Paraguay Años 1999-2000

Años
Paraguay
1999-2000
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Los medios de comunicación
paraguayos se encontraron profundamente dividos por un conflicto
constitucional entre el Congreso y
el presidente que polarizó a la nación entera y amenazó con socavar la frágil democracia del Paraguay.
La crisis política comenzó en
1998, cuando el general Lino Oviedo, quien encabezó un fallido golpe en 1996 contra el entonces presidente Juan Carlos Wasmosy,
surgió como el candidato presidencial preferido para sucederlo.
Wasmosy convenció entonces a un
militar tribunal a imponerle una sentencia de diez años de cárcel a
Oviedo, por haber tratado de derrocarlo en 1996. Oviedo ripostó recurriendo a su compañero de plataforma, Raúl Cubas Grau, para
que se postulara en su lugar.
En mayo de 1998, Cubas ganó
las elecciones y de inmediato perdonó a Oviedo. El Congreso, airado, amenazó entonces con destituir mediante juicio político a Cubas. Los partidarios de Oviedo, incluidos algunos periodistas, reclamaron a su vez la disolución del
Congreso, no obstante la ausencia
de una disposición constitucional
para tal acción. Otros periodistas
apoyaron la iniciativa del Congreso
de deponer a Cubas.
El 26 de enero del presente año,
el Congreso pidió a un juez ordenar el arresto de cuatro periodistas
locales por «tratar de instigar a la
revolución». El Congreso acusó a
Julio Osvaldo Domínguez Dibb,
jefe de redacción del periódico La
Nación; a Alberto Vargas Peña,
columnista y escritor de la columna de opinión para La Nación; a
Raúl Melamed, locutor de la radioemisora Montecarlo; y a Juan Carlos Bernabé, director de la radioemisora Nanawa, de cometer una
pléyade de ofensas contra la constitución, principalmente porque
abogaron por la disolución del Congreso mismo.
El juez ordenó a Peña y Melamed
cumplir sentencias de 10 días de
cárcel, pero éstas no habían sido
ejecutadas a finales de año. La crisis se agudizó en marzo, cuando
el vicepresidente Luis María Argaña
fue acribillado en Asunción. Muchos sospecharon del presidente
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Cubas y del general Oviedo como
autores intelectuales del asesinato. El Congreso votó a favor de iniciar un proceso de destitución contra Cubas, quien a final de cuentas
dimitió de la presidencia. Oviedo
huyó del país para la vecina Argentina, donde recibió asilo político.
Una vez que Cubas y Oviedo estaban fuera del cuadro, la situación
política se estabilizó, pero los medios en sí quedaron divididos. El
Sindicato de Periodistas del Paraguay, que representa a los medios
de comunicación paraguayos, ha
declarado que los periodistas que
apoyaron a Oviedo y reclamaron la
disolución del Congreso eran renegados cuyas acciones hacían peligrar la democracia del Paraguay.
Otros periodistas discreparon firmemente, pero hacia finales de año
la retórica había bajado de tono.
Oviedo volvió al Paraguay en diciembre, luego de que el presidente recién electo de Argentina lo expulsara de ese país. Puesto que el
general ha jurado que será el próximo jefe de estado electo del Paraguay, la crisis parece estar lejos de
ser resuelta.
Un intento de golpe de Estado en
mayo (el tercero desde 1996) y las
elecciones para vicepresidente de
agosto, pusieron a prueba a los
medios de comunicación paraguayos e incrementaron la polarización
política.
El 18 de mayo, fuerzas rebeldes
leales al Gral. Lino Oviedo, el prófugo líder de una facción del
oficialista Partido Colorado, trataron
de tomar los cuarteles del ejército
en la capital, Asunción. Durante la
intentona de seis horas los soldados rebeldes entraron en las instalaciones de Radio 9.70 y exigieron
que el personal transmitiera una
proclama grabada, de acuerdo con
la asociación de prensa local Sindicato de Periodistas del Paraguay
(SPP). Cuando la exigencia fue rechazada, los soldados amenazaron
a los periodistas y los obligaron a
transmitir la proclama.
El general Oviedo, quien encabezó un fallido golpe en 1996 y huyó
de Paraguay luego de haber sido
acusado de planear el asesinato en
marzo de 1999 del vicepresidente
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Luis María Argaña, negó estar detrás de la intentona de mayo.
Invocando el artículo 288 de la
Constitución paraguaya, el presidente Luis González Macchi decretó el 19 de mayo un estado de emergencia por el plazo de un mes, que
el Congreso después ratificó. Aludiendo a los amplios poderes que
le otorgó el decreto, el gobierno
detuvo y mantuvo bajo custodia a
Juan Carlos Bernabé, director de
Radio Nanawa y a Adriana y Miguel
Fernández, dueños de Radio Asunción, por su presunto apoyo al golpe y al general Oviedo. Las autoridades también desmantelaron el
equipo de transmisión de Radio
Asunción y ordenaron la detención
de Hugo Ruiz Olazar, un reportero
del diario de Asunción ABC Color,
el diario argentino Clarín y la
Agence France-Presse, bajo cargos de haber estado involucrado en
la intentona.
Dos días después, el SPP envió
una carta a González Macchi en la
que expresaba su preocupación
por las restricciones que se estaban imponiendo a la libertad de
prensa bajo el estado de emergen-
cia. A la vez que condenaba el intento de golpe y criticaba a algunos periodistas y dueños de los
medios por defender al general
Oviedo, el SPP denunció los «abusos cometidos a través del Estado
de Excepción que afectaron seriamente la libertad de prensa». El
SPP pidió la reapertura de Radio
Asunción y exigió que todas las
pruebas que vinculaban a los periodistas y los propietarios de los
medios con la conspiración golpista
se hicieran públicas. El 30 de mayo,
el SPP envió una segunda carta de
protesta a González Macchi, y al
día siguiente el presidente paraguayo revocó el estado de emergencia.
Todos los periodistas detenidos
fueron liberados a principios de junio.
A mediados de junio, la policía
brasileña arrestó al general Oviedo
en la ciudad de Foz de Iguazú, en
la frontera de Brasil y Paraguay. Los
policías brasileños que registraron
el apartamento de Oviedo encontraron una lista con el nombre de
periodistas a quienes el general
supuestamente planeaba asesinar,
según la SPP. A fines de año, Ovie4
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do se encontraba en prisión aguardando la extradición a Paraguay,
donde enfrentaba cargos por la
muerte de Argaña.
En Paraguay las líneas que separan a los políticos de los medios
a menudo no están dibujadas con
claridad. Durante la campaña para
la elección del vicepresidente, la
prensa reflejó la intensa polarización entre aquellos que apoyaban
al candidato del Partido Colorado
Félix Argaña, hijo del difunto vicepresidente, y aquellos que estaban
a favor del candidato del Partido Liberal Julio César Franco. El expresidente Juan Carlos Wasmosy es
propietario del Grupo Multimedia,
que controla un diario, una revista
y dos radioemisoras. Algunos
miembros de alto rango del oficialista Partido Colorado son dueños
de periódicos y radioemisoras, y
han sido acusados de utilizarlos
para promover sus ambiciones políticas. Es sabido que otros propietarios de los medios de comunicación tienen una estrecha relación
con funcionarios gubernamentales
y han prestado todo su apoyo a
campañas políticas. Antes de las
elecciones de agosto, medios con
presuntos vínculos con el general
Oviedo hicieron un llamado a los
partidarios del Partido Colorado a
que votaran por Franco y así evitar
que la facción argañista ganara la
vicepresidencia.
En medio del tenso clima que siguió a la votación, los partidarios de
los principales partidos políticos atacaron varias radioemisoras. El diario de Asunción Noticias recibió
amenazas telefónicas el 18 y 20 de
agosto. El 24 de agosto, Franco fue
declarado ganador en la contienda.
El CPJ envió una carta al presidente González Macchi el 25 de agosto
en la que expresaba su preocupación por las violaciones de la libertad de prensa ocurridas durante las
elecciones para vicepresidente.
Las leyes penales contra la difamación se utilizan con frecuencia
para silenciar a periodistas y suprimir las críticas en Paraguay. De
conformidad con el nuevo Código
Penal, vigente desde 1998, la calumnia, la difamación y la injuria siguen siendo delitos. Los artículos
150, 151 y 152 de esta ley disponen sanciones que van desde una
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multa hasta dos años de privación
de libertad por calumnia, difamación e injuria, aunque los periodistas por lo general no reciben condenas de cárcel por su trabajo. No
obstante, varios periodistas tienen
causas pendientes en contra de
ellos, y otros han tenido que pagar
multas.
A fines de año, el Senado estuvo
estudiando un proyecto de ley que
mejoraría el acceso a la información pública, según lo establece la
Constitución de 1992. Algunos periodistas paraguayos alegan que
este proyecto de ley es deficiente
porque el acceso a la información
pública aún puede ser denegado si
afecta la seguridad nacional o la
privacidad del individuo, dos conceptos definidos ampliamente.
Los periodistas consultados por
el CPJ señalaron que criterios políticos, y no económicos o técnicos,
determinan la concesión de las frecuencias radiales, un proceso que
se ha vuelto más selectivo a raíz
del aumento en la competencia por
limitados ingresos publicitarios en
un mercado pequeño. Las poderosas asociaciones de radios comerciales han unido sus fuerzas en
contra de las radios comunitarias y
alternativas, y han presionado al gobierno para que las clausure, según el SPP. La Comisión Nacional
de Telecomunicaciones (Conatel),
el organismo estatal a cargo de regular las frecuencias radiales, ha
confiscado el equipo de varias radioemisoras comunitarias, mientras
que otras han estado esperando
desde 1995 a que Conatel les otorgue frecuencias.
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