Manuel González Barón (jefe de oncología de La

Manuel González Barón (jefe de oncología de La

Manuel González Barón (jefe de oncología de La Paz): Entrevista sobre las sedaciones de Leganés
Es uno de los oncólogos más prestigiosos de Madrid y experto en cuidados paliativos, pero,
de la noche a la mañana, vio cómo su credibilidad corría peligro. Todo empezó cuando la
Comunidad de Madrid le encargó, junto a otros especialistas, elaborar un informe sobre lo
ocurrido en Leganés, documento que trascendió el ámbito médico y se convirtió en un arma
arrojadiza para los políticos: mientras el Gobierno regional consideraba demostrado que algo
fallaba en el Severo Ochoa, la oposición acusó a los médicos que lo elaboraron de connivencia
con el Ejecutivo de Esperanza Aguirre y con el consejero de Sanidad, Manuel Lamela.
El doctor Manuel González Barón, jefe del Servicio de Oncología del Hospital La Paz de
Madrid y catedrático de la Universidad Autónoma, era una de las personas que con más interés
esperaba los resultados del informe del Colegio de Médicos de Madrid sobre las presuntas
irregularidades en el Hospital de Leganés. Esperaba que, tal y como ha ocurrido, este nuevo
informe, elaborado por peritos judiciales y encargado por el juez que instruye el caso refrendara
las conclusiones del llamado «informe Lamela». Ahora, con los 34 casos de mala práctica en la
mano y la demostración de que las sedaciones se hicieron a dosis excesivas, González Barón
pide a los políticos que callen y dejen hablar a los técnicos.
-¿Cómo interpreta el informe de los peritos del Colegio de Médicos de Madrid sobre las
presuntas irregularidades en las sedaciones en el Severo Ochoa de Leganés?
-Pienso que es un informe incluso más duro que el anterior, encargado por la Consejería de
Sanidad, en cuya elaboración participé. En concreto, habla de cuatro casos en los que la
sedación se considera contraindicada, cuando nosotros, en el primer informe, sólo detectamos
un caso. Pero, en líneas generales, es muy parecido al nuestro. Se habla de sedaciones no
indicadas, entre ellas las que se practicó a una veintena de pacientes que se encontraban en
coma profundo... Y también habla de algo más, que es muy grave, y es que las sedaciones se
llevaron a cabo con exceso de dosis y en asociaciones de fármacos que resultan inadecuadas.
Todo ello corrobora que en el Servicio de Urgencias del Hospital se produjeron gravísimas
irregularidades.
-¿Cómo se puede explicar que existan diferencias entre los informes presentados hasta
ahora sobre el mismo caso?
-Todo depende del material clínico utilizado, de si se ha empleado toda la historia, parte de
ella... Pero lo más importante es que la verdad no tiene más que un camino, y ha quedado
reflejado en el informe del Colegio de Médicos de Madrid. Todo intento de tergiversar las
conclusiones de ese informe, que son muy claras, es degradar la profesión médica e incluso
degradar la atención que se ofrece en el Hospital Severo Ochoa. Eso es algo que han hecho
los políticos hasta ahora en varias ocasiones; se han saltado a la torera que la Consejería de
Sanidad estaba obligada a encargar una inspección administrativa ante las denuncias recibidas
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y han hecho falsas acusaciones. Hay que dejar hablar a los técnicos y los políticos tienen que
callar.
- Para el secretario general del Partido Socialista de Madrid, Rafael Simancas, el
informe es «el último episodio» de un intento del Partido Popular por privatizar la
Sanidad y, además, afirma que sólo hay «poco más de 20 casos de mala práctica
cuestionable». ¿Qué le diría?
-Eso es lo que no puede ser. Ningún político tiene derecho a minusvalorar la vida de los
enfermos, no pueden subestimar cuatro casos en los que se ha demostrado que la sedación
estaba contraindicada. Con lo que dice, Simancas demuestra que la vida de los enfermos le
importa muy poco, esas declaraciones degradan éticamente a cualquiera.
-¿Y cómo valora las declaraciones de la ministra de Sanidad y Consumo, Elena
Salgado, que también criticó a la Comunidad de Madrid por sus actuaciones en este
caso?
-Lo más grave que he leído sobre las declaraciones de Elena Salgado es que dijo que el
Gobierno de la Comunidad de Madrid atenta contra la salud de los madrileños. Estas cosas no
se pueden decir. Sobre todo porque incluso algunos militantes y políticos pertenecientes al
Partido Socialista que además trabajan en el mundo de la Medicina me han llamado y me han
dicho que se sentían avergonzados con la actuación del Gobierno y de la oposición madrileña.
Con eso ya digo bastante.
-Usted fue uno de los médicos a los que se encomendó redactar el informe encargado
por la Consejería de Sanidad, que luego el PSOE tachó de manipulado. ¿Cómo fue su
elaboración?
-Cuando me llamaron para participar en la elaboración de este informe yo no me lo esperaba,
porque no tengo ningún cargo ni ninguna vinculación con el Gobierno de la Comunidad de
Madrid. Luego vi que habían intentado buscar personas cualificadas sin ningún otro
condicionante. Llamaron a expertos en las materias más relacionadas con las presuntas
irregularidades en las Urgencias, como el profesor López Timoneda o el doctor Hernán
Cortés-Funes, que es un oncólogo de reconocido prestigio. También llamaron al presidente del
Comité de Ética médica de un hospital del sur de Madrid y también a un representante del
Colegio de Médicos, catedrático de Medicina Legal, el profesor Vicente Moya, aunque después
la presidenta de esta organización colegial lo retiró.
-¿Qué procedimiento emplearon para llevar a cabo el que se denominó como «informe
Lamela»?
-Fuimos viendo las 300 historias clínicas en las que se sospechaba que podía haber
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irrregularidades. Las valorábamos y hacíamos unas fichas con los datos del paciente, la
patología que presentaba cuando entró en el Servicio de Urgencias del Hospital y la
medicación que se le administró. También observamos con especial atención los
consentimientos informados para la sedación y las hojas de enfermería. El trabajo fue muy
exhaustivo y duró dos meses. Cada día hacíamos una sesión y se llegaba a un consenso.
Hicimos una clasificación teórica y dividimos las sedaciones. Había algunas indicadas y
adecuadas, otras indicadas, pero no adecuadas, lo que significa que, si bien el enfermo
precisaba recibir medicación contra el dolor, las dosis o las asociaciones de los fármacos no
fueron las correctas. También detectamos sedaciones no indicadas y no adecuadas y,
finalmente, sedación contraindicada, que quiere decir que no sólo el enfermo no precisa la
medicación, sino que ésta le pone en grave peligro de muerte.
-Hay quien interpreta que los enfermos estaban terminales y que los médicos del
Severo Ochoa no hicieron otra cosa que aliviar su sufrimiento.
-No se debe confundir. En Medicina Paliativa, la sedación es un instrumento valiosísimo con
el que contamos para aliviar el sufrimiento de los enfermos. Pero, para aplicarla, es necesario
cumplir unos requisitos éticos. En primer lugar, hace falta el consentimiento del enfermo, si es
competente y está consciente, y si no de sus familiares. Además, también hacen falta unos
requisitos técnicos.
-¿Cuáles son estas condiciones para sedar a un enfermo terminal?
-En primer lugar, para sedar el enfermo tiene que presentar un síntoma refractario, que es el
síntoma que no se puede aliviar por medio de un tratamiento convencional. Estos síntomas
pueden ser disnea [grave dificultad respiratoria], delirio, ansiedad extrema o dolor. Si no existe
ninguno de estos signos, la sedación no está indicada. El segundo requisito es que la sedación
hay que realizarla atendiendo al principio de la dosis mínima eficaz. Se trata de un proceso de
tanteo conocido por los médicos por el que se va aumentando la dosis poco a poco. Esto lleva
implícita una monitorización muy cercana y exhaustiva por parte del médico. Y en tercer lugar,
la sedación siempre tiene que estar abierta a la reversibilidad. Cuando se pide la autorización,
hay que dejar claro al enfermo que se puede morir en el proceso, pero debe ser reversible: hay
que emplear dosis bajas de unos fármacos que tienen una vida media en sangre corta y, si es
posible, que cuenten con un antídoto. Estos tres requisitos son indispensables, y toda sedación
que no los cumpla no se puede considerar correcta.
-¿Siempre se cumplen estas premisas en el tratamiento de los enfermos terminales?
-Se deben cumplir siempre, pero es que en este asunto, además, hay un problema de fondo.
Los futuros facultativos españoles deberían recibir una mejor formación en Medicina Paliativa
que la que se les da. En la actualidad, sólo hay dos facultades de Medicina en nuestro país,
que yo conozca, que tienen esta materia como asignatura: la de Cantabria y la de la
Universidad Autónoma de Madrid, que cuenta con la cátedra de Oncología y Cuidados
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Paliativos que yo mismo dirijo.
-A la vista de las conclusiones de los peritos judiciales, ¿cree que se puede hablar de
casos de eutanasia en las Urgencias del hospital de Leganés?
-No voy a contestar a esa cuestión, porque un médico no es nadie para juzgar las intenciones
de otro médico. Se puede valorar la técnica y las condiciones éticas, que es lo que hemos
hecho nosotros, pero no las intenciones, que quedan explicitadas a posteriori.
-Entonces, ¿qué es lo que cree que realmente sucedía en el Servicio de Urgencias?
-No lo sé, eso es precisamente lo que tiene que determinar ahora el juez.
-Tras conocer los resultados del informe, ¿cómo cree que será la sentencia?
-Lo desconozco, pero el informe del Colegio de Médicos sí ha dejado una cosa clara: los
pseudocorporativismos por motivos políticos sólo llevan a degradar al conjunto de la profesión
médica y la atención que se dispensa a los pacientes en el Hospital Severo Ochoa. Si lo que
queremos es dignificar nuestra profesión y a los profesionales de Leganés, lo que hay que
hacer es lo contrario, hay que esclarecer lo que sucedió en el Servicio de Urgencias.
-¿Cómo valora las declaraciones del ex jefe de Urgencias del hospital de Leganés, Luis
Montes, que ha asegurado que no se arrepiente de nada?
-Bueno, ¿qué va a decir? Yo eso no puedo valorarlo. A Luis Montes no lo conozco, no he
cruzado una palabra con él en mi vida, así que no puedo opinar. Si lo hiciera, estaría cayendo
en lo mismo que yo critico de los políticos.
(La Razón, 5 de junio de 2006)
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