doctrina del ministerio público 2011

“DOCTRINA DEL MINISTERIO PÚBLICO 2011”
1.- FECHA DE ELABORACIÓN:
2.- DEPENDENCIA:
DIRECCIÓN DE CONSULTORÍA JURÍDICA
3.- TIPO DE DOCTRINA:
DERECHO PENAL ADJETIVO
4.- TEMA:
28-12-2011
SUPUESTO ESPECIAL DEL PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD
5.- EXTRACTO
EN LOS DELITOS QUE SE PRESUMA PUEDAN SER CATALOGADOS COMO DE
DELINCUENCIA ORGANIZADA, DEBE DETERMINARSE LA PARTICIPACIÓN DE LOS
LLAMADOS “FACTORES DE PODER” EN LA COMISIÓN DEL HECHO PUNIBLE, YA QUE
DE LO CONTRARIO NOS ENCONTRAMOS ANTE UN DELITO COMÚN, NO SIENDO
APLICABLE POR ELLO LA LEY ORGÁNICA CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA.
6.- CONTENIDO
6.1.- NÚMERO DE ESCRITO
6.2.- FECHA:
OFICIO N° DCJ-8-1648-2011-0068721
29-12-2011
6.3.- RESUMEN
Me dirijo a usted, en la oportunidad de dar respuesta a su Oficio N° 24-F16-0139-11051144, mediante el cual eleva consulta a esta Dirección de Consultoría Jurídica, con relación a la
procedencia de prescindencia total o parcial del ejercicio de la acción penal, en la investigación N°
24-F16-1856-11, por cuanto el imputado (…), suministró información, que a su criterio es relevante
para la averiguación que se adelanta contra otros dos ciudadanos, quienes presuntamente forman
parte de una organización de delincuencia organizada.
Ahora bien, a los fines de evacuar cualquier consulta que sea solicitada a esta Consultoría
Jurídica, o a cualquiera de las otras direcciones que conforman el Despacho de la Fiscal General de
la República, debemos partir de las recientes instrucciones dictadas por la máxima autoridad de
esta institución, en fecha 28 de julio de 2011, a través de la Circular N° DFGR-VFGR-DGAJ-DCJDRD-018-2011, que regula el “Procedimiento para Elevar Consultas”.
En dicha Circular, se destaca que según el “Reglamento Interno que define las
competencias de las dependencias que integran el Despacho del Fiscal General de la República”, la
mayoría de las direcciones que integran el Despacho, tienen la atribución de emitir opiniones, fijar
directrices y evacuar consultas a los representantes fiscales, en las materias de su competencia, y
específicamente a esta Dirección le es reconocida tal competencia en el artículo 7, numeral 2 de
dicho Reglamento.
Ahora bien, según la mencionada Circular “Del Procedimiento de para Elevar Consultas”,
“… es necesario que al elevar su planteamiento lo haga por escrito, con información detallada de la
situación a estudiar, precisando las dudas que requiere sean aclaradas y señalando la opinión
jurídica que le merezca el asunto con la indicación de los fundamentos legales en los cuales se
sustente.”
De igual forma, se indica en la Circular, que las opiniones jurídicas que emite el Despacho
a través de las Direcciones, tienen un carácter netamente orientador, es decir, que no podrá
supeditarse la actuación fiscal a la espera de una respuesta por parte de la dependencia
consultada, ya que ello ocasionaría un retraso en la tramitación de la causa.
Si bien es cierto que la opinión jurídica que emita cualquiera de las direcciones que
conformamos el Despacho de la Fiscal General de la República, preceden a un análisis del aspecto
consultado, se entiende que el mismo es una orientación y que el representante fiscal goza de
autonomía en el cumplimiento de su labor, tal como lo señala la citada circular, ello “…sin
menoscabo de las facultades de coordinación, supervisión y control de las Direcciones de
adscripción.”
Es decir, que sobre la base de lo ya señalado, esta Consultoría Jurídica, no ostenta entre
sus atribuciones “dar instrucciones o lineamientos” a los fiscales del Ministerio Público, ya que tal
actuación es propia de las direcciones a las cuales se encuentran adscritos los representantes
fiscales.
Entrando a analizar el caso planteado en su solicitud de opinión, nos encontramos ante la
posible solicitud de aplicación del supuesto especial de principio de oportunidad, figura conocida
con el nombre de delación, prevista en el artículo 39 del Código Orgánico Procesal Penal, y también
en las leyes especiales contra la delincuencia organizada y el secuestro y la extorsión.
En este sentido, lo primero que debe determinarse en el caso concreto es cuál de las
normativas vigentes es la aplicable, teniendo presente que los delitos señalados por usted y por los
cuales ha sido procesada la persona que se beneficiaría con la aplicación del supuesto especial, ha
sido procesada por los delitos de extorsión agravada, prevista en el artículo 16 de la Ley contra el
Secuestro y la Extorsión, y Asociación Ilícita para Delinquir, prevista y sancionada en el artículo 6 de
la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada.
En este ámbito, observamos que en base al criterio de jerarquía de las leyes,
corresponderá aplicar la norma contenida en el artículo 21 de la Ley contra el Secuestro y la
Extorsión, publicada en Gaceta Oficial N° 39.194 del 5 de julio de 2009, ya que frente a la Ley
Orgánica contra la Delincuencia Organizada, es una ley especial y posterior, que contempla el
presupuesto de la delación, mientras que la mencionada ley orgánica, abarca a los delitos propios
de la delincuencia organizada, como por ejemplo la incautación o confiscación de sustancias
estupefacientes y psicotrópicas o de químicos esenciales o de capitales o bienes.
Al efecto, es importante hacer una distinción, en cuanto a lo que sería la imputación de
los hechos punibles a los que nos venimos refiriendo, con el señalamiento, que sólo el
representante fiscal que tiene conocimiento de una causa, es el llamado a calificar jurídicamente los
hechos.
Así, en el caso específico del delito de extorsión agravada al cual usted refiere, el mismo
se encuentra previsto en el artículo 16 de la Ley contra el Secuestro y la Extorsión, mientras que las
agravantes se tipifican en el artículo 19 de ese instrumento legal, sin que se indicara en cuál de
ellas se subsume la conducta de los imputados, y por tanto, se debe precisar de forma exacta la
calificación jurídica de los hechos, para garantizar el principio de legalidad y por ende el debido
proceso.
Ahora bien, más allá de lo anterior, debe distinguirse si efectivamente el delito de
extorsión ante el que nos encontramos es el previsto en la Ley contra el Secuestro y la Extorsión, o
si dicho delito es producto de la actividad de un grupo, que llene ciertas exigencias en cuanto a su
conformación, para poder ser considerado como de delincuencia organizada, y en cuyo caso la ley
que se debería aplicar es la de Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada.
Para poder determinar si la actividad delictiva se encuadra o no en lo que podría
considerarse como delincuencia organizada, traeré a colación una ponencia presentada por mi
persona en un evento académico realizado este año 2011, por esta Institución, en donde el tema
central era la delincuencia organizada, y donde sostuve lo siguiente:
“Con fundamento en esta autorizada doctrina, podemos concluir que la existencia de
estas empresas criminales con carácter permanente y estructura organizada, depende
exclusivamente de la protección que le ofrecen integrantes de los cuerpos policiales, de los órganos
de administración de justicia y de otras importantes instituciones públicas y privadas.
De allí, que la característica esencial de delincuencia organizada es la participación de
factores de poder, tanto del sector público como del privado, para “proteger a los
miembros del grupo contra la persecución penal y para neutralizar la acción del Estado y de sus
autoridades”.
Es decir, que en base a lo anterior, puede concluirse que ante la inexistencia de los
llamados “factores de poder”, no podríamos hablar de delincuencia organizada, sino de delincuencia
común.
De lo señalado por usted en su oficio, no queda claro el por qué se estima que se ha
configurado el delito de asociación para delinquir previsto en la Ley Orgánica contra la Delincuencia
Organizada, ya que no se hace mención a la existencia o participación de “factores de poder”, en la
comisión de la extorsión agravada, debiendo tenerse en cuenta que en el supuesto de no contar
esos elementos (ya referidos), podría subsistir el mismo tipo penal consagrado en el Código Penal,
pero no el de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada.
Luego de que se tengan claras las circunstancias previamente señaladas, resta evaluar la
posibilidad de solicitar la aplicación de la delación contenida en el artículo 21 de la Ley contra el
Secuestro y la Extorsión, en donde se señala lo siguiente:
El Ministerio Público suspenderá el ejercicio de la acción penal conforme a lo
establecido en el artículo 39 del Código Orgánico Procesal Penal a los autores o
autoras, cooperadores o cooperadoras, cómplices o encubridores o encubridoras de los
delitos tipificados en la presente Ley, que colaboren eficazmente con las autoridades
competentes para lograr la frustración o el esclarecimiento del delito investigado, la
aprehensión de otros autores o autoras, cooperadores o cooperadoras, cómplices o
encubridores o encubridoras, la liberación de la persona secuestrada o evitar que se
realicen otros delitos.
El proceso penal será reanudado respecto al informante arrepentido o arrepentida y la
pena establecida para estos casos será rebajada hasta la mitad, cuando las
informaciones suministradas hayan satisfechos las expectativas por las cuales se
suspendió el ejercicio de la acción penal.
En virtud de la remisión que la misma ley especial hace al Código Orgánico Procesal
Penal, es necesario citar el artículo 39 de ese instrumento legal, que consagra la figura de la
delación en los siguientes términos:
Supuesto especial. El Fiscal del Ministerio Público solicitará al Juez de control
autorización para suspender el ejercicio de la acción penal cuando se trate de hechos
producto de la delincuencia organizada o de la criminalidad violenta y el imputado
colabore eficazmente con la investigación, aporte información esencial para evitar que
continúe el delito o se realicen otros, ayude a esclarecer el hecho investigado u otros
conexos, o proporcione información útil para probar la participación de otros
imputados, siempre que la pena que corresponda a los hechos punibles, cuya
persecución se suspende, sea menor o igual que la de aquellos cuya persecución
facilita o cuya continuación evita./ El ejercicio de la acción penal se suspende en
relación con los hechos o las personas en cuyo favor se aplicó este supuesto de
oportunidad, hasta tanto se concluya la investigación por los hechos informados,
oportunidad en la cual se reanudará el proceso respecto al informante arrepentido./ El
Juez competente para dictar sentencia, en la oportunidad correspondiente, rebajará la
pena aplicable, a la mitad de la establecida para el delito que se le impute al
informante arrepentido, cuando hayan sido satisfechas las expectativas por las cuales
se suspendió el ejercicio de la acción, lo cual deberá constar en el escrito de
acusación./ En todo caso, el Estado adoptará las medidas necesarias para garantizar la
integridad física del informante arrepentido.
En este ámbito, es oportuno tomar en consideración lo señalado por la Circular N° DFGRDCJ-DRD-2008-016, de fecha 13 de noviembre de 2008, referida a la “Aplicación del Principio de
Oportunidad”, por cuanto la misma contiene instrucciones emanadas de la Máxima Autoridad de
esta Institución, y en ella se realizan algunas consideraciones en cuanto a la figura de la delación, y
al respecto se indica que:
“La procedencia de este supuesto requiere la eficacia de la información proporcionada
por el delator, debiendo ésta coadyuvar a la investigación de hechos producto de la
delincuencia organizada o de la criminalidad violenta, que puede abarcar la
investigación en la que se encuentra involucrado, u otra ya aperturada o que se
aperture en razón de la información que suministre; ello deberá constar en su escrito
de acusación contra el delator, en donde deberá expresar al juez si fueron o no
satisfechas las expectativas por las que se suspendió el ejercicio de la acción. De igual
forma, es importante tener presente que la Sala Constitucional del Tribunal Supremo
de Justicia, se ha pronunciado respecto a la procedencia de este supuesto especial.
Así, la aplicación de este criterio de oportunidad contempla dos fases; la primera, que
inicia con la suspensión de la causa seguida al delator, siempre que la pena que le
corresponda a éste sea menor o igual a la correspondiente a la de aquellos cuya
persecución facilita, o la del delito cuya continuación evita; y la segunda, que se
verifica con la valoración que hace el fiscal de la colaboración prestada por el
imputado, de la cual dependerá el beneficio final, que es la disminución de la pena.
En tal sentido, se insiste en la necesaria obligación que tiene el Fiscal del Ministerio
Público de investigar suficientemente los hechos antes de realizar su solicitud de
aplicación del Principio de Oportunidad, todo esto porque se requiere que el mismo
tenga un grado de certeza suficiente de que el imputado fue autor y/o partícipe en los
hechos investigados antes de que se vea beneficiado con la figura, ello a los fines de
mantener la idea garantista de nuestro derecho penal, respetando el debido proceso,
la presunción de inocencia, y tomando en consideración que con la aceptación del
Principio de Oportunidad queda viva la responsabilidad civil a la que hubiere lugar.”
Con base en lo señalado en la citada Circular, se observa que la segunda fase a la cual se
refiere, en su criterio ya se encontraría cubierta, puesto que expone que la información
suministrada por el imputado ha sido de vital importancia para el desarrollo de la investigación y ha
permitido tomar acciones respecto a otros involucrados, por lo cual tan sólo faltaría verificar lo
relativo a la pena de los delitos en cuestión, y posteriormente, se deberá presentar ante el juez de
control, la solicitud de suspensión del ejercicio de la acción penal respecto al ciudadano (…), tal
como dice el Código Orgánico Procesal Penal “hasta tanto se concluya la investigación por los
hechos informados, oportunidad en la cual se reanudará el proceso respecto al informante
arrepentido.
Por último, es necesario insistir en el tema de la determinación de cuándo nos
encontramos ante un delito propio de la delincuencia organizada, ya que de no ser así, al no
intervenir “factores de poder”, y de tratarse de un delito común, de igual forma cabría la posibilidad
de acceder a la solicitud de un principio de oportunidad, bajo la figura de la delación, pero ya no
con relación a la delincuencia organizada, sino como un delito violento en caso de que corresponda.