DIARIO EL ANCASTI Catamarca - Editorial Cientifica

Transcripción

DIARIO EL ANCASTI ■Catamarca
AÑO 2006
I
Universidad Nacional de Catamarca – Secretaria de Ciencia y Tecnología
Editorial Científica Universitaria
ISBN: 978-987-661-139-8
EL ANCASTI ■ Catamarca
1-Editorial 04/01/06
EL FIN DE LOS BOLSONES
Puede ser el inicio de una gran cosa. Así lo necesita Catamarca, tan castigada
luego de décadas de dádivas y clientelismo político. Desde ayer, el Gobierno puso
en marcha el sistema de vales de compra que reemplaza a los tradicionales
bolsones alimentarios.
Si bien se trata de una primera etapa experimental, que tendrá como
“laboratorio” a la ciudad Capital con 16 mil beneficiarios, es de esperar que el
mecanismo cumpla con las expectativas de todos. No será fácil, porque, como lo
admitió la secretaria de Desarrollo Social, Marta Torres de Mansilla, la modalidad
implica un verdadero “cambio cultural”. Y no sólo entre los beneficiarios de la
asistencia social, que son las familias carenciadas, sino también en una clase
dirigente acostumbrada a hacer política con el hambre de la gente.
Así es, durante muchos años, el “bolsoneo” en Acción Social sirvió más que
todo para tener a los pobres como rehenes del poder político de turno. Con comida,
colchones, remedios y materiales de construcción se compraba la voluntad social
en tiempos de elecciones. La prueba de eso era la grosera aparición de camiones
cargados con bolsones -tal como quedó registrado en numerosos documentos
gráficos- en los búnker de los punteros barriales en las preliminares de una
contienda. Eran los “elementos persuasivos” para asegurarse el apoyo en las urnas.
Por eso, en muchos casos, además de la repartija previa, había también una
distribución de órdenes o autorizaciones de retiro de mercadería en los días
posteriores, como una forma de constatar si el respaldo con el voto había sido
efectivo.
De hecho, durante la gestión de Víctor Hugo Brandán en la ex Subsecretaría
de Acción Social, en el gobierno del hoy senador nacional Oscar Castillo, se
comprobó que el mayor gasto en las compras directas de asistencialismo se dio en
los meses electorales.
Pero además de comprar votos, los bolsones castillistas también fueron
usados para silenciar protestas sociales.
Ante cada piquete en la ruta o en la plaza principal, salía el funcionario
asistencialista de turno a atender el reclamo de dádivas para evitar que las
manifestaciones ensuciaran la imagen del Gobierno. Y así se fue creando una
dependencia nefasta, que en nada contribuyó a paliar la pobreza y el hambre. Por
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caso, fue durante esos años que en la provincia la cantidad de personas que vivían
bajo la línea de la pobreza trepó a casi el 60 por ciento de la población. Pero el
“trabajo social” no se limitó sólo a la entrega de comida y otros elementos, sino que
también abarcó la compra de dirigentes sociales con el presupuesto de la Provincia:
varios de los manifestantes que entonces prometían ser líderes sociales vendieron
su voz a cambio de un cargo público. Fue el caso del inquieto referente de los
desocupados, Luis Roldán, a quien Castillo terminó sumando al Gobierno y le dio la
misión de administrar los planes de empleo provinciales. Aunque eso le sirvió para
desactivar un molesto foco de protesta, no pudo mejorar en nada los índices de
desempleo. En el caso de los vales de compra, como ocurre con cada cambio de
modalidad, todavía existe un alto grado de desconocimiento e incertidumbre entre
la gente y también entre los comerciantes. De hecho, si bien se supo cuáles son los
mayoristas adheridos al sistema, todavía nada se conoce sobre los casi 140
comercios a los que los tenedores de los vales pueden acudir para comprar sus
alimentos y elementos básicos de higiene personal. Hecha la presentación oficial, se
entiende que el Gobierno saldrá ahora a dar toda la información que requiere la
gente.
AJUSTES AL SISTEMA DE VALES
Como sucede con cada cambio drástico, el reemplazo de los bolsones
alimentarios por los vales de compra en Capital, el distrito tomado como
experiencia piloto en esta primera etapa, está produciendo algunas controversias
entre los involucrados en el sistema. A las quejas de los beneficiarios contra los
comerciantes, a quienes acusan de recibirles los vales por un valor menor al que
corresponde y no de venderles determinados productos, ayer se sumaron los
segundos contra el Gobierno. En efecto, los comerciantes minoristas aseguran que
no tienen capacidad suficiente para vender determinados productos -especialmente
los frescos- y reponer stock al mismo tiempo por cuenta propia, ya que el Estado
recién les dará la plata de los vales al cabo de 7 días hábiles. Se trata, en ese caso
puntual, de un problema de respaldo financiero.
Pero, por otra parte, que el comercio minorista carezca de margen financiero
para hacer frente a la reposición de la mercadería es un problema que debería
haber tenido en cuenta antes de sumarse al sistema, empadronándose en el listado
de bocas de expendio que maneja la Secretaría de Desarrollo Social. Y eso tampoco
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les debería permitir que actúen especulativamente con la gente, tomándoles los
vales, por caso, con un 20 a un 25 por ciento por debajo del valor nominal, como
denunciaron algunos de los tenedores de los barrios periféricos que dijeron haber
sido víctimas de esta práctica usurera. Con esa pérdida, en la práctica, los
beneficiarios adquieren la misma cantidad o menos de mercadería que recibían
antes en los módulos alimentarios.
En defensa de su postura, los comerciantes alegan que corren con toda la
carga impositiva -en particular el IVA-, además de los gastos administrativos por el
mantenimiento de una cuenta específica en el Banco de la Nación.
Además, como el sistema prevé que los proveedores de los 140 pequeños
comerciantes en Capital son 14 mayoristas autorizados por Desarrollo Social -y no
los proveedores habituales-, las ganancias se las llevan solamente éstos, mientras
que ellos tienen a su cargo la mayor parte de los gastos del circuito. No obstante
todo, para que el sistema funcione bien resulta necesario que cada uno asuma su
responsabilidad: los beneficiarios deben denunciar ante el organismo provincial las
prácticas especulativas de los comerciantes, y éstos a su vez, si consideran que el
mecanismo les trae pérdidas, deben renunciar a aceptar los vales antes que
trasladar sus costos a la gente. Por su parte, la secretaría tiene que replantear el
circuito minoristas-mayoristas para que las cargas sean compartidas y evitar así las
maniobras usureras que sólo perjudican a las familias carenciadas objeto de la
acción social.
Y, finalmente, la Secretaría de Desarrollo Social también debería considerar
la alternativa de sumar al sistema de vales de compra a las grandes cadenas de
supermercados, las cuales, según se supo, quedaron afuera y tienen interés de
ingresar.
Si la intención es favorecer a las empresas locales y al pequeño comercio
periférico, el organismo podría establecer un cupo determinado para las
operaciones en los supermercados.
Porque, en definitiva, cuanta mayor circulación tengan los vales, mayor será
su grado de aceptación y el éxito del sistema. Si bien se entiende que, al margen del
beneficio social que implica la salida de los bolsones –estigmatizados por años por
la praxis clientelar de la mala política-, la Provincia también buscó oxigenar al
sector privado catamarqueño, el objetivo final sigue siendo el mismo: la gente de
escasos recursos que necesita la ayuda del Estado.
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TAMBIÉN SON ARGENTINOS
Muchos aspectos de la realidad parecen indicar, de un tiempo a esta parte,
que el individualismo terminará por triunfar ante los valores solidarios, y que la
búsqueda del progreso personal, a cualquier precio, surge como más atractiva que
la lucha por el bien común.
Sobran ejemplos de actitudes egoístas e inescrupulosas, de personas que no
sólo ignoran el dolor ajeno, sino que hasta encuentran en medio de un drama la
oportunidad de sacar provecho. Donaciones que se desvían, chapas que aumentan
de precio en plena inundación, y hasta velas que suben de valor ante un corte
prolongado de luz son pequeñas muestras que también se repiten a gran escala.
Fábricas que se disuelven sin importar la suerte de los operarios, pobres que sufren
hambre ante la indiferencia de la sociedad, sectores que en nombre de un pedido
de ayuda cortan una calle o puente y perjudican a otros trabajadores.
El último eslabón es el que ocupan aquellos que asumieron voluntariamente
la responsabilidad de administrar fondos públicos, y los utilizan en beneficio
personal. La cadena de desprecios que nace de la valoración exclusiva de las
propias necesidades y reclamos, condujo a numerosos fracasos colectivos, que
derivaron en un desencanto generalizado. La comunidadcomenzó a tener una mala
imagen de sí misma, y de ese modo se construyeron frases del estilo de “en este país
lo que no sirve es la gente”, o críticas indiscriminadas como “los políticos son
corruptos porque toda la sociedad es corrupta”.
Sin discutir el crecimiento de esta deformación de la vida comunitaria en
una carrera donde el prójimo ocupa un lugar irrelevante, es importante también
nombrar algunos episodios diferentes.
Romina Kessler es una joven santafesina de 25 años, que sufre un severo
problema oftalmológico. La situación es grave en cualquier persona, pero mucho
más para ella, que trabaja como maestra en Artes Visuales. Aunque fue tratada,
paulatinamente empeoró, y desde que recrudeció la enfermedad está encerrada en
su casa hasta que cae el sol, y con la aparición de la iluminación nocturna debe
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volver a recluirse. Llegó un momento en que sus únicas opciones eran la ceguera o
un costosa cirugía que se realiza en Cuba. Para viajar necesitaba 6.000 euros, una
verdadera fortuna para una familia trabajadora. Pero durante casi tres años,
amigos, familiares y vecinos, realizaron festivales, peñas, colectas, y reunieron el
dinero.
Cuando se completaron los trámites y la cuenta bancaria alcanzó la cifra
deseada, se decidió el viaje a la isla caribeña. En un último trámite, Jaime Kessler,
el padre de la joven, se dirigió a una sucursal del Nuevo Banco de Santa Fe y retiró
el dinero. Entonces se inició una pesadilla, ya que momentos después de salir de la
entidad, dos asaltantes le robaron todo. El giro emocionante del caso es que, al
difundirse la noticia, el impacto en la opinión pública fue tan grande que, en menos
de 48 horas, los santafesinos reunieron otros 6.000 euros para Romina. Muchas de
las personas que aportaron el dinero ni siquiera lo tenían, por lo que lo pidieron
prestado y lo donaron.
La operaciónconsiste en un implante de tejido adiposo orbitario en la parte
posterior de la retina, con lo cual se evitará el progreso de la enfermedad. Romina
Kessler y su familia creyeron por algunas horas que la oportunidad se había
perdido definitivamente. Lloró por su salud, por la inseguridad, por la
delincuencia, por lo enferma que estaba la sociedad. Evidentemente, no toda la
sociedad está enferma, y Romina viajó ayer hacia La Habana. Es cierto que en
Argentina hay personas inescrupulosas, desencanto general y signos que
preanuncian la victoria del individualismo. Pero quienes la ayudaron también son
argentinos, y mientras existan estos gestos habrá esperanzas de construir un país
mejor.
4-Editorial 7/01/06
EL DÉFICIT COMUNICACIONAL
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Por tercer día consecutivo, la secretaria de Desarrollo Social, Marta Torres
de Mansilla, siguió explicando ayer los aspectos elementales del nuevo sistema de
vales de compra que reemplaza al de los módulos alimentarios para las familias
carenciadas. Y es muy factible que deba seguir haciéndolo no pocas veces más,
porque la modalidad se puso en marcha con un enorme defecto de origen: el
desconocimiento previo de parte de los beneficiarios.
En verdad, cuesta creer que semejante modificación en el sistema de
asistencia social no haya sido precedida y sostenida por una fuerte campaña de
difusión explicativa, lo más amplia y clara posible, que responda los principales
interrogantes que hoy se plantean. En lugar de ello, el desembarco de los vales en
Capital -porque en el interior aún siguen los bolsones- apenas contó con algunos
partes de prensa de anuncio y una presentación oficial que fue más puertas adentro
que afuera del Gobierno.
Tanto en el ámbito público como en el privado, cualquier cambio radical de
un sistema viejo por uno nuevo con alcances masivos supone una estrategia de
comunicación. Se trata de la clásica comunicación institucional. Se aplicó por
ejemplo con la incursión, en 1994/95, de la jubilación basada en el esquema de
capitalización y hasta con modificaciones muy simples en la numeración telefónica.
Algo que, en el caso particular de los vales de compra, hubiera requerido un trabajo
nada arduo, pero sí profesional. No obstante, Desarrollo Social decidió cambiar de
un día para otro la vida de 16 mil personas de escasos recursos y ni siquiera les
acercó un instructivo: dónde retirar, dónde y cómo comprar y qué hacer en casos
de inconvenientes como lo que se suscitaron estos días, por citar sólo algunos de
los puntos en cuestión.
Si no fuera por la buena voluntad del periodismo -no todo, por cierto-, las
dudas y dificultades podrían ser peores.
Más aún, si hubiera que guiarse por la orfandad comunicacional que
caracteriza a la medida, habría que deducir que la intención oficial no es que tenga
éxito sino que fracase.
Sin ir más lejos, la secretaria Torres de Mansilla explicó ayer que sólo los
comercios minoristas están habilitados para operar con los vales de compra y no
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los mayoristas. Sin embargo, el organismo a su cargo no se ocupó de dar a conocer,
precisamente, cuáles son esos comercios autorizados y dónde están ubicados. Una
información básica. Pero el déficit comunicacional no parece ser un patrimonio
exclusivo de la Secretaría de Desarrollo Social, sino que se extiende al Gobierno
provincial en general. En efecto, al margen de sus ocasionales anuncios de entrega
de viviendas e inauguraciones de obras, la información que llega a los medios y por
ende a la gente- acerca de cuáles son las actividades de los organismos del Estado
es mínima e incompleta. Y la causa de ello no es la poca disponibilidad de recursos
humanos. Por el contrario, las oficinas de prensa están saturadas de empleados que
trabajan sin directivas claras y muchos de ellos ni siquiera conocen cuál es la
dinámica de los medios de comunicación. En suma, se trata de un problema de
fondo.
Por lo demás, sigue sonando a despropósito la medida por la cual los
mayoristas no pueden entrar en el circuito de operación con los vales de compra de
alimentos y artículos de perfumería. Si bien la idea es favorecer al pequeño
comerciante y a los empresarios del sector de origen provincial en una suerte de
aplicación de la Ley de Compre y Contrate Preferentemente Catamarqueño-, la
limitación en la circulación también afecta la capacidad de compra de los
beneficiarios. De hecho, así están muy limitados a la hora de comparar precios y
elegir los mejores productos de determinado rubro. En conclusión, como se señaló
anteriormente en este espacio, cuanta más amplia sea la circulación de los vales,
mayor será su aceptación.
UN GOLPE AL NEGOCIO DEL HAMBRE
Como si los años de cultura clientelar hubieran sido inocuos, los mercaderes
de la fe Pública magnifican las falencias del nuevo sistema de vales que ha
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empezado a implementarse en Desarrollo Social para reemplazar a la clásica y
redituable repartija de bolsones. Subrayan con especial saña el accionar
inescrupuloso de algunos usureros y el riesgo de que se forme un mercado negro de
estos nuevos bonos canjeables por comida, exigiendo, con repentino pudor
republicano, una perfección inmediata e imposible. Los catamarqueños han de
tener aún fresco en la memoria el recuerdo de los títulos públicos creados por el
Gobierno en la década del „90, que empezaron a circular con gran facilidad recién
una vez que se venció la resistencia inicial. Algo parecido ocurrirá, seguramente,
con los Vales Pro - Familia, si los comerciantes que trabajan con ellos pueden
cambiarlos sin problemas.
En cualquier caso, la práctica irá aceitándose con el tiempo y podrán
realizarse los ajustes pertinentes para resolver los inconvenientes que vayan
surgiendo.
Ningún sistema es inmune al fraude, y mucho menos en una provincia
donde la acción social fue excusa para que el Estado expidiera patentes de corso a
una fauna parásita compuesta por proveedores, distribuidores, punteros,
dirigentes, tramitadores y piqueteros, que montó un fabuloso y canalla negocio
sobre el hambre y la necesidad de los sectores más vulnerables de la sociedad.
Al amparo del andamiaje legal proporcionado por el gobierno de entonces,
la maquinaria enriqueció a un puñado de influyentes y proporcionó recursos al
insaciable y bulímico aparato de la política.
▲Fondos
Un rápido repaso por los presupuestos de la última década y sus respectivas
ejecuciones permite constatar que la crisis del modelo de la Convertibilidad eliminó
el crédito público y las contrataciones de obras como fuentes de financiamiento
espurio y focos atractivos para la corrupción alrededor del año 2000. Otros nichos
para hacer negocios con el tráfico de influencias habían sido las privatizaciones y
los diferimientos impositivos, ya a esa altura poco rentables.
La única caja que quedó en pie e incrementó recursos a partir de 2000 fue la
del asistencialismo, inevitable a raíz de la creciente pobreza e indigencia.
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La situación descripta explica por qué el poder de entonces puso tanto
empeño en perfeccionar el mecanismo de las compras directas para adquirir
alimentos, materiales de construcción y hasta juegos de ingenio, en detrimento de
las licitaciones y concursos de precios que, al menos en teoría, deben redundar en
costos menores y calidad superior. El círculo de los socios se cerró con el objetivo
de optimizar las ganancias económicas y electorales que sólo Acción Social estaba
en condiciones de dar. Lo prioritario era sacarle todo el jugo posible al único sector
que recibía fondos frescos, porque se había paralizado la obra pública, las chances
de acceder al crédito se habían esfumado, no se podía diferir impuestos y, fundido
el Banco de Catamarca, ya no quedaba nada por privatizar.
▲Ahora hay otra caja
Aunque continúe siendo importante, la caja principal ahora no es la de la
acción social sino la de la obra pública. Es en Obras Públicas dónde está la plata
grande y por eso el tema crucial es el de la “cartelización”, como en la gestión de
Oscar Castillo lo fueron las compras directas. Este solo hecho constituye una
diferencia objetiva abismal, eludida, sin embargo, por los detractores de los vales
de Desarrollo Social.
La “cartelización” espeja lo ocurrido entre 1999 y 2003 en la Subsecretaría
de Acción Social. El método es el mismo, se aplique a vender comida o a la
construcción de cárceles: los empresarios acuerdan para subir los precios en
detrimento del erario, en una puesta en escena de competencia para consumo de
los ilusos, consentida y hasta fomentada por el funcionariato. También existen allí
los influyentes que venden su línea directa con los despachos oficiales. Con el
nuevo sistema de asistencia social, que aún está en la etapa experimental,
difícilmente se conforme una red de proveedores como la que existía con las
compras directas, porque el titular del bono lo canjea directamente en los negocios
habilitados.
Será útil, en cambio, para investigar cuáles eran los extraños fenómenos que
provocaban el frenesí adquisitivo en las etapas electorales. Es cierto que el vale
podría cambiarse por dinero en lugar de por comida, incluso por un precio menor
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al de su valor nominal, pero si bien la especulación estará al acecho, no cuenta con
la protección legal que tenían los funcionarios de Acción Social para comprar en
forma directa sin freno alguno. El especulador tendrá poco espacio para las
explicaciones si se lo denuncia.
▲Problema cultural
Es por lo menos caprichoso exigirle a los vales que corten de raíz conductas
que integran el acervo cultural catamarqueño gracias a los gobiernos que hicieron
del clientelismo su sustento político prácticamente exclusivo. Entre los
imaginativos argumentos que se escucharon en contra de la nueva política social se
destaca el de que los beneficiarios podrían canjearlos por dinero para comprar
vino, cigarrillos, drogas o elementos suntuarios. Tal preocupación por la
problemática familiar y la decadencia de la moral y las buenas costumbres no tiene
en cuenta que los artículos que conformaban los bolsones se comercializaban.
Si no se recuerda un sólo operativo de las autoridades de Acción Social para
evitarlo es porque la especulativa conducta era fiel reflejo de la que seguían los
funcionarios, que acopiaban alimentos y materiales para distribuirlos a mansalva
durante las campañas electorales. El del clientelismo es un problema cuya
resolución no depende de la mecánica que se adopte para materializar la asistencia,
sino de cambios culturales muy profundos que deberían operarse en todos los
niveles sociales.
Años de práctica impune sedimentaron la certeza de que la vía más rápida y
segura para el ascenso económico pasa por la participación en negociados con
dineros públicos. La ausencia de sanciones a nivel judicial y administrativo tiene su
correlato en una actitud social tolerante con los desmanes, que, lejos de repudiarse,
a veces hasta se aplauden. Los vales son un paso adelante importante en pos de
desmontar el funesto negocio del hambre. Resta desterrar la cultura clientelar que
todavía asfixia conceptualmente a Catamarca.
El vale podría cambiarse por dinero en lugar de por comida, pero los
especuladores no cuentan con la protección legal que tenían los funcionarios de
Acción Social para comprar en forma directa. Es caprichoso exigirle a los vales que
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terminen con conductas arraigadas culturalmente gracias a los gobiernos que
hicieron del clientelismo su sustento político prácticamente exclusivo.
DESGRACIA CON RESPONSABLES IDENTIFICABLES
El denominado “canal de la muerte”, que recorre tierras de esta Capital,
Valle Viejo y Fray Mamerto Esquiú y que con reiterada crueldad siega vidas por lo
general infantiles, parece que será más útil rebautizarlo como “canal enjuiciador”
porque no hay duda de que ha sido un permanente, señalador de que la suerte de
los catamarqueños -de los más marginados- parece destinada a no cambiar jamás,
incluso en cuestiones tan básicas como la de la conservación de la vida.
Tantas han sido las desgracias -ya se cuentan por decenas-, que las notas
editoriales de EL ANCASTI sobre tales sucesos podrían constituir un libro entero
sobre todo si se les agregara la información ofrecida en otras secciones del Diario
sobre sus mismos hechos. Los casos parecen calcados: un niño rara vez mayor de 5
años se acerca al fatídico canal a cielo abierto y sin valla protectora alguna y cae al
agua y después es recatado sin vida. Siempre el dolor muerde a familias humildes.
Siempre las inocentes víctimas han quedado sin momentáneo cuidado de personas
adultas. Siempre concurren la policía y la ambulancia, ambos sólo para corroborar
la realidad de la tragedia. Siempre las voces que condenan a ese canal abierto que
las autoridades provinciales y municipales nunca ponen fuera del alcance de los
niños, a pesar de unas promesas que en su momento parecen tener la misma
sinceridad de las lágrimas de los acongojados padres, pero que con el tiempo se
evaporan y crean las condiciones para que este fúnebre “movimiento perpetuo”,
como dirían los músicos, no se interrumpa y continúe enlutando corazones
humildes que ya no saben cómo conmover a quienes deben garantizar el bien
común de los gobernados.
XII
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El lunes se ha vuelto a reproducir la tragedia. Un catamarqueñito de apenas
un año y medio murió ahogado en la zona de Polcos, después de haber caído en la
corriente del canal. Esta vez, quien lo cuidaba en ausencia de sus padres se distrajo
el tiempo suficiente como para que este nuevo “elegido” de la indiferencia estatal
recorriera la corta distancia que separa su casa del canal y fuera arrastrado por el
agua, de este modo convertida en asesina también por la misma displicencia de los
gobernantes.
El escenario probablemente se mantendrá intacto, como puede deducirse de
lo manifestado por una vecina de los inconsolables padres. “Esto es como vivir con
la muerte delante de nosotros; el canal pasa frente a las casas y no hay ni una
zaranda”. Y, en consecuencia, no será gratuito acto masoquista esperar un próximo
zarpazo de un curso de agua destinado para dar vida, pero condenado a implacable
ejecutor de un designio criminal que no parece dispuesto a terminar con lo que
algún supersticioso pudiere considerar maldición incontenible. El nombre de
“canal de la muerte” ya ha perdido su poder estremecedor. Como a toda metáfora,
el uso le ha limado el filo que tiene lo novedoso, hasta quitarle casi del todo su
enorme carga semántica que en otro tiempo tal vez haya desvelado a los
funcionarios sensibles, pero lamentablemente, no en la medida necesaria como
para impulsarlos a resolver un problema que debería figurar en los primeros
lugares del listado de las urgencias de la provincia.
Tal vez la denominación de “canal enjuiciador” tenga mejor suerte, debido a
su innegable dirección acusadora, a su alusión a responsables, al hecho de que no
se limita a presentar una situación, porque va más lejos al sugerir que no hay aquí
fatalidad inatajable ni fenómeno natural como es un terremoto o una granizada,
sino permisión humana y hasta intervención, por omisión, de quienes deben velar
por la seguridad de todos.
El lector podría encontrar otras formas de nombrar a este canal, más
eficaces para acentuar el carácter indemorable de los trabajos que deben hacerse
para liberarlo de su condición amenazante y mortífera. Ha de haber, desde el
lenguaje, alguna forma de despertar a los que duermen un sueño en verdad
infanticida.
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CALAMIDADES SOCIALES
Días pasados, este diario publicó un pormenorizado informe del Ministerio
de Salud de la Nación sobre Catamarca. Allí se incluían notorias calamidades
sociales que seguramente muchos las conocen, pero muy pocos quieren verlas.
Desde miles y miles de ciudadanos que no tienen cobertura social alguna hasta
cantidades muy importantes de personas analfabetas, la cruda realidad debería ser
abordada convenientemente por las distintas áreas de gobierno para ir remediando
tantas y tantas angustias ciudadanas. Por ejemplo, uno de los datos más
significativos de la publicación indica que la provincia es líder absoluta en lo que
respecta a las madres menores de 15 años. En ninguna parte del NOA y del país se
da este espeluznante registro, que señala con meridiana claridad que no hay
educación sexual y que niñas sin una mínima maduración deben asumir la terrible
responsabilidad de ser madres.
¿Pueden saber acaso lo que significa ser madres a esa edad? El tema tiene
que ver con muchas cosas que, lo repetimos, algunos sectores de la sociedad
parecen no querer ver o apreciar en su real dimensión. Aparte de la educación y la
ausencia de controles responsables de la natalidad, se suman la pobreza y la
indigencia que día a día lanzan más criaturas al sórdido mundo de las calles, donde
se conforman grupos cada vez más numerosos de precoces mendigos, aprendices
de delincuentes, niñas que se prostituyen por monedas, etc. Mientras ello ocurre,
las instituciones de la sociedad y los organismos gubernamentales es muy poco lo
que hacen para conjurar tan dramáticas situaciones. Se podrá argüir que los
problemas son estructurales y de fondo, es cierto, pero siempre habrá algo que se
pueda hacer en términos de prevención, menos cruzarse de manos y dejarse ganar
por la impotencia.
El reciente crimen de la niñita María Romina es un ejemplo patético de lo
anteriormente referido. Con apenas 13 años, en una de las edades más tiernas de la
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vida, tiene una historia que espanta y que debería llenar de remordimientos a toda
la sociedad. Pero no: si hasta en la investigación del hecho algunos funcionarios se
esmeran en colocar a la adolescente en un submundo terrible, para desde allí tratar
de explicar como normal que pueda ocurrir una muerte. No es así señores: acá lo
único que interesa es que le quitaron la vida a una hija de la calle, a una niña que
recorría los tiempos de la inocencia, que era "un cascabelito" que reclamaba afecto
a los gritos, tal como lo explica en una carta que se publica en esta misma edición
una docente que proclama que la va extrañar. A estos funcionarios también les
debería remorder la conciencia y tratar de dilucidar lo más rápidamente posible un
caso que no debe ser enterrado por el olvido. Debe ser el símbolo de las
calamidades que hablamos más arriba y que se estampan en el informe del
Ministerio de Salud.
La corrupción en la función pública en la Argentina sigue siendo todo un
tema. Lo peor es que no se detiene y también afecta a Catamarca, conforme lo
afirma otro informe de tipo estadístico, en este caso que fuera elevado por el fiscal
federal general al procurador general de la Nación, doctor Esteban Righi. El mismo
da cuenta que en los últimos tres años se han triplicado los requerimientos de
elevación a juicio en todas las materias federales en por lo menos tres provincias:
Santiago del Estero, Catamarca y Tucumán.
En lo que atañe a la nuestra, se indica que hay un crecimiento del 140% de
las denuncias por distintos motivos, la mayoría de las cuales afectan el patrimonio
del Estado. ¿Qué tal?
NO SOLO JUSTOS Y RESPETUOSOS
En una comunidad solidaria no debería necesitarse una catástrofe para que
esa virtud se manifieste. Debería percibirse todos los días y en cuanto espacio
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hubiese una necesidad a la espera de alguna mano generosa. Pero esa mínima
solidaridad que es la justicia y el respeto al prójimo, sobre todo si este prójimo
pertenece a la extensa área de los menos pudientes, no debería faltar incluso en los
grupos humanos menos proclives a preocuparse por los demás.
Las numerosas alusiones que se oyen o se leen sobre comerciantes que,
según se afirma, se aprovechan de la fragilidad de la situación de quienes hacen sus
compras con vales “Pro-Familia” sugiere que Catamarca no es todo lo solidaria que
suele creerse, ni tampoco lo justa y respetuosa que pudiese esperarse.
Como el lector sabe, estos vales reemplazan a aquellos bolsones alimentarios
distribuidos por el Gobierno local y que eran causa de descontento por el proceder
de la intermediación entre Desarrollo Social y los beneficiarios. También se conoce
que el nuevo sistema de vales -se aplica sólo en esta Capital- tiende a permitir que
los destinatarios efectúen sus compras directamente dentro de un listado de
artículos que se consideran esenciales y que los comercios adheridos deben
respetar tanto como los compradores. El malestar de los asistidos por el área social
del Gobierno está motivado por el escamoteo de las condiciones exigidas por el
sistema. Hay quejas porque se registran casos en que a los compradores se les exige
pagar una mitad con dinero efectivo y la otra con vales. Otros no reconocen el valor
total de cada vale y por ello encarecen la mercadería cuando el cliente se dispone a
efectuar el pago. Un tercer grupo de comercios no mantiene el precio de sus
“ofertas”, sino que los eleva cuando se paga con vales. Prueba de que las
irregularidades no son infundios es el hecho de que la Dirección de Autogestión
Alimentaria insta a los afectados a formalizar sus denuncias ante sus oficinas y les
advierte que deben defender el poder de compra íntegro de sus vales y velar para
que las responsabilidades se cumplan a rajatabla tanto entre los comerciantes como
entre los poseedores de vales.
Al mismo tiempo, el organismo oficial ha hecho saber que están previstas
sanciones para los comerciantes minoristas que no se ajusten a las cláusulas
establecidas. Podrán ser apercibidos y hasta dados de baja del sistema. Más
novedoso resulta el dato de que los comerciantes tienen obligaciones que no se
reducen a las de las ventas. El programa social del que son parte importante les fija
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deberes como el de asistir a encuentros periódicos en que se analizará la marcha de
la experiencia y se adoptarán las modificaciones que surjan como necesarias o
convenientes. Desde luego, los beneficiarios tienen que ser fieles a las condiciones
impuestas. No convertirse en cómplices de ninguna maniobra especulativa, ni
proponer
procedimientos
que
impliquen
transgresiones.
Las
autoridades
recuerdan a los asistidos que son ellos los principales defensores de la nueva
modalidad de socorro Social concebida para beneficiarlos. En esta versión se busca
dignificarlos mediante la generación de alternativas tales como la de comprar
donde les resulte más conveniente y de adquirir las marcas que prefieran.
Es mejor pensar que las anomalías registradas hasta ahora son más
producto de la novedad del programa de vales que de un comportamiento
antisocial deliberado y oportunista. Los catamarqueños no están exentos de
limitaciones éticas, pero la conciencia colectiva condena todo abuso que se comete,
y doblemente si la víctima es un comprovinciano que necesariamente debe recurrir
a la asistencia alimentaria o de otra índole departe del Estado. El programa de vales
“Pro-Familia” debería confirmar la creencia de que los catamarqueños no son sólo
justos y respetuosos, sino, además, solidarios.
EL ANCASTI ■Catamarca
UNA BRECHA PELIGROSA
Si fuese verdad que más que la exigüidad de los ingresos lo verdaderamente
explosivo es la pronunciada diferencia entre lo que perciben los que más ganan y lo
que reciben los de recursos más bajos, habría que concluir que en la Argentina cada
vez se está peor, esto es, más próximos al peligro de un reventón social. Porque se
ha vuelto a ampliar la brecha entre lo que ganan los más ricos y los más pobres,
según informa “Clarín” de ayer sobre la base de los datos difundidos por el INDEC.
XVII
ISBN: 978-987-661-139-8
El organismo nacional de las estadísticas reveló el miércoles que, en el tercer
Trimestre del año pasado, el 10 por ciento más rico de la población total del país
tuvo ingresos 31 veces superiores al 10%más pobre. La nota del diario porteño
observa que la peligrosa zanja ha vuelto a ampliarse y que en el lapso que va de
fines de 2001 al segundo trimestre de 2005 esa distancia se había ubicado entre 25
y 30 veces. El INDEC añade que la situación no varía si se toman en consideración
el 20% de los más ricos y el 20% de los menos favorecidos: la brecha es
actualmente de 15,3 veces, mientras que en los últimos cuatro años osciló entre 12 y
14 veces. La tendencia que se insinúa es preocupante según se ve cuando se analiza
lo ocurrido en los últimos años. Las cifras oficiales marcan que la distribución de
los ingresos empeoró en los 90, se agudizó durante la crisis de 2001 y 2002; y se
amplificó con oscilaciones en la última medición: ahora el 20% de la población se
queda con el 53,6% y el 80% restante con el 46,4%.
La explicación del fenómeno de la inequitativa distribución de la riqueza
señala que una de las causas fundamentales es el hecho de que los ingresos de los
sectores rentistas, profesionales, patrones y un sector de los empleados en blanco
tuvieron una significativa mejora en sus ingresos; en cambio las franjas más pobres
se mantuvieron con sus ingresos estancados o tuvieron un aumento menor que el
de los otros sectores. También la misma fuente ofrece otras referencias que
prueban que los más pobres -desocupados, empleados en negro, cuentapropistas
informales o beneficiarios de planes sociales- bajaron otro escalón, en tanto que el
20% favorecido acrecentó su participación, del 51,6% al 53,6%. Lo que irrita a los
pobres -han sostenido los especialistas- es el espectáculo provocativo que hace
visible la situación en que viven los sectores de la cumbre de la pirámide. Las
diferencias les resultan insultantes, sobre todo porque el malestar incluye la
imposibilidad de acceder a los bienes y servicios esenciales, en incontables casos.
Para muchísimos compatriotas, la canasta mínima, calculada en algo más de 800
pesos –es el valor actual- ha de parecer un sueño imposible, por más que esa
canasta sea el umbral debajo del cual está la pobreza y, además, sus escalones ya
sumergidos en el abismo de la indigencia.
XVIII
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No puede desconocerse que se revirtió la crisis y que la economía se
agrandó, según anota “Clarín”. Pero, por lo visto, habría que ser mesurados en el
optimismo por estos indicadores. En especial, porque no se ven estrategias
dirigidas a disminuir las diferencias entre los que se llevan la mayor parte de la
riqueza común y los que se quedan apenas con migajas. La teoría del “derrame” que
proclamaba Cavallo y que prometía que la copa nacional se colmaría hasta dejar
caer su contenido sobre los menos pudientes ya no puede tener creyentes. El
desborde de la imaginada copa no desciende hasta el llano y humedece sólo los
labios de los que nunca se sacian.
COMO UNA VENGANZA
Más de un futurólogo anunció que el primer mundo desarrollado desarrollado, debe advertirse, en gran medida gracias a la explotación de los otros
mundos achatados del planeta- tendrá que afrontar alguna vez la venganza de los
pueblos que oprimieron. Los menos fantasiosos imaginaron que esa venganza
llegaría cuando la desesperación de sus víctimas se convierta en incontenible
amenaza contra su seguridad. Cuando ya no les sea posible disfrutar de un botín
amasado durante siglos.
El sombrío pronóstico ha comenzado a cumplirse, a juzgar por la
información periodística que da cuenta de que ciertas enfermedades consideradas
típicas de la pobreza se están propagando entre las naciones privilegiadas a través
de transfusiones sanguíneas y trasplantes de órganos, sangre y órganos de origen
latinoamericano. La noticia enfatiza que son tantos los originarios de las antiguas y
no antiguas colonias europeas y no sólo europeas que se han radicado en aquellas
exclusivas metrópolis del mundo, que constituyen verdaderos caballos de Troya de
donde ya han empezado a salir los agentes de destrucción hasta ahora ocultos.
Una de estas enfermedades es la denominada Mal de Chagas, surgida en
Latinoamérica y de sobra conocida por los catamarqueños. Como recuerda “Clarín”
del miércoles, “la forma más frecuente de infección del Chagas en la Argentina se
produce cuando una vinchuca infectada pica e inmediatamente defeca; así, el
insecto deposita en la piel de la persona picada los parásitos Tripanosoma cruzi,
XIX
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que entran en la sangre y puede llevar a desencadenar cardiopatías”. También
indica la nota periodística que “otros mecanismos de transmisión son la
transfusión de sangre de personas infectadas y por accidentes de laboratorios de
investigación o durante cirugías”.
La aparición de la enfermedad en los Estados Unidos ha provocado gran
inquietud. Sin sistemas de detección, el Chagas, que es un “mal escondido”, se ha
estado extendiendo entre la población estadounidense y, probablemente, también
en los otros países primermundistas. Ya en circulación, la enfermedad se ha
convertido en mal añadido, que podrá controlarse pero que no podría eliminarse
del todo en el estado actual de la ciencia médica.
En dos hospitales de Los Ángeles, California, se identificó, en febrero, a dos
personas afectadas por Chagas, que contrajeron la infección por recibir la donación
de corazones con el parásito, consigna la información. Añade que se calcula que
aproximadamente medio millón de personas afectadas viven en los Estados
Unidos, y que desde 1989, paneles de asesores de la Administración de Drogas y
Alimentos vienen recomendando que la sangre donada sea testeada para Chagas,
pero que ningún test fue aprobado aún.
La inquietud se ha instalado también en otros puntos del Primer Mundo. En
Francia se desconoce el número de infectados porque el test de la sangre no se hace
y porque hay muchos ilegales. Como medida precautoria, el Parlamento Europeo
adoptó una disposición que excluye como donante de sangre a todas aquellas
personas que hayan estado en Sudamérica más de tres meses. En España están
recomendadas las pruebas para Chagas en donantes que procedan de
Latinoamérica o que hubieran permanecido un tiempo. Recién ahora el Mal de
Chagas está siendo estudiado, pese a que la enfermedad ha sido descripta en 1909.
Desde luego, no hay en los latinoamericanos ninguna intención de venganza,
aunque sí una conciencia cada vez más clara de las verdaderas razones por las que
coexisten mundos tan distintos como son el llamado Primero y los otros dominados
por la miseria y en no pocos casos por la desesperanza. Menos podría hablarse de
caballos de Troya y de búsqueda de daño indiscriminado en un campo tan sagrado
como el de la salud y la vida de los pueblos. Pero las predicciones existen y su
cumplimiento parece consumarse.
XX
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POBREZA SIN PERDÓN
Cuando la pobreza no puede achacarse a la carencia de recursos naturales,
ha de entenderse que no tiene perdón, que no autoriza ninguna resignación, que no
debiera permitir otra inquietud que la de exterminarla, que debería convertir a
todos en miembros de una milicia imposible de contener.
Cuando la pobreza ocurre en medio de la abundancia de la naturaleza, ya no
queda lugar para la comprensión. En esta situación, ya no hay inocentes y menos
entre los que gobiernan y los que hablan de refundar la provincia según proyectos
que nunca se concretan o, lo que es peor, que ni siquiera se diseñan. Ni los hay
entre los que a la hora de erigir con su voto a quienes deben asegurar la felicidad
común, insisten en encumbrar a los mismos que consolidaron este presente de
tanta hambre, de tanta desprotección, de tanta exclusión, de tanta intemperie, de
tanta inseguridad, de tanto mal ejemplo.
Que Catamarca es pobre -que los catamarqueños son pobres, más
exactamente- no es secreto para nadie. Los hijos de esta tierra lo tienen asumido
tanto como a su nombre y apellido. Pero no siempre tienen conciencia de hasta qué
grado lo son. Y hasta qué punto esta pobreza es un despojo. Ni menos el tamaño de
su responsabilidad en esta realidad inadmisible. Ni lo que podrían haber sido si no
hubieran tolerado la cadena de complicidades que hicieron posible esta pobreza
que ya tiene contaminado también el futuro de las generaciones jóvenes de hoy.
La pobreza aquí ya no puede negarse con el argumento de que es fantasma
que gusta menear la oposición política o los masoquistas, que pululan por todas
partes y en todo tiempo o a los órganos perceptivos deformados, supuestamente
incapaces de reconocer cuánto se ha modificado, para bien, la suerte de las
mayorías en los últimos decenios.
El discurso triunfalista no puede, ahora, mantenerse con tan endebles
razones. El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) ha emitido su
verdad, una vez más. Y ella revela que Catamarca sigue anclada en su elevado
índice de estrechez económica. Al informar sobre el nuevo dictamen del INDEC, EL
ANCASTI de ayer señala que “con el 48,4 por ciento de su población sin poder
acceder al mínimo de alimentación y servicios, Catamarca ocupa el cuarto lugar
entre los conglomerados urbanos con mayor índice de pobreza: solamente tienen
indicadores más críticos en este aspecto Resistencia (55,6%), Corrientes (51,7%) y
Palpalá- Jujuy (48,9%).
Se apunta, además, que “el nivel de pobreza catamarqueño está 17 puntos
porcentuales por encima de la media nacional, que es del 31,4 por ciento. Y 2,6
XXI
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puntos por sobre la media de la región noroeste, que es del 45,8%”. Detalla, luego,
que Catamarca está entre las más pobres de la región noroeste, sólo superada por
Jujuy, y que debajo de ella se ubican Tucumán (47,9%), Salta (45,7%), Santiago del
Estero (45,6%) y La Rioja (28%).
Un dato que para los catamarqueños resultará particularmente indicador de
su postración es el que da cuenta de que La Rioja está ubicada en el puesto 17 del
ranking de la miseria, en tanto Catamarca se halla en el cuarto lugar. Parece
innecesario observar que ese ranking pone a la cabeza a la jurisdicción más
indigente y en orden decreciente a los que le siguen en tan lastimoso rubro.
Podría servir de consuelo el hecho de que hay provincias -pocas, pero hayen peor situación que Catamarca. Pero la circunstancia de que aquí la gran minería
es floreciente, de que la actividad agroindustrial también lo es, y de que el nivel de
escolaridad de la población es igualmente significativo no deja lugar a conformidad
alguna.
La pobreza de Catamarca no es castigo divino, ni fruto de la Fatalidad, ni
producto histórico irreversible. Es creación, conservación y agudización colectiva,
pero responsabilidad primera de sus dirigentes de todo género.
CONFIRMACIÓN DEL INFIERNO
El discurso preelectoral oficialista ya ha comenzado a exaltar, con el
voluntarismo acostumbrado en estas circunstancias, la recuperación económica,
supuestamente indicadora de la recomposición general de un país que había
llegado a la postración extrema.
Y, en verdad, se tiene ahora la impresión de estar a sideral distancia de la
crisis política y económica de 2002, según algunos gracias al acierto de la gestión
actualmente gobernante, y, según otros, por el proceso económico mundial.
Con todo, hasta los opositores más enconados reconocen las diferencias
entre estos días y aquéllos del abandono de la convertibilidad, del denostado
“corralito” y de la no menos traumática devaluación del peso.
XXII
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Sin embargo, la desmesura de los mensajes propagandísticos es
interrumpida de cuando en cuando por ráfagas incontenibles de la realidad. Como
ocurre cada vez que el INDEC da a conocer sus periódicos informes acerca de la
situación social del país. El organismo de las estadísticas y censos ha tenido que
afrontar más de una vez presiones gubernamentales para que se modifiquen
criterios evaluadores y, de esa manera, las revelaciones resulten menos adversas. A
pesar de tales cuestionamientos, el INDEC sigue aportando datos que permiten
matizar la información de otras fuentes noticiosas.
El último de esos informes demuestra que la pobreza está lejos de que se
pueda considerar mal en franca superación. Con este agravante: en el marco del
crecimiento económico registrado, resulta menos comprensible que las carencias
de lo esencial tengan la significación que tienen hoy entre amplísimos sectores de la
población.
De acuerdo con lo difundido por el INDEC, casi el 30% de la población vive
con menos de 2 dólares por día, o menos de 60 dólares por mes. De ese total, casi 4
millones sólo pueden gastar menos de un dólar diario. Aquel 30% -hay que
destacarlo- no es cualquier porcentaje, representa unos 11 millones de compatriotas
sumidos en la más dolorosa lucha diaria por la subsistencia.
Los datos están proyectados a todo el país y corresponden al total de la
población, activa o inactiva, según el ingreso “per cápita” familiar que tuvieron en
el segundo trimestre de 2006, de acuerdo con lo que detalla una nota de “Clarín”
del domingo en que se comenta el informe del INDEC.
Añade, la nota periodística, que las cifras oficiales dicen que el 10% de la
población -3,8 millones de personas- puede gastar menos de 92 pesos por mes o
3,06 por día; que el 20% dispone de menos de 150 pesos mensuales ó 5 diarios; y
que el 30% puede gastar menos de 200 pesos al mes ó 6,66 diarios (que equivalen a
2,13 dólares).
El artículo de “Clarín” apunta, además, que estudios del Banco Mundial fijan
en 2 dólares por día la línea internacional para definir a la población pobre. Y un
dólar para determina la pobreza extrema.
Aunque el INDEC no lo explicita, puede inferirse que entre los que viven con
menos de dos dólares diarios hay adultos, jóvenes o niños de familias de
desocupados, beneficiarios de planes sociales, buena parte de los asalariados en
negro, cuentapropistas informales y subocupados, y también una porción de
trabajadores en blanco que cobran sueldos muy bajos.
XXIII
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Y con respecto a sueldos bajos, el INDEC consigna que el 30% de la
población ocupada gana menos de 450 pesos por mes (145 dólares), y que una
familia de 4 personas debería tener ingresos de al menos 750 pesos mensuales para
superar la línea de los dos dólares diarios.
Cuando el presidente Kirchner insiste en afirmar que todavía no se ha salido
del infierno, seguramente se refiere a los millones de argentinos para quienes no se
ha operado todavía ninguna transformación. Habría que desear que no olvide que
el denunciado infierno no tendrá fin, sino que podría extenderse, si se sigue
demorando la más justa distribución de la riqueza.
ESTAMPAS DE LA CRISIS
Si, como dice la archisabida sentencia, “… Dios atiende en Buenos Aires”,
queriendo significar que para abrir los grifos para melgas de cualquier género hay
que acudir a donde mora el dispensador de todas las providencias, esto es, el centro
del poder político nacional, no es menos cierto que, en el territorio de la provincia,
Dios resuelve desde el sillón de Avellaneda y Tula, donde impera el que tiene las
llaves y hasta el que deben llegar los necesitados del interior catamarqueño, que
sufren angustias ignoradas a menudo por quienes deben al menos atenuarlas.
Los comprovincianos del departamento Santa Rosa -en particular los de las
localidades de Los Altos, Manantiales y Alijilán- sin duda conocen esa verdad que
entraña el abecé del federalismo interno, pero es probable que ese conocimiento
sea directamente proporcional al escepticismo con respecto a las soluciones.
En su estado de depresión no advierten indicios de que lleguen hasta ellos
medidas gubernamentales que autoricen alguna esperanza. Han de estar
convencidos de que desde sus localidades no pueden partir las políticas salvadoras
y habrán llegado a la conclusión de que las posibilidades municipales y las de quien
los representa en el Senado de la provincia ya están agotadas y que, en
consecuencia, no queda otra alternativa que endurecerse para soportar cuanto exija
su destino por lo visto adverso.
Y en este punto aparece ese estado de ánimo invulnerable a toda confianza
en un futuro mejor, que, lejos de aportar algún elemento alentador, consolida la
resignación y cierra la puerta a toda capacidad modificadora. El interior de la
XXIV
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provincia sabe muchísimo de esta realidad y el lector de cualquier punto más o
menos alejado de la Capital podría describir ese desierto del alma forjado por
decenios de desilusión y frustración. Debe entenderse que ésta es la crisis peor, la
verdadera caries que compromete el progreso de las comunidades olvidadas.
El mal llega a su expresión más alta cuando, como en el caso que motiva
estas líneas, se juntan la depresión comunitaria con la indiferencia, derivada del
desconocimiento de los organismos que deben procurar la eliminación de esos
bolsones de subdesarrollo.
Y parece que puede hablarse, en esta oportunidad, de desconocimiento, pues
un estudio efectuado por el área de Desarrollo Social en la zona indicada dejó al
descubierto datos que sorprendieron al propio Gobierno, pues no estaba al tanto de
lo que el relevamiento mostró descarnadamente.
Ese estudio de iniciativa oficial abarcó 45 hogares y 329 entrevistas
personales. Resultó que el 91% de las personas padece por necesidades básicas
insatisfechas. De un total de 320 personas, 198 no superan la edad de 18 años. El
nivel educativo de los jefes de hogar es bajo, pues de 39 de ellos que asistieron a la
escuela, la mitad no fue más allá del tercer grado. La desocupación, el subempleo y
la precariedad laboral son realidad fuertemente saliente. La población
económicamente activa llega a 122 personas, pero un 67% no tiene empleo y el
ingreso por hogar es bajo: el 41% de los 45 encuestados gana menos de 150 pesos.
La pobreza también se manifiesta en el hecho de que las viviendas son precarias en
un 63% y además, en el dato de que el 87% de los hogares es beneficiario de algún
programa social.
No es necesario hacer referencia a la totalidad de las situaciones que
imponen las deprimidas especificaciones del relevamiento oficial. El trabajo
infantil, la fragilidad frente a la manipulación electoralista, y el sentimiento de
impotencia que no genera organizaciones comunitarias que trabajen para mejorar
la suerte y para requerir que el Gobierno asuma sus responsabilidades, entre otras.
No puede dejar de extrañar que se haya permitido que una zona
agroganadera otrora pujante se haya hundido hasta alcanzar la profundidad de
hoy. El departamento Santa Rosa -esto lo sabe hasta el menos informado en
geografía catamarqueña- se ha caracterizado por una importante producción
citrícola, tabacalera, forrajera y hortícola que, unida a una importante ganadería,
garantizaba significativos índices de producción.
Si Santa Rosa está como está -podría preguntarse-, qué podría esperarse de
tantas otras zonas de la provincia menos dotadas de recursos naturales.
XXV
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Seguramente, la investigación hecha en Santa Rosa será bueno que se haga en toda
la provincia. Será mejor enterarse de verdades amargas, que seguir aturdiéndose
con impresiones reconfortantes pero injustificadas.
LO QUE MATA ES LA DESIGUALDAD
Si se quisiese vivir en la placentera idea de que en la Argentina todo anda
cada vez mejor, bastaría con limitarse a los informes oficiales, según los cuales lo
bueno siempre es mayoría y lo malo que resta, si existiera, es cosa que está en
proceso de superación.
Pero cuando se prefiere la verdad, nunca absolutamente complaciente como
se sabe, no queda otro camino que atenerse a las estadísticas, en las que aparece la
situación tal como es, con una desnudez que permite abrigar –valga la paradojainquietudes justificadas y satisfacciones igualmente legítimas.
Puestos en este segundo camino, sale al paso un estudio de las Naciones
Unidas –más precisamente de su Programa para el Desarrollo (PNUD)-, según el
cual la Argentina descendió dos lugares en el ranking de desarrollo humano. Del
puesto 34 en que figuraba en el informe del año pasado pasó al 36 en el de este año,
aunque debe advertirse que el informe de 2005 se hizo con datos de 2001,
anteriores a la crisis, y el de 2006, con realidades de 2003.
El índice de desarrollo humano –debe tenerse en cuenta- se calcula sobre la
base de la expectativa de vida, la educación y los ingresos. Pero quienes hacen la
medición también toman en consideración otros rubros, como los servicios de que
se dispone y el nivel tecnológico.
Con respecto a la expectativa de vida al nacer, el estudio del PNUD señala
que aquí es 74,6 años, tres menos que Noruega. La tasa de alfabetización en adultos
es de 97,2% casi como en España, donde llega al 98%. El poder de compra del PBI
es de 13.298 dólares per cápita, rubro en el que el país avanzó diez lugares.
Pese a ese último dato, el mismo informe indica que unos ocho millones de
argentinos no acceden al agua por red pública y 12 millones no tienen inodoro o
contaminan napas freáticas.
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Asimismo, destaca que la crisis mundial del agua no se origina en una
escasez, sino en la pobreza, en la desigualdad, en relaciones asimétricas de poder y
en la gestión inapropiada del recurso. Detalla que en la Argentina, la cobertura
nacional promedio de agua es del 78,4 por ciento, mientras que en Misiones esa
cobertura sólo es del 59,3 por ciento.
También la desigualdad se manifiesta en los datos sobre desagües cloacales.
Alcanza en el país al 42,5% de la población, mientras que en Santiago del Estero
apenas llega al 13,9% y en la Capital se eleva al 94,8%.
Un coordinador residente de la ONU en la Argentina declaró a “La Nación”
que “en la Capital (Federal) uno puede tener un índice de desarrollo humano
comparable al de Italia o Bélgica, pero si uno va a Formosa o a Misiones la
situación es más parecida a algunas regiones de África”.
En verdad, la situación, en materia de desigualdad, es más grave, pues hasta
en los propios centros de desarrollo más elevado pueden localizarse bolsones de
pobreza e indigencia, y en los lugares de reconocido subdesarrollo existen grupos
sociales con nivel de vida próximo al de una sociedad de primer mundo.
El informe es preocupante cuando alude a los índices de pobreza. Señala que
han aumentado, que el siete por ciento vive con menos de un dólar diario y que el
23 por ciento lo hace con menos de dos.
Pero, con todas las adversidades que se han apuntado, puede afirmarse –el
estudio del PNUD lo autoriza- que la Argentina sigue ubicada en primer lugar entre
las naciones de la región. Por ejemplo, en el gasto público en salud. Equivale aquí al
4,3 por ciento del PBI, y si bien es cierto que Colombia es la mejor ubicada en este
rubro, con el 6,4 por ciento, no hay nación en América Latina que supere la
cantidad per cápita que destina la Argentina en la atención sanitaria, pública y
privada: 1.067 dólares.
El informe pone de relieve una frustración que los catamarqueños están en
condiciones de reconocer. En la “experiencia fallida” que tuvo el país con la
privatización del servicio de agua. Subraya, en este punto, la responsabilidad del
Estado en garantizar el acceso al recurso: fija una meta: garantizar al menos 20
litros de agua por cada habitante y prestar el servicio gratuitamente a quienes no
pueden pagarla.
En nivel tecnológico, el estudio revela que en el país cada mil habitantes hay
227 líneas telefónicas, 352 teléfonos móviles y 133 usuarios de Internet.
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El país mejora, pero puede inferirse que su mayor deuda es la relacionada
con el nivel de desigualdad entre las regiones y entre los sectores. Se ha
demostrado que el factor mayor de malestar social es, precisamente, la
desigualdad.
TAL VEZ NO SÓLO SANTA ROSA
La lectura de un informe elaborado sobre el departamento Santa Rosa por
organizaciones vecinales y organismos oficiales deja la impresión de que ese sector
de la provincia vive al margen de toda planificación -y esto desde hace muchísimo-.
Y de que la desigualdad social, el irracional uso de la tierra, las consecuencias
nocivas de medidas que debieran haber tenido derivaciones beneficiosas, la
lamentable calidad de los servicios públicos, el éxodo permanente de la juventud, la
agresión al medio ambiente natural, la carencia de una educación conectada con la
producción agropecuaria, y todo lo que esta situación provoca en la población
convierten al departamento en núcleo humano destinado a sufrir todas las secuelas
del abandono y de la agudización de todos los males.
Así se comprende la verdad del párrafo en que el informe describe el cuadro
social del departamento y que es un rosario de calamidades que incluye la pobreza
generalizada en la comunidad, pequeños productores cada vez más pobres, la
deserción escolar, el analfabetismo, la ignorancia, la imposibilidad de los jóvenes
de acceder a los niveles educativos superiores, el embarazo precoz, el alcoholismo,
la drogadicción, el suicidio y la violencia familiar.
No es Santa Rosa una jurisdicción catamarqueña que no tenga recursos
naturales. El problema es su explotación irracional que se manifiesta en la
deforestación sin regulación alguna, ni por parte del Estado provincial ni de
organismos locales. Se destruyen la flora y la fauna autóctona y ya el cambio
climático ha disminuido las lluvias e incrementado los vientos. Hay riesgo de
desertificación y también de inundaciones, por falta de bosques que contengan el
desborde de las aguas.
Además, el productor santarroseño carece del marco de una política
productiva estatal y obra en soledad en las diferentes etapas del proceso
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productivo. Por otra parte, el informe apunta que las inversiones de los programas
de promoción no han generado el efecto multiplicador que se esperaba, por lo que
debe estimarse que en Santa Rosa “hay crecimiento pero no desarrollo”. Se añade
que, “por la polarización estructural del desarrollo productivo, hay muy pocos que
tienen mucho y muchos que no tienen prácticamente nada para su desarrollo
personal y empresarial”. Siempre en relación con las desigualdades, el documento
alude a los propietarios locales de tierras, que se ven obligados a venderlas por no
poder ponerlas en producción porque las políticas promotoras están destinadas a
los inversores foráneos y no contemplan al productor nativo. Al respecto, aporta un
detalle por demás patético, cuando observa que esos desalentados propietarios del
lugar no sólo no pueden evitar la venta de sus propiedades, sino que, además, se
ven condenados a convertirse en obreros rurales que deben trabajar en tierra ajena.
Pero, asimismo, el informe registra un déficit cultural de efectos sin duda
negativos. Es el que privilegia “las cuestiones hereditarias y de apellido” sobre la
actividad productiva. Esto se ve, según los autores del documento, en la
distribución del agua de riego, pues el sistema de riego vigente no se compadece
con el sistema productivo general.
Sería interesante –necesario, además- saber si un diagnóstico que se hiciera
sobre los demás departamentos de la provincia sería sustancialmente diferente del
de Santa Rosa. Si en esas otras áreas del mapa catamarqueño no existen parecida
ausencia del Estado en materia de planificación y desarrollo. Y si tampoco existen
para ellas las políticas de racionalización de la producción, la devastación del medio
ambiente natural, las insuficiencias de los servicios públicos, los resabios feudales
vinculados con la propiedad de la tierra y con la distribución del agua de riego, la
desigualdad social y la pobreza y el desaliento que tan fuertemente se perciben en
Santa Rosa.
Queda la sensación de que tal vez las diferencias no sean tan profundas y
que el diagnóstico que se ha comentado sea, quizá, una radiografía de considerable
parte del territorio provincial.
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ACTIVIDAD QUE MERECE RECONOCIMIENTO
En tiempos de la última dictadura militar se acuñó aquella famosa frase
dirigida a los padres de familia, a quienes se preguntaba si sabían qué estaban
haciendo sus hijos en ese momento. La intención del mensaje era advertir a los
progenitores sobre la posibilidad de que sus vástagos estuviesen desarrollando
actividades subversivas, para decirlo con el lenguaje del momento. De alguna
manera, también el Gobierno autoritario buscaba afirmar la idea de que los jóvenes
eran peligrosos y, de paso, generar adhesión al arsenal de medidas preventivas y
represivas que se llevaban a cabo en todos los ámbitos en que los jóvenes actuaban.
Por esta razón aquella pregunta quedó en la memoria enmarcada en la
detestable atmósfera de esos oscuros años. Pero liberada de ese contexto, la
pregunta no hace sino recordar el elemental deber paterno de conocer
verdaderamente a sus hijos, no sólo para intervenir oportunamente en situaciones
de necesaria presencia, sino también en ocasiones en que los hijos merecen aliento
en acciones de bien común que tal vez son bien conocidas o bien comprendidas por
sus padres.
Aquí en la ciudad de San Fernando del Valle, por ejemplo, hay 170
adolescentes cuyos padres no deberían alarmarse si se les hiciese aquella
mortificante pregunta de los años 70. Porque estos jóvenes, varones y mujeres,
trabajan en el programa Adolescencia e Integración Social (PAIS) destinado a
favorecer la integración social y a la superación de problemas y hábitos de los
adolescentes de familias vulnerables. Para lograr esos propósitos, se les brinda la
posibilidad de desarrollar sus capacidades para el trabajo, el estudio y la
colaboración con otras organizaciones sociales.
El pais es un programa impulsado desde la Nación y canalizado por la
Secretaría de Salud y Promoción Social de la Municipalidad de la Capital. Según se
ha informado, en 2006 un total de 180 chicos se capacitaron en albañilería,
plomería, electricidad, peluquería y computación. 12 de estos adolescentes
iniciaron emprendimientos productivos en electricidad y plomería, con lo que
obtienen ingresos económicos y se insertan en la cultura del trabajo. Asimismo, 74
jóvenes fueron alfabetizados, 35 pudieron salir de la prostitución, 100 se
reintegraron en la educación formal, 45 pudieron abandonar la droga, 55
superaron el alcoholismo, 4 fueron tratados por violación, 78 recibieron atención
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por violencia familiar, 62 por delincuencia juvenil, 3 por intento de suicidio y uno
por autoflagelación.
El programa viene cumpliéndose desde 2004, y de acuerdo con las
manifestaciones de sus animadores, los progresos alcanzados son
significativamente alentadores, por lo que las expectativas se multiplican y también
las energías de quienes trabajan con un grupo social que merece todo el apoyo
posible.
Debe anotarse que uno de los logros de esta experiencia es el deseo de
colaborar a favor de otros, que se suscita en quienes participan en el Programa. Así,
quienes aprenden a leer ayudan a los que están empezando a hacerlo y esto mismo
ocurre en las otras actividades. Por otra parte, también hay espacio para lo
placentero. Y esto se ha visto en oportunidad de la celebración del Día del Niño,
cuando los integrantes del Programa agasajaron a los pequeños que asisten a los
Centros de Cuidados Infantiles. Los adolescentes del PAIS presentaron, entonces,
música folklórica y danzas nativas que también ofrecieron a los ancianos del Hogar
Fray Mamerto Esquiú.
Reconforta saber que hay quienes trabajan por los adolescentes de hogares
en situación socioeconómica deprimida. Se trata de un segmento social
particularmente asediado por la amenaza que constituyen las adicciones, la
violencia, el suicidio y la delincuencia. Lo que se hace por ellos se hace en realidad,
por la sociedad entera. Y esto debiera ser reconocido por todos.
LUZ ROJA CONTRA EL SUICIDIO
El suicidio parece haber dejado de ser en Catamarca un asunto de exclusivo
interés teórico. La frecuencia de los casos registrados en los últimos años, la
circunstancia de que golpea tanto a jóvenes como a adultos, el hecho de que
aparece en los más diversos puntos de la geografía provincial, aunque se observan
llamativas concentraciones en algunos de ellos; todo ello incide para que el suicidio
sea problema que no pueda verse como ajeno a la responsabilidad general y
especialmente de quienes gobiernan. Es también, por ello, un problema político,
tanto porque entre las causas que lo provocan suelen tener relevancia la postración
económico-social y la carencia de perspectivas, como porque se trata de un
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problema que no puede quedar sin abordaje, esto es, sin análisis y sin estrategias
dirigidas a contenerlo y dificultar su proliferación.
El suicidio aquí es realidad crudísima, azota a familias concretas, expulsa a
jóvenes en quienes se esperaría un arraigo a la vida indestructible, y a mayores que
no hallan otra forma de liberarse de sus problemas más hondos. Y éste es uno de
los aspectos que más estremece: cunde la idea de que la autoeliminación es la
mejor manera de resolver los conflictos. Y tan extraviada creencia suele
encontrarse en manifestaciones de adolescentes que revelan que la misma palabra
“suicidio” no tiene ya la resonancia trágica que espeluznaba a sus pares del pasado.
Sin duda, en la actitud suicida laten “materiales” de variada naturaleza. Los
hay de carácter económico, físico, afectivo, mental y, según algunos, hasta
genéticos. También concepciones que debilitan la conciencia del valor de cada vida.
En Tinogasta, la preocupación por el suicidio ha tenido expresiones por
demás objetivas. Vecinos de distintos sectores de ese departamento cortaron por
unas horas la ruta nacional 60, a la altura de El Alto de Copacabana, para hacer
pública la inquietud derivada de la desaparición de tres jóvenes que se quitaron la
vida en el transcurso de un brevísimo tiempo. La noticia indica que los
manifestantes, bajo un sol ardiente, quemaron cubiertas, interrumpieron el paso
valiéndose de troncos dispuestos transversalmente sobre la ruta y exhibieron
pancartas en que, además de exteriorizar dolor por los tres jóvenes muertos,
responsabilizaban a las autoridades y a los políticos por la situación que, según
ellos, genera la conducta suicida.
Las pancartas reclamaban “salud para todos”, condenaban “la indiferencia”
y demandaban “una vida mejor”. Una de las manifestantes declaró que “acá no tan
sólo los chicos necesitan ayuda profesional, nosotros, como padres, también, para
poder ayudar a los jóvenes”. La madre de uno de los muertos conmovió al confiar
que “esta mañana vino gente y nos agredió porque nos hacía culpables a nosotros
como padres”. Y agregó que “pedimos ayuda para que los chicos estén ocupados,
estudiando, haciendo deportes, nada más”.
También hubo referencias específicas contra el Gobierno de la Provincia,
porque -así se dijo- “no nos escucharon cuando pedimos un psicólogo para
Copacabana”. Lo que quieren es profesionales “serios”, que no repitan errores
anteriores. No debería ofender a nadie la reacción tinogasteña. Si bien es cierto que
los factores que llevan a alguien al suicidio no son todos pasibles de “solución”
estatal, también es verdad que hay un amplio trabajo posible que debería movilizar
al conjunto de la sociedad. La Iglesia, la escuela, la Municipalidad, el sector
profesional, la dirigencia en su conjunto y, desde luego, las familias y los jóvenes y
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las estructuras gubernamentales superiores deberían tener claro su papel y cómo
cumplirlo de modo eficaz, esto es, con idoneidad y persistencia.
La luz roja contra un mal que alguien incluyó entre los signos de la crisis
pluridimensional de estos tiempos -la tendencia a la autodestrucción- se encendió
en Tinogasta pero habría que decir que en toda la provincia, porque duele a lo largo
y ancho de Catamarca.
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DIARIO EL ANCASTI ■Catamarca
AÑO 2007
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1- Editorial 22/01/07
DERECHO A PREGUNTAR
Catamarca dedicará este año más de 55 millones de pesos del Presupuesto
provincial a mantener su Legislatura. La Cámara de Diputados recibirá 28,8
millones y la Cámara de Senadores 26,8 millones, muchísimo más dinero que el
año anterior, cuando ambas cámaras juntas disponían en total de poco más de 35
millones.
Considerando que las cifras del 2006 ya eran más que inquietantes (fueron 19
millones para Diputados y 16 millones para el Senado), y que a esos números se les
añadieron nada menos que 20 millones de pesos, cualquier ciudadano tiene
derecho preguntarse, entre otras cosas, por el destino de semejante fortuna.
¿Es la Legislatura una estructura tan magnífica como para justificar un gasto
superior a un millón de pesos por semana?
¿Es la vida de un legislador tan sacrificada y su trabajo tan arduo como para
merecer remuneraciones tan superiores a las de cualquier otro trabajador?
Si se analizara en términos objetivos la relación costo-beneficio entre el gasto de los
señores legisladores y su aporte a la provincia, ¿es posible que no se llegue a una
ecuación satisfactoria para los intereses de la comunidad?
¿Podría suceder que los gastos de la Legislatura se inflen premeditadamente
para que ciertos legisladores destinen parte del dinero a hacer campañas
proselitistas?
¿Es posible que algún legislador, hipotéticamente interesado en preservar su
banca, destine dinero público a la concreción de aportes que presenta como favores
personales?
¿Puede que con el exceso presupuestario se habilite el nombramiento de
amigos y familiares que no realizan tarea alguna?
¿Podría la Legislatura funcionar con menos dinero? ¿Con un millón menos,
por ejemplo? ¿Con 10 millones menos? ¿Con 20 millones menos, como el año
pasado?
¿Con la mitad de lo asignado?
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¿Puede un ciudadano cualquiera sentir que se está desperdiciando el dinero
del pueblo, cuando más del 50 por ciento de los catamarqueños viven en situación
de pobreza o indigencia?
Los legisladores de Catamarca, con la honrosa excepción de una ínfima
minoría, goza de la vida sin detenerse siquiera a meditar en el alto honor que
representa la posibilidad de debatir y sancionar las leyes. No conocen los temas que
tratan ni pierden tiempo en buscar soluciones para la comunidad.
No suelen ser personas con preocupaciones mundanas. A saber, su año laboral
empieza en mayo y en julio se toman un mes de descanso. Luego vuelven a la
actividad hasta noviembre, para encarar luego algunas sesiones extraordinarias y
retomar el letargo en diciembre que se extiende en enero, febrero, marzo y abril.
No es precisamente un ritmo febril de producción. No se les controla asistencia.
Faltan a las pocas sesiones que hay, porque se suspenden si no hay quórum, si no
quieren que haya quórum, si no les gusta el proyecto, si no les conviene que se
apruebe, si se pelean o se amigan o se los mandan. Siempre surgen diferencias, a
menos que se analice algún posible aumento en sus propias dietas.
Podría decirse que nada hacen, pero sería injusto, porque lo que hacen es
cobrar, y muy bien. También gastan dinero, en una provincia pobre y marginada
como la nuestra: gastan proporcionalmente mucho más que sus pares en cualquier
otro
distrito
del
país.
Con 41 diputados y 16 senadores, el Poder Legislativo de Catamarca es el segundo
más caro de Argentina en relación con los habitantes que tiene la provincia, como
lo detalló un reciente informe publicado por el matutino porteño La Nación, que
comparó el presupuesto de todas las legislaturas provinciales.
El parlamento local le cuesta a cada catamarqueño más de 160 pesos anuales,
una cifra sólo superada en Tierra del Fuego, donde el gasto alcanza el pico de 219,5
pesos por fueguino. Pero el índice del caso sureño es engañoso, porque no obedece
tanto a los grandes insumos de la Legislatura como a la escasísima población. Un
mejor parámetro es ofrecido por el promedio del país, que es de 51,5 pesos por
habitante: Catamarca lo triplica.
Esta provincia duplicó su gasto legislativo solo 6 años, y los últimos
incrementos parecen vincularse directamente con el año electoral y la persistencia
de las prácticas de clientelismo político, como la contratación de personas por el
exclusivo y gracioso hecho de que seguramente votarán “correctamente” para
mantener su flamante empleo.
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Para defender el valor supremo de las instituciones republicanas, del ejercicio
democrático y la importancia de que exista un espacio para que los representantes
del pueblo debatan y legislen no se necesita tanto dinero.
Por eso queda el derecho a preguntarse, ¿quién confirió a los legisladores
tantos y tan caros privilegios? ¿Por qué hay que mantener a tanto señor que decidió
vivir sin trabajar? ¿No sienten al menos un poco de vergüenza? ¿No podrían, en
compensación, tomarse su función como algo más de seriedad?.
EN CONSTANTE RETROCESO
El 20 de noviembre de 1959, al oficializarse la Declaración Universal de los
Derechos del Niño, se estableció que "el niño debe ser protegido contra toda forma
de abandono, crueldad y explotación... No deberá permitirse al niño trabajar antes
de una edad mínima adecuada; en ningún caso se le dedicará ni se le permitirá que
se dedique a ocupación o empleo alguno que pueda perjudicar su salud o su
educación o impedir su desarrollo físico, mental o moral".
Aunque transcurrieron casi cinco décadas desde aquella proclama, y en teoría
todos están de acuerdo con la consigna, el presente desnuda una terrible situación:
la erradicación del trabajo infantil se parece cada vez más a una utopía.
Sin llegar a extremos espantosos como la explotación sexual de niños y niñas –que
también existe-, o a los adultos que empujan y alientan a los chicos a delinquir -una
práctica más que frecuente-, los pequeños obligados a trabajar están incorporados
a los cuadros cotidianos, y Catamarca no es ajena a esta realidad.
Las estadísticas marcan una gran diferencia, porque a nivel internacional son
apabullantes, y en el ámbito provincial están prácticamente ausentes: nadie
controla fehacientemente ni sabe a ciencia cierta cuántos menores trabajan en
suelo catamarqueño.
El año pasado se organizaron algunos encuentros y reuniones para tratar la
problemática, pero aunque la mayoría de las iniciativas estuvieron impulsadas por
nobles fines, sus participantes apenas si lograron confirmar su propia debilidad: si
la situación cambió, fue para peor.
En algunas zonas del interior, el trabajo infantil es asumido con preocupante
naturalidad. Un recorrido por varias decenas de escuelas permitiría corroborar que
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los índices de asistencia se disparan en épocas de cosecha y los alumnos pierden
totalmente el rumbo educativo cuando retornan a clases.
Se trata de trabajos de gran esfuerzo físico, que a veces se extienden al
preparado de la tierra, las siembras y el mantenimiento de grandes extensiones de
cultivos.
En la ciudad, el panorama es igualmente dramático, aunque mucho más visible:
aquí los niños cumplen diversas actividades, entre ellas, ventas de alimentos y de
pequeños artículos de consumo, limpieza de calzado, lavado de parabrisas,
reparación de neumáticos, recolección de basura, cartones y trapos, mendicidad,
transporte de objetos, etc. Deben hacer frente a los peligros que entraña el propio
trabajo y al entorno donde lo realizan, por ejemplo, el tráfico, el humo de los
escapes, la exposición a la inseguridad, el acoso de mayores y la violencia.
Los chicos que son obligados a vender o mendigar en las calles, además de
sufrir por la explotación y el sometimiento, enfrentan a cada paso gestos de
rechazo, desprecio o agresividad, por lo cual crecen desarrollando un resentimiento
que difícilmente puedan corregirse más adelante.
Muchos niños y niñas se dedican también al servicio doméstico: los buscan en
sus hogares pobres con la promesa de cuidado, sólo para contar con servidumbre
barata, pero son los niños trabajadores menos visibles y resulta difícil realizar
estudios sobre su situación y analizarlos
Estos hechos se multiplican porque el niño es siempre mano de obra menos
costosa que un adulto, no conoce sus derechos, no reclama, no se queja y no puede
defenderse: no ofrece resistencia porque no sabe cómo, y aunque supiera no podría
hacerlo.
Por estas mismas razones, la explotación laboral infantil es un delito de
inmensa crueldad, aunque para más de una familia rural, por ejemplo, es natural
que los hijos trabajen. Muchas veces consideran que la pobreza y el trabajo manual
es parte de su destino y hasta consideran que trabajando desde niño se aprenderá
mejor la tarea y más preparado se estará para ganarse el sustento, probablemente
porque ellos hicieron lo mismo.
Pero es un círculo vicioso sin fin: la pobreza genera trabajo infantil que impide
la educación y la falta de educación deriva en más generaciones de pobres.
Si una sociedad es incapaz de defender a sus niños, entonces no es capaz de nada y
las consecuencias del trabajo infantil son tan graves que no admiten más omisiones
cómodas.
XXXVIII
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Someter a un niño con cargas que no se corresponden con su edad equivale a
arruinarle su niñez, un bien irrecuperable, y permitir que este flagelo avance como
está avanzando, es también un crimen.
NO UN MAL INVENCIBLE
Desde luego, la inseguridad que padecen los vecinos de la ciudad no existe
sólo porque el ministro político de la provincia haya reconocido su existencia. Pero
no hay duda de que tal reconocimiento de parte del máximo responsable del área
despeja cualquier hipotético intento de minimizar la gravedad de la escalada
delictiva.
El ministro de Gobierno, Raúl Cippitelli, sin embargo, atribuyó el fenómeno a
diversas causas ajenas a los organismos encargados de la seguridad pública, lo que
podría sugerir que se está ante un fenómeno inevitable que hay que soportar como
costo de estos tiempos de generalizado extravío moral y violencia.
Según el pensamiento oficial, en considerable medida el incremento de los
delitos contra la propiedad se debe a que estos días son tiempo de receso estival en
que muchas familias se ausentan de sus viviendas y ello multiplica el campo de
acción para quienes están a la espera de la oportunidad para la apropiación de lo
ajeno. En la misma dirección se señala que los lugares de concentración turística
demandan mayor presencia policial, que no puede satisfacerse sin la reubicación de
los uniformados.
Esto, naturalmente, debilita la prevención en la Ciudad.
Asimismo, el ministro Cippitelli destaca que el carácter violento que se ve en
tantos casos proviene de dos circunstancias igualmente ajenas a la institución
policial: el consumo de drogas y el hecho de que aumenta la presencia de
delincuentes foráneos, habituados a métodos violentos rara vez usados por los
malvivientes lugareños. “Aquí hay un plus, un adicional que es la presencia de
gente foránea que viene a Catamarca desde grandes conglomerados urbanos, que
está en la delincuencia y que está acostumbrada a actuar en ambientes distintos de
los nuestros”, señaló el funcionario.
Si la exposición del ministro Cippitelli se hubiese limitado a lo aludido, la
conclusión, para el ciudadano del llano, no podría resultar más desalentadora. No
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quedaría más remedio que deplorar el verano, y la circunstancia de que Catamarca
es parte de una nación asolada por la inseguridad, repudiar la drogadicción y
lamentar el derecho constitucional que habilita a todos para circular libremente por
el territorio del país. Pero, además, absorber la observación ministerial que
recuerda que la seguridad también depende de la participación ciudadana y no sólo
de la acción policial.
Pero, por suerte, el Ministro hizo otras referencias de las que pueden extraerse
inferencias más reconfortantes. Como la que indica que dio instrucciones para que
las exigencias adicionales del verano no dejen desguarnecida a la Ciudad. Como la
información de que el Jefe de la Policía “está tomando las decisiones para que la
inseguridad pueda controlarse totalmente”. Y como la otra que da cuenta de que se
están incorporando “con buen ritmo” nuevos efectivos policiales.
También el titular de la cartera de la que dependen las fuerzas del orden de la
provincia ponderó el crecimiento de la Ciudad operado a partir de 2003 –más de
60 mil habitantes- y la extensión del radio urbano en ese período, para graficar el
esfuerzo que se ha hecho para ajustar la capacidad policial a ese proceso.
Con todo, se admite que aún no se ha logrado afrontar con éxito lo que es una
de las preocupaciones más agudas de los catamarqueños capitalinos. Se han
multiplicado los recursos destinados al rubro, se ha incrementado la dotación
policial, se han adquirido vehículos y otros elementos que modernizaron la fuerza y
existe la intención de intensificar la lucha contra un mal que, según el Ministro, “es
el problema número uno junto con la pobreza”. Pero hasta hoy no ha sido suficiente
y no hay duda de que habrá numerosas situaciones “externas” que explican la
inseguridad y su innegable crecimiento, lo que –esto parece más que probable- no
deja de revelar que hay insuficiencias de diverso género en el organismo destinado
a garantizar la seguridad pública y que estas impotencias deben superarse cuanto
antes.
EL HAMBRE INFANTIL
Los responsables de la administración de los fondos públicos, en todos los
niveles gubernamentales, reconocen que la época actual es una de las mejores de
los últimos tiempos. La flaqueza presupuestaria y la escasez de recursos quedaron
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momentáneamente atrás, y desde ministros hasta los intendentes, pasando por
secretarios y directores, todos saben que hay dinero suficiente como para invertir y
proyectar a una escala impensada un lustro atrás.
Con fondos nacionales o provinciales, se inauguran barrios sin cesar, se
renuevan equipos, se lanzan planes y se encaran obras y megaobras –todo ello,
enhorabuena- por toda la provincia. Los gastos previstos son sustancialmente
superiores a los del ejercicio anterior. Aquellos días en que altos funcionarios
debían viajar una y otra vez a Buenos Aires para dilucidar mes a mes cuándo
podrían pagarse los sueldos, quedaron en el baúl de los recuerdos: hoy ya no se
discute de dónde obtener recursos sino cómo gastar el dinero que ingresa, por
ejemplo, a través de la explotación minera.
Este período, si bien no puede considerarse de prosperidad plena, muestra
una clara situación de bonanza en relación con el pasado más cercano, pero
perduran algunos números que obligan a poner los pies sobre la tierra, como los
elevadísimos índices de pobreza e indigencia, que incluyen a más de la mitad de la
población.
En las estadísticas, estos números negativos suelen perder peso ante las millonarias
discusiones y los anuncios que sugieren un crecimiento a toda marcha. La idea de
que nunca podrá erradicarse totalmente la pobreza, se instaló con tanta fuerza que
el hecho de que millares de familias vivan con necesidades básicas insatisfechas se
acepta con normalidad.
Por esta razón, los números de la marginación y la exclusión social pierden
impacto en la opinión pública, que los asimila como un detalle menor de una
realidad que se encamina positivamente.
Sin embargo, la traducción de esas cifras desemboca en situaciones
dramáticas, que por otra parte arrastran a consecuencias de extrema gravedad. Es
el caso de la cantidad de niños catamarqueños que no se alimentan correctamente,
y tienen problemas de malnutrición o desnutrición, al extremo de necesitar de
ayuda oficial para comer.
No se trata de uno o dos casos aislados, allá en algún pueblo perdido entre los
cerros. Según las cifras oficiales, que suelen ser menores a las reales –no por
alteraciones intencionales sino por lógicos problemas de relevamiento- unos 3.700
pequeños de entre 6 meses y 6 años de vida no pueden ser correctamente
alimentados por sus familias.
La notable cifra preocupa aún más si se considera que al implementarse este
programa sólo requerían ayuda 2.500 chicos, y el padrón de necesitados crece a
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medida que llegan nuevos informes de los distintos centros de salud de la
Provincia, que muchas veces se demoran por las dificultades que imponen la
distancia y los escollos geográficos.
Atender estos casos es importante, pero solucionarlos es imperativo. Mientras
familias catamarqueñas dependan de la recepción de una caja oficial para
alimentar a sus niños, no podrá decirse que la situación es buena.
Lo que los números muestran es que en Catamarca hay niños con hambre. Y
las secuelas que deja el hambre, en especial en los dos primeros años de vida son en
muchos casos, irreversibles. Se advierten en la estatura, con las nuevas
generaciones de "petisos sociales" como los bautizó el lenguaje médico y científico.
El hambre y la desnutrición también dejan su huella profunda en el cerebro, en la
capacidad intelectual, en la concentración y en la adaptación a la escuela y a sus
exigencias.
La desnutrición infantil es a la vez causa y consecuencia, porque empieza antes del
nacimiento con la desnutrición de la madre, casi siempre en hogares muy pobres, y
los efectos son devastadores.
Este enemigo del que se habla se llama pobreza, y sus víctimas no residen en
las cuentas fiscales: tienen un rostro humano que torna absolutamente prioritaria
la búsqueda de una salida, aunque lo más frecuente es que se tienda a esconder y
minimizar esta cara de la sociedad.
5- Editorial19/01/07
EL DESAFÍO INMEDIATO
El fin de la convertibilidad, con su ficticia paridad entre pesos y dólares, los
desgobiernos y la recesión que llevaron al estallido social en diciembre de 2001,
sumergieron a la Argentina en una de las peores crisis económicas que se
recuerden, y Catamarca fue una de las provincias más golpeadas por esa realidad.
Inundada, como tantos otros distritos, por bonos que simbolizaban dinero y no
servían ni siquiera para pagar los servicios (papeles rescatados luego por la
Nación), con una alarmante escasez de oferta laboral y una comunidad sepultada
en sus propias deudas, varias familias cayeron en un abismo.
Se multiplicaron los comedores comunitarios y las ollas populares en todos los
barrios, el mapa de la ciudad se deformó con decenas de asentamientos ilegales,
XLII
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creció la inseguridad, aumentaron la deserción escolar y los episodios de violencia
en los hogares, y hasta se improvisaron clubes de trueque, donde se llegaron a
cambiar paquetes de fideos por prendas de vestir usadas.
El cuadro era dramático y la asistencia oficial –que ni siquiera en aquellos
momentos extremos estuvo libre de manipulaciones proselitistas- se tornó vital
para la subsistencia de miles de comprovincianos. Como suele ocurrir, hubo gestos
solidarios conmovedores y también quienes encontraron el resquicio para lucrar
con
la
situación.
Lentamente, de manera gradual y progresiva, el país comenzó a reordenarse y las
cuentas fiscales cambiaron su rumbo hacia un horizonte más sereno, por una serie
de circunstancias y acciones que convergieron favorablemente.
La macroeconomía nacional ofreció un lustro después innegables signos de
recuperación, y hoy atraviesa un período donde existen buenos recursos, las arcas
fiscales ya no están flacas, y los indicadores dejan margen para el optimismo.
Sin embargo, existen cuentas pendientes, asignaturas que no se lograron resolver, y
se vinculan precisamente con el aspecto más delicado de la realidad: el social.
Aunque los técnicos describan parábolas ascendentes en la recaudación impositiva,
aunque la coparticipación suba, aparezcan recursos mineros y crezcan varios
sectores productivos, todavía existe un amplio sector de la población que no puede
salir de la miseria.
Un reciente estudio del Instituto de Estudios y Formación de la Central de
Trabajadores Argentinos (CTA) indica que Catamarca tiene el 51,4% de su
población bajo los niveles de pobreza y el más del 20% bajo niveles de indigencia.
Según este sondeo, en la Argentina hay 15,5 millones de pobres y 5,6 millones de
indigentes, un 22 por ciento más de las cifras oficiales difundidas por el INDEC.
Asimismo, el trabajo indica que el 55,6% de los chicos menores de 18 años son
pobres, y no el 46,2% que reconoce el INDEC. Es decir que en 17 de las 23
provincias argentinas, más del 50% vive en hogares pobres.
Los datos surgen de una reelaboración de las estadísticas del INDEC en su
relevamiento 2004 y de una reestructuración de la metodología aplicada por esa
institución que mide la pobreza y la indigencia con datos de la Encuesta
Permanente de Hogares (EPH) 1985/86. En cambio, la relectura hecha por
economistas de la CTA toma los datos oficiales de la EPH 1996/97, y no la de hace
20 años. Así, la versión oficial que precisa que los pobres en la Argentina son
12.242.619 es contrapuesta con la que indica que son 15.422.356, una diferencia de
3.179.737. Y la que habla de 4.355.926 de indigentes es superada por la que habla
de 5.619.049, una diferencia de 1.263.122.
XLIII
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“Queda en claro que los problemas que emergieron como causal de la crisis de
2001 y 2002, no sólo no se han resuelto sino que siguen presentes en toda su
dimensión", critica el estudio.
El incremento del poder económico estatal no puede discutirse: alcanza con
repasar la magnitud de los últimos presupuestos provinciales. Por otra parte, la
preocupante expansión de la pobreza también se encuentra a simple vista, y las
estadísticas no la revelan: apenas la confirman.
Revertir este panorama y hacer que el fortalecimiento económico estatal
llegue a todos los sectores de la sociedad, será el gran desafío de quienes asuman el
próximo gobierno catamarqueño. Si no lo consiguen, la salud de la macroeconomía
y las cuentas fiscales será intrascendente.
EXTREMO CONDENABLE
Si alguien pretendiese diploma de originalidad por afirmar que los políticos
son capaces hoy de cualquier recurso, hasta el más increíble o innoble, con tal de
multiplicar su presencia en los medios de difusión y acrecentar una notoriedad que
no podría lograrse por la sincera exhibición de ideas y antecedentes; si tan
peregrino cazador de títulos y honores existiese, debería saber que su pretensión
sería absurda, a menos que se conformara con ser condecorado con el
reconocimiento de cultor egregio de las verdades de Perogrullo y del lugar común
que
ya
no
puede
conmover
a
nadie.
Pero como el deber mayor es con la verdad -si la originalidad no sirve para
iluminar la verdad y para volverla más accesible y convincente, es sólo vanidad y
“bostezo de Salomón” como diría Antonio Machado-, es inevitable que ésta
vinculada con los políticos se reitere como una suerte de conjuro contra una lacra
que caricaturiza la política y recorta la confianza que merecen tener los
representados en sus representantes de hoy y de mañana.
Por esto, condenar el gesto del candidato porteño Mauricio Macri, quien
buscando presentarse como hombre sensible ante las tribulaciones que padecen los
sectores sociales deprimidos de la jurisdicción que quiere gobernar, apareció de pie
y al lado de una niña de 8 años en un basural de Lugano, como insinuando que
nadie mejor que él podría resolver los problemas de los marginados. Además, la
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imagen del acaudalado empresario y la inocente indigente, que se difundió por
todos los medios gráficos y la televisión, parece sugerir que el candidato y su tierna
acompañante ocupan un mismo plano en la sociedad y que esta supuesta
solidaridad entre la riqueza y la pobreza se profundizará si Macri llegara a la
jefatura
política
de
la
ciudad
de
Buenos
Aires.
Quienes destacan el costado mentiroso de esta publicidad ponen en relieve la
trayectoria de Macri. Claudio Lozano, de la CTA es uno de ellos y declaró a la
Nación, que le había parecido “obsceno que alguien que ha sido beneficiario directo
de la ampliación de la desigualdad y, por ende, del crecimiento de la marginalidad y
la pobreza, aparezca ahora como el solucionador de lo que él ayudó a crear”.
Es cierto que lo de Macri no puede juzgarse absolutamente sin precedentes en
la Argentina. La fotografía de candidatos que besan a niños es una tradición en la
política nacional. Pero en el caso del candidato Macri, la engañosa escena, que se
ha comentado con tono mayoritariamente impugnador, no es natural y es evidente
que fue preparada ex profeso para difundir un mensaje mentiroso.
Por otra parte, se ha consumado una reprensible manipulación de una menor.
Melina, la acompañante circunstancial de Macri, apareció sirviendo a los intereses
de quienes se enriquecieron gracias a políticas de clara discriminación contra los
pobres. No es improbable que cuando crezca y se convierta en ciudadana, se
avergüence de un comportamiento infantil que no puede imputársele.
Quienes disminuyen la significación del recurso del candidato de PRO
argumentando que situaciones parecidas son una costumbre argentina deberían
admitir que lo de Macri lleva ese vicio a un límite que corrobora lo que los
ciudadanos saben: que para los que andan detrás del poder no hay techos y siempre
podrá esperarse un récord nuevo, esto es, una nueva y más indignante vergüenza. Y
que la mentira parece haberse posesionado de la política hasta el límite de que se
ha afirmado la noción de que no hay triunfo posible cuando el discurso se ajusta a
la verdad y que, por el contrario, la voluntad mendaz es llave maestra para abrir las
puertas de la victoria electoral.
Más que la originalidad se ha de buscar la verdad, cuando se trata de la
búsqueda del bien común. La mentira preelectoral es traición anticipada,
identificarla es imperativo moral de quienes, desde el ejercicio de la opinión,
ofrecen claves para comprender la realidad y para mejorarla.
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NINGUNA SENSACIÓN INMOTIVADA
Ha de haber alguien que suponga que el periodismo fantasea o al menos
exagera cuando señala que los políticos y la política son hoy objetos de generalizada
repulsa. Lo cierto es que ocurre en todo el país y también en Catamarca, donde las
expresiones despectivas tal vez no se oigan sólo entre quienes disfrutan de los
privilegios del poder o se hallan en vías de conquistarlo.
Los medios de comunicación no hacen otra cosa que reproducir las
manifestaciones de la gente y debe creerse que se trata de reproducciones que
procuran evitar que el descrédito termine generando un escepticismo absoluto, que
resultaría negativo si se limitase a reacciones sin búsqueda transformadora.
Si hubiese realmente alguien que pusiese en duda la objetividad periodística
en esta materia, no tendrá más que modificar su punto de vista ante lo que señala
un lector que hizo conocer su opinión en la sección “434400 lo atiende” de EL
ANCASTI de ayer. No se trata de una queja sin precisiones, pues el llamado
telefónico apunta a un aspecto más que concreto de la experiencia política
catamarqueña del presente. Habla de la existencia de candidatos que podrían tener
cuentas pendientes con la Justicia. De la necesidad de que los electores tengan
conocimiento de estas situaciones. De la urgencia de que termine la corrupción
pública y la compra de votos mediante la entrega de bolsones de alimentos. Y algo
que traduce aun más patéticamente el nivel de recelo de la ciudadanía: pide que EL
ANCASTI dé a conocer la idoneidad de los postulantes, como si se desconfiase de la
transparencia de la Justicia Electoral a la hora de oficializar las listas.
Textualmente, el aludido lector señala que “como catamarqueño me gustaría
que una vez que se oficialicen las listas de los candidatos que vamos a tener para las
elecciones de marzo, el Diario nos informe en qué condiciones se encuentra cada
uno de ellos ante la Justicia”. Y agrega lo siguiente: “No podemos seguir
permitiendo los robos, todas las cosas que vienen pasando y que a la gente la
compren con un bolsón de alimentos me parecería una muy buena idea que el
Diario se ocupe de esto”.
La verdad es que no podría acusarse al autor de ese llamado pues la realidad
dice que hay legisladores en Catamarca que mantienen sus bancas sólo porque los
protegen los fueros legislativos, fueros que impidieron la acción de la Justicia y
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podrían seguir favoreciéndolos si volviesen a ser elegidos, como se teme que
ocurra.
Ayer, EL ANCASTI hizo referencia a ese asunto señalando que “los fueros
legislativos, que impidieron que el subsecretario de Acción Social y actual diputado
provincial, Víctor Brandán fuera indagado en relación con una de las causas
penales abiertas por las compras directas y el negocio del hambre, podrían
ampliarse a otros posibles involucrados en la trama fraudulenta en las próximas
elecciones”.
Con respecto al caso de Brandán –aparte del proveedor Mario Vega- este
Diario recuerda que el pedido de desafuero del juez de Garantías Jorge Palacios
contra aquél fue rechazado por los diputados del FCS en mayo de 2005 y que
Brandán todavía no ha podido ser indagado y tampoco lo será en los próximos 5
años si obtuviese la reelección como diputado.
También evoca que la auditoría del Tribunal de Cuentas llevó al juez a
presumir que “Brandán con personal a sus órdenes, entre los que se cuentan
familiares y amigos de su entorno, perfectamente identificados por los testigos,
implementando la metodología del temor, avasallando los elementales principios
establecidos por el Derecho Administrativo para el contrato de suministros e
inclusive favoreciendo a empresas proveedoras del medio, que obtuvieron
finalmente pingües ganancias” encabezó “un verdadero aquelarre de maniobras
ilícitas que en su momento el Ministerio Fiscal deberá investigar”.
El lector que efectuó su pedido de información valiéndose del espacio de EL
ANCASTI reservado para la expresión popular, después de leer ayer lo publicado en
relación con los fueros legislativos que sirven de coraza protectora a algunos
legisladores que podrían ser nuevamente candidatos no obstante sus cuentas
pendientes con la Justicia ha de haber pensado que su mensaje telefónico debió
haber sido más enfático.
Como se ve, el escepticismo catamarqueño no es caprichoso. Las conductas de
los inculpados y la actitud de quienes los sostienen y encubren no podrían generar
otro efecto.
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MALESTAR POR UN RELEVO EN EL INDEC
Tal vez no puedan equipararse el INDEC (Instituto Nacional de Estadística y
Censos) y la Corte Suprema de Justicia cuando se aprecia la necesidad de su
independencia del poder político, pero no hay duda de que sin datos confiables
acerca de la situación económica y social, la actividad en esos ámbitos carecería de
certezas imprescindibles. Lo cierto es que, así como sin justicia independiente no
hay verdadera justicia, sin un evaluador autónomo de los aspectos más objetivables
del país tampoco podría esperarse una administración eficaz de la realidad.
El INDEC tiene una historia transparente y sus informes periódicos se han
caracterizado hasta ahora por su credibilidad, rasgo que en distintos momentos de
la Argentina disgustó a los gobernantes interesados en mostrar eficiencias que los
índices del organismo estadístico desmentían o minimizaban.
A menudo los informes del INDEC relativizaban el discurso de los gobiernos
empeñados en ocultar la verdad en materia de pobreza, de desocupación, de
inflación, de déficit de viviendas, entre otros muchos reflejos del verdadero pulso
de la nación. Los críticos del Gobierno afirman ahora que la intromisión del poder
político en aquel organismo eminentemente técnico nunca fue tan desinhibida
como en estos días en que ha sido desplazada de su cargo una funcionaria de una
trayectoria de 15 años en el organismo, para ser reemplazada por una allegada a la
ministra de Economía, Felisa Miceli.
No ha sorprendido que el Poder Ejecutivo haya dispuesto un relevo, porque
esa facultad no puede negársele. El motivo de la crítica reside en que no se cree
casual que se haya buscado a alguien particularmente confiable para medir la
inflación, un ítem de importantes consecuencias. Quienes están preocupados por el
recambio señalan que “la inflación minorista es tomada para la elaboración de
otros indicadores oficiales, como pobreza, indigencia o valor del PBI”, según
expone “Clarín” del jueves en una nota que reproduce manifestaciones de técnicos
consultados por el diario porteño que advierten que “cualquier manipulación sobre
el índice de precios coloca un manto de dudas sobre esos datos”.
Las secuelas del avance del Gobierno sobre el INDEC se hicieron sentir en los
inversores, sobre todo extranjeros, a quienes inquieta la incertidumbre con
respecto a los bonos que se ajustan según la inflación que registra el INDEC.
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Pero también en el sector gremial hay preocupación. “Ámbito Financiero” de
ayer apunta que “ATE marca dos peligros para el caso de que se detecten
irregularidades estadísticas en el manejo de los datos”, el principal es la posibilidad
de que “si la medición de la inflación termina siendo menor que la real, el reclamo
de incremento salarial posterior debería ser menor debido a que el Índice de
Precios al Consumidor registraría un aumento más débil”. El gremio de los
trabajadores del Estado considera, por otra parte, que el desplazamiento producido
en el INDEC constituye una “intervención al IPC –el aludido Índice de Precios al
Consumidor-“.
Los partidos de oposición son unánimes en la condena a lo que ha ocurrido en
el INDEC. Desde el ex ministro Lavagna hasta Elisa Carrió hubo coincidencia en la
afirmación de que se está ante una nueva manifestación del propósito
gubernamental de regimentar las instituciones. Eduardo Lozano, de la CTA expresó
que “se trata de jerarquizar a una institución de orden público y no de disciplinarla,
algo que debería extenderse a otros organismos del Estado”.
El INDEC existe desde el decenio de los 60 y ha sido un espejo en que podía
hallarse la auténtica cara de la realidad. Desmintió tanto el “estamos mal pero
vamos bien” de los tiempos del menemismo, como la promesa de los actuales
ocupantes de la Casa Rosada de que al término de esta gestión el país habrá dejado
el infierno para ubicarse en las puertas del purgatorio. Recordó a los alucinados
que los pobres siguen existiendo, que la desocupación real y el trabajo precario
siguen oscureciendo el futuro y que las asimetrías regionales se mantienen casi
intactas. El INDEC ha sido algo así como la conciencia de los gobiernos, una
conciencia que podía ser percibida por el pueblo. No hay derecho a privarlo de ese
vital acceso a la verdad.
EL MEJOR FUTURO PARA LA CIUDAD
La historia de las ciudades refleja la peripecia de su gente, la suerte del país a
que pertenecen y el devenir de su paisaje, sujeto éste como se sabe, tanto a la acción
humana como a la gravitación de la geografía.
Pero, básicamente, es el comportamiento de quienes las habitan el factor más
decisivo. Ya en su génesis podrían identificarse los rasgos que las hacen
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reconocibles entre el conjunto de las ciudades y este embrión termina de
estructurarse al cabo de un tiempo imprecisable que puede demandar años como
siglos, como parece probarlo el hecho de que hay ciudades centenarias que todavía
muestran esa imagen de cosa indefinida, no poco caótica, como si creciesen por
acumulaciones imprevistas y desgajadas de ejes que la armonicen de modo que
quien las vea puedan leerlas como el mensaje que deben ser de su pasado, de su
presente y de sus sueños futuros.
La Ciudad de San Fernando del Valle tal vez podría incluirse en la lista de
ciudades que no terminan de nacer, pese a su antigüedad cuatro veces centenaria.
O mejor dicho, que no termina de abandonar su indefinición adolescente.
Precisamente, por su desarrollo anárquico. Poco más allá de sus cuatro avenidas
“originales”, la Ciudad “nueva” es ramificación caprichosa, producto de políticas
habitacionales incompletas, resultado de asentamientos graduales que terminaron
configurándose como barrios donde la provisión regular de servicios esenciales es
muy difícil o imposible y donde la seguridad, dicho esto en la más completa
acepción del término, presenta dificultades insalvables.
La gente ha ido ocupando tierras anegadizas, de firmeza escasa, y, además, de
dominio patrimonial privado o de jurisdicción estatal pero no reservadas para la
construcción de viviendas. Durante años estos gérmenes barriales siguieron
ampliándose y con ello se multiplicaron las necesidades y las frustraciones y las
demandas de servicios que, como ya se ha señalado, resultan en estos casos
doblemente onerosos.
Pero hay otro proceso que ha venido a alterar la normalidad urbana. Es el caso
de los ocupantes ilegales de viviendas ajenas y circunstancialmente no habitadas.
Las casas son por lo general las que se construyen como parte de los programas de
viviendas sociales que adjudica el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV). Se ha
vuelto frecuente la noticia de que una de estas unidades habitacionales o varias de
ellas han sido tomadas por gente sin techo que argumenta que no hay derecho a
que haya casas deshabitadas mientras otros no tienen donde vivir. Las ocupaciones
y los desalojos amenazan con constituir una historia que en el futuro testimoniará
sobre una de las formas en que se consolidó la Ciudad y que no implica un
antecedente honroso ni garantiza la comunidad fraterna y progresista que es
requisito imprescindible para una ciudad desarrollada y feliz.
De todo esto surge la necesidad de un ordenamiento, de una planificación, de
una política integral que no se limite a la construcción de barrios sin las
condiciones que demanda un mínimo de bienestar humano. Y también la ausencia
de controles que impidan las apropiaciones ilegales y el oportunismo de los que
reciben una vivienda que no necesitan.
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En verdad, San Fernando del Valle puede verse como un proyecto que debe
ajustarse y que está en plena gestación. Por suerte se está a tiempo de liberarla de
un destino de definitiva impersonalidad, de irreversible desmesura caótica, de
irracional acumulación. Para ello, es necesaria una profunda reflexión colectiva
acerca del perfil que se desea para la Ciudad y de las estrategias que deben ponerse
en marcha para apresurar su conquista. Debería forjarse un plan que se proponga
dicha meta. Podría resultar motivador proponerse que el quinto centenario de la
Ciudad, que no está lejos si se calcula según la escala de las ciudades, confirme que
San Fernando del Valle de estilo reconocible y de alta calidad de vida ha suplantado
aquella otra tan largamente soportada.
10-Editorial14/02/07
EL FANTASMA DE LA INFLACIÓN
La inflación es salitre más corrosivo que el que deteriora a las construcciones
más sólidas. Como el agua, siempre intentará volver a andar sobre sus cauces y
profundizar sus huellas. Inmune a los voluntarismos que se anticipan a declararla
erradicada o disminuida o contenida en niveles presuntamente estabilizados, salta
cuando menos se espera y, en ocasiones, cuando desde el poder hay comprensible
interés por desplazarla de la conciencia de la gente.
Sólo temporalmente podrá encubrírsela. Las estadísticas oficiales no lograrán
descabezarla con el tantas veces fracasado recurso de calcularla sólo teniendo en
cuenta los renglones de consumo menos frecuentados por las mayorías o, como
también ha ocurrido, reemplazando por otros más complacientes a los funcionarios
de vara objetiva para medir la variación de los precios.
Su aparición en vísperas electorales causa espanto, sobre todo en países, como
la Argentina, en que el problema mayor es la dificultad creciente para cubrir las
necesidades elementales con ingresos retrasados o inexistentes.
Si los gobiernos pueden manipular el registro de la inflación, los analistas
privados ofrecen otros datos y la propia gente percibe que vivir cuesta cada vez
más, pues su salario pierde poder adquisitivo y ello no puede ser desmentido ni por
la glosa oficialista más ingeniosa.
La preocupación por hacer bajar la inflación, en la realidad y, en el peor de los
casos, sólo en la ficción de la propaganda, no es manifestación de ninguna obsesión
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estilística de los gobiernos. Entre otras revelaciones, la inflación traduce su eficacia,
valor de particular significado cuando se aproximan elecciones generales y el
electorado toma en cuenta el grado de tal idoneidad. El índice inflacionario
describe la verdad de la situación del pueblo, una verdad aproximada, porque se
intuye que el encarecimiento de la vida es siempre mayor que el que cuantifican las
estadísticas.
En el país hay ahora temor de que se agudice la inflación. La Nación de ayer
señala que “en los últimos tres meses de 2006, la inflación empezó a atentar contra
la mejora de los índices de pobreza”, y que “por la constante suba de los precios de
la canasta básica, 268.400 personas que vivían al límite se sumaron a las filas de
los pobre, aquellos cuyos ingresos no llegan a 914 pesos mensuales, el mínimo
necesario para que una familia tipo se provea de productos y servicios básicos,
educación, salud y transporte”.
La consultora Equis, citada por el diario porteño anticipa, según el diario, que
la pobreza, ubicada en el 26,4% de la población en el tercer trimestre del año
pasado, subió al 27,1% en el último tramo del año.
Lo que se dice, en verdad, es que los progresos logrados durante la actual
gestión presidencial podrían comprometerse y que esto hace que la inflación sea “el
principal riesgo del país”, como acaba de señalarlo la Organización Mundial del
Comercio (OMC).
Se recuerda que la cantidad de pobres había caído 28,3 puntos en promedio,
esto es, una reducción de 54,7 a 26,4 en tres años, aunque se observa que “este
significativo descenso de la pobreza encuentra sus principales causas no en la
generación de empleo, que permanece estancada en ese lapso, sino en la suba
salarial”.
Otra comparación también resulta optimista. Si se contrasta el cuarto
trimestre de 2006 con igual período de 2005, cuando la pobreza alcanzaba el
33,8%, se comprueba que el mal más preocupante de la Argentina había
descendido casi un 20% al cierre del último año.
Por otra parte, y de acuerdo con lo que apunta una nota de “Clarín” de ayer, la
inflación gravita también sobre la deuda externa: por cada punto adicional de
inflación, la deuda sube 1.629 millones.
El análisis que hace La Nación del documento de la consultora Equis repara
en otro aspecto de la situación, el que alude a las desigualdades regionales. Al
respecto, destaca que “la rica Capital Federal y su conurbano pobre muestran la
foto más perfecta de este mapa de distribución desigual”. Y precisa su afirmación
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detallando que mientras que en la ciudad de Buenos Aires la pobreza llega al 9,9%
de la población, en los partidos del conurbano la proporción de pobres se
multiplica por tres: “el 28,7% de sus habitantes está sepultado por debajo de la
línea de la pobreza”.
El país real termina siempre emergiendo de la cosmética con que se suele
presentarlo. Una de sus fealdades es la inflación y es de esperar que no se la ahogue
incrementando las penurias del pueblo y preservando o profundizando las
asimetrías del país.
LAS QUEJAS BARRIALES NO CESAN
Tantas son las quejas que se oyen de los vecinos de los barrios periféricos de la
Capital, que podría pensarse que son territorio que exigen un organismo específico
para su atención. Problemas relacionados con la propiedad donde se asientan sus
viviendas, con los servicios públicos, con la seguridad, con la condición
socioeconómica de su población y con el aislamiento que, según afirman, los tienen
marginados.
Se dirá, tal vez, que esto vendría a resucitar aquellas estructuras de gobierno
destinadas a las colonias, propias de las naciones imperialistas, y que por ello los
vecinos de dichos barrios terminarían siendo oficializados como vecinos de
segunda. Quienes así opinaran no ahorrarían epítetos para condenar lo que, a su
juicio, representaría un anacronismo colonista en plena democracia, y no les
faltaría razón, por más que sería más importante que esos barrios fuesen
recuperados en términos objetivos que honrados con una categoría solo formal.
En verdad, no se está intentando promover ninguna discriminación, sino, al
contrario, propiciando una integración de la que no se habla lo suficiente cuando se
aborda la realidad de la jurisdicción del municipio.
Las cuitas del sector sur de la ciudad ya son históricas.
Por eso no puede sorprender el corte de ruta en que están empeñados para
llamar la atención sobre sus angustias, las últimas de las cuales provienen de las
recientes lluvias que allí no han hecho otra cosa que agravar todas las viejas llagas.
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La noticia indica que el viernes, sobre la ruta nacional 38 y a la altura de La
Viñita, un piquete protagonizado por un grupo mayoritariamente integrado por
mujeres y niños, reiteró el pedido de ayuda formulado días antes, no bien pasada la
tormenta.
No puede decirse que el pedido haya quedado sin respuesta gubernamental, pero
los socorros se juzgaron insuficientes y esto profundizó la actitud de los vecinos, de
acuerdo con lo que declararon a la prensa.
En la ocasión quedó nuevamente en evidencia que las inundaciones en la zona
sur continuarán siendo inevitables, a menos que se haga una cuantiosa inversión
que parece no estar al alcance del gobierno municipal.
Por lo que toca al sector norte, el malestar más reciente fue denunciado por
los vecinos de los barrios que flanquean el camino a La Gruta. Allí la deforestación
causada por la construcción de nuevas viviendas provocó que el viento cubriera de
tierra toda la zona y, de algún modo, la ciudad entera. Además de la incomodidad
debió soportarse la amenaza contra la salud de todos. El otro tormento apuntado
por los vecinos tiene origen en las deficiencias del servicio de agua potable.
Aseguran que el desperdicio de un elemento tan vital es constante y que las
pérdidas nunca reparadas hicieron que las calles se volviesen intransitables tanto
para los colectivos del servicio de transporte público como para los automóviles
particulares. Sería largo incluir las reiteradas críticas de los habitantes de la
periferia. El lector habitual de El Ancasti las ha conocido por reiteradas notas sobre
la cuestión, como así también por los llamados telefónicos y cartas de los lectores
que constantemente fustigan la que estiman, con mucha o poca razón, injusta
marginación municipal.
Desde luego, las situaciones que ahora explotan vienen de años de vacíos
legales, de ausencias de planificación urbana, de movimientos migratorios
impuestos por la crisis económica de estos años últimos, de ausencias de controles,
de inobservancia de normas vigentes y también -si es que debe oírse a los vecinosde
olvidos
municipales.
La problemática barrial merece una célula administrativa que la tenga como centro
de atención exclusiva. Que, de este modo, conozca la historia de los barrios, las
dificultades en su verdad real, su mejor futuro posible, y que gravite sobre los
concejos deliberantes y sobre los departamentos ejecutivos del municipio y sobre
las propias comunidades para que sean protagonistas de su evolución.
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LUZ ROJA DESDE TINOGASTA
Una investigación efectuada en Tinogasta reveló que los adolescentes de ese
departamento carecen de expectativas, están aislados y los domina un estado de
abulia que agrava todo.
El estudio, financiado por el Ministerio de Educación muestra una realidad
que ningún político del oficialismo, ni de la oposición debería dejar de considerar
en estos días en que la batalla preelectoral obliga a reflexiona con responsabilidad
en la suerte presente y futura de Catamarca.
La encuesta se hizo entre 123 chicos de entre 15 y 18 años y se tomaron
pruebas proporcionales de los colegios del centro –polimodales Nº 15, 16, 33, 14 y
el colegio Sor Pierina-. Además, fueron entrevistados docentes y padres.
Los jóvenes sienten que donde viven no tienen futuro. Que nada puede esperar.
Que la única salida es el éxodo. Que quedarse en Tinogasta entraña resignación y
frustración, adaptarse a lo que se tiene y continuar repitiendo hasta el infinito una
situación asfixiante. No están conformes con las opciones educativas disponibles,
porque no aseguran trabajo digno e inmediato. Es por esto que para muchos la
única alternativa es el ingreso en la Policía o en Gendarmería.
Por otra parte, sienten que están solos. El 50% admitió que la familia los
contiene, que también, aunque en grado menor, la escuela; que le siguen los
medios de comunicación, un poco menos la Policía y finalmente aparece el
Gobierno, en el que manifiestan no tener confianza alguna.
Pero el drama toca planos más profundos como los relacionados con la
autoestima, con la percepción de que son maltratados y discriminados, con la
imposibilidad de dialogar con sus padres sobre temas tan significativos como los de
la esfera sexual. Las respuestas obtenidas manifiestan que son muchos los que no
están contentos con lo que son, no con lo que quieren ser, y quienes sufren
violencia familiar y aguda estrechez económica.
Sorprende que el informe no haga ninguna referencia a lo religioso, a la
gravitación de las iglesias en la conformación de la cosmovisión personal de los
jóvenes. Pareciera no existir nexo alguno entre los encuestados y los valores
religiosos, cosa difícil de entender en una provincia nominalmente creyente.
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La crisis implica, asimismo, ausencia de proyectos de vida que no se limiten a
lo más o menos inmediato. Y de su gravedad habla con elocuencia el dato que
señala que “hay un 12 por ciento de chicos que tienen riesgo de suicidio”.
Las valiosas observaciones de la especialista Liz Roger, quien tuvo a su cargo
la investigación, destacan la incomunicación entre los jóvenes y los adultos y la
falta de conexión entre la escuela que mantiene sus códigos tradicionales y las
nuevas generaciones que piensan y actúan de modo distinto.
En verdad, lo que se destaca es la ausencia de integración generacional, un
fenómeno que no es nada menor y que está en la raíz del malestar social de estos
días. Integración que debiera buscar el encuentro, el intercambio de sensibilidades
y experiencias, el hallazgo constante de nuevas síntesis que enriquezcan a mayores
y menores y disminuyan el actual índice de aislamiento, incomprensión y hasta
violencia. El mundo es de todos, construcción de todos, deber de todos y ningún
sector debiera marginarse. Esto no amenaza la necesaria diversidad, sino que la
convierten en aventura generadora de armonía y crecimiento.
Es probable que las revelaciones de Tinogasta permitan suponer que no sea
sustantivamente distinta la realidad de los otros departamentos de la provincia. La
carencia de horizontes, el déficit de autoestima, la limitada confianza en las
instituciones, la incomunicación, la experiencia de la violencia familiar y de las
insuficiencias económicas y la tentación del suicidio podrían ser parte del
inventario de las penurias de los adolescentes de toda la provincia. Como se ve, esto
entraña la demanda de una policía juvenil abarcadora y de aplicación inmediata.
TAL VEZ NO CASUAL
A lo mejor no sea mera casualidad que sólo con diferencias de horas haya sido
consagrado un nuevo obispo para Catamarca y se vote por quienes protagonizarán
un nuevo tiempo político en la provincia. La consagración tuvo lugar ayer, en la
ciudad de San Miguel de Tucumán y las elecciones se llevan a cabo durante la
jornada
de
hoy.
Sin que se pretenda incurrir en la vieja concepción que propiciaba la unidad entre
la Corona y la Cruz, lo cierto es que la coincidencia de la renovación en la Iglesia
catamarqueña y en el poder político sugieren una oportunidad de transformación
que no puede dejarse de percibir. Según quienes no creen en las casualidades, ni en
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los hechos sin mensajes implícitos, la simultaneidad de los dos fenómenos debería
leerse como un anuncio, como una advertencia, como un llamado a predisponerse
para la iniciación de una etapa en que todo deberá ser mejor -ésta es la única
evolución verdaderamente cristiana- por la acción de quienes conduzcan la
sociedad pero también por la de los ciudadanos y los creyentes, esto es, por todos
los hombres y mujeres de buena voluntad.
La ceremonia de consagración del nuevo jefe espiritual de la diócesis se
complementará el 24 en esta ciudad de San Fernando del Valle, cuando Mons. Luis
Urbanc, ya revestido de los atributos de su nueva dignidad –la mitra, el solideo y el
anillo obispal- asuma el nuevo cargo, inicialmente como colaborador de Mons.
Elmer Miani, a quien acompañará hasta que el Vaticano acepte la renuncia
presentada por quien todavía ejerce el gobierno de la Diócesis.
El nuevo Pastor conoce la provincia. Como rector del Seminario tucumano
participó en la formación de varios sacerdotes jóvenes de Catamarca. Por otra parte
ha sido compañero de promoción de otros integrantes del clero local y ha venido en
distintas ocasiones con motivo de las fiestas de la Virgen del Valle.
Asimismo, conoce la situación de la región del NOA, donde los problemas son
similares, lo que por cierto no quiere decir que puedan buscarse las soluciones con
las mismas estrategias en las distintas provincias. Interrogado sobre el particular
previno además, que prefiere esperar un conocimiento directo de la realidad de su
nuevo destino para recién entonces aventurar una opinión sobre lo que deba
hacerse.
Por lo pronto, en declaraciones posteriores a su ordenación episcopal anticipó que
tiene conocimiento de la magnitud del problema social y comprometió su decidida
acción a través de Cáritas, que es la herramienta de la Iglesia argentina para asistir
a los necesitados de ayuda social. Pero exhortó a no confundir los roles a la hora de
esperar la acción episcopal. Aclaró que no debe suponerse que la Iglesia tenga “la
galera mágica para encontrar la solución a los problemas (sociales)” y que su
misión sea ésa. “La misión de los pastores no puede ser reducida a la de ser
meramente asistentes sociales”. Añadió que “la Iglesia tiene que estar cerca de los
pobres, como lo hizo Jesús, … la misión de la Iglesia es fundamentalmente
espiritual; espiritual pero encarnada en el mundo: uno acompaña, alienta, orienta,
pero no puede ocupar el lugar que le corresponde propiamente al laico”.
En cuanto a lo que puedan esperar de él los catamarqueños, señaló que desea
que “los feligreses vean en mí a un pastor, a un maestro, a un sacerdote, a un padre,
a un hermano, a un amigo, a un confidente que va a compartir con ellos la
condición de peregrinos”. También manifestó que piensa seguir siendo “un
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sacerdote servicial” y que le pide a la Virgen del Valle que lo “ayude a ser sencillo y
cercano”.
Las primeras declaraciones de Mons. Urbanc para los catamarqueños
permiten una imagen inicial que lo muestran en su perfil humano y también en su
núcleo ideológico. Desde luego, en el futuro se verá cómo logra el equilibrio entre
las urgencias de una participación eclesial más definida en los campos de la acción
social y de la praxis política y la responsabilidad de privilegiar lo que él considera lo
espiritual. Se verá cuál será la contribución para que el laicado de la diócesis sea fiel
a su deber de dar testimonio del Evangelio en el plano de los asuntos concretos.
Es de esperar que la renovación en el poder político y en el religioso traiga
para los catamarqueños otra historia con menos frustraciones y mayor esperanza.
EL INDEC, UN ESPEJO A VECES ODIOSO
Sería imposible que una ciudad -se habla de la Capital de la provinciacarcomida por el desempleo de su gente pudiese ser considerada una ciudad feliz.
Menos si entre la multitud de las ciudades argentinas fuese una de las dos con más
alto índice de aquel mal que es más corrosivo que el salitre.
Pero esta situación no ha sido óbice para que, durante la apenas concluida
campaña preelectoral, los responsables de la suerte común hicieran proselitismo
sobre la ficción de una ciudad sin motivos para deprimirse por su presente ni por
su futuro inmediato.
Pasadas las fiebres precomiciales, queda el deber de diseñar alguna política
para trasladar la imagen satisfecha a la realidad. Según acaba de revelar el INDEC,
Catamarca y Salta son las ciudades con más elevado número de desocupados. El
organismo estatal de las estadísticas le asigna a ambas ciudades el porcentaje más
preocupante: el 11,6 por ciento, superior en 2,6 puntos al desempleo de la región
roeste que, por su parte, es la región con más desempleados, es decir, con un 9 por
ciento, a los que deben sumarse el 11,1 por ciento de subocupados.
Mejor que la principal ciudad catamarqueña están Tucumán -Tafí Viejo, con
9,4 por ciento; Jujuy – Palpalá, con 7,7 por ciento; La Rioja, con 7,2 por ciento;
Santiago del Estero – La Banda, con 4,6 por ciento. Fuera del NOA, la superan -por
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tasa menor- el Conurbano Bonaerense, con 10,9 por ciento; Bahía Blanca, con 10,3
por ciento, Gran La Plata, con 9,6 por ciento; Rosario, con 9,5 por ciento; Ciudad
de Buenos Aires, con 6,6 por ciento; San Juan, con 6,3 por ciento; Corrientes, con
5,8 por ciento; Ushuaia –Río Grande-, con 5,8 por ciento; Resistencia, con 4,4 por
ciento; Posadas, con 4,1 por ciento; Formosa, con 4 por ciento; San Luis, con 1,8
por ciento y Río Gallegos, con 1,2 por ciento.
Lo de Catamarca contradice la lógica general que mostró la encuesta, pues lo
que podía esperarse era que por ser ciudad de menos de 500 mil habitantes, su
índice fuese menor. Confirmando esa lógica, las ciudades más chicas registraron
una tasa promedio del 7 por ciento, esto es, 5,5 por ciento por debajo de los
indicadores de Catamarca y Salta.
Según el Ministerio de Economía nacional, es evidente que en términos de
país total hay una “notoria mejora” en lo que respecta a “la calidad de la creación de
empleo”, debido al “traspaso de subocupados y personas con planes sociales a
empleos de mayor estabilidad”.
En Catamarca ese tránsito del plan social al puesto de trabajo genuino ha sido
mínimo, como puede inferirse del hecho de que la provincia es, en el concierto
nacional, la segunda con mayor número de beneficiarios del plan destinado a jefes
de hogar desocupados.
Por lo que se ve, la obra pública y en particular la construcción de viviendas
aquí todavía no ha tenido efectos significativos en los dominios de la ocupación,
pese a la confianza del ministro de Trabajo en la inversión pública como motor de
la generación de empleo. Aunque tal vez haya que considerar que si la gravitación
no ha sido aquí más notoria deba atribuirse al altísimo número de los que no tienen
ocupación.
Lo cierto es que no hay razones para triunfalismo alguno, y que si las victorias
electorales no blanquean a nadie, tampoco demuestran que los problemas -como
éste gravísimo de la desocupación- no existan o que puedan estimárselos de
solución automática.
Debe asumirse que la desocupación y sus derivados que no hace falta
especificar siguen configurando la urgencia más imperativa. Un 11,6 por ciento en
la capital de la provincia no sólo es inquietante por su cantidad. Lo es, además,
como indicio de que se continúa rezagado y de que no se está avanzando a la par
del resto del país. Y, asimismo, de que el crónico retraso de la provincia podría
estar confirmándose para el futuro.
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La ciudad de San Fernando del Valle será verdaderamente feliz cuando tenga
trabajo genuino para todos. Cuando salga de su postración, pero con todos, no sólo
con algunos de sus sectores.
CUANDO LA LECCIÓNES DURA
Uno de los espectáculos más angustiosos de la crisis social es el de los
desalojos de quienes ocupan ilegalmente viviendas por carecer de tan vital
elemento. La televisión difunde, de tanto en tanto, esas escenas en que parecen
debilitarse todos los argumentos que el Derecho provee, y una justicia más
inspirada por la compasión que por la racionalidad de la ley inclina el ánimo a
favor de quienes afrontan la penosa prueba.
Hoy podría producirse el desalojo de alrededor de unas 30 familias que se
posesionaron ilegítimamente de una de las etapas de los monoblock del barro 94
Viviendas, ubicado en la zona norte de la Ciudad. Por lo que se sabe, no tienen otro
techo disponible, por lo cual la situación será para ellos de gravedad extrema.
La ocupación se produjo cuando en 2004 el sismo que aún se recuerda no sin
estremecimiento dañó la estructura del complejo en grado tal que obligó a trasladar
a sus moradores a otras unidades habitacionales del IPV. Fue la ocasión que
aprovecharon los actuales ocupantes, la mayoría de los cuales están inscriptos en el
IPV y algunos con vivienda preadjudicada pero aún no entregada.
El Instituto de la Vivienda los ha conminado a abandonar los departamentos
para poder ejecutar los trabajos de refacción que ya han concluido en las otras
unidades del complejo. El plazo vence hoy y, de no mediar una medida distinta
solicitada al Gobernador por los emplazados, los departamentos serán desocupados
por la fuerza, si hubiese resistencia.
Debe observarse que oficialmente se han ofrecido alternativas a quienes
deberán dejar el lugar que ocupan, pero las propuestas no han sido aceptadas. Una
de ellas sugiere que las familias busquen un lugar para alquilar y gestionen un
subsidio de Desarrollo Social que les permita afrontar el costo.
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También debe destacarse que el IPV hizo saber que su plan es reparar los
departamentos y adjudicarlos, después, a través de una licitación semejante a la
que pronto se hará con los que ya están reparados.
Puede entenderse que son dos las razones que fundamentan el desalojo. Por
un lado, poner en cauce legal una situación que no puede admitirse sin peligro de
que se transforme en una costumbre. Por otro, impedir que haya vecinos que
habiten viviendas cuyas estructuras están sensiblemente deterioradas por aquel
sismo que los catamarqueños han considerado terremoto.
Las dos explicaciones para una medida innegablemente dolorosa son
atendibles. Es de suponer que en el diálogo que hubo entre los abogados del IPV y
los vecinos se han extremado la búsqueda de las salidas para el conflicto, pues no
puede decirse que haya indiferencia gubernamental ante el problema del déficit
habitacional como lo prueba el interés evidente por multiplicar los barrios de
viviendas sociales.
En otro orden de cosas, parece que hay que subrayar la inexistencia de
controles eficaces en distintos aspectos relacionados con las construcciones del
IPV. Esta deficiencia hace posible que se sumen las temeridades y transgresiones
individuales hasta alcanzar volúmenes que les confieren dimensiones de cuestión
colectiva que no puede tratarse después sin gran escándalo. Viviendas adjudicadas
y entregadas pero no habitadas durante años. Viviendas adjudicadas a personas
que tienen otra casa y que por eso no viven en ellas. Viviendas sociales cuyos
propietarios legales las tienen alquiladas. Viviendas a veces habitadas por
malvivientes. Es posible que haya otras formas de frustrar el objetivo de la vivienda
social que aquí no se menciona.
Asimismo, conviene que se aprenda a acceder a los bienes por las vías
legítimas. En este caso, a través del cumplimento religioso de los procedimientos
fijados por la ley para lograrlos.
16- Editorial 29/03/2007
UN RETORNO INDESEADO
Las “enfermedades de la pobreza” -el mal de chagas, la tuberculosis, el
paludismo, el bosio, ciertas afecciones de la piel, etc.- que el país se jactaba de
haber dejado atrás ya hace mucho han vuelto a irrumpir como compañía inevitable
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de la indigencia reinstalada con firmeza al calor de las políticas antipopulares de los
últimos años. Pero no sólo regresaron enfermedades del cuerpo, sino otras que
comprometen física y espiritualmente a sus víctimas y que no pueden
objetivamente tipificarse como enfermedades por mucho que sea el dolor y la
frustración que contienen. Llamarlas “enfermedades” quizá no sea disparatado, si
se especifica su naturaleza social, pues no hay duda de que sus efectos penetran las
comunidades.
Una de estas afecciones que ha sido crítica en el pasado de la provincia es la
tendencia al éxodo de su población, una suerte de ardor que acometía sobre todo a
los jóvenes ante la falta de perspectivas y la resistencia a condenarse a un futuro
oscuro. Tanta significación tuvo este fenómeno, que el país, sobre todo algunas
provincias norteñas, Buenos Aires y el sur patagónico fueron destino elegido por
incontables comprovincianos que, si bien sirvieron a la nación de modo que se ha
destacado muchas veces, privaron a su tierra del aporte que hubiesen brindado
entre los suyos.
En aquellos años de drenaje humano incontenible algunas localidades de la
provincia llegaron al extremo de convertirse en pueblos habitados casi sólo por
niños y ancianos. Tal vez el caso más notorio haya sido el de Tinogasta, cuyos
emigrantes constituyeron una considerable parte de la población de Caleta Olivia,
la segunda ciudad de la provincia de Santa Cruz.
Aquel pasado ha vuelto. La fiebre del desarraigo generada por las viejas
carencias está de vuelta en un tiempo en que se pregona un país que comienza a ser
distinto y una provincia cuyos gobernantes no vacilan en proclamar liberada de las
pobrezas supuestamente superadas o en vísperas de superarse.
Una noticia procedente de aquella ciudad del Oeste indica que “cada vez son
más los jóvenes tinogasteños que huyen de su ciudad natal, y la tendencia sigue en
aumento: sólo en los dos primeros meses de este año, más de 130 chicos partieron
en busca de una vida mejor, cansados de lo poco que les ofrece su realidad actual”.
Lo que en verdad podría ser una historia de un redivivo proceso de extinción anota
que este verano se registró un 80% de incremento en las ventas de pasajes -de ida
solamente- desde la cabecera departamental de Tinogasta. Precisa que “sólo en
enero y febrero pasados un promedio de 4 jóvenes menores de 30 años se fueron en
cada ómnibus que partió de Tinogasta”. Y añade que “se mantiene un éxodo
superior a los 60 chicos por mes, todos mayores de 20 años, a quienes se suman,
aunque en menor medida, chicos de Fiambalá y Belén que también quieren
cambiar su destino”.
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No debe creerse que se esté en presencia de algo así como una psicosis
colectiva que impulse a abandonar el terruño, sin otro fundamento que el afán de
vivir en otra parte. La información destaca que la motivación no es otra que la
búsqueda de trabajo. También pone de relieve un dato que no puede dejarse sin
atención, al consignar declaraciones del sociólogo local Jean Claude Samedy, según
las cuales puede marcarse una diferencia cualitativa entre los emigrantes del
pasado y los de ahora. Según esto, “antes se iban para mejorar, ahora se van porque
no les queda opción”. Se trata de “materia gris formada con 18 años de estudio y
una alta inversión escolar por parte del Estado”, destaca Samedy.
Las consecuencias, para los jóvenes, son las mismas, pues si sus predecesores
de los años 60 no podían mejorar en su lugar de origen, los actuales tampoco
tienen campo de acción y forzosamente deben buscar otros derroteros.
En el caso de Tinogasta, el éxodo actual no es mal de una sola etiología. Parece
que la pobreza tiene un complemento que la vuelve explosiva, por cuanto a las
carencias de la crisis económica debe sumarse el extravío a la hora de establecerse
la orientación de las carreras en el Instituto de Estudios Superiores de Tinogasta.
Sería bueno saber qué realidad tiene el éxodo en el conjunto total de la
provincia, si, como podría ocurrir, no se estuviese sólo ante una adversidad
tinogasteña.
NI LA LIEBRE NI LA TORTUGA
Seguramente nadie que no tuviese exaltado interés particular en que así fuese
abogaría por una Justicia cuya velocidad en despachar las causas pudiese
compararse con la que la tradición atribuye a la liebre. La prisa -se argumentaríalimitaría el derecho a la defensa, dejaría fuera de consideración elementos que
podrían ser significativos, pondría en peligro la confianza en que las sentencias son
fruto de análisis y reflexión exhaustivos y hasta empañaría la majestad de un poder
del Estado que se ve como la última posibilidad de corrección de los errores y
excesos de los otros estamentos de la República creados para el bienestar de la
sociedad.
Pero si bien sería difícil contradecir lo que se ha expuesto, ello no autorizaría a
proponer un servicio de justicia lento por sistema, como si el acierto de los fallos
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dependiera exclusivamente de la pesadez de su tramitación. Siguiendo el símil del
comienzo, podría sostenerse que ni la celeridad de la liebre, ni la morosidad de la
tortuga deberían caracterizar el ritmo de la administración de justicia.
Esto es lo que cree, por lo visto, la Unión de Usuarios de los servicios públicos
privatizados, que se dirigió a la Corte de Justicia mediante un recurso de “queja por
retardo de justicia” con motivo de la demora en el trámite de una causa que inició
contra Aguas del Valle en enero de 2005.
Se trata de una denuncia penal para que se investigue la “probable comisión”
de los delitos de “adulteración de aguas públicas”, “venta de mercaderías
adulteradas” y “defraudación calificada”, todo ello en relación con la distribución
en la Capital de agua con niveles de nitratos superiores a los legalmente
autorizados.
En la queja ante la Corte, la entidad de los usuarios manifiesta que pese a
haberlo intentado en reiteradas oportunidades no logró que sus representantes
fuesen recibidos en audiencia por la fiscalía de Instrucción Nº 6 donde quedó
finalmente radicada la denuncia. “A esta altura de los hechos -declaró a EL
ANCASTI el presidente de la Unión de Usuarios-, habiendo transcurrido treinta
meses de la denuncia, lo real es que en la causa no se realizó en definitiva ninguna
actuación útil, a pesar de la gravedad de las conductas ilícitas denunciadas, la
contundencia de la prueba ofrecida y el daño y riesgo para la salud humana de los
hechos denunciados respecto a la población afectada por la distribución de agua
con
nitratos”.
En cuanto a las pruebas presentadas, se menciona el informe de una geóloga,
investigadora universitaria en agua potable y ex profesional de Obras Sanitarias
Catamarca, y los resultados de los análisis de muestras tomadas de diversos
usuarios del servicio concesionado. Por otra parte, también se señala que la Unión
de Usuarios detectó contaminación en fuentes de agua subterránea, con valores de
nitratos de entre 60 y 90 mg/1, esto en la zona de influencia de populosos barrios
de
la
ciudad.
Asimismo, la agrupación de usuarios interpuso una acción de amparo contra la
concesionaria y el ENRE por las mismas irregularidades a que se ha hecho
referencia.
Aunque no se dice explícitamente, parece que puede encontrarse en la actitud de la
Unión de Usuarios la sospecha de que el motivo de la lentitud de la causa no sería
otra que la renuencia de la Justicia a pronunciarse contra el interés de una
privatizada hipotéticamente protegida por el Gobierno. Que el cuestionamiento
alcance tanto a la privatizada como al organismo responsable de su contralor
sugiere un suficientemente explícito disparo en esa dirección.
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Sin duda, no habrá mejor aporte a la transparencia del Poder Judicial que la
definición de la situación en el menor tiempo posible, cosa que habría que
descartar si, como destaca la Unión de Usuarios, el bien común y la solidez de las
pruebas aportadas vuelven injustificable la tardanza.
OTRO RÉCORD DEL SUBDESARROLLO
Algún investigador que hubiese estado indagando sobre las causas por las que
en Catamarca nunca un gobierno pierde una elección –aquí los cambios ocurren
por golpe de Estado o intervención federal- probablemente habría suspendido su
trabajo después de enterarse de que en la provincia el 73 por ciento de los hogares
depende, en mayor o menor medida, del Estado, ya sea el nacional o el provincial,
sobre
todo
de
este
último.
Este hipotético desentrañador del verdadero “ta-te-tí” que se juega en cada comicio
seguramente habría creído que la explicación final no debe buscarse ya en otra
parte, por más que pudieran individualizarse otros orígenes de muy menor
incidencia.
Un informe de la Sociedad de Estudios Laborales (SEL) difundido el viernes por EL
ANCASTI apunta la considerable dependencia de los catamarqueños con respecto
al Gobierno, señalando que ella se da a través del empleo público, subsidios, seguro
de desempleo y becas. El análisis comprende a todo el país, y en ese contexto
Catamarca es la jurisdicción que tiene el mayor de los índices en tal materia, como
que le corresponde el 73 por ciento, contra el 65 por ciento de San Luis y Jujuy, el
63 por ciento de Formosa y algo más del 60 por ciento de La Rioja.
Con respecto al país en general, el SEL indica que el 48 por ciento de los
hogares recibe un ingreso –a veces más de uno- de una fuente pública nacional,
provincial
o
municipal.
Podría haber ocurrido que esta fortísima gravitación estatal en la suerte de las
familias –más que todo en las provincias en que la proporción es más elevadahubiese determinado una más alta equidad social, esto es, una menor distancia
entre los muchos que perciben las porciones más insignificantes y los menos que
gozan de las más dotadas. Pero, por lo que muestra el estudio del SEL, tal saludable
función reguladora en favor de los menos beneficiados no se logra, pues los hogares
más ricos son los que reciben la mayor parte de los recursos. Al señalar esta
realidad, el informe destaca que el empleo público “no es utilizado” como
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herramienta para mejorar la distribución del ingreso, dado que las clases sociales
más bajas acceden en menor proporción a esos puestos. Siempre en este aspecto de
las revelaciones, se da cuenta de que “en el 20 por ciento más pobre, sólo 1 de cada
20 hogares tiene acceso a un empleo público; y en el 20 por ciento más alto, la
proporción es 1 de cada 3”. Y agrega que en el quintil de más recursos los ingresos
representan el 34,7 por ciento, en tanto que en el más pobre la proporción cae al
25,8 por ciento.
Se detalla, además, que el 26,8 por ciento de los hogares percibe una
jubilación o pensión; en el 16,8 por ciento alguien trabaja para el Estado y, por lo
tanto, cobra un sueldo que surge de los fondos públicos; el 7,7 por ciento tiene un
plan social; el 0,6 por ciento una beca de estudios y en el 0,4 por ciento de los
hogares alguien cobra un seguro de desempleo.
También por estos días se ha conocido otro trabajo de investigación dirigido a
observar la evolución, en el país, del reclamado y prometido achicamiento de la
brecha entre los que ganan más y los que ganan menos, o más precisamente, entre
los que están mejor y los que están peor en materia de situación económica. Las
conclusiones son igualmente pesimistas, por cuanto afirman que en 2006 la
inequidad no ha corregido sus índices. Volviendo a la situación del Norte argentino
y en particular a Catamarca y a su influencia sobre el devenir político, no podría
negarse la alta incidencia en ese fenómeno que vuelve invulnerables a quienes
tienen el poder en sus manos. Si Catamarca, con un 73 por ciento de dependencia
estatal –muy mayoritariamente provincial y municipales tierra donde resulta
particularmente atrevido “jugar contra el Gobierno”, lo es doblemente, pues los
sectores más débiles no tienen otra fuente de recursos, sea permanente o
circunstancial, y los grupos más favorecidos vienen de una larga experiencia de
privilegio que los tiene fuertemente amarrados al favor del Estado. Los pobres lo
buscan como único recurso a mano. Los ricos, como garantía de la preservación de
sus situaciones.
En este marco, la eficacia del clientelismo electoralista de los oficialismos no
podría asombrar a nadie.
ADEMÁS, UNA ADVERTENCIA
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La violencia adolescente es un aspecto de la violencia general que merece
estudio preferente y tratamiento inmediato pues anticipa el nivel de las tensiones
del mundo adulto del futuro próximo. En Catamarca, donde esta tendencia
agresora se expresa, en los casos más extremos, a través de la autoeliminación
suicida y del homicidio perpetrado a veces en perjuicio de otros adolescentes,
podría temerse que ese porvenir resultara espeluznante.
Con respecto al suicidio el incremento alarma. Y en relación con el homicidio
ya se han registrado casos que permiten atribuirlos no a la casualidad sino a una
proclividad que podría profundizarse.
El último de estos asesinatos por mano adolescente ocurrió en la noche del
domingo, en el barrio Nueva Catamarca de esta ciudad. El agresor, de 15 años,
ultimó con un puñal a su víctima, de la misma edad, en el transcurso de una pelea
en la que éste se interpuso para defender a un amigo a quien el matador buscaba
eliminar.
El año pasado, en octubre, otro adolescente hizo lo mismo con un vecino que
cursaba también estudios secundarios aunque en otra escuela. El crimen tuvo por
escenario la calle y como marco una gresca. El arma fue, igualmente, un puñal y la
víctima, como sucedió el domingo, perdió la vida ya en el hospital público, donde
los médicos no pudieron evitar el fatal desenlace.
También el año pasado, en diciembre, en el barrio Parque Norte, dos jóvenes
alcoholizados se enardecieron en una discusión y uno de ellos atacó al otro con un
cuchillo de cocina con el que le infirió heridas de consideración que obligaron a
internarlo para su asistencia.
Puede hablarse de tendencia y ello no debería asombrar en la situación
extraviada que viven aquí tantos adolescentes. No contenidos por la escuela,
privados de ocupación, acosados por el alcoholismo, el tabaquismo y la
drogadicción, sometidos a la vida indigente y carentes de motivaciones deportivas y
culturales, estos comprovincianos apenas salidos de la infancia deberían quitar el
sueño al conjunto de la sociedad y particularmente a quienes tienen bajo su
responsabilidad la suerte de los sectores más débiles.
Lo sucedido el domingo deja dos familias sumidas en la desgracia más cruel.
Los atribulados padres del infortunado vástago perdido en circunstancias tan
inesperadas como lacerantes difícilmente encontrarán consuelo para una
adversidad de tal modo inexplicable. También la comunidad debe sentirse tocada.
Este suceso advierte que no debe creerse que no pueda registrarse en cualquiera de
las zonas de la ciudad. Allí donde hay carencias materiales y morales hay riesgo. Y
no podría señalarse ningún espacio en que se esté libre de la amenaza, porque la
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atmósfera entera parece estar contaminada y es imposible circunscribir sus
miasmas sólo a algunas áreas.
Tal vez se esté pagando el error de largos años sin verdaderas políticas de
promoción integral de los adolescentes. Estas muertes y agresiones que se repiten
no han de ser de generación espontánea. Tienen, sin duda, sus causas identificables
y su estrépito impide que alguien pueda argüir desconocimiento.
Lo cierto es que la ciudad tiene jovencitos desorientados, sujetos a las
exaltaciones más desgraciadas, expulsados a los excesos de todo género, huérfanos
sin padres o con padres ausentes o indiferentes. Y no son pocos y tienden a
multiplicarse y a volverse cada vez más destructivos. Se los ve a toda hora, no pocas
veces haciendo gala de su comportamiento antisocial. No hay heridos y muertos
todos los días, pero sí la sensación de que se está ante un fenómeno indetenible,
potenciado por la inexistencia de ideales que ya se está viendo como secuela
inevitable de una tendencia juvenil universal estremecedora.
Ahora vendrá la discusión sobre la inimputabilidad de los delitos
adolescentes. Unos sentenciarán que debe adelantarse la edad de la
responsabilidad legal y otros propiciarán que no se innove en esta materia. Unos y
otros expondrán sus argumentos. Pero se tiene la impresión de que tal controversia
no sirve de mucho. Y que más bien valdrá trabajar para hacer que cada adolescente
sienta que la vida propia y la ajena deben protegerse y para que tenga razones para
creer, campo de acción donde forjar su futuro y apetito de servicio a la causa del
bien común.
PASCUA DE RESURRECCIÓN
Tal vez los cristianos, deslumbrados por las luces de la Navidad y dominados
por la consideración de los dolores y la humillación de la Crucifixión, carezcan de la
disposición suficiente para medir el valor de la resurrección de Cristo, no obstante
ser este regreso desde la muerte la confirmación de la verdad del mensaje cristiano.
Por agotarse en los torturantes pensamientos y afectos que sugiere la Cruz, han
quedado marcados por esa concepción acentuadamente trágica que los ha hecho
apreciar el dolor quizá con inclinación masoquista y condenar la alegría como un
pecado del que hubiera que defenderse. Probable es que por esa razón se haya
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proyectado una imagen sombría de lo que es, precisamente, el fundamento más
firme de la posibilidad de la alegría, de la procedencia del apetito humano de
felicidad, de la certeza de que se está convocado a la esperanza y a la vida gozosa.
Como si se hubieran quedado en la oscuridad del Viernes Santo, les resulta
difícil desembarazarse de sus terrores, de su bochorno y de su abismal injusticia. Y
esto no sólo en el plano de la reflexión, sino también en la actitud frente a la vida.
Hanz Küng, en su libro “Ser Cristiano”, expone con magistral claridad la
significación suprema de la Resurrección. “Sólo por la fe en la resurrección de
Jesús a una vida nueva con Dios cobra sentido esta vida sin sentido”, dice quien
fuera asesor del papa Juan XXIII en el Concilio Ecuménico Vaticano II. Y añade:
“Sólo a la luz de esa nueva vida de Dios resulta claro que la muerte no fue en vano;
que el Dios que parecía haberlo dejado caer a la vista de todos en realidad lo había
sostenido a través de la muerte; que a aquel que había llegado a experimentar,
como nadie antes de él, el abandono de Dios, Dios no lo había abandonado; que
Dios, públicamente ausente, había estado ocultamente presente. Esto es, pues, lo
que da sentido al absurdo sufrir y morir de los hombres, y un sentido que el
hombre no puede, muriendo y sufriendo, fabricar por sí mismo, pero que puede
dejarse regalar por otro completamente distinto, por Dios”. “En Jesús –dice luegono se ha manifestado el Dios cruel de la arbitrariedad y la Ley, sino un Dios que se
acerca a los hombres como amor capaz de salvar, que se ha solidarizado en Jesús
con el hombre doliente”.
Señala también que esto se hace patente en la Cruz, “una vez confirmada por
la resurrección y cambiada de signo”. Anota, luego: “En la Cruz se revela con la
mayor claridad que este Dios es un Dios que está de parte de los débiles, de los
enfermos, de los pobres, de los marginados, de los oprimidos, hasta de los impíos,
inmorales y ateos. Un Dios que, a diferencia de los dioses de los paganos, no se
venga de quienes cometen faltas contra él; que no se deja comprar ni sobornar por
quienes quieren algo de él; que no envidia la felicidad de los hombres; que no les
exige su amor y los deja luego caer. Es, más bien, un Dios que otorga la gracia a
quienes no la merecen; que da sin envidia y nunca decepciona; que no exige amor
sino que lo regala; que es todo amor. Por eso la Cruz no debe interpretarse como un
sacrificio exigido por un Dios cruel. Desde la Pascua, precisamente, fue
interpretada en sentido opuesto: como suprema manifestación de su amor. Amor
por el que Dios puede ser definido no tanto en el sentido abstracto de „esencia‟
cuanto en el de acción, en el de „modo de actuar‟: amor no como afecto sino como
„hacer el bien a otros‟. Un amor, pues, que no se puede definir en abstracto, sino
sólo en referencia a este Jesús”.
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Quedarse en la etapa del Viernes Santo y en su atmósfera de fracaso absoluto,
implicaría no haber seguido acompañando a Jesús en su momento más
esplendoroso. No haber resucitado con Él. No haber producido el salto desde la
muerte a la vida. La Pascua debe ser día de descubrimiento de la verdadera alegría
cristiana, que no es ruidosa ni vacía algazara; ni soberbia que pudiera ofender a
quienes supuestamente están privados de su gracia; ni egoísta autocomplacencia,
sino compromiso de servicio, militancia en las filas de los que luchan por una
sociedad menos injusta, movilización sin tregua en procura del establecimiento del
Reino de Dios, que es reino de amor, verdad y justicia.
OTRA ATMÓSFERA
Entre otras lecciones, el conflicto social que ha tenido su pico más alto en
Neuquén puso en claro que la gobernabilidad no se asegura sólo con previsiones
exclusivamente políticas y que a despecho de transversalidades y propaganda
autosatisfecha, la verdad social estalla y cuando ello ocurre no pueden efectuarse
pronósticos confiables.
El eje del descontento pasa en esta ocasión por el sector de los educadores y
tal circunstancia determina que la sociedad argentina en su conjunto perciba hoy la
envergadura de la vieja deuda del país con sus docentes y, deseablemente también
de la necesidad de fortalecer un servicio de decisiva gravitación sobre el futuro
nacional.
Claro que todo esto aparece sobre un fondo de redescubrimiento de la
incompatibilidad absoluta entre la democracia y el autoritarismo y su secuela más
odiosa que es, sin duda, la represión estatal de las protestas populares. Esto ha
quedado más que probado en las manifestaciones del lunes bajo la forma de
marchas de protesta que congregaron muchedumbres de 30 mil almas en Neuquén
y la Capital Federal, de 13 mil en Salta, de 10 mil en Jujuy, de 9 mil en Mendoza y
Rosario, de 6 mil en Mar del Plata, de 5 mil en Río Gallegos, de 3.500 en Córdoba,
de 2.500 en Bariloche y de 2 mil en Tucumán y San Luis, según datos que ofrece
“Clarín” de ayer.
Pero en todas las ciudades de la Argentina hubo expresiones de solidaridad
con las demandas docentes y de repudio contra la represión neuquina que provocó
la muerte del profesor Carlos Fuentealba.
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No puede hablarse de un fenómeno ya concluido. En Neuquén prosigue la
protesta por mejores salarios docentes, también en Santa Cruz y en Salta, donde la
represión ha tenido alcances más que inquietantes. Asimismo, hay otros sectores
laborales, como los estatales en general, que afrontan demandas similares, entre
los que puede citarse al de los trabajadores de la salud.
Lo cierto es que la atmósfera del país se ha modificado con lo que puede
estimarse el primer cimbronazo social durante la actual gestión presidencial.
Aunque el Dr. Kirchner limita los hechos de los últimos días a consecuencia de una
imprudencia represora del gobierno neuquino, la verdad es que el gesto autoritario
los ha vuelto más estrepitosos y generalizados, pero no ha hecho sino apurar su
manifestación que ya podía preverse en un país de crecimiento firme pero de
inmutable inequidad social. Y aunque reconoce que “por muchos años va a haber
cierto nivel de conflictividad social” ha de saber, además, que habrá que reducir al
máximo ese plazo para superar el descontento, porque no hay en la Argentina
demasiada reserva de paciencia como para esperar a que se produzcan aquellos
milagros del derrame económico que el controvertido ex ministro Cavallo
vaticinaba para el país en los olvidables años 90. El mensaje de estos últimos días
ya lo ha de estar procesando el gobernador Jorge Sobisch, para quien el porvenir
político parece haberse alterado de cuajo por su exceso represor: según los
comentaristas de la política, el Movimiento Popular Neuquino, la fuerza a la que
pertenece Sobisch, ve ahora comprometida su posibilidad de mantener el poder en
la provincia, y por lo que toca personalmente al mandatario en desgracia, también
se ha oscurecido su proyecto de alcanzar la Presidencia en las elecciones de
octubre. Los menos pesimistas conjeturan que sólo podría recuperarlo una
profunda revisión de su negativa a dialogar con los protagonistas de la demanda
gremial y con una generosa predisposición para satisfacer los reclamos salariales.
El país de alguna manera hoy es otro. Parece haberse ingresado en un tiempo
en que debe pagarse el error de haberlo circunscripto todo o casi todo a lo
meramente político -dicho esto en la acepción más vulgar de lo político- y haber
relegado los deberes relacionados con la equidad social. Habrá conflictos,
seguramente, como afirma el Presidente. Pero deberá haber, además, soluciones.
EL INDEC EN LA PICOTA
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Una información estadística absolutamente objetiva es tan imprescindible
como una Justicia independiente. En ambos ámbitos lo que está en juego es la
verdad, esa suerte de luz sin la cual no puede edificarse nada sólido. Una sociedad
que viviera a tientas no tendría otro destino que el del tropiezo constante, la
desconfianza perpetua y la sensación de caminar sin rumbo seguro.
Lo que está sucediendo con el Instituto Nacional de Estadística y Censos
(INDEC) hiere la confianza colectiva en los datos que el Gobierno difunde acerca
del índice inflacionario, elemento éste sobre el que se construyen las políticas
salariales y se programa la actividad económica general.
En los últimos meses, el organismo de las estadísticas ha sido escenario de
conflictos originados por la intervención del Gobierno nacional presuntamente
para adecuar los índices al interés oficial. Ese malestar suscitó una reacción
generalizada, unánime en el señalamiento de que se estaba poniendo en peligro la
credibilidad del INDEC. El Gobierno produjo cambios en la estructura del personal
del organismo y se generó la sensación de que los nuevos responsables de las áreas
que definen la información tienen como misión adecuar los datos a aquel interés
gubernamental.
La situación ha llegado a un límite que parece corroborar todas las suspicacias de
estos últimos tiempos. Al informar sobre los precios de los alimentos de primera
necesidad, de la llamada canasta básica alimentaria, difundió dos mensajes
diferentes en el término de apenas unos días. Antes de los feriados de Semana
Santa, indicó que la mencionada canasta había tenido un incremento equivalente al
3,6 por ciento. El miércoles modificó la información señalando que no hubo ningún
incremento sino una baja del 0,2 por ciento. La diferencia se atribuyó, en el ente
estatal, a “un error de cálculo en el procesamiento de la canasta”.
Las opiniones de los analistas sobre el episodio recorren la gama entera de la
insatisfacción. Para el economista Aldo Abraham, por ejemplo, ahora “el INDEC es
la risa de todo el mundo”. Otros consideraron que la corrección no hubiese tenido
efecto tan explosivo si no se hubiese dado en la conflictiva situación en que está el
INDEC. Pero unos y otros estiman lamentable el incidente.
La desconfianza -debe anotarse- sólo se da, al menos por ahora, con respecto
al valor de la canasta básica alimentaria. “Ámbito Financiero” de ayer destaca que
“el resto de las estadísticas del INDEC, como las de la actividad industrial, la
economía en general, el desempleo y el uso de los servicios públicos, mantiene
credibilidad”.
También este escándalo dio ocasión para que se exprese la urgencia de que se
reorganice el INDEC con la designación de personal idóneo seleccionado por
riguroso concurso. Hay coincidencia en cuanto a la premura que el organismo que
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mide la realidad del país recupere la confianza de todos. Y este acuerdo no puede
asombrar. Para resolver los problemas que son materia de evaluación del INDEC
hacen falta ojos sin anteojeras ni objetivos subalternos. La realidad, de todos
modos, termina imponiéndose y lo que hoy podría “maquillarse” no tardará en
quedar en evidencia. La verdad es, ciertamente, luz elemental que debe buscarse,
preservarse y ponerse al servicio del desarrollo integral del país. Darle la espalda es
irracionalidad de consecuencias inmedibles. Negarla, además de una herejía, es
gesto suicida. Los argentinos demandan una justicia independiente, la Justicia,
como ha señalado Aristóteles, no es más que la verdad llevada al plano de los
hechos. Ahora, además, reclaman información estadística objetiva, esto es, la
verdad sobre la realidad de la nación.
LA INSEGURIDAD NO DISMINUYE
No hace mucho el Gobernador de la provincia negó que aquí se esté ante un
rebrote de la inseguridad pública. Lo hizo a la salida de una reunión con jefes de
Gendarmería Nacional, ante periodistas que lo interrogaron sobre diversos temas,
entre ellos, el del recrudecimiento de la delincuencia por ese entonces –la última
semana de marzo- reactualizado por un asalto “tipo comando” sufrido por una
familia del Pasaje Anessi. Si la negativa fue terminante y no dejó margen para
ninguna duda, no ocurrió lo mismo cuando el mandatario ensayó una explicación
que fundamentara su juicio. Se limitó a señalar que estos episodios delictivos “son
situaciones, hechos desgraciados que se dan y que hay que analizarlos
puntualmente”. Añadió que estas “situaciones desgraciadas suceden en ciudades
como la nuestra, con más de 150 mil habitantes”. Y en cuanto a su acción para
combatirlas no dejó expuesto ningún plan, por más que manifestó que “espero
poder solucionarlos (en alusión a los delitos)”. Declaró que ojalá “pudiéramos
eliminarlos y que fuera cero la estadística de estos hechos”.
Con respecto, al mencionado “rebrote” argumentó que sólo podría hablarse de
tal cosa “si hubiera una estadística en la que hubiéramos tenido, durante un mes o
dos meses, 10 ó 15 casos por día”.
Es probable que el gobernador Brizuela del Moral tenga razón, si la verdad
como lo sugiere la sensación de los vecinos de la Ciudad, es que la inseguridad es ya
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carga vieja que no cede en su odiosa insistencia de provocar daño, miedo y
sentimiento de carencia de la debida protección por parte del Estado.
Así las cosas, poco importa si la cantidad de casos se multiplica o si se
mantiene inalterable. La percepción generalizada lleva a creer que aumenta, pero si
se tratara de una impresión equivocada, ello sólo se entendería por otros
indicadores tanto o más preocupantes que la cantidad, como el incremento de la
violencia y la creciente sofisticación de los “instrumentos” usados por los
delincuentes en su acción en verdad temible. El otro pedazo de la verdad es
igualmente merecedor de preocupación. Hay demasiado delito que no se esclarece.
No se recupera lo perdido, ni se identifican los malvivientes. Hay misterio en
cantidad que mueve a la suspicacia. Y el cuadro termina de oscurecerse con la
frecuente ineficacia judicial. La gente sigue diciendo que los malhechores entran
por una puerta y salen por la otra, en alusión a una presunta debilidad a la hora de
juzgar a los delincuentes. El delito no debiera considerarse asunto vinculado con la
ventura personal de cada vecino. No como una desgracia que viniese de las estrellas
según algún plan inescrutable de la Providencia. Tampoco como un efecto
inevitable de la concentración de 150 mil habitantes, como tiene la Ciudad. Tiene
causas claramente aislables, tratables, superables. Admite terapias, coacciones,
evaluaciones cuantitativas y cualitativas. Demanda prevención, reflejo inmediato,
conocimiento, participación comunitaria, acompañamiento judicial. Requiere una
voluntad estatal férrea que se traduzca en políticas activas de seguridad que no se
pierdan en enunciados sonoros pero sin corroboración en el plano de los hechos.
Políticas que no dejen afuera ninguna de las variables que generan la delincuencia.
La inseguridad es un problema de primera importancia para los
catamarqueños de la Capital. El propio ministro Raúl Cippitelli lo señaló en enero
de este año, cuando sostuvo que “queremos solucionar el problema de la
inseguridad, que es el problema número uno junto con la pobreza”. Por lo que se
ve, hay conciencia de ello. Falta sólo que esa conciencia se encarne en políticas de
eficacia comprobable.
COMO VIVIENDO UN SUEÑO
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Un sueño recurrente de los niños de los pueblos subdesarrollados del interior
de la provincia ha sido, y ha de seguir siendo, la sorpresa de un acontecimiento
maravilloso que, prometiendo sepultar el larguísimo pasado de frustración, revela
un futuro distinto, sin las oscuridades e incertidumbres que hasta entonces
parecieron un destino inamovible.
En ocasiones, ha de haber sido el descubrimiento de petróleo la sustancia de
tales sueños infantiles. En otras, la constatación de la existencia de un mineral
precioso en las montañas, nunca vistas antes más que como elementos
embellecedores del paisaje. En otros casos, la llegada inesperada de algún poderoso
empresario dispuesto a transformar alguna materia prima del lugar. Cada
comprovinciano ya maduro recordará, seguramente, alguna experiencia onírica
parecida de su pasado infantil. Y ha de haber ocurrido alguna vez que estos sueños
se encarnaron en realidades en verdad maravillosas, aunque es posible también
que haya ocurrido esa odiosa limitación de lo concreto que termina mostrando
fealdades no entrevistas en el sueño. Los pobladores de la localidad ambateña de El
Bolsón están viviendo por estos días lo que pudo haber sido un sueño: En su
jurisdicción se ha descubierto un tesoro paleontológico que esperan que constituya
algo así como una vara mágica que eleve, al lugar, a la jerarquía de un polo turístico
que genere una nueva historia para quienes a lo mejor temían que no hubiese ya
modo de modificar la suerte.
En esa porción de la provincia que no ha tenido todavía el desarrollo de su
inmenso potencial turístico, y ubicada a 75 kilómetros de la ciudad Capital, se
produjo una conmoción por el hallazgo de lo que se estima que es un gliptodonte de
entre 5 y 10 mil años de antigüedad que se halla en buen estado de conservación y
con la estructura ósea entera.
Como no hubiese podido ser de otra manera, especialistas de la UNCA y
personal de la Dirección de Arqueología de la Provincia y de la Municipalidad de El
Bolsón intervinieron para confirmar el hallazgo y liberar al fósil de la escoria
acumulada durante tantos siglos. Ahora el extraordinario tesoro se encuentra en
“Los Varela”, hasta donde fue trasladado para ponerlo a resguardo y someterlo a
una limpieza más profunda. El descubrimiento, mientras tanto, es tema de
información que se difunde por todo el país. Los ámbitos científicos ya están
inquietos por conocer la verdadera magnitud del hallazgo, esto es, la importancia
científica de este nuevo hito en el conocimiento del pasado más remoto de la
Argentina y particularmente de esta parte del mapa nacional. Desde luego los
pobladores de El Bolsón ya no son los mismos de antes de la aparición del
gliptodonte. Sienten que están viviendo sobre una tierra que cubre secretos de la
historia del planeta que seguramente no se reducen al que ha aflorado ahora. Saben
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que habrá curiosidad en la Argentina y más allá también por ver directamente un
testimonio de los orígenes de la maravilla natural. Piensan que lo que ha sucedido
no ha de ser para nada, sino para desatar un nuevo porvenir y saben que ello
ocurrirá sólo si están atentos, si actúan, si se empeñan en que así sea.
Han de tener la impresión de estar viviendo un sueño colectivo. O mejor, la
concreción de un sueño viejo, de esos que el atraso, el abandono y la sensación de
carecer de salidas han encendido siempre en los niños de los pueblos
subdesarrollados.
Pero, como a menudo pasa, en esos paraísos imaginarios suelen aparecer sombras
en cuanto comienzan a salir del campo meramente fantástico. Como el gliptodonte
fue sacado de El Bolsón, su gente ya está inquieta y se ha reunido para considerar
lo que haya que hacer para que su talismán sea devuelto a su lugar de origen donde
creen que debe permanecer por derecho irrenunciable de la comunidad que se
siente su propietaria.
La historia recién comienza. Y ojalá termine confirmando las esperanzas de
los soñadores.
DESPEDIDA DE TRADICIÓN CENTENARIA
Aconseja Antonio Machado mirar las cosas –y las personas- con ojos de
despedida. Y, en verdad, el consejo es de una sabiduría muy honda, porque sólo
prefigurándose su pérdida se descubre el verdadero peso que tienen ellas sobre el
corazón. Mirarlo todo como por última vez parece un método capaz de preservar el
milagro de lo recién revelado, libre de los efectos de la rutina, de los lugares
comunes y las irresponsables confianzas en que siempre habrá una nueva ocasión
para percibir aquello que, por otra parte y con tanta frecuencia, se tiene a mano por
última vez. El amor se preserva, de este modo, porque evita el deterioro de la
reiteración, y la vida misma –cada uno de sus instantes- recupera su significado de
prodigio que no alteran las contrariedades de la existencia cuando se deja que
aquella luz alumbre con toda su potencia.
Alguien podría objetar que una mirada como la que propone el poeta español
sería inevitablemente dolorosa, porque toda despedida es un desgarro,
contemplada con esa perspectiva de adiós final. Y, así, la vida constituiría una
herida permanente, una perpetua conciencia de la fugacidad universal que no deja
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a nadie fuera de su alcance. Y, sin embargo, Antonio Machado acierta, pues no hay
duda de que nunca como cuando se lo ha perdido, se aprecia más acabadamente
aquello que se ha amado sin que hasta entonces se haya podido saber hasta qué
punto.
Tal vez por esto el hombre instituyó las despedidas. Y las mantuvo a través del
tiempo, sin duda porque comprobó que la separación es más reveladora que lo que
se supone, pero también algo más: que la separación definitiva no existe. Dos que
han vivido en plenitud la despedida de algún modo seguirán estando juntos,
cualquiera sea la distancia que haya entre ellos.
Volviendo a Machado, despedirse es desmentir la finitud humana. Y si se
mirasen las cosas siempre con ojos de despedida, todo se manifestaría plenamente
y de esta manera la realidad adquiriría una fuerza y, además, una persistencia no
muy distinta de la eternidad.
Esta tarde, los catamarqueños y los peregrinos, que también llegan en estas
celebraciones de otoño, despedirán a la imagen de la Virgen del Valle una vez
finalizadas las nuevas fiestas marianas.
Antonio Machado sugeriría que se vean estas fiestas y esta procesión con ojos
nuevos, esto es, con ojos con su poder de visión entero. Con ojos que hagan de
cuenta que no habrá otra vez, a fin de que la Virgen resplandezca en toda su
imponencia y en toda su predisposición para estar cerca de quien la invoca.
Despedirla esta tarde, será por ello, confirmar su compañía permanente, su gracia
en todos los momentos. Despedirla, además entrañará el compromiso de honrar
aquella presencia incesante.
Compromiso de fidelidad, de crecimiento en la virtud, de fortalecimiento en el
testimonio, de conversión de cada día, de constancia en la actitud de mantenerse en
la fe y de hacerla visible como elemento transformador no sólo de la vida espiritual
sino también de la realidad entera de la sociedad.
Compromiso de transformar la política, las relaciones económicas, la calidad
de la participación, la situación de los más castigados por los desajustes de todo
tipo, el ámbito específico en que cada uno desarrolla su trabajo cotidiano.
Compromiso de procurar una espiritualidad menos frágil para el próximo
encuentro, si Dios lo hiciese posible.
La despedida de esta tarde no debería implicar la partida de nadie. Más que
separar sería deseable que anudara para siempre.
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“VIENTOS DE CAMBIO”
No es la primera vez que esta columna centra su atención en la estremecedora
realidad de la drogadicción entre menores cada vez más jóvenes. La información
más nueva destaca un dato que multiplica los motivos de preocupación: entre los
“consumidores” ya hay niños menores de 10 años que han reemplazado los
juguetes por esas sustancias que degradan la personalidad hasta el punto de
frustrarla absolutamente. Estas prematuras víctimas de la adicción, precoces
también cuando no sobrepasan los 18 años, tienen biografías parecidas. Provienen
por lo general de familias de deprimida condición socioeconómica, a menudo
deshechas y abandonadas a la asistencia estatal y la caridad pública, dos reservas
que siempre resultan insuficientes. Los comportamientos antisociales son una de
sus características distintivas, como así también, su inclinación no a una sustancia
específica sino a cuantas se hallan a su alcance. Así, están familiarizados con el
alcohol, las pastillas, la marihuana y el pegamento.
Pero esta vez EL ANCASTI puede omitir el señalamiento de la carencia de un
centro de atención en esta área, porque desde hace cuatro meses funciona el Centro
de Adicciones “Humaraya”, creado para prevenir la adicción y tratar a los adictos.
En su todavía breve vida, ya se recibieron en el Centro 450 consultas y 75 chicos se
encuentran en “tratamiento intensivo”. Por día se registran entre 30 y 40 consultas.
Este esperado espacio está en su fase inicial. Por ello sólo cuenta con consultorios
externos. El lunes se ha avanzado un paso más, con la implementación de la media
jornada, que permitirá que los pacientes permanezcan en el Centro entre las 8 y el
mediodía.
El diálogo con quienes dan vida el “Humaraya” –voz quechua que significa “vientos
de cambio”- pone en contacto con historias individuales y familiares que no sólo
conmueven, sino que, además, ponen en evidencia la sociedad desigual en que
viven los catamarqueños, tantas veces ignorantes de ello y otras tantas indiferentes
pese a saberlo.
La pobreza, la irresponsabilidad paterna, el drama de tantas madres
maltratadas o abandonadas, la ausencia de una escolaridad regular, la corrupción
de quienes medran vendiendo a los menores la mercadería maldita, la ineficaz
acción policial y judicial cuando sólo es represión y condena, la destructiva carencia
de afectos de unos niños y adolescentes que se diría condenados desde la cuna y
hasta ayer nomás la inexistencia de un lugar donde encontrar refugio, tratamiento,
orientación existencial y calor humano; todo ello emergió como una película
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tristísimo que hay saber ver con corazón solidaria y decidido a provocar la
transformación a que hace referencia el nombre indígena del Centro.
También ese diálogo puso de resalto la confianza que tienen los profesionales
del Centro en cuanto a que pronto quienes lleguen a él lo hagan por decisión
personal y familiar espontánea. Que concurran porque han resuelto luchar contra
esa trampa de la que deben escapar mientras queda tiempo. Actualmente, sólo un
20% se acerca por voluntad propia. El 80% restante es enviado por orden judicial y
proviene de la Comisaría del Menor y la Mujer.
El deseo de que el pedido de asistencia sea espontáneo no adolece de
arbitrariedad, pues en la raíz de la recuperación de los adictos está su voluntad, sin
la cual todo intento profesional es inútil o seriamente limitado.
No hay duda de que el servicio que funciona en lo que fue el Hospital
Ferroviario –en la avenida Sánchez Oviedo esquina Virgen del Valle- constituye
una alentadora novedad. Habrá que esperar que se lo preserve y se lo dote de todo
lo que sea necesario para su mejor desempeño.
SUBSISTENCIA CADA VEZ MÁS ONEROSA
El incremento del costo de vida impresiona a la gente como un golpe bajo
tanto cuando el fenómeno se produce en tiempos de estabilidad y supuesto
equilibrio, como cuando el descontento prepara sus incendios, o cuando se acaba
de salir de una etapa de mejoramiento salarial.
Es irritante siempre, porque en los periodos de alguna conformidad social
irrumpe como un provocador que perturba el sueño, porque en momentos de
agitación gremial constituye un agravio adicional, y porque después de una
conquista largamente buscada no difiere en nada de una traición, de una incitación
al retorno de infiernos que se creyeron superados.
Por esto es comprensible que haya preocupación por el incesante aumento de
los precios de los artículos de mayor consumo familiar, en estos días que en parte
son de equilibrio, en parte de descontento -la violencia de algunos casos da la
medida de este malestar- y en parte también de “día después”, si se tiene en cuenta
que se han dispuestos nuevos sueldos en algunos sectores y que en otros esa
realidad parece inminente.
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En Catamarca, tal como lo señala un informe de EL ANCASTI del sábado, "el
precio de la canasta básica sube sin piedad". Si esto pasa también en la misma
proporción en el resto del país es cosa que podría verificarse, pero es probable que
la magnitud aquí sea mayor, pues estadísticas no oficiales han señalado, en
diciembre del año pasado, que la inflación en los precios minoristas alcanzaba aquí
los índices más elevados.
A lo mejor alguien replique señalando que la intervención del Estado Nacional
ha determinado el mantenimiento del valor de los artículos de mayor demanda
popular y que, por tanto, no habría motivos para menear la inflación como
amenaza digna de temor. Pero la nota de EL ANCASTI aclara que "de los más de 20
mil productos que los grandes supermercados ofrecen a sus clientes, sólo 200 están
incluidos en los acuerdos de precios fijados por el Gobierno nacional", lo cual no
carece de importancia, por cuanto "muchos artículos quedan sujetos al
incontrolable rumbo de la macroeconomía". Tal tamaño tiene la situación, que
Defensa del Consumidor, el organismo del Gobierno encargado de controlar el
comercio y resguardar al consumidor ante cualquier abuso, ya tiene inspectores
recorriendo los locales de venta para tomar información directa de la evolución de
los precios. El conductor de la referida célula de contralor declaró a este Diario que
"es real que los aumentos de precios son continuos, sobre todo en aquellos artículos
que están fuera de los acuerdos". Sobre los efectos que tal movimiento inflacionario
genera en la población, el mismo funcionario refirió que "según versiones de los
gerentes de las dos cadenas de supermercados que operan en Catamarca, el
consumo durante abril registra un notable descenso".
Los catamarqueños no han de pensar que este encarecimiento que contrasta
con tanta fuerza con los niveles difundidos por el INDEC sea desgracia exclusiva de
esta provincia. Seguramente estarán más predispuestos a atribuir la inconsistencia
de los registros estatales al responsable de efectuar las mediciones y la información.
Y, en consecuencia, creerán que se está ante un mal general.
Sea como fuere, lo cierto es que los hogares de esta parte del país, que ya
tenían dificultades para cubrir el desafío de la subsistencia, se sienten ahora en una
encrucijada que obligará a mayores ajustes familiares, con toda la frustración, no
sólo alimentaria, que ello implica.
Lo peor es que el brote inflacionario no tiene miras de sofrenarse, y por ello la
incertidumbre llega a un grado que alarma.
Los controles tradicionalmente han sido ineficaces y toda la política de acción
estatal en el asunto no tiene prestigio en el país, donde no faltan quienes sostienen
que no alcanza para modificar las causas de los incrementos y genera
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desabastecimiento si se exagera el rigor y que además, fuerza la caída de la calidad,
de modo que se paga lo mismo o más por un producto cualitativamente devaluado.
La discusión sobre el particular tiene infinitas direcciones y no se intenta aquí
otra cosa que dar fe de la angustia que sienten los catamarqueños ante la inflación
más cercana a ellos, y reclamar mesura, responsabilidad y actitud decidida a la
hora de luchar contra los abusos.
LO PRIMERO ES LO EDUCATIVO
Las autoridades educativas están ante un dilema que en el plano de los hechos
no parece de fácil solución, por más que en lo estrictamente teórico la disyuntiva
carezca de materia.
La encrucijada se revela en toda su crudeza cuando se analiza el caso del
grupo de docentes de Valle Viejo y Fray Mamerto Esquiú que impugnó la segunda
asamblea de opción de cargos para cubrir vacantes en su jurisdicción y el otro,
protagonizado por educadores tinogasteños que demandaron sin éxito que se
suspendiera la asamblea efectuada también el sábado en la escuela cabecera de
Tinogasta. Pero los descontentos de ambas zonas de la provincia no coinciden en el
motivo de la protesta, pese a estar ella relacionada con el mismo asunto.
El grupo de Valle Viejo y Fray Mamerto Esquiú cuestiona la segunda asamblea
para cubrir cargos interinos y suplentes de nivel Inicial, primero y segundo ciclo de
EGB, Educación de Adultos y Educación Especial porque reclaman que se cumpla
la Resolución Ministerial 1.100 que impone que la distribución de los cargos se
haga según estricto orden de lista establecido por las Juntas de Clasificación. Esta
resolución había sido modificada por otra que se aplicó en la asamblea anterior y
otorgaba prioridad a los docentes sin trabajo, pero con la expresa advertencia de
que sólo tendría vigencia en la primera de las asambleas de este año. La
impugnación se debió a que al abrirse la segunda asamblea se comunicó a los
presentes que por instrucción telefónica de último momento se comenzaría la lista
de postulantes partiendo desde su comienzo, de modo que los docentes que habían
optado la semana pasada podían volver a hacerlo. Los maestros impugnantes de
Tinogasta, por su parte, actúan desde su condición de desocupados y, por esto, se
oponen a la citada resolución ministerial 1.100. Para ellos, lo justo hubiese sido que
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se siguiese respetando la norma excepcional que les confería la posibilidad de ser
tenidos en cuenta en primer lugar.
Surge de la lectura de cuanto se ha referido que lo que está en el fondo de la
controversia es la insuficiente definición del criterio que deberá seguirse a la hora
de elegirse los docentes de las escuelas de la provincia. No parece estar
meridianamente claro, ni para las autoridades, ni para los educadores, qué debe
buscarse como valor inamovible cuando deben cubrirse los cargos escolares. Si el
progreso educativo, o la asistencia a los educadores sin trabajo.
Aquella resolución ministerial que se aplicó en la primera de las asambleas
demuestra que se tuvo en cuenta la necesidad laboral de los docentes. Y la 1.100,
que restaura la prioridad pedagógica, inclina a creer que es la que traduce la recta
conciencia del sistema educativo provincial.
Desde luego, no podría objetarse sin aclaraciones el punto de vista que
expresa el deseo de que todos los catamarqueños que se han formado para la
actividad educadora tengan un lugar donde desempeñarse. La larga crisis socioeconómica vivida por la Argentina ha jerarquizado la inquietud por la generación
de trabajo. Pero no debiera creerse que, en el área específica de la educación, tal
consideración desplace del primer lugar a lo pedagógico, al ideal de educar cada vez
mejor a los comprovincianos del futuro.
Hay que pensar en los educadores sin trabajo. Podrían multiplicarse los
puestos con la generación de servicios nuevos, o también poniendo en marcha un
proceso de reducción de la cantidad de alumnos que hoy desborda cada aula hasta
obstaculizar el aprendizaje. O, además, regulando la matrícula en los
establecimientos de formación docente a fin de prevenir saturaciones como la que
ahora se está viendo.
TERMÓMETRO IMPREVISIBLE
El humoso asado que en otro tiempo convertía al primer día de mayo en una
jornada de perfume, sabor y sonido distintos es ya postal de un pasado
irrecuperable. En tales épocas las fogatas hacían del mediodía una exhibición de
grupos gozosos que podían verse y oírse por todas partes. Y esa pluralidad de
asadores reproducía la cantidad exacta de los sectores laborales de la ciudad.
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Estaban allí representadas las oficinas, los talleres, las escuelas, las fábricas, las
casas de comercio, hasta las fuerzas de seguridad.
Era día de celebrar la gracia de la ocupación y, por tanto, la posibilidad de
subsistir, desarrollarse y hacer crecer la sociedad en la que se vive. Era fiesta
ganada con mucho sudor y nadie hubiese intentado negar el derecho a tan legítimo
regocijo, y tampoco nadie hubiese juzgado que tanta música y tanto grito y tanto
humo, fuesen derroche insensato.
Vinieron los días de las vacas flacas y aquellos ritos de la felicidad popular
comenzaron a disminuir y fueron reduciéndose en número y en júbilo hasta un
punto cercano a la extinción. Fueron los años en que dejó de reconocerse el trabajo
como pilar fundamental de la actividad económica. Los períodos en que se
encogieron los derechos, se endurecieron las leyes y la pobreza fue la contracara de
aquel humo celebrador. Este año, vuelve a hablarse aquí de una comida popular
programada para el Primero de Mayo. Podría suponerse que aquellos míticos días
del trabajador están en vísperas de volver a ser parte de la experiencia colectiva de
los asalariados. Algún político del oficialismo creerá ver en el anuncio una prueba
más de la recuperación del país y de la provincia. Los optimistas de siempre
esperarán la fecha como si en ella hubiese de revelarse la inminencia de un
supuesto porvenir próspero.
Pero la noticia difundida el jueves no asegura que el gran ágape de este año
vaya a reproducir las dimensiones y la atmósfera de aquellos humosos asados
evocados más arriba. Ni tampoco garantiza que habrá la alegría del pasado. Ni
menos que pudiera interpretarse como algo así como un arco iris que fuese a
marcar el fin de una depresión ya medible en decenios.
Más bien genera curiosidad por los detalles que se especifican en la noticia.
Por empezar, no se habla de “asado popular” sino de “olla popular”, algo que suena
de modo distinto y que sugiere imágenes más ligadas con la protesta, con el
descontento, que con el gozo. Los organizadores pertenecen a agrupaciones de
autoconvocados incluidos en una Multisectorial que se integra con trabajadores de
reconocido perfil contestatario, como son los maestros, los municipales y el sector
rebelde de los hospitales públicos.
Puede concluirse que el verdadero carácter del encuentro popular dependerá
de la importancia de los anuncios de incrementos salariales que el Gobernador
prometió efectuar en el tradicional mensaje de apertura de las sesiones ordinarias
de la Legislatura Provincial.
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Los observadores especulan con que la magnitud de los aumentos hará
deponer todas las actitudes de protesta y que, así, el futuro inmediato de la
provincia quedará despejado para avanzar sin sobresaltos. Si así fuese, la “olla
popular” a la que se le ha fijado como ubicación La Alameda, será acontecimiento
feliz. Desde luego, si a juicio de los concentrados, los anuncios resultasen
insuficientes, la “olla” se transformaría en expresión de disgusto de niveles
imprevisibles.
Es de esperar que haya cordura. Que los trabajadores tengan el
reconocimiento que buscan. Y que en el poder y en el llano no se pierda de vista que
si hay recuperación, ésta recién comienza y hay que afirmarla y acrecentarla.
VOLVER LOS OJOS A LA AUTÉNTICA POLÍTICA
El reciente documento del Episcopado nacional no hace otra cosa que llamar
la atención sobre la necesidad de que se vuelva los ojos a la política propiamente
dicha, a la verdadera, a la que a menudo se oye nombrar como “la política en serio”.
Por lo visto, se parte de la certeza de que se camina por fuera de la senda debida y
generando el falso concepto de que la política es la cruda lucha de los gobiernos y
los grupos para preservar el poder o para conquistarlo de cualquier manera. En tan
excluyente afán -puede deducirse- caben todas las formas posibles de la traición, el
engaño, la seducción, el acoso, el soborno y, por cierto, el apartamiento de la ley y
más explícitamente del espíritu republicano que contiene cada palabra de la
Constitución.
Que el documento aparezca en un tiempo preelectoral y en el contexto de una
controvertida relación entre la Iglesia y el Gobierno no debiera oscurecer su
interpretación hasta reducirlo a un gesto opositor, reflejo de la política interesada y
subalterna, esto es la política menor y a menudo despreciable que ha deteriorado
tanto, en la ciudadanía, la imagen del sistema democrático.
Para los representantes de la Iglesia Católica en la Argentina, habrá que
aprender a respetar la independencia de los poderes del Estado, con lo que se
cuestiona la tendencia que lleva a los jefes políticos de la nación -y a los
provinciales habrá que agregar- a condicionar a los otros estamentos de la
República y a disolver la pluralidad ordenada por la Ley Máxima. Desde luego, no
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puede pensarse que los obispos asuman la postura que se está comentando sólo por
rigorismo doctrinario, pues saben de sobra que la concentración del poder en la
conducción del Estado deriva en autoritarismo y en negación de libertades y
derechos esenciales de los gobernados. Tanto no es mero rigorismo, que los
pastores advierten que “la primacía del bien común sustenta y fortalece los tres
poderes del Estado, cuya autonomía real y auténtica se hace imprescindible para el
ejercicio democrático”. En otras palabras, que no es posible el bien común sin
objetiva
independencia
de
aquellos
compartimientos
del
Estado.
Otro tramo destacado del pronunciamiento eclesial hace referencia al federalismo
de las provincias, un ámbito que requiere también el resplandor republicano. Al
respecto, señala que el federalismo que debe promoverse -“el verdadero”- supone el
fortalecimiento institucional de las provincias, con su necesaria y justa autonomía
respecto del poder central. Y añade que “los poderes del Estado se ennoblecen
cuando consolidan la estructura federal y republicana del Estado”.
No aparece, al menos en las transcripciones del documento difundidas por los
medios de comunicación, alusión alguna a la responsabilidad que cabe a los
gobernantes provinciales en este aspecto de los deberes republicanos y en el otro de
la independencia de los poderes por más que podría vérsela implícita en lo que los
analistas estiman que es un mensaje dirigido exclusivamente al Presidente.
En tercer lugar, los obispos reclaman un mayor ejercicio del diálogo y de la
búsqueda de consensos. Expresan que “la experiencia nos ha enseñado que una
sociedad no crece necesariamente cuando lo hace su economía, sino sobre todo
cuando madura en su capacidad de diálogo y en su habilidad para gestar consensos
que se traduzcan en políticas de Estado, que orienten hacia un proyecto común de
nación”.
Insiste una vez más el Episcopado en deplorar “la pobreza y la inequidad, no
obstante el crecimiento económico” y exhorta a “priorizar medidas que garanticen y
aceleren la inclusión de todos los ciudadanos”.
Por cierto, no falta la mención a las elecciones de octubre, en el sentido de que
exigen “una gran transparencia, que las alejen de prácticas demagógicas y
presiones indebidas, como el clientelismo y la dádiva, que desvirtúan su profundo
significado y degradan la cultura cívica”.
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DE ESPALDAS A LA INFLACIÓN
No ha de haber evaluadores de la inflación más certeros que las amas de casa,
y por ello las estadísticas del INDEC difícilmente tengan escépticos más
irreductibles en otro sector que en éste que integran quienes más directamente
conocen la evolución de los precios de los artículos de mayor consumo masivo.
Las informaciones últimas -hubo otras anteriores más creíbles- del organismo
nacional de las estadísticas sobre el costo de la canasta familiar básica fueron, como
se sabe, puestas en duda por casi toda la dirigencia del país. El dato de que dicha
canasta había experimentado un proceso deflacionario provocó una generalizada
reacción que puso en duda la objetividad de la información oficial.
Para las amas de casa el supuesto descenso de los costos ha de haber sido
motivo de sorpresa e indignación, pues saben mejor que nadie que la inflación no
puede encubrirse ante una realidad que diariamente limita el poder de compra de
los
salarios.
Los directores de escuelas con comedores escolares están en la misma línea de las
amas de casa, porque también disponen de un presupuesto que se mantiene
inmóvil a través de los meses pero que debe alcanzar para cubrir unas necesidades
cada vez más asfixiantes.
Ha trascendido la queja de conductores escolares de Tinogasta pero
seguramente traduce la situación de toda la provincia, con las diferencias que
imponen los precios en cada lugar. Según el informe de EL ANCASTI del lunes,
varios conductores escolares del aludido departamento del Oeste declararon que
“es imposible sostener un calendario alimentario por 40 días hábiles con el dinero
que se percibe, cifra congelada a pesar del avance inflacionario”. Indicaron que a
principios de este mes las escuelas recibieron las partidas del programa “PIO” (Pro
Igualdad de Oportunidades) para atender los servicios de copa de leche, refrigerio
reforzado y comedores escolares, pero que no les permitirá “ni siquiera llegar a la
mitad del tiempo previsto”. Se cita el caso de la escuela con mayor cantidad de
alumnos del departamento, con un millar, exactamente, que tiene serias
dificultades para servir diariamente el refrigerio. Entre las razones que explican tal
situación, se incluye el hecho de que “pasan los años y seguimos con la misma
partida calculada para 800 alumnos, cuando la matrícula actual es de mil”. Deben
sumarse la suba de precios y otras circunstancias negativas, como el costo de los
fletes, el desabastecimiento de lácteos y la falta de ofertas.
Los detalles que se exponen son tan numerosos como los que ofrecería
cualquier ama de casa a la hora de referir su drama de cada día. De particular
interés resulta la referencia al programa nutricional que se juzga “muy bueno”,
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pero también la que apunta que “para que las escuelas podamos brindar un servicio
continuo hay que aumentar el costo de 40 centavos fijado para cada ración, porque
cuando se termina el dinero debemos suspender el servicio; y, la verdad, el servicio
redunda en beneficio nuestro, pues cuando los chicos tienen el refrigerio rinden
más
en
clases”.
Pero si la descripción de las carencias en un servicio tan elemental sensibiliza hasta
al más duro, mucho más lo consigue esta información adicional: “Hay un montón
de chicos que no desayunan; en las primeras dos horas tenemos muchos chico con
dolor de estómago, y cuando no hay partida, muchas veces hacemos bolsillo los
docentes para poder darles un té”.
Sin duda, la responsabilidad mayor en relación con estos programas
alimentarios escolares debería estar confiada a amas de casa con suficiente poder
como para activar todos los mecanismos que entran en juego en la efectivización
del servicio. De ese modo no habría retrasos, ni insuficiencias, ni imprevistos que
pudieran dejar a tantos estudiantes desatendidos en un rubro cuya importancia
nadie podría poner en tela de juicio.
EL ÍNDICE DE SUICIDIO SIGUE CRECIENDO
Para un no especialista en tal materia no está claro si la alta tasa de suicidios
que se registra en la provincia debe ser expuesta en público, o si, por el contrario,
sería más prudente guardar silencio por el temor de que quizá la insistencia
periodística pudiera aguijonear algún apetito suicida latente y por ese camino
incrementar un mal que toda la sociedad debería intentar reducir.
Es probable que para cada una de esas opciones haya fundamento, pues es
inevitable no pensar que algo ha de poder hacerse para promover el amor a la vida,
actitud que se juzga natural pero que para tantos resulta difícil por infinitos
motivos, no siempre identificables, y, además, por situaciones exteriores objetivas
cuya modificación puede lograrse cuando una comunidad se propone generar los
cambios saludables.
La estadística ya no puede oírse ni leerse con indiferencia. En lo que va del
año abandonaron este mundo por decisión propia 22 comprovincianos, dos más
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que las 20 víctimas fatales producidas por accidentes de tránsito. Si se considera
que los accidentes viales son, en todo el país, una de las principales causas de
muerte, debe deducirse que aquí el suicidio los supera en tan odioso rango y se
convierte, de este modo, en una de las principales fuentes mortales.
Pero hay un dato más que oscurece lo que acaba de señalarse: entre los
suicidas catamarqueños varios son jóvenes. En el período que media entre el 2 de
marzo y hoy, en la fatídica lista figuran tres adolescentes de 16 años. Esta
precocidad suicida alarma porque podría estar mostrando una tendencia
aterradora: que la voluntaria fuga de la existencia se esté instalando entre los
miembros de la sociedad que se estiman más dotados de pulsión vital.
Desde luego, la concepción del suicidio como fenómeno insondable y
dependiente de variables prácticamente inasibles ataría las manos hasta volver
infecundo todo proyecto destinado a transformar este costado oscurísimo de la
realidad local. Llevaría a la resignación, al comportamiento de espectadores sin
ningún poder de contención. Al rol de testigos casi cotidianos de muertes
inesperadas, absurdas, hirientes como un agravio a la naturaleza humana,
contradictorias en relación con el más elemental de los instintos, como es el de
conservación.
Seguramente se ha de poder hacer mucho en este asunto. Trabajar para un
mundo más vivible implica una diversidad de perspectivas tal, que ofrece un lugar
para cada componente de la sociedad que se decida a militar en tan noble cruzada.
Hay que asegurar trabajo, alimento, educación, justicia, salud, buen ejemplo, afecto
para todos. Hay que purificar el medio en que se vive, la familia en que se ha
nacido, la escuela a la que se concurre, el centro en el que se encuentra diversión.
Tal purificación implica, desde ya, la eliminación de hábitos como el
alcoholismo, la drogadicción -en no pocos casos estas dos adicciones parecen haber
tenido alguna gravitación-, la irresponsabilidad escolar -en los más jóvenes- y las
otras conductas negativas que hacen de la vida una carga insoportable.
Por cierto, un papel principalísimo deberán cumplir los organismos de salud,
sobre todo mental, los educadores, los religiosos, los animadores sociales, los
responsables de la administración del tiempo libre. Que el lugar en que se vive
suscite amor a la vida es tarea de todos. Esto sería evidente si pudiere saberse
cuánta participación hay en el contorno social de cada suicidio.
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CUMPLEAÑOS DE UN SANTO
Se asegura que Fray Mamerto Esquiú reveló su poder de mediador eficaz en
no menos de 300 hechos milagrosos entre los que se halla la curación de un
hombre afectado por una trombosis de retina irreversible que desapareció apenas
el enfermo invocó el nombre del humilde fraile piedrablanqueño.
El dato se ha difundido ahora no sólo por la proximidad del día de su
nacimiento -el11 de mayo de 1826- sino también por lo avanzado que está el
proceso, ya fue declarado venerable, que se espera que pronto lleve a los altares al
catamarqueño más ilustre. Como el lector sabe, la iglesia ya ha proclamado la
heroicidad de las virtudes de Fray Mamerto, instancia inmediatamente anterior a la
beatificación, que podría ocurrir en alguna fecha cercana. De la beatificación a la
canonización -paso éste que cierra el recorrido hasta el reconocimiento oficial de la
santidad-, la espera podría ser igualmente breve, pues depende de la predisposición
papal para producir la proclamación que incluirá al primer santo catamarqueño en
la larguísima lista de los santos que la iglesia ha generado en todo el mundo a lo
largo de su historia milenaria. Si la política vaticana mantuviera el propósito de la
gestión de Juan Pablo ll -mostrar al mundo la santidad de la iglesia a través de la
multiplicación de las canonizaciones-, podría confiarse en una beatificación y
canonización de Esquiú en el corto plazo.
Es posible advertir una mudanza en la consideración de la significación de
Fray Mamerto. A medida que parece acortarse la distancia de la canonización,
aparece con creciente relieve la imagen del Santo tradicional y se tiene la impresión
de que decae el significado cívico de un prócer que consagró considerable parte de
su energía a contribuir a la elevación de la experiencia política y social de los
catamarqueños y del país todo con su palabra inspirada y bella y con su
participación como constituyente, legislador y periodista.
En verdad, Esquiú, fue santo en ambos mundos y alguna vez esta columna lo
caracterizó como el primer santo de la democracia, como un elegido de Dios que
probó que el cristianismo puede y debe ejercer su fe tanto en el ámbito considerado
específicamente religioso y moral como en el de los asuntos de este mundo, que,
asimismo, están siempre vinculados con la Trascendencia y la ética.
Fue santo en sus discursos imponentes, como aquel en que proclamó la necesidad
de respetar la ley y de aborrecer la anarquía; en los sermones sencillos con que
hablaba a la gente; en sus artículos periodísticos de admirable agudeza; en su
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apartamiento de los honores mundanos; en su relación con los pobres y los
enfermos, en su fecunda tarea educadora, en el amor conmovedor hacia su familia,
en su inagotable entrega a la misión episcopal desarrollada en Córdoba.
Su actuación en un tiempo particularmente crucial de la Argentina no tuvo
poco de milagroso. Y si ahora se habla de 300 hechos prodigiosos debido a su
intercesión, ha de suponerse que fueron muchísimos más porque el número de sus
devotos es mucho más inmenso, y si se tiene en cuenta que no ha habido en
Catamarca un trabajo eclesial verdaderamente interesado en promover el
conocimiento y la imitación de este comprovinciano admirable.
Seguramente el Padre Esquiú quiere ser mediador de sus hermanos de la
provincia cuando el dolor y la adversidad de todo tipo los oprime. Porque el amor
por los demás fue heroico mientras vivió aquí. También lo ha de complacer que sus
coterráneos lo conviertan en guía en la búsqueda de Dios, la verdad y el bien. Pero,
sin duda, ha de esperar, como un milagro singular, la conversión de la sociedad
catamarqueña en sus instituciones políticas, administrativas y educativas, en sus
organizaciones gremiales y productivas y en la totalidad de las actividades en que
se pone en juego la suerte de los comprovincianos.
OTRA HISTORIA EN EL ÁREA DE LA SALUD
La superación del conflicto gremial en el área de la salud pública no sólo es un
hecho auspicioso sobre cuya bondad no hace falta ningún abundamiento. Es
también una experiencia que debe analizarse en todas las direcciones, porque es
mucho lo que se ha deteriorado en su transcurso, no en el plano de lo material,
donde las restauraciones son por lo general posibles, sino en un orden más sutil
como es aquel en que los afectados son la salud pública, la conciencia profesional,
la debida armonía entre las autoridades y los agentes del sistema de salud, el bien
común en suma. Se tiene la impresión de que se ha jugado irresponsablemente y
durante demasiado tiempo con cuestiones de primerísimo orden que hubiesen
podido resolverse en el corto plazo y por la vía del diálogo auténtico, que es el
expediente natural en el estado republicano.
Cada uno de los sectores en pugna sabrá reconocer la proporción que le cabe
en ese larguísimo, agresivo, y extraviado encono entre adultos con deberes
potenciados, en un caso por la responsabilidad del poder y en el otro por la
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obligación de un servicio esencialísimo. No es posible no indignarse al repasar la
sucesión interminable de agravios, de discapacidad para la interrelación, de
ostentación de carencia de elementales conductas en la consideración de los demás,
de cuestionamientos públicos por deficiencias que debían haber corregido los
propios denunciantes como parte de sus deberes específicos.
Si los agentes de la salud pública están hoy conformes con los niveles
salariales logrados, en buena hora. Tan prolongada protesta no ha carecido de
justificación y es de desear que la carrera sanitaria y las nuevas remuneraciones
puedan mirarse como conquistas legítimas que aseguren para la provincia un
servicio eficaz, como es el que necesitan los sectores que concurren a los centros
estatales y que son los más necesitados y numerosos.
También estos otros “habitantes” de los hospitales del servicio público -los
enfermos de menores recursos- merecen consideración más altas, respuestas más
inmediatas, coberturas más amplias, estadías menos sacrificadas, esperas más
breves y una actitud de servicio que no se limite a lo meramente necesario.
La desaparición del conflicto ha hecho del área de la salud un campo nuevo, una
tierra nueva. Un surco que espera semillas mejores, atención más consagrada,
entrega más íntegra. No deberían sembrarse gérmenes viejos como los que llevaron
a los trabajadores y a los funcionarios a una refriega que, una vez superada, hace
patentes su daño, su evitabilidad, su carácter de manifestación de desvíos viejos
tanto en uno como en otro bando.
Si quienes protagonizaron los combates se redujesen a celebrar el armisticio
como un triunfo gremial o como una habilísima demostración de astucia
gubernamental, el servicio público de la provincia estaría condenado a futuros
conflictos y a otros deterioros como ocurre cuando las sociedades dan la espalda a
su
experiencia.
Seguramente los catamarqueños querrían decirles, a los gobernantes y a los
trabajadores, que para una numerosa y sufrida porción de comprovincianos la
controversia de tantos meses ha sido un calvario añadido a otros varios, en
ocasiones poco menos que una pesadilla y siempre como una frustración y como
una forma de discriminación absolutamente injusta, y que por ello exigen una
historia nueva.
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LOS MENSAJES DEL FRÍO
La llegada del frío modifica la realidad en medida que debería tenerse en
cuenta, pues en la grilla de las obligaciones aparecen responsabilidades nuevas y
otras pierden la relevancia que tuvieron hasta irrumpir las primeras ráfagas
heladas.
Desde luego, la mutación térmica tiene efectos sobre el humor humano, y mientras
unos sienten que los deprime, otros confiesan que los alivia del agobio de los fuegos
de la estación cálida. Pero ambos grupos se ven urgidos a adoptar previsiones que
no se limitan a la búsqueda de lo placentero, sino, además, a asegurar la
preservación de la salud, aspecto de primera importancia que requiere en esta
etapa del año especiales precauciones.
La ciudad se transforma. La ruidosa expansión callejera pierde fuerza. La calle
vuelve a su carácter de mera posibilitadora del tránsito, y disminuye su condición
de ámbito de encuentro interpersonal y de ocasión para el contacto gozoso con el
contorno.
El frío incita a la introspección. Quienes tienen una rica vida interior no le temen a
la soledad que la huida de los calores estivales genera. Encuentran en ella campo
propicio para esas actividades más reconcentradas, como la lectura, el cultivo
artístico y literario y, además, las del diálogo con la familia y con los amigos bajo el
techo que ahora resulta doblemente acogedor.
Pero los primeros fríos ponen en evidencia carencias que deben superarse. Y
esto lo saben de sobra los jefes de familia y los funcionarios del Estado que deben
velar por la suerte de la comunidad y en particular de los sectores más
desprotegidos. El frío –así lo viven- es mucho más que elemento transformador de
la atmósfera y del estado de ánimo. Es desafío que exige respuestas inmediatas
porque es sabido que el descenso de la temperatura pone a prueba la salud, en una
proporción que puede resultar letal en más de un caso. La edad avanzada, la
alimentación deficiente, la insuficiencia de abrigo, ciertos estados de salud, la
precariedad habitacional, el bajo nivel de defensas se potencian con fuerza
destructiva hasta convertir al frío en una suerte de arma exterminadora.
Nadie ignora que las dificultades de la pobreza se acentúan con el frío. Las
escuelas con ventanas rotas o con puertas que no se cierran del todo, con escasa o
ninguna calefacción o con otras deficiencias que permiten el paso del aire son una
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prueba palpable de cuánto castiga el frío a niños y adultos de los centros
educativos. La falta de ropa abrigada no es vergüenza que pueda juzgarse insólita.
Basta con ver cómo visten tantos niños y adultos en las rigurosas jornadas
invernales para advertir que lo elemental no está a disposición de todos.
Tampoco las oficinas públicas –en este campo las diferencias pueden ser
insultantes- garantizan el refugio que deben ser en los días de adversidad térmica.
Se observa con frecuencia la intemperie que evocan algunas dependencias
administrativas.
Abrigo, atención sanitaria específica, alimento, lugares de estudio y trabajos
cálidos, viviendas confortables y una educación dirigida a promover los hábitos que
demanda el frío configuran un programa de gobierno básico que no debería sufrir
demoras ni desviaciones.
No se está todavía en invierno, pero sus anticipos ya se han insinuado, sin
duda, para recordar que hay que actuar desde ahora.
VÍCTIMAS DE LA LEJANÍA
Si algún hipotético gobierno creara un Ministerio para los Asuntos de la
Lejanía Geográfica y del Futuro, no faltarían los reproches de quienes reclaman el
achicamiento de los organigramas de la Administración del Estado con el
argumento de que por esa vía el gasto público disminuye y libera fondos para
atender más de un problema que por ahora no es considerado suficientemente o no
atendido en absoluto.
Pero si se pensara en esto con alguna independencia de los condicionamientos
presupuestarios, es probable que la intensidad de la crítica disminuyese.
La lejanía geográfica es la porción del territorio que por su distancia de la sede
gubernamental y de los centros en que se genera la opinión que define el rechazo o
la aprobación de las gestiones gubernamentales y, por ende, la suerte de los
gobiernos. Es el espacio y el enjambre de problemas que lo afectan que no está a la
vista de los funcionarios, siempre urgidos por la coyuntura y por las cuestiones que
tienen promotores de presencia constante y gravitación que no puede
desatenderse. Es el sector de la jurisdicción, en este caso provincial, que está
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abandonado desde siempre y que acumula frustraciones que ni siquiera se
registran con propósito planificador de una situación distinta. Es la zona que se
deja librada a la suerte de los fenómenos naturales, para no decir de Dios, a quien
no pueden atribuirse los males que sufren unos comprovincianos al parecer
condenados a no ser conocidos en la plenitud de sus posibilidades humanas,
permanentemente segadas por el olvido de los responsables de su fortuna.
El domingo, EL ANCASTI ofreció un duro informe elaborado después de una
visita hecha a “Aguas Calientes”, pueblito del departamento Belén, distante 670
kilómetros de la capital de la provincia y ubicado a 4.550 metros sobre el nivel mar.
Allí, en plena puna catamarqueña, la lejanía no es palabra cuya significación aluda
sólo a distancia que se mide en kilómetros, pues lo que sorprende es su
primitivismo, su soledad, la carencia de bienes y servicios que en este tiempo se
juzgan inherentes a la condición de persona, y la inexistencia de perspectivas que
permitan suponer que esos niños de hoy tendrán un porvenir mejor que el que
tuvieron sus padres. No puede conformar la constatación de que existen en esa
soledad tesoros humanos que conmueven por su frescura, en el caso de los niños,
por la laboriosidad de sus adultos y por su esperanza a pesar de todo. Estas
revelaciones del informe del domingo incrementan el dolor por la realidad de una
Catamarca marginada que está en el mapa, pero que no integra la provincia
privilegiada que constituyen otras áreas del territorio. ¿Cuántas generaciones
perdidas pasarán todavía en “Aguas Calientes” y en los otros pequeños poblados
que no son diferentes y que en más de un caso afrontan la posibilidad de la
desaparición?
Como se ve, un Ministerio para la atención de lo que está lejos podría evitar,
entre otras desgracias, la extinción de comunidades que, desarrolladas, quizá
hubiesen dado a la provincia las energías y los recursos humanos que le hacen falta
para llegar a las metas que todos prometen, y que nunca se alcanzaron.
Pero, además de la lejanía geográfica está la “distancia” temporal, el futuro,
también marginado entre las responsabilidades de los gobiernos. La preservación
del medio ambiente en el contexto del cambio climático, la previsión que implica la
detección y orientación de los talentos humanos singulares que podrán plasmar el
cambio saludable que debe gestarse desde ahora, la construcción de una
integración regional sólida y permanente y tantas otras “materias” que se ven como
urgencias cuando se las contempla desde el futuro son todos aspectos de primera
importancia que deberían atenderse por lo menos con el mismo celo que se aplica a
la coyuntura diaria.
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Lo lejano en el tiempo y en el espacio también es parte de la realidad que debe
administrarse. Una visión integral debe apurarse y de ese modo el presente servirá
al porvenir y el futuro iluminará el presente.
NO PACTAR CON LA ANARQUÍA
Por estos días el escrache sufrido por la hermana del Presidente en su propia
provincia ha merecido el repudio de los más diversos sectores del país. El incidente
se produjo en el marco de la tensa situación generada en Santa Cruz por la protesta
gremial. Según “Clarín”, la ministra Alicia Kirchner fue repudiada el sábado por
manifestantes que “le arrojaron harina, huevos, basura, agua y escupitajos” a la
salida del restorán donde había almorzado y se investiga en búsqueda de la
identificación de los ejecutores de los agravios contra la alta funcionaria del
Gobierno
Nacional.
Las opiniones más oídas y leídas coinciden en señalar la inadmisible actitud de
quienes confunden la libertad democrática con el desenfreno, como si las personas
no debieran respetarse siempre, aun cuando no fuesen figuras de particular
significación política. No podrían objetarse estas razones, porque es verdad de
Perogrullo que la República es sistema de equilibrios, sin los cuales la vida
organizada resultaría imposible. La democracia promueve la libertad, ciertamente,
y es su esencia. Pero también es verdad que su preservación requiere el autocontrol
de los ciudadanos y la voluntad de no producir fisuras en su naturaleza fragilísima.
El respeto a la ley debería ser tan estricto, que exabruptos como éstos en que laten
resabios de barbarie innegables no deberían ocurrir.
Si se viviese en un sistema opresivo en que la única ley fuese la voluntad
discrecional de un dictador, los escarches no sólo se explicarían como una
exteriorización irreprimible sino incluso como una virtud que lleva al pueblo a
expresarse por la única vía que tiene a su alcance. En un orden democrático no
resultan justificables, por más que no sean pocos los que piensan que deben ser
vistos como “ruidos” propios de la experiencia republicana y como una forma de
certificación de la realidad de esa experiencia.
Pero parece que debe advertirse que no sólo un escrache contra la ministra y
hermana del Presidente debe ser motivo de repulsa. En verdad hay que lamentar
tales manifestaciones en todos los casos, aun en aquellos en que se dirigen contra
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personajes que han hecho inocultable daño a la sociedad, sea en el orden político y
de los derechos humanos como en el plano de lo económico. Siempre será deseable
que la justicia la aplique el poder del Estado creado para ello y ninguna forma, por
incruenta que pudiera creerse, de la justicia por propia mano debería tolerarse.
En la Argentina el escrache casi goza ya de estatus institucional. Es un
procedimiento que forma parte de la protesta y que por tal razón se ha atribuido los
derechos que la ley otorga en relación con la facultad democrática de expresar en
público el descontento por algún derecho conculcado.
La información periodística trae con frecuencia estos actos hostiles contra
alguna persona o institución. Puede comprobarse que tanto desarrollo ha
alcanzado dicha especie contestataria, que hasta hay grupos cuya única
preocupación parece ser la de perpetrarlas, sea como actores solitarios o como
acompañantes de cuanta muestra de malestar social se enciende en el país.
Ningún escrache debe mirarse con simpatía, por más que alguna vez
impresionase como traducción de una pasión noble. Siempre es violencia,
demostración de escepticismo con respecto a la justicia, revelación de desborde
pasional que lesiona la necesaria armonía comunitaria. No puede haber repudio
para algunos y permisión complaciente para otros. Los escarches retrotraen a
edades del hombre ya superadas. No hay que pactar con la anarquía, sino
desarrollar la aptitud democrática. Hay que huir de la frontera entre la República y
el orden bárbaro en donde las sociedades se empeñan en seguir ancladas.
EL 82 POR CIENTO Y SU ODISEA
Simone Weill observa que lo que más cuesta dar a otro es dinero, al referirse a
la práctica de la solidaridad con los necesitados. Pero tal vez podría relativizarse la
opinión de la eminente intelectual francesa, pues tanto como el dinero -y en
oportunidades más que el dinero- lo que verdaderamente duele enajenar es el
tiempo personal. Y esto no sólo por la oportunidad que entraña para la generación
de réditos económicos, sino también por su significado en relación con las
dimensiones personales menos utilitarias. Podría afirmarse, asimismo, que lo que
acaba de sostenerse no se limita al contexto de la caridad o como prefiera llamarse
a la actitud de asistir al prójimo, porque en todos los órdenes sacrificar el tiempo
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individual desviándolo de su deseable destino placentero implica una contrariedad
de particular molestia.
Esto lo saben más que nadie los jubilados de la provincia que se fatigan tanto
como cuando estaban en actividad en procura de que el goce del 82% los incluya de
una buena vez, o de que les sea liquidado como manda la ley. Son no menos de tres
mil los comprovincianos que recorren el vía crucis de la burocracia, algunos desde
febrero, y el relato que hacen de su odisea asombraría al propio Kafka, a quien
suele atribuirse la condición de máximo expositor de la imposibilidad de la
comunicación entre el individuo y el sistema. En realidad, el reconocimiento del
82% móvil sonó como una trompeta del paraíso, como una condescendencia de la
Providencia -a la que no pocos le han asignado nombre y apellido por demás
humanos-. Pero todo fue querer cobrarlo correctamente, para descubrir que no
sería beneficio tan inmediato como el maná bíblico y que para conquistarlo
realmente debía transitarse el laberinto y todas las otras vías dolorosas que ha
imaginado el hombre a través de los tiempos.
Se hace referencia aquí a los jubilados que han formalizado reclamos ante la
Oficina Provincial de Asuntos Previsionales (OPAP), la unidad administrativa
creada expresamente para facilitar el encuentro entre la golosina previsional y su
beneficiario. Desde otro punto de vista, el lugar adonde tienen que concurrir tantas
veces como las que necesita la gota del famoso refrán para perforar la roca. Una
jubilada declaró a este diario que ya había ido a esta oficina diez veces, sin que esto
-puede deducirse- pudiese indicar que las peregrinaciones hubiesen concluido. La
descripción del recorrido impuesto por la Oficina impresiona como un texto
extraído de un libro antiguo, anterior a la irrupción de la informática y de la noción
de que el bibliorato está par servir al hombre y no a la inversa. La misma jubilada
refirió que “para poder acceder al reclamo, el jubilado primero debe solicitar, por
teléfono, un turno, con varios días de anticipación, y antes de asistir al
correspondiente turno, debe confirmarlo, también por vía telefónica”. Huelga decir
que los tales llamados telefónicos no tienen asegurado el éxito, pues la línea suele
estar ocupada o directamente carecer de receptor del llamado. La continuidad del
procedimiento no tiene menos refinamiento: “… ya en la oficina de atención al
público, el jubilado debe entregar la documentación requerida para el reclamo…
una vez realizado el reclamo, la Oficina envía la documentación a Liquidación. El
trámite dura aproximadamente de 2 a 3 meses. Cumplido este tiempo, el jubilado
debe realizar el primer paso (solicitar el turno y confirmarlo) para que su Atención
al Público (donde efectuó el reclamo) le informen si aparece o no en la base de
datos y le confirmen cuándo va a cobrar”. Es de suponer que si la base de datos
decepciona al interesado quedan estos caminos: o se da por vencido con la idea de
que el 82% no es para él, o se aviene a pisar otra vez las mismas brasas con la
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esperanza de otro desenlace; o repite la travesía pero tocando otros puertos
indicados por la Oficina.
No es precisamente tiempo el recurso de que más disponen los jubilados. No
es por nada que sus impaciencias sean más ardientes que las de sus pares en
actividad. Arrebatarles el tiempo es, sin duda, un saqueo y la violación de un
derecho humano del que no se habla mucho.
MALOS INDICIOS
Cuando la gran minería era en Catamarca fantasía de pocos, se sostenía que la
provincia era una Cenicienta dormida en cama de oro. El sueño anticipaba lo que
ocurriría decenios después: la menesterosa de lecho principesco tuvo, por fin,
confirmación de la vedad de aquella intuición generalizada. Pero ya en el plano de
lo concreto halló que era lecho esquivo, lujo obstaculizado por interferencias de
diverso género que parecen poner en riesgo el epílogo feliz que se hubiese previsto,
y que no es otro que la posesión real y el goce de esa fortuna portentosa por siglos y
milenios escondida en las entrañas de la montaña catamarqueña.
Pasado el tiempo anterior a la gran minería, la discusión es ahora qué destino
tienen las utilidades que producen unos recursos naturales que, según expectativas
inamovibles de los hijos de la provincia, deben generar el enorme salto que va de la
pobreza y el atraso a la abundancia y el desarrollo.
Lo sorprendente es que las utilidades están, pero que quienes tienen la
responsabilidad de convertirlas en factores de transformación ascendente actúan
con tanta torpeza que aquel porvenir dorado no difiere mucho de aquel lecho
imposible de la Cenicienta ya inadmisible en estos tiempos.
Como el lector sabe, aquí se ha dictado una ley de distribución secundaria de
las regalías, que fija la proporción que corresponde al Tesoro Provincial y la que
toca a los municipios, además del 5% que se asigna al Fondo de Fomento Minero.
En cuanto al cupo de los municipios -el 35%- el 25% se gira a los departamentos en
cuya jurisdicción hay yacimiento en explotación, el 25% a la suma de todos los
departamentos, excepto los mineros; y el 10% a los departamentos de la región de
los departamentos mineros.
Lo ocurrido con la inversión municipal de las regalías mineras es historia de
todos los días. Historia absurda, pues a pesar de las especificaciones de la ley en
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materia de lo que se puede hacer con estos recursos, se han visto casos de flagrante
transgresión, como los de Andalgalá y Belén, que advierten que la reconversión
productiva que esos fondos deben producir para suplir los ingresos que cesarán
cuando la explotación minera concluya difícilmente se logre, lo que cierne en la
más oscura incertidumbre el futuro de las zonas de influencia de la explotación
minera.
Hay inquietud por perfeccionar la ley con especificaciones que no admitan
más de una interpretación en cuanto a qué deba entenderse por reconversión
productiva, esto es, a qué pueden asignarse los dineros de la minería y a qué no
pueden destinarse dichos fondos. Hay proyectos en la Legislatura, pero no se
entiende la tardanza en tratarlos y sancionarlos.
Pero los fondos de la minería también encuentran riesgos en los dominios de
la Administración Provincial, donde la omisión de procedimientos normados
dificulta el control que debe hacer el Tribunal de Cuentas. Como señala un informe
de EL ANCASTI de ayer, una auditoría sobre el Fondo de Fomento Minero reveló
falencias en el sistema de administración de los recursos mineros, que obstaculizan
el contralor, por lo que ese Tribunal instó a las autoridades mineras y financieras
de la provincia a adoptar las “medidas correctivas” necesarias.
La auditoría se hizo en septiembre del año pasado y las deficiencias fueron de
tal naturaleza que el Tribunal de Cuentas les advirtió que iniciará sumario de
responsabilidad administrativa en caso de que la situación se mantenga y se
produzca “daño a la Hacienda Pública”.
Los auditores reclaman que el Gobierno de la Provincia como cabeza que es de
un Estado socio de quienes explotan los yacimientos, asuman verdaderamente la
defensa de la provincia.
De cuanto se ha mostrado, surge claramente que no está asegurado que la
cama de oro de la expresión popular de antes de la gran minería vaya a servirle a la
Cenicienta, ni que Catamarca reemplace su condición de fámula indigente por la de
Princesa que le corresponde.
MUCHO MENOS PACÍFICOS
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Dicen que en Santiago de Chile la contaminación producida por los gases que
liberan los automotores y las fábricas es tan grande, que cuando se contempla la
ciudad desde las zonas altas -la capital chilena está ubicada en un pozo- sorprende
la masa densa que la envuelve como un humo suspendido sobre los edificios y los
espacios libres. Algo semejante ocurre en la ciudad de México y seguramente en
muchos otros centros urbanos de alta concentración humana, intensa actividad
industrial y parecida localización geográfica.
Pero hay otras contaminaciones no menos dañosas que no pueden percibirse
desde ninguna elevación, sino prestando atención a la información periodística de
todos los días y analizando lo que la experiencia personal registra en cada jornada.
Una de estas poluciones -la de la violencia- es posible detectar en Catamarca,
donde los hechos violentos ocupan un llamativo espacio en la información
cotidiana. Enfrentamientos personales con desenlace trágico, agresiones vecinales
en que los participantes son muchos, insolencia gremial, como la exhibida por los
trabajadores de la Municipalidad de la Capital en la semana pasada, accidentes de
tránsito teñidos de indicios que parecen definirlos como verdaderas búsquedas de
eliminación del otro, enfrentamientos entre adolescentes y jóvenes en que se
utilizan elementos destinados a producir heridas y hasta muerte, descontrol
pendenciero en el fútbol y en las adyacencias de los estadios, aspereza e incluso
agravio verbal y también alguna contundencia agresora en los lugares en que los
jóvenes pasan sus noches de fin de semana, malestar escolar que se exterioriza a
través de tensiones entre grupos y entre adultos y adolescentes: la larga
enumeración es sólo una parte del inventario que podría elaborarse después de una
prolija identificación de las manifestaciones violentas que son componentes de la
vida social en la provincia. Habría que añadir, como capítulo de particular
significado, la violencia familiar, que es témpano del que se ve sólo una porción
ínfima y la otra, execrable, de los abusadores sexuales, que parecen haberse
multiplicado en proporción que estremece.
La vieja idea de que los catamarqueños son agua mansa resulta ya expresión
voluntarista que no puede seguir repitiéndose. Está bien que aparezca en el
repertorio de la canción folklórica, como una exhortación al retorno a valores que,
si no están perdidos del todo, han sufrido un deterioro de inocultable calado.
Sin duda, los catamarqueños han sido pacíficos, y en medida que más de uno
podría estimar desmesurada. No faltan los que atribuyen más de un déficit de la
provincia a aquella proverbial tolerancia que ha permitido la instalación de
situaciones y prácticas que han terminado constituyéndose en obstáculos para el
desarrollo que distribuye con ecuanimidad la riqueza común.
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Pero la violencia que se está comparando con una manifestación
contaminante no es la legítima y virtuosa fortaleza de los pueblos que saben lo que
quieren y no pactan con las debilidades y corrupciones de sus clases dirigentes. Es,
por el contrario, la que trae dolor, frustración, desprestigio, involución, atraso. La
que la comunidad debe desterrar con la misma energía con que se rechaza lo que
individualmente se sufre como un extremo perjuicio.
La violencia que se está denunciando no ha de ser inexpugnable. Ha de haber
modos para disminuirla, desalentarla y erradicarla. Si, como se piensa, la pobreza,
la constatación de la creciente desigualdad social, la carencia educativa, la
decadencia o la inexistencia de la estructura familiar, el consumo cada vez más
extendido de alcohol, la drogadicción, si éstos son estímulos indiscutibles de la
violencia, deberá estar claro para todos que habrá que trabajar en esas áreas que,
por lo visto están reclamando que se las reconozca como movilizadoras de una
causa que, sin duda, merece ubicarse entre las primeras que deben afrontar el
Estado y la sociedad en su conjunto.
CUANDO LA IMPREVISIÓN ESTALLA
Ante la situación de tantas familias indigentes que casi no tienen otra
protección contra el frío que la paciencia y la impaciencia, es natural concluir que la
“adversidad helada” no debiera asociarse nunca con la pobreza porque potencia
exponencialmente las necesidades que en la estación cálida pueden disimularse de
alguna
manera.
El frío es, para los más pobres, inmanejable. El calor logrado artificialmente les es
inalcanzable, salvo, claro está, el de las brasas que pueden obtenerse de cuanto
tenga poder de combustión, sea leña o material de cualquier naturaleza que pueda
suplantarla. Tampoco les es fácil impedir que el viento penetre en sus moradas, a
menudo de precariedad suma, como aquellas improvisadas con techos precarios,
con paredes que no son sino débiles láminas plásticas, y con puertas de cartón.
Espanta imaginar una noche como estas últimas que nos ha deparado mayo
en esas “viviendas” que recuerdan edades remotísimas de la especie humana. A las
carencias por la estrechez económica se le añade el suplicio de la intemperie que
cala los huesos como si quisiera exacerbar un destino que más se parece a una
maldición que a una experiencia verdaderamente humana. Y en estas familias hay
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niños, y ancianos, y enfermos, todos inermes, todos a la espera de que el tiempo
cambie y de que el sol asome. El sol, que han de mirar como la Providencia misma
y como el protector más confiable.
Anteayer, EL ANCASTI informó sobre el caso de una madre de cinco
hijos que vive bajo una carpa de plástico, sin luz y sin baño. Duermen ella y sus
hijos en colchones puestos sobre cartones, amontonados por la precariedad y para
darse calor mutuamente.
Estas dolorosas realidades no son raras. Con diferencias de matices,
hay comprovincianos en cantidad que sería bueno conocer que padecen
emergencias que, en realidad, son crónicas pero que cuando sobrevienen los días
de frío invernal sienten que sus penurias llegan a extremos que por su dureza no
pueden vivirse sino como condenas nuevas.
Pero el frío no se ensaña únicamente con los pobres. En las escuelas de vidrios
rotos y de puertas que no se cierran del todo y que carecen en absoluto de
calefacción, la suerte de tantos niños en toda la provincia no es sustancialmente
distinta de la de las familias de aguda pobreza. Tampoco lo es la de los trabajadores
de algunas dependencias estatales y privadas donde la protección contra las bajas
temperaturas es insuficiente o inexistente.
El Gobierno de la Provincia, responsable de considerable parte de las
situaciones, ha dispuesto que se suspendan las clases en todas las escuelas de la
provincia durante los dos últimos días de la semana, es decir, hasta hoy. Como la
obligada pausa educativa se resolvió en consideración del frío intenso de estos días,
podría especularse con que la semana próxima tampoco será de desarrollo normal,
si el rigor climático prosiguiera y si las deficiencias de los locales escolares no se
superasen durante la interrupción.
Por desgracia, para los pobres no es posible esperar treguas que les permitan
soportar de otra forma la inclemencia del clima. Si no se resuelven soluciones
inmediatas y concretas, ellos quedan en la misma indefensión y al alcance de todos
los males que la crueldad invernal puede generar.
En realidad, la cuestión es gobernar de tal modo que la población entera no
deba sentir que el advenimiento del frío invernal configura algo así como un
desastre natural que altera la vida social y pone en riesgo hasta la salud y la vida.
No debería ser así. No son estas temperaturas inesperadas para esta época del año,
como para argüir sorpresa que justifique la imprevisión. Que se haya adelantado en
algunas semanas -no muchas- no autoriza a hablar de cosa repentina que burlara
todas las defensas y precauciones.
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Tan a tiro de adversidades sorpresivas y de las otras están tantos
comprovincianos, que habría que esperar que Dios evite aquí las penurias del frío,
por resultar excesivamente crueles en una provincia de elevado porcentaje de seres
humanos con necesidades básicas insatisfechas. Que si hay frío desmesurado, que
no haya pobres. Y si hay pobres, que haya gobiernos que los disminuyan y los
pongan a resguardo de los inevitables rigores de la Naturaleza.
BRINDAR ALIMENTO ES PROPORCIONAR VIDA
Si algo no debiera faltar a nadie es el alimento diario, alimento digno,
suficiente, nutritivo. No es la única necesidad elemental pero es certeza
generalizada que está en la base de todas y que su satisfacción disminuye el riesgo
que entrañan las otras carencias. Un ser humano que se alimenta debidamente
puede sentirse persona y en condiciones de procurar los otros bienes que supone la
plena dignidad personal.
Por esta razón resulta particularmente preocupante la situación de los
sectores que necesitan recurrir a los comedores vecinales para obtener aquella
asistencia primordial y que no siempre pueden lograr su objetivo porque tales
centros alimentarios no cuentan a veces con los recursos que hacen posible el
servicio o sólo pueden ofrecerlo de modo reducido, escasamente nutriente y de
ninguna variación a través de los días. Estos comedores surgieron en los momentos
más críticos de los duros años de la decadencia económica, en que fueron los
grupos sociales más deprimidos los que soportaron el mayor peso. La crisis se
atenuó, pero a pesar de ello, el número de los pobres e indigentes sigue siendo en
Catamarca elevado, pues la desigualdad se ha acentuado, con lo que los males de
los pobres son hoy más crueles. En un comienzo estos comedores se mantuvieron
por el aporte y donaciones de voluntarios, pero después el entusiasmo participativo
decayó y determinó que muchos de ellos pasaron a depender de la Municipalidad
de la Capital, que financia 18 de estos centros a través de comisiones vecinales que
se encargan del funcionamiento de los comedores. En estas células alimentarias de
los barrios Villa Eumelia, San Antonio Sur, Santa Marta, Acuña Isí y los
asentamientos de sus adyacencias se alimentan alrededor de 2.800 niños. 2.800
catamarqueños cuyo desarrollo personal deseable se juega en cada jornada según
pueda alimentarse en los lugares habilitados con ese destino.
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De acuerdo con lo que manifiestan quienes atienden los comedores, el panorama
no es alentador. Los recursos que se proveen no alcanzan para todo un mes y por
ello hay días en que no hay comida. Se hacen maravillas para “estirar” las partidas:
se opta por platos más baratos pero que carecen de las proteínas y nutrientes
necesarios. Como todo es más caro ahora, ya no puede preverse el menú, que
depende de lo que se tiene en el día. La precariedad de los recursos se manifiesta,
además, en la primitiva forma en que se cocina en muchos de los comedores
periféricos, en los que se recurre a la leña y se trabaja a la intemperie. Los días de
lluvia –refieren- encender el fuego es una aventura por demás difícil. No se dispone
de un lugar adecuado para la preparación de la comida. Faltan mesones, hay
ventanas sin vidrios, las puertas son precarias y se está expuesto al vandalismo y
los robos.
Algunos de los centros han suspendido el funcionamiento, como el
denominado “Los Pitufos” del barrio Juan D. Perón, cuyos 500 niños están
privados de alimento desde hace 10 días. Y todos en algún momento deben
paralizarse, siempre por la misma razón: el agotamiento de los recursos. En “Los
Pitufos”, como no hay cómo servir comida, salvo fideos y polenta y a veces ni eso, se
apela al mate cocido como extrema solución.
Parece que la superación de estos cortes del suministro podría alcanzarse
mediante una modificación del mecanismo de la entrega de las partidas, pues los
días más críticos son los que median entre una entrega y la siguiente. Y la calidad
del servicio podría obtenerse a través del incremento de las remesas, pues menos
de 50 centavos para cada ración de almuerzo impresiona como un cálculo
mezquino que no puede garantizar ni la duración ni la calidad de la asistencia
alimentaria.
La alimentación de los indigentes, tanto niños como adultos, es problema al
que debiera verse como prioridad entre las prioridades del área social de los
gobiernos. Dar comida es proporcionar vida. Y esta vida tendrá que ser plena y
productiva.
CUANDO ENTROMETERSE ES UN DEBER
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Hay una endurecida tradición que mueve a no inmiscuirse en los problemas
del prójimo, supuestamente porque se traslada al plano de la propiedad lo que en
rigor es asunto de naturaleza ética. Y como nadie debe entrar en terreno ajeno, sin
autorización expresa del propietario, así también se cree que debe evitarse toda
participación en cuestiones privadas de los demás, a menos que se requiera esa
intervención o que omitirla pudiese resultar a todas luces comprometedor para el
testigo pasivo. De esta manera, son incontables los dramas de diversa magnitud
que transcurren, no en la soledad ni privacidad absolutas, sino ante el
conocimiento de otros que guardan silencio y se abstienen de intervenir, quizá por
suponer que ésa es la actitud prudente, la única que cupiese en dichas situaciones.
Desde luego, a nadie se le ocurriría sugerir que entrometerse por sistema en
cuanta contingencia afecte a otros sea virtud social que se tuviese que recomendar.
El sentido común alcanza para advertir cuándo una situación no deseable requiere,
para atenuarse o eliminarse, la acción de terceros, y esto de modo imprescindible.
En estos días, al allanar los sumariantes de la Unidad Judicial Nº 7 una
vivienda de un sector periférico de la ciudad, se hallaron con un cuadro por demás
impresionante: en el lugar vive una joven madre de 32 años con sus hijos, uno de 5
y el otro de 10 años. El mayor es discapacitado mental, y estaba en una pieza,
desnudo, sobre un piso donde una suciedad de los más revulsivos orígenes
denunciaba el aislamiento más cruel, que ya hacía presumir la puerta atada, por
afuera, con una cadena. Un plato de comida estaba en el piso, que, por lo visto, es la
única “mesa” a disposición del infortunado niño.
La accidental -buscaban otra cosa- presencia de los sumariantes permitió que
el caso perdiera su reserva y que los niños fueran rescatados de su marginación y
derivados, el mayor -junto con su madre- al Hospital de Niños, y el más chico a la
Casa Cuna.
La reserva a que se ha hecho referencia no era tanta. Vecinos del barrio Altos
de Choya, donde está ubicada la vivienda, conocían el modo irregular en que vivían
los moradores de la casa allanada. Declararon que los niños vivían “prácticamente
abandonados, en la calle, juntando basura”. Comentaron que la madre suele
dejarlos solos por varias horas y “encerrados en la casa”. Y que esto ocurría
también “los sábados a la noche, cuando ella se va a bailar”. Una vecina fue más
patética, al señalar que “a veces los escuchamos a los chicos llorar durante toda la
noche, pero no podemos sacarlos porque la casa está cerrada”. Otra vecina apuntó
que “estos días que hizo frío, él -por el chico discapacitado- salía a la calle desnudo
completamente; nosotros le decíamos a la madre que lo vistiera, pero ella nos dice
que él se saca la ropa”.
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Las dificultades de esta familia tampoco eran desconocidas para el Hospital,
cuyos médicos atendieron al niño discapacitado por quemaduras sufridas en
ocasión de un incendio que al parecer los chicos habían generado en su casa al
manipular una vela encendida mientras estaban solos.
Se deduce que hubo quienes conocían el drama de abandono,
irresponsabilidad materna, discapacidad de uno de los niños y carencias de lo
elemental de una familia tan “ruidosamente” en crisis no sólo económica. Pero que
se abstuvieron de plantear el caso ante los organismos que tienen a su alcance los
medios para brindar las soluciones debidas. Ni los vecinos, ni los ocasionales
testigos que asistieron a los menores en el aludido incendio.
Las víctimas más impotentes, los niños, han acumulado frustraciones de años,
frustraciones que tienen gravitación escasamente reversible en el futuro, desgracias
que pudieron haber sido sensiblemente menores. También esta ausencia de
participación -la información no hace referencia a ninguna- dañó a la madre,
también probablemente disminuida por alguna insuficiencia en su estructura
personal.
Hay que erradicar aquella cultura de la abstención, y crecer en la conducta
activa que permite evitar estallidos cuando todavía ello es posible y transformar la
realidad que podría ser menos dura con la intervención oportuna de todos.
REMUNERACIONES DE PRIVILEGIO
No es un misterio para nadie medianamente informado y sensible, que lo peor
de la crisis económica de los dos últimos decenios es la desigual distribución de la
riqueza nacional, y que esa inequidad ha seguido creciendo pese a haber
comenzado un período de crecimiento. Dicho más claramente, los grupos
minoritarios han visto crecer sus ingresos con el mismo o mayor impulso que el de
antes de la crisis, en tanto que las mayorías –o un elevado porcentaje de ellas- han
experimentado en este campo una parálisis y hasta un agravamiento de su
situación. La brecha se ha ahondado y no se ven esfuerzos significativos al menos
para que no tenga la desmesura que tiene ahora. Está claro, entonces, que toda la
inversión del Estado debiera perseguir, junto con los objetivos de cada
emprendimiento, el achicamiento de aquella distancia que incrementa hasta la
exasperación el malestar y la protesta. Asimismo, que la política salarial debiera
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estar animada por una filosofía que tienda a construir la armonía social, mediante
el acortamiento de la fisura entre los que ganan más y los que menos perciben, lo
que no implica que se esté recomendando una evaluación hacia abajo de toda la
pirámide.
En este marco, el incremento de las dietas de los legisladores y de las
remuneraciones de los funcionarios de la provincia –incluido el Gobernador-, más
allá de su legitimidad legal, no favorece en absoluto aquella equidad y más bien la
aleja en una medida que para las capas asalariadas más deprimidas puede resultar
una bofetada. Como se sabe, los legisladores vieron leudarse sus dietas como por
efecto de un horno mágico. De 5.000 pesos pasaron a 7.000. Y los funcionarios, de
7.000 a 9.000. Como si el adeudado “salariazo” menemista se hubiese
materializado recién ahora, el reducido sector de los conductores del Estado,
recibió la ganga con tranquilidad absoluta y con olvido total de que son
representantes de un pueblo que está a la cabeza de la tabla nacional del desempleo
y que tiene tantos pobres e indigentes, que deberían constituir suficiente desastre
como para evitar provocaciones de quienes menos tendrían que esperarlas.}
Desde luego, a ninguno de los beneficiados la deshonrosa actitud de aceptar
sin reparos un privilegio de tal volumen ha de haber dejado sin remordimiento. El
casi unánime silencio ante la curiosidad periodística lo revela diáfanamente, como
así también la impostada prosa del comunicado legislativo que, obviando el fondo
de la cuestión, justifica a los legisladores con el argumento de que no fueron las
cámaras las que dispusieron el incremento y que la modificación salarial no fue
más que una mecánica consecuencia del decreto del Poder Ejecutivo que impuso
las nuevas grillas de los ingresos para los agentes de los tres poderes del Estado.
La indignación de la gente es inmensa. No hay duda de que se ha dado pie
para que se ericen las objeciones contra los representantes legislativos, a quienes se
acusa de no efectuar una contraprestación que justifique el monto de sus dietas.
Les enrostran que no “trabajan” más que unos cuantos días al año, pues los recesos
y las campañas preelectorales absorben el resto del calendario. Y añaden que
considerable parte del “servicio” legislativo se reduce a sancionar exclusivamente
los proyectos del Poder Ejecutivo. El descrédito de los integrantes del primero de
los poderes republicanos es tan profundo, que no faltan quienes lo consideran un
apéndice institucional oneroso y estéril.
Seguramente, en todo ello hay exageración y generalización irresponsable,
aunque no del todo incomprensible. Se hubiera esperado que quienes elaboran las
leyes que deben generar el bien común de los catamarqueños reparasen en el efecto
perturbador de una medida salarial
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que contempla un mismo porcentaje para todos los estamentos, como si en la
provincia existiese, en los dominios de las remuneraciones, la simetría que no
debería faltar en una sociedad republicana. Hubiese alentado saber que alguna voz,
de un legislador o algún funcionario, reclamase le sensatez que contribuya a
fortalecer la confianza ciudadana en relación con el propósito gubernamental de
hacer realidad la justicia distributiva.
ESCUELA DE SOLIDARIDAD
El domingo último fue el día de la colecta nacional de Cáritas, la institución
por medio de la cual la Iglesia Católica despliega su acción a favor de los
necesitados de todo el país. Si bien el efecto más perceptible de su funcionamiento
es la fecunda acción social, de la que pueden dar testimonio incontables familias,
no lo es menos la oportunidad que brinda a todos para ejercitarse en la saludable
experiencia de la solidaridad con la confianza absoluta de que sus aportes no
sufrirán desvíos que desnaturalicen el fin de la generosidad colectiva.
Cada año se informa sobre el monto alcanzado por las contribuciones de
católicos y no católicos y sorprende el alto grado de sensibilidad, una riqueza que
en gran parte se malograría si no existiese Cáritas como entidad canalizadora y
conectora entre quienes responden positivamente a la convocatoria y los sectores
que padecen por las necesidades básicas insatisfechas.
Podría asegurarse que, por tal motivo, la institución que corporiza el
compromiso de la Iglesia con los pobres puede mirarse como una auténtica escuela
de solidaridad, como lugar al que se puede concurrir todos los días, sea para
efectuar alguna donación, como para requerir algún servicio.
En Catamarca, Cáritas también despliega su invalorable rol y ha ido
modificando sus alcances y la organización de su trabajo con el propósito de
resultar más eficaz, no sólo en sentido cuantitativo, sino, además, cualitativo pues
procura responder al mayor número de las necesidades individuales y de los
grupos. De este modo, la conducción diocesana ha dejado en manos de las
parroquias la atención de los comedores y merenderos, para concentrarse en la
ayuda inmediata. “Nos ocupamos de la compra de medicamentos, atención de
casos especiales en las familias, compras de pasajes para algunas personas que por
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cuestiones de salud deben viajar a centros asistenciales más complejos”, destacaron
las nuevas autoridades de Cáritas local. Pero no únicamente se consideran las
urgencias materiales de los beneficiarios de la institución. También refirieron que
“nuestros proyectos de promoción humana son bastantes, ya que tenemos espacios
educativos donde se fomentan actividades de tipo literario, los niños tienen juegos
didácticos, elementos artísticos, pintan y además hay centros de apoyo escolar
donde se les brinda un refuerzo alimentario”. Asimismo, se llevan adelante
programas de becas, de promoción y ciudadanía y capacitaciones para los chicos y
sus madres. Por otra parte -destacaron- hay Cáritas parroquiales que sostienen un
hogar de madres solteras en que las chicas estudian y se capacitan.
La colecta nacional se lleva a cabo en una sola jornada, lo que no quiere decir
que la concurrencia solidaria no pueda efectuarse en el resto del año. Al respecto,
tal vez convendría que la institución fuese mejor conocida por la gente. En unos
tiempos en que la presencia por los medios de comunicación parece constituir una
experiencia insoslayable, no puede dejar de pensarse que Cáritas podría
beneficiarse con una mayor difusión de sus fundamentos, objetivos y estrategias.
Beneficiarse no sólo por la magnitud de sus colectas, sino también por su rol de
promotora de la vocación de servicio al prójimo, una finalidad de la más pura
fidelidad cristiana y, por tanto, de indiscutible valor humano.
A Cáritas se puede acudir siempre. Con dinero, con objetos de uso familiar,
con todas las formas de acudir en auxilio de los que sobrellevan la peor parte de la
inequidad social. Y también con servicio personal que permite compartir con otros
los dones educativos y culturales que a menudo configuran las urgencias
imperiosas no siempre reconocidas.
OTRA VEZ LA SALUD Y LA EDUCACIÓN
A Sarmiento no le ha ido nada bien con su famosa frase sobre la necesidad de
que se hagan las cosas aunque de manera imperfecta, con lo que exhortaba a no
demorar la acción, como ocurre tantas veces, con el argumento de que antes deben
madurarse y perfeccionarse en la mayor medida posible.
"Hacer las cosas mal, pero hacerlas" dice textualmente aquella expresión que,
entre los enemigos del ilustre sanjuanino le valió el mote de padre del
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“masomenismo argentino”, una calificación en verdad agraviante, pues se sabe
cuánto daño ha hecho al país esa como falta de apetito de perfección que se traduce
en cumplir las responsabilidades siempre a medias y hasta a cuartas.
Y aunque está a la vista que el autor del “Facundo” no quiso en absoluto
exaltar la chapucería, como dirían los catamarqueños, sino advertir sobre la
urgencia de producir y no limitarse a proyectar indefinidamente sin consecuencia
alguna, no puede negarse que la improvisación, las urgencias de lo secundario y la
sobrevaloración de lo inmediato, han sembrado el territorio patrio de obras
públicas de utilidad fugaz y casi nunca plena de iniciativas plausibles pero
deficientes por haberse concebido y plasmado sin elementales prudencias, de
campañas de todo tipo de iniciación ruidosa y de pronto abandono por no poder
sustentarse, etc.
Por no adoptarse previsiones básicas, costosas realizaciones terminan
abandonándose y ello provoca por ejemplo que acuerdos indispensables y
alcanzados tras dura búsqueda pierdan vigencia y permitan el retorno al pasado
desencuentro y daño social. Suele ocurrir cuando en la mesa de negociación se
hacen promesas que luego no se cumplen sino parcialmente y cuando la otra parte
manifiesta propósitos constructivos que luego desaparecen dejando la impresión de
que nunca existieron. Algo de esto está ocurriendo en Catamarca en el ámbito de
las relaciones de los gremios con el Gobierno. Específicamente en las áreas de la
educación y la salud, donde este año se registraron los niveles de tensión más altos
-en jurisdicción municipal también hubo agitación, pero hasta ahora los frutos de
las coincidencias alcanzadas se mantienen firmes-. El prolongado conflicto docente
quedó superado después de larga lucha que paralizó la actividad de las escuelas y el
armisticio entre el Gobierno y los trabajadores de la Salud posibilitó la
normalización de un servicio tan esencial sobre todo para los sectores sociales
menos consistentes.
Pero no ha pasado demasiado tiempo de tales hechos restauradores de la
armonía en esos dos sectores y han recomenzado las estridencias sindicales que
vuelven a amenazar con huelgas y otras formas de protesta presuntamente porque
las seguridades emitidas por el Gobierno no han tenido plena confirmación en los
hechos y porque el espíritu de colaboración expuesto por los trabajadores no fue
tan sólido como para evitar que se resquebrajara ante las primeras adversidades.
Al parecer, las escuelas volverán a interrumpir su servicio y los centros de
Salud los suyos. En ambos casos, claro está, con grave daño para el bien común.
El observador neutral no podría concluir que los acuerdos que con tanto alivio se
habían visto sellar no hubiesen podido resultar tan frágiles si se hubiesen hecho
con firmeza, esto es, sin excluir ninguno de los elementos de toda verdadera
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confluencia humana, es decir con palabra de verdad y con espíritu igualmente
auténtico. Por lo visto se han privilegiado el objetivo secundario de salvar una
situación de alguna manera amenazadora y en ese apuro han quedado hilos sueltos
que ahora ya no pueden seguir sosteniendo aquellos acuerdos que, en
consecuencia, deberán intentarse de nuevo. Parece improbable que Sarmiento
hubiese aprobado este concreto "hacer mal las cosas" de que se ha hablado al
comienzo.
MOMENTO DE COMPROMETERSE
Se cumplen hoy 324 años desde el momento en que don Fernando de
Mendoza y Mate de Luna fundó la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca,
capital provincial envuelta por un cerco de montañas, que desarrolló a través de los
siglos una identidad propia, singular, única.
Construida por generaciones y generaciones de hombres y mujeres que por
elección propia o voluntad divina compartieron este rincón del mundo en el
transcurso de sus vidas, la ciudad más grande de la provincia encierra encantos y
misterios, problemas y alegrías, dolores e ilusiones que conviven con el singular
sello impuesto por la caprichosa geografía norteña.
San Fernando se distingue desde su origen, ya que los conquistadores
españoles no tomaron esta ciudad como punto de partida, sino que la idearon
cuando ya la población se había afincado en otro extremo del valle, a la sombra de
los rudimentarios trabajos agrícolas de la época.
Con una conflictiva convivencia entre europeos, indios y mestizos, se diseñó
una población de un modo tan particular que difícilmente encuentre antecedentes
similares en el resto del territorio aborigen del que se adueñaron los españoles.
Catamarca era muy pequeña, y siguió siéndolo por un largo tiempo. Se calcula
que cuando cumplió dos siglos apenas tenía 8.000 habitantes. Sin embargo, ya
contaba con un histórico centro educativo, el Colegio de San Francisco, fundado en
1754. Toda una señal de presencia religiosa y de inquietud intelectual.
Todo fue difícil para los habitantes de estas tierras. Sin mares que les abrieran
paso al resto del mundo, sin llanuras que simplificaran caminos y viajes, sin
márgenes para el desarrollo industrial, todo lo que ofrecía la tierra era un ambiente
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virgen hasta la hostilidad, con rocas y montes, tierras secas y laberínticos cerros
que apagaban con el mismo rigor el entusiasmo por las visitas y las excursiones.
La capital catamarqueña creció muy lentamente, y hasta en las épocas de las
grandes corrientes inmigratorias se postuló como un destino menos atractivo que
la pampa húmeda o las regiones portuarias y litoraleñas.
El catamarqueño se encerró entonces en sus propias tradiciones, en su propio
mundo, y comprendió que debían pasar muchos años hasta que la realidad del
resto del país fuera su propia realidad. Aquí siempre el camino aparecía más
complejo, siempre había escollos por la pobreza, menos oportunidades y esperas
más largas.
Pero frente a tantos contratiempos, la ciudad creció, y su gente se hizo fuerte.
Adoptando a la Virgen del Valle como protectora, con una devoción inigualable, el
capitalino evolucionó con un sentimiento muy profundo por su tierra,
identificándose con orgullo por pertenecer a este sitio donde aún hoy conviven
rasgos coloniales y modernos.
Lamentablemente, en los últimos años se advirtieron algunos fenómenos que
amenazan con debilitar aquella identidad. El crecimiento desordenado e imprevisto
de la ciudad, que explotó demográficamente sin que nadie lo advirtiera, trajo aquí
algunas conductas desconocidas, vicios de grandes ciudades que el catamarqueño
desconocía y comenzó a incorporar.
Es una corriente peligrosa, que invita a dejar de lado la solidaridad y a
preocuparse exclusivamente del cuidado de la propia suerte. Conduce, por cierto, al
atropello mutuo, al desinterés y a la deshumanización.
Puede observarse en las calles, en el tránsito agresivo, en la indiferencia del
centro para con los pobres de algunos sectores periféricos, en desigualdades que se
profundizan, y en la multiplicación de actos de vandalismo que suelen destruir
aquello que se realizó para todos.
Quizás pueda utilizarse este nuevo aniversario para revalorizar las raíces
comunes, y asumir el compromiso de trabajar por una ciudad mejor. Donde el trato
vuelva a ser cordial, donde el vecino quiera participar sin buscar un beneficio
personal, sólo para que la ciudad en que vive sea más agradable.
Después de todo, es el lugar donde transcurrió la infancia de nuestros padres,
la nuestra, la de nuestros hijos y sus hijos. Y no hay mejor razón que ésa para
quererla y cuidarla.
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EL PARAÍSO EN UN SILLÓN
En esta época signada por la dramática lucha en busca de la subsistencia
digna, en una sociedad que impone su ritmo según la marcha del mercado y al
mismo tiempo excluye del juego a la mayoría de sus integrantes; y en esta extraña
Catamarca donde las arcas del Estado engordan simultáneamente con los índices
de desocupación, sobreviven ajenos a cualquier contratiempo ejemplares de
singular naturaleza: los funcionarios públicos.
Con algunas honrosas excepciones, de hombres y mujeres que realmente
sirven idónea y honestamente a la comunidad desde el ejercicio de la función
pública -son minoría, pero existen-, la mayor parte de las oficinas y dependencias
públicas están conducidas por personas que no tienen ni la más pálida idea del
significado del cargo que ocupan.
Lo curioso es que ni el más inepto se siente en falta, porque existe en esta
provincia un axioma cultural que institucionalizó, adoptó y aceptó el reparto de los
puestos más cómodos y mejor remunerados sin evaluación alguna.
Sin distinción partidaria ni ideológica, desde algún ministerio hasta la última
dirección, pasando por cuantas secretarías, subsecretarías y cuerpos oficiales
existan, los cargos directivos se distribuyen entre parientes, amigos y favorecidos
de quien tenga la potestad de designarlos.
A mayor cercanía y afinidad con los hombres fuertes de la cúpula de Gobierno,
mejores puestos se obtendrán, de modo que un hermano tiene más futuro que un
sobrino, y éste podrá colmar sus expectativas con más facilidad que el amigo de la
novia, pero asimilado el escalafón de prioridades, suele haber lugar para todos.
La conveniencia, el amiguismo, la devolución de favores o un simple gesto de
gratitud, son los justificativos para la mayor parte de los nombramientos, en estas
familias tan naturalizadas con el poder que se agasajan con un cargo público como
quien envía una tarjeta de salutación.
Pero estos gestos, tan incorporados a la política lugareña, tienen efectos
notorios y serios, que se revelan apenas el ciudadano común ingresa a un
organismo para pedir asistencia, respaldo u orientación.
La falta de preparación previa, la incompetencia asumida, el desconocimiento
de la esencia misma del cargo, de su realidad, del marco legal, de los deberes y
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obligaciones propias de la función, desembarcan en oficinas inconducentes, donde
reinan la burocracia, la inacción y la desinformación.
Muy pocos funcionarios superarían un examen elemental sobre los alcances
de su tarea, sobre los antecedentes del lugar que conducen y su proyección
inmediata. Por eso, cuando se los consulta, casi nunca tienen una respuesta. No
dominan estadísticas, no pueden profundizar cuestión alguna y mucho menos
solucionar problemas. Para decirlo directamente: no pueden realizar su trabajo.
Sin embargo, esta inutilidad manifiesta, que en cualquier otro ámbito
generaría inevitables escollos, para ellos no representa amenaza alguna. Mientras
cuenten con un buen padrinazgo, su futuro está libre de riesgos. En el peor de los
casos, si deben abandonar un cargo, el castigo se limitará a cambiar de función.
Tomarán otro organismo que también desconocen, pero ahora con el
incuestionable aval de la experiencia anterior.
De este modo, cualquier profesional bien relacionado aparecerá al cabo de
algunos años con un currículum que lo muestre como ex directivo en las áreas más
diversas, como si portara una habilitación ilimitada para desempeñarse en
cualquier
rol.
Naturalmente, ninguno responde por los errores cometidos, sean estratégicos,
administrativos o de coordinación. Lo mismo da actuar bien que actuar mal o no
actuar: nadie asumirá responsabilidades posteriores.
Con ingresos muy superiores al asalariado promedio, toda clase de
comodidades y privilegios asegurados, nulas exigencias y una jugosa jubilación
esperando al final del camino, la función pública vendría a resolver el dilema del
poeta John Milton. El paraíso perdido está en un sillón, y para ocuparlo sólo hace
falta ser nombrado funcionario público.
EL DÍA DE LOS ESCRITORES
La de ayer -Día del Escritor- fue jornada insuperable para preguntarse si serán
los escritores los que finalmente arrancarán al país de la postración no
exclusivamente económica de la que todavía no puede emerger completamente.
Menguada la fe -más que menguada, en realidad- en los políticos, en los militares,
en los sindicalistas, en las iglesias y quizá también en los medios periodísticos, por
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más que estos últimos son territorios vecinos de los dominios de los cultores de la
lengua escrita y a menudo transitados por éstos, podría ocurrir que los sucesores de
Leopoldo Lugones -de cuyo nacimiento se cumplió en la víspera un nuevo
aniversario y en cuyo homenaje se declaró el 13 de junio Día del Escritor- fuesen los
llamados para ordenar el caos, corregir las asimetrías, darle realidad al régimen
republicano, construir el reino de la Justicia y afirmar la autonomía y la integración
del país en el mundo.
Tal confianza no resultaría fácil, porque es casi verdad revelada que el
dominio del mundo objetivo con sus infinitas urgencias y sus inevitables
transacciones no es especialidad de quienes parecen más proclives al diseño de
utopías -piénsese en Platón, en Tomás Moro, en Aldous Huxley-, al descubrimiento
del pasado, a la crítica del presente o a la aguda interpretación del destino nacional,
sin que nada de ello implique una propuesta concreta para resolver las coyunturas
siempre impacientes del país.
Cuando José Hernández escribió el “Martín Fierro” dejó, para los argentinos,
una penetrante crítica de la situación social de su tiempo, pero, asimismo, un
proyecto de país, extremadamente sintético, al sostener que “debe el gaucho tener
casa/escuela, iglesia y derechos”. Una propuesta que suena hoy nada diferente de
una utopía. Y visto desde la tradición y de los hábitos de los argentinos, la urgencia
sarmientina de construir el desarrollo a través de la educación y del
aprovechamiento de los recursos naturales de la Argentina constituyó también una
utopía.
Lugones cantó a la Argentina de los ganados y las mieses. Describió sus
pájaros. Narró el heroísmo de la guerra gaucha. Se interesó por la cultura
grecolatina. Incursionó en el vasto mundo del pasado precolombino. Cultivó la
narración fantástica. Transitó, con suerte diversa, en lo ideológico. Pero no pudo
tolerar la corrupción imperante, si fuese cierto que su suicidio se debió a la desazón
proveniente de la revelación de los niveles corruptos que se habían alcanzado
durante la larga gestión de su biografiado Julio Roca.
La reflexión sobre el país ha tenido numerosos y lúcidos escritores. Desde
Sarmiento, que simplificó el mal argentino al explicarlo por la controvertida
antinomia civilización-barbarie, pasando por Alejandro E. Bunge, el autor de “Una
nueva Argentina”, por Ezequiel Martínez Estrada y su “Radiografía de la Pampa”,
por Víctor Masuh y su libro “La Argentina como sentimiento”, y muchos otros
escritores-sociólogos que reflejaron diferentes facetas del modo de ser de los
argentinos, como así también los escritores que en cada provincia afrontaron el
estudio de los problemas locales.
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Habría que incluir en la lista de los escritores inquietos por la patria a tantos
que en los últimos años han dedicado libros al esclarecimiento de las peripecias
más oscuras del país, entre ellos, muchos periodistas cuya profesión les abrió las
puertas ocultas que conducen a los nudos más paralizantes de la frustración
colectiva.
Si los escritores habrán de ser los salvadores de la Argentina desorientada de
estos días, sería arriesgado afirmarlo. Pero no hay duda de que sus aportes no
podrán ser desatendidos en cualquier proyecto serio de reedificación nacional. Por
vocación y por oficio, los escritores iluminan, conmueven y encienden las
voluntades. Ésta es su misión. Por esto merecen el reconocimiento de sus
compatriotas.
CONFIRMACIÓN DE LA VIGENCIA REPUBLICANA
Entre los “conejos” que sacan los políticos de la galera en las campañas
preelectorales, uno es el del respeto irrestricto de la carrera administrativa,
queriendo convencer, con ello, de que, llegados al poder, terminarán las
frustraciones de tantos agentes de la burocracia que, no obstante haber sido los
verdaderos animadores de la administración del Estado bajo todas las
conducciones que les deparó su existencia, se mantienen anclados en sus cargos
porque siempre hay recién llegados o ya radicados con vía más directa a la mano
que debe promover sus ascensos.
Por estos días, un reiterado llamado telefónico de los lectores de EL ANCASTI
denunciaba que en el Senado se había incrementado la categoría de cierta
empleada sin antecedentes o con notoria inferioridad en materia de experiencia en
perjuicio de varios agentes de ese sector que una vez más sufren el agravio de la
postergación. Si tal injusticia existió o si fue sólo secreción resentida, no puede esta
columna certificarlo, pero el caso es tan frecuente, que casi forma parte del ABC
que domina hasta el ciudadano más ingenuo. Según este contra-catecismo
republicano, el acceso a los cargos, a los pases de la categoría de contratados a la de
agentes de planta permanente y a los ascensos depende, más que de la idoneidad y
de cualquier otro derecho adquirido, de intangibles fuerzas ante las cuales la
normativa y el buen sentido se doblegan con debilidad de plastilina.
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El del respeto a la carrera administrativa es latiguillo proselitista casi tan
antiguo como el propio régimen republicano. En verdad, no se trata sino de la
proyección de ese régimen en el área de la administración del Estado, y por tanto,
tan exigente e insoslayable como cualquier otro imperativo constitucional. Desde
ya, tan linajuda condición no evitó que en los hechos haya sido sólo instrumento de
propaganda, herramienta de clientelismo electoral y ocasión para los dislates
nepóticos y otros de peor naturaleza.
No es el único de esos latiguillos. Se ha crecido oyendo las seguridades en
relación con la eliminación de la desigualdad social, con la garantía de una vivienda
para cada familia argentina, con la erradicación de las escuelas rancho -en este
campo se han registrado progresos-, con el sueño del pleno empleo -el lector podría
alargar la lista, seguramente-. Y también se ha prometido la fidelidad a la
independencia de los poderes del Estado, y no hace falta explicitar cuál ha sido la
realidad en todos esos terrenos.
El respeto a la carrera administrativa por parte de los gobernantes no debe
mirarse como un asunto de mera higiene administrativa, como un detalle nada más
que ornamental en el “equipamiento” de las oficinas públicas. Es, por el contrario,
confirmación de la vigencia democrática, garantía de eficacia administrativa y por
ende de desarrollo y bienestar de la sociedad y, asimismo, coraza contra la
corrupción pública, que no sería posible con estructuras burocráticas de idoneidad
intelectual y ética suficientemente probada.
Tan significativa es la planta de agentes administrativos -sobre todo si está
potenciada por el respeto a sus derechos y por la justicia en la determinación de los
rangos-, que con alguna exageración podría concluirse que la suerte de una
provincia se funda más en su eficiencia que en la de los legítimos conductores del
Estado.
Pese a ello, aquel respeto todavía es apenas ilusión de quienes no querrían
abandonar este mundo sin haber visto alguna vez funcionando la provincia como
una auténtica estructura republicana. Se hubiese esperado que después de los
crueles años de la última dictadura militar, la Argentina posterior y la Catamarca
nueva se hubiesen desprendido de las fealdades anteriores. La experiencia, sin
embargo, pareció demostrar que el doloroso receso democrático no fue tiempo de
purificación sino más bien de endurecimiento de las viejas lacras y de acumulación
de otras nuevas, a la espera de poder manifestarse con la grosería que se ha visto y
se ve todos los días.
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La pureza institucional -de esto se trata- debería empezar por alguna parte.
Una de estas partes podría ser la vinculada con la carrera administrativa concebida
como verdadera palanca para la construcción del bien común.
NINGUNA PESADILLA : PURA REALIDAD
Hace no tantos años, escribir en Catamarca sobre la drogadicción y el
narcotráfico hubiera significado hacer referencia a un asunto tan lejano, que se
hubiese creído exclusivo de las películas y novelas. Y las descripciones de los
estados de enajenación provocados por los estupefacientes hubiesen impresionado
como recursos para mostrar la antesala del infierno o el infierno mismo.Con el
andar del tiempo, tales pústulas perdieron lejanía y se llegaba a admitir que
Catamarca era lugar de paso pero no de consumo. Como era de suponer, esa
mercadería diabólica alguna vez debía “derramarse”, pero se opinaba que nunca
habría de extenderse, pues por su costo a lo sumo podría hacer pie entre los grupos
sociales de mayores recursos económicos.
En estos días la drogadicción es parte de la realidad de los catamarqueños y su
presencia más dolorosa no debe buscarse en alguna minoría de alto poder
adquisitivo, pues se ha difundido entre los menos favorecidos por la fortuna, hasta
el punto de que ha comenzado a verse una suerte de sinonimia entre la
marginalidad y la droga. Una asociación que no sería tan deplorable si no fuera que
el consumo de esas sustancias vuelve a la pobreza más penosa y sin salidas y, al
delito, más violento y destructivo.
La droga en Catamarca ya está entre los niños, como lo prueban quienes
trabajan entre los grupos más necesitados de socorro estatal. Se han encontrado
casos de chicos de entre 5 y 10 años ya dominados por la droga. Y se ha oído el
clamor de madres que aseguran que “aquí los chicos se están muriendo” como
consecuencia de esa diabólica adicción que no parece hallar obstáculos en su
avance cada vez más insolente.
Los maestros de escuela primaria observan consternados los efectos de la
drogadicción en sus alumnos. Saben que algo deben hacer pero con frecuencia no
tienen a su alcance otra cosa que la palabra, por lo general impotente ante el marco
de carencias de todo tipo en que transcurre la vida de esos niños. Al retirarse de la
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escuela, se encuentran con su realidad, que a veces es una familia desintegrada, o el
desamparo más atroz, o las amistades peligrosas, o los expendedores de una
mercadería que se ha reducido en precio paralelamente con la disminución de su
calidad y el incremento de su poder nocivo. Muchas veces se dan juntas todas estas
desgracias, que no completan el catálogo de esos ambientes que dejan en niños y
jóvenes huellas que los acompañarán mientras vivan.
Por desgracia, cuanto se ha expuesto no es pesadilla sino drama de solidez de
roca. El jefe de Drogas Peligrosas, de la Policía de la Provincia, acaba de comunicar
que aquí se consumen drogas “en todos los niveles” y que el consumo aumentó un
200% desde 2004 con el agravante de que la tendencia es claramente alcista. De las
posibilidades de este crecimiento no dejan dudas los varios operativos policiales
que permitieron sacar del mercado significativas cantidades de cocaína y
marihuana, tanto en la Capital como en el interior de la provincia. Al éxito de los
operativos provinciales debe sumarse el de varios procedimientos de la Policía
Federal que también posibilitaron secuestros y detenciones.
Pero si es cierto lo que se oye decir entre los trabajadores sociales que tienen
contacto con los grupos de riesgo, la acción policial debería ser más eficaz que lo
que es actualmente. En verdad, lo que dicen es peor: la droga se vende con total
descaro y la policía no ignora dónde funcionan esas bocas de expendio, a pesar de
lo cual el inicuo negocio sigue adelante.
Hoy es el Día Internacional contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de
Drogas, una fecha del calendario que ahora es día provocativo porque interpela
acerca de qué es lo que hacen los catamarqueños para salvarse de un enemigo que
ya lo tienen en su propia casa y dispuestos a amargarles el presente y a frustrarles
el futuro.
El tráfico ilícito, quién no lo sabe, es monstruo de incontables brazos que
operan hasta en los lugares menos imaginables. Habrá que extirparlos cueste lo
que costare, pues está en ello la salvación de los catamarqueños.
PERVERSIDAD EXTREMA
Día tras día, los medios informativos reflejan una realidad compleja, donde
abundan episodios violentos, dramáticos y cuya gravedad supera límites cada vez
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más delicados. La expansión de la delincuencia, del consumo de drogas, de cuadros
de miseria e injusticias de toda índole se instalaron en la agenda cotidiana de las
noticias argentinas. El panorama alcanzó tal extremo que el ciudadano promedio
terminó por habituarse a leer, escuchar y ver crónicas de episodios horribles,
asimilándolos casi con naturalidad.
Quebrar esa coraza resulta cada vez más difícil, porque los mecanismos de
defensa y autoprotección que se desarrollan inconscientemente -para conocer esa
realidad y continuar con la propia vida- son en esta época muy fuertes, y en
consecuencia son muy pocos los hechos que todavía pueden generar auténtica
conmoción.
Sin embargo, ante esta sociedad que cree haberlo visto todo y siente que
perdió su capacidad de asombro, estalló públicamente un caso cuya bajeza y
repugnancia excede las fronteras de lo tolerable.
Aunque el caso es todavía materia de investigación policial y judicial, los
detalles ya comprobados conducen a una profunda indignación y desazón, porque
revelan que la crisis moral y social llegó a niveles que no pudo sospechar ni el más
pesimista de los observadores.
Es imposible narrar lo ocurrido, porque la simple descripción de los actos
consumados es espeluznante. Alcanzará con señalar que en un establecimiento
educativo público, la Escuela Técnica Nº 1 del partido bonaerense de Escobar, se
descubrió el funcionamiento de una verdadera mafia.
Directivos y docentes de ese establecimiento organizaron una empresa ilegal,
alimentada con fondos públicos destinados a la educación, y utilizaban todos los
recursos escolares para su beneficio económico personal; malversando dinero del
Estado y lucrando con terceros, en una insólita actividad cuya estructura no era
otra que la misma escuela, y en horario de clases.
Pero esta conducta delictiva, impulsada por la deshonestidad y la ambición,
que en sí misma provoca el mayor rechazo, es apenas uno de los aberrantes sucesos
denunciados.
Los mismos corruptos que actuaban con total desprecio por las instituciones,
los fondos públicos, la función docente y el futuro de sus alumnos; ejercian
actividades de naturaleza perversa con los propios alumnos.
Entre otros hechos, se confirmó que organizaban encuentros sexuales entre
profesores y alumnas, con la participación simultánea de muchas personas, y que
tales orgías eran fotografiadas y filmadas, para producir material con escenas de
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sexo explícito que, según los indicios que se manejan, se comercializaba luego como
pornografía en la red Internet.
En estas reuniones participaban menores, alumnas adolescentes cuyas
familias las habían confiado al Estado nada menos que para ofrecerles educación. A
cambio de ello, quedaban indefensas en manos de depravados cobardes, que las
sometían a prácticas propias de animales.
El cuadro se completa con amenazas constantes, denuncias que se ocultaban,
complicidades y asquerosos matices que no es necesario mencionar.
Fue una denuncia anónima la que llevó a revelar estos acontecimientos, y aún
no se determinó cuántos años hace que funcionaba este horrendo grupo. Tampoco
se precisó cuántos alumnos resultaron damnificados, pero se presume que se trata
de decenas.
No es posible estimar el daño que sufrieron esas jovencitas abusadas en la
escuela por sus propios profesores. No es posible añadir un agravante a un caso que
se presenta espantoso del primer al último detalle, porque todos los factores
aparecen subvertidos: los más inocentes, agredidos en un lugar de formación, por
aquellos a quienes se encomendó educarlos.
El estupor compartido, sin embargo, no debe permitir que se ubique este
hecho como un escándalo aislado. Por el contrario, es una prueba dolorosa y
lacerante del grado de enfermedad que tiene la sociedad, donde ya no existen
valores primarios y esenciales, donde la persona humana sólo merece desprecio, y
el rumbo se pierde inexorablemente.
El reclamo de un castigo pleno para la basura que representan los
responsables de este episodio es automático, pero también será necesario un serio
replanteo de las propias conductas y de cuánto inciden en la construcción de una
sociedad.
Desviar la vista puede ser más cómodo, pero de ese modo se llegó a esta Argentina
donde las niñas son ultrajadas por maestros en las escuelas. De no buscarse una
verdadera recuperación moral, el futuro será terriblemente oscuro.
OTRA REVELACIÓN DEPRIMENTE
Es evidente que no todos los catamarqueños son habitantes de un mundo en
vías de desarrollo. Hay un alto porcentaje anclado en las capas más crueles del
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subdesarrollo, por lo cual no puede darse por sentado que la sociedad de estas
tierras configure una unidad y que por ello las políticas puedan ser las mismas para
todos.
La realidad indica que aquí la discriminación -palabreja que figura entre las más
detestables del idioma- es una necesidad, si se consagra a privilegiar la atención de
esos sectores marginados que, contra las apariencias, no son de este siglo y a veces
ni de esta Era, no obstante vivir entre otros grupos que pertenecen a estos tiempos
y que pueden esperar futuros aún más florecientes.
Los desocupados, los sin techo, aquellos para los cuales el alimento diario es
una aventura dolorosa y quienes trabajan sin los resguardos de la seguridad social
no están en el mismo momento histórico en que se hallan los demás, pues para
ellos todavía no han llegado ni Yrigoyen, ni Perón, ni los beneficios reconocidos con
posterioridad que han robustecido aquella eliminación de la esclavitud producida
en el siglo XIX. En verdad, son esclavos rezagados a pesar de que sus cadenas no
sean visibles y de que crean que participan de algunas migas de la libertad real.
El Ministerio de Trabajo acaba de revelar otra verdad que viene a reforzar el
deprimente cuadro de la situación que padecen muchos catamarqueños, al dar
cuenta de que 3 de cada 10 comprovincianos que trabajan no están registrados y,
por ende, no tienen perspectivas jubilatorias, ni derecho a la asistencia de una obra
social, ni a aguinaldo, ni goce de vacaciones remuneradas, ni de ninguno de los
otros beneficios de la legislación laboral.
Catamarca integra el grupo de provincias que tienen el más alto índice de
trabajadores en negro. Según el Ministerio de Trabajo, el 31,3% de los trabajadores
de la provincia trabaja por una remuneración que fija arbitrariamente la patronal y
sin ninguna cobertura social. El 31,3% sabe que no podrá jubilarse nunca, que ni él
ni su familia están protegidos contra la enfermedad, que su estabilidad laboral no
está garantizada y que cuando alguna desgracia disminuya su eficacia deberá
resignarse a la marginación o a la pérdida de su salario en el mejor de los casos, si
la patronal no resolviese prescindir de sus servicios.
La gravedad de esta circunstancia impresiona como de más mortificante
cuando se toma en consideración que peor que Catamarca sólo están Corrientes,
Jujuy, Formosa y San Luis. Y también cuando se presta atención al dato que
muestra que la media nacional es sensiblemente más baja, pues se ubica en 23,1%.
No puede servir de consuelo el hecho de que el trabajo en negro sea una
mancha nacional, pues cerca de un tercio de los 10 millones de asalariados revistan
en las filas del trabajo que transcurre al margen de la ley y a espaldas de las más
elementales exigencias de la conciencia contemporánea. El trabajo en negro no sólo
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refleja ausencia de desarrollo económico. También expresa fragilidad ética, pues a
menudo la causa no es otra que el aprovechamiento, por parte de los empresarios,
de la debilidad y el desamparo de quienes no pueden rechazar una forma tan
repudiable
de
explotación.
Según el Gobierno, se está trabajando para terminar con el abuso, pero tendría que
reparar en que el propio Estado tiene trabajadores en negro, como son, en realidad,
los beneficiarios de sus planes laborales, quienes están privados de aquellos
derechos complementarios del salario.
Luchar contra este mal no es fácil, porque demanda la transformación
profunda de la realidad económica y también de la conciencia de los generadores
de empleo y, asimismo, de las actitudes de quienes demandan trabajo. Además, le
cabe un significativo rol a los gobernantes, pues la falta de controles estimula los
comportamientos que condenan a tantos argentinos -y a tantísimos
catamarqueños- a trabajar como expulsados a unos tiempos en que el trabajo era
verdaderamente una maldición.
¿Y EL PUEBLO QUÉ HACE?
Es conocida la afición de los gobernantes por las inauguraciones.
Especialmente en tiempos preelectorales, el entusiasmo fundacional es una
constante de la que pocos pueden sustraerse, en el afán por proporcionar pruebas
de supuesta ejecutividad. Se suceden así actos públicos nutritivos para el ego, útiles
excusas para abrir alguna canilla, accionar interruptores o repartir viviendas como
si fueran pochoclos, al mismo tiempo que se bate el parche autopublicitario.
Se ha insistido tal vez demasiado acerca de la imprevisión que los
autoproclamados estadistas pretenden ocultar con golpes de efecto, y sería acaso
una desmesura detenerse a analizar la megalomanía de los inauguradores, si no
fuera por la ausencia crónica de políticas encaminadas a resolver los problemas
infraestructurales que, pese a que aquejan a la Provincia desde hace décadas,
parecen redescubrir cada vez que crisis como la energética estallan, para reeditar
sus promesas de inminentes inversiones y proyectos. Sin embargo, es improbable
que asuman conductas diferentes mientras puedan continuar desplegando
impunemente las defraudaciones acostumbradas.
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La sociedad catamarqueña tiene una tolerancia a esta situación que podría
catalogarse ya como patológica. Se trata de un masoquismo poco común, que
aplaude las fanfarrias propagandísticas y rechaza, quizá por pesimista, cualquier
advertencia sobre los lamentables resultados de la improvisación. Es como si
hubiera anulado su capacidad de indignarse, como si el hartazgo le fuera ajeno y
disfrutara el consumo de falacias.
EL ANCASTI ha sido consecuente en su línea editorial y ha señalado en forma
permanente la miopía estratégica de esta gestión y de las anteriores. No por
soberbia, o por ser un iluminado faro, sino por puro sentido común. Si algo hubo
previsible en los últimos años, fue este desenlace de carencias, servicios
subdesarrollados y horizontes restringidos. Tan obvio resultaba, que es imposible
no subrayar las responsabilidades que al pueblo de Catamarca le caben por el
presente que vive. Por manso o por zonzo, por conveniencia clientelar o indolencia,
padece ahora por haber entregado el futuro a manipuladores de ilusiones que,
postulados
como
Mandrake,
no
llegan
a
ser
el
Mago
Fafá.
Escenografía
Se trata de hacerse cargo. Si es por el discurso del poder, Catamarca es objeto
de una gigantesca confabulación de la que participan incluso organizaciones de
envergadura internacional, que le impide desarrollarse como quisiera. Una
provincia víctima de perpetuas contingencias que la exceden. Como hoy son las
"malas privatizaciones", ayer fue el menemismo o el saadismo, y toda una gama de
sinarquías empecinadas en perjudicar los intereses provincianos. A nivel local,
nadie tiene la culpa de nada.
La crisis energética es ilustrativa. Aunque redundante, no es ocioso recordar
que Catamarca atraviesa hace por lo menos tres años una bonanza económica sin
precedentes, producto del incremento de las recaudaciones nacionales y
provinciales y del ingreso de recursos provenientes de la minería. Semejante
coyuntura ha sido hasta ahora inútil.
Como muestra basta un botón: el ministro de Obras Públicas, Juan Acuña,
reveló que hace un año propuso declarar la emergencia energética, pero finalmente
el Gobierno no lo hizo porque desde la Presidencia le ordenaron desistir de tamaño
despropósito. De modo que la insuficiencia de energía actual era conocida en Casa
de Gobierno al menos hace un año, a pesar de lo cual nada se hizo para morigerar
sus efectos, seguramente por las obediencias debidas en el marco de la
imprescindible alianza electoral con el kirchnerismo.
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Sirve la anécdota para graficar el espíritu escenográfico y marketinero que
anima a la política.
Al parecer, los administradores de la cosa pública se guían por el conocido
principio comercial que indica que no se vende lo que no se muestra, guía rectora
para la decoración de vidrieras. No era preciso demostrar preocupación por las
consecuencias de la falta de energía mientras éstas no se hicieran evidentes y todo
el mundo las sufriera en carne propia. Más redituable era inaugurar tangibles y
visibles productos como casas, otorgar concretos subsidios y repartir bolsones y
materiales de construcción, que es algo que los primitivos pueden percibir y
agradecer, aunque después los pozos se desborden por falta de cloacas, sea
imposible proveer de agua potable con niveles de presión razonables a las
extensiones urbanas diseñadas sin tener en cuenta las demandas de quienes van a
ir a habitarlas y la luz sea más tenue que en un burdel de la zona roja.
Toda la escenografía se monta con objetivos fenicios de mercachifle. A veces,
la realidad se burla. Como cuando quisieron conectar al sistema eléctrico el nuevo
predio para la Fiesta del Poncho, para el que sí se trabajó contra reloj para cumplir
con el sueño dorado de inaugurarlo este año, y fue imposible sin hacer que
colapsara la red capitalina.
Lo que no se ve. Así, a cada paso se confirma el apotegma de los antiguos
romanos, que tenían al pueblo a raya con puro pan y circo.
Las inauguraciones que hacen falta no tienen el brillo espectacular ni la
emotividad de las entregas de barrios. No se ven, y por lo tanto no venden. Las
cloacas están bajo tierra, al igual que los caños del agua. Y nadie la va a poner
Gobernador Fulano a las líneas de alta tensión o a las estaciones transformadoras.
Aparte, es imposible entregar las llaves de una cloaca, un elemento tan maloliente
más allá de su utilidad social.
Tanta es el ansia de deslumbrar, que los intendentes se desviven por iluminar
sus comunas "a giorno" y después no pagan la luz, con la certeza de que el Gobierno
provincial lo hará llegado el momento, en un nuevo acto público que servirá, cómo
no, para hacer gala de actitudes solidarias. Es claro: los focos pueden verse, y de la
morosidad en el pago de las facturas se enteran unos pocos.
El orden de prioridades detallado no es inocuo. La crítica no se realiza porque
al aire es gratis, sino porque la persistencia en las conductas oportunistas es un
cepo para el desarrollo provincial.
Lo que ocurre con la energía debería servir de lección última. La energía es un
factor elemental al analizar la conveniencia de invertir. Si es deficiente, los
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capitales buscarán mejores rumbos. Y sin inversiones, no hay trabajo ni se genera
riqueza.
Los catamarqueños tendrían que preguntarse qué han hecho durante todos estos
años para mudar su destino de pobreza y marginación. Y responderse: nada, salvo
tolerar y avalar las picardías de su clase política.
PROPUESTA LEGISLATIVA OPORTUNA
El catamarqueño del llano, que imagina que lo que el Presidente y sus
funcionarios hacen a favor de los gobernados alcanza a todos ellos, han de creer
que los publicitados acuerdos de precios logrados por iniciativa nacional estaban
dirigidos también a los argentinos de todo el país y no sólo a los de las adyacencias
de la Casa Rosada. Ha de haber esperado, por ello, que la estampida que ahora lo
sorprende, no se hubiese registrado o tuviese niveles menos incisivos que los que
aquí
ha
alcanzado.
Lo cierto es que el razonamiento es impecable, pero a veces hay imposiciones de la
realidad que impiden que los efectos de aquellas medidas lleguen a todos. En el
caso de los acuerdos de precios, ocurrió que se pactaron con las grandes cadenas
comerciales, que no tienen representación en Catamarca y por lo tanto queda la
provincia al margen de lo convenido en dichos acuerdos.
De este modo, los índices inflacionarios registrados en la provincia son más
elevados que los de otros centros y la situación pone a Catamarca en clara
desventaja en un asunto de tanta gravitación para la población.
Por lo dicho, no podría ser más oportuno un proyecto ya aprobado por el
Senado de la Provincia, por el que se solicita que el Poder Ejecutivo logre aquí
acuerdos sobre precios que protejan a los consumidores catamarqueños.
La iniciativa, presentada por el senador Jorge Agüero, procura que la
negociación se haga con supermercados, autoservicios, polirrubros y almacenes,
incluidos los productos perecederos, cárnicos, frutas y verduras.
El proyecto propone, también, que los acuerdos comprendan, además, a los
comercios que venden ropa y a los de librería y papelería.
La necesidad de la gestión que se pide parece de probanza innecesaria. Como
señalan los fundamentos de la propuesta, es cierto que “la gente común, el
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asalariado fabril, el empleado público, el sin trabajo y el beneficiario de un plan
social intuyen a través de su bolsillo un incremento diario y permanente en el valor
de sus alimentos o enseres de vital importancia para su vida”. Y para no limitarse a
la percepción generalizada, el senador paclinense hace referencia a otro dato de
fuerza incontenible: el último informe del INDEC coloca a Catamarca con el índice
de inflación más alto (el 4,1 por ciento).
Asimismo, el proyecto sugiere que se invite a los municipios a efectuar las
mismas negociaciones en su jurisdicción.
La importancia de que los acuerdos se logren en la provincia y en los
municipios, y más allá de los efectos reductores de la inflación, estriba en la
posibilidad de que se genere la oportunidad para considerar las particularidades de
cada lugar, lo que podría asegurar una vigencia más duradera de los acuerdos.
Las últimas informaciones nacionales dan cuenta de que se firmarán nuevos
acuerdos de precios con los mayoristas, lo que podría significar que sus alcances
beneficiarán también a Catamarca. Pero, de todos modos, una negociación local
podría resultar más realista y de más largas y objetivas consecuencias.
El tratamiento de la propuesta legislativa, que fue aprobada por unanimidad,
dio lugar a que se aludiese a la Constitución de la Provincia que contempla “la
incorporación institucional de este tipo de diálogo y de acuerdos de carácter
económico y social a través de un Consejo Económico y Social que, aparte de poder
asesorar al Poder Ejecutivo en las políticas públicas que tienen que ver con el
sector, podría muy bien ser el ámbito institucional permanente para acordar
precios”, como recordó el senador informante del proyecto, quien, por otra parte,
apuntó la posibilidad de establecer Consejos en todas las actividades sociales que se
relacionen con las necesidades de la comunidad.
MAYOR DESARROLLO, PERO SIN ASIMETRÍAS
Las asimetrías regionales son, en el país, una realidad que constituye un gran
problema dentro de otro más general del desarrollo argentino global. Esta
desigualdad hace que más de una vez -para no decir siempre-, las políticas
promocionales implementadas por el Estado Nacional queden fuera del alcance de
las provincias que más necesitan de la asistencia gubernamental,
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fundamentalmente porque el crédito contempla exigencias que exceden las
posibilidades financieras de los argentes económicos de las zonas deprimidas. Esto
ha ocurrido con las líneas de apoyo a las pymes, por el hecho de que el nivel de
recursos considerados mínimos por dichas políticas para el acceso al crédito
resultan elevadas cuando se las ve desde la realidad de los emprendedores locales.
Ahora, los ministros de Economía de las provincias piden una nueva ley de
Promoción y Desarrollo Regional, como así también opciones de financiamiento de
mediano y largo plazo para proyectos en el interior del país. Los ministros
expresaron esta inquietud en una reciente reunión con Beatriz Nofal, que conduce
la Agencia Nacional de Desarrollo de Inversiones.
La funcionaria respondió que el proyecto de la ley que se pide ya está
elaborado en lo que respecta a sus lineamientos técnicos y que seguramente tendrá
el tratamiento correspondiente durante la próxima gestión de gobierno.
Participaron de la reunión los ministros de Buenos Aires, Catamarca, Chaco,
Misiones, Jujuy, Chubut, Mendoza y San Juan, y representantes de menor rango de
Corrientes, Salta, Córdoba, La Rioja, Santa Fe y la Ciudad de Buenos Aires.
Por lo que se hizo saber a los presentes, se buscará la eliminación de trabas al
acceso de los empresariados provinciales a los distintos programas vigentes. Por
otra parte, la funcionaria y las representaciones provinciales dialogaron en torno de
la creación de una Red Federal de Desarrollo de Inversiones “para atraer capitales
en todo el ámbito de la nación, en un marco de equidad e integración regional”.
También hubo coincidencia en que la Red coordine con las provincias la
comunicación de las ventajas comparativas y competitivas de cada jurisdicción
para la atracción de inversiones.
Además, hubo otras propuestas relacionadas con los mismos objetivos y el
análisis proseguirá en un nuevo encuentro programado para septiembre. Debe
destacarse que en la misma ocasión Beatriz Nofal puso en marcha la referida Red
Federal de Inversiones.
Habrá que ver cómo se evita el mantenimiento de las diferencias regionales y
provinciales si se elimina -es el caso de Catamarca y otras contadas provincias- la
preferente asistencia que tienen las jurisdicciones comprendidas en el Acta de
Reparación Histórica, si beneficios similares se extendiesen a la totalidad de las
provincias. Podría ocurrir que aun mejorando la situación general, la inferioridad
relativa de provincias como Catamarca quedase otra vez afirmada.
Parece que habrá que procurarse un doble objetivo. Por un lado, la aceleración
del desarrollo general. Pero por otro, que no se ahonde ni se preserve la inequidad
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que traduce la existencia de inaceptables disimilitudes entre regiones y entre
provincias. Será la única manera de servir con fidelidad la anunciada meta del
marco de “equidad e integración regional”. El temor surge del juicio negativo de la
funcionaria Nofal, quien lamentó que “en el pasado sólo hubo promoción industrial
para algunos distritos”.
DOS ALAS PARA UN MISMO VUELO
Quien haya supuesto que la inauguración del Predio Ferial -lugar en que se
llevó a cabo conjuntamente con la Fiesta Nacional del Poncho- daría a la "Expo
productiva 2007" un relieve singular se ha de haber sentido frustrado, pues, contra
una lógica elemental, contra el interés de la provincia y contra la debida fidelidad a
los visitantes -también a los lugareños que tenían derecho a conocer la provincia en
la integridad de su realidad, se la exhibió sólo en parte y ésta subalternizada por la
ubicación en un sector del predio que sugería una inmerecida marginación. El
contenido de la Expo productiva, como todos saben, mostraba nada menos que el
desarrollo productivo e industrial, que en los últimos años ha revelado asombrosas
perspectivas destinadas a renovar sensiblemente la vieja imagen de Catamarca
como jurisdicción asociada con la pobreza, con la absoluta dependencia de la
dádiva nacional y con el desaliento generalizado y la bajísima autoestima.
La inexplicable discriminación no puede atribuirse sólo a los organizadores
del acontecimiento que unió a la Fiesta del Poncho con la “Expo productiva 2007”,
por cuanto la ausencia de importantísimos exponentes del quehacer productivo e
industrial se debió a decisiones de esas mismas empresas, que con su actitud
dejaron ver una lamentable incapacidad para advertir que tanto por el bien de sus
emprendimientos como por compromiso con la provincia donde trabajan no
debieron haber faltado a una cita que tenía como meta la promoción de Catamarca
en toda la pluralidad de sus posibilidades. En ediciones anteriores El Ancasti hizo
pública la nómina, destacando el caso de aquellas en quienes la indiferencia resulta
menos comprensible, como Arcor y las empresas mineras. También aludió a
muchas otras empresas del más diverso rubro, algunas favorecidas durante años
con los regímenes de promoción industrial. Pero si la negativa respuesta de un
sector de quienes protagonizan el desarrollo económico catamarqueño debe
objetarse, no es menor la queja contra los organizadores que, a la hora de distribuir
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los espacios del Predio Ferial, excluyeron a la Expoproductiva de los pabellones
principales y la ubicaron en carpas, claramente separadas de ellos.
Desgraciadamente, la intención de unir la muestra agroindustrial con la Fiesta
del Poncho se frustró en alguna medida. Si el objetivo fue mostrar ambos sucesos
como elementos de una misma verdad -el desarrollo de la provincia a través de sus
talentos artísticos y artesanales y de sus fuerzas económicas en alentador proceso
de avance- esta segunda ala del despegue pudo haberse expuesto con mayor brillo.
Como ha señalado un primer balance de El Ancasti del martes, “las empresas
necesitaban ocupar un lugar mejor, con mayores comodidades y servicios, porque
el mensaje que recibieron de las autoridades es que permanecen en un discreto
segundo plano, a pesar de que el crecimiento productivo de Catamarca obedece en
gran parte al esfuerzo y la inversión de cada uno de los proyectos presentados”. La
misma nota destaca que “actualmente, la cantidad, magnitud y variedad de
emprendimientos que se desarrollan en suelo catamarqueño muestra una realidad
diferente: desde la explotación minera hasta la ganadera, Catamarca se embarcó en
centenares de trabajos productivos, que incluyen industrias olivícolas, nogaleras,
aceiteras, vitivinícolas, sojaleras y de manufactura de diversas materias primas.
Habrá que tomar nota a fin de que en 2008 la Fiesta del Poncho y la
Expoproductiva constituyan una unidad que pueda percibirse como la síntesis que
refleja a una provincia que quiere crecer en todas sus dimensiones y que lo está
logrando con el esfuerzo de todos.
DÍA DE REGALOS Y DE COMPROMISOS
“No hay que nacer, hijito, es peligroso” dice el estribillo de una de las
canciones de la estremecedora cantata chilena que describe la matanza de los
trabajadores del salitre de Iquique, en 1907, que reclamaban un mejor salario y que
fueron llevados con engaño a un espacio cerrado- la iglesia de Santa Maria de
Iquique- donde se los acribilló a balazos junto con sus mujeres y sus hijos.
El lacerante latiguillo impresiona como el más impropio texto para encabezar
una nota sobre el Día del Niño. Y, sin embargo, pocos serían más eficaces para
introducir la reflexión sobre la verdadera situación de la niñez en el mundo, en el
país y en la provincia.
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Con respecto a la infancia en el planeta, UNICEF emite periódicamente
informes demoledores en que se exponen los crecientes porcentajes de
desnutrición y mortalidad infantil, y de explotación y hasta esclavitud a que están
sometidos tantos niños obligados a ejercer la prostitución, el trabajo a destajo y sin
las mínimas condiciones de seguridad- el trabajo ya de por si configura una
crueldad si se lo ejecuta en la infancia-, y los otros incontable modos de agravio de
que dan cuenta a diario los medios de comunicación.
En la Argentina, la información oficial alude a la disminución de los índices de
desnutrición y mortalidad infantil presuntamente por el crecimiento económico de
estos últimos años. En verdad, ese crecimiento no ha logrado todavía una
equitativa distribución de la riqueza común, sino que por el contrario, ha
profundizado las diferencias, lo que provocó que los ricos sean cada vez menos y
más opulentos y que los pobres sean más y cada vez más pobres.
En Catamarca, descendió la tasa de mortalidad infantil, pero la miseria
derivada de la desocupación ubica a la provincia en los primeros lugares del país e
incluso en los primeros del NOA, región ésta entre las más deprimidas de la
República.
Y en este catálogo de los calvarios infantiles no debe olvidarse de contar el
indefinible número de aquellos a quienes no se les concede el derecho a nacer y que
no son preocupación de encuesta alguna.
¿Cuál es el remedio para tanto desamparo infantil? El sistema no tiene otro
que el consejo y la estrategia para que cada vez haya menos nacimientos. No
naciendo, no sufrirán hambre, ni explotación, ni abandono social. Y hasta hubo en
países de Latinoamérica, agresivas campañas antinatales como las de la
esterilización femenina masiva y obligatoria.
Evidentemente, el mundo no es un paraíso para millones de niños, a quienes
les habría sido mejor no nacer, según la lógica del Orden Establecido y hay que
añadir que este orden injusto no es menos desalmado con los que, de todos modos,
se han asomado a la existencia y sufren en los orfelinatos de los más diversos
nombres, en los hogares desechos, en las familias de desocupados y sin techo, en
las calles, donde están expuestos a riesgos de todo genero, en las escuelas, donde en
tantos casos se frustran, en los Centros de Salud precarios, en los establecimiento
de rehabilitación social, y en los carcelarios, adonde van a parar con frecuencia.
Es peligroso nacer, sin duda. Pero hay que nacer. El nacimiento es el primer
derecho humano. Y carga de responsabilidades no sólo a los progenitores, sino al
conjunto de la sociedad- incluidos los gobernantes, por cierto- que no puede
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encogerse de hombros frente al llanto inicial de los millones de niños que vienen a
reclamar su espacio en el mundo y su oportunidad para embellecerlo y purificarlo,
primero; y después para desarrollarlo y convertirlo en casa deseable para todos los
hombres.
El Día del Niño no debe ser sólo de regalos. Además, debe alentar una
voluntad de servicio que haga del mundo el paraíso posible de paz, solidaridad y
gozo que merecen todos los niños.
INCIERTO FUTURO DE NUEVA CONETA
Alguna vez fueron los diques del Este, en otra ocasión fue la colonización de
Nueva Coneta, en otra oportunidad la explotación de Farallón Negro, después,
sucesivamente, el Paso de San Francisco y el desarrollo de la gran minería y las
obras públicas consideradas faraónicas por no pocos comprovincianos. Pero la
experiencia -habrá que esperar qué ocurra con las obras públicas- demostró que
ninguna de todas estas alternativas para producir la sustantiva modificación de la
suerte de los catamarqueños -era la meta proclamada por la propaganda oficialcolmó las expectativas de los consumidores de dicha publicidad, seguramente
porque se apostó siempre a una sola carta, con olvido de que la realidad deber ser
afrontada simultáneamente por todos sus flancos.
Esta observación, hecha ya en más de una oportunidad desde esta columna,
parece reforzarse con las manifestaciones de quienes en 1969 llegaron, desde otras
provincias y también de Catamarca, a Nueva Coneta, ilusionados con revertir su
destino personal sumándose al proyecto local de colonización emprendido para
incorporar 3.611 hectáreas a la superficie cultivada de la provincia.
Con motivo de haberse cumplido, el jueves último, el trigésimo octavo
aniversario de la fundación de Nueva Coneta, los colonos de la primera época han
expuesto su versión de la historia de lo que fue un emprendimiento que debió
haber generado un significativo progreso en materia de producción e
industrialización agroganadera, y, además, constituir un modelo de modernidad
tecnológica y eficacia cooperativa. El relato de estos actores y al mismo tiempo
víctimas no pudo haber sido más deprimente.
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Uno de ellos recordó que hasta 1975 Nueva Coneta fue un lujo y que llegaban
las camionetas de la Ciudad buscando lo que se producía y se iban con las cúpulas
llenas. Como certificando la sentencia de Martín Fierro que apunta que “sólo queda
al desgraciado/lamentar el bien perdido”, refirieron el ya inexistente esplendor de
los cultivos de pimiento, berenjena, alcaucil, cebolla, zanahoria, lechuga, tomate,
ajo, espinaca, tabaco, cebada, alfalfa, avena, sorgo, uva, mandarina, durazno,
sandía y melón. Dijeron, también, que hasta el año pasado funcionaba en la colonia
una fábrica procesadora de tomates que se abastecía con producción local pero que
se fue a Salta porque ahí tiene mejores posibilidades.
Al evocar la frustración de las 25 familias que tuvo la primitiva colonia,
reflexionaron con indisimulable amargura. La causa principal de la decadencia fue,
según apuntan, el abandono de los gobiernos democráticos posteriores al
nacimiento de Nueva Coneta. Culparon a los políticos de haber diezmado la
voluntad de trabajo y la solidaridad entre los colonos, con sus actitudes
clientelísticas y con la introducción de rivalidades que hasta entonces no se habían
puesto en evidencia. Destacaron que Nueva Coneta es un pueblo “abandonado por
el Gobierno” y, asimismo, que “los políticos jamás se preocuparon por la colonia y
su gente”.
No obstante, la decisión de seguir luchando no ha muerto del todo, por más
que será necesaria una visible modificación de la actitud del Gobierno, de modo
que resulte posible revertir la penosa situación presente. Campo de acción para una
tarea restauradora hay de sobra. También para avanzar, pues de las hectáreas
disponibles sólo se está aprovechando a pleno un 30%.
El optimismo, sin embargo, se reduce cuando los colonos toman en
consideración la escasez de agua de riego que soportan y las oscuras perspectivas
derivadas de la disminución del caudal proveniente de Las Pirquitas para proveer a
la Capital.
Resulta indiscutible que Catamarca no ha sabido acometer con éxito un
proyecto de colonización, o si se prefiere, sostenerlo en el tiempo. Achalco y la
Colonia del Valle son también experiencias fracasadas. En el caso de esta última,
días pasados se registró una enérgica demostración de descontento por el
abandono que atribuyen al Gobierno y que, de acuerdo con las expresiones de los
manifestantes, es la causa de su más que deplorable presente.
Ni apostar a una sola carta, ni desechar a las que ya están tiradas sobre la
mesa sirve para lograr el desarrollo integral que arranque a la provincia de tantas
estadísticas lamentables.
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EL ALA VERDE DEL DESARROLLO CATAMARQUEÑO
Cierta tendencia un tanto supersticiosa atribuye a olivo influencias positivas.
Sus adeptos, sugieren que por esto motivo, Cristo se retiraba a orar en el Monte de
los Olivos y los niños saludaban al inminente salvador agitando ramas de ese árbol
en la jornada cristiana que evoca el Domingo de Ramos, la puerta que habré paso a
la Semana Santa.
Quienes creen en aquella energía saludable sostiene que en ningún hogar debe
faltar un olivo, porque su acción protectora pone a la familia a resguardo de los
incontables riesgos que la acosa permanentemente.
No se está en condiciones de determinar que grado de verdad tenga aquella
creencia. Pero si puede demostrarse que Catamarca ha nacido a otra historia, a otra
expectativa, a confianzas hasta no mucho apenas pensables gracias al cultivo de ese
árbol bíblico que ha encontrado en estas tierras condiciones excepcionales para
nacer, multiplicarse y producir fruto en cantidad que no pueden ponderarse
debidamente con palabras. Y, además, sus aceites, que ya están compitiendo con
ventajas en los exigentes mercados europeos y estadounidenses. El crecimiento de
la producción de aceitunas ha sido extraordinario. Si se compara la cosecha de este
año con la de 2004, se comprueba que fue de un 434 por ciento, según un informe
del Ministerio de Producción y Desarrollo: la última fue una cosecha record. Sus 54
millones de kilogramos de aceitunas supero los 48 millones de 2005 y también
dejaron atrás a la producción total del resto del país, que alcanzó los 50 millones.
Las plantaciones de olivo están ubicadas en los departamentos Capayán, Pomán,
Tinogasta y Valle Viejo. Con una producción de 25 millones de kilogramos de
aceitunas, este año Pomán se convirtió en el departamento más productivo y,
además encabeza la tabla por su elaboración de conservas para las distintas
variedades de aceites.
Como nadie ignora, el fenómeno de la olivicultura es parte significativa de la
revolución verde operada en Catamarca en los últimos decenios. También elemento
importante de la provincia en lo que respecta a la agroindustria.
Gracias a la olivicultura, Catamarca tienen presencia en el mundo, una
presencia que también está dada por la minería y la vitivinicultura. El 90% de la
producción olivícola se exporta a España, Italia, estados Unidos y Brasil y el 10%
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restante se consume en el País. Los aceites catamarqueños tienen a Estados Unidos
como principal comprador.
los otros consumidores de este derivado de la aceituna son España e Italia. La
aceituna de mesa, por su parte, es particularmente apreciada en Brasil, y en menor
grado en España e Italia.
El alentador desarrollo de la avicultura estaña otro beneficio que no puede
obviarse. Es su significación como generadora de trabajo en tiempo de preocupante
desempleo. Los números difundidos por el Ministerio de Producción y Desarrollo
son estos: en 2005, hubo un total de 4.578 trabajadores 775 permanentes y 3.798
transitorios. En 2006, 4.134 -740 permanentes y 3. 394 transitorios. En 2007,
5.022 -1.031 permanentes y 3.394 transitorios. En 2007, 5.022 – 1.031
permanentes
y
3.991
transitorios.
Aun cuando no se quisiese compartir aquella certeza cuasi religiosa sobre la
presunta condición sobrenatural del olivo, nadie podría negar que para los
catamarqueños el escepticismo sería más que arbitraria, a la vista de su maravilla
de factor prodigioso de desarrollo.
LA INFLACIÓN, CADA VEZ MÁS DESINHIBIDA
Por estos días, un comentario político difundido por un medio periodístico de
alcance nacional mencionaba la inflación como una de las novedades adversas –la
otra era la corrupción- con que deberá luchar el oficialismo para lograr su objetivo
electoral en octubre de este año.
Pero como el análisis no se hacía con el acento puesto en el bien general sino
sólo en la evolución de la campaña por la adhesión a la gestión kirchnerista, no
contenía referencias más precisas a ese fenómeno de la inestabilidad de los precios
que se da por cierto y que la gente intuye por más que no termina de ser reconocido
por el Gobierno.
Lo cierto es que la estabilidad del costo de vida es pura ficción, sobre todo si
no se limita la evaluación a los artículos de primera necesidad. En los últimos
meses la adquisición de cuanto demanda la vida diaria ha sido cada vez más ardua.
De manera casi imperceptible en algunos casos y más que perceptible en otros,
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crece la dificultad para afrontar tanto la canasta básica como todas las otras
canastas que no pueden evitarse en la realidad concreta de cada día.
Ahora se ha fijado la atención en el alza desmesurada de los precios de las
verduras y frutas, y en verdad resulta alarmante que los incrementos sean aquí
hasta del 100% como ocurre en el caso del pimiento rojo, de la chaucha, el zapallito
verde. Como declaró el propietario de una verdulería barrial, “todos los días la
papa, la cebolla y el tomate tienen un precio distinto”.
Podrá decirse que el brote inflacionario no alcanza más que a los vegetales y
que ello se debe a las imposiciones del clima que no pueden evitarse. Pero, en
verdad, el fenómeno puede detectarse también en las otras áreas del consumo,
probablemente en porcentajes menores aunque la sorpresa puede ser grande si se
examinan los precios de cuanto se relaciona con la construcción.
La sensación de estar ante el resurgimiento de una inflación que había dejado
de ser motivo de zozobra no hace tanto ya empieza a influir sobre el humor general
y, como se sabe, estos humores suelen alterar sensiblemente la normalidad de la
vida colectiva. Esa aprensión se ve favorecida por el escándalo del INDEC que ha
perdido credibilidad como leal informante de la verdadera realidad en los rubros
que determinan las condiciones de vida de los argentinos. Tan ruidoso es el
deterioro del INDEC, que sus mismos técnicos dudan de la objetividad de los datos
de desempleo que se espera que se den a conocer oficialmente esta semana. Al
aludir al INDEC, “Clarín” del sábado apuntaba que, así las cosas, la crisis del
organismo estatal de las estadísticas “colocó ahora bajo sospecha indicadores que
venían siendo favorables para la gestión oficial” y que “se agregan a las sospechas
sobre el valor de las canastas de indigencia y pobreza, el índice de precios al
consumidor (IPC) y el cálculo del PBI”.
Como sabe el lector, en Catamarca no se han adoptado providencias para
morigerar el avance de una inflación que hace desastres en las economías de las
familias, sobre todo de las más castigadas por la pobreza. Hubo inquietud
legislativa que se tradujo en un pedido para que el Poder Ejecutivo busque
acuerdos de precios en lo que respecta a artículos de la alimentación, vestimenta y
librería, como ocurrió en el orden nacional. También en el Senado se advirtió que la
Constitución local contempla un Consejo Económico y Social que, además de
asesorar al Gobierno, podría ser el ámbito institucional permanente para acordar
precios.
Lo cierto es que no hay información que indique que las sugerencias
legislativas vayan a ser atendidas y convertidas en acciones concretas. Esto a pesar
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de que la inflación en Catamarca ya había sido registrada por el último informe del
INDEC, que le asigna un índice del 4,1%, el más alto de todo el país.
No puede afirmarse que la inflación vaya a significar un obstáculo para las
aspiraciones electorales del Gobierno Nacional, pero es seguro que es fantasma que
asusta a la sociedad entera, que ya ha conocido lo que significa ese desmadre que
altera todos los ejes de la vida nacional. Hará bien que no sigan demorándose los
intentos por eliminarla o reducirla.
LA SEGURIDAD ES CONQUISTA COSTOSA
Seguramente el punto extremo de la inseguridad sea aquel en que los
miembros de una sociedad hacen justicia por sus propias manos no obstante contar
con instituciones responsables del bienestar común. Y a escasa distancia de una
situación tan alarmante está aquella otra en que se percibe que la ley de la selva
está sólo a un paso, como parece que ocurre por estos días en la provincia de Santa
Cruz, donde el obispo Juan Carlos Romanín ha advertido que "se llegará a un
extremo en que la gente hará justicia por propia mano".
El lector conoce sobradamente los incidentes registrados en Río Gallegos al
exacerbarse el malestar gremial por la provocación de un ex ministro que atropelló
con su vehículo a una manifestación de protesta y produjo lesiones, algunas de
suma gravedad, a cerca de una veintena de manifestantes.
En el caso de Santa Cruz la posibilidad del desmadre social que tiene sobre
ascuas a su Obispo, proviene de la insatisfacción por la insuficiencia de los salarios
y por el autoritarismo que se atribuye al Gobierno de la provincia patagónica, que,
según los críticos, sigue siendo gobernada desde Buenos Aires por su ex
gobernador y actual presidente Néstor Kirchner.
Pero el descontento santacruceño se advierte a lo largo y ancho del país y sus
manifestaciones irrumpen no sólo en la protesta pública sino, además, en el
incremento del delito, en la generalización de la corrupción, pública y privada, en el
abandono de la confianza en las instituciones del Estado, en la creciente
debilitación del espíritu republicano.
Consecuencia de ese estado de cosas es el extravío que deriva de un sistema en
que no hay clara diferencia entre lo bueno y lo malo, entre lo justo y lo injusto, y
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entre lo que merece castigo y lo que demanda reconocimiento y aliento. Unos
mismos delitos reciben sentencias absolutamente diferentes y nadie ignora que no
son la idoneidad y la honestidad los requisitos para ascender en la pirámide del
poder democrático y casi en ninguna otra pirámide.
En este marco, la construcción de nuevas y amplísimas cárceles, el
agravamiento de las penas, la multiplicación de los Policías, la incorporación de
modernas tecnologías destinadas a la lucha contra la inseguridad y el narcotráfico,
la capacitación y perfeccionamiento de los servidores del orden y toda otra
previsión supuestamente salvadora resultarán insuficientes y significarán
inversiones económicas desafortunadas. Con hambre, desorientación moral,
carencia de educación, con desocupación, con mal ejemplo, con vivienda indigna o
ninguna vivienda, con desigualdad ante la ley, con ausencia de estímulos para la
vida productiva, con ingresos por debajo de las necesidades básicas; con semejante
"patrimonio" un pueblo no puede esperar seguridad, ni, en consecuencia, bienestar
sin la amenaza de interrumpirse en cualquier momento. Y ese escenario de
inseguridad no puede menos que generar neurosis, incertidumbre, pánico y
conductas que realimentan el nefasto circuito de una infelicidad que alcanza cada
vez a más víctimas, hasta el punto de que todos terminan siendo víctimas y
victimarios.
La seguridad, por lo visto, es meta imposible de lograr si no se la busca por
medio de una transformación de la realidad entera del país. Si no la afrontan todos.
Si no hay predisposición para volver al seno de la ley, del sentido común, de la
esencial buena índole de todo hombre.
El obispo Romanini de Santa Cruz confiesa que es impotente para contener la
violencia que late en su diócesis y coincide con lo que se acaba de señalar en el
párrafo anterior, al señalar que "la paz social (otro nombre de la seguridad, podría
añadirse) la creamos todos con un sistema de Prevención donde cada uno se hace
cargo de lo que tiene que hacer, y lo hace rápido".
DESMESURADA REACCIÓN CONTRA EL EPISCOPADO
Tal vez si no se estuviera en vísperas electorales, el último documento del
Episcopado nacional no hubiera tenido repercusión más allá del círculo de los
adeptos a la lectura de los pronunciamientos eclesiales.
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Hubiese pasado como con tantos otros en que la Iglesia se ha mostrado
inquieta por el mantenimiento de la pobreza en la Argentina, ahora menos
admisible debido a la recuperación económica de estos años.
Pero debe admitirse que esta vez el documento episcopal ha señalado
fealdades menos apuntadas con anterioridad, como la indiscutible realidad del
incremento del clientelismo político y de la igualmente repudiable reducción de los
niveles de independencia de los poderes del Estado. Sobre estos últimos tópicos la
Iglesia ya se había manifestado anteriormente, aunque con mayor contundencia a
través de algunos obispos, como, por ejemplo, el de Puerto Iguazú, Mons. Joaquín
Piña.
La tolerancia del Gobierno nacional fue tolerancia cero, y, de este modo la
réplica del jefe de Gabinete, lejos de dejar sin fundamento los cuestionamientos
eclesiales, optó por intentar descalificar a sus formuladores mediante la clásica
recurrencia de los desarmados que apelan a golpes que caen lejos del campo de lo
que está en discusión, y con eficacia nula, según la percepción de quienes no
sucumben ante cualquier aturdido contraataque.
El prominente funcionario prefirió aludir, sin precisiones pero con suficiente
grado de sentido como para producir una muy primera reacción positiva, a “otro
tiempo en que la Iglesia calló”, con lo que ha sugerido que si esta vez aparece
opinando no ha de ser sino por contribuir a una acción opositora que busca
dificultar un resultado electoral feliz para el Gobierno en los comicios de octubre.
Los obispos, por otra parte, habían reclamado “más diálogo y búsqueda de
consenso en torno a políticas de Estado” y enfatizado que “un país no crece
necesariamente cuando lo hace su economía”. Con respecto a los comicios que
vienen, habían exigido transparencia que “los alejen de prácticas demagógicas y
presiones indebidas, como el clientelismo y la dádiva”.
En verdad, ninguna de las observaciones eclesiales constituye una novedad a
la que pudiera darse algún poder especial como amenaza para un determinado
desenlace electoral. Las quejas contra la inequidad social, el autoritarismo, el
clientelismo y la inexistencia de diálogo son parte del repertorio común de la
dirigencia argentina no oficialista. Y en rigor, puede afirmarse que el listado de los
obispos no agota el catálogo de las fragilidades republicanas del presente y que la
sintética exposición elegida es más que clara demostración de una voluntad
constructiva que quiere evitarle al país más frustraciones que las que carga ahora
sobre sus espaldas.
CXXXIX
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Cualquiera haya sido la conducta anterior del Episcopado, la pretendida
sorpresa de su declaración no debería disgustar a los mayores responsables del
bien común en la Argentina, sino, por el contrario, alegrarlos, pues no hay duda de
que en medio de la oscuridad de estos tiempos reconforta saber que quedan a la
patria voces con verdad y con credibilidad que dan noticias de su decisión de
ponerlas
al
servicio
de
todos.
Si hubiera diálogo, si se buscase consenso para las grandes cuestiones, si el orden
constitucional fuese servido cabalmente, los pronunciamientos como éste del
Episcopado que ha causado tanto disgusto y, por tanto, las respuestas agresivas que
lo siguieron, no se hubiesen registrado y hubiesen dado paso a una serena
preparación de los próximos cuatro años cuya suerte empezará a definirse en las
urnas de octubre.
INVOLUCRAN
BRIZUELA DEL MORAL PARA DEFENDER
SENADOR NACIONAL LAS EXTRAÑAS COMPARACIONES DE
DEFENSA DE OSCAR CASTILLO
A
AL
LA
Pretende establecer un paralelismo entre
la actitud del ex gobernador con las compras
directas y el escándalo de las fundaciones,
ocurrido durante la gestión de Brizuela del
Moral. Pero el actual mandatario echó a los
funcionarios involucrados. Y Castillo los
justificó y protegió.
Los abogados del ex gobernador Oscar Castillo
compararon el escándalo de las compras directas de
elementos para asistencialismo en la Subsecretaría de
Acción Social durante la gestión gubernamental del
actual senador nacional con el de las fundaciones que
vendían capacitaciones a la misma área, ocurrido ya
en el mandato de Eduardo Brizuela del Moral, para
intentar demostrar que El Ancasti asumió una
postura distinta al tratar ambos casos. Sin embargo,
Ex
mandatario.
Durante
la
gestión
gubernamental de Oscar
Castillo (1999-2003) se
desató el escándalo por las
compras directas en Acción
Social.
CXL
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las declaraciones de los testigos aportados por este diario dejó en claro que el
posicionamiento diferenciado respecto de cada uno de los procesos obedeció a las
actitudes distintas que tomaron Castillo y Brizuela: mientras el primero justificó y
defendió a los funcionarios involucrados en las maniobras sospechadas, Brizuela
del Moral los separó inmediatamente de sus puestos y los puso a disposición de la
Justicia, e incluso solicitó la investigación correspondiente a la Fiscalía de Estado
para deslindar responsabilidades.
Al ser interrogado por los abogados acerca de las razones por las cuales
Brizuela del Moral no había sido objeto por el escándalo de las fundaciones de una
crítica tan incisiva como la que se había realizado sobre Castillo por las compras
directas, uno de los testigos respondió: "Porque la actitud de Brizuela del Moral fue
diametralmente opuesta a la del ex gobernador Castillo".
Como se sabe, Castillo trabó una querella en contra de este diario y de su
director, Roque Eduardo Molas, porque, según dice, lo ofendieron las críticas
vertidas hacia su gestión por El Ancasti en una publicación editorial y notas
relacionadas con el escándalo de las compras directas y los gastos estrafalarios en
la Secretaría Privada de la Gobernación durante su mandato. Posteriormente,
añadió que se sentía dolido también por la información publicada acerca de su
retractación en una causa que le había iniciado el extinto ex embajador en Holanda
Julián William Kent, suegro de Ramón Saadi, a quien, en el transcurso de la
campaña electoral de marzo de 1999, cuando se postuló y ganó la Gobernación de
la Provincia, vinculó con el narcotráfico durante un reportaje radial.
En el marco de la querella de Castillo contra este diario, que se sustancia en el
juzgado civil de primera instancia a cargo de Jorge Avellaneda, declararon testigos
y se realizó la absolución de posiciones de rigor.
El escándalo de las compras directas en Acción Social, que estalló durante el
gobierno del senador, no sólo fue motivo de publicaciones periodísticas, sino
también objeto de investigación en el Tribunal de Cuentas -que ratificó las
irregularidades- y hasta en la justicia penal, donde una causa se mantiene
paralizada porque la mayoría oficialista de la Cámara de Diputados se negó a
conceder el desafuero del diputado Víctor Hugo Brandán, jefe de la UOCRA y
último subsecretario de Acción Social de la gestión castillista.
Según se constató, a partir de un decreto que Castillo a fines de 2000, a través
del cual se elevó el monto autorizado para realizar contrataciones sin concursos de
precios ni licitaciones en Acción Social y se eximió al organismo de cumplir con
disposiciones legales establecidas para impedir los desdoblamientos de compras, se
inició una fiebre de compras directas de elementos para asistencialismo que
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alcanzó ribetes de verdadero frenesí durante los períodos electorales. Las compras,
millonarias, beneficiaron mayormente a un puñado de empresas cuya exclusiva
actividad era comerciar con el Estado, muchas de las cuales se conformaron poco
tiempo antes de realizar su primer negocio.
De la gestión Castillo también están bajo la lupa gastos realizados por la
Secretaría Privada.
El ex gobernador no sólo se queja por la información difundida, sino que hizo
todo lo posible, a través de los sectores que le responden políticamente, por
impedir que las investigaciones avanzaran y los hechos se esclarecieran. Además,
llegó a defender el desempeño de los funcionarios de Acción Social. En una
oportunidad, mientras el escándalo arreciaba, dijo que los ministros de Salud y
Acción Social eran cuestionados porque hacían exactamente lo que él les mandaba
hacer.
En el escándalo de las fundaciones que le vendían capacitaciones a la
Secretaría de Acción Social, también revelado por El Ancasti, la posición de
Brizuela fue la opuesta: separó de inmediato a la cúpula del organismo, que
lideraba el abogado Pablo Córdoba Molas, estrechamente ligado a su círculo
íntimo. También cayó el entonces director de Políticas Juveniles, Ariel Regina. Y
ambos terminaron presos.
CON TANTA POBREZA, LA INFLACIÓN ES UN ESCÁNDALO
Al reconocer el INDEC que los precios de los alimentos son, en los
supermercados, tres veces más altos que los que reflejan las últimas estadísticas del
organismo de las mediciones oficiales no ha producido otro servicio que el del
sinceramiento –por más que pudiera sospecharse ahora que el incremento haya
sido mayor-, pues la percepción generalizada indicaba que la estadística estatal no
se corresponde con la verdad.
Según las nuevas precisiones, los aumentos en los centros comerciales de
mayor consumo popular durante el mes pasado fueron de un 1,6 por ciento, el
triple del 0,5 por ciento asignado por el INDEC al costo de vida en el mismo
período. Se ha suministrado, además, otro dato que refuerza la evolución negativa,
para los consumidores, de los niveles de precios de los artículos de demanda
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masiva. Es el que revela que si la inflación en los supermercados fue tres veces más
alta que el índice general de precios, se cuadriplucó, en lo referente a alimentos,
con respecto al 0,4 por ciento informado por el INDEC hace apenas tres semanas.
Un análisis de “La Nación” del jueves intenta explicar las diferencias entre los
dos índices oficiales y conjetura que se deban “a una disparidad muy grande las
canasta de productos que se utilizaron en cada medición”, aunque encuentra “más
probable” que el índice informado el miércoles esté basado en datos más realistas.
También refleja la opinión de los supermercados, cuyos ejecutivos creen
advertir “una disociación entre la inflación real y la sensación que tiene la gente”,
pues “hay cuestiones que son muy difíciles de medir, como la suba que tuvieron las
frutas y verduras, que no fueron acompañadas por otros productos, como la carne,
que en los últimos tiempos tuvo bajas importantes”.
En Catamarca la situación es más grave que en la mayoría de las
jurisdicciones del país. Una información del INDEC difundida por EL ANCASTI el
domingo último, coloca la provincia entre las de mayor inflación en lo que respecta
al costo de vida total acumulado en los últimos siete meses. Después de Mendoza
(13,5 por ciento), y San Luis (13,2 por ciento), se ubica en tercer lugar con un 8,4
por
ciento.
Esta indeseable ubicación en la tabla nacional de la inflación viene desde antes,
pues debe recordarse que mediciones no estatales conocidas en diciembre el año
pasado ponían a Catamarca a la cabeza de todas las provincias.
Que esto ocurra donde las estadísticas de desempleo y pobreza son tan
impiadosas desnuda una paradoja inadmisible. Es cierto que el consumo ha crecido
en todo el país, pero también lo es el hecho de que, como dice el diario porteño
citando a uno de los especialistas consultados, “se compra más y más caro” y esto –
el boom del consumo- se potencia por las dificultades que hay para la adquisición
de bienes durables. Como señala el especialista: “la falta de crédito hipotecario
accesible a los asalariados hace que la gente vuelva sus ingresos al consumo”.
No hay razones para sostener que en Catamarca las cosas sean
sustancialmente distintas, pero sí para suponer que la paradoja sea aquí más
descarnada.
Como si los datos negativos fuesen inagotables, todavía debe anotarse que no se
han visto estrategias locales que logren acuerdos de precios que traigan algún alivio
a los sectores menos habilitados para afrontar un costo de vida –de vida precaria,
por añadidura- menos segregador. No puede verse como normal que Catamarca se
halle entre las jurisdicciones con índices de precios al consumidor más empinados.
Ha de haber espacio para introducir variantes que impliquen una reparación.
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PASADO YA EL “MES DE LOS NIÑOS ”
Tal vez ya en septiembre resulte menos bochornoso que en agosto –mes
entero consagrado aquí para la celebración de la niñez- hacer referencia al evidente
aumento de la mendicidad y la explotación de los niños en esta Ciudad y
probablemente también en el interior de la provincia. Pero la hipótesis no puede
sostenerse, porque en todo tiempo registrar la crueldad social contra la infancia es
tarea dolorosa, aunque ineludible. Y esto porque debe removerse cuanto antes, por
más que los obstáculos para ello impresionen como insalvables.
No hay información estadística que dé una idea cabal de la magnitud del
fenómeno, pero los mismos precoces pedigüeños manifiestan que tienen conciencia
de que cada día aparecen nuevas caras en este mercado en que la competencia
puede ser tan agresiva como la que protagonizan los adultos en sus ámbitos de
acción.
En verdad, los chicos que tienden la mano con la ilusión de una moneda saben,
también, que deben competir no sólo con pares de su edad, sino además con los
adultos –es frecuente el caso en que las madres acompañen a los hijos y en
ocasiones también los padres-, a quienes igualmente la creciente miseria arroja a la
calle y a la tarea mendicante.
Los menores que no han pasado aún de los 14 no se reducen a pedir limosna.
Toda concentración de desperdicios es vista por ellos como potencial escenario de
tesoros, y por eso lo revuelven todo y extraen aquello que podría producirles algún
recurso. Cartones, papel, botellas, plástico, latas, eventuales piezas metálicas y
especialmente de cobre. Para todo esto encuentran compradores que pagan
monedas y acumulan lo que compran hasta contar con cantidades que les permiten
concretar negocios nada desdeñables.
Otros prefieren limpiar vidrios y los más chicos –bebés o apenas
deambuladores- son llevados por sus madres con el propósito de hacer más
patético su clamor por ayuda y más provechosa su faena diaria. Verdaderos
auxiliares en el empeño adulto de obtener rendimientos con capacidad para cubrir
las necesidades, esos tiernos comprovincianos constituyen la cara visible más
interpeladora de la explotación infantil.
Se habla mucho de los perros vagabundos que se ven en el centro de la Ciudad
y se leen y oyen llamados a fin de que no se los abandone y se adopten medidas
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para que tengan lo que necesitan y para que no se reproduzcan. Debe decirse que es
igualmente notorio el aumento de los niños que salen al paso de los transeúntes, o
que recorren las mesas de los bares y restaurantes, y que esperan en las esquinas
que el semáforo haga detener el tránsito, para exponer su lastimera cantinela
mendiga ante la más variada galería humana, el supuesto filón tentado por los
chicos.
Tampoco se sabe el caudal de la cosecha de cada día. Tal vez porque cuanto
ocurre en relación con los niños de condición más precaria no tenga demasiado
interés en una sociedad en que cada uno se agota en la atención de las propias
dificultades, que no faltan en el caso de nadie. Ciertamente, dicho dato no
significaría aporte alguno para la solución del problema, pero sí podría arrojar
pistas sobre el motivo que a más de un padre –alguna vez se ha hablado de
verdaderas asociaciones adultas- empuja a destinar a sus hijos a la condición de
objetos de explotación que, además, son sustraídos de la educación y de esa otra
“ocupación” característica también, de la infancia, que es el juego.
Pero lo más tremendo es que las autoridades vinculadas con el desarrollo
social confiesan que no tienen cómo hacer frente a un mal que, por lo visto, está
condenado a extenderse y profundizarse como las llamas de los incendios forestales
en períodos de aguda sequía y vientos potentes.
La Coordinadora de la Comisión Provincial de Lucha para la Erradicación del
Trabajo Infantil no podría haber sido más terminante, cuando señaló que “ahora se
está trabajando sobre ayuda concreta, pero lamentablemente la Provincia no tiene
planes sociales vacantes; entonces, se les da un colchón, una bolsa de comida y se
trabaja con la familia, pero la crisis económica que se está viviendo expulsa a cada
vez más niños a la calle”.
Así son las cosas, de este bochornoso tamaño que hay que percibir por mucho
que duela y que increpe.
EL DESEMPLEO: FLAGELO CON RESPONSABLES
Parece que alguna razón tenía aquel gobernador de Catamarca que sostenía
que esta provincia es una isla en el conjunto del país. Claro que aquel ya casi
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histórico iniciador de los gobiernos del Frente Cívico era por demás temerario,
pues asimilaba esa supuesta isla a un todavía más brumoso paraíso.
Pero se ha confirmado esa realidad insular en los ámbitos del desempleo, en
los que la ciudad de San Fernando del Valle está a la cabeza del puñado de ciudades
argentinas que, a contrapelo del descenso de 3 puntos en la tabla nacional, se
obstinan en mantener su deplorable índice y además se atreven a ponerlo por
encima de la media nacional.
El informe del INDEC registra los movimientos observados en el mapa
laboral, el más importante de los cuales es la caída -de 9,8% a 8,5% en el segundo
trimestre de 2007-, disminución que alcanza a todas las regiones del territorio
patrio, pero no a la totalidad del mapa. Y aquí aparece el segundo dato relevante:
en nueve ciudades la evolución ha sido negativa, porque en lugar de descender, el
desempleo creció.
Estos puntos de la república en que se agrava el que ha de ser el problema
argentino más nocivo incluyen a la capital catamarqueña, que prácticamente
comparte el mismo índice de desocupación con Rosario, el conglomerado de
porcentaje más alto, con apenas 0,2 puntos por encima de Catamarca (el índice de
Rosario es de 11,02 por ciento, en tanto que el catamarqueño es del 11%).
Desde luego, para los catamarqueños el dato sobresaliente del último parte del
INDEC, es este del neurótico -por lo ilógico- de la ubicación de la capital de la
provincia en tan notorio lugar entre las ciudades más afectadas por el flagelo de la
desocupación.
El vocablo “flagelo”, que se usa tan a menudo para caracterizar al desempleo
podría terminar convenciendo de que aquel verdadero cáncer social es una especie
de mal inevitable, de autoría anónima, de superación imposible, de desgracia
inapelable. Y esta misma idea se mantiene incluso cuando, como en el presente,
hay crecimiento económico y, en el caso de la provincia, sensible incremento de
recursos como el derivado de la coparticipación federal, de las regalías mineras y
del boom agroindustrial.
Será bueno preguntar por qué en la mayoría de las ciudades del país el nivel
de desempleo ha descendido. Ese fenómeno posible en casi todas partes aquí no lo
es, pese a las circunstancias señaladas. Esta realidad sin duda sugiere la
identificación, más que de responsable, de caminos para al menos acompañar al
resto de la nación en el pasaje hacia el equilibrio social que tanto hace falta y que se
está operando con ritmo que no conforma.
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La actitud frente a la situación no puede ser hoy la misma que la de hasta hace
pocos meses. La reaparición de la inflación, de cuya existencia ya no hay dudas,
vuelve más agudo el drama de los desocupados y de los subocupados. Ya no pueden
leerse los datos del INDEC como promedios tan fatales como los del Servicio
Meteorológico Nacional. Ya no puede demorarse la acción que arranque a los
catamarqueños de la trampa que les está oscureciendo el futuro.
Sólo saber que la más modesta de las canastas para una familia tipo requiere,
aquí en Catamarca, algo más de 800 pesos, también según datos del INDEC,
estremece. Habría que añadir un elemento multiplicador: la desconfianza en
relación con la objetividad del organismo nacional de las estadísticas, que según
certezas generalizadas, son más alarmantes que las que el Gobierno Nacional
difunde, probablemente para limitar reacciones que después podrían expresarse en
el cuarto oscuro de los comicios del mes que viene.
Habrá que trabajar para liberar a Catamarca de la condición de isla, que no la
favorece, como parece estar largamente demostrado.
MAL DE MÁS DE UN ORIGEN
La noticia de que en un local nocturno de esta ciudad se halló, entre las
mujeres que ejercen allí la prostitución, a una menor, ha reactualizado un asunto
que por más de un motivo ha perdido interés y está lejos de provocar la repulsa que
hubiese producido en un pasado no tan lejano.
Tiempo éste en que parece natural que se exploten económicamente los
talentos naturales, incluidos los corporales -a menudo los más apreciados por la
demanda y más de una vez los únicos de la oferta-, las objeciones contra el
denominado “oficio más antiguo del mundo” impresionan a muchos como
anacrónicas, como discriminadoras, como resabios de sistemas morales que la
modernidad supuestamente ha desprestigiado ya hace mucho.
No se ha perdido, en cambio, la repulsa contra las actividades conexas de la
prostitución, tales como la explotación de la mujer y el cultivo paralelo del
consumo de alcohol y de drogas peligrosas, todo ello en manos de tenebrosas
organizaciones que representan las más diversas expresiones de la corrupción.
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Tampoco ha desaparecido el repudio contra el ejercicio precoz de la
prostitución, tantas veces ejercida por menores que todavía transitan los años de la
infancia y que ingresan en un submundo del que difícilmente puede salirse. La
explotación en estos casos es infinitamente más denostada y aterra saber que se
trata de un negocio por demás productivo alimentado por bandas delictivas de
ramificaciones
internacionales.
Pero no sería sensato escandalizarse por alguna prostituta menor sorprendida en
un local autorizado para el lamentable oficio y no reparar en el fenómeno cada vez
más notorio de la multiplicación de la prostitución callejera, que incluye a varones
y mujeres con frecuencia menores, a quienes se ve ofrecer su cuerpo ya reducido a
la categoría de mercadería, de caricatura de lo que debió haber sido sostén de un
espíritu abierto a las más altas excelencias humanas.
Fugadas del hogar o expulsadas de él por las mil razones del desamor, la
pobreza y la desorientación, se exponen a los peligros de una calle crecientemente
amenazante y al contacto con otros seres que en tantos casos vienen también de
frustraciones personales de imprevisibles eclosiones, como muestra de tanto en
tanto la información periodística.
Objetos de placer transitorio, quedan siempre en una soledad que ahonda su
drama y profundiza su caída a pesar de una presunta felicidad, tan aparente como
destructiva.
Estas buscadoras de subsistencia no son las únicas transgresoras que pueden verse
en esquinas determinadas de la ciudad y también andando entre la gente, sobre
todo los fines de semana.
Otros acosados por la miseria y por la ilusión de una rápida mudanza de su
suerte hallan en la noche la ocasión para sus audacias delictivas que no se detienen
ante nada y que, como indica la crónica policial, dan la impresión de ser cada vez
más numerosos y atrevidos.
Seguramente, la prostitución no puede atribuirse sólo a la miseria. Pero es
innegable que ella es factor de fuerte incidencia. Se han conocido casos de familias
que promueven al comercio carnal entre los hijos, de modo que los alientan a
explotar su cuerpo con la misma naturalidad con que en los hogares comunes se
espera que los hijos aprendan a ganarse la vida decorosamente. Pobreza y déficit en
materia de autoestima y de adhesión a valores que se juzgan imprescindibles están
en la raíz de ese extravío de una de las más ricas dimensiones humanas. Parece
evidente que la lucha contra este mal social deberá darse a través de políticas socio
–económicas que disminuyan aquí los elevados índices de desempleo y pobreza.
Pero también en los dominios de la educación, tanto la que se ofrece
sistemáticamente, como la que brindan, a menudo tal vez sin suficiente conciencia
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de ello, la familia, las iglesias, los centros a los que concurren los niños y jóvenes y
el comportamiento de la sociedad en general por medio de lo que se conoce desde
antiguo como “el buen ejemplo”.
Desde luego, el combate contra los corruptos y los explotadores tendrá que ser
guerra sin pausa y sin debilidades. Hay que salvar a los comprovincianos más
jóvenes de los peligros de su situación de extremo riesgo.
TAMBIÉN APLAZADOS EN OCUPACIÓN FEMENINA
Han de ser pocos los que no admitan, como dato poco menos que infalible,
que no hay nadie como la mujer para gobernar la casa, que por más de una razón
no es menos compleja que un gobierno. Sin embargo, ese reconocimiento se
debilita extrañamente cuando se trata de elegir mano de obra fuera de los límites
familiares. Como si se pensara que todas aquellas dotes femeninas –asombro de
creatividad, talento, administrativo y tenacidad- sólo tuviesen realidad bajo el
techo hogareño, se las descarta en el mercado laboral y ello hace que sean las
víctimas más numerosas del desempleo de estos tiempos.
Es lo que ocurre en Catamarca, según las revelaciones del Instituto Nacional
de Estadísticas y Censos. Puede concluirse, de esas precisiones, que no tienen la
misma suerte los varones y las mujeres a la hora de buscar trabajo. Los números
son por demás elocuentes: la tasa de desocupación femenina es aquí –en el Valle
Central- del 14,2%, en tanto que la masculina es del 9,3%. Y si bien las mujeres son
más numerosas, ello no quita patetismo al dato, sobre todo cuando se consideran
determinados grupos de edad como el que llega hasta los 29 años, en que el
desempleo femenino arroja un índice del 27,6%, casi tres veces más que la media
de la provincia en el segundo trimestre de 2006 y una de las tasas más altas de las
31 concentraciones urbanas del país, cuyo índice promedio es del 18,9%.
Se opina que la causa de la postergación femenina en el mundo laboral se
relaciona en Catamarca –en el Gran Catamarca, más precisamente- con la
naturaleza de la oferta, con mayor frecuencia vinculada con procesos productivos
que demandan mano de obra masculina en la industria y la construcción.
Las mujeres se ven más a menudo en trabajos que tienen que ver con la
atención al cliente y con las ventas, pero –así lo afirma una especialita consultada
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por EL ANCASTI- raramente en los mandos medios o gerenciales. Y esto echa luz
sobre otra cara de la marginación femenina. El acceso a los puestos más altos es
más duro para ellas que para los varones, pese a que en muchos casos están mejor
capacitadas para esos cargos que los varones. Además, las remuneraciones suelen
ser también menos ventajosas en el caso del personal femenino.
La impresión más inmediata lleva a creer que la mujer cubre el mercado del
trabajo en igual o mayor medida que el varón, esto tal vez porque las oficinas
públicas y los locales comerciales las muestran con una presencia numerosa y
significativa. Pero la realidad es distinta y confirma que las reivindicaciones
femeninas todavía deben alcanzar varias metas, entre ellas el reconocimiento del
derecho a gozar, en el ámbito del trabajo, del mismo trato que el que reciben sus
pares
del
otro
género.
También se atribuye la marginación de la mujer a viejos prejuicios que, pese a
tantas demostraciones en contrario, la siguen concibiendo frágil, no confiable y no
suficientemente idónea. Y, por cierto, para el grosero afán de lucro imperante, la
madre potencial que hay en toda mujer en edad económicamente activa es vista
como más que probable causante de trastornos y gastos adicionales.
Habrá que asumir, entonces, que la postergación femenina reflejada en las
estadísticas del INDEC sobre desempleo es una mancha más de la provincia, que
hay que agregar a las otras que comprometen a Catamarca como una de las
jurisdicciones del país más atravesada de estigmas sociales.
OTROS SISTEMAS CONTRA EL DELITO SON POSIBLES
Nadie ignora que las cárceles del país ya son insuficientes para contener la
cantidad de reclusos que se generan aquí con feracidad asombrosa. La demanda de
nuevos establecimientos penales y de la ampliación de los existentes, en los casos
en que ello es posible, son parte del catálogo de reclamos permanentes y no ha de
estar lejos el día en que pasen a formar parte sustantiva en las propuestas
electorales de los partidos. Según opinión callejera generalizada, las cárceles
argentinas ya hubiesen colapsado hace mucho si no anduviera libre por las calles
mucha gente que -así se dice- debería estar entre rejas.
En los años 90 hasta se habló de privatizar el sistema penal, o más
precisamente, de transferir a la administración privada el funcionamiento de las
CL
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unidades carcelarias, con lo que supuestamente el Estado se sacaría de encima las
críticas por el hacinamiento en los centros de reclusión. Si la idea no llegó a
encarnarse tal vez se haya debido sólo a desinterés empresarial ante un negocio
expuesto, probablemente, a demasiado sobresalto por conmociones de frecuencia y
daño impredecibles, como son las que se registran en esos lugares por fugas,
amotinamientos, enfrenamientos internos y hasta alzamientos deliberadamente
homicidas.
Nada de todo esto se desconoce en el país. Pero el hecho de que un extranjero
-no cualquier extranjero sino un sociólogo largamente reconocido en los ámbitos
de la criminología- venga a la Argentina y afirme que, con los 60 mil encarcelados
que pueblan las cárceles de estas tierras aquí hay presos en exceso, no sólo porque
son muchos, sino además, porque este número es el resultado de una evolución de
velocidad alucinante -asegura que en 1992 los presos eran 20 mil y en 2001
pasaron a ser 41 mil- que provocó su triplicación en tan sólo 17 años; que un
autorizado observador foráneo lo diga viene a dar al dato de la insuficiencia de las
cárceles y de la pasmosa multiplicación de los cautivos, una realidad que permite
percibir esos fenómenos en toda su cruda verdad.
Pero Nils Christie, el sociólogo noruego que formuló sus declaraciones al
diario “La Nación” -se reprodujeron en EL ANCASTI del último domingo de
septiembre- llevó su análisis más adentro, al sentenciar que “ustedes los argentinos
viven en una sociedad que aumenta el uso del castigo de manera extrema: las
prisiones son un instrumento para producir más crímenes”. Advierte que no se cae
en la cuenta de que, además de ser una consecuencia legal, “esos años de prisión
son, en realidad, años de sufrimiento impuesto”. Se muestra convencido de que “la
sociedad debe involucrarse en un sistema de control moral, en debatir qué tipo de
país quiere, si uno donde se aplique una gran cantidad de dolor, o uno
relativamente pacífico”.
Siempre en relación con este dolor, apunta que en la Argentina hay “cerca del
60% de los presos sin sentencia firme” y “como no están sentenciados, puede que
no sean culpables”, pero “estas personas pasan en sus celdas, uno, dos, tres años ¡es
mucho sufrimiento!”.
Su juicio contra el sistema carcelario no podría ser más enfático. Para él, “la
prisión lastima a la gente; después de unos años en prisión las personas están
menos capacitadas para la vida… otra cuestión importante es la situación de
injusticia social detrás del crimen, la población carcelaria está compuesta por
personas pobres, de bajo nivel educacional y, en su mayoría, con relaciones
familiares
disfuncionales”.
Nils Christie no propugna que el Estado no ejerza su poder final, pero -dice- “ésa es
CLI
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mi base de mínima, mi límite; creo que no debemos abusar de ese instrumento tan
fuerte”.
Pero el eminente profesor de la Universidad de Oslo no carece de ideas para
superar las limitaciones que con tanto fervor fustiga. Es un entusiasta promotor de
las cortes vecinales y de los procesos de mediación, que, según destaca, son
posibles tanto en comunidades chicas como en grandes ciudades como Buenos
Aires, incluso cuando las cuestiones son de carácter penal. Sin duda, éste es el
costado más alentador de las humanísimas observaciones de Nils Christie.
Otro aspecto de su análisis se refiere a lo económico y en este punto previene
que la Argentina no tiene recursos para sostener una población carcelaria que
significa 63 presos cada 100 mil habitantes.
LA DESNUTRICIÓN TAMBIÉN ES MAL CATAMARQUEÑO
Sin duda, no hace falta abundar en precisiones para lograr en los demás una
representación del dolor que provoca el hambre. A mayor o menor distancia de esa
experiencia, no ha de haber nadie que no coincida con aquella afirmación de Buda
según la cual “el hambre y el amor constituyen el germen d toda la historia
humana”, lo cual es cierto no sólo para la historia humana sino para la de todo ser
viviente, como observa René Masseyeff en la introducción de su conocido estudio
sobre
el
hambre.
Pero debe subrayarse que cuando el hambre no es inapelable desgracia colectiva
sino condena individual o grupal, la experiencia de esa carencia esencial es menos
admisible y multiplica el dolor en sus víctimas, en una proporción incalculable.
El hambre de estos tiempos corresponde a esta segunda categoría y suma a su
propio infierno el otro de la discriminación.
Aunque desnutrición y hambre no sean necesariamente sinónimos –la mala
alimentación también lleva a la misma destrucción-, por lo general un desnutrido
tiene las huellas que deja el hambre y en la mayoría de los casos el fenómeno de la
desnutrición se registra y alcanza los índices más altos en los sectores sociales
alimentados insuficientemente.
En Catamarca también hay desnutrición. Tanto como consecuencia de la
pobreza, como por hábitos alimentarios deficientes. Y en ambos casos puede
hablarse de fracaso estatal, pues es innegable que los programas alimentarios en
CLII
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vigencia no alcanzan, como tampoco alcanzan las campañas educativas a favor de
prácticas nutricionales racionales, además, claro está, de no resultar efectiva la
acción gubernamental relacionada con la generación de empleo estable y con
remuneraciones que permitan a todas las familias cubrir las exigencias
elementales, entre ellas la alimentación.
En la semana pasada, causó revuelo la constatación de que un niño de 8 años
internado en el Hospital Eva Perón por una neumonía padece una desnutrición
crónica que no se entiende cómo pudo no haber sido percibida en Bañado de
Ovanta, de donde fue traído, no obstante pesar sólo 14 kilos, el peso normal de un
chico de tres años. Se supo, además, que nació con apenas un kilo y medio y es
posible que ahora no tenga la talla correspondiente a su edad, aunque de esto la
información no dice nada. Por suerte, el niño santarroseño se recupera “muy bien”,
según señalan en el Hospital de Niños, pero el director del nosocomio lamentó que
no haya habido una detección temprana de la desnutrición, porque, según dijo, “la
falta de alimentación provoca retrasos de maduración y tampoco permite
desarrollar
competencias
y
habilidades”.
No debe creerse que la desnutrición infantil deba considerarse aquí como una
rareza que no debiera inquietar demasiado. En enero de este año “Clarín” informó
que los resultados finales del relevamiento de niños desnutridos revelaron que en
la provincia se han detectado 3.500 casos, mil más que en 2006. Y otras fuentes
sugieren que la situación es peor que la aludida por “Clarín” y apuntan que durante
el último período de clases del año pasado, autoridades de las escuelas más
pobladas de la Capital, como la del barrio La Viñita, denunciaron que varios
alumnos “se desmayaron por el hambre” en horas de clase.
Por otra parte, se sabe que en Catamarca hubo muertes por desnutrición,
realidad que queda encubierta porque las muertes por esta causa no son
diagnosticadas en razón de que las demandas de atención son motivadas,
generalmente, por complicaciones de la desnutrición, como son, las más de las
veces, las infecciones severas. Seguramente el mejor antídoto contra la
desnutrición será la promoción del bienestar a través del mejoramiento de las
condiciones de vida entre la población menos favorecida. Las campañas
alimentarias y educativas siempre serán útiles, pero su eficacia más alta sólo será
posible en una sociedad que avanza hacia un desarrollo más equitativo.
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LOS MÁS CASTIGADOS POR EL DESEMPLEO
Contra lo que podría esperarse en unos tiempos en que tanto se adula a los
jóvenes y se exalta a la juventud como el momento de la vida más digno de ser
vivido, las estadísticas muestran que, en Catamarca, son los más jóvenes –varones
y mujeres- el sector más castigado por el desempleo.
Un estudio de la Dirección de Programación del Desarrollo expuesto en el
Consejo Federal de Inversiones indica que el 45 por ciento del elevado índice de
desempleo juvenil corresponde a varones de entre 20 y 24 años, en tanto que el 35
por ciento afecta a mujeres de la misma edad. En la franja siguiente, la de 25 a 29
años, la situación de las mujeres empeora, pues el 27 por ciento está representado
sólo por ellas.
Los datos reflejan el mercado laboral en el Gran Catamarca en el período
2004-2006.
Destaca, el informe, que en la situación influye un significativo porcentaje de casos
en que los aspirantes no han completado estudios terciarios – universitarios y
también otros que están en la misma situación en relación con estudios de nivel
medio. Pero observa, asimismo, que hay “subutilización de recursos humanos por
tareas de menor calificación que su nivel educativo”, lo que ocurre cuando
capacitados para una función más calificada deben conformarse con tareas de
calificación menor.
De esto se deduce que tanto los jóvenes con estudios incompletos, como los
que poseen títulos más cualificados sufren las consecuencias de las características
del mercado laboral local. Para el expositor del estudio presentado en el CFI, el
déficit de empleo de mano de obra calificada en Catamarca es consecuencia del
perfil de la población económicamente activa, en este caso, el alto porcentaje de
trabajadores con estudios superiores incompletos. Pero no sólo a eso, sino también,
a una estructura laboral en que predominan los puestos de trabajo de escasa
calificación, sobre todo en el sector privado.
Puede concluirse que la suerte de los jóvenes es aquí por demás lamentable. Si
no concluyen sus estudios, las dificultades para lograr un empleo son poco menos
que insuperables. Pero quienes se esfuerzan por obtener niveles educativos más
altos deben saber que probablemente tendrán que resignarse, después, a tareas de
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jerarquía y remuneración no coincidentes con sus índices de capacitación, esto es, a
puestos de significación inferior.
Las soluciones no parecen fáciles. La llegada de inversiones foráneas y de
capitales locales que generen trabajo –también trabajo de mano de obra calificaday esto en cantidad que responda al volumen de la demanda no ocurrirá de un día
para otro. Por otra parte, será necesario que las capacitaciones y especializaciones
resulten adecuadas para las exigencias del desarrollo que se procura. Sucede aquí
que esa correspondencia todavía debe lograrse, y ello también requerirá tiempo y
reformas en los dominios de la educación.
El problema laboral de los jóvenes no es exclusivo de Catamarca. Una nota de
“La Nación” del domingo último señala que el desempleo afecta al 8,5 por ciento de
la población activa del país. Y que entre las mujeres de entre 14 y 29 años la tasa
trepa al 18,9 por ciento, en tanto que entre los varones asciende al 13,5 por ciento.
Destaca el artículo que “el nivel de desocupación entre jóvenes es casi tres veces el
de los adultos, en el caso de la población femenina, y de casi cuatro veces si se trata
de los varones.
Tampoco es problema sólo de la Argentina. La nota citada hace referencia a
un documento de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que revela que
“la tasa de desempleo juvenil en toda América Latina triplica, en promedio, la del
segmento de la población mayor”.
La desocupación juvenil no es preocupante sólo por tratarse de una realidad
del presente. Es, asimismo, un inquietante pronóstico de una sociedad futura en la
que los desocupados y los ocupados en trabajos no vinculados con su formación de
hoy serán una carga de frustración para la que no será simple encontrar
contenciones. Si los jóvenes están en desventaja –a la hora de buscar empleo- por
ser jóvenes y porque el mercado laboral es precario, y si después también lo estarán
por haber ya superado la edad dorada, ese panorama del futuro es más que mera
prefiguración amarga.
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DESDE ESTADOS UNIDOS
FMI"
ADVIERTEN QUE
"LA
CRISIS LLEGÓ AL
Lo asegura en su editorial de hoy el reconocido diario The Washington Post.
El matutino destaca la recuperación de los países emergentes, el pago de sus
deudas con el organismo y la acumulación de reservas.
(Télam) - El Fondo Monetario Internacional necesita una reestructuración y
quizás un ajuste, afirma el diario The Washington Post en su edición de este
viernes. En su editorial titulado "La Crisis llegó al FMI", el prestigioso matutino
estadounidense destaca la recuperación de los países emergentes, el pago de sus
deudas con el organismo y la acumulación de reservas.
Asimismo, asegura que "no hay en el horizonte eventuales crisis en las
balanzas de pagos". Tras señalar que todos, incluyendo el nuevo director gerente
del FMI, Dominique Strauss-Kahn, demandan reformas, recuerda que las
economías emergentes reclaman un rol en el organismo acorde con su crecimiento.
Por otra parte, tras recordar que la cartera crediticia del FMI se redujo en la
actualidad sólo 11.000 millones de dólares, el periódico aseguró que el organismo
podría necesitar un ajuste. "Las crisis del Fondo de legitimidad y necesidad de
financiamiento necesitan ser `tacleadas‟ simultáneamente", considera el editorial,
que agrega que "el FMI debe adaptarse a un nuevo mundo de tipo de cambio
flotantes y masivos intercambios comerciales internacionales y de inversiones".
EJEMPLOS EN SOLIDARIDAD
El capital humano no es recurso que figure en los presupuestos, sin duda
porque es imposible cuantificarlo, pero quizá también porque no se reflexiona lo
suficiente sobre la importancia de conocerlo y de advertir cuando disminuye y es
necesario recuperarlo y acrecentarlo. Una sociedad que no percibiera la
significación de ciertas muertes que configuran verdaderos desastres en el marco
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de la suerte común estaría condenada a empobrecimiento constante en un rubro de
su patrimonio que, no por inmedible, escapa a la estimación comprensiva que
permite saber cuándo se ha producido una pérdida de difícil recuperación pero de
imperativa demanda de previsiones reparadoras. Dicho de otra manera: haría falta
otro género de presupuesto que diera cuenta de la situación de la provincia en
capital humano, esto es, en saberes, habilidades y virtudes sin las cuales ninguna
planificación alcanza verdaderamente sus objetivos, ni puede generar esa deseable
clase de desarrollo integral que no dejaría espacio sin promoción fecunda, ni
talento sin reconocimiento, ni vacío sin cobertura.
Con tan hipotético inventario, la sociedad no tendría dificultades para
apreciar, en toda su hondura, esas bajas humanas que, de tanto en tanto, le
arrancan fuerzas esenciales, y para afrontar sin demora la ardua sucesión de unos
modelos tan exigentes como imprescindibles.
Se hace referencia aquí no a una cuestión de mera restauración demográfica,
por más que ella sea también deber inexcusable. Se alude en esta ocasión al revés
social que entrañan las muertes de sus componentes más singulares. De quienes
han cumplido una misión que los ha hecho distintos, que los ha elevado a la
categoría de ideales, más sorprendentes ahora, por ser estos tiempos de
generalizado egoísmo. Catamarca acaba de asistir a la caída física de dos de esos
componentes de valor extraordinario. Operarios en distintos campos, los dos
brillaron como servidores del pueblo, como señaladores de un área sobre la que
debe actuarse con la consagración de la vida entera y asumiendo las consecuencias
de una opción sin duda heroica. Estos catamarqueños que acaban de morir se han
destacado, uno en la medicina destinada a los niños, y el otro en la “cura de almas”,
como se ha llamado tradicionalmente al oficio de los sacerdotes católicos. Uno, el
Dr. Romis Raiden, sirvió a los niños a través de una total dedicación de cuarenta
años en el Hospital de Niños de la ciudad de Córdoba, del que hizo su casa y el
escenario de su obra, al que también llegaban los hijos de sus comprovincianos
cuando en Catamarca parecía no haber ya curación posible. El otro, el padre Hugo
Argentino Córdoba, pasó sus últimos 35 años como párroco de San Antonio de
Padua, donde sirvió a la feligresía de su jurisdicción y también a quienes desde
otros puntos de la Ciudad y de la provincia recurrían a él en la seguridad de que
contarían siempre con su apoyo.
Catamarqueños los dos, no podría asombrar que compartiesen la misma fe y
que esa fe orientara su existencia. Tal vez por esto ninguno de los dos se limitaba
exclusivamente a atender su especialidad. El Dr. Raiden, además de cubrir la
asistencia médica de sus tiernos pacientes, les brindaba afecto a ellos y a sus
afligidos padres, como asimismo esperanza cristiana y, en ocasiones, también
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solidaridad material. Por su parte, el padre Córdoba no sólo se preocupaba por
salvar las almas de quienes llegaban a él. Además, era proverbial su predisposición
para acompañar a los necesitados con su ayuda económica y con la dedicación de
su tiempo, ese otro tesoro personal que con frecuencia cuesta tanto compartir.
Los dos vivieron para servir. Los dos se apoyaron en la misma fe. Los dos han
sido eficaces. Ninguno de ellos fue amigo de la ostentación. Ninguno de los dos
discriminaba: el Dr. Radien se preocupaba por los niños de pobres y ricos. El padre
Córdoba alternaba con todos y, como se lee en el Evangelio en alusión a Cristo,
comía también con “los publicanos y pecadores”, por más que esto le atrajo no
pocas críticas. La partida de ambos afecta a la provincia en una medida que no
podría precisarse, pero que, sin duda, es grande. Y el ejemplo como servidores es,
también inmenso. Ejemplo para los profesionales de la salud, para los de la cura de
almas y para la totalidad de los catamarqueños que deberán asumir la lección y
restañar un vacío que debe asumirse como deber de todos.
OCASO DE LOS PLANES DE EMPLEO
Siempre fueron objeto de crítica los planes estatales de empleo, creados para
proteger a las víctimas más sensibles de la crisis de los primeros años del siglo, que
se reconoce como la más asoladora que conoció el país. Ni esta circunstancia
impidió que se censuraran tales planes, juzgándoselos como fomentadores de
conformismo que concluiría ahogando toda voluntad de esfuerzo y de iniciativa
personal para afrontar las dificultades.
Desde la política se añadió otra objeción, que alertaba sobre las consecuencias
de esta asistencia del Estado como oportunidad para la profundización del
clientelismo que convierte a los beneficiarios –así se decía- en cautivos de los
distribuidores del beneficio a la hora de ejercer la ciudadana responsabilidad del
voto.
Estos juicios adversos reaparecen cada vez que se ven –ahora menos largas
que antes- las colas formadas por quienes aguardan, cada mes, el pago del plan. En
esa deprimente espera abundan comprovincianos jóvenes -mujeres y varones-, a
quienes, desde luego, se desearía encontrar entre los trabajadores formales, es
decir, entre quienes se desempeñan en puestos de trabajo genuino.
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Pero otra queja contra los planes apuntaba al monto del beneficio, 150 pesos
mensuales que desde un comienzo se consideraron exiguos, desproporcionados en
relación con el servicio a que están destinados.
Los planes Jefes de Hogar aparecieron en 2002, cuando Eduardo Duhalde
ejercía la presidencia de la Nación. Según recuerda una nota de La Nación del
lunes, primero se pagaron en Lecops, luego en efectivo y ahora con tarjeta
magnética, pero la suma fue siempre la misma: 150 pesos.
El hecho de que se haya mantenido invariable la cantidad de la asignación no
implica que el nivel de las necesidades de sus destinatarios se hubiese quedado en
la misma altura de aquel mes de mayo de 2002 en que se conocieron los planes.
Nada de eso. La inflación reconocida oficialmente fue del 67,1% entre aquel
comienzo y el presente, y la suba de alimentos declarada por el INDEC fue del
81,5%, sin contar –apunta el diario porteño- que para la mayoría de los analistas
esos porcentajes están subvaluados. Otros datos que permiten una idea más clara
de la desactualización de los planes son el que indica que el coeficiente de variación
salarial creció un 118%; el que revela que en proporciones aun mayores también
subieron el salario mínimo y las jubilaciones; y el que muestra que hasta algunos
servicios públicos tuvieron actualizaciones. La conclusión a que llega el articulista
porteño no podría ser más terminante: “En este período, lo único verdaderamente
congelado en la Argentina fueron los planes sociales”.
Pero no hay intención de modificar el monto. En realidad, se está asistiendo a
la extinción de los planes. No hay nuevas incorporaciones de beneficiarios. La
evolución de la economía ha hecho posible que unos 700 mil jefes de hogar
asistidos pasaran a trabajo en blanco y que los 2,2 millones de desocupados con
que empezaron los planes Jefes de Hogar en 2002, se redujeran a los 820 mil de
ahora. En Catamarca estos beneficiarios suman ahora 22 mil, después de haber
sido 45 mil en 2003.
Ya están en marcha las nuevas alternativas para los desocupados que sigan en
situación de ser asistidos por el Estado. Está el Seguro de Capacitación de Empleo,
que exige la asistencia a cursos de formación y la postulación en las búsquedas
donde el perfil buscado coincida con el beneficiario. En este programa, la
asignación es de 225 pesos mensuales. El otro programa es el Familias, que
compromete el cumplimiento de requisitos como la escolaridad de los hijos. Se
remunera según el número de los menores a cargo, con un piso de 155 pesos y un
tope de 305.
Como puede verse, la cantidad de los socorridos con el plan Jefe de Hogar es
todavía alta en Catamarca y el poder adquisitivo de los 150 pesos que reciben
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apenas si tiene una significación simbólica. Habrá que apurar la generación de
empleo genuino, pues las alternativas de transición que ya están en marcha
tampoco entrañan un verdadero alivio para quienes recurran a ellas.
EN MEJORES CONDICIONES ANTE LA INSEGURIDAD
Por desgracia, no es suficiente para esperar seguridad en la provincia que el
subsecretario del área haya afirmado que el Gobierno, y más específicamente la
Policía, están “preparados” para darla, como si se tratara de un objeto que hasta
pudiera ser elemento de algún bolsón más provisto que el alimentario de los
programas sociales.
La voluntarista expresión del jefe de la Seguridad podría explicarse por la
circunstancia en que fue emitida: el acto en que se entregaron a la fuerza del orden
de la provincia nuevas camionetas, motocicletas, computadoras, armas y otros
equipos que sin duda serán valiosos auxiliares en la lucha contra el delito. Según la
información oficial, la inversión que demandó la adquisición de este material
superó los 3 millones de pesos, que hay que sumar a otro medio millón que costó el
polígono virtual de tiro que se inauguró también en la misma oportunidad, en la
Escuela de Cadetes de la Policía.
En declaraciones posteriores, el subsecretario Baracat sostuvo que la sola
presencia de lo que se ha incorporado al patrimonio policial contribuirá “a
disminuir lo que es la sensación de inseguridad que está instalada en la gente, no
sólo del país sino también en Catamarca”. Antes había expuesto, como objetivos de
su Subsecretaría, la capacitación del personal policial y la conducción de la fuerza
con “firmeza” que impida “desacoples” internos.
El Gobernador cubrió, después, las insuficiencias del discurso de su
Subsecretario, al advertir que no debiera sobredimensionarse el alcance del nuevo
material, pues la inseguridad requiere que se ataquen “sus causas”, que “en muchos
casos puede ser la pobreza, en otros casos, la droga”.
Asimismo, el primer mandatario afirmó que hay que trabajar en “todos los
aspectos”, esto es, “en la pobreza, en la droga, en el alcohol; y también hay que
capacitar a la Policía, hay que darle equipamiento y móviles”. Tan importante es, en
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opinión del Ing. Brizuela del Moral, la lucha en todos los frentes, que una falla en
uno de ellos “puede traer como consecuencia situaciones de inseguridad”.
Queda claro que, aunque no lo ha señalado explícitamente el Gobernador, el
frente que podría juzgarse cubierto es el del equipamiento y los móviles; que falta
aún capacitación; que hay mucho pendiente en relación con el alcohol y la droga; y
que la pobreza podría estimarse campo poco menos que virgen. Y, además, que se
está en pañales con respecto a la necesaria participación social a través de
organizaciones intermedias destinadas a lograr seguridad, punto del que no habló
el Gobernador en el acto de la Escuela de Cadetes.
Parece que hay que entender que, más que esté preparada para dar seguridad,
como ha dicho el subsecretario Baracat, la Policía ahora está en mejores
condiciones para combatir el delito. Una situación que incrementa la
responsabilidad de los custodios de la seguridad y que justificará una más alta
expectativa pública que ya no deberá ser demanda sin esperanza.
Y la conclusión aún podría ser más modesta. De lo expuesto por el jefe del
Ejecutivo se deduce que deberán los catamarqueños soportar la inmigración
delincuente provocada por la acción policial en los centros urbanos más
densamente poblados y de más elevado índice delictivo, donde la acción contra los
malvivientes es cada día más enérgica. Habrá que saber, entonces, que la pobreza,
el alcohol y la droga seguirán generando delito en Catamarca y que, además de ello,
se sufrirá el “aporte” de esas oleadas inmigratorias no deseadas que harán más
arduo el combate contra la inseguridad.
Desde ya, la incorporación de recursos que permitirán mayor rapidez de las
comunicaciones, el traslado automovilístico más oportuno, la provisión de armas y
municiones en calidad y cantidad como para reprimir a los delincuentes, y la
capacitación policial en tiro y otras especialidades deben verse como avance
plausible en una emergencia que reclama vigilia permanente.
UN NUEVO TIEMPO
Por mucho que pudiera alegrar un resultado electoral, los triunfadores saben
que esas victorias no eliminan, como por arte de magia, los problemas y conf1ictos
que ya en las vísperas de los comicios provocaban no escasa inquietud. Por el
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contrario, las expectativas incrementan su impaciencia. Y no sólo eso, las
dificultades aparecen ahora en toda su cruda realidad una vez que retornan al foco
de la atención de donde habían sido desplazadas por las preocupaciones
electorales.
Esto es tan válido para la nación como para la provincia y aunque pueda
comprenderse que la celebración ocupe el primer plano, quienes deben asumir la
superación de las dificultades han de sentir también, como intrusiones inevitables,
esos fogonazos que advierten que la faena será dura en el tiempo del cumplimiento
de las promesas.
En Catamarca, problemas y conflictos que no son pocos y que en algunos
casos son de gravedad suma, esperan con ya incontenible malestar de la gente que
se los afronte con la idoneidad que requieren. Esta es la situación en el caso de la
crisis energética y en el del servicio de agua potable, dos asuntos explosivos que ya
han agotado el tiempo de las explicaciones y los compromisos y en los que nuevas
dilaciones podrían constituir la cerilla encendida para un epílogo que nadie quiere.
Los cortes de energía eléctrica y del suministro de agua ya han adquirido
dimensiones inquietantes y dan una idea de lo que ocurrirá en el futuro inmediato,
a medida que el calor arroje marcas térmicas intolerables y que la sequía apure sus
insinuaciones desertificadoras. En este contexto, no pueden admitirse ciertas
exhortaciones oficiales a la confianza en la Naturaleza, como si no hubiera otra
solución que las que el buen Dios quisiese proveer.
De más está observar que la crisis apuntada no es sorpresa derivada de
circunstancias impredecibles. Se sabe desde hace mucho que en los dominios del
agua y la energía eléctrica hacían falta decisiones de fondo para terminar con las
consecuencias de unas privatizaciones desgraciadas desde el comienzo, toleradas
hasta la complicidad durante años y hasta sostenidas aun sabiéndose que nada
mejor que lo que se ha visto podría esperarse de esas concesionadas.
Pero no son los únicos problemas que conmueven la provincia.
Allí está el de la inseguridad, en apariencia dispuesta a mantenerse y
agravarse pese a las afirmaciones que aseveraban que ahora la Policía está en
condiciones de brindar seguridad a los catamarqueños. Además de la serie de
asaltos que amenaza con no interrumpirse nunca, debe citarse el caso de la escuela
de Villa Cubas que acaba de ser "invadida” por quinta vez en lo que va del año y
cuyos directivos y docentes proponen que parte del local escolar sirva para la
instalación de un destacamento policial que al mismo tiempo que proteja la zona
garantice con su presencia permanente la seguridad de la escuela.
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También hay sectores en la provincia inquietos por las posibles secuelas de la
explotación minera. Sectores que acusan al Gobierno de indiferencia ante la
degradación ambiental que, con exageración o sin ella, estiman ya desgracia
presente.
Y por el lado de los conflictos, el que mantienen los docentes ya "va para largo",
como se dice aquí, tanto que aquella ilusión de los 180 días de clase debe olvidarse
para concentrarse en hallar la forma de que este año escolar termine lo menos
traumáticamente posible. El ámbito de la Salud Pública es otro campo minado que
no podrá mantenerse sin gravísimo daño general. Allí la suerte de los
comprovincianos más necesitados confirma aquella sentencia de León Bloy según
la cual "el tiempo es un perro que sólo muerde a los pobres".
Pero, además, habrá que oír a los trabajadores no docentes y también a los
que reclaman que se preste atención a la situación de riesgo en que están varios
lugares del interior de la provincia por la posibilidad cierta de incendios forestales
previsibles por la sequía y por los factores climáticos de esta época del año. Habrá
que prestar oídos a su reclamo de una ley de emergencia forestal y asumir sin
demoras lo que deba hacerse para resguardar esa invalorable parte del patrimonio
de todos que son la flora y la fauna de las zonas montañosas de la provincia.
Pasadas las elecciones, viene la realidad. Que nadie se quede en el escapismo
de los festejos. Que todos estén a la altura de la nueva etapa.
DETERMINACIÓN POR DEMÁS PLAUSIBLE
Cuando gobernaba la República de Filipinas el repetidamente reelecto -fue
presidente 1966 y 1986- Ferdinand E. Marcos, cobraron notoriedad ciertas
declaraciones de su esposa, famosa por su amor al lujo y la ostentación y también
por su carencia absoluta de sensibilidad social, que sostenían que no hay que darles
nada a los indigentes porque siempre vuelven por más y nada les resulta bastante.
Más allá de la detestable naturaleza de esas manifestaciones, la realidad objetiva no
es muy diferente de la descripta por la consorte de aquel mandatario de
incontenible apetito de poder vitalicio, aunque habría que observar que en gran
medida ello es así porque las carencias de amplísimos sectores son infinitas y
permanentes.
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Pero debe apuntarse, por otra parte, que la actitud que la primera dama
filipina atribuía a los pobres suele verse también en otros niveles de la sociedad y
hasta en instituciones que a menudo llegan a estados de necesidad por manejo
irresponsable de sus recursos.
Este último caso es el de más de uno los gobiernos municipales de la
provincia, a los que la distribución secundaria de la Coparticipación Federal, las
regalías mineras y los recursos de origen local no les resultan suficientes para la
atención de sus jurisdicciones. Y más grave aún: tampoco les alcanzan los dineros
del Fondo de Desarrollo, cinco millones de pesos anuales destinados a cubrir
emergencias que pudieran afectar a los municipios y que se han estado otorgando a
pesar de que terminaban usándose en rubros tan ajenos a su fin específico, como el
de la designación de nuevos agentes en la administración municipal. Y todavía
peor: todo esto ha ocurrido con el agregado de que los jefes municipales ni se
ajustaban al deber de elevar las rendiciones de cuentas ni los proyectos de
inversión.
Podría objetarse que los intendentes no podrían invocar la miseria de los
destinatarios del desprecio de la consorte del presidente filipino, cosa indiscutible y
que vuelve menos aceptable la conducta de esos intendentes a los que se está
haciendo referencia.
Por suerte, se han adoptado medidas para eliminar la arbitrariedad y la
irracionalidad con que en algunos municipios se invierten unos recursos que
debieran servir no sólo para generar el bien común presente, sino además, para
cimentar el que demandarán las futuras generaciones.
Esas medidas han sido resueltas por la Comisión de Participación Municipal y
procuran, sustancialmente, que se termine el comportamiento que desnaturaliza el
sentido del Fondo de Desarrollo y crea una situación de desigualdad entre los
municipios, pues mientras unos se preocupan por la correcta administración y se
abstienen de producir necesidades nuevas mediante designaciones y
recategorizaciones, otros hacen lo contrario y, no obstante ello, recurren a un
Fondo constituido exclusivamente para emergencias no provenientes de la
arbitrariedad gobernante.
Por lo pronto se ha dispuesto que las Municipalidades que hasta el 30 de este
mes no hubiesen presentado la documentación relacionada con la inversión de los
dineros del Fondo no podrán solicitarlos en el próximo año. De este modo, dicho
Fondo quedará a disposición sólo de los municipios que hayan controlado el gasto.
Se sabe que de las nueve municipalidades que recibieron asistencia para
emergencias en el mes pasado, sólo dos están en condiciones de seguir cobrándolo.
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La actitud de la Comisión de Participación Municipal no podría ser más digna
de apoyo y más oportuna, pues ya se han registrado insinuaciones referidas a
pedidos de nuevas ayudas por parte de algunos mandatarios municipales que
tendrían la intención de producir nuevas erogaciones en materia de salarios.
Que los pobres siempre vuelven por más no resulta incomprensible. Lo que no
puede tolerarse es que algunos municipios se obstinen en no salir de pobres a
fuerza de irresponsabilidad y derroche de los recursos que se les proveen.
DIFÍCILMENTE ATRAYENTE
A lo mejor cuando aquí se habla de turismo, que, según la propaganda oficial
el Gobierno tiene sobrada intención de promover, no se hace referencia a ninguna
política inmigratoria -las corrientes visitantes son inmigración, por más que de
duración limitadísima-, sino a este otro fenómeno no menos migratorio que
empuja a los nativos de un lugar a abandonarlo, lo que el habla popular podría
caracterizar, con indudable acierto, como “turismo en contra". Este turismo
inmigratorio no tiene, en el organismo turístico, registro alguno, y ello no puede
sorprender, por cuanto sus índices no podrían servir como motivo de orgullo para
los responsables de generar condiciones que hagan de la provincia un lugar
deseable para llegar a ella, aun cuando no fuera más que por muy breve tiempo.
Lo dicho no es del todo caprichoso, pues los inquietantes niveles de
inseguridad ante una delincuencia que se ha incrementado también en proporción
que alarma, el pavoroso de la inseguridad vial, el también desalentador de la
inflación y el de la emergencia de los servicios de energía eléctrica y agua potable
conforman un cóctel que no podría ser más efectivo como neutralizador de
cualquier intento de producir un turismo de verdadero interés para la provincia.
Acerca de la inseguridad frente al delito, las propias fuerzas del orden se
confiesan impotentes para contener una delincuencia cada vez mayor, por la
cantidad de los casos y por el aumento de la violencia, todo ello, según explican,
debido al crecimiento extraordinario de la Ciudad que no fue acompañado por un
desarrollo igual de las posibilidades policiales, y también a causas más profundas,
como las relacionadas con la pobreza y el debilitamiento de la institución familiar.
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El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos ha hecho saber en estos días
que en Catamarca el delito aumentó en un 29,7%, comparadas las marcas de 2006
con las de 2005, lo que puso a la provincia en el tope de la lista nacional, indeseable
cumbre de la que no puede asegurarse que haya descendido este año. El informe
publicado en EL ANCASTI del lunes detalla que fueron preponderantes en el
conjunto de los delitos los perpetrados contra la propiedad, esto es, robos, hurtos y
asaltos, incluso tentativas.
También han tenido importante presencia en esas estadísticas los delitos
contra las personas, más precisamente, las lesiones, los homicidios y los accidentes
de tránsito. Con respecto a la inseguridad vial, los catamarqueños saben ya que
cuentan con uno de los más altos índices de accidentes y de víctimas fatales en el
país, según las mediciones que toman en cuenta la relación entre el número de
habitantes y el de vehículos de cada provincia.
En cuanto a la inflación, últimas precisiones del INDEC indican que
Catamarca fue en octubre una de las provincias con porcentajes más elevados.
Siguió inmediatamente, con un 1%, a la primera jurisdicción de la tabla nacional
que fue la provincia de San Luis (1,4%).
Los miedos por la energía eléctrica y el agua potable han de tener tamaño
apocalíptico en quienes son escépticos ante los anuncios oficiales que manifiestan
que están en marcha las gestiones para lograr las garantías de que este verano no
será un infierno en Catamarca, principalmente en la Capital, donde la crisis es más
aguda. Pero hasta los más optimistas saben que para la llegada de las soluciones,
aun las más transitorias, se requerirá algún tiempo, el suficiente como para no
poder evitar la tortura del anticipo de un estío que se insinúa singularmente
ardiente.
De cuanto se ha señalado surge que por ahora Catamarca no ofrece las
mejores perspectivas para los turistas potenciales y ávidos de escapar de las
alambradas de sus propios suplicios provinciales. Desde luego, tampoco para
quienes viven en estas tierras y que no están en condiciones de buscar residencias
menos hostiles.
LLUVIA MALSANA
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Una provincia con prácticamente la mitad de sus habitantes ubicados por
debajo de la línea de pobreza o indigencia -el 41,6 por ciento, según la estadísticano puede sacudirse de hombros ante la agudización del proceso inflacionario que,
una vez pasada la contienda electoral, ya no se trata de disimular con la misma
garra que se ponía antes del examen de las urnas.
Para tan significativo porcentaje de fragilidad social, la inestabilidad de los
precios, no sólo en el caso de los artículos de primera necesidad, que, por otra
parte, no son los únicos de consumo imprescindible, es emergencia que debe
afrontarse a solas, a diferencia de otras en que puede esperarse algún socorro
estatal. Sin duda, en esos sectores las mudanzas en el costo de vida no pueden verse
como si se tratase de intrascendentes altibajos climáticos, como adversidades que
tuvieran en sí mismas el poder de revertirse y que por ello fuese suficiente con
aguardar ese salto hacia tras que recompusiera la situación, como una suerte de
variación que como ocurre en la música, sucediese también en el campo de lo
económico por una necesidad de realzar el tema inicial.
De ninguna manera. La inflación cae sobre los hogares de la pobreza y la
indigencia, que aquí son tantos, como una lluvia malsana que encoge aún más los
cepos que los tienen cautivos. Para quienes la subsistencia era ya pura
incertidumbre, el latigazo inflacionario empuja esos vía crucis hacia extremos que
abren la puerta a otras desgracias emergentes, por lo general, de la impotencia para
permanecer vivos y con elemental decoro.
Desde luego, la inflación erosiona a todos. También a quienes ocupan ese
hemisferio humano de la provincia que pisa por encima de los temibles umbrales
de la pobreza y la indigencia. Para éstos no implica tragedia, aunque sí la tortura de
presentir que se acelera su caída en aquellas ciénagas de los grupos menos
favorecidos de la sociedad.
Acerca de las precisiones que debieran hacerse en relación con la envergadura
inflacionaria, debe confesarse que las estadísticas suministradas por el Estado no
promueven certeza, por cuanto se han generado en los últimos tiempos no pocas
sospechas acerca de la objetividad de esos informes y porque las mediciones no se
hacen en todos los rubros del consumo sino únicamente en algunos.
Lo cierto es que la sensación generalizada da cuenta de una alteración
preocupante de los precios, de que todo es cada día más caro y lo peor estriba en
que la inquietud se multiplica por la casi seguridad de que el fenómeno recién
comienza y podría llegar a niveles del todo inalcanzables para el menguado poder
de los salarios. Esta intuición mortificante con respecto al futuro tal vez no sea
mera exaltación masoquista, si se presta atención al hecho de que sólo en la última
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semana los combustibles se encarecieron en un 14 por ciento. Y al otro que muestra
que comparados los precios en este renglón con los del primer semestre del año, las
subas acumuladas llegan al 30 por ciento. Y al otro que sugiere que los incrementos
en transportes y servicio eléctrico potenciarán la tendencia alcista.
No podría negarse que la inflación en una comunidad de tal modo debilitada
es traspié que obliga al realismo más inclemente. Como arrancados de un sueño -el
iniciado despegue económico y las expectativas suscitadas por él-, vuelve a sentirse
la dureza del suelo y la urgencia de correctivos que pongan de nuevo, al país y a la
provincia, en el camino de la racionalidad, la previsibilidad y el crecimiento con
beneficios para todos.
“ALERTA ROJO NUTRICIONAL”
Según afirma la Asociación Civil de Padrinos de Alumnos y Escuelas Rurales
(APAER), el niño es el principal afectado por el subdesarrollo porque nada puede
hacer por sí solo para defenderse. Viendo esa situación que golpea a tantos
pequeños compatriotas, el subdesarrollo adquiere su verdadera naturaleza
aborrecible, que a lo mejor no llega a percibirse del todo cuando se lo contempla en
bloque.
La observación de APAER no es una afirmación teórica dirigida a fortificar el
patrimonio conceptual de los argentinos sin otro propósito que el meramente
didáctico. Es mucho más que eso, por cuanto trata de sensibilizar a los gobiernos y
a la sociedad entera en relación con la necesidad de asegurar la nutrición que
requieren los niños de las áreas rurales, que según la referida asociación civil, no
están recibiendo la alimentación adecuada en la etapa del desarrollo, por lo que se
hallan al alcance de la alteración de su evolución y de la discapacidad mental que
en muchos casos deriva de la desnutrición en la edad temprana.
La preocupación es tanta, que la entidad lanzó un “alerta rojo nutricional”,
después de comprobar que es “alto” el grado de desnutrición y subalimentación en
el país, en especial en Misiones y Chaco, donde el Estado sólo aporta 29 y 50
centavos diarios por alumno.
Afortunadamente, Catamarca no figura entre las provincias “más
comprometidas”, que son, según APAER, Misiones, Chaco, Formosa, Córdoba,
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Santa Fe, Santiago del Estero, Salta y Jujuy, las cuales presentan índices de
desnutrición de 20% entre los alumnos de colegios rurales, además de elevado nivel
de subalimentación. Pero si bien la provincia está fuera del conjunto más frágil, no
por ello puede hablarse de liberación absoluta. APAER señala que “distintas zonas
de Catamarca -como asimismo de La Rioja, San Luis, San Juan y Mendozatambién son lugares que “no están recibiendo la atención mínima requerida”, por
lo que –habría que temer- podrían pasar en cualquier momento a la categoría de
las provincias “más comprometidas”. La presidenta de APAER fundamentó tal
aserto destacando que en su contacto diario con las escuelas rurales recibe
“comentarios de los directores y encontramos que el dinero que les envían es
insuficiente” y que “además de ser ínfimo no lo reciben regularmente”.
No hace mucho el director del Hospital de Niños “Eva Perón”, Mario Marcolli
negó que en Catamarca pudiese hablarse de casos de desnutrición infantil, pero,
por lo visto, al menos debería admitirse que hay zonas de la provincia en que el
riesgo es más que probable, a juzgar por lo que manifiesta la asociación civil
consagrada a los niños de escuelas rurales.
La proximidad de las vacaciones potencia la oportunidad de la advertencia a
que se está haciendo referencia, pues el receso suele afectar a los servicios
alimentarios infantiles, al producirse suspensiones e irregularidades provenientes
de una burocracia que en esa etapa del año parece más ineficaz.
No está de más insistir en la necesidad de que se preste atención a las voces de
aquel “alerta rojo nutricional” que demandan que se otorgue la importancia que
tiene a la alimentación de los niños en este período de su desarrollo personal. Y que
se tenga en cuenta que la desnutrición y la subalimentación no pueden descartarse
en grupos sociales en que hay pobreza extrema, y, además, alcoholismo,
irregularidad familiar, analfabetismo, desocupación, promiscuidad y saneamiento
ambiental escaso.
JORNADA PARA LA ESPERANZA
Seguramente lo que la totalidad de los argentinos espera de la gestión
presidencial que iniciará hoy la hasta ahora senadora nacional Cristina Fernández
de Kirchner es que consolide la recuperación económica lograda por la Argentina
en los últimos cuatro años y que extienda ese progreso a las otras áreas en que los
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avances han sido insuficientes, entre ellas las relacionadas con la calidad
institucional, con la equitativa distribución de la riqueza y con la seguridad.
Éste ha de ser el "suelo" sobre el que transcurrirán las expresiones jubilosas
de la jornada y los sentimientos que inspira el hecho de que Cristina de Kirchner es
la primera mujer en llegar a la cima del poder de los argentinos en comicios que,
por otra parte, le dieron indiscutible respaldo.
Otra fuente de expectativas se relaciona con el dato de que la asunción de hoy
subraya el fenómeno mundial que muestra el progresivo ascenso femenino a
funciones de máxima responsabilidad que tradicionalmente se han visto como
exclusivas de varones. Y podría aventurarse que esta realidad atenuará las
exaltaciones políticas que nunca han dejado de manifestarse y de limitar la
confianza en ocasiones como ésta, en que la esperanza y la predisposición a la
cordial construcción del país que viene deberían constituir la nota dominante de un
día verdaderamente cargado de sentido. Que no se pierda lo ganado y que se
conquiste lo todavía no alcanzado puede parecer consigna extremadamente
sintética y, por ello, vacía. Pero no será fácil negar que en la tradición de dolorosas
regresiones que ha conocido la Argentina, este en apariencia modesto proyecto
apunta precisamente a ganar para la nación un eje inamovible que haga de su
historia una continuidad de su "patrimonio" más objetivamente positivo y la
permanente superación de sus fragilidades paradójicamente más resistentes.
El bien común de una nación nunca es pequeña carga para conductor alguno, y esta
verdad autoriza la cautela ante el porvenir que pone a prueba a quienes sostienen el
timón y también a los que deben ejercer la oposición que libre al pueblo de
cualquier extravío y al conjunto de los gobernados.
Por esto la asunción de una nueva jefatura política suscita tanto júbilo como
prudencia. Porque si bien es ratificación de que la vigencia republicana se afianza,
es, asimismo, nuevo tiempo para que las virtudes que permitieron la nueva
instancia sean otra vez revalidadas y para que se manifiesten los otros reflejos que
demandarán las situaciones nuevas.
Pero por ahora es natural que se imponga la exultación. Que sobresalga el
aplauso. Que domine la esperanza. Que se sienta el energizante poder de la
República que genera, cada cuatro años, experiencias como la de hoy, que vuelve
creíble la ilusión de que la historia puede hacerse de nuevo, libre de las
determinaciones negativas del pasado. De que es posible profundizar un rumbo
inclusivo que no deje a nadie afuera y que asegure para todos la posibilidad de un
futuro mejor. De que en este buscar la sociedad armónica, esto es, sin desposeídos
y sin regiones geográficas retrasadas, se encuentren todos, también los que se
sienten obligados a sincero disenso. La presidenta Kirchner recibirá hoy un país
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que no acierta a saber si su verdad debe verse exclusivamente en los índices
estadísticos provistos desde el Estado, o si está mejor reflejada la realidad en las
advertencias de no pocos que perciben señales de alarma y sugieren que ya están
emergiendo secuelas no deseadas de un proceso que tuviese que juzgarse ahora
magnificado por el triunfalismo oficialista. Sin duda, la nueva conductora de los
argentinos lo sabe. Como ha de saber, asimismo, que se espera de ella verdad,
justicia social, apertura, voluntad integradora, excelencia institucional.
Y desarrollo. Desarrollo sostenido e integral. Y, además, relaciones
internacionales sin condicionamientos, abiertas y provechosas.
Hoy es día de esperanza. Pero no de esperanza sin precisiones, como cuadra a
un país que madura. Y esta esperanza merece ser celebrada sin limitaciones
UNA CONSECUENCIA LÓGICA
"Es malo y nocivo intentar torcer la voluntad popular", dijo Eduardo Brizuela
del Moral, en un claro reconocimiento de la existencia de un conflicto interno tan
previsible como inevitable.
La clase política de Catamarca sabía que la exteriorización de los
desencuentros en la alianza gobernante sería apenas una cuestión de tiempo, y que
más tarde o más temprano comenzarían los roces, algo que finalmente se manifestó
en el amanecer de esta nueva gestión.
Con el poder en sus manos, legítimo e indiscutible a partir del arrollador
respaldo conseguido en las urnas, Brizuela del Moral sugirió su desencanto por el
complejo escenario político preparado para los siguientes cuatro años, e
indirectamente responsabilizó a los legisladores que obtuvieron la banca de su
mano y una vez en el cargo se convirtieron en flamante oposición.
En otras circunstancias, la maniobra de los diputados representaría un
escándalo, tal como ocurrió a nivel nacional cuando Eduardo Borocotó se abrazó al
kirchnerismo luego de ganar un espacio con los votos de Mauricio Macri. Pero en
Catamarca nadie está en condiciones de arrojar la primera piedra.
El respeto a la voluntad popular que ahora exige Brizuela del Moral, se había
vulnerado ideológicamente mucho antes del acto que marcó el inicio de su segundo
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mandato como gobernador, porque quien completará ocho años como máxima
autoridad catamarqueña es líder de una fuerza que no es víctima sino protagonista
de los matrimonios por conveniencia.
La cúpula del Frente Cívico y Social, de cara a las últimas elecciones
provinciales, realizó un trabajo que tuvo como premisa exclusiva la conservación
del poder, y en esa carrera se inició una búsqueda indiscriminada de votos y
amistades en los que ni siquiera superficialmente se discutió un proyecto de
Gobierno.
Es imposible que se sienta traicionado en sus convicciones un movimiento
político que, por ejemplo, postuló sus candidatos a diputados nacionales como
acompañantes de cuanta fórmula presidencial se oficializara. ¿A quién deberían
respaldar los legisladores del Frente Cívico en la Cámara de Diputados de la
Nación?
Dado que es físicamente imposible moverse en dos direcciones al mismo
tiempo, el comportamiento que el Gobernador cuestiona en los legisladores
peronistas es igual al que sus candidatos cumplen en el Congreso.
Este inusual cuadro que muestra al partido que ganó cómodamente las
elecciones con desventaja en la Cámara de Diputados es fruto del juego que
propuso el mismo oficialismo que ahora se ve perjudicado.
El trato cerrado en la Legislatura entre los perdedores originales de la
compulsa electoral y los oficialistas de ocasión, devenidos otra vez en opositores,
está avalado por la dirigencia política en su conjunto, que no reconoce más ideales
que aquellos que certifiquen un rédito inmediato.
El Frente Cívico puede molestarse por su virtual derrota en Diputados. Lo que
no puede hacer es sorprenderse, porque es una consecuencia lógica de las pobres
reglas del juego impuestas para una provincia donde el debate de ideas y
plataformas es inexistente.
La realidad de esta clase política ayuna de convicciones, obliga incluso a
considerar la fragilidad del acuerdo que ahora genera tanto malestar, porque los
justicialistas que cerraron filas no dudarán en deshacerlas nuevamente si con eso
acceden a un cargo o una posición más beneficiosa.
Es malo y nocivo intentar torcer la voluntad popular, tanto como improvisar
una alianza electoralista para recibir el guiño generoso del Gobierno nacional, sin
evaluar primero qué implica embarcarse a administrar y conducir un Estado con
quien se comparte exclusivamente la ambición de gobernar.
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RADICALES DESOCUPADOS
Desde el punto de vista del conchavo político, el desembarco de la oposición
en la conducción de la Cámara de Diputados fue lo peor que les pudo haber
sucedido a los radicales castillistas y ex castillistas, quienes desde que Eduardo
Brizuela del Moral se hizo cargo del Gobierno provincial, en 2003, hicieron de ese
cuerpo uno de sus principales reductos de subsistencia. En total, desde las
secretarías Administrativa y Parlamentaria hacia abajo, son aproximadamente
unos 40 cargos los que perdieron a manos de la nueva alianza entre kirchneristas,
barrionuevistas y saadistas. No es poca cosa si se considera que la mayoría de ellos
son dirigentes de segunda línea que no tienen responsabilidades funcionales
significativas, sino que sólo se dedican a hacer política merced al presupuesto
legislativo. Están para armar reuniones y actos, organizar las bases, gestionar
algunas prebendas y llevar y traer información de la interna y la oposición. Se trata
de la famosa militancia rentada.
*****
Otros, en cambio, como los radicales celestes Héctor Cangi y Héctor Perea,
ex secretarios Parlamentarios y Administrativos, sí tenían una función acotada por
el cargo y cierta responsabilidad en asuntos controvertidos del cuerpo. Pero eran
los menos. En un principio, casi todos estaban alineados en el sector que conduce
el senador nacional Oscar Castillo, pero con el tiempo, sobre todo cuando éste
perdió el control de la UCR, muchos emigraron a otros sectores internos, como la
Corriente Progresista Radical (CPR) liderada por el diputado provincial José
“Chichí” Sosa. Algunos castillistas más precavidos, cuando vieron que el año
pasado era posible la conformación de un frente opositor para quedarse con el
mando de Diputados –una amenaza frustrada por las peleas intestinas del
peronismo-, lograron que el entonces presidente del cuerpo, Guillermo Herrera, los
pasara a planta permanente en una movida que levantó no poca polvareda interna.
Hoy por hoy, esos radicales se quedaron sin los cargos, pero conservan la categoría
como si fueran empleados de carrera.
*****
Habrá que esperar que el gobernador Brizuela del Moral no abra las celdas
del Presupuesto provincial para dar cabida a este malón de dirigentes y militantes
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hoy desocupados en la Cámara baja. Y no porque deba ser insensible a la demanda
laboral de correligionarios rivales en la interna partidaria, sino por el hecho de que
resulta necesario que se tome conciencia de la noción de temporalidad que debe
caracterizar a la política. El dicho popular que asevera que se trata de “pan para
hoy y hambre para mañana” es algo que todos los políticos repiten en público, pero
muy pocos asimilan en la realidad. No es posible, bajo ningún punto de vista, que la
política sea aceptada como una fuente de empleo permanente, aunque se trate de
una vocación vitalicia. Y es inconcebible que estos ex funcionarios sean incapaces
de hallar otro modo de vida fuera del presupuesto provincial. En otras palabras, es
de suponer que Brizuela del Moral no hará lo mismo que el intendente Ricardo
Guzmán, cuyo municipio se ha convertido en una agencia de empleo de castillistas
“en situación de calle”.
LA COMPLICIDAD DEL SILENCIO
Profesar la religión católica es un compromiso de vida que supera la simple
adopción de una creencia. Es mucho más que buscar cobijo a la luz de un Dios
protector, asistir a misa, cumplir preceptos y participar de algunas celebraciones
tradicionales. La doctrina de esta fe no ofrece un método para hacer más cómoda la
vida de las personas, por el contrario, señala un camino complejo y sacrificado por
recorrer.
El verdadero católico asume, al abrazar su fe, una serie de obligaciones que
posiblemente representen el mayor desafío que puede enfrentar un hombre. Lo que
torna tan difícil seguir el rumbo que marca la fe, es que no se trata de un conjunto
de dogmas a memorizar ni de un culto que se practique en la intimidad. El católico
debe dar testimonio de fe en cada acto de su existencia, en su desenvolvimiento
cotidiano, ante su familia, el prójimo y la comunidad.
Es vital rezar, pero también se deben defender los valores que se profesan. No
se es católico por declamación, sino por sentimiento, conducta y compromiso. De
nada sirve proclamar las enseñanzas divinas si no se procura obrar en
consecuencia.
Institucionalmente la Iglesia Católica, aun con errores históricos que los últimos
Pontífices supieron reconocer, luchó de manera ejemplar en su afán de desterrar
las injusticias, los atropellos, las desigualdades y los crímenes.
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Hombres y mujeres de la Iglesia aparecieron en todas las épocas y en todos los
continentes para luchar por el bien común, y esa conducta no implica un
alejamiento de su función específica, que es espiritual y trascendente, sino un
acercamiento a los pueblos. Es llevar la religión a su máxima expresión, porque no
hay otro modo de vivirla que en la realidad de cada día.
La Iglesia, a través de sus representantes, se impuso la obligación de
participar en la vida pública. Lo hace el Papa al pronunciarse sobre cada
acontecimiento que sacude a la comunidad internacional, lo hace el Episcopado
argentino con permanentes críticas a la marcha del país, y debería hacerlo cada
cuerpo eclesiástico en su Diócesis. Lamentablemente, en Catamarca es difícil
encontrar antecedentes cercanos que acompañen esta consigna madre del
catolicismo. La Iglesia catamarqueña permanece desde hace años en un cálido
letargo, como mudo testigo, distante y ajeno, de cuanto sucede a su alrededor.
Aunque se desenvuelve en un clima ideal, sin riesgo alguno de persecución o
castigo, en plena libertad e incluso con el respeto innato de una sociedad que la
reverencia sin cuestionamientos, la Iglesia catamarqueña se mantiene inalterable
ante toda cuestión que exceda su propio ritual.
Con inmaculado autismo, la Iglesia de Catamarca observó sin pronunciar
palabra toda clase de aberraciones. Supo de la existencia de detenidos políticos, de
la extorsión practicada hacia opositores con problemas judiciales, a quienes se les
escondía el prontuario a cambio de que no obstruyeran los planes del poder de
turno; del aprovechamiento cruel de la pobreza, de la explotación sistemática de la
necesidad de los pobres, del uso de las dádivas para la compra de voluntades, de los
vergonzosos sistemas de compras directas, de los sobornos a dirigentes, de los
numerosos crímenes impunes, de la aprobación de leyes mineras perjudiciales para
la provincia, de inequidades escandalosas y groseros privilegios.
Extrañamente, la Iglesia de Catamarca nunca tuvo nada que decir. Eligió ser
dócil, optó por la corrección de no incomodar al que manda y prefirió no discutir
jamás sobre los acontecimientos más serios. Permitió en cambio que las
autoridades de turno se exhibieran paternalmente en cada acto religioso, con un
silencio que se convirtió en cómplice de los abusos, una falta agravada porque la
Iglesia fue, históricamente, la única institución con poder suficiente como para
expresarse sin restricción alguna. La postura acomodaticia no le reportó más
beneficios que unos cuantos tachos de pintura para los templos o el arreglo de
algunas fachadas en sus propiedades. Quizás alguna ayuda presupuestaria o
puestos en la Administración Pública para amigos de la casa. Una recompensa muy
pobre para quienes renunciaron a un mandato tan noble y elevado como defender
la dignidad de la gente.
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La conducción de la Iglesia catamarqueña cambiará en los próximos meses,
pero quienes se permiten aguardar un cambio de rumbo no recibieron señales
alentadoras. Que el debut del próximo obispo haya tenido como escenario el Predio
Ferial, describe el panorama con un solo gesto. Miles de fieles fueron arrastrados al
rayo del sol para conocer el altar de la obra pública, improvisado santuario de la
Virgen del Valle, por voluntad del Gobierno, en la fecha más importante para la
feligresía local. Para que todos comprendan cuál es el orden de prioridades.
RETORNO A LA ESENCIA
“Me eduqué en una escuela donde había clases todos los días, donde los
maestros sabían más que los alumnos y teníamos que estudiar todo el día”, señaló
Cristina Fernández de Kirchner instantes después de asumir la Presidencia de la
Nación.
El recuerdo, reflexivo, tiene un profundo contenido, porque define con simpleza
una serie de valores perdidos, que marcan la decadencia del sistema educativo
argentino.
Las palabras de la flamante jefa de Estado podrían haber salido de la boca de
cualquier argentino que ronde los 50 años, porque la situación que describe no
refiere un hecho excepcional, sino que alude al cumplimiento de las premisas
básicas de la Educación. Maestros capacitados, un ciclo lectivo con plena actividad,
y alumnos estimulados para su desarrollo y crecimiento, eran las bases de la
enseñanza, en un país cuyo nivel educativo era motivo de orgullo en el continente.
En todo el país, la absoluta mayoría de los hogares argentinos enviaba a sus
niños a la escuela pública, y lo hacía por elección propia, porque allí se enseñaba y
se aprendía. Los establecimientos privados, a mediados del siglo pasado, eran
expresiones minoritarias, reservadas casi siempre para colectividades que incluían
el estudio de algún idioma o alguna actividad extracurricular, que no alcanzaba
para imponer superioridad sobre el universo de los guardapolvos blancos.
Las escuelas privadas, como opción -y negocio-, proliferaron recién en las
últimas décadas, y se convirtieron en una elección masiva cuando aparecieron
como la única garantía de que el niño podría eludir la mayoría de los paros
docentes. De ese modo, la buena educación se redujo a un bien de mercado,
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accesible según la capacidad de pago, y profundizó heridas y desigualdades, a
contramano del plan originalmente ideado por Domingo Faustino Sarmiento.
Pero la debacle avanzó, y a la baja calidad de la enseñanza se sumó a la pobre
formación académica de los maestros, el deterioro edilicio de las escuelas, el
crecimiento de una población escolar que terminó hacinada, la caída vergonzosa de
los salarios y la desactualización de programas obsoletos.
En Catamarca, el año escolar que ahora finaliza parece haber sido el punto
más bajo de esta parábola descendente. Con niveles preocupantes de deserción y
repitencia, los niños perdieron más de un mes del ciclo lectivo entre paros de
docentes, de ordenanzas y recesos imprevistos como aquella suspensión de clases
debido al intenso frío, que es consecuencia directa del pésimo estado en que se
encuentran muchas escuelas.
En esta Educación donde todo es motivo de permanente debate, y los
especialistas teorizan sobre cada detalle organizativo, se suceden desde hace años
cambios y reordenamientos inconducentes, que no lograron impedir la caída
general del sistema. Desde el Congreso Pedagógico Nacional de fines de los 80
hasta la nueva Ley de Educación, cada gestión propuso giros revolucionarios que se
perdieron en la nada, y agravaron el cuadro general hasta un punto crítico como el
actual, que ya no admite nuevos desaciertos.
La invasión de los problemas sociales en el ámbito educativo generó tanta
confusión como la recesión económica, y se perdieron de vista los objetivos
primarios de la escuela, contenedora involuntaria del hambre, de la violencia y la
desintegración familiar.
El mundo actual ya no guarda relación con el de la infancia de Cristina
Kirchner. Las exigencias son mayores, los riesgos más serios, el desafío más
grande. El sistema educativo deberá aggiornarse a la demanda del momento, y el
nuevo diseño deberá contemplar los parámetros que marca el presente de la
sociedad.
Pero el horizonte, imperativo, debe ser aquella escuela donde los maestros
sabían más que los alumnos, donde había clases todos los días hábiles y los chicos,
necesariamente, debían estudiar para aprender.
Cada vez que se posterga esta premisa, se paga un precio incalculable, porque
las fallas de la escuela de hoy repercutirán, indefectiblemente, en la calidad de vida
de la Catamarca de los próximos años.
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Los niños que no asisten a clases o no aprenden en la escuela, jamás tendrán
la oportunidad de recuperar el tiempo perdido. Por eso el retorno a la esencia de la
Educación no puede esperar.
UNA COLUMNA DÉBIL
En un profundo e inusual análisis del funcionamiento de la Justicia
catamarqueña, el ministro de la Corte provincial, José Ricardo Cáceres, se permitió
una fuerte autocrítica al sistema.
Cáceres reconoció con sinceridad una serie de claras falencias que, en gran
parte, son conocidas por la ciudadanía, aunque relativizó su impacto al recordar
que estas grietas visibles en uno de los tres poderes del Estado no son el origen de
los grandes dramas que acechan a la comunidad catamarqueña.
Con irrefutable lógica, el ministro observó que la eventual optimización del
trabajo de los juzgados no implicaría, por ejemplo, la erradicación del delito, y
recordó con acierto que para combatir la inseguridad, el mayor flagelo de la época,
debe ubicarse el acento en cuestiones sociales como la educación y el trabajo.
La correcta visión de Cáceres conduce a la más elemental verdad, aquella que
señala que la falta de oportunidades de desarrollo es terreno fértil para la
proliferación del delito, porque la expansión de la marginalidad, con miles de
familias sin perspectiva de crecimiento económico y jóvenes sin opción de educarse
y trabajar, son las semillas de la delincuencia.
Excluidos de la sociedad de consumo, sin armas intelectuales para pelear por
un lugar de bienestar, se ven empujados a una lucha por la supervivencia donde
frecuentemente el riesgo de delinquir surge como la única alternativa.
Cáceres sugiere que mientras se multipliquen los asentamientos ilegales, miles de
hogares permanezcan por debajo de la línea de la pobreza o la indigencia, y los
índices de desempleo y subocupación se mantengan elevados hasta niveles
alarmantes, lo que ocurra en los despachos judiciales será siempre un problema de
segundo orden. “No somos culpables de la exclusión social, no somos culpables de
la pobreza”, señala en referencia a los hombres que asumieron la responsabilidad
de administrar Justicia. La razón que le asiste no puede, sin embargo, ocultar la
incidencia negativa que el opaco presente de la Justicia genera en la vida
provincial. Porque si una Justicia perfecta es insuficiente para corregir los
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problemas sociales, una Justicia incapaz de responder a las demandas elementales
agrava peligrosamente la crisis que se manifiesta en todos los órdenes.
Al margen del reclamo por un nuevo edificio, que Cáceres definió como un
déficit estructural serio y motivó la instantánea réplica del Gobierno –le recordaron
que la Corte maneja su propio presupuesto y que si necesita nuevas oficinas debe
construirlas con el dinero que se le asigna-, el ministro enumeró problemas que no
se pueden pasar por alto.
Mencionó sin eufemismos que la Justicia no está en condiciones de dar una
respuesta inmediata a los problemas de inseguridad, calificó la cárcel como un
"depósito de personas que no permite la reinserción social”, admitió que “hay
problemas con lentitud en algunas causas”, y reconoció que el 95 por ciento de las
causas que se inician llegan a juicio.
Graficó además que una comisaría o un precinto “recibe más denuncias en un
día que los juicios que se hacen en un mes”, y consideró directamente “imposible”
que todas las causas sigan su curso hasta terminar el proceso legal como lo marca
la ley. Aunque atenuó ciertos referentes negativos como parte de una tendencia
nacional, Cáceres también aceptó los inconvenientes planteados con el personal del
área, aunque en este punto, contrariamente al reclamo mayoritario, opinó que no
se requieren con tanta urgencia nuevas incorporaciones, sino que se inclinó por
una mejor capacitación. Postura que intranquiliza porque define la falla como
cualitativa y no cuantitativa, lo cual asoma, en principio, como más difícil de
solucionar.
De las palabras del ministro de la Corte sobrevive una inquietante realidad,
porque la autocrítica desnuda la incapacidad real de modificar a corto plazo un
conjunto de severas deficiencias.
Y así como resultaría un desacierto endilgar a esa realidad la razón de los
problemas sociales, representaría un error mayúsculo desconocer la influencia de
la impotencia judicial en el cuadro general.
La Justicia es una de las columnas imprescindibles para mantener el orden
republicano, y cuando no está a la altura de las circunstancias el ciudadano
promedio cae en una sensación de desamparo que nadie puede resolver.
Cuando esa columna se debilita, el descreimiento afecta a todo el sistema, y el
desorden que se promueve lesiona a la comunidad tanto o más que los problemas
económicos con que arranca el círculo.
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OTRO GOLPE DE LA DELINCUENCIA
La inseguridad que sufren los catamarqueños está instalada como uno de los
problemas más preocupantes, no sólo por la constante multiplicación de delitos,
sino porque la comunidad espera desde hace tiempo, en vano, alguna señal de que
los malvivientes comienzan a retroceder.
Por el contrario, la situación empeora progresivamente. Comenzó con robos
aislados en domicilios, saqueos de bienes públicos como cables o bronces, y alguna
maniobra audaz contra personas que por diversas circunstancias debían trasladar
sumas importantes de dinero.
Hoy, nadie está a salvo. Los robos de motos se suceden cotidianamente,
barrios enteros viven acosados por los ladrones, hay arrebatos callejeros, y la
intranquilidad crece en todos los ámbitos. Es inseguro salir a la calle, es inseguro
dejar la vivienda sola, y a cada paso los responsables de luchar contra el delito
manifiestan una impotencia total.
El mapa de la delincuencia catamarqueña, que todavía mantenía algunos
espacios sin cubrir, completó ayer un nuevo avance con el golpe al Banco Nación.
Por las características del hecho, y ante todo por el impresionante monto robado,
este acontecimiento es inédito en la provincia, y confirma el peligroso avance de la
delincuencia.
Aunque el suceso es materia de investigación, y no es prudente aventurarse a
especular sobre la forma en que se consumó, se supo ayer que cuatro cajeros
automáticos del Banco Nación, ubicados en la calle San Martín al 600, fueron
saqueados en la madrugada, y los autores del hecho se llevaron un botín que
superaría cómodamente el millón de pesos.
No existen en la provincia antecedentes de un robo de esta magnitud, que
revela la actuación de expertos en cada detalle, comenzando por la elección de un
día de pago a empleados públicos, cuando los cajeros guardan la mayor cantidad de
dinero.
Si bien no hubo heridos ni actos de violencia contra otras personas -es el único
aspecto "positivo" de esto hecho-, el acontecimiento desnuda fallas de previsión en
los controles, y por extensión demuestra los niveles de desprotección actuales.
Si en Catamarca no se puede resguardar a la mayor entidad bancaria del país, ni se
puede impedir el acceso de los ladrones a un pequeño espacio que contiene media
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docena de cajeros automáticos, ¿qué protección puede esperar para su hogar un
ciudadano común?
Las fuerzas de seguridad parecen desorientadas, y aluden una y otra vez a la
escasez de recursos para combatir el delito, aún cuando sus recursos mejoraron
sustancialmente en los últimos años, incluyendo desde móviles hasta una mayor
planta de personal.
Los catamarqueños que padecen la inseguridad se quejan de la actuación
policial, pero lo hacen con un agravante: la mayoría cree que la fuerza del orden
realmente no puede frenar la delincuencia.
Esta pérdida de confianza surge de los propios índices de delito, y lleva a que
la mayoría de los ilícitos ni siquiera sean denunciados. Muchos comprovincianos
sienten que acercarse a una comisaría a notificar un delito relativamente menor,
como un hurto en su casa, no es más que una pérdida de tiempo; porque presumen
-a veces por experiencias anteriores- que de todos modos no recuperarán el objeto
perdido y tampoco se castigará al agresor.
La marginalidad producto de la pobreza, y el innegable avance en el consumo
de drogas, son elementos reales que contribuyen a incrementar la inseguridad, y las
respuestas ofrecidas hasta ahora son deficientes.
Es una obligación indelegable del Estado mantener la seguridad y combatir el
delito, y la batalla, por el momento, la está ganando la delincuencia. Miles de
ciudadanos sufrieron los robos en carne propia, y ahora lo hizo la delegación local
de una de las instituciones más importantes del país.
NIÑOS EN PELIGRO
Pasaron muchos años desde que aparecieron los primeros niños deambulando
por las calles catamarqueñas, hasta que se reconoció oficialmente la existencia de
los pequeños marginados.
Sólo cuando cada ciudadano se topó con ellos en su andar cotidiano, cuando el
problema creció hasta tornarse evidente e inocultable, las autoridades dieron sus
primeras señales de reconocimiento, junto con gestos de preocupación y promesas
de acciones urgentes.
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La resistencia a admitir un aspecto tan doloroso de la realidad obedece
naturalmente a que la sola admisión del hecho implica una autocrítica feroz,
siempre nociva para los autocomplacientes discursos que eligen los funcionarios de
todos los partidos, en cualquier época y lugar.
Un niño perdido en las calles es la dramática humanización de todos los
índices de desigualdad social, es el punto donde las estadísticas pierden sentido y
revelan una verdad cruda. Hijo de debacles económicas y desórdenes familiares de
los cuales es inocente por completo, el niño en situación de calle se ve obligado a
pagar culpas e irresponsabilidades ajenas, empeñando los que deberían ser sus
mejores días con un sufrimiento que lo acompañará por siempre.
Expuesto a la crueldad sistemática de la indiferencia, desamparado ante las
agresiones de los mayores y de sus pares, obligado a crecer entre el desamparo y el
miedo; unirá al hambre congénito un resentimiento imposible de extirpar.
El niño descalzo y sucio que despierta ternura cuando ruega por una moneda,
no puede evitar crecer, y chocará luego con otros gestos, seguramente de rechazo
profundo, cuando se convierta en un delincuente juvenil. Es probable que el Estado
aparezca entonces, con todo el peso de la Ley, para castigarlo puntualmente, sin
asumir la responsabilidad que le cabe por haberlo abandonado antes.
Hace pocos días culminó un nuevo ciclo del programa "Chau Calle", que
presta atención a niños, niñas y adolescentes en situación de calle. Quienes
trabajan en ese plan lograron reinsertar en las escuelas a varios pequeños, y
ofrecerles ciertos cuidados, como algún aporte alimentario e intentos por
acercarlos a sus familias. Todo lo que pueda surgir de este trabajo es positivo, pero
no alcanza para disimular las severas falencias que se advierten.
Los propios responsables del programa admitieron, ya con naturalidad, que
en Catamarca no hay estadísticas que permitan establecer cuántos niños
vagabundean en la Capital, y sólo a modo de estimación calcularon que deben ser
más de 200. La cifra es terrible para una ciudad pequeña, y denuncia un
crecimiento de la marginalidad infantil que resulta inadmisible. Pero mucho peor
es el hecho de que a más de una década del surgimiento del problema, todavía no
se haya completado un relevamiento serio, paso indispensable para diagramar un
proyecto de contención efectivo.
La semana pasada se abordó el mismo problema en la Capital Federal, y se
informó que allí existen 798 chicos y adolescentes de menos de 17 años viven en
situación de calle. Las proporciones son impactantes: en una ciudad de 4 millones
de habitantes se contabilizaron 800 casos, y en Catamarca, que no llega a 400 mil
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habitantes, hay más de 200, con un agravante: en el interior de la provincia ni
siquiera se comenzó a actuar.
La inoperancia manifiesta contradice la unánime postura que ubica a la niñez como
el eje de las prioridades de todo Gobierno. Tampoco sobreviven las flaquezas
presupuestarias como excusa válida para justificar tanta inacción, de modo que la
única conclusión posible es que no se comprendió la gravedad de la situación.
Si no es prioritario rescatar a cientos de niños y niñas expuestos a toda clase de
peligros, desatendidos en su educación y su salud, en su alimentación y formación
afectiva, y muchas veces explotados laboral o sexualmente; entonces habrá que
plantearse cuál es el rumbo que se eligió. Una pregunta que no corresponde sólo al
Gobierno sino a la sociedad en su conjunto.
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DIARIO EL ANCASTI Catamarca - Editorial Cientifica

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