Turquía

Informe sobre
Turquía
Informe sobre Turquía
Realizado por el Centro de Información, Recursos y Documentación de Asilo y Migraciones de la
Asociación Comisión Católica de Migración (ACCEM), Pza de Santa María Soledad Torres Acosta, 2
2º Madrid 28004. Tfno: 91 532 74 78/9. Para cualquier información relativa a este informe contactar
con [email protected]
Motivo para el que solicita el informe: Aportar informe para posible reexámen. Informar sobre la
situación de kurdos en el sureste turco.
Fecha emisión informe: noviembre de 2008
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Situación de Derechos Humanos en Turquía:
Según el informe del 2008 de Human Rights Watch1 las recientes tendencias respecto a la
protección de los derechos humanos en Turquía han sufrido un retroceso. Durante 2007 hubo una
intensificación de los procesamientos y condenas relacionadas con la libertad de expresión, de
sentencias controvertidas en contravención de normas internacionales de derechos humanos, el
acoso de miembros y diputados del partido pro – Kurdo: DTP y un aumento en los informes de
brutalidad policial. La intolerancia hacia la diferencia o la opinión disidente, por parte de las
autoridades del Estado, ha creado una atmósfera en el que se han producido casos de violencia
contra grupos minoritarios. Enfrentamientos armados entre las fuerzas militares del Kurdistán y el
Partido de los Trabajadores (PKK) aumentó en el período previo a las elecciones en julio y se
intensificó aún más en el segundo semestre del año, con fuertes pérdidas de vidas humanas;
algunos ataques, como el presunto atentado del PKK en Ankara en mayo, se han centrado en la
población civil. Respecto a la tortura, los malos tratos y los homicidios perpetrados por las fuerzas de
seguridad: Aumentaron los malos tratos durante el 2007, teniendo lugar durante los arrestos, fuera
de los lugares de detención oficiales, y durante manifestaciones, así como en centros de detención.
Esta tendencia se ve exacerbada aún más por la aprobación en junio de una nueva ley que concede
a la policía amplios poderes de detención y registro. Tras su entrada en vigor se tuvo noticia de
casos de brutalidad policial durante los controles de identidad rutinarios permitidos por la nueva ley.
Hubo continuos informes de malos tratos en las cárceles. Siguen siendo fuente de grave
preocupación los tiroteos mortales de civiles por parte de los miembros de las fuerzas de seguridad.
Aunque la policía suele afirmar que el asesinato se produjo porque la persona no obedeció a la
orden de alto, en ciertos casos estos asesinatos pueden equivaler a ejecuciones extrajudiciales. Los
ataques con bombas dirigidos por el PKK contra civiles han continuado, a intervalos, durante el
2007, incluyendo un atentado suicida en mayo en el distrito comercial de Ulus, Ankara, que se
tradujo en ocho muertes, y dos ataques con bombas en Izmir, en octubre, en el que resulto muerto
un hombre. En septiembre un minibús fue incendiado cerca de una aldea en Beytüşşebap, provincia
de Şırnak, matando a cinco civiles y siete guardias rurales. En cuanto a la impunidad, los tribunales
turcos son muy indulgentes con los miembros de las fuerzas de seguridad acusados de abuso o
mala conducta, contribuyendo a la impunidad y la persistencia de la tortura y el recurso a la fuerza
1
World Report 2008. Human Rights Watch. Turkey. Pags 437 a 441. Ver: http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/wr2k8_web.pdf
Acceso el 17 noviembre 2008.
letal. Muchas denuncias de tortura o asesinatos en circunstancias controvertidas nunca llegan a los
tribunales y no se investigan. Destacan algunos fallos judiciales controvertidos en el primer semestre
de 2007.
" [......] Recent trends in human rights protection in Turkey have been retrograde. 2007 saw an intensification of
speech-related prosecutions and convictions, controversial rulings by the judiciary in defiance of international
human rights law, harassment of pro-Kurdish Democratic Society Party (DTP) officials and deputies, and a rise in
reports of police brutality. The state authorities’ intolerance of difference or dissenting opinion has created an
environment in which there have been instances of violence against minority groups. In January 2007 TurkishArmenian journalist and human rights defender Hrant Dink was murdered. Armed clashes between the military and
the Kurdistan Workers’ Party (PKK) rose in the lead-up to elections in July and intensified yet further in the second
half of the year, with heavy loss of life; some attacks—such as a suspected PKK bombing in Ankara in May—have
targeted civilians.[......] Torture, Ill-Treatment, and Killings by Security Forces: Ill-treatment appeared to be on the
rise in 2007 and was regularly reported as occurring during arrest, outside places of official detention, and in the
context of demonstrations, as well as in detention centers. This trend was further exacerbated by the passing in
June of a new police law granting wide-ranging powers of stop and search. After the new law came into force,
cases of police brutality were also reported in the context of the routine identity checks permitted in the new law.
There were continuing reports of ill-treatment in prisons and, in January, conscientious objector Halil Savda was illtreated at the Tekirdağ military barracks. Fatal shootings of civilians by members of the security forces remain a
serious concern. Although police typically state that the killing occurred because the individual has failed to obey a
warning to stop, in some cases these may amount to extrajudicial executions. [......] Attacks on Civilians:
Suspected PKK bomb attacks targeting civilians have continued at intervals in 2007, including a suicide bombing in
May in the shopping district of Ulus, Ankara, which resulted in eight deaths, and two bombings in Izmir in October,
killing one man. In September a minibus was fired upon near a village in Beytüşşebap, Şırnak province, killing five
civilians and seven village guards. As of this writing, the perpetrators had not been identified. Impunity: Turkish
courts are notoriously lenient towards members of the security forces who are charged with abuse or misconduct,
contributing to impunity and the persistence of torture and the resort to lethal force. Many allegations of torture or
killings in disputed circumstances never reach the courts and are not investigated. Some controversial court rulings
in the first half of 2007 stand out. In May the Court of Cassation quashed the 39-year sentences of two
gendarmerie intelligence officers for the November 2005 bombing of a bookshop in the southeastern town of
emdinli that resulted in one death. This bombing was widely condemned by human rights groups in Turkey as
evidence of a resort to lawlessness in the name of counterterrorism. Controversially the court ruled that the crime
had been committed in the course of a counterterrorism operation and that the defendants should be retried in a
military court. The decision is on appeal. In April a court in Eskişehir acquitted four police officers for the killing of
Ahmet and Uğur Kaymaz, in November 2004 in the southeast town of Kızıltepe. The court ignored substantial
forensic evidence demonstrating that the father and son may have been the victims of a summary execution. The
case is on appeal. There was no progress in the investigation into the widespread allegations of police torture
following arrests during violent protests in March 2006 in Diyarbakır, or into the deaths of 10 demonstrators (eight
shot dead) during the protests.[......] ".
Por su parte, el informe de Amnistía Internacional del 20082, indica respecto al estado de los
derechos humanos en Turquía:
" Con el aumento de la inseguridad política y de las intervenciones de las fuerzas armadas,
se incrementaron también el sentimiento nacionalista y la violencia. Continuaron
imponiéndose limitaciones a la libertad de expresión. Persistían las denuncias de tortura y
otros malos tratos y el uso de fuerza excesiva por parte de los funcionarios encargados de
hacer cumplir la ley. Los procesos por violaciones de derechos humanos fueron ineficaces e
insuficientes, y persistían los motivos de preocupación en torno a la imparcialidad procesal.
Se violaron los derechos de las personas refugiadas y solicitantes de asilo. Se avanzó poco
en la creación de hogares refugio para mujeres víctimas de violencia en el ámbito familiar.
Información general
Tras la muerte por disparos del periodista turco-armenio Hrant Dink en enero, reinaba una
atmósfera de intolerancia en el país. A partir de mayo, la intensificación de los
enfrentamientos armados entre las fuerzas amadas turcas y el Partido de los Trabajadores
Kurdos dio lugar a abusos contra los derechos humanos. En junio, las fuerzas armadas
2
Informe sobre Turquía de Amnistía Internacional. Informe 2008. El Estado de los Derechos Humanos en el Mundo. Ver
http://thereport.amnesty.org/esl/regions/europe-and-central-asia/turkey. Acceso 21 noviembre 2008.
declararon zonas de seguridad temporales en tres distritos fronterizos con Irak, y en
diciembre en otros tres.
[......]
Ataques con bombas perpetrados por personas o grupos desconocidos contra objetivos
civiles mataron e hirieron a decenas de personas. En mayo y octubre varias bombas
explotaron en Esmirna, causando la muerte a dos personas y heridas a muchas más. En
mayo, una bomba que explotó en el distrito de Ulus, en Ankara, mató a nueve personas e
hirió a más de un centenar. En septiembre, un ataque contra un minibús en la provincia de
Sirnak causó múltiples víctimas mortales.
En diciembre, las fuerzas armadas turcas realizaron intervenciones militares en el norte de
Irak, territorio de población predominantemente kurda, contra bases del Partido de los
Trabajadores Kurdos (PKK).
Libertad de expresión
Siguió limitándose la expresión pacífica de las opiniones en la ley y en la práctica.
Profesionales de la abogacía y del periodismo y defensoras y defensores de los derechos
humanos, entre otras personas, sufrieron acoso, amenazas, procesos judiciales injustos y
agresiones físicas. Aumentó el número de juicios entablados en aplicación del artículo 301
del Código Penal turco, que tipificaba como delito el agravio a la identidad turca, a pesar de
la oposición nacional e internacional a este artículo.
Hrant Kink, periodista y defensor de los derechos humanos, murió por disparos el 19 de
enero. Previamente había sido procesado con arreglo al artículo 301. Al parecer, el presunto
autor de los disparos declaró que había disparado a Hrant Dink porque éste había denigrado
la identidad turca. Unas 100.000 personas asistieron al funeral de Hrant Dink, en una
muestra de solidaridad sin precedentes. Aunque una investigación policial sobre el asesinato
permitió juzgar a varios sospechosos, no se examinó a fondo la culpabilidad de los servicios
de seguridad. En octubre, el hijo de Hrant Dink, Arat Dink, y Sarkis Seropyan, director adjunto
y propietario respectivamente del semanario turco-armenio Agos, fueron declarados
culpables en aplicación del artículo 301 y condenados a sendas penas condicionales de un
año de prisión.
En abril murieron de forma violenta dos ciudadanos turcos y un ciudadano alemán que
trabajaban para una editorial cristiana en Malatya. Según los informes, los cadáveres
aparecieron degollados y atados de pies y manos. El juicio de las personas procesadas en
relación con los asesinatos comenzó en noviembre.
El artículo 216 del Código Penal, que penalizaba «incitar a la población a la enemistad o el
odio», se aplicó de una forma arbitraria y demasiado restrictiva.
En noviembre, la abogada Eren Keskin fue condenada a un año de prisión por utilizar la
palabra «Kurdistán». Posteriormente, la pena se conmutó por una multa de 3.300 liras (unos
2.800 dólares estadounidenses). También se abrieron causas judiciales en virtud del artículo
7.2 de la Ley de Lucha contra el Terrorismo, que penalizaba «hacer propaganda de una
organización terrorista o de sus fines».
En noviembre, Gülcihan Şimşek, miembro del Partido de la Sociedad Democrática y
alcaldesa de la ciudad de Van, fue condenada a un año de cárcel por utilizar el tratamiento
«señor» (sayın) para referirse a Abdullah Öcalan, dirigente del Partido de los Trabajadores
Kurdos.
Defensores y defensoras de los derechos humanos: Se procesó por sus actividades pacíficas
a personas que defendían los derechos humanos.[......]
Impunidad
Las investigaciones sobre violaciones de derechos humanos cometidas por miembros de las
fuerzas de seguridad seguían adoleciendo de defectos y el número de causas judiciales
abiertas fue insuficiente. Los organismos oficiales de derechos humanos siguieron siendo
ineficaces. En junio, el Parlamento reformó la Ley sobre Obligaciones y Competencias de la
Policía, que ampliaba los poderes de la policía para utilizar fuerza letal, al permitirles disparar
contra sospechosos que no obedeciesen a la orden de «alto».[......]
Juicios injustos
Persistían los motivos de preocupación en torno a la imparcialidad procesal, especialmente
en relación con las personas imputadas en virtud de la legislación antiterrorista. En procesos
judiciales de larga duración se utilizaron como prueba declaraciones presuntamente
extraídas mediante tortura.
En junio, Mehmet Desde ingresó en prisión tras ser declarado culpable, junto a otros siete
acusados, de apoyar o pertenecer a una «organización ilegal», por mantener vínculos con el
Partido Bolchevique (Kurdistán Norte/Turquía). El partido no había hecho uso de la violencia
ni la había propugnado, y la relación de los condenados con él no había sido probada. La
condena de Mehmet Desde se basó principalmente en declaraciones presuntamente
obtenidas mediante tortura. Selahattin Ökten pasó todo el año 2007 en detención preventiva,
después de que lo detuvieran por sospecharse su participación en las acciones del Partido
de los Trabajadores Kurdos. La acusación se basó en la declaración de un único testigo que
presuntamente había sido obtenida mediante tortura y de la cual el testigo se retractó
posteriormente.
Homicidios en circunstancias controvertidas
Continuaron recibiéndose informes sobre muertes por disparos de las fuerzas de seguridad.
La justificación que se solía ofrecer era que las víctimas no habían obedecido la orden de
«alto». Sin embargo, en esos incidentes con frecuencia se produjo un uso desproporcionado
de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad, y algunos homicidios pudieron haber sido
ejecuciones extrajudiciales. En varios casos, las investigaciones peligraron debido a que
funcionarios encargados de hacer cumplir la ley habían perdido pruebas.
En agosto, Festus Okey, solicitante de asilo nigeriano, murió tras recibir un disparo bajo
custodia policial en Estambul. Al parecer, la policía había perdido una prueba decisiva, la
camisa que vestía Festus Okey el día que recibió el disparo. Un agente fue acusado de
homicidio intencional. En septiembre, Bülent Karataş murió por disparos realizados por la
policía militar en la localidad de Hozat, provincia de Tunceli. Según Rıza Çiçek, que también
resultó gravemente herido en el incidente, la policía militar los había obligado a desnudarse
antes de disparar. Se estaba llevando a cabo una investigación en secreto.
Tortura y otros malos tratos
Continuaron las denuncias de tortura y otros malos tratos, especialmente en lugares de
detención no oficiales.
En junio, Mustafa Kükçe murió después de haber permanecido detenido en varias comisarías
de policía de Estambul. Los familiares que identificaron su cadáver afirmaron que era
evidente que lo habían torturado antes de morir. Ningún agente de policía fue encausado.
El abogado Muammer Öz fue presuntamente golpeado por agentes de policía cuando se
encontraba tomando té con unos familiares en Moda, distrito de Estambul. Un examen
médico oficial no reflejó que tenía la nariz fracturada a consecuencia de la agresión.
Muammer Öz relató a Amnistía Internacional cómo los policías lo habían golpeado con los
puños y con porras y le habían dicho que permanecerían impunes. Se abrió una causa
judicial contra dos agentes implicados, que se encontraban en espera de juicio.
Miembros de las fuerzas de seguridad continuaron haciendo uso de fuerza excesiva en sus
funciones de control de las manifestaciones.
En varias manifestaciones que se celebraron el 1 de mayo en distintas partes del país con
motivo del Día Internacional del Trabajo, la policía utilizó porras y gas lacrimógeno contra las
personas que se manifestaban pacíficamente. Sólo en Estambul se detuvo a más de 800
personas, aunque se desconocía el número total de detenciones.
Condiciones penitenciarias
Continuaban denunciándose castigos disciplinarios duros y arbitrarios en las prisiones «Tipo
F». Una circular hecha pública en enero que ampliaba el derecho de los presos a
relacionarse entre sí seguía sin aplicarse en gran medida. Algunos presos permanecían
recluidos en régimen de aislamiento, en solitario o en pequeños grupos. Hubo protestas
generalizadas pidiendo el fin de la reclusión en régimen de aislamiento del dirigente del
Partido de los Trabajadores Kurdos Abdullah Öcalan y una investigación sobre el trato que se
le dispensaba.
En mayo, el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura visitó la isla prisión de Imrali,
donde Abdullah Öcalan permanecía encarcelado, para examinar las condiciones de su
detención y su estado de salud. Al final del año no se habían hecho públicas las conclusiones
de esta visita. [......] ".
Situación de seguridad en el Sureste del país:
El informe del Departamento de Estado de EEUU3 sobre Turquía del 2008, indica que según el
Gobierno turco: 27 civiles resultaron muertos y 134 heridos, 139 miembros de las fuerzas de
seguridad murieron y 216 resultaron heridos, y 295 terroristas fueron asesinados y 193 resultaron
heridos, en los enfrentamientos armados relacionados con la lucha contra la organización terrorista
PKK durante el año. La mayoría de los enfrentamientos ocurrieron en el sureste. Continuó habiendo
informes sobre miembros de las fuerzas de seguridad disparando mortalmente a civiles que se
negaron a obedecer una orden de “alto”.
Si bien la ley establece la libertad de movimiento dentro del país, los viajes al extranjero, la
emigración y el retorno, sin embargo, a veces el gobierno limita estos derechos en la práctica. La ley
dispone que la libertad de salir del país de un ciudadano puede ser restringida sólo en el caso de
una emergencia nacional, obligaciones cívicas (por ejemplo, el servicio militar), o la investigación
penal o el enjuiciamiento. El gobierno mantiene una fuerte presencia de seguridad en el sureste,
incluyendo numerosos puestos de control de carretera.
El 7 de junio, el gobierno declaró que una Zona de Alta Seguridad se establecería entre el 9 de junio
y el 9 de septiembre en determinadas zonas demarcadas, situadas en el sureste de las tres
3
United States Department of State, 2007 Country Reports on Human Rights Practices - Turkey, 11 March 2008. Online. UNHCR
Refworld, available at: http://www.unhcr.org/refworld/docid/47d92c4fc.html [accessed 21 November 2008]
provincias de Siirt, Sirnak y Hakkari. Los periodistas atribuyeron la medida a parte de la
intensificación de la lucha entre el ejército y el PKK. Algunos aldeanos protestaron porque la
creación de las zonas de seguridad restringió el acceso a sus campos y pastos.
According to the government, 27 civilians were killed and 134 were injured, 139 members of the security forces
were killed and 216 were injured, and 295 terrorists were killed and 193 were injured in armed clashes related to
the struggle against the terrorist PKK organization during the year. Most of the clashes occurred in the
southeast.[......] There continued to be reports of security forces fatally shooting civilians who refused to obey a
warning to stop.[......] The law provides for freedom of movement within the country, foreign travel, emigration, and
repatriation; however, at times the government limited these rights in practice. The law provides that a citizen's
freedom to leave the country could be restricted only in the case of a national emergency, civic obligations (e.g.,
military service), or criminal investigation or prosecution. The government maintained a heavy security presence in
the southeast, including numerous roadway checkpoints.
On June 7, the government declared a High Security Zone would be established from June 9 to September 9 in
specific demarcated zones located in three southeastern provinces of Siirt, Sirnak, and Hakkari. Journalists
attributed the measure to "part of an intensifying battle" between the military and the PKK. Prior to September 9,
the government extended the termination date to December 10. Some villagers claimed the establishment of the
security zones restricted their access to their fields and pastures
Otro informe, esta vez del Internal Displacement Monitoring Centre (IDMC)4, indica que existen
informes sobre violaciones de los derechos humanos, especialmente en el sureste (durante el 2005):
así el Departamento de Estado de EEUU informó de que el gobierno, así como el PKK / KADEK /
KHK siguieron cometiendo violaciones de los derechos humanos contra los no combatientes en el
sureste. El Gobierno turco siguió organizando, armando y pagando a una fuerza de defensa civil,
mayormente en el sureste de la región, conocida como "guardias de aldea". Mientras que las
autoridades turcas afirman que no se han nombrado guardias de aldea desde el 2000, por su parte,
las organizaciones no gubernamentales sugieren que los nuevos guardias locales han sido
reclutados en respuesta al aumento de los enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y los
grupos armados ilegales. Los guardias de aldea han sido acusados en repetidas ocasiones de
corrupción y violaciones de los derechos humanos. Grupos locales de derechos humanos
informaron de que los desplazados internos y los repatriados sufren acoso diariamente, incluida la
detención sin cargos y amenazas de desalojo, si no se suman al sistema de guardias de aldea.
Además de los guardias de aldea, la Jandarma5 y la policía especial se consideran como los
principales responsables de los abusos en el año 2003, especialmente en el sureste del país. Si bien
los tribunales investigan la mayoría de las ejecuciones ilegales, el número de detenciones y
procesamientos sigue siendo bajo en comparación con los incidentes, y las condenas siguen siendo
raras. La Policía Nacional turca (TNP), bajo el control del Ministerio del Interior, tiene la
responsabilidad primordial de la seguridad en las zonas urbanas, mientras que la Jardarma, fuerzas
paramilitares de control conjunto entre el Ministerio del Interior y el poder militar, lleva a cabo esta
función en las zonas rurales. El Gobierno mantiene una fuerte presencia de seguridad en algunas
partes del sureste. Hubo informes fidedignos de que las fuerzas de seguridad cometieron una serie
de ejecuciones ilegales: la Policía, la Jandarma y el ejército mataron a un número de personas, en
particular en el sureste y el este, por supuestamente no detenerse a obedecer sus órdenes de “alto”.
La mayoría de las desapariciones forzadas afectan a los kurdos étnicos del sureste de Turquía
(2003). El gobierno siguió investigando algunas denuncias de casos de desapariciones, sin embargo
la mayoría de los casos no se han resuelto. El Relator Especial de las Naciones Unidas para las
personas desaparecidas expresó su opinión de que las fuerzas de seguridad fueron responsables de
algunos casos de desapariciones (2001). La mayoría de los casos se refieren a personas de origen
étnico kurdo y se produjeron en las provincias de Diyarbakir, Siirt y en el sudeste de Anatolia. La
gran parte de los desaparecidos habrían sido detenidos y maltratados por la policía por cargos de
pertenencia al PKK. Los miembros de las fuerzas de seguridad, presuntos responsables de la
4
Global IDP: Profile of Internal Displacement:Turkey. Compilation of the information available in the Global IDP. Database of the
Norwegian
Refugee
Council
(as
of
7
October,
2005)
Ver:
http://www.internaldisplacement.org/8025708F004BE3B1/(httpInfoFiles)/A0D784C014878D59802570BA00568E64/$file/Turkey%20-October%202005.pdf.
Acceso el 24 de noviembre 08.
5
La Jandarma es una especie de Guardia Civil, perteneciente a las Fuerzas Armadas Turcas (N. del R.).
mayoría de los casos de desapariciones forzadas, rara vez han sido procesados por dichos actos.
Los secuestros de aldeanos y funcionarios por parte de terroristas del PKK prácticamente han
terminado tras la captura de líder del PKK Ocalan, en 1999.
"[......] Reports of human rights violations by law enforcement and security forces, particularly in the south-east
(2005)
• The US Department of State reported that the government, as well as the PKK/KADEK/KHK continued to commit
human rights abuses against non-combatants in the southeast
• The Government continued to organize, arm, and pay a civil defence force mostly in the southeast region, known
as the “village guards” of 58 416 duty (as opposed to 58 551 last year)Turkish authorities state that no village
guards have been appointed since 2000, but NGOs suggest that new village guards have been recruited in
response to increasing clashes between security forces and illegal armed groups
• Village guards have been accused repeatedly of corruption and human rights abuses
• A petition containing over 30 000 signatures protesting against the village guard system was registered with the
Petitions Committee in the Parliament in October 2003
• Local human rights groups report that IDPs and returnees daily harassment, including detention without charge
and threat of eviction if they did not join the village guards system
• In addition to the village guards, Jandarma and police ‘special teams’ were viewed as those most responsible for
abuses in 2003, particularly in the south east.
• The Human Rights Foundation estimated over 40 killings by security forces in 2003
• While courts investigated most of the unlawful killings, the number of arrests and prosecutions remained low in
comparison with the incidents; and convictions remained rare
• The case of 10 village guards arrested in connection with the September 2002 killing of 3 IDPs returning to their
homes in Ugrak village with official permission continued.
“The Turkish National Police (TNP), under Interior Ministry control, has primary responsibility for security in urban
areas, while the Jandarma, paramilitary forces under joint Interior Ministry and military control, carries out this
function in the countryside. The Government maintained a heavy security presence in parts of the southeast. A civil
defense force known as the village guards was less professional and disciplined than other security forces and was
concentrated in the southeast. Civilian and military authorities generally maintained effective control of the security
forces. Some members of the security forces committed serious human rights abuses.
There were credible reports that security forces committed a number of unlawful killings. Police, Jandarma, and
soldiers killed a number of persons, particularly in the southeast and east, for allegedly failing to obey stop
warnings.[......] The Government, as well as the PKK/KADEK/KHK, continued to commit human rights abuses
against noncombatants in the southeast.[......]
Majority of enforced disappearances affect ethnic Kurds in south-east Turkey (2003)
• The government continued to investigate some reported cases of disappearances, however most cases had not
been resolved
• The UN Special Rapporteur for Missing and Disappeared Persons expressed her view that the security forces
were responsible for some cases of disappearances (2001)
• Most cases concern persons of Kurdish ethnic origin and occurred in the provinces of Diyarbakir and Siirt in
south-east Anatolia
• Most of the missing persons have allegedly been arrested and mistreated by the police on charges of belonging
to the PKK
• Members of the security forces who are allegedly responsible for most cases of enforced disappearances have
rarely been prosecuted for these acts
• Abductions by PKK terrorists of local villagers and state officials has virtually ended since the capture of the PKK
leader Ocalan (1999)[......] ".
El PKK: Tratamiento de miembros, seguidores o simpatizantes:
Según el informe sobre terrorismo del Departamento de Estado de EEUU de 30 abril del 20086
el más destacado entre los grupos terroristas en Turquía es el Kongra-Gel/ Partido de los
Trabajadores del Kurdistan (KGK / PKK). Compuesto principalmente de kurdos separatistas, el KGK
/ PKK tiene sus bases en el norte de Iraq y dirige sus fuerzas principalmente contra las fuerzas de
seguridad turcas. En el 2005 y 2006, la violencia del KGK / PKK se ha cobrado cientos de vidas
turcas, y continuó durante el 2007. El grupo denominado “Halcones para la Libertad del Kurdistán”
(TAK), afiliado al KGK / PKK, ha reivindicado la responsabilidad de una serie de mortíferos ataques
en las ciudades turcas contra turcos y ciudadanos extranjeros en los últimos años. El KGK /PKK y
personas vinculadas al TAK fueron descubiertos a finales de mayo en Estambul, Adana, Konya,
6
United States Department of State, Country Reports on Terrorism 2007 - Turkey, 30 April 2008. Online. UNHCR Refworld, available at:
http://www.unhcr.org/refworld/docid/48196cbac.html [accessed 21 November 2008]
Mardin, con materiales explosivos diseñados para llevar a cabo ataques suicidas. El 25 de mayo, el
KGK / PKK reivindicó la responsabilidad por el bombardeo de un tren de carga en la provincia de
Bingol.
" [......] Most prominent among terrorist groups in Turkey is the Kongra-Gel/Kurdistan Worker's Party (KGK/PKK).
Composed primarily of Kurds with a separatist agenda, the KGK/PKK operated from bases in northern Iraq and
directed its forces to target mainly Turkish security forces. In 2005 and 2006, KGK/PKK violence claimed hundreds
of Turkish lives. This persisted in 2007, when the KGK/PKK continued its terrorist tactics. The Kurdistan Freedom
Falcons (TAK), a group designated under E.O. 13224, is affiliated with the KGK/PKK and has claimed
responsibility for a series of deadly attacks on Turkish and foreign citizens in Turkish cities in recent years.
KGK/PKK and TAK-linked individuals were discovered in late May in Istanbul, Adana, Konya, and Mardin with
explosive materials designed to carry out suicide attacks. On May 25, the KGK/PKK claimed responsibility for the
bombing of a cargo train in Bingol Province.[......] ".
Según un informe del Inmigration Refugee Board de Canada del 20077, el PKK es considerado
un grupo terrorista, y por tanto es ilegal ser miembro, simpatizante o seguidor de dicha organización.
Los informes de los medios de comunicación también afirman que el PKK es considerado una
organización terrorista por Turquía, los EE.UU. y la Unión Europea" (BBC, 8 de abril de 2007; AFP
25 de marzo de 2006). Cargos criminales relacionados con el terrorismo se han presentado contra
los miembros del PKK y Hezbolá turco. Según un Profesor Asistente de Ciencias Políticas de la
Universidad Loyola de Chicago (EEUU), es ilegal ser miembros, seguidores y simpatizantes de
ambas organizaciones en Turquía. Los ciudadanos sospechosos de tener algún tipo de vínculos con
dichas organizaciones son hostigados por las fuerzas de seguridad y son comunes las violaciones
de sus derechos humanos. Si bien la Unión Europea exigió reformas para liberalizar los sistemas
jurídicos turcos, los progresos en su aplicación han sido muy limitados. Además, las tensiones
étnicas entre kurdos y turcos en las ciudades se han incrementado en los últimos años. Ha habido
varios intentos de linchamientos de activistas kurdos en varias ciudades de Anatolia. La opinión
pública turca tiene fuertes opiniones negativas contra el PKK y el Hezbolá. Estas organizaciones se
perciben como las únicas responsables de la muerte de miles de personas. (Universidad de Loyola,
28 de abril 2006) . Según el Informe por países sobre Terrorismo publicado por el Departamento de
Estado de los EEUU, los ataques perpetrados por el PKK aumentaron significativamente y fueron
causantes de la pérdida de 600 vidas en 2006.
Se continúa diciendo en dicho informe que el Partiya Karkeran Kurdistán (PKK), también conocido
como Kongra-Gel (KGK) es una organización de izquierdas nacionalista kurda , fundada en 1978. El
líder del PKK, Abdullah Ocalan, fue detenido en 1999 y actualmente vive solo, en el exilio, en una
isla del mar de Mármara. En 1984, el PKK comenzó a librar un conflicto armado contra el gobierno
turco con el objetivo de establecer una patria independiente kurda. Desde entonces, el conflicto ha
causado la muerte de unas 37.000 personas en Turquía. Se estima que existen unos 5.000
combatientes del PKK que luchan contra unos 20.000 soldados, guardias locales y Fuerzas
Especiales en el sureste de Turquía. Los informes indican que los combates entre los dos grupos
parece ir en aumento, tras el desplazamiento de más de un millón de kurdos de sus pueblos durante
la ofensiva del ejército turco de que culminó a principios de los años 90.
Varios informes de los medios de comunicación indican que las fuerzas turcas han matado a
combatientes del PKK. Por ejemplo, en marzo de 2005, soldados turcos mataron a 14 kurdos
relacionados con el PKK en la provincia de Mus en el sureste de Turquía. En abril de 2006, 12
combatientes del PKK y 2 soldados turcos fueron muertos en el sureste de Turquía (AFP 12 de abril
de 2006). A finales de marzo de 2006, los funerales de los rebeldes del PKK muertos por las tropas
del Gobierno celebrados en la ciudad de Diyarbakir terminaron con disturbios, en los que algunos
manifestantes atacaron comisarías de policía con bombas, y realizaron actos de vandalismo en
7
Immigration and Refugee Board of Canada, Turkey: Status of the Kurdistan Workers' Party (PKK) and Turkish Hezbollah; situation and
treatment of members, supporters and sympathizers of these parties (2006 - 2007), 6 June 2007. TUR102513.E. Online. UNHCR Refworld,
available at: http://www.unhcr.org/refworld/docid/46fa537528.html [accessed 21 November 2008]
tiendas y edificios públicos. Las fuerzas de seguridad respondieron con disparos de armas de fuego
y gases lacrimógenos. Diferentes fuentes informan de que el número de muertos varía entre 8
(HRW) y 16 personas (AFP 9 de mayo de 2006), incluidos inocentes, mientras que alrededor de 500
personas resultaron heridas (Periódico The Guardian 5 de junio de 2006). The Guardian informó de
que estos fueron los peores enfrentamientos experimentados en una década (5 de junio de 2006). A
raíz de los disturbios, la policía turca cargó contra 301 personas. Muchos de los acusados son
jóvenes, que de ser declarados culpables podría enfrentarse a una pena de hasta 24 años de
prisión. De acuerdo con las declaraciones de los testigos y los informes médicos, los 180 menores
que fueron detenidos a raíz de los disturbios fueron maltratados por la policía. El Inmigration
Refugee Board de Canada, aclara en su informe que no se pudo corroborar la información sobre
estas alegaciones entre las fuentes consultadas debido al límite de tiempo dado para efectuar la
respuesta.
El Inmigration Refugee Board de Canada indica asimismo que en junio de 2006, un reportero de la
agencia de noticias kurda Diha fue detenido y acusado de colaborar con el PKK, después de que
presuntamente diese equipo informático y hablara de asuntos militares con activistas del PKK.
Reporteros sin Fronteras (RSF) han pedido que el periodista sea puesto en libertad provisional, y
añadió que los periodistas en medios de comunicación kurdos que cubren operaciones militares son
acusados a menudo de colaborar con el PKK. Si es declarado culpable, el periodista podría
enfrentarse hasta 12 años de prisión.
Según Amnistía Internacional, en octubre del 2006 comenzó un juicio con la participación de 56
alcaldes pertenecientes al Partido Sociedad Democrática (DTP) (AI 2007), un partido pro Kurdo
(BBC 6 de marzo de 2006), que fue acusado por el gobierno turco de apoyar al PKK después de que
hubiera enviado una carta al Primer Ministro danés pidiendo que no se cerrara la estación de
televisión kurda, Roj TV, con sede en Dinamarca (AI 2007). Los alcaldes fueron acusados de apoyo
al PKK con pleno conocimiento y conciencia. En abril del 2007, el juicio continuaba contra 53
alcaldes, que podrían ser condenados a penas de hasta 15 años de prisión. En febrero del 2007, el
alcalde del distrito de Karapina, Zulkuf Karatekin, fue multado con 3.000 liras por permitir que los
miembros del DTP utilizaran un vehículo municipal para plantar plantas de semillero en
conmemoración del cumpleaños de Abdullah Öcalan, líder del proscrito PKK .
“In 28 April 2006 correspondence sent to the Research Directorate, an assistant professor of political science at
Loyola University in Chicago who specializes in Islamic politics in Turkey stated that "[b]oth the PKK [Kurdistan
Worker's Party] and the Hezbollah of Turkey are considered terrorist organizations by the Turkish state" (Loyola
University 28 Apr. 2006). Media reports also state that the PKK is "considered a terrorist organization by Turkey,
the US and the European Union" (BBC 8 Apr. 2007; AFP 25 Mar. 2006). Criminal charges involving terrorism have
been brought against members of both the PKK and Turkish Hezbollah: for instance, out of the 512 inmates of a
prison in the city of Diyarbakir, 258 allegedly belong to Turkish Hezbollah and 224 are thought to belong to the
PKK (UN 16 Nov. 2006).
According to the Assistant Professor,
[i]t is illegal to be members, supporters, and sympathizers of both organizations in Turkey. Citizens suspected to
have any kinds of ties to these organizations are harassed by security forces and violations of their human rights
have been common. While the European Union-demanded reforms have liberalized Turkish legal systems, the
progress in application has been much limited. Additionally, tensions between ethnic Kurds and Turks in mixed
cities have increased in recent years. There have been several attempted lynches of Kurdish activists in various
Anatolian [Middle Eastern Turkish] cities. Turkish public opinion has very strong negative views of both the PKK
and the Hezbollah. These organizations are perceived to be exclusively responsible for the deaths of thousands of
people. (Loyola University 28 Apr. 2006)
According to the Country Reports on Terrorism published by the United States Department of State, attacks
perpetrated by the PKK "increased significantly and claimed as many as 600 lives in 2006" (US 30 Apr. 2007).
PKK
The Kurdistan Workers' Party (Partiya Karkeran Kurdistan, PKK), also known as Kongra-Gel (KGK) (MIPT n.d.a;
RSF 21 June 2006) is a leftist and Kurdish nationalist organization (MIPT n.d.a; SITE Institute n.d.) founded in
1978 (ibid.; PHW 2007 Oct. 2006, 1262; Europa 2006 10 June 2006, 4385). The PKK's leader, Abdullah Ocalan,
was arrested in 1999 and is currently living alone in exile on an island in the Marmara sea (Assistant Professor 28
Apr. 2006). The group is led by Abdullah Ocalan, Zubeyir Aydar (ibid.; PHW 2007 Oct. 2006, 1263) and Murat
Karayilan (ibid.). In 1984, the PKK began waging an armed conflict against the Turkish government with the aim of
establishing an independent Kurdish homeland (Europa 2006 10 June 2006, 4385; AFP 25 Mar. 2006). Since then,
the conflict has killed an estimated 37,000 people in Turkey (ibid.; BBC 8 Apr. 2007; Turkish Daily News 8 May
2007).
There are thought to be approximately 5,000 PKK fighters (The Guardian 5 June 2006; SITE Institute n.d.) battling
some 20,000 soldiers, village guards and Special Forces in southeastern Turkey (Turkish Daily News 8 May 2007).
Reports indicate that fighting between the two groups appears to be increasing (The Economist 6 May 2006; The
Guardian 5 June 2006), following the displacement of over a million Kurds from their villages during the Turkish
army's offensive which peaked in the early 1990s (ibid.).
There are several media reports that Turkish forces have killed PKK fighters (AFP 12 Apr. 2006; ibid. 25 Mar.
2006). For example, in March 2005, Turkish soldiers killed 14 Kurds associated with the PKK in the province of
Mus in southeastern Turkey (AFP 25 Mar. 2006). In April 2006, 12 PKK fighters and 2 Turkish soldiers were killed
in southeastern Turkey (AFP 12 Apr. 2006).
In late March 2006, the funerals of PKK rebels killed by government troops held in the city of Diyarbakir turned into
riots, with some rioters targeting police stations with bombs and vandalizing shops and public buildings (AFP 9
May 2006). Security forces responded with gunfire and tear gas (ibid.; HRW Jan. 2007). Different sources report
that the number of those killed varies between 8 (ibid.) and 16 people (AFP 9 May 2006), including innocent
bystanders and four children under the age of 10 (HRW Jan. 2007), while about 500 people were injured (The
Guardian 5 June 2006). An investigation of 10 killings was still being conducted at the end of 2006 (AI 2007). The
Guardian reports that these were the worst clashes experienced there in a decade (5 June 2006).
Following the riots, Turkish police charged 301 people with the violence (AFP 9 May 2006). Many of the accused
are youths, who if convicted could face up to 24 years imprisonment (ibid.) (The Economist 6 May 2006). The
Guardian cites the Diyarbakir bar association as stating that, according to witness statements and medical reports,
the 180 minors who were detained in the wake of the riots were mistreated by police, saying "they had been
repeatedly beaten, threatened with death and rape, stripped naked, immersed in cold water, subjected to high
pressure hosing and had cigarettes stubbed out on their bodies" (The Guardian 5 June 2006). However, besides a
report by The Economist citing the prisoners' lawyers as stating that the inmates had been "beaten and tortured" (6
May 2006), further or corroborating information on these allegations could not be found among the sources
consulted by the Research Directorate within the time constraints of this Response.
In June 2006, a reporter for the Kurdish news agency Diha was arrested and charged with collaborating with the
PKK, after he allegedly gave computer equipment to and spoke of military matters with PKK activists (RSF 21 June
2006). Reporters Without Borders (Reporters sans frontières, RSF) have called for the journalist's provisional
release, adding that journalists in the Kurdish media covering military operations are often accused of working with
the PKK (ibid.). If convicted, the journalist could face up to 12 years in prison (ibid.).
Amnesty International (AI) reports that in October 2006 a trial began involving 56 mayors belonging to the
Democratic Society Party (DTP) (AI 2007), a pro-Kurdish party (BBC 6 Mar. 2006), who were accused by the
Turkish government of supporting the PKK after they had sent a letter to the Danish Prime Minister requesting that
the Denmark-based Kurdish television station, Roj TV, not be shut down (AI 2007). The mayors were charged with
"knowingly and willingly supporting the PKK" (ibid.). As of April 2007, the trial was ongoing against 53 mayors, who
could expect up to 15 years' imprisonment if convicted (Anadolu Agency 4 Apr. 2007).
In February 2007, the Kurdish mayor of Turkey's Karapinar district, Zulkuf Karatekin, was fined 3,000 lira
[approximately CAD 2,500 (Canada 27 Feb. 2007)] for allowing members of the pro-Kurdish Democratic Society
Party (DTP) to use a municipal vehicle to plant seedlings to mark the birthday of Abdullah Ocalan, the outlawed
leader of the PKK (AFP 27 Feb. 2007).[......]
This Response was prepared after researching publicly accessible information currently available to the Research
Directorate within time constraints. This Response is not, and does not purport to be, conclusive as to the merit of
any particular claim for refugee protection. Please find below the list of additional sources consulted in researching
this Information Request.[......] ".
Según un informe de Freedom House8del 2008, la violencia siguió aumentando en el sureste
durante el 2007. Los separatistas kurdos en la región habían luchado durante 15 años en una guerra
de guerrillas contra las fuerzas del gobierno hasta 1999, fecha en la que el líder separatista Abdullah
Ocalan fue capturado. El Partido de los Trabajadores Kurdos (PKK) renunció al alto el fuego en
2004, y aunque de vez en cuando ofrece treguas, los combates durante el 2007 dieron lugar a bajas
entre los guerrilleros, las fuerzas del Gobierno y, en ocasiones, los civiles. Asimismo también se han
formado grupos escindidos del PKK. En lo que los críticos calificaron como movimiento populista,
Turquía persiguió a los combatientes del PKK en el norte de Iraq, en operaciones terrestres y aéreas
a finales de 2007, a pesar de la presión en contra de Iraq, los Estados Unidos y otros aliados turcos.
El conflicto kurdo durante los años 90 en el sureste turco, en el que más de 35.000 personas
murieron, ha dejado un legado de discriminación y un nivel de vida más bajo en la región. Los
combates entre el PKK y el gobierno en el sureste siguen en curso. La reanudación del cese el
fuego ofrecido por el PKK ha sido rechazada por el gobierno. La condena de funcionarios de
seguridad en relación con una explosión con bomba durante el 2005 en una librería en el sureste del
país, fue anulada en mayo de 2007 por vicios de procedimiento.
"[......] Violence continued to rise in the southeast in 2007. Kurdish separatists in the region had fought a 15-year
guerrilla war against government forces until 1999, when separatist leader Abdullah Ocalan was captured. His
Kurdish Workers Party (PKK) abandoned its ceasefire in 2004, and while it occasionally offers renewed truces,
fighting in 2007 led to casualties among guerrillas, government forces, and occasionally civilians. PKK splinter
groups have also reportedly formed. In what critics claimed was a populist move, Turkey pursued PKK fighters in
northern Iraq in land and air operations in late 2007, despite pressure to refrain from Iraq, the United States and
other Turkish allies.[......] The Kurdish conflict in the southeast in the 1990s, in which more than 35,000 people
were killed, has left a legacy of discrimination and a lower standard of living in the region. Fighting between the
PKK and the government in the southeast is ongoing. Renewed ceasefires offered by the PKK have been rejected
by the government.[......] ".
Discriminación hacía la población kurda:
Según el informe sobre la situación de Derechos Humanos en Turquía durante el 2007 del
Departamento de Estado de EEUU9 la ley prevé una única nacionalidad para todos los ciudadanos
y no los reconoce como grupos étnicos nacionales, raciales, étnicos o minorías. Los ciudadanos de
origen kurdo constituyen un gran grupo étnico y lingüístico. Millones de personas en el país se
identifican como kurdos y hablan kurdo. Los kurdos que públicamente o políticamente afirman su
identidad kurda o que utilizan el kurdo en el dominio público corren el riesgo de censura,
hostigamiento, o persecución.
" [......] The law provides a single nationality designation for all citizens and does not recognize ethnic groups as
national, racial, or ethnic minorities. Citizens of Kurdish origin constituted a large ethnic and linguistic group.
Millions of the country's citizens identified themselves as Kurds and spoke Kurdish. Kurds who publicly or politically
asserted their Kurdish identity or publicly espoused using Kurdish in the public domain risked censure,
harassment, or prosecution.[......] ".
Según la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia (ECRI), organismo del Consejo
de Europa10 , que en su informe incluye a la minoría kurda como grupo vulnerable, se estima que
hay entre doce y quince millones de kurdos viviendo en Turquía. No existen estadísticas oficiales ya
que los censos nacionales no tienen en cuenta el origen étnico de la población. Los kurdos viven
8
Freedom House, Freedom in the World 2008 - Turkey, 2 July 2008. Online. UNHCR Refworld, available at:
http://www.unhcr.org/refworld/docid/487ca26793.html [accessed 24 November 2008]
United States Department of State, 2007 Country Reports on Human Rights Practices - Turkey, 11 March 2008. Online. UNHCR
Refworld, available at: http://www.unhcr.org/refworld/docid/47d92c4fc.html [accessed 21 November 2008]
10
Council of Europe: European Commission Against Racism and Intolerance (ECRI), Third Report on Turkey, Adopted on 25 June 2004,
15 February 2005. CRI(2005)5. Online. UNHCR Refworld, available at: http://www.unhcr.org/refworld/docid/46efa2efd.html [accessed 21
November 2008]
9
principalmente en el Sureste, aunque muchos de ellos han abandonado la región como parte del
éxodo a las ciudades, así como por el conflicto armado que se prolongó durante varios años entre
las autoridades y el PKK.
El ECRI indica con preocupación que los kurdos desplazados dentro del país por el conflicto armado
se encuentran actualmente en una situación muy difícil. Según estimaciones de organizaciones no
gubernamentales, hay un millón o más de personas en esta situación, mientras que las autoridades
poner la cifra en unos cien mil. Viven principalmente en las afueras de las ciudades, en particular,
Estambul, en condiciones de graves dificultades económicas y sociales. A pesar de que han sido
desplazados, no han recibido ninguna asistencia social a fin de que puedan satisfacer sus
necesidades. Dado que la mayoría de ellos fueron originalmente agricultores, han sido incapaces de
encontrar empleo al llegar a los pueblos y ciudades. La gran mayoría viven en la pobreza y la
exclusión social, que a su vez provocan problemas de salud y dificultan el acceso a la educación, ya
que los padres no pueden permitirse el lujo de enviar a sus hijos a la escuela.
El ECRI continúa señalando en su informe que no ha habido ningún estado de excepción en Turquía
desde noviembre del 2002. Los combates han cesado en el Sureste del país por lo que la
inseguridad ya no debe ser un obstáculo para el regreso de personas desplazadas por el conflicto
armado. El ECRI deplora, sin embargo, que el proceso de retorno de los desplazados internos aún
no haya comenzado en serio y que sólo un número muy reducido de personas hayan regresado a
sus pueblos o hayan sido capaces de recuperar sus bienes. Los obstáculos para regresar son
todavía demasiado numerosos. En algunos casos, la administración sigue negándose a permitir el
regreso por razones de seguridad. En otros casos, la administración ha insistido en que las personas
que deseen volver deben firmar documentos de renuncia a su derecho a una indemnización sobre la
base de que es el PKK el culpable de su salida y no las autoridades. Otro obstáculo importante es el
comportamiento de los guardias de la milicia armada que fueron enviados a las aldeas por las
autoridades. Algunas de estas guardias han establecido su residencia en propiedades abandonadas
y se niegan a entregarlas a sus propietarios. El ECRI se muestra especialmente preocupado por los
informes en los que se describe que, en algunos casos, los aldeanos que tratan de recuperar sus
bienes han sido asesinados por guardias armados.
Según el Comité, el gobierno ha introducido los llamados "proyectos de retorno a las aldeas", pero
de acuerdo a diversos comentaristas, los fondos son insuficientes. La falta de información clara
sobre el procedimiento para la solicitud de retorno ha sido igualmente un factor en la baja tasa de
éxito. Otros apuntan a la falta de compromiso político por parte del gobierno para el retorno de los
desplazados.
El ECRI se complace en señalar que las normas constitucionales y los cambios legislativos en el
ámbito de los derechos humanos y las libertades fundamentales deben ayudar a dar a los kurdos a
una mayor libertad de expresión, de reunión y de asociación. Sin embargo, observa que en el caso
de los kurdos, esas libertades son todavía muy reducidas, especialmente en la práctica. Así, señala
informes en los que se dice que estudiantes kurdos han sido detenidos y / o expulsados de la
universidad por haber firmado peticiones o demostrado apoyo por la enseñanza del kurdo en las
universidades, o la supuesta condena de cierto número de personas por escuchar música kurda en
privado. En algunos casos, sin embargo, las personas que han expresado su identidad kurda por
medios pacíficos han sido absueltas. El ECRI espera que las nuevas leyes allanaran el camino para
una rápida mejora en este ámbito.
En cuanto a la libertad de asociación, el ECRI señala que las prohibiciones a las partes que
representan los intereses de la comunidad kurda se han mantenido a pesar de los fallos del Tribunal
Europeo de Derechos Humanos, que se ha enfrentado con frecuencia al Gobierno turco por violar la
libertad de asociación en este área. El ECRI observa con satisfacción que, a raíz de las enmiendas
legislativas y constitucionales, será más difícil prohibir un partido político en el futuro. Además,
advertencias y sanciones accesorias tales como la supresión de la ayuda financiera podrá sustituir o
preceder la prohibición absoluta de los partidos políticos.
En lo que respecta a la opinión pública, el ECRI observa que el conflicto armado ha tenido sólo un
impacto limitado en la mayoría de la población y que los kurdos no parecen albergar ninguna
animosidad hacia otros. Sin embargo los kurdos están aún sujetos a prejuicios y estereotipos y la
Comisión se pregunta hasta que punto tales actitudes se manifiestan en discriminación hacía los
kurdos en la vida diaria.
"[......] Vulnerable groups
- The Kurds
72. According to estimates, there are between twelve and fifteen million Kurds living in Turkey. There are no official
statistics as national censuses do not take account of people’s ethnic origins. The Kurds live mainly in the SouthEast, although many of them have left the region as part of the drift to the towns and also because of the armed
conflict that went on for several years between the authorities and the PKK.
73. ECRI is concerned to note that the Kurds displaced within the country by the armed conflict now find
themselves in a very difficult situation. According to NGO estimates, there are a million or more such people,
whereas the authorities put the figure at a few hundred thousand. They live mainly on the outskirts of cities, in
particular Istanbul, in conditions of severe economic and social hardship. Even though they have been displaced,
they have not received any welfare assistance to enable them to provide for their needs. Since most of them were
originally farmers, they have been unable to find satisfactory employment on arriving in the towns and cities. The
great majority now live in poverty and social exclusion, which in turn creates problems with health care and also
access to education, as parents cannot afford to send their children to school.
74. ECRI is pleased to note that there has been no emergency rule in any part of Turkey since November 2002.
Fighting has ceased in the South-East of the country so insecurity should no longer be a barrier to the return of
persons displaced by the armed conflict. ECRI deplores, however, that the process of returning internally displaced
persons has not yet begun in earnest and that only a very small number of people have returned to their villages or
have been able to recover their property. The barriers to return are still too numerous. ECRI notes in particular that,
in some cases, the administration is still refusing to allow returns for security reasons. In other cases, the
administration has insisted that persons wishing to return sign papers waiving their right to compensation on the
ground that the PKK was to blame for their departure and not the authorities. Another major barrier is the
behaviour of the armed militia guards who were posted in the villages by the authorities. Some of these guards
have now taken up residence in abandoned properties and are refusing to hand them over to the owners. ECRI is
particularly concerned by reports that, in some cases, villagers seeking to recover their property have been killed
by armed guards.
75. The government has introduced “village return projects” but according to various commentators, these
schemes are underfunded. The lack of clear information about the procedure for applying to return has also been a
factor in the schemes’ low success rate. Others point to the government’s lack of political commitment to the return
of displaced persons. ECRI notes with approval that the law on the compensation of victims of terrorism and action
against terrorism was adopted by the Grand National Assembly in July 2004. ECRI hopes that this law will enable
all victims of the armed conflict in South-East Turkey to be compensated swiftly and fairly.
78. ECRI is pleased to note that the constitutional and legislative changes in the field of human rights and
fundamental freedoms should help to give the Kurds greater freedom of expression, freedom of assembly and
freedom of association. It notes, however, that in the case of the Kurds, such freedoms are still severely curtailed,
especially in practice. ECRI notes in particular reports that Kurdish students have been arrested and/or expelled
from university for having signed petitions or demonstrated in support of the teaching of Kurdish in universities. A
number of persons have allegedly been convicted for listening to Kurdish music in private. In some cases,
however, persons who have expressed their Kurdish identity by peaceful means have been acquitted. ECRI hopes
that the new laws will pave the way for a rapid improvement in this area. [......]
79. On the subject of freedom of association, ECRI notes that the bans on parties representing the interests of the
Kurdish community have remained in place despite rulings by the European Court of Human Rights, which has
frequently found against the government for violating freedom of association in this area. ECRI notes with approval
that, following the constitutional and legislative amendments, it will be more difficult to ban a political party in future.
In addition, cautions and ancillary penalties such as the removal of financial support may replace or precede
outright bans on political parties.
80. As regards public opinion, ECRI notes with approval that the armed conflict has had only a limited impact on
the majority population and the Kurds, who do not appear to harbour any particular animosity towards one another.
ECRI notes, however, that the Kurds are still subject to prejudice and stereotyping and, in the absence of any
statistics, it wonders to what extent such attitudes translate into discrimination against Kurds in their everyday
lives.[......] ".
Problemas a los que pueden enfrentarse los ciudadanos turcos al salir o entrar en Turquía, e
información sobre la utilización de pasaporte falso.
Según un informe del Inmigration Refugee Board de Canada (RBC) 11 los procedimientos de
entrada y salida, así como los documentos requeridos a las personas que entren o salgan de
Turquía, son los mismos en los aeropuertos, que en las fronteras terrestres. Según el Primer
Secretario de la Embajada de la República de Turquía en Ottawa (investigación llevada a cabo en el
2005), la normativa relativa a la entrada y salida de Turquía se rige por Ley de Pasaportes N º 5682,
que establece que todos los viajeros, ya sean turcos o no, requieren un pasaporte válido o
documento de viaje cuando salgan o entren en Turquía. Los ciudadanos turcos que no tengan un
pasaporte válido o documento de viaje tienen derecho a entrar en Turquía si muestran su tarjeta de
identidad (Nüfus Cüzdani), u otro documento de identidad, a las autoridades fronterizas. Según la
Embajada, aquellos que demuestren por otros medios que son ciudadanos turcos también son
aceptados, a la espera de que la policía lo evalúe así. La agencia de noticias “Anatolia Ankara” (AA),
citó un artículo del periódico inglés “The Guadían” en el que se informaba de que a una joven pareja
iraquí se le negó la entrada en Turquía por el aeropuerto de Estambul, porque la palabra "Kurdistán"
aparecía como su lugar de nacimiento en sus pasaportes británicos (22 octubre 2004). La agencia
de noticias citó a un representante del Ministerio turco de Asuntos Exteriores que indicaba que su
Ministerio no permitirá que los iraquíes cuyos pasaportes reflejaran "Kurdistán" como su lugar de
nacimiento pudieran entrar en Turquía.
“Exit and entry procedures, as well as the documents required of persons entering or leaving Turkey, are the same
at airports as they are at land borders (Turkey 4 July 2003).
The information in the following three paragraphs was provided by the First Secretary of the Embassy of the
Republic of Turkey in Ottawa, in correspondence with the Research Directorate dated 25 April 2005.
The regulations concerning entry into and exit from Turkey of Turkish and non-Turkish nationals fall under the
Turkish Passport Law Number 5682, which stipulates that all travellers, whether Turkish or not, require a valid
passport or travel document whenever they leave or enter Turkey.
Turkish citizens who do not have a valid passport or travel document are still entitled to enter Turkey if they show
their Turkish identity card (Nüfus Cüzdani), or another valid identity card, to border authorities. According to the
Embassy, "[t]hose who demonstrate by other means that they are citizens are also accepted in, pending the police
assessment that they are citizens."
[......]The Ankara Anatolia (AA) news agency cited a Guardian [U.K.] article in which it was reported that an Iraqi
couple was denied entry into Turkey at Istanbul's Ataturk Airport because "Kurdistan" was listed as their place of
birth in their British passports (22 Oct. 2004). The news agency quoted a representative of the Turkish Ministry of
Foreign Affairs as stating that his ministry would not allow Iraqis whose passports list "Kurdistan" as their place of
birth to enter Turkey (AA 22 Oct. 2004).[......] ".
Según otro informe, igualmente del Inmigration Refugee Board de Canada (RBC) 12 los artículos
350 y 351 de la Ley 765 del Código Penal turco contienen disposiciones que podrían utilizarse para
acusar a las personas involucradas en la falsificación de pasaportes y otros documentos oficiales en
relación con la migración irregular. El artículo 201 del Código Penal añade que los que participan en
11
Immigration and Refugee Board of Canada, Turkey: Procedures that must be followed by, and documents that must be provided to,
Turkish airport and land border authorities for a Turkish citizen and/or foreign national to be allowed to enter or leave Turkey; the
security/law enforcement personnel present; action taken in cases where a person is wanted by the Turkish authorities (January 2003-April
2005) , 29 April 2005. TUR43471.E . Online. UNHCR Refworld, available at: http://www.unhcr.org/refworld/docid/42df61a511.html
[accessed 18 November 2008]
12
Immigration and Refugee Board of Canada, Turkey: Security and administrative procedures in place to guard against the issuance of
fraudulent Turkish passports or to guard against the issuance of Turkish passports by fraudulent means (January 2001-April 2005) , 28
April 2005. TUR43480.E . Online. UNHCR Refworld, available at: http://www.unhcr.org/refworld/docid/42df61b13e.html [accessed 18
November 2008]
la adquisición de una identificación falsa o documentos de viaje para la llegada ilegal, estancia o
salida de una persona, serán sancionados con prisión de dos a cinco años y una multa de cantidad
no inferior a mil millones de liras (OSCE agosto del 2002).
La autoridad competente para la expedición del pasaportes en Turquía es la Dirección General de
Seguridad, o la Oficina de Seguridad del distrito, en distritos más pequeños. Además la Policía
Nacional Turca recibe una formación especial, financiada por la UE y administrada por el ACNUR
[Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados], en áreas tales como fraudes de
visados, falsificación de pasaportes, y entradas ilegales.
Según el Informe General sobre Turquía (enero de 2002), que fue preparado por la Delegación de
los Países Bajos en el Consejo de la Unión Europea, toda persona que tiene nacionalidad turca tiene
el derecho constitucional a poseer un pasaporte, que tiene que ser solicitado a la policía local de la
provincia en la que dicha persona está empadronada. Es necesario autorización de la Policía para
emitir el pasaporte. Los ciudadanos turcos pueden salir legalmente del país sólo si están en
posesión de un pasaporte válido (15 abril 2002).
Por otra parte el ciudadano debe solicitarlo en persona, no a través de representante, en la oficina
de pasaportes de la sede de policía donde esté domiciliado, llevando a cabo la oficina regional de
pasaportes controles para verificar la identidad del solicitante y si existen condenas penales y / o es
buscado por las autoridades. El derecho de un ciudadano turco a obtener un pasaporte es sólo
negado en el caso de una emergencia nacional, o cuando se lleva a cabo una investigación penal o
enjuiciamiento.
Los solicitantes de pasaportes en Turquía son objeto de investigaciones a fondo. Las entradas y
salidas de las personas se registran en la red informática y se verifican con información penal. Un
proyecto de Ley de Pasaportes está en proceso, previéndose penas más duras para los cruces
ilegales de fronteras y un nuevo tipo de pasaporte turco más difícil de falsificar.
" [......] Articles 350 and 351 of Law 765 of the Turkish Penal Code contain "provisions that could be used to indict
people engaged in the falsification of passports and of other official documents in relation to irregular migration"
(IOM Feb. 2003, 59). Article 201a of the Penal Code adds that those involved in "the procurement of false
identification or travel documents, for the illegal arrival, stay or departure of an individual...shall be sentenced to
two to five years' imprisonment and imposed a fine of not less than one billion liras [CAN$915 (XE.com 26 Apr.
2005)]" (OSCE Aug. 2002).
"The competent authority [issuing] passports [in Turkey] is the General Directorate of Security, or the District
Security Office in smaller districts" (Council of the European Union 12 Nov. 2001, 72). In addition, "[t]he Turkish
National Police receive special training, funded by the EU [European Union] and administered by UNHCR [United
Nations High Commissioner for Refugees], in areas such as visa fraud, passport forgery, and illegal entries"
(Trafficking in Persons Report July 2001).
According to the Official General Report on Turkey (January 2002), which was prepared by the Netherlands
delegation to the Council of the European Union, everyone who has Turkish nationality has the constitutional right
to possess a passport, which has to be applied for at the local police of the province in which the person is
recorded in the population register. Police clearance is required for passport issue. Turkish subjects can legally
leave the country only if in possession of a valid passport (15 Apr. 2002).
This information is also stated in the country assessment report prepared by the Immigration and Nationality
Directorate (IND) of the United Kingdom, which adds that a person must apply in person and not through an agent
at the passport office of the police headquarters in the city or area where he or she lives, and that "the regional
passport office makes checks to verify [the applicant's] identity" and whether he or she has any criminal convictions
and/or is wanted by the authorities (Nov. 2002). According to the IND report, the right of a Turkish citizen to obtain
a passport is only denied "in the case of a national emergency, or criminal investigation or prosecution" (UK Nov.
2002).
[......]
Passport applicants in Turkey are subject to thorough investigation. Entries and exits of persons are recorded in
the computer network and checked with criminal information. A draft Passport Law is in process, which foresees
heavier sentences for illegal border crossings and a new type of Turkish passports more difficult to forge (ibid.
n.d.b). [......] ".
Información relativa respecto al desplazamiento interno dentro de Turquía y alternativas a dicho
desplazamiento:
Según el informe sobre Turquía del Internal Displacement Monitoring Centre (IDMC)13, los
desplazados internos (IDPs) se enfrentan a perspectivas inciertas ya que un reciente
recrudecimiento de la violencia en las provincias del sureste amenaza con socavar el impacto
positivo de las principales reformas en materia de derechos humanos que se han adoptado desde
que Turquía se convirtió en un candidato a la UE en 1999. Los enfrentamientos entre el ejército turco
y los militantes kurdos han aumentado el temor a retornar hasta llegar a los altos niveles de
violencia que provocaron el desplazamiento interno de alrededor de un millón de personas, la
mayoría de ellos kurdos, durante los años 80 y 90 en el sureste turco. El gobierno, en junio del 2007,
declaró "zonas de seguridad" en el sudeste y las fuerzas armadas turcas hablaron de la necesidad
de una incursión en el norte de Iraq para hacer frente a los rebeldes kurdos en medio de crecientes
tensiones en la frontera turco – iraquí.
" [......] Turkey’s internally displaced people (IDPs) face uncertain prospects as a recent upsurge in violence in the
south-eastern provinces threatens to undermine the positive impact of major human rights reforms which have
been adopted since Turkey became a candidate for EU membership in 1999. Clashes between the Turkish army
and Kurdish militants have raised fears of a return to the high levels of violence that led to the internal
displacement of about one million people, most of them Kurds, at the height of the conflict in Turkey’s south-east in
the 1980s and 1990s. The government declared “security zones” in pockets of the south-east in June 2007 and the
Turkish armed forces have talked of the need for an incursion into northern Iraq to tackle Kurdish rebels amid
mounting tensions on the Turkey-Iraq border.[......] ".
Por su parte el informe del Home Office del Reino Unido de abril del 2007: "Operational
Guidance Note: Turkey14 , que versa específicamente sobre el tratamiento que se aplica en el
Reino Unido a los solicitantes de asilo procedentes de Turquía y sobre la posibilidad o no de la
denominada Internal Flight Alternative (IFA) o alternativa de desplazamiento o reubicación interna,
establece:
1. Respecto a la participación en partidos políticos o grupos terroristas islámicos o de extrema
izquierda o kurdos:
La mayoría de los solicitantes de asilo lo harán sobre la base de malos tratos que conllevan a
una persecución a manos de las autoridades turcas debido a su participación, ya sea a un nivel
alto o bajo, con partidos políticos o grupos terroristas islámicos o de extrema izquierda o kurdos.
Tratamiento: Desde el 1984 las autoridades turcas han participado en un violento conflicto en
contra del PKK. El PKK es principalmente un movimiento separatista que ha intentado crear un
estado independiente kurdo en el sureste de Turquía. El PKK, junto con su aliados KADEK y
Kongra Gele son organizaciones terroristas proscritas en el Reino Unido. El Teyrebaz Azadiye
Kurdistán (TAK) es también una organización terrorista proscrita. Existen además varias
organizaciones de izquierda y terroristas islámicas que operan en Turquía, que han sido
responsables de ataques violentos contra el Estado.
La situación en el sureste se ha deteriorado desde la reanudación de la violencia por el PKK.
Durante los meses de noviembre de 2005 y junio de 2006, se informó de 774 ataques terroristas
que provocaron la baja de 44 militares, 5 policías y 13 civiles. A raíz de los funerales de algunos
13
Internal Displacement Monitoring Centre (IDMC), Turkey: Progress on National IDP Policy Paves Way for Further Reforms, 26 July
2007. http://www.internaldisplacement.org/8025708F004CE90B/(httpCountries)/C1E13DEC3D6630EB802570A7004CB2F8?OpenDocument. acceso 21 Noviembre
2008.
14
Board & Immigration Agency. Home Office.
Operational Guidance Note: Turkey. Issued 18 April 2007. Ver en:
http://www.ecoi.net/file_upload/432_1178103061_turkeyogn.pdf . Acceso el 24 noviembre 08.
terroristas del PKK a finales de marzo de 2006, se produjeron disturbios en Diyarbakir,
extendiéndose luego a otras ciudades. Los manifestantes atacaron a la policía, la población civil
y los comercios. Diez civiles murieron durante los enfrentamientos con la policía y las fuerzas de
seguridad, entre ellos tres niños. Muchos civiles sufrieron heridas de bala. Hubo numerosos
informes de uso excesivo y arbitrario de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad. El
Colegio de Abogados de Diyarbakir presentó más de 70 denuncias de malos tratos a las
autoridades. A raíz de ello, se iniciaron investigaciones en 39 de estas reclamaciones.
La Asociación de Derechos Humanos (HRA) estima que hay varios miles de presos políticos,
incluidos izquierdistas, derechistas, e islamistas. El gobierno alegó que los presuntos presos
políticos fueron, de hecho, acusados de ser miembros o prestar asistencia a las organizaciones
terroristas. Según el Gobierno, 2.071 reclusos se encontraban detenidos en la cárcel por delitos
de terrorismo en octubre de 2006. Se permitió el acceso a las organizaciones humanitarias
internacionales para que visitaran los presos políticos, a condición de que obtuvieran un permiso
del Ministerio de Justicia. Si bien en general se concede tal permiso al Comité Europeo para la
Prevención de la Tortura y los tratos inhumanos o degradantes (CPT), a otras organizaciones
rara vez se les concede.
El gobierno ha introducido una serie de reformas para proteger a los detenidos de la tortura y los
malos tratos. Se tomaron dos importantes medidas tendentes a permitir la monitorización de las
comisarías de policía. En primer lugar, se firmó el Protocolo Facultativo de la Convención de las
Naciones Unidas contra la Tortura y, en segundo lugar, la red nacional de juntas de derechos
humanos comenzaron a realizar visitas a las comisarías de policía, como medida provisional
hasta que un sistema de vigilancia permanente pudiera establecerse en base a los compromisos
adquiridos en virtud del Protocolo. La Comisión Europea informó de que, en general, el marco
jurídico turco incluyó una amplia serie de salvaguardias contra la tortura y los malos tratos y que
los casos de tortura y malos tratos han disminuido. Sin embargo, sigue habiendo motivos de
preocupación respecto a los casos fuera de los centros de detención, las violaciones de los
derechos humanos en el Sureste y el problema de la impunidad.
El Partido pro-kurdo “Partido Democrático del Pueblo” (HADEP), fue establecido en 1994 como
sucesor del sucesivamente prohibido HEP, DEP y ÖZDEP. HADEP luchaba a favor de mayores
derechos culturales para los kurdos y por una solución pacífica a la cuestión kurda. Nunca
recurrió a la violencia ni la apoyó. Sin embargo, las autoridades turcas consideran al HADEP
como ala política del PKK. En marzo de 2003 el HADEP fue prohibido por el Tribunal
Constitucional. En respuesta a tal medida, se creo su sucesor, el Partido Popular (DEHAP). Sin
embargo, el Tribunal Constitucional promovió procedimientos judiciales contra DEHAP, bajo
acusación de separatismo, manteniéndose dichos procedimientos a finales de 2006. El 17 de
agosto de 2005, DEHAP se unió al Movimiento para la Sociedad Democrática o DTH (ahora
conocido como el Partido Sociedad Democrática (DTP).
Durante el año 2006 la policía allanó decenas de oficinas del DTP (anteriormente DEHAP), en
particular en el sureste, y se detuvo a cientos de dirigentes y miembros del DTP. La Jandarma y
la policía hostigaron a menudo a miembros del DTP utilizando amenazas verbales, detenciones
arbitrarias en manifestaciones, y detenciones en controles de carreteras. Las fuerzas de
seguridad hostigaron frecuentemente a aldeanos que se cree simpatizan con el DTP. Aunque las
fuerzas de seguridad pusieron en libertad a los detenidos al cabo de un corto período de tiempo,
muchos se enfrentaron a juicios, por lo general, por apoyar a una organización ilegal o incitar al
separatismo.
Suficiencia de protección: Debido a que el temor de esta categoría de solicitantes de asilo es por
sufrir malos tratos / persecución por parte de las autoridades estatales, no pueden acudir a
dichas autoridades para su protección.
Reubicación interna: Dado que los solicitantes no suele ser capaces de trasladarse a otra zona
de Turquía para escapar de la amenaza de persecución, donde la fuente alegada de persecución
está apoyada por el Estado, el riesgo para un individuo específico en la mayoría de los casos
será más alto en su área natal por una variedad de razones, particularmente si se encuentra en
las zonas de conflicto del sur y el este de Turquía. El carácter diferencial del riesgo fuera de
dicha zona puede ser suficiente como para pensar que el individuo no se encontraría en peligro
real de persecución por el Estado o sus agentes en otras partes de Turquía, incluso si dichos
agentes conocieran la verdad de la información existente en su zona de origen a través de por
ejemplo el Mukhtar de la nueva zona de empadronamiento. Se señala así mismo, como poco
probable, que ante el actual clima de tolerancia cero hacia la tortura, un funcionario se arriesgue
a grabar o transferir información que podría potencialmente llevarle a su propio enjuiciamiento
por un delito de tortura.
La reubicación interna, por lo tanto, puede ser viable, a pesar de la necesidad de empadronarse
en una nueva zona. La cuestión a dilucidar es si el pasado de dicha persona da lugar, de forma
razonable, a la persecución fuera de su lugar de origen.
En el caso de los solicitantes que alegan ser simpatizantes de base o presuntos activistas de uno
de dichos grupos separatistas/terroristas hay ciertas categorías para las cuales la reubicación
interna sería una opción viable. Incluso si el demandante alega haber sufrido arrestos,
interrogatorios y, posiblemente, malos tratos por parte de las autoridades en su propia localidad,
a causa de su presuntas actividades separatistas / terroristas, si nunca ha sido procesado por las
autoridades, la reubicación interna todavía puede ser una alternativa viable. Es poco probable
que haya algún riesgo real de atraer la atención de las autoridades, incluso si está empadronado
con el Mukhtar en la nueva ubicación.
Sin embargo, si el solicitante es una activista de alto perfil, o se sospecha que es un activista de
los grupos separatistas / terroristas, y por ejemplo, ha estado o está siendo enjuiciado por
actividades separatistas / terroristas, o tiene pendiente una orden de detención, en este caso la
reubicación interna no sería factible por la necesidad de empadronarse con el Mukhtar en la
nueva ubicación, lo que atraería inevitablemente la atención de las autoridades a la nueva
ubicación.
Conclusión: El Tribunal de Apelaciones sobre Inmigración en dos casos del 2003 y 2004 llegó a
la conclusión de que las personas sospechosas por las autoridades de pertenecer o dar refugio o
apoyo a organizaciones ilegales, pueden estar en riesgo de persecución si son devueltas a
Turquía. Sin embargo, dada la considerable reducción en los informes de tortura y la amplia
gama de cambios legislativos para mejorar los derechos humanos que han tenido lugar en los
últimos años, las conclusiones sobre tortura y los criterios para evaluar malos tratos tal como se
establece en estos casos no son aplicables automáticamente a la situación de los afiliados a
grupos kurdos, de izquierda, grupos de terroristas islámicos o partidos políticos. Aquellos que se
presentan únicamente como afiliados a uno de estos grupos, sin haber atraído nunca la atención
de las autoridades o que son simples seguidores con un perfil bajo, es probable que sean objeto
de interrogatorios y / o procesos de rutina, pero no objeto de persecución o trato que conlleve la
infracción del artículo 315. La concesión de asilo o protección humanitaria en estos casos, por
tanto, es poco probable que proceda.
Sin embargo, aunque se han producido mejoras significativas en la situación de los derechos
humanos, los abusos y los malos tratos siguen produciéndose. Aquellos que son considerados
como líderes o que están considerablemente involucrados con grupos kurdos, de izquierda o
terroristas islámicos o con partidos políticos, es probable que se enfrenten a una persecución por
actividades contra el Estado y que puedan sufrir malos tratos por parte de las fuerzas de
15
Entiéndase Art. 3 de la Convención Europea de Derechos Humanos (ECHR).
seguridad que lleguen a constituir persecución o violación del artículo 3 del ECHR. En estos
casos la concesión de asilo o protección humanitaria puede ser aplicable.
Deberá tenerse igualmente en cuenta si miembros de estos grupos terroristas han sido
responsables de numerosas y graves violaciones de los derechos humanos. Si se constata que
el solicitante fue un miembro activo operacional o combatiente de un grupo kurdo, de izquierda o
de una organización terrorista islámica y las evidencias sugieren que dicha persona ha
participado en tales acciones, entonces deberá considerarse la aplicación de una cláusula de
exclusión.
2. Casos en los que el solicitante dice ser de origen étnico kurdo:
Algunas personas solicitaran asilo sobre la base de haber sufrido malos tratos que constituyen
persecución a manos de las autoridades turcas debido a su origen étnico kurdo.
Tratamiento: Según estimaciones, hay entre doce y quince millones de kurdos viviendo en
Turquía. No existen estadísticas oficiales ya que los censos nacionales no tienen en cuenta el
origen étnico de la población. Los kurdos viven principalmente en el Sureste, aunque muchos de
ellos han abandonado la región como parte del éxodo a las ciudades, así como por el conflicto
armado que se prolongó durante varios años entre las autoridades y el PKK.
Millones de ciudadanos del país se identifican como kurdos y hablan kurdo y muchos miembros
del parlamento y altos funcionarios del gobierno han sido kurdos. Sin embargo, Los kurdos que
públicamente o políticamente afirman su identidad kurda o que utilizan el kurdo en el dominio
público corren el riesgo de censura, hostigamiento, o persecución.
Los cambios constitucionales y legislativos realizados en los últimos años en el ámbito de los
derechos humanos y las libertades fundamentales han contribuido a dar a los kurdos una mayor
libertad de expresión, libertad de reunión y de asociación. Sin embargo, en la práctica, esas
libertades son aún gravemente restringidas.
Suficiencia de protección: Dado que esta categoría de solicitantes sufren temor de malos tratos /
persecución por parte de las autoridades estatales, no pueden solicitar la protección de dichas
autoridades.
Reubicación interna: Dado que los solicitantes no suele ser capaces de trasladarse a otra zona
de Turquía para escapar de la amenaza de persecución, donde la fuente alegada de persecución
está apoyada por el Estado, el riesgo para un individuo específico en la mayoría de los casos
será más alto en su área natal por una variedad de razones, particularmente si se encuentra en
las zonas de conflicto del sur y el este de Turquía. El carácter diferencial del riesgo fuera de
dicha zona puede ser suficiente como para pensar que el individuo no se encontraría en peligro
real de persecución por el Estado o sus agentes en otras partes de Turquía, incluso si dichos
agentes conocieran la verdad de la información existente en su zona de origen a través de por
ejemplo el Mukhtar de la nueva zona de empadronamiento. Se señala así mismo, como poco
probable, que ante el actual clima de tolerancia cero hacia la tortura, un funcionario se arriesgue
a grabar o transferir información que podría potencialmente llevarle a su propio enjuiciamiento
por un delito de tortura.
Un solicitante de etnia kurda es poco probable que sufra malos tratos por parte de las
autoridades que constituyan persecución, únicamente por alegar entre los motivos su origen
étnico. En los casos en que el origen étnico kurdo es citado como la única base de la
reclamación, la reubicación interna en otra zona para escapar de dicha amenaza es viable. Es
poco probable que exista un riesgo real de atraer la atención de las autoridades hasta el punto
de que ello constituya persecución tal y como se concibe en la Convención de 1951 o en el
Convenio Europeo de Derechos Humanos, incluso si la persona está empadronada con el
Mukhtar de la nueva ubicación. Sin embargo, en los casos en los que el origen étnico kurdo se
cite junto con otros factores agravantes, como la deserción del ejército o actividades separatistas
/ terroristas, deberá considerarse la viabilidad de la reubicación interna en consonancia con la
guia proporcionada en estas mismas secciones.
" [......] 3.6. Involvement with Kurdish, left wing or Islamic terrorist groups or political parties.
3.6.1 Most claimants will apply for asylum or make a human rights claim based on ill treatment amounting to
persecution at the hands of the Turkish authorities due to their involvement at either a high or low level with illegal
Kurdish, left wing or Islamic terrorist groups or Kurdish, left wing or Islamic political parties.
3.6.2 Treatment: Since 1984 the Turkish authorities have been engaged in a violent conflict against the Kurdistan
Workers Party (PKK). The PKK is primarily a separatist movement that has sought an independent Kurdish state in
southeast Turkey.18 The PKK, along with its aliases KADEK and Kongra Gele is a proscribed terrorist organisation
in the UK. Teyrebaz Azadiye Kurdistan, TAK or Kurdistan Freedom Falcons, is also a proscribed terrorist
organisation. In addition there are also a number of left wing and Islamic terrorist organisations operating in Turkey
that have been responsible for violent attacks against the state.
3.6.3 The situation in the South_East has deteriorated since the resumption of violence by the PKK. During
November 2005 and June 2006, there were 774 terrorist attacks reported, which led to 44 military, 5 police and 13
civilian casualties. In the aftermath of funerals of some PKK terrorists at the end of March 2006, riots took place in
Diyarbakir and spread to other cities. Demonstrators attacked the police, civilian residents and shops. Ten civilians
were killed during clashes with the police and security forces, including three children. Many civilians suffered
bullet wounds. There were widespread reports of excessive and arbitrary use of force by the security forces. The
Diyarbakir Bar Association submitted more than 70 complaints of ill-treatment to the authorities. Subsequently,
investigations were launched into 39 of these claims.
3.6.4 The Human Rights Association (HRA) estimated that there were several thousand political prisoners,
including leftists, rightists, and Islamists. The government claimed that alleged political prisoners were in fact
charged with being members of, or assisting, terrorist organisations. According to the government, 2,071 convicts
were being held in prison on terrorism charges through October 2006. International humanitarian organizations
were allowed access to ‘political’ prisoners, provided they could obtain permission from the Ministry of Justice.
While the European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment
(CPT )was generally granted such permission, other organisations were rarely granted such permission.
3.6.5 The government has introduced a number of reforms to protect detainees from torture and ill-treatment. It
took two significant steps to open up police stations to independent monitoring. Firstly, it signed the Optional
Protocol to the United Nations Convention against Torture and, secondly, the countrywide network of human rights
boards began to make visits to police stations, as an interim measure until a permanent monitoring system could
be established based on commitments under the Protocol. The EC reported that, overall, the Turkish legal
framework included a comprehensive set of safeguards against torture and ill-treatment and that cases of torture
and ill-treatment had declined. However, concerns remained regarding cases outside detention centres, human
rights violations in the Southeast and the problem of impunity.[......]
3.6.7 The pro-Kurdish People’s Democracy Party (HADEP), was established in 1994 as a successor to the
successively banned HEP, DEP and ÖZDEP. HADEP campaigned for greater cultural rights for Kurds and a
peaceful solution to the Kurdish issue. It never resorted to nor supported violence. However, the Turkish authorities
regarded HADEP as the PKK’s political wing. In March 2003 HADEP was banned by the Constitutional Court. In
response its successor the Democratic People Party (DEHAP) was formed. However, legal proceedings against
DEHAP on charges of separatism were instigated by the Constitutional Court and remained ongoing at the end of
2006. On 17 August 2005, DEHAP joined the Democratic Society Movement, or DTH (now known as the
Democratic Society Party (DTP).
3.6.8 During 2006 police raided dozens of DTP (formerly DEHAP) offices, particularly in the southeast, and
detained hundreds of DTP officials and members. Jandarma and police regularly harassed DTP members through
verbal threats, arbitrary detentions at rallies, and detention at checkpoints. Security forces also regularly harassed
villagers they believed were sympathetic to DTP. Although security forces released most detainees within a short
period, many faced trials, usually for supporting an illegal organisation or inciting separatism.
3.6.9 Sufficiency of protection. As this category of claimants’ fear is of ill treatment/persecution by the state
authorities, they cannot apply to these authorities for protection.
3.6.10 Internal relocation Though claimants would not ordinarily be able to relocate to a different area of Turkey to
escape the threat of persecution where the alleged source of that persecution is state-sponsored, the IAT found in
IK [2004] UKIAT 00312 that the risk to a specific individual in most circumstances will be at its highest in his home
area for a variety of reasons, and particularly if it is located in the areas of conflict in the south and east of Turkey.
The differential nature of the risk outside that area may be sufficient to mean that the individual would not be at real
risk of persecution by the state or its agencies elsewhere in Turkey, even if they were made aware of the thrust of
the information maintained in his home area by telephone or fax enquiry from the airport police station or
elsewhere, or by a transfer of at least some of the information to a new home area on registration with the local
Mukhtar there. In IK the IAT also found that ‘it is implausible in the current climate of zero tolerance for torture that
an official would wish to record or transfer information that could potentially lead to his [own] prosecution for a
criminal offence [of torture]’ (para 117). Internal relocation may well therefore be viable, notwithstanding the need
for registration in the new area. The issue is whether any individual's material history would be reasonably likely to
lead to persecution outside his home area.
3.6.11 In the case of claimants who claim to be low-level sympathisers or suspected activists of one of these
separatist/terrorist groups there are certain categories for whom internal relocation would be a viable option. For
example, even if the claimant claims to have experienced arrests, questionings and possibly ill-treatment by the
authorities in his own locality, because of his suspected separatist/terrorist activities, if he has never been
prosecuted by the authorities internal relocation may still be a viable alternative in accordance with IK. It is unlikely
that there would be any real risk that such a claimant would attract adverse attention from the authorities resulting
in persecution within the meaning of the 1951 Convention or under the ECHR, even if he registered with the
Mukhtar in the new location.
3.6.12 However, if the claimant is a higher-profile activist, or suspected activist of one of these separatist/terrorist
groups and for example has or is being prosecuted for separatist/terrorist activities, or has an outstanding arrest
warrant then internal relocation may not be feasible since the need to register with the Mukhtar in the new location
would inevitably give rise to further adverse attention from the authorities in the new location [......]
3.6.14 Conclusion The Immigration Appeal Tribunal in A (Turkey) (2003) and IK (Turkey) (2004) concluded that
persons suspected by the authorities of membership of, or giving support or shelter to, illegal organisations may be
at risk of persecution if returned to Turkey. However, in light of the significant reduction in reports of torture and the
wide-ranging legislative changes to improve human rights that have taken place in the last few years, the findings
on torture and the criteria for assessing state mistreatment as set out in these cases are not automatically
applicable to the situation for those affiliated to Kurdish, left wing, or Islamic terrorist group or political parties.
Those simply presenting themselves as affiliates of one these groups having never previously come to the adverse
attention of the authorities or who are otherwise low-profile supporters are likely to be liable for questioning and/or
routine prosecution but not persecution or treatment in breach of Article 3. The grant of asylum or Humanitarian
Protection in such cases is therefore unlikely to be appropriate.
3.6.15 The Turkish government has made significant legislative changes to improve the human rights situation in
recent years and is committed to a policy of zero tolerance of torture. Nevertheless, although there have been
significant improvements in the human rights situation, abuses and mistreatment still occur. Those who are
accepted as being in leading roles or otherwise significantly involved with Kurdish, left wing or Islamic terrorist
groups or political parties are likely to face prosecution for activities against the state and may also experience
mistreatment by the security forces amounting to persecution or a breach of Article 3 of the ECHR. If it is accepted
that the claimant is, or is suspected of being a high profile member/activist of a separatist group and has or is being
prosecuted by the authorities for separatist activity then there may be a real risk of persecution or ill-treatment
contrary to Article 3 and a grant of asylum or Humanitarian Protection in such cases may be appropriate.
3.6.16 Caseowners should note that members of these terrorist groups have been responsible for numerous
serious human rights abuses. If it is accepted that a claimant was an active operational member or combatant for
any Kurdish, Left-wing or Islamic terrorist organisation and the evidence suggests he/she has been involved in
such actions, then caseowners should consider whether one of the Exclusion clauses is applicable. Caseowners
should refer such cases to a Senior Caseworker in the first instance.[......]
3.8 Kurdish ethnicity
3.8.1 Some claimants will apply for asylum or make a human rights claim based on ill treatment amounting to
persecution at the hands of the Turkish authorities due to their Kurdish ethnicity.
3.8.2 Treatment: According to estimates, there are between twelve and fifteen million Kurds living in Turkey.
However, there are no official statistics as national censuses do not take account of people’s ethnic origins. The
Kurds live mainly in the South-East, although many of them have left the region as part of the drift to the towns and
also because of the armed conflict between the authorities and the PKK.
3.8.3 Millions of the country’s citizens identified themselves as Kurds and spoke Kurdish and many members of
parliament and senior government officials were Kurds. However, Kurds who publicly or politically asserted their
Kurdish identity or publicly espoused using Kurdish in the public domain risked censure, harassment, or
prosecution.
3.8.4 The constitutional and legislative changes made in recent years in the field of human rights and fundamental
freedoms have helped to give the Kurds greater freedom of expression, freedom of assembly and freedom of
association. However, in practice, such freedoms are still severely curtailed. [......]
3.8.6 Sufficiency of protection: As this category of claimants’ fear is of ill treatment/persecution by the state
authorities, they cannot apply to these authorities for protection.
3.8.7 Internal relocation Though claimants would not ordinarily be able to relocate to a different area of Turkey to
escape the threat of persecution where the alleged source of that persecution is state-sponsored, the IAT found in
IK [2004] UKIAT 00312 that the risk to a specific individual in most circumstances will be at its highest in his home
area for a variety of reasons, and particularly if it is located in the areas of conflict in the south and east of Turkey.
The differential nature of the risk outside that area may be sufficient to mean that the individual would not be at real
risk of persecution by the state or its agencies elsewhere in Turkey, even if they were made aware of the thrust of
the information maintained in his home area by telephone or fax enquiry from the airport police station or
elsewhere, or by a transfer of at least some of the information to a new home area on registration with the local
Mukhtar there. In IK the IAT also found that ‘it is implausible in the current climate of zero tolerance for torture that
an official would wish to record or transfer information that could potentially lead to his [own] prosecution for a
criminal offence [of torture]’ (para 117). Internal relocation may well therefore be viable, notwithstanding the need
for registration in the new area. The issue is whether any individual's material history would be reasonably
likely to lead to persecution outside his home area.
3.8.8 A claimant of Kurdish ethnicity is unlikely to encounter ill-treatment by the authorities amounting to
persecution solely on the grounds of their ethnicity. In cases where Kurdish ethnicity is cited as the sole basis of
claim, internal relocation to another area to escape this threat is viable. It is unlikely that there would be any real
risk that such a claimant would attract adverse attention from the authorities resulting in persecution within the
meaning of the 1951 Convention or under the ECHR, even if he registered with the Mukhtar in the new location.
Where Kurdish ethnicity is cited in conjunction with other aggravating factors, such as draft evasion or
separatist/terrorist activity then caseowners should consider the viability of internal relocation in line with the
guidance provided in the appropriate sections of this OGN.[......] ".
Finalmente, el Inmigration Refugee Board de Canada (RBC), en su respuesta a la petición de
información sobre la situación de los Kurdos en ciudades del oeste de Turquía, tales como
Ankara, Estambul, Izmir, Konya y Mersin; reasentamiento en dichas ciudades (2006- 2008)16
indica lo siguiente:
Situación general de los Kurdos en el Oeste de Turquía: Considerada como la mayor minoría
étnica y lingüística de toda Turquía, los kurdos constituyen entre el 10 y el 23 por ciento de la
población del país, según Minority Rights Group International (MRG). Por su parte la Agencia
France-Presse (AFP) menciona una cifra de 12 millones de kurdos (12 marzo 2006). Los
Kurdos se concentran principalmente en el este y el sureste de Turquía, donde conforman la
mayoría de la población (MRG de 2007, 11).
Desde los años 80, millones de kurdos han abandonado voluntaria o forzosamente el sudeste
de Turquía y se han reasentado en las principales ciudades de Anatolia occidental. Mientras
que en la década de los 50, por ejemplo, la migración tiende a tener una motivación
económica, a partir de la década de los 80, la migración fue influenciada por el conflicto entre
el ejército turco y PKK, lo que se tradujo en más de un millón de kurdos presuntamente
expulsados de sus hogares en el este y el sureste de Turquía.
16
Research Directorate, Immigration and Refugee Board of Canada, Ottawa. Responses to Information Requests: 29 May 2008: Turkey:
Situation of Kurds in western cities such as Ankara, Istanbul, Izmir, Konya and Mersin; resettlement to these cities (2006 - 2008) Ver:
http://www.irb-cisr.gc.ca/en/research/rir/index_e.htm?action=record.viewrec&gotorec=451931 Acceso el 25 de noviembre 2008
Según el informe del Departamento de Estado de EEUU del 2007 (EEUU)17, la legislación
turca no distingue entre grupo nacional, racial o étnico y trata a todos los ciudadanos como
turcos. A consecuencia de ello, los miembros de la minoría kurda se enfrentan a amenazas
de censura, hostigamiento, persecución, si afirman su identidad kurda o participan en
actividades públicas que promuevan abiertamente derechos políticos, culturales o lingüísticos
kurdos. Además el gobierno turco controla los medios de comunicación en lengua kurda.
Otra fuente (Middle East Policy) apunta que las tensiones militares que anteriormente
caracterizaban las relaciones kurdo-turcas han sido sustituidas por los enfrentamientos
étnicos con una cada vez más creciente naturaleza socio-política (1 abril 2006). No es el
Estado turco el que se enfrenta a los kurdos, sino que son los turcos y los kurdos los que se
enfrentan entre sí" (1 abril 2006). Según esta misma fuente, existe una categoría sociológica
de kurdos asimilados, a las que se refiere como " kurdos ocasionales", que no tienen grandes
problemas con el estado y cuyo principal objetivo es definir y mejorar su condición en la
sociedad. Activos en los negocios y en la burocracia, por lo general viven en las grandes
ciudades en el oeste de Turquía y mantienen vínculos con sus pueblos kurdos en el este del
país. (1 abril 2006).
En su libro “The Uncontainable Kurds”, Christopher Bellaigue sostiene que existe una amplia
asimilación voluntaria de muchos kurdos en el oeste de Turquía, que hablan turco y ocultan
su origen étnico (The New York Review of Books 1 marzo 2007). Al mismo tiempo, sigue
habiendo un número importante de kurdos que viven en barrios kurdos de las ciudades
occidentales y que mantienen una clara identidad kurda (ibíd). No se pudo encontrar
información más reciente sobre el reasentamiento de los kurdos en el oeste de Turquía, entre
las fuentes consultadas por la Dirección de Investigación de la RBC.
Violencia: Durante el 2007, el Minority Rights Group International (MRG) observó un aumento
de la violencia dirigida a las minorías étnicas, que en ciertas ocasiones no son protegidos por
la policía (MRG de 2007). En algunos casos, las autoridades han preferido eliminar a las
víctimas de la violencia por motivos étnicos en lugar de detener a los autores (ibíd.). Por
ejemplo, en su informe anual del 2007, la Federación Internacional de Helsinki para los
Derechos Humanos (IHF) señala que en mayo de 2006, "las fuerzas de seguridad parece
que no evitaron actos de violencia por parte de la muchedumbre en contra de desplazados
internos kurdos en Izmir". Según el MRG, tras el asesinato de su líder, a quien MRG no
nombra, un grupo de "ultra-nacionalistas" atacaron a 55 kurdos en el barrio Kemalpasa de
Izmir (MRG de 2007). Los kurdos fueron obligados a trasladarse a la provincia de Aydin
después de que las autoridades municipales les informaran de que los agentes de policía no
estaban en condiciones de evitar nuevos actos de violencia contra ellos (ibid.).
En abril del 2006 enfrentamientos entre el PKK y soldados turcos dieron lugar a actos de
violencia por todo el país entre manifestantes kurdos y funcionarios de seguridad turcas,
provocando presuntamente 15 muertes (The New York Times, 6 de abril de 2006). Si bien la
mayoría de las víctimas eran del sureste kurdo, tres personas murieron en Estambul después
de que un bus fuera incendiado por los manifestantes (ibíd.).
En agosto del 2006, en Kenya, ciudad de Anatolia central (Lonely Planet 2005, 454), la
policía echó del distrito a cinco trabajadores de la construcción kurdos, a raíz de un altercado
con no-kurdos (MRG de 2007, 30). Eurasianet informó el 14 de septiembre de 2006 de que
cuatro trabajadores inmigrantes, a los que se escuchó hablando kurdo en un lugar no
especificado del oeste de Turquía, por poco no escapan de un linchamiento a manos de
pobladores locales, quienes creían que eran miembros del PKK.
17
Es el ya citado en este mismo informe: United States Department of State, 2007 Country Reports on Human Rights Practices - Turkey,
11 March 2008. Online. UNHCR Refworld, available at: http://www.unhcr.org/refworld/docid/47d92c4fc.html
Detenciones: Varios medios de comunicación han informado de que manifestantes prokurdos fueron detenidos a raíz de unas protestas coincidiendo con celebraciones del Año
Nuevo kurdo (Newroz o Nowroz) en ciudades del oeste de Turquía (DIH 21 de marzo de
2007; AFP 12 de febrero de 2006; AFP 23 de marzo 2008 ).El Newroz es también una
ocasión para que algunos afirmen su identidad kurda, lo que a veces se traduce en violencia,
como pueden atestiguar los 50 kurdos muertos durante dicho festival entre los años 1992 y
2008 (AFP 22 de marzo de 2008). En marzo del 2007, protestas pro-kurdas en Turquía,
coincidiendo con el Newroz, condujeron presuntamente a la detención de 80 manifestantes
en Estambul, 50 en la ciudad mediterránea de Mersin y 6 en Izmir (AP 21 de marzo de 2007).
En febrero de 2006, según la Associated Press (AP), unos 250 manifestantes en Estambul
lanzaron piedras y cócteles Molotov a las fuerzas de seguridad para exigir la liberación del
líder separatista kurdo Abdullah Öcalan (ibíd.). Los manifestantes fueron disipados por la
policía antidisturbios que utilizó gases lacrimógenos y detuvo a cinco manifestantes (ibíd.).
Similares protestas, aunque menos violentas, se produjeron al mismo tiempo en la ciudad
occidental de Esmirna y en la ciudad meridional de Antalya (ibíd.).
En febrero del 2007, 13 miembros del Hak-Par, un partido político pro-kurdo, fueron
condenados a penas de cárcel de seis a doce meses por hablar kurdo y distribuir material en
idioma kurdo durante el congreso del partido en el 2004 (EE.UU. 11 de marzo de 2008, Sec.
2.a). Nueve de las penas fueron conmutadas posteriormente por multas (ibíd.). El Tribunal
Constitucional dictaminó que Hak-Par debería destituir a los 13 miembros, a fin de cumplir
con la Ley de Partidos Políticos (ibíd.).
En mayo de 2007, la Fiscalía de Izmir acusó al artista pro-kurdo Ferhat Tunc de violar la "Ley
de Prevención del Terrorismo" después de que hiciera referencia al PKK durante un
concierto, en julio 2006, en Alanya (IFEX 25 de mayo 2007 ). Tunc podría haberse enfrentado
hasta 15 años de prisión si hubiera sido hallado culpable (ibid.), aunque más tarde fue
exonerado por el tribunal de Izmir (Turquía Daily News 5 de octubre de 2007).
En marzo del 2008, manifestantes pro-kurdos en Izmir atacaron presuntamente a la policía
con trozos de hormigón y rompieron ventanas de edificios y automóviles (Al Jazeera 23 de
marzo de 2008). Una redada llevada a cabo por la policía de Esmirna dio lugar a la
incautación de bombas de gasolina y a la detención de entre 18 (AFP 22 de marzo 2008) y
20 manifestantes pro-kurdos (Al Jazeera 23 de marzo de 2008). Un miembro kurdo del
partido kurdo de Izmir “Partido Sociedad Democrática” (Demokratik Toplum Partisi, DTP) fue
detenido después de llamar a una "rebelión Newroz" (AFP 23 de marzo de 2008). La policía
también detuvo a 10 manifestantes en Mersin (ibíd. 22 de marzo de 2008).
" [......] General situation of Kurds in western Turkey
As Turkey's largest ethnic and linguistic minority, Kurds constitute between 10 and 23 percent of the country's
population (MRG 2007, 11), according to Minority Rights Group International (MRG), while Agence France-Presse
(AFP) mentions a figure of 12 million (12 Mar. 2006). Kurds are primarily concentrated in eastern and southeastern
Turkey, where they form an absolute majority of the population (MRG 2007, 11).
Since the 1980s, millions of Kurds have either voluntarily or forcibly left south-eastern Turkey and resettled in the
major cities of western Anatolia (Middle East Policy 1 Apr. 2006; The New York Review of Books 1 Mar. 2007;
MRG 2007, 11). Previously, in the 1950s, such migration tended to be economically motivated, while beginning in
the 1980s, the migration was influenced by conflict between the Turkish Army and Kurdistan Workers' Party
(Partiya Karkerên Kurdistan, PKK), which resulted in over a million Kurds reportedly being evicted from their
homes in eastern and southeastern Turkey (ibid.).
According to Country Reports on Human Rights Practices for 2007, Turkish law does not distinguish between
"national, racial or ethnic" groups and treats all citizens as Turks (US 11 Mar. 2008, Sec. 5). As a consequence,
members of Turkey's Kurdish minority face a threat of "censure, harassment, or prosecution" if they assert their
Kurdish identity or engage in public activities that openly promote Kurdish political, cultural or linguistic rights
(ibid.). Country Reports 2007 also notes that the Turkish government monitors Kurdish-language media (ibid.).
Middle East Policy notes that the military tensions that previously characterized Kurdish-Turkish relations have
been replaced by ethnic confrontations of an increasingly socio-political nature (1 Apr. 2006). Middle East Policy
states, "[i]t is not the Turkish state that is confronting the Kurds any longer but Turks and Kurds confronting each
other" (1 Apr. 2006).
According to Middle East Policy, there exists a sociological category of largely assimilated Kurds, referred to as
"'occasional Kurds'," whohave no major problems with the state; their main goal is to define and refine their status
in the national society. Active in business and the bureaucracy, these Kurds usually live in major cities in western
Turkey and maintain ties with their Kurdish villages in the east. (1 Apr. 2006)
In his book The Uncontainable Kurds, Christopher de Bellaigue argues that there exists widespread voluntary
assimilation of many Kurds in western Turkey who speak Turkish and hide their ethnicity (The New York Review of
Books 1 Mar. 2007). At the same time, there remains a sizeable number of Kurds who live in Kurdish
neighbourhoods of western cities and who maintain a distinctly Kurdish identity (ibid.).
Further recent information on the resettlement of Kurds in Western Turkey could not be found among the sources
consulted by the Research Directorate.
Violence
In 2007, Minority Rights Group International (MRG) noted a rise in violence directed at ethnic minorities, who are
sometimes not protected by the police (MRG 2007, 30). In some cases, authorities have preferred to remove
victims of ethnically motivated violence rather than arrest the perpetrators (ibid.). For example, in its 2007 annual
report, the International Helsinki Federation for Human Rights (IHF) noted that in May 2006, "security forces
reportedly failed to prevent mob violence against Kurdish IDPs [internally-displaced persons] in Izmir." According to
MRG, following the killing of their leader, whom MRG did not name, a group of "ultra-nationalists" assaulted 55
Kurds in Izmir's Kemalpasa neighbourhood (MRG 2007, 30). The Kurds were reportedly forced to move to Aydin
province after municipal authorities informed them that police officers were not in a position to prevent further
violence against them (ibid.).
Confrontation between the PKK and Turkish troops resulted in country-wide violence between Kurdish protesters
and Turkish security officials in April 2006, reportedly leading to 15 deaths (The New York Times 6 Apr. 2006).
While most victims were in the Kurdish southeast, three people died in Istanbul after a bus was firebombed by
protesters (ibid.).
In August 2006, in the central Anatolian city of Konya (Lonely Planet 2005, 454), police removed five Kurdish
construction workers from the district following an altercation with non-Kurds (MRG 2007, 30). Eurasianet reported
on 14 September 2006 that four migrant workers who were heard speaking Kurdish in an unspecified location of
Western Turkey "narrowly escaped a lynching" at the hands of locals, who believed them to be members of the
PKK.
Arrests
Several media sources have reported that pro-Kurdish demonstrators have been arrested following protests
coinciding with Kurdish New Year (Newroz [or Nowroz]) celebrations in western Turkish cities (IHL 21 Mar. 2007;
AFP 12 Feb. 2006; AFP 23 Mar. 2008). Newroz is also an occasion for some to assert their Kurdish identity,
sometimes resulting in violence, as the 50 Kurdish fatalities during the festival between 1992 and 2008 can attest
(AFP 22 Mar. 2008). In March 2007, pro-Kurdish protests across Turkey coinciding with Newroz reportedly led to
the arrest by police of 80 demonstrators in Istanbul, 50 in the Mediterranean city of Mersin and 6 in Izmir (AP 21
Mar. 2007).
In February 2006, according to the Associated Press (AP), approximately 250 protesters in Istanbul threw stones
and Molotov cocktails at security forces to call for the release of Kurdish separatist leader Abdullah Öcalan (ibid.).
The protests were quelled by riot police who used teargas and detained five demonstrators (ibid.). Similar though
less violent protests occurred at the same time in the western city of Izmir and the southern city of Antalya (ibid.).
In February 2007, 13 members of Hak-Par, a pro-Kurdish political party, were sentenced to jail terms ranging from
six to twelve months for speaking Kurdish and distributing Kurdish-language material at the party's 2004
convention (US 11 Mar. 2008, Sec. 2.a). Nine of the prison terms were later commuted to fines (ibid.). The
Constitutional Court ruled that Hak-Par should dismiss these 13 members in order to comply with the Political
Parties Law (ibid.).
In May 2007, the Izmir Public Prosecutor's Office filed a case against Ferhat Tunç, a pro-Kurdish artist, for violating
the 'Prevention of Terrorism Law' after he made reference to the PKK during a July 2006 concert in Alanya (IFEX
25 May 2007). Tunç could have faced up to 15 years in prison if found guilty (ibid.), although he was later
exonerated by the Izmir court (Turkish Daily News 5 Oct. 2007).
In a March 2008, pro-Kurdish protesters in Izmir reportedly "attacked the police with chunks of concrete and broke
the windows of buildings and cars" (Al Jazeera 23 Mar. 2008). A security sweep conducted by Izmir police led to
seizure of petrol bombs and the arrest of 18 (AFP 22 Mar. 2008) to 20 pro-Kurdish demonstrators (Al Jazeera 23
Mar. 2008). One Izmir member of the Kurdish Democratic Society Party (Demokratik Toplum Partisi, DTP) was
reportedly arrested after calling for a "Newroz rebellion" (AFP 23 Mar. 2008). Police also arrested 10 protesters in
Mersin (ibid. 22 Mar. 2008).[......] ".
Mapa de Turquía18
18
Mapa obtenido en Perry-Castañeda Library Map Collection: http://www.lib.utexas.edu/maps/middle_east_and_asia/turkey_pol_2006.jpg
Acceso el 20 noviembre 2008.
Mapa que cubre la zona kurda19
Provincia
de Bingol
19
Mapa obtenido en Perry-Castañeda Library Map Collection http://www.lib.utexas.edu/maps/middle_east_and_asia/turkey_pol_2006.jpg
Acceso el 20 noviembre 2008
Mapa administrativo de Turquía20
Provincia
de Bingol
20
Mapa obtenido en Perry-Castañeda Library Map C. : http://www.lib.utexas.edu/maps/middle_east_and_asia/turkey_admin_2006.jpg
Acceso el 20 noviembre 2008
Este informe ha sido preparado por el CIRDAM (Accem) tras la búsqueda de información accesible
al público a través de internet. El contenido del informe no es, ni pretende serlo, una conclusión a
favor o en contra de la demanda de asilo del solicitante.
La bibliografía utilizada para la elaboración de este informe (acceso a la información en noviembre
del 2008) está recogida en las notas al pié a lo largo de todo el informe.