EL SUR DEL CESAR: ENTRE LA ACUMULACIÓN DE LA TIERRA Y

Transcripción

PROYECTO COLOMBIA NUNCA MAS – INFORME ZONA V
EL SUR DEL CESAR: ENTRE LA ACUMULACIÓN DE LA TIERRA Y EL MONOCULTIVO
DE LA PALMA
Y es duro y es tremendo tener que arrepentirse
de no haber sido justo, cuando la justicia podía
evitar la muerte de los hombres.
José Martí
PRESENTACIÓN
El sur de Cesar, se caracterizó en las décadas de los 60s, 70s y 80s por la agitación que
generaron los distintos sectores sociales organizados, en pos de construir una propuesta
alternativa de país, a través de la reivindicación de sus luchas y del trabajo articulado
entre sectores. Es así, como surgen grandes movilizaciones donde se manifiestan los
sueños, anhelos, esperanzas y luchas de muchos y muchas que creyeron en la posibilidad
de un mundo nuevo.
Este tomo es el resultado de un ejercicio de recuperación de la memoria de todas y todos
aquellos luchadores, aquí se busca reflejar sus luchas, y el costo que para ellos, sus
familias, amigos y compañeros implicó. Este esfuerzo intenta hacer un recuento de los
Crímenes de Lesa Humanidad cometido en al subregión del Sur de Cesar en el periodo de
1966 – 1998. Para tal fin, se hará una breve ubicación geográfica de la zona y de los
municipios que comprenden esta subregión. A continuación se hará una breve
caracterización de la región, para después exponer cuales son los grupos que han hecho
presencia. A continuación se expondrán brevemente los procesos organizativos que se
destacaron en la zona.
Este ejercicio permitirán vislumbrar relaciones entorno al conflicto por la tierra en
concordancia con la actividad económica que se despliega en el lugar, la consolidación del
sector sindical frente a las deplorables condiciones laborales a las que los trabajadores
son sometidos por parte de los “patronos”, que por lo general son gente que llega a la
región para llevar a cabo sus proyectos capitalistas que en nada benefician a la
comunidad. También se vislumbra la persecución que sufren muchos líderes populares y
sectores políticos de oposición, por parte de organismos estatales y paraestatales, por
promover proyectos alternativos que desafían a los poderes locales y tradicionales de la
región.
Caracterización Geográfica
El departamento del Cesar se encuentra ubicado en la costa norte de Colombia. Posee
una gran diversidad geográfica, en la parte norte se encuentran dos cadenas
montañosas; en primer lugar está la Sierra Nevada de Santa Marta siendo está la
montaña más alta junto al mar; y en segundo lugar está la serranía del Perijá, que se
extiende hasta los municipios que se encuentran al sur. Otro de sus inmensos potenciales
son las riquezas minerales que posee el departamento con grandes yacimientos de carbón
y con una explotación de petróleo.
El Sur del Cesar esta compuesto por once municipios, cuya extensión suma 6.592
kilómetros cuadrados, es decir aproximadamente el 30% de la extensión total del
departamento del Cesar; según datos del Censo de 1993, la población de estos
municipios es de 198.563 habitantes, predominando la población rural.
1
El sur de Cesar se ha caracterizado por poseer tierras muy ricas y fértiles para la
agricultura, por encontrarse ubicado en el valle del río Magdalena, sus tierras la mayoría
de sus tierras se encuentran en un área de sabana.
Los municipios de San Alberto, Aguachica, San Martín, Gamarra, La Gloria ubicados en el
sur de Cesar, forman parte de lo que se conoce como la región del Magdalena Medio,
puesto que posee unas características geográficas similares, y unas dinámicas sociales,
culturales, políticas, económicas e históricas propias.
En el marco esta investigación, los municipios que conforman la subregión del sur de
Cesar son once: Aguachica, Curumaní, Gamarra, González, La Gloria, Pailitas, Pelaya, Río
de Oro, San Martín, San Alberto y Tamalameque.
AGUACHICA
El municipio de Aguachica tiene un área de 917 km2, en la que encontramos una zona
montañosa que limita con el departamento de Norte de Santander; y una zona plana que
es regada por numerosos arroyos, ciénagas y el río Lebrija. Las actividades económicas
de mayor importancia son: maíz (9.300ha), sorgo (3.300ha), algodón (2197ha) y arroz
(900ha). La ganadería vacuna también es un reglón importante de la economía.1
Este municipio juega un papel importante en la zona “como triangulo geoestratégico en lo
político, económico, social y militar: antes del 87 era el eje central del gran proyecto
comercial de adecuar vías para el comercio y desplazar la agricultura, ganadería y pesca;
es la intercomunicación del Nororiente Colombiano, por su proximidad y puerto con el
rió de la Magdalena, vía de comunicación con la frontera Venezolana por Ocaña Norte de
Santander, la Serranía de San Lucas en el sur de Bolívar, y nordeste Antioqueño y la
intercomunicación entre la vía de la Paz y la troncal del Caribe hacia los tres puertos.”2
1
2
IGAC. Diccionario geográfico de Colombia, tomo I. IGAC Ediciones, 1996;p. 27
Proyecto CNM. Testimonio, septiembre de 2006.
2
Sumado a lo anterior, para los habitantes del sur de Cesar, se convierte en un polo
ordenador de la región, puesto que funciona como el referente político administrativo,
dada la lejanía con la Valledupar, la capital del departamento, motivo por el cual los
pobladores argumentan “…es que Aguachica debería ser la capital del sur, porque es aquí
donde comercializamos todo, además para ir a Valledupar se necesita tiempo y plata”3.
GAMARRA
El municipio de Gamarra tiene un área de 356 km2, que en su mayoría es plano y
cenagoso, bañado al occidente por las aguas del río Magdalena, donde se encuentra un
puerto. Las actividades económicas de mayor importancia son la agricultura sustentada
en el cultivo de algodón (1.885ha), sorgo (1.590ha) y maíz (850ha); la ganadería, la
pesca artesanal en las ciénagas y en el río Magdalena y el comercio.4
GONZÁLEZ
El municipio de Gamarra tiene un área de 76 km2, en su totalidad es montañoso. Las
actividades económicas de mayor importancia son la agricultura soportada en los cultivos
de caña de azúcar (2.150ha), cebolla (500ha) y café, la ganadería y el comercio.5
LA GLORIA
Tiene un área municipal de 789 km2, una parte de su territorio es montañosa y la otra
plana. Su economía está sustentada en el cultivo de maíz (4.850ha), sorgo (1.600ha) y
arroz (966ha), la ganadería vacuna, la pesca artesanal en las ciénagas y el comercio. 6
PAILITAS
El área de este municipio es de 521 km2, la mayor parte de su territorio es montañosa.
Las principales actividades económicas son la agricultura, la ganadería vacuna y el
comercio. Los cultivos de mayor importancia son maíz (850ha), arroz (333ha), yuca
(280ha) y café (275ha).7
PELAYA
El municipio de Pelaya posee un área de 351 km2, que se divide en una zona plana y otra
montañosa. Las principales actividades económicas son la agricultura, la ganadería
vacuna y el comercio. Principalmente se cultiva maíz (5.000ha), yuca (165ha) y arroz
(135ha).8
RÍO DE ORO
3
Proyecto CNM. Testimonio, mayo de 2005.
IGAC. Diccionario geográfico de Colombia, tomo II. IGAC Ediciones, 1996; p. 933
5
IGAC. Diccionario geográfico de Colombia, tomo II. IGAC Ediciones, 1996; p 955
6
IGAC. Diccionario geográfico de Colombia, tomo II. IGAC Ediciones, 1996; p 1167
7
IGAC. Diccionario geográfico de Colombia, tomo III. IGAC Ediciones, 1996; p 1553
8
IGAC. Diccionario geográfico de Colombia, tomo III. IGAC Ediciones, 1996; p 1654
4
3
Este municipio cuenta con un área de 624 km2, principalmente montañosa. Las
actividades económicas de mayor importancia son la agricultura y la ganadería vacuna.
Los principales cultivos son el maíz (1.100ha), el sorgo (800ha), la palma (660ha) y el
fríjol (470ha).9
SAN ALBERTO
El municipio de San Alberto tiene un área de 568 km2 que se caracteriza por la mayor
parte de su territorio es plano. Sus tierras son bañadas por el río San Alberto del Espíritu
Santo, además de numerosas corrientes menores. Las actividades económicas de mayor
importancia son la agricultura, la ganadería vacuna, la minería y el comercio. Los
principales cultivos son palma africana (8.528ha), arroz (1.350ha), maíz (1.100ha) y
sorgo (410ha). Existen minas de oro que actualmente son explotadas y dos reservas no
calculadas de uranio sin explotar.10
SAN MARTÍN
El municipio de San Martín tiene un área de 853 km2 que se caracteriza por tener una
parte montañosa y otra plana y cenagosa. Las actividades económicas de mayor
importancia son la agricultura, la ganadería vacuna, la pesca artesanal en las ciénagas y
el comercio. Los principales cultivos son arroz (4.400ha), palma africana (2.632ha), sorgo
(2.000ha) y yuca (880ha).11
TAMALAMEQUE
Este municipio cuenta con un área de 599 km2, el territorio es principalmente plano. Las
actividades económicas de mayor importancia son la agricultura, la ganadería vacuna, la
pesca y el comercio. Los principales cultivos son el arroz (2.819ha), maíz (650ha) y yuca
(275ha).12
Historia: colonización.
La colonización en está región ha sido producto de las olas de migración causadas por las
distintas violencias que se han generado en el país. Hacia finales de la década de los
cuarenta está zona fue la receptora de aquellos migrantes que huían de la violencia
política básicamente de los departamentos de la costa, del departamento de Santander.
Hacia 1948 el municipio del Carmen, Norte de Santander jugó un papel importante en la
colonización de la zona, debido a la fuerte persecución política a que fueron so metidos
varios campesinos y líderes tuvieron que salir desplazados. La serranía del Perijá se
convirtió entonces en la zona receptora de estos desplazados, quienes se establecieron en
las partes montañosas. Es así entonces, que se debe aclara que las zonas planas del sur
de Cesar, desde la colonia se ha caracterizado por que existen grandes latifundios
propiedad de unos pocos.
9
IGAC. Diccionario geográfico de Colombia, tomo IV. IGAC Ediciones, 1996; p 1905
IGAC. Diccionario geográfico de Colombia, tomo IV. IGAC Ediciones, 1996; p 1984
11
IGAC. Diccionario geográfico de Colombia, tomo IV. IGAC Ediciones, 1996; p 2061-2062
12
IGAC. Diccionario geográfico de Colombia, tomo IV. IGAC Ediciones, 1996; p. 2263
10
4
Por su cercanía con los puertos, en la región se establecieron los grandes señores
feudales que posteriormente heredarían sus tierras a sus familiares. Con el paso de los
años los campesinos que se habían asentado en la parte montañosa “descubrieron
documentos en los cuales sus padres tenían propiedades en las partes planas, donde las
condiciones de la tierra era mejores para la producción agrícola. Es así como empieza una
serie de luchas y reivindicaciones desde el sector campesino por la defensa y
recuperación de la tierra.
La historia de esta región es una expresión particular de la realidad nacional que se ha
configurado en torno a las dinámicas de poder suscitadas por el conflicto por la tierra, las
relaciones laborales, la protesta frente a la falta de garantías a los derechos
fundamentales de la población, entre otras; las cuales, siempre han tenido como sombra,
la ausencia del Estado, la represión y por ende graves violaciones a la dignidad humana
por parte de los militares y paramilitares, evidenciando una relación de complicidad entre
los primeros con los segundos y viceversa.
Situación socioeconómica: tenencia de la tierra, economía de la región.
La economía de la región está sustentada en el sector agropecuario, el comercio, la
industria y la minería. La agricultura en mayor escala es agroindustrial con las grandes
extensiones de cultivos de palma aceitera, además de algodón, arroz, sorgo y maíz
tecnificado y en menor medida los cultivos de autoabastecimiento o economías
campesinas yuca, plátano, maíz y fríjol. La ganadería es otro de los reglones importantes
de la economía, se caracteriza por ser extensiva, lo que ha llevado a la tala de grandes
hectáreas de bosque para adecuar los potreros para el levante y cría del ganado. En
cuanto a la industria se fabrican grasas, aceites y productos lácteos.
La palma aceitera se considera uno de los cultivos pilares en la explotación agroindustrial;
los principales cultivos de palma se localizan en San Alberto y San Martín, como se verá
más adelante, esta dinámica industrial referente a la producción de palma desencadenó
conflictos en torno a la concentración de la tierra, a las relaciones de explotación patronoobrero y a las formas de resistencia que protagonizan los pobladores de esta región. Los
cultivos de palma se hicieron sobre tierras que pertenecían a colonos y campesinos que
poseían pequeñas parcelas dedicadas a la agricultura de subsistencia. Para 1994, en el
Sur del Cesar se presenta un área aproximada de 10.619 hectáreas palma sembrada, o
sea el 38% a nivel regional. Aunque la presencia de este complejo agroindustrial
supondría el desarrollo de esta subregión o en su defecto del principal municipio afectado
por su presencia, San Alberto, lo que se ha evidenciado a través de los años es que las
dinámicas de poder han agudizado los conflictos, debido a la victimización ala que fueron
sometidos obreros y campesinos.
Por su parte, el proceso de “ganaderización” que ha sufrido la región, tiene surgimiento
en la década de los ochenta con el aumento de la concentración de la tierra por parte de
los grandes propietarios, que destinaron las tierras que tenían un alto potencial
agropecuario para la cría intensiva de ganado vacuno. Además, con la alianza
narcotraficantes–paramilitares, se han generado procesos de desplazamiento masivo que
desembocan en una agudización de la concentración de las tierras; “Un caso de este tipo
se produjo con el modelo de concentración del Magdalena Medio en torno a la
construcción de la Carretera de la Paz (...) a mediados de los 80 ya podía observarse el
inicio de un nuevo proceso de concentración (...)”13.
13
MARTINEZ, José; RUIZ, Janet. Economía y política de la reforma agraria en Colombia. En: Plataforma
Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo. “Por el Derecho a la Tierra”, Bogotá, 2002. p. 43
5
Este proceso de ganaderización, sumado a la crisis de la agricultura y a la agudización de
la represión contra los pobladores por parte de la arremetida de agentes paraestatales
creados y financiados por los ganaderos de la región con el argumento de combatir la
extorsión y el secuestro al que eran sometidos por parte de la guerrilla, generó un
ambiente propicio de venta de grandes propiedades a precios bajos, situación que fue
aprovechada por los terratenientes para aumentar el área de sus latifundios. Esta
situación de desplazamiento forzado a través de amenazas y asesinatos en la región,
genero un ambiente de terror propicio para que los paramilitares y narcotraficantes
tuvieran el camino despejado y pudieran actuar a sus anchas sin ningún tipo de control y
así llevar a cabo sus actividades ilícitas de financiación el comercio ilegal de gasolina y de
insumos para el procesamiento de la coca.
De esta manera, la historia del conflicto en el sur de Cesar arrojaría una nueva y perversa
alianza entre propietarios, narcotraficantes y paramilitares; al respecto, Alejandro Reyes
describe “(...)lo que sería uno de los procesos más sangrientos en la historia del
Magdalena Medio y que llevaría a una apropiación ‘non santa’ de las mejores tierras de la
región, proceso que aún continua en el Sur del Cesar (...) la compra y defensa de
territorios por parte de narcotraficantes se vinculó estrechamente a la estrategia
contrainsurgente de las Fuerzas Armadas y a los esfuerzos de los partidos políticos
tradicionales (...) para impedir la pérdida de las hegemonías locales a manos de las
guerrillas (...)”14
No obstante, estas problemáticas son sólo una muestra de la complejidad del conflicto en
esta región, se hace necesario que más adelante se conozcan los procesos organizativos
de los diferentes sectores sociales que surgieron ante esta situación por parte de los
pobladores de la región.
PRESENCIA DE GRUPOS ARMADOS
Presencia de grupos insurgentes

Ejército de Liberación Nacional ELN
El complejo y conflictivo contexto social configurado durante la década de los sesenta
desembocan en la conformación de grupos insurgentes de liberación nacional, herencia de
la Revolución Cubana. Cerca al Sur del Cesar, en Simacota (Santander) surge el Ejército
de Liberación Nacional, ELN, en 1965.
En la década de los 70`s el ELN empieza a expandirse hacia el Cesar, uno de los primeros
frentes en aparecer fue el Camilo Torres que operaba en los municipios de Aguachica,
Gamarra, González, Pailitas, Pelaya, San Martín, Curumaní, Chiriguaná, Tamalameque, La
Gloria y San Alberto.
Posteriormente habrá una influencia del frente Manuel Gustavo Chacón que nació a
comienzos de los años noventa en los alrededores de Barrancabermeja. Así mismo hace
presencia en la región el frente Héroes y Mártires de Santa Rosa en Aguachica y Pailitas
14
POSADA, Alejandro. La compra de tierras por narcotraficantes en Colombia. IEPRI. Bogotá, 1995. p. 8. Citado
Por: MACHADO, Absalón; BRICEÑO, Luis Hernando. Programa de desarrollo y paz en el Magdalena Medio.
Unidad Agropecuaria. Diagnóstico agropecuario y rural del Magdalena Medio. Bogotá, 1996. p. 71
6
Actualmente, la presencia del ELN se ha visto disminuida por la arremetida paramilitar en
la región y la toma del control político, económico y territorial. Pero, aún hacen presencia
en la zona los frentes Claudia Isabel Escobar Jerez, Armando Cacua, Camilo Torres
Restrepo y Manuel Gustavo Chacón.
EJÉRCITO DE LIBERACIÓN NACIONAL
FRENTE
MUNICIPIO
Camilo Torres
Aguachica, Gamarra, González,
Darío de Jesús Ramírez
San Martín, San Alberto.
Castro
Manuel Gustavo Chacón
Influencia en el sur de Cesar
Claudia Isabel Escobar
San Alberto
ÁREA

Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia FARC
Por su parte, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, que surgen en
1964, comienzan una radical expansión por la región a partir de la década de los ochenta,
con el objetivo de hacer presencia militar y política en lo que ellos denominaban la
combinación de todas las formas de lucha. En el territorio actúan los frentes 41 también
llamado Cacique Upar y hace presencia en Curumaní, la compañía Marlón Ortiz y la
columna móvil Marcos Sánchez Castellanos, estas estructuras pertenecen al bloque Norte
o Caribe. Además se encuentran el frente 20, que opera en Santander, actúa en San
Martín y San Alberto en el sur del departamento.
7
Además, durante los acuerdos de paz, a mediados de los ochenta, las FARC hace
presencia en la región a través de la propuesta política de la Unión Patriótica, adscrita al
Partido Comunista, la cual, representó un gran obstáculo para la clase política tradicional
y local.
Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia
BLOQUE
FRENTE
MUNICIPIO
Magdalena Medio 20
San Alberto y San Martín
Caribe
37
Arenal y Morales

Ejército de Popular de Liberación EPL
El EPL pese a algunos conflictos internos se consolida en la región con el Frente Ramón
Gilberto Barbosa Zambrano.15 Este grupo hizo presencia en la región a través de Esperanza, Paz y Libertad.
Ejército de Popular de Liberación
FRENTE
MUNICIPIO
Ramón Gilberto Barbosa
Zambrano

Movimiento 19 de abril M-19
Este movimiento de carácter nacionalista hizo presencia en la zona a través de su
movimiento político Alianza Democrática, eje fundamental en el proyecto político que se
planteaban para el país y para la región.
Grupos paramilitares
Hacia finales de la década de los ochenta los terratenientes y narcotraficantes del sur de
Cesar crean una serie de grupos de vigilancia privada para resguardar sus haciendas,
para contrarrestar las continuas extorsiones y secuestros por parte de la guerrilla, pero
además para afianzar su dominio territorial y político en la región y aumentar el tamaño
de sus latifundios. Hacia mediados de los noventa estos grupos de autodefensas
comienzan a expandirse hacia la zona centro y norte del Cesar.
En las zonas ganaderas y palmicultoras hicieron presencia las autodefensas de los
hermanos Prada y de Chepe Barrera inicialmente, después el grupo autodenominado
autodefensas de Santander y Sur de Cesar (AUSAC), principalmente en los municipios de
Aguachica y San Alberto. En San Alberto nació la primera Cooperativa de Seguridad
Privada Convivir creada por los hermanos Prada y la familia Saavedra siendo el actual
presidente de la república Álvaro Uribe Vélez gobernador de Antioquia. También en
Aguachica y San Alberto, hace presencia el Mando del Bloque Central Bolívar.
15
“Programa de Desarrollo y Paz para el Magdalena Medio” PDPMM. Aproximación a la realidad del Magdalena
Medio. p. 51
8
En un comienzo el accionar de estos grupos de autodefensa fue leído por los pobladores
como grupos de “limpieza social”, uno de los más famosos fue el grupo Terminator que
actuaba principalmente en el municipio de Aguachica, con sus macabras prácticas de
identificación de sus crímenes. Sin embargo, después las organizaciones sociales no
tardaron en darse cuenta que estos crímenes eran perpetrados por estructuras
paramilitares y que buscaban destruir toda forma de organización social que estuviera en
contra del orden establecido.
En el Sur del Cesar el paramilitarismo se convirtió en una política de dominación basada
en la preservación de las relaciones entre los hacendados, dueños de la tierra y los
campesinos como arrendatarios; sin la posibilidad de adquirir alguna vez un predio propio
para trabajar; del desconocimiento de las mínimas garantías de los trabajadores
consagradas en la legislación laboral, y de reprimir con esbirros propios con la anuencia
de las fuerzas militares, las pretensiones de los trabajadores; las iniciativas de cambio
son destruidas.
Dentro de esta lógica no es extraño encontrar que los hacendados prestaban sus predios
para el entrenamiento de paramilitares y en algunas de ellas se hacían reuniones de las
cúpulas de los jefes paramilitares; según un documento de Minga, las grandes haciendas
del Sur del Cesar han sido los lugares más utilizados para el entrenamiento y la acción
conjunta de militares y paramilitares. El informe menciona las haciendas El Miedo y San
Cayetano (Aguachica) y la Bellacruz en La Gloria y Pelaya16. La creencia de los
hacendados que la consolidación de los paramilitares traería el progreso y el avance del
capital agroindustrial17, motivó el desalojo de la región de todo aquel que no cooperara
con el avance del proyecto agroindustrial, al considerarlo como un síntoma de retraso y
16
Cfr. “Estrategia contrainsurgente y paramilitarismo en el nororiente colombiano: Acciones Conjuntas contra la
Población Civil”. Bogotá: 1996. Mimeo. p. 11.
17
Cfr. http: //www.acsuc.org/Historia.asp?paghis=HISTORIA.
9
de insurgencia. Con este pensamiento, se mueven todas las represiones al movimiento
popular, pues iniciativas como la Reforma Agraria impiden la implantación del sector
capitalista y la agroindustria.
Los paramilitares controlan en su totalidad el negocio de la coca, desde los cultivos, el
procesamiento y los corredores de transporte a través de los cuales se acopia para
embarcarlos en el mar y exportarlos a otros países. De está manera lograron aumentar
el control social, geográfico, político y económico de la región y principalmente de la
carretera que se dirige hacia Santa Marta por donde sacaban los cargamentos de coca
para exportarlos.
A manera de conclusión, el paramilitarismo en el Sur de Cesar opero de la misma forma
que en las otras subregiones que integran esta investigación, puesto que el nacimiento de
estos está ligado a grupos de autodefensa privados, que los terratenientes formaron y
financiaron con el fin de proteger sus tierras y garantizar que su política de concentración
de la tierra fuera posible. Posteriormente, con la composición de las AUC, estos grupos de
autodefensa se fueron articulando y sumando a una estructura paramilitar de carácter
nacional.
GRUPOS PARAMILITARES Y AUTODEFENSAS
ESTRUCTURA
MUNICIPIO
Autodefensas de los Hermanos Prada y de Chepe Barrera Aguachica y San Alberto
Autodefensas Campesinas del Sur de Cesar (ACSUC)
Aguachica, Gamarra, Río
de Oro, San Alberto y San
Martín.
Autodefensas de Santander y Sur de Cesar (AUSAC)
Aguachica y San Alberto
Mando del Bloque Central Bolívar (BCB)
Aguachica y San Alberto
Fuerza pública
Los procesos de resistencia desde los campesinos que luchaban por su territorio, los
movimientos cívicos en la ciudad, las propuestas políticas de construcción de un nuevo
país y las movilizaciones sindicales en protesta por las pésimas condiciones laborales,
recibieron como respuesta el despliegue de una estrategia coercitiva centralizada e
institucionalizada al mando de las Fuerzas Militares, cuyos procedimientos en contra de la
población van desde la detención arbitraria, la sindicación o criminalización de la
oposición hasta la tortura de los retenidos y el asesinato. Estas acciones van de la mano
con las políticas importadas sobre Seguridad Nacional, que durante la década de los
setenta agudizan su accionar, debido al despliegue de las grandes movilizaciones
populares acontecidas a escala nacional.
En este período batallones como el Ricaurte de Bucaramanga y La Popa en Curumaní,
protagonizarían la más aguda represión en contra de la población civil cesarense. Detrás
de ésta fórmula puede leerse la doctrina de los manuales de lucha contrainsurgente que
el ejército ha usado, en especial, el señalamiento a las organizaciones sociales como
auxiliadores de la guerrilla. Así, para atajar la amenaza del movimiento social las bases
militares se instalaron en los lugares que eran objeto de disputa entre los terratenientes y
los campesinos, como la hacienda Bellacruz.
10
En San Alberto, epicentro de las luchas laborales en la agroindustria de la palma, se
instaló la base Morrison, que presenció inmóvil los crímenes contra los asociados al
sindicato.
A partir del impulso de las diferentes resistencias que abanderaban los pobladores, las
elites nacionales y locales tuvieron que pensar en una forma de represión más
contundente; pues al parecer la sindicación y tortura no eran suficientes. Así, en los
ochenta se agudizaría la coerción, liderada por organizaciones paraestatales.
En la década de los noventa, específicamente en 1993, se crea el batallón Tarea 27 de
Contraguerrilla conocido con el nombre de Rogelio Correa Campos; se trata de un grupo
que depende directamente de la V Brigada y la Brigada Móvil 2, del comando del ejército.
Los miembros de estos destacamentos se distribuían por toda la región, fundando bases
en diferentes municipios; por ejemplo, en Aguachica se instalan dos bases; una, en el
sector urbano y la otra, en Aguas Claras. Igualmente, en San Alberto, existen dos bases,
una, en La Palma, adscrita al batallón Santander de Ocaña y la de Torcoroma conformada
por efectivos del batallón 27 de contraguerrilla. Finalmente, en San Martín, se encuentra
la base Morrison. Todas estas tropas serán promotores de actos de represión contra la
población.
Durante toso este período se patenta la consolidación y perfecto empalme entre militares
y paramilitares, siendo el principal blanco de ataque la población más vulnerable de la
región, como campesinos, trabajadores, pobladores marginales, a quienes se acusaba de
auxiliadores de la guerrilla como forma de legitimar la persecución, mientras se ocultaban
los interese económico en juego que eran las reales causas de los crímenes.
Finalmente, vale aclarar que junto con las tropas militares también actúan diversos
organismos estatales de seguridad e investigación como el DAS, la SIJIN, la Unidad
Antisecuestro y Extorsión, UNASE, y la policía, quienes también protagonizan varios
hechos de persecución y coacción a la población en anuencia con los paramilitares.
PROCESOS ORGANIZATIVOS Y SUS LUCHAS

Campesinos
La lucha por la Tierra
Un primer actor social de esta región es el campesino quien, sin perder de vista la
tradición de lucha que ha tenido a través de la historia, toma gran importancia en el
contexto de la llamada Reforma Agraria de 1961, que surge como respuesta a las
continuas presiones sociales generadas por los pobladores rurales, los cuales durante ésta
época incentivaron sus demandas al Estado, haciendo uso de varias formas de protesta
entre las cuales se cuenta las invasiones a tierras y la consecuente respuesta violenta de
los terratenientes. Así, “a la presión externa (CEPAL) que demandaba transformaciones
en el campo, se sumaban los conflictos agrarios internos, las invasiones y las tomas de
tierras por campesinos sin tierra, aparceros y arrendatarios, y los lanzamientos por parte
de los terratenientes; estos conflictos fueron una razón importante para el impulso de una
política agraria”18. De esta manera, la Reforma Agraria aparece en este contexto con el
primer gobierno del Frente Nacional, el de Alberto Lleras Camargo y llega a su fin,
paradójicamente, con el último gobierno del Frente Nacional, el de Misael Pastrana, quien
18
MARTINEZ, José; RUIZ, Janet. Economía y política de la reforma agraria en Colombia. En: Plataforma
colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo. “Por el Derecho a la Tierra” Bogotá, 2002. p. 23
11
firma el famoso “Pacto de Chicoral” que terminó con los tímidos intentos reformistas de
los anteriores gobiernos.
La ley de Reforma Agraria de 1961, tenía como principales objetivos “eliminar y prevenir
una concentración inequitativa de la propiedad, crear unidades de explotación adecuadas,
dar mejores garantías a aparceros y arrendatarios, dotar de tierras a los peones del
campo y elevar el nivel vida de los campesinos, fomentar el cultivo de las tierras incultas
o mal cultivadas, fomentar la producción y la productividad (...)”19. El Instituto
Colombiano para la Reforma Agraria, INCORA, aparece así como la institución que haría
realidad estos objetivos, repartiendo los terrenos baldíos del país, las tierras cedidas o
extintas a los propietarios y las tierras adquiridas por compra a los mismos. Junto a ésta
institución surge en el gobierno de Lleras Camargo (1968), la Asociación Nacional de
Usuarios Campesinos, ANUC, como una iniciativa del gobierno de la cual se empoderarían
luego los campesinos y la convertirían en un instrumento legítimo en la pugna por sus
tierras, de las cuales habían sido expropiados por “grandes señores”, con la intención de
consolidar sus proyectos capitalistas o en su defecto para dedicarlas a la ganadería, y de
esta forma, convertir las tierras productivas en tierras ociosas sin beneficios para el
campesinado.
Muestra de ello, es el caso de la Hacienda Bellacruz, la cual se construyó a consta de la
expropiación de los campesinos que ocupaban estos predios; para esto la Familia
Marulanda legitimó su derecho a estas tierras a través de artimañas jurídicas, además de
utilizar la represión ejercida por la fuerza pública estatal y paraestatal para evitar que los
campesinos reclamaran sus derechos. Esta dinámica se mantendría y consolidaría durante
la década del setenta, época en que se acentúa la lucha de los campesinos agrupados en
torno a la ANUC, la cual fundamentaba su lucha a partir de la continua organización de
los mismos.
En el marco del III Congreso Nacional de la ANUC, en 1974, se especificaron algunos
puntos en torno a los cuales se iba a comprender el problema agrario en el país, así en
palabras de sus voceros “el problema agrario forma parte de todo el problema nacional.
Su característica principal es la concentración de los medios de producción en unas pocas
manos: concentración de la tierra, concentración del crédito, monopolio sobre el
mercadeo –no solo de los productos de los campesinos sino también de los insumos-,
sobre las herramientas y sobre lo que tiene que ver con la producción agrícola, y control
de la técnica, todo eso en manos de unos pocos terratenientes y capitalistas”20. A pesar
del freno que se le dio a la Reforma Agraria durante el gobierno de Pastrana Borrero y su
posterior ratificación con López Michelsen, los campesinos del Sur del Cesar,
protagonizarían importantes tomas de tierras en la región, teniendo como bandera de
lucha, los lemas emanados de los Congresos de la ANUC: “Tierra pa´l que la trabaja” o
“Tierra sin patronos”. Estos lemas, reflejan un fenómeno particular que se presenta
durante esta lucha, la alianza campesina – obrera y popular.
Iniciando la década de los ochenta, el Incora concede la titulación de varios predios de la
región, que consecuentemente, desencadena la reacción ofensiva de los terratenientes,
quienes adoptan medidas de “protección” acudiendo a la fuerza pública, representada en
el ejército y, a mediados de los ochenta, con la consolidación del paramilitarismo, se
comienza a desplegar una política del terror que desplazaría a centenares de familias
campesinas de sus predios. Esto traería como consecuencia la ampliación del conflicto a la
19
GILHODES, Pierre. “La cuestión agraria en Colombia 1900-1985”. En: Nueva Historia de Colombia. Tomo III,
planeta, 1989. p. 348
20
Comité Ejecutivo de la ANUC. “Hay que concretar la alianza de las clases explotadas”. En: Alternativa. No. 14
Bogotá. Agosto, 1974. p. 16
12
ciudad capital, destino a donde llegarían estos campesinos desplazados para protestar
frente a las Instituciones del Estado, entre ellas el Incora, por la situación vivida en sus
regiones, solicitando garantías para volver a sus hogares y la titulación de predios, que
por derecho les pertenecen.
A pesar de la arremetida violenta en contra de estos pobladores y de la pasividad del
gobierno, el cual se hacía el de la vista gorda ante estos procesos de pugna, los
campesinos no desistieron en su lucha; por lo que, finalizando la década de los ochenta
se reseñaban múltiples actos de invasiones a haciendas; el epicentro de estas luchas, se
localizaba en la población de Pelaya en donde se encuentra parte de la Hacienda
Bellacruz.
Durante los noventa, los campesinos logran ciertas conquistas, en cuanto, son
reconocidas jurídicamente por la intervención del Incora algunas tierras pertenecientes a
la mencionada hacienda. No obstante, ésta época se caracteriza por un proceso en círculo
que se describiría así: conquista de las tierras- arremetida paramilitar- desalojo de las
tierras. Sólo en este sentido puede entenderse el desplazamiento de los campesinos en la
Bellacruz. A propósito de las formas injustas de expropiación, dice un campesino
desplazado “entonces, el 14 de febrero a la noche comenzaron a llegar. Eran tres
camionetas llenas de civiles armados y dijeron ser paramilitares; que estaban al servicio
del señor Carlos Arturo Marulanda, el dueño de todo eso, y que él los había enviado para
que nos sacaran de allí. Quemaron el colegio, estropearon gente y se robaron grabadoras,
relojes, cadenas y plata (…)”21

La lucha por la justicia laboral
Junto a esta situación de invasión de predios rurales por parte de los campesinos,
aparece en el escenario otro actor social, se trata del obrero-sindicalista, quien surge en
el contexto como producto de otro tipo de dinámica conflictiva causada por la
agroindustria palmera que se asienta en la región; el ejemplo más representativo de esta
situación es el de la empresa Industrial Agraria La Palma, Indupalma, que para 1961 se
consolida como la empresa agroindustrial más importante de la región.
La actuación represiva por parte de los directivos de esta industria no se hizo esperar.
Apenas si comenzaban a desmontar la tierra para sembrar la palma africana cuando ya se
presentaban serios enfrentamientos con la población, quienes consideraban estos actos
una violación a sus derechos de propiedad. Sin embargo, quienes cumplían con esta
labor, no escatimaban en utilizar todos los recursos a su alcance, sobretodo los que
hacían referencia a prácticas encaminadas a reprimir al campesinado. Protagonista de
esta situación es el conocido “capitán Tinieblas”, José Joaquín Duarte y su mano derecha,
el sargento Víctor Manuel Delgado, apodado “Mano Negra”.
Así, cargando desde sus inicios con el peso de la represión a los pobladores cesarenses,
se erigió Indupalma, que comienza a consolidarse como gran industria productora y
comercializadora de aceite de palma africana, durante la década del sesenta. Frente a
esta nueva situación, que ahora se gestaba en torno a la relación patrono–obrero, y ya
que las condiciones de trabajo eran injustas para los trabajadores de Indupalma,
sobretodo en lo que tiene ver con la forma de contratación, en donde se hacía uso de la
figura de intermediario, que no garantizaba ningún tipo de prestación social para el
21
Testimonio de un campesino tomado del artículo: “Bellacruz con la vida en un hilito”. En: Contagio. Número 3.
1996. p. 53.
13
trabajador, en 1963 se crea el primer sindicato de la industria palmera, el cual encontró
su principal apoyo en la Unión de Trabajadores de Santander, UTRASAN.
Los años posteriores se caracterizan por la rigidez de esta estructura laboral,
representando para los trabajadores condiciones precarias de vida, sobreexplotación de
mano de obra, desconocimiento de las prestaciones laborales, pago injusto e intimidación
a aquellos trabajadores que decidieran fundar una resistencia ante esta situación. Toda la
década del setenta registra la asidua persecución a los trabajadores de Indupalma,
manifestada principalmente en el asesinato a los líderes sindicales. Junto con esta
modalidad criminal, hacen presencia también algunos apoyos legales, como la cancelación
de la personería jurídica del sindicato en 1971, al vincular este tipo de organización con
proyectos insurgentes. Finalizando la década del setenta, específicamente en 1977, previo
al Paro Nacional de septiembre, se presenta una manifestación por parte de los
trabajadores de Indupalma, en la cual sus principales reivindicaciones son:

Eliminación total del sistema de contratistas, lo cual conlleva pactar sistemas de
estabilidad laboral para los trabajadores.

Que la empresa reconozca la antigüedad de los trabajadores, para efectos de
cesantías y jubilación. Este punto ofrece serios obstáculos debido a que es una
costumbre de la empresa quemar los archivos cada dos años, incluso quemo los
de los trabajadores despedidos recientemente.

Pago de salarios retenidos, como lo comprobó el Ministerio de Trabajo. Incluyen
dominicales, pago de la prima de servicios, vacaciones, etc.

Reintegro de los trabajadores despedidos a raíz de la fundación del sindicato y
pago de los salarios correspondientes.22
Las anteriores exigencias, como es de esperarse ante la tradición de sobreexplotación de
la empresa palmera, no fueron atendidas; al contrario, lo que se generó fue una
arremetida revanchista por parte de los directivos de la industria, quienes despidieron a
los participantes de la protesta. A esto hay que sumarle la estigmatización de los
sindicalistas, al ser señalados como perturbadores del orden y “auxiliadores de la
guerrilla”.
Pese a estos actos, el ejemplo de lucha y pujanza de estos trabajadores se extiende por
las demás industrias de la región, que no distaban mucho de las condiciones laborales de
Indupalma. De esta forma, en los ochenta se presentará un gran despliegue de la
actividad sindical en el ámbito regional, en donde intervendrán los trabajadores asociados
a las diferentes organizaciones obreras, tales como Asotraindupalma, Sintraproaceites,
Asintraindupalma, Sintraindupalma, entre otros. Igualmente, frente a esta movilización
de los obreros se desencadena, para ésta época, una reacción criminal encabezada por
los paramilitares, en un principio contra las directivas de los sindicatos y posteriormente
sin discriminación alguna entre líderes, asociados y familiares.
En la población de San Alberto las ofensivas contra el movimiento del trabajo fueron
sistemáticas, hasta el punto de aniquilar definitivamente las organizaciones de
trabajadores que fueron reemplazadas por cooperativas de trabajo asociado. De esta
manera los trabajadores entrevén que no es posible la reacción contra los abusos de los
empleadores y declinan la lucha para dejarse organizar de esa manera. La ofensiva
22
“Indupalma. Se agotó la paciencia”. En: Alternativa No. 128. Agosto 15 al 22 de 1977. p. 7
14
paramilitar tiene como característica principal la humillación de los trabajadores, junto
con la destrucción de sitios simbólicos para los mismos. Estas conductas se materializan
en la demolición de algunas viviendas, como las ubicadas en el barrio Primero de Mayo.
Así, derruidas las casas, seguía el asesinato de habitantes significativos para la
comunidad.

El Movimiento Cívico en el Sur del Cesar
Posterior a la experiencia del Paro Nacional de 1977, el cual había sido fuertemente
alimentado por las reivindicaciones sindicales de diferentes zonas del país, entre ellas las
protagonizadas por los trabajadores del Sur del Cesar, se creó en 1980 la Coordinadora
Nacional de Movimientos Cívicos, en un intento por hacer frente al Estatuto de Seguridad
Nacional, impulsado durante la administración de Turbay Ayala, el cual tenía la intención
de suprimir, a través de la consolidación del estado de sitio, las denuncias a favor de un
mejor-estar realizadas por los sectores populares y que se materializaban en exigencias
de tipo infraestructural de sus municipios, servicios públicos y mejoramiento de las vías
de acceso. Vale aclarar que estas reivindicaciones también se relacionaban con la
denuncia de actividades represivas acontecidas en los municipios con más débil presencia
del Estado, en donde reinaba el poder local apoyado con actividades ofensivas de carácter
militar y paramilitar.
De esta manera, en 1981 surge en Aguachica el grupo Comuneros 81, que a pesar de
tener un corto desarrollo, a causa de la represión desatada por los paramilitares en el
panorama regional, deja una gran tradición de lucha en los pobladores de este municipio.
A mediados de los ochenta, se realiza un encuentro obrero-campesino-popular, a
propósito de la interrelación que surge entre estos sectores sociales, para organizar un
Paro Cívico Nacional; la convocatoria en general era “…a todo el pueblo colombiano a
preparar y realizar un gran paro Cívico Nacional en el primer semestre del año en curso,
como respuesta a la política del gobierno, del FMI, del imperialismo norteamericano y
como medio de lucha para conquistar cambios políticos, económicos y sociales al servicio
del pueblo en la vida del país”23.
A pesar del predominio de la represión a escala nacional, configurada luego como Guerra
Sucia, en que se exalta el imperio de los grupos paraestatales con sus formas
clandestinas de coerción, las cuales padecen durante toda esta época los líderes y
militantes de los diferentes grupos cívicos. En 1987, se presenta el Paro del Nororiente.
Dicho Paro congregó a unos 30.000 campesinos de la región para exigir respeto por el
derecho a la vida y plantear reivindicaciones de tipo social y económico.
Este Paro es un ejemplo de organización y de alianza entre los distintos sectores sociales
de la región; las peticiones que realizaban al Gobierno eran irrefutables: “(...) agua
potable, carreteras, centros de salud, recursos para las universidades, aumento de
partidas para realizar inversiones públicas prioritarias, cese a los desalojos de los predios
ocupados pacífica y productivamente por miles de campesinos, respeto a la vida, a la
organización, a la movilización y a la libre expresión de las organizaciones campesinas,
cívicas, obreras, indígenas y estudiantes; cese a las detenciones, las torturas, los
asesinatos y las desapariciones (...)”24. No obstante, la respuesta recibida por parte del
gobierno de turno, el de Barco, con la colaboración de los medios de comunicación, fue la
deslegitimación del Paro, argumentando que dentro del movimiento se respiraba la
23
“Tercer Paro Cívico Nacional”. En: Colombia Hoy Informa. No. 38, Mayo – Junio de 1985. Bogotá. p. 7.
“Paro es Paro. No hay mal que dure cien años ni pueblo que lo resista!!!”. En: Colombia Hoy Informa. No. 50,
Julio de 1987. Bogotá. p. 7
24
15
influencia guerrillera; además, en vísperas del día del campesino, en una alocución
pública, llamó a la población a “no pretender alcanzar en un día lo que no han conseguido
en 50 años”25.
Finalizando la década de los ochenta, las actividades de denuncia se intensifican
presentándose para 1988, la convocatoria multitudinaria de las “marchas de mayo”, en
las cuales según lo registraba la prensa, se movilizaron más de 80.000 campesinos en los
departamentos de Santander, Norte de Santander, Cesar, Magdalena, Sucre, Córdoba,
Atlántico y Antioquia. La reacción oficial fue consecuentemente represiva, ante los hechos
se esgrimía el mismo discurso que señalaba a los gestores de las protestas como
auxiliadores de la guerrilla y los actos como “focos de subversión”. De esta manera, “el
Ministro de gobierno enfatizó que así los gobernadores permitieran las marchas, él
mantendría el ejército en las ciudades para defender a las ‘gentes de bien’”26. No
obstante, las marchas concibieron grandes manifestaciones entre los pobladores de la
región, quienes a pesar de los obstáculos generados por la fuerza pública, lograron
consolidar una tradición de lucha y protesta frente al desconocimiento oficial de sus
necesidades. Esto puede evidenciarse con la aparición de diferentes organizaciones
cívicas y políticas nacidas del corazón de la región, en defensa de sus derechos
vulnerados.
Paros cívicos realizados entre agosto de 1982- agosto de 1990
FECHA
Marzo 23 de 1987
Junio 7 de 1987
MOTIVO
Acueducto
Desarrollo regional
MUNICIPIO
San Alberto
Aguachica
y
12
municipios más
Fuente: Conflicto Armado y configuración regional.
El caso del magdalena medio.
Tomas y movilizaciones cívicas realizadas entre agosto de 1982- agosto de 1990
FECHA
Enero 13 de 1987
Mayo 9 de 1988
Octubre 29 de 1989

MOTIVO
MUNICIPIO
Educación
San Alberto
Acueducto
Aguachica
Vivienda
Aguachica
Fuente: Conflicto Armado y configuración regional.
El caso del magdalena medio.
Las propuestas y acciones políticas en el Sur del Cesar
En el marco de la Asamblea Nacional Constituyente, en Aguachica se organiza de nuevo
un Movimiento Comunitario, como propuesta alternativa frente a los partidos tradicionales
y con miras a conquistar los escaños públicos de la región, este nuevo movimiento se
denominó Movimiento Acción Comunitaria, MAC, el cual, además de protagonizar vastas
movilizaciones populares, también sería una de las organizaciones más victimizadas en la
región por parte de los grupos paraestatales que tenían influencia en la zona, quienes
consideraban esta nueva organización como la base social de la insurgencia, sobretodo
25
26
Ibíd.
CUATINDOY, Félix. “Las marchas de mayo”. En: Colombia Hoy Informa. No. 58. Junio de 1988. Bogotá. p. 17
16
del ELN. De igual forma, esta reacción puede explicarse a partir del temor de los
detentadores del poder local de ser desplazados de sus posiciones, donde sus actos gozan
de impunidad, pues “lo sucedido en Aguachica con los miembros del Movimiento Político
de Acción Comunitaria que ocupaban cargos en la administración pública, así como con
los grupos cívicos de otros municipios que empezaron a participar y ganar las elecciones
populares de alcaldes, se explica más como una respuesta por defender intereses
políticos y económicos en la zona”27.
Igualmente, durante la década de los noventa el conflicto se recrudece en el Sur del
Cesar, esta vez en contra de las recién formadas organizaciones políticas de oposición,
surgidas como producto de los acercamientos con los gobiernos de Betancur (1982-1986)
y Barco (1986-1990). Es el caso de la Unión Patriótica o la Alianza Democrática M-19, que
subsisten en un ambiente de intolerancia política, ante planes de exterminio fraguados
por el gobierno nacional para eliminar el pensamiento diferente.
Un aspecto importante para analizar, es la agudización de la persecución a estos
movimientos políticos durante la época electoral o luego de los resultados electorales, es
el caso de la Unión Patriótica y de la Alianza Democrática M-19 que para el año de 1992
“(...)ganaron fuerza electoral en estos municipios (Aguachica y San Alberto), desplazando
por supuesto partidos tradicionales, este hecho se convierte en un factor de violencia
política que se concreta en las amenazas contra funcionarios públicos pertenecientes a
estos grupos”28.
En general, los miembros de estos dos movimientos políticos, tanto dirigentes como
militantes, surgidos de dos organizaciones insurgentes con influencia en la región, como
son las FARC-EP y el M-19, sufrirán el continuo asedio paraestatal que en alianza con los
poderes locales y organismos del Estado, como el ejército que desarrollan escaladas de
represión para frenar el impulso de estas organizaciones en la región. De manera más
específica, cabe mencionar otros proyectos políticos de oposición gestados en esta zona
como el Movimiento Independiente de Convergencia Democrática Ciudadana y la Unión
Política Cívica, UPC.
Finalmente, hay una característica que cobija estas propuestas políticas ya sea a escala
nacional o a niveles más locales, se trata de la arremetida violenta por parte del Estado,
ya sea, haciendo uso de recursos legales, como el poner en discusión pública el supuesto
“proselitismo armado” de estos grupos, con el objetivo de deslegitimar las campañas de
estas organizaciones o, aplicando la Doctrina Contrainsurgente en que se vincula
indiscriminadamente a la población civil como auxiliadores de la guerrilla, lo que les
permite aniquilar sin exclusión alguna a quienes intervengan políticamente en estas
organizaciones.
PROYECTOS ECONÓMICOS

Petróleo
En la región existen actualmente yacimientos de petróleo en los municipios de Aguachica,
San Alberto, San Martín y en González, en este último ECOPETROL tiene un yacimiento.
27
ROJAS, Raquel. “Aguachica, violencia grande”. En Colombia Hoy Informa. No. 135, junio de 1995. Bogotá. p.
13
28
“Programa de Desarrollo y Paz para el Magdalena Medio” –PDPMM-. Aproximación a la realidad del
Magdalena Medio. Op. Cit. p. 54
17
Los pozos que se encuentran en aguachica, San Alberto y San Martín, son explotados por
la multinacional canadiense llamada Petrocanada, que en su llegada a Colombia asumió el
nombre de Petronorte S.A. está multinacional llegó al país hacia 1950 para usufructuar
las concesiones de Zulia en Norte de Santander y Tisquirama en Aguachica (la cual sólo
fue posible empezar a explotar en 1993).
Actualmente esta multinacional tiene los siguientes contratos en el Sur de Cesar:
1. El contrato Lebrija, que se firmo el 26 de agosto de 1985 y tiene como fecha de
terminación el 4 de julio de 2012. Esta compuesto por el campo Doña María con
un área de 206 hectáreas en el municipio de Aguachica. Cuando se inicio el
contrato existían varias empresas que participaban: Scimitar con el 27,5% y
Petrosantander 62,5%, sin embrago actualmente Petronorte es la empresa que
está operando la explotación y tiene el 100% del contrato.
•
Campo Doña María
La primera explotación se realizó en marzo de 1988, por Petro Canada, operadora del
contrato en esa época. Luego en junio de 1989 se perforó el pozo Doña Maria-1
confirmando la existencia de hidrocarburos en el área. La perforación del pozo Doña
María-2 en diciembre de 1990 con resultados negativos, adelantó los pronósticos de un
yacimiento pequeño. La fecha efectiva de este contrato es 19 de julio de 1986 y termina
el 19 de julio de 2014. Actualmente el campo cuenta con dos pozos productores, Patiño-1
y Doña Maria-1 y su producción es de 36 barriles de petróleo diarios.
2. El contrato Tisquirama, que se firmó el 29 de marzo de 1983 y cuya terminación
es en marzo de 2009. Esta compuesto por los campos Los Angeles y Santa Lucia,
con un área total de 14.800 hectáreas en jurisdicción de los municipios de Río
Negro (Santander), San Alberto, San Martín y Aguachica. La participación en el
contrato de las empresas privadas inicialmente del 50% para EurocanCol y del
50% para Petrosantander. Actualmente Petronorte es la empresa operadora
participa con el 33,33% y Petrosantander y Tecnopetrol participan como socios
con el 33,33% cada una.
-
Campo Santa Lucía
En este campo existen tres pozos perforados y produciendo. El área total del Bloque es de
26.020 acres con un área comercial de 584 acres. La comercialidad del campo fue dada
por Ecopetrol el 22 de febrero de 1991 y entró en producción en mayo de 1993. La fecha
efectiva del contrato es el 1 de abril de 1983 y termina el 1 de abril del 2011.
El petróleo se entrega a la
transportándolo por carrotanque.
-
estación
de
recolección
Ayacucho
de
Ecopetrol,
Campo Los Ángeles
En este campo existen ocho pozos perforados y actualmente están produciendo. El área
total del Bloque es de 26.020 acres con un área comercial de 584 acres. La comercialidad
del campo fue dada por Ecopetrol el 22 de febrero de 1991 y entró en producción en
mayo de 1993. La fecha efectiva del contrato es el 1 de abril de 1983 y termina el 1 de
abril del 2011. Dentro del bloque también se perforó el pozo Serafín-1, productor de gas,
el cual fue abandonado por la baja demanda del gas en esa época.
18
El pozo descubridor del campo fue Angeles-1 perforado por Texaco en octubre de 1985 y
el último pozo perforado, por la misma operadora, fue Angeles-8 completado en mayo de
1990. Actualmente se están explotando cuatro pozos.
Las entregas de crudo se realizan por carrotanque a la estación de bombeo de Ecopetrol
en Ayacucho, para lo cual la estación cuenta con un cargadero para dos carrotanques
simultáneamente.

Infraestructura Vial
Uno de los proyecto de infraestructura vial más importante para esta región fue la
construcción de los que se llamó La Troncal del Magdalena Medio. Esta obra vial se
empezó a construir a mediados de los años ochenta comienzo a construirse a mediados
de los ochenta. En 1986, coincidencialmente, cuando se da inicio a la construcción del
último tramo de la Troncal, que comprende La Lizama a San Alberto, aumentó el índice
de concentración de la tierra; esto puede conducirnos a la conclusión de que la puesta en
marcha de megaproyectos en la región, como la construcción de esta carretera, está
directamente relacionada con la coacción y el desalojo de los pobladores más vulnerables
de la región, para aprovechar las tierras de su pertenencia.
CASOS
LAS LUCHAS POR LA TIERRA Y EL CASO DE LA HACIENDA BELLACRUZ
“No mas tierra en pocas manos,
ni muchas manos sin tierra.”
Cloc-Vía Campesina
Comunicado a la opinión publica.
Bogotá, 8 de mayo de 1996.
Los orígenes del conflicto
Finalizando 1961, la administración de Lleras Camargo, presenta la propuesta de Reforma
Agraria como un aparente intento de redistribución de las tierras para solucionar el
problema de tenencia de los campesinos, y que estos pudieran ser autosostenibles, al
producir lo suficiente para el mercado interno y para su autoconsumo. En otras palabras,
lo que buscaba el plan estatal era convertir a los campesinos en “granjeros capitalistas” y
acabar de una vez por todas con las antiguas formas de producción pre-capitalista que
abundaban en el agro colombiano, algunas de las cuales las encontramos aún, como la
aparcería, la medianía y el arrendamiento; esta iniciativa tiene explicación en la crisis
interna que soportaba el país, en cuanto a la situación de los campesinos y en la política
de Alianza para el Progreso“(…)Estas razones internas y la estrategia de la Alianza para el
Progreso, trazada por Estados Unidos para el continente, luego de la Revolución Cubana,
y con la recomendación de ‘impulsar dentro de las particularidades de cada país,
19
programas de reforma agraria integral (…) constituyeron el trasfondo de la ley 135 de
1961, llamada de Reforma Agraria”29.
A pesar de la ley de Reforma Agraria, las cifras de propiedad de la tierra al cabo de unos
años de su aplicación demostrarían que el grado de acumulación de la misma en pocas
manos no sufrió cambios. Así, hacia 1960 el Comité Nacional Agrario que tenía a cargo los
trabajos preparatorios de la ley 135 de 1961, ley de Reforma Agraria, calculó que el 16%
de grandes propietarios poseía el 85% de la superficie apta para producción agrícola, y el
84% de pequeños propietarios poseía el 15% 30. Entre los años de 1962 y 1967 los
propietarios de predios de más de 200 hectáreas pasan de controlar el 55% de la
superficie a controlar el 63.4% del área total.31 Durante el gobierno de Guillermo León
Valencia, se aprobó formalmente la ley 135 de 1961 pero no se le dio mayor impulso a la
iniciativa.
Durante la administración de Carlos Lleras Restrepo, se intento poner en marcha la
Reforma Agraria con el apoyo de los trabajadores rurales y no sólo con el de las clases
gobernantes; quienes por el contrario intentaban sabotear los tímidos asomos reformistas
del presidente. Resultado de estos esfuerzos fue el decreto 755 de 1967 que creó la
Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, ANUC, como un proyecto de convergencia
de los campesinos a nivel nacional. No obstante, se debe reconocer que la organización
campesina posee una tradición más antigua de lucha por la tierra en la historia nacional.
Previamente a su constitución oficial, el entonces presidente Carlos Lleras Restrepo, había
dictado el decreto 755 de mayo de 1967, llamado de empadronamiento, y el de registro
de usuarios, en febrero de 1968.
Así empezó oficialmente la ANUC, pero no el movimiento campesino, que de tiempo atrás
venía adelantando luchas, a veces organizadas, a veces dispersas, por lograr la tierra
para el campesinado. De igual manera, para hacer más eficientes los intentos del
gobierno, la ley de reforma agraria crea el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria,
Incora, con el fin de repartir los baldíos del Estado y titular las tierras que estén en manos
privadas a favor de los campesinos. Terminado el cuatrienio de Lleras la recién fundada
organización campesina pierde el apoyo gubernamental a causa de las alianzas
celebradas por el gobierno Pastrana con los terratenientes, que fueron conocidas como el
Pacto de Chicoral y se formalizó tiempo después en las leyes 4 y 5 de 1973. Desde allí la
ANUC comenzó una nueva estrategia con el objetivo de alcanzar el anhelo de una
Reforma Agraria.
En suma, éste era el contexto nacional en donde se desenvolvían los esfuerzos del
campesinado por conseguir una reforma agraria y al mismo tiempo, los de los
terratenientes en su afán de bloquear a toda costa esas demandas. A escala regional,
también se sentían estas dinámicas ocasionando la pugna por la titularidad de las tierras
entre colonos y grandes propietarios de la tierra. El sur del Cesar es uno de los casos
emblemáticos de la historia por sus innumerables luchas por el territorio. En esta lógica,
desde los años cuarenta el señor Alberto Marulanda Grillo expropió de manera violenta a
los antiguos pobladores de la región, quienes habían desarrollado un tipo de propiedad
comunitaria al interior de los baldíos estatales. En estos lotes los campesinos habían
construido caminos y cultivos comunes que beneficiaban a todos los pobladores del lugar;
de repente, los caminos fueron cerrados con cercas y los cultivos destruidos, a todos se
29
Colombia Hoy. No. 90. Mayo de 1991. p. 44
Estas cifras son tomadas de: “La derrota del reformismo agrario”. En: Alternativa número 124 de julio 25 a
agosto 1 de 1977. p. 31.
31
Estas cifras son tomadas de: “La derrota del reformismo agrario”. En: Alternativa número 124 de julio 25 a
agosto 1 de 1977. p. 31.
30
20
les dijo que eran desempleados, los expulsaron y los etiquetaron de rebeldes y
comunistas32.
Marulanda Grillo consolidó su poderío en la región con la colaboración de la policía. Los
antiguos pobladores fueron obligados a vender las tierras al señor Marulanda Grillo, y los
que no lo hicieron fueron arrestados por la policía, judicializados y sus parcelas
destruidas. Este es el caso de los campesinos CIPRIANO RIZO COLLANTE y ANTONIO
MARULANDA GALVÁN, quienes al no querer vender sus tierras fueron detenidos y llevados
a los presidios de Santa Marta donde permanecieron durante un año, al regresar sus
chozas habían sido aplastadas y las sementeras quemadas 33.
Haciendo uso de este tipo de estrategias el gamonal se hizo a unas 18.000 hectáreas34 en
el Sur del Cesar; de estas tierras unas 12.000 hectáreas pertenecen a la actual hacienda
La Bellacruz. Así pues, no es equivocado afirmar que los derechos de propiedad alegados
por la familia Marulanda no son claros, sino resultado de la apropiación ilícita de terrenos
baldíos, junto con la defraudación a los antiguos colonizadores de la región35 ellos aún
tienen títulos de propiedad expedidos por la notaría de Río de Oro en donde consta que
son legítimos propietarios de la tierra. Sin embargo, sus reclamaciones continúan siendo
desconocidas por las autoridades.
En el año de 1963 bajo la presidencia de Guillermo León Valencia, los campesinos
denunciaron la apropiación ilegal de los baldíos aledaños a las poblaciones de La Gloria,
Tamalameque y Pelaya sin recibir ninguna respuesta por parte del gobierno central. Este
fue un año más de brega de los campesinos por el reconocimiento de los derechos de
propiedad que habían adquirido y la familia Marulanda negaba. Para protegerse contra las
reclamaciones de los agricultores la familia recurrió a la represión y despojó a los
lugareños de sus propiedades. Los descendientes de esos expropiados deciden mantener
la lucha y esperan el momento propicio para recuperar el derecho que les fue arrebatado.
La familia Marulanda se hizo dueña de grandes extensiones de tierra, utilizando desde los
años 50s métodos engañosos contra el campesinado y apoyados de forma directa por las
autoridades civiles y policivas de la región.
Los campesinos no son invasores, son propietarios
La victimización del sector campesino en la zona del sur del Cesar se inscribe en los
procesos de toma de tierras y reacción de los terratenientes que caracteriza en buena
medida la década de 1970. Ya para diciembre de 1971, el terrateniente Arturo Pérez,
apoyado por el alcalde militar de Tamalameque, destruye los ranchos de los campesinos y
detiene a tres de ellos. En enero de 1972, el ejército destruye cercas y detiene a cinco
campesinos por orden del alcalde de Curumaní.
En febrero de 1974, varios campesinos que habían ocupado unos terrenos fueron
desalojados a la fuerza por orden del alcalde de Aguachica, Alfredo García. Las chozas de
los campesinos fueron incendiadas con sus enseres; además, MARIA LICELA GARCÍA,
quien tenía un niño en brazos fue ultrajada. Meses después, el 2 de mayo, María Licela
fue detenida, luego del allanamiento realizado a su casa por parte de funcionarios
públicos. La diligencia se llevó a cabo durante un desalojo por toma de tierras, en el cual
hubo destrucción de objetos, insultos e injurias por parte de los funcionarios que atendían
la orden del mismo Alcalde.
32
Cfr. CELEITA Berenice. Determined to return to their Roots. Colombia Bulletin. Vol. I No 2. Winter. 1996. p. 18
Ibid.
34
Ibid.
35
Ibid.
33
21
En febrero de 1974, un CAMPESINO fue asesinado y TREINTA y CINCO CAMPESINOS
fueron detenidos en la hacienda Bellacruz por miembros del ejército, en La Gloria. Unos
dos mil campesinos se habían tomado algunas hectáreas de tierra baldía, para trabajarla.
Dichas tierras pertenecen a la hacienda del terrateniente Alberto Marulanda Grillo. Ante la
toma de tierras, el ejército los desaloja a la fuerza y comete los crímenes. La situación se
presenta nuevamente al mes siguiente cuando unas doscientas familias entran a la
hacienda Bellacruz y otros a la finca San Martín, dejando como resultado unos 35
detenidos36.
En julio de 1977 fue asesinado en Tamalameque el campesino ANTONIO RUEDA. El 15 de
enero de 1979, fue torturado por la policía el campesino LUIS GONZALO MONTAÑO en el
municipio La Gloria. El mismo año fueron torturados en Curumaní por tropas del batallón
La Popa los campesinos PEDRO QUINTERO, SIMON MADARRIAGA y WILLIAM MANJARES,
quienes posteriormente fueron sindicados y procesados.
En el municipio de Pelaya, el 28 de octubre de 1979, el campesino PORFIRIO LOPEZ
GOMEZ de 27 años, fue detenido y torturado por miembros del ejército. Durante su
detención fue sometido a colgadas, golpes, plantón y vendas en la cara. Fue sindicado,
procesado y condenado, y posteriormente recluido en la cárcel de Bucaramanga.
Hacia los años ochenta los campesinos recuperan la tierra de sus antecesores, y al mismo
tiempo solicitan al Incora que intervenga en la titulación de tierras, y declare los predios
usurpados como baldíos de la nación para la posterior repartición de los mismos. La
familia Marulanda, para defenderse de las protestas de los campesinos le pide al ejército
la construcción de una base militar permanente en los terrenos del predio Bellacruz,
situación que genera una serie de crímenes contra el campesinado en los municipios
donde está ubicada la hacienda (Tamalameque, Pelaya y La Gloria), muestra de ello son
los casos que a continuación se reseñan:
En efecto, el 5 de junio de 1984, el campesino JUAN BARRIGA CRUZ fue detenido y
torturado por una patrulla de la Armada Nacional en Pelaya. Juan se hallaba trabajando
en su finca cuando fue detenido y torturado por la patrulla, quienes lo obligaron a
declararse subversivo. Fue llevado a la cárcel de Barrancabermeja donde continuó
detenido. El otro caso de responsabilidad policial en este municipio ocurrió el 9 de mayo
de 1985, cuando VEINTIOCHO CAMPESINOS fueron detenidos por una patrulla de la
policía. Los campesinos se encontraban trabajando en una finca de propiedad del Incora
pero reclamada por terratenientes.
En cuanto al municipio de Tamalameque los casos registrados comienzan con el del
dirigente campesino DIOSIMIRO BOTELLO quien el 2 de julio de 1984 fue detenido y
desaparecido por agentes de la policía. Diosimiro fue arrestado por los miembros de este
organismo en el predio Buenos Aires, cuando los agentes se presentaron con el fin de
llevar a cabo un desalojo, sin tener en cuenta la posesión que ellos tenían desde hacía
varios años. El juez cuarto de instrucción criminal les había informado que no serían
desalojados de dicho predio, pero los agentes de policía llegaron y destruyeron cultivos,
viviendas y maltrataron a los campesinos, sin importarles que allí se encontraban mujeres
y niños. Ese día Diosimiro fue desaparecido.
El 1 de octubre de 1985, el campesino SIXTO RODRIGUEZ presidente de la ANUC en el
sur del departamento del Cesar, fue asesinado por sicarios al servicio de terratenientes de
36
VILLEGAS ARANGO, Jorge Orlando. Libro Negro de la Represión 1950–1980. Fundación para la Investigación
y la Cultura FICA, Bogotá, 1980. pp. 174–180.
22
la región en Aguachica. El líder campesino estaba afiliado al partido conservador, fue
asesinado cuando se disponía a entrar a su casa, situada en el Barrio Idema.
Por esta misma época, mediados de los ochenta, la familia Marulanda fue respaldada por
grupos paramilitares que aterrorizaron la región. Hacia el 6 de junio de 1996 la acción
paramilitar llevó a cientos de campesinos a desplazarse a la casa campesina en Pelaya y
luego hacia Bogotá y ocupar pacíficamente las instalaciones del Incora y de la Defensoría
del Pueblo. Las peticiones de los campesinos eran principalmente tres: i) garantías para
su retorno, ii) inversión social y económica en la zona y, iii) titulación de tierras. El Incora
se negó a la titulación argumentando que las tierras reclamadas pertenecían a la familia
Marulanda, quienes eran dueños de más de 8.000 hectáreas de tierra en esta zona. El
gobierno, después de un año de negociaciones firmó un acuerdo de retorno, pero al
regresar los campesinos fueron agredidos por medio de desapariciones forzadas, torturas
y asesinatos realizados por la fuerza pública en conjunto con grupos paramilitares
presentes en la región. Hacia finales de 1996 los campesinos fueron desalojados de forma
definitiva de la zona y reubicados en el departamento del Tolima, en la hacienda La Miel
en Ibagué y Cambujos en Armero Guayabal y Predio la Cochinilla
en Norte de
Santander.37
La Hacienda San Isidro
La pugna entre campesinos y terratenientes se desarrolló en varios predios ubicados en
distintas zonas, en otros predios de la región también se puede evidenciar esta dinámica
conflictiva de poderes. Así, el 11 de abril de 1985 los campesinos FAUSTINO SERPA,
dirigente de la ANUC-UR, MARCELO ARRIETA, EDISON ROBLES, ORLANDO FLOREZ,
FLORENTINO ROBLES, IGNACIO FERNANDEZ, RAFAEL MADRIZ, ISMAEL ROBLES, RAFAEL
MORENO y OTROS CUATRO labriegos, fueron detenidos arbitrariamente por agentes de la
policía en Curumaní. Los campesinos asistían a una supuesta reunión con el gerente
regional del Incora Jesús Robles por invitación del agrónomo Fredy Zuleta, que entre el 9
y 10 del mismo mes había visitado las veredas y corregimientos de la zona (Las Palmas
Pueblo Nuevo, Sabana Larga, Pelaya y Costilla) y, también la hacienda San Isidro
(ubicada en el municipio de Curumaní), para convocar al campesinado para que hicieran
presencia en el encuentro con el funcionario estatal en Curumaní. Zuleta en vez de
concretar la reunión, llamó al comandante de la estación de policía de este municipio, de
apellido Buitrago, informándole que el día 11 “conseguiría a todo el personal reunido”.
Fue en esta fecha en que los labriegos se vieron sorprendidos por la presencia de la
policía que inmediatamente ejecutó las detenciones.
Mientras ocurría lo anterior, los administradores del predio San Isidro daban inicio a una
ola de represión sobre las tierras de los campesinos, con participación de la policía de
Tamalameque y Curumaní. A partir de la fecha de las detenciones, se queman y
destruyen cinco ranchos de la vereda Las Palmas, se tumban cercas, y se realizan más
aprehensiones. Por otro lado se amenaza de muerte a Faustino Serpa.
Debido a la arremetida implementada por los terratenientes, apoyada por la fuerza
pública, los campesinos del sector de Pueblo Nuevo deciden mandar comisiones a
Valledupar para que ponga en conocimiento la situación de la zona. En tanto, el directivo
del Incora, Jesús Robles, se negó a firmar documentos importantes para la negociación
del conflicto, puesto que consideraba injustas y arbitrarias las acciones que se estaban
realizando en contra de los campesinos detenidos.
37
Universidad Autónoma de Occidente. Memorias del 1er. Foro Regional sobre Desplazamiento Forzado, 10 y 11
de septiembre de 2003, Cali-Colombia, 2004, p.7
23
La Policía, otro actor al servicio de la represión
El 11 de abril de 1985 fueron detenidos 13 campesinos en Curumaní, con este hecho ase
empezó una persecución contra todos los campesinos que residían en los terrenos de la
hacienda San Isidro por parte de la policía de este municipio y del municipio de
Tamalameque, conjuntamente con empleados de la hacienda, las victimas fueron
sometidas a la quema de sus viviendas, el decomiso de sus herramientas de trabajo, e
incluso se les detuvo y obligó a destruir sus propias casas
El 12 de abril de 1985, el campesino AGUSTIN CANTILLO de 75 años, fue torturado por
agentes de la policía, en zona rural del municipio de Tamalameque. De igual forma, el 13
de abril de 1985 los campesinos MANUEL MENDOZA y JOSE JEIBER RUIMOSO fueron
detenidos y tratados cruelmente por miembros de la policía de Tamalameque y Curumaní,
a mitad de un camino que conduce la vereda Las Palmas al sitio Mundo al Revés,
jurisdicción de Tamalameque. Cuando Manuel y José fueron aprehendidos por los policías,
estos los ultrajaron y maltrataron. Los policías los montaron a un carro y tumbaron las
cercas de varios predios para poder transitar entre ellos. Mientras esto sucedía, a los
campesinos se les obligó a destruir seis ranchos. Poco después fueron liberados.
El 10 de mayo de 1985, DOCE MUJERES y VEINTICINCO NIÑOS fueron detenidos, por
una patrulla de la policía en la finca San Isidro. La patrulla se encontraba al mando del
cabo Pedro Nel Acosta, la cual había desalojado ya varias familias campesinas, que se
encontraban trabajando en la finca San Isidro de propiedad del Incora llevándose a
mujeres y niños.
El nuevo período de lucha campesina por la tierra se inicia hacia 1987; así mismo, se
inicia un nuevo momento en el accionar de la fuerza pública, que ahora, intimidaba a
través de la destrucción de los bienes de los campesinos. Aquel año se presenta el mayor
número de protestas campesinas en todo el país, siendo el Magdalena Medio uno de los
epicentros de esa movilización. De manera concreta, en el Sur del Cesar la ANUC-UR
denuncia que los días 9 y 10 de septiembre de 1987, algunos campesinos del municipio
de Pelaya habitantes de la Bellacruz, son arbitrariamente desalojados por un inspector de
policía quien les destruye los cultivos y les roba las herramientas. Al día siguiente, esta
vez el comandante del puesto de policía de Pelaya, el mayor Alberto Monroy, volvió al
lugar ya mencionado y desalojó a los campesinos con el grito de “si niños encontramos,
niños matamos”.
El 14 de septiembre de ese mismo año, el oficial Alberto Monroy, se presenta al mando de
veinte policías en la finca la Hondita, jurisdicción del municipio de Pelaya. Allí quemó
treinta y dos viviendas, destruyó los cultivos y anunció la construcción de una base militar
en el corregimiento y, a su vez, les dijo a los pobladores que implantaría el grupo
paramilitar La Mano Negra, para que según él “los asesinen, si vuelven a entrar.” Al otro
día, en el municipio de Tamalameque, ciento cincuenta familias fueron desalojadas de las
tierras de la hacienda San Isidro, y amenazadas por “pájaros” y fuerzas del Estado con
armas de fuego. Los agresores golpearon a los niños y mujeres, quemaron sus hogares y
hurtaron sus instrumentos de trabajo38.
En octubre de 1987 más de cien familias son desalojadas violentamente por la policía y el
ejército, del predio Carolina del Cesar, ubicado en San Alberto; el 9 de ese mismo mes,
38
Todos los casos están tomados de: Comunicado de la ANUC de febrero de 1988.
24
QUINCE CAMPESINOS son detenidos y llevados a Aguachica, siendo quemados y
destruidos posteriormente sus cultivos, ranchos y pertenencias39.
En la primera quincena de diciembre de 1987, una NIÑA CAMPESINA de 8 años, fue
asesinada por miembros del ejército, que desde un helicóptero artillado dispararon contra
la multitud que adelantaba un paro cívico en Curumaní. En el mismo hecho varias
personas fueron heridas.
ANUC-UR tomó bajo su tutela la lucha de los campesinos por la titulación de tierras por
parte del Incora, y envía líderes para que las comunidades se organicen, ya que los
campesinos de la Bellacruz buscan defenderse de las estrategias de Carlos Arturo
Marulanda, quien con el fin de expulsarlos de los lotes, fumiga las fuentes de agua e
intimida a los aldeanos que ocupan los predios de la hacienda Bellacruz,40 “la ANUC hizo
su papel, nosotros organizamos la toma de tierras, en todo lo que se llama sur del Cesar
se tomaron las tierras. La única organización que había en esa región y que fortalecimos
fue la ANUC”41.
El municipio de Curumaní es otro escenario de persecución contra el campesinado. El 21
de abril de 1988, los campesinos dirigentes de la Coordinadora Obrero Campesina y
Popular SEGUNDO BASTOS y FRANCISCO ESPAÑOL, fueron detenidos. Apenas había
pasado un mes, cuando el 28 de mayo los campesinos WILLIAM RINCON DURAN de 19
años, JOSE DEL CARMEN SANCHEZ de 22 años y CLODOMIRO CALDERON NUNEZ de 29
años, trabajadores de la finca del hacendado Pedro Carrascal, fueron hallados asesinados
en zona rural del mismo municipio. El 9 de junio de 1988, los campesinos SERGIO
ENRIQUE CASTELLANOS de 21 años y JUAN CARLOS CASTELLANOS, fueron asesinados
cuando unos sujetos les dispararon en zona rural del municipio.
Entre 1989 y 1990 los pobladores de la hacienda Bellacruz ocuparon dos veces las
instalaciones del Incora y la Caja Agraria para denunciar su desalojo por parte de Carlos
Arturo Marulanda42. La consecuencia de aquellas luchas de 1989, fue la división que hizo
el Incora de la hacienda en tres partes: de un lado, unos predios fueron declarados
baldíos; otras posesiones se compraron a los Marulanda, y por último se declaró que otro
segmento de la hacienda era propiedad exclusiva de la familia Marulanda Ramírez. El
resultado de este acto administrativo, fue la migración de muchas familias campesinas
hacia la zona, pues los trabajadores rurales de otras partes del Magdalena Medio, creían
que con la adquisición de predios rurales por parte del Incora se harían a la parcela que
buscaban desde hace tantos años43.
El testimonio de un campesino desplazado de la hacienda nos dice que en el año de 1989
esas tierras eran de la nación, y que el Incora pronto escrituraría dichos terruños:
“Yo llegué a la hacienda Bellacruz el 9 de abril de 1989, cuando me
dijeron que había ahí unas tierras baldías, que estaban desocupadas,
que eran puro rastrojo, con el pensado de hacer unas parcelas y que
Incora nos iba a escriturar esas tierras como nos habían prometido.
39
Comité de Solidaridad con los Presos Políticos CSPP (Seccional Santander). Comunicado a la opinión pública.
Bucaramanga, 9 de octubre de 1987.
40
Comunicado de la coordinadora obrera, campesina y popular del Cesar. Julio 22 de 1987.
41
PROYECTO CNM. Testimonio de María Lobo. Referencia 05110002.
42
Este dato es tomado de las investigaciones de PRADA, Esmeralda. “Luchas campesinas e indígenas” En:
ARCHILA Mauricio, DELGADO Álvaro, GARCÍA Martha y PRADA Esmeralda. 25 años de luchas sociales en
Colombia. CINEP, Bogotá, 2003. p. 133.
43
Declaración de la subgerente jurídica del Incora ante la Corte Constitucional en la sentencia T-227 de 1997 MP.
Alejandro Martínez.
25
Hicimos las parcelas. Yo cerqué la parcela mía con alambre, la sembré
en plátano, yuca, árboles frutales, un lotecito de caña de azúcar y tenía
el ganadito en buen pasto. Duramos siete años trabajando ahí”44.
Según este testimonio, hasta el año de 1990 los campesinos esperaban la adjudicación de
tierras del Incora y le solicitan al instituto que realizará pronto el estudio de los títulos
para la respectiva entrega. Alrededor de 424 familias radicaron su solicitud ante el ente
administrativo para que reparta los terrenos de la Bellacruz. El cuadro que sigue reseña el
número de peticiones por municipio.
CUADRO No. 1: Peticiones hechas al Incora por campesinos entre 1985 y 1987
MUNICIPIO DE PELAYA
Caño Alonso
NUMERO DE
FAMILIAS
124
Bobali
23
Bobali
23
El Vergel
17
Manjarres
9
Manjarres
15
MUNICIPIO DE
TAMALAMEQUE
San Sebastián
NUMERO DE
FAMILIAS
33
El Recreo
16
La Isla
12
Ciénaga de Cristo
13
Hacaritama
22
El Refugio
MUNICIPIO DE LA
GLORIA
Bobalí
El Limón
57
NUMERO DE
FAMILIAS
FECHA
Sep – 19 –
1985
Ago – 27 –
1986
Ago – 26 –
1986
Jun – 20 – 1987
Nov – 25 –
1987
Nov – 24 –
1987
FECHA
Feb- 13 – 1986
Mar – 20 –
1986
Ago – 16 –
1986
Ago – 17 –
1986
Mar – 09 –
1988
Abr – 10 – 1988
FECHA
Ago – 28 –
1986
Feb – 20 –
33
1987
FUENTE: El Diario Vallenato. 12 de julio de 1988
24
Por aquel entonces, el Incora estaba obligado a comprar las tierras ocupadas por los
campesinos, de tal manera que eran ellos mismos quienes dinamizaban la compra de
tierras por parte del gobierno central. Este hecho nos conduce a asegurar que es errado
44
“Testimonio de un desplazado”. Tomado de: Éxodo. Septiembre-Octubre. 1996. No 3. p. 27.
26
sostener, como lo hace la familia Marulanda, que los pobladores son invasores y
merecedores del castigo impuesto por la legislación penal.
Los campesinos son en realidad poseedores de tierras pertenecientes al Estado y posibles
adjudicatarios de las mismas. La familia Marulanda perdió sus derechos, los cuales en
verdad nunca tuvo, a causa de la improductividad de las tierras que sólo tenían una cerca
y no eran explotadas en actividades económicas, sino dedicadas simplemente al engorde,
esto muestra un elemento importante de la problemática de la tenencia de tierras, que
sustenta la acumulación en manos de terratenientes para hacer ejercer un control
territorial, económico y político sobre la región. La lucha de los campesinos de la Bellacruz
es la lucha constante de los pobladores rurales desposeídos, que buscaban tener unas
condiciones de vida digna, mantener sus economías campesinas, y las relaciones
socioculturales que habían entablado con la tierra.
En 1994, el Incora continuó la labor de saneamiento de los títulos de la hacienda
Bellacruz, y el 20 de abril del mismo año el Instituto reconoció que los campesinos
asentados en esas 2.000 hectáreas eran legítimos poseedores mediante la resolución
1551 de 1994, a la cual se le interpuso recurso de reposición y sería reconfirmada por la
misma entidad gubernamental en el año de 1996 a través de la resolución 01125, que le
permitía a los poseedores de esas tierras quedarse sin el temor de ser desalojados por la
policía y el ejército. Podría pensarse que la lucha de los pobladores de la hacienda había
terminado, pues al fin el Estado central en cabeza del Incora, dejó de mirarlos como
usurpadores y les reconoció los derechos que les habían sido arrebatados por el gamonal
Marulanda Grillo.
Destrucción, abigeato y desplazamiento forzado
Ante la negativa del Incora para revocar la anterior resolución, las vías de derecho se
consideran agotadas y se da paso a las vías de hecho, para mantener el orden
consolidado por los poderes regionales en contraposición directa con el poder central,
representado por el Instituto. Los señores locales no aceptan el éxito de la lucha de los
campesinos, así que deciden acabarlo por medios no convencionales y recurren al
paramilitarismo, es así como “la familia Marulanda apeló a Mancuso para desplazar y
asesinar a los campesinos que habitaban los predios de la Bellacruz”45, con el apoyo de
las fuerzas militares quienes consideraban a los lugareños como borregos ideológicos del
ELN como lo dice en el informe militar sobre el caso de la hacienda Bellacruz: “El cartel
del ELN en su afán de mantener su accionar terrorista ha utilizado estrategias tales como
tratar de convencer a los campesinos sobre la necesidad de luchar por obtener cambios
agrarios, para ello adoctrina y recluta pobladores rurales”46.
Los campesinos conformaron unas veinte veredas donde desarrollaron diferentes cultivos
y actividades de pequeña ganadería para el intercambio entre los miembros de la misma
comunidad47. Los habitantes asentados en las tierras de la Bellacruz llevaban muchos
años trabajando la tierra, hasta que el 14 de febrero de 1996 en horas de la noche cuatro
camionetas, con veinte hombres armados dentro de cada una llegaron a la vereda
Trocadero, golpearon a las mujeres, ancianos y niños, quemaron las casas, destruyeron
los cultivos, decomisaron los animales y robaron dinero; después de dejar su estela de
destrucción y humillación se fueron a otra vereda para continuar con sus acciones de
expoliación.
45
PROYECTO CNM. Testimonio octubre de 2006.
Informe del ejército nacional sobre el caso de la Hacienda La Bellacruz. p. 3. s.f.
47
PROYECTO CNM. Testimonio de doña Maria Luisa, Hacienda la Miel, junio de 2002
46
27
Aunque dentro de la zona existe un campamento militar situado a tres kilómetros de
Trocadero, y a seis kilómetros de la misma zona se encuentra la base militar Héroes de
Corea48, ninguno de los dos hizo nada, ni oyó nada, ni intentó nada contra la incursión
paramilitar, es más, según algunos testimonios:
“Mientras este grupo realizaba el desalojo, una patrulla del ejército
nacional caminaba a 100 metros detrás de ellos. Ante el clamor de las
familias de protección, los soldados manifestaron que estaban en
desventaja con los paramilitares, pues mientras éstos se transportaban
en camioneta ellos iban a pie”49.
Los paramilitares amenazaron a los campesinos con la muerte si no se retiraban por los
menos a 100 kilómetros de la hacienda, no importaba que esos terrenos estuvieran a
nombre del Incora ni que se les hubiera adjudicado a los pobladores rurales; la familia
Marulanda no reconocía esa posesión y envió un escuadrón para mantener la
subordinación: “nos decían que cumplían órdenes de Carlos Arturo Marulanda que
reivindicaba las tierras como suyas”50. Algunos testigos de la operación paramilitar dicen
que reconocieron varios efectivos militares acantonados en la zona. Un poblador
expulsado cuenta que:
“Yo estaba escondido al pie de la carretera cuando vi que se
encontraron con el ejército. Por eso es que yo sostengo que son parte
del ejército, porque yo vi cuando se saludaron de mano y charlaron
más de cinco minutos. El ejército se regresó y el grupo paramilitar
volvió a la vereda”51.
De esta forma se desplazaron 287 familias hacia los pueblos vecinos, unos se
hospedaron en el albergue campesino de Pelaya y allí continuó la agresión de los
paramilitares quienes a cada momento les recordaban a los refugiados sus amenazas si
insistían en sus denuncias, que fueron dirigidas a distintas instituciones nacionales e
internacionales. Ante el peligro persistente, la comunidad de desplazados decide
trasladarse a Bogotá para efectuar una toma y obligar al gobierno nacional a que les dé
una solución definitiva. Después de 33 días, el gobierno se comprometió, entre otras
cosas, a la adjudicación y titulación de los terrenos baldíos de la mencionada hacienda a
unas 170 familias que los ocupaban y que fueron desplazados por los paramilitares;
también prometió brindar seguridad a los campesinos.
Así, la estrategia de resistencia ante los múltiples atropellos cometidos por los
paramilitares, es la toma de instituciones oficiales con el fin de obligar al gobierno
nacional a actuar en pro de una solución definitiva del problema, que en últimas, consiste
en el cumplimiento de las resoluciones del Incora y en que tanto las fuerzas armadas
como las de policía, cumplan con el deber constitucional de proteger la vida, honra y
bienes de los ciudadanos residentes en el territorio nacional.
Se debe resaltar que las recuperación de tierras realizadas por los campesinos tenían
como objeto exigir su derecho de propiedad de la tierra y el respeto por la vida, ya que
las autoridades municipales no eran capaces de proteger las movilizaciones que estos
48
http://www.amnesty.org/library/index , 1997.
http://www.amnesty.org/library/index , 1997.
50
Tomado del testimonio de Raúl Emilio Ramos recogido
http://www.inti.be/ecotopie/pazbella.html.
51
Testimonio tomado de: Éxodo. Septiembre-Octubre. 1996. No 3. pp. 27.
49
por
Luis
Guillermo
Pérez.
En:
28
intentaban desarrollar en sus veredas y municipios, por el contrario reprimían sus
iniciativas con la violencia; o por el dominio de los mandos locales y los grandes
gamonales apoyados por el ejército colombiano. Así pues, la toma de tierras se convirtió
en un recurso que buscaba dar una salida al problema de la acumulación y distribución
inequitativa de tierras en la región.
Los habitantes de la hacienda Bellacruz expulsados por la familia Marulanda se tomaron la
sede del Incora, en Bogotá, a la espera de que el gobierno los atendiera en forma
expedita. Sin embargo, permanecieron durante 33 días continuos sin recibir ningún tipo
de ayuda del Estado. Se sostuvieron con la ayuda que les proporcionaban las distintas
organizaciones de derechos humanos y sindicatos solidarizados con la causa de los
campesinos. Después de varios acercamientos, se llegó a un acuerdo entre el gobierno y
los campesinos en donde se adujo: “se acordó la creación de una comisión de verificación
y acompañamiento, integrada por representantes de varios ministerios, órganos de
control como la Defensoría del Pueblo, Procuraduría y gerencia general del Incora”52.
También el Ministerio de Defensa Nacional se comprometió con los campesinos a
contrarrestar las correrías de los grupos paramilitares: “a través de la primera División
del Ejercito Nacional y la Inspección general de Policía se reestablecerá el orden público
mediante operaciones tendientes a neutralizar la presencia de grupos armados
ilegalmente, tales como los que agredieron a los campesinos el 14 de febrero en diversas
veredas de la Hacienda Bellacruz”53.
Los pobladores rurales esperanzados, decidieron volver al Sur del Cesar, y se instalaron
de nuevo en la casa campesina de Pelaya a la espera de que los topógrafos contratados
por el Incora hicieran las respectivas mediciones, con las cuales se podían hacer las
adjudicaciones para cada una de las familias. Las promesas del gobierno central no fueron
cumplidas, pues un oficial del ejército les comunicó a los campesinos que debían esperar
porque había combates en la zona, y no se habían podido iniciar las mediciones; tiempo
después el mismo oficial del ejército les dijo que los topógrafos se habían ido y no iban a
hacer las mediciones. Los campesinos fueron a la personería de Pelaya donde les
informaron que los peritos habían sido amenazados por grupos paramilitares y que ellos
jamás volverían para hacer las mediciones.
Mientras los campesinos estaban en el albergue de paso, en Pelaya, asesinaron a siete de
sus compañeros de la región. Lo anterior motivó un comunicado de ANUC-UR donde
denunciaban los incumplimientos de los acuerdos, junto con las consecuencias que
acarreaba en los ciudadanos la falta de compromiso del órgano central con este tipo de
pactos consensuales, pues dentro de la comunidad rural se afianza el imaginario de la
rebeldía al Estado, ya que la única actuación es la omisión de las acciones en procura de
defender los intereses de los ciudadanos. No de otra forma puede entenderse el
comunicado de la ANUC cuando afirma:
“Nos preguntamos, ¿qué clase de hechos necesita el gobierno para
intervenir y poner freno al terror? ¿Acaso es necesario que se presenten
masacres en incalculables proporciones para responder y cumplir los
acuerdos firmados? El campesinado del Sur del Cesar ha expresado su
vocación pacífica y su confianza en el Estado colombiano, sin embargo,
desde el 13 de abril, los campesinos se mantienen en un refugio
provisional a la espera del cumplimiento de unos acuerdos que cada día
52
Comunicado a la Opinión Pública realizado por las ONG’s veedoras de los acuerdos firmados entre el gobierno
nacional y los campesinos desplazados de la Hacienda Bellacruz, 1 de agosto de 1996.
53
Alternativa, septiembre de 1996. No.2. p.33.
29
son más remotos, expuestos a la acción criminal de estos grupos
armados”54.
Reacción criminal a la movilización campesina
El 14 de marzo de 1996, mientras los campesinos firmaban los acuerdos con el Incora
para la titulación de tierras, los paramilitares llegaron a la hacienda Bellacruz y quemaron
los escasos ranchos que aún quedaban en pie. El accionar paramilitar no se detuvo allí, ya
que dichas actuaciones se enfocaban en acabar con todos aquellos pobladores que habían
participado de la ocupación pacífica de las instalaciones del Incora, en la ciudad de
Bogotá, por parte de unas 170 familias campesinas, luego de ser desalojadas por grupos
paramilitares, de los predios de la hacienda Bellacruz, ubicada en jurisdicción de Pelaya.
Las víctimas residían en los municipios que abarca la hacienda: La Gloria, Tamalameque y
Pelaya y todos están relacionados con los sucesos antes descritos.
Dos meses después de la firma de los acuerdos con el Incora, el 1 de mayo de 1996, el
joven LUIS SEGUNDO TORRES, fue encontrado asesinado con huellas de tortura en el
corregimiento La Mata, municipio de La Gloria. El día anterior, había sido llevado a la
fuerza del corregimiento San Bernardo, en jurisdicción de Tamalameque. Luis Segundo
había participado en la ocupación pacífica de las instalaciones del INCORA, en la ciudad
de Bogotá. Días después, el 6 de mayo, el campesino EDISON DONADO, fue asesinado y
su HIJO de dos años, fue herido por paramilitares, en momentos en que se encontraba
reunida la familia, en el corregimiento San Bernardo, en Tamalameque. Dos días después
del asesinato de Edison, el 8 de mayo, fue asesinado en el mismo municipio JAIME
LAGUNA por hombres que se movilizaban en una motocicleta.
Edison Donado desde un testimonio
“(…) Al otro día mataron a Edison Donado, que apenas llegaba a los veinte años, tenía
dos niños pequeños. Seis sicarios llegaron a las ocho de la noche en una camioneta, se
bajaron cuatro y se entraron a la casa. Estaba acostado con el niño mayor que tenía dos
años, la señora estaba con su bebé de meses en los brazos y dos hermanos estaban
viendo televisión. Los hicieron acostar en el piso y se entraron a la pieza donde estaba
durmiendo su niño. Le dijeron “guerrillero hijueputa, te vamos a matar”. Le dispararon sin
importarles que tuviera el niño en sus brazos. El niño recibió un disparo en un bracito,
Edison murió en el instante y el pequeño rodó por el piso, el cuerpo le cayó encima.
En la noche casi muere el bebé porque no encontraron carro para llevarlo a un centro
médico donde pudiese ser atendido. No pude ir al entierro pero fui al velorio, el bebé
estaba todo amoratado del golpe que se dio al caer al piso, con su brazo herido vendado.
El padre de Edison parecía enloquecer, su madre no podía detener el llanto y la joven
viuda no podía ni hablar. Al día siguiente en el centro de Pelaya, a la una de la tarde los
paramilitares en el colmo de su locura asesina, tomaron de los cabellos a un joven
parapléjico del pueblo que pedía limosna desde su silla de ruedas, lo lanzaron al piso y le
pegaron varios disparos que le segaron la vida mientras lo acusaban de ser colaborador
de la guerrilla. En los mismos días desaparecieron a otro compañero y asesinaron a otros
dos”.
FUENTE: Testimonio de Raúl Emilio Ramos en http://www.inti.be/ecotopie/pazbella.html.
54
Asociación Nacional de Usuarios Campesinos ANUC. Comunicado, mayo 8 de 1996.
30
Jaime Laguna Collazos, el maestro parcelero
“Jaime Laguna, otro amigo inseparable, parcelero también y profesor de los niños de la
vereda de Guitarrilla, lo mataron el 8 de mayo de 1996. Jaime ese día terminó de dar
clases al medio día, él vivía en San Bernardo y se desplazaba en bicicleta. A su regreso
dejaba una niña en su casa, ese día vio dos hombres en una motocicleta Suzuky, sin
placas, estacionados en el paso nivel del ferrocarril. Preguntó al padre de la niña que qué
hacían esas personas allí, él le contestó que parecían que esperaban a alguien porque
hacía rato se habían parqueado. Jaime se echó la bendición y tomó el camino a su casa.
Los hombres lo hicieron bajar de la bicicleta y sin mediar palabra le pegaron cinco tiros en
la cara.
Yo estaba en el albergue, a los diez minutos del atentado me llamaron para contarme que
a Jaime lo habían matado. Jaime era un muchacho bien preparado, lo conocí desde que
llevaba pantalón corto. Fue hijo único, su mamá también se está muriendo de tristeza.
Dejó una viuda y cuatro huerfanitos, quedaron solos, sin ningún amparo. Lo mataron
para obligarnos a ir a su velorio, porque lo sabían nuestro amigo, nos tenderían una
emboscada. Me dolió no despedirlo, yo iba a ir pero mis compañeros me bajaron del
carro, una amiga llegó a avisarnos que en la carretera los asesinos de Jaime estaban
merodeando. Todos los asesinatos me han dolido, me han afectado, pero el asesinato de
Jaime es como si me hubieran acribillado el corazón, me duele, me desangro de pena.”
FUENTE: Testimonio de Raúl Emilio Ramos en http://www.inti.be/ecotopie/pazbella.html.
En el municipio de Pelaya, el campesino minusválido y vendedor de lotería BELISARIO
SUMALAVE fue asesinado el 10 de mayo de 1996. Continuando esta lógica, el 20 de mayo
de 1996, el comerciante TULIO ANGARITA, fue asesinado por paramilitares. Ya antes de
los hechos de la toma del Incora, en este municipio se había desplegado la actividad de
los grupos paramilitares al servicio del entonces embajador en Bélgica ante la Unión
Europea, Carlos Arturo Marulanda los cuales habían tomado como centro de operaciones
la hacienda la Bellacruz. La única respuesta que obtienen las denuncias de las víctimas es
la pasividad y omisión de la fuerza pública.
¡Hay que huir de Pelaya!
“(…) pues la situación fue que nos tocó salir corriendo, desplazarnos como se dice, ya
estaba empezando el fenómeno del desplazamiento y nos toco venirnos para Bogotá. Allí
nos refugiamos donde unos familiares y la ANUC nos reubicó nuevamente en el campo,
después de pedir el consentimiento de la comunidad que ya estaba organizada en esta
región. Pero al principio todo esto fue duro, porque la verdad nosotros no teníamos nada
solamente nos vinimos con la ropa y pasamos muchas necesidades en Bogotá”.
“(…) nosotros tenemos una hermana que no vive con nosotros y tenemos un hermano a
quien le toco irse del país porque lo buscaban como aguja para matarlo. Él era líder
campesino. Hoy en día se encuentra refugiado en otro país. Él era Personero en Pelaya y
trabajaba con la Alcaldía al servicio de las comunidades más necesitadas. Uno de sus
trabajos había sido el encargado de organizar la encuesta para el SISBEN y la
adjudicación de los respectivos carnés. Siempre trabajando para la comunidad con un
sentido de honestidad y compromiso. Por todos estos antecedentes tuvo que irse”.
31
FUENTE: Testimonio de un habitante de la hacienda Bellacruz.
Ante la gravedad de los hechos, el 27 de mayo de 1996 los pobladores de estos predios
deciden volver a la capital para pedirle al gobierno que cumplierá con los acuerdos y
obligue a la fuerza pública a cumplir con sus deberes constitucionales. La “retoma” del
Incora dura 17 días en unas condiciones paupérrimas con el hacinamiento de mujeres,
hombres y niños, quienes duermen en colchonetas o en el piso, en algunos empiezan a
aparecer graves trastornos sicológicos como consecuencia la imposibilidad de la
readaptación, etc. El ministro del interior decide intervenir en el asunto, y de nuevo se
firman acuerdos con los campesinos de la hacienda La Bellacruz; así pues, se levanta la
toma y se decide trasladarlos en un hospedaje de manera temporal, mientras se
consiguen las tierras para, reubicarlos pues no se les puede garantizar su seguridad en el
Sur del Cesar.
Entretanto, los campesinos que se quedan en Pelaya son hostigados tanto por el ejército
como por los paramilitares, quienes reciben su entrenamiento en los mismos predios
objeto de la disputa, es decir, en la hacienda Bellacruz. Algunos casos reseñados en torno
a esta dinámica son los ocurridos el 10 de febrero de 1997, cuando los campesinos de la
vereda Seis de Mayo, MARTÍN NN y GUILLERMO VIVEROS de 25 años, otro HOMBRE y el
religioso ANDRES RANGEL, fueron asesinados por integrantes del grupo paramilitar que
tiene como base la hacienda Bellacruz en Pelaya. De igual manera, el 7 de marzo de 1997
hacia las 4:00 p.m., la campesina CARMEN ROSA MANOSALVA de 34 años, fue asesinada
luego de ser abordada por integrantes de un grupo paramilitar. Su cuerpo fue hallado
posteriormente en un paraje despoblado de la zona rural.
Al igual que en ocasiones anteriores, el gobierno nacional incumplió con el albergue
provisional, así que de nuevo se hizo una toma pero esta vez a la Defensoría del Pueblo.
En esas instalaciones se retornó al hacinamiento, incluso cinco mujeres en estado de
embarazo tuvieron sus niños allí. La situación era desesperada. Sin poder regresar a su
lugar de origen, sin lograr ser instalados en otro lugar, con el peso de ser rechazados por
las autoridades departamentales y municipales en donde los intentaron hospedar, no
quedó más lugar que la amargura, así lo expresa un campesino de la Bellacruz, quien fue
víctima una y otra vez de esta historia injusta:
El precio del estigma
¿Cuándo nos van a reubicar? Ya hemos tenido bastante sabiendo que a nuestras tierras
no podemos volver. ¿Adónde vamos a ir? A la gente le da miedo hablarnos. Porque con
tanta propaganda que han hecho en nuestra contra diciendo que somos guerrilleros,
nadie quiere exponer su vida hablando con guerrilleros o prestándole un servicio a un
guerrillero. Mataron a un carnicero en Pelaya solamente porque nos vendía la carne y nos
regalaba el hueso para hacer sopa, en el albergue donde nos concentró el gobierno, por
la misma razón, mataron a un tendero que nos fiaba el mercado y nos regalaba queso.
¿Cuánto hemos perdido nosotros? ¿Quién nos restablecerá la estabilidad perdida? ¿La
salud perdida, las vidas perdidas? Hay muchos que pueden comenzar desde cero, yo ya
estoy viejo, he comenzado muchas veces desde cero, ahora las fuerzas me empiezan a
faltar, no tengo una pensión, no tengo ahorros y todo lo que me quedaba lo quemaron en
Bellacruz.
(…) Claro me queda una meta, un compromiso. He visto correr delante de mis ojos tantas
injusticias, tantas otras he sufrido en carne propia; que a mi edad si muero luchando por
32
los campesinos, por mis compañeros, por mis amigos, moriré mejor que si muero de
viejo. Por eso he dicho todo lo que he dicho en este relato, lo repetiré cuantas veces sea
necesario. Yo pierdo menos que otros compañeros, Dios no me quiso habilitar para ser
papá, no tengo hijos, ni viuda que me llore. Por eso y porque nunca me han gustado las
injusticias, mientras tenga voz hablaré, mientras pueda escribir escribiré, mientras pueda
denunciar, denunciaré. Mientras pueda vivir, viviré. Le tengo apego a la vida, pero a
morir no le tengo miedo, porque he sido un hombre honrado.”
FUENTE: Testimonio de Raúl Emilio Ramos
De La Bellacruz a La Miel, una solución insatisfactoria
El gobierno se comprometió con los campesinos a conseguir un albergue provisional,
mientras el Incora compró nuevas tierras donde establecerlos de manera definitiva. El
sitio escogido como residencia temporal por el ministerio del Interior fue un hotel del
municipio de La Mesa, Cundinamarca; allí se alojaron durante 90 días. Sin embargo, la
gobernadora del departamento comenzó a hacer una serie de acusaciones contra los
pobladores del Sur del Cesar y convenció a las autoridades de distintos municipios de que
ellos eran guerrilleros o colaboradores de la guerrilla. Para protegerse de una supuesta
perturbación del orden público, los mandatarios locales con el apoyo de la gobernadora
enviaron una carta al ministerio del Interior rechazando la presencia de los campesinos
desplazados de La Bellacruz. Al mismo tiempo, fomentaron paros cívicos y tomas de las
carreteras de acceso al pueblo con el fin de no permitir el hospedaje de las familias
campesinas.
Así, los campesinos de La Bellacruz se convirtieron en exiliados dentro de su propio país.
ANUC-UR en un comunicado del 23 de agosto de 1996 le dijo a la opinión pública que:
“Las comunidades campesinas desplazadas de La Bellacruz, también
son ciudadanos colombianos con plenos derechos de estar en cualquier
rincón del territorio nacional, como la única solución que el gobierno
nacional presentó ante el alto grado de violencia y su incapacidad de
restablecer el orden público en la región, y de desalojar los grupos
armados ilegalmente que desplazaron a las comunidades que hoy están
asentados en la Hacienda La Bellacruz”55.
Este comunicado fue una respuesta a las declaraciones dadas por la gobernadora de
Cundinamarca que en una importante cadena radial tajantemente decía: “(…) A ver, yo le
pregunto si usted después de arreglar su casa, de organizarla y todo, invitaría a unas
personas que usted no quiere invitar, que le parece inconveniente, ¿los invitaría a su
casa? Hemos gastado todo el presupuesto del departamento dándole un poco de
seguridad al departamento, implementando medidas… Es que en Cundinamarca no tienen
cabida, es que nuestros problemas ya de por sí son sumamente graves para acrecentarlos
trayendo problemas de otros departamentos…”56.
Ante la resistencia local al hospedaje de los agricultores, el gobierno nacional adquirió las
tierras de la hacienda La Miel y Los Cámbulos (Tolima) donde reubicó a las familias
desplazadas el 29 de diciembre de 1996. Sin embargo, estos terrenos no alcanzaron para
todos los beneficiarios, pues de las 120 familias que aceptaron reinstalarse en el
55
56
Asociación Nacional de Usuarios Campesinos ANUC. Comunicado, agosto 23 de 1996.
Declaración de Leonor Serrano de Camargo extractada de la sentencia T-227/97 M.P. Martínez.
33
departamento del Tolima, todavía 10 familias esperaban la adjudicación de tierras57.
Además de que la tierra no era suficiente para todos, los problemas de convivencia entre
los asentados en la hacienda La Miel eran múltiples, pues los terrenos no tenían servicios
públicos, ni había en ellos ningún tipo de construcción para ser ocupada por las personas
albergadas allí; por eso doña Maria Luisa dice:
“No entiendo por qué el gobierno quiere cobrarnos por estas tierras si
aquí no hay nada; además vivimos muy cerquita todos, y eso ha
generado problemas de convivencia, usted entiende, no es lo mismo
vivir al lado, que como vivíamos antes por lo menos a cinco minutos del
vecino”58.
De otra parte, las noticias de las familias campesinas asentadas en la hacienda Los
Cámbulos no eran halagadoras, ya que los lotes no tenían el mismo grado de fertilidad de
los que se apropió la familia Marulanda para ampliar ilegalmente La Bellacruz, pues el
humus de la tierra desapareció a causa de la avalancha de lodo y piedra del año 1985.
Así, los campesinos vieron que en los terrenos que les fueron asignados, la productividad
de la tierra era menor, y con ella, la posibilidad de participar en los programas de
cooperativas del Incora, o en los proyectos de desarrollo autosostenible financiados por
organismos multilaterales.
La frustración fue inmediata cuando los campesinos vieron imposible la reconstrucción del
modo de vida que llevaban en el Sur del Cesar. Ahora dependerían de la caridad pública o
de las donaciones “de las personas de buen corazón” que se molestaran en mirar a
aquellos dolientes desterrados, y no de su propio trabajo. Con mucha razón anota doña
Maria Luisa:
“es que esa tierra está lavada, no se puede hacer nada, y algo que
entristece al campesino es ver la tierra sin vida, pues el campesino
cultiva para ver nacer, pues de eso vivimos, pero cuando la tierra no da
nada ¿cómo vamos a vivir?”59.
La Impunidad brilla más que el sol en Colombia60
Después del desplazamiento, asesinato, tortura y desaparición de cientos de campesinos,
las comunidades reciben la noticia de la captura y posterior extradición del señor Carlos
Arturo Marulanda en el 2002. Parecía que al fin se iba hacer justicia y que el estado
colombiano sancionaría al señor marulanda, puesto que los cargos formulados por la
fiscalía eran muy graves, y si al señor Marulanda Ramírez se le comprobaba uno solo de
ellos, podría pasar una larga temporada en la cárcel. Sin embargo, la terminación del
período de Alfonso Gómez Méndez como fiscal de la nación también lleva a la terminación
del proceso contra Marulanda. Con nuevas ideas sobre los derechos humanos, el fiscal
entrante Luis Camilo Osorio, consideró que ese tipo de acusaciones carecían de
fundamento, pues lo que se esconde detrás de las supuestas violaciones de derechos
humanos es “una propaganda subversiva” y deja entrever la posibilidad de una infiltración
de la guerrilla en este tipo de casos. Con estos presupuestos en la cabeza del fiscal
57
Cfr. Comisión Colombiana de Juristas. Colombia, derechos humanos y derecho humanitario. Bogotá, 1997. p.
51.
58
PROYECTO CNM. Testimonio de doña Maria Luisa, Hacienda la Miel, junio de 2002
59
Ibíd.
60
Este título es el encabezado de un Comunicado de ANUC-UR que rechaza la libertad del ex embajador Carlos
Arturo Marulanda, ver http://www.nodo50.org/colrefe/den_anuc-ur.htm
34
Osorio, no era posible esperar una conducta diferente de sus subordinados, así en el mes
de noviembre del año 2002, el fiscal resolvió precluir la investigación y dejar libre a
Marulanda Ramírez.
De esta manera la impunidad volvía a caer sobre los hombros de los campesinos de La
Bellacruz, ya que el Estado fue incapaz de reintegrarlos a sus tierras, el movimiento
campesino fue exterminado totalmente en la región y uno de los responsables de esta
tragedia fue dejado en libertad pese a las pruebas que se habían reunido en su contra y a
las familias que habían sido victimizadas y desplazadas, sin ser por lo menos llevado a
juicio. Lo anterior, lleva a la ANUC-UR a decir que:
“Las familias desplazadas expresamos nuestra más enérgica
indignación, y rechazo a esta decisión de descalificar las graves
violaciones de derechos humanos y los crímenes de lesa humanidad
que fueron efectuados en la hacienda La Bellacruz y sobre los cuales
existen pruebas”61.
Con esa decisión del aparato judicial colombiano se ratificó lo sucedido en el Sur del Cesar
y se mostró la cara más descarnada del Estado colombiano que sólo defiende a unos
pocos y desampara a la gran mayoría de la población. Lo sucedido con los campesinos
desplazados es una muestra de la incomodidad que le causa al Estado colombiano, el
movimiento social y la lucha por los derechos, y al mismo tiempo evidencia un Estado al
servicio de un modelo de dominación social que se encarna en la gran propiedad de la
tierra y su indolencia y falta de reacción ante el recurso del paramilitarismo por parte de
las elites regionales.
TRABAJADORES Y SINDICATOS DE LA INDUSTRIA DE PALMA AFRICANA
En el Sur del Cesar, podemos identificar dos complejos agroindustriales de la palma
africana: uno, ubicado en San Alberto, Industria Agraria La Palma, Indupalma y, el otro,
en San Martín, Palmeras del Cesar. Ambas industrias han sido creadas por inversionistas
privados, muy ligados a la gran propiedad terrateniente de la zona. “Esta industria es
oligopólica en cuanto a la producción, a los precios, a las inversiones y a la generación de
empleos”62. A su vez, estas agroindustrias han sido escenario de pugnas entre el sector
sindical y el patronal en cuanto las condiciones de trabajo de los primeros son las
adecuadas, tal como ha sido “notorio en estas empresas palmeras, las violaciones a los
derechos humanos de los trabajadores sindicalizados, por grupos paramilitares y fuerzas
armadas, que causan crímenes, torturas, desplazamiento forzado, desapariciones de
dirigentes y trabajadores de base”63.
El Sindicato de Trabajadores de la Empresa Industria Agraria La Palma,
Indupalma, en San Alberto
La Empresa Indupalma surgió como una alternativa para enfrentar la dificultad de
importar materias primas para la producción de aceites, en la década de 1950; razón por
61
Comunicado
de
la
ANUC-UR
de
noviembre
2
de
2002
en
la
página
web
http://www.nodo50.org/colrefe/den_anuc-ur.htm
62
Programa de Desarrollo y Paz para el Magdalena Medio –PDPMM-. Aproximación a la realidad del Magdalena
Medio. Op. cit. p. 34
63
Ibíd.
35
la cual los dueños de Grasco, empresa Colombiana dedicada a la producción y
comercialización de aceites, deciden invertir en una gran plantación de palma africana
cuyo establecimiento se da en el departamento del Cesar, pues de acuerdo los estudios
de suelo realizados hasta la época eran los predios más aptos para el montaje de dicha
plantación. Finalizando la década del cincuenta, Morris Gutt fue el empresario que
identificó el terreno más propicio para desarrollar el cultivo de palma que tenían en mente
los propietarios de Grasco, que era en su mayoría era selva de bosque primario.
El complejo Industrial para la explotación de la palma africana se constituyó en una
extensión superior a las 10.000 hectáreas de tierra, ubicadas en el municipio de San
Alberto, en el sur del Departamento del Cesar, región del Magdalena Medio colombiano.
La vegetación nativa de los suelos de San Alberto desapareció a finales de la década de
1950 a causa de la adecuación de las tierras para dar paso a la plantación de palma
africana, y para ello se construyó la planta de extracción de aceite de palma Indupalma.
La erradicación de la selva en aras de la construcción de la plantación llevó a los
propietarios de Grasco a enfrentar una gran cantidad de desafíos prácticos, entre ellos,
emprender la tarea de tumbar selva y sembrar palma; también interactuar con los
agricultores y colonos residentes en las tierras cesarenses. Una de las personas
encargada de manejar estas relaciones fue José Joaquín Ortiz Duarte, conocido como “el
Administrador” y posteriormente, como “El Capitán Tinieblas”64.
Ortiz Duarte empezó a trabajar con Indupalma en los primeros años de funcionamiento
de la empresa y vivió en la plantación como funcionario de la misma, especialmente
trabajó como jefe de Relaciones Industriales hasta 1977, año en que se retiró. Los
trabajadores a menudo hacían comentarios sobre sus acciones y gestión, decían que “no
reparaba en detalles o delicadezas para hacer el trabajo que se le encomendaba”. Fue
responsable de la adquisición de la mayoría de las tierras para la empresa y algunos de
los habitantes de San Alberto le acusan de haber desalojado violentamente a muchos de
los colonos y jornaleros que se resistían a vender. La actitud violenta con que solía
resolver los problemas le granjeó el merecido apodo de “Capitán Tinieblas”.65
José Joaquín Duarte, “El Capitán Tinieblas”
Los comentarios y relatos históricos de los habitantes San Alberto sobre la fundación del
complejo industrial Indupalma cuentan “que por allá en 1958 llegó a esta región un
hombre que portaba bajo el brazo una máquina de escribir acompañado de dos individuos
cuyo aspecto solía recordar las películas de pistoleros. Venía enviado por el industrial
Morris Gutt y su misión era la de conseguir tierra a como diera lugar para establecer una
plantación de palma africana. Después de haber sembrado el terror a través de sus dos
matones a sueldo y con base en falsas promesas de compra que de hacerse efectivas no
pasaban de quinientos pesos, este individuo logró arrebatar en un principio tres mil
hectáreas a los colonos de San Alberto. Su nombre: José Joaquín Ortiz Duarte, político
fracasado en Santander, poseedor de una negra historia como jefe de una banda de
chulavitas que asoló e incendió los municipios liberales de Concepción y Cerritos”.
FUENTE: Alternativa No. 126 agosto 8-15 de 1977. Pág. 16,17.
64
65
“La República Independiente de Indupalma”. En Alternativa No. 126 agosto 8-15 de 1977. Bogotá. p. 16, 17.
Ibíd.
36
Para la década del sesenta el país sobrellevaba una situación económica compleja debido
al posicionamiento de las grandes multinacionales que influyeron notablemente en la
economía nacional. Con la intervención del capital extranjero también llegaron nuevas
formas de explotación, como es el caso de la empresa fundada por el señor Morris Gutt
“Indupalma S.A.”, institución que se configuró rápidamente como uno de los proyectos
más productivos que ha tenido el país en el ámbito de exportaciones con el cultivo y
comercio de Palma Africana.
La empresa Indupalma comenzó a consolidarse a partir de 1961 con el nombre de
Industrial Agraria La Palma, Indupalma S.A., empresa dedicada exclusivamente a la
producción y comercialización de aceite de palma africana. En 1964 la producción de
palma africana sale al mercado nacional.
Al iniciar la producción en 1964 la empresa contaba con 7.000 hectáreas, 3.000 de las
cuales ya estaban cultivadas y más tarde llegaron a representar mas del 70% de la
producción de aceite que abasteció al país. En esa época la empresa era conocida como
Grasco, entidad financiada con capital de la Alianza para el Progreso y el Banco
Interamericano para el Desarrollo (BID), quienes poseían más del 80% de las acciones;
El 20% restante se hallaba en manos de Carlos Lleras Restrepo, la familia Santodomingo
y Morris Gutt como socio mayoritario. Este último fue elegido por el capital monopolístico
como agente número uno y fiel guardián de sus pertenencias. El poderío económico de
Morris Gutt ascendió hasta tal punto, que al morir era accionista de 18 empresas. Su
albacea y abogado de confianza fue nada menos que Carlos Lleras66.
El ascenso económico de Gutt contribuyó a que Indupalma se convirtiera en un
importante proyecto agroindustrial, lo que se reforzó por medio de acciones tomadas por
sus gestores, particularmente aprovecharse de las infrahumanas condiciones laborales y
realizar persecución sindical para evitar que los trabajadores se organizaran. No obstante,
los afiliados al sindicato aumentaron de un día para otro en un 300%.
Las precarias condiciones de subsistencia de los Trabajadores de Indupalma y
los inicios de la actividad sindical
Los intereses generados a partir de la consolidación de una industria tan productiva como
Indupalma, permiten vislumbrar la necesidad de regulación de la estructura laboral de la
empresa, con el fin de mantener e incrementar su productividad a costa de la dignidad de
los trabajadores, reduciendo sus salarios e incrementando los horarios de trabajo.
Poco tiempo después de la época de la violencia, el desempleo en el país se incrementó
sobre todo para el sector campesino. Esta situación fue aprovechada por las grandes
industrias, ya que sus estrategias se enfocaron al empleo de mano de obra barata,
optando por el sistema de contratistas y calanchines que sirvieron como intermediarios
entre los trabajadores. Las relaciones laborales se ocultaron tras una forma de
contratación civil donde la empresa ponía las herramientas para trabajar, otorgaba el
alojamiento y daba el dinero para que un contratista pagara cada quince días a su
cuadrilla de trabajadores, aparentemente estos últimos no tenían ninguna relación laboral
con Indupalma sino que dependían del contratista, quien les negaba sus derechos a
prestaciones sociales y estabilidad laboral, quedando los campesinos sin posibilidad
“legal” alguna de reclamar beneficios a su favor.
66
Ibíd.
37
Desde sus inicios las plantaciones de Indupalma se constituyeron como una “República
Independiente”67. Dadas las condiciones para el desarrollo de una agroindustria lo
suficientemente productiva, se precisaba garantizar el “normal” funcionamiento y curso
de la producción, razón por la cual no podía permitirse que opositor alguno generara
discordia entre los trabajadores y las indiscriminadas disposiciones de la administración,
ente que posteriormente tomaría las medidas necesarias para garantizar el orden
establecido.
Cuando aún no se había iniciado la producción, Joaquín Ortiz Duarte, “capitán tinieblas”,
miembro de la junta directiva de la empresa, contrató los servicios de un individuo de su
mismo estilo, el Sargento Víctor Manuel Delgado, alias “Mano Negra”, para que se hiciera
cargo de la Inspección de policía de la región y del mando de una tropa del ejército
pagada por la empresa, encargada de imponer en la plantación la ley del más fuerte68.
Los dispositivos de seguridad iban desde la vigilancia al trabajo de los obreros, hasta la
infiltración de hombres vestidos de civil que espiaban las asambleas del sindicato e
irrumpían de noche en las habitaciones de los trabajadores haciéndolos salir a formar y
llevándose a quien les pareciera. Estos espías utilizaban constantemente la extorsión con
el fin de exigir 100 pesos por la excarcelación de los trabajadores.
Los Orígenes del Sindicato
El primer sindicato de Indupalma se originó en los años iniciales del funcionamiento de la
empresa: el 23 de julio de 1963. Utrasan, Unión de trabajadores de Santander, tuvo gran
importancia en la constitución del primer sindicato de trabajadores de la palma africana69.
Isaías Tristancho directivo de Utrasan, describe la forma como nació esta organización
social y la situación existente en el contexto de la empresa y en el municipio de San
Alberto:
“El poblado de San Alberto era entonces una gran cantina. Lo que
hacíamos era traer tres o cuatro borrachos, echarles el cuento y
pedirles que firmaran los papeles y después salir a conseguir otros
cuatro borrachos… hasta que conseguimos 27 afiliados. Así fundamos el
sindicato. En los primeros años, la actividad del sindicato trataba de
gestionar conquistas laborales convencionales frente a la empresa.
Recuerdo que al principio la relación sindicato-empresa se daba sobre
una base bien curiosa: Yo llegaba a negociar y el entonces Director de
Plantación, J.J. Pirard, un francés, se sentaba al otro lado de la mesa,
sacaba dos revólveres y los ponía sobre la mesa, con el cañón mirando
hacia mí, y decía: “Ahora sí hablamos con sindicato”70.
La oleada represiva por parte de los dirigentes de la empresa y el apoyo de su ejército
personal, comenzó a preocupar a las organizaciones sociales, debido en gran parte, al
estado de desmoralización en que se mantenían los trabajadores de Indupalma. Así, la
Unión de Trabajadores de Santander, decidió apersonarse de la situación, respondiendo a
la petición que en este sentido le hicieron los trabajadores. “Por su parte, el sindicato
tuvo varias épocas: algunos años después de su fundación, se desafilió de Utrasan y
67
Ibíd.
Ibíd.
69
Ibíd.
70
Testimonio de Isaías Tristancho recogido del texto ECHEVERRI, Jorge. Apuntes para la siembra de un sueño.
Universidad de los Andes. Documento inédito, año 2002.
68
38
adhirió al Movimiento Obrero Independiente Revolucionario, MOIR, después a Festra, y
hacia 1973 restableció su vínculo con Utrasan”71.
En 1971 fue asesinado el jefe de personal de Indupalma Luis Alejandro Hernández. Por
este crimen fueron acusados y juzgados los doce directivos del sindicato72 y la sede del
sindicato fue destruida por desconocidos. A pesar de que todos los habitantes y
trabajadores de la plantación tenían conocimiento de que el responsable de los hechos
era José Joaquín Ortiz Duarte, éste en lugar de ser investigado, comenzó a intervenir en
las Asambleas de la asociación sindical y presidió las persecuciones en contra de los
sindicalistas.
En un aparte del texto de Jorge Echeverri: “Apuntes para la siembra de un sueño”, se
especifican las secuelas de la persecución contra los sindicalistas: “Todos los miembros de
la Junta Directiva del Sindicato fueron puestos tras las rejas. El autor material resultó ser
un conocido carnicero que trabajaba en San Alberto. Luego de arduas investigaciones e
incidentes procesales, nuestra lenta justicia penal produjo al fin un fallo condenatorio
para algunos y absolutorio para otros. Mientras tanto el sindicato quedó disuelto su
personería jurídica fue cancelada, hasta el año de 1974 cuando se conformó de nuevo,
con la decidida participación de varias asociaciones afines de Bucaramanga y de activistas
tales como Isaías Tristancho y Rodrigo Córdoba. En la interinidad sindical, se firmó un
pacto colectivo que reguló las relaciones obrero-patronales por espacio de varios años,
hasta 1977”73.
El 17 de noviembre empezó en el Palacio Nacional de Pasto la audiencia que decidió la
suerte de cinco dirigentes sindicales de la empresa Agraria de La Palma Víctor Moreno,
Anaximandro Escobar, Israel George, Isaías Mejía y Víctor Cárdenas que habían
permanecido prisioneros durante cuatro años y dos meses sin haber sido juzgados,
acusados de haber participado en el asesinato del jefe de personal Luis Alejandro
Hernández. La inculpación y procesamiento de los dirigentes sindicales fue, según lo
comenta Isaías Tristancho –entonces secretario general de UTRASAN- “una más de las
tretas de los directivos de la empresa Indupalma” para frenar las iniciativas y
reivindicaciones laborales de los trabajadores. En versión de la Revista Alternativa, para
impedir la movilización de los obreros, la empresa urdió “los más macabros planes,
salidos del cerebro de Ortiz Duarte. Ya bien conocido es el caso de los cinco dirigentes
sindicales que estuvieron presos durante 52 meses, sindicados de haber asesinado a Luis
Hernández, quien en ese entonces era jefe de personal de la empresa. Después de salir
libres al ser comprobada su inocencia, quedó demostrado que fue una patraña de la
empresa para desbaratar la naciente organización sindical, que contando con el respaldo
de los trabajadores había comenzado a exigir un trato un poco más humano.74
En 1972 tuvo lugar la ejecución de las políticas de persecución sindical diseñadas por la
empresa Indupalma, lo que condujo a una gran cantidad de enfrentamientos entre los
trabajadores y representantes de la empresa. A partir del segundo semestre de dicho
año, los organismos de la fuerza pública inician una labor de persecución y eliminación de
los dirigentes del sindicato de Indupalma con miras a reestablecer “el orden” que
consideraban perdido por la aparición de dicha organización. Las acciones de apoyo del
ejército a la empresa y en contra del movimiento sindical de Indupalma se encaminaron a
la implementación de estrategias como la destrucción del transformador eléctrico que
71
ECHEVERRI, Jorge. Apuntes para la siembra de un sueño. Universidad de los Andes. Documento no publicado,
año 2002.
72
Ibídem.
73
Ibídem.
74
Alternativa, No. 126. Agosto 8 – 15 de 1977. p. 16 –17.
39
posibilitaba la llegada de energía a San Alberto por medio de varios disparos. Menos de
diez minutos después del apagón, un grupo del ejército detuvo a 10 miembros de la Junta
Directiva del Sindicato, acusándolos de sabotaje a las instalaciones eléctricas del
municipio. Por tales hechos, la empresa destituyó a los trabajadores acusados y les
ordenó abandonar la plantación en el menor tiempo posible.
Los crímenes y persecuciones en contra de los sindicalistas comienzan con las agresiones
cometidas en contra del dirigente sindical de Indupalma VICTOR CARDENAS, en junio de
1972. Víctor fue detenido y torturado por miembros del DAS en el municipio de
Aguachica. Durante su detención fue sometido a aislamiento e incomunicación; sus
captores lo amenazaron y chantajearon en reiteradas ocasiones, además de golpearlo,
insultarlo y privarlo de consumir cualquier tipo de alimento. Finalmente, Víctor fue
recluido en la ciudad de Pasto.
Después de la creación del Sindicato de Trabajadores Contratistas, fundado en mayo del
1977, los directivos de Indupalma optaron por la destitución inmediata de los primeros 38
afiliados y la progresiva criminalización de todos aquel que tuviese alguna relación con la
organización sindical. Como respuesta contraria a las expectativas de la empresa, los
actos intimidatorios hacia los trabajadores no los amedrentaron ni entorpecieron su lucha.
Por el contrario, el sindicato se dirigió al Ministerio del Trabajo solicitando personería y
pidiendo que se enviara a un delegado para que investigara sus condiciones laborales, lo
que le brindó fuerza al movimiento organizado de los trabajadores, aumentando
masivamente la afiliación de obreros a éste.
La ofensiva del Estado en la región del Sur del Cesar se caracterizó por el continuo
accionar de la policía; institución que se perfiló como la encargada del control de las
agresiones dirigidas a los obreros de la empresa Indupalma, desde antes de legalizar su
consolidación como sindicato en 1977 hasta 1983; en este período se hace evidente la
participación directa de las fuerzas policiales en la comisión de los crímenes y la
persecución a las organizaciones sociales, sobre todo si se tiene en cuenta sus
mecanismos operativos, ya que la mayoría de las agresiones eran cometidas en la
cabecera municipal y en establecimientos públicos, manifestando claramente el afán por
conseguir el control a nivel local y el manejo territorial por parte del Estado. Se
desconocen algunas de las circunstancias bajo las cuales fueron cometidos un sinnúmero
de asesinatos y desapariciones, por lo que se podría conjeturar la participación del grupo
armado paraestatal, que azotó la región en la época, como apoyo al interior de la
empresa.
La difícil condición de subsistencia de los Trabajadores de Indupalma
Ante la fortaleza del Movimiento Sindical de Indupalma, la empresa se encaminó
directamente hacia el control de las acciones de éste, por lo que los administrativos de
Indupalma tomaron las medidas necesarias para tratar de manejar y reprimir la lucha
social de los trabajadores. Para ello, se intentó convencer al gobierno y al Ministerio del
Trabajo de que el municipio de San Alberto era una zona guerrillera, y que por lo tanto,
permitir la acción de un sindicato era como ponerle una escalera a la subversión. Bajo
este sofisma de presión al gobierno, la empresa buscó por todos los medios alejar de sus
predios toda intención de cambio que afectara la ley implantada en su feudo.
El sindicato de contratistas nació el seis de mayo de 1977 durante una asamblea con
asistencia de medio millar de obreros agrícolas. En muy poco tiempo, el número de
afiliados subió a dos mil. La empresa explotadora de palma africana tiene a su cargo casi
a tres mil personas, pero solamente quinientas reciben prestaciones y garantías laborales.
40
Los demás son enganchados por medio de un calanchín. Si se enferman, son
eventualmente atendidos por un médico de la empresa, pero deben costearse las drogas.
Se alojan en casuchas mal construidas, lejos del trabajo; mal alimentados y están
sometidos también a la presión que ejerce la fuerza pública acantonada en la vecindad.
La jornada laboral comienza a las 5:00 a.m. y finaliza a las seis de la tarde; los
trabajadores tienen únicamente una hora para almorzar, cualquier persona que llegue a
trabajar a Indupalma recibe como salario setenta pesos. Cuarenta y Cinco de ellos son
para la comida, diez para pagar
el arriendo y el saldo restante para suplir las
necesidades familiares y demás. El desayuno del trabajador consiste en un huevo y un
café amargo. El almuerzo se basa en yuca, papa, plátano, un trocito de carne y de
pronto, un caldito, al capricho del dueño del ventorrillo. El menú de la comida es igual al
del almuerzo, y la rutina final se cierra cuando los trabajadores exhaustos buscan a
tientas sus camas, es decir, las tablas (Corresponsal Santander).
FUENTE: Alternativa No. 116. mayo 29 a junio 5 de 1977. Pág. 29.
El Sindicato de Indupalma se constituyó en un referente para la organización de otros
sindicatos del sector. En marzo de 1971 nace el Sindicato de Palmeros, en Palmas
Monterrey en Puerto Wilches, con asesoría de la USO y de FESTRA; ante el hecho, la
respuesta de las empresas es inicialmente represiva y se adelantan despidos y amenazas.
Años después, los trabajadores de palma africana de Wilches recibirán gran apoyo de la
población del municipio cuando en 1986 adelanten una huelga75.
En 1977, Indupalma experimentó una de las crisis más agudas de su historia. Después de
16 años de llevar a cabo la explotación de la palma africana y en medio de las tensiones
políticas y sociales del contexto colombiano, la entidad se vio obligada a enfrentar en
agosto de 1977 dos hechos que marcaron la trayectoria de su actividad industrial. El
primer suceso se originó cuando el sindicato se declara una huelga, debido a que las
directivas de la empresa se negaron a responder económicamente por los trabajadores
empleados por contratistas que desarrollaban gran parte de las actividades agrícolas de
Indupalma desde su fundación. El testimonio de un trabajador de Indupalma presenta las
condiciones infrahumanas que tenían que soportar los obreros a causa del abandono al
que eran sometidos por los directivos de la empresa y la ausencia de cualquier tipo de
política de seguridad social:
“Mire: en general, el trabajo de campo en estas empresas palmeras es
duro; exige un gran esfuerzo físico, ya sea para cortar racimos,
recogerlos del suelo y echarlos en la angarilla, o amontonar las hojas.
Las lesiones lumbares son frecuentes… Es un trabajo que se hace a
temperaturas que pasan de los 35 grados centígrados… Con mosquitos,
abejas, avispas… Con culebras… Cuando uno se chuza con las espinas
del racimo, es dolorosísimo. La cortada de una rama que cae, es como
una cortada de machete… Y si a todo eso usted le añade que ni siquiera
le reconozcan lo que le corresponde legalmente, que tenga que trabajar
sin los elementos de seguridad mínima y que le paguen mal, mientras
otros viven muy bien, tiene el caldo de cultivo de una gran rebeldía.
Eso pasó en Indupalma en los setentas”76.
75
VARGAS VELÁSQUEZ, Alejo. Colonización y conflicto armado. Op. cit., p.171, 232
Testimonio de Fernán González, recogido del texto ECHEVERRI, Jorge. Apuntes para la siembra de un sueño.
Universidad de los Andes, 2002. p. 4.
76
41
Por otra parte, un grupo armado con actividades en todo el Magdalena Medio y el
departamento del Cesar irrumpió en las plantaciones de la empresa ocasionándole
problemas a los trabajadores y algunos administrativos de Indupalma, en un período
coyuntural en el que la administración de la institución estaba negociando la convención
colectiva de trabajo con el sindicato. El proceso de negociaciones se entorpeció por este
fenómeno, puesto que existían rumores sobre la complicidad entre el grupo armado y los
directivos de Indupalma.
La negociación entre el sindicato de trabajadores y los directivos de la empresa colapsó
en poco tiempo. Frente a la negativa de las directivas de incluir dentro de los acuerdos la
solución a la problemática de los trabajadores empleados por contratistas, el sindicato
convocó a una huelga el 13 de agosto de 1977, la cual contó con el apoyo de USITRANS,
movimiento sindical que abanderó la lucha de los trabajadores de palma africana desde
los inicios del sindicato.
En el amanecer del 13 de enero de 1977, veinticinco sindicalistas de Utrasan anunciaron
el inicio de la huelga. Isaías Tristancho, uno de los principales líderes de la movilización
relata que, acompañado por otros directivos sindicales, “escucharon hacia las cinco y
media de la mañana un rumor sordo que dominaba todo y vieron venir centenares de
hombres. Ellos habían calculado que reunirían unos mil trabajadores, pero la cifra se
triplicó en pocas horas, con la llegada de familiares y amigos”. El primer día y su noche
transcurrieron en medio de la tensión producida por la presencia del ejército y la
posibilidad de un enfrentamiento entre la fuerza militar y los huelguistas. Al segundo día
fueron detenidos tres de los dirigentes de Utrasan, entre ellos al propio Tristancho,
porque salieron a San Alberto a buscar comunicación con Bucaramanga77.
“El miércoles 17 de agosto a las 0 horas se agotó la paciencia de los 2.500 trabajadores
de la Industrial Agraria La Palma Indupalma. De poco o más bien de nada les valió haber
solicitado un investigador del Ministerio de Trabajo, quien aunque estuvo presente y
rindió un informe que mostraba claramente las irregularidades y los atropellos que la
empresa comete con sus trabajadores, fue un informe desconocido por este Ministerio.
(...) el solo hecho de haber creado el sindicato motivó el despido de 90 trabajadores, por
parte de la empresa, contando con el visto bueno del Ministerio de Trabajo. La razón que
adujo el gobierno para no concederle personería al sindicato de trabajadores, fue la de
que “sus integrantes no son servidores directos de la empresa sino trabajadores a
contrato”. (...) Fueron estas arbitrariedades las que agotaron la paciencia de los
trabajadores de Indupalma y los llevó a declararse en huelga. Y como expresó Isaías
Tristancho, secretario de Utrasan, “aquí puede repetirse la Masacre de las Bananeras””78.
El crecimiento de Indupalma y la actividad Sindical en los años ochenta
La década de los ochenta se caracterizó por la irrupción del paramilitarismo en toda la
región del Magdalena Medio. No obstante, las circunstancias sociales, administrativas y
políticas difíciles que reinaron durante la década de los ochenta, Indupalma no sólo tuvo
un crecimiento económico muy importante, sino que siguió avanzando en muchos otros
frentes, como la empresa palmera líder en el país. Los cultivos crecieron hasta abarcar
8.000 hectáreas y la plantación mantuvo su productividad constante. En 1981 se iniciaron
los trabajos de ampliación de la planta extractora, que ganó capacidad para procesar 60
toneladas por hora79. Sin embargo, el auge en la producción de la palma africana se vio
diezmado por las precarias condiciones laborales de los obreros, quienes se veían
77
Ibídem.
“Indupalma. Se agotó la paciencia”. En Alternativa No. 128. Agosto 15 al 22 de 1977. p. 7
79
ECHEVERRI, Jorge. Op. cit., 2002.
78
42
obligados a trabajar más tiempo con un salario que no correspondía en nada a sus
esfuerzos. Durante los primeros años de la década de los ochenta las acciones de control
y represión sindical fueron ejercidas por la fuerza pública (policía y ejercito
principalmente) de la zona.
El 8 de enero de 1982 a las 9:00 a.m., el trabajador de base y antiguo miembro de la
junta directiva del sindicato de Indupalma, JESÚS MARIA GONZALEZ, fue detenido y
desaparecido por un suboficial del ejército en la enfermería de la empresa, ubicada en
San Alberto. Antes de su detención, Jesús María se encontraba esperando atención
medica en la enfermería pues se encontraba muy mal de salud. En ese instante se hizo
presente el militar y sin enseñar documento u orden de captura alguna aprehendió al
mencionado trabajador.
Posteriormente, el uniformado condujo a Jesús a su residencia, la cual fue allanada sin
autorización legal alguna. Una vez realizado dicho procedimiento, el detenido fue llevado
a las instalaciones de la base militar ubicada en cercanías de la empresa, y su vivienda
fue nuevamente allanada, esta vez sin su presencia, y sin testigos. A pesar de la grave
situación sufrida por Jesús González, esté alcanzó a avisarle a un compañero de trabajo
que le habían informado que iba a ser trasladado a la sede de la V Brigada en
Bucaramanga. Empero, cuando los directivos de Utrasan averiguaron por vía telefónica si
era cierto el traslado, un coronel de la misma institución manifestó “no tener
conocimiento alguno sobre el caso, ni orden alguna por parte de la Brigada para la
susodicha diligencia”. El paradero de Jesús aún es desconocido.
La persecución de la fuerza pública contra el gremio sindical de Indupalma se evidenció
con el asesinato, el 12 de abril de 1983, del líder sindical, SAUL VARGAS y la detención de
CARLOS MARULANDA, en manos de miembros de la policía de San Alberto.
A partir de 1988 se comienza a visualizar la participación de la estructura paramilitar en
la comisión de los crímenes; caracterizada por su actuación en los sectores rurales y con
la dinámica operacional propia de dichas agrupaciones. La victimización y represión hacia
el movimiento sindical fue conocida por el aumento de las agresiones hacia los
sindicalistas, poco tiempo después del crecimiento acelerado de sus miembros; las
agresiones más frecuentes eran el asesinato selectivo, la desaparición y la detención de
los lideres y miembros de la organización y el asesinato de obreros, ya fueran
sindicalistas o no. Este tipo de crímenes fueron perpetrados por los grupos paramilitares
como las modalidades predilectas de operación, buscando por medio de ello callar al resto
de la población trabajadora y frenar sus iniciativas reivindicativas.
El primer crimen fue dirigido contra la plataforma directiva del sindicato. El 14 de febrero
de 1988, el trabajador y dirigente sindical de Indupalma NEMESIO MACHUCA PAYAN fue
asesinado por desconocidos en un establecimiento de la cabecera municipal de San
Alberto. Menos de dos meses después, el 9 de abril de 1988, los trabajadores y miembros
del sindicato de Indupalma, JOSE FRANCISCO POLO VILLALOBOS, ARLEY BEDOYA, JOSE
FERNANDO BEDOYA y HUMBERTO MARTINEZ GUALDRON fueron asesinados por
paramilitares, también en las inmediaciones del municipio de San Alberto. Los
paramilitares llegaron a la sede social de SINTRAPROACEITES y dispararon contra todas
las personas que se encontraban en el lugar departiendo con sus compañeros y
familiares. Francisco Polo y Humberto Martínez murieron instantáneamente como
consecuencia de los disparos que les fueron propinados; doce personas más quedaron
gravemente heridas y poco tiempo después murieron José Ariel y José Fernando. La
intimidación a los trabajadores de Indupalma comienza a llevarse a cabo por medio de
43
ataques indiscriminados en lugares de reunión de los trabajadores, manifestando
claramente su operatividad.
El 28 de junio de 1988, el presidente del sindicato de trabajadores de Indupalma,
LAZARO HERNANDEZ fue desaparecido por unidades del ejército que lo detuvieron en
Bucaramanga.
En la sede social de SINTRAPROACEITES es asesinado otro trabajador perteneciente al
sindicato. El 24 de septiembre de 1988 es asesinado ANGEL DAVID CASTAÑO AGUDELO
de 35 años. Ángel recibió varios disparos de pistola 9 mm cuando se desplazaba por la
zona rural de San Alberto y falleció mientras era trasladado a Bucaramanga.
El 7 de octubre de 1988, el hijo de trabajadores de Indupalma, SANTIAGO ZAPATA, de 22
años, fue asesinado por un individuo que viajaba en el mismo bus hacia la población de
San Martín (Cesar).
Un nuevo asesinato se efectúa el 19 de diciembre de 1988. Ese día, el obrero y
sindicalista de Indupalma EMILTON RODRÍGUEZ RODRIGUEZ fue víctima de un atentado
en manos de desconocidos en el centro de San Alberto cuando se hallaba reunido con
unos compañeros de trabajo. Posteriormente, Emilton fue asesinado por dos
encapuchados que interceptaron la ambulancia donde era transportado hacia la ciudad de
Bucaramanga a causa de las graves heridas sufridas momentos antes. Una vez
interceptada la ambulancia, sus agresores se encargaron de rematarlo.
Cuatro días más tarde, el 23 de diciembre de 1988, fue asesinado otro dirigente del
sindicato de Indupalma cuando desconocidos irrumpieron en la residencia de JOSÉ
ANTONIO VEGA HERNÁNDEZ ubicada en el barrio La María de San Alberto y lo ultimaron
con 12 disparos. En el hecho también resultó herida su hija. La crueldad con la que fueron
cometidos estos dos crímenes expresa el afán paramilitar por eliminar a los sindicalistas
en cualquier momento y lugar.
A comienzos del año 1989 los trabajadores de Indupalma sufrieron el accionar de los
grupos paramilitares que hacían presencia en la zona: en su desempeño laboral eran
intimidados con amenazas y agresiones verbales, especialmente en las plantaciones; las
viviendas eran asaltadas por techos y puertas en búsqueda de personas cuyos nombres
aparecían relacionados en listas que según ellos eran de limpieza, muchos obreros eran
perseguidos mientras se transportaban hasta sus sitios de trabajo, y sus persecutores
dedicaban gran parte de tiempo a averiguar sus horarios, rutas y las placas de los
vehículos en los que se desplazaban hasta la empresa.
El mes de enero de 1989 representa para el sindicato ASINTRAINDUPALMA uno de los
meses más tristes de toda su historia. En el transcurso de este mes, el paramilitarismo
segó la vida de cuatro trabajadores asociados a dicho sindicato, lo cual fue percibido por
sus integrantes como una señal de alerta roja que les prevenía y avisaba sobre los
crímenes que se cometerían durante el resto del año. El 1 de enero de 1989, el
sindicalista PEDRO, fue asesinado de varios disparos propinados por desconocidos en el
barrio Veintitrés de Agosto de San Alberto, mientras departía con unos amigos en un
establecimiento público de la cabecera municipal.
Trece días después, el 14 de enero de 1989, a las 5:00 a.m., los obreros y sindicalistas
de Indupalma PEDRO PAEZ D. y SEFERINO CUADROS, fueron asesinados por
desconocidos, presumiblemente paramilitares. Pedro fue interceptado por estos, quienes
le dispararon mientras esperaba el transporte para ir a su trabajo. Seferino fue asesinado
44
de similar manera en un establecimiento público del centro del municipio. La cuarta
víctima de los paramilitares en este mes fue JOSE HOLMES ESTEBAN de 28 años, quien
fue ultimado de tres disparos el 29 de enero de 1989, cuando regresaba a su residencia
en San Alberto.
La persecución paramilitar cede un poco en el mes de febrero de 1989. Sin embargo, a
mediados del mes de marzo se reinician los asesinatos. El 18 de marzo de 1989 es
encontrado el cuerpo del obrero JUAN GIRALDO, quien había sido desaparecido un mes
antes, el 18 de febrero, en circunstancias desconocidas. El 12 de mayo del mismo año, el
obrero de Indupalma y afiliado al sindicato USITRAS NICOLAS DE JESÚS CIRO GIRALDO,
fue asesinado, en San Alberto, también en circunstancias desconocidas.
El 29 de agosto de 1989 es asesinado el presidente del concejo municipal de San Alberto,
obrero y sindicalista de la empresa Indupalma, JUAN DE DIOS RINCÓN GUERRERO de 40
años, quien murió a causa de 7 impactos de bala calibre 9mm, propinados por un
desconocido mientras se disponía a abordar un bus en el barrio Veintitrés de Agosto.
El último crimen contra los sindicalistas en el año 1989, tuvo lugar el 27 de noviembre,
cuando fue encontrado el cuerpo sin vida del empleado de Indupalma y sindicalista
HECTOR MARTINEZ, en la vía que de San Alberto conduce a La Palma. En el transcurso
del año, fueron asesinados dos sindicalistas en el barrio Veintitrés de Agosto, el cual se
constituyó como uno de los lugares estratégicos de acción de los grupos paramilitares.
La Persecución contra los Trabajadores del Sindicato de Indupalma en los años
noventa
El establecimiento de la regularidad represiva en torno a los trabajadores de la industria
de la palma configuró sus propias transformaciones; para principios de los noventa la
operatividad represiva no se alejó de la cabecera municipal; empero, sí varia a la
interceptación en vías intermunicipales o el obligar a salir a las personas de sus casas y
llevarlas a parajes apartados, como el caso del sitio denominado El Hoyo. Así mismo, el
exterminio de la organización sindical se convirtió en el mayor detrimento para la misma,
lo que no limitó sus acciones, ya que ante los actos intimidatorios contra el sindicato,
también se incrementan las acciones de resistencia y protesta del sindicato. No obstante,
frente a esta situación, la dirección de Indupalma no se inmutó, al parecer, eran los
únicos que no se daban cuenta de las condiciones deplorables en que se encontraban los
trabajadores.
A partir de mediados del noventa se enfatiza la represión en la fuerza de los grupos
paramilitares y el apoyo institucional, lo que a su vez define un carácter más político en
su objetivo. Dada la problemática situación política del país en este periodo, la
organización paramilitar comienza a señalar y escoger a sus víctimas sólo por simpatía
política, es así como los militantes de opciones políticas como la UP, que hacen parte
también de la empresa de la palma son estigmatizados y perseguidos.
Los crímenes contra los sindicalistas continúan en los primeros días del año 1990
haciendo de SINTRAINDUPALMA, afiliado a SINTRAPROACEITES, el sindicato más
perseguido en San Alberto. El 4 de enero de 1990, el obrero y dirigente sindical de
SINTRAINDUPALMA y SINTRAPROACEITES, AQUILES GUTIERREZ OCHOA de 24 años fue
desaparecido en compañía de su hijo JESUS EUDES GUTIERREZ, cuando estaban
visitando la finca La Carolina en zona rural de San Alberto.
45
Pocos días después, el 27 de enero de 1990, los obreros y sindicalistas de Indupalma y
socios de la Cooperativa de Servicios Múltiples de Trabajadores de Indupalma, COOPALMA
Ltda., LUIS FELIPE BLANCO VARGAS de 42 años y EPAMINONDAS BALZA ROMERO de 30
años, fueron asesinados por desconocidos que se movilizaban en una camioneta cuando
se encontraban en el corregimiento La Palma, municipio de San Alberto. En los hechos
resultaron heridos otros dos trabajadores.
El 17 de febrero de 1990, el sindicalista de la Asociación de Trabajadores de la Industria
de la Palma, ASOTRAINDUPALMA, SIGIFREDO RODRIGUEZ, fue asesinado en Cáchira, por
dos desconocidos que se movilizaban en una moto, en el momento en que se
transportaba en un vehículo desde el municipio de San Alberto.
El 4 de marzo de 1990, PABLO EMILIO CARDENAS fiscal de SINTRAPROACEITES y su
cuñado ALVARO MORA, trabajador de base afiliado a ASINTRAINDUPALMA, fueron
asesinados cuando se desplazaban de San Alberto a la ciudad de Bucaramanga. Sus
cuerpos aparecieron en la población de Chimitá, con visibles muestras de tortura e
impactos de bala en la cabeza. Unos días después, el 15 de marzo de 1990, AUGUSTO
MALDONADO y GONZALO BLANCO, dirigentes políticos y trabajadores de base afiliados a
ASINTRAINDUPALMA, fueron asesinados por sicarios cuando se dirigía a su casa en el
barrio Primero de Mayo, en el municipio de San Alberto80.
Los familiares y allegados a los trabajadores de SINTRAINDUPALMA también sufrieron las
consecuencias de la persecución estatal y paraestatal hacia esta organización sindical. El
24 de junio de 1990 en horas de la noche, el campesino ISRAEL AYALA de 41 años y su
hijo SANTOS AYALA TRIANA de 19 años, fueron asesinados y un CONDUCTOR de 31
años, resultó herido poco tiempo después de salir de la sede de Indupalma, donde
visitaban
a varios familiares. De tal manera, en el primer semestre del año 11
sindicalistas de Indupalma fueron asesinados por paramilitares en dicha localidad.
Dos meses después, el 16 de agosto de 1990, el trabajador y sindicalista de Indupalma,
OLIVERIO MONSALVE, fue asesinado cuando se dirigía a su casa en la población de San
Rafael, en zona rural de San Alberto. La mayoría de los trabajadores de Indupalma
asesinados durante este período eran ultimados al dirigirse desde su lugar de trabajo
hasta sus viviendas.
Mientras los campesinos se movilizaban y emigraban masivamente, como consecuencia
de la violencia en la región, los sindicalistas y dirigentes de diversos grupos sociales eran
reprimidos y asesinados. El 23 de octubre de 1990 fueron asesinados tres sindicalistas
campesinos en San Alberto, Cesar81. Por tales hechos, los 400 trabajadores del sector
palmicultor al que pertenecían los trabajadores, los gremios comerciales y del transporte
dieron inicio a un paro indefinido, como forma de demostrar su inconformidad ante la
situación. El primer asesinato se presentó a las 9:30 de la mañana del 24 de octubre,
cuando el vicepresidente de la ANUC-UR, ISIDORO ANGULO, salió en su bicicleta en
dirección a la parcela La Carolina, siendo detenido en el trayecto del camino por sicarios
que lo balearon. El cuerpo de Angulo fue encontrado por sus propios familiares, a las 6:00
de la tarde en el área rural del municipio.
Hacia las cinco de la tarde tuvo lugar el segundo asesinato. A 15 kilómetros de San
Alberto, dos trabajadores de Indupalma que se dirigían con otras CUATRO PERSONAS
hacia el corregimiento de La Llana, fueron detenidos por un grupo de ocho hombres
80
Organización de Estados Americanos. Segunde Informe sobre la situación de Derechos Humanos en
Colombia. Marzo de 1994. p. 6.
81
El Espectador, 26 de octubre de 1990. p. 4.
46
encapuchados, quienes los balearon y huyeron con rumbo desconocido82. Los hombres
asesinados fueron PABLO GONZALEZ y el conductor del vehículo en el que se
transportaban, JOHN JAIRO GOMEZ RUEDA, quienes fueron obligados a descender para
ser asesinados posteriormente, a las demás personas que se movilizaban con ellos no les
sucedió nada. Los trabajadores de Indupalma y de otras fincas aledañas dedicados al
cultivo de la palma, denunciaron el hecho a los organismos de derechos humanos y la
comunidad internacional. Un vocero del sindicato de ASINTRAINDUPALMA, responsabilizó
del crimen a las bandas paramilitares. Son por lo menos veinte los activistas del sindicato
de Indupalma asesinados entre febrero de 1988 y finales de 1990. Esto sin contar los
familiares de las víctimas que resultan heridos en esos ataques83.
A principios de enero los trabajadores adscritos a SINTRAPROACEITES denuncian la
Convención Colectiva aprobada años atrás, llevando al sindicato a firmar una nueva
Convención en abril de 1992 en donde disminuían los derechos y garantías de los
trabajadores argumentando la necesidad de racionalizar los recursos de la empresa para
evitar su liquidación, parte del texto acordado es el siguiente:
“Constituyó mutuo propósito de las partes, para convenir todos y cada
uno de los puntos materia de negociación, el garantizar la subsistencia de
la institución empresarial como fuente de trabajo, optimizando el uso de
los recursos de los cuales la Empresa dispone... con el firme propósito de
disminuir costos innecesarios, racionalizar el uso de todos los recursos de
la Empresa y garantizar la productividad y eficiencia en todas las labores,
en orden, se reitera, a preservar una fuente de trabajo que es medio de
subsistencia para los trabajadores, sus familias, y todo el núcleo social
ubicado en el nororiente Colombiano.” 84.
A pesar de las múltiples concesiones que otorgó el sindicato, los crímenes y asesinatos se
siguieron registrando a lo largo de todo el año 1991. El 22 de enero de 1991, el
subdirector administrativo de Indupalma, FRANCISCO AGAMEZ LEAL, fue asesinado al
recibir disparos de pistola calibre 9mm propinados por 3 paramilitares en San Alberto.
Francisco era uno de los líderes sindicales involucrados en las negociaciones entre la
empresa y el sindicato que se estaban efectuando desde una semana antes de su muerte
y en las que aún no habían podido establecer ningún acuerdo.
El 3 de marzo de 1991, ALVARO RAMIREZ, de 37 años, fue encontrado asesinado con dos
impactos de bala, en la Inspección departamental Portugal, municipio de Lebrija. Álvaro
vestía un pantalón caqui con un letrero de la empresa y tenía un alambre en la mano.
En el mes de abril de 1991 fue asesinado el presidente del sindicato de
ASINTRAINDUPALMA, conocido como uno de los líderes políticos más importante del sur
del Cesar. El 18 de abril de 1991, el presidente del Sindicato de Trabajadores de
Indupalma, presidente de la Junta Directiva de SINTRAPROACEITES y militante del
movimiento político Esperanza, Paz y Libertad, JOSE MANUEL MADRID, fue asesinado por
dos hombres que le propinaron 3 disparos en momentos en que departía con varios
amigos sindicalistas, en un billar de San Alberto. Anteriormente José Manuel había
recibido varias amenazas de muerte. Algunos testimonios de sus allegados indican que
82
Ibídem. p. 4.
Comisión Andina de Juristas–Seccional Colombia. “Estudio sobre Derechos Humanos en el Magdalena
Medio”.. Pág. 60-61. En: AMERICAS WATCH. La violencia Continúa. Asesinatos políticos y reforma institucional
en Colombia. p. 42.
84
Convención Colectiva de Trabajo celebrada entre Indupalma y Sintraproaceites, 1991-1992, Preámbulo. p.4.
83
47
José Manuel primero fue desaparecido y luego asesinado, y su cuerpo fue encontrado en
las afueras de San Alberto, por lo que no se han podido establecer con claridad las
verdaderas condiciones de su muerte. Aunque no se identificaron responsables, la autoría
es presumiblemente de paramilitares85. Con su muerte se le asestó un duro golpe a al
organización sindical; sin embargo, las reivindicaciones y demandas del gremio no
cesaron.
El 2 de diciembre en 1991, el trabajador y sindicalista de Indupalma, ALIRIO MUÑOZ, fue
desaparecido por dos hombres fuertemente armados quienes lo sacaron a la fuerza de las
instalaciones de la empresa y lo llevaron en un vehículo al sitio conocido como El Hoyo,
donde tres individuos lo esperaban en otro automotor obligándolo a subir en éste, luego
partieron con rumbo desconocido por la vía que de San Alberto conduce a San Rafael;
hasta el momento no se sabe nada sobre su paradero.
El mes de enero de 1992 fue un período de tensa calma para los trabajadores del
sindicato de Indupalma. Esta situación cambió el 23 de febrero de 1992, cuando el
trabajador de Indupalma, JAIRO DIAZ CRUZ, fue encontrado asesinado en un paraje
solitario, en la vía que de Girón conduce a Lebrija. El cuerpo de Jairo fue reconocido por
sus familiares en la morgue de la ciudad de Bucaramanga, en donde se había reportado
como N.N
El 2 de mayo de 1992 fue asesinado el dirigente sindical de Indupalma, JUAN RIVERA
CARO, junto con otro HOMBRE que lo acompañaba. Los dos hombres murieron a causa de
varios disparos de arma automática, en el sur del Cesar. Al día siguiente, el 3 de mayo, el
sindicato tuvo noticia del asesinato del jubilado y ex miembro del Sindicato Nacional de
Trabajadores de la Industria del Cultivo y Procesamiento de Aceites y Vegetales,
SINTRAPROACEITES, PEDRO ANTONIO MARIN, cuya muerte fue atribuida a desconocidos.
Otra víctima de SINTRAPROACEITES fue JOSE DE JESÚS SANABRIA, quien fue asesinado
dos meses después del crimen de Pedro Antonio, el 4 de julio de 1992. José de Jesús fue
interceptado por desconocidos cuando transitaba por la vía al corregimiento La
Pedregosa, en San Alberto. El 27 de agosto de 1992, el obrero y miembro del Sindicato
de SINTRAPROACEITES, WENCESLAO MARIN GOMEZ fue asesinado por desconocidos
frente a su residencia en el Corregimiento La Pedregosa en San Alberto. Los tres
miembros de SINTRAPROACEITES fueron asesinados en menos de tres meses.
Los hostigamientos y agresiones contra los obreros agremiados de la industria palmera se
reanudaron a finales de 1993, período en el cual se establecieron nuevas negociaciones
entre las directivas de Indupalma y los trabajadores quienes cesaron sus actividades por
más de 55 días. El 24 de octubre de 1993, el trabajador y sindicalista de Indupalma,
DONALDO CAMARGO MONTEALEGRE de 27 años, fue asesinado por varios hombres
mientras estaba en el bar Calisari en el corregimiento La Palma, en San Alberto. Por esos
días los trabajadores de la empresa estaban en período de discusión de su pliego de
peticiones y adelantaban una huelga que duró 55 días. El día anterior, en este municipio
se había presentado un combate en el que un presunto guerrillero había muerto. En la
región, reiteradamente fue denunciado el accionar de grupos paramilitares.
A partir del año 1994, incursionaron varios grupos paramilitares en el departamento del
Cesar, respaldados por las autoridades militares y financiados por los terratenientes de la
región. De tal manera se inició una época de permanente violación a los derechos
85
Jorge Orlando Melo, consejero presidencial para los Derechos Humanos. Carta dirigida a Americas Watch, el
12 de agosto de 1991. Citado en Americas Watch. La Violencia Continúa. Asesinatos Políticos y Reforma
Institucional en Colombia. pp. 41.
48
humanos caracterizada por gran cantidad de masacres, asesinatos, torturas, amenazas,
atentados y desplazamientos masivos de la población campesina.
El año 1995 representó uno de los períodos con mayor cantidad de CLH contra los
trabajadores y sindicalistas de Indupalma y la empresa Palmas del Cesar. En 1995, el ex
trabajador de la empresa Indupalma JOSE DANIEL MARIN, fue desaparecido y asesinado
por desconocidos.
El 14 de enero de 1995, el sindicalista y trabajador de Indupalma
JOSEFITO FLOREZ, fue desaparecido por desconocidos en San Alberto.
Josefito salió de su casa rumbo a su sitio de trabajo en San Rafael, en
un puesto de vigilancia de Indupalma. Al día siguiente, sus familiares
que se hallaban preocupados porque Josefito no había regresado el día
anterior, se dirigieron a las instalaciones de la empresa para solicitar
información, pero no obtuvieron ningún dato. Posteriormente los
directivos de la empresa reportaron que lo habían tenido trabajando
hasta el día 15 de enero a las 2:00 p.m. Poco tiempo después la familia de Josefito fue
desplazada por la masacre de La Llana del 22 de abril de 1995.
El 14 de mayo de 1995, el sindicalista de Indupalma, ELKIN ADOLFO RIOS VERA de 22
años, fue asesinado por dos hombres que le dispararon con un arma calibre 9mm cuando
departía con algunos amigos en un establecimiento público de San Alberto.
El 11 de junio de 1995, el concejal del municipio por el movimiento Unión Política Cívica,
UPC, y reconocido dirigente sindical de SINTRAPROACEITES, CESAR HUMBERTO
ALMENDRALES PABUENA de 43 años, fue asesinado y un HOMBRE fue herido por un
sicario en un establecimiento público de San Alberto. El desconocido se acercó a Cesar
Humberto y le disparó a quemarropa cinco impactos de pistola calibre 9mm en momentos
en que departía con unos amigos en el establecimiento público Los Troncos. En los
últimos ocho días fueron asesinados en este municipio dos concejales de la UPC. Voceros
de este movimiento político, por estos hechos fueron sindicados como autores de los
crímenes grupos paramilitares, aunque otra fuente señala como responsables a policías
vestidos de civil.
El 2 de junio de 1995, el concejal de San Alberto, miembro de la Unión Patriótica,
trabajador de Indupalma y afiliado a SINTRAPROACEITES, ROBERTO ARDILA de 40 años
fue asesinado por dos paramilitares en la calle 1ª E carrera 34, en el barrio Primero de
Mayo en San Alberto. Los paramilitares se movilizaban a pie y le propinaron tres impactos
de bala a Roberto en la cabeza, con un arma de fuego de corto alcance, cuando el
dirigente sindical se dirigía hacia su residencia luego de cumplir su jornada laboral. Con
este caso ascienden a 30 los asesinatos de empleados de Indupalma en los últimos nueve
años y a tres los concejales asesinados en 1995 en el sur del Cesar. Tal parece que
Roberto figuraba en las llamadas “listas negras”. USITRAS, repudió el hecho mediante un
comunicado en donde afirman: “es indudable que los asesinos hacen parte de las bandas
de paramilitares que pululan en la región y que se han ensañado contra los trabajadores
de Indupalma, integrantes del sindicato y gentes del pueblo”. Otra versión de los hechos
indica que los asesinos en realidad eran policías vestidos de civil.
El 21 de junio de 1995, el ex concejal del municipio de San Alberto por la Alianza
Democrática M-19 y reconocido dirigente sindical de Indupalma, JOSE ISIDORO
SEPULVEDA MENDOZA de 35 años, fue asesinado de disparos propinados por
paramilitares armados, quienes lo obligaron a bajar del vehículo en el que se desplazaba
a la altura del caserío El Barro, zona rural de San Martín.
49
El mes de agosto de 1995, se caracterizó por la persecución paramilitar desmedida hacia
los trabajadores y sindicalistas de Indupalma y SINTRAPROACEITES. El accionar de dichos
grupos estuvo marcado por la irrupción de un número considerable de sus integrantes, en
las viviendas y sitios de trabajo de sus víctimas para, acto seguido, capturarlos y
asesinarlos. El 3 de agosto de 1995, el activista sindical y ex trabajador de la empresa
Indupalma, FREDDY ANTONIO VERGEL TORRADO de 29 años, fue asesinado por 10
paramilitares en el almacén de materiales de Coomultrasán en San Alberto.
Los paramilitares, que vestían prendas militares y portaban armas de largo alcance,
llegaron al almacén donde trabajaba Freddy Antonio, ubicado a una cuadra del cuartel
policial, lo llamaron y cuando él trató de esconderse en la bodega le propinaron una
ráfaga de fusil Galil. Los desconocidos preguntaron por otros trabajadores que se vieron
obligados a desplazarse por las continuas amenazas contra su vida. Durante esa
temporada se estaban llevando a cabo las negociaciones del pliego de peticiones, motivo
por el cual se incrementaron las presiones y los hechos de violencia en contra de los
trabajadores y la organización sindical por medio de hostigamientos, amenazas y
desapariciones, entre otros.
Ese mismo día, 3 de agosto de 1995, el trabajador de la empresa Indupalma, FLORO
CASTRO, fue desaparecido, torturado y asesinado en San Alberto. Unos diez integrantes
del grupo paramilitar Autodefensas Campesinas de San Alberto, irrumpieron en la
vivienda de Floro en el barrio Arévalo, aledaño al barrio Primero de Mayo; se entraron
por el techo y se lo llevaron con rumbo desconocido. Los paramilitares vestían prendas
militares y portaban armas de largo alcance. El cuerpo de Floro apareció rociado con
ácido en el sitio Vijagual, zona rural de La Esperanza (Norte de Santander).
El caso de Tomas Cortés Ortega
El 16 de agosto de 1995 hacia las 11 p.m., el obrero de la empresa INDUPALMA, dirigente
del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria del Cultivo y Procesamiento de
Aceites y Vegetales, SINTRAPROACEITES, y militante de la UP, TOMAS CORTES ORTEGA
de 33 años, fue desaparecido por más de 20 paramilitares. Esa noche, los paramilitares,
que vestían trajes camuflados de uso privativo del ejército llegaron hasta la vivienda de
Tomás en el barrio Primero de Mayo; ingresaron por el techo y la puerta, tiraron al piso a
la esposa, amarraron de pies y manos al dirigente popular y lo subieron a una camioneta
blanca con carrocería de estaca.
Los agresores antes de huir, saquearon todo objeto de valor que encontraron en la
residencia, desde electrodomésticos hasta objetos de uso personal y luego rociaron
gasolina e incendiaron la vivienda, en presencia de la esposa de Tomás y sus hijos, entre
ellos una niña de cinco años. Finalmente, le dijeron a la esposa “se queda en la casa y no
le da información a nadie. Hágalo por sus hijos y si no también regresamos por ellos.
Somos las Autodefensas Campesinas del Cesar”.
En la huida los paramilitares retuvieron a un grupo de estudiantes del Colegio
Nacionalizado que regresaban de sus clases en la jornada nocturna, entre los que se
encontraba HERMES CASTILLO. Los estudiantes fueron obligados a permanecer tendidos,
con la cara pegada al piso, mientras increparon, con calificativos humillantes para los
hombres y con frases y caricias lascivas para las mujeres. Según testigos, los
paramilitares “apartaron del grupo a una de las estudiantes, a quien violaron en un paraje
aledaño. Luego, atacaron y robaron a los celadores de la empresa Indupalma e
incendiaron la vivienda de un ex trabajador que fue encontrado asesinado después y
50
dispararon contra la sede de la Junta de Acción Comunal del barrio Primero de Mayo”.
Antes de llevarse a Tomás, los paramilitares habían buscado a otros dos dirigentes
sindicales y al no encontrarlos, saquearon e incendiaron sus viviendas. A pesar de que
todos los testimonios de los pobladores coinciden en que los paramilitares que se
identificaron como Autodefensas Campesinas del Cesar, cometieron la desaparición de
Tomás Cortés, el teniente Suárez, comandante del puesto policial, dijo que “por la forma
de actuar, yo creo que fue la guerrilla. Especialmente ese grupo Claudia Isabel Escobar
del ELN, que es el que está actuando por aquí”.
FUENTE: Carta de denuncia dirigida por el Sindicato nacional de Trabajadores de la
Industria del Cultivo de aceites y vegetales Sintraproaceites a Sintrainagro el 8 de
septiembre de 1995.
El 22 de noviembre de 1995, los obreros de la empresa Indupalma e integrantes del
Sindicato SINTRAINDUPALMA, SIXTO CAICEDO BELEÑO de 24 años y ESTEBAN ARNULFO
ORTIZ de 41, fueron encontrados asesinados con señales de tortura en la vereda Jauja,
corregimiento La Llana. Los obreros habían sido sacados de su trabajo por paramilitares.
Otra fuente indica que “en esa sección de territorio municipal operan grupos paramilitares
que han desplazado a la subversión del ELN, promoviendo además una guerra contra
campesinos, sindicalistas y dirigentes de izquierda”. Desde 1988 hasta la fecha, han sido
asesinados 53 trabajadores de Indupalma86.
El 24 de noviembre de 1995 a las 12:30 de la tarde, fue asesinado el personero municipal
JORGE ENRIQUE LEON CHAVEZ de 41 años y herido un HOMBRE, ingeniero civil por
disparos propinados por cuatro hombres que irrumpieron en el restaurante de nombre
Tres Pollos en zona rural.
Tres días antes Jorge Enrique, había denunciado “la conformación de grupos de
autodefensas privadas que estaban asesinando a los sindicalistas de Indupalma”, luego
del crimen de dos dirigentes sindicales, quienes presentaban señales de tortura. Según el
alcalde, Jorge Enrique estaba adelantando algunas investigaciones sobre presuntas
irregularidades cometidas en la Alcaldía por anteriores administraciones. La fuente agrega
que “la clase dirigente de la ciudad” responsabilizó a “las mismas fuerzas `oscuras' que
han asesinado en los últimos 10 años a 54 sindicalistas de Indupalma” y desaparecido a
otros cuatro.
El exterminio contra los miembros de SINTRAINDUPALMA continuó durante 1996.
Voceros del sindicato denunciaron que en San Alberto existía “una violencia encarnizada
contra sindicalistas, dirigentes y miembros de los partidos políticos de izquierda”87. El 3
de enero de 1996, el enfermero de la empresa Indupalma JOSE RAMIRO TOBON
GIRALDO de 45 años, fue asesinado de cuatro disparos propinados por varios hombres
armados, quienes llegaron hasta la enfermería de la empresa.
El 29 de marzo de 1996, el dirigente del Movimiento 19 de Abril, M-19, MARCOS
VASQUEZ, que se había desempeñado hace varios años como vocero del sindicato
palmífero, fue desaparecido, torturado y asesinado cuando se movilizaba de los campos
de producción de Palma Africana, hacia San Alberto; fue llevado a la fuerza por el grupo
paramilitar que opera en zona rural de San Martín, bajo las órdenes de un sujeto que
llamaban Chucky en zona rural de San Alberto. Marcos fue encontrado asesinado el 31 de
86
87
Boletín informativo Justicia y Paz, Volumen 8. Número. 4. Octubre – Diciembre 1994. p. 13.
Boletín Informativo Justicia y Paz, Volumen 9. Número 1. Enero – Marzo 1996.
51
marzo en el corregimiento Líbano, su cuerpo presentaba varios impactos de bala, señales
de tortura y le sacaron los ojos.
Dos meses más tarde, el 24 de mayo de 1996, los sindicalistas de la empresa Industria
de la Palma, GUSTAVO AGUILAR ROA de 24 años y JOSE DEL CARMEN FUENTES
CAICEDO de 23 años, fueron asesinados por varios hombres fuertemente armados que
irrumpieron en el bar La Comparsita.
El 26 de octubre de 1998, fue asesinado el obrero y presidente del Sindicato de la
Industria de la Palma, JAIRO CRUZ, en manos de varios hombres armados que lo
interceptaron, cuando se dirigía hacia su lugar de trabajo, en una motocicleta. Los hechos
se produjeron en el corregimiento La Palma a 5 kilómetros. El asesinato del sindicalista es
el segundo hecho de la misma naturaleza que se presentó en el departamento y se
produjo mientras se desarrollaban las conversaciones entre sindicatos y el gobierno
nacional para dirimir el Paro Nacional Estatal. Asimismo, Jairo fue el segundo presidente
del SINTRAINDUPALMA asesinado por paramilitares en menos de tres años.
En el siguiente recuadro se presentan los casos de CLH perpetrados contra los
trabajadores de Indupalma en periodo de 1988 – 1998, de acuerdo al año, municipio y
tipo de agresión:
52
ZONA V, 1988-1998
MIEMBROS DE INDUPALMA VICTIMIZADOS SEGÚN MUNICIPIO
MUNICIPIO
CACHIRA
Total CACHIRA
SAN ALBERTO
Total SAN
ALBERTO
Total
AGRESIÓN
Asesinato
Asesinato
Desaparición Forzada
Torturas o tratos
crueles
88
89
8
6
90
1
1
10
1
91
92
93
1
1
2
1
94
95
96
98
3
1
2
1
1
1
8
8
6
6
Total
1
1
34
4
1
11
2
2
1
1
5
2
1
39
12
2
2
1
1
5
2
1
40
FUENTE: Base de datos Proyecto CNM
Como lo evidencia la información contenida en el recuadro anterior, para principios de los
90, el exterminio de la organización sindical aumentó, más sin embargo, esta situación no
limitó sus acciones, por el contrario se incrementaron las iniciativas reivindicativas del
sindicato a la par que también se incrementaban las acciones intimidatorias, lo que
conllevó a que durante el transcurso de la década de los 90s se presentará un total de 41
casos de CLH contra los trabajadores agremiados en Sintraindupalma. La mayoría de
estos crímenes fueron perpetrados en el municipio de San Alberto, donde se manifestó
con mayor contundencia el accionar paraestatal contra los obreros de la industria de la
palma.
La persecución a los gremios sindicales del sector palmero no afectó solamente a los
trabajadores de Indupalma. La intransigencia patronal y los crímenes a cargo del
paramilitarismo se dejaron sentir en contra de los empleados y trabajadores de la
empresa Palmas del Cesar, ubicada entre los municipios de San Martín y Aguachica. Entre
1990 y 1998, 17 trabajadores de la empresa mencionada fueron victimizados por las
estructuras paramilitares y el ejército, como se evidencia en el siguiente aparte.
Crímenes contra los Trabajadores de Palmas del Cesar
La persecución a los gremios sindicales del sector palmero no afectó solamente a los
trabajadores de Indupalma. También, la intransigencia patronal y los crímenes a cargo
del paramilitarismo se dejaron sentir en contra de los empleados y trabajadores de la
empresa Palmas del Cesar, ubicada entre los municipios de San Martín y Aguachica.
El 27 de abril de 1990, la trabajadora de la empresa Palmas del Cesar NIDIA TOBON, fue
desaparecida por 4 hombres que portaban armas de corto y largo alcance, y se
movilizaban en una camioneta Chevrolet Luv en zona rural de San Alberto. Nidia era
conocida en la región como una importante líder de los trabajadores de la palma.
El 14 de noviembre de 1993, GONZALO CAMPOS y GREGORIO URIBE, trabajadores de la
empresa Palmas del Cesar y el campesino ADOLFO QUIÑONEZ, fueron asesinados por
unidades del batallón de Contraguerrilla No. 27 Coronel Rogelio Correa Campos, en
momentos en que realizaban un negocio en una finca en la vereda Villa Pinzón,
Inspección de San Rafael de Chucurí, del municipio de Barrancabermeja. Los militares al
ver a los trabajadores, que estaban allí para realizar un negocio de un inmueble les
53
dispararon en forma indiscriminada. Posteriormente, fuentes militares registraron la
muerte de tres guerrilleros en combate, dentro de los que se encontraban los dos
trabajadores, pero otras fuentes precisaron más tarde que dicho enfrentamiento nunca
existió y que las víctimas fueron asesinadas en estado de indefensión.
El 26 de julio de 1994, el empleado de la empresa Palmas del César, GUSTAVO PRADA
MUÑOZ de 28 años, fue asesinado por un desconocido que le disparó en múltiples
ocasiones, cuando departía con varios amigos en un kiosco en San Martín. El día 31 de
julio fueron asesinados otros 6 trabajadores de la misma empresa, al parecer por
paramilitares que actúan frecuentemente en la región. Para tal fecha fue denunciado el
accionar de grupos paramilitares y se presentaron enfrentamientos entre la fuerza pública
y la guerrilla en todo el Sur del Cesar.
Días después, el 31 de julio, los trabajadores de la Empresa Palmas del Cesar, JOSE DEL
CARMEN RUIZ de 28 años, JOSE BUITRAGO ZABALA de 38 años, WILLIAM YARURO de 23
años, MANUEL FIGUEROA de 50 años, ALCIDES PAEZ TARAZONA de 30 años, RODRIGO
CARMONA CAMAO de 25 años, fueron asesinados en el corregimiento Minas por un grupo
de paramilitares armados de fusiles, pistolas y radios de comunicación y vestidos unos de
civil, otros con prendas militares, algunos encapuchados y algunos con pañoletas de la
Brigada Móvil No. 2 en San Martín. El último crimen de ese año fue cometido el 30 de
diciembre de 1994, cuando fue desaparecido y asesinado en circunstancias desconocidas,
el sindicalista y ex trabajador de la empresa INDUPALMA, ISMAEL PRADILLA, en un lugar
no precisado.
El 5 de septiembre de 1994, el trabajador temporal y sindicalista de Palmas del Cesar
JOHN JAIRO SOLANO, fue desaparecido después de ser retenido por una patrulla militar y
llevado a la finca Riverandia, de propiedad de los Rivera, financiadores de grupos
paramilitares en el municipio de San Martín. Al día siguiente en la mañana lo llevaron al
casco urbano siete uniformados y lo pasan por la calle 5ª, por frente de la policía para
dirigirse finalmente a la mencionada finca, cercana a una base del batallón de
Contraguerrilla No. 27, Rogelio Correa Campos. Al día siguiente los familiares acudieron a
la base y allí no lo encontraron. El Comandante le dijo a una familiar que la iba a
demandar por calumnia; la amenazó y le pidió el nombre para entablar la demanda.
Desde entonces se desconoce el paradero y estado de Solano. Se trato de establecer a
través de una fotografía de un cuerpo NN, con señales de tortura y arrojado al río Lebrija,
si podía ser la víctima. El levantamiento de este cuerpo se llevó a cabo en cercanías de la
Base Morrison de Aguachica, en un sitio arenoso cerca al río mencionado.
El 11 de diciembre de 1994, LUIS FRANCISCO TARAZONA LEAL, trabajador de la empresa
Palmas del Cesar de 30 años, fue asesinado por un desconocido que se le acercó y le
propinó 2 disparos, mientras se encontraba departiendo con un AMIGO que resultó
herido, en un establecimiento público ubicado en la Avenida Quebradaseca entre carreras
15 y 16 de Bucaramanga. Por estos hechos un celador de la empresa SEVICOL, fue
detenido, como autor material. Es de reseñar que en los últimos meses de 1994, varios
obreros de la empresa Palmas del Cesar habían sido asesinados.
El 9 de octubre de 1995, en horas de la madrugada, el obrero de la empresa productora
de aceite comestible Palmas del Cesar, PABLO OSORIO de 46 años, fue asesinado por
ocho paramilitares encapuchados que vestían uniformes de uso privativo de las Fuerzas
Militares y camisetas de color negro, quienes lo sacaron a la fuerza del campamento de la
empresa en zona rural de San Martín. Las informaciones que responsabilizan a
paramilitares agregan que estos se movilizaban en una camioneta blanca con carrocería
de estaca, la cual al parecer es el mismo automotor en el que incursionaron un par de
54
meses atrás en San Alberto, en donde quemaron tres casas y secuestraron al dirigente
TOMÁS CORTÉS, de quien no se volvieron a tener noticias. Los responsables también
llevaron a cabo las desapariciones de tres hombres que residían en el corregimiento La
Pedregosa y el municipio de La Esperanza, a comienzos de octubre. Dos de ellos fueron
hallados muertos en los campos de Aguachica.
AGUACHICA
En la década de los noventa Aguachica fue atacada por el Grupo Paramilitar denominado
AUTODEFENSAS CAMPESINAS DEL SUR DEL CESAR, quienes fueron los responsables de
23 desapariciones forzadas realizadas de 1991 a 1993. Los paramilitares operaban a
veces en grupos pequeños vestidos de civil que se movilizaban en camperos y a veces se
presentaban en numerosos grupos armados uniformados con prendas militares. Llevaban
el nombre de las victimas en un papel y las retenían extrayéndolas por la fuerza de su
casa o de establecimientos públicos a plena luz del día. Los cuerpos de los retenidos eran
encontrados días después en lugares solitarios.
Entre los detenidos y sindicados en el municipio de Aguachica durante 1972 se
encuentran ELIAS JOSE AWAD MAESTRE, diputado de la Alianza Nacional Popular, ROQUE
ANTONIO PINTO QUIÑÓNEZ, el campesino y militante político ELEUTERIO ORTIZ ORTIZ y
el empleado RAFAEL GARCIA OJEDA. Roque Antonio se encontraba en su casa cuando
llegaron dos agentes de policía y dos personas de civil lo llevaron a las instalaciones del
F-2. Ese mismo día fue remitido al batallón Ricaurte en Bucaramanga, donde fue
encerrado en un calabozo, vendado, sometido a intensos interrogatorios durante tres días
y torturado mediante choques eléctricos, sobre todo en los testículos, lo cual le causó
trastornos físicos, también fue privado de alimentación y colgado a una viga por varias
horas.
CRISTO ANTONIO CASTILLA MENDEZ y EVANGELISTA ORTEGA RODRÍGUEZ, miembros
de un partido político, fueron detenidos y posteriormente asesinados por unidades
militares en 1977. Así mismo, GILBERTO SANCHEZ MONDRAGÓN fue detenido y sindicado
el 8 de febrero de 1977 y ARMANDO GUERRERO, en 1978 fue detenido y luego asesinado
por el B-2. Este mismo año fue asesinado por miembros de la policía el estudiante
ADALBERTO ALVEAR NAVARRO. Este asesinato originó una airada protesta de la población
por lo que el gobierno municipal se vio obligado a decretar el toque de queda en todo el
municipio.
Además del asesinato de EUSEBIO CAICEDO por un autor no identificado, el año de 1979
reitera en este municipio la modalidad de detenciones acompañadas de torturas: el 25 de
agosto de 1979, el campesino y sindicalista ALVARO LOPEZ RAMIREZ fue detenido y
torturado por miembros del ejército adscritos a la V Brigada. Durante su detención,
Álvaro fue sometido a aislamiento e incomunicación, torturas psíquicas y físicas mediante
colgadas, golpes, plantón y se le mantuvo vendada la cara. Posteriormente fue trasladado
a la cárcel de Bucaramanga.
El 6 de octubre 1979, RAMON PINO fue detenido con limitación de garantías procesales
por la policía. De igual manera, el 20 de octubre de 1979, el comerciante ELIAS JOSE
AWAD MAESTRE fue detenido y torturado por el ejército. Luego de la detención fue
sindicado, procesado, condenado y torturado mediante aislamiento e incomunicación,
amenazas, golpes, plantón, privación de alimentos, torturas psíquicas y vendas en la
cara. Inicialmente fue trasladado a Socorro (Santander) y posteriormente a
Bucaramanga. Elías José ya había padecido esta situación años antes, en 1972, cuando
55
fue sindicado de ser guerrillero por miembros del batallón La Popa y Ricaurte en este
mismo municipio.
Hacia mediados de la década de los ochenta, las dinámicas criminales sufren una
radicalización, al ampliar su modalidad represiva al asesinato; así lo evidencian los
siguientes cuatro casos. El 25 de enero de 1982, el dirigente de la USO JAIME CASTILLA
los Sindicalistas de la (USO) HERNANDO LANDAZABAL y WILSON HERNANDEZ fueron
detenidos por miembros del ejército. El 26 de mayo de 1982 IVAN AREVALO VASQUEZ y
JAVIER CARVAJALINO TRILLOS fueron detenidos por la policía, posteriormente Iván fue
asesinado y Javier desaparecido. ORLANDO ESPAÑA fue detenido, torturado y asesinado
por los miembros de una patrulla de carabineros, el 28 de enero de 1983, los
uniformados también atentaron contra la vida del HERMANO de Orlando, quien logró
escapar a pesar de tener las manos atadas, lanzándose por un barranco. El 2 de agosto
de 1984, TOBIAS VILLEGAS MARRIAGA fue detenido y torturado por agentes de policía
del F-2. Entre los torturadores, Tobías identificó uno de apellido Vásquez.
El accionar del grupo “Terminator”
El grupo Terminator nace en la segunda mitad de la década de los ochenta con el fin de
asesinar a todas las personas que según ellos se dedicaban a negocios ilícitos, o
pertenecían a sectores marginados de la población. La idea de este grupo armado era
hacer una “Limpieza Social” en el municipio de Aguachica y de esa manera conseguir “el
orden”, ya que, según su versión, la policía y demás organismos no eran capaces de
hacerlo. También cometieron crímenes contra otros sectores organizados de la región
durante éste mismo período de tiempo.
Sus crímenes quedaron en la impunidad y nunca se detuvo a alguno de sus integrantes, a
pesar de que en el pueblo existe una base militar y una estación de policía. De esta forma
se estableció el primer Escuadrón de la Muerte en el Sur del Cesar, cuya pretensión era
vender la idea de aniquilar a las personas que estaban por fuera de la sociedad para así
presentarse como los defensores de la moral y las buenas costumbres, y obtener la
protección de los pobladores del municipio y la aceptación de sus propósitos.
Lo numeroso, distintivo y perverso de sus crímenes, tienen como objetivo amedrentar a
sus víctimas con rituales violentos, como de propinarles un disparo en la frente y dos a la
altura del pecho a todas sus víctimas, o la de mutilarlos y dejar sus cuerpos
despedazados por el río Magdalena; también la utilización de las masacres, que se
implementó a nivel nacional como la articulación entre la coerción oficial y la paraestatal.
Con ese tipo de acciones, los grupos paramilitares establecen un orden de cosas en el
cual las personas que no participan en los procesos productivos o cuyo modo de vida no
es aceptado por todos, deben ser aniquiladas. Lo anterior se ratifica en un comunicado
del año 93 del grupo Toxicol-90: “eliminar y erradicar, por cualquier medio toda clase de
elementos no aptos para convivir en sociedad, como son atracadores, raponeros,
marihuaneros, bazuqueros, etc. Es de amplio conocimiento que debido a la justa y
honesta labor realizada por los compañeros de Terminator en Aguachica y Mano Negra en
Bucaramanga (...) el objeto de realizar humanas prácticas de aseo(...)también
aplicaremos justicia popular a los abogados especializados en defender escorias
humanas”88.
88
Amnistía Internacional. Violencia política en Colombia, mito y realidad. Madrid: EDAI. 1994. p. 21.
56
Estas prácticas buscan degradar la condición humana y volver a personas marginadas de
la comunidad objetos deleznables, listos para ser dispuestos por “las fuerzas del bien y el
orden”. No importa que de esa manera se esté restringiendo a la comunidad política y se
vele la verdadera respuesta a los problemas sociales, pues la eliminación de los excluidos
no es la solución, ya que tarde o temprano aparecerán de nuevo. Un grupo paramilitar
como el comentado, muestra una vez más la iniquidad del Estado colombiano, que
prefiere guardar silencio ante la muerte de los pobres que enfrentar el problema con
transformaciones efectivas.
Los primeros casos que registra el accionar de Terminator, aparecen a mediados de los
ochenta y se caracterizan por su excesiva violencia; las prácticas de terror realizadas por
este grupo, se manifiestan a través del tratamiento ultrajante a sus víctimas y el
deplorable estado en el que luego se encuentran sus cuerpos:
El 10 de agosto de 1985, JOSE ROJAS TRILLOS fue asesinado en Aguachica. José fue
decapitado, su cuerpo se encontró atado a estacas y su cabeza fue enviada a un
reconocido hampón de esta región. El macabro grupo paramilitar que había sido creado
días atrás venía amenazando de muerte a todos aquellos que participaran, según ellos,
en actividades ilícitas. El comandante de la policía informó que habían encontrado más de
DIEZ CUERPOS decapitados, torturados, atados a estacas o maniatados.
En diciembre de ese mismo año, VEINTICUATRO PERSONAS fueron asesinadas por este
mismo grupo paramilitar en cercanías de Aguachica. Los cuerpos fueron encontrados
flotando en aguas del río Magdalena y según informe de la policía no fue posible su
identificación.
El 11 de enero de 1986 CUATRO PERSONAS más fueron torturadas y asesinadas por el ya
mencionado grupo paramilitar. A las víctimas les fueron quemadas las manos y las
plantas de los pies y les propinaron un disparo en la cabeza y otro en cada una de las
tetillas. En el piso fue dejado un letrero que decía “Extorsionistas Terminator”. Según
informes policiales, en la anterior semana habían recogidos diez cuerpos en similares
circunstancias.
Apenas una semana después, el 18 de enero, JORGE EMIRO ORTEGA CONTRERAS y LUIS
EDUARDO PRADA MEZA se encontraron asesinados. Los cuerpos estaban atados y
amordazados. El comandante de la policía de la localidad expresó que desde su aparición
este grupo ha asesinado a más de 100 personas, cuyos cuerpos eran dejados con un
disparo en la frente y dos en el pecho a la altura de las tetillas.
El 24 de agosto de 1986, un HOMBRE fue asesinado de un disparo en la frente y dos en el
pecho. Ese mismo día, en San Alberto, RODRIGO PIMIENTA CUELLAR de 29 años, fue
asesinado de la misma manera.
Dos casos más, esta vez a manos de unidades de la policía, cierran el registro para el
municipio de Aguachica en el segundo semestre de 1986. El 6 de julio, el delincuente
NORBERTO SANTANA, miembro de una pandilla que se hacían pasar por miembros de las
FARC para cometer extorsiones y otros delitos, fue asesinado por unidades de la policía y
el 22 de noviembre siguiente, PEDRO JOSE CACERES de 24 años y LUIS FERNANDO
MORENO VERGEL de 32 años, fueron detenidos por la policía en el casco urbano acusados
de extorsión y de pertenecer a las FARC. Este caso evidencia la connivencia entre agentes
estatales y paraestatales en operaciones de “limpieza”, para solucionar los problemas de
pobreza e inseguridad de la región. A los casos de responsabilidad militar debe sumarse
57
la desaparición por parte de las fuerzas militares de GERMAN ALVAREZ POVEDA el 8 de
enero de 1987.
A partir de 1988 los paramilitares extienden sus acciones a otros sectores de la región.
Así, el 2 de octubre de 1988, el ex concejal por el Partido Liberal MANUEL SOLANO
VERGEL fue asesinado por desconocidos.
El 12 de noviembre de 1989 hacia las 11:30 de la noche, los campesinos JORGE
CAVIEDES QUINTERO, y los tres hermanos CIRO ORLANDO, WILSON y VICTOR DEL
CARMEN PORTILLA BLANCO, fueron asesinados por un grupo de sujetos armados que
irrumpieron en un velorio que se efectuaba en el corregimiento Norean. Los hombres
preguntaron por otras 11 personas que traían en una lista.
1990
El 10 de febrero, los campesinos y hermanos RODOLFO HERRERA de 30 años y MANUEL
HERRERA de 33 años, fueron encontrados asesinados en el corregimiento Norean.
El 9 de julio, un JOVEN de 16 años, conocido como “Comerrata” quien al parecer era jefe
de una banda de delincuentes comunes, fue asesinado en circunstancias desconocidas.
El 12 de agosto de ese mismo año, el campesino NELSON FUENTES AFANADOR de 47
años, fue torturado y asesinado por miembros del batallón de infantería No. 15
Santander, en la vereda Purosaltos. Cuatro días después, el 16 de agosto, se realizó una
toma a la alcaldía municipal por parte de aproximadamente 800 campesinos que
protestaban por el asesinato de Nelson.
El 13 de septiembre, el empleado y administrador de la finca El Cairo, JOSE DEL CARMEN
HOYOS REYES de 32 años, fue asesinado de varios disparos propinados por hombres que
a bordo de una camioneta incursionó en la finca ubicada en la vereda El Juncal.
El 19 de octubre, en el sitio La Tubería, ubicado sobre la vía que conduce al municipio
Gamarra, se encontraron los cuerpos sin vida de los campesinos FERNANDO ROMERO
RODRIGUEZ de 20 años y SIGIFREDO BAUTISTA ALVAREZ de 23 años. Las víctimas
presentaban señales de tortura y estaban maniatados con alambre.
Días después, el 21 de octubre, entre las 11 a.m. y 12 m., los obreros ANGEL DAVID
MARRIAGA QUIÑONEZ de 30 años y JOSE JOAQUIN PEREZ de 35 años, fueron torturados
y asesinados por miembros de la SIJIN en la vía a Puerto Mosquito.
El 15 de noviembre, el ganadero HORACIO OROZCO SEPULVEDA, fue asesinado de 17
disparos propinados por dos hombres que se movilizaban en moto, cuando transitaba en
su vehículo por la calle 2° con carrera 29.
El 14 de diciembre, los cuerpos de los jóvenes RAMON QUINTERO AVENDANO de 23 años
y CARMEN AIDE GUTIERREZ SUTA de 15 años, fueron encontrados en predios de la
hacienda Cabezas sobre la vía a Bucaramanga. Según la fuente, la víctima era un joven
desempleado asesinado por miembros de la Sijín.
1991
El 4 de marzo en horas de la mañana, el campesino HUMBERTO MOLINA de 23 años, fue
desaparecido en circunstancias desconocidas luego de salir de la finca La Argentina.
58
El 1 de mayo, el cuerpo de un HOMBRE fue encontrado en el casco urbano de con varios
impactos de bala calibre 9 mm.
El 2 de junio de ese mismo año, el comerciante RAFAEL RAMIREZ NUNEZ de 46 años de
edad, fue asesinado por dos hombres que se movilizaban en una motocicleta de alto
cilindraje en el barrio Idema.
Tres días después, el 5 de junio, el cuerpo de un HOMBRE de 25 años, fue hallado con 3
impactos de bala en la cara y amordazado, en el sitio conocido como El Faro, en la vía
que conduce al municipio de San Martín.
El 12 de junio, los líderes comunales de Aguachica VICTOR ANGARITA GUERRERO de 45
años y GEORGINA BARBOSA DE SAN JUAN de 43 años, fueron asesinados por varios
individuos armados que irrumpieron en la vivienda de uno de ellos.
El 17 de julio, el vigilante del hospital local WILLIAM SARABIA LUNA de 26 años y el
soldado MARCOS CARDENAS URIBE, fueron asesinados y herida otra PERSONA, por
varios individuos que les dispararon cuando se encontraban en el establecimiento público
llamado El Dragón Rojo.
EL 30 de julio, los cuerpos de los hermanos RAUL BENAVIDEZ MOLINA de 26 años y
JOSE TRINIDAD BENAVIDEZ MOLINA de 39 años, fueron encontrados en avanzado estado
de descomposición, en el sitio denominado La Morena. Los hermanos habían desaparecido
8 días antes, cuando fueron sacados por varios individuos armados, de la finca Bellavista,
ubicada en el corregimiento de Montecitos del municipio de Río de Oro, de propiedad del
padre de las victimas.
El 21 de agosto de ese mismo año, UN HOMBRE sin identificar fue encontrado asesinado
junto con WILLIAM PEDROZA de 18 años. Los cuerpos fueron encontrados en la vía que
conduce al municipio de San Martín. William había sido obligado a abordar un vehículo
por varios hombres armados, quienes se lo llevaron con rumbo desconocido. En ese
momento William se encontraba con su tío Honorario San Juan en el parque cementerio
Antrópolis. La esposa de Honorario, la dirigente comunal Georgina Barbosa de San Juan,
había sido asesinada el 12 de junio anterior
El 17 de octubre, en la vereda Las Piñas, se encontró el cuerpo sin vida del campesino
JOSE DEL CARMEN SANTANA de 29 años que presentaba varios impactos de bala. El día
anterior había sido sacado a la fuerza de su residencia por un grupo de hombres
encapuchados.
El 24 de noviembre, HONORIO SAN JUAN, fue desaparecido luego de que varios hombres
armados lo obligaron a salir de un negocio de billares, donde se encontraba con unos
amigos, lo subieron a un campero y se lo llevaron con rumbo desconocido. Como
antecedente, su madre Georgina Barbosa de San Juan, había sido torturada y asesinada
en junio del mismo año, ella era dirigente comunal, y su padre fue desaparecido desde el
21 de agosto.
El 28 de noviembre, el jornalero ISIDRO BADILLO LOZANO, fue detenido y torturado por
miembros del batallón Santander, acantonados en la Base Militar Morrison en el
corregimiento Norean. Isidro fue detenido en un operativo desarrollado por el ejército
desde la vereda Norean hasta La Morena, y posteriormente llevado a la base militar,
59
donde fue interrogado y torturado, con patadas, culatazos, puños y choques eléctricos. Al
día siguiente fue dejado en libertad al no ser reconocido por ninguno de los soldados.
Actuaciones Judiciales
La Procuraduría Delegada para la Defensa de los Derechos Humanos inició
investigación bajo el radicado Nº 008-119860-1991. El 16 de abril de 1993 decidió
archivar el expediente por “falta de mérito” para continuar la investigación, a
pesar de que algunos testigos vieron golpeado a Isidro el día de su liberación,
esta declaración no fue tomada en cuenta por el ente disciplinario.
1992
El 24 de enero, los campesinos y hermanos MIGUEL ANGEL CAMACHO GUALDRON de 20
años, OLIVA CAMACHO GUALDRON de 28 años, y el obrero GILBERTO CORREA AGUILAR
de 26 años, fueron asesinados en el interior de la clínica Alto Prado. Ese día varios sujetos
encapuchados que se movilizaban en una camioneta e ingresaron al centro hospitalario
asesinando al convaleciente y a sus dos acompañantes. Los habitantes de la región
responsabilizaron del hecho a grupos que “pretenden sembrar terror en la región”. En la
clínica se recuperaba Miguel Ángel de unas heridas causadas en un ataque realizado por
varios hombres armados durante el entierro de un hermano.
El 6 de febrero, el comerciante JUAN ALBERTO ALSINA QUINTERO de 30 años, fue sacado
de la heladería Fortuty por hombres encapuchados, posteriormente se encontró su cuerpo
con el estómago abierto y 5 impactos de bala en el río Magdalena cerca a la vía que
conduce al municipio de Gamarra.
El 8 de marzo, la maestra de la escuela del corregimiento Cerro Bravo y delegada de la
Registraduría Nacional, PATRICIA TORRADO ROJAS de 24 años de edad, fue asesinada de
disparos propinados por un individuo que en horas de la noche irrumpió en su casa
ubicada en el barrio Maria Eugenia.
El 8 de septiembre, el vendedor de rifas, LUIS ALIRIO SANCHEZ de 24 años, fue
encontrado asesinado en la vía al Corregimiento La Morena, zona rural.
Un día después, el comerciante GILBERTO CARVAJAL SOTO, el trabajador de la salud
PRUDENCIO JOSE PAEZ PIZARRO y PRUDENCIO JOSE PAEZ PIZARRO, fueron detenidos
por varios hombres armados que con lista en mano iban verificando sus nombres; al día
siguiente, fueron encontrados sus cuerpos en la vereda El Limoncito en la vía al
Corregimiento Buturama en zona rural del municipio.
El 23 de septiembre, dos HOMBRES y una PERSONA, fueron encontrados asesinados e
incinerados, en el sitio conocido como La Tubería en zona rural del municipio. El 24 de
septiembre siguiente, los cuerpos de otras TRES PERSONAS más fueron encontrados en el
corregimiento Loma Corredor.
El 19 de noviembre en horas de la madrugada, LILIA NELLY SANCHEZ SEPULVEDA de 27
años, el campesino CELSO PLATA PABON de 21 años y el conductor JORGE ORLANDO
TABAREZ de 20 años, fueron asesinados por varios hombres que se movilizaban en un
vehículo mientras departían en el estadero La Baranda. En la región actúan bandas
60
paramilitares y también es escenario de enfrentamientos entre el ejército la Brigada Móvil
No. 2 y la guerrilla.
El 15 de septiembre, el ex-diputado y luego presidente de las ferias de Aguachica
ALFONSO MORENO SANABRIA de 42 años, fue asesinado en la finca La Isla ubicada en la
vereda La Vuelta de la Oreja por seis hombres fuertemente armados en circunstancias
desconocidas.
EL 19 de diciembre, el concejal liberal RAMON DE JESUS RESLEN PIÑERES de 43 años,
fue asesinado de 9 disparos propinados por dos individuos cuando se dirigía a visitar a un
colega en el barrio La Esperanza.
1993
Este año, LUIS ENRIQUE LOPEZ, fue asesinado por miembros de la Armada Nacional, por
haber reconocido a un narcotraficante conocido como “Fortich”, quien tenía vínculos con
el Director de Inteligencia de la Armada coronel Rodrigo Alfonso Quiñónez Cárdenas.
El 28 de febrero a las 5:30 a.m., el pastor evangélico NOE FLOREZ ANGARITA de 42
años, fue asesinado de dos disparos en la cabeza propinados por varios hombres que
llegaron hasta su casa en la vereda Caracol “diciendo que eran miembros de las
autoridades y necesitaban practicar una requisa”.
El 16 de marzo, ISMAEL CASTRO BALLENA de 25 años, fue asesinado por tres hombres
encapuchados y armados que incursionaron en el hospital donde estaba recluido en
Aguachica. Ismael se encontraba recluido en el hospital como consecuencia de un
atentado sufrido en el mercado público de la población. Los hombres encerraron al
celador, a las enfermeras y a una hermana de Ismael en un cuarto contiguo tumbaron a
la víctima de la cama y en el suelo le dispararon en reiteradas ocasiones.
El 18 de marzo de 1993, el abogado SAMUEL EDUARDO RIOS QUINTERO, fue asesinado
por desconocidos. El Colegio de Abogados Litigantes de Aguachica rechazó el hecho, por
ser reflejo de actitudes de “justicia privada desacatando la autoridad legítima”.
El 28 de marzo, en inmediaciones del predio La Platanera, ubicado en el corregimiento El
Limoncito, se encontraron los cuerpos sin vida de los campesinos WILLIAM PALACIO
ROPERO de 22 años, EDUARDO PALACIO ROPERO de 33 años y EMILIO PALACIO
ROPERO, todos hermanos; y DAEL JULIO SANCHEZ de 44 años, quienes el día 25 habían
sido violentamente sacados por desconocidos de una vivienda situada en el barrio Veinte
de Enero, y obligados a subir a un vehículo. En este suceso desaparecieron otros dos
miembros de la familia Palacio Ropero: JOSE MANUEL PALACIO ROPERO de 24 años y
JORGE MANUEL PALACIO NAVARRO de 54 años, padre de los mencionados. A finales de
1992 se presentaron en la zona muchos casos de similares características, de lo cual se
denunció el accionar de grupos paramilitares.
En septiembre varios hombres incursionaron en la residencia del comerciante GUILLERMO
DE JESUS RABE CASTAÑO de 38 años en Aguachica y le dispararon dejándolo herido,
luego fue internado en el hospital de San Alberto, lugar donde intentaron rematarlo, por
tal razón se decidió trasladar a Guillermo a Bucaramanga pero varios hombres
interceptaron el vehículo en que viajaba desde San Alberto y finalmente, lo asesinaron el
11 de septiembre de 1993.
61
El 23 de noviembre en horas de la noche, el candidato liberal a la Cámara de
Representantes EMILIO ABUABARA NORIEGA de 34 años, fue asesinado y un CONCEJAL
del municipio que lo acompañaba, resultó herido, de seis disparos propinados por tres
hombres que los interceptaron cuando se encontraban en la carrera 51 con calle 5.
El 27 de noviembre, ESTHER MIRANDA RAMOS de 16 años, fue asesinada por dos
hombres cuando transitaba por una calle del barrio Las Acacias. Tres hermanos suyos
fueron llevados a la fuerza y asesinados en zona rural hacía algunos meses.
1994
Durante 1994, el municipio de Aguachica se encontraba bajo la alcaldía militar del Mayor
del ejército Jhon Carlos Vigoya Arango; esto sucede por “disposición presidencial que
ordenaba la sustitución de alcaldes de elección popular por militares nombrados por el
gobierno nacional, en aquellos municipios donde los alcaldes electos hubiesen sido
asesinados, amenazados o la situación de orden público revistiera una gravedad tal que
impidiera a los alcaldes electos el correcto desempeño de sus labores”.89 No obstante, el
pretendido orden público se desfigura con los crímenes que siguieron sucediendo por los
mismos organismos castrenses o por grupos paraestatales. Así, el 11 de enero en horas
de la noche, el concejal liberal ANGEL URIEL ISAZA SANCHEZ de 40 años, fue asesinado
de varios disparos de pistola calibre 9mm y escopeta calibre 12mm, propinados en
presencia de su esposa, por dos hombres armados que irrumpieron en su residencia
ubicada en el corregimiento San Andrés Totuma. Ángel Urial militaba en el movimiento de
Emilio Abuabara Noriega, aspirante liberal a la Cámara asesinado en octubre de 1993.
El febrero 20, el militar ROMAN HUGO GUERRERO NAVARRO de 18 años, JAVIER
GUERRERO NAVARRO y ELIECER ALBA GUERRERO, integrantes de una misma familia,
fueron asesinados por varios hombres que irrumpieron en su vivienda los sacaron a la
fuerza y los subieron a un vehículo en la vereda Barranca-Lebrija.
El 18 de mayo hacia las 8:30 a.m., WILSON SANCHEZ de 35 años y JORGE REYES
MOSQUERA de 25 años, fueron asesinados de disparos de pistola calibre 9mm propinados
por varios hombres, en el momento en que llegaron hasta la vivienda de Wilson ubicada
en la carrera 33 con calle 9. La ciudad se encontraba militarizada, pues ese día fue
emboscada una patrulla de la SIJIN, en la que murieron tres de sus miembros; al
parecer, el asesinato de Wilson fue cometido por integrantes del grupo UNASE. El mismo
día fue asesinado de 5 disparos el PROPIETARIO de una llantería, cuando se movilizaba
en bicicleta; le dispararon desde una motocicleta, en el cruce de la carrera 40 con calle
5ª.
El 19 de mayo hacia las 10 de la noche, la bebé LINDA STEFANI CUESTA FELIZZOLA, fue
asesinada durante un atentado a su PADRE, quien resultó herido de un disparo con arma
de corto alcance propinado por un desconocido, cuando tenía a la niña en sus brazos, en
el barrio Los Halcones. Otra fuente indica que, al parecer, el hecho fue cometido por
integrantes del grupo UNASE quienes sindicaron al padre de la niña de ser auxiliador de la
guerrilla.
El 1 de junio hacia las 9:15 p.m., el propietario de un taller de mecánica OSWALDO
BERTEL CACERES de 33 años, fue asesinado de 2 disparos que le propinaron 2 hombres
que se movilizaban en una motocicleta cerca al taller ubicado en la calle 3 con carrera 15.
89
Oficina Internacional de Derechos Humanos –OIDHACO-. El Sur del Cesar, la Provincia de Ocaña y el
Catatumbo: Un ejemplo de ofensiva paramilitar. Bruselas, abril de 1996. p. 12
62
Otra fuente indica que la población estaba militarizada por la posesión del Alcalde militar,
nombrado por el gobierno.
El 7 de junio, un HOMBRE, fue encontrado asesinado con siete impactos de bala calibre
9mm en diferentes partes del cuerpo, debajo del puente de la quebrada Buturama en
inmediaciones a la base militar Morrison.
El 29 de junio, en horas de la noche, los campesinos ISAIAS RAMIREZ DIAZ de 55 años e
ISAIAS RAMIREZ VARGAS de 20 años, fueron asesinados por integrantes de un grupo
paramilitar que les dispararon en varias ocasiones, en la vereda El Pescado, entre las
poblaciones de Aguachica y San Alberto. Esa misma noche los hermanos y campesinos
DIMAS BERMUDEZ de 30 años y GERMAN BERMUDEZ de 37 años, fueron asesinados por
integrantes del mismo grupo paramilitar que había dado muerte a los otros dos
campesinos. Los paramilitares iban vestidos con prendas militares, éstos irrumpieron en
la vivienda donde se realizaba una fiesta, sacaron a los hermanos y los fusilaron en
presencia del resto de personas en el corregimiento Puerto Patiño.
Al día siguiente, 30 de junio, en horas de la madrugada, los campesinos CIRO ALFONSO
CRUZ de 37 años y RAMON TORRES CARRASCAL de 56 años, fueron obligados por un
grupo de paramilitares encapuchados a salir de sus casas, para que subieran en un
automóvil que partió con rumbo desconocido; posteriormente fueron encontrados los
cuerpos de los labriegos en la vereda Márquez. Las víctimas fueron llevadas en un
campero rojo, sin placas, en el que se han perpetrado varias acciones en contra de la
población civil, por parte de efectivos del grupo UNASE. Según una fuente, la
responsabilidad de las muertes de Ciro y Ramón es de los paramilitares que vienen
operando en las poblaciones de San Alberto y Aguachica, quienes el día anterior
asesinaron a dos campesinos en el corregimiento Patiño de la misma población y otros
dos en el corregimiento Líbano de Aguachica.
El 11 de julio, en horas de la madrugada, el trabajador de un aserradero JAIME ENRIQUE
DIAZ PAVA de 36 años y el trabajador informal SALVADOR LEON REYES de 30 años,
fueron asesinados de disparos de pistola calibre 9mm propinados por desconocidos luego
de salir de una fiesta y dirigirse hacia sus casas en la calle 6 con carrera 19.
El 19 de julio, los campesinos ALVARO BOTELLO BUSTOS de 26 años, JAVIER
CONTRERAS BARON de 20 años y ADRIANO PORTILLO de 70 años, fueron asesinados por
un grupo de aproximadamente 20 paramilitares que portaban armas de largo y corto
alcance, algunos de los cuales vestían prendas militares, en el corregimiento Norean. En
el grupo iban unos encapuchados que hacia las 9 de la noche irrumpieron en el lugar y
obligaron a los pobladores a reunirse procediendo a robarles relojes, cadenas y dinero en
efectivo; posteriormente sacaron aparte a Álvaro y a Javier y los asesinaron en presencia
de los demás campesinos. La fuente indica que uno de ellos fue obligado a tomarse un
vaso de agua, según ellos, “para que no muriera con sed”.
Adriano fue asesinado en su vivienda por demorarse en cumplir la orden de salir con
rapidez, tumbaron la puerta del predio y le dispararon, al marcharse los paramilitares
amenazaron a los pobladores diciéndoles “que si querían denunciar lo hicieran, que más
se demoraban en denunciarlos que ellos en darles muerte; después los mandamos a
dormir”. Cerca del lugar de los hechos había un retén y un puesto provisional de la
Brigada Móvil No. 2, y poco después del hecho, circuló por el corregimiento un tanque de
guerra del ejército.
63
El 20 de agosto, los campesinos RAMIRO JACINTO FERNANDEZ ROSSO de 34 años y
DIOGENES ALVAREZ RAMIREZ de 29 años, fueron asesinados por unos 30 hombres
encapuchados que vestían de civil, portaban armas de corto y largo alcance en el
corregimiento Pitalimón.
El 25 de agosto, YOLANDA ORTIZ de 40 años y un HOMBRE, fueron desaparecidos el
mismo día, después que un grupo de desconocidos fuertemente armados, los sacaron a la
fuerza de cada una de sus viviendas y se los llevaron en un vehículo con rumbo
desconocido.
El 5 de octubre, ARLEY CUISIDES PUENTES de 19 años fue asesinado de 4 disparos
propinados por un hombre armado, que irrumpió en su vivienda en el barrio Villamaría.
Al día siguiente, hacia las 7:10 de la noche, el celador de la escuela Urbana No. 2
MANUEL GUEVARA LOBO, fue asesinado por desconocidos que aprovecharon una
interrupción en el servicio de energía eléctrica en la escuela ubicada en cercanías a la
base militar Aguachica. Manuel había sido víctima de cuatro atentados, el último de ellos
cometido el pasado primero de junio.
El 7 de octubre, un HOMBRE que vestía una camisa de colores, blue jean y medias color
marrón, fue encontrado asesinado de tres disparos en la cabeza en la vía que conduce a
la vereda Las Piñas.
El 22 de octubre, la mesera BERTA MARIA RIVERA NAJERA de 21 años, fue encontrada
asesinada con un impacto de bala y a su lado se encontró una escopeta calibre 16 en el
interior del establecimiento llamado Bodega de la Frutera ubicado en la calle 5 No. 22-85,
en el cual laboraba.
La cárcel, lugar de represión
El 22 de noviembre de 1994 a las 2:00 AM, los reclusos de la cárcel municipal HERMES
JOSE ENRIQUE MOLINA, ALFONSO PAEZ VERGEL, OFIEL SANTIAGO QUINTERO, ALIRIO
VELASQUEZ PEREZ y URIEL BARBOSA, fueron asesinados y CESAR JULIO CRUZ
QUIÑONEZ, ALFREDO TARAZONA VILLEGAS y ELEDIS JOSE ROSADO TORRES, fueron
desaparecidos durante una incursión paramilitar en la cárcel de Aguachica en la que
participaron aproximadamente unos 30 hombres. Esa madrugada los paramilitares
llegaron armados con fusiles y armas cortas, algunos vestían prendas militares, los
rostros cubiertos con pasamontañas al penal y se presentaron como “la porquería del
ELN”.
Luego invitaron a los reclusos a salir, pero ante la negativa de los reclusos, ordenaron a
ocho de ellos acusados de delitos políticos y conexos identificados por medio de una lista.
Hermes Molina, fue asesinado de dos disparos de fusil al oponerse a la exigencia de salir
de su celda, posteriormente, se llevaron consigo a los otros siete reclusos. Los cuerpos de
cuatro de ellos fueron encontrados a la entrada de las fincas Perú y San Isidro, zona rural
de la población, con disparos de armas de diversos calibres en la cabeza. Se desconoce el
paradero de César Julio Cruz Quiñónez, Alfredo Tarazona y Eledis José Rosado.
Inicialmente las versiones oficiales responsabilizaron a la UC-ELN, pero pobladores y
organizaciones de la zona afirmaron que el hecho fue cometido por integrantes de grupos
paramilitares que actúan la región. De otra parte, se menciona que la ciudad estaba
militarizada, que los paramilitares se movilizaban en un camión y que permanecieron en
el penal hora y media; además, se asegura que a sólo cinco cuadras están ubicada una
64
base militar y el Quinto Distrito de policía y sin embargo pudieron huir con toda facilidad.
Los militares hicieron presencia en el lugar, sólo dos horas después de lo ocurrido. Ante
los hechos, el alcalde, Mayor del ejército John Carlos Vigoya Arango, manifestó: “El acto
de la cárcel no fue por descuido de los grupos militares, si se tiene en cuenta que la
misión de la policía y el ejército, no es la de controlar las cárceles”.
FUENTE: Oficina Internacional de Derechos Humanos –OIDHACO-. El Sur del Cesar, La
Provincia de Ocaña y el Catatumbo: Un ejemplo de ofensiva paramilitar. Bruselas, abril de
1996. p.13
El 27 de noviembre el ex concejal de filiación conservadora JOAQUIN FIDEL ROYERO
GUZMAN, fue asesinado de 13 disparos a quemarropa propinados por desconocidos en la
puerta de su residencia. El pasado 20 de mayo había renunciado a su curul por amenazas
contra su vida.
El 19 de diciembre, en horas de la madrugada, el campesino TRINIDAD URIBE SANCHEZ,
fue asesinado en circunstancias desconocidas. En tres días fueron asesinados en la
localidad y sus inmediaciones cinco hombres, a pesar de que ésta permanecía
militarizada.
Este mismo día, hacia las 11:20 a.m. CARLOS EMIRO SAN JUAN CARREÑO, fue asesinado
por dos hombres, en momentos en que echaba gasolina a su motocicleta en una estación
de Terpel en la carrera 40.
El 20 de diciembre hacia las 5:45 a.m., el comerciante de ropa JAIRO RAMOS LEON de 29
años, fue asesinado de 16 disparos de pistola calibre 9mm propinados por un desconocido
que se movilizaba en una moto frente al taller Los Amigos ubicado en la calle 4 con
carrera 18.
Horas más tarde ese mismo día, hacia las 6:45 de la noche, el conductor GUSTAVO PAVA
VILLEGAS, fue asesinado de varios disparos propinados por desconocidos en momentos
en que la localidad se encontraba sin fluido eléctrico en una vivienda ubicada en la calle 5
No. 5-17. En tres días fueron asesinados en la localidad y sus inmediaciones, cinco
hombres, a pesar de estar permanentemente militarizada, pues se han presentado
enfrentamientos con la guerrilla
El 21 de diciembre, el propietario de una distribuidora de carnes HECTOR ALFONSO
GALVIS CASTAÑEDA, fue detenido, torturado y asesinado, su cuerpo fue encontrado con
4 impactos de bala en la cabeza amordazado y maniatado, sobre la troncal de Caribe en
la vereda Las Piñas. El día anterior había sido sacado de su establecimiento, por cinco
hombres armados con fusiles Galil y que cubrían sus rostros con pasamontañas.
El 27 de diciembre, el niño JHONATAN LEON TORRES de 4 años, fue asesinado y su
PADRE fue herido, por varios disparos de armas de largo alcance propinados por varios
hombres contra el vehículo en el que se movilizaba junto con varios familiares en la
carretera troncal de oriente, a la altura del sitio conocido como La Curva del Diablo, vía al
corregimiento Puerto Mosquito, en jurisdicción de Gamarra.
1995
El alcalde de Aguachica, Luis Fernando Rincón López, asumió la administración del
municipio el 1 de enero de 1995, tras un período de alcaldía militar que –evidentemente-
65
no logró el mejoramiento de la situación de orden público en el municipio. Durante dicha
administración se llevaría a cabo, por primera vez, una consulta popular, para que los
pobladores sentaran su voz de protesta por la violencia que padecían a diario, en palabras
del alcalde “Es el pueblo mismo el que tiene que deslegitimar a los violentos y decir que
quieren la paz, que rechaza la violencia y que quiere un modelo de paz productivo,
tolerante y participativo desde el mismo gobierno”90 Sin embargo, frente a estos intentos
de frenar la represión, el panorama de este nuevo año no es alentador, así lo sustentan
los siguientes casos reseñados.
El 12 de enero en horas de la noche, el taxista JORGE LOBO NUÑEZ de 38 años, fue
asesinado de 3 disparos propinados por dos mujeres y un hombre en la carrera 38 con
calle 3, barrio María Eugenia. Los victimarios solicitaron el servicio de taxi a la altura del
Parque San Antonio con calle 5 y pidieron ser llevados al barrio María Eugenia en donde le
dispararon en momentos en que la víctima se disponía a darles las vueltas. En los últimos
meses se ha recrudecido la situación de violencia en este municipio.
La masacre de Puerto Patiño
El 15 de enero de 1995, los pescadores FERNANDO LOPEZ OSORIO de 20 años, JESUS
ROPERO de 22 años, JOHN HOYMAR BELTRAN GALVAN de 19 años, LIBARDO MONTALVO
PEREZ de 26 años, MIGUEL ANGEL CACERES PADILLA de 25 años, LORENZO PEDROZO
PADILLA, GEOVANNY GUZMAN PEREZ y LEON SALDAÑA, fueron asesinados y torturados y
JOSE TRINIDAD GALVAN URQUIJO fue desaparecido por un grupo de paramilitares que se
autodenominaron los “Caratapadas”, que contaban con el apoyo de miembros del
ejército, en hechos ocurridos en el corregimiento de Puerto Patiño.
Las víctimas se encontraban en una fiesta popular cuando, entre la medianoche y la 1:15
de la madrugada, cerca de 50 hombres encapuchados, vistiendo prendas de uso privativo
del ejército y portando armas de corto y largo alcance (pistolas 9 mm y fusiles Galil),
irrumpieron en las casetas “La Guapachosa” y “Los Charcos” cortando el fluido eléctrico,
obligando a patadas a la gente a tenderse en el suelo y con lista en mano fueron
llamando a cada una de las víctimas, llevándoselas a la fuerza con rumbo desconocido en
una camioneta Luv 350 cabina amarilla, un campero trooper verde y dos Toyotas. A José
Trinidad le decían “guerrillero hijueputa, estaba escondido acá granhjjueputa” y le iban
pegando patadas mientras lo sacaban de una pieza. Durante la retención, en los
alrededores de la población se encontraban varios hombres que impidieron que se diera
aviso a las autoridades militares acantonadas a sólo 20 kilómetros del lugar, irrumpiendo
en los billares “Sayuri” y tendiendo a la gente boca abajo sin llevarse a nadie de allí. Al
retirarse, los encapuchados amenazaron de muerte a las personas presentes si se
atrevían a salir antes de media hora. En el escape del lugar, los paramilitares pasaron
enfrente de las bases militares Morrison y de Aguas Claras, sin que fueran retenidos.
A Geovanny y Lorenzo los encontraron asesinados en la finca Los Rocheles, frente a la
finca de La Viuda Blanca. A Jesús, Jhon Hoymar, Libardo y Miguel fueron encontrados en
la quebrada La Guadua, cerca de la vereda Los Ángeles, en el caño conocido como La
Cristalina o La Mierda. El cuerpo sin vida de Fernando fue encontrado en el cementerio
junto con el de León, quién no era de la población ni estaba presente en la fiesta, por lo
que no pudo ser identificado en un principio.
Uno de los hombres que también había sido llevado con el grupo, Luis Alberto Reyes
Rodríguez, de 30 años, conocido como “Chiche”, apareció horas después en la población
90
El Colombiano. “Aguachica abre un camino de paz”. Julio 31 de 1995. p. 6A
66
con un arma al cinto y mucho dinero, eludiendo las respuestas de los familiares de las
víctimas, a lo que contestaba que ellos volverían “vivos, uno por uno”. Posteriormente la
gente de la población lo denunció ante el ejército como alguien relacionado con los
paramilitares, puesto que al momento de los hechos éstos le dijeron “hola palomita, al fin
te encontramos otra vez, desde que nos hiciste una cagaita grande”, “Nos traicionaste
Reyes, esta vez no te vas a escapar”, a lo que él imploraba por su vida. El ejército no lo
detuvo aduciendo que no tenían razón para capturarlo, y él se les ”voló” a los soldados
que lo vigilaban, sin que lo persiguieran. A partir del 18 de enero no se sabe su paradero.
Informes de inteligencia de la policía Judicial del Cesar señalaron al Mayor Jorge Alberto
Lázaro Vergel, comandante de la base militar de Aguachica, como el superior jerárquico y
asesor militar de los grupos paramilitares que operan en el Sur del Cesar, así como
directo responsable de la masacre. Al mando del grupo paramilitar que ejecutó la
masacre se hallaba Roberto Prada, fundador de los grupos paramilitares en el Sur del
Cesar. Junto con él actuaron alias “El Socio”, primer jefe militar del grupo de Juancho
Prada y comandante del operativo en que fue realizada la masacre; Luis Emilio Camarón
Flórez, alias “Vladimir”, primer jefe militar del grupo de Roberto Prada y segundo
comandante de este operativo; el ex militar conocido con el alias “Norris”, segundo jefe
militar del grupo de Juancho Prada; alias “Walter”, jefe del grupo paramilitar Huérfanos
de la Guerrilla; alias “Aldemar”, jefe del grupo paramilitar Los Motosierra; Bernabé Ríos,
alias “Tripa”; el paramilitar llamado Eduardo conocido como alias “Guerrero” o “Guerrillo”,
quién disparó sobre las víctimas; el ex soldado conocido con el alias “Garza”; los ex
soldados y hermanos Luis Antonio y Félix Capacho Durán, conocidos con los alias
“Calavera” y “El Tigre”, respectivamente; Horacio Riaño, alias “Juan Carlos”; alias “El
Abogado”; el paramilitar llamado Angelino conocido con el alias “El Abuelo”; alias “El
Muñeco”; y el ex militar conocido con el alias “El Gato”.
Las actuaciones que se llevaron a cabo por la masacre en las distintas instancias
judiciales, únicamente funcionaron para ocultar la verdad de lo sucedido y cubrir a los
responsables en un manto de impunidad. En cuanto la investigación penal ordinaria, el
Mayor Lázaro Vergel fue arrestado el 17 de marzo de 1995 después de que la oficina en
Barranquilla de la Fiscalía General de la Nación le dictara orden judicial de arresto.
Permaneció detenido en la V Brigada. Sin embargo, posteriormente fue puesto en
libertad, por vencimiento de términos. En tanto Roberto Prada fue arrestado en julio de
1996 siendo recluido en la cárcel y acusado por los cargos de homicidio y de formación de
grupos paramilitares.
La investigación penal militar fue asumida por el Juzgado 100 de Instrucción Penal Militar.
Luego de surtirse los tramites legales, el 3 de junio de 1996 el Comando de la V Brigada
dispuso cesar todo procedimiento a favor del Mayor Jorge Alberto Lázaro Vergel por "falta
de mérito" para convocar Consejo de Guerra. El Tribunal Superior Militar confirmó la
decisión y el proceso se archivó definitivamente. Varios testigos y declarantes dentro de
este proceso fueron amenazados de muerte.
Por último, la Procuraduría Delegada para la Defensa de los Derechos Humanos adelantó
investigación disciplinaria bajo el radicado 008-001131/1995, radicado al libro Nº 13 folio
5470, a la que fue vinculado el Mayor del ejército Jorge Alberto Lázaro Vergel. El 24 de
julio de 1996, se ordenó abrir investigación disciplinaria contra el Mayor del ejército Jorge
Alberto Lázaro Vergel, en condición de Comandante de la Base Militar de Aguachica por
auspiciar y promover grupos paramilitares y por omisión de sus funciones al permitir la
masacre de Puerto Patiño.
67
El 31 de enero de 1997 se profirió auto de cargos por los mismos hechos y el 6 de marzo
de 1998 sancionó al Mayor con destitución (Separación absoluta de las Fuerzas Militares)
como Comandante de la misma Base, pues “se encuentra plena prueba de la participación
y responsabilidad dolosa del Oficial Lázaro Vergel, en la conformación y auxilio al grupo
paramilitar en la matanza de siete pescadores y la desaparición forzada de otro (...)
fundamentada no en el simple hecho de manifestaciones de simpatía hacia estos grupos
por parte del Mayor Lázaro Vergel, sino en cuanto de sus propias expresiones se deducen
compromisos, conocimiento de las actuaciones criminales de los paramilitares y el control
que sobre ellos ejercía”. No obstante, el Procurador General de la Nación, Jaime Bernal
Cuellar, en resolución del recurso de apelación, revocó el 30 de octubre de 1998 el fallo
de la Delegada y decide absolver al sancionado al señalar que “fuera de los comentarios
que emitió el Mayor Lázaro Vergel, en favor de los grupos paramilitares, no existe ningún
otro hecho susceptible de comprobación que hipotéticamente hubiera podido revelar su
nexo con ellos”, a pesar de que la investigación se erigió sobre el testimonio del
Comandante de policía de Aguachica y sobre informes de la SIJIN y la DIJIN del
departamento del Cesar. Desconociendo estas pruebas la Procuraduría sostiene que no se
podía colegir “sin duda alguna, que realmente el funcionario investigado para la época de
los hechos promovía en la región grupos de justicia privada o paramilitares denominados
Los Caratapadas”; lo que daba paso a la aplicación del “in dubio pro disciplinado” al no
existir certeza de la responsabilidad de los cargos imputados al Oficial, y consecuente con
ello la absolución.
Esta masacre, como muchas de las que se han cometido en la zona V, tiene un fin de
represalia para comunidades que según los comandantes de las fuerzas militares son
colaboradores de la insurgencia. El informe de policía judicial señala directamente al
comandante de la base de Aguachica: “De otra parte altas y diversas fuentes de
información señalan al señor mayor del ejército nacional Jorge Alberto Lázaro Vergel,
comandante de la base Aguachica como directo responsable, organizador y ejecutor de
las acciones llevadas a cabo por este grupo utilizando para sus operaciones personal de la
base Morrison y del UNASE de Aguachica”.
Y es que al mirar la defensa del mayor Lázaro contra las acusaciones del comandante del
puesto de policía, del alcalde del pueblo y de su secretario de gobierno, la más excelsa
muestra de la lógica contrainsurgente y de la prelación de la seguridad nacional sobre la
seguridad de los ciudadanos, pues para él, el alcalde es una ficha de la insurgencia, y sus
acusaciones son producto de su antigua militancia en el M-19; de otro lado, según su
versión el ELN apoyó electoralmente al actual alcalde razón que lo lleva a decir en sus
declaraciones: “Él ganó con los votos que le dieron la vereda la Yeguerita, Cerro Redondo,
Cerro Bravo, que es donde están los campamentos del ELN, ganó por 350 votos y yo tuve
informaciones de que en él su campaña política estuvo reunido con la guerrilla en esos
sitios, por lo cual esa era la preocupación de él, porque si no le cumple al ELN ya sabe lo
que le viene encima”.
Nuestra explicación es que la conexión paramilitar-militar muestra de manera
contundente la reacción de las elites a los cambios sociales, es de sorprender como el
Mayor Vergel reconoce la existencia de grupos paramilitares de ganaderos, y los ven con
la mayor naturalidad al punto de decir: “Que no conozco ningún grupo paramilitar ni
tengo relaciones con ellos, pero que sí es de conocimiento de todas las autoridades, que
en el Sur del Cesar los ganaderos de la región tienen un personal armado que son los que
cuidan cuando ellos van a sus fincas, con el fin de protegerse de un posible secuestro por
parte de la subversión y los delincuentes” . Como ya se ha dicho a lo largo de este
apartado la situación del Sur del Cesar es compleja, pues la violencia política en el
departamento tiene como eje central a los que deberían defender a los ciudadanos, y es
68
que el Estado prefiere adelantar políticas de fomento al paramilitarismo en vez de hacer
costosas reformas sociales que trastocarían el orden existente y el negocio de la palma,
que es mucho más rentable al capital que las economías campesinas de supervivencia. En
suma, todo el aparato coercitivo del Estado tiende a favorecer las grandes ganancias.
El 16 de enero, los campesinos FANER CONTRERAS GOMEZ de 27 años y MELQUISEDEC
CONTRERAS GOMEZ de 28 años, fueron torturados y asesinados al ser interceptado el
camión en el que se movilizaban por un grupo de 30 paramilitares que habían instalado
un retén en la vía que conecta a los corregimientos de Norean. Faner recibió tres
impactos de arma de fuego en la cara y el pecho y Melquisedec recibió varios disparos en
la cabeza, el brazo y el abdomen. Al parecer, los victimarios fueron los mismos que dos
días antes habían torturado y asesinado a siete campesinos y desaparecido a uno más.
Estos crímenes hacían parte de una grave situación de violencia perpetrada por grupos
paramilitares contra la población campesina, lideres cívicos y sindicales y presos políticos.
El 18 de enero, los señores MOISES Y ARIOSTO CARRASCAL fueron detenidos de manera
arbitraria por el Mayor del ejército Jorge Lázaro Vergel, quien los sindicó de ser los
responsables de un atentado guerrillero ocurrido recientemente. Sin embargo, el oficial
no tenía orden judicial para retenerlos ni interrogarlos; a pesar de esto lo hizo, y se los
llevó a la base militar. La actuación disciplinaria fue llevada a cabo por la Procuraduría
General de la Nación, la cual mediante resolución 02216666 de 24 de marzo de 1999,
decidió revocar la sanción impuesta por la primera instancia, pretextando que según las
investigaciones de la fiscalía los detenidos se encontraban en flagrancia, motivo que
facultaba jurídicamente al Mayor para detenerlos.
El 4 de febrero, el comerciante FRANCISCO JAVIER CASTRO ZULETA, fue asesinado de
dos disparos en la cabeza propinados por dos hombres que se movilizaban en una
motocicleta de alto cilindraje, quienes interceptaron la ambulancia en que era
transportado por la vía Troncal de Oriente en inmediaciones de la vereda El Juncal.
Francisco había sido gravemente herido cuando se encontraba en una cancha de tejo de
la localidad en un establecimiento de su propiedad.
Este mismo día, el obrero de la finca La Unión ROQUE LEON CADENA de 26 años, fue
sacado de su vivienda ubicada en la calle 10 No. 39-04 para luego ser desaparecido por
diez hombres que portaban armas de corto alcance que se movilizaban en una camioneta
300 color blanco y un campero Toyota gris.
El 9 de febrero, CRISTO HUMBERTO HERRERA PEREZ de 37 años, fue encontrado
asesinado con seis disparos en la cabeza en la vereda La Yegüerita.
El 16 de marzo, el indigente WILLIAM CALCO de 28 años, fue asesinado de tres disparos
propinados por dos hombres armados que se movilizaban en una motocicleta en la
avenida Kennedy con carrera 40. William había llegado hace 7 meses a la ciudad, y se
dedicaba a pedir limosna. En varias ocasiones estuvo detenido, acusado de robos
menores.
El 18 de marzo, DAGOBERTO ARRAU BOCANEGRA de 32 años, fue asesinado de 7
disparos en diferentes partes del cuerpo, propinados por dos hombres que se acercaron al
lugar donde se encontraba junto con cuatro hermanos y un amigo, a quienes también les
dispararon; según un testigo, los agresores le dijeron al amigo de Dagoberto que “se
parara, que a él era a quien iban a matar”. En el hecho, ocurrido frente a la vivienda de
Arrau fueron heridos un HERMANO y una NIÑA de 11 años.
69
Al día siguiente, el empleado de una firma de topógrafos que realizaba trabajos en la vía
a Aguas Claras ANTONIO JOSE RESTREPO GONZALEZ de 24 años, fue encontrado
asesinado por miembros de la SIJIN, en la finca La Aurora.
El 27 de marzo, UBALI JIMENEZ ARIAS de 18 años, fue encontrado asesinado con seis
disparos de pistola calibre 9mm en la cabeza, en la vía que conduce a Gamarra. La fuente
agrega que la víctima residía en la población de San Martín y que el día anterior había
salido en la mañana hacia Aguachica.
El 31 de marzo el taxista JOSE OMAR GARNICA IBARRA de 27 años, fue asesinado por
desconocidos que le propinaron varios impactos de pistola calibre 9mm cuando departía
en un billar ubicado en la zona de tolerancia. El mismo día fue asesinado el director del
Hospital Regional del Sur de Aguachica.
Igualmente, este día, el campesino GEOVANNY BOTELLO QUINTERO de 22 años, fue
encontrado asesinado en el casco urbano; su cuerpo presentaba cuatro disparos.
Las acciones criminales de este día terminaron con el asesinato en horas de la noche del
médico cirujano y director del Hospital Regional del Sur de Aguachica, JOSÉ DAVID
PADILLA VILLAFAÑE de 43 años, a manos de un desconocido que le propinó 7 disparos de
pistola 9mm en el rostro, la nuca, el pecho y la espalda, en momentos en que departía en
una heladería ubicada a pocos metros de la sede de Telecom y de la vivienda del
comandante de policía de Aguachica de la sede de la SIJIN y de otras instalaciones
militares. José David llevaba tres meses en el cargo, tiempo en el que se empeñó en
atacar graves problemas de corrupción en la institución. “Su meta era limpiar al hospital
de todos los males que lo aquejaban”.
Pocos días después circuló en la población un supuesto comunicado firmado por el Frente
Camilo Torres de la UC-ELN, en el cual se atribuye la autoría del hecho, luego de
sindicarlo de perseguir a personas que trabajan con el sector de la salud y que al parecer
mantienen nexos con la guerrilla. Posteriormente, otra fuente indica que “el ELN no
habría asesinado al director del hospital”, como se afirma en el comunicado, el cual se
califica de falso. Mediante un comunicado, la UC-ELN desmiente la veracidad del
anteriormente reseñado y “atribuyó la muerte del director del Hospital, a los grupos
paramilitares de quienes se dice que son militares del batallón Santander pero vestidos
de civil”.
El 26 de abril, el administrador de una finca ubicada en San Martín OVIDIO JOSE CAMPOS
MANJARRES, fue asesinado y RAUL RINCON, resultó herido de disparos propinados por
varios hombres quienes se transportaban en una camioneta Luv y lo interceptaron cuando
se movilizaba en una motocicleta en inmediaciones de la empresa Frescaleche vía a San
Martín en zona rural de Aguachica En cercanías al lugar fueron asesinados el día anterior,
el concejal Carlos Bacca y tres de sus hijos. Al parecer Ovidio era seguido por los
agresores desde el cementerio de Aguachica donde había asistido a los funerales del
concejal Bacca y sus hijos.
El 30 de abril hacia las 8:30 pm, el campesino LAUREANO MONTAGUTH ALVAREZ de 28
años, fue asesinado de 10 disparos de pistola calibre 9mm propinados por un desconocido
cuando aquel departía con otros dos campesinos en un establecimiento público, ubicado
frente a la estación de servicio de Terpel del casco urbano, en momentos en que la
población quedó sin fluido eléctrico.
70
El 11 de mayo, el ex diputado a la Asamblea departamental y ex concejal de filiación
liberal JOSE HERMES HERRAN de 52 años, fue asesinado de 7 disparos propinados por un
desconocido que ingresó al restaurante estadero Las Pampas. La fuente agrega que “el
homicidio se registró en pleno perímetro urbano de la ciudad, a la vista de varias
personas, sin embargo, no hubo reacción de la fuerza pública lo que facilitó la huída de
los criminales, cuyo paradero se desconoce”. El dirigente político, quien además era un
conocido dirigente deportivo, había denunciado a las autoridades que estaba recibiendo
amenazas de muerte.
El 17 de mayo, el vendedor de rifas ALVARO ENRIQUE ALVAREZ JULIO de 23 años, fue
asesinado de cuatro disparos de pistola calibre 9mm en la cabeza y el hombro izquierdo
propinados por desconocidos en su vivienda ubicada en la calle 28 No. 0-48.
El día 28 de ese mismo mes, el administrador de la llantería La
SUAREZ CONTRERAS de 31 años y el niño JORGE FUENTES MOLINA
asesinados de varios disparos propinados por un hombre que llego
ubicado en la calle 4 con carrera 40. Jorge recibió un disparo en la
recibió 4 disparos en varias partes del cuerpo.
Bolívar LISANDRO
de 8 años, fueron
al establecimiento
cabeza y Lisandro
El 3 de junio, el peluquero y entrenador de la selección femenina de baloncesto, HUGO
FADUL MALBRAN de 41 años, fue asesinado de dos disparos, uno en la espalda y uno en
nuca propinados por un hombre que portaba visera e iba con la cara pintada, el
desconocido entró a la Droguería Cesar en donde se encontraba Hugo pidiendo una
bicicleta prestada y cuando se disponía a marcharse el hombre le disparó y luego
abandonó el lugar muy tranquilo, haciendo varios disparos al aire.
El 5 de junio, el campesino MOISES ANTONIO PALOMINO BALLESTEROS de 25 años, fue
asesinado y su HERMANA fue herida de disparos propinados por dos hombres armados,
quienes lo interceptaron cuando se dirigía a su residencia en Aguachica. Moisés alcanzó a
correr y llegar a su casa pero los victimarios lo siguieron hasta la cocina donde le dieron
muerte; por los disparos resultó herida la hermana de Moisés, quien se encontraba
sentada en el andén de la vivienda.
El 12 de julio, JAIME ANTONIO SERNA de 21 años, fue encontrado con seis impactos de
bala en diferentes partes del cuerpo en la vereda El Juncal, a un lado de la Troncal del
Norte.
Días después, el 22 de julio, hacia las 8:30 de la noche, ALICIA PEREZ FLOREZ de 28
años, fue asesinada de varios disparos propinados por un desconocido que se le acercó y
le disparó en varias ocasiones en momentos en que conversaba con otras personas en un
establecimiento público en el barrio Maria Eugenia.
El 28 de julio, el comerciante JOSE DEL CARMEN URIBE SARABIA de 32 años, fue
encontrado asesinado de varios disparos y en estado de descomposición en zona rural del
municipio. José del Carmen estaba desaparecido desde hacía 3 días, cuando salió a
realizar diligencias comerciales, y fue llevado a la fuerza y bajo amenazas, por tres
hombres fuertemente armados, quienes lo sacaron de una heladería donde departía con
unos amigos. Los victimarios lo obligaron a subir a un taxi y se lo llevaron con rumbo
desconocido. Según la policía, fue asesinado minutos después de ser desaparecido, pero
sólo fue hallado el día 28 del mismo mes.
Al día siguiente, un HOMBRE de 38 años, fue asesinado por varios hombres armados,
quienes le propinaron dos disparos en la vereda Yegüerita.
71
El 17 de agosto de 1995, el abogado ROBINSON RAMIREZ TORRADO de 36 años, fue
asesinado de 4 disparos en diferentes partes del cuerpo propinados por desconocidos
cuando se encontraba en el estadero El Rancho en compañía de su esposa y su hijo
menor de edad. Robinson se desempeñaba como auxiliar jurídico del Banco Industrial
Colombiano en Aguachica. Una semana antes había colocado una denuncia en la Fiscalía
por amenazas de muerte.
Ante esta situación de persecución, en agosto 27, los pobladores deciden actuar
conjuntamente con la administración municipal y la Iglesia, tomando como iniciativa la
realización de una consulta popular como vía institucional para erradicar la violencia del
municipio, convirtiéndose en “Modelo de Paz”. Este tipo de acciones, resultan
significativas porque “(...) van mostrando un modelo de participación ciudadana y de la
sociedad en sus respectivas localidades (...) tomando la opción por la vida contra la
violencia y generan no sólo propuestas de convivencia sino también de inversión para la
paz y el desarrollo.”91 Sin embargo, a pesar de estos valiosos actos de resistencia, el
panorama no sufre modificación alguna, continua el clima de zozobra y terror que ha
invadido a estas poblaciones, evidenciada en asesinatos, desapariciones y torturas contra
a población, sus dirigentes y sus expectativas de un mejor porvenir. No obstante, la
situación continúa y el esfuerzo de los pobladores parece inútil ante la arremetida violenta
de los portadores de la doctrina contrainsurgente.
El 4 de septiembre, dos comerciantes más serían asesinados. Se trataba de ISIDRO
MARTINEZ RAMIREZ, de 24 años, y RAMON DARIO MEDINA, de 33 años. El paradero de
los comerciantes era desconocido desde el 2 de septiembre, cuando a las 10 de la noche
fueron sacados a la fuerza de sus viviendas en Aguachica. Los encapuchados, quienes se
movilizaban en dos camperos Trooper y portaban armas automáticas, "manifestaron que
después enviaban una nota", pero al parecer "abandonaron el vehículo en Aguachica,
pasaron por Ocaña y llegaron hasta Ábrego. En la vereda conocida como El Guayabal
ubicada en el municipio de Ábrego (Norte de Santander) se deshicieron de los
comerciantes y los asesinaron a tiros de pistola en la cabeza".
El 17 de septiembre, el celador del colegio Guillermo León Valencia de Aguachica e
integrante de la organización sindical SINTRENAL, JOSE MANUEL PEREZ GARCIA, fue
asesinado en circunstancias desconocidas.
El 23 de septiembre, el presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio María
Eugenia, DAGOBERTO RODRIGUEZ RIVERA de 38 años, fue asesinado de 17 disparos
propinados por varios hombres armados que irrumpieron en su vivienda, ubicada en la
calle 2 No. 39-181. Otra fuente dice que la víctima presidía la Junta de Acción Comunal
del barrio Nuevo Colón.
El 25 de septiembre hacia las 9:00 a.m., el campesino ALEJO MADARRAIGA NAVARRO de
49 años, fue asesinado de ocho disparos y degollado por tres paramilitares armados que
irrumpieron en la finca Las Tinajas, ubicada en la vereda Villa San Andrés. El día anterior,
24 de septiembre, tres miembros de una familia fueron asesinados en jurisdicción de la
población, en similares circunstancias. El triple homicidio fue cometido por paramilitares,
que acusaron las víctimas de ser auxiliadores de la guerrilla.
El 27 de septiembre hacia las 10:00 p.m., el ayudante de Ecopetrol y ex agente policial
JULIAN CONTRERAS JULIO de 21 años, el soldado del batallón Santander JESÚS
91
Programa de Desarrollo y Paz para el Magdalena Medio –PDPMM-. Aproximación a la realidad del Magdalena
Medio. Op. cit. p. 69
72
ERNESTO CONTRERAS de 19 años, fueron asesinados y la hermana de uno de ellos una
NIÑA menor de edad, resultó herida por dos hombres que les dispararon desde una
motocicleta, en momentos en que se encontraban en las afueras de su casa, en la carrera
20 con calle 1ª este.
El 25 de noviembre, el obrero JOSE ANTONIO RODRIGUEZ GUERRERO de 28 años, fue
asesinado y otro OBRERO resultó herido, de cuatro disparos propinados por dos
desconocidos que irrumpieron en el billar donde se encontraban, ubicado en la calle 13
con carrera 9, barrio Divino Niño.
El 14 de diciembre, el obrero LUIS GABRIEL BUSTOS de 27 años, fue asesinado de 4
disparos propinados por varios hombres armados, en la vía al sitio Aguas Claras, donde
los victimarios “lo estaban esperando”.
El 17 de diciembre, NICODEMO CASTRO SARABIA de 23 años, fue asesinado de más de
40 disparos propinados por hombres armados que lo obligaron a salir del establecimiento
público donde se encontraba departiendo con amigos en el corregimiento Barranca de
Lebrija. Finalmente, el 25 de diciembre, dos HOMBRES, fueron encontrados asesinados de
varios disparos.
1996
El 13 de enero, hacia las 3:30 de la tarde, cuando se encontraban en una heladería
ubicada en la calle 29 con carrera 5, GABRIEL MADARRIAGA CARABALLO de 34 años,
CARLOS SANCHEZ de 24 años y GUSTAVO HERMITH OSSA de 50 años, fueron
interceptados por un grupo de 12 hombres, armados con fusiles Galil, quienes dispararon
en repetidas ocasiones contra ellos; consecuencia de esto fueron asesinados los tres
hombres y una NIÑA de 18 meses resultó herida. Los hombres salieron del lugar
amenazando a muerte a quienes se atrevieran a seguirlos.
El 17 de enero, los campesinos SIMON LUNA CASILLO de 27 años, VICENTE DUARTE
CARVAJALINO de 25 años y RANGEL DUARTE CARVAJALINO de 30 años, fueron
encontrados asesinados y con señales de tortura, en el sitio La Bocatoma a unos cinco
minutos del casco urbano. Previamente habían sido sacados de sus viviendas ubicadas en
la vereda San Pablo, por un grupo de paramilitares que los acusaron de auxiliar al Frente
Camilo Torres del ELN. Según la fuente, el hecho está relacionado con otro triple
homicidio cometido el día 14, en una heladería de la localidad, en el que dos de las
víctimas eran “miembros de un grupo paramilitar”, y atribuye ese triple asesinato a la
guerrilla.
El 28 de febrero, el campesino ORLANDO OSORIO SANCHEZ de 40 años y DOS
CAMPESINOS más, fueron asesinados por impactos de arma de fuego descargados por
varios hombres, quienes portando armas de largo alcance y pistolas automáticas,
irrumpieron en la vereda San Diego y les dieron muerte.
El 9 de marzo, un HOMBRE de 29 años, fue encontrado asesinado en la vía que conduce a
la vereda Once Reses. Presentaba múltiples disparos en diferentes partes del cuerpo.
El 26 de junio, los campesinos HUGO QUINTERO de 37 años y JAIME OSORIO CHICA de
16 años, fueron asesinados de varios disparos propinados por un grupo de hombres que
irrumpieron en la finca El Milagro, ubicada en el corregimiento Puerto Mosquito.
73
Posteriormente, el 5 de julio, el presidente del concejo municipal de La Gloria, ABDEL
SAMALAVE SANTIAGO, fue torturado y asesinado por un grupo de hombres armados sin
identificar, quienes lo abordaron cuando se movilizaba en una motocicleta y luego de
obligarlo a bajar del vehículo lo torturaron, posteriormente le propinaron dos disparos,
uno en la cabeza y otro en el cuello, en la vía que conduce al municipio de Pelaya.
El 30 de agosto, el dirigente campesino y presidente de la Junta de Acción Comunal de la
vereda Los Cedros JORGE EMIRO GUARIN OVALLOS de 34 años, fue retenido, torturado y
asesinado por paramilitares que se movilizaban en un vehículo rojo, vestían de civil, uno
de ellos con pasamontañas, que portaban radios de comunicación, fusiles de cacha
amarilla, pistolas y revólveres, en zona rural.
El 6 de septiembre, el campesino FLORENTINO FLOREZ de 26 años, fue asesinado en
presencia de su esposa y cuñado de cuatro disparos en la cabeza propinados por
paramilitares encapuchados, que llegaron a su vivienda ubicada en zona rural, en un
carro Toyota de vidrios polarizados. El sitio de los hechos está a escasos tres kilómetros
de la base militar de Aguas Claras. Pocos días antes habían llegado a la finca Millonarios
de la misma jurisdicción, individuos en idénticas circunstancias, quienes se identificaron
como paramilitares y dijeron a quienes estaban presentes que ellos estaban en la zona
para “limpiarla”. Pidieron los documentos de identidad y los compararon con una lista que
llevaban. Estos grupos permanecieron en la zona varios días, hostigando y amenazando a
la población, insistiendo en que les dijeran dónde estaba la guerrilla. Al administrador de
la finca Los Tanques le dijeron que si les conseguía alguna información, les avisara a la
finca Gamarra ubicada en la vereda Cascabela, distante a media hora de este lugar
aproximadamente. A raíz de estos hechos, los pobladores solicitaron investigación a la
Oficina de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la Nación, en la cual igualmente
insistían en que se hicieran efectivas 25 órdenes de captura contra señalados
paramilitares del Sur del Cesar.
El 4 de octubre, RAFAEL FLOREZ de 55 años, JUAN CARLOS PACHECO de 17, GERMAN
REYES DUARTE de 25 años, y otro HOMBRE que se desempeñaba como trabajador
informal, fueron desaparecidos por paramilitares, después de capturarlos con lista en
mano y en diferentes sitios del casco urbano. Una de las víctimas fue sacada por la fuerza
de una farmacia de su propiedad y posteriormente conducida a un lugar desconocido en
un campero Trooper. Hombres armados, quienes se movilizaban en otro vehículo,
capturaron a dos hombres más en un billar del centro de la ciudad. La cuarta víctima fue
desaparecida cuando conducía un vehículo de tracción animal.
El 1 de noviembre de 1996, los campesinos PARMENIO VACA CORREA, RODRIGO CORPAS
CORTES, JOSE GREGORIO BERMÚDEZ y NICOLAS GUTIERREZ, fueron asesinados por
paramilitares que se movilizaban en varios vehículos Trooper, quienes llegaron a las
viviendas de las víctimas con lista en mano y luego de ubicarlas, les dispararon en
presencia de sus familiares en el corregimiento de Norean. Un boletín de la policía afirmó
que las víctimas “eran guerrilleros y fueron muertos en combate con el ejército”.
1997
El 7 de abril, la Promotora de salud del corregimiento de Norean y reconocida líder
comunitaria ALBA ROSA ARENAS MOLINA de 41 años, fue asesinada por desconocidos.
El 22 de abril, el jornalero HERMES QUINTERO PACHECO de 30 años, fue asesinado por
varios hombres armados en el barrio Palmira.
74
Finalmente, el 11 de noviembre, el campesino ROBINSON GUEVARA PADILLA de 17 años,
fue asesinado por un grupo de hombres armados mientras laboraba en la parcela de su
padre, los cuales huyeron con rumbo desconocido a bordo de un vehículo.
1998
Este año, el 8 de enero fue asesinado el comerciante JOSE DEL CARMEN CLARO ROMERO
por un grupo de hombres fuertemente armados, quienes irrumpieron en su residencia
ubicada en el centro del municipio. Los victimarios destruyeron lo que encontraron a su
paso y sacaron al comerciante de su casa para luego asesinarlo.
La aniquilación del Movimiento Comunitario en los años noventa en Aguachica
Los movimientos sociales en Aguachica tienen una raigambre de largo aliento, pues ya en
los años ochenta el grupo Comuneros 81, había protagonizado varios paros cívicos con el
fin de exigir al gobierno departamental y nacional la construcción de infraestructura para
el municipio. A pesar de la pronta desaparición de este movimiento, su influencia se
reprodujo cuando en 1989 se reactiva el movimiento comunero a raíz de un paro y de
marchas cívicas por el derecho a la vida y la participación popular. Esto ocurrió en medio
del incremento de la guerra sucia, donde los intereses estatales y elitistas perseguían la
recuperación de la zona administrativa, política y militarmente, para garantizar las
exigencias de los gremios económicos de Aguachica con relación al funcionamiento de
multinacionales petroleras y grandes industrias agrícolas. Según las investigaciones, la
mayoría de los crímenes eran cometidos por miembros del DAS, la policía o el ejército, en
asocio con grupos paramilitares, los cuales incrementaron la guerra sucia contra el
movimiento popular, originando desplazamientos masivos y creando unas condiciones en
las que no se podía solicitar colaboración de las autoridades.
Al año siguiente de clausurada la Asamblea Nacional Constituyente, se organiza en
Aguachica un movimiento comunitario con la idea de expandirse por toda la región y dar
respuesta a los problemas de la comunidad sin acudir a los partidos tradicionales, quienes
la mayoría de veces servían a los intereses de los grandes terratenientes de la zona,
dejando a un lado las exigencias de las personas de las clases populares. La nueva
constitución generó tal entusiasmo en algunos grupos regionales, que decidieron
organizarse y convertirse en opción para llegar a la alcaldía. Así nace el Movimiento de
Acción Comunitaria, MAC, que agrupa a todas las organizaciones de Acciones Comunales
de la región y que en el año de 1992 conquistó la alcaldía y logró la elección de tres
concejales.
La alegría no fue completa y la reacción de quienes veían su poder amenazado no se hizo
esperar pues al mismo tiempo que ganaron las magistraturas recibieron amenazas de
muerte. Las amenazas provenían tanto del ejército como de los paramilitares, para
ambos las organizaciones comunales eran focos desde los cuales los grupos insurgentes
desplegaban su actividad política. Así lo consigna un documento elaborado por la
inteligencia militar titulado “Últimas informaciones del enemigo”92 donde dicen que ese
movimiento social es un brazo político del ELN; afirmación curiosa, pues los integrantes
de la misma asociación política dicen que recién fundado el movimiento uno de sus
miembros fue asesinado por el ELN.93 Además de la acusación reseñada, los miembros de
la inteligencia militar elaboraron a mediados de 1995 una lista de personas activas
públicamente que consideraban subversivos. La escalada de asesinatos contra el MAC
92
93
Esta información fue tomada de Human Rights Watch. Las Redes de asesinos en Colombia. 1996. p. 40
Ibíd.
75
terminó en el año de 1997, año en el que según el observatorio de derechos humanos de
la presidencia descendió la tasa de asesinatos en la población urbana en Aguachica94.
De esta manera, se identifica la protesta social con la subversión, se perpetúa la lógica
castrense del enemigo interno cuyo equivalente paramilitar es la denominación de
auxiliador de la guerrilla y que ve en todo movimiento reivindicativo una infiltración de la
insurgencia. La finalidad de este tipo de ideologías es el mantenimiento de un estado de
cosas que beneficia a los ganaderos y a los agroindustriales, ahogando en sangre
cualquier intento comunitario por transformar su presente de explotación, pues ésta
forma de operar “destruye organizaciones, acaba con la vida de dirigentes populares, con
lo que se pierden valiosos liderazgos y acumulados históricos, y limita la necesaria
autonomía del mundo social”.95
Por mencionar un ejemplo, encontramos que el día 28 de octubre de 1992 a las 10:10 de
la noche, el Secretario de Hacienda del municipio y miembro del Movimiento de Acción
Comunitaria de Aguachica CARLOS GALVIS RAMOS, fue asesinado de varios disparos
propinados por sicarios que se le acercaron cuando se encontraba frente al colegio
Guillermo León Valencia.
En un comunicado, El Movimiento Político Acción Comunitaria96 expresa su dolor por el
asesinato del funcionario resaltando su apoyo al movimiento social. Este asesinato quedó
en la impunidad, pero la organización popular se ha empeñado en preservar la memoria
de su compañero. Así se expresaron en su comunicado:
“Vemos con profundo dolor, que a nuestro pueblo nadie quiere
escucharlo, que le cierran todos los espacios y que la salida más fácil es
quitarle la vida, porqué así es mejor, ya que generar cambios en el
comportamiento social y en las relaciones Pueblo – Estado y que según
las fuerzas oscuras existentes en nuestra querida Colombia, generan
menos problemas y no se atenta la ‘Democracia’.”
Agudización de la persecución al MAC
Este Movimiento ganó las elecciones para alcalde municipal y tres concejales para el
período del 1992-1994; pero, de manera paralela a la consecución de estos escaños
públicos, se incrementa el hostigamiento en contra de los dirigentes. En varias
oportunidades aparecieron pasquines denigrando del movimiento y amenazando a sus
líderes. Entre estos a MANUEL ANGEL MEJIA alcalde municipal, CARLOS LOZANO LOBO
secretario de gobierno, ERNESTO FERNÁNDEZ, coordinador de deportes, HUMBERTO
LOPEZ, tesorero, MIGUEL OLAYA, GUSTAVO CONTRERAS jefe de prensa, JAIRO
BARAHONA miembro del Comité de Derechos Humanos, entre otros. En la zona actuaba
el grupo paramilitar autodenominado “Cirugía”.
El 21 de septiembre de 1993, el miembro del Comité Regional de Derechos Humanos,
delegado de la Confederación Nacional de Juntas Comunales, integrante del Movimiento
de Campesinos del Sur del César y dirigente del Movimiento de Acción Comunitaria
VICTOR GUAUDIA CASTAÑEDA de 42 años, fue asesinado de seis disparos propinados por
dos hombres que se movilizaban en una motocicleta e incursionaron en su vivienda
ubicada en la calle 3 con carrera 12 en Aguachica. Según testigos uno de los responsables
94
Vicepresidencia de la República. Panorama actual del Magdalena Medio. Bogotá, Fondo de inversiones por la
paz, 2001.
95
ARCHILA, Mauricio. “Apabullados pero no derrotados”. En Foro. No. 50 de Junio de 2004. p. 40.
96
Movimiento Político “Acción comunitaria” poder para el pueblo. Comunicado. Aguachica, octubre 29 de 1992.
76
era joven, de aproximadamente 18 a 20 años de tez morena, cabello ondulado y vestía
camiseta gris, pantalón negro y portaba una cachucha. Este mismo día fue asesinado
Ramiro Quintero Lindarte. Como protesta por este crimen, 15 organizaciones
comunitarias ordenaron el cese de actividades para los días 23 y 24 de septiembre.
Como antecedente a su asesinato, debe recordarse que en mayo de 1988, después de las
Marchas Campesinas, Víctor había sido detenido por el F-2, en cuyas instalaciones lo
fotografiaron, después fue llevado al batallón Codazzi de Valledupar; allí lo torturaron,
sometiéndolo a choques eléctricos, golpes y otros tratos crueles y degradantes. Luego en
abril de 1993, fue allanada la vivienda de su madre por unidades de la base militar de
Aguas Claras, quienes al no encontrarlo, le dijeron a la señora que “le avisara a los
familiares para que le advirtieran a Víctor que tenía que presentarse a la base militar de
Aguas Claras”. En varias ocasiones además, Víctor había sido amenazado de muerte, y
su madre había recibido varias llamadas telefónicas, en las que le informaban que podía ir
a recoger el cuerpo de su hijo, que pronto sería asesinado. El 2 de abril del mismo año, le
había comunicado a su madre que le iban a hacer un atentado; entre los sicarios que
perpetrarían dicho atentado se encontraba el ex-guardaespaldas del alcalde, Rubén
Domínguez, a quien después del hecho lo trasladaron a Cartagena y días después fue
nuevamente retornado a este municipio.
La persecución al Movimiento de Acción Comunitaria
El 28 de enero de 1994, los miembros del Movimiento de Acción Comunitaria, JOSE
ERMINSON SEPULVEDA SARABIA de 42 años y NOEL O´MEARA de 72 años, fueron
victimas de un atentado perpetrado por cinco desconocidos armados con pistolas y
subametralladoras en el restaurante San Roque, el primero fue asesinado de 14 disparos
y el segundo resultó herido. Dos de los responsables permanecieron en la puerta mientras
los otros tres dispararon contra José Emirson y Noel; según testigos dos de los
desconocidos salieron a pie y los otros tres abordaron un campero color azul sin placas,
perteneciente al grupo UNASE –Unidad Anti Secuestro y Extorsión- que opera en
Aguachica. El mismo campero que recogió a quienes perpetraron el atentado, llevó a Noel
O'Meara al Hospital Regional de Aguachica, donde seis meses después murió a causa de
las heridas recibidas en el atentado.
Desde mediados del mes de enero, el sector donde ocurrió el asesinato permanecía
militarizado y ese día el dispositivo militar fue levantado una hora antes del crimen y
reanudado media hora después. José Erminson había sido objeto de dos atentados en
1992, ambos en menos de ocho días. Cuando se desempeñaba como asistente del Alcalde
recibió amenazas y fueron asesinados dos miembros de su movimiento: Carlos Emiro
Galvis, en octubre de 1992 y Víctor Gaudía, en septiembre de 1993. José Emirson había
denunciado en varias oportunidades como principales responsables de los hostigamientos,
amenazas, asesinatos y atentados dirigidos contra miembros del MAC a integrantes del
grupo UNASE y al Comandante de la base militar de Aguas Claras de la Brigada Móvil No.
2.
El 27 de febrero del mismo año, los responsables buscando presionar a Noel por ser el
único testigo del asesinato de José Erminson, torturaron y asesinaron a su hijo, MANUEL
GUILLERMO OMEARA MIRAVAL. Varios hombres armados que vestían prendas militares
de camuflaje y estaban fuertemente armados, abordaron a Manuel cuando se dirigía de la
vereda El Diviso hacia San Martín. Los individuos obligaron a Manuel a abordar una
camioneta Chevrolet color azul en la cual se movilizaban, luego partieron con rumbo
desconocido. Al marcharse uno de los desconocidos se fue en la motocicleta siguiendo el
vehículo. El cuerpo de Manuel fue encontrado el 23 de septiembre de 1994 enterrado en
77
la finca La Granja de propiedad del señor Ramiro Manzano, ubicada a 10 kilómetros del
casco urbano de San Martín. El informe de necropsia permitió establecer que Manuel
había sido torturado y asesinado el mismo día de su retención. A Manuel Guillermo le
quitaron las uñas, le cortaron las orejas y la nariz, le cercenaron el pene, le abrieron los
testículos, le cortaron el ano y su cuerpo estaba maniatado.
Asimismo, meses después de estos hechos, el 17 de junio de 1994, el militante del
Movimiento de Acción Comunitaria, revisor de obra del Acueducto y Alcantarillado del
municipio, DAVID REYES CASTRO de 24 años, fue asesinado en el centro de la población,
a escasos metros del comando de policía y de la base militar, por miembros del ejército
adscritos al Comando Operativo No. 7 de la Brigada Móvil No. 2. El 3 de junio David había
sido victima de un atentado, cuando se encontraba en compañía de otro militante del
MAC, Jairo Barahona, del que salieron ilesos.
Posteriormente, el 20 de junio, miembros de una patrulla militar amenazaron a otros dos
militantes del MAC, diciéndoles: “Ya salimos de David Reyes, los próximos a ejecutar son
estos H.P.”. Varios dirigentes y militantes del MAC fueron asesinados en los últimos
meses, y otros se encuentran amenazados de muerte. Una lista elaborada por el
ejército97 sirvió para que un grupo paramilitar asesinara selectivamente a los miembros
de este movimiento.
El 20 de junio se conocieron amenazas contra CARMEN CASTILLO y HUMBERTO LOPEZ,
que ya habían salido de Reyes, por culpa de las amenazas.
El 29 de septiembre de 1994, el integrante del Comité municipal de Derechos Humanos
dirigente cívico, educador y tesorero-pagador de la empresa de acueducto JAIRO
BARAHONA MARTINEZ de 31 años, fue encontrado asesinado y torturado en Pailitas
(Cesar). Varios hombres armados que se identificaron como miembros del DAS llegaron a
su residencia hacia las 7:30 de la mañana se lo llevaron a la fuerza de su vivienda,
ubicada en el barrio El Bosque.
El cuerpo fue hallado varias horas después en el caserío Las Vegas; presentaba impactos
de bala, señales de tortura y fue incinerado. Jairo había sido víctima de varios
hostigamientos, atentados criminales y secuestrado por parte del Teniente Coronel Luis
Carlos Rodríguez Victoria, comandante del batallón San Mateo, con sede en Pailitas, y por
miembros de esa guarnición militar.
Al año siguiente, el 23 de septiembre de 1995 hacia las 11:00 a.m., los campesinos
militantes del Movimiento de Acción Comunitaria JESUS EMILIO GALVIS BECERRA de 31
años, LUIS TIBERIO GALVIS BECERRA de 29 años, y la Inspectora de policía de La
Morena, IMELDA RUIZ ROJAS de 51 años, fueron torturados y asesinados por un grupo de
30 hombres armados; unos vestidos de civil y otros portando uniformes del ejército y las
insignias del Grupo de Contraguerrilla Fuerza de Tarea No. 27, en el sitio La Ye, en la vía
a las veredas Bombiadero y Cerro Redondo, corregimiento La Morena.
Los paramilitares que se identificaron como guerrilleros, interceptaron a los campesinos a
las 11:00 de la mañana cuando salían de su finca en un campero en el que transportaban
a los habitantes de la zona hacia las veredas. Los hicieron bajar del carro y les pidieron
los documentos de identidad, que eran revisados por el comandante paramilitar de
97
Ver: Human Rights Watch. Las Redes de asesinos en Colombia. Op. cit. p. 40 y ROJAS Raquel. “Aguachica,
violencia grande”. En: Colombia Hoy Informa. Nº 135, Junio de 1995. p. 13. Declaraciones de varios testigos en el
informe de policía judicial de la masacre de Puerto Patiño.
78
apellido Pasos, alias “El Socio”, en una agenda donde llevaba anotados los nombres de las
personas que debía asesinar; cuando identificó a los dos hermanos, ordenó que los
amarraran y que los pusieran a un lado. Al resto de pasajeros los apartaron y continuaron
requisando los carros que pasaban por allí.
Después levantaron el retén y ordenaron seguir por su camino a los demás, dejando con
ellos a las víctimas. A Jesús Emilio y Luis Tiberio los maltrataron, se orinaron encima de
ellos y los golpearon, mientras los acusaban de auxiliar a la subversión. Pasos, ordenó a
uno de sus hombres que los asesinara y efectivamente les disparó tres veces a cada uno,
y como uno aparentemente había quedado vivo lo degolló. Luego de haberles disparado
“les cercenaron los dedos de las manos y posteriormente los decapitaron”. En la huida, se
llevaron el campero, en el cual se desplazaron hasta el centro de la población de
Aguachica.
Luego, hacia las 5 de la tarde, el mismo grupo llegó al corregimiento La Morena, “saqueó
la tienda comunal y ordenó a la gente tirarse al suelo bocabajo y reunió a más de 40
campesinos en el colegio”. Pasos, identificó en su agenda la identidad de Imelda, quien
fue sacada de su casa, y ordenó apartarla y llevarla a un costado del local para asesinarla
con un tiro en la cabeza “delante de varios niños” y degollarla, después de haber sido
torturada. Al marcharse, los paramilitares “sentenciaron regresar por otras personas que
tenían en sus listas”. Después de cometer el crimen, se dirigieron “hasta la Troncal del
Caribe pasando por la base de Aguas Claras, y se resguardaron en las fincas aledañas a
esta base militar”. Los militares adscritos al grupo Fuerza de Tarea No. 27 impidieron el
paso de campesinos al casco urbano; tampoco permitieron pasar a los familiares de los
Galvis hasta el sitio donde estaban los cuerpos.
Según el mismo Pasos, este operativo fue ordenado y coordinado con el Coronel del
ejército de Aguachica y tenía como objetivo asesinar a varias personas que, según él,
eran supuestos cómplices de la muerte de algunos miembros del UNASE días atrás a
manos de la guerrilla. Jesús Emilio y Luis Tiberio eran hermanos del ex concejal Elibardo
Galvis, del Movimiento de Acción Comunitaria, quien estuvo detenido en 1994 y se vio
obligado a salir de la zona en varias ocasiones, por amenazas de muerte; después del
asesinato de sus hermanos, fue nuevamente amenazado, así como su esposa y sus hijos.
El 23 de septiembre de 1997 JESÚS EMILIO BLANCO, líder del Movimiento de Acción
Comunitaria de Aguachica, tesorero municipal para el período 1992-1994 (período en que
el MAC ganó las elecciones municipales), candidato a la alcaldía para el período 19951997, fundador de las Comunidades Eclesiales de Base (CEB) y coordinador zonal, fue
asesinado con arma de fuego frente a su residencia; la víctima alcanzó a ser llevada al
hospital donde falleció. Su asesinato dejó una viuda y un hijo.
Las investigaciones penales que se corrieron por medio de la partida No. 4859 de
la Fiscalía 15 Delegada ante los Jueces Penales del Circuito, la cual realizó
investigación preliminar. Esta investigación, mediante la resolución del 2 de junio
de 1998, fue suspendida con el artículo 326 del C.P.P. Allí se admite que la víctima
estaba amenazada por sus actividades políticas.
Los demás municipios del Sur del Cesar, también sufrieron persecuciones y debilitamiento
de sus estructuras sociales, por razón de la arremetida coercitiva desplegada por los
miembros de las organizaciones que buscaban “implantar el orden” a toda costa. Las
víctimas de este accionar pertenecen a diversos sectores sociales: por un lado, se pueden
identificar aquellos que son asesinados por no ser funcionales y productivos al modelo
79
económico que se quería la apertura económica en que se es en cuanto se tiene
capacidad adquisitiva; por otro, pueden identificase pobladores activos políticamente, sea
como dirigentes o como militantes, que enarbolan propuestas alternativas a las de los
poderes tradicionales y locales.
Los ejecutores de estas acciones coactivas se confunden entre las fuerzas públicas con la
participación de altos, medios y bajos rangos en la estructura militar, la participación de
la policía y la ofensiva paramilitar. Estas acciones se evidencian de diferentes formas:
algunas veces por la utilización de prendas y armas de uso privativo del ejército y otras
por la acción individual –más no autónoma- de alguna de estas organizaciones.
GAMARRA
En los primeros años de la década de los ochenta se registran los primeros crímenes a
nombre de estructuras paramilitares. El 9 de agosto de 1982, NAVIAL CHOGO SALAS y
LUIS QUINTERO SUMALOBE fueron asesinados por miembros de un grupo paramilitar en
Gamarra.
La década de los noventa representa para esta población la consolidación de la estructura
militar-paramilitar, al agudizarse la situación principalmente en zonas rurales con la
persecución a los campesinos. La represión se adelanta a través de mecanismos
insolentes por parte de los paramilitares y con aquiescencia de los militares implantados
en la zona. Los primeros años, Gamarra padecerá la persecución de estos grupos
armados en sitios públicos a cualquier hora del día y con la modalidad de asesinatos
selectivos utilizando armas de fuego de largo y corto alcance, por lo general donadas por
la organización militar. Los siguientes casos, documentan esta reflexión:
El 31 de marzo de 1990, el Inspector de policía VICENTE FLOREZ GARCIA de 38 años y
los campesinos WILFRIDO ROJAS RODRIGUEZ de 32 años y JACOBO DURAN de 34 años,
fueron asesinados por un grupo de 20 hombres vestidos con prendas militares en la
vereda Castilla.
El 8 de marzo de 1991, una PERSONA de unos 23 años, piel morena y 1.70m. de
estatura, fue encontrada con tres impactos de arma 9mm; vestía pantalón y camisa azul,
zapatos negros de caucho y medias blancas, en predios de la finca Maria.
Intolerancia con las Nuevas Propuestas Políticas
El día 27 de octubre de 1991, a las 8:30 de la mañana, mientras se llevaban a cabo las
elecciones, el Sargento Viceprimero Jesús María Mahecha Mahecha, comandante de la
Estación de policía de Gamarra insultó y agredió físicamente al médico FERNANDO
CARDENAS CORREA simpatizante del la Alianza Democrática M-19. El suboficial lo golpeó
con el fusil en la cara produciéndole una herida a tres centímetros de la nariz en el arco
superciliar mientras le gritaba “mediquillo hijueputa si ya votaste lárgate de aquí...
mediquillo hijueputa te voy a joder y a todos los del M-19”.
En el Juzgado Promiscuo Municipal de Gamarra se llevo a cabo un proceso que culminó
con el desistimiento de las dos partes, a saber, la víctima y el Sargento Viceprimero.
Asimismo, la Procuraduría Provincial de Ocaña llevo a cabo la investigación disciplinaria
respectiva. El 29 de septiembre de 1992 sancionó a Mahecha con amonestación por
escrito en la hoja de vida teniendo en cuenta el 2resarcimiento de los daños morales
causados” a partir del desistimiento de la acción penal ordinaria (Rad. No. 046.06439).
80
Está decisión en consulta ante la Procuraduría Delegada para la Policía Nacional fue
modificada y en su lugar se sancionó al Sargento Viceprimero con una multa equivalente
a 5 días de salario, la suma de $ 10.750.
El 5 de septiembre de 1992, el alcalde municipal LUIS SANTIAGO FELIZZOLA de 52 años
y ROQUE GALLARDO, fueron asesinados por agentes de la policía en el barrio El Carmen.
Luis y Roque se encontraban departiendo en horas de la madrugada, cuando Roque hizo
un tiro al aire, luego un policía lo asesinó, entonces el alcalde se levantó para que los
agentes lo reconocieran y uno de ellos le disparó, muriendo en el acto.
El 29 de abril de 1993, los presuntos delincuentes MIRIAM MIRANDA RUEDA de 14 años,
JOEL MIRANDA RUEDA de 20 años, RUBEN DARIO ARANGO TRILLOS de 15 años, JORGE
MADARRIAGA ESTRADA de 19 años, fueron encontrados asesinados de tres disparos en la
cabeza, en el corregimiento Puerto Mosquito. Las víctimas fueron sacadas de un billar
ubicado en el barrio María Eugenia, en la cabecera municipal, por varios hombres
armados. La fuente agrega que Miriam Miranda Rueda era la cabecilla de la banda y había
sido detenida en varias oportunidades. Otra fuente indica que fueron sacados de sus
casas, y que la edad de la mujer era 17 años y que Puerto Mosquito es un conocido sitio
de ajusticiamiento.
El 14 de febrero de 1993, RUTH EDITH RANGEL QUINTERO, BENJAMIN RANGEL
QUINTERO y MARCELINO PEREZ BARBOSA de 36 años, fueron encontrados asesinados y
torturados en el sitio La Tubería, sobre la vía al Corregimiento Puerto Mosquito. Las tres
personas fueron interceptadas por hombres armados que les dispararon para después
rociarles gasolina y prenderles fuego.
El 8 de enero de 1994, RAFAEL CONDE VARGAS, RAFAEL CONDE RODRÍGUEZ, JAIRO
CONDE VARGAS, LUIS FERNANDO QUINTERO, JOSE DE LA ROSA QUINTERO DUARTE,
HERLINDO DUARTE SEPULVEDA, MARCOS PINTO fueron asesinados por un grupo de
hombres armados que ingresaron violentamente al lugar en donde se encontraban,
maniataron a las víctimas, los torturaron y posteriormente, les dispararon utilizando
armas de largo y corto alcance en una finca ubicada en la vereda Acapulco a 15 minutos
de Gamarra. El atentado iba dirigido contra Marcos Pinto, quien había estado detenido por
abigeato. Familiares de los Conde y los Quintero señalaron que los miembros de las dos
familias “eran honrados, trabajadores y de buenas costumbres en la región”.
Investigaciones preliminares indican que los autores del múltiple crimen pueden hacer
parte de un grupo paramilitar que tiene presencia en la zona. Al pie de los siete fue
hallado un escrito en carbón que decía “por cuatreros”.
El 13 de enero de 1994, JOSE ANIBAL DURAN QUINTERO fue torturado por el Teniente
del ejército Luis Basilio Gutiérrez Sáenz, porque según este, José Aníbal era colaborador
de la guerrilla y conocía cuál era su próximo movimiento.
La actuación disciplinaria la asumió la Procuraduría General de la Nación la cual
siguió la investigación No. 008151932. Al final, el 23 de diciembre de 1998,
considera exonerar de responsabilidad al oficial pues “las declaraciones de los
testigos y las pruebas documentales no concuerdan”.
El 19 de febrero de 1995, CARLOS UTRIA MORENO y DOLORES UTRIA MORENO, fueron
asesinados en hechos simultáneos cometidos en lugares diferentes de la población de
81
Gamarra. Carlos se encontraba consumiendo una bebida en las afueras del Estadero La
Rampla, en la zona comercial, y varios hombres se acercaron y sin mediar palabra le
dispararon. Dolores se movilizaba en una motocicleta, y fue interceptada a una cuadra del
parque principal por varios hombres, que la bajaron y luego le dispararon, luego huyeron
en la misma motocicleta en que se movilizaba Dolores.
Los últimos años de los noventa, se verían azotados por la implantación de retenes
permanentes de grupos paramilitares que servían para fiscalizar la dinámica de la
población a toda hora y les daba más oportunidades para escoger a sus víctimas y
silenciarlas a través de la tortura y el asesinato.
El 27 de octubre de 1996, ROBINSON CAÑAS DIAZ de 22 años, fue detenido torturado y
asesinado por ocho hombres que se movilizaban en un vehículo tipo camioneta vagón de
color rojo, portaban revólveres calibre 38. Robinson fue esposado y conducido a un
establecimiento público del casco urbano, donde lo torturaron. Sus familiares se
acercaron y lo reclamaron a sus captores, quienes se identificaron como miembros del
DAS y procedieron a subirlo al vehículo ya descrito para trasladarlo fuera del casco
urbano. Los paramilitares amenazaron a los familiares ante su oposición al arresto y al
traslado que pretendían hacer, sin embargo los familiares siguieron de cerca el vehículo.
El agricultor fue llevado hasta el sito Las Marías en la vía Aguachica, y su cuerpo hallado
posteriormente con 18 impactos de bala y señales de tortura en las uñas de manos y
pies. Al momento de la entrega del cuerpo a los familiares, se encontraba presente un
miembro del ejército que acusó al padre de Robinson de ser guerrillero.
En 1996 los paramilitares instalaron retenes permanentes en Puerto Mosquito donde han
sido asesinadas varias personas, entre ellos MEDARDO DIAZ de 65 años, el 17 de
noviembre, el señor ARISTIDES REAL perteneciente a la comunidad de la Arcadia, a
mediados de noviembre, y CESAR ALBERTO ESCUDERO de 25 años, el 29 de noviembre,
en este último hecho fueron heridos además, JOSE TRINIDAD CHINCHILLA y HUGO
ESCUDERO PEREZ.
El 6 de marzo de 1997, una MUJER, fue desaparecida y otras tres PERSONAS y dos
MEDICOS, fueron interceptados por un grupo de paramilitares que abordaron la lancha de
transporte público que cubre rutas por el río Magdalena y en el corregimiento Puerto
Mosquito. Los paramilitares procedieron a llevarse por la fuerza a tres personas, a la
mujer, cuyo paradero es aún desconocido y a los médicos del hospital del municipio
Simití, a quienes despojaron de dinero en efectivo y antes de dejarlos en libertad, les
advirtieron que tenían que dar una cuota mensual para las “autodefensas”.
Posteriormente prosiguieron su camino llevándose a la mujer y al conductor de la lancha
con quienes se dirigieron al corregimiento Campo Pallares a donde llegaron amenazando
a sus habitantes y buscando a uno de ellos para darle muerte. Luego siguieron por el río
Magdalena hacia Puerto Wilches y dispararon contra una lancha de servicio de salud,
cuyos ocupantes no atendieron la orden de pare.
El 2 de mayo de 1997, el chalupero ALFONSO PEÑALOZA SEGOVIA, poblador del
corregimiento Cerro Burgos de Simití, fue asesinado por paramilitares.
El 30 de mayo de 1997 hacia las 8:00pm, los campesinos WILMAR ANTONIO BECERRA
RINCON de 21 años y OSCAR GUERRERO GUTIERREZ de 24 años, fueron asesinados por
cuatro desconocidos, en la Finca Las Marías.
El 24 de junio de 1997, el conductor de chalupa residente en el corregimiento Veracruz,
Cerro de Burgos en Simití (Bolívar) RUBEN DARIO FIGUEROA PONTON y un POBLADOR de
82
la vereda Las Cruces (Santander), fueron víctimas de la acción criminal de un grupo
paramilitar. Rubén Darío conducía una chalupa de pasajeros, que se desplazaban por el
río Magdalena hacia Gamarra, cuando fueron interceptados en el sitio Puerto Mosquito, en
un retén paramilitar donde había aproximadamente 30 hombres que portaban armas de
largo y corto alcance, granadas y chalecos; entre estos hombres fueron identificados
Rufino Barrientos y dos familiares de éste.
Los paramilitares les pidieron documentos de identificación y los reunieron con los
pasajeros de otras chalupas retenidas, aproximadamente CUARENTA Y CINCO
PERSONAS, que fueron maltratadas física y verbalmente, acusándolos de ser
colaboradores de la guerrilla. Luego separaron del grupo a Rubén Darío y a uno de los
pasajeros, los amarraron con una cuerda y los llevaron hacia el monte, sin atender las
súplicas de sus familiares, quienes venían entre los pasajeros. Posteriormente el cuerpo
de Rubén Darío fue encontrado flotando en el río con el rostro quemado, mientras que la
otra persona se encuentra desaparecida. Durante la acción, los paramilitares preguntaron
por otros chaluperos y un comerciante, a los que expresaron que iban a matar; y que
además iban a visitar pronto a la población de El Cerro de Burgos para “acabar con el
grupo guerrillero que estaba allí”. También quemaron la chalupa y amenazaron al resto
de retenidos. Además expresaron que cuando hiciera presencia el batallón, también iban
a colaborar con la “limpieza”.
El 9 de octubre de 1997, durante un retén instalado por un grupo de paramilitares, entre
quienes se encontraban Lemis Hernández, natural de Simití y otro de apellido Barrientos,
arremetieron desde las 11:00 a.m. hasta la 1:00 p.m. contra DOS PERSONAS que no
llevaban documentos de identidad, a quienes golpearon y a una de ellas, un anciano, fue
acusado de ser guerrillero. Los paramilitares estaban fuertemente armados, vistiendo
prendas de uso exclusivo de las fuerzas militares y portando una cintilla roja en el brazo,
realizaron el retén sobre la vía fluvial que comunica los municipios de Gamarra y Simití.
Todos los pasajeros fueron interrogados minuciosamente por su procedencia, familia,
ocupación y por las personas de su municipio. Durante ésta acción, detuvieron una
embarcación proveniente de Gamarra, requisaron a sus pasajeros y sus maletines, los
obligaron a identificarse y compararon sus nombres con una lista que los paramilitares
llevaban.
El 19 de abril de 1998, los pobladores del corregimiento Cerro Burgos de Simití, ELIECER
ANGEL FLOREZ, chalupero y JORGE ANGEL FLOREZ, campesino, fueron asesinados por
paramilitares.
GONZÁLEZ
El 13 de enero de 1994, el campesino JOSE ANIBAL DURAN QUINTERO fue torturado por
tropas al mando del Teniente Luis Basilio Gutiérrez Sáenz, adscrito al Batallón de
Contraguerrillas No. 15 "Libertadores" de la Brigada Móvil No. 2, en su finca ubicada en la
vereda Tequendama, corregimiento Burbura de González.
Ese día al llegar la patrulla militar en horas de la tarde a la finca de José Aníbal, el
Teniente Gutiérrez lo requirió para preguntarle por el paradero de la guerrilla. Ante la
negativa del campesino porque desconocía por completo la ubicación de subversivos en la
zona, los uniformados lo empezaron a golpear indiscriminadamente; le vaciaron un balde
lleno de agua en su rostro, y el Oficial Gutiérrez se paró sobre su estomago y lo golpeaba
contra "un poste del naranjo"(sic). Los militares obligaron a José Aníbal a firmar una
83
constancia de buen trato y le incautaron un revolver de su propiedad. Le dictaminaron
una incapacidad legal de 10 días.
Actuaciones judiciales
La Procuraduría Delegada para la Defensa de los Derechos Humanos inició la
investigación con el radicado No 008-151932- y formuló pliego de cargos al
Teniente Luis Basilio Gutiérrez Sáenz el 18 de mayo de 1998. El 14 de octubre de
1998 la Delegada encontró probada la responsabilidad del militar en los malos
tratos y las torturas infligidas a José Aníbal Duran, y debido a que se trataba de
un crimen de lesa humanidad que lleva inherente un carácter de extrema
gravedad y máxima violación a los derechos humanos, en respeto al principio de
igualdad la sanción a aplicar era la destitución (separación absoluta) de las fuerzas
militares.
El inculpado interpuso recurso de apelación contra el fallo anterior, el cual se
resolvió en el Despacho de la Procurador General de la Nación el 23 de diciembre
de 1998, modificando parcialmente la providencia anterior al cambiar la sanción
de destitución impuesta al Teniente Gutiérrez por la de reprensión severa, por
cuanto las tortura no es una falta instituida en el Reglamento Disciplinario de las
Fuerzas Militares como causal de mala conducta o contra el honor militar que
acarree la destitución.
El 13 de febrero de 1998, los campesinos HERMAN MORA SUAREZ, LIBARDO GUERRERO
PAEZ, y MILLER OÑATE, fueron asesinados por un grupo armado que incursionó en la
vereda El Chamizo.
RIO DE ORO
Los casos ocurridos en el municipio de Río de Oro datan desde 1988. Ese año, el 12 de
noviembre, los campesinos OLOVER ANTONIO CAVIER y ALFREDO SILVA FRANCO de 22
años fueron asesinados en la finca La Tinta; el crimen fue cometido por un grupo de 15
hombres armados quienes iban vestidos con prendas militares. El 14 de diciembre
siguiente, el conductor RAMIRO OJEDA RINCON de 23 años, fue encontrado muerto en el
corregimiento Montecitos.
El 16 de septiembre de 1989, los campesinos y miembros de una misma familia
ARGEMIRO NORIEGA QUINTERO de 49 años, FABIAN NORIEGA QUINTERO de 26 años,
EBERTO NORIEGA QUINTERO de 33 años, JESUS NORIEGA QUINTERO de 45 años y
HERNAN NORIEGA QUINTERO de 35 años, fueron torturados y asesinados por miembros
del F-2 de la policía que llegaron hasta la finca Los Sabanales en la vereda Aguas Blancas
del corregimiento Montecitos. Los miembros de la policía llamaron a las víctimas por sus
nombres, pidiendo lazos para amarrarlos y posteriormente se los llevaron. Al día siguiente
los cuerpos fueron encontrados maniatados, con señales de tortura y disparos en la
cabeza.
A lo largo de 1994 se presentaron enfrentamientos entre la fuerza pública y la guerrilla en
la región comprendida por el municipio de Río de Oro y fue denunciada la presencia de
grupos paramilitares, que en dicho año recrudecieron sus acciones, especialmente contra
la población campesina o en otros casos aduciendo a su labor de “Limpieza Social”
arremetieron contra aquellas personas a las que ellos consideraban “improductivas” para
la sociedad.
84
El 27 de marzo de 1994, los campesinos MIGUEL BARBOSA GARCIA de 33 años, JUAN
ALBERTO CARRASCAL SANCHEZ de 21 años y SIMON ROJAS GUERRERO de 41 años,
fueron asesinados cuando un grupo de 15 hombres armados los sacaron de sus viviendas
en el corregimiento Márquez.
El 13 de mayo de 1994, los propietarios de la finca Los Pinos PEDRO GUERRERO de 55
años y ALONSO JUAN GUERRERO de 45 años, fueron asesinados y sus familiares
ANTONIO GUERRERO ALBA, FRANCISCO ANTONIO GUERRERO y PEDRO MEDALLEZ
fueron desaparecidos por desconocidos en el corregimiento Los Ángeles. Otra fuente
indica que las víctimas eran reconocidos delincuentes comunes de la región que al
parecer, fueron asesinados por miembros de la SIJIN de la policía que los sindicaron de
cuatreros.
El 11 de septiembre de 1994, el comerciante FERNAL BARRERA JACOME de 47 años fue
asesinado por tres hombres desconocidos en el corregimiento El Salobre. Los
desconocidos obligaron a Fernal y a su acompañante a descender del camión en que se
desplazaban, luego ordenaron al conductor devolverse a Ocaña para que informara a los
familiares de Fernal para que recogieran su cuerpo.
El 19 de diciembre de 1994, un HOMBRE fue encontrado asesinado de dos disparos en
circunstancias desconocidas, en la vía a Aguas Claras.
El 26 de agosto de 1995, los conductores JUAN EMIRO SANCHEZ de 27 años y JOSE
BERNARDO TARAZONA, fueron desaparecidos cuando se desplazaban en una motocicleta
y posteriormente asesinados y torturados en el sitio Puente la Mesa. El 4 de septiembre
los cuerpos de Juan Emiro y José Bernardo fueron encontrados; tenían las manos atadas
a la espalda, torturados y con varios disparos en diferentes partes del cuerpo. Los dos
conductores residían en el barrio San Luis de Cúcuta.
El 19 de octubre de 1995, el ganadero ROMAN ALONSO CLARO CARRASCAL de 36 años
fue retenido y posteriormente asesinado y torturado por varios hombres armados en la
hacienda de su propiedad La Soledad, en Sanín Villa, entre Ocaña (Norte de Santander) y
Aguachica (César). El 21 de octubre fue encontrado el cuerpo de Román a tres kilómetros
del aeropuerto Hacaritama de Aguachica, por un camino que conduce a la vereda Cerro
Bravo, presentaba once disparos y visibles huellas de tortura.
El 29 de enero de 1996, el empleado de la Clínica Torcoroma RAFAEL ALVAREZ ALVAREZ
de 26 años fue asesinado por desconocidos que le dispararon en cuatro oportunidades; en
la vereda El Carbonal.
El 28 de febrero de 1996, ORLANDO ALEJO OSORIO de 38 años y EMILIO CÁRDENAS
URIBE fueron asesinados por varios hombres, unos de ellos vestidos con prendas
militares y otros de civil que los sacaron de sus casas, los llevaron a un sitio solitario y les
dispararon en zona urbana del municipio.
El 18 de septiembre de 1996, HECTOR SAUL SANABRIA VERA de 48 años y MARIA
TRINIDAD CASTILLO NOVOA fueron asesinados de varios impactos de arma de fuego por
varios hombres armados que incursionaron en la vereda Cimarrón en el corregimiento de
Montecitos.
85
SAN MARTÍN
La dramática persecución desatada contra la organización campesina se da en cualquier
nivel. En el local, y en lo que respecta al Sur del Cesar, varios líderes y dirigentes de
movimientos comunales campesinos soportaron ser objetivos del hostigamiento estatal y
paramilitar, incrementado desde finales de la década de los ochenta. Los pretextos, a
medida que pasaba el tiempo, fueron pasando de la lucha por el monopolio de la tierra a
la lucha contrainsurgente. La población de San Martín fue la mas afectada por dicho
embate, que no tenía consideraciones en su aciago despliegue y no dejaba campo para
las denuncias de los atropellos y crímenes sucedidos, pues hacerlo era tener una segura
condena de muerte. La imposición de la violencia y, de paso, de la destrucción del tejido
social construido se impuso en el Sur del Cesar sobre campesinos, dirigentes comunales y
gremiales mediante su asesinato selectivo principalmente.
Los casos que corresponden al municipio de San Martín entre 1986 y 1987 incluyen
autores no precisados y paramilitares, al lado de la acción abierta de la tropa regular. De
esta manera, RAMIRO ROPERO PAEZ, JUAN ROPERO, EMILIA ROSA ESCALANTE DE
ROPERO, PASTOR ROPERO, fueron asesinados y torturados en la vereda Louso el 15 de
enero de 1986. A este crimen múltiple le sigue el ocurrido el 4 de octubre de 1986
cuando fueron asesinados el campesino HECTOR GARCIA y CINCO CAMPESINOS más.
Tres de los asesinatos se produjeron en la finca La Verraquera ubicada en la vereda La
Novilla y los otros tres en la finca Rodilandia de la vereda Chaparral. Los paramilitares
dejaron sobre los cuerpos un panfleto en que decía: “Esto es para que no colaboren con
las FARC”.
El 18 de abril de 1987, el militante de la UP, JOSE ONIAS MORALES, fue abordado y
amenazado por una patrulla del ejército al mando del capitán Horacio Lema en vía
pública. José departía con otros pobladores frente a una ferretería cuando fueron
abordados por la patrulla del ejército, quienes los obligaron a subir a una camioneta y al
ser conducidos varias cuadras les quitaron los documentos de identidad, el Capitán
Horacio Lema se dirigió a José con insultos por ser miembro de la UP, finalmente le
advirtió que si permanecía en la región “un día aparecería muerto como un perro”.
Esta amenaza se cumplió el 25 de enero de 1988, cuando fue asesinado por un sicario. El
crimen fue cometido 24 horas después de que José Onias inscribiera su candidatura.
El 22 de junio de 1988, los hermanos CARLOS ARTURO TRASLAVIÑA DELGADILLO de 22
años y HELI AQUIN TRASLAVIÑA DELGADILLO de 19 años y MIGUEL ANGEL OCHOA
PINZON de 15 años, dedicados a la agricultura, fueron detenidos, torturados y
desaparecidos por unidades de contraguerrilla del ejército adscritas a la V Brigada. Los
militares, un grupo de aproximadamente 70 hombres, llegaron a la vereda La Vega del
Oso, entraron a la finca El Placer de propiedad de la familia Traslaviña Delgadillo;
dispararon contra la casa haciendo que sus moradores salieran corriendo, entre ellos la
señora y cinco hijos, tres de los cuales eran menores de edad.
El ejército allanó la casa de la familia causando múltiples destrozos y robándose varios
elementos que se hallaban en la casa, como dinero en efectivo, aduciendo que éstos, así
como la familia pertenecía a la guerrilla. Cerca del lugar fueron alcanzados Carlos y Helí y
se los llevaron consigo. Al día siguiente, los habitantes de la vereda El Cobre vieron que la
tropa los llevaba detenidos; en este lugar el ejército estuvo 5 días acantonado. Durante el
operativo, en otro lugar de la misma vereda fue detenido el menor Miguel Ángel. Vecinos
del lugar vieron cuando a uno de ellos lo estaban sumergiendo en un tanque con agua
hasta causarle ahogo. Desde entonces se encuentran desaparecidos los tres jóvenes. En
86
el mismo operativo fueron detenidas Magola Castilla y una mujer de nombre Rocío y
conducidas a la base militar Morrison. En los hechos participaron los capitanes Barrera,
Yepes y otro militar de apellido Caraballo.
El hecho se denunció ante la Procuraduría Regional en Bucaramanga.
Posteriormente la actuación disciplinaria fue asumida por la Procuraduría Delegada
para las Fuerzas Militares, que abrió investigación disciplinaria bajo el radicado No.
022-73973-1988. El 27 de noviembre de 1995 ordenó el archivo de la
investigación “por falta de mérito”.
El 16 de enero de 1989, el Inspector de policía del corregimiento Minas LIBARDO
MORALES GAVIRIA de 59 años, fue asesinado frente a su residencia por 3 sujetos
desconocidos que le dispararon en tres ocasiones.
El 21 de enero de 1990, el campesino RAMON JAIMES GUERRERO de 24 años, fue sacado
de su residencia en el corregimiento de Aguas Blancas, siendo posteriormente hallado su
cuerpo con varios impactos de bala a un lado de la carretera troncal del oriente. Según la
policía del Cesar, el ELN los sindicó de ser informante de las fuerzas armadas, y por esa
razón lo asesinó.
El 4 de julio de 1990, el comerciante DANIN FABIAN PASTRANA, fue asesinado por
desconocidos, en el corregimiento Aguas Blancas.
El 18 de noviembre de 1990, los campesinos JOSE LAIN TRILLOS VARELA de 34 años,
FEDERICO GALVIS SUAREZ de 24 años y GILBERTO GARZON BUSTAMANTE de 22 años,
fueron retenidos por un grupo de paramilitares, siendo posteriormente hallados sus
cuerpos sin vida en un sitio no precisado del corregimiento Aguas Blancas. Los habitantes
de la región bloquearon la vía que conduce a la Costa Atlántica y organizaron una marcha
de protesta por el hecho.
El 15 de abril de 1991, la guerrillera desmovilizada del EPL y militante del nuevo
movimiento Esperanza, Paz y Libertad, ESPERANZA GUIJON, fue asesinada de 8 disparos
de arma calibre 9mm propinados por desconocidos.
El 19 de agosto de 1991, el militante del M-19 conocido como RICHARD, fue asesinado
por varios hombres que se movilizaban en un campero sin placas, cuando departía con
unos amigos en un establecimiento público del corregimiento Minas.
Cuatro días después, el 23 de agosto, la promotora de Acción Comunal NELLY HEREDIA
DUARTE, fue detenida por varios hombres vestidos con uniformes militares y portando
armas de corto y largo alcance. Al día siguiente, Nelly fue asesinada en el sitio
denominado Aries. Ella había sido retenida en una ocasión junto con la alcaldesa y otros
miembros de la administración municipal. El mismo día fue asesinado un MILITANTE de la
AD-M-19, y CINCO PERSONAS, fueron heridas en atentado perpetrado por desconocidos
que ametrallaron la casa de la familia Riaño, en el corregimiento Minas.
El 31 de agosto de 1991, el ex guerrillero del Ejercito Popular de Liberación, EPL, y
miembro del proyecto económico del movimiento Esperanza Paz y Libertad LUIS EVELIO
ORTEGA URENA, fue asesinado por 4 individuos que lo interceptaron cuando se
desplazaba hacia la ciudad de Bucaramanga, a la altura del corregimiento Minas
87
La persecución a los líderes campesinos
El 16 de noviembre de 1992, el promotor de juntas de acción comunal NELSON DURAN
CHINCHILLA, el activista popular MANUEL GALARCIO y el conductor RAFAEL ROJAS de 35
años, quien manejaba el vehículo Renault 4 de color blanco en el que se movilizaban,
fueron detenidos, torturados y asesinados por militares vinculados a la base Morrison
perteneciente al batallón de Infantería No. 15 Santander de Ocaña, en zona rural de San
Martín.
Las víctimas salieron a las 9 a.m. de San Martín rumbo al corregimiento Barranca Lebrija,
de Aguachica, donde Nelson participaría en una reunión de pescadores, como promotor
de juntas de acción comunal. Según versiones de testigos, las víctimas fueron detenidas
por los militares hacía las 9:35 de la mañana.
En horas de la noche de ese mismo día los familiares de las víctimas se enteraron de su
muerte por los medios de comunicación, al ser presentados por las fuerzas militares como
guerrilleros dados de baja y quienes supuestamente se disponían a entrevistarse con el
comandante del XX frente de las FARC. Al día siguiente, 17 de noviembre, el diario
Vanguardia Liberal publicó la noticia “Tres subversivos fueron abatidos ayer por el ejército
en zona rural... el contacto lo protagonizaron miembros del batallón Santander, adscritos
a la V brigada e insurgentes del XX Frente de las FARC”.
El inspector de policía de San Martín y familiares de las víctimas buscaron sus cuerpos,
los que finalmente fueron hallados en la funeraria San Roque de Aguachica, donde el
administrador les informó que varios miembros del ejército, habían llevado los cuerpos y
habían dicho “ahí dejamos esos perros desgraciados, mire a ver que hace con ellos”. Los
cuerpos presentaban visibles muestras de tortura, golpes, quemaduras, y vestían prendas
militares.
Nelson, además de trabajar como promotor de Juntas Comunales con la alcaldía, había
sido uno de los organizadores del Foro por la Vida y el Desarrollo del sur del Cesar,
realizado en la población en el mes de agosto del mismo año, donde varios campesinos y
pobladores de la región denunciaron los atropellos que el ejército venía cometiendo en la
zona. Igualmente había participado en el paro nacional agrario de octubre de 1992,
realizando algunas gestiones con el fin de que a las personas detenidas en esa jornada,
se les garantizara el debido respeto a sus derechos.
Después del asesinato de los tres hombres, los habitantes de la región empezaron a
recoger firmas para demostrar que las víctimas eran conocidas en la región y que sus
actividades nada tenían que ver con la lucha armada, pero uno de los impulsores de la
recolección de firmas, PEDRO GELVEZ, quien también era líder comunal, fue detenido y
luego desaparecido el sábado 19 de diciembre de 1992 en la vereda La Unión, zona rural
de San Martín, por fuerzas conjuntas de la base militar Morrison, y el batallón de
Infantería No. 15 Santander adscritos a la Brigada Móvil No. 2; también participaron
efectivos de la Estación de policía del municipio. En los hechos estuvieron involucrados el
Cabo Primero de la policía Nelson Márquez Sanabria y el Capitán del ejército Alberto Calvo
Calle.
Pedro se encontraba en compañía de MANUEL SERAFÍN GUERRERO, cuando fueron
detenidos por los militares, quienes les exigieron que presentaran los documentos de
identidad a un Capitán que comandaba la tropa, el oficial Calvo Calle. Este empujó a
Pedro y ordenó a un soldado que retuviera a su acompañante; inmediatamente se
llevaron a Pedro, ante lo cual Manuel preguntó por qué se lo llevaban. Un soldado le
contestó que eran cosas de rutina, pero que pronto sería dejado en libertad.
88
Pedro fue llevado al comando de policía y entregado al Suboficial que se encontraba de
turno esa noche, el Cabo Primero Márquez. Manuel, quien había sido dejado en libertad,
se dirigió al comando de policía donde explicó quien era su acompañante y solicitó que lo
liberaran; el Cabo Márquez le permitió la salida, pero cuando habían caminado media
cuadra este los alcanzó y les dijo que no podía soltar al muchacho (a Pedro), porque el
comandante del ejército vendría más tarde por él. No obstante le dijo a Manuel que no se
preocupara, que Pedro sería dejado en libertad al día siguiente a las ocho de la mañana y
que no le iba a pasar nada. Desde entonces no se sabe de su paradero.
Al día siguiente Manuel en compañía de otras personas, se dirigió al comando de policía
en busca de Pedro; allí les informaron que el comandante de la base Morrison se lo había
llevado a las dos de la mañana, por lo cual procedieron a buscarlo a dicha base, pero ese
día no lograron que se les diera información, ya que, supuestamente, el comandante de
la unidad militar no se encontraba allí. Solo hasta el día siguiente, el 21 de diciembre, el
comandante les informó que Pedro había sido soltado el día anterior a las cuatro y treinta
de la mañana y que él personalmente había ordenado que lo montaran en un vehículo
que lo llevara de vuelta a San Martín.
En el momento de la detención, Pedro portaba una hoja en la que estaba recogiendo
firmas, con las cuales los pobladores de la zona, certificaban que el promotor de juntas de
acción comunal, Nelson Duran Chinchilla, quien había sido asesinado el 16 de noviembre
de ese mismo año por miembros de la base Morrison, era un dirigente popular y no un
guerrillero muerto en combate, como lo había informado el ejército.
Las diligencias preliminares adelantadas obtuvieron pruebas de la vinculación de
miembros de la base Morrison en la desaparición. Sin embargo, la Sala Disciplinaria de la
Procuraduría General de la Nación, solo vinculó al Cabo Primero Márquez quien, mediante
el radicado 008138176 de 18 de octubre de 2000, fue absuelto pues según el ente
gubernamental no se alcanza a demostrar que el Suboficial haya cometido la desaparición
a pesar de haberse llevado a la víctima, pues de ese hecho no se sigue que él la
desapareció directamente. Es de anotar que un hermano de Pedro se vio obligado a salir
de la región por amenazas contra su vida.
Posteriormente, MANUEL SERAFÍN GUERRERO, testigo de la desaparición, y quien
realizara las acciones de búsqueda de Pedro, fue víctima de hostigamientos y amenazas
contra su vida y contra su familia, por miembros de la Brigada Móvil No. 2, hasta ser
finalmente asesinado el 23 de julio de 1994 por un grupo de tres hombres armados a un
kilómetro del pueblo (aproximadamente), en la vía que conduce a la vereda La Unión.
Manuel se movilizaba en un vehículo de transporte público, cuando los tres individuos
abordaron el automotor y obligaron al conductor a detenerlo. Luego hicieron bajar a los
ocupantes pidiéndoles identificación; al identificarse Manuel, uno de los criminales
expresó: “esto es dándole”, y procedieron a dispararle, propinándole cuatro impactos con
arma de fuego.
Antes de la muerte de Martín, un hijo suyo, PEDRO GUERRERO de 22 años de
edad, había sido detenido el 27 de mayo de 1994 en un operativo conjunto entre el
ejército comandado por Oswaldo Castellano Suárez, y un grupo paramilitar identificado
como Autodefensas de San Martín, en la vereda Vega del Oso, siendo llevado luego al
sitio conocido como La Bodega, donde habían obligado a la comunidad a reunirse,
instando a la población a sumarse al ejército y a los paramilitares en la lucha contra la
guerrilla. Manuel abogó ante los paramilitares por su hijo, a lo que el comandante le
89
expresó: “agradezca que no le regalamos un ataúd, sino que se lo entregamos al ejército,
pregúntelo en la base militar de San Martín”; se sabe que fue detenido en la cárcel de
Aguachica, a ordenes de la Fiscalía Regional de Barranquilla.
Los crímenes y atropellos de los que eran víctimas los líderes campesinos por los militares
de las bases Morrison y Aguas Claras, especialmente su responsabilidad en el asesinato
de Nelson Duran y Manuel Galarcio, fueron denunciados públicamente por el técnico
forestal de la Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria -UMATA- de San
Martín JAFETH MORALES, quien a raíz de sus denuncias, tuvo que desplazarse
forzadamente a finales de 1992. Posteriormente, el 10 de noviembre de 1996, Jafeth
sería asesinado por paramilitares en Ocaña, Norte de Santander.
El 6 de enero de 1993, el secretario de la Junta de Acción Comunal de la vereda Mesa
Rica y trabajador agrícola BENJAMIN DURAN, fue asesinado por 15 militares de la Brigada
Móvil No. 2 quienes llegaron a la finca de su SEÑORA madre y sin mediar palabra
dispararon con armas de largo alcance y lanzaron granadas contra la vivienda, donde se
encontraban SEIS PERSONAS y CINCO MENORES DE EDAD, cuatro de ellos heridos por
las esquirlas de granada en la vereda Mesa Rica. Los militares gritaron “salgan los
civiles”. El campesino salió a preguntar qué pasaba y los soldados le dispararon
asesinándolo. El comandante de la tropa ordenó a la madre de la víctima y la obligó a
prepararles limonada, mientras su hijo agonizaba. Uno de los menores tuvo que ser
hospitalizado como consecuencia de las heridas. Desde esa fecha la familia Durán ha sido
objeto de constantes hostigamientos. El campesino fue presentado por la Brigada Móvil
No. 2 como guerrillero del EPL muerto en combate, ocurrido en el sitio El Cobre.
El 12 de enero de 1993 en horas de la noche, la pasajera de un bus intermunicipal
CLAUDIA DOLORES NAVARRO DIAZ, fue asesinada y MARTHA LUCIA NAVARRO DIAZ, fue
herida
por
varios
hombres
que
atacaron
un
vehículo
de
la
empresa
COOTRANSMAGDALENA.
El 2 de noviembre de 1993 hacia las 3:40 m, el concejal electo por la UP FRANCISCO
JOSE CARDONA DIAZ de 42 años, fue asesinado por varios hombres que se identificaron
como miembros de las Autodefensas Campesinas del Sur del César frente a las
instalaciones de la alcaldía y de la inspección de policía. La noche anterior en la población
de San Alberto, fueron asesinados cuatro labriegos, por encapuchados que también se
identificaron como integrantes del mismo grupo paramilitar.
El 26 de noviembre de 1993, los campesinos FRANCISCO JIMENEZ de 24 años y
EUCLIDES JIMENEZ de 26 años, fueron asesinados y sepultados en fosas comunes, en el
corregimiento Aguas Blancas. Francisco y Euclídes, habían sido llevados a la fuerza en la
madrugada del día 23 de noviembre, por varios hombres armados.
EL 17 de enero de 1994 a las 6:00 A.M, el campesino administrador de la Finca
Montevideo ANIBAL SOSA CRIADO de 29 años, y los guerrilleros EMANUEL VILLABONA,
EDINSON CARDENAS RODRIGUEZ y GERSON SAID GUZMAN ANGARITA, miembros del
frente Camilo Torres Restrepo del ELN, fueron asesinados de varios disparos de fusil
propinados por soldados pertenecientes al Batallón Contraguerrilla No. 27 "Rogelio
Correa Campos", quienes se encontraban realizando una operación de rastreo y registro
del área, estando a órdenes del Subteniente Álvaro Enrique Cely Montaña y el Cabo
Primero Carlos Julio Manrique. El hecho ocurrió en la finca nombrada, vereda La Culebra,
corregimiento de Puerto Oculto en zona rural de San Martín (Cesar).
90
Según el relato de Flor María Tique, esposa de Anibal Sosa, ese día aproximadamente a
las 3:00 A.M, tres hombres armados (los guerrilleros) que portaban prendas de color
verde iguales a las que utilizan los uniformados de la policía, llegaron a la finca
solicitándole que les preparara tinto, a lo cual accedió de inmediato, pidiéndole luego que
llamara al dueño de la finca. Cuado la señora Tique llamo a su marido, este se levanto,
hablo con los individuos, y se volvió a acostar. Los extraños se quedaron en el lugar sin
mediar palabra.
A eso de las 6:00 de la mañana, cuenta Flor María, fue que hizo presencia el ejército. Ella
se levantó y llamó a Anibal quien se paró en la puerta. Inmediatamente los militares
cogieron a los individuos armados, los hicieron acostar y le quitaron el armamento.
Cuando los iban a asesinar, la obligaron a meterse dentro de la finca. Después de que
ella escuchó el "plomeo" ya todos estaban muertos, incluyendo su marido.
De acuerdo con la denuncia del 14 y 15 de diciembre de 1995 interpuesta por los
familiares de Anilbal Sosa, este fue sacado en ropa interior por los militares de su casa,
ubicada en la Finca Montevideo, y llevado arrastrando hasta la orilla de un caño de agua
dulce en la misma finca donde fue asesinado. Posteriormente fue transportado primero a
caballo hasta San Martín, y luego en un vehículo hasta la Base Militar Mórrison adscrita al
Batallón de Infantería No. 15 "Santander" donde lo encontraron sus familiares.
Es de anotar que el mismo día de la ocurrencia de los sucesos descritos, el Juzgado 109
de Instrucción Penal Militar adscrito a la V Brigada del Ejercito Nacional con sede en
Bucaramanga práctico diligencias en el lugar de los acontecimientos, donde pudo
"verificar y comprobar" que los cuatro (4) individuos dados de baja por los miembros del
Ejército portaban armamento de largo alcance, constituido por fusiles Fal, Galil y G-3, uno
de los cuales llevaba impreso el escudo de la República de Venezuela y tenía la inscripción
de Fuerzas Armadas de Venezuela. También adujo que uno de los occisos llevaba como
prenda de vestir un jean de color negro y asido a la pretina del mismo un trapo de color
rojo y negro con las insignias UC-ELN. En la diligencia se encontraban el Comandante de
la V Brigada y un grupo de periodistas de la cadena radial Caracol, prensa escrita y
noticieros de televisión.
Actuaciones judiciales
El crimen de Anibal Sosa fue denunciado ante la Fiscalía Seccional de Aguachica,
quien adelantó las primeras diligencias, las cuales fueron remitidas por competencia
al Juzgado 23 de Instrucción Penal Militar para posteriormente ser radicadas en el
Juzgado 109 de Instrucción Penal Militar, que por efecto de la congestión de los
despachos judiciales remitió el proceso al Juzgado 112 de la misma jurisdicción, con
sede en Puerto Boyacá, el cual una vez adelantada la investigación decreta en fallo
del 24 de febrero de 1997 cesar todo procedimiento seguido contra el Subteniente
Cely Montaña y el Cabo Manrique, sindicados del delito de homicidio de Sosa Criado,
por considerar que su conducta estaba bajo causales de justificación. La providencia
fue consultada por el Tribunal Superior Militar, organismo que en fallo del 15 de
septiembre de 1997 resuelve confirmar el proveído anterior.
La Procuraduría Delegada Para la Defensa de los Derechos Humanos, con
fundamento en las diligencias remitidas por la Secretaría de la Fiscalía Seccional de
Aguachica, adelanto la investigación pertinente por los hechos acaecidos el 17 de
enero de 1994. Mediante fallo del 18 de agosto de 1998, el ente gubernamental
decidió abstenerse de proseguir con la investigación disciplinaria en contra del
Subteniente Cely Montaña y el Cabo Primero Carlos Julío Manrique porque tanto
ellos como los soldados del operativo actuaron justificadamente en estricto
91
cumplimiento de un deber legal, conforme con la orden de operaciones No. 007
"Antilope" de Enero de 1994 emitida por el Comando del Batallón de
Contraguerrillas No. 27, pues los militares se encontraban en cumplimiento de una
misión, la cual consistía en dar con la captura de subversivos del ELN que operaban
en la región de Puerto Oculto, jurisdicción del municipio de Aguachica. En desarrollo
de esa operación se dio "un enfrentamiento armado sucedido en horas de la
madrugada en la finca Montevideo" lo que desemboco en las muertes de los tres
guerrilleros y el administrador de la finca, debido a que, en versiones de los
militares, al momento de su llegada fueron recibidos con fuego, lo que los obligo a
responder en legítima defensa. Lo anterior, según la Procuraduría, desvirtúa el
testimonio incongruente de Flor María Tique, además de las pruebas balísticas de los
disparos y la realidad probatoria aportada por el Juzgado 109 de Instrucción Penal
Militar, quien como se dijo, práctico diligencias momentos después del hecho.
El 30 de julio de 1994, el campesino JOSE DANIEL VALBUENA de 28 años, fue asesinado
con arma de largo alcance en circunstancias desconocidas.
El 14 de agosto de 1994, el presidente de la Junta de Acción Comunal de La Dorada
CARLOS JOSE ESTEVAN de 29 años, fue asesinado de dos disparos de pistola calibre 9mm
propinados por dos hombres armados.
El 4 de octubre de 1994, el campesino ROQUE JULIO CABANZO residente en la zona rural
los Bagres, fue torturado y herido al ser abordado por miembros de un grupo paramilitar
entre los que se encontraban un hombre conocido como “Felipe Guarapo” amnistiado del
EPL y el agente del DAS Enrique Muñoz. A Roque le fue puesto un pasamontañas, lo
amarraron y los trasladaron en un carro por la vía a Torcoroma; fue interrogado
constantemente sobre las víctimas de una masacre ocurrida en los últimos días,
posteriormente hacia las 6:00 de la tarde lo llevaron en un carro hasta el corregimiento
de Aguas Blancas, donde le propinaron cuatro impactos de bala, dos de ellos en el cuello,
los cuales le destruyeron la quijada, y otro en la cabeza, permaneció 12 horas en el lugar
gravemente herido, hasta que lo recogieron en una ambulancia de la empresa. Roque
tuvo que desplazarse de la zona y dejar su parcela abandonada.
El 14 de noviembre de 1994, los campesinos SAIN DUARTE AGUIRRE de 23 años y
RUBEN DARIO PARRA PARRA de 40 años, fueron asesinados de varios disparos
propinados por un grupo de hombres armados en la vereda Pajuilla.
El 15 de febrero de 1995 hacia las 7:30 p.m., los jóvenes campesinos FERNANDO
CARDENAS SANABRIA de 17 años, ISAIAS GARCIA PORTUGUES de 18 años, PEDRO
GARCIA PORTUGUES de 16 años y ALBERTO GARCIA PORTUGUES de 20 años, fueron
asesinados luego de haber sido sacados de sus viviendas por un grupo paramilitar que se
movilizaba en un vehículo sin placas en la vereda Aguilillas. Los cuerpos fueron
encontrados en la vereda La Yegüerita, presentaban señales de tortura y cada uno cuatro
disparos en la cabeza.
En mayo de 1995 un POBLADOR fue asesinado, cerca a una tienda ubicada a la salida
hacia Aguachica por paramilitares del grupo comandado por alias “Pedro” acompañado
por alias “Ricardo” y ordenado por Vicente Zabala, que prestaba su finca como base
paramilitar, en el sitio Campo Alegre de Sabana de Torres. Los paramilitares le dispararon
al hombre cuando se movilizaba en una motocicleta, la cual después del crimen fue
llevada para la finca de Vicente Zabala.
92
El 18 de junio de 1995, el campesino residente de la vereda Los Bagras JOSE DEL
CARMEN PEREZ de 22 años, fue desaparecido luego de haber sido llevado a la fuerza por
varios hombres armados, quienes movilizándose en una camioneta Luv, de color
vinotinto, interceptaron el camión en que la víctima se desplazaba con dos hermanos y un
grupo de amigos, quienes se dirigían a jugar un partido de fútbol; después de
amenazarlo, se lo llevaron con rumbo desconocido.
El 9 de agosto de 1995, el conductor y estudiante de la jornada nocturna en el Colegio
Nacionalizado EFREN ESPINOZA SALCEDO 25 años y ELSA BARBOSA COLLANTES de 27
años, fueron encontrados asesinados en el caserío del El Barro Corregimiento Aguas
Blancas. Los cuerpos estaban atados de pies y manos, con visibles señales de tortura. A
Efrén le habían cercenado los testículos y Elsa tenía una herida de arma cortopunzante,
desde la región toráxica hasta la zona umbilical y los senos cercenados, cada uno
presentaba 4 disparos. Habían sido llevados a la fuerza el 6 de agosto hacia las 9 de la
noche por unos 10 paramilitares que se desplazaban en varios automóviles. Otra fuente
indica que “la pareja había sido secuestrada por quince hombres que portaban fusiles, del
hotel El Amarillo, situado a 8 kilómetros del perímetro urbano de San Alberto”.
El 16 de septiembre de 1995 en horas de la noche, el campesino ELIO HERNANDEZ
JAIMES de 43 años, fue asesinado de un disparo de fusil en el abdomen y su HIJO de 2
años, fue herido de un disparo en el pie derecho, por hombres que vestían uniformes del
ejército, quienes incursionaron en el predio de la finca El Porvenir.
El 10 de octubre de 1995, el campesino JOSE DEL CARMEN CARDENAS GELVES de 44
años, fue asesinado de dos disparos propinados por paramilitares que incursionaron en la
finca Buenos Aires, ubicada en la vereda San Pablo.
El 3 de enero de 1996 hacia las 7:30 pm., el campesino LUIS JOSE DURAN CARRASCAL
de 57 años, fue asesinado de 9 disparos propinados por dos miembros de un grupo
paramilitar, en el momento en que se encontraba conversando con una vecina, sentado
en un andén en la zona urbana del municipio. Luis José se encontraba en la localidad,
visitando a unos familiares, luego de asistir al sepelio de un amigo. En febrero de 1993
había sido obligado a marcharse de San Martín, luego del asesinato de su hijo, Nelson
Durán Chinchilla -promotor de Juntas de Acción Comunal-, cometido en noviembre de
1992 y de su sobrino Benjamín Durán, cometido el 6 de enero de 1993. Ambos
asesinatos fueron cometidos por militares de la Brigada Móvil No. 2 y las víctimas fueron
presentadas como guerrilleros muertos en combate.
El 29 de marzo de 1996, el dirigente del M-19, MARCOS VASQUEZ, fue desaparecido,
torturado y asesinado cuando se movilizaba de los campos de producción de Palma
Africana, hacia San Alberto; fue llevado a la fuerza por un grupo paramilitar que opera
bajo las órdenes de un sujeto a quien apodan “Chucky” en zona rural del municipio.
Marcos fue encontrado asesinado el 31 de marzo en el corregimiento Líbano, su cuerpo
presentaba varios impactos de bala, señales de tortura y le sacaron los ojos. Marcos se
desempeñó hace varios años como vocero del sindicato palmífero.
El 7 de diciembre de 1996, JUAN CARLOS CARREÑO MONSALVE de 24 años, JAVIER
CARDENAS JEREZ de 26 años, RAMON DEL CARMEN CARRASCAL RAMIREZ de 27 años,
ORLANDO ALONSO OSMAN ZULUAGA de 28 años, JOSE GABRIEL RENDON de 32 años y
LUIS MARIA OVIEDO RODRIGUEZ de 31 años, fueron asesinados por paramilitares que se
hacen llamar Autodefensas Campesinas del Córdoba y Urabá, ACCU, que incursionaron en
las viviendas ubicadas en el corregimiento Minas. Los cuerpos de las victimas fueron
hallados en Puente Caño Sánchez, corregimiento de Líbano, zona rural de San Alberto.
93
Los miembros del grupo paramilitar, los sacaron a la fuerza y los obligaron a abordar
varias camionetas; horas después, sus cuerpos fueron hallados con múltiples impactos de
bala y señales de tortura. Mediante panfletos distribuidos en zona rural de San Martín, los
paramilitares sindicaron a sus víctimas de pertenecer a bandas que atracaban buses y
camiones en el sur del Cesar.
El 12 de mayo de 1997, FELIX FERNANDO GUTIERREZ BUELVAS fue asesinado y JUDITH
RUEDA resultó herida y murió cuando era trasladada a un centro hospitalario de
Bucaramanga. Los responsables de estos homicidios fueron aproximadamente diez
hombres que portaban prendas de uso privativo de las fuerzas armadas. Una hora más
tarde, SAMUEL OLIVARES VARGAS y otra PERSONA, fueron encontrados asesinados. El
hombre sin identificar portaba prendas militares y portaba un fusil Fal, proveedores 7.65,
granadas de mano y municiones.
SAN ALBERTO
Los primeros casos de detención y sindicación de pertenecer a grupos guerrilleros se
presentan en municipios como San Alberto, donde en marzo de 1975 fue detenido por
miembros de la policía y acusado de ser guerrillero SAUL VARGAS, quien era obrero y
sindicalista.
Finalizando la década de los ochenta, San Alberto se convierte en escenario del accionar
represivo manifestado en detenciones arbitrarias, señalamientos y ataques sistemáticos
los pobladores y trabajadores del sector público. En algunas ocasiones es el ejército
quien abiertamente comete varios atropellos en contra de la población inocente, ya sea
contra jóvenes estudiantes, personas indocumentadas o simples campesinos,
trabajadores de sus parcelas. En otras ocasiones, los crímenes son cometidos por
organismos paramilitares quienes con la complicidad de los militares atacan
indiscriminadamente a la población civil, cometiendo gran cantidad de crímenes. Muchas
veces estos crímenes son cometidos en vías públicas y otras tantas, estos se desplazan
hasta las fincas de los campesinos, para masacrarlos allí mismo. Así se puede evidenciar
a continuación:
Una detención convertida en asesinato
El 5 de febrero de 1988, EFRAIN MANUEL PATIÑO SANDOVAL, estudiante de bachillerato
de 18 años, y el campesino RENE FRANCISCO RAMOS fueron detenidos por miembros de
la policía. Posteriormente sus cuerpos sin vida fueron encontrados en el sitio “Curva del
Diablo”, en el municipio de La Esperanza (Norte de Santander, cuando era Corregimiento
del municipio de Cáchira). Ambos presentaban señales de torturas. Efraín, una vez
terminado el año escolar, pretendía viajar de la finca Santa Teresa, ubicada en el
Corregimiento La Pedregosa, municipio de Cáchira (Norte de Santander), a pasar
vacaciones en casa de su señora abuela en San Alberto, y de igual manera comprar
víveres y avisarle a sus padres de su regreso a Cúcuta. Una vez en la localidad cesareña
se encontró con Rene, con quien resolvió tomarse una gaseosa; en ese instante se
presentó una patrulla de la policía, en donde se encontraban los Agentes Esneider
Montenegro Ferreira, José Luis Ortiz y Leopoldo Delgado Angarita. Estos uniformados
detuvieron a los jóvenes para una averiguación de conducta, siendo acompañados por la
señora Betsabé Ramos de Franco, madre de Rene, hasta la estación de policía. El
Comandante de la misma era el Cabo Segundo Víctor Mario Bonilla Figueroa.
94
A las 2.00 p.m. de ese mismo día la señora Betsabé regresó al puesto de policía,
encontrando a los dos jóvenes cargando arena en el parque del poblado, permitiéndole
los policías que los vigilaban, les diera refresco y comida; en esa labor los tuvieron hasta
las 5:30 o 6.30 p.m. Tiempo después la señora los halló esposados en una celda del
puesto de policía. A las 8.30 p.m. regresó a llevarles comida, pero los uniformados no le
permitieron el ingreso, por lo que ésta decidió pasar la noche en San Alberto. Al día
siguiente volvió de nuevo al puesto de policía, donde le manifestaron que los jóvenes
habían sido dejados en libertad, por lo que decidió viajar inmediatamente al
Corregimiento de La Pedregosa.
Dos días después de la detención fueron encontrados los cuerpos de Efraín y Rene en el
sitio antes mencionado, quienes tenían once impactos de bala calibre 9mm en el tórax,
abdomen y espalda, y claras huellas de torturas. Es de anotar que Rene había sido
amenazado en varias oportunidades por la policía, y además estuvo dos años en la cárcel.
El procedimiento disciplinario fue muy pobre. La Procuraduría Delegada para la Policía
Nacional, abrió el expediente 69767, y en providencia del 16 de marzo de 1993 consideró
que el Suboficial Víctor Bonilla y el Agente Esneider Montenegro habían infringido el
Código disciplinario al requisar a los inculpados sin las formalidades requeridas. No se
tienen más datos acerca de la investigación. Por otro lado, el Tribunal Contencioso
Administrativo del Norte de Santander, mediante sentencia del 8 de septiembre de 1.992,
condena a la nación, al pago de los perjuicios morales a los padres y hermanos de Efraín
Patiño (1.000 gramos oro). El Honorable Consejo de Estado, sala de lo Contencioso
Administrativo, sección tercera, mediante providencia de junio 17 de 1.993, decide en
grado jurisdiccional de consulta confirmar la sentencia de primera instancia.
La mayoría de las veces, los crímenes cometidos por paramilitares son escondidos tras la
fachada de autores desconocidos. No obstante, un breve vistazo a los casos confirmara
que son supuestos hombres no identificados que utilizan armas y uniformes de uso
privativo de las fuerzas armadas. Además, la Brigada Móvil No. 2 y el batallón
Contraguerrilla No.27 Coronel Rogelio Correa Campos, además de grupos paramilitares
como el denominado TERMINATOR, emprendieron una guerra sin cuartel contra sectores
sindicales y militantes políticos de izquierda.
El 18 de agosto de 1988, en el corregimiento Puerto Carreño, se encontró incinerado el
cuerpo de un HOMBRE.
Durante ese mismo año, el 27 de noviembre, el ex funcionario del Estado JESUS MARIA
PRADA MOLINA, LEONARDO ALFREDO RODRIGUEZ MORENO y los campesinos JAIME
MUNOZ y SENEN MOSQUERA, fueron asesinados en la finca El Desorden ubicada en el
corregimiento Líbano, por un grupo de hombres armados.
1989
El 10 de enero, el cuerpo de JONNY JAVIER VALENCIA fue encontrado en la zona urbana.
Jhonny vestía pantalón azul y tenis blancos y en una mano llevaba una camisa azul,
además portaba una denuncia de perdida de documentos a su nombre.
El 5 de febrero, fue asesinado por paramilitares, el asistente del Juzgado Promiscuo
Municipal ELBERT JIMENEZ de 28 años, cuando transitaba cerca a su residencia.
95
El 8 de mayo de ese mismo año, JESUS ANTONIO AYALA AMADO de 37 años, fue herido
de disparos de arma calibre 9mm y falleció cuando era trasladado a la ciudad de
Bucaramanga, en inmediaciones de San Alberto.
El 30 de mayo a las 7:00 a.m., los campesinos miembros de una misma familia LUIS
ENRIQUE PINZON SERRANO de 65 años, CARLOS JULIO PINZON de 30 años y TIMOTEO
PINZON FONTECHA de 14 años, fueron asesinados por dos hombres y una mujer que
vestían prendas militares, los cuales llegaron hasta la hacienda El Salto en el
corregimiento Líbano.
Posteriormente, el 21 de junio, el ex alcalde e ingeniero de filiación conservadora LUIS
ORLANDO RIVERA STEPPER de 44 años y su escolta PORFIRIO FLOREZ ARANGO, fueron
asesinados por un grupo de hombres armados que llegaron hasta la finca San Lorenzo de
su propiedad.
1990
Durante el primer trimestre de la década de los noventa, específicamente el 4 de marzo,
los sindicalistas PABLO EMILIO CARDENAS y ALVARO MORA, fueron torturados y
asesinados por desconocidos cuando se desplazaban de San Alberto a Bucaramanga, sus
cuerpos fueron hallados en la vereda Chimita, municipio de Bucaramanga.
El 10 de marzo, el campesino ANGEL AYALA PEREZ y sus hermanos DIONISIO AYALA
PEREZ y NICANOR AYALA PEREZ, fueron encontrados asesinados en el corregimiento Los
Cedros. Los tres hermanos habían sido secuestrados, según fuentes oficiales, por
guerrilleros que los acusaban de ser cooperadores del ejército.
El 15 de marzo a las 9:30 p.m., el obrero y sindicalista AUGUSTO MALDONADO, fue
asesinado por dos sujetos en el momento en que ingresaba a su residencia en el barrio
Primero de Mayo. Poco antes había sido asesinado un comerciante en el centro de la
localidad, al parecer por los mismos sujetos.
El 20 de abril, el administrador de la finca San Lorenzo ALIRIO DIAZ VILLAMIZAR, fue
asesinado por un grupo de unos 40 hombres que portaban armas de largo alcance en San
Alberto. La policía atribuyó el hecho a la guerrilla.
Días después, el 24 de abril en horas de la noche, JOSÉ JUVENAL ARCHILA y otro
HOMBRE fueron asesinados por dos desconocidos. José Juvenal y su acompañante fueron
sacados de un establecimiento público, por los sujetos, que se movilizaban en una moto.
El 1 de julio, el obrero JOSE JOAQUIN DUQUE, fue asesinado por desconocidos. El 8 de
septiembre, el trabajador de un taller de latonería y pintura JOSE EDGAR RIAÑO ROJAS
de 19 años, fue asesinado por miembros del ejército adscritos al batallón Santander. El
grupo de militares llegó al establecimiento a realizar una batida, como José no tenía
libreta militar trató de huir del lugar en una bicicleta, al no atender los requerimientos de
los militares, estos le dispararon por la espalda, hiriéndolo en su pierna derecha. “En el
piso el muchacho fue golpeado con la culata de un arma y después le hicieron un tiro de
fusil que le entró por la espalda. El informe médico legal reportaba cuatro heridas más
96
con arma corta. Del caso de homicidio fue sindicado un teniente de apellido Rincón quien
es investigado por un juzgado de Instrucción Penal Militar”98.
El 7 de octubre, el Inspector de policía del corregimiento La Llana del municipio de San
Alberto, RUBEN VELEZ de 60 años, fue asesinado por varios hombres que irrumpieron en
su vivienda.
El 20 de noviembre, EUCLIDES CARREÑO SANJUÁN de 30 años, administrador, de la finca
Rivelandia de propiedad del ex congresista Rodolfo Rivera, fue asesinado por individuos
que se movilizaban en una moto, cuando se desplazaba en una bicicleta en zona rural del
municipio.
El 9 de diciembre, FABIO LEAL ORTIZ de 15 años, su hermano WILLIAM LEAL ORTIZ de
20 años y ADINAEL GOMEZ, fueron encontrados asesinados y torturados y sus cuerpos
presentaban varios impactos de bala en avanzado estado de descomposición a orillas de
la quebrada Ocho Bocas en el corregimiento La Palma. Al parecer tenían antecedentes
penales.
1991
El siguiente caso ejemplifica la manera en que los mandos militares y los organismos de
investigación del Estado omiten las múltiples denuncias que los pobladores realizan frente
a los atropellos cometidos por los primeros:
La fuerza pública arremete contra los campesinos de la población; de esta manera, el 16
de marzo, los campesinos JUSTINIANO RODRIGUEZ SANCHEZ de 82 años y su esposa
TEOLINDA AGUDELO HERNANDEZ de 80 años, fueron asesinados por miembros del
batallón de contraguerrilla Los Guanes. El hecho se produjo durante un operativo
realizado en la finca Dos Amigos, ubicada en la vereda San Lorenzo, según los militares
con el pretexto de capturar a una guerrillera.
Según relato de testigos, se escucharon disparos, una explosión y ráfagas de metralla. El
ejército cercó el lugar y los vecinos fueron interrogados sobre la guerrilla. En horas de la
tarde, bajaron tres cuerpos, los de los viejitos y el de una muchacha no identificada, a la
cual se le veían partidas las piernas. Tanto ella como los viejitos tenían tiros rasantes, a
quemarropa, como rematándolos. De la casa de los ancianos desaparecieron utensilios de
cocina y otros enseres menores. El hijo de los campesinos, Campo Elías Rodríguez
Agudelo, presentó la queja ante la Personaría y éste despacho ofició a la Procuraduría
departamental de Santander, con sede en Bucaramanga. El levantamiento de los cuerpos
lo efectuó el juez 100 de Instrucción Penal Criminal, funcionario que fue trasladado al
lugar de los hechos en un helicóptero militar.
El domingo 17 el diario Vanguardia Liberal había dado la noticia de tres guerrilleros
muertos en combate. Ocho días después rectificó diciendo que habían muerto dos
ancianos por equivocación del ejército. Hasta marzo de 1992, la Procuraduría Provincial
de Bucaramanga investiga el hecho y a solicitud suya en la Personería de San Alberto, el
señor Campo Elías Agudelo, hijo de los ancianos muertos, había ratificado su queja el 10
de octubre de 1991. Pero el día 1 de marzo de 1992, Campo Elías Rodríguez Agudelo fue
decapitado en el sitio Matecaña de San Alberto.
98
Comisión Andina de Juristas, Seccional Colombia. Nordeste Antioqueño y Magdalena Medio, Bogotá, 1993. p.
131
97
El 27 de abril en horas de la madrugada, fueron asesinados en el caserío La Llana los
campesinos LUIS AMADOR PALACIOS, DORIS DE LA HOZ, ELIAN PALACIOS y JOHN
PALACIOS, por varios hombres armados que irrumpieron en su vivienda mientras
dormían.
El 25 de junio JOSE NASARIO GARNICA, tesorero de la Junta de Acción Comunal de la
vereda El Morrón y LUIS JOSE GUTIERREZ, fiscal de la misma organización, fueron
asesinados por el ejército que les disparó desde distintos sitios y posteriormente
reportaron a los dos dirigentes cívicos como guerrilleros dados de baja en combate. En los
mismos hechos fue herido el menor HERVER VILLAMIZAR GÓMEZ.
1993
El 13 de mayo, SALVADOR SUAREZ de 43 años, fue encontrado asesinado en un lugar
cercano a su vivienda, de donde había sido sacado a la fuerza por dos encapuchados. En
la región en varias oportunidades ha sido denunciado en recrudecimiento del accionar de
grupos paramilitares.
El 4 de junio a las 8:30 p.m., el electricista trabajador de la Alcaldía local CARLOS
ALBERTO GIRALDO DUQUE de 32 años, fue asesinado por dos hombres jóvenes que le
propinaron cinco disparos calibre 9mm, cuando se encontraba jugando cartas.
Este mismo día, el administrador de un bar ELKIN BALLESTEROS de 22 años, fue
asesinado y CUATRO PERSONAS fueron heridas, cuando cinco hombres que vestían de
negro activaron y lanzaron una granada de fragmentación contra un bar ubicado en la
zona de tolerancia de la ciudad.
El 2 de julio, el concejal municipal y líder del Movimiento Independiente Convergencia
Democrática Ciudadana, PEDRO PABLO GUIRALDO MAZO de 35 años, fue desaparecido.
Pedro Pablo en algunas ocasiones había manifestado que estaba amenazado, pero no
concretó por parte de quién. Hace poco más de un año había sido víctima de un atentado
contra su vida.
El 10 de julio en horas de la mañana, el comerciante y dirigente regional del Partido
Comunista MANUEL FRANCISCO CONTRERAS MARTINEZ de 50 años, fue asesinado por
tres hombres que incursionaron en un establecimiento de su propiedad y le propinaron
varios disparos. Al día siguiente, fue asesinado en el municipio de Becerril Fernando
Martínez dirigente comunal, activista sindical y militante de la UP; en ese momento el
número total de militantes de izquierda asesinados en el departamento del Cesar en tres
años llegaba a catorce.
El 11 de septiembre, el comerciante GUILLERMO DE JESUS RABE CASTAÑO de 38 años,
fue asesinado por varios hombres que interceptaron el vehículo en que viajaba a
Bucaramanga desde San Alberto. Guillermo había sido objeto de dos atentados; uno
cuando varios hombres incursionaron en su residencia en Aguachica y le dispararon
dejándolo herido. Luego fue internado en el hospital de San Alberto, lugar donde
intentaron rematarlo, por tal razón, Guillermo era trasladado a Bucaramanga para
recuperarse.
El 1 de noviembre hacia las 11:30, los campesinos OBADIAS TORRES ROMERO de 30
años, ANDRES DIAZ BELTRAN de 32 años, la niña NAYIBET TORRES ARIAS de 8 meses de
edad y LINA ROSA MONCADA de 57 años, fueron asesinados por aproximadamente 30
98
hombres pertenecientes a un grupo paramilitar, en la vereda Siete de Agosto. Los
paramilitares, algunos vestidos de civil y otros de militar con pasamontañas, llegaron a la
casa de los campesinos y sacaron a Obadias y Andrés y les dispararon en varias
ocasiones; luego asesinaron a la niña Nayibet de 8 meses de edad. Posteriormente, los
paramilitares salieron del lugar y se dirigieron a la vereda Guaduas, donde asesinaron a
Lina Rosa. Los paramilitares se identificaron como integrantes del grupo paramilitar
Autodefensas Campesinas del Sur de Cesar.
1994
Durante un breve período de tiempo, la represión enarbolada por los organismos
estatales y paraestatales en contra de los pobladores del municipio se atenúa. Sin
embargo, aunque las grandes cifras no lo digan, el terror persiste y comienza a
evidenciarse de nuevo a partir del segundo semestre de 1994, en donde adquiere mayor
relevancia el batallón de Contraguerrilla No. 27 junto con el grupo paramilitar Los
Motosierra. El accionar de estos grupos muchas veces se confunde debido a que en
algunas incursiones contra la población actúan miembros de uno y otro grupo. Esto es
una prueba más de los estrechos vínculos entre estos organismos al servicio de la
hegemonía.
El 9 de julio, IGNACIO CESPEDES y JUDITH SANJUAN de 39 años, fueron asesinados por
desconocidos armados que interceptaron el vehículo en que salían de la finca Jordán, en
la vereda Monserrate, para dirigirse hacia Bucaramanga. Los desconocidos después de
obligarlos a descender del vehículo, les ordenaron tenderse en la vía y les dispararon en
repetidas ocasiones. En la región ha sido denunciado el accionar de grupos paramilitares
y se han presentado enfrentamientos entre la fuerza pública y la guerrilla.
El 11 de agosto, el administrador de la finca San Lorenzo, GILBERTO RODRIGUEZ
RODRÍGUEZ de 53 años, fue asesinado en la entrada de la finca por varios desconocidos
en zona rural del municipio.
A comienzos de octubre se observó en diferentes veredas de San Alberto a reconocidos
miembros del grupo paramilitar Los Motosierra. Generalmente realizaban sus
desplazamientos en patrullas de 10 o 12 hombres, vistiendo franelas blancas y
pantalones verdes y portando armas de largo y corto alcance.
El 7 de octubre, el trabajador ROBERT MONCHOLA BENITEZ de 22 años, fue asesinado y
DOS HOMBRES y una MUJER fueron heridos por hombres desconocidos que dispararon
indiscriminadamente en la tienda Paraíso en el casco urbano. Robert se encontraba en el
establecimiento departiendo con las demás personas cuando les dispararon.
Allanamientos, otra modalidad represiva
El 14 de octubre de 1994, los campesinos LUIS ANTONIO VILLEGAS DONADO, JOSE
CAYETANO SEPULVEDA fueron detenidos, torturados y asesinados y LUCAS ALIRIO
SEPULVEDA de 45 años fue detenido y asesinado durante allanamientos efectuados a sus
residencias por un grupo de 15 hombres conformado por paramilitares del grupo Los
Motosierra y militares del Comando Operativo No. 27, en hechos ocurridos en el
Los militares y paramilitares que se movilizaban en un campero Nissan, que había sido
visto por vecinos de la región entrando a la base del Comando Operativo No. 27 de San
99
Alberto, vestían unos, con franelas blancas y pantalón verde militar y otros, con prendas
de uso exclusivo de las Fuerzas Militares y portaban armas de largo y corto alcance.
Cuando llegaron a la vivienda de ANA ILBA DONADO preguntaron con lista en mano por
su hijo menor, Luis Antonio, a quien se llevaron después de saquear la vivienda y recoger
elementos de valor y álbumes fotográficos. Luego, allanaron la vivienda de José
Cayetano, a quien llevaron a la fuerza hasta donde tenían a Luis Antonio; allí los
torturaron y les dispararon.
Después, allanaron la vivienda de Lucas Alirio a quien intentaron sacar a la fuerza, pero
como opuso resistencia, lo asesinaron frente a sus familiares. Luego torturaron a otro
campesino. En el mes de junio de 1994, militares sin presentar orden judicial, habían
allanado la vivienda de la señora Ana Ilba Donado, madre de Luis Antonio. Inicialmente,
los grandes medios de comunicación responsabilizaron al Frente XX de las FARC, de
haberles realizado un juicio de responsabilidades por ser informantes del ejército.
El 27 de octubre hacia las 10:00 a.m., los campesinos MARCO FIDEL BONILLA y MIGUEL
DAVID VERGARA, fueron detenidos, torturados y asesinados por tropas del batallón de
Contraguerrilla No. 27 Rogelio Correa Campos en la vereda La Llana. Los militares
detuvieron a los labriegos cuando ellos se movilizaban en una motocicleta con el fin de
realizar sus labores cotidianas de compra y venta de ganado y se los llevaron a patrullar
con ellos durante 24 horas. Al día siguiente, los uniformados simularon un enfrentamiento
y presentaron a los campesinos como guerrilleros del EPL muertos en combate con tropas
militares. Los cuerpos presentaban visibles huellas de tortura, estaban vestidos con
prendas militares y los tres millones de pesos que llevaban al ser detenidos no se
encontraron.
El 5 de diciembre, el profesor de primaria de una escuela de San Alberto FREDDY DE
JESUS SANCHEZ RINCON de 25 años fue asesinado por dos hombres desconocidos que le
propinaron varios disparos de pistola calibre 9mm en el parque principal de Río de Oro.
Freddy se encontraba de vacaciones en la localidad. En la región se han presentado
enfrentamientos entre la fuerza pública y la guerrilla y ha sido denunciada la presencia de
grupos paramilitares que en los últimos meses han recrudecido sus acciones,
especialmente contra la población campesina.
Cinco días después, el 10 de diciembre, los campesinos JULIO SALAZAR de 72 años y sus
hijos JORGE SALAZAR y EUGENIO SALAZAR fueron retenidos, torturados y asesinados en
su casa por paramilitares en la vereda Los Tendidos. Los paramilitares incursionaron en la
población y con lista en mano se dirigieron a la casa de la familia Salazar, donde sacaron
a Julio y a sus dos hijos. Una vez cometido el crimen procedieron a robar una tienda de
pertenencia de la familia Salazar, de la cual hurtaron $200.000 en efectivo que cargaron
en un vehículo con el resto del botín. Finalmente rociaron el lugar con gasolina y lanzaron
dos granadas contra la casa.
1995
Iniciando el año, el 15 de enero, un HOMBRE de 25 años y el comerciante GUILLERMO
OBANDO PEREZ de 38 años, fueron encontrados asesinados en los sitios conocidos como
Once Reses y La Mina. El hombre de 25 años tenía 1.70 metros de estatura, cabello lacio,
vestía pantalón blue jean y camisa a cuadros; presentaba un impacto de bala calibre
7.65mm en la región occipital, mientras que Guillermo presentaba siete impactos de
pistola 9mm y revólver 38 largo.
100
El 26 de febrero, el ex concejal, militante del Movimiento Cívico Comunitario y técnico en
maquinaria pesada EDGAR MATIAS CANCHILA fue encontrado asesinado en la vereda Los
Tendidos. El cuerpo de Edgar presentaba varios disparos de pistola calibre 9mm en la
cabeza, al parecer propinados a quemarropa. Hasta el 31 de diciembre de 1994 se había
desempeñado como concejal de la población; estaba radicado en el casco urbano, desde
hace dos años, como consecuencia de amenazas contra su vida. Varios líderes del
Movimiento Cívico Comunitario han sido asesinados.
El 2 de abril hacia las 5:00 p.m., los miembros de la Alianza Democrática Movimiento 19
de Abril, GABRIEL DE JESUS SALCEDO ANGARITA de 30 años, CARLOS JULIO SANCHEZ
LOPEZ de 40 años; el campesino ALCIBIO GARNICA GARCIA de 22 años y su hermano
VICTOR MANUEL GARNICA GARCIA de 30 años; la campesina CARMELINA MALDONADO
ROPERO de 15 años y un CAMPESINO de 65 años, fueron torturados y asesinados y DOS
PERSONAS más fueron asesinadas por ocho paramilitares en un retén en la vereda
Casablanca del corregimiento La Pedregoza, vereda La Esperanza. Los paramilitares
requisaron varios vehículos y a sus ocupantes, luego los golpearon y dispararon. Dos
personas lograron escapar, pero fueron asesinadas por los paramilitares mientras huían
en el sitio Casa de Tabla de la vereda Los Cocos. En la región actúan los grupos
paramilitares Los Masetos y Los Hijos de la Violencia, los cuales amenazaron con acabar
con la guerrilla y con las personas vinculadas con ella.
El 17 de abril en horas de la noche, TRES CAMPESINOS fueron asesinados por
paramilitares en la vereda Playoncito, corregimiento Los Cedros. Los paramilitares vestían
pasamontañas y portaban fusiles Galil cuando llegaron al lugar donde los campesinos
estaban pescando; allí los intimidaron, los hicieron tenderse boca abajo y les dispararon.
Masacre en la finca Tokio
El 22 de abril de 1995, los campesinos PEDRO PABLO VERA PARRA de 32 años,
LEONIDAS TAPIERO BRICEÑO de 32 años, JOSE ALDEMAR DELGADO CASTILLO de 44
años, CELESTINO BENAVIDEZ de 44 años y la enfermera MARIA DEL CARMEN QUIÑONEZ
PRINCE de 42 años, fueron retenidos y asesinados por paramilitares en la finca Tokio,
vereda Los Tendidos, corregimiento La Llana en San Alberto. Aproximadamente 20
paramilitares vestidos con prendas de uso privativo del ejército, portando armas de corto
y largo alcance y brazaletes de color rojo con las siglas A.C.C. (Autodefensas Campesinas
de Colombia) llegaron a bordo de varios vehículos al lugar donde cerca de 20 campesinos
se encontraban reunidos y con lista en mano los seleccionaron y se los llevaron. Hacia las
7 o 9 de la noche los cuerpos de los campesinos y la enfermera fueron hallados a lo largo
de la vía a San Alberto con múltiples impactos de bala. La lista contenía
aproximadamente 12 nombres, pero en la reunión sólo se encontraban cinco de ellos.
Esta es la cuarta masacre ocurrida contra campesinos que ocurre en la región en los
últimos meses. Un vocero de las autoridades afirmó que al parecer la masacre se debe a
una retaliación de grupos de justicia privada, porque la finca en la que se sucedieron los
hechos, habría sido invadida años atrás. Luego de la masacre, se produjo el
desplazamiento de varios pobladores de la región. A pesar de que el Teniente Coronel y
comandante de policía del Cesar atribuyó la masacre a grupos de justicia privada, el
comandante de la Fuerza de Tarea No 27, mayor Jorge Alberto Forero Carrero, indicó que
las primeras investigaciones no arrojan pistas claras sobre autores y causas de este
hecho.
101
El 12 de junio, los campesinos SALOMON JORGE AVILA de 35 años y DORIAN QUINTERO
CASTAÑO de 30 años, fueron asesinados por un grupo de hombres armados que los
llevaron por la fuerza de la finca La Trilla.
En septiembre 2, el concejal por la UP, CRISPIN JAIME ERAZO de 34 años, fue asesinado
por paramilitares en el sitio conocido como La Ye. Los paramilitares que estaban armados
de fusiles, interceptaron un vehículo de servicio público de propiedad de Crispin, lo
obligaron a bajar y le dispararon a quemarropa. En este municipio habían sido asesinados
cuatro concejales y dirigentes de la UP en hechos atribuidos a grupos paramilitares.
El 19 de septiembre a las 9 de la noche, los campesinos JOSE VICENTE MENDOZA NOVA
de 60 años, JAIME DIAZ CABEZAS de 44 años y otro HOMBRE, fueron asesinados por
disparos de pistola calibre 9 mm propinados por 16 miembros de un grupo paramilitar,
quienes llegaron a la finca donde laboraban, que era propiedad de José Vicente, y está
ubicada en la vereda Buenavista, corregimiento Líbano.
El 28 de septiembre, los campesinos JUAN FRANCISCO ROJAS PALACIOS de 63 años,
RAMON ROJAS TORRADO de 39 años y ARISTOBULO RODRIGUEZ VERGEL de 48 años,
fueron desaparecidos desde el momento en que un grupo de aproximadamente 20
paramilitares que portaban armas de corto y largo alcance, después de recorrer varias
casas, ubicaron a las víctimas y los sacaron de sus viviendas, situadas en el corregimiento
La Pedregosa.
El 3 de octubre, el campesino LUIS ALBERTO URIBE TABARES de 37 años, fue asesinado
por hombres armados que le dispararon en cuatro oportunidades en la vereda Guaduas,
En noviembre, el albañil LEON GUTIERREZ, fue asesinado en su lugar de residencia
después de haber denunciado ante la Fiscalía al Mayor Sierra del ejército por haber
sindicado a su hijo de 16 años, de ser guerrillero. También había tenido enfrentamientos
con una vecina de nombre Elvira de Moncada, quien tenía un hijo que era soldado
profesional y se reunía frecuentemente en su casa con los paramilitares de San Martín.
El 11 de noviembre, hacia las 3:00 pm, los campesinos NAUN PEÑARANDA PEÑARANDA
de 37 años, ROBINSON PEÑARANDA PEÑARANDA de 24 años y CARLOS ALIRIO REYES
BARBOSA, fueron asesinados por disparos propinados por varios hombres armados
integrantes de un grupo paramilitar quienes incursionaron en la finca Los Cacaos, ubicada
en la vereda La Trinidad.
El 10 de diciembre, el conductor de un camión transportador de leche FABIO AUGUSTO
ESTRADA de 24 años, fue interceptado y asesinado por un grupo de paramilitares que le
propinaron cuatro puñaladas en la finca La Norteña, vereda La Carolina.
1996
En este año y en general en toda la década de los noventa se sigue evidenciando esa
relación estrecha entre militares y paramilitares, en lo que pareciera una historia sin fin.
Muchos de los crímenes cometidos por los grupos paramilitares están localizados a poca
distancia de las bases militares. Apenas, iniciando el año, el 6 de enero, el pescador
CORNELIO CENTENO VERA de 23 años, habitante del corregimiento Loma Corredor, fue
encontrado asesinado de 7 disparos en la cabeza en inmediaciones de la base militar
Morrison.
102
El 21 de enero hacia las 11:30 de la noche, el concejal del municipio y militante de la UP
LUIS ENRIQUE BARBOSA VERGEL de 36 años, fue desaparecido en el barrio La Marina,
luego de haber sido llevado a la fuerza por diez hombres armados, quienes irrumpieron
en su vivienda cuando compartía con su esposa y dos de sus hijos; después de
amedrentarlos, lo obligaron a ir con ellos. Una fuente agrega que “San Alberto es
actualmente zona de disputa entre grupos subversivos y paramilitares, empeñados en el
dominio geoestratégico del corredor geográfico del Magdalena Medio”. El mismo día el
campesino JOSE DOLORES ORTIZ AVENDAÑO de 20 años fue desaparecido por varios
hombres armados, quienes cubrían sus rostros con pasamontañas, luego de que lo
sacaran violentamente del bar Matecaña.
El 27 de enero en horas de la madrugada, los trabajadores del
hospital Alfonso Lázaro Hernández, EZEQUIAS PEDROZA
BARRAZA de 35 años, DANIEL BOTELLO OJEDA de 30 años y el
comerciante JOSE LUIS, fueron desaparecidos por paramilitares,
quienes llegaron hasta sus viviendas y se los llevaron a la fuerza.
Los victimarios portaban armas de diferentes calibres. En horas
de la tarde del mismo día, un comerciante fue desaparecido
también por paramilitares, en el corregimiento La Llana.
Ezequias Pedroza Barraza
Otra fuente indica que Ezequias fue sacado violentamente de su
vivienda por un grupo de encapuchados, quienes hacia la una de la madrugada
irrumpieron en el predio y se lo llevaron con rumbo desconocido. Agrega que en la
población se ha desarrollado, en los últimos meses, una ola violenta similar a la del
municipio de Aguachica, en donde se acusan como causantes de la delicada situación a
grupos paramilitares que tienen su accionar en la región sureña del Cesar.
El 29 de enero IVAN DE JESUS SALCEDO ANGARITA de 29 años, fue asesinado de tres
disparos propinados por desconocidos frente a la planta procesadora de leche.
El 10 de febrero a las 11:45, los comerciantes ANTONIO JOSE URIBE CONTRERAS de 42
años, JESUS EVELIO JULIO SANCHEZ de 45 años y FRANCISCO SEPULVEDA de 32 años,
fueron asesinados de disparos propinados por paramilitares en momentos en que
departían en la esquina de la carrera 11 con calle 6.
El 8 de junio, el soldador FIDEL ENRIQUE JIMÉNEZ MEJIA, fue asesinado por
desconocidos cuando se dirigía a visitar unos familiares a la entrada del corregimiento La
Llana.
El 19 de julio hacia las 11:00 pm, los campesinos LEONILDE PEREZ CARREÑO de 37 años,
ARTURO RIVERA JIMENEZ, ARIEL RIVERA PEREZ y ALBA PATRICIA RIVERA PEREZ todos
de 17 años, fueron asesinados por paramilitares que irrumpieron en la finca El Reposo.
Los paramilitares irrumpieron en la finca y le dispararon a Leonilde y uno de sus hijos,
mientras se llevaron al padre junto con la otra hija, menor de edad. El día 23 fueron
encontrados sus cuerpos con señales de tortura, en la vereda El Bagre.
1997
El 7 de enero, CRISTOBAL VEGA HERNANDEZ fue encontrado asesinado con las manos
atadas en la vereda El Pescado. Cristóbal estaba desaparecido desde el 5 de enero, fecha
en que había salido de su vivienda ubicada en el corregimiento La Palma con destino a
San Alberto.
103
El 22 de octubre, el educador HERMES TRUJILLO CADENA, fue torturado por paramilitares
integrantes de las organizaciones Convivir que operan en zona rural de Aguachica, para
obligarlo a abandonar el corregimiento Barranca de Lebrija. Llevaba cinco años
trabajando en la escuela Guillermo León Valencia cuando empezaron las amenazas y
agresiones. Primero lo instaron con severidad a abandonar el corregimiento y como se
opusiera a hacerlo, fue golpeado y amenazado. Le sacaron dos dientes y le dañaron el ojo
derecho de un culatazo.
1998
El 8 de enero, DOS CAMPESINOS fueron asesinados por miembros de un grupo armado
que incursionó en el corregimiento Líbano.
El 18 de agosto hacia las 8:00 p.m., el campesino LUIS DAVID SILVA RODRIGUEZ, fue
asesinado por paramilitares, quienes incursionaron en la vereda La Cumbre.
LA GLORIA
En el primer trimestre de 1990 hacia las 9:30 de la mañana, el abogado, líder político,
dirigente popular y presidente del Concejo municipal VICTOR EDUARDO BARBOSA
CHINCHILLA, fue detenido y desaparecido por efectivos de la policía, miembros del
ejercito adscritos al batallón Pichincha y paramilitares al mando del capitán de la base
militar ubicada en la hacienda Bellacruz, quienes se movilizaban en un vehículo de la
policía.
El 13 de febrero de 1990, el campesino ANTONIO SANCHEZ de 30 años, fue asesinado
por varios desconocidos que llegaron hasta su finca.
El 21 de diciembre de 1990, el presidente de Junta de Acción Comunal GUSTAVO EMIRO
ROLON SANCHEZ de 39 años, fue asesinado de varios disparos propinados por individuos
que llegaron hasta un establecimiento de venta de víveres, propiedad de Gustavo en el
corregimiento Besote.
El 21 de noviembre de 1992, en el sitio Bobilandia, zona rural, fue encontrado el cuerpo
sin vida de PEDRO EMILIO GONZALEZ TRUJILLO; presentaba impactos de bala y signos
de tortura. Anteriormente había sido retenido en el casco urbano de este municipio.
Militares contra pobladores
El 15 de febrero de 1993, la maestra de la escuela Nueva de Llano Cruzado, DIANA
ARGOTE, los campesinos BETILDE MENA de 20 años, RAFAEL QUINTERO de 17 años y
HUMBERTO VANEGAS SANCHEZ junto con CINCO MUJERES más, fueron asesinados por
miembros de una patrulla de la Brigada Móvil No. 2 y el batallón de Artillería No. 8 San
Mateo, en la vereda de Llano Cruzado, corregimiento Ayacucho. Ese día, en horas de la
mañana los militares sostuvieron un enfrentamiento con un comando guerrillero; minutos
después un grupo de aproximadamente de 120 militares arremetió contra la casa de la
finca del señor ALBANEL MENA TARAZONA, ubicada cerca al lugar del enfrentamiento,
donde se encontraban varias personas que al escuchar el enfrentamiento se habían
ocultado en diferentes partes de la casa.
A las 8:30 a.m. llegaron helicópteros militares que llevaron refuerzos, sobrevolaron y
bombardearon la zona. Los campesinos de las veredas Llano Cruzado y San Juan, dijeron
104
haber escuchado seis explosiones. Alrededor de las 4 p.m. los helicópteros llegaron hasta
la finca del señor Albanel para transportar los cuerpos, los cuales fueron presentados
como guerrilleros dados de baja en combate y enterrados en fosa común. La casa donde
ocurrieron los hechos fue semidestruida y saqueada por los militares, quienes se llevaron
varios álbumes fotográficos de la familia. El señor Albanel fue requerido en la base de San
Mateo, donde el comandante lo intimidó haciéndole una serie de advertencias para que
no denunciara los hechos.
El 19 de agosto 1994, NADER SANTOS BECERRA y JHONNY ARBEY RAMOS PAYARES,
fueron asesinados por tropas del ejército cuando se desplazaban en una motocicleta por
la vía Troncal del Caribe, a la altura de la finca Tulcán, corregimiento Besote. Los
militares les propinaron múltiples impactos de pistola calibre 9mm y de fusil Galil. La
fuente agrega que fueron abaleados desde un vehículo, y que en el sitio se encontraron 2
bolsos llenos de ropa, herramientas y utensilios de uso personal. Inicialmente fueron
presentados como guerrilleros del Frente Camilo Torres de la UC-ELN, muertos en
enfrentamiento con tropas militares adscritas a la II Brigada.
El 24 de agosto de 1994, la campesina y administradora de la hacienda Bellacruz MARIA
DILUVINA LOPEZ de 45 años y el campesino PEDRO ELIAS LOPEZ de 42 años, fueron
asesinados por 25 hombres que portaban armas de largo alcance, quienes los sacaron a
la fuerza de la hacienda de propiedad de Carlos Arturo Marulanda. Los campesinos fueron
parados en fila y les dispararon con fusil. Al marcharse dejaron explosivos en tres
viviendas.
El 5 de julio de 1996 el presidente del concejo municipal del municipio ABDEL SAMALAVE
SANTIAGO, fue torturado y asesinado por un grupo de hombres armados sin identificar,
quienes lo abordaron cuando se movilizaba en una motocicleta y luego de obligarlo a
bajar del vehículo lo torturaron, posteriormente le propinaron dos disparos, uno en la
cabeza y otro en el cuello. Los hechos ocurrieron en la vía que conduce al municipio de
Pelaya.
El 23 de noviembre de 1996, los campesinos FERNEY DE JESUS TORO GOMEZ y AGUSTIN
RAMIREZ, fueron asesinados por varios hombres armados que incursionaron en la finca
La Flecha Roja, en el corregimiento La Mata.
El 7 de diciembre de 1996, DOS CAMPESINOS, fueron asesinados por paramilitares de las
Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, ACU, que los obligaron a salir de sus
viviendas para luego asesinarlos en el corregimiento Besote. Mediante comunicados
distribuidos en zona rural de San Martín, las ACCU sindicaron a las víctimas de ser
atracadores de buses y camiones en el sur del Cesar.
El 3 de marzo de 1997 el ama de casa CARMEN ROSALBA RUEDA de 32 años, fue
asesinada de tres disparos propinados por hombres armados que incursionaron en la finca
Seis de Mayo, ubicada en la vereda La Rueda.
PELAYA
Desde finales de los ochenta y gran parte de la década de los noventa, esta población,
que en su historia dedica varias páginas a la persecución, asesinato y finalmente cruel
represión a sus pobladores sufre la arremetida constante contra el movimiento cívico y
contra los nuevos partidos políticos que comienzan a configurarse en el contexto nacional,
como opositores al régimen.
105
A partir de ésta lógica, el 14 de noviembre de 1988 a las 7:00 p.m., el campesino y
dirigente de la Coordinadora Campesina del Nororiente GABRIEL LOPEZ de 57 años fue
asesinado por un grupo de hombres armados que llegaron a su residencia donde se
reponía de una enfermedad.
El 9 de mayo de 1990 en horas de la noche ROBERTO SEGURA TOLOSA y JOSE R.
VALENCIA RAMIREZ ambos de 20 años, fueron asesinados por 4 sujetos que los atacaron
cuando se encontraban en el interior de los billares El Dorado.
El 11 de marzo de 1991, el Secretario del Comité de Recuperación de Tierras del sur del
Cesar, JAIRO CAMELO de 28 años, fue torturado y asesinado por un grupo de
paramilitares que se movilizaban en un Renault 12 en el puente La Floresta.
El 10 de mayo de 1991, QUINCE PERSONAS fueron encontradas en diferentes fosas
clandestinas del cementerio de Pelaya. La denuncia se interpuso ese mismo día ante la
Procuraduría General de la Nación y la Procuraduría Regional. Los asesinatos se atribuyen
al grupo paramilitar Muerte a Revolucionarios del Cesar, MARC, a través de panfletos que
circulan por el pueblo y letreros aparecidos en las calles durante los últimos días.
El 14 de abril de 1994, LUIS ALFONSO PALLARES ARAUJO fue torturado por miembros de
la policía.
El 24 de diciembre de 1995, ELIUD LOPEZ CAMELO de 18 años y un HOMBRE de 25 años,
fueron asesinados por tres hombres armados que tenían los rostros cubiertos y se
movilizaban a pie en una zona rural.
El 20 de mayo de 1996, un HOMBRE vendedor de chance, fue desaparecido en
circunstancias desconocidas.
El 3 de agosto de 1996, el carnicero CESAR DÍAZ, el conductor JORGE CÁCERES, los
comerciantes DANIEL HOYOS y ALFONSO OSQUIDIA, y el campesino usuario del Incora,
en la vereda Caño Alonso, ELGER CASTILLO, el contratista para construcción de la
alcaldía de Pelaya RICARDO CAGUA, fueron retenidos, torturados y asesinados por
miembros de un grupo paramilitar en la hacienda Bellacruz. Los hombres fueron
torturados de diversas maneras; les sacaron los ojos, los castraron y los violaron con
palos, dos de ellos no aparecieron; Según fuentes a Ricardo los paramilitares lo habían
asesinado y posteriormente lo habían lanzado al río Magdalena.
El asesinato de la familia Narváez
El 22 de septiembre de 1996 hacia las 10:00 p.m., los líderes campesinos EDER NARVAEZ
CORRALES, ELISEO NARVAEZ CORRALES fueron asesinados y su esposa MYRIAM
CONTRERAS fue herida junto con WILMER AMARIS que fue detenido durante un
allanamiento y MARTA NARVAEZ que fue torturada; todos estos crímenes cometidos por
aproximadamente 50 paramilitares en compañía de efectivos del ejército y policía.
Esa noche llegaron los paramilitares a la casa de la abuela de los campesinos ubicada en
la cabecera municipal, estos hombres estaban vestidos con prendas de uso exclusivo de
las fuerzas militares y acompañados de tres hombres más que estaban de civil, además
106
los policías y militares. Una vez allí registraron la vivienda y preguntaron por el joven
Wilmer Amaris, sobrino de los hermanos Eder y Eliseo. Cuando lo encontraron lo
obligaron a que los condujera hasta la casa donde se encontraban Eliseo y Eder, en la
vereda La Cabaña ubicada en Pelaya.
Cuando los paramilitares, policías y militares estaban casi a 800 metros de la casa donde
Eliseo y Eder Narváez dormían junto con sus familias, detuvieron la marcha de los
vehículos para continuar a pie. Al faltar cien metros para llegar a la casa, el joven Wilmer
empezó a gritar “no salgan que los van a matar, es el ejército con los paramilitares”.
Como reacción, unos hombres cogieron a Wilmer y lo alejaron del lugar, mientras el
grueso del grupo llegaba hasta la casa. Al arribar a la casa de la familia Narváez Corrales
los hombres se identificaron como miembros del ejército, golpearon la puerta y ordenaron
abrir.
Marta Narváez les dijo que esperaran un momento mientras se cambiaban la ropa de
dormir, en tanto que los hombres derribaron la puerta a patadas y golpearon, violaron e
interrogaron a la joven mujer. Ellos le preguntaban por el paradero de Manuel, Eliseo y
Eder Narváez, que creían que se encontraban en las casas vecinas. Los hombres se
dirigieron a la casa del lado, llamaron a la puerta y Eliseo les abrió recibiendo de
inmediato una descarga de ráfaga de fusil que lo deja herido al igual que a su esposa.
Eliseo se reincorpora y les pide que no lo maten, pero los hombres al ver que no estaba
muerto, tratan de dispararle con un fusil que se trabó, entonces utilizan una pistola, al
tiempo que le reprochaban por ser uno de los líderes de los invasores de la hacienda
Bellacruz. Luego se dirigieron al segundo piso de la casa donde estaban Eder Narváez, su
compañera e hija. Los sacaron de la casa y los llevaron a unos cien metros afuera, donde
a pesar de las súplicas de su compañera e hija lo asesinan.
El 30 de noviembre de 1996 a las 8.00 p.m. JESUS TOSCANO MINORTA de 32 años, fue
detenido y asesinado, en operación conjunta entre miembros del ejército y miembros
paramilitares. Jesús se desplazaba en su bicicleta por el parque central cuando llegó una
patrulla del ejército y le exigió los documentos de identidad a los que allí se encontraban.
A unos 30 metros se encontraba estacionado un vehículo de color rojo ocupado por varios
hombres vestidos de civil que portaban armas cortas y largas, un soldado chifló a las
personas que se encontraban en el carro, quienes procedieron a detener a Jesús junto
con otras personas que también habían sido requisadas e identificadas por el ejército.
Los paramilitares, según versiones de un testigo presencial, les quitaron a las víctimas
sus documentos de identidad, dejando en libertad a la mayoría a excepción de Jesús y
otra persona. Luego, estos hombres cogieron a Jesús y lo tiraron dentro del carro con su
bicicleta y partieron por la carretera que conduce a Castilla, una hora después se
escucharon varios disparos. Al día siguiente, más o menos a las 8:00 de la mañana fue
hallado su cuerpo con cinco impactos de bala en el rostro. Tres de los hermanos de Jesús
fueron asesinados en la misma semana, en Valledupar. Esta familia había sido señalada
por mandos de las fuerzas militares como colaboradora de la guerrilla.
El 14 de enero de 1997 el empleado de un establecimiento público DOMINICANO
AGUILAR de 42 años fue asesinado por paramilitares.
El 29 de noviembre de 1997 NELSON PADILLA de 27 años fue asesinado por un grupo de
hombres armados que lo sacaron de su casa ubicada en el barrio Las Flores, lo subieron a
un vehículo y luego le propinaron varios impactos de bala en un paraje cercano a Pelaya.
107
PAILITAS
El 5 de mayo de 1988, los campesinos ROBERTO RODRIGUEZ DIAZ, EDUARDO
HERNANDEZ e ISMAEL ZAMBRANO fueron detenidos, torturados y asesinados por
miembros del DAS en la finca El Remanso. Los campesinos fueron detenidos y torturados
y luego introducidos en bolsas de polietileno y trasladados a las instalaciones del DAS de
Aguachica donde continuaron las torturas; les sacaron los ojos, les cercenaron el pene y
posteriormente los introdujeron en llantas y los incineraron en lugares diferentes: uno en
la salida para Ocaña, otro en la salida para Puerto Mosquito y el tercero en la salida a
Gamarra.
En septiembre de 1993, los campesinos CAMILO PIQUE y otro HOMBRE sin identificar
fueron asesinados; así mismo otro HOMBRE sin identificar, jefe de una cooperativa
agrícola, fue encontrado asesinado, envuelto en sabanas y con varias heridas en el
vientre, ocasionadas por arma corto punzante. Por el hecho se sindica al grupo
paramilitar Los Cirujanos, cuyos integrantes acostumbran firmar sobre los cuerpos de sus
victimas, y salir con las caras cubiertas en carros sin placas y lanzando consignas.
El 19 de julio de 1994, JESÚS ELÍ RICO MORA, HIDALGO COLMENARES BONILLA,
ALEXANDER ANTONIO CHINCHIA RINCON, fueron asesinados por desconocidos y sus
cuerpos fueron encontrados en la finca El Paraíso en la vía a Bucaramanga. Fueron
llevados por hombres que se movilizaban en un vehículo de color rojo, de vidrios oscuros,
sin parabrisas y sin placas; después de haber participado en compañía de varios amigos
en las corralejas del pueblo. Los hombres les dijeron que ellos eran desertores de las
FARC y que ahora estaban con el ejército, pero andaban solos y que con ellos no iban a
tener problemas, les dieron trago y los invitaron a ir con ellos; los jóvenes aceptaron y
decidieron subir al vehículo. Hacia las 11 de la noche partieron con rumbo al batallón. En
la región había sido denunciado el accionar de grupos paramilitares y se habían
presentado enfrentamientos entre las fuerzas armadas y la guerrilla.
El 30 de julio de 1994 hacia las 6:00 a.m., los campesinos DAVID MADARIAGA, WILMAN,
ALFREDO VILA, LUIS JAVIER SANTIAGO, fueron torturados por un grupo de 23 soldados
del ejército que llegaron a la finca La Bonanza, vereda Guarumeras. Los militares
irrumpieron en el lugar y solicitaron los documentos de identidad a David y a Wilman,
inmediatamente los empezaron a torturar; los amarraron, les vendaron los ojos, los
sometieron a ahogamiento tapándoles la cara con una toalla mojada y amenazándolos
con matarlos si no decían donde estaba la guerrilla; también les daban cachetadas
mientras les preguntaban por la ubicación de las caletas de la guerrilla. A Alfredo Vila,
quien también se encontraba en esos momentos en la finca, los militares lo golpearon e
insultaron. Finalmente los militares se marcharon hacía una finca vecina donde se
encontraba el señor Luis Javier Santiago a quien torturaron de la misma forma.
El 1 de diciembre de 1994 a las 7:30 PM MARIO ALONSO LOBO fue asesinado de disparos
propinados por sujetos desconocidos que se le acercaron cuando se encontraba en
compañía de su familia en el Corregimiento El Burro. Mario quedo herido en el piso, en
tanto los hombres se retiraron unos a 5 mts de distancia aproximadamente. Uno de los
hombres se percató que Mario aun estaba con vida, preparó su arma y le propinó dos
disparos en la cabeza.
El 7 de enero de 1995, lo campesino HOLMAN JOSE CIENCI AMAYA, fueron detenidos y
torturados por efectivos militares que los abordaron en el momento en el que departían
108
en un establecimiento público. Posteriormente fueron llevados a las instalaciones del DAS
en Valledupar.
Sevicia contra el campesinado
El 11 de noviembre de 1995, ELISEO NARVAEZ, fue golpeado por desconocidos que se
identificaron como hombres de Víctor Carranza. Estas personas llegaron a su casa y le
dijeron que “tenía que abandonar la vereda y que les avisara a las otras familias que
tenían ocho días para desocupar la vereda, porque de allí saldrían vivos o muertos” Luego
obligaron a Narváez a acompañarlos a otra finca donde se encontraba LUIS FERNANDO
CARRILLO VILLEGAS. Decían “Fernando, Fernando, Nando, levántese”. El joven se
levantó y al ver las armas les dijo “no me maten, investíguenme, no le he hecho nada a
nadie”; lo golpearon y se lo llevaron a un caño en donde lo torturaron; le sacaron los
ojos, le cortaron el labio superior, le ataron las manos, mientras le preguntaban si él era
sicario del ELN. Finalmente lo asesinaron y llevaron el cuerpo hasta la carretera Troncal
de Oriente, en donde lo abandonaron. Luego, los paramilitares regresaron a la vivienda
de Eliseo y le dijeron que “si volvían a verlo en la vereda no le daban dos segundos de
vida y que les dijera a los demás pobladores que se fueran, que sólo tenían ocho días
para desocupar la vereda. Posteriormente le dijeron que corriera, le hicieron un disparo al
aire y él huyó caño abajo...”.
El 15 de diciembre de 1995, el campesino JOSE DOLORES VIDES DURAN, fue asesinado
por dos paramilitares que cubrían sus rostros con ruanas y portaban armas de corto y
largo alcance, en la finca La Victoria, en la vereda Arenas. Los paramilitares llegaron a la
vivienda de José Dolores, cuando una hija se disponía a servirle la comida, saludaron a
los presentes y les dijeron: “tranquilos que no les va a pasar nada”, luego, inspeccionaron
la casa y cuando vieron que no había nadie más, le ordenaron al campesino que se tirara
al suelo boca abajo e inmediatamente comenzaron a dispararle en la cabeza y la espalda.
Este mismo día, FAVIO MURCIA CONTRERAS fue asesinado por tres paramilitares cuando
se encontraba en su casa ubicada en la carrera 7 entre calles 5 y 6. Los militares llevaban
la cara cubierta con ponchos y portaban armas cortas. El crimen fue cometido en su
residencia, a unos 30 metros del parque principal José Antonio Ciancí y a escasos metros
del puesto de policía de la población. Los asesinos al llegar frente a la víctima le
dispararon en reiteradas oportunidades en la cara y el pecho; luego se marcharon muy
despacio, por el mismo sitio por el que habían ingresado, salieron al parque y tomaron
rumbo al barrio Nueve de Abril. Favio era hermano de la señora Nubia Murcia Contreras,
empleada del hospital local, a quien en varias ocasiones había sido amenazada de
muerte.
El 15 de diciembre de 1995, CARLOS EMIRO QUINTERO MADARRIAGA, fue desaparecido
y asesinado por paramilitares en un juicio extrajudicial en la vereda Bola Azul. Durante
los últimos cinco días, dos habitantes del municipio fueron asesinados por hombres que
portaban armas de corto y largo alcance y cubrían sus rostros con ruanas.
El 8 de enero de 1996, GUSTAVO SANTIAGO BAYONA fue desaparecido en circunstancias
desconocidas. Las autoridades del sur del Cesar y la provincia nortesantandereana de
Ocaña, investigan la suerte de diecinueve personas que han sido reportadas como
desaparecidas entre los últimos meses de 1995 y los primeros de 1996.
109
EL 3 de marzo de 1996, el campesino ARNULFO RIOS RINCON de 46 años, fue asesinado
por desconocidos que le propinaron dos disparos de pistola calibre 9mm en la cabeza en
la vereda Quiebra Dientes.
El 5 de abril de 1996 ANA FELICIA MUÑOZ CORTEZ fue torturada por paramilitares en las
afueras del municipio. Ana Felicia fue recogida por varios hombres en el lugar donde tenía
su negocio de venta de chance y fue llevada a las afueras del pueblo; allí la amarraron a
un árbol, luego la golpeaban dándole patadas, puños, latigazos, le pellizcaron la piel con
un alicate, le partieron los dientes y le sacaron dos uñas, donde le ponían choques
eléctricos. Todo esto mientras le preguntaban por los nombres de guerrilleros de las
organizaciones subversivas que operaban en la región, acusando a su hijo de quince años
de pertenecer a una de éstas. Posteriormente, cuatro de sus agresores la violaron y luego
fue dejada en la entrada a Pelaya. Ana Felicia quedó embarazada de sus victimarios y
cuatro meses después su hijo fue asesinado. Frente a lo sucedido se interpuso denuncia
ante la Personería y la Fiscalía de Pelaya.
El 6 de abril de 1996, el campesino CARLOS JULIO RANGEL de 51 años, fue encontrado
asesinado después de haber sido desaparecido en el caserío El Burro. Carlos Julio estaba
desaparecido desde que varios hombres armados lo sacaron a la fuerza de su vivienda y
lo llevaron con rumbo desconocido.
El 14 de agosto de 1996, el campesino JAVIER VILLEGAS RODRIGUEZ de 36 años, fue
desaparecido en circunstancias desconocidas en el camino de la vereda Totumito. Un
poblador de la zona le manifestó a la esposa de Javier haberlo visto con un grupo de
hombres que eran llevados en un carro por personas extrañas.
El 14 de septiembre de ese mismo año, en horas de la mañana, el campesino y líder
cívico OVIDIO PEÑA DURAN, fue asesinado por un grupo paramilitar perteneciente a la
Cooperativa Convivir. Ovidio se encontraba comprando el pan para llevar a su casa en la
mañana, cuando fue obligado por la fuerza de varios hombres a subir a una camioneta
cuatro puertas. Al día siguiente apareció su cuerpo en el municipio de Pelaya. Ovidio
había participado en muchas actividades de desarrollo comunitario en la vereda El Paraíso
del municipio El Carmen, Norte de Santander, con las que habían logrado de manera
autogestionaria construir escuelas, vías y otras obras sociales necesarias e importantes
para la comunidad. El grupo paramilitar Convivir tiene su base de operaciones en las
fincas Ucrania y Sonora.
El 7 de febrero de 1997 hacia las 4 p.m., un joven campesino de apellido BERMÚDEZ de
22 años, fue asesinado por paramilitares. Los paramilitares lo interceptaron y obligaron a
abordar un vehículo. Su cuerpo fue hallado por sus familiares al día siguiente, a las 10 de
la mañana en el corregimiento Antequera, jurisdicción del municipio Tamalameque. Los
paramilitares tienen bases en las haciendas La Ucrania y La Sonora, y en una residencia
del casco urbano de este municipio, ubicada cerca de la estación de policía.
El 23 de febrero de 1997, el campesino JOSE DEL CARMEN SANTANA y otro CAMPESINO
fueron asesinados por paramilitares que les propinaron múltiples impactos de arma de
fuego en el caserío El Burro.
El 8 de marzo de 1997, el campesino AUDEN CARDENAS ALVAREZ, fue asesinado por
hombres desconocidos en la finca Pedregal.
Al año siguiente, el 6 de enero, JOSE MOSQUERA QUINTERO y WILLIAM OROZCO
CABALLERO fueron asesinados por miembros de un grupo paramilitar. José y William
110
fueron sacados por la fuerza de sus casas, ubicadas en el casco urbano, y sus cuerpos
fueron hallados con múltiples impactos de bala en una zona montañosa de la vía que va
de El Banco a Tamalameque.
CURUMANI
El 19 de julio de 1988, el campesino MANUEL REYES CARDENAS, miembro de la ANUC,
fue detenido por efectivos del batallón de Infantería Mecanizado No. 4 Nariño, de la II
Brigada del ejército al mando del teniente coronel José María García Martínez, bajo la
sindicación de ser guerrillero del ELN. El dirigente campesino fue detenido cuando viajaba
en un bus de transporte intermunicipal y durante los primeros 15 días del mes de julio fue
visto esposado patrullando con unidades del ejército y vistiendo prendas de uso exclusivo
de las fuerzas militares.
El abogado contratado por su familia se dirigió a las instalaciones del batallón Nariño en
compañía del personero municipal de Curumaní con el fin de averiguar sobre el paradero
de la víctima, allí fueron atendidos por el teniente coronel García Martínez, quien intentó
reseñar al abogado y afirmó que “el delincuente Manuel Cárdenas había sido detenido por
unidades bajo su mando y que se encontraba bajo protección de la V Brigada”. En efecto,
el dirigente campesino fue desaparecido y posteriormente asesinado.
El caso fue investigado por la Procuraduría Delegada para las Fuerzas Militares
(proceso 73048), proceso que arrojó como resultado, el establecimiento de la
responsabilidad de tres altos oficiales del ejército. Se trata del Brigadier general
Juan Salcedo Lora Comandante de la II Brigada del ejercito, con sede en
Barranquilla, quien ordenó que Reyes Cárdenas estuviera detenido por dos meses
en el batallón de Infantería No.15 Santander, con sede en Ocaña, el teniente
coronel Edgar Bahamón Horta, comandante batallón de Infantería No. 15
Santander, quien lo mantuvo detenido en el referido batallón, y el teniente coronel
José Maria García Martínez, comandante batallón Nariño, quien fue el directo
responsable de la detención inicial de Reyes Cárdenas.
Se solicitó sanción de carácter disciplinario y acción penal contra los responsables.
Sin embargo, a pesar de estar plenamente demostrada la responsabilidad de los
altos mandos militares en la detención y posterior desaparición de Manuel Reyes
Cárdenas, las investigaciones por parte de la Procuraduría delegada para las
Fuerzas Militares fueron desviadas a objetivos imprecisos con el aparente fin de no
abrir pliego de cargos contra los implicados, facilitando el camino de la prescripción
de la acción disciplinaria y penal. Esto lo evidencia la constante comisión a
diferentes regionales de la Procuraduría para la práctica de una serie de diligencias
que ya se han realizado y que constan en el expediente.
A pesar de que se encuentra plenamente demostrada la responsabilidad de latos
mandos militares en la detención y posterior desaparición del ciudadano del
presente caso las diligencias de investigación por parte de la Procuraduría
Delegada para las Fuerzas Militares fueron desviadas a objetivos imprecisos con el
aparente fin de no abrir pliego de cargos contra los responsables facilitando el
camino de la prescripción de la acción disciplinaria y penal.
El Batallón de Artillería No. 2 La Popa
111
Durante el año de 1987 en el municipio de Curumaní, militares pertenecientes al batallón
de Artillería No. 2 La Popa arremetieron contra los campesinos de la zona. Con el fin de
conseguir información, realizaron detenciones arbitrarias, interrogatorios, violaciones,
torturas y asesinatos, afirmando que los campesinos de la región eran colaboradores de
la guerrilla. Los militares tenían en su poder al joven Arnulfo Malagón Beltrán de 14 años,
quien señalaba a los campesinos de la región como guerrilleros. Para las torturas
utilizaban alambres de púas, garrotes, sogas y para no dejar huella en el cuerpo
utilizaban toallas. Además, los torturados eran amenazados de muerte para que no
denunciaran los atropellos de los que habían sido víctimas.
Antes de citar los casos que relacionan directamente a los miembros de esta unidad
militar, deben registrarse como antecedente más tempranos crímenes por agentes sin
identificar. El del 29 de mayo de 1985, cuando los campesinos JOSE ANANIAS UREÑA
TORRES y otra PERSONA sin identificar fueron asesinados con arma de fuego por
desconocidos en la vereda El Desengaño y el ocurrido el 23 de septiembre de 1986, en el
que ENRIQUE OSPINO, GIOVANNY OSPINO y VICTOR JULIO MORENO DITA de 25 años,
conocido como “Lucho Mentiras”, fueron encontraron muertos en el corregimiento Santa
Isabel. Los tres cuerpos estaban atados de pies y manos y amordazados.
En referencia al batallón La Popa, el primer caso conocido ocurrió el 21 de marzo de
1987. Este día, el campesino EUCLIDES ROJAS HERNANDEZ fue asesinado y DIOSENEL
QUINTERO, RAMON QUINTERO y ANA GAITAN fueron torturados.
El 22 de marzo de 1987 miembros de este batallón torturaron a RUMALDO VANEGAS,
QUERUBIN OSORIO, RAFAEL HERNANDEZ, JOSE VICENTE MAHECHA y a un MENOR DE
EDAD en la vereda Lamas Verdes. Tres días después, el 25 de marzo, torturaron a
HERIBERTO GUTIERREZ, JORGE QUINTERO, ÁNGEL ORTEGA, CARMITO GUEVARA y
agredieron sexualmente a ROSA GUEVARA.
Otro caso de sevicia contra los campesinos
El 1 de abril de 1987, el campesino JOSE ELVER BELTRAN, fue torturado y asesinado y los
campesinos MISAEL PARRA, MAURICIO BELTRAN, ALBERTO RINCON, GONZALO BELTRAN,
ALVARO SOTO, JOSE RICARDO PARRA, fueron detenidos y torturados por miembros del
ejército pertenecientes al batallón de artillería No. 2 La Popa y comandados por el capitán
Restrepo en la vereda Mula Alta y Mula Baja. Los campesinos fueron vendados,
golpeados, amarrados de pies y manos, algunos fueron quemados con agua caliente; a
José Ricardo lo ataron de las manos a la cola de una mula y fue arrastrado 500 metros.
Después de varios días de tortura, el 18 de abril del mismo año fueron dejados en
libertad Misael y José Elver, quienes fueron trasladados al hospital González Valencia de
la ciudad de Bucaramanga, en donde 4 días después José Elver murió a causa de las
torturas a las que fue sometido. Su cuerpo presentaba quemaduras en el pecho, el
estómago, los testículos y la cabeza, así como golpes en diferentes partes del cuerpo. El
capitán Restrepo ofreció a un miembro de la familia de José Elver 150.000 pesos para que
no denunciaran su muerte; como este no aceptó le dijeron que le darían trabajo donde él
quisiera y si no aceptaba ya vería lo que le iban a hacer. Finalmente, la familia de José
recibió del ejército la suma de 150.000 pesos en efectivo y 200.000 pesos en mercado
para que no denunciaran la muerte de su familiar.
El 1 de mayo de 1987, los campesinos OMAR GUTIERREZ, JOSE RICARDO MANZUR,
FRANCISCO ORELLANA fueron torturados y DOS MENORES de edad, de 10 y 11 años
112
fueron amenazados de muerte por miembros del ejército pertenecientes al batallón de
Artillería No. 2 La Popa, en la vereda Lamas Verdes.
Acciones del Batallón San Mateo
Operativos militares, otra máscara de la represión
El día 17 de noviembre de 1992 a las 9:30 de la noche, el padre de familia ALFONSO
CARDONA TABORDA de 42 años; su hermano lisiado FABIO CARDONA TABORDA de 51
años; los hijos de Alfonso, CARLOS, LISANDRO y ALFONSO CARDONA MURILLO, de 22,
18 y 17 años, respectivamente, y JUAN CARLOS MENCO de 51 años, vecino de la familia,
fueron detenidos, torturados y asesinados después de ser sacados violentamente de su
casa ubicada en el barrio Camilo Torres durante un operativo militar realizado por un
grupo de agentes de la Unidad Antisecuestro y Extorsión, UNASE, y militares adscritos al
batallón de Artillería No. 8 San Mateo, comandado en ese entonces por el Teniente
coronel Luis Carlos Rodríguez Victoria. Junto con las víctimas, los militares se llevaron una
camioneta Dodge de propiedad de Alfonso, a quien obligaron a conducirla rumbo al
corregimiento Las Vegas en Chimichagua.
Posteriormente, con la búsqueda de los familiares, fueron encontrados al día siguiente los
cuerpos sin vida de Alfonso, Carlos y Lisandro tras ser torturados, baleados, mutilados,
envueltos en alambres de púas e incinerados dentro de la camioneta en la vía de entrada
a Sabanagrande, en Curumaní. Los cuerpos sin vida de Fabio y Juan Carlos fueron
encontrados con huellas de torturas, mutilados e incinerados el mismo día, en la vía de
entrada a Sabanagrande por el sitio El puente del Mamey. El cuerpo sin vida de Alfonso,
el padre de familia, fue encontrado el 20 de noviembre siguiente en inmediaciones de un
puente cercano al corregimiento Las Vegas con muestras salvajes de tortura pues le
quitaron la lengua y los ojos, castrado, maniatado, asesinado y calcinado.
Horas antes de la detención de las víctimas una patrulla de 20 militares, algunos de ellos
encapuchados, llegó hasta la casa de la familia Cardona, la registraron sin orden de
autoridad competente, preguntaron por las personas que allí vivían y a que se dedicaban.
Luego de 20 minutos de estar en el lugar se marcharon. Los pobladores de la región
venían denunciando desde seis meses atrás el criminal accionar de grupos paramilitares.
Otros hechos en los que tropas del batallón San Mateo al mando del Teniente Coronel
Humberto Plata Cavariche violentaron a la población civil ocurrieron el 14 de diciembre de
1992 en las horas de noche, cuando los militares realizaron 23 allanamientos sin orden
judicial a residencias del barrio El Bosque en el casco urbano del municipio. En el
trascurso de las acciones los moradores fueron golpeados, insultados y amenazados de
muerte, además fueron saqueadas sus pertenencias esto produjo el desplazamiento de
varios afectados a otras regiones.
De igual manera el 23 de diciembre de 1992, detuvieron arbitrariamente, sin orden
judicial a MAURICIO ESCORCIA REALES director y docente de la escuela urbana El Jardín,
además dirigente político y cívico de la región; también a ALBEIRO GUERRERO, conductor
y RUBEN AFANADOR, parcelero. Estas personas fueron acusadas por parte de los
militares de ser subversivos. De forma similar se realizaron allanamientos en febrero de
1993 a residencias de los barrios El Jardín, Centro, Nueve de Abril, San Pedro, El Carmen
y otros. Además el 15 de marzo de 1993 sucede la masacre de seis campesinos por
tropas del batallón San Mateo del ejército en la vereda La Raya. La institución justificó la
acción acusándolos de ser ladrones de gasolina y que habían muerto en combate.
113
El 18 de mayo de 1993 en horas de la noche, CARLOS ARDILA SALAZAR de 43 años, fue
asesinado y el CONDUCTOR de un bus intermunicipal fue herido en la estación de
gasolina Claro Hermanos por efectivos del batallón San Mateo. Carlos iba como pasajero
de un bus de transporte intermunicipal que cubría la ruta Maicao – Bucaramanga, cuando
recibió un disparo en la nuca, mientras que el conductor recibió un disparo en el brazo.
Según la versión de los militares, el conductor del vehículo no acató una orden de pare en
un retén ubicado en inmediaciones de una estación de gasolina.
La Brigada Móvil No. 2
El 13 de agosto de 1994, los campesinos, MARCO AURELIO FLOREZ, HERMES ELI
QUINTERO, DANILO QUINTERO, HUBER AREVALO, MARIA OLIVA VANEGAS, LUZ MARINA
RIOS, JAIRO JAIME GALLO y otro HOMBRE sin identificar, fueron torturados y
amenazados por miembros de la Brigada Móvil No. 2 en la vereda Pitalito.
El 8 de agosto anterior, guerrilleros del ELN habían intentado tomarse por asalto la
población, hecho que fue frustrado por los militares de la Brigada Móvil No. 2. En su
retirada, los guerrilleros se llevaron un camión cargado con muebles y enseres. El
vehículo lo desviaron hacia la Sierra Nevada de Santa Marta, pasando por la vereda
Pitalito. Luego, entre el 13 y 15 de agosto, militares adscritos a la Brigada Móvil No. 2,
incursionaron en la mencionada vereda donde cometieron toda clase de atropellos contra
los campesinos. Según la población, la violación de los derechos humanos por parte de
los militares es sistemática y se había incrementado dos meses antes de los hechos; los
militares acusaban a los campesinos de ser parte de la guerrilla. A continuación se
reseñan los más graves hechos99.
MARCELO FLÓREZ fue sacado de su lugar de trabajo por militares de la Brigada Móvil No.
2, quienes lo retuvieron desde las 3 de la tarde hasta las 10 de la noche, en el sitio
conocido como La Ye, adonde lo llevaron nuevamente el día siguiente, así como a unas
arroceras cercanas, en donde lo desnudaron, lo esposaron y lo tiraron en un puente. Un
Teniente y un Cabo le preguntaron por una motocicleta y le dijeron en dos oportunidades
que le daban un minuto para que pensara, le cantaron una canción y al no responderles
positivamente le dijeron que iban a traer a su hijo “para castigarlo y que él viera cómo
brincaba”. Luego el Teniente dijo “en mi vida es el primer individuo que suelto sin
castigarlo”. Después de llevarlo a una escuela ubicada a una hora de camino y de
regresarlo al sito La Ye, hacia las 7 de la noche el teniente le dijo “Marcelo puede irse
porque la moto está para casa de Zinc”; durante todo el tiempo estuvieron presionándolo
para que hablara sobre la mencionada motocicleta. Al dejarlo ir, los militares le
prohibieron que saliera de su finca y lo hostigaron hasta el día 17, sin permitirle trabajar
siquiera en su predio.
Hacia las 11:30 de la mañana, los militares llegaron a la casa de HERMES LOZANO, a
quien golpearon en una pierna, lo agarraron con una toalla por el cuello y lo llevaron
hasta el pozo de agua sumergiéndolo, mientras le colocaban un pie en el cuello y otro en
el estómago; como consecuencia de lo anterior, le rompieron la cabeza, las encías, el
labio y le lesionaron el cuello. Todo el tiempo le preguntaban por una supuesta caleta.
Durante varios días lo amenazaron, también a su hijo mayor y lo hostigaron. Al momento
de retirarse les dijeron que “se portaran bien o les iban a quemar a los niños”.
99
Boletín Informativo Justicia y Paz, Volumen 7, Número 3. Julio – Septiembre 1994.
114
También el 13, hacia el mediodía, irrumpieron en la casa de DANILO LOZANO, a quien
esposaron mientras le preguntaban por una supuesta caleta; después lo llevaron hasta un
riachuelo con una toalla al cuello, lo colocaron boca arriba y con la toalla le apretaban la
boca y la nariz, mientras le vertían agua con una cantimplora hasta casi ahogarlo. Hasta
las 5 de la tarde lo obligaron a recorrer varias casas. Regresaron el día siguiente (14 de
agosto), mientras seguían golpeándolo en el pecho y le preguntaban nuevamente por la
caleta, a lo que respondía que “no sabía”, además éste les pidió que se identificaran, pero
por respuesta recibió maltratos verbales y amenazas de muerte.
HUBER ARÉVALO fue cogido por el cuello con una toalla, sacado de su casa y arrastrado
hasta una quebrada; allí le introdujeron la cabeza en el agua hasta casi ahogarlo,
mientras le exigían que hablara de una caleta. El labriego sufrió heridas en la frente y
raspaduras en las rodillas y en los brazos. Ante la presión de los militares, Huber los llevó
al sitio donde supuestamente se encontraba la caleta; allí le pidieron su cédula y lo
mandaron para la casa, prohibiéndole salir. El domingo 14, se presentaron nuevamente
en su vivienda, a las 2 de la tarde, lo llevaron al sitio conocido como La Ye, preguntándole
por una motocicleta, lo desnudaron, lo torturaron y finalmente, hacia las 8:30 de la
noche, lo liberaron.
OLIVA MARÍA VANEGAS fue maltratada física y verbalmente; le apretaban el cuello y le
colocaban un fusil en la sien, mientras le preguntaban por la guerrilla, a lo que ella
respondió que “había escuchado un tropel pero que no había visto nada”. A sus hijos, de
10 y 7 años, también les preguntaban por la guerrilla, hasta hacerlos llorar. Luego el
lunes 15, cuando la señora regresaba a su casa, la retuvieron en el sitio La Ye, durante
dos horas.
El 15 de agosto de 1994, el campesino ALEXANDER CASTILLO fue detenido y torturado
por militares de la Brigada Móvil No. 2 en el sitio La Ye, en la vereda Pitalito. Alexander
regresaba a su vivienda cuando se encontró con los militares que le preguntaron por “las
caletas” y por el cargo que ocupaba en la Asociación de veredas, él les contestó que no
tenía cargo alguno, entonces el teniente que comandaba el grupo de militares le dijo que
“Danilo Lozano les había dicho que tenía un sofá”. También le preguntaron por una
motocicleta roja y un camión.
Acción Paramilitar
El 12 de mayo de 1990, el joven menor de edad JORGE LUIS SANCHEZ LOPEZ, fue
asesinado por desconocidos. Jorge Luis se encontraba en Sanalud con un amigo, cuando
llegaron tres hombres y se ubicaron cerca de la mesa donde se encontraba el joven, de
esta manera, Jorge que quedó sentado de espaldas a los desconocidos. Un rato después,
Jorge se levantó para retirarse del establecimiento pues temían que por ser menores de
edad las autoridades los retuvieran. Una amiga de los jóvenes entró a saludarlos, en este
momento uno de los hombres la llamó pero ella los ignoró y se despidió rápidamente
diciendo que no podía demorarse porque sus padres no le habían dado permiso. Cuando
el amigo de Jorge se disponía a hacer un pedido al cantinero se dio cuenta que uno de los
individuos le estaba apuntado con un arma a Jorge, al parecer con un revolver niquelado,
y sin darle tiempo de avisar lo que estaba ocurriendo, el desconocido disparó dejando a
Jorge mortalmente herido.
Luego los sujetos salieron corriendo del local, uno de ellos llamó a la puerta de una casa
vecina y le dijo al dueño que le permitiera entrar y permanecer allí, pues él era un agente
de policía y lo estaban persiguiendo. Ante la gravedad del estado de Jorge, sus familiares
115
lo trasladaron a Bucaramanga, sin embargo él falleció al día siguiente a las 10:30 de la
noche.
El 21 de febrero de 1993, los campesinos MARIO RANGEL BARRERA de 30 años y JOSE
MARIA PEDROZA, fueron asesinados por 4 hombres fuertemente armados que portaban
machetes cuando incursionaron en la vereda La Reforma. Los desconocidos llegaron, se
acercaron a los campesinos y sin mediar palabra los atacaron; otro campesino logró
salvarse gracias a que fingió estar muerto.
El 26 de octubre de 1993 a la 1:00 a.m. el lechero EDWARD PEREZ RODRIGUEZ, fue
asesinado por hombres armados que vestían pantalón de jean, chaqueta negra y algunos
de ellos estaban encapuchados. Edward se encontraba en su casa, ubicada en el sitio La
Loma, durmiendo junto con su familia, cuando llegó una camioneta cuatro puertas de
color blanco de la cual se bajaron 4 hombres que preguntaron por Rafael y diciendo que
si no abrían la puerta iban a volar la casa. Edward se levantó y les abrió la puerta,
entonces entraron los encapuchados a buscar a Rafael. Edward explicó que solo vivía con
su esposa, sus niños y un cuñado de nombre Ilver Gutierrez Chinchilla. Al no encontrar a
quien buscaban, sacaron a Edward y a su cuñado a la calle; uno de los encapuchados le
preguntó a uno de los hombres que esperaban en el vehículo que si “a Ilver también le
daban”. Al oír esto Ilver entró corriendo a la casa y cerró la puerta, en ese momento los
asesinos le dispararon a Edward. Cerca de este sitio también mataron a un hombre de
nombre ANANÍAS. Al parecer la causa de las acciones fue la pérdida de un ganado de una
finca propiedad del Negro Rois y sospecharon de Edward por tener llaves cuando recogía
la leche. El ayudante de Edward días después de los hechos se trasladó con su familia a
otra región, por temor a represalias contra su vida.
Según consenso de algunos
pobladores los autores del crimen podrían ser agentes del DAS, ya que la camioneta que
utilizaron era la misma que después detuvo a unas personas en Curumaní y que
trasladaron a la cárcel de Valledupar. Uno de los detenidos era José Eduardo Pabuena
Arévalo y José Alberto Rodríguez Mendoza. Por estos hechos la madre de Edward instauró
denuncia ante la Personería Municipal de Curumaní el 10 de enero de 1995.
El 19 de septiembre de 1994, el campesino presidente de la Junta de Acción Comunal
JOSE FRANCISCO OSPINO ROMERO de 27 años fue asesinado por paramilitares que le
propinaron 4 impactos de bala en la vereda Bellavista. Según los familiares de José
Francisco, el crimen fue cometido por grupos paramilitares que “no lo querían por su
beligerancia para reclamar ante las autoridades por los derechos de los campesinos de
Bellavista”.
Al año siguiente, el 5 de agosto, los campesinos MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ OCHOA de
27 años, EDGAR PINTO BECERRA, RODRIGO RODRIGUEZ PARADA de 41 y ALBEIRO
VALERA de 25 años, fueron asesinados por dos hombres que ingresaron a la Tienda Royal
donde departían y les dispararon en repetidas ocasiones.
El 3 de febrero de 1997 hacia las 6 a.m. los padres de familia JUAN RIZO y su ESPOSA,
fueron torturados y asesinados por integrantes de un grupo paramilitar en el
corregimiento San Roque. Los paramilitares llegaron en un vehículo marca Luv de color
verde y entraron violentamente en la vivienda de la pareja para interrogarla por el
paradero de sus hijos a quienes acusaban de ser auxiliadores de la guerrilla. Después se
los llevaron a la fuerza y con golpes. A la señora la golpearon y amenazaron ante su
resistencia de dar información acerca del paradero de sus hijos. Los cuerpos torturados y
con 3 impactos de bala de la pareja fueron hallados días después en la vía que conduce al
municipio de Chiriguaná.
116
Algunos días después, el 9 de febrero, el campesino JOSE ALBERTO ORJUELA de 27 años,
fue asesinado por paramilitares que incursionaron en el casco urbano y lo obligaron a
abordar un vehículo. El cuerpo de José Alberto fue hallado tres días después con 4
impactos de bala. Los victimarios tienen bases en las haciendas La Ucrania y La Sonora,
ubicadas entre el caserío El Burro y el corregimiento Palestina, y en una vivienda del
casco urbano del municipio de Pailitas.
El 28 de febrero de 1997, ALEJANDRO ORTIZ AGUDELO de 43 años fue asesinado por
paramilitares. Alejandro fue llevado a la fuerza cuando fue interceptado en horas de la
noche. Su cuerpo fue hallado en el sitio Avico a 2 kilómetro de la vía que conduce a
Pailitas.
El 23 de abril de ese mismo año, ALFREDO CASTRO VARGAS de 42 años y DIOSENEL
TELLEZ BECERRA de 29 años fueron desaparecidos por paramilitares que se identificaron
como de las Autodefensas del Cesar. Los paramilitares que se movilizaban en una
camioneta de estaca, Chevrolet Luv blanca y portaban armas de largo y corto alcance se
llevaron a Alfredo y Diosenel al barrio El Carmen. Luego, la esposa de Diosenel y un
funcionario de la Cruz Roja, se dirigieron a la base paramilitar ubicada en las haciendas
La Sonora y Ucrania, en Pailitas, con la finalidad de averiguar por los dos hombres. El
comandante Jimmy, reconocido paramilitar, expresó a la esposa que “su marido está
muerto, a esta hora se lo estarán comiendo los pescados del río Magdalena, no moleste
más que usted sabía que él era guerrillero y a usted si sigue molestando también la
vamos a joder”; en tanto que al delegado de la Cruz Roja le dijeron que estaba vivo.
Diosemel había sido retenido por la policía el día 9 de abril de 1997, dos semanas antes
de su desaparición, en un allanamiento a su vivienda y sometido durante varias horas a
interrogatorios.
El 8 de mayo de 1997 ENEIL PINEDA TORRADO de 15 años fue desaparecido y otros DOS
HOMBRES, fueron asesinados por paramilitares que interceptaron un vehículo particular
en el que se movilizaban, por la vía Curumaní - Pailitas. Los cuerpos de los dos cuerpos
fueron hallados el 10 de mayo en el puente Animalito.
El 23 de junio de 1997, el estudiante FELIPE RAFAEL BAUTISTA GARCIA de 18 años y el
obrero FERMIN MEJIA CARVAJAL de 34 años, fueron asesinados por un grupo de 5
hombres pertenecientes a las Autodefensas del Cesar al mando de Martín Velasco Galvis
alias “comandante Jimmy” en el barrio La Feria. Ese día los paramilitares se movilizaban
por este barrio, que se encuentra a 300 metros de la base militar; en un vehículo Toyota
de color blanco, con placas No. 405. Luego, cuatro de estos hombres se bajaron del
vehículo y subieron por la fuerza a Felipe y Fermín y partieron rumbo al municipio de
Pailitas. Los cuerpos de los dos hombres fueron encontrados con las manos amarradas
con cable eléctrico y con varios impactos de bala en la cabeza a la entrada de la vereda
Villa Colón, ubicada a 3 kilómetros del casco urbano de Curumaní.
El 18 de octubre de 1997 el conductor JESUS EMEL ACOSTA de 28 años y JUAN CARLOS
SANDOVAL TORRES de 19 años fueron desaparecidos por desconocidos en el sector de
Palestina. Jesús Emel era padre de dos niños, conductor y distribuidor de refrescos y Juan
Carlos ayudante de Jesús. Ellos se desplazaban por los diferentes municipios del centro y
sur del Cesar en una camioneta Chevrolet, cuando fueron interceptados por un grupo de
desconocidos. El 20 de octubre, en vista de que no regresaban, sus familiares
presentaron la queja ante la policía del municipio, quienes aseguraron que se encargarían
de pasarla a la fiscalía, lo cual no se confirmó. Familiares trataron de comunicarse el
comandante paramilitar alias “Jimmy”, pero no les dio ninguna información. El 1 de
diciembre, los familiares de nuevo fueron a presentar la denuncia, esta vez, ante la
117
Personería Municipal, pero la personera se negó a recibirla, recomendando desistir de las
denuncias; ante esto se dirigieron a la defensora regional, para presentarle el oficio
dirigido a la personera.
Finalmente en 1997, el 30 octubre, un CAMPESINO fue asesinado por paramilitares, en la
vereda Los Serenos. El crimen ocasionó el desplazamiento forzado de cerca de 5 familias
campesinas hacia el casco urbano de esta población.
Masacre a manos paramilitares
El 8 de enero de 1998 a la 1:00 a.m., FRANCISCO MACHADO de 85 años, SAHARA
ESTHER BENJUMEA de 80 años, ALVARO VEGA SANTIAGO, MELQUIDES CASTILLO de 41
años, ARMANDO RIOS de 45 años, ALEXANDER ROJAS MACHADO de 21 años, DIOVANYS
RAFAEL CASTRO de 22 años, JULIO TAFUR ENRRIQUE de 25 años y HERMES RUIZ de 42
años fueron asesinados por paramilitares en el corregimiento Santa Isabel. Los
paramilitares llegaron al corregimiento, cuando una familia que vivía a la entrada del
pueblo escuchó el ruido de los vehículos y la bulla de los hombres armados; al abrir la
puerta para mirar lo que sucedía, fueron atacados con ráfagas de tiros. El grupo siguió al
oriente y en su desplazamiento iban tumbado puertas y sacando a los moradores.
En la calle asesinaron a Francisco Machado de 85 años de edad. En la misma calle le
prendieron fuego a la casa de Sahara Esther Benjumea de 80 años, quien murió
incinerada. Otro grupo comandado por una mujer que se hacía llamar Yolanda, sacó a
varias personas, las cuales subieron a una camioneta Turbo y más adelante en la calle
central ordenó bajarlos. Enseguida ella empezó a fusilarlos, asesinando a tres de los
retenidos, hasta que se le atascó el arma y para arreglarla, la golpeó saliéndose una
ráfaga que le causó la muerte a un paramilitar del mismo grupo; a éste le quitaron las
prendas militares y el arma y lo dejaron con las otras víctimas.
La paramilitar “Yolanda” continuó con los fusilamientos, hasta completar siete víctimas,
sin contar el paramilitar muerto. En su retirada del pueblo se llevaron otros pobladores y
se dirigieron por la carretera a Rincón Hundo y en el puente Anime; allí los bajaron para
fusilarlos, propinándole la muerte a Álvaro Vega. En ese momento apareció una
tractomula que los distrajo teniendo que esconderse, momento este que aprovecharon los
cautivos para escaparse hacia el monte.
Entre los que asesinaron figuran los mencionados y Melquiades Castillo, Armando Ríos,
Alexander Rojas Machado, Diovanys Rafael Castro, Julio Tahúr Enrique, Hermes Ruiz,
quienes fueron fusilados. Como antecedente, el día anterior tres hombres que se
identificaron como miembros del ejército y que se movilizaban en un vehículo último
modelo, preguntaron por el ejército, hicieron un recorrido por el pueblo y se retiraron.
Es de resaltar que el camino de llegada utilizado por este grupo paramilitar fue la ruta
Curumaní - Santa Isabel, por la troncal del Caribe teniendo que pasar, obligatoriamente,
por un retén militar del ejército. Se sabía de amenazas anteriores al hecho de parte del
ejército contra la población. Adicionalmente, durante el levantamiento de los cuerpos,
unos soldados expresaron “todavía en este hijueputa pueblo queda gente, ¿cuántos
guerrilleros cayeron?, Si los mataron era por que debían algo...”. Posteriormente se
presentaron otros hechos en este corregimiento, en junio y julio de 1998, consistentes en
amenazas de militares contra la población y posteriormente el accionar de grupos
paramilitares cometiendo varios crímenes, entre los cuales se encuentra el asesinato de
Alfredo Contreras y Pedro Correa Cuadrado.
118
El 27 de julio de 1998 hacia las 11 p.m., los campesinos ALFREDO CONTRERAS y PEDRO
CORREA CUADRADO, fueron asesinados por grupos paramilitares en el corregimiento
Santa Isabel. Los paramilitares que portaban armas de largo alcance llegaron a la casa de
Alfredo donde funcionaba una tienda y en la cual vivía con su esposa e hija de 6 años. Los
paramilitares amenazaron con tumbar la puerta, ante lo cual Alfredo les abrió; algunos
hombres lo sacaron de la casa mientras otros entraron a esta para saquear la tienda. Los
paramilitares exhibieron una lista de personas a los asistentes, guardaron las cosas que
habían robado a una camioneta 350 tipo estaca, obligaron a Alfredo a subir y partieron
hacia el corregimiento de Rincón Hondo. Horas después fue encontrado el cuerpo de
Alfredo a 800 metros de la casa. Esa misma noche el inspector de policía realizó el
levantamiento.
Simultáneamente, hombres armados que se movilizaban en otra camioneta cuatro
puertas, irrumpieron en la casa del campesino PEDRO CORREA CUADRADO, que se
encontraba en compañía de sus tres hijos. Los paramilitares se bajaron del vehículo y
amenazaron con lanzar una granada al interior de la casa si no les abrían. Pedro salió por
la puerta del patio y, al verlo un paramilitar, le disparó causándole la muerte.
Desde meses anteriores las tropas del ejército llegaban a patrullar y amenazaban a los
pobladores diciéndoles que en la región todos los jóvenes eran guerrilleros, que se
cuidaran para cuando llegara la limpieza. Igualmente, el 19 de junio de ese mismo año, el
capitán Javier Chacón, en reunión con la comunidad había expresado que ya sabían
quienes eran guerrilleros; además los militares fotografiaron a la gente que asistió.
También se presentaron requisas y allanamientos tildando a los pobladores de
subversivos. En enero del mismo año, había sido perpetrada por paramilitares una
masacre en este corregimiento, con la anuencia de las fuerzas militares y de seguridad
del Estado; éste crimen y otros que se cometieron, unido a los hostigamientos por
miembros de las fuerzas militares, produjo una situación de terror y zozobra que obligó a
muchas familias del corregimiento a desplazarse hacia otras poblaciones. El caso fue
denunciado por el Inspector de policía.
119

EL SUR DEL CESAR: ENTRE LA ACUMULACIÓN DE LA TIERRA Y

Transcripción

Documentos relacionados

paramilitares - Violentologia

LA EUROPA FEUDAL . En el siglo IX Europa se vio invadida por los