Crisis carcelaria - Otra Mirada del Conflicto

Crisis carcelaria - Otra Mirada del Conflicto

Crisis carcelaria
Por: Rodrigo Uprimny
Una valiente y bien fundamentada tutela de la jueza 56 penal del circuito de
Bogotá puso el dedo en la llaga sobre la situación carcelaria del país, pues
concluyó que en la cárcel Modelo de Bogotá existía un “estado de cosas
inconstitucional” (ECI) y ordenó medidas fuertes para enfrentar la
situación, entre las cuales, que no se podía recibir en ese centro carcelario
más condenados o procesados.
La jueza, a partir de una solicitud de un interno, realizó una intensa labor probatoria y pidió
conceptos sobre el tema a la Defensoría, la Procuraduría, Los Andes y Dejusticia, todo lo
cual le permitió constatar las terribles condiciones de ese centro carcelario, que tiene un
cupo de 2.850 personas pero alberga 7.230. Este intolerable hacinamiento de 153% no fue
lo único que encontró; la jueza constató que los servicios de salud son precarios y las
condiciones sanitarias terribles, por lo cual hay riesgos de incendios y de epidemias; que
muchos internos tienen que dormir apiñados en los corredores, comer con las manos y lavar
sus platos en los orinales. Pero hay más; es posible que existan fosas comunes por
asesinatos cometidos por organizaciones criminales, por lo cual la jueza ordenó la
intervención de la Fiscalía.
La situación de la Modelo es crítica, pero no es única: otros centros penitenciarios, como
Bellavista o Villahermosa tienen hacinamientos peores. Y a nivel de todo el sistema
carcelario, la situación es grave; la capacidad es de 75.500 cupos pero alberga 115.000
internos; el nivel de hacinamiento es entonces hoy considerablemente más alto al que
existía en 1988, cuando la sentencia T-153 de ese año de la Corte Constitucional declaro el
ECI en todas las cárceles del país.
A pesar de la gravedad de la situación, el Gobierno no ha tomado las medidas necesarias
para enfrentarla. Es más, en cierta medida, la ha empeorado con algunas decisiones de
política criminal, como el impulso de la Ley de Seguridad Ciudadana que creó nuevos
delitos, agravó penas y limitó las posibilidades de libertades provisionales para muchos
crímenes. Como resultado, el número de personas privadas de la libertad aumentó en
35.000 desde 2010, mientras los cupos crecieron solo en 15.000, con lo cual el
hacinamiento pasó de 32% a 52%.
Muchos pensarán que estas horribles condiciones penitenciaras no deben preocuparnos
pues consideran que quien está en la cárcel es porque se lo merece. Y entonces que sufran.
O como dijo el entonces vicepresidente Francisco Santos, que se pudran en la cárcel. Pero
eso es injusto, pues un preso tiene su libertad personal suspendida pero conserva
plenamente su dignidad humana y por ello el Estado debe garantizarle condiciones dignas
de reclusión. Pero es además inconveniente para la sociedad pues ¿cómo puede tener
alguna capacidad resocializadora un sistema carcelario en esas terribles condiciones? ¿Por
qué entonces nos sorprendemos de las altas tasas de reincidencia? El Gobierno debe
entonces tomar medidas, y con urgencia, para enfrentar este drama carcelario.
El Espectador, 10 Enero 2013