Escenarios energéticos y medio ambientales para la próxima

Escenarios energéticos y medio ambientales para la próxima

Escenarios energéticos y medio ambientales para la
próxima administración
Flavia Liberona
Resumen
Sin duda el tema energético y ambiental estará presente con fuerza en la próxima
administración y probablemente lo hará con mayor intensidad que en actual gobierno. Las
razones son varias, por una parte la proyección minera impulsa a una mayor demanda
energética, y con ello, conflictos socioambientales ligados a generación eléctrica, por otra
es probable que se incrementen los conflictos por el agua, a lo que se suman los
relacionados con la implementación del Convenio 169.
Como telón de fondo está una débil institucionalidad ambiental, la cual debería ser la
responsable de la gestión ambiental de Chile. Sin embargo, por la ineficiencia o
inexistencia de regulaciones y políticas públicas claras, esta gestión ha recaído en el
Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) que es solo uno de los componentes
de la institucionalidad. Y como un telón de fondo aun mayor, están los compromisos de
Chile ante la OCDE y la Convención Marco de Cambio Climático, en las cuales se ha
establecido que debemos avanzar hacia una economía baja en carbono.
Sin duda la próxima administración deberá hacerse cargo al menos de una parte de los
temas ambientales y energéticos que están comprometidos en el programa de gobierno,
pero también de aquellos que surjan de la coyuntura a la que se vea enfrentado el
Ejecutivo. La mayoría de los temas que deberá asumir o resolver el próximo gobierno, no
son nuevos y más bien serán una continuidad de lo que ha debido afrontar la actual
administración.
En general, es posible vislumbrar que la discusión pública se orientará a temas eléctricos
y mineros, los conflictos socioambientales por la posible instalación de proyectos de
generación eléctrica y proyectos mineros, así como por modificaciones en el sistema de
trasmisión eléctrica. Además de esto, en la próxima administración, se deberá
implementar y asumir la implementación de las modificaciones a la recientemente
aprobada ley de concesiones eléctricas. También será materia de discusión el proyecto de
ley interconexión (boletín N° 9022) entre el Sistema Interconectado Central (SIC) y el
Sistema Interconectado Norte Grande (SING), y el proyecto de ley denominado carretera
eléctrica (boletín N° 8566). Pero esto no es todo, pues es muy probable que la próxima
administración deba también abordar la problemática de los combustibles sólidos, en
particular los impactos que genera la contaminacion por leña y carbón.
Abstract
No doubt the energy and environmental issues will be present with force in the next
administration and probably will do so with greater intensity than in the current
government. There are several reasons , first mining projection drives increased energy
demand , and thus environmental conflicts related to power generation, the other is likely
to increase conflicts over water, in addition to those related to implementation of
Convention 169.
The backdrop is a weak institutional environment , which should be responsible for
environmental management in Chile. However, the inefficiency or lack of clear regulations
and public policies , this management has been on the System of Environmental Impact
Assessment (SEIA ) is only one component of the institutional framework . And as a
backdrop even more background , are Chile's commitments to the OECD and the United
Nations Framework Convention on Climate Change, which has been established that we
must move towards a low carbon economy.
No doubt the next administration will be responsible for at least part of the energy and
environmental issues that are involved in the government program , but also those arising
from the situation which faced the executive look . Most of the issues to be assumed or
solve the next government, are not new and rather be a continuity of what has been
confronted with the current administration.
In general, it is possible to see that the public discussion to electrical issues and mining ,
environmental conflicts for the possible installation of power generation projects and
mining projects , as well as modifications to the electrical transmission system will be
oriented . Besides this, in the next administration , it must implement and take the
implementation of the amendments to the law recently passed electricity concessions .
Also be a subject of discussion the draft interconnection law ( Bulletin No. 9022 ) between
the Central Interconnected System (SIC ) and North Interconnected System (SING ) and
the electrical bill called road ( Bulletin No. 8566 ) . But that's not all , it is very likely that the
next administration should also address the problem of solid fuels , including pollution
impacts generated by firewood and charcoal.
Bachelet y su programa
Debemos aspirar a un desarrollo energético seguro, eficiente, con precios razonables, que
aproveche nuestros recursos renovables en forma sustentable y no contaminante. En la
percepción ciudadana el desarrollo eléctrico ha sido crecientemente asociado con
deterioro ambiental y costos sociales para algunas comunidades. Esta percepción es
potenciada tanto por errores en la gestión ambiental gubernamental, como por la
existencia de algunos episodios ambientales que generan preocupación en la opinión
pública, lo que afecta la legitimidad de nuestro Sistema de Evaluación de Impacto
Ambiental.
La falta de una participación local adecuada en los beneficios implica una falta de equidad
geográfica, además de generar oposiciones esperables al desarrollo de la inversión”.
Energía y electricidad
La relevancia de este tema en la agenda nacional es evidente pues fue el único tópico
relacionado con medio ambiente en el cual todos los candidatos presidenciales
presentaron propuestas, evidentemente todas ellas muy diversas y orientadas en distintos
sentidos. El factor común, entre todos los candidatos, fue el objetivo de impulsar un
desarrollo energético, hasta alcanzar un suministro más seguro, diversificado y menos
dependiente. Obviamente, las divergencias se encontraban en el modo propuesto para
alcanzar este objetivo y la relación con el medio ambiente. Esto no es menor dado que el
modelo energético del país es reflejo del modelo económico y por tanto en él se recogen
las distintas visiones.
En este sentido, es importante destacar que Chile presenta un modelo eléctrico
organizado en tres segmentos: generación, trasmisión y distribución; todos ellos operados
por privados. El marco regulatorio data de los años 80s, cuyo origen es la Ley General de
Servicios Eléctricos, D.F.L. N° 1 de 1982 que fue modificada por el D.F.L. N° 4 de 2007, y
recientemente, por la ley N° 20.698. Sin embargo y pese a que ha habido algunos
cambios, la Ley General de Servicios Eléctricos no ha sido modificada en su fondo, como
tampoco lo ha sido la Constitución de la República. En este sentido la legislación vigente,
incluida la reciente modificación en materia de agilización en la entrega de concesiones
eléctricas, es completamente favorable a las empresas. El Estado no tiene casi ningún
instrumento regulatorio para intervenir.
El programa de Michelle Bachelet propugna un rol más activo del Estado en la definición
de una política energética, promover la eficiencia energética y las ERNC. En términos
institucionales, propone fortalecer la Comisión Nacional de Energía. Sin embargo, se trata
de una propuesta poco clara, pues plantea que, en el marco de los primeros 100 días de
gobierno, el Ministerio de Energía desarrollará una Política Nacional de Energía. Al igual
que en el último período de su gobierno, propone mecanismos de compensación a
comunidades que reciban proyectos energéticos.
En este sentido, es importante destacar que el programa de Michelle Bachelet tiene
algunos elementos nuevos, como por ejemplo, incorpora al menos en el discurso el tema
de generación distribuida, la eficiencia energética y el fomento a las energías renovables
no convencionales; pero por contraposición no propone ningún cambio en el modelo
eléctrico, el que está compuesto por grandes empresas generadoras que controlan el
mercado eléctrico.
Medio Ambiente: institucionalidad, recursos naturales y cambio climático
En estas temáticas hubo mucho menos coincidencia de los programas de gobierno y seis
de candidatos presentaron propuestas en materia de institucionalidad ambiental
(Bachelet, Enríquez-Ominami, Israel, Matthei, Miranda y Parisi). Respecto a la ex
Presidenta Bachelet, su propuesta es de continuidad y profundización de la
institucionalidad actual, con reformas menores específicamente en relación al Servicio de
Evaluación Ambiental y a la superintendencia; tal vez lo más novedoso es que señala que
se deben generar mecanismos para buscar la equidad ambiental y el bien común.
Ninguno de los candidatos planteó una verdadera y profunda revisión de la estructura de
la institucional ambiental que rige en el país, así como de sus procedimientos. Esto llama
la atención considerando que es de público conocimiento que muchos de los conflictos
socio-ambientales tienen su origen en las desigualdades que existen en el Sistema de
Evaluación de Impacto Ambiental, y que actualmente existe una profunda desconfianza
sobre cómo opera el sistema, pues los derechos ciudadanos son de segundo orden en
relación a los de las empresas. Probablemente este será uno de los temas que deba
asumir un nuevo gobierno, pues resulta muy evidente que una parte de los conflictos
socioambientales se pueden solucionar aplicando criterios de justica ambiental 1. Sin
embargo, y pese a que esto fue planteado al interior del comando de Michelle Bachelet,
no quedó reflejado en su programa de gobierno con la fuerza suficiente y más bien se
dibuja en forma tibia el concepto de equidad ambiental.
En relación a recursos naturales, la problemática del agua ha adquirido cada vez más
relevancia frente a las crecientes amenazas, que provienen tanto de la escasez
provocada por la sequía, como por el sistema de explotación del recurso imperante en el
país, que en la práctica deja en manos de privados su uso. De revisar los programas de
gobierno resulta evidente que hay una preocupación por el tema hídrico, a raíz de las
crecientes sequias e incluso por el cambio climático, pero no se detecta una mirada
integral sobre el vital elemento, indispensable para la vida de las personas, ecosistemas y
para mantener procesos productivos tan relevantes para el país como la minería y la
industria eléctrica. Resulta destacable que varios candidatos de una u otra forma
planteara la recuperación de los recursos hídricos y que éstos sean declarados un bien
nacional de uso público.
En el caso de Bachelet, propone durante los 100 primeros días la creación de la figura de
un Delegado Presidencial que estudie y formule propuestas sobre el tema, aunque desde
ya promete priorizar los usos sociales del vital elemento. En cuanto al tema de los
glaciares, Bachelet propone la protección de las fuentes de agua incluidas aquellas que
se encuentran en los glaciares.
1
http://www.epa.gov/espanol/saludhispana/justicia.html La justicia ambiental es el tratamiento justo
y la participación significativa de todas las personas independientemente de su raza, color,
origen nacional, cultura, educación o ingreso con respecto al desarrollo y la aplicación de leyes,
reglamentos y políticas ambientales
En lo que se refiere a nueva Constitución, Bachelet señala “La nueva Constitucion debe
reconocer el dominio público pleno, absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible de
los recursos hídricos, mineros y del espectro radioeléctrico. El Estado tiene derecho a
regalías por el aprovechamiento de los recursos naturales, especialmente minerales”.
Un tema de relevancia mundial y crucial para la continuidad de la especie humana como
es el Cambio Climático, no tuvo propuestas contundentes en los programas de gobierno.
Este que es un tema que está en estrecha relación con desastres naturales, agua,
minería, energía y biodiversidad, etc. Claramente es poco comprendido aun por quienes
toman las decisiones. Esto, pese a que se trata de un tema que cada vez tendrá mayor
importancia y que Chile está considerado un país vulnerable frente a este fenómeno.
Claramente no fue un tema de preocupación en esta campaña presidencial, pues sólo dos
candidatos (Bachelet y Enriquez-Ominami) formulan propuestas contundentes al respecto.
Michelle Bachelet propone fortalecer el trabajo del Consejo de Ministros para la
Sustentabilidad, que pasaría a llamarse Consejo de Ministros para la Sustentabilidad y el
Cambio Climático, que elaborará propuestas de adaptación y mitigación, además de
descarbonizar la economía del país. Esta propuesta es bastante pobre, pero al menos se
reconoce la importancia del tema.
Desafíos en materia legal: energía y medio ambiente
El próximo gobierno deberá tomar decisiones respecto a cómo enfrentar las iniciativas
legales que se encuentran actualmente en el Parlamento. Nos referimos al proyecto de
ley de interconexión SING-SIC, boletín N° 9022, y el proyecto de ley sobre carretera
eléctrica, boletín N° 8566. Ambas iniciativas actualmente están en trámite legislativo en el
Congreso y difícilmente serán aprobadas antes del cambio de gobierno. Debido a ello, la
próxima administración deberá definir si asume como propio el texto contenido en estas
propuestas, las desecha o bien las retira del Parlamento para hacer una indicación
sustitutiva. Esto tiene especial importancia en el proyecto sobre carretera eléctrica que ha
sido vinculado a HydroAysén y sobre el cual la Presidenta electa, Michelle Bachelet,
declarará que es inviable.
Pero también hay otras preocupaciones que pueden desatar rechazo e incluso conflictos
sociales importantes. Esto es lo anunciado en el programa de gobierno de Michelle
Bachelet: “Como todo proyecto implica algún impacto económico local y beneficios
nacionales tomaremos medidas para que las comunidades locales a través de sus
municipalidades participen en mayor grado de los beneficios de los proyectos “ 2 . Esto
suena muy similar a la “ley Tockman”, que trató de impulsar el anterior gobierno de
Bachelet, y que tuvo un férreo rechazo de los pescadores artesanales y comunidades
afectadas por termoeléctricas.
En lo que se refiere a materia ambiental, el próximo gobierno deberá enfrentar la injustica
que se da al interior del sistema de evaluación de impacto ambiental. Este es un tema
central a la hora de hablar de conflictos socioambientales y de la credibilidad del sistema.
Esto debido a que las condiciones establecidas en la Ley N° 19.300, modificada el año
2010, no son iguales para las empresas y comunidades afectadas. Las primeras gozan de
muchos más beneficios y garantías que los potenciales afectados, estos últimos deben
afrontar proyectos muchas veces sin ningún conocimiento y experiencia en el tema, sin
apoyo desde las instituciones públicas del Estado y por si esto fuera poco, la ley define
2
Programa de gobierno Michelle Bachelet, pág. 49
plazos y condiciones en las cuales la ciudadanía puede participar.
Por su parte según la legislación vigente, son las empresas las que defines cómo,
cuándo, dónde y con qué tecnología emplazan sus proyectos. Son ellas las que contratan
a las consultoras que desarrollan los Estudios o Declaraciones de Impacto Ambiental (EIA
o DIA) y la ley establece para ellas plazos mucho más flexibles que para los ciudadanos,
consolidando con esto un sistema totalmente injusto y que no sigue los criterios del
principio 10 de la Agenda 21, ni de justicia ambiental de la EPA (agencia de protección
ambiental de EE.UU.).Sin duda que la existencia de conflictos socioambientales, así como
la judicialización de los mismos tiene una base importante en la Ley N° 19.300, pues en
ella se establecen los criterios para la evaluación ambiental de proyectos. Además en
agosto de 2013, se publicó el D.S. N° 40, que es el reglamento de evaluación de impacto
ambiental, que en teoría está de acuerdo a las modificaciones incorporadas a la ley en
2010. Sin embargo, este reglamento deberá ser revisado y modificado durante la próxima
administración pues a todas luces no respeta el Convenio N° 169 en materia de consulta
previa y tampoco la Convención de Washington en relación a la inviolabilidad de laos
parques nacionales y monumentos naturales.
La próxima administración deberá velar también por una adecuada implementación de los
servicios públicos dependientes del Ministerio de Medio Ambiente, esto es el Servicio de
Evaluación Ambiental (SEA) y la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA), ambas
instituciones presentan una precariedad en materia de financiamiento y dotación de
personal que hace casi imposible que puedan hacer una adecuada gestión. Solo para
ejemplificar, la SMA tiene una dotación de 92 funcionarios de los cuales solo 50 son
técnicos capacitados para realizar acciones de fiscalización, el resto es personal de
apoyo. Pues bien, estos 50 funcionarios deben fiscalizar todos los proyectos en
funcionamiento en Chile que cuenten con Resolución de Calificación Ambiental (RCA);
fiscalizar planes de prevención o descontaminación, y de normativa ambiental, etc. Un
reciente informe entregado por la SMA, señaló que entre enero y septiembre de 2013 las
empresas entregaron 6.500 reportes, los cuales -al menos- deberían ser leídos por los
funcionarios de la entidad. Esto parece una misión casi imposible con la actual dotación
de recursos. Por ello, si el próximo gobierno quiere avanzar en mejorar la gestiona
ambiental en Chile, se deben hacer cambios tanto nivel administrativo, como
modificaciones a ley ambiental. Sin embargo, esto parece poco probable, pues del
programa de Bachelet no desprende una comprensión del tema ambiental en sus
componentes sociales y económicos, así como de resguardo al patrimonio natural. Pero,
es posible que dado el posicionamiento que tiene el tema en la agenda pública, este tome
mayor relevancia durante su mandato.
Conflictos socioambientales: energía y minería, lo que preocupa al gran
empresariado
Los conflictos socioambientales, ligados a proyectos de generación eléctrica, o proyectos
mineros, han copado la agenda de los últimos años. Es así como un documento publicado
por Terram el año en el cual se analizaban los proyectos ingresados a evaluación
ambiental, entre enero del 2000 y el 2008, señaló que del “total de proyectos (149)
ingresados a evaluación ambiental (aprobados o en calificación) hemos identificado que
37 de ellos genera o han generado algún tipo de conflicto, lo que representa cerca del
25% de los proyectos de generación eléctrica propuestos a lo largo de todo Chile 3. Luego
3
APP N° 48: Catastro de Proyectos de generación eléctrica en Chile, Fundacion Terram, 2009
un segundo documento, que también inició su análisis tomando como base el año 2000,
profundizó en el tema y señaló que “entre los proyectos aprobados y en calificación, se
detectó que el 89% (198 proyectos) ha sido ingresado durante el periodo 2006 – 2011;
sólo en el periodo 2006 – 2008 ingresaron al SEA el 56% de éstos, equivalente a 124
proyectos. De este modo se observa que durante los 66 meses de análisis, en promedio,
han ingresado al SEA poco más de 3 iniciativas de generación eléctrica por mes. Al
realizar el mismo análisis sobre la base de la capacidad instalada de los proyectos
aprobados y en calificación se advierte que estos 222 proyectos implican un total de
26.148,5 MW de potencia, mostrando una tendencia al alza en los últimos cinco años y
medio, lapso de tiempo en el que se ha ingresado el 88% de esa cifra (23.094 MW) 4“.
Tabla N° . Proyectos aprobados, en calificación y n° de conflicto según región, 2000
– 2011
Región
N°
de
N°
de
MW
proyecto MW en
proyectos
aprobad s
en calificac Conflictos
aprobado
os
calificaci ión
s
ón
XV
1
38,0
-
-
1
I
6
530,7
7
433,7
6
II
23
3.883,9
1
50,0
17
III
15
3.295,1
1
740,0
15
IV
27
1.610,1
1
37,8
21
V
13
3.448,2
1
56,0
11
R.M
5
660,2
3
13,4
3
VI
11
1.028,2
2
190,0
11
VII
15
1.351,3
4
242,7
11
VIII
28
3.461,9
3
94,0
22
IX
13
178,9
-
-
10
XIV
8
285,1
2
526,6
8
X
17
330,6
5
199,4
11
XI
3
29,2
3
3.391,5
3
XII
4
42,0
-
-
3
Total
189
20.173,4 33
5.975,1
153
Fuente: Elaboración propia sobre información del SEA al 30 de junio de 2011.
4
APP N° 52: Actualización de Catastro de Proyecto de generación eléctrica , Fundación Terram, 2011
Un nuevo documento de Terram, que también tomó como base el año 2000 y revisaba
hasta el año 2012, señaló que del total de proyectos (349) ingresados a evaluación
ambiental (aprobados y en calificación), 174 generan o han generado algún tipo de
conflicto, lo que representa –en términos de número de conflictos- cerca del 50% de los
proyectos. Los 174 proyectos representan el 66% de la potencia (MW) ingresada a
evaluación. Del total de conflictos identificados, el 54% corresponde a centrales de tipo
termoeléctrico, 32% a hidroeléctricas, 14% de tipo eólico y solo un 1% de tipo geotérmico 5
La conflictividad asociada a proyectos de generación eléctrica resulta evidente, por ello
nos parece necesario realizar un análisis de algunos de los casos más emblemáticos que
pueden marcar la agenda del próximo gobierno.
HidroAysén
Sin duda HidroAysén ha sido uno de los proyectos más emblemáticos en la historia
ambiental de Chile, tras su aprobación en mayo de 2011 por parte de la Comisión de
Evaluación Ambiental de Aysén, las organizaciones ciudadanas que conforman el Consejo
de Defensa de la Patagonia (CDP), junto a parlamentarios, iniciaron diversas acciones
administrativas y judiciales para impedir la materialización de la construcción de las cinco
centrales en la Patagonia chilena. Por su parte la Cámara de Diputados conformo una
Comisión Investigadora sobre las irregularidades en el proceso de calificación ambiental
del proyecto. Esta comisión emitió su informe en enero de 2012, en el cual se concluye
que existieron irregularidades en el proceso y se destacan problemas al menos en los
siguientes servicios públicos: Sernageomin, CONAF y SAG, DGA, Consejo de
Monumentos Nacionales, además señala problemas en varias Secretarias Regionales
Ministeriales.
Después de la aprobación de HidroAysén en mayo de 2011 y siguiendo con el proceso
administrativo, se presentaron reclamaciones ante el Comité de Ministros.
Río Cuervo
En lo que respecta a otra de las centrales hidroeléctricas de la Patagonia, la polémica no
ha cesado, y si bien el proyecto Río Cuervo tuvo un revés y debió ingresar nuevamente a
trámite su estudio de impacto ambiental, este fue aprobado en septiembre de 2013 pese a
los cuestionamientos recibidos de diversos sectores. Este proyecto pretende construir una
mega central de aproximadamente 640 MW de potencia instalada y se ubicaría en las
cercanías del lago Yulton cercano a Puerto Aysén, en la región del mismo nombre 6 . Tal
como era de prever, las acciones administrativas y judiciales no se hicieron esperar y un
conjunto de las organizaciones ciudadanas presentaron recursos de reclamación ante el
Comité de Ministros, mientras que otros seguirán la vía legal 7 .
Punta Alcalde
5
APP N° 56: Catastro de Proyectos de generación eléctrica. Nueva actualización, Fundacion Terram, 2013
6
7
http://www.eldivisadero.cl/noticias/?task=show&id=36430
La termoeléctrica de de Punta Alcalde y que pretende instalarse en la comuna de Huasco,
contempla 740 megawatts de capacidad instalada, en dos unidades a carbón de 370 MW
cada una, y una inversión estimada de US$1.400 millones. Dicho proyecto fue rechazado
por la Comision de Evaluación Atacama (CEA), en junio de 2012. Esto significa que no se
le otorgó el permiso ambiental. Sin embargo, la empresa decidió apelar ente el Comité de
Ministros, instancia administrativa integrada por los ministros de Salud; Economía,
Fomento y Turismo; Minería; Energía; Agricultura y presidida por la Ministra Medio
Ambiente. En diciembre de 2012, este Comité dio luz verde a la iniciativa, tras acoger la
reclamación presentada por Endesa a la resolución de la Comisión de Evaluación
Ambiental de Atacama. Sin embargo, el Comité estableció como condición para aprobar el
proyecto, que Endesa invierta en un precipitador electroestático para reducir las
emisiones de partículas de una planta de pellets de Compañía de Acero del Pacífico
(CAP), ubicada a pocos kilómetros de donde se emplazará la central termoeléctrica. Esto
en definitiva, abrió una gran polémica, pues por una parte la Ministra de Medio Ambiente
se tuvo que inhabilitar, pues en su trabajo anterior era parte de la consultora que realizó el
estudio de impacto ambiental (EIA) de Punta Alcalde; por otra, se señaló que los
Ministros de Estado, que son una instancia política y no técnica y fueron quienes
invalidaron la resolución que había tomado la Comisión de Evaluación Ambiental y que
supuestamente se fundaba en antecedentes técnicos. Los ministros pusieron como
condición que la termoeléctrica de Endesa debía invertir en reducir las emisiones de CAP.
Otra arista de esta polémica, fue que el área había sido declarada zona de latencia para
material particulado por el propio Ministerio de Medio Ambiente.
Pero la historia continuó y diversos actores sociales locales incluido el Alcalde de Huasco,
presentaron recursos de protección para invalidar la resolución del Comité de Ministros,
estos recursos fueron acogidos a trámite e incluso se dicto una orden de no innovar.
Luego se realizaron los alegatos en la novena Sala de la Corte de Apelaciones por los
representantes de los cuatro recursos presentados, esto es el Municipio de Huasco,
asociaciones de pescadores, agrupaciones de vecinos de Huasco y Freirina así como la
ONG Oceana8. En agosto de 2013 la Corte de Apelaciones de Santiago dejó sin efecto la
aprobación de la termoeléctrica Punta Alcalde realizada por el Comité de Ministros y
ordenó que la instancia se vuelva a reunir para hacerse cargo de los reclamos
ciudadanos. Con este fallo, el tribunal acogió 3 de los 4 recursos presentados. En este
sentido es importante destacar que en la zona donde se pretende emplazar esta
termoeléctrica ya existen otras dos generadoras: la central Guacolda de AES Gener y una
que pertenece a CAP9.
Como era de prever este fallo fue reclamado por la empresa ante la Corte Suprema y en
octubre de 2013 se realizaron los alegatos.
Alto Maipo
Otro conflicto socioambiental que ha estado en la prensa es el proyecto hidroeléctrico Alto
Maipo de la empresa AES Gener. En lo que respecta a Alto Maipo, en octubre de 2013 y
después de una serie de movilizaciones, acciones judiciales y administrativas, los
8
http://www.latercera.com/noticia/negocios/2013/05/655-522579-9-opositores-a-punta-alcalde-dicen-quecomite-de-ministros-no-conto-con-toda-la.shtml )
9
http://www.lanacion.cl/corte-anula-la-aprobacion-para-termoelectrica-punta-alcalde/noticias/2013-0801/174818.html
opositores al proyecto Alto Maipo señalaron que los vecinos de San José de Maipo
recibieron con alegría y satisfacción el reciente escrito que ha dado a conocer la
Superintendencia de Medio Ambiente, el cual señala que la transnacional a cargo del
Proyecto Hidroeléctrico Alto Maipo (PHAM) debe informar "cualquier acción o medida
asociada al inicio de las obras" en las lagunas Negra y Lo Encañada (principales reservas
de agua potable de la Región Metropolitana, ubicadas al interior del Cajón del Maipo), ya
que previamente deben presentar un proyecto al Sistema de Evaluación Ambiental para
su aprobación. De paso, descartó que las obras se hayan iniciado en el sector 10.
Bocamina II y la fiscalización ambiental de proyectos
Este proyecto arriesga la clausura por parte de la Superintendencia de Medio Ambiente,
esto después que se revisara su programa de cumplimiento. Esto abre un nuevo
escenario que puede ser comun a muchas empresas y que es el de la fiscalización, pues
si bien el proceso de evaluación ambiental existe desde el año 1997, solo en enero de
2013 comenzó a funcionar un ente fiscalizador propiamente tal en materia ambiental.
Minería
En la minería las cosas no han sido muy distintas y durante el año pasado se hicieron
más evidentes los conflictos asociados al sector. Por una parte, en agosto de 2013, un
estudio de Cochilco (Comisión Chilena del Cobre) anunciaba una proyección de la
inversión en minería para el año 2021, del orden de 112.500 millones de dólares 11, lo cual
presagiaba un auge de la minería y de paso en la industria eléctrica para los próximos
años. El estudio de Cochilco solo consideró proyectos con una inversión superior a los 90
millones de dólares. Sin embargo, en los últimos meses, esta proyección ha ido bajando
drásticamente y actualmente el Consejo Minero 12, entidad que agrupa a las empresas
mineras más grandes, señaló que la inversión para el año 2019 sería del orden de 65.000
millones de dólares. Esta controversia en la inversión minera se ha dado no solo por las
fluctuaciones en el mercado mundial, sino también se debe a los cuestionamientos que
han recibido varias iniciativas de inversión y lo que el gran sector empresarial ha
denominado la judicialización de proyectos. Pero la disminución de proyectos en carpeta
por parte del Consejo Minero puede ser visto como arremetida para flexibilizar las
condiciones de inversión, ya sea ante el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) o ante
los tribunales de justicia, incluidos los tribunales ambientales.
Entre los proyectos mineros que están conflictuados y sobre los cuales el próximo
gobierno deberá emitir opinión están:
10
http://www.emol.com/noticias/economia/2013/10/20/625515/aclaran-que-obras-de-altomaipo-en-reservas-de-agua-potable-seran-sometidas-a-evaluacion-ambiental.html
11
Cartera de inversión de proyectos 2013-2021, Comisión Chilena del Cobre – departamento de estudios
12
Catastro de proyectos, Consejo Minero, noviembre de 2013
Andina 244
Proyecto de mineral de la División Andina de CODELCO. Este pretende ampliar desde 92
a 244 ktpd, pudiendo alcanzarse máximos diarios de 264 ktpd. Dicha expansión le
permitirá a la división alcanzar una producción promedio anual de 600.000 toneladas de
cobre fino, con máximos de 700.000 toneladas en los años de mayor actividad 13. El
Estudio de Impacto Ambiental (EIA) presentado por la empresa contenía más de 7.000
páginas. El cual debió ser revisado y observado tanto por los servicios públicos con
competencia en el tema y por las organizaciones ciudadanas. Es importante destacar que
estas últimas han debido hacer frente a este proyecto sin ningún apoyo desde el Estado.
El rechazo a este proyecto se funda en su emplazamiento y las zonas que se verían
afectadas. Pues según señala el EIA, afectaría a 13 comunas la mayor parte de ellas
ubicadas en la región de Valparaíso y otras en la región Metropolitana. El proyecto en su
diseño contempla la intervención de glaciares, lo que ha sido fuertemente cuestionado por
las comunidades locales, así como por parlamentarios. Actualmente se encuentra en
proceso de calificación ambiental y durante el mes de diciembre de 2013 la empresa
debería entregar su primera adenda14.
Proyecto Mina Invierno, más conocido como Isla Riesco
Recientemente ha sido sancionado por la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA).
Luego de un proceso de investigación de más siete meses, la entidad fiscalizadora
procedió a formular cargos contra minera ubicada en Isla Riesco, región de Magallanes 15.
Entre los hechos que señala la SMA, están incumplimientos en la entrega de información
y en la presentación de informes semestrales relativos al plan de vigilancia ambiental para
alerta temprana de calidad de agua y plan de vigilancia para el control de arrastre de
sólidos. Además, en terreno se constató la existencia de un área de acopio temporal del
carbón extraído no contemplado en la RCA. Los cargos van de leves a graves y pueden
derivar en una amonestación por escrito hasta multas de 5.000 Unidades Tributarias
Mensuales, en el caso de los cargos graves. Lo interesante de este caso es comprobar
las posibilidades de fiscalización que se abren tras la entrada en funcionamiento de la
SMA.
13
Extracto del EIA, proyecto expansión Andina 244
14
Adenda. Respuesta de la empresa las observaciones de los servicios públicos y ciudadanía
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http://www.sma.gob.cl/index.php/noticias/comunicados/311-superintendencia-del-medio-ambiente-formulacargos-contra-minera-invierno
El Morro
En octubre de 2013 la autoridad ambiental (CEA) de Atacama aprobó el proyecto minero
El Morro. El proyecto en cuestión se pretende emplazar en la cordillera del Valle del
Huasco, y su permiso ambiental había sido anteriormente suspendido luego de que la
justicia determinara que vulneraba el derecho a consulta de la Comunidad Agrícola
Diaguita de los Huascoaltinos, ya que la Conadi no realizó el proceso de consulta debido
a que ésta no estaba inscrita en los registros de la institución, sino que por la Ley de
Comunidades Agrícolas.16
Según determinó en su momento la Corte de Apelaciones de Antofagasta que se hizo
cargo de esta causa, se violó en dicha ocasión la Ley 19.300 y el artículo 169 al que
suscribe Chile en la OIT. Con esta nueva aprobación, este proyecto de megaminería del
cobre perteneciente a la empresa GoldCorp, podrá recomenzar sus faenas de
construcción en un sector cercano a Pascua Lama 17. Sin embargo, este proyecto fue
nuevamente cuestionado, pues quince comunidades indígenas del Huasco presentaron
un recurso de protección en la Corte de Apelaciones de Copiapó y un recurso de
reclamación ante el Comité de Ministros en contra del proyecto aurífero de las
canadienses Goldcorp (70%) y New Gold (30%), informó el abogado que las representa,
Lorenzo Soto.18
Pascua Lama
En mayo la SMA aplicó al proyecto una multa de ocho mil millones de pesos a la
empresa de capitales canadienses Barrick Gold. Eso equivale apenas al 1.8% de la
inversión inicial del proyecto, que contempla desembolsar 4 billones 250 mil millones de
pesos. Por eso, y por los impactos sobre el río El Estero, en la cabecera del Valle del
Huasco, es que un grupo de agricultores acudió al Tribunal Ambiental, para presentar el
primer recurso de reclamación contra la Superintendencia de Medioambiente, a cargo de
Juan Monckeberg19. En tanto, por la vía judicial se había solicitado la paralización
parcial del proyecto. Es así como en julio de 2013 el proyecto sufrió un revés judicial ya
que la Corte de Apelaciones de Copiapó ratificó la paralización de sus obras. El tribunal
acogió un recurso de protección de comunidades diaguitas y deberá seguir detenido
mientras la firma minera no implemente las medidas de mitigación acordadas con la
16
http://www.biobiochile.cl/2013/10/22/aprueban-proyecto-minero-el-morro-en-valle-del-huasco.shtml
17
http://www.biobiochile.cl/2013/10/22/aprueban-proyecto-minero-el-morro-en-valle-del-huasco.shtml
18
http://www.latercera.com/noticia/negocios/2013/11/655-552871-9-comunidades-indigenas-presentan-dosrecursos-contra--proyecto-minero-el-morro.shtml
19
http://radio.uchile.cl/2013/06/11/presentan-recurso-contra-la-sma-por-baja-sancion-a-pascua-lama
Superintendencia de Medio Ambiente20.
El abogado Lorenzo Soto, quien interpuso la medida judicial en septiembre de 2012,
explicó que "con esta sentencia lo que ocurre es que se ha dado lugar a la
paralización mediante sentencia definitiva, por lo tanto el proyecto ha quedado
completa e indefinidamente paralizado, por lo menos, hasta que haya una sentencia
definitiva de la Corte o a menos que la empresa apele a la Corte Suprema y se
cumplan una serie de medidas". Y precisamente eso fue lo que ocurrió, la empresa
Barrick recurrió a la Corte Suprema donde se efectuaron alegatos y en septiembre
de 2013 Barrick Gold Corporation informó que la Corte Suprema de Chile confirmó el
fallo de la Corte de Apelaciones de Copiapó. Esta exige a la compañía completar el
Sistema de Manejo de Agua de Pascua-Lama, cumpliendo con los permisos
ambientales a satisfacción de la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) antes
de reanudar las actividades de construcción del proyecto de acuerdo a la Resolución
de Calificación Ambiental (RCA)21.
Además de esto, la empresa tiene causas pendientes en el Tribunal Ambiental, donde se
solicitó la revocación de la RCA y las que una vez resueltas podrían derivar a la
Corte Suprema. Por ello no resulta demasiado llamativo que la empresa tras realizar
una serie de gestiones ante el Ejecutivo anunciara el cierre temporal de sus
operaciones para este y el proyecto Cerro Casale.
Dominga
A 26 kilómetros de Punta de Choros y a menos de 20 kilómetros de las Islas Choros y
Damas, el proyecto Dominga es una mina a rajo abierto dedicada a la producción de
concentrado de hierro de alta ley y concentrado de cobre como subproducto.
El proyecto ingresó a evaluación de impacto ambiental en septiembre de 2013. Este
pretende instalarse a unos 14 kilómetros de donde se construiría Barrancones, contempla
la construcción de un puerto y de un depósito de relave y pertenece a la empresa Andes
Iron. Según detalla el EIA, el mineral explotado será enviado a un terminal de embarque
que se construirá en el sector de Totoralillo Norte. La operación incluye otros dos
sectores: el sector Dominga, que considera instalaciones asociadas a dos zonas de
explotación minera a cielo abierto denominadas Rajo Norte y Rajo Sur, una planta de
procesos, un depósito de lastre y un depósito de relaves espesados; y el sector lineal,
donde se instalaría un sistema de acueductos subterráneos que transportarán agua desde
el sector Totoralillo hasta el sector Dominga, así como una línea de transmisión eléctrica,
entre otros. El proyecto Dominga se ubica tierra adentro, inmediatamente al norte de la
actual mina El Tofo y se abastecerá de energía a través del Sistema Interconectado
Central (SIC) y no generará energía propia.
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http://olca.cl/articulo/nota.php?id=103314
21
http://barricksudamerica.com/corte-suprema-emite-fallo-por-pascua-lama/barrick/2013-0926/151336.html