗◗
TENDENCIAS
rio
ervato sociolaboral
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o
14 ■
un aspecto fundamental, recuperando los elementos aún
válidos de las viejas estrategias y transformando aquellos
anticuados en herramientas efectivas.
Los espacios de intercambio entre las distintas generaciones de trabajadores pueden constituir lugares claves en
los cuales llevar a cabo este análisis y esta reformulación.
El proceso de fragmentación del mercado de trabajo dificulta esta tarea al desplazar el conflicto al interior de la
fuerza de trabajo generando, entre otras situaciones, la
oposición entre trabajadores adultos con empleos mayoritariamente estables y trabajadores jóvenes por lo general sujetos a nuevos modelos de contratación.
Las distintas condiciones materiales en las cuales jóvenes
y adultos desarrollan su trabajo son factores que contribuyen a dificultar la comunicación intergeneracional, generando una imagen de falta de conciencia en los jóvenes
desde la perspectiva de los trabajadores adultos, siendo
las posiciones de estos percibidas como anacrónicas o
distanciadas de la realidad por los más jóvenes.
La individualización de las relaciones salariales produce
una transformación de las lógicas de la movilización. En
los años 60 y 70 las convocatorias intentaban interpelar a
los trabajadores y trabajadoras en general, las experiencias actuales resultan más particularizadas y orientadas
hacia demandas específicas.
Los trabajadores adultos perciben la situación de los jóvenes de manera ambigua, como producto contradictorio
de los logros de las generaciones anteriores y de los desafíos de la actual.
En los jóvenes es posible detectar distintos tipos de respuestas ante estos desafíos. Posiciones de tipo adaptativo tanto en un sentido activo pero individual o de carácter
más pasivo. Intentos de retorno a los niveles de conflictividad más elevados de las décadas anteriores. Y posiciones de reinvención de las formas de acción colectiva a
partir de las condiciones actuales que se encuentran en la
mayoría de los casos en estado embrionario.
La superposición de las relaciones filiales con las relaciones laborales generan una serie efectos de diversa índole.
Por una parte, ciertos jóvenes que se incorporan al mundo laboral, lo hacen con cierta imagen de la acción colectiva transmitida en el entorno familiar. En otros casos, la
conflictividad propia de las relaciones entre padres e hijos
es proyectada en el espacio laboral.
Sin embargo durante el proceso de investigación hemos
podido localizar distintas instancias de transmisión y diálogo intergeneracional que tienden a funcionar como espacios de reflexión y acción conjunta. El cuestionamiento
de ciertas certezas con respecto a las posibilidades y a las
modalidades de la acción colectiva, permite generar puntos de interrogación comunes a partir de los cuales reiniciar el trabajo de elaboración e intervención conjunta.
Por último, hay que considerar los diversos aspectos de la
representación social del sindicato y acción colectiva: la
implicación de los trabajadores en el sindicato, en particular, la relación entre afiliación y representación; las formas
de acción y las relaciones intersindicales; la importancia
de la comunicación, en especial de su bidireccionalidad, y
la imagen del sindicato en la empresa. ■
Ex secretario general de la CONC
Cosas catalanas y la constitución europea
ienaventurados aquellos que siempre
se sorprenden: un servidor entre ellos;
de aquí que parezca ser necesario la reedición del famoso librito de Maimónides, “La
guía para perplejos”. Naturalmente me estoy refiriendo al asombro que me producen
las posiciones de ciertos dirigentes políticos
catalanes en torno al gran asunto de la
Constitución Europea. Por ejemplo, el primer espada de la fuerza política que ha gobernado Catalunya (ahora en la oposición)
ha declarado durante cierto tiempo, visto
que en su organización aparecen públicamente voces no concordantes, que “él es
neutral” en dicho debate; el presidente de otra formación
(ahora en el gobierno catalán) que tradicionalmente había
ostentado la necesidad de “hacer otro tipo de política” se
pronuncia por el no sin que se sepa si ha habido discusión
colectiva en su familia; y, finalmente, otro primer espada
(también en el gobierno) se lanza a la plaza pública —tampoco se conoce que haya habido discusión en su casa—
B
y arenga contra el texto europeo. Ni que decir tiene que hay la misma legitimidad en las
posiciones favorables como en las contrarias, pero no es de legitimidades de lo que
estamos tratando.
Las posiciones que han tomado algunos líderes se caracterizan por un cierto tipo de
toponomástica política (escorarse hacia un
lado para diferenciarse de su ńatural´ competidor electoral) con el ánimo de birlarle el
mayor número de votos en futuras contiendas a sus inmediatos competidores. De esta guisa A se diferenciaría de B en clave nacionalista, y C
se distinguiría de los demás por otros motivos, aparentes
o reales. Motivos que consolidan la querella doméstica
(sin duda pueblerina) pero totalmente extraña a los grandes asuntos europeos. Por ejemplo, si damos por sentado que las fuerzas políticas catalanas son sinceramente
europeístas de larga tradición, sorprende que en
◗◗◗
Así las cosas, no parece que, de esta manera, el proyecto
político de las diversas organizaciones catalanas esté debidamente encajado en los grandes movimientos de la
Unión Europea. Que es el escenario donde se están ventilando las grandes opciones de civilización: los problemas
del trabajo y la economía, del Estado del bienestar y el universo de los derechos; también, evidentemente, de la cultura y de la política, en tanto que tal. Son cuestiones relevantísimas (referidas a las personas de carne y hueso)
que, cada vez más, están adquiriendo una personalidad
europea. Y, en ese sentido, me pregunto hasta qué punto
una parte (al menos una parte) del alejamiento de la gente con la política se explica por el enfoque provinciano que
sobre tales asuntos tienen los partidos: adviértase que no
he dicho que eso explique totalmente tal alejamiento. Un
botón de muestra: ¿qué opinan nuestros ensimismados
caseros de cómo puede intervenir Catalunya (la política,
los sujetos sociales, los operadores económicos, el mundo de la ciencia, entre otros) para que el diferencial de innovación y tecnología con relación a determinadas euroregiones vaya reduciéndose gradualmente? Visiten las
páginas web de tales partidos y ustedes mismos verán si
existen respuestas, no digo adecuadas sino respuestas.
Puede que vean, eso sí, una plataforma reivindicativa de
las condiciones (algunas de ellas de rancia sacralidad) para votar la Constitución Europea. Pero tales condiciones
¿qué vínculo real tienen con los grandes problemas de civilización? Quizá echándole una buena dosis de descaro
se podría encontrar alguna aparente relación. En resumidas cuentas, las verticistas orientaciones que algunos líderes han dado contra el texto constitucional son una
consecuencia directa de una tan estrecha como deficiente concepción de la Unión europea como nuevo sujeto po-
soci
olabora
TENDENCIAS
rio
lítico-institucional. La cosa tiene importancia porque, evidentemente, se puede ser europeísta sin necesidad de
compartir que la Unión europea se convierta en un nuevo
sujeto político institucional: serían los europeístas de reloj
parado.
Tras las primeras posiciones políticas sobre la Constitución europea es posible augurar (sobre todo por el carácter de las mismas) una discusión maniquea entre los partidarios que tenderían a magnificarla y sus contrarios que
se orientarían a meterla en lo más profundo de los infiernos. La logomaquia podría recordar la vieja copla de La
Tarara, si; La Tarara, no. Una vieja tendencia que hunde
ervato
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o
los comicios no aparezcan las cuestiones europeas. Más
todavía, en las campañas electorales para el Parlamento
de Estrasburgo se sigue la tónica doméstica y los coscorrones que se propinan los unos a los otros siguen constreñidos al panorama catalán. Lo que no deja de ser sorprendente o tal vez esté relacionado con seguir considerando a la Unión Europea como el extranjero. Este raro europeismo, por muy sincero que sea, se caracteriza, además, por un profundo extrañamiento de los debates que
están en curso: ¿qué se ha dicho del Pacto de Estabilidad? ¿qué se opina de la obsesión unilateral del Banco
Central por sólo, y solamente, la inflación? ¿se está de
acuerdo en la necesidad de un welfare europeo, como dicen unos, o, por el contrario, según opinan otros, por un
Estado de bienestar que sea la coordinación de las diversas políticas de ese orden de los diversos Estados nacionales? De la lectura de los periódicos y de la consulta
de las páginas web de las fuerzas políticas catalanas se
saca la siguiente conclusión: nada se dice en ninguna dirección. Digamos pues que hay un déficit (mejor dicho, un
clamoroso silencio) de propuesta europea en las fuerzas
políticas catalanas, a pesar de su reconocido (y, repito,
sincero) europeismo de larga tradición. De manera que
esto me lleva a lo siguiente: el catalanismo político es profundamente solipsista. Así pues, el problema (de momento) no es el pronunciamiento favorable o contrario a la
Constitución Europea, sino el autismo de los sujetos políticos catalanes. Lo que es rematadamente perverso tanto
para los que se pronuncian por el voto afirmativo como para los contrarios porque, se supone, unos y otros están
por una Europa que se aproxime (¿razonadamente?) a lo
que todos ellos desean.
■ 15
Posiblemente algunos piensen que los redactores del
❛❛
texto constitucional han sido timoratos (o centralistas) pero, tal como están las cosas (y el asunto va para muy largo)
no se podía solucionar la cuestión catalana y dejar al pairo
las cuestiones vasca, bretona, corsa y no se cuántas más.
sus raíces venerables en lo más hondo de la historia. Un
servidor se queda con la austera valoración que ha hecho
la Confederación Europea de Sindicatos: la Constitución
europea es un paso adelante. Lo que nos permite preguntarnos en relación a qué. Disculpen el desahogo: de
momento en relación a lo que dejaron escrito La Pera y Petrossi y cantara Gardel. O sea, la superación de “un clarín
se oye, peligra la patria/ y al grito de ¡guerra! los hombres
se matan/ cubriendo de sangre los campos de Francia”,
que no fueron los únicos. Por lo menos éste es un punto
de encuentro entre los partidarios del sí y los del no para
meditar en común. Lo diré otra vez: para meditar
◗◗◗
TENDENCIAS
rio
ervato sociolaboral
s
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o
16 ■
cial. Algunos tendrán el socorrido
argumento (en ocasiones no in¿En relación a qué? Seguramenfundado) de afirmar que el papel lo
te debido a los achaques de mi
aguanta todo. Cierto, pero es que
edad, ya provecta, recurra a poresulta que estamos discutiendo
ner en primer plano, siguiendo
sobre lo que se dice en el papel, de
defectuosamente los pasos del
un lado; y, de otra parte, de la mismaestro Karl Polanyi, las cuesma manera que el texto constitutiones socio-económicas. El texcional ha rescatado la justicia soto habla de economía social de
cial (como formulación), las izmercado (el subrayado es de un
quierdas podrían acordarse de
servidor). ¿Tiene algo que ver esuna vieja dama Doña Correlación
ta formulación con los postulade Fuerzas para que el diapasón
dos neoliberales? Recuerde el
de la justicia social tenga un roalma dormida, abive el seso y
busto espesor. Ahora bien, las codespierte de algunos conocidos
sas claras: estos argumentos teny saludados míos la profunda indrán sentido siempre y cuando las
terferencia que representa dicha
izquierdas de las que estamos haformulación con relación a la nablando consideren la cuestión soturaleza del neoliberalismo: si se
cial como elemento central de civiencogen de hombros es que han
lización. Cierto, una cuestión soperdido una pequeña parte del
cial que sea la expresión de los
oremus. Hablando en plata, esta
grandes cambios que están en
es ya una condición (casi) nececurso y de los grandes desafíos
saria para repensar despaciosa(incluido el paradigma medioammente de qué Constitución estabiental como parte inseparable de
mos hablando. Porque lo cierto
aquella) de los tiempos que coes que la cofradía del Consenso de Washintong
rren, que son los nuestros. Y, en un sentido
todavía estará tomando agua de litines padistinto, a la izquierda que toree de salón
ra tragarse un sapo tan indigesto. Pero
(si es que hay alguna) esto le sonará a
hasta donde yo conozco, esta formuquisicosa cultural.
Las posiciones que han tomado
lación es más avanzada que todas
algunos
líderes
se
caracterizan
por
Hasta donde yo he oído, nadie palas formulaciones que, sobre dicha
materia (el tipo de economía), han un cierto tipo de toponomástica política rece impugnar el diseño institucional del texto constitucional, que no
escrito quienes, desde la izquier(escorarse hacia un lado para diferenda, han anunciado su intención ciarse de su ńatural´ competidor electo- es poca cosa. Lo que podría sugerir que existe otro punto de encontraria a la Constitución. (Y ésta
ral) con el ánimo de birlarle el mayor
cuentro, también de momento, enes otra: hay una izquierda que siemnúmero de votos en futuras contre partidarios y adversarios. Y comopre ha llegado tarde a las grandes
tiendas a sus inmediatos
quiera que, hasta la presente, parece
ocasiones; transcurrido un tiempo, se
competidores.
existir algo así como “bah, esa parte no
lamenta de su impuntualidad pero su reestá mal del todo”, no sigo por ahí para no cantraso le ha ocasionado una mala pasada; y, a
sar excesivamente al benévolo lector. De manera que
continuación,, orgullosa de algunas de sus viejas coses el momento de entrar sin pudores de ninguna clase en,
tumbres, se dispone a repetir el estribillo) De igual modo,
con perdón, la bicha. Quiero decir, en la cuestión catalacreo que quienes, desde posiciones diversas, tienen otro
na. Una cuestión endiabladamente difícil porque todavía
punto de encuentro, de no menor relevancia, deben fiar su
están vivos y coleando inadmisibles errores históricos y
atención a la formulación constitucional de la justicia soagresiones de toda laya contra el pueblo de Catalunya y
cial. Que es una antigua sintaxis, afortunadamente recusus instituciones; porque están más frescos todavía erroperada, de inusual utilización en los tiempos que corren;
res desde la transición hasta hoy sobre y contra Catalunno quiero mirar a nadie, pero en ciertos sectores de la izya. Aunque conviene no olvidar que, en la proporción que
quierda, esta expresión (la justicia social) sigue consideraobjetivamente sea, también nosotros, catalanes, debeda como una antigualla, tan sólo admitida como idiolecto
mos considerar qué hemos hecho o dejado de hacer. O lo
decimonónico, apropiado, sí, para los tiempos de Pablo
que es lo mismo: entre nosotros, durante muchos años,
Iglesias y Salvador Seguí pero, incluso como metáfora,
no ha sido oro todo lo que relucía. Como decía la vieja codesafortunado en estos tiempos posmodernos.
pla: Tú ja m’entens; tú ja m’entens… Yendo por lo dereNo es difícil imaginar a los neocons (de allende y aquencho: la parte de responsabilidad que nosotros tengamos
de los mares) arqueando las cejas con indisimulado mal
es nuestro cien por cien. Lo que tampoco es difícil de enhumor. Y un poco más esperanzado, me pregunto: ¿no
tender.
estamos ante una nueva acumulación de motivos (casi)
Cuestión endiabladamente complicada porque, en efecsuficientes para volver a pensar qué se opina del texto
to, la Constitución Europea no da satisfacción a la plena
constitucional? Porque hasta la presente todas las razoreivindicación nacional de Catalunya. Ahora bien, de mones que se han dado desde posturas de izquierdas condo expeditivo digo: si tan sentido problema todavía está
trarias tal vez hayan olvidado comunicar a los inscritos en
con dificultades en España ¿en qué cabeza cabe que puesus respectivas organizaciones que ahí están, ahí están
da tener su mejor encaje en la Constitución europea? Y
esperando ver el tiempo (como a la Puerta de Alcalá) esas
afirmo sin pelos en la lengua: ¿pensaba alguien de
dos figuras: la economía social de mercado y la justicia so◗◗◗
en común.
❛❛
❛❛
REVISTA DE DERECHO SOCIAL
a revista de Derecho Social, ha editado una separata, donde aparece un artículo “análisis del modelo de inmigración en España: aspectos laboral y jurídico”, escrito por Paloma López y Rodolfo Benito, miembros de la Comisión Ejecutiva Confederal de CC.OO., donde se analizan las características de la inmigración
que se está produciendo en los últimos años y que está estrechamente ligada al tipo de crecimiento económico que se ha producido, basado en: bajos tipos de interés, un mercado laboral desregulado y con una economía sumergida superior al
20%; estos factores, unidos a las altas tasas de irregularidad, son algunos de los que
han determinado que se haya tratado el fenómeno de la inmigración como una forma de disponer de mano de obra barata y disponible para todo tipo de discriminación y explotación. Frente a este enfoque, los autores del artículo reclaman la necesidad de abordar con otra visión el problema de la inmigración, lejos del actual, donde es el mercado el que pone las reglas y aproximándose a otra visión de la inmigración, desde la política, que permita alcanzar una ciudadanía inclusiva y plural.
L
C/ Sebastián Herrera, 12-14. 1ª planta
28012 Madrid
soci
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TENDENCIAS
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cacho que le pueda corresponder) de la separación que
veras que por ahí se podía avanzar en lo que no se ha popueda haber entre la gente y el universo de los partidos
dido en España? Posiblemente algunos piensen que los
cuando llegan las grandes solemnidades. Bien, lo que
redactores del texto constitucional han sido timoratos (o
quiero decir es que tampoco con las cosas europeas se
centralistas) pero, tal como están las cosas (y el asunto va
puede jugar.
para muy largo) no se podía solucionar la cuestión catalana y dejar al pairo las cuestiones vasca, bretona, corsa y
Acabo con un cierto desahogo personal. Un grupo de cono se cuántas más. También era ilusorio creer que todo
frades sindicales estábamos en cierta ocasión celebrando
ese mosaico iba a tener una solución (más o menos aproun buen acontecimiento en un bar del Bon Pastor. En
ximada); sencillamente porque la consciencia posinuestra mesa teníamos platos de chocos,
ble no coincide con la consciencia real de cópulpos a la gallega, morralla, pinchitos
mo están dichos asuntos. Así pues, quiemorunos, sus convenientes botellas
nes con razón digan que los redactores
de blanco pasto y, naturalmente, la
Las verticistas orientaciones que
han sido unos timoratos acertarán, inhospitalidad del muy noble orujo
cluso si no reconocen que ellos misalgunos líderes han dado contra el
gallego. Estando ya con una ciermos habían pecado de ilusos; o quitexto constitucional son una conseta alegría en el cuerpo y en el alzás no cayeron en la cuenta que tecuencia directa de una tan estrecha coma se nos acercó el dueño de la
ner razón, desgraciadamente, no
tasca. Dijo: Compañeros, esto
mo
deficiente
concepción
de
la
Unión
basta.
corre a cuenta de la casa. Lo que
europea como nuevo sujeto políticofue premiado con grandes aplauUn servidor ha intentado seguir una
institucional.
sos. Me levanté y le dije: Así se hamáxima bastante castiza: con las cobla,¿pero a qué se debe el honor? Y el
sas de comer no se juega: esta es una
dueño: Porque tenías mucha razón en
cultura muy extendida en los sindicalistas.
aquella asamblea de mi empresa dijiste que si
Firmar o no firmar el resultado de una negohacíamos esto, lo otro y lo demás allá nos estrellaríaciación tiene sus repercusiones; convocar un conflicto o
mos. Te pitamos, y pasó lo que tú dijiste; nos echaron a la
no, tiene sus repercusiones. Porque de todo ello depende
calle. Bueno, cosas que pasan… Puede ser que tener raen buena medida la condición material de las personas,
zón antes de tiempo es equivocarse. (De esta anécdota
dentro y fuera de los centros de trabajo. Se trata de un cópueden dar razón fundada Manolo Gómez Acosta, Santi
digo deontológico que nada tiene que ver con la toponoBarrera y Emili Penado; del resto de la cofradía ya no me
mástica política a la que antes me he referido. Sin embaracuerdo, pues el tiempo no pasa en balde. ¿Y esto a qué
go, esta forma de ser no está convenientemente extendivenía? ■
da en el mundillo político. Y, tal vez, sea otro motivo (en el
■ 17
fund
octubre 2004 26
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ación
sindical de estud
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laboral
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EL DIALOGO SOCIAL
Y EL MODELO DE CRECIMIENTO
VIGENTE EN NUESTRO PAIS
SUMARIO
OPINION
3
■ Paloma López Bermejo y
Rodolfo Benito Valenciano
Hay que sindicalizar las relaciones
laborales de los inmigrantes.
INDICADORES
6
Un apunte de coyuntura económica
(Petróleo, inflación, presupuestos).
TENDENCIAS
8
■ Juan López Gandía
La edad de jubilación y las fronteras
entre el trabajo activo y la condición
de pensionista.
■ Vicente Sánchez Jiménez
Semana Europea sobre Seguridad,
Medio Ambiente y Salud en la
Construcción.
seis meses del Gobierno emanado de las elecciones del 14
de marzo, y en curso del procedimiento para la aprobación
de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2005, es
oportuno realizar una primera reflexión de los principales ejes gubernamentales de intervención, a fin de evaluar los efectos potenciales de su aplicación sobre las condiciones de vida y los derechos de los trabajadores y trabajadoras.
A
Esto es especialmente importante en una
coyuntura histórica que, sin ánimo de exhaustividad, nos atrevemos a caracterizar en
la forma siguiente:
• La prolongación y profundización de una
grave crisis del orden internacional, por efecto de la operación militar en Iraq, los efectos
de la política unilateral y hegemonista de la
Administración republicana de EE.UU., y la
generalización de un sentimiento de miedo
en la opinión pública mundial, por las amenazas del nuevo terrorismo global, de la aceleración de la crisis ecológica global y de los
devastadores efectos de las nuevas epidemias, endemias y pandemias en nuestro siglo.
❛❛
Los cambios sociodemográficos que
implican, de un lado, cambios cuantitativos, significados, fundamentalmente, en el envejecimiento de la
población, y, de
otro lado, cambios
cualitativos que podemos caracterizar
por el incremento
de los movimientos
migratorios, así como por la emergencia de nuevos sujetos sociales.
• El espectacular incremento de los precios
de los combustibles, en buena medida asociado a los fenómenos antes descritos, además del incremento en la demanda derivado
de los fuertes ritmos del crecimiento de las
grandes economías como China y la India. Este factor, que ya
contribuyó al fin de la que se dio en llamar “los gloriosos treinta”,
amenaza ahora los indicios de recuperación de la economía mundial y de las condiciones de vida de la población trabajadora en la
totalidad del planeta.
• El avance en el proceso de construcción de la Unión Europea,
que tiene en el procedimiento de ratificación del Tratado por el
que se instituye una Constitución para Europa, un hito decisivo,
conformando un hecho histórico, nuevo y distinto para las oportunidades y las expectativas de los trabajadores y el conjunto de
la sociedad española.
• La propia política del nuevo Gobierno español, manifiestamente distinta de la del anterior en los aspectos internacional, de derechos sociales y distribución territorial del poder del Estado, y
pendiente aún de determinar con claridad (aunque con favorables
expectativas) en lo que concierne al mundo del trabajo (diálogo
social, política de empleo, protección social, etc..) y, en general, a
su política económica (modelo productivo, I+D; política fiscal y
presupuestaria, vivienda, infraestructuras, etc...).
◗◗◗
EDITORIAL
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• El creciente descrédito en el que han caído las políticas
simplistas de libre mercado y neoliberalismo, tal y como
han sido calificadas por la CIOSL, y los límites del proceso
de globalización orientada por las mismas, que sobre la
devastación de las condiciones de vida y los derechos ciudadanos de la mayoría de la población del planeta está poniendo de relieve su condición de factor de retroalimentación de las crisis y el desajuste económico que pretendidamente venían a superar.
• Los cambios socio-demográficos que implican, de un lado, cambios cuantitativos, significados, fundamentalmente, en el envejecimiento de la población, y, de otro
2■
lo que concierne a los servicios sociales, y más en particular a las dirigidas a las personas dependientes. La ampliación de la U.E. a 25, no puede constituir, en modo alguno, motivo de tranquilidad para la actual Administración, por la automática colocación de nuestros niveles de
prestaciones por encima del nuevo promedio europeo.
• Se hace preciso, por necesario, promover a fondo un
cambio del modelo de crecimiento económico, que, fundamentalmente en los últimos años, se ha basado en el incremento del consumo privado a través de un fuerte endeudamiento de las familias, y ligado al crecimiento de la
construcción, con una fuerte penalización del sector industrial y del tejido productivo.
Estamos en tasas de temporalidad superiores al 30%,
cuestión ésta a abordar de manera prioritaria, junto a la necesaria realización de una política industrial activa, para lo
que son imprescindibles fuertes inversiones públicas, y
también privadas, en Investigación, Desarrollo e Innovación.
La tasa de temporalidad en los últimos años ha venido
marcada por una tendencia en el sector público, que ha
experimentado un crecimiento en temporalidad de casi
cinco puntos (18,7% en 2001, al 23,4% en 2003). Los jóvenes tienen una alta tasa de temporalidad, que se cifra en
el 50%, siendo la tasa de actividad de las mujeres claramente insuficiente, ya que se sitúa en el 43,5%, frente al
67,8% de los varones, lo que significa en la práctica que 6
de cada 10 mujeres no tienen empleo.
Estas altas tasas de temporalidad, acompañada, además, de altos índices de precariedad (falta de derechos),
que afecta a trabajadores y trabajadoras con contrato
temporal y se extiende también a una parte de los que disponen de empleo estable.
Las elevadas tasas de precariedad tienen mucho que ver
con el tipo de mercado de trabajo, pero también con los
procesos de subcontratación que, o se regulan, o seguirán siendo factor fundamental de precariedad.
❛❛
El diálogo social como palanca fundamental de transformación del modelo de crecimiento vigente en nuestro
país, de incremento en la productividad y mejora en la calidad del empleo, de incorporación de pautas democráticas
en los procesos de producción, distribución y consumo.
lado, cambios cualitativos que podemos caracterizar por
el incremento de los movimientos migratorios, así como
por la emergencia de nuevos sujetos sociales.
En este marco de situación, muchos y muy importantes
son los retos que se nos presentan y sobre los cuales hemos de reflexionar. A título meramente indicativo, mencionaremos los siguientes:
• La cobertura de los déficits en derechos y en prestaciones sociales, en relación con el nivel medio de la Unión Europea de los 15, y que la política de los Gobiernos del PP
no han hecho sino acentuar; especialmente clamoroso en
En momentos en los que se pone especial énfasis en la necesidad que compartimos, de incrementar la productividad, hay que subrayar que uno de los principales hándicaps que precisamente tiene la productividad, son temporalidad y precariedad.
Es preciso, pues, avanzar en una política activa de mejora
en la calidad del empleo, restableciendo el principio de
causalidad e intensificando las inversiones en formación,
basada en la perspectiva de un cambio del anterior modelo de crecimiento.
• El sostenimiento del sistema público de Seguridad Social en relación con la evolución demográfica, las expectativas de empleo y el incremento en las demandas de prestaciones, así como el índice de cobertura en los contratos
(p.ej. desempleo).
• Aunque genéricamente está incluido en el apartado de
prestaciones sociales, la garantía o sostenibilidad en la
prestación del servicio público de salud es, tal vez, uno de
los problemas más importantes para el futuro del Estado
del Bienestar y, por ende, de la democracia en España. La
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EDITORIAL
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empleo estable y de calidad y a la consolidafinanciación de este servicio, cada vez más cosción de un tejido productivo diversificado y
toso en recursos humanos y capital, es un
El diálogo social constigenerador de alto valor añadido- deberá
problema que afecta al conjunto de las
ser abordada en una coyuntura presioAdministraciones Públicas, y en el que
tuye una de las principales
se debe materializar los principios de aportaciones del movimiento sin- nada por los efectos del encarecicohesión y solidaridad que sostiene dical a la construcción de la socie- miento de los combustibles (en términos de inflación e incremento de
nuestra Constitución.
dad civil, madura y dialogante, con
los tipos de intereses, como míni• La formación y capacitación indivi- capacidad para encontrar dentro de mo), y en un ámbito supraestatal en
sí los recursos suficientes para
el que los imperativos de la libre comdual y colectiva de las trabajadoras y
petencia y la estabilidad presupuestatrabajadores, se ha conformado como
afrontar los retos de este nueria, modificada recientemente por el
el principal patrimonio social. Los recurvo siglo.
Parlamento, constituyen imperativos insos destinados a financiar su prestación
soslayables.
deben gozar de una atención prioritaria en la
formulación de las inversiones públicas.
Una coyuntura que exige del conjunto de la sociedad española un esfuerzo de adaptación, solamente viable si
• España constituye un verdadero reservorio genético de
descansa sobre el protagonismo activo de los principales
especial animales y vegetales, y de hábitat naturales para
agentes sociales, constituyendo un tejido relacional basael conjunto de la U.E.; sus recursos naturales (suelo, agua,
do en la aceptación de las responsabilidades de cada uno;
bosques, litoral), constituyen un patrimonio que merece
en la constitución en suma, de una sociedad civil.
ser conservado con el esfuerzo de todos, de acuerdo con
los principios de solidaridad y progresividad fiscal. Pero la
La declaración para el diálogo social sobre competitivisociedad española es una sociedad eminentemente urdad, empleo estable y cohesión social, suscrita el pasado
bana, en la que los efectos no deseados de su desarrollo
8 de julio entre el Gobierno y los Agentes Sociales, se
económico y social, se hacen sentir en forma de desechos
orienta en el sentido que veníamos indicando, haciendo
y contaminaciones de todo tipo, y crecientemente tóxicos
posible la superación del deterioro sufrido por el diálogo
y peligrosos incrementos de las emisiones de CO2 y gases
social en la segunda legislatura del P.P., quien lo redujo
de efecto invernadero. Problemas que deben ser atajados
con frecuencia a un mero trámite de audiencia y consulta.
dotándose de instrumentos y mecanismos políticos diversos que incorporen modificaciones sustanciales en las
Coincidentes en esta orientación, postulamos una conpautas vigentes de producción, distribución y consumo.
cepción del diálogo social que va más allá de los procedimientos de concertación entre agentes sociales, con ser
• Afrontar retos de tamaña envergadura exige la superaello importantes. El diálogo social como palanca fundación del clima de crispación que ha alcanzado su paroxismental de transformación del modelo de crecimiento vimo al final de la segunda legislatura del P.P. La sociedad
gente en nuestro país, de incremento en la productividad
española debe recuperar la que tal vez constituya su priny mejora en la calidad del empleo, de incorporación de
cipal conquista en el último cuarto del siglo XX, la capacipautas democráticas en los procesos de producción, disdad de diálogo.
tribución y consumo.
El diálogo social constituye una de las principales aportaEn un nuevo escenario político, previsiblemente también
ciones del movimiento sindical a la construcción de la soeuropeo (ampliación a 25 de la U.E. y Constitución Eurociedad civil, madura y dialogante, con capacidad para enpea), en momentos en que los cambios sociales, econócontrar dentro de sí los recursos suficientes para afrontar
micos y laborales se suceden a velocidad vertiginosa, es
los retos de este nuevo siglo.
preciso realizar una función prospectiva que sea capaz de
anticiparse a los cambios que se producen, que dé resUn diálogo social tanto más necesario cuanto la indispenpuestas a los nuevos problemas. ■
sable política económica -orientada a la generación de un
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■ Paloma López Bermejo y Rodolfo Benito Valenciano
Miembros de la Comisión Ejecutiva Confederal de CC.OO.
Hay que sindicalizar las relaciones laborales
de los inmigrantes
un catálogo de ocupaciones de difícil cobertura, para cada provincia así
como para Ceuta y Melilla, de acuerdo con la información suministrada
por los Servicios Públicos de Empleo Autonómicos. Este catálogo
estará basado en la información disponible sobre la gestión de las ofertas presentadas por los empleadores en los Servicios Públicos de emEste reglamento, del que hay que hapleo, considerando como ocupaciones las
cer una valoración positiva, básicamente en toconsignadas en la Clasificación Nacional
do lo que tiene que ver con el mercado de
de Ocupaciones en vigor.”
trabajo, la regularización extraordinaria de
Son muchos los aspectos
los trabajadores inmigrantes con empositivos del Reglamento, espeEste aspecto nos obliga sindicalpleo -pero sin papeles-, lo que significa
cialmente los relativos a temas de
mente a intensificar nuestro trabaque emerja al menos una parte de la
economía sumergida, sin embargo, carácter laboral, pero también existen jo en los Servicios Públicos de
Empleo Autonómicos y Estatal,
no modifica la Ley de Extranjería,
aspectos que hay que valorar con maefectuando un verdadero control
que, como queda recogido en el Inyor prudencia, y que no podemos obsobre las ocupaciones y la gestión
forme Anual 2004, sobre la violación
viar, como es el tratamiento de algude las ofertas presentadas.
de los derechos sindicales elaborado
nos elementos relacionados con la
por la CIOLS (Confederación InternaOtro aspecto a destacar es la creacional de Organizaciones Libres Sindireagrupación familiar, menoción
de la Comisión Laboral Tripartita,
cales) se parte de una Ley de Extranjería
res, y centros de migraque
se
constituye como instrumento de
(LOEX) donde:“Se niegan los derechos de
ciones.
consulta, mejorando la genérica redacción
los trabajadores/as extranjeros en situación
de “agentes sociales más representativos”. Ahora
“irregular” (...).Esta Ley establece específicamente
bien, es necesario, y sindicalmente un reto, dotar a dicha
que los extranjeros no pueden ejercer el derecho a la sindiComisión de contenidos de trabajo más allá de los meracalización y a la huelga, la libertad de reunión y asociación
mente consultivos en procesos puntuales, y que adquiera
(y por ende, el derecho a la negociación colectiva) (...).
un papel fundamental para incidir en los aspectos laborales relacionados con los procesos migratorios por razones
En relación a dicha restricción de derechos fundamentaeconómicas.
les, las organizaciones sindicales entendieron que vulneraban la propia Constitución Española y también conveEl arraigo laboral, artículo 45 del Reglamento, es otro de
nios de la OIT ratificados por España. A dicha interpretalos aspectos a destacar, ya que se puede obtener una aución se sumaron los partidos políticos de la oposición y ditorización acreditando la permanencia continuada en Esversas comunidades autónomas, los cuales recurrieron
paña durante un período mínimo de dos años, y que deante el Tribunal Constitucional, que deberá dictar sentenmuestre la existencia de relaciones laborales cuya duracia al respecto.”
ción no sea inferior a un año. Para poder justificar esta relación laboral, el interesado deberá presentar una resoluAsí pues, con independencia de consensuar el reglamención judicial que reconozca dicha relación laboral o el acto de la LOEX, lo cual es importante, sindicalmente hemos
ta definitiva de la Inspección de Trabajo y Seguridad Sode seguir manteniendo el objetivo de modificar el articulacial.
do restrictivo en cuanto a derechos fundamentales recogido en dicha Ley.
Para poder desarrollar adecuadamente estos artículos (45
y 46), es preciso potenciar el papel de la Inspección de
Haciendo un recorrido por el texto del nuevo reglamento,
Trabajo, dotándola de mayores recursos económicos y
se observan elementos positivos como, por ejemplo, trahumanos. Sindicalmente y como prioridad, establecer
tar de definir la Situación Nacional de Empleo, que ha sido
con la Inspección de Trabajo el control en la contratación
un obstáculo permanente en la concesión de permisos de
de inmigrantes en fraude de ley, acordando para ello platrabajo, al utilizarse, por su indefinición, de forma discrenes de trabajo que incidan en los sectores laborales doncional por parte de la Administración. El Artículo 50 del rede las situaciones de fraude y explotación se producen
glamento recoge: “A los efectos de determinar dicha sicon mayor frecuencia. Este debe ser uno de los procedituación nacional de empleo, el Servicio Público de Empleo
mientos para hacer aflorar la economía sumergida y donEstatal elaborará, con periodicidad trimestral, y previa
de la figura del arraigo laboral adquiera una diconsulta de la Comisión Laboral Tripartita de Inmigración,
◗◗◗
l Gobierno del PSOE ha consensuado con los agentes sociales,
patronal y sindicatos, el reglamento de
desarrollo de la Ley de Extranjería. Este aspecto es, no podría ser de otra
manera, una buena noticia, ya que
rompe la dinámica de falta de diálogo
social en esta materia.
E
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Pese a estas cuestiones, que habrá que ir
corrigiendo como ya se hizo en otros momentos, hasta llegar al conocido como reglamento del 96, que mejoró notablemenSindicalmente, además, se ha de velar
te la Ley del 85, es importante, sin embarporque las condiciones laborales de esgo, la voluntad política de apostar por la intos trabajadores sean las reguladas por
tegración social de este colectivo de persolos convenios colectivos de empresa,
nas, para ello se constituye un fondo de
sector de pertenencia o provincia. Es deapoyo a las Comunidades Autónomas y
cir, hay que sindicalizar las relaciones laAyuntamientos, verdaderos artífices y proborales de los inmigrantes, que en la acmotores de los procesos de integración social
tualidad son prácticamente mercantiles.
y que no han percibido ninguna aportación
económica del Estado. Evidentemente,
En cuanto al Contingente es de prever, al
Sindicalmente se ha de velar
la cuantía del fondo es insuficiente, pemenos deseable, que se establecerá
porque las condiciones laboraro inicia un camino para la mejora, ineun procedimiento ágil y para ello es
les de estos trabajadores sean las
xistente con anterioridad.
importante la incidencia que ha de
tener la Comisión Laboral Tripartita.
reguladas por los convenios colectiPara finalizar, es preciso hacer una
Pero más allá, sin dejar de ser imvos de empresa, sector de pertenenbreve valoración de la disposición
portante, del establecimiento nucia o provincia. Es decir, hay que sintransitoria tercera, o, lo que es lo
mérico del Contingente y del procedimiento para llevarlo acabo, es im- dicalizar las relaciones laborales de mismo, del proceso extraordinario
los inmigrantes, que en la actuade regularización.
prescindible poner en funcionamiento
la Ley de Control Sindical de los Conlidad son prácticamente
Este proceso ha de servir para regularizar
tratos, así como el seguimiento de la conmercantiles.
a muchos trabajadores y trabajadoras las
tratación y la evaluación del contingente, decondiciones que regulan el proceso, seis meses
tallándose en la misma cuantas personas han rede empadronamiento y existencia de contrato laboral, que
novado los permisos, cuantas han retornado a sus países
se materializará en el correspondiente permiso mediante
de origen y las situaciones de irregularidad que se hayan
alta en la Seguridad Social, son razonables. Pero hay que
podido producir como consecuencia de la no renovación
tener en cuenta algunos aspectos que pueden generar dide contratos, entre otros.
ficultades, el primero es que el plazo establecido, tres meses desde la entrada en vigor del Reglamento para efectuar
Son muchos los aspectos positivos del Reglamento, eslos trámites, parece escaso; segundo, que habrá que dotar
pecialmente los relativos a temas de carácter laboral, pecon recursos humanos y económicos suficientes a la Adro también existen aspectos que hay que valorar con maministración, para poderlo llevar a cabo con agilidad y sin
yor prudencia, y que no podemos obviar, como es el trademoras en la concesión de las autorizaciones y, tercero,
tamiento de algunos elementos relacionados con la reaque habrá que establecer un mecanismo de seguimiento y
grupación familiar, menores, y centros de migraciones.
control de aquellos empleadores que, una vez concedida la
Sin entrar a valorar detenidamente estas cuestiones, reautorización, no dieran de alta al trabajador o la trabajadora
sulta preciso hacer una reflexión sobre dos elementos imen la Seguridad Social, aplicando con rotundidad el mecaportantes, como son la concesión de autorizaciones por
nismo por el cual a dicho empleador se le denegarán, salvo
razones humanitarias, que no quedan recogidas explícitaque alegue una justificación o razón suficiente, posteriores
mente en situaciones vinculadas a manifestaciones de
solicitudes de autorizaciones que presente. Sería conveviolencia fuera del ámbito familiar, o persecución por moniente, asimismo, ir estableciendo una base de datos dontivo de género (mutilación genital femenina, prostitución
de consten los empleadores que actúan de manera ilegal y
forzada, acoso sexual...). Sería conveniente que este asque comenten fraude con toda la sociedad.
pecto, así como la posibilidad de concesión de un permiso provisional o de protección específica para personas
Como se puede observar de esta reflexión, este nuevo Reen esta situación, mientras no haya sentencia, se pudiera
glamento de desarrollo de la LOEX obliga a desarrollar e inregular mediante algún mecanismo jurídico.
tensificar el trabajo sindical en materia migratoria. Los impulsores de este consenso también debemos serlo en el
Otro aspecto que hay que precisar, para desarrollar, tiene
cumplimiento del mismo, acordando medidas que quedan
que ver con la concesión de un permiso, de acuerdo con
pendientes de desarrollar a través de Órdenes Ministeriales
el dictamen del Defensor del Pueblo, cuando media una
u otros instrumentos jurídicos y, sobre todo, denunciando
denuncia laboral. La colaboración con las autoridades adaquellos aspectos que impliquen desregulación, fraude y
ministrativas y judiciales no puede quedar reducida a raexplotación del colectivo de inmigrantes. ■
zones de interés público o de seguridad nacional, que,
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OPNION
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siendo totalmente necesarias, no son suficientes. Potenciar las denuncias de carácter laboral y la concesión de autorizaciones
por este motivo, implica generar una cultura que lleve a dificultar, cuando no a imposibilitar, (esto sería lo deseable) el fraude relacionado con la discriminación y la explotación de los trabajadores y trabajadoras
inmigrantes.
mensión práctica y útil para los inmigrantes y para la administración, evitando, en
medida de lo posible, las situaciones de
irregularidad, al no tener que acudir de
manera permanente a procesos extraordinarios de regularización. Estas situaciones potenciarán mejoras, tanto del
mercado laboral, como para la ciudadanía en su conjunto, al conseguir que no
se perciba a los trabajadores y trabajadoras extranjeros como competidores
para determinados puestos de trabajo.
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INDICADORES
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Petroleo, inflación, presupuestos
UN APUNTE DE COYUNTURA ECONOMICA
6■
modelo de crecimiento, y al servicio de ese
ivimos todos en estos días atentos a la
objetivo se disponen sustanciales increevolución de los precios del petróleo.
mentos de gasto en infraestructuras (el
Hemos notado las subidas en los comEl Gobierno ha presentado
9,1%) y en I+D+i, el 25%. Pero por su
bustibles y carburantes, pero todos
unos PGE sobre la base de un prenaturaleza, tales incrementos tarnos tememos que los precios de alcio de 33 dólares el barril, lo que, de
darán en manifestar sus efectos
gunos bienes y servicios están re(en el caso de que se mantengan
flejando por anticipado la repercuentrada, le representa un notable conen ejercicio sucesivos). Un camsión de estas subidas. Son notitratiempo por la vía de los gastos, en los
bio hacia un modelo de crecicias ciertamente intranquilizaque no dejará de notarse tan acusado dimiento basado en el crecimiento
doras sobre las que los expertos
depuran sus análisis en busca de ferencial; falta saber si podría estar com- de la productividad del factor trapensado por los mayores ingresos fisbajo, no es, por tanto, un cambio
la previsión más ajustada para el incales derivados del propio aumenrápido. Así que, si pretende mantemediato futuro. Sabemos que cada
ner el ritmo de crecimiento de los
diez dólares de crecimiento del preto del precio de combustibles
años
anteriores, el Gobierno deberá secio, supone cinco décimas de inflación.
y carburantes.
guir confiando en la construcción y el conLos datos del IPC de septiembre no reflesumo privado como motores de crecimiento.
jan todavía estos efectos, manteniéndose en
Existen restricciones, sin embargo, para prolongar el
una tasa del 3,2% respecto del mismo mes del año
recurso a estos dos factores.
anterior. De acuerdo con aquella secuencia y con una previsión de 50 dólares el barril para mediados de 2005, la in- El fuerte ritmo de crecimiento de la construcción ha esflación se situaría en diciembre en el 3,8%.
tado asociado durante todos estos años a la favorable situación del precio del dinero, que ha facilitado el acceso a
El Gobierno ha presentado unos PGE sobre la base de un
la vivienda mediante la generalización del préstamo hipoprecio de 33 dólares el barril, lo que, de entrada, le repretecario.
senta un notable contratiempo por la vía de los gastos, en
los que no dejará de notarse tan acusado diferencial; falta
Todo apunta a que este período de tipos bajos de interesaber si podría estar compensado por los mayores ingreses se está acabando; si no de forma traumática, tarde o
sos fiscales derivados del propio aumento del precio de
temprano el BCE, siguiendo la senda de la Reserva Fedecombustibles y carburantes.
ral USA, se verá obligado a subir los tipos, lo que se traducirá en una mayor dificultad en el acceso a la compra; difiNos encontramos con unos presupuestos -Solbes lo ha
cultad difícilmente compensable, a pesar del considerable
dicho-, en los que no se perciben con claridad los rasgos
esfuerzo en vivienda con el Plan de choque, que reprecaracterísticos de un nuevo modelo de crecimiento. Se
senta el mayor incremento presupuestario, con un 32,5%.
define, es verdad, el crecimiento de la productividad como
uno de los objetivos básicos para conseguir ese nuevo
La política de infraestructuras, a pesar del
ya comentado incremento del 9,1%, tampoco podrá compensar los efectos de
contracción de la demanda, derivados del
encarecimiento del dinero.
V
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Fuente: Banco de España
- También el consumo privado puede
resentirse, por efecto de las tensiones inflacionarias, por moderadas que éstas sean. Y ello, a pesar de que la deflactación de
la tarifa del IRPF generará una mayor disponibilidad para los contribuyentes; los
cuales, en el actual clima, no es previsible
que incrementen siquiera levemente su
propensión al ahorro, muy disminuido en
los últimos tiempos.
Un presupuesto, por tanto, de transición,
para un ejercicio en el que el Go◗◗◗
soci
olabora
CONCEPTOS
2003
PIB por componentes de demanda (% variación real)
Gasto en consumo final nacional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.1
Gasto en consumo final nacional de los hogares (a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.9
Gasto en consumo final de las AA.PP. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.9
Formación bruta de capital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.4
Formación bruta de capital fijo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.2
Bienes de equipo y otros productos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.7
Construcción. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.3
Variación de existencias (contribución al crecimiento del PIB). . . . . . . . . . . . . . .
0.1
Demanda interna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.2
Contribución al crecimiento del PIB de la demanda interna . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.3
Exportación de bienes y servicios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.6
Importación de bienes y servicios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.8
Saldo exterior (contribución al crecimiento del PIB). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
-0.8
PIB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.5
PIB a precios corrientes: miles de millones de euros. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
744.8
% variación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.6
PRECIOS (% variación)
Deflactor del PIB. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.0
Relación real de intercambio (RRI) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0.8
Costes laborales y empleo equivalente a tiempo completo (% de variación)
Remuneración (coste laboral) por asalariado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.2
Empleo total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.8
Empleo asalariado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.4
Empleo: variación en miles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
278.9
Productividad por ocupado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0.7
Coste laboral unitario. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.5
Coste laboral unitario real . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
-0.5
Pro memoria
Tasa de paro (% de la población activa) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11.3
Parados (miles). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2127.4
2004
2005
3.4
3.2
4.0
3.8
3.3
2.2
4.2
0.1
3.5
3.6
4.8
6.9
-0.9
2.8
791.3
6.3
3.3
3.2
3.5
4.0
4.0
5.1
3.2
0.0
3.4
3.6
6.4
7.3
-0.6
3.0
841.0
6.3
3.4
-3.0
3.2
-0.4
3.9
2.0
2.2
326.1
0.7
3.1
-0.2
4.1
2.0
2.2
331.9
0.9
3.1
-0.1
11.1
2141.4
10.8
2122.8
(a) influye a las ISFLSH (Instituciones sin fines de lucro al servicio de los hogares).
Fuente: Ministerio de Economía y Hacienda
1.- En primer lugar, el mantenimiento y, en su caso, aumento de la dotación para el conjunto de las políticas destinadas a la mejora de la productividad, mediante el aumento y la renovación del capital, en sentido amplio (I+D+i,
infraestructuras, educación)
La evolución de esta variable en las últimas décadas, según muestra el gráfico, pone de relieve una caída constante de la productividad hasta la situación actual que determina la pérdida constante de competitividad de la economía española. Desde CC.OO. no reivindicamos, como
es obvio, los máximos de productividad de la serie, claramente asociados a fases recesivas del ciclo económico
(años 83-85 y 93-94) durante los cuales se experimentaron las mayores reducciones en la cifra de ocupados.
Reivindicamos por el contrario un incremento de la productividad asociado al aumento y la mejora de la calidad
del empleo, a través de la formación, desde luego, pero
también de la ampliación y profundización de los derechos
laborales, incluyendo el de la participación en la empresa.
2.- En segundo lugar, el incremento y mejora en la producción de bienes públicos de carácter preferente (sanidad,
educación, cultura y medio ambiente), así como en los de
protección y promoción social, mediante la consolidación
de un sector público moderno y configurado por los principios constitucionales de universalidad, solidaridad y cohesión social, compatibles con los de eficacia y eficiencia.
3.- En tercer lugar, una rigurosa reforma fiscal, destinada
a obtener los recursos precisos para financiar las políticas
antes citadas y orientado por los objetivos de incrementar
la presión fiscal (reduciendo el diferencia que aún mantenemos con los más avanzados países europeos, mayor
progresividad y mayor suficiencia financiera para garantizar la autonomía política de los poderes regionales y locales. ■
Nota al pie de página:
Al cierre de esta edición el barril Brent cotiza a 47,38 dólares. Habrá que seguir la evolución de tan importante variable y su impacto en la previsiones presupuestarias.
ervato
s
b
o
Variación en % sobre el mismo período del año anterior, salvo indicación en contrario
bierno deberá acometer políticas que hagan efectivo y viable el cambio de modelo económico que se proclama.
Desde un enfoque sindical, señalamos los más importantes:
INDICADORES
rio
ESCENARIO MACROECONÓMICO
■7
TENDENCIAS
rio
ervato sociolaboral
s
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o
8■
■ Juan López Gandía
Profesor titular de Derecho del Trabajo. Universidad de Valencia.
La edad de jubilación y las fronteras entre el
trabajo activo y la condición de pensionista
otras pensiones muy conectadas con la vida
a idea tradicional de la jubilación se ha
laboral, como la incapacidad permanente,
identificado con el retiro total de la acuna vez se hubieran cumplido por parte
tividad laboral. Las fronteras entre la viJunto a la jubilación clásica,
del trabajador los 65 años, la edad penda activa y el pase a la situación de
a edad ordinaria o anticipada, se
sionable, en tanto que la propia edad
pensionista estaban claramente deañaden ahora la jubilación parcial, la
supondría por sí misma una incapalimitadas por esta visión inspirada
en una tajante separación entre la jubilación gradual y la jubilación flexi- cidad presunta para el trabajo (idea
que se reforzaría en sistemas de retipensión y el cese en el trabajo coble como formas nuevas de abordar
ro
forzoso o jubilación forzosa), o llemo consecuencia de la llegada de
las relaciones entre actividad y penvaría consigo situaciones de depenla edad de jubilación. Las ideas de
sión, presentando ya la jubilación
dencia (gran invalidez) que habría que
flexibilidad o gradualidad aplicables
como una situación compatible
abordar de manera unitaria junto con la
a la jubilación se centraban en uno de
parcialmente con el trabajo.
jubilación.
sus requisitos, la propia edad, y en el
carácter voluntario del cese del trabajaEsta construcción de carácter general se obdor con la llegada de la edad pensionable,
serva en la jurisprudencia del Tribunal Constitupero no afectaban al propio concepto de jubilacional al analizar los arts. 161 y 143 de la LGSS pues parción, ni a su relación con el cese en el trabajo, que se ente de esa concepción de la edad de jubilación que se acatendía en todo caso como total cuando el trabajador deciba de señalar, como frontera clara entre la vida activa y la
diera acceder a la pensión.
situación de jubilación. De ahí que en Incapacidad permanente la regla general (art. 161, LGSS) sea que no se reSin embargo, el propio concepto de la jubilación ha expeconozca el derecho a prestaciones de Incapacidad Perrimentado cambios importantes en los países europeos y
manente o a su revisión (art. 143 de la LGSS), cualquiera
en el nuestro en estos últimos tiempos de manera que
que sea la contingencia que la determine, cuando el beasistimos a una variada gama de situaciones en las que las
neficiario en la fecha del hecho causante tenga cumplidos
relaciones entre jubilación y trabajo adquieren una mayor
sesenta y cinco años y reúna todos los requisitos para accomplejidad. Este fenómeno se explica, de un lado, porceder a la pensión de jubilación en el sistema de la Seguque las prestaciones de la Seguridad Social no sólo se
ridad Social. La STC 197/2003 de 30 de octubre de 2003
contemplan en su función de asegurar la sustitución de
entiende que el art. 143.2 LGSS no estaría considerando
rentas ante una situación de necesidad, sino que se sitúla edad de manera aislada y selectiva, sino la edad en
an cada vez más en la perspectiva global de la política de
cuanto implica la línea de separación entre la situación de
empleo y de la regulación del mercado de trabajo. A esta
vida laboral activa y la de finalización de ésta, lo que llevatendencia se añade, además, que la política de empleo se
ría a la diferenciación entre dos grupos de personas, con
coloca a su vez ahora al servicio de la viabilidad futura de
una diversa, y preexistente, posición o condición jurídica.
los sistemas públicos de pensiones como una manera de
La edad puede suponer “un criterio de distinción que reshacer frente a sus problemas demográficos y financieros.
ponda a razones objetivas y razonables» según el Tribunal
Constitucional (STC 184/1993, de 31 de mayo, FJ 3), que
Esta nueva interrelación entre ambas políticas, la de emadmite la viabilidad de la fijación de una concreta edad copleo y la de Seguridad Social, hace que la pensión de jubimo límite para los derechos de los beneficiarios «probalación no presente ya una sola faceta sino que adquiere un
blemente atendiendo a condicionamientos financieros»
carácter poliédrico y en consecuencia adopte diversas
(STC 137/1987, de 22 de julio, FJ 3). Por todo ello, el Trimodalidades: junto a la jubilación clásica, a edad ordinaria
bunal Constitucional concluye que el doble y diferenciado
o anticipada, se añaden ahora la jubilación parcial, la jubimarco legal de protección para la vejez y la invalidez obelación gradual y la jubilación flexible como formas nuevas
dece a criterios objetivos y razonables, según criterios de
de abordar las relaciones entre actividad y pensión, prevalor generalmente aceptados, sin que las consecuencias
sentando ya la jubilación como una situación compatible
que derivan de esa diferenciación produzcan resultados
parcialmente con el trabajo.
desproporcionados a la vista de la finalidad perseguida.
En ese contexto tradicional de clara y tajante separación
Sin embargo, este modelo que se inspira en la regulación
entre la vida activa y la pasiva podían encontrar explicatradicional de la jubilación como retirada definitiva,
ción la prohibiciones de reconocimiento o revisión de
L
❛❛
◗◗◗
El texto corresponde a la introducción del nº 7 de Básicos de Derecho Social, “Jubilación Parcial”, que contiene una trabajo sobre lo relacionado con esta situación, que sin duda constituye una alternativa a las duras condiciones de la jubilación anticipada, flexibilizando y facilitando el propio acceso a la pensión en mejores condiciones que ésta, al no producirse un retiro total.
Las nuevas relaciones entre pensión de jubilación y trabajo es por otro lado una muestra más del llamado Estado
del bienestar “activo”, del nuevo papel de las prestaciones
de Seguridad Social en relación con la actividad, esto es,
del paso de un sistema de protección social identificado
con la sustitución de rentas del trabajo exclusivamente a
un sistema de prestaciones al servicio de la recolocación.
Esto se observa de manera más clara en las reformas recientes en Europa y en España de las prestaciones por desempleo, que han colocado en un primer plano un concepto de activación ligado a la propia naturaleza de la
prestación, al servicio de la recolocación como una medida más de las políticas activas de empleo. Y en segundo
lugar, esta nueva visión se pone de manifiesto también en
la posibilidad de simultanear la percepción de las prestaciones de desempleo con la actividad laboral del perceptor mediante políticas activas que fomentan la contratación a través de la subvención a la empresa que contrata
al trabajador que sin dejar de ser preceptor de la prestación se incorpora a la vida laboral.
La relación de las prestaciones con el trabajo no es la misma en los subsidios que en las pensiones. Sin embargo, a
causa de la presión derivada del aumento del gasto público, también en éstas se habría producido una cierta alteración de su relación con el trabajo y también de un replanteamiento de la edad como frontera entra la vía activa
y la situación de pensionista del trabajador, de manera que
las reformas de la pensión de jubilación irían también en la
línea de refuerzo de la actividad mediante un principio nuevo de “envejecimiento activo”, que afecta no sólo a las
pensiones y a la prolongación de la vida activa, sino también a la educación y a la salud. De ahí que se haya ido introduciendo tal concepto en los documentos comunitarios sobre envejecimiento (Contribución de la Comisión
Europea a la segunda Asamblea Mundial sobre el envejecimiento de 18d e marzo de 2002) (WALKER, A., 2002,
139).
En efecto distintas resoluciones y recomendaciones comunitarias (Recomendación del Consejo 82/857/CEE de
10 de diciembre de 1982, Resolución del Consejo de 30
de julio de 1993, 93/C/188/101) propugnan una diversificación de posibilidades entre jubilación y trabajo que van
desde el retraso efectivo en la jubilación más allá de la
edad ordinaria hasta la jubilación flexible y la retirada parcial del mercado de trabajo, de tal manera que estas medidas permitan compatibilizar la situación de jubilado y la
situación de activo. Mientras que el planteamiento tradicional de la flexibilidad y la gradualidad en la jubilación tenía como objetivo y razón de ser reforzar la nota de la voluntariedad y del tránsito no traumático entre vida activa y
vida pasiva, se trata ahora de fomentar la permanencia total o parcial en el empleo para contribuir, además, a la viabilidad de los regímenes de pensiones y hacer frente a los
cambios demográficos y a la situación del mercado de tra-
soci
olabora
ervato
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b
o
bajo. Se trata, no obstante, de medidas débiles o suaves
(TORTUERO PLAZA, J.L. 2002), de ensayos preparatorios, si acaso, antes de pasar a una segunda fase en que
se plantee ya directamente un retraso generalizado de la
propia edad de jubilación para las futuras generaciones de
trabajadores, sobre la base de que éstos se encontrarían
en mejores condiciones para poder asumir estas medidas
al haberse incorporado más tarde al mercado de trabajo y
en mejores condiciones de salud y capacidad física que
las generaciones anteriores (LOPEZ GANDIA, 2002, 38).
Una modificación de la propia edad ordinaria de jubilación
con carácter general tendría un impacto desde luego mucho mayor sobre el mercado de trabajo y supondría una
retraso forzoso en el acceso a la jubilación y, por tanto, en
TENDENCIAS
rio
rígida y total del trabajo por el cumplimiento de una y misma edad fijada por la ley ha sido desplazado por una heterodoxa tipología, imprevisible cien años antes, destinada a confrontar ya con absoluta con normalidad la jubilación forzosa con la voluntaria, la total con la parcial, la temporánea con la extemporánea, la surgida de la edad a la
surgida del empleo, la legal a la contractual (VILLA GIL, L.
E 1999, 10 y RODRÍGUEZ PIÑERO, M., 2002 (1), 4-5, LOPEZ CUMBRE, L. 2002, 15).
■9
Las nuevas relaciones entre pensión de jubilación y
❛❛
trabajo es por otro lado una muestra más del llamado Estado del bienestar “activo”, del nuevo papel de las prestaciones de Seguridad Social en relación con la actividad, esto es, del paso de un sistema de protección social identificado con la sustitución de rentas del trabajo exclusivamente a un sistema de prestaciones al servicio de la recolocación.
el cobro de la pensión. Se trataría e una medida sin duda
de mayor impacto, que probablemente haya que plantear
en el futuro, si no surten efectos las medidas voluntarias y
graduales, cuyo balance cuantitativo es hasta bastante
modesto. Hay que tener en cuenta, no obstante, que en
algunos países como el nuestro antes que una medida de
este tipo existe todavía la asignatura pendiente de conseguir que la edad real se aproxime a la edad ordinaria de jubilación, como han puesto de manifiesto diversos informes sobre las pensiones y el reciente Acuerdo parlamentario para la renovación del Pacto de Toledo.
◗◗◗
TENDENCIAS
rio
ervato sociolaboral
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10 ■
ser una jubilación anticipada alternativa a la jubilación anSe trata de medidas nuevas de Seguridad Social que se
ticipada total o común, que, a diferencia de ésta, sería vishan combinado con reformas laborales relacionadas con
ta con buenos ojos por el legislador, ya que la percepción
la jubilación, como el contrato a tiempo parcial y el contrade una pensión de jubilación aun parcial, compatible con
to de relevo, como una de sus modalidades, así como la
el trabajo, si bien supone ya una desembolso de gastos de
supresión de la autorización a la negociación colectiva paSeguridad Social, se produce sin la aplicación de coefira establecer cláusulas de jubilación forzosa. Así cabe
cientes reductores de anticipación, al contrario de lo que
destacar en este sentido que tras la reforma laboral de
ocurre en la jubilación anticipada propiamente dicha por2001 se ha producido una mayor generalización y fomenque se ve compensada con el ingreso de cotizaciones por
to del contrato a tiempo parcial, mediante al reforma del
parte de otros trabajador que viene a completar
art. 12 del ET y la derogación de la disposición adila jornada del jubilado, por lo que no dejan
cional 10ª del Estatuto de los trabajadores.
de ingresarse cuotas.
Estas medidas se añaden a las tradicionales de anticipación de la jubilación
La jubilación parcial con contraEsta consideración es básica
mediante reparto de empleo a partir
to de relevo constituye de hecho una
para entender la institución de
de los 60 años desde al reforma laalternativa a las duras condiciones de la
la jubilación parcial y para disboral de 1984 o de la jubilación a
jubilación anticipada flexibilizando y facilitantinguirla propiamente dela julos 64 años desde el RD
do el propio acceso a la pensión en mejores
bilación parcial diferida des1194/1985, que son objeto de
reformulación, como la jubila- condiciones que ésta tal como ha quedado confi- pués de los 65 años, que se
ción parcial con contrato de re- gurada tras la ley 35/2002 al no producirse un reti- aproxima más a la idea de
incentivar el retraso y la flelevo, o el mantenimiento de las
ro total. De ahí que la jubilación parcial se ofrezxibilidad de la jubilación
jubilaciones anticipadas, si bien
ca como una fórmula mucho más interesante y
efectiva que la parcial anticien unas condiciones mucho
favorable para los trabajadores que las jubipada, que, en cambio, como
más gravosas que antes, dada la
se acaba de señalar, sería más
nueva perspectiva de fomento del
laciones anticipadas pues en ella predobien
una alternativa a la jubilaretraso y no del adelanto de la edad
mina el aspecto promocional, no la
ción
anticipada
tradicional, muy
real de jubilación.
penalización de la anticicostosa tanto para la Seguridad Sopación.
cial como para el trabajador. La jubilaTales medidas anticipatorias aparecen reción parcial con contrato de relevo constituye
formuladas en un doble sentido: de un lado se
de hecho una alternativa a las duras condiciones de la juproduce el fomento de la jubilación anticipada parcial y del
bilación anticipada flexibilizando y facilitando el propio acmantenimiento en el empleo de los trabajadores de 60 o
ceso a la pensión en mejores condiciones que ésta tal comás años, y , de otro, si bien se reconoce el derecho a la
mo ha quedado configurada tras la ley 35/2002 al no projubilación anticipada plena, se lleva a cabo en condiciones
ducirse un retiro total. De ahí que la jubilación parcial se
más exigentes que en la regulación anterior, de ahí su doofrezca como una fórmula mucho más interesante y favoble papel como medida promocional y a la vez como merable para los trabajadores que las jubilaciones anticipadida restrictiva y penalizadora de la anticipación de la jubidas pues en ella predomina el aspecto promocional, no la
lación.
penalización de la anticipación.
El concepto de flexibilidad (ALARCON, 2002,1222-123),
Quizás por esa razón, ha sido considerada por algunos, a
por otra parte, afecta a la propia determinación de la connuestro juicio de manera injusta, como privilegiada o de lutingencia de la jubilación, esto es, a la posibilidad de comjo (PEDRAJAS MORENO, A., 2000, 210), olvidando que
patibilizar la pensión con el desempeño de una actividad
la jubilación se ve compensada por el mantenimiento- e inlaboral sea cual sea el momento, a los márgenes de macluso posible incremento- del empleo, aunque sea preniobra que deja al trabajador en cuanto a las posibilidades
cario, no necesariamente estable (MALDONADO MOLIde adelantar o retrasar la jubilación y a la reversibilidad o
NA, J. A. 2002) y, por tanto, con recaudación de cotizairreversibilidad de la situación concreta de la jubilación. La
ciones del trabajador relevista. Como afirma la doctrina
flexibilidad y gradualidad seguirían cumpliendo unos u
(RODRÍGUEZ PIÑERO, M. 2002 (1), 5-6) Ågen estos suotros objetivos en función de que se trate de medidas a
puestos el cese parcial con posible obtención de una fracaplicar después de la edad ordinaria de jubilación, pues
ción de pensión más que de una flexibilidad de la edad de
entonces su finalidad es la contención de los gastos de
jubilación (aunque parta también de una desviación de la
protección social en pensiones y el fomento de la permaedad normal de jubilación) se daría una flexibilidad del sisnencia en el empleo (jubilación flexible y la jubilación partema de pensión, al establecerse unas situaciones intercial autónoma), o antes de esa edad, esto es, cuando se
medias al cese total y completo en el trabajo, favorecientrata de anticipar la jubilación, pues entonces se trata de
do una salida paulatina y menos dolorosa del mercado de
una conseguir el mantenimiento y el reparto del empleo
trabajo, con ventajas adicionales para el sistema econó(jubilación parcial condicionada a contrato de relevo, sea
mico y para la propia base financiera del sistema público
de un contrato a tiempo completo o a tiempo parcial tras
de pensionesÅh. A ello se refiere claramente la exposición
la reforma de 2002) de manera que el acceso a la jubilade motivos de la ley 35/2002 al incentivar el retraso en la
ción por el trabajador de manera parcial no suponga perjubilación y la jubilación gradual como forma de abordar
juicios para la Seguridad Social al compensarse con cotiproblemas demográficos y financieros de las pensiones
zaciones que siguen ingresando en las arcas de la Segude jubilación.
ridad Social a cargo de nuevos trabajadores.
❛❛
Este es otro aspecto novedoso a destacar de la jubilación
parcial. Podría decirse que la jubilación parcial vendría a
La jubilación parcial, finalmente, también puede ser una
fórmula utilizable para adelantar la edad real de ju-
◗◗◗
soci
olabora
ahora entre prestación y trabajo, al incentivarse la prolongación de la vida activa a la vez que se produce la jubilación, se procede también a regular de nuevo, si bien de
manera parcial, las relaciones entre el cálculo de la pensión y el trabajo posterior, y entre la pensión de jubilación
y otras prestaciones como las de Incapacidad permanente.
No ocurre lo mismo con las relaciones entre la Jubilación
y la prestación por desempleo, pues salvo la reforma que
se introduce en el subsidio de desempleo de mayores de
52 años, que puede prolongarse hasta la jubilación ordinaria, la edad de 65 años como límite para el acceso a estas prestaciones sigue siendo una barrera infranqueable,
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o
En cualquier caso los nuevos planteamiento de jubilación
parcial, gradual y flexible resultan incompatibles con la introducción por la negociación colectiva de cláusulas de jubilación forzosa, ya que se trata de restablecer el principio
de voluntariedad y de reforzarlo. En ese contexto puede
interpretarse la derogación por la ley 12/2001 de la disposición adicional 10ª del ET. Sin entrar a fondo en esta problemática, entendemos que no se trata de una mera recomendación a los convenios colectivos, sino que estos
habrían perdido la facultad de negociar e introducir este tipo de cláusulas, interpretación que se ha confirmado en
las sentencias del TS de 9 de marzo de 2004. De las diversas interpretaciones sobre tal derogación y el alcance
de la negociación colectiva me inclino por la tesis de que
el precepto estatutario era el único que habilitaba a la negociación colectiva, sin que ésta tuviera facultades por si
misma para regular la materia en la medida en que incide
en el art. 39.2 de la LGSS, esto es, en las prestaciones de
Seguridad Social, por lo que no sería un precepto puramente y únicamente laboral. (Las diversas posiciones jurisprudenciales y doctrinales sobre esta problemática
pueden verse en ALARCÓN 2002,127 y ss, DEL REY,
GALA, 2004, 59 y ss. y SALA FRANCO y PEDRAJAS MORENO, A.,2004).
TENDENCIAS
rio
bilación en ciertos trabajos penosos y peligrosos siempre
que se regulen por un contrato laboral- no así se trata de
personal funcionarial al que no resulta de aplicación la medida como se verá más abajo- en tanto en cuanto no se
contemple un adelantamiento de la propia edad de jubilación al amparo del art.161.2 de la LGSS.
■ 11
Como ya ocurrió con el Pacto de Toledo y con el Acuerdo
de 1996 la jubilación, que en las reformas de 1985 y 1997
no había experimentado modificaciones de relieve en aspectos sustantivos, sino en su cuantía, esto es, en la forma de cálculo de la prestación, con las reformas recientes
experimenta una cambio en su propio concepto y pasa a
ser uno de los temas claves del Acuerdo de 2001 y de sus
normas de aplicación y desarrollo.
Ya se contempló tal novedad en la recomendación 10ª del
Pacto de Toledo y se recogió en la Ley 24/1997, que como resultado del Acuerdo de 1996 para incentivar el retraso en la jubilación introdujo la disposición adicional 26ª
de la LGSS según la cual “el gobierno podrá otorgar desgravaciones o deducciones de cotizaciones sociales en
aquellos supuestos en que el trabajador opte por permanecer en activo, una vez alcanzada la edad de 65 años con
suspensión proporcional del percibo de la pensión de la
jubilación. La regularización (sic) de los mismos se hará
previa consulta a las organizaciones sindicales y asociaciones empresariales más representativasÅh. El
Acuerdo de 2001 añadió una mayor concreción a ese artículo programático necesitado de desarrollo. Así, en el
apartado XII (Reducción y bonificaciones en la cotizaciónÅh) se concretan las citadas medidas
De un lado, se hace efectiva una de las propuestas ya contempladas en el acuerdo anterior e incluso en la LGSS, y
no puesta en marcha, esto es, la introducción de un sistema de jubilación gradual y flexible mediante incentivos a la
prolongación de la edad de jubilación, pero además se
procede a una reformulación o reelaboración, y por tanto,
una nueva regulación, de la jubilación parcial y flexible . Al
reelaborar el concepto de jubilación y sus fronteras difusas
La jubilación parcial, finalmente, también puede ser
❛❛
una fórmula utilizable para adelantar la edad real de jubilación en ciertos trabajos penosos y peligrosos siempre que
se regulen por un contrato laboral- no así se trata de personal funcionarial al que no resulta de aplicación la medida
como se verá más abajo- en tanto en cuanto no se contemple un adelantamiento de la propia edad de jubilación
al amparo del art.161.2 de la LGSS.
como si nada hubiera cambiado, para el reconocimiento
de prestaciones por desempleo. Desde la nueva perspectiva que ofrecen las reformas de la pensión de jubilación
sorprende el hecho de que no se haya modificado la incompatibilidad entre la edad de 65 años y la prestación
por desempleo, pues resulta contraria a la voluntad de incentivar el mantenimiento en el empleo más allá de dicha
edad (LOPEZ GANDIA, J. 2002, 41).
Estas medidas se ha concretado en una serie de normas
que se han promulgado en cascada a lo largo de la legislatura: el Real Decreto-Ley 16/2001, tramitado como ley
ordinaria y que ha dado lugar a la Ley 35/2002 de 12 de julio y, por otra parte por la Ley 24/2001 de 27 de di-
◗◗◗
TENDENCIAS
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12 ■
compatibilidad entre la jubilación y el trabajo y
ciembre. La Ley 35/2002 por otro lado ha sido
en las excepciones que suponen las fórobjeto de desarrollo por el RD 1132/2002
mulas de jubilación parcial con contrato
de 31 de octubre. También el art. 40.2 de
En cualquier caso los nuede relevo, para pasar luego a analizar la
la Ley 53/2002 de 30 de diciembre de
vos planteamiento de jubilación
jubilación parcial autónoma y la jubilamedidas fiscales, administrativas y del
parcial, gradual y flexible resultan
ción flexible tal como se contemplan
orden social modifica el apartado 1
incompatibles con la introducción
en los arts.165.1, 166 de la LGSS y
del artículo 112 bis de la LGSS recogiendo las medidas de bonificación por la negociación colectiva de cláu- en los RRDD 1131 y 1132/2002 de
31 de octubre.
en la cotización a la Seguridad Social
sulas de jubilación forzosa, ya que
que incentivan la prolongación de la
se trata de restablecer el princiHay que tener en cuenta en todo caso
edad de jubilación, precisando algo
pio de voluntariedad y de reque en la configuración de la jubilación
más los sujetos beneficiarios, como se
forzarlo.
parcial confluye no sólo un nuevo planteverá.
amiento de la compatibilidad e incompatibilidad entre la percepción de la pensión de jubiDe las diversas medidas que se refieren a la jubilación y el trabajo, de manera originaria o sobrevenida,
lación vamos a distinguir las que incentivan el retraso
como algo novedoso frente a la visión clásica, sino tamen la edad de jubilación, de las que desarrollan un sistema
bién una compleja interrelación entre una situación de
de jubilación parcial y gradual y flexible. Hay que tener en
pensionista y unas situaciones laborales, derivadas de la
cuenta que a la vista de las reformas introducidas el gopresencia de un trabajo a tiempo parcial suscrito por el jubierno ha procedido a la vez que a desarrollar la jubilación
bilado y de la celebración de un contrato de relevo, en su
parcial y el contrato de relevo a reelaborar y dar nueva recaso, por otro trabajador. Esta modalidad contractual, sin
dacción a la regulación del contrato a tiempo parcial conembargo, no es nueva, sino que cuenta con precedentes
tenida en el RD 144/1999 sobre trabajo a tiempo parcial y
en la normativa laboral de los años ochenta, como mediprotección social mediante el RD 1131/2002 de 31 de ocda de reparto de empleo. Lo que cambia ahora de perstubre.
pectiva es que tanto el contrato de relevo, como la jubilación parcial se sitúan en una perspectiva de mayor graNos vamos a centrar, por tanto, en la jubilación parcial,
dualidad y flexibilidad. ■
partiendo de la configuración general del principio de in-
❛❛
■ Vicente Sánchez Jiménez
Secretario de Salud Laboral, Medio Ambiente y Juventud. Federación de Construcción, Madera y Afines de CC.OO.
Semana Europea sobre seguridad, medio ambiente
y salud en la construcción
Después de la transposición de la Directiva Euratare brevemente tres temas relacionados
ropea que dio origen a la Ley de Prevención
con la salud, la seguridad y el medio amde Riesgos Laborales, la Unión Europea
biente en el sector de la construcción. No
Muchas veces ni se puenota la necesidad de crear una nueva ditocaré el tema de la accidentabilidad code constatar quien entra o
rectiva específica para el sector de la
mo base de esta ponencia, sin bien es
construcción.
cierto que irremediablemente irá aparequien sale de los tajos o cuanciendo en la misma como consecuen- do se intenta supervisar ya han
Estas leyes que se articulan como un
cia del análisis del sector y de su idioterminado el tajo y no se sabe
método de trabajo, más ligadas a la norsincracia.
nada de los trabajadores
mativa anglosajona que a nuestra modeque lo han realizado.
lo legislativo, tienen por tanto un gran proAccidentabilidad que aún siendo desgrablema cuando se intenta llevar a su aplicaciadamente tan habitual debe ser una etapa
ción.
a superar en el menor tiempo posible.
T
❛❛
Hablaremos, como punto de partida del sector, de la subcontratación existente en el mismo.
Si bien es cierto que la subcontratación en la construcción
se caracteriza por ser un hecho indiscutible de la realidad
del sector, no por ello debemos tolerar, ni lo hacemos, una
situación insostenible tanto desde la faceta económica
para los trabajadores como en la que hoy nos ocupa, su
salud y seguridad.
La subcontratación en cascada se muestra inversamente
proporcional en su crecimiento en la obra a la posibilidad
real de coordinación e implantación de un método de trabajo preventivo y por tanto de la ley.
Incontables regueros de trabajadores entran a diario en
las grandes obras cuya duración se prolonga por meses e
inclusive años, y que a su vez abarcan un gran espacio físico.
◗◗◗
Por cuanto muchas veces ni se puede constatar quien entra o quien sale de los tajos o cuando se intenta supervisar
ya han terminado el tajo y no se sabe nada de los trabajadores que lo han realizado.
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TENDENCIAS
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ja electoral, sino que su cometido sea superior a estas.
Analizando el problema que imprime la subcontratación a
la implantación de la prevención en el sector de la construcción, debemos añadir un segundo pilar en lo que se refiere a estas deficiencias y el segundo punto de esta ponencia.
Nos referimos al gran hueco que tiene la normativa
existente en cuanto a la realidad de la estructura empresarial y de empleo. Millares de pequeñas empresas y autónomos llenan las obras de construcción, sin posibilidad
legal de poseer una defensa e información de sus intereses con para las empresas de más de 10 trabajadores.
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El descontrol, por el desconocimiento en muchos casos
de quien es quien en la obra, de que tarea tiene cada cual,
quien es el responsable de la misma y a las órdenes de
quien se dirige, hace que incluso aquello que coloquialmente llamemos “papeleo” (control de la formación en
prevención, Epi´s y el reconocimiento médico) o bien ocupa la mayor parte del tiempo, y por tanto no se realiza un
seguimiento exhaustivo de los tajos, o bien aparezca como algo utópico de constatar ya que resulta imposible llegar en muchos casos hasta el trabajador autónomo subcontratado por la subcontrata de la subcontrata de la empresa principal.
■ 13
Con esta perspectiva, lo de la bajada de los accidentes leves en la construcción es como si de dos dados que tirásemos sólo contásemos aquel que se queda en la superficie de la mesa, olvidándonos del que cayó al suelo.
Añadiendo que para este sector es preocupante una enfermedad del todo periódica por ciclos de cuatro años conocida como “inauguritis”, es decir “inaugur” de inaugurar
e “itis” de inflamación. La necesidad de acabar todas las
obras en el mismo plazo de tiempo para poder inflar los logros políticos.
El cemento requiere un tiempo de fraguado, al igual que el
asfalto para su estabilidad (bueno excepto con el socavón
del verano pasado en la A-III o con la línea del AVE a Barcelona) con lo que bajar de un plazo razonable de tiempo
la consecución de un proyecto, a uno que ya no es razonable sólo depende de esa mercancía llamada “factor trabajo”, es decir a costa de su salud y seguridad, con jornadas de 12 horas, trabajo a turnos y la despreocupación de
las medidas de prevención de riesgos laborales, por cuanto en muchos casos existe un palpable peligro en la obra
por la interferencia de trabajos simultáneos.
Esperemos haber erradicado esta enfermedad extraña
cuanto menos y peligrosa cuanto más.
No obstante un remedio que desde FECOMA – CC.OO.
vinimos a impulsar, y que entre otros venía a regular la subcontratación, fue dilapidado en el Congreso de los Diputados por aquellos cuyo virus de “inauguritis” era mayor.
Ahora, cinco años después, el voto a favor que apoyó
nuestro documento debería hacer posible la regulación de
esta práctica tan destructiva que sólo atiende a factores
económicos.
En nuestra visión la ley vendría a decir entre otras cosas:
“En ningún caso se permitirá la subcontratación en cadena, entendiendo que tal situación se produce cuando la
empresa principal, subcontrata a su vez, todo o parte de
la obra subcontratada, con un tercero”.
La obra de construcción civil, las grandes obras que han
de durar decenas de años no pueden ser un capricho
puntual con otro destino que el bien común y es por tanto
necesario un gran acuerdo social y político en todos los
sentidos para que las mismas no formen parte de la bara-
La obra de construcción civil, las grandes obras que
❛❛
han de durar decenas de años no pueden ser un capricho
puntual con otro destino que el bien común y es por tanto
necesario un gran acuerdo social y político en todos los
sentidos para que las mismas no formen parte de la baraja
electoral, sino que su cometido sea superior a estas.
Sobre un número aproximado de 125.000 empresas, el
94,5% tienen menos de 25 trabajadores, de las que alrededor de 90.000 están por debajo de 10 trabajadores.
Algo que además se une a la contratación temporal que
impide la constitución de delegados de personal y por tanto, de delegados de prevención.
Esta problemática hace que sigamos en una fase de desinformación y falta de cultura preventiva en el
◗◗◗
TENDENCIAS
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conjunto del sector, que impide aún más la puesta en
práctica de la LPRL.
Aunque la Constitución nos dice que todos somos iguales
ante la ley, podemos comprobar como en el caso del mercado de trabajo esto no es real, pecando en este sector de
una mayor problemática debido a la movilidad constante
de los tajos, las obras y por tanto de empresas y trabajadores.
Ante esta perspectiva que afecta notablemente a la salud
y seguridad en la construcción sólo nos queda implantar
por ley la figura del delegado territorial de prevención, de
tal forma que los trabajadores puedan hacer efectivos sus
14 ■
para dar continuidad al espíritu que persigue y así regular
la figura del delegado territorial de prevención a través de
la Ley orgánica de Libertad Sindical, como representante
de los trabajadores con capacidad de incidir en las condiciones de trabajo.
Vamos viendo como la salud y seguridad en las obras y
sus tajos, y su consecuencia más palpable, los accidentes
de trabajo, vienen determinados por la estructura organizativa del sector y las propias leyes, que hacen del mismo
un marco muy particular de relaciones laborales y que por
tanto se vío la necesidad de una regulación específica como mencionaba al principio de mi intervención.
Con esta realidad notaremos como la estadística de accidentes laborales es engañosa en aquellos de difícil seguimiento o cuantía, caso de leves y graves, pero terriblemente fría para los que no se pueden maquillar de ninguna forma, los mortales, a los que además deberíamos
añadir como tal todos aquellos fallecimientos que son catalogados como accidente grave por no fallecer en la obra
o a las pocas horas de ocurrido el accidente.
Aún así estamos hablando de más de un muerto al día laborable en el sector que con una población de cerca de 2
millones de trabajadores padece el 25% del total de accidentes.
Es por esto, que la bajada de los accidentes laborales reales en este sector es un hecho ficticio por cuanto llevamos registrados a fecha de hoy un total de muertos lo que
al final del año desgraciadamente nos volverá a situar en
cifras similares a los últimos 5 años: 2003 – 299 muertos;
2002 – 304; 2001 – 263; 2000 – 296; 1999 – 289.
Me niego a que siga instalado el pensamiento de que las
muertes en la construcción son algo intrínseco por naturaleza del sector, pues una cosa es que en la actualidad lo
siga siendo debido a la burla constante que se le hace a la
ley y a unas condiciones de trabajo correctas, y otra muy
diferente pensar que las muertes en la construcción son
algo cotidiano sin remedio posible.
La responsabilidad sigue siendo de los mismos, quienes
tienen la potestad de la organización del trabajo y la implantación de las medidas de prevención.
❛❛ Sobre un número aproximado de 125.000 empresas, el
94,5% tienen menos de 25 trabajadores, de las que alrededor de 90.000 están por debajo de 10 trabajadores. Algo
que además se une a la contratación temporal que impide
la constitución de delegados de personal y por tanto, de
delegados de prevención.
derechos de representación y dar respuesta a sus necesidades cotidianas a través de esta figura.
Se van dando paseos en este sentido fruto de la presión
sindical y a través de los acuerdos tripartitos de asesoramiento y seguimiento de las actividades preventivas en
obra.
Esta actividad impulsada por los sindicatos que se ha visto necesaria tanto por parte de la Administración como
por la empresarial, se marca como un paso importante
Hemos tocado los dos primeros puntos de mi intervención: la subcontratación y el delegado de prevención territorial.
Añadamos un tercero que es capital para entender la salud y por tanto las condiciones de vida en la construcción.
Un sector de condiciones tan extremas con vidas de más
de 40 años trabajando con altas cargas físicas, excesivas
horas de trabajo, riesgos inherentes, climatología, productos químicos, ruido, vibraciones... nos hace ver que al
igual que la minería es necesaria una regulación que compense esta situación.
Me comentaban la pasada semana al hilo de esta argumentación que el ejercicio físico era bueno y mantenía entre otras la agilidad y coordinación de los cuerpos, no llevaré la contrario a esta argumentación pero como Técnico Superior en actividades físicas que soy, debe-
◗◗◗
Ciclo de conferencias en la Fundación
• Viernes, 19 de noviembre, a las 11 horas:
“Reflexiones sobre el actual escenario político global”, por Antonio Gutiérrez Vegara, diputado socialista y presidente de la Comisión de Economía del Congreso.
• Lunes, 22 de noviembre, a las 11 horas:
“Tendencias y escenarios económicos ante el nuevo Presupuesto”, por Emilio Ontiveros, catedrático de Economía de Empresa de la Universidad Autónoma de Madrid y consejero delegado de Analista Financieros Internacionales.
• Jueves, 25 de noviembre, a las 10 y 12 horas:
“Política económica, fiscal y presupuestaria. Políticas públicas”, por José Antonio
Errejón Villacieros, director del Observatorio de Políticas Públicas de la Fundación
Sindical de Estudios.
“Presupuestos y Gasto Social”, por Héctor Maravall Gómez-Allende, adjunto a la
secretaria confederal de Política Institucional de CC.OO.
• Viernes, 26 de noviembre, a las 10 y 12 horas:
“Presupuestos de la Comunidad de Madrid para 2005. Un análisis sindical", por Jaime Cedrún López, secretario de Política Institucional de CC.OO. de Madrid.
"Diálogo social en el actual escenario económico y político", por Rodolfo Benito
Valenciano, presidente de la Fundación Sindical de Estudios.
Salón de actos del Centro de Formación de CC.OO. de Madrid
“Abogados de Atocha” (C/ Sebastián Herrera, 12-14. Metro Embajadores).
28012 Madrid
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TENDENCIAS
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cios e instalaciones afectadas, como las camos decir que si bien el ejercicio físico contronalizaciones del agua, a semejanza de
lado resulta beneficioso, aquel que se haotros países europeos y como se nos
ce de forma descontrolada y la propia
El amianto como tal es un
recomienda desde Europa.
competición tienen el resultado conproducto extremadamente pelitrario y así podemos constatar cogroso para la salud y causante entre
Aunque su producción está prohimo el trabajo a destajo que se conotras enfermedades de la asbestosis. Su
bida y su comercialización así lo
vierte en la competición del día a
día no hace más que precarizar la actual descontrol en las obras de demoli- estará a partir de diciembre del
salud de los trabajadores y por ción hacen preciso urgentemente un lista- 2005, el problema se traspasa a
nuestro sector debido a que a la
tanto su calidad de vida.
do de edificios e instalaciones afectadas,
hora de su desmantelación el proPues no olvidemos que casi la tota- como las canalizaciones del agua, a se- ducto no es conocido por los obremejanza de otros países europeos y
ros, con lo cual caemos en el doble
lidad de los trabajadores que llevan a
error de no vigilar por la salud en el traesta edad lo hace con algún tipo de
como se nos recomienda desbajo y lo que es igualmente importante,
enfermedad profesional como sordera,
de Europa.
de no controlar los desechos de amianto,
deficiencias cardiovasculares y sobretodo
los cuales no se aíslan sino que en muchas ocamusculoesqueléticas.
siones van a vertederos descontrolados.
Por ello nuestra propuesta sigue siendo la edad de jubilaPara concluir, decir que todos estos temas no son más
ción a los 60 años.
que la punta del iceberg de un sector que ocupa el honor
de ser de los que tiran de la economía pero que sin emUniendo este último punto de las enfermedades profesiobargo no logra la credibilidad que se merecen sus trabajanales y para tocar el tema del medio ambiente ligado a la
dores.
salud y seguridad en el trabajo, haremos referencia a la situación actual del amianto.
Por ello, un pilar básico de labor de este sindicato seguirá
siendo conseguir la mejora de las condiciones de salud y
El amianto como tal es un producto extremadamente peseguridad de los trabajadores en las obras, y por tanto la
ligroso para la salud y causante entre otras enfermedades
salud y seguridad de sus familias, en definitiva de la sociede la asbestosis. Su actual descontrol en las obras de dedad en su conjunto. ■
molición hacen preciso urgentemente un listado de edifi-
■ 15
fund
noviembre 2004 27
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ación
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sindical de estu
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LA ADQUISICION DE UNA
VIVIENDA
SUMARIO
OPINION
REPRESENTA NUEVE AÑOS DE SALARIO
2
■ Juan José Tamayo
Iglesia católica y estado laico.
INDICADORES
6
Vivienda y políticas públicas.
La vivienda en cifras.
TENDENCIAS
urante décadas ha constituido –y lo sigue haciendo- la principal aspiración de las familias trabajadoras en nuestro país.
Conseguir una vivienda -en propiedad preferentemente al principio, más tarde forzosamente- ha representado la expresión inequívoca de “redención social”, de abandono del círculo de la pobreza.
D
9
■ Hector Maravall
Gasto social: avances y deficits de
las políticas públicas de bienestar
social en España
CICLO DE
CONFERENCIAS
EN LA
FUNDACIÓN
El Observatorio
Sociolaboral
publicará
los textos
de las intervenciones
La necesidad de proporcionar vivienda a la
inmigración interior de los primeros sesenta
del siglo pasado, puso en marcha el primer
boom inmobiliario en España. Con su impulso y mediante un duro esfuerzo de ahorro
doméstico de las familias trabajadoras, se
produjo un auténtico salto cualitativo en el
proceso de acumulación capitalista, tempranamente controlado por los grandes entidades bancarias de este país.
❛❛
La adquisición de
otra vivienda mucho más cara, alimentando así un
proceso en espiral
que si, ciertamente
supone un enriquecimiento nominal
de las familias españolas, no lo es
menos que ha operado una gigantesca operación de
transferencia de
rentas de abajo
arriba.
Desde entonces, el peso del sector inmobiliario no ha dejado de hacerse sentir en la vida política nacional. Con fuertes vinculaciones con el sector de las obras públicas, muy
potenciadas durante el régimen franquista,
el sector de la construcción se ha configurado como un motor de crecimiento del país en
las últimas décadas. Pero ha sido en los últimos noventa del pasado siglo y, por efecto
de la conjunción de una coyuntura de tipos
de interés excepcionalmente bajos, con las
crisis bursátiles que han desincentivado del ahorro a las inversiones financieras, lo que ha propiciado una expansión sin precedentes que, junto con el mantenimiento de unos altos niveles de
consumo doméstico, han mantenido el crecimiento del PIB por
encima del promedio de la Unión Europea.
Se ha dicho casi todo de las características, positivas y negativas,
de esta expansión. Por nuestra parte, queremos resaltar el dato
de que la adquisición de una vivienda representa el salario íntegro
de casi nuevo años de la vida de un trabajador. Es decir, casi la
tercera parte de la renta total que a lo largo de su vida laboral podrá generar, se deberá destinar a la adquisición de una vivienda
que, de otra forma, en alquiler le estaría prácticamente excluida
dada la escasez de oferta y el alto precio de los alquileres.
Un patrimonio que podrá legar a sus hijos, o que le servirá de garantía para la adquisición probablemente de otra vivienda mucho
más cara, alimentando así un proceso en espiral que si, ciertamente supone un enriquecimiento nominal de las familias españolas, no lo es menos que ha operado una gigantesca operación
de transferencia de rentas de abajo arriba y que ha ali◗◗◗
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EDITORIAL
2■
mentado la mayor concentración de poder ecoEl movimiento sindical no puede postular
nómico financiero en la historia reciente de
saltos en el vacío. No se cambia de un día
España dispone de un
nuestro país.
para otro y por decreto un patrón de
crecimiento que ha proporcionado riparque de más de veinte miUn poder tejido con múltiples lazos de inqueza y una prosperidad innegable
llones de viviendas. Es hora de
terés que vinculan a sectores muy diverpara miles de familias trabajadoras.
acordar que nuestro esfuerzo cosos de la sociedad española. Sectores
Pero tampoco es posible descolectivo se oriente a la ampliación de
del capital financiero e inmobiliario, desnocer lo injusto de su esquema disde luego, pero también de amplios sec- otros capitales que mejoren la com- tributivo y los riesgos con que ametores trabajadores que invierten en vi- petitividad de nuestra economía y naza el bienestar de tantas familias.
vienda con la esperanza de obtener unas
Es preciso avanzar propuestas relala justicia en la distribución de
rentas, en todo caso, superiores a las de
tivas al fomento del alquiler y la rehabila riqueza.
cualquier modalidad fija o variable.
litación, de la constitución de patrimonios públicos municipales, de las políticas
Esa conjunción de intereses configura un auténtico
fiscales que comentan el alquiler y afloren tanta
bloque social que ha cimentado el poder de los gobiernos
vivienda oculta. España dispone de un parque de más de
conservadores en el Estado, las CC.AA. y múltiples muniveinte millones de viviendas. Es hora de acordar que nuescipios. De ahí su consistencia y su enorme resistencia al
tro esfuerzo colectivo se oriente a la ampliación de otros
cambio, inclusive cuando los límites del modelo de crecicapitales que mejoren la competitividad de nuestra ecomiento en que ha descansado lo aconsejarían.
nomía y la justicia en la distribución de la riqueza. ■
❛❛
■ Juan José Tamayo
Director de la Cátedra de Teología y Ciencias de las Religiones, de la Universidad Carlos III de Madrid, y autor de Fundamentalismos y diálogo entre religiones (Trotta, Madrid, 2004).
Iglesia católica y estado laico
sta exposición quiere ser una reflexión crítica sobre la
actitud de la Jerarquía Católica Española, en el actual
momento político. Mi objetivo no es otro que colaborar
modestamente en la construcción del Estado laico, que
tantas dificultades está encontrando por el camino.
E
La acusación de «fundamentalismo lacista»
Tenemos que remontarnos a la década de los ochenta del
siglo pasado, con motivo de la aprobación de las leyes de
divorcio y de despenalización de la interrupción del embarazo y de la «guerra de los catecismos», para encontrar
un lenguaje tan «de trinchera» y unas actitudes tan agresivas contra un gobierno nacido de las urnas como las
adoptadas o alentadas por la cúpula de la jerarquía católica española contra el actual Ejecutivo durante los últimos
meses, y muy especialmente tras la vuelta de vacaciones,
ante el anuncio de determinadas leyes relacionadas con la
religión en la escuela y los modelos de pareja. Los obispos
o algunos de sus portavoces comienzan utilizando un
lenguaje apocalíptico, de cruzada, y terminan llamando a
la movilización de los católicos. Cuanto más elevado es el
rango de los eclesiásticos en el escalafón jerárquico, más
gruesas son las descalificaciones contra el gobierno. El
cardenal Julián Herranz, presidente del Consejo Pontificio
para los Textos Legislativos y miembro del Opus Dei, ha
aprovechado la misa-funeral por el cardenal Marcelo
González Martín, arzobispo emérito de Toledo, recientemente fallecido, para acusar al PSOE de «laicismo agresivo» y de «fundamentalismo laicista». El arzobispo de Sevilla cardenal Carlos Amigo, rompiendo con su habitual
mesura en no pocos de estos temas, ha sumado su voz a
la del cardenal Herranz, alertando contra el «fundamental-
ismo laicista» e indicando que «el Estado laico no debe ser
perseguidor de la religión».
Más lejos han ido el arzobispo de Pamplona y vicepresidente de la Conferencia Episcopal Española Fernando
Sebastián, para quien la futura legislación sobre el divorcio resulta más permisiva que «un contrato de alquiler», y
el secretario general y portavoz de la Conferencia Episcopal Española Juan Antonio Martínez Camino, quien ha
definido la legalización de los matrimonios homosexuales
como «virus» y «falsa moneda». El obispo de Jerez Juan
del Río ha denunciado «la política laicista del partido en el
poder» y ha hablado de «fobia religiosa» del gobierno de la
Nación; actitud, dice, que le sirve de excusa «para tratar
de desterrar los valores de la cultura católica de los corazones y de las mentes de las nuevas generaciones». Y
sigue afirmando: «estamos al inicio de una suplantación
cultural del humanismo cristiano, que ha vertebrado Europa, por un humanismo cívico y materialista que, bajo un
ropaje democrático, oculta su totalitarismo de origen»
(subrayado mío).
Del lenguaje a los hechos hay un paso y ése ya lo ha dado
la jerarquía católica por boca del citado portavoz Martínez
Camino, que ha llamado a la movilización de los católicos
contra unas leyes que ni siquiera han sido debatidas en el
Parlamento. Un obispo, el de Mondoñedo, ya ha anunciado que se colocará tras la pancarta en las movilizaciones
contra el aborto, las parejas de hecho y a favor de la religión en la escuela.
Y todo por el «delito» del Gobierno de ejercer su derecho
constitucional de presentar leyes sobre las mate◗◗◗
Una vez más la Iglesia católica ha bajado a la arena política y ha tomado partido, e incluso está ejerciendo la labor
de oposición con más radicalidad que el PP. Ya lo hizo en
la campaña de las elecciones del 14 de marzo, en la que
su programa en cuestiones como células madre, parejas
homosexuales, interrupción voluntaria del embarazo, enseñanza evaluable de la religión en la escuela, dotación
económica, profesores de religión, etc., coincidía sustancialmente con el del PP. Por eso el fracaso electoral de los
populares fue vivido como derrota propia por la jerarquía
católica, que enseguida puso en marcha su maquinaria de
oposición al gobierno socialista.
rio
ervato sociolaboral
obs
sconocerse, es verdad, pero en el caso de la Iglesia católica no son precisamente muy ejemplares en lo que a libertades, derechos humanos, democracia y respeto al pluralismo se refiere.
OPINION
rias indicadas para su debate en sede parlamentaria, lugar
donde reside la soberanía popular. Tras ocho años de gobierno del PP que consultaba e incluso consensuaba previamente con la jerarquía católica muchas de las leyes
aprobadas en el Parlamento, a los obispos parece
habérseles olvidado los más elementales principios de la
democracia: que el poder no viene de Dios, sino que reside en el pueblo; que el poder ejecutivo gobierna legitimado por la voluntad popular; que los diputados discuten
y hacen las leyes respondiendo al mandato recibido de la
ciudadanía que los ha apoyado con su voto en las urnas,
y no a credos religiosos.
Instalados en el mito de la mayoría católica y en el
poder político de los obispos
En España vivimos todavía instalados en dos mitos, que
es necesario superar: la mayoría católica de la sociedad
española y el poder político de los obispos, considerados
ambos inherentes a la organización social y a la convivencia cívica. La sombra de la jerarquía eclesiástica sobre la
sociedad española es muy alargada, y los políticos están
■3
Actitudes como las expuestas demuestran que la jerarquía católica y organizaciones católicas afines viven cultural y políticamente desubicadas y ofrecen respuestas
del pasado a preguntas del presente. A su vez recelan de
la democracia, tienen todavía una concepción confesional de la política y no admiten fácilmente la laicidad del Estado, la no confesionalidad de las instituciones del Estado
y la secularización de la sociedad.
Serenar el debate
Creo que es momento de serenar el debate y de desarmar
el lenguaje. Es necesario entrar por la vía de la racionalidad
ética y política, y no de los intereses religiosos. Esto es válido para los dirigentes políticos, pero también para las
propias religiones, que en el terreno político deben facilitar
la elaboración de leyes que favorezcan al conjunto de la
ciudadanía, aunque tengan que renunciar a sus privilegios
históricos que carecen de toda legitimidad, al menos de la
legitimidad democrática.
Una institución como la Iglesia católica, que jugó un papel
tan importante en la transición de la dictadura a la democracia, no puede malversar su capital político y religioso de
concordia como lo está haciendo ahora. Para ello tiene
que moderar sus declaraciones y actuaciones públicas.
De lo contrario puede ahondar todavía más la distancia
que la separa de la sociedad e incluso de los propios
católicos -que en su mayoría se posicionan del lado del
juego democrático- y corre el peligro de caer en comportamientos más propios de las sectas que de las grandes
religiones.
La jerarquía católica está en su derecho a entrar en el debate público sobre estos temas. Nadie se lo niega. Pero ha
de hacerlo como un interlocutor más, sin recurrir a los argumentos de la revelación cristiana, que sólo tienen valor
para los creyentes de esa religión, y sin apelar a la historia,
a la tradición o a la mayoría sociológica, como argumentos decisivos. La historia y la tradición no pueden de-
❛❛
Del lenguaje a los hechos hay un paso y ése ya lo ha dado la jerarquía católica por boca del citado portavoz Martínez Camino, que ha llamado a la movilización de los católicos contra unas leyes que ni siquiera han sido debatidas en
el Parlamento.
demasiado pendientes de los obispos, a quienes miran
con el rabillo del ojo en espera de que aprueben sus conductas o al menos no las desaprueben explícitamente. Y
cuando se sienten reprobados, tienden a hacer concesiones que pueden limitar la autonomía del Estado y ampliar los espacios de influencia del poder religioso, no legitimado en las urnas. Y eso no me parece conforme con
el Estado laico.
Oferta episcopal de diálogo, con un presupuesto
falaz y una exigencia confesional
Tras varias semanas de agrias reacciones de la jerarquía
católica vaticana y española contra el Gobierno por el
anuncio de unas leyes supuestamente lesivas de las
creencias religiosas en general y del catolicismo en particular, el cardenal Rouco Varela ha ofrecido diálogo
◗◗◗
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OPINION
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y colaboración al Gobierno, en la mejor tradición del concilio Vaticano II. La oferta no puede menos que alegrar a
todos los demócratas, y muy especialmente a los cristianos que trabajan por el establecimiento de un Estado
laico, defensor de la libertad religiosa.
que califica de cobayas a las células madre embrionarias
utilizadas con fines terapéuticos y que ve en el matrimonio
entre homosexuales la imposición de una visión irracional
de las cosas a la sociedad.
Ética laica, ética universal
Hay, empero, en esa oferta un presupuesto que puede
convertirla en falaz al poner entre paréntesis buena parte
de la historia de la filosofía moderna: es cuando el cardenal afirma que el diálogo verdadero es posible porque existe una Verdad accesible a todos, la verdad sobre Dios y
sobre el hombre. ¿Cabe deducir de aquí que quienes no
creen en la Verdad con mayúscula no pueden ser interlocutores en el “diálogo verdadero”? Si así fuera
volveríamos a la época en la que la filosofía estaba sometida a la teología, la razón a la fe, y la ciencia a la revelación.
El cardenal Rouco sabe que el orden moral en un Estado
no confesional y en una sociedad secularizada no viene
dictado por una moral religiosa, sino por una ética laica
fundada en el ser humano, fuente de la moralidad. En la
filosofía moral de Kant, que no era precisamente un ateo,
encontramos uno de los intentos más sólidos de fundamentación autónoma de la ética como condición para su
universalidad y de la mayoría de edad moral del ser humano. La Ilustración es para Kant «la salida del hombre de
su autoculpable minoría de edad». Minoría que «significa
la incapacidad de servirse de su propio entendimiento sin
la guía de otro». La permanencia en ese estado se torna
culpable cuando su causa «no reside en la carencia de entendimiento, sino en la falta de decisión y de valor para
servirse por sí mismo de él». El lema de la Ilustración para
Kant es «Sapere aude! Ten el valor de servirte de tu propio
entendimiento!», sin recurrir a tutores que generalmente
ejercen la función de censores. La razón logra su objetivo
cuando se hace uso público de ella, venciendo la resistencia de quienes, desde la política o la religión, disuaden a sus seguidores de pensar.
La religión ya no es necesaria para fundar la moral. La motivación última de la acción moral es el deber por el deber,
no el deber basado en una ley o en un mandamiento divino. «Fundándose la moral en el concepto de hombre como ser libre y que por su razón se halla ligado a las leyes
incondicionales, no precisa dicha moral ni de la idea de un
Ser superior al ser humano para que éste conozca su deber ni, para que lo cumpla, de otro móvil que la ley misma»,
afirma Kant en La religión dentro de los límites de la sola
razón. La religión no resulta necesaria para fundamentar
las buenas costumbres. Además, no se ha caracterizado
precisamente por esa tarea, sino por todo lo contrario:
banderías, guerras civiles, opresión, esclavitud, dirá Hume.
❛❛
A los obispos parece habérseles olvidado los más elementales principios de la democracia: que el poder no viene de Dios, sino que reside en el pueblo; que el poder ejecutivo gobierna legitimado por la voluntad popular; que los
diputados discuten y hacen las leyes respondiendo al mandato recibido de la ciudadanía que los ha apoyado con su
voto en las urnas, y no a credos religiosos.
Rouco Varela pone, a su vez, una condición para que el
diálogo sea auténtico: «el legislador ha de atenerse al orden moral, tan inviolable como la misma dignidad humana, a la que sirven las leyes». ¿Qué entiende por orden
moral? Por el contexto que rodea el discurso y por el tono
del mismo, no parece que se refiera a una ética laica, sino
al orden moral cristiano, o mejor católico, conforme a la interpretación del magisterio eclesiástico. Una interpretación que califica a la eutanasia de delito, que define la
legalización del aborto como privación del derecho fundamental a la vida de los hijos por parte de los padres, que
acusa al divorcio de minar el bien y el futuro de la familia,
El desafío al que se enfrenta la Ilustración es el desarrollo
de una ética que sea a la vez flexible y exigente, autónoma
e inmanente, superadora de la metafísica tradicional y de
la rígida moral católica. En otras palabras, se trata de hacer compatible la subjetividad y la universalidad de la razón,
la autonomía personal y la universalidad moral.
Junto con la emancipación de la razón y de la moral tienen
lugar la emancipación del derecho y su refundación laica,
que, por paradójico que parezca, no provienen de pensadores ajenos u hostiles, a la religión, sino de juristas vinculados al cristianismo como Grotius. Puede existir un
derecho sin necesidad de admitir, en su origen, la existencia de Dios. La secularización del derecho no exige ni el
deísmo legal, ni el ateísmo oficial.
Preguntas a la jerarquía católica
Pues bien, la concepción autónoma y laica de la ética
cuestiona algunas de las prácticas actuales de la Iglesia
católica que pueden transgredir el orden moral al que dice
apelar. He aquí algunas preguntas al respecto:
◗◗◗
En el aspecto religioso, vivimos instalados en una serie de
mitos o de supuestos que no tienen verificación empírica:
la mayoría católica de la sociedad española; el reconocimiento de un poder político a los obispos católicos
–incluso por parte del gobierno socialista- que no les corresponde. Creo que los políticos todos, de derechas y de
izquierdas, siguen demasiado pendientes de los obispos
a quienes miran con el rabillo del ojo para ver cómo reac-
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ervato sociolaboral
obs
ismo, religión que nació, por voluntad del fundador, como
movimiento marginal, sin el apoyo del Imperio, más aún,
enfrentada con el Imperio, y continuó actuando como
movimiento religioso a favor de los excluidos del sistema,
hasta su reconocimiento como religión oficial del imperio
por Teodosio el Grande el año 380 con el edicto de
Tesalónica.
OPINION
¿Es conforme al orden moral democrático la actual Ley
Fundamental del Estado del Vaticano, cuyo artículo
primero afirma que el Romano Pontífice concentra en su
persona los tres poderes: ejecutivo, legislativo y judicial?
¿Es acorde con el orden moral la exclusión de las mujeres
de las funciones directivas en la Iglesia católica y del acceso al ministerio sacerdotal, episcopal y papal? ¿Puede
considerarse conforme al orden moral la negación de los
derechos reproductivos de las mujeres por parte de la
Iglesia católica? ¿Es acorde con el orden moral que se
prohiba la utilización del condón en las relaciones sexuales
cuando son millones las personas que contraen el SIDA
cada año por no hacer uso de él? ¿Resulta conforme al orden moral la ausencia de democracia y de derechos humanos en el seno de la Iglesia, alegando que es de origen
divino? ¿Puede Dios ser partidario de la democracia en la
sociedad y, al mismo tiempo, contrario a ella en la comunidad cristiana? ¿Es conforme al orden moral negar a los
teólogos y a las teólogas la libertad de pensamiento, de
expresión, de cátedra y de investigación? ¿Puede apelar
al orden moral la Congregación romana para la Doctrina
de la Fe para justificar la condena de más 500 teólogos y
teólogas?
■5
El problema de fondo radica, a mi juicio, en que algunos
jerarcas católicos pretenden fundar el orden moral en una
ley natural de la que ellos se consideran únicos depositarios e intérpretes autorizados, o en unos textos sagrados
leídos al modo fundamentalista, es decir, sin atender el
contexto en que fueron escritos y sin la oportuna hermenéutica. Un ejemplo, nada más, y con él termino. Para
condenar la homosexualidad se apela a textos de la Biblia. Éste es el caso del libro del Levítico 18,22, donde
podemos leer: «No te acostarás con varón como con mujer: es una abominación». Pero el mismo libro dice que se
puede comprar esclavos, varones y mujeres, siempre que
la compra se haga en naciones vecinas, y dejarlos en
herencia a los hijos como propiedad perpetua (Lv 25,4446); dice también que una persona no puede acercarse al
altar de Dios si tiene un defecto en la vista (Lv 21,10). El libro del Éxodo establece que uno puede vender a su hermana como esclava (Ex 21,7); que quien trabaja el sábado, será condenado a muerte (Ex 35,2), ¿Estas prácticas
deben entenderse al pie de la letra como la condena de la
homosexualidad y tienen vigencia hoy?
Mejor sería, a mi juicio, colaborar en la construcción de un
orden moral laico, de una ética autónoma fundada
antropológicamente, válida para todos. Ésa es quizás la
asignatura pendiente de la sociedad española que habría
que aprobar cuanto antes.
Valoración teológico-religiosa
Creo que con los actuales pronunciamientos la jerarquía
católica retrocede a etapas anteriores al concilio Vaticano
II, que hace cuarenta años defendió la autonomía de las
realidades temporales, la separación entre la Iglesia y el
Estado, la libertad religiosa y la no discriminación de los
ciudadanos por razones de creencias. Además, parece
tener poca confianza en su capacidad de convicción y en
la eficacia de sus medios para anunciar su mensaje. Por
eso reclama espacios y medios estatales y condiciones
políticas de plausibilidad para la difusión de su doctrina.
La jerarquía parece desconocer los orígenes del cristian-
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Una institución como la Iglesia católica, que jugó un
papel tan importante en la transición de la dictadura a la democracia, no puede malversar su capital político y religioso de concordia como lo está haciendo ahora.
cionan ante su forma de gobernar y de legislar, en espera
de que aprueben sus conductas o al menos no las
reprueben explícitamente. Y Cuando se sienten reprobados, tienden a hacer concesiones, que pueden limitar la
autonomía del Estado y ampliar los espacios de influencia
del poder religioso, no legitimado en las urnas. Los políticos conceden más relevancia a los obispos que la sociedad en general e incluso que los católicos, que no suelen estar muy atento a sus orientaciones.
Es necesario actuar desde la racionalidad política, no desde intereses religiosos. Y esto es válido para los
◗◗◗
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OPINION
6■
giosas. El objetivo a corto plazo es la autofinandirigentes políticos, para el gobierno, para los
ciación de las religiones como muestra de
diputados, pero también para las propias reliMejor sería, a mi juiautonomía y de madurez institucional.
giones, que en el terreno político deben
apoyar leyes y actuaciones que favorezcio, colaborar en la conscan al conjunto de la ciudadanía, aunque trucción de un orden moral lai- . En materia de impuestos, las exenpara ello deban renunciar a sus privile- co, de una ética autónoma funciones deben ser las mismas que las
gios históricos que carecen de toda leque afectan a otras organizaciones
dada antropológicamente, válida
gitimidad, al menos de la legitimidad
similares, como ONG’s.
para todos. Ésa es quizás la
democrática.
asignatura pendiente de la so- . El Estado debe mantener una neutralPropuestas coherentes con un
idad escrupulosa en relación con las reciedad española que habría
estado no confesional
ligiones, respetando la libertad religiosa,
que aprobar cuanto ansin discriminación o trato privilegiado hacia
tes.
. Es necesario revisar los Acuerdos de 1979 del
ninguna religión, y facilitando el desarrollo de
Gobierno Español con la Santa Sede, que son predicha libertad, sin otro límite que el respeto al Esconstitucionales y, en varios temas, pudieran ser incluso
tado democrático.
inconstitucionales, al no respetar principios constitucionales como el de la igualdad, no discriminación, etc.
. Es necesario educar a la ciudadanía en una ética cívica.
A esa ética es a la que hemos de atenernos en el plano so. Debe revisarse la Ley Orgánica de Libertad Religiosa, de
cial, político, económico todos los ciudadanos y por ella
1980, que responde a una situación que ha sufrido imporha de regirse los distintos poderes del Estado a la hora de
tantes cambios, sobre todo por la presencia de nuevas reejercer sin funciones: el legislativo, en la elaboración de las
ligiones y movimientos espirituales, y por el carácter privileyes; el ejecutivo, en la gobernación; el judicial en la práclegiado de las religiones consideradas «de notorio arraitica de la justicia. Ella es la única válida. Las éticas religo», que viene a discriminar al resto.
giosas no pueden imponerse a toda la ciudadanía. Su
validez y práctica se sitúan dentro de cada religión. Su
práctica es cuestión de los miembros de cada religión. En
. Hay que suprimir la enseñanza de la religión confesional
el conflicto entre la ética laica y las éticas religiosas, ha de
de las escuelas, ya que el lugar de la enseñanza confepredominar la primera, que es la universal.
sional de la religión son las instituciones con que cuenta
cada religión para transmitir sus enseñanzas. Mientras
tanto, y en respeto a los acuerdos de 1979 y de 1992, el
Mientras no se adopten estas medidas, seguiremos en un
modelo de religión no evaluable resulta escrupulosamente
Estado de confesionalidad indirecta, de religión tutelada o
constitucional.
protegida, pero no laico. Creo que nos encontramos en un
momento privilegiado para construir entre todos un estado laico. A esa tarea están llamadas también las religiones,
. Debe procederse a eliminar toda subvención del Estado
y muy especialmente la Iglesia católica. ■
a las religiones para fines y tareas específicamente reli-
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Vivienda y políticas públicas
LA VIVIENDA EN CIFRAS
• España, con un censo total de 21 millones de viviendas
en el año 2001, 15 millones de ellas calificadas como principales, es el país del mundo con un número mayor de residencias construidas por habitante.
• De acuerdo con las cifras oficiales que publica el Ministerio de la Vivienda, desde 1998 el precio del metro cuadrado se ha incrementado un 15% de media por año.
• Por el contrario, la Renta Bruta Disponible de los hogares ha crecido de media anual sólo un poco más del 3% en
dicho tiempo.
• La demanda ha aumentado de forma exponencial por
diversas causas:
— Considerable aumento de la población activa, que
rondaba los 16 millones en 1997 y supera los 19 en
nuestros día
— Afloración de dinero negro como consecuencia de
la llegada del euro.
— Iincorporación a la población del país de cerca de 2
millones de emigrantes
◗◗◗
• La alternativa, el alquiler, cuesta mucho más. Además la
compra tiene un trato fiscal favorable y el alquiler no.
• 10% de las viviendas conforman el parque de viviendas
en alquiler
• En los últimos 3 años el endeudamiento de las familias
españolas es del 95% de sus ingresos y dobla la media de
los países de la eurozona. El valor de las deudas en
relación a su renta bruta disponible ha pasado en siete
años del 56% al 95%.
• De cada 10 euros que debemos a los bancos, cajas y
otras entidades financieras, 7 corresponden a la financiación de nuestra vivienda. Este bien esencial constituye
el 87% de la riqueza de las familias.
• El Banco de España aconseja a las entidades financieras
que no presten más del 80% del valor de la vivienda a precio de mercado.
• Las propiedades inmobiliarias representan el 79% de los
activos de las familias españolas, que son en su gran mayoría (el 82%) propietarias de su vivienda habitual, según la
Encuesta Financiera de las Familias difundida por el Banco de España.
• El 12,6% restante son activos financieros, que se distribuyen entre cuentas y depósitos, acciones, fondos de
inversión, renta fija y planes de pensiones y seguros de vida.
• El valor mediano de la vivienda principal es de 97.300 euros y crece a medida que aumenta la renta (hasta 173.000
euros) y es más elevado en los hogares cuyo cabeza de familia tiene entre 45 y 54 años (116.100 euros)
◗◗◗
• El 96% de los compradores de
los 438.000 pisos que se
vendieron en España entre enero y
junio de 2004 tuvieron que pedir un
préstamo. La hipoteca media ascendió a 202.826,41 euros (más
de 33 millones de pesetas) y su duración alcanza los 22 años.
• El esfuerzo financiero que se precisa para poder costear la compra
de una vivienda ha llegado a situarse el último trimestre en el 53,7%
del salario medio, es decir, que se
dedica cada mes más de la mitad
de una renta familiar monosalarial
para pagar la hipoteca.
• En la Comunidad de Madrid, una
de las más caras para comprar una
vivienda, los jóvenes (de 18 a 34
años) han de destinar el 84,1% de
su salario mensual (en caso de
suscribir una hipoteca media a 25
años) o, lo que es lo mismo, dedicar
el salario íntegro de 18 años de trabajo a pagarse un techo.
• De los menores de 34 años tan
sólo el 7% firma su hipoteca individualmente.
• El precio medio del metro
cuadrado construido de la vivienda libre ha sido en el tercer
trimestre de 2004 de 1.671,71
euros frente a los 1.426,61 euros
del mismo periodo del año pasado, lo que significa un aumento interanual del 17,18% y un descenso del 0,24% respecto al trimestre
anterior.
Créditos a las familias: evolución
1992
2004
46.800 M
288.700 M
• Vivienda/cred. Hogares
58,1 %
74,7 %
• Vivienda/cred. Act.- Prod
27,1 %
67,7 %
• Vivienda/cred. Total
18,4 %
35,4 %
• Crédito/PIB
15,5 %
44,2 %
• Crédito a la vivienda
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— Creciente demanda de vivienda vacacional por
parte de los extranjeros
• El crédito hipotecario aumentó en septiembre un 25,3%
y alcanzó la cota más alta de esta coyuntura.
TENDENCIAS
— Bajos tipos de interés y alargamiento de los plazos
de amortización, con lo que el diferencial de la cuota
de la «hipoteca-renta» del alquiler es cada vez menor
■7
TENDENCIAS
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o
8■
• Los pagos pendientes por la adquisición de la vivienda
habitual constituyen el 56,6% de la deuda que tienen las
familias, principalmente en forma de créditos hipotecarios, por un importe mediano de 31.800 euros.
• El 30,1% de los hogares posee otros inmuebles que no
son su vivienda habitual (con un valor mediano de 68.900
euros) y, en concreto, el 18,5% tiene una segunda vivienda, seguido por el 8% que posee solares y fincas
• En cuanto a los activos financieros, las cuentas bancarias suponen casi el 40% del valor de este tipo de instrumentos (el 5% del total de activos), seguidas de los planes
de pensiones (17,6%), las acciones cotizadas (14,7%) y
las no cotizadas (11,4%).
• Los precios aumentan por dos tipos de factores: directos (tipos de interés, costes de la construcción, etc) e indirectos.
• Las acciones reguladoras o fiscales del sector público
pueden tener una cierta influencia en los directos pero
tienen una capacidad muy limitada para afectar a los factores indirectos, relacionados con las expectativas de los
individuos sobre los precios futuros de la vivienda.
• Si una parte importante del crecimiento de los precios de
la vivienda se justifica en estos factores indirectos ( 50%),
que es la que se puede calificar propiamente de burbuja
inmobiliaria, entonces la capacidad de la acciones públicas para afectar al precio de la vivienda se ve muy limitada, lo que deja poco margen a la acción pública.
• Sabemos más de las medidas que no funcionan que
de aquellas que funcionan dado el fracaso de todos los
intentos por controlar el precio de la vivienda.
• Por el lado de la oferta los precios dependen de la
evolución de los coste de construcción y del precio del
suelo.
• El precio del suelo y el precio de la vivienda suben simultáneamente que suban a la vez no quiere decir que
el aumento del precio del suelo cause el aumento del
precio de la vivienda, es el incremento del precio de la
vivienda el que hace aumentar el precio del suelo y no
viceversa. l precio del suelo se fija en función del valor
de las viviendas que se construirán sobre el mismo.
• Las medidas encaminadas a afectar al precio del suelo están condenadas a fracasar.
• La solución más obvia desde el lado de la oferta es
producir un gran número de viviendas de protección
oficial.
• El 24,1% de los hogares posee un plan de pensiones (o
seguro de vida), con una cantidad mediana invertida de
6.400 euros, mientras que el 10,8% tiene acciones que
cotizan en Bolsa (inversión mediana de 5.800 euros) y el
7,2% cuenta con algún tipo de fondo (inversión mediana
de 12.000 euros).
• En lo que se refiere a la deuda, ésta representa el 8,6% del
valor total de los activos de las familias y es la vivienda principal la primera causa de ésta, ya que constituye el 56,6%
del total de deuda.El 43,6% tiene algún tipo de deuda pendiente, por un importe mediano de 22.000 euros.
• El incremento actual de los precios está impulsado
básicamente por factores de demanda. La bajada de
los tipos de interés, la extensión de la duración de los
préstamos hipotecarios, el incremento del nivel de renta
per capita o la reducción de la tasa de desempleo han favorecido un incremento sustancial de la demanda.
• En situaciones como la actual, donde el precio queda fijado por la máxima cuota hipotecaría que una familia
puede pagar dados sus ingresos, las desgravaciones fiscales se transmiten directamente a un aumento de los
precios.
• Una vivienda produce servicios pero también es un activo y, como tal, su precio se ve afectado por las expectativas que los individuos tengan sobre su valor futuro.
LAS POLÍTICAS PUBLICAS
• ¿Es posible detener la escalada de los precios de la
vivienda desde las políticas públicas? ¿cómo se puede
hacer?
• Detener la escalada de los precios de la vivienda es una
tarea muy complicada cuando la demanda presiona con
fuerza y las ganancias de capital que se pueden obtener
son tan substanciosas como las actuales
• Históricamente la contestación a esta pregunta debería
ser no. En ninguna de las dos fases recientes de booms inmobiliarios (1987-91 y 1999-2003) las políticas públicas
han sido capaces de contener el crecimiento de los precios.
• Una acción pública sostenida, adecuadamente financiada y con objetivos claros podría tener efectos positivos,
aunque limitados por la importancia de los factores indirectos. ■
Avances y déficits de las políticas públicas de
bienestar social en España
EL ESTADO DE BIENESTAR SOCIAL,
SEÑA DE IDENTIDAD DE LAS SOCIEDADES
DEMOCRATICAS
as políticas de Bienestar Social han sido en su origen,
impulso y desarrollo una seña de identidad de las fuerzas políticas y sociales de la izquierda. A lo largo del siglo
XX gran parte de las movilizaciones sociales que han protagonizado la izquierda política, el movimiento sindical y
otras organizaciones sociales de carácter progresista,
han tenido como objetivos el derecho a la salud, las pensiones, la educación, la protección frente al desempleo,
los servicios sociales, la lucha contra la pobreza, etc.
L
Sin embargo, cuando todavía existen profundas carencias sociales, cuando hay colectivos sociales a los que no
alcanza el bienestar social o lo hace de forma deficitaria o
cuando una parte importante de mujeres tienen que sustituir con su trabajo las insuficiencias de las políticas sociales, grupos y personas vinculados a poderosos intereses empresariales y de la derecha siguen cuestionando y
atacando el Estado de Bienestar Social.
En unos casos los sectores mas neoliberales defienden
abiertamente la reducción del gasto publico en políticas
sociales. En otros, de forma mas sofisticada y evitando el
desgaste electoral que la medidas de recorte les pueden
acarrear, propugnan la privatización de la gestión de las
políticas de bienestar social, trasvasando ingentes recursos públicos al ámbito de gestión privada.
Tras la aparente preo-
❛❛
Posteriormente y no sin tensiones, fueron
siendo asumidas por otros sectores políticos y sociales y en especial por los que cupación sobre la sostenibise identificaron con la Democracia
Tras la aparente preocupación sobre la
lidad a largo plazo del sistema
Cristiana de la posguerra (fuera cual
sostenibilidad a largo plazo del sistema
de pensiones, ... hay única y exfuera su denominación concreta).
de pensiones, la alarma ante el creciHoy, tan solo los sectores mas ultra- clusivamente un interés mercantil, miento del gasto sanitario, las lamentaliberales defienden el desmantela- para apropiarse de la gestión de ciones por el deterioro de la calidad de la
miento de las políticas de Bienestar
enseñanza, los supuestos efectos pernilos actuales sistemas de bieSocial e incluso allí donde han estado
ciosos
en el empleo de las cotizaciones
nestar social.
en el gobierno, no han podido realizar tosociales, la extensión del fraude o la rebedo lo que inicialmente proponían.
lión fiscal como respuesta a los supuestamente elevados impuestos, etc., hay única y exPor ello no es exagerado decir que hoy en nuestra
clusivamente un interés mercantil, para apropiarse de
sociedad las políticas de bienestar social son una de las
la gestión de los actuales sistemas de bienestar social.
mas claras señas de identidad del sistema político democrático. Bienestar social y democracia son dos realidades
Las políticas de bienestar social se han caracterizado por
que están estrechamente ligadas.
la garantía publica de su viabilidad, por la solidaridad intergeneracional e interterritorial de sus prestaciones, por
El Estado de Bienestar Social ha transformado radicalla gestión socialmente participada. Esto es lo que cuestiomente las condiciones de vida de la inmensa mayor parte
nan hoy sectores de la derecha y empresariales.
de los países desarrollados.
Propugnan una gestión privada y una concepción estricLa espectacular prolongación de la vida, 30 años mas de
tamente de seguro, «cada uno recibe según lo que ha
media en tan solo un siglo; la erradicación de la mortalidad
aportado» y todo ello sin control social y con un amplio
infantil; las mejores condiciones de salud, son resultado
margen para el beneficio mercantil.
directo de los Sistemas públicos y universales de salud.
Las experiencias de este modelo privado de Bienestar SoLos avances en la erradicación de la pobreza, la movilidad
cial, son elocuentes al respecto, no ya en términos de exen la durante siglos impermeable estratificación social,
clusión social de sectores y de ruptura de la solidaridad, es
con el crecimiento las clases medias, la incorporación de
que además la gestión es mas cara, la calidad menor y los
la mujer al trabajo, los avances científicos y el mayor nivel
riesgos mas frecuentes.
cultural de la población, etc., son fruto de la generalización
de la educación y de la mejora de la calidad de la enseLa clasista sanidad norteamericana, que margina a una
ñanza publica.
parte importante de la población y que tiene altos costes
de funcionamiento; los efectos desastrosos y excluyentes
El que hoy ser anciano, enfermo, parado, persona con disde los fondos de pensiones en Chile y Argentina; o la caícapacidad, etc. no conduzca irreversiblemente al hambre,
da de la calidad de los servicios públicos en Inglaterra tras
la miseria, el abandono y la marginación, son logros de los
la privatización tatcheriana, están ahí para quienes quieran
sistemas públicos de pensiones y de prestaciones de decomparar.
◗◗◗
sempleo.
rio
ervato sociolaboral
obs
Adjunto a la Secretaría de Política Social de la Confederación Sindical de CC.OO.
TENDENCIAS
■ Héctor Maravall
■9
TENDENCIAS
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ervato sociolaboral
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10 ■
Pero aunque llevan años hablando de la Crisis Fiscal del
Estado, de la inviabilidad de los Sistemas Públicos de
Pensiones, etc, no han conseguido erosionar el núcleo
central de las políticas Sociales, que son ya avances irreversibles, al menos en un contexto político democrático.
Por eso, la concepción de transformar los Estados de Bienestar Social en «Sociedades de Bienestar Social», sea
hoy la habilidosa presentación por parte de las fuerzas políticas y sociales del centro y de la derecha, de unas propuestas con las que pretenden no preocupar a amplios
sectores sociales.
Pero en definitiva tras la perspectiva de que hay que sustituir los Estados de Bienestar Social, por las Sociedades
de Bienestar Social, hay una meridiana apuesta por la reducción de las políticas de Bienestar Social, por la privatización de derechos, por la desigualdad.
impuestos, con lo que a la postre pueden tener menor eficacia recaudatoria.
Pero desarrollar una política fiscal razonable, progresiva,
equilibrada y eficaz y trasladar a la opinión publica los efectos beneficiosos para la mayoría de población, aunque no
sea tarea fácil, es una responsabilidad fundamental de un
gobierno progresista y de las organizaciones políticas y
sociales que aspiran a una sociedad mas justa y solidaria.
Y refiriéndonos al debate en España, hay que ser claros al
respecto: no podemos aspirar a unas avanzadas políticas
de bienestar social como las existentes en los estados de
larga influencia de gobiernos socialdemócratas del norte y
centro de Europa y tener un débil sistema impositivo y encima con tendencia a la baja. Dicho en otras palabras «sin
suficientes impuestos, no hay política social suficiente».
Además hay que tener muy presente que en un estado,
Hoy es necesario seguir hablando del «Estacomo el nuestro, las políticas fiscales están expedo de Bienestar Social», como reflejo inerimentado un amplio proceso de descentraliPor eso, la concepción
quívoco de que, en unas Sociedades
zación competencial, por lo que las deque aun arrastran profundas desimandas de financiación deben dirigirse
de transformar los Estados de
gualdades y diferencias, el papel
no solo hacia la Administración General
Bienestar Social en «Sociedades
del Estado, de lo publico, en la codel Estado, sino también de forma crede Bienestar Social», sea hoy la habirrección de esas desigualdades,
ciente a las Administraciones Autonólidosa presentación por parte de las
en la garantía del bienestar social,
micas e incluso, aunque en mucha
es decisivo y aunque como des- fuerzas políticas y sociales del centro menor medida, a las Corporaciones
pués veremos hay un protagonis- y de la derecha, de unas propuestas Locales.
mo evidente por parte de la sociecon las que pretenden no preocudad en la organización y realización
Tres ultimas reflexiones en esta inpar a amplios sectores sociade la solidaridad social, hay que setroducción:
les.
guir hablando de los Estados de Bienestar Social, con ese papel activísimo de
Es imprescindible evitar debates excelo publico.
sivamente teóricos o abstractos sobre las características, problemas, perspectivas, reformas, etc. de las
Pero también hay otra forma de debilitar o al menos conpolíticas de Bienestar Social. Hay que debatir con datos y
gelar las políticas sociales, como es dar la mayor prioridad
realidades en la mano.
a la reducción de impuestos, o la obsesión radical con el
déficit cero, lo que resulta incompatible con la consolidaEn segundo lugar, debemos ser conscientes que no hay
ción y mejora del Estado de Bienestar Social.
un único modelo de Estado de Bienestar Social. Cada uno
es producto de su realidad histórica, política, social, ecoLa cultura critica con los impuestos, es una cultura ajena a
nómica, demográfica e incluso geográfica. Resulta necelas fuerzas progresistas, al movimiento sindical. Ya desde
sario conocer y reflexionar sobre las experiencias ajenas,
el siglo XIX quienes se oponían al establecimiento de mopara aprender y para contrastar con nuestra realidad, no
dernos y eficaces sistemas impositivos, eran los mismos
para transposiciones miméticas.
que defendían el «estado mínimo», las políticas de «laissez
faire».
En tercer lugar, quienes defendemos y apostamos por la
consolidación y fortalecimiento de las políticas de BienesPor el contrario la clase obrera, los sectores populares,
tar Social, debemos asumir que estas son dinámicas, que
siempre han visto en el sistema impositivo un poderoso
están íntimamente ligadas a los cambios sociales y ecoinstrumento de corrección de desigualdades sociales, de
nómicos, por no hablar también de los tecnológicos.
redistribución de la riqueza.
Por ello, negarse a reformas, por complejas y difíciles que
Quienes mas deben temer de un sistema impositivo son
puedan resultar en un momento determinado, es abrir palas grandes fortunas, los sectores mas privilegiados, no
so a su cuestionamiento y crisis y en definitiva a su reducquienes viven de su trabajo cotidiano.
ción traumática.
❛❛
Es evidente que puede haber sistemas fiscales con aspectos regresivos o insolidarios. Las reformas propugnadas por Bush o por Aznar así lo han sido.
Como tampoco debemos ignorar que una desmesurada
presión fiscal en un mundo globalizado puede generar
deslocalizacion de empresas, evasión de capitales o búsqueda de artimañas de ingeniera financiera para eludir los
La defensa a ultranza del modelo de Estado de Bienestar
Social impulsado por las fuerzas progresistas, no debe ser
óbice para que, sin romper su esencia, seamos capaces
de actualizar, mejorar y adaptar su funcionamiento a las
nuevas realidades, que resumiría en las siguientes:
- Afrontar los nuevos retos del envejecimiento, de la caída
de la natalidad y de la irrupción de la inmigración.
◗◗◗
Adaptar los sistemas de cotización o de imposición fiscal
a la nueva tipología de empresas intensivas en capital o
con gran movilidad de capitales.
Abordar las nuevas formas de pobreza urbana, de los
efectos de la drogadicción, el alcoholismo, las carencias
de las familias monoparentales con cargas familiares, las
nuevas formas de menores y adolescentes en situación
de riesgo, etc.
Siendo cierto, por tanto, que mas gasto publico no siempre se traduce en mas bienestar social, sin embargo sin un
adecuado gasto publico hablar de políticas sociales es
mera palabrería. También tenemos en nuestro país un
ejemplo clarísimo: la propaganda que los gobiernos del
PP han hecho sobre sus programas de apoyo a las familias, contrastan brutalmente con la insignificancia de las
dotaciones presupuestarias que han acompañado a esos
programas.
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Aprovechar las posibilidades de las nuevas tecnologías
para una mejor utilización de los recursos materiales y humanos.
tión del sistema de pensiones de la Seguridad Social, con
unos bajísimos costes de gestión, que no grava negativamente el gasto en prestaciones y que va a acompañado
con un alto nivel de satisfacción por su funcionamiento.
TENDENCIAS
Fomentar la participación y el papel inestimable de las
ONGS y de las diversas formas de voluntariado y de economía social, sin desvirtuar su finalidad.
■ 11
Evitar los desequilibrios y desigualdades territoriales y entre la ciudad y las pequeñas poblaciones rurales.
Afrontar la necesidad de coordinación de políticas, actuaciones y financiación en el marco de un estado profundamente descentralizado.
Todo ello exige nuevas alternativas de política social, para
evitar la esclerosis o el deterioro de los programas o actuaciones que en su día fueron positivos y eficaces.
Por ultimo hay que resaltar que el impulso y renovación del
Estado de Bienestar social exige la negociación y participación de todos los sectores sociales implicados: sindicatos, empresarios, profesionales del bienestar social,
usuarios, ONGS y tercer sector, etc.
EL GASTO SOCIAL COMO INDICADOR DE LAS
POLÍTICAS DE BIENESTAR SOCIAL
nalizar y evaluar un sistema publico de bienestar social, puede hacerse siguiendo diversas metodologías
de forma individualizada o combinada: niveles de universalización y cobertura poblacional de los programas sociales, situaciones de pobreza y exclusión social, estado
de salud y expectativas de vida, volumen de empleo en el
ámbito de las políticas sociales, grado de consenso ciudadano sobre las políticas de bienestar, costes de gestión, cohesión territorial, integralidad y transversalidad de
las políticas, cargas familiares como sustitución de los recursos públicos, etc.
A
Pero sin duda, uno de los elementos claves para conocer
el nivel de desarrollo del Estado de Bienestar Social es el
volumen de gasto publico en relación a la riqueza nacional, es decir el PIB.
Es evidente que no siempre mayor gasto publico significa
mejor y mas amplia política social. Una buena gestión publica puede hacer mas eficaz y eficiente el gasto y una mala gestión publica puede desembocar en un alto gasto publico.
En España tenemos dos ejemplos evidentes al respecto:
el desmesurado gasto publico en productos farmacéuticos no puede ser valorado positivamente; la buena ges-
Además hay que tener muy presente que en un esta❛❛
do, como el nuestro, las políticas fiscales están experimentado un amplio proceso de descentralización competencial, por lo que las demandas de financiación deben dirigirse no solo hacia la Administración General del Estado,
sino también de forma creciente a las Administraciones
Autonómicas e incluso, aunque en mucha menor medida, a
las Corporaciones Locales.
Hay, además, otros aspectos a considerar, a la hora de
relacionar el volumen del gasto social publico con el PIB.
Los efectos del gasto publico no son los mismos en sociedades muy cohesionadas social y territorialmente o
con limitadas diferencias de rentas en la población, que en
sociedades caracterizadas por sus desigualdades sociales. Aunque no siempre es fácil diferenciar la causa y el
efecto, la realidad nos dice que los Estados con mayor cohesión social, son precisamente los que tienen un mayor
gasto social publico en relación al PIB.
El PIB por habitante es otro factor decisivo a tener en
cuenta. P.e. Grecia o Portugal tienen mas gasto
◗◗◗
TENDENCIAS
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12 ■
social publico sobre el PIB que España, pero al ser bastante menor el PIB por habitante en los dos citados países,
se traduce lógicamente en unas políticas de bienestar social de mucha menor intensidad y calidad que las existentes en nuestro pais.
La proporción de gasto social publico en Grecia y Portugal, si refleja, en cambio, una clara voluntad política de dar
una alta prioridad a las políticas de bienestar social, que no
ha existido en la misma medida en España.
tica tiene aún deficiencias a la hora de computar o clarificar el conjunto del gasto de las tres Administraciones Públicas, por lo que en el caso concreto de nuestro país podría haber incluso una infravaloración del gasto real en alguna décima del PIB, lo que en ningún caso alteraría de
manera significativa los datos generales.
LA EVOLUCION DEL GASTO SOCIAL PUBLICO
EN ESPAÑA
Por otra parte, a la hora de analizar este tipo de indicadores hay, igualmente, que relativizar las comparaciones en
a información disponible sobre gasto social publico en
función de otros indicadores sociales, económicos y deEspaña, homologable a las estadística europeas (EUmográficos. No son exactamente iguales las exigencias
ROSTAT/SESPROS), parte del año 1980. En aquel mode gasto social en un país envejecido que en otro con una
mento representaba el 17’4% del PIB.
pirámide demográfica relativamente joven; o un estado
con una fuerte presencia inmigratoria y otro que apenas
En el año 2003, últimos datos publicados por la Administiene; o una sociedad con un alto nivel de empleo
tración española y aun no homolgados por EUROSy tasas de actividad masculina y femenina y
TAT, el gasto social publico alcanza el 20’2% del
otro que tenga importantes niveles de paPIB. Un avance de 2’8 puntos en 23 años, poEs evidente que no
ro y baja actividad femenina.
dría aparecer como muy modesto e insufisiempre mayor gasto publico
ciente.
Tampoco podemos olvidar la pre- significa mejor y mas amplia posencia de la economía sumergida,
Siendo esto cierto en términos generalítica social. Una buena gestión
no contabilizada en los PIB oficiales
les, sin embargo, no podemos olvidar el
publica puede hacer mas eficaz y
y que puede suponer hasta el 20% o
importantísimo crecimiento del PIB de
el 25% de los PIB reconocidos. Un eficiente el gasto y una mala ges- nuestro país en este periodo, por lo que a
importante volumen de economía tión publica puede desembocar la ganancia de porcentaje del gasto social
en un alto gasto publico.
sumergida sesga la valoración de los
publico sobre el PIB, hay que añadirle el
datos de gasto social en relación al PIB.
crecimiento propio del PIB.
L
❛❛
Efectivamente la economía informal o sumergida de un país reduce el PIB identificado sobre el real y sobrevalora el gasto social en relación al mismo. Esta
es una realidad más extendida en los Estados mediterráneos, lo que en términos de gasto social real supone que
este es aún más reducido de lo que ya aparece en las
comparaciones con los países del centro y norte de Europa, cuyo PIB identificado es más real que el de los países
mediterráneos.
Al hacer comparaciones internacionales, hay que tener
presente que a lo largo de los años la Unión Europea ha ido
perfeccionando sus estadísticas, modificando los grandes conceptos en que se agrupan las políticas sociales,
integrando nuevas partidas presupuestarias. Por ello, los
cambios en los datos han sido muy frecuentes, aunque el
sentido global de la evolución general de la Unión Europea
y de cada uno de los países no ha experimentado alteraciones sustanciales. Aún así, hay alguna evolución, especialmente la de Grecia, que resulta sorprendente.
También hay que tener en cuenta que en los últimos años
ha habido importantes modificaciones en el calculo del
Producto Interior Bruto, que en lo que se refiere a España
ha supuesto una sensible elevación del mismo, lo que ha
influido negativamente en la evolución de la proporción de
gasto social en relación con el PIB, factor este que se suma al notable crecimiento que, de por sí, ha tenido el PIB
español.
La fiabilidad de las estadísticas suministradas por cada
país debe darse por supuesta, lo que no es óbice para que
haya carencias en el proceso de elaboración de los mismos. En lo que respecta a España la integración estadís-
En términos reales (es decir en euros constantes),
el crecimiento del PIB ha sido del 87’4% y del gasto social
del 117’6%.
Esta evolución genéricamente positiva, tiene importantes
matices a la hora de descender en su concreción.
La mayor parte del crecimiento se ha centrado en las políticas de vejez y muy en especial en el gasto en pensiones
de jubilación de la Seguridad Social. Igualmente ha habido un incremento, aunque en menor medida en gasto sanitario, una reducción notable en gasto porcentual en
muerte y supervivencia y una reducción algo menor en políticas de apoyo a la familia.
En consecuencia, la distribución del gasto social publico
esta muy sesgada hacia las políticas de vejez (pensiones),
que representan el 40% del total del gasto.
Seguida de la política sanitaria que representa casi el 30%
del total del gasto. La suma de ambas políticas, mas la
protección al desempleo y el gasto en invalidez (fundamentalmente pensiones) ascienden al 90% del total del
gasto social.
De ahí que las políticas de apoyo a las familias, lucha contra la exclusión social y alojamiento, tienen un carácter meramente residual en el conjunto del gasto social publico.
El esfuerzo de mayor gasto publico social, ha descansado
en su practica totalidad en el crecimiento de las aportaciones de las administraciones publicas, que han aumentado en un 50’8% en estos 23 años, frente a un crecimiento del 4% de las aportaciones de los trabaja◗◗◗
Si se analiza la evolución en el tiempo del crecimiento real del gasto social publico, veremos que el periodo mas
expansivo fueron la segunda y tercera legislatura del
PSOE en los años 1987 a 1993. Con un descenso en la ultima legislatura del PSOE y un crecimiento ralentizado en
las legislaturas del PP.
En el lado positivo destacan el notabilísimo esfuerzo de Grecia y también de Portugal, que prácticamente han duplicado su gasto social, aunque en el primer caso puede haber
algunas dudas sobre la fiabilidad de sus estadísticas.
Reino Unido e Italia, a pesar de largos periodos de gobierno de la derecha, han tenido también notables crecimientos del gasto social; cuestion distinta puede ser analizar la
calidad de los mismos.
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Por tanto el esfuerzo de mayor financiación de la política
social ha sido a través de los impuestos generales, aunque
hay que tener muy presente que el crecimiento tuvo lugar
en la década de los años 80, estancándose en la década
de los 90 y en la actual.
y Luxemburgo, siendo especialmente relevante el primer
caso que responde a una nítida opción neoliberal asumida por los gobiernos irlandeses de los últimos diez años.
TENDENCIAS
dores y usuarios y un insignificante 0’9% de los empleadores.
■ 13
Por ello, no es exacto atribuir desde ambitos del PSOE la
caída del gasto social publico a las dos legislaturas del PP;
como tampoco es cierta la autoconsideración que se hace desde el PP de una política social expansiva en lo que
han sido sus dos gobiernos.
EL GASTO SOCIAL PUBLICO EN ESPAÑA EN
COMPARACIÓN CON LA U.E.
e puede decir que cada estado de la Unión Europea
(refiriéndonos por el momento a los 15, antes de la
ampliación de mayo del 2004), tiene un modelo de estado
de bienestar social propio, una estructura de gasto social
especifica, un sistema impositivo diferenciado y un contexto social, económico, demográfico y político, con características propias, por lo que hay que ser muy cauto a
la hora de hacer comparaciones simplistas entre las realidades de gasto social publico entre cada uno de los estados de la U.E.
S
Pero dicho esto, si hay elementos muy significativos que
pueden marcar claras diferencias y ser útiles para establecer algunas conclusiones a la hora de responder a la pregunta ¿cómo se encuentra España, en líneas generales,
en relación a los demás estados de la U.E.?.
La primera cuestión que hay que resaltar (sin olvidar nunca las observaciones metodologicas realizadas en anteriores apartados), es que la U.E., a pesar de las fortísimas
presiones neoliberales de la ultima década, ha logrado
mantener su nivel de gasto social, habiendo crecido una
media de 3’2 puntos del PIB desde 1980 al 2001 (ultimo
año con datos disponibles).
Este mantenimiento del gasto social, en un contexto político de regresión de los gobiernos progresistas en la mayoría de los estados de la U.E., habrá que apuntarlo en
buena medida a los esfuerzos de los sindicatos y de otros
movimientos sociales y al papel de los partidos progresistas. Capitalización que no siempre sabemos hacer adecuadamente.
Tres países con muy sólido estado de bienestar social,
Suecia, Holanda y Bélgica, han sufrido un cierto retroceso
de su gasto social, pero en cualquier caso se mantienen
por encima de la media del gasto de la U.E.
Otros dos países han tenido un notable retroceso, Irlanda
“Este mantenimiento del gasto social, en un contexto
❛❛
político de regresión de los gobiernos progresistas en la
mayoría de los estados de la U.E., habrá que apuntarlo en
buena medida a los esfuerzos de los sindicatos y de otros
movimientos sociales y al papel de los partidos progresistas”.
España ha tenido un crecimiento, como ya se ha dicho,
muy moderado, por debajo de la media comunitaria, (aunque hay algunas divergencias sobre los datos identificados para España en el año 1980 que no coinciden). En todo caso si se puede decir que, pesar de los esfuerzos realizados, en el año 2001, estábamos algo mas lejos de la
media europea de lo que nos encontrábamos en 1980.
Se pueden hacer otras aproximaciones, como p.e. el gasto social publico por habitante en unidades de paridad de
compra, y en ese caso aunque España se encuentra casi
en la mitad de la media de la U.E., el esfuerzo de
◗◗◗
TENDENCIAS
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14 ■
crecimiento desde 1980 ha sido en nuestro país del 320%
frente al 281% de la media comunitaria.
Sin embargo hay otros indicadores comparativos que no
son tan positivos, como es la evolución a precios constantes del gasto publico social por habitante en la década
de los 90. Frente a un crecimiento del 15% en la media comunitaria, España ha tenido un retroceso del – 4’9%.
Si de los datos globales pasamos al gasto por funciones,
encontraremos algunos otros aspectos interesantes.
Así en el gasto por enfermedad (sanidad) tenemos un di-
munitaria, hemos seguido la misma pauta de descenso
del gasto que se ha seguido en la mayoría de los estados
de la U.E.
En la función empleo (protección al desempleo), es el único ámbito de gasto social en el que estamos por encima
de la U.E., aunque hay que matizar que ello responde también a unos niveles de desempleo muy superiores a la media comunitaria.
En las funciones exclusión social y alojamiento nos encontramos en la mitad del gasto de la media comunitaria,
resaltando que en todo caso estos ámbitos de gasto social también en la U.E. son marginales.
Sí merece la pena destacar que el gasto en protección a la
familia en España representa menos del 25% de la media
de gasto comunitaria, a pesar de las frecuentes loas que
desde los poderes públicos y desde diversas instituciones
se dedican al colectivo familiar.
En cuanto a la financiación del gasto publico social hay
que hacer una primera y fundamental consideración.
La homologación conceptual no es sencilla entre los 15
Estados de la UE, a la hora de establecer las grandes partidas de ingresos debido a los muy diferentes sistemas de
cotización, de imposición fiscal y de la propias características de las Administraciones Públicas como empleadoras.
También son diferentes los sistemas de pago delegado de
prestaciones del empresario a los trabajadores, cuando
estas existen; la estructura del mercado laboral y la amplitud del sector de trabajadores no asalariados; las aportaciones de los usuarios de los sistemas de protección social son distintas entre los diversos países que tienen establecida este tipo de aportación; y, por último, son igualmente diferentes los efectos de la situación de desempleo
de cara a las cotizaciones.
Tres países con muy sólido estado de bienestar social,
❛❛
Suecia, Holanda y Bélgica, han sufrido un cierto retroceso
de su gasto social, pero en cualquier caso se mantienen
por encima de la media del gasto de la U.E.
Dicho esto, la financiación directa de los trabajadores y
usuarios españoles se sitúa casi por la mitad que la media
comunitaria, con un crecimiento muy modesto en estas
dos décadas: 4%, frente al 7’5% de media en los países
de la U.E.
ferencial de relativa importancia con la media comunitaria,
aunque nuestro crecimiento ha sido mayor que la evolución de la media de la U.E.
En lo que respecta a los empresarios (públicos y privados),
nos situamos ligerisimamente por encima de la media comunitaria, con una aportación prácticamente estabilizada
en estos veinte años, frente a un decrecimiento del – 7% como media en los países de la U.E. (Ver cuadro anexo n. 8.2.).
En gasto por invalidez, a pesar de las quejas históricas de
la patronal española y de sectores de la opinión publica e
incluso de las administraciones publicas, hay que decir
que estamos por debajo de la media comunitaria y prácticamente estabilizado desde 1980.
En cuanto a la aportación de las administraciones publicas, a pesar de que prácticamente hemos duplicado la financiación en estas dos decadas, seguimos situándonos
cerca de la mitad de la media comunitaria, que también ha
tenido un muy notable crecimiento.
En la función vejez (fundamentalmente pensiones de jubilación), aunque mantenemos un cierto diferencial con la
media comunitaria, es donde de forma mas notable nos
hemos aproximado a la U.E.
En definitiva en lo que se refiere a la financiación se puede
observar como tendencias básicas en la U.E. una mayor
aportación de los trabajadores y usuarios, en la misma
medida que se reduce la de los empresarios y un notable
incremento de las aportaciones publicas, sobre las que
descansa prácticamente el incremento de los 3 puntos de
crecimiento del gasto social en relación al PIB que
◗◗◗
En la función supervivencia (básicamente pensiones de
viudedad), aunque estamos por debajo de la media co-
- Creación paulatina de programas y equipamientos de
servicios sociales
LAS POLITICAS DE BIENESTAR SOCIAL EN
ESPAÑA
- Consolidación del sistema contributivo de pensiones y
reconocimiento del sistema no contributivo
as anteriores comparaciones del estado de situación
de nuestro gasto social publico en relación a la Unión
Europea, debe evitar interpretaciones catastrofistas, de la
índole de que «en España no tenemos un Estado de bienestar social digno de tal consideración».
L
Por ello, aunque para la mayoría sea una realidad conocida, conviene recordar de donde partíamos y lo que hemos
logrado desde 1977 a la actualidad.
- Aparición de una 3ª red de protección a la marginación
social, a través de los salarios sociales
- Desarrollo progresivo de programas y servicios de atención a las personas con discapacidad
En la primera mitad de la década de los 90 se consolido lo
anterior y se avanzo en algunos aspectos cualitativos:
La construcción de un moderno Estado de Bienestar Social se inicio en España con el primer gobierno democrático de la UCD, a través de :
- Desarrollo de Planes horizontales (Infancia, Juventud,
Migración, Igualdad de Oportunidades de la Mujer, Gerontológico, Drogadicción, Plan Concertado de Servicios Sociales Básicos, Integración social de las
- La voluntad política y Consenso Social,
Personas con discapacidad, Plan Gitano,
La coincidencia temporal
materializado en los Pactos de la
etc)
Moncloa
entre la construcción del Siste- Desarrollo paulatino de programas de
ma de Bienestar Social y el desarro- El inicio de la Reforma Fiscal, llo de la nueva configuración política y atención a los refugiados e inmigranrazonablemente progresista
tes
administrativa del Estado Autonómico,
con importantísimas competencias en
- El inicio de la Modernización
- Apoyo al movimiento asomateria de política social en el ámbito Au- ciativo en una triple vertiente de recode la Administración Publica
nocimiento de ámbitos permanentes
tonómico y, en menor medida, Local,
de participación institucional, apoyo
- El impulso a la modernización
van a añadir elementos novedosos y
económico para su funcionamiento
del sistema productivo y al incresin duda muy complejos, al moasociativo, impulso a la participación en
mento de la competitividad y prodelo de Estado de Bienesla gestión de programas.
ductividad de la economía española
tar Social español.
- Transferencia de competencias de gestión a las
- La reforma institucional de las entidades de
Comunidades Autónomas
Previsión y Seguridad Social.
❛❛
El nuevo sistema de protección social se articulo en gran
medida en torno a la Seguridad Social, con un fuerte componente contributivo y con una financiación sobre todo de
las cotizaciones sociales.
La coincidencia temporal entre la construcción del Sistema de Bienestar Social y el desarrollo de la nueva configuración política y administrativa del Estado Autonómico,
con importantísimas competencias en materia de política
social en el ámbito Autonómico y, en menor medida, Local, van a añadir elementos novedosos y sin duda muy
complejos, al modelo de Estado de Bienestar Social español. Realidad esta que no siempre hemos sido capaces
de valorar en su justa medida.
Los gobiernos socialistas de la década de los 80, dieron
un importante, aunque desigual, impulso al desarrollo del
Estado de Bienestar Social:
El esfuerzo de construir un Estado de Bienestar Social en
menos de dos décadas, cuando otros Estados lo han hecho en cuatro o cinco décadas, si bien ha sido fruto de voluntades y decisiones políticas, también hay que decir que
una parte muy importante de esos logros, hay que imputársela a los Sindicatos y a otras organizaciones sociales,
que con sus reivindicaciones, su presión constante, sus
movilizaciones puntuales y su capacidad de negociación,
han sido un permanente acicate para el impulso de las políticas sociales.
Pero nuestras justas criticas a las carencias de las políticas sociales, han silenciado o colocado en un segundo
plano la adecuada capitalización, al menos por parte de
CCOO, de nuestra importante contribución a los avances
sociales.
- Reforma Educativa, con la universalización y dignificación de la Enseñanza Publica
LOS DEFICITS DEL ESTADO DE BIENESTAR EN
ESPAÑA
- Reforma del modelo de atención sanitaria, con la practica universalización de la Sanidad Publica y ampliación de
los Derechos Sanitarios
E
ste balance sin duda positivo, tampoco puede ocultar
ni dulcificar las graves deficiencias y limitaciones que
caracterizan todavía a nuestro Estado de Bienestar Social.
◗◗◗
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- Desarrollo de una Programas activos de fomento del
Empleo y ampliación de la protección al desempleo
TENDENCIAS
ha tenido lugar en desde 1980. España solo ha seguido
esta ultima tendencia.
■ 15
TENDENCIAS
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o
16 ■
Antes de enumerar las carencias y problemas básicos de
nuestro Sistema de Protección Social, resulta necesario
hacer referencia a cuatro realidades estructurales que están pesando de manera importante en su consolidación y
avance.
- Los todavía elevados niveles de paro, a pesar del crecimiento del empleo en los últimos años y la relativamente
baja tasa de población activa, especialmente significativa
en lo que se refiere a la mujer.
- En segundo lugar, el intenso proceso de envejecimiento
de la sociedad española, debida a la brusca caída de la natalidad y a la importante prolongación de las expectativas
de vida.
destinados a las CCAA con menos recursos, no terminan
de cumplir su función reequilibradora.
En este contexto, las carencias del sistema fiscal, (limitada progresividad, favorable tratamiento de las rentas de
capital y de los grandes patrimonios, evasión fiscal, economía sumergida, etc) dificultan atender adecuadamente
las demandas de financiación de las políticas de bienestar
social.
Son, en definitiva, cuatro cuestiones que en todo caso deben tenerse muy presentes a la hora de abordar los problemas y alternativas de mejora del Estado de Bienestar
Social.
■ Se podrían resumir en veinticinco, las carencias y
problemas básicos que caracterizan el Sistema
- En tercer lugar, las desigualdades territoriales, no solo en
de Protección Social de España:
niveles de renta, empleo, infraestructuras, etc. sino también en dotaciones previas de equipamientos
sociales, tasa de envejecimiento, disper1.- Una insuficiente definición a través del desión poblacional, relación ámbito urbabate político y social de las grandes prioridaEl esfuerzo de construir
no/rural, presencia población inmides de las políticas de Bienestar Social en
un Estado de Bienestar Social
grante, etc.
su conjunto a medio y largo plazo, es deen menos de dos décadas, cuando
cir mas allá de los limites de cada ejer- Por ultimo, hay que resaltar la otros Estados lo han hecho en cuatro o cicio presupuestario anual.
persistencia de un elevado fraucinco décadas, si bien ha sido fruto de
de fiscal, salvo en las rentas del voluntades y decisiones políticas, tam- Esta falta de identificación de modelo
trabajo, con crecientes practicas
de Estado de Bienestar Social y de
bién hay que decir que una parte muy
de ingenieria financiera, agravasus perspectivas, provoca notables
importante de esos logros, hay que
do por una extensa presencia de
desequilibrios entre unas y otras áreas
imputársela a los Sindicatos y a
la economía sumergida, que puede las políticas sociales y la marginade situarse en torno al 20% del PIB.
ción de determinados ámbitos de protecotras organizaciones sociación social, manteniendo o agravando las
les.
notables carencias que hay en algunos de
Los insuficientes niveles de empleo inciellos.
den por activa y pasiva, tanto en la generación
de ingresos para financiar la protección social, como en
el volumen de los gastos de protección para las situacio2.- Todavía una parte importante de las pensiones tienen
nes de desempleo o marginación.
unas cuantías insuficientes, consecuencia no de la normativa, que es de las mas progresistas de la U.E., sino de
los muy bajos salarios e irregularidades en la cotización en
El paro y muy en especial el de larga duración de las perdécadas anteriores
sonas mayores de 50 años y el trabajo precario que afecta sobre todo a las jóvenes y a las mujeres, tiene efectos
negativos en la vida cotidiana de las familias, incidiendo no
3- La persistencia e incluso crecimiento de bolsas de posolo en sus niveles de renta, sino también en necesidades
breza y sectores de marginación y exclusión social y la esde atención social, de salud, vivienda, dificultad para gecasa eficacia y desarrollo de las políticas de prevención e
nerar pensiones adecuadas, etc.
integración social y muy en especial de las Rentas Mínimas de Inserción
En lo que se refiere a la prolongación de las expectativas
de vida, esta ha sido espectacular en las dos ultimas dé4.- La insuficiente financiación de los procesos de univercadas, lo que refleja las mejores condiciones de vida de los
salización de determinadas prestaciones, como la saniespañoles y también los efectos del Sistema Nacional de
dad, los servicios sociales o el reconocimiento de dereSalud universalizado. Por lo tanto este envejecimiento sochos para la inmigración.
lo puede valorarse en términos positivos de gran logro social. Sin embargo, esta realidad implica importantes de5.- El desequilibrio entre las políticas de protección activa
mandas y necesidades para los sistemas de pensiones,
y pasiva, en los ámbitos de empleo, salud, servicios sode sanidad y servicios sociales, que no han sido oportuciales, etc.
namente cubiertas.
6.- La tendencia creciente a fomentar las medidas de desEl proceso de transferencias, en especial en materia de
gravación fiscal, en detrimento de los programas y equisanidad y servicios sociales, al no haber contemplado
pamientos públicos.
adecuadamente los desequilibrios previos y al no haberse
hecho compatible con el mantenimiento de suficientes
7.- La escasísima política social en materia de vivienda: liprogramas estatales compensatorios, no ha contribuido a
mitadísimos programas de vivienda social, inexistencia
corregir las diferencias.
generalizada de bolsas de viviendas en alquiler para personas en riesgo de exclusión social, limitadísimos recurLos limitados presupuestos de compensación financiera
sos para rehabilitación de infraviviendas, etc.
◗◗◗
❛❛
10.- A pesar de notables avances en la percepción social
de la discapacidad y de positivas reformas legislativas y de
planes y programas específicos, las personas con discapacidad siguen sin lograr su integración laboral y en muchos aspectos de la vida cotidiana, en especial en la accesibilidad, siguen siendo ciudadanos de segunda.
18.- Las fuertes y crecientes tendencias a la externalizacion de la gestión publica de las políticas sociales, prácticamente generalizada en los ámbitos locales, como respuesta a su insuficiente financiación y la necesidad de
controlar costes. Todo ello con el deterioro de la calidad
de la atención a los usuarios y de las condiciones de empleo, trabajo y salario de los trabajadores
19.- La insuficiente corresponsabilidad y coparticipación
en la gestión de los profesionales de la Política Social.
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9.- La atención a las personas dependientes, derivada del
fuerte proceso de envejecimiento, sigue estando básicamente a cargo de las familias, con enormes costes económicos, sociales y emocionales.
danos, la temprana detección de las demandas sociales
y una capacidad de respuesta mas rápida y flexible.
TENDENCIAS
8.- El escasísimo desarrollo de programas integrales y específicos de atención a las familias, en sus distintas formas
y muy en especial la falta de una red publica de centros
educativos para la población infantil.
■ 17
11.- El abandono asistencial de las personas con enfermedades mentales.
12.- Las políticas de integración laboral y social de la población inmigrante van muy por detrás del crecimiento de
este colectivo.
13.- Las notables insuficiencias en la coordinación y optimización del conjunto de recursos de las diversas Administraciones Publicas en el Estado Autonómico. E igualmente en lo que se refiere a la coordinación horizontal de
los diversos sistemas de protección: Sanidad-Servicios
Sociales, Servicios Sociales-Empleo-Educación, Educación-Empleo, etc.
14.- Las limitaciones en la calidad de la oferta privada y el
escaso control de la misma, especialmente en lo que se
refiere a la acción concertada, por parte de las administraciones autonómicas y sobre todo locales.
En este contexto resulta especialmente preocupante la
creciente presencia en el ámbito de la política social de
sectores empresariales ajenos a una tradición, cultura y
experiencia de carácter social.
15.- El cambio cualitativo que se esta produciendo el en
movimiento asociativo de nuestro país, evolucionando
desde posiciones de representación y reivindicación, a tareas prioritarias de gestión de programas y centros, acentuando su dependencia de las administraciones publicas
a través de las subvenciones y conciertos y convirtiéndose prácticamente en una administración paralela, caracterizada, en su mayor parte, por precariedad en el empleo
y deficientes condiciones de trabajo y salario.
El paro y muy en especial el de larga duración de las
❛❛
personas mayores de 50 años y el trabajo precario que
En todo caso cualquier reflexión critica sobre esta realidad
debe partir del reconocimiento sin paliativos de la función
social que están cumpliendo, supliendo las carencias y renuncias de los poderes públicos.
20.- La limitada utilización de instrumentos de control de
calidad y evaluación de la gestión y no de mera inspección
de la misma o las carencias aun existentes en algunos ámbitos en el trato al ciudadano. Aunque hay que reconocer
lo que se ha avanzado en todos estos aspectos.
16.- La ambigua actitud de las administraciones publicas
ante el voluntariado social, por un lado con un insuficiente
apoyo e impulso al desarrollo de su participación en los
programas sociales y por otra con una explicito tolerancia
a que ocupen ámbitos propios del trabajo asalariado.
17- La insuficiencia de competencias y recursos de las
corporaciones locales para el desarrollo de programas sociales, que facilite una atención mas próxima a los ciuda-
afecta sobre todo a las jóvenes y a las mujeres, tiene efectos negativos en la vida cotidiana de las familias, incidiendo no solo en sus niveles de renta, sino también en necesidades de atención social, de salud, vivienda, dificultad para generar pensiones adecuadas, etc.
21.- La reiterada incapacidad para hacer frente al crecimiento descontrolado del gasto farmacéutico.
22.- El solapamiento de prestaciones y los problemas derivados de una falta de adecuada definición del perfil de los
usuarios de las prestaciones, programas y servicios.
23.- La persistencia de inercias de gratuidad in-
◗◗◗
TENDENCIAS
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o
18 ■
discriminada de determinadas prestaciones, así como la
existencia de criterios excesivamente proteccionistas a la
hora de establecer las aportaciones de los usuarios y/o de
sus familias en determinados servicios, así como la cierta
tolerancia administrativa con practicas irregulares como
vía de paliar deficits sociales.
24.- Los criterios tan rígidos de baremación para el acceso a determinadas prestaciones, que de hecho tienen
efectos de expulsión del Sistema para algunos sectores
de las clases medias.
25.- La limitada operatividad y las escasas competencias
reales de los órganos de participación institucional en las
políticas sociales, con notables excepciones, como pueden ser algunas de las entidades gestoras de la Seguridad
Social.
las limitaciones y carencias de nuestro Estado de Bienestar Social, reseñadas en el apartado anterior, se pueden
trazar a grandes rasgos, lo que podrían ser las bases y
condiciones para desarrollar y consolidar un modelo
avanzado de Estado de Bienestar Social en España.
1.- Las políticas de bienestar social deben garantizar la cohesión social; establecer la solidaridad entre generaciones y territorios; tener la consideración de derechos subjetivos universales; conseguir una finalidad redistributiva;
no excluir a nadie por razón de sexo, edad, orientación sexual, etnia u origen; potenciar los programas activos, preventivos y rehabilitadores; todo ello desde una concepción integral y transversal de los problemas sociales.
Esas garantías solo pueden hacerse efectivas desde el
protagonismo de la acción publica. Una gestión publica
de las políticas sociales eficaz, transparente, ágil, flexible,
integral y participativa.
Aunque las dos legislaturas del gobierno del PP
y de manera especial, la segunda, han supuesto un evidente giro negativo en el
2.- La descentralización competencial del
En lo que se refiere a la
modelo de Estado de Bienestar Social
Estado autonómico, que afecta de manera
prolongación de las expectade nuestro país, hay que admitir que
fundamental a las políticas sociales, no
tivas de vida, esta ha sido eshoy por hoy son escasas las diferenpuede conllevar una desentendimiento
cias de las políticas sociales en Co- pectacular en las dos ultimas dé- de la Administración General del Estado.
munidades Autónomas o AyuntaComo tampoco pueden establecerse
cadas, lo que refleja las mejores
mientos gobernados por el PP o el
planes, programas o normativas desde
condiciones de vida de los espaPSOE.
el Estado con carácter vinculante para las
ñoles y también los efectos del
Comunidades Autónomas o las CorporaSistema Nacional de Salud
ciones Locales, que no sean fruto del máxiAsí, las diferencias entre Comunidauniversalizado.
mo acuerdo político entre todas las adminisdes Autónomas o Ayuntamientos con
traciones.
larga hegemonía política del PSOE, como
es el caso de Andalucía, Extremadura, Castilla
La Mancha o la ciudad de Barcelona, no son muy marcaLa Administración General del Estado debe garantizar la
das respecto a Comunidades o Ayuntamientos con dilasuficiencia presupuestaria de las políticas sociales, incretada presencia del PP, como es el caso de Castilla León,
mentando la cofinanciacion de las mismas, revisando el
Galicia o la ciudad de Madrid. Tan solo las Comunidades
actual sistema de financiación autonómica de la ley
Autónomas de Euzkadi y Navarra, que por otra parte dis21/2001, para garantizar unos niveles adecuados de bieponen de un sistema de financiación mucho mas generonestar social para toda la población, cualquiera que sea su
so, parece salir de la norma.
lugar de residencia.
❛❛
Peor aun, la derecha en una transformación formal camaleónica, sin renunciar a sus practicas tradicionales, parece haber adoptado el discurso teórico tradicional de la socialdemocracia en políticas sociales. Mientras, la practica
de numerosos responsables socialistas esta siguiendo
las pautas que tradicionalmente ha preconizado la derecha.
Lamentablemente este desdibujamiento de la tradición
socialdemócrata, parece mas acusada en las nuevas generaciones que están accediendo en los últimos tiempos
a la gestión política en los distintos ámbitos de las administraciones publicas.
LAS BASES DE UN MODELO AVANZADO DE
ESTADO DE BIENESTAR SOCIAL EN ESPAÑA
a se ha indicado que no hay un único modelo de Estado de Bienestar Social, como tampoco hay una foto fija y estable de Estado de Bienestar Social.
Y
A partir de las realidades políticas, administrativas, económicas, sociales, demográficas, etc. de nuestro país y de
Por su parte las Comunidades Autónomas, deben incrementar la financiación propia de las políticas sociales, asumiendo plenamente las facultades que ya disponen en
materia fiscal, centrándose y garantizando la mayor cobertura y mejor calidad en la ejecución de las competencias propias y renunciando a medidas de competencia de
carácter electoralista con la Administración General del
Estado.
Las Conferencias Sectoriales deben desempeñar un papel
activo en la fijación y seguimiento de las políticas concertadas y deben contar con instrumentos eficaces de participación social, en especial de los sindicatos y organizaciones
no gubernamentales implicadas en cada ámbito.
En las políticas sociales el papel de los Ayuntamientos es
decisivo, lo que comporta la disponibilidad de competencias y recursos. Tras las transferencias de competencias
por parte de la Administración General del Estado a las
Comunidades Autónomas, las dos legislaturas del Partido
Popular no ha avanzado en la descentralización hacia las
corporaciones locales, lo que convierte esta cuestión en
una clara prioridad de la presente legislatura.
La consolidación, ampliación y mejora del Estado
◗◗◗
7.- Los gobiernos de la mayoría de las Comunidades Autónomas, muy en especial los gobernados por la derecha,
han impulsado la externalización de la gestión de políticas
sociales, fomentando una acción concertada sin suficientes garantías de calidad y buen funcionamiento y no asumiendo de forma activa las funciones de control sobre el
conjunto de la actividad privada.
El papel prioritario que los poderes públicos tienen que desempeñar en la gestión de las políticas sociales, no es incompatible con la presencia de la iniciativa privada lucra-
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3.- Las graves limitaciones de las políticas sociales, en
particular en servicios sociales y sociosanitarios de atención a las personas dependientes, de atención a la infancia, de los enfermos mentales, de los enfermos de Alzheimer y otros demencias, de los enfermos de VIH, de las
personas con drogodependencia o en situación de exclusión social, afectan especialmente a las mujeres que son
de forma muy mayoritaria las que asumen las funciones de
cuidados a sus familiares.
La legitimación social del Estado de Bienestar Social exige una gestión publica eficaz, eficiente, ágil y flexible.
TENDENCIAS
de Bienestar Social en España, debe hacerse desde la corresponsabilidad, cofinanciacion y coordinación de la Administración General del Estado, las Comunidades Autónomas y las Corporaciones Locales.
■ 19
El desarrollo de las políticas de Bienestar Social tienen un
componente clarísimo de genero, de lucha por la igualdad. Solo desde el impulso de esas políticas sociales se
podrá avanzar sensiblemente en la incorporación de la
mujer al trabajo remunerado y hará posible la conciliación
de la vida laboral y familiar.
4.- El escaso desarrollo de determinadas políticas sociales tienen consecuencias discriminatorias, de limitación
de los derechos civiles de determinadas personas, de ser
considerados en la practica ciudadanos de segunda categoría.
Las políticas de bienestar social tienen que ser un instrumento de igualdad de oportunidades para las personas
con discapacidad, para las personas mayores, para quienes viven en el ámbito rural, para la etnia gitana, para los
inmigrantes, etc. Las políticas sociales deben configurarse como derechos de ciudadanía
5.- La dejación de responsabilidades publicas por parte
del Estado ha obligado a la sociedad civil a buscar vías y
formas de intervención social. La enorme expansión de las
ONGS, de las diversas formas de voluntariado, si bien reflejan la profunda conciencia solidaria de la sociedad española, que hay que apoyar y valorar, no puede derivar en
que las Administraciones deleguen el peso de la política
social en los movimientos asociativos y el voluntariado.
El respeto y la valoración de la función tan positiva que están desempeñando las ONGS y el voluntariado social y el
apoyo para que sigan teniendo un papel activo y un espacio propio de intervención, con unas normas de financiación conveniadas, no puede suponer un desentendimiento de la responsabilidad publica o una renuncia a las necesidades de empleo suficiente, cualificado y retribuido
adecuadamente.
6.- A pesar de que la gestión publica en España ha experimentado importantísimos avances con una administración mas ágil, mas atenta hacia los ciudadanos y con unos
costes proporcionalmente mas reducidos que en el pasado, sigue habiendo disfunciones, rigideces administrativas, falta de flexibilidad gestora, excesiva centralización,
insuficiente autonomía y corresponsabilización en la toma
de decisiones gestoras, etc.
Por otra parte, cada retraso, lista de espera, derroche o
error, se imputa interesadamente al carácter publico de la
gestión y no a las insuficiencia del diseño gestor o de los
recursos existentes.
Las políticas de bienestar social deben garantizar la
❛❛
cohesión social; establecer la solidaridad entre generaciones y territorios; tener la consideración de derechos subjetivos universales; conseguir una finalidad redistributiva; no
excluir a nadie por razón de sexo, edad, orientación sexual,
etnia u origen; potenciar los programas activos, preventivos y rehabilitadores; todo ello desde una concepción integral y transversal de los problemas sociales.
tiva y no lucrativa, siempre y cuando cumplan una función
subsidiaria y complementaria, se optimice el uso de los recursos públicos, todo ello en el marco de una normativa
mucho mas exigente en materia de concertación, de ordenación y control de los recursos privados por parte de
las administraciones publicas y con unos servicios de inspección y evaluación eficaces.
Esto significa que no todos los programas y servicios públicos tengan que ser gestionados directamente desde el
ámbito publico; incluso determinados servicios pueden
ser mas ágiles, flexibles, eficaces y eficientes desde la sociedad.
◗◗◗
TENDENCIAS
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20 ■
Sin embargo buscar fórmulas de gestión concertada, no
tiene porque dirigirse de forma prioritaria a la iniciativa mercantil.
Las ONGS, los Sindicatos, las cooperativas de profesionales, las empresas de inserción social, las entidades religiosas, pueden desarrollar una importante tarea de concertación y complementariedad de las Administraciones
Publicas.
La iniciativa privada no lucrativa deben tener prioridad en
la acción concertada.
8.- Las políticas de bienestar social se han venido desarrollando en nuestro país con muy escasa participación
democrática. Los órganos de participación institucional la
mayoría de las veces tienen un limitado papel consultivo y
cuando resultan críticos o exigentes con las políticas seguidas, se ralentiza o incluso se paraliza su
normal funcionamiento.
tera de servicios del Sistema Nacional de Salud, en la mejora de su calidad, en la mayor proximidad y rapidez de la
atención; en una mayor y mas adecuada cobertura de la
protección al desempleo; el mas grave déficit de las políticas de bienestar en España, son los servicios sociales.
Para el bienestar social y la calidad de vida de los ciudadanos y en especial para las situaciones de marginación
social, discapacidad, envejecimiento, para la conciliación
de la vida laboral y familiar, etc. una buena red de servicios
sociales es fundamental.
En España todavía no disponemos de un Sistema Publico
de servicios sociales, ni de una normativa básica de carácter estatal, como si sucede en el ámbito de la Educación o de la Salud. Los servicios sociales no son derechos
subjetivos de carácter universal.
Por su parte los servicios sociales de carácter privado, especialmente los de carácter mercantil,
están centrados sobre todo en la atención a
La derecha en una translas personas mayores y en muy escasa
La participación social es un elemenformación formal camaleónica,
medida en las personas con discapacito fundamental de las políticas de
sin renunciar a sus practicas tradidad o para colectivos con problemas
bienestar. Es necesario impulsar
cionales, parece haber adoptado el
de toxicomanía o enfermos de VIH,
órganos de participación, repredesinteresándose completamente de
sentativos y democráticos en
discurso teórico tradicional de la sootros colectivos que pueden considecuanto a su composición y funcialdemocracia en políticas sociales.
rar
menos rentables.
cionamiento, con facultades reaMientras, la practica de numerosos
les de propuesta, control y evaresponsables socialistas esta siAdemás la oferta privada, cuando es de
luación de las políticas, especialguiendo las pautas que tradiciocalidad, tiene precios inasumibles para
mente en lo que se refiere a la apronalmente ha preconizado la
la inmensa mayoría de las familias y la que
bación de los presupuestos, proyeces accesible económicamente, adolece de
tos normativos y memorias de gestión.
derecha.
baja o muy limitada calidad, dispone de instalaciones y dotaciones y personal insuficiente o no cua9.- Los programas, servicios y centros relacionalificados y en definitiva con una atención poco digna.
dos con las políticas sociales generan un volumen considerable de empleo. Las restricciones presupuestarias de
La falta de cobertura publica y los altos costes de la atenlos sucesivos gobiernos han limitado o congelado el creción privada que caracteriza a los servicios sociales, esta
cimiento de las plantillas, incluso con amortización de plaprovocando en los últimos años que muchas familias rezas. Los deficits de personal se traducen en una sobrecurran para tareas de cuidado de las personas mayores,
carga de trabajo, especialmente en los centros y servicios
discapacitadas o menores, al trabajo de inmigrantes, esde atención directa y perjudica la calidad de las prestapecialmente mujeres latinoamericanas. Aunque este reciones.
curso esta suponiendo un cierto respiro para muchas familias, las condiciones de sueldo y trabajo a menudo no
La política de personal seguida se ha caracterizado con
son dignos y su nivel de cualificación no siempre es el defrecuencia en una insuficiente cualificacion, en una relegabido. En todo caso sus costes a medio y largo plazo tamción de las practicas de formación y actualización de cobién resultan elevados para muchas familias.
nocimientos y en unas retribuciones comparativamente
inferiores a otros ámbitos de las administraciones. Todo
Los procesos de regularización pueden frenar las condiello provoca una desmotivación del personal.
ciones de explotación de este colectivo y por tanto su utilización por parte de numerosas familias.
El papel del personal que trabaja en las políticas sociales
es decisivo para el buen funcionamiento y calidad de las
Por todas estas razones es necesario desarrollar un Sistemismas. Resulta imprescindible la suficiencia de plantillas,
ma publico de servicios sociales, apoyado normativala adecuación de los perfiles profesionales, el impulso y
mente en una Ley básica de Servicios Sociales, acordada
estimulo de la formación continua, la mejora selectiva de
previamente con las Comunidades Autónomas, que relas retribuciones.
conozca el carácter de derecho subjetivo y universal de
sus prestaciones y con una financiación suficiente por parte de las Administraciones Publicas.
LOS SERVICIOS SOCIALES PRIORIDAD BASICA
Los servicios sociales deben garantizar la adecuada atenDE LAS POLÍTICAS DE BIENESTAR
ción personalizada, lo que exige diversidad y flexibilidad
para adecuarse a la situación concreta de cada persona.
unque, como ya se ha indicado anteriormente, todaIgualmente resulta imprescindible el seguimiento periódivía hay que avanzar en la consolidación y mejora del
co de las actuaciones y la evaluación de sus efecSistema Publico de Pensiones; en la ampliación de la car-
❛❛
A
◗◗◗
Para ello es imprescindible la coordinación de los diversos
ámbitos de bienestar social. Entre otros: Del sistema sanitario y los servicios sociales en relación a las personas dependientes, drogadicción, enfermos mentales, enfermos
de Alzheimer y otras demencias, etc. De los servicios sociales con la política de vivienda en los casos de exclusión
social. Entre los servicios sociales y los servicios públicos
de empleo, para una adecuada protección de las personas sin empleo, en especial los jóvenes desempleados,
las familias monoparentales o los parados de larga duración. De los programas educativos y los servicios sociales,
de los programas de accesibilidad y los servicios sociales
para las personas con discapacidad, etc.
La incorporación de la mujer al trabajo, aun siendo claramente menor a la media de la Unión Europea, los cambios
en las estructuras y formas de vida de las familias y el crecimiento de las familias monoparentales, va a imposibilitar
cada vez mas que esta atención se siga realizando de forma prioritaria por las mujeres.
Por otra parte, la tipología de la problemática social hoy
existente, la complejidad e intensidad de la atención a dispensar en muchos casos, exigen una cualificación y unas
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Hay que superar la parcelación o visión estanca de la problemática social y de las actuaciones a desarrollar por los
programas, lo que conduce a un derroche de recursos, a
una frágil integración social, a solapamientos, a utilización
inadecuada de los equipamientos e incluso a actuaciones
fraudulentas.
Esa situación no solamente es una carga injusta que se ha
echado encima de cientos de miles de mujeres. Además
es una «solución» que afortunadamente no tiene futuro.
TENDENCIAS
tos en los usuarios. Su gestión debe tener un fuerte componente horizontal, con exigencias de coordinación institucional, de la adecuada disponibilidad y buen funcionamiento de equipos multiprofesionales, etc.
■ 21
Por otra parte hay que tener muy presente que a los actuales deficits de los servicios sociales, se están sumando
ya nuevas demandas, que no van a cesar sino que se van
a incrementar en los próximos años y ello por varias razones:
La evolución de la actual estructura demográfica y la prolongación de las expectativas de vida por encima de los 75
años. Habrá mas personas mayores de 65 años y estas vivirán mas años. Los avances científicos en el ámbito de la
salud, si bien permiten la prolongación de las expectativas
de vida, también ocasionan que se pueda vivir mas años
en situación de dependencia grave o muy grave.
Las discapacidades congénitas o causadas por accidentes o enfermedades invalidantes, que en el pasado tenían
limitadas expectativas de vida, hoy pueden tener un horizonte de vida, similar a las personas que no han tenido
ninguna discapacidad. A ello hay que sumar la aparición o
incremento de nuevos factores de discapacidad: siniestrabilidad laboral, accidentes de trafico, deportes de alto
riesgo, etc.
La aparición de nuevas formas de marginación social y pobreza: mujeres solas con cargas familiares, parados de
larga duración, toxicómanos, personas enfermas de SIDA, mujeres maltratadas, alcohólicos, mayores con bajos
recursos, personas sin techo, etc.
El crecimiento importante de la población inmigrante, con
una demanda muy diversificada en función de su procedencia y formación, la problemática de la mujer inmigrante, de los menores, de la segunda generación, etc.
Frente a las tradicionales y a las nuevas demandas, las carencias en servicios sociales se han venido paliando a través de la «asignación» a las mujeres el cuidado de las personas con especiales dificultades, tanto las que pueden
estar en su ámbito familiar, como en el circulo próximo de
convivencia o vecindad.
❛❛
La descentralización competencial del Estado autonómico, que afecta de manera fundamental a las políticas
sociales, no puede conllevar una desentendimiento de la
Administración General del Estado. Como tampoco pueden establecerse planes, programas o normativas desde el
Estado con carácter vinculante para las Comunidades Autónomas o las Corporaciones Locales, que no sean fruto
del máximo acuerdo político entre todas las administraciones.
condiciones que no reúnen la mayoría de los cuidadores
familiares. Todo ello por no hablar de los costes económicos, psicológicos, etc. que los cuidados comportan, sobre todo si son de larga duración.
La función cuidadora por parte de las mujeres, imposibilita de manera clara la incorporación de muchas de ellas al
mercado de trabajo o dificultan el desarrollo de una carrera laboral en condiciones dignas, condicionadas por los
trabajos a tiempo parcial, renuncia a la promoción profesional, etc.
◗◗◗
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22 ■
Un mayor desarrollo de los servicios sociales abriría grandes
posibilidades para la incorporación de la mujer al trabajo y
generaría numerosos puestos de trabajo en unas actividades que se caracterizan por una elevada tasa de empleo.
Universalizar el derecho a la educación infantil de 0 a 3
años, en un horizonte temporal que podría ser de dos
legislaturas
Desarrollar programas específicos de apoyo a las familias monoparentales con cargas familiares y sin recursos
30 PROPUESTAS CONCRETAS PARA EL
DESARROLLO DEL ESTADO DE BIENESTAR
SOCIAL EN ESPAÑA
Establecer en las políticas sociales programas específicos para las mujeres con discapacidad, para las
mujeres mayores de 75 años que viven solas
partir de las consideraciones anteriores, se pueden
formular algunas propuestas concretas para el desarrollo del Estado de Bienestar Social en España, y que serian entre otras las siguientes:
A
Garantizar, mediante un Fondo especifico, el cumplimiento de las obligaciones en materia de derecho de
alimentos
• Alcanzar un gasto publico en protección social en torno
Mejorar los programas de inserción social y laboral de
a la media de los 15 Estados de la Unión Europea (anlas personas afectadas por problemas de drogadictes de la ampliación del 1.5.2004), es decir el
ción, alcoholismo, SIDA.
27% del PIB, en un escenario que podría
situarse en dos legislaturas, a razón de
Desarrollar programas de inserción social y
Cada retraso, lista de esun punto por año.
laboral de personas sin hogar, en situación
pera, derroche o error, se imde prostitucion y exreclusos.
puta interesadamente al carácter
• El incremento del gasto publico
en políticas sociales, con excep- publico de la gestión y no a las insuMejorar los programas, centros y servificiencia del diseño gestor o de los
ción de la evolución normal del siscios de atención a los menores, con
tema contributivo de pensiones, recursos existentes. La legitimación medidas especificas para los menores
debe realizarse por la vía fiscal y
inmigrantes.
social del Estado de Bienestar Socon la corresponsabilidad de las
cial exige una gestión publica
tres Administraciones publicas en
• Fomentar la plena integración social de
eficaz, eficiente, ágil y flexifunción de sus competencias en malos Inmigrantes, mediante la garantía de su
ble.
teria fiscal.
acceso normalizado a los distintos sistemas
de bienestar social, así como mediante progra• Consolidar y mejorar el sistema publico de Semas específicos de apoyo para los colectivos con maguridad Social:
yores dificultades de integración.
❛❛
Mejorar la cobertura de las prestaciones por desempleo, especialmente a las personas mayores de 50
años y a las personas con cargas familiares.
Aprobar una Ley básica de Servicios Sociales, previo
acuerdo con las Comunidades Autónomas.
Aprobar previo acuerdo con las Comunidades Autónomas, un Catalogo de prestaciones de servicios sociales públicos, como derechos subjetivos, de carácter universal, garantizando la igualdad de derechos en
el acceso a las programas.
Considerar el Plan Concertado de Servicios Sociales
Básicos como el eje del desarrollo del Sistema Publico
de Servicios Sociales, con una financiación adecuada.
Aprobar una Ley Básica de atención a las personas
con dependencia, previo acuerdo con las Comunidades Autónomas.
Aprobar una Ley básica de Rentas de Mínimas de Inserción Social, previo acuerdo con las Comunidades
Autónomas.
Desarrollar una red centros y programas de atención
a las mujeres maltratadas.
• Ampliar los programas de atención a las familias:
• Acometer la descentralización de los servicios sociales
de atención primaria a las corporaciones locales o mancomunidades, previo acuerdo con las Comunidades Autónomas.
• Creación de un Consejo Estatal de Bienestar Social, con
composición paritaria y en el que estén presentes las
ONGS mas representativas de los colectivos sociales, sindicatos y empresarios, las Comunidades Autónomas y las
corporaciones locales.
• Regular, previo acuerdo con las Comunidades Autónomas y con la participación del movimiento asociativo, la
corresponsabilidad familiar en el ejercicio de los deberes y
derechos de las personas usuarias de programas y equipamientos sociales públicos, así como los derechos y deberes de carácter bioético de las personas dependientes
gravemente afectadas.
• Aprobar, previo acuerdo con las Comunidades Autónomas, un Protocolo de condiciones básicas de la concertación con el sector privado lucrativo y no lucrativo, que
permita ordenar los recursos, apoyar la formación de una
oferta diversificada, profesionalizada, de calidad y económicamente accesible.
• Generalizar la utilización de criterios de control de calidad y evaluación continua de la gestión en todos los programas sociales.
◗◗◗
• Garantizar la plena inserción en el proceso educativo de
las personas con discapacidad, dotando a los centros y al
profesorado de los medios de apoyo necesarios.
• Aprobar, de acuerdo con las Comunidades Autónomas,
un Protocolo de plazos máximos de listas de espera en intervenciones quirúrgicas.
• Facilitar la incorporación de las personas con discapacidad en los procesos de formación profesional, formación
continua y enseñanza universitaria.
• Garantizar, con el acuerdo de las Comunidades Autónomas, el 100% de cobertura en todo el Estado del nuevo modelo de Atención Primaria. Fomentar las intervenciones quirúrgicas ambulatorias. Mejorar las políticas de
• Garantizar la dotación en todas las oficinas publicas de
empleo de equipos especializados para la colocación de
personas con discapacidad.
• Garantizar el pleno cumplimiento de la reserva del 3% de
los puestos de trabajo en todas las Administraciones Publicas, así como la reserva del 5% en las ofertas de empleo
publico.
• Aprobar un Plan especifico de la inspección de Trabajo,
para garantizar el pleno cumplimiento de la reserva del 2%
en las empresas de mas de 50 trabajadores
• Garantizar el control y seguimiento del cumplimiento de
las medidas alternativas al 2%, con la participación de los
agentes sociales y el CERMI
• Favorecer el paso desde el empleo protegido al empleo
normalizado a través del empleo con apoyo, los enclaves,
el teletrabajo y las ayudas publicas para adaptación de los
centros y puestos de trabajo.
• Incrementar las plazas de los Centros especiales de empleo.
• Garantizar el adecuado funcionamiento y cumplimiento
de la normativa laboral y sindical en los Centros Especiales de Empleo
• Reducir los plazos previstos en la Ley 51/2003 de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad
universal de las personas con discapacidad, en lo que se
refiere a la accesibilidad urbana, en el transporte y en la comunicación.
• Aprobar, de acuerdo con las Comunidades Autónomas,
el pleno desarrollo normativo de la Ley 16/2003 de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, incluyendo
la reforma y ampliación del Catalogo de prestaciones sanitarias.
• Reformar, de acuerdo con las Comunidades Autónomas, el Fondo de Suficiencia y el Fondo de Cohesión de la
ley 21/2001, para adecuarlo a la finalidad de equiparación
territorial, que garantice la igualdad de atención sanitaria
en todo el Estado.
• Establecer un Protocolo y Procedimiento de Coordinación Sociosanitaria entre la red publica de Servicio Sociales y el Sistema Nacional de Salud, previo acuerdo de las
Comunidades Autónomas.
❛❛
Las políticas de bienestar social se han venido desarrollando en nuestro país con muy escasa participación
democrática. Los órganos de participación institucional
la mayoría de las veces tienen un limitado papel consultivo y cuando resultan críticos o exigentes con las políticas
seguidas, se ralentiza o incluso se paraliza su normal funcionamiento.
prevención, mediante mas y mejores campañas publicas
y una reducción de la masificacion de las consultas que
permitan una mayor dedicación a la prevención
• Garantizar la congelación de la actual participación del
gasto farmacéutico en el conjunto del presupuesto sanitario, mediante un Plan de contención, que contemple,
entre otras las siguientes medidas:
Abaratar el coste de las medicinas
Mayor incentivacion a la industria española para la fabricación de genéricos.
◗◗◗
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• Propiciar los programas de prevención, información perinatal y detección precoz de minusvalias o enfermedades, fomento del autocuidado, de hábitos de vida y alimentación saludables, salud e higiene en el trabajo, ergonomía, etc.
TENDENCIAS
• Impulsar la integración laboral de las personas con discapacidad, previo acuerdo con las Comunidades Autónomas y con la participación del CERMI, de las centrales
sindicales y organizaciones empresariales, mediante las
siguientes medidas entre otras:
■ 23
TENDENCIAS
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24 ■
Reducir los costes de comercialización.
que se reconocen en el norte de Europa y
sin embargo no tener la misma presión
fiscal que en esos países.
Corresponsabilizar a los profesionales en la racionalización del consulas políticas sociales, en particular
mo
Por tanto los avances en Bienesen servicios sociales y sociosanitarios
de atención a las personas dependientes, tar Social requieren otra política
fiscal, que sea mas progresiva
Desincentivar los posibles háde atención a la infancia, de los enfermos
y que sea mucho mas beligebitos de hiperconsumo
mentales, de los enfermos de Alzheimer y
rante con el fraude y la evaAprobar, de común acuerdo otros demencias, de los enfermos de VIH, de sión.
con las Comunidades Autó- las personas con drogodependencia o en siLa consolidación del Estado
nomas, un Plan Estatal de Alztuación de exclusión social, afectan espede Bienestar Social en el Estaheimer y otras demencias y un
cialmente a las mujeres que son de fordo Autonómico, con una persPlan Estatal de Salud Mental.
ma muy mayoritaria las que asumen
pectiva crecientemente federal, a
las funciones de cuidados a
la vez que debe respetar absolutamente la delimitación de competensus familiares.
cias, debe evitar activamente las desigualCONCLUSION
dades territoriales, lo que exige, entre otra medidas, una permanente actitud de coordinación, cooperain infravalorar, muy al contrario resaltando los imporción y negociación entre las tres Administraciones Publitantes logros alcanzados desde la consecución de la
cas.
democracia, hay que ser conscientes de que estamos aun
distantes de los derechos que tienen las personas que viPor ultimo, el Estado de Bienestar Social no es un modeven en los estados mas avanzados de la Unión Europea.
lo o una situación fija y estable. Requiere frecuentes evaluaciones, actualizaciones y adaptaciones, para garantiConsolidar y desarrollar el Estado de Bienestar Social dezar su mas eficaz y eficiente funcionamiento y su adecuabe ser una de las grandes prioridades de la sociedad esción a las necesidades y demandas sociales que siempre
pañola.
serán dinámicas y cambiantes. Las necesarias reformas
nunca pueden interpretarse como recortes de derechos y
Para lograrlo, además de voluntad política, de crecimiendeben sustentarse en el dialogo y la participación política
to económico, de mas y mejor empleo, debemos asumir
y social. ■
que no es posible tener programas y servicios como los
❛❛
Las graves limitaciones de
S
Ciclo de Conferencias sobre 'Tendencias económicas,
presupuestos 2005, políticas públicas y diálogo social' en
el mes de noviembre
La Fundación Sindical de Estudios ha organizado un nuevo ciclo de Conferencias a lo largo del mes de noviembre para analizar las “Tendencias económicas, presupuestos 2005, políticas públicas y diálogo social”. En este ciclo han pronunciado conferencias y participado en el debate posterior Antonio Gutiérrez Vegara, Diputado Socialista y Presidente de la Comisión económica del Congreso con “Reflexiones sobre el actual escenario político global”; Emilio Ontiveros Baeza, Catedrático de Economía de Empresa de la Universidad Autónoma de Madrid y Consejero Delegado de Analista Financieros Internacionales, “Tendencias y escenarios económicos ante el nuevo Presupuesto”; José
Antonio Errejón Villacieros, Director del Observatorio de Políticas Públicas de la Fundación Sindical de Estudios,
con “Política económica, fiscal y presupuestaria. Políticas públicas” Hector Maravall Gómez-Allende. Adjunto a la
Secretaria Confederal de Política Institucional de CC.OO. sobre “Gasto Social”; Jaime Cedrún López, Secretario
de Política Institucional de CC.OO. de Madrid, “Presupuestos de la Comunidad de Madrid para 2005. Un análisis sindical" y finalmente Rodolfo Benito Valenciano. Presidente de la Fundación Sindical de Estudios con una conferencia sobre "Diálogo social en el actual escenario económico y político”. Por su interés las conferencias serán publicadas en este y sucesivos números del Observatorio Sociolaboral editado por la Fundación.
28012 Madrid

observatorio sociolaboral - Fundación Sindical Ateneo 1º Mayo

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