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Sumario del 11-M
EL SUMARIO DEL 11-M
NATI VILLANUEVA
texto
La Fiscalía solicita
más de 270.000 años
de cárcel para los
procesados del 11-M
NINGUNO DE ELLOS CUMPLIRÁ MÁS DE 40 AÑOS DE CONDENA, MÁXIMO
PREVISTO EN EL CÓDIGO PENAL
L
a Fiscalía de la Audiencia Nacional solicita
más de 270.000 años de cárcel para los 29
procesados por los atentados del 11-M. Sin
embargo, ninguno de ellos cumplirá más
de 40, el máximo previsto en el Código
Penal. El escrito de conclusiones provisionales de la
fiscal Olga Sánchez fue presentado el pasado 6 de
noviembre de 2006 y en él se señala a Serhane Ben
Abdelmajid Fakhet, El Tunecino; a Rabei Osman, El
Egipcio; a Youssef Beldhaj y a Hassan el Haski como
los autores intelectuales de la matanza de Madrid.
Los tres últimos, además, están acusados de un delito
de integración en organización terrorista en grado de
dirigente, lo que supone una novedad respecto al auto
de procesamiento del juez Del Olmo, en el que sólo se
atribuía la condición de dirigente a El Haski.
Otros 11 de los 29 procesados también serán acusados de pertenencia a Al Qaida. Se trata de Zougam,
Ghalyoun, Bouchar, Mohamed Almallah, Fouad el
Morabit, Larbi ben Sellam, El Harrak, Bouharrak, El
Fadual, El Gnaoui y Rachid Aglif.
La Fiscalía recoge en su escrito que los atentados comenzaron a gestarse tras la detención en
2001 de la célula liderada por Abu Dahdah, cuyos
miembros fueron condenados por la Audiencia
Nacional hace ahora un año. Este individuo era el
jefe de los islamistas de Al Qaida en España. La
fiscal Sánchez mantiene, además, que el detonante para que el grupo perpetrara la matanza fue la
intervención de España en la guerra de Irak y, en
concreto, hace hincapié en el llamamiento que
Osama Bin Laden hizo el 18 de octubre de 2003 en
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la cadena Al Yazira. En él, el jefe de la red terrorista Al Qaida amenazaba directamente a España
y a otros países por involucrarse en el conflicto
armado.
Además, según la Fiscalía, 12 personas participaron
como autores materiales de la matanza; es decir,
colocaron las 13 bombas en los trenes, aunque
deja abierta la posibilidad de que interviniera algún
individuo más no identificado por el momento.
De los 12 terroristas, 7 se suicidaron en el piso de
Leganés (Jamal Ahmidan, El Chino, jefe operativo
de la célula; Serhane, El Tunecino, jefe ideológico del grupo; Allekema Lamari; Rifaat Anouar;
Abdenabi Kounjaa y los hermanos Mohamed y
Rachid Oulad Akcha); dos huyeron (Mohamed
Afallah, que se suicidó en un atentado en Irak, y
Daoud Ouhnane), y los otros tres se sentarán en
el banquillo. Así, además de Zougam y Bouchar, la
Fiscalía, a diferencia del instructor, también considerará autor material a Basel Ghalyoun, identificado en uno de los trenes.
La imputación como autores materiales de estos
individuos se basa en que se trata del núcleo central de la célula; en la identificación por parte de
testigos de los tres supuestos autores materiales
que han sido procesados, y en los análisis de Goma
2 Eco y restos de ADN que aparecieron en los dos
vehículos –Renault Kangoo y Skoda Flavia– en los
que los terroristas llegaron a la estación de Alcalá,
en cuyas proximidades los aparcaron.
Una de las principales novedades que recoge el
escrito de la Fiscalía es la acusación de asociación
Sumario del 11-M
ilícita para los procesados de la trama asturiana. El
juez Del Olmo, sin embargo, en su auto de procesamiento sólo les acusaba de delitos relacionados
con la tenencia, el suministro y el transporte de
explosivos, salvo el caso de José Emilio Suárez
Trashorras, considerado desde un primer momento
cooperador necesario de los 191 asesinatos y de
otros 1.755 en grado de tentativa.
Olga Sánchez señala a Trashorras y a su cuñado
Antonio Toro como dirigentes de esa asociación
ilícita, mientras que el resto –Raúl González, Javier
González, Sergio Álvarez, Antonio Reis Palacio
e Iván Granados– tendrían la consideración de
simples miembros de la banda. Precisamente
Trashorras y Toro han sido juzgados en la actualidad por la operación Pipol, por tráfico de drogas y
explosivos.
La fiscal justifica la cooperación necesaria de
Trashorras en los asesinatos (consumados y frustrados) en que entregó 200 kilos de Goma 2 Eco a
Jamal Ahmidan, El Chino, a sabiendas de que podían
ser empleados en un gravísimo atentado por la gran
cantidad de explosivo que le proporcionó. A esto se
suma, según el ministerio público, el conocimiento
que tenía el ex minero del fanatismo de El Chino, que
continuamente defendía la necesidad de cometer
acciones criminales contra los países occidentales, a
los que consideraba enemigos del islam.
Trashorras y Toro, además de estos cargos, deberán
responder igualmente por un delito de colaboración con organización terrorista. También son
La Fiscalía quiere que
comparezcan los máximos
responsables de la policía
acusados por esta causa Rafa Zouhier, Nasreddine
Bousbaa, Mahmou Slimane Aoun, Hamid Ahmidan
y Brahim y Mohamed Moussatem, sobrinos de
Belhadj, uno de los presuntos autores intelectuales
de la matanza.
Respecto a los medios de prueba que se solicitan
en este mismo escrito, además del interrogatorio
de los 29 acusados, Olga Sánchez propone el de
cerca de centenar y medio de testigos –entre los
que no estarían las víctimas para ahorrarles un
sufrimiento innecesario– y el de más de medio
centenar de peritos. Entre estos últimos se encuentran expertos en explosivos, en ADN, en huellas, en
documentos, balística, acústica, intérpretes y médicos especialistas. Pero la Fiscalía, además, quiere
que comparezcan como testigos los máximos
responsables de la Dirección General de la Policía
en el momento en que se produjeron los atentados.
Entre ellos se encuentran el entonces subdirector
general operativo, Pedro Díaz Pintado; el ex comisario general de Información, Jesús de la Morena,
y el que estaba al frente de Seguridad Ciudadana,
Santiago Cuadro.
Una de las principales novedades que recoge el escrito de la
Fiscalía es la acusación de asociación ilícita para los procesados
de la trama asturiana.
FVT REPORTAJE /
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Sumario del 11-M
La Abogacía del Estado concreta
las indemnizaciones
El Estado ha abonado 47 millones de euros en indemnizaciones por los atentados del 11-M, la misma cantidad que ahora reclama a siete de los 29 procesados
como autores de la matanza de los trenes.
En el escrito de acusación presentado ante la
Sección Segunda de lo Penal de la Audiencia
Nacional, el abogado del Estado solicita que estos
nueve procesados respondan "conjunta y solidariamente" como responsables civiles de los perjuicios
ocasionados en los atentados (trenes y Leganés)
"en las cantidades que habrán de fijarse definitivamente en ejecución de sentencia".
Conforme a la Ley de Solidaridad con las Víctimas
del Terrorismo, la mayor parte del dinero (algo más
de 37 millones) se ha destinado a los familiares de
los fallecidos y a los heridos. Otra parte (2 millones) corresponde a los daños ocasionados por la
explosión del piso en Leganés, algo más de seis
millones a Renfe y 297.559 euros al Administrador
de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF).
La AVT critica que la Fiscalía vincule la
política de Aznar con el 11-M
La Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) solicita
en su escrito de calificación del 11-M 300.000 años
de prisión (25.000 más que la fiscal Olga Sánchez)
para los 29 procesados por la matanza de Madrid.
Esta acusación aprovecha sus conclusiones provisionales para criticar las valoraciones incluidas en
el escrito de la Fiscalía, al considerar que van más
allá del mero relato de hechos exigible a un escrito
de calificación.
"Entendemos que las alusiones a unas concretas
políticas de unos determinados gobiernos para
tratar de justificar los motivos de unos terroristas
están de más", dice la AVT, en referencia a que,
según el ministerio público, fue la intervención de
España en Irak durante el Gobierno de Aznar la
causa de los atentados.
En este sentido, además de cuestionar que sólo se
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haya abierto una línea de investigación de los atentados, se pregunta por qué se ha tratado de exculpar a ETA. Asegura que no es comprensible que
se hayan realizado informes tendentes a descartar
la autoría de esta organización terrorista si la tesis
que desde el principio se deducía de las investigaciones apuntaba a la autoría islamista. "¿Qué necesidad ha existido de exculpar a otra organización
terrorista?", dice.
Sin embargo, y pese a las críticas, esta acusación
da por reproducido el relato de hechos de la
Fiscalía y coincide con la Sala de lo Penal en que
será en el juicio oral donde se podrán "aclarar
las dudas y contradicciones que se han generado
desde la ejecución" de la matanza.
Entre esos puntos menciona las dudas suscitadas
sobre el explosivo utilizado. "A la altura a la que ha
llegado la investigación, no resulta ni meridianamente comprensible que no se haya podido determinar"
ni la sustancia en cuestión ni la cantidad empleada.
En esta misma línea, la AVT señala que en su
experiencia como acusación "no recordamos"
ningún atentado en el que "no se haya podido
identificar" el tipo de explosivo utilizado. "A ello
no hacen sino crear mayor confusión los hechos
acaecidos en relación con el informe" del bórico,
que ha desembocado en "una muestra más de
polarización de la sociedad".
Califica también de "sorprendente" la situación
creada en torno a la mochila de Vallecas, la que,
al no estallar, permitió llegar hasta el locutorio de
Lavapiés. "No resulta creíble", dice, "que un elemento de la importancia de éste no hubiera estado
bajo la vigilancia de la autoridad judicial y sí, en
cambio, fuera de control".
Expuestas estas cuestiones a modo de introducción,
la AVT coincide prácticamente en todas sus imputaciones con la Fiscalía, aunque, a diferencia de aquélla –y de ahí, en parte, el incremento de las penas–,
considera que tanto los autores materiales como los
ideólogos son autores también de la muerte del geo
Francisco Javier Torronteras, en Leganés.
Sumario del 11-M
La asociación de Manjón
pedirá también penas que
rondan los 40.000 años para los
supuestos autores materiales
y para los considerados
autores intelectuales.
La Asociación 11-M Afectados por el
Terrorismo pide 389.752 años de condena
La Asociación 11-M Afectados por el Terrorismo,
que preside Pilar Manjón, pide 389.752 años y seis
meses de prisión para los 29 procesados por los
atentados de Madrid, casi 120.000 años más de los
que solicitó la Fiscalía.
En el escrito de conclusiones provisionales presentado en la Audiencia Nacional, la asociación solicita
39.053 años para el ex minero José Emilio Suárez
Trashorras y 39.049 años para Antonio y Carmen
Toro y para Rafa Zohuier, a quienes considera
cooperadores necesarios de lo sucedido tanto en
los trenes como en el piso de Leganés en el que
murieron 7 de los autores de la masacre y un geo.
La asociación de Manjón, quien declaró a los periodistas que "éste es el primer paso en la búsqueda
de la Justicia", pedirá también penas que rondan
los 40.000 años para los supuestos autores materiales Jamal Zougam, Basel Ghalyoun y Abdelmajid
Bouchar y para los considerados autores intelectuales del 11-M, Hassan El Haski, Youssef Belhadj y
Rabei Osman El Sayed, El Egipcio.
El escrito de calificación, de 195 folios, eleva también sensiblemente las penas solicitadas para los
miembros de la llamada "trama asturiana" que
supuestamente facilitó los explosivos, ya que solicita 22 años de prisión para Raúl González, Iván
Granados, Javier González, Sergio Álvarez y Antonio
Iván Reis, y 11 años de cárcel para Emilio Llano, el
vigilante de Mina Conchita.
Manjón declaró a los periodistas
que éste es el primer paso en la
búsqueda de la justicia
Esto es debido a que a la acusación por asociación
ilícita y tráfico de explosivos que formuló contra
ellos la Fiscalía se suma ahora la de colaboración
con organización terrorista.
El resto de las penas solicitadas por la Asociación
11-M Afectados por el Terrorismo va de los 12 años
que pide para los hermanos Mohamed y Brahim
Moussaten, por integración en organización terrorista, a los 40 años y 3 meses que reclama para
Hamid Ahmidan por este mismo delito, por conspiración para el asesinato y por tráfico de drogas.
Además, esta acusación, que representa a 309
heridos en los atentados –hay otros 88 pendientes
de reconocimiento– y a las familias de 81 de los
fallecidos, pide 39 años para Otman El Gnaoui, 36
para Rachid Aglif y Abdelilah El Fadoual, 30 para
Nasreddine Bousbaa y Mahmoud Slimane y 27 para
Mouhannad Almallah, Fouad El Morabit, Mohamed
Bouharrat, Saed El Harrak y Mohamed Larbi.
NATI VILLANUEVA es periodista especializada
en Tribunales en el diario ABC.
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