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Transcripción

II CONCURSO DE ENSAYO POLÍTICO 2011
Nuevas visiones de la Democracia en Bolivia
Fundación Boliviana para la Democracia Multipartidaria
Avenida Arce Nº 2180
(591)(2) 2440347- 2441891-2440391
Casilla Nº 4457 La Paz-Bolivia
Coordinación: Jorge Dulon Fernández
Autores: AAVV
Edición: Adriana Omonte Tames
Diseño de tapa: Carlos Arce Moreira
Diagramación e impresión: C&C Impresiones. Tel.: 2495695
Otero de la Vega 271 San Pedro
1ra Edición, Febrero 2012
Depósito Legal: …………………………………..
Impreso en Bolivia
Las opiniones vertidas en los ensayos, son responsabilidad de los autores y
no coinciden necesariamente con la posición institucional de la Fundación
Boliviana para la Democracia Multipartidaria
ÍNDICE
PRESENTACIÓN..........................................................................................................00
CAPITAL SOCIAL “SOCIETARIO” Y CAPITAL SOCIAL “COMUNITARIO”:
UNA DISTINCIÓN QUE LA CIENCIA POLÍTICA Y LA GESTIÓN PÚBLICA
NO DEBEN DESESTIMAR
Carlos Torrez Guarachi...................................................................................................00
ENSAYO SOBRE EL NUEVO MODELO DE ECONOMÍA PLURAL:
DEMOCRATIZAR LA ECONOMÍA, UN ACERCAMIENTO DESDE LA
DISYUNTIVA EMPLEO Y DESEMPLEO EN TIEMPOS DE CAMBIO
Freddy Añaguaya Chapca................................................................................................00
ALGUNAS APROXIMACIONES A LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA
DEL ESTADO PLURINACIONAL BOLIVIANO DESDE LA
PERSPECTIVA DE LA NEUTRALIDAD
Mario Rodrigo Pinto Blancourt.......................................................................................00
MENCIONES DE HONOR..........................................................................................00
ESPECIFICIDADES INSTITUCIONALES DEL ESTADO
AUTONÓMICO EN BOLIVIA
Diego Andres Chavez Rodriguez.....................................................................................00
“SE NOS TRATA DE MINIMIZAR A LOS PUEBLOS INDIGENAS”
EL DESAFÍO DEL TIPNIS Y LAS POLÍTICAS DESARROLLISTAS
Jose Luis Saavedra Soria..................................................................................................00
GESTIÓN PÚBLICA INTERCULTURAL
UN MODELO OPERATIVO
Juan Aurelio Cayoja Cortez.............................................................................................00
EL ESTADO PLURINACIONAL EN PERSPECTIVA HISTÓRICA
Javier I.Baldivieso Guzman.............................................................................................00
EL ROL DEL ESTADO INTEGRADOR
Ernesto Bernal Martinez.................................................................................................00
¿PROTESTAMOS EN LAS CALLES O EN LAS URNAS?
EL POTENCIAL TRANSFORMADOR DE CONFLICTOS DE LOS
VOTOS BLANCO Y NULO EN LA DEMOCRACIA BOLIVIANA
Ana Lucia Velasco Unzueta............................................................................................00
LA EXPRESIÓN ARTÍSTICA (MUSICAL) COMO MANIFESTACIÓN DE
LA POLÍTICA NO TRADICIONAL DE LAS CULTURAS JUVENILES
Movimientos juveniles, identidad, música y democracia en Bolivia
Milen Graciela Saavedra Rodriguez................................................................................00
Segundo Concurso de Ensayo Político
PRESENTACION
El año 2010 la Fundación Boliviana para la Democracia Multipartidaria (fBDM)
lanzó la convocatoria al “Primer concurso de ensayo político” a nivel nacional. El
objetivo principal de esta iniciativa, fue mejorar la comprensión sobre el proceso
político que atraviesa nuestro país, además de motivar la generación de aportes
para entender profundamente los conceptos inmersos en la Constitución Política
del Estado Plurinacional de Bolivia.
La respuesta obtenida ante esta convocatoria fue muy satisfactoria, es así que la
fBDM consideró pertinente realizar la segunda versión del concurso de ensayo
político en el año 2011. Esta vez la convocatoria buscó motivar e impulsar la
realización de trabajos con temáticas enmarcadas en los cambios sustanciales
que atraviesa nuestro país, esto sin dejar de lado a temáticas emergentes de la
Constitución Política del Estado.
Los ejes temáticos abordados en el segundo concurso de ensayos fueron: Estado
de derecho, gestión pública intercultural, el rol de los medios de comunicación,
autonomías y descentralización, economía plural y la organización del Estado
Plurinacional.
Adicionalmente, al abordar estas temáticas se buscó contribuir y promover
la socialización de la Constitución Política del Estado a través de la discusión
amplia, plural, inclusiva, académica y crítica desde y hacia la sociedad.
Es así que el concurso de Ensayo político se constituyó en un mecanismo de
empoderamiento de la Constitución Política del Estado por sectores emergentes.
Un porcentaje significativo de los participantes del concurso fueron jóvenes y
mujeres, lo que representa un interés mayor de estos sectores de la población
en temas políticos - entre ellos los inmersos en la Constitución - a diferencia de
décadas pasadas.
Como en la primera experiencia del concurso, el proceso de revisión de los ensayos
se realizó con un jurado calificador multidisciplinario, compuesto por personajes
reconocidos en el área de producción intelectual - política en nuestro país. Los
ensayos fueron leídos y repasados por los jurados, finalizando el proceso con la
7
elección consensuada de los diez textos ganadores que se presentan en este texto,
teniendo en los tres primeros lugares a dos participantes de la ciudad de El Alto
y uno de La Paz.
Mediante esta publicación de posiciones plurales la Fundación Boliviana para
la Democracia Multipartidaria cumple nuevamente con uno de sus objetivos
institucionales que tiene que ver con el aporte y la promoción del debate, la
discusión y el dialogo intercultural, siendo este último un instrumento de
conocimiento, reconocimiento y aprovechamiento de nuestra diversidad.
Guido Riveros Franck
Director Ejecutivo
fBDM
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GANADORES
SEGUNDO CONCURSO DE
ENSAYO POLÍTICO
CAPITAL SOCIAL “SOCIETARIO”
Y CAPITAL SOCIAL “COMUNITARIO”:
Una distinción que la ciencia política y la gestión pública no deben
desestimar
Una experiencia científica es, pues, una experiencia que «contradice» a la experiencia común. Por
otra parte, la experiencia inmediata y usual mantiene siempre una especie de carácter tautológico,
ella se desarrolla en el mundo de las palabras y de las definiciones,y carece precisamente de aquella
perspectiva de «errores rectificados»que caracteriza, según nuestro modo de ver, al pensamiento
científico.
G. Bachelard
Carlos Torrez Guarachi1
RESUMEN
En la discusión académica boliviana todos están de acuerdo que Bolivia responde
a dos sistemas, visiones, matrices o paradigmas distintos, pero cada uno le da un
matiz diferente ya sea entre lo: moderno/postmoderno, individual/comunal, occidente/
indianidad o liberal/comunitario. A pesar de ello, todas estas concepciones pueden
desembocar en la relación entre: individuo/comunidad.
El defecto de ello radica, principalmente, que se piensa que lo comunitario es
enemigo de lo individual y por tanto de instituciones como la propiedad privada;
y por otra parte, se piensa que lo individual es enemigo de lo comunitario por lo que
hace presumir que aquel mundo “occidental”, “moderno” o “liberal”, no conoce
formas de asociación y acción colectiva.
El presente ensayo se aleja de esta distinción (individual/comunidad) y se concentra
en la diferencia entre lo societario/comunitario. Es decir, que más allá de hablar de
una democracia “liberal, moderna, occidental” y otra comunitaria: es más oportuno
referirse a una democracia “societaria” y una democracia “comunitaria”. De la misma
manera se puede hablar de una: justicia “societaria” y una justicia “comunitaria”
Además, se considera que si la matriz comunitaria ha repercutido en conceptos
jurídicos (justicia comunitaria): nada impide hablar de un capital social “societario” y
un capital social “comunitario”.
La investigación es novedosa y original por las siguientes razones:
a) Es pertinente, ya que el análisis parte de sucesos recientes y paradójicos
registrados en la urbe alteña con motivo de exigir un crecimiento económico y
desarrollo social.
1 Ganador del primer premio del Segundo Concurso de Ensayo Político.
11
b) Es original, dado que niega (falsación) un principio (a mayor capital social,
mayor desarrollo) de la teoría del capital social sosteniendo que: el abundante
capital social (juntas vecinales, organizaciones sociales, sindicales, etc.) no necesariamente
es un instrumento que acelera el desarrollo.
c) Es explicativa, ya que no solo pretende describir la realidad, sino brindar una
fundamentación teórica la cual se resume en la diferencia entre un capital social
“societario” y un capital social “comunitario”.
d) Es objetiva, en la medida que no pretende elogiar lo societario en desmedro de lo
comunitario, o viceversa, sino que basado en el “principio de complementariedad”
rescatar la importancia y necesidad de ambos: capital social para fortalecer las
políticas públicas (comunitario) y políticas públicas para fortalecer el capital social
(societario)
INTRODUCCIÓN
Si un atleta tiene la capacidad de saltar diez metros, fácilmente y sin ningún
problema podrá saltar cuatro o dos metros; esto debido a un principio y
razonamiento lógico de capacidad que sostiene que: el que puede lo más, puede lo
menos. Si este atleta puede lo más, pero no puede lo menos llega a constituir sin
duda una “paradoja”, un enigma digno de análisis. Pero ¿qué lugar ocupa este
razonamiento lógico en un ensayo de ciencia política y gestión pública?
Falta poco para que se cumplan ocho años de aquel hecho político denominado
como “guerra del gas”. A pesar que en el país se han realizado cambios
significativos a nivel macro (Evo Morales, Estado Plurinacional, vivir bien), la
ciudadanía alteña tiene una percepción negativa respecto a su desarrollo. En su
vida cotidiana recorre la zona de Rio Seco y evidencia que aquellas pasarelas
de la ex-tranca, que en otrora fueron derribadas por los vecinos para protegerse
de un posible “ataque” de las fuerzas armadas, hasta ahora no han sido
reparadas o repuestas: asíno le queda más que atravesar la confluida avenida
esquivando movilidades y arriesgando su vida. Por otra parte los vecinos de la
zona Ballivián, donde se registraron enfrentamientos, gozan hoy de una hermosa
plaza conmemorativa a la “guerra del gas”, la figura es sin duda simbólica:
una mujer alteña enarbolando la tricolor y de fondo una confluida vía pública
extremadamente deteriorada.
Pero quienes demostraron que el crecimiento y desarrollo no se percibe en
los números ni en el papel, fueron los vecinos del Distrito 8, bloqueando las
instalaciones de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) en Senkata
exigieron nada más que servicios básicos: alcantarillado sanitario, planta de
tratamiento de aguas residuales y, paradójicamente, conexiones domiciliarias de
gas.
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¿Qué puede extractarse de esta situación? Lo más importante es que la experiencia
alteña resulta paradójica ya que “puede lo más, pero no puede lo menos”. La ciudadanía
alteña pudo cambiar el rumbo del país y dar inicio a un nuevo periodo en la
historia de Bolivia (puede lo más), pero no pudo acelerar su desarrollo social y
crecimiento económico después de la guerra del gas (no puede lo menos).
¿Cómo puede explicarse esta paradoja (El Alto puede lo más, pero no puede lo
menos)? Podríamos sostener que El Alto no aceleró su desarrollado debido a
factores tales como la carencia de recursos económicos, ineficiencia de la gestión
pública, bajo nivel de tecnocracia, prebendalismo, etc. Pero estas respuestas
no requerirían más que un trabajo descriptivo y poco fructífero para la ciencia
política.
Por esto, el presente ensayo desestima las anteriores respuestas y pretende
concentrarse en este suceso paradójico a partir de un concepto de la ciencia
política y la gestión pública que en el ámbito boliviano ha sido menoscabado: el
capital social.
LA GUERRA DEL GAS COMO PUNTO DE INICIO
La investigación parte de la afirmación de que la “guerra del gas” significó un
hecho político bastante relevante para la ciencia política en el sentido que ha
enriquecido el desarrollo de una teoría de los movimientos sociales;no obstante a ello,
este hecho político no ha repercutido en el ámbito de la “gestión pública” debido
a que no se registra dentro la discusión académica algún aporte o constatación de
carácter científico.
Para la ciencia política en general ha significado un hecho importante dado que se
ha ratificado que el movimiento social es una forma de manifestación o acción social
que se caracteriza por su carencia de sentido, por la entropía y principalmente
por su espontaneidad o naturaleza efímera.
La teoría de los movimientos sociales, que tiene su sistematización en estudios
extranjeros, se ha consolidado y enriquecido gracias a la “guerra del gas” y, más
aún, ha adquirido un carácter fundamental en lo cotidiano debido a que en el
lenguaje del experto, del político y del ciudadano se hace imprescindible esta
nomenclatura.Pero hay que recalcar que ese uso frecuentemás allá de favorecer a
la teoría, al final la llega a entorpecer ya que muchas veces confunde “organización
social” (duradero-estático) con “movimiento social” (efímero-dinámico). De esta
manera, el desmesurado uso del concepto de movimiento social se constituye en
una victoria pírricapara la ciencia política.
Un elemento de ruptura dentro de la teoría de los movimientos sociales
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Como se ha sostenido, la teoría reconoce una diferencia entre organización/
movimiento y es por ello que el nivel de organización de una forma social
(grupo, clase, sindicato, etc.) no viene a constituir, necesariamente, un requisito
indispensable para hablar de movimiento social. Si bien existen corrientes teóricas
(del conflicto y movilización de recursos) que mantienen la importancia de la
organización en la acción colectiva, éstas son circunscritas a un conocimiento
tópico del movimiento social que identifica a éste como una acción específica
y singular de la clase o movimiento obrero. El principal argumento para negar
dichas corrientes como explicaciones válidas del movimiento social, radica en
que desestiman otros presupuestos fundamentales tales como: el conflicto y la
superación de reglas o límites del sistema político. Las teorías de movilización de
recursos y del conflicto no están orientadas a la producción de verdad o alteración de
códigos culturales (macro y micro física del poder).
Más aún, este presupuesto de organización para el éxito del movimiento
social suele desestimarse dado que las sociedades complejas se caracterizarían
por un alto grado de individualismo. Para la teoría que aquí nos ocupa, es
más importante el tránsito “de movimiento social a organización social”
ya que de esa manera puede participar formalmente en el sistema político
(Melucci); el paso de “organización social a movimiento social” no suele
considerarse importante porque puede arrastrar una contradicción, además
los actores principales serían los individuos y no así las organizaciones2.
No obstante a estas precisiones de la teoría, el movimiento social en Bolivia
es novedoso y fructífero para la ciencia política ya que no se ha producido
debido a la confluencia de individuos, sino a una articulación compleja de
múltiples organizaciones sociales (Central Obrera Boliviana, la Federación de
Juntas Vecinales, Sindicatos del Transporte Público, etc.). La organización no se
restringe a una determinada clase como el proletariado,él único con conciencia
revolucionaria, tampoco opera como un conflicto que pretende incorporarse a un
sistema ya consolidado. El movimiento social, en nuestro caso, se ha nutrido de
estás organizaciones, las convirtió en acéfalas, pero todo se articuló y funcionó a
partir del capital social.
Si bien, movimiento social y organización social llegan a constituir términos
que se anulan (efímero/duradero-dinámico/estático), ambos se nutren o
complementan con el concepto de capital social.
2 Robert Putnam en su ensayo Bowling Alone denuncia esta tendencia individualista y una decadencia del
compromiso cívico el cual se traduce en una disminución de la participación política, de la afiliación sindical y de la
organización en general.
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Diferencias entre las concepciones del movimiento social
A pesar que de la “guerra del gas” emergen de manera simultánea los conceptos
de movimiento social y capital social; solo el primero es objeto de análisis y de un
alto desarrollo y discusión científica (hipertónico), ya que el segundo es una
terminología desconocida y poco usada dentro el ámbito académico, políticopartidario y cotidiano de nuestro país y es relegado a un plano marginal en la
ciencia política (hipotónico).
EL CAPITAL SOCIAL COMO FACTOR DE ANÁLISIS
En su generalidad las investigaciones en “ciencia política” no se concentran
específicamente en la relación: guerra del gas-movimiento social-capital social. El
mérito del presente ensayo radica principalmente en el análisis de dicha relación
y encontrar un fundamento explicativo, y no simplemente descriptivo, para la
pregunta: ¿por qué El Alto no aceleró su desarrollo después de la “guerra del
gas”?
A mi juicio un estudio a partir del capital social es necesario dado que se ha
constituido en un elemento fundamental de la gestión pública, del crecimiento
económico y el desarrollo social. Si nos preguntamos cuál es la relación existente
entre el capital social y la gestión pública se pueden extraer las siguientes premisas:
a) Entre capital social y políticas públicas existe una relación inmanente.
Esto en el sentido de que las organizaciones sociales participan en la
construcción de las políticas públicas en sus distintas fases: pueden
plantear proyectos a partir de una selección de sus necesidades
prioritarias, pueden coadyuvar a la ejecución del proyecto e incluso
pueden proceder a la supervisión o control en la ejecución del proyecto.
b) Entre mayor grado de capital social existente en una determinada
población, mayor será la influencia y la participación política. Ello
necesariamente implica que el capital social coadyuva al fortalecimiento
de una democracia y la cultura política, debido a que fomenta la
democracia participativa y no se agota en la democracia representativa
(Baquero, 2003).
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c) El grado de crecimiento económico y desarrollo social es proporcional
al grado de capital social de una población (Collado 2007; Salazar, 2009).
HIPOTESIS DE INVESTIGACIÓN
Una hipótesis científica que no levanta ninguna contradicción
no está lejos de ser una hipótesis inútil
G. Bachelard
Debemos estar muy conscientes que el capital social es un tema bastante abordado
en el ámbito extranjero, debido a que se lo relaciona con muchas variables tales
como: las políticas públicas, la democracia, la seguridad ciudadana, el desarrollo
o subdesarrollo, etc. Pero un defecto de estas investigaciones radica en que no
se constituyen en estudios científicos ya que solo proceden a la verificación de
las premisas del capital social. Es decir, son tautológicas, repiten de distintas
maneras y en distintos lugares aquello que la teoría del capital social ya había
determinado3.
Dentro la metodología de las ciencias sociales (Kuhn, Bachelard, Popper), se ha
desestimado que la verificación pueda constituirse en un procedimiento válido
para corroborar la solidez de una teoría y por ello es preferible que esta función de
revalidación de teorías sea asignada a la falsación. Es decir, la solidez de una teoría
debe ser corroborada a través de la negación de sus premisas o enunciados básicos; si
esta negación fracasa la teoría se ratifica, si la negación triunfa la teoría se enriquece,
se fortifica. Por estos motivos la falsación (Popper) ha adquirido un papel importante
en las ciencias sociales.
La ciudad de El Alto se constituye en un excelente caso para proceder a la falsación
de la teoría del capital social, bajo el siguiente argumento:
Puede lo más: El abundante capital social del municipio de El Alto, posibilitó
provocar cambios estructurales en la historia boliviana (guerra del gas).
No puede lo menos: Después de la guerra del gas el abundante capital social
del municipio de El Alto no fue utilizado para acelerar el crecimiento económico
y el desarrollo social (políticas públicas y gestión pública)
La teoría del capital social sostiene las siguientes premisas: “a mayor capital
social, mayor desarrollo” e inversamente “a menor capital social menor desarrollo”. La
experiencia de El Alto procede a la falsación de las premisas dado que demuestra
fácticamente que “a mayor capital social, menor desarrollo”. Ahora bien, esta
situación es fácilmente comprobable dado que solo es necesario concentrarse en
3 Un estudio importante es el de A. Toro (2006), debido a que realiza un estudio comparativo en Porto Alegre (Brasil) y
Villa el Salvador (Perú) y con un enfoque descendente: ¿Cuál es el rol de los gobiernos en la multiplicación de capital
social?
16
las últimas movilizaciones de la ciudadanía alteña registradas en el segundo y
tercer trimestre de la gestión dos mil once. La presente investigación no tiene por
objeto demostrar algo que recientemente se muestra como evidente, sino brindar
una explicación del ¿por qué el capital social alteño no puede ser utilizado para
cuestiones tan simples y cotidianas como la construcción de políticas públicas y
la gestión pública?
La hipótesis que se plantea como respuesta a esta interrogante es la siguiente:
Una forma social que se establece en principios comunitarios tiende a
producir un alto grado de capital social; empero lo que imposibilita
su aprovechamiento en temas de gestión pública se encuentra en
un inmanente factor “tradicional” que orientado en una variable
exclusivamente temporal fundamenta formas de autoridad personal y
poder público descendente, los cuales direccionaran la acción social al
ámbito privado (límite).
¿Cuál es la novedad que plantea la investigación con esta hipótesis respecto a la
teoría del capital social?
De inicio, la presente investigación es novedosa en el sentido que a partir de
la falsación (no así de la verificación) reconoce, desde la experiencia alteña, una
diferencia “complementaria” entre: capital social “societario” y capital social
“comunitario”.
Se debe considerar que expertos, como de John Durston (2000), reconocen una
forma de capital social comunitario; empero lo “confrontan” con un capital social
“individual”4. Más aún la distinción allí manejada tiene mayor vinculación en
la diferencia: individual/colectivo.5 El presente ensayo es original porque se
fundamenta en la “complementariedad” de un capital social “societario” (no
así individual) y un capital social “comunitario” (lo colectivo es un concepto
amorfo). Además lo comunitario no es restringido a la comunidad “campesina,
indígena, rural”, sino que opera como una manifestación más de “lo social”.
4 Durston señala: “En este trabajo se argüirá que, al contrario, Bourdieu y Coleman dieron gran importancia al capital
social conceptualizado como un atributo de grupos y comunidades; que Portes mismo reconoce implícitamente
el carácter grupal del fenómeno; y que la riqueza del concepto de capital social yace en las interacciones entre las
estrategias individuales y las instituciones e intereses de la comunidad”. Además sostiene: “Al contrario, gran parte
de la riqueza del ideario del capital social radica justamente en lo que aclara sobre la manera en que el capital social
individual interactúa, a veces en contra pero en general para reforzar, las instituciones de capital social comunitario”
5 Durston infringe una regla, la precisión en el instrumento lingüístico, ya que lo colectivo es un concepto tan amorfo
como el de norma (¿jurídica, moral, consuetudinaria, etc.?): “Parece útil, para superar estas discrepancias, postular
la existencia de dos formas diferentes de capital social: el individual y el colectivo o comunitario” (Durston: 2000).
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA: SOCIEDAD Y COMUNIDAD COMO
CRITERIO BASE DE DISTINCIÓN
La teoría de la sociedad construye un círculo de hombres
que, como en la comunidad, conviven pacíficamente,
pero no están esencialmente unidos sino esencialmente separados
y mientras en la comunidad permanecen unidos a pesar de todas las separaciones,
en la sociedad permanecen separados a pesar de todas las uniones”.
F. Tönnies
Pues la causa de la desunión en las repúblicas es,
la mayoría de las veces, el odio y la paz,
y el motivo de la unión el miedo y la guerra.
N. Maquiavelo
Toda ciencia requiere de un instrumento lingüístico (Sartori); la semántica
es fundamental ya que nos permite diferenciar fenómenos “aparentemente”
iguales y no entrar en confusiones. De esta manera, así como reconocemos una
clara diferencia entre: Estado/gobierno, soberanía/autonomía, nación/pueblo,
entorno/interno, etc.; de la misma manera hay que reconocer una diferencia
sustancial entre sociedad y comunidad. Esta distinción le pertenece al sociólogo
alemán F. Tönnies quien consideraba que el complejo fenómeno “social” no
se agotaba en una teoría de la “sociedad”, sino que incluía también otras
manifestaciones como la comunidad. Pero su distinción no solo era semántica,
sino estratégica ya que conectaba el concepto de sociedad y comunidad con otras
categorías tales como: lo mecánico/lo orgánico, lo ideal/lo real, lo nuevo/lo
viejo, lo divisible/lo indivisible. Su distinción de ninguna manera es superflua
e irrelevante ya que en la actualidad una propiedad “comunitaria” es en esencia
compartida e indivisible.
Siendo una distinción teórica loable y que tiene correspondencia con la práctica
cotidiana, en esta investigación se distingue una clara diferencia entre: capital
social “societario” y capital social “comunitario”. Pero ¿cuál sería la diferencia
matriz entre ambos conceptos?
LA DIFERENCIA: CONFIANZA Y DESCONFIANZA
Cuando Tönnies sostiene que: “mientras en la comunidad permanecen unidos a
pesar de todas las separaciones, en la sociedad permanecen separados a pesar de
todas las uniones”; se pueden introducir elementos subjetivos en la discusión tales
como la relación entre confianza (comunidad) y desconfianza (sociedad). De manera
superficial uno podría defender esta relación sosteniendo que la comunidad no se
fundamenta en la desconfianza, ya que existen varios argumentos que señalan que
esta propiedad le corresponde más bien a la sociedad (estado de naturaleza). Así se
podría mencionar a Hobbes quien tenía una concepción societaria ya que fundamentaba
el origen de la sociedad y del Estado justamente en la desconfianza de los individuos
18
respecto a otros (homo homini lupus). La distinción sociedad/comunidad y su
consecuente relación con desconfianza/confianza, cobraría sentido en el desarrollo
del pensamiento político. Más aún, a través de este recorrido se habría llegado a un
elemento fundamental del capital social: la confianza.
Empero, de ninguna manera se puede sostener que el capital social “societario”
se vincula con la desconfianza y que el capital social “comunitario” lo hace con la
confianza, por los siguientes motivos: 1) la desconfianza no es un elemento que
favorece la reproducción del capital social, sino que lo perjudica y 2) cuando
Hobbes hablaba de la desconfianza la circunscribía a la naturaleza del hombre6
y no así a la naturaleza de la sociedad. Si sostenemos que el capital social
“societario” se fundamenta en la desconfianza estamos provocando sin duda
una contradicción ya que la sociedad se mantiene a partir de lazos de confianza7.
De esta manera es necesario desestimar la diferencia entre desconfianza/
confianza, que puede surgir, implícita y superfluamente, de la teoría de Tönnies
y concentrarse en otra relación más fructífera.
SOCIEDAD/COMUNIDAD A PARTIR DE LA DISTINCIÓN CONFIANZA/
FAMILIARIDAD
Sostener que tanto sociedad y comunidad se basan en la confianza, de ninguna
manera contribuye a la teoría del capital social ni a la construcción de un
instrumento lingüístico (diferencia). A pesar que no hay duda en que la sociedad se
fundamenta en la confianza, si hay inconvenientes en sostener que la comunidad
también se funde en ella. Tönnies, por ejemplo, restringe sus disquisiciones sobre
la comunidad a la casa (“El estudio de la casa es el estudio de la comunidad, como
el estudio de la célula orgánica es el estudio de la vida”) y la relación recíproca
entre madre-hijo, marido-mujer y hermanos; es decir, al tema de la familiaridad
y la fraternidad. De la misma manera, Tomas Moro quien tenía una concepción
comunitaria fundamentaba sus explicaciones de la Utopía en relaciones familiares
y sentimentales. Lo comunitario y consecuentemente lo familiar se alejan de una
concepción societaria basada en la confianza, los contratos y lo hostil8.
Ahora, la confianza y la desconfianza son elementos fundamentales de la teoría
del capital social a la cual este ensayo ha denominado como “societario”. Pero
dicha teoría es insuficiente en dos sentidos: 1) no trabaja a profundidad su
6 En el Leviatán, Hobbes señala: “Así hallamos en la naturaleza del hombre tres causas principales de la discordia.
Primera, la competencia; segunda, la desconfianza; tercera, la gloria” (Hobbes, 2004:102)
7 “Los hombres se ponen de acuerdo entre sí, para someterse a algún hombre o asamblea de hombres voluntariamente,
en la confianza de ser protegidos por ellos contra todo los demás. En este último caso puede hablarse de Estado
político, o Estado por institución” (Hobbes, 2004:141)
8 “Piensan los utópicos que es imposible tener por enemigo a quien no les causó ningún daño. Según ellos, el vínculo
creado por la Naturaleza es la verdadera alianza; y los hombres se hallan unidos con mayor fuerza por su buena
voluntad que por los tratados, y más por sus buenos sentimientos que por la letra de los protocolos”. (Moro, Utopía:
65)
19
concepto neurálgico (confianza)9; 2) no reporta una variación sustancial de la
confianza (familiaridad). A mi juicio, la confianza no se trabaja a profundidad por
la teoría del capital social porque es entendida como un término no definido.
Quien se ha encargado de estudiar la confianza de forma más amplia y profunda
es N. Luhmann, pero en el ámbito de la teoría de sistemas; este autor avizora más
claramente una variación de la confianza, refiriéndose explícitamente al tema de
la familiaridad. Siguiendo este desarrollo (Tönnies-Moro-Luhmann) el presente
ensayo distingue una diferencia entre capital social “societario” y capital social
“comunitario”, como una diferencia básica entre la confianza y la familiaridad10.
LA CONCEPCIÓN DE TIEMPO EN LO SOCIETARIO Y COMUNITARIO
Ahora, hemos comenzado con una distinción básica entre sociedad/comunidad
de ella se ha desprendido otra distinción entre confianza/familiaridad; por el
momento no se pretende definir estos últimos conceptos dado que es necesario
ubicar otras diferencias que complementen estas dos formas de concepción. Para
lo cual es necesario partir con el factor tiempo.
Sostener que lo societario se basa en la “confianza” y que lo comunitario se
fundamenta en la “familiaridad”, no solo implica que este último se circunscriba
en un ámbito micro y el primero en lo macro; implica esencialmente una
distinta concepción de tiempo. Pero con el objeto de comprender esto, hay
que concentrarse en el concepto de confianza que se maneja en la teoría del
9 En la teoría del capital social, se distinguen tres tipos de confianza: La basada en características, la basada en normas
y reglas comunes, la basada en la competencia profesional. Pero estas diferentes concepciones de confianza no
alteran el concepto de capital social, ni derivan en alguna clasificación o taxonomía del concepto.
10 La confianza es sin duda el elemento fundamental del capital social: véase Gordon (2005). Sin embargo debe
precisarse que aún en autores que reconocen la distinción confianza/familiaridad, no consideran que esta pueda ser
un elemento para distinguir las formas de capital social. Concibiendo la familiaridad como una “confianza personal”
y la confianza como una “confianza sistémica”, tampoco la derivan a las distinciones de capital social “individual”
(familiaridad) y capital social colectivo (confianza). Estas últimas asociaciones resultan, sin duda, contraproducentes
y hacen entrever la necesidad de una distinción entre capital social societario (confianza) y capital social comunitario
(familiaridad), tal y como se plantea en este ensayo.
20
capital social: “un componente esencial del capital social […] La confianza lubrica la
cooperación. Cuanto mayor es el grado de confianza dentro de una comunidad, mayor la
probabilidad de cooperación. Y la cooperación, a su vez, refuerza la confianza”. “Uno no
confía que una persona (o agente) hará algo simplemente porque dice que lo va a hacer.
Uno confía sólo porque, conociendo la disposición del otro, sus opciones disponibles y sus
consecuencias, su capacidad, etc., uno espera que él elegirá hacerlo” (Putnam, 2011).
Como vemos la confianza y la desconfianza son elementos claves del capital
social que hemos denominado como “societario”. De la anterior cita podemos
concluir que esta especie ubica la confianza en una concepción lineal del tiempo
en la cual la posibilidad de reciprocidad o cooperación es relativamente incierta
o más precisamente contingente. Por otra parte, el capital social comunitario
ubica la familiaridad en una concepción cíclica del tiempo en la que no existe grado
de incertidumbre del cumplimiento de la reciprocidad o cooperación. En lo
societario hay incertidumbre, no así en lo comunitario.
¿Qué nos diferencia respecto a los aportes de la teoría de sistemas? El mérito
de Luhmann radica en que distingue nítidamente confianza de familiaridad;
concibe la confianza y el tiempo como formas de reducción de complejidad,
pero las deficiencias para los propósitos de este ensayo se encuentran en que:
1) confianza y familiaridad operan en una misma matriz societaria (teoría de
la sociedad), 2) confianza y familiaridad operan en una misma concepción de
tiempo (lineal). Para este ensayo la familiaridad opera en una matriz comunitaria
y en una concepción de tiempo cíclica11.
Esta diferencia en la concepción temporal de lo comunitario, no pertenece a los
autores anteriormente citados, sino a la racionalidad del mundo andino. Josef
Estermann (2007:200) respecto a la ciclicidad del tiempo en la filosofía andina
sostiene: La tripartición del ‘tiempo’ occidental en pasado, presente y futuro no concuerda
con la experiencia andina. En quechua, existe un solo vocablo común para ‘futuro’ y
‘pasado’: ñawpapacha. (…) Para el runa/jaqi, el futuro no es algo que ‘viene’ delante, y el
pasado algo que está (o se ‘va’) atrás, sino al revés: el futuro en cierto sentido está “atrás”,
y el pasado “adelante”.
La reciprocidad es un elemento común a las dos formas de capital social que se
han reconocido aquí (societario/comunitario). No obstante, la reciprocidad en lo
societario, como es una cuestión que depende del futuro, es incierta12 o contingente.
No existe una garantía que el pacto de reciprocidad sea cumplido en un futuro
(reciprocidad hipotética). En lo comunitario, por su parte, la reciprocidad esta
11 Es necesario precisar que lo societario/comunitario y la relación confianza/familiaridad, de ninguna manera están
planteados en términos completamente excluyentes. En este sentido tiene razón Luhmann al sostener que la familiaridad es la precondición de la confianza. Lo que se pretende decir con la distinción de capital social societario y
comunitario radica en que existen formas sociales en las que predominan determinadas matrices respecto a otras.
12 “La esperanza del runa/jaqino está dirigida a un futuro desconocido y totalmente nuevo (novitas historiae), sino a
un pasado almacenado en el simbolismo del subconsciente colectivo”. (Estermann, 2007:204)
21
ligada al tema de la “tradición”, del pasado, de lo inveterado; por ello, existe
certeza del cumplimiento de la reciprocidad (reciprocidad axiomática).
LA DISTINCIÓN CAPITAL SOCIAL “SOCIETARIO” Y “COMUNITARIO”,
A PARTIR DE LA CONCEPCIÓN DEL TIEMPO
FORMAS DE AUTORIDAD EN LO SOCIETARIO Y LO COMUNITARIO.
“¿Qué haríamos, dicen, con los tratados,
si ya los hombres se encuentran bastante unidos entre sí por naturaleza,
y los que no reconocen este vínculo no mantendrán sus palabras?”
T. Moro. Utopía
Al tema de la comunidad casi siempre le vienen añadidas cuestiones abstractas,
imaginarias, intangibles e ideales. La comunidad “imaginaria” de B. Anderson es
un claro ejemplo de ello; de la misma manera sucede con el tema de la “nación”, ya
que se la concibe como una comunidad (hermandad-fraternidad) abstracta. Más
aún, las comunidades andinas no priorizaron conceptos estrictamente concretos,
también abstractos; justamente esta particularidad que se manifiesta en el tema
del doble domicilio desconcertó a los recaudadores de tributos de nuestra época
republicana. Estas apreciaciones deberían hacernos concluir que el concepto de
autoridad en la comunidad se fundamenta en similares criterios; es decir, en una
autoridad impersonal, en un gobierno de normas y principios abstractos. Sin
embargo, el tema de la autoridad en la comunidad es una excepción a esta regla.
Recordemos que el tema de la dominación, la autoridad y el gobierno fue
estudiado en las ciencias sociales por distintos autores. M. Weber distinguía tres
tipos de dominación (legal, tradicional y carismática); C. Schmitt, a partir de
los tres modos de pensar la ciencia jurídica distinguía igualmente tres formas
de autoridad (normativismo, decisionismo y orden concreto). Pero, tal vez, la
concepción más difundida y aceptada sea la precisada por N. Bobbio entre el
gobierno de las leyes y el gobiernode los hombres.
22
De esta manera cabe preguntarnos ¿a qué corriente debe adscribirse la diferencia
sociedad/comunidad?
La distinción dualista de Bobbio: gobierno de las leyes/gobierno de los hombres.
Siendo una distinción dual (societario/comunitario), sería lógico relacionarlo
con la diferencia entre gobierno de las leyes/gobierno de los hombres de Bobbio.
Empero se presentan varios inconvenientes en esta distinción.
1) La distinción no se fundamenta en una concepción complementaria.
A mi juicio hay que distinguir entre un dualismo y una dicotomía. El primero es
una forma de concepción contradictoria, el segundo una forma de concepción
complementaria. La distinción sociedad/comunidad, hombre/mujer, arriba/
abajo es dicotómica en el sentido antes mencionado: lo “social” no se agota
en la “sociedad”, implica también la “comunidad”; lo “humano” no se agota
en el “hombre” implica también la “mujer”. La distinción gobierno de las leyes/
gobierno de los hombres no es una dicotomía (complementaria), sino un dualismo
(contradictorio)13. De esta manera, intentar conectar una dicotomía con un dualismo
provoca una especie de corto circuito.
Seguir ciegamente la distinción que plantea Bobbio implicaría que relacionemos
sociedad con gobierno de las leyes y comunidad con gobierno de los hombres o
viceversa. Empero, esta simple asociación puede provocar inconveniencia e
insuficiencia para el concepto comunitario. En la distinción reconocida por
Bobbio existe una supremacía del gobierno de las leyes respecto al gobierno de los
hombres14; este último vendría a constituir un estadio inferior de la política y su
relación con formas personales (dictadura, autoritarismo) la cataloga como un
gobierno dañino o negativo. Incluso referirse a conceptos tales como democracia
“comunitaria”, justicia “comunitaria” y Estado “comunitario” llegan a constituir
contradicciones, dado que lo comunitario y el gobierno de hombres se constituyen
en un estadio inferior de lo social y lo político15.
13 Como bien saben los cientistas sociales, Bobbio se refiere a “la gran dicotomía”, pero sus explicaciones se acercan
más “al gran dualismo”, dado que prioriza lo contradictorio.
14 Véase la obra: El futuro de la Democracia, en la que se concibe a la democracia como el triunfo del gobierno de las
leyes.
15 En este sentido la obra de F. Mires Civilidad, que considera a la comunidad como lo pre-social y lo pre-político.
23
2) El gobierno de las leyes se restringe al ámbito objetivo del derecho.
Al sostener la superioridad del gobierno de las leyes se está afirmando
implícitamente que el complejo fenómeno del derecho se agota en las normas
escritas o positivas. Como bien se sabe esta corriente deriva en positivismo
jurídico o ultra-objetivismo. Así como lo social no se agota en el concepto de
sociedad, de la misma manera lo jurídico no se agota en el concepto de ley.
3) El gobierno de los hombres excluye el concepto de institución.
Si bien el anterior punto nos llevaba a la idea del ultra-objetivismo, de la misma
manera el gobierno de los hombres desemboca en un ultra-subjetivismo donde
no hay cabida para las instituciones. Como bien se sabe, el populismo y el
caudillismo, que derivan de una forma de gobierno de los hombres, se caracteriza
por el desmantelamiento de las instituciones. De esta manera vincular lo
comunitario con el gobierno de hombres provoca de alguna manera la negación
de instituciones.
Un fundamento relevante a partir de la contingencia: lo paramétrico y lo estratégico
Dentro del pensamiento de Bobbio el gobierno de los hombres viene a reportar
muchas desventajas lo cual le obliga a preferir el gobierno de las leyes16,
justamente allí radica la concepción dualista (contradictoria) en la que al final
solo una variable es la que triunfa. Ahora, aún trasgrediendo esta conjunción
(dicotomía-dualismo), lo comunitario y su relación con el gobierno de los hombres
puede reportar puntos favorables, al igual que lo societario y el gobierno de las
leyes. Para corroborar esto es necesario partir del riesgo y la contingencia; es
decir, aplicar una concepción temporal a la distinción planteada por Bobbio.
Tanto lo societario como lo comunitario llegan a contener, reducir o limitar el
riesgo y la contingencia. Lo societario fundado en el riesgo de incumplimiento de
la reciprocidad termina en la elaboración de normas, pactos, tratados, contratos,
etc.; allí imperará una concepción del gobierno de las leyes. Las normas restringen
el riesgo de incumplimiento bajo la amenaza de una sanción. Lo comunitario no
tiene la necesidad de elaborar ese tipo de mecanismos ya que a su concepción
cíclica del tiempo le es inmanente la reducción del riesgo y la contingencia. Es
decir, la atribución del gobierno de hombres a lo comunitario viene a constituir
un plus del que carece lo societario.
No cabe duda que el imperio de las leyes (societario) posibilita estabilidad,
pero esto lo subsume en un ámbito paramétrico. Debemos recordar que dentro
la tipología de M. Weber la dominación burocrática es el tipo más puro de la
dominación legal(Weber, Economía y Sociedad: 707); en este sentido la burocracia
es un mecanismo racional (medios-fines) que sobrevalora los factores internos
16 “Prefiero el gobierno de las leyes y no el de los hombres. El gobierno de las leyes celebra hoy su triunfo en la
democracia. ¿Qué cosa es la democracia sino un conjunto de reglas (las llamadas reglas de juego) para solucionar los
conflictos sin derramamiento de sangre?¿En qué consiste el buen gobierno democrático, si no , y sobre todo, en el
respeto riguroso de estas reglas?” (Bobbio, 2004: 189)
24
y condiciona las decisiones a una “regla estatuida”. En el momento en que se
presenta una externalidad la burocracia (dominación legal-gobierno de las leyes)
colapsa debido a este carácter paramétrico (mecánico-interno).
El gobierno de hombres en el cual se basaría lo comunitario no constituye una
desventaja, sino una ventaja respecto a lo societario. La concepción de tiempo de
lo comunitario no elimina el riesgo solo lo reduce; en el momento en que se presenta
una externalidad lo comunitario no responde de modo paramétrico (gobierno de
leyes) sino de modo estratégico, la estrategia surge como un concepto no atribuible
a las leyes sino a los hombres. Maquiavelo, por ejemplo, sostenía que en “tiempos
difíciles” era legítimo instaurar un mando personal y este se caracterizaba por
valorar tanto factores internos como factores externos tales como el conocimiento
del enemigo y del territorio, la composición del ejército, los factores morales y
psicológicos, etc.
Ahora, esta relación comunitario-estratégico puede parecer arbitraria tomando
en cuenta que Maquiavelo escribió en términos societarios (envidia y ambición
del hombre) y no así comunitarios. Sin embargo, resaltamos nuevamente que lo
estratégico responde a la concepción cíclica del tiempo. De esta manera, no existe
contradicción en la explicación dado que Maquiavelo adoptaba una concepción
circular o cíclica en su pensamiento político17.
Una última desventaja en Bobbio
Si asociamos la distinción de gobierno de hombres/gobierno de leyes con el
factor temporal llegamos a una conclusión lógica deducible e históricamente
comprobable: comunitario - tiempo cíclico - contingencia - gobierno personal estratégico; societario - tiempo lineal - contingencia - gobierno de leyes - paramétrico.
Sin embargo de esta disquisición surge una dificultad, la cual radica en que la
estrategia solo es atribuible al ámbito personal y no así a lo suprapersonal. De
esta manera adoptar la distinción del gobierno de los hombres y asociarlo con lo
comunitario produce una contradicción ya que niega la acción social colectiva. Es
decir, Bobbio no se refiere específicamente al gobierno de los hombres (en plural),
sino al “gobierno del hombre” (singular).
Si nos concentramos específicamente en Bolivia el cambio político (“proceso de
cambio”) fue activado por los movimientos sociales y no así por algún héroe
personal. La guerra del agua y la guerra del gas se caracterizan por la ausencia de
“un” líder o “un” estratega. Ningún sujeto puede atribuirse la autoría del proceso
de cambio ya que fue producto de la acción colectiva, sin duda estratégica18. Así
17 Esta concepción circular se encuentra en Los Discursos de la Primera Década de Tito Livio.
18 ¿No es acaso estratégico el cerco a la Ciudad de La Paz, el bloqueo de carreteras fundamentales o el impedir el abas-
tecimiento de hidrocarburos a las ciudades?
25
como existe una estrategia militar, de la misma manera existe una estrategia de
las bases. Lo más importante radica en que los movimientos sociales en Bolivia
(guerra del gas) nos demuestran que las matrices comunitarias (organizaciones
sociales con presencia e influencia indígena) no necesariamente derivan en
formas de autoridad personal (héroe, caudillo).
Resaltamos nuevamente que la distinción gobierno de hombres aplicada a lo
comunitario y contrastada con la realidad boliviana, nos hace vislumbrar la
exclusión del componente suprapersonal (pueblo, masa, clase, movimiento social).
Como se ha señalado anteriormente Bobbio no concibe la democracia a partir
de dicho elemento (el gobierno del “pueblo”) sino a partir de un componente
impersonal como “el gobierno de las leyes por excelencia” (Bobbio, 2004:189)
Así también podemos concluir sin temor a equívocos que mientras lo societario
se fundamenta en lo paramétrico, lo comunitario lo hace en lo estratégico;
donde este último no es necesariamente atribuible a una persona, sino a un
conglomerado de ellas. También es necesario resaltar que estas distinciones no
surgen específicamente de la concepción de lo social, en sí misma, sino de una
interacción con las concepciones de tiempo (lineal-cíclica).
La distinción “conciliadora” de Weber: los tipos de dominación legítima.
Como bien se sabe, Weber realiza una tripartición en los tipos de dominación:
legal, tradicional y carismático. Habiendo en la parte anterior llegado a la conclusión
de que lo comunitario no necesariamente desemboca en una autoridad personal
sino que implica con mayor fuerza el componente suprapersonal, para nuestros
fines esta concepción se reduciría en la distinción: dominación legal, dominación
tradicional; donde la primera se vincularía con lo societario y la última con lo
comunitario. Sin embargo nuevamente se presentan inconvenientes.
1) Lo tradicional evoca un componente impersonal no positivo, pero al final su sentido
sólo esta determinado por su reconocimiento en el tiempo. El complejo fenómeno
jurídico no se agota en las normas positivas tales como una Constitución, un
estatuto, un contrato; lo normativo implica también normas tradicionales que
a pesar de no estar plasmadas en documentos surten efectos en la vida de las
personas. En este sentido, Weber reconoce una “regla estatuida” (dominación
legal) pero también un estatuto como “valido desde siempre”, por sabiduría
(dominación tradicional). De esta manera tanto las normas positivas como las
normas tradicionales responden a un componente impersonal. Eso es correcto.
Pero un pequeño defecto radica en que lo tradicional solo depende de su uso en el
tiempo. Si nos preguntamos por qué en las comunidades indígenas llevan acabo
determinadas prácticas la respuesta se restringe a la “tradición por la tradición”.
De esta manera se pierde conciencia de la misma tradición (práctica mecánica).
26
2) A pesar de aquel componente impersonal no positivo, lo tradicional necesariamente
desemboca en una dominación personal. De inicio se debe recalcar que la dominación
tradicional no es la complementariedad a la cual se ha hecho referencia, sino
una complementariedad entre lo impersonal y lo personal; de esta manera, lo
tradicional también desemboca en el “dominio patriarcal” (personal). Ahora,
si afirmamos que lo societario se vincula con la dominación legal y que lo
comunitario con la dominación tradicional, estamos afirmando que la “acción”
de la comunidad necesariamente debe invocar una autoridad personal; es decir,
lo comunitario estaría “tradicionalmente” orientado al poder autocrático,
monocrático, descendente. Esto es inadecuado dado que en Bolivia los movimientos
sociales, la justicia comunitaria y la democracia comunitaria, nos han demostrado lo
contrario.
Gracias al factor temporal y su relación con la autoridad se ha logrado extraer
los conceptos de lo paramétrico (societario) y lo estratégico (comunitario); a partir
de ello se ha llegado a la conclusión de que el componente suprapersonal es
menoscabado ya sea a favor de lo impersonal (positivismo y democracia como
gobierno de las leyes) o de lo personal (gobierno del hombre-dominio patriarcal).
De la misma manera, se ha concluido que lo tradicional si bien posibilita hallar un
componente normativo impersonal no positivo, éste es entendido solo a partir
del factor temporal (tradición por la tradición) lo cuál impide tener conciencia de
las mismas acciones.
Ahora concentrarse exclusivamente en lo temporal incluso viene a ser
contraproducente ya que mediante un razonamiento lógico se puede fácilmente
concluir que: si bien todos podemos recorrer el tiempo en el sentido que todos
envejecemos (homogeneidad), no todos recorremos los mismos caminos
(heterogeneidad).
SOBRE LAS DISTINTAS FORMAS DE CONCEBIR EL “NOMOS”: LA
DISTINCIÓN TELÚRICA DE SCHMITT.
Al igual que Weber, Schmitt parte de una tripartición en las formas de concebir
la autoridad. Empero no pretende “conciliar” lo impersonal (dominación legal)
con lo personal (dominación carismática), sino introduce una tercera variable
denominada orden concreto que tiene sus antecedentes en el institucionalismo
francés e italiano. El normativismo desemboca en lo impersonal, el decisionismo en
lo personal y el orden concreto en lo suprapersonal.
Mientras en las anteriores concepciones parten de elementos distintos (legal/
tradicional/carismático), Schmitt se concentra en un elemento común que es el
nomos el cual articula las tres formas de pensamiento. Cuando en la ciencia jurídica
se aborda el tema del Estado del Derecho, siempre se recurre a su antecedente
histórico: el nomos basileus de Píndaro; es decir a la concepción jurídica del la ley
27
como rey. Bobbio en la distinción que analiza toma en cuenta dicho antecedente,
pero solo en su sentido etimológico más no filológico.
El mérito de Schmitt radica en que no concibe al nomos como ley (simpleparticular) sino como derecho (complejo-general): “Pero nomos del mismo modo
que law no quiere decir ley, regla o norma, sino derecho, el cual es tanto norma
como decisión, como, sobre todo, orden; (…) El derecho como señor, el nomos
basileus, no puede ser solo una norma positiva cualquiera o una regla o una
disposición legal; el nomos, que debe llevar consigo un verdadero rey ha de tener
en sí ciertas cualidades de orden soberanas e inalterables pero concretas (…) Si
el concepto de rey ha de tener algún sentido en esa expresión, el nomos ha de ser
pensado como un orden concreto de vida y de comunidad”(Schmitt, 1996:14-16).
Pero Schmitt va más allá en la concepción del nomos, ya que no solo lo relaciona
con algún orden concreto (institución), sino que al final lo concibe como tierra. Es
decir, que la diferencia entre normativismo y orden concreto al final se encuentra
en una concepción del nomos como ley y otra como tierra.
Ahora, ¿qué podemos extraer de esta importante distinción? Retomando la
exposición, se había concluido que las formas de autoridad tienen, implícitamente,
bastante relación con el factor tiempo. Schmitt, bajo la exposición de este ensayo,
viene a introducir a las formas de autoridad un componente concreto que es el
nomos como tierra19.
Este componente viene a fortificar la idea de lo “tradicional”. Como se había
precisado, en una concepción estrictamente temporal, lo tradicional solo se
fundamenta en su reconocimiento en el tiempo, motivo por el cual es confrontada
con lo racional.Es decir, mientras la dominación legal (societario) se concibe
como “racional”, lo tradicional (comunitario) es concebido como lo “irracional”.
Es decir, lo racional se piensa como una coherencia entre medios y fines; lo
tradicional como una incoherencia entre medios y fines.
DEFECTO DE LO TRADICIONAL EN SU CONCEPCIÓN
ESTRICTAMENTE TEMPORAL
Esta relación conlleva a que neguemos lo tradicional y consecuentemente
subvaloremos lo comunitario. Por ejemplo, el Canciller de Bolivia David
Choquehuanca en una oportunidad expresó un conocimiento “tradicional” el
19Esta concepción es coherente con la filosofía andina más precisamente con pacha que como bien han determinado
los expertos significa tiempo y espacio.
28
cual refería a que: las piedras tienen sexo; es decir, que para la filosofía andina hay
piedras machos y piedras hembras. Esta afirmación – que es compartida y reafirmada
por aimaras y quechuas – fue producto de innumerables burlas y sátiras, incluso
por destacados académicos bolivianos, ya que consideraban esa tradición como
absurda o “irracional”.
No obstante, debemos señalar que: esa tradición de adscribir sexo a las piedras dio
origen a una de las concepciones más “racionales” de la ciencia: la matemática.
Los pitagóricos (padres de la matemática), no realizaban sus calculus con
máquinas electrónicas, sino con piedrecillas. Calculus significa piedrecilla, por lo
que cuando alguien sostiene que tiene un “cálculo” renal, quiere decir que tiene
una piedrecilla en el riñón. Gracias a los calculus (piedrecillas) los pitagóricos
llegaron a la concepción del “número” y si bien ellos no sostenían que las “piedras
tienen sexo o género”, afirmaban contundentemente que los números impares
eran masculinos y los pares femeninos.
Como se puede evidenciar el conocimiento tradicional no es irracional; la filosofía
(los números tienen sexo) en este sentido puede fácilmente derivar en ciencia
(matemática). A pesar que aimaras, quechuas y pitagóricos tenían una similar
concepción, nadie se burla de los padres de la matemática, pero sí de una filosofía
andina que al fin de toda discusión es nuestra.
LA RACIONALIDAD Y LA TIERRA.
Como se ha señalado un denominador común en Bobbio y Weber radica en que
ambos elaboran sus distinciones, sobre autoridad, a partir del factor tiempo es
de esta manera que lo tradicional tiene una relación estrictamente temporal, es lo
inveterado y ello conlleva a que las concepciones tradicionales sean homogéneas.
Es decir, la dominación tradicional y lo comunitario debe desembocar en un
dominio patriarcal. Empero, bajo esta última exposición, las formas de autoridad
se complementan con un factor telúrico. El mismo que viene a llenar el contenido
vacio de lo “tradicional”.
De esta manera: 1) lo tradicional no es la antítesis de lo racional, 2) lo tradicional
no puede definirse solo como lo antiguo (temporalmente), 3) lo tradicional
surge como producto de la racionalidad y 4) la racionalidad se produce con la
interacción de factores concretos (orden concreto, nomos como tierra).
Si nos preguntamos qué posibilitó el abundante capital social en Los Andes y
consecuentemente en el municipio de El Alto, la respuesta es vacía ya que se
agota en lo tradicional. Al separarnos de la concepción de Weber y adoptar el
orden concreto estamos brindando un fundamento de los principios que posibilitan
hablar de capital social: la reciprocidad.
29
En este sentido, se debe precisar que la racionalidad no surge como un producto
interno sino con una relación con el entorno. Uno de los autores que se encargó
de estudiar la racionalidad en la organización andina fue J. Golte (1987) y llegó
a la conclusión que las formas de organización no son producto de un “ideal
andino”, sino de la necesidad. Es decir, la dificultad en la producción de la tierra
y la sobrevivencia empujo al habitante andino a ser complementario y recíproco.
De esta manera es necesario reformular el concepto de lo tradicional y este
necesariamente debe comenzar de una relación con la “tierra” (nomos para
Schmitt, pacha para la filosofía andina) a partir del cual se extraerán “principios”
(un orden, no personalista) los cuales, en base a un uso prolongado en el tiempo,
conformarán el concepto de lo tradicional.
DIFERENCIA CONCEPTUAL ENTRE EL CAPITAL SOCIAL
“SOCIETARIO”
Y CAPITAL SOCIAL “COMUNITARIO”
A MANERA DE CONCLUSIONES: UNA FUNDAMENTACIÓN HISTORICA
Y PRÁCTICA DE LA DIFERENCIA CONCEPTUAL ENTRE CAPITAL
SOCIAL “SOCIETARIO” Y CAPITAL SOCIAL “COMUNITARIO”
1) Sociedad y comunidad como manifestaciones básicas de “lo social”.
A mi juicio existe un defecto en la discusión académica boliviana: todos están de
acuerdo que Bolivia responde a dos sistemas, visiones, matrices o paradigmas
distintos, pero cada uno le da un matiz diferente ya sea entre lo: moderno/
postmoderno, individual/comunal (Felix Patzi), occidente/indianidad (Javier Medina)
o liberal/comunitario. Justamente esta imprecisión deriva en dos problemas.
30
a) Todas aquellas concepciones pueden desembocar en la relación entre: individuo/
comunidad20. De esta manera, se generan más problemas ya que por una parte se
piensa que lo comunitario es enemigo de lo individual y por tanto de instituciones como
la propiedad privada; y por otra parte, se piensa que lo individual es enemigo de lo
comunitario por lo que hace presumir que aquel mundo “occidental”, “moderno”
o “liberal”, no conoce formas de asociación y acción colectiva. Es decir, en vez
de buscar puntos de encuentro buscan diferencias contradictorias. Mediante el
estudio del capital social, se ha llegado a la conclusión que estas dos corrientes
(sistemas, visiones, matrices) confluyen en el principio de reciprocidad: así como en
Los Andes las comunidades se organizaban (capital social) para realizar trabajos
a favor de otras familias (ayni); de la misma manera A. Tocqueville nos comenta
(Democracia en América) que en Norteamérica (“cuna del individualismo”)
operaban organizaciones (capital social) que cooperaban para la construcción de
escuelas (bien público).
De esta manera confrontar lo individual (simple) con la comunidad (complejo)
resulta inadecuado ya que lo “moderno, occidental o liberal”, conoce el fenómeno
social a partir del concepto de sociedad (complejo). El mérito de F. Tönnies radica
en que no procede a confrontar lo individual con lo comunal otorgándole a uno
mayor valor que a otro, sino en distinguir lo societario y lo comunitario como dignas
manifestaciones de “lo social”21.
En base a este apunte, este ensayo no reconoce una diferencia entre un capital
social “individual” y otro “comunitario”; sino una distinción complementaria
entre un capital social “societario” y un capital social “comunitario”. Ambos
tipos reportan fortalezas y debilidades, es por ello que la posición de la gestión
pública frente a este problema debe ser diferente. Lo societario: políticas públicas
para fortalecer el capital social; y lo comunitario: capital social para fortalecer las
políticas públicas.
b) La Constitución boliviana reconoce manifestaciones comunitarias, tales como
la democracia comunitaria y la justicia comunitaria. No obstante, el fenómeno
comunitario se restringe al ámbito de lo rural, del campo (autonomía indígena
originaria campesina); no se pretende admitir que una manifestación comunitaria
(justicia comunitaria) pueda operar en el área urbana (p.e.: municipio de El Alto.
Deslinde jurisdiccional). De esta manera, lo societario (urbano) y lo comunitario
(rural) se separan y se conciben como realidades antagónicas, no complementarias.
20Incluso Javier Medina, reconociendo una distinción entre occidente/indianidad hará referencia a un “Derecho
basado en el Individuo” (energía fermiónica) y un “Derecho Basado en la Comunidad” (energía bosónica). Además,
al sostener que “el occidente moderno del Estado Nación, se construyó únicamente sobre el Derecho positivo basado
en el individuo y la escritura” comete un error dado que ignora las corrientes sociológicas, realistas e institucionalistas
del derecho, que dieron origen a conceptos como el “derecho de familia”, “las buenas costumbres”(no escritas),
“orden público”, entre otros.
21 Resulta contraproducente que entre nuestros académicos no se tome en cuenta esta diferencia básica de la sociología;
ya que al hablar de sistemas “comunales” u organización “comunitaria” hagan referencia a una “sociedad” indígena
o “sociedades” andinas.
31
Más aún dentro de la teoría política se concibe a lo comunitario como lo “pre”
político y lo “pre” social (Mires).
El municipio de El Alto, debido a los procesos de migración, rompe con ese
dualismo (contradictorio) y es un espacio en que lo comunitario y lo societario se
entrelazan y complementan.
2) Sobre la concepción de la autoridad (impersonal-personal-suprapersonal) en lo
comunitario.
No cabe la menor duda que las manifestaciones comunitarias tales como la
democracia comunitaria y la justicia comunitaria operan de manera efectiva y
suprapersonal. Efectiva en su comparación con la justicia ordinaria que no repara
el daño y la democracia representativa donde no hay consenso sino mayoría.
Suprapersonal, en el sentido que ambas son manifestaciones colectivas (poder
ascendente) y no atribuibles a un líder, una persona (individual).
No obstante, el capital social “comunitario” no es efectivo ni suprapersonal
respecto a la democracia y justicia comunitaria. Inefectivo, porque a pesar que
El Alto cuenta con abundante capital social (juntas vecinales, organizaciones
sindicales, fraternidades culturales, etc.) no ha podido aprovecharlo para acelerar
su desarrollo social y crecimiento económico después de la guerra del gas. No es
supra-personal, en el sentido que el capital social “comunitario” para su acción
invoca una representación, dominio o autoridad personal (poder descendente).
El componente personal se fundamenta en una concepción temporal de dominio
“tradicional”: “en virtud de creencia en la santidad de los ordenamientos y los
poderes señoriales existentes desde siempre” (Weber, 1998: 708). Es decir, el
cambio político y social en lo “tradicional”, esta reservado a un componente
personal que se atribuye derechos sobre aquel orden. El movimiento de Túpac
Amaru constituye un ejemplo de ello:
“la significación del movimiento de Túpac Amaru puede explicarse porque
no sólo fue una simple rebelión, es decir no sólo fue un acto masivo de
negación del orden existente, sino que fue también una auténtica revolución
pues se proyectó en sentido positivo generando la visión de un nuevo orden
social. Lo “nuevo” de ese orden debe entenderse – y ésta es una paradoja
– como la restauración de antiguas relaciones sociales destruidas por lo
españoles, pero combinadas con elementos adquiridos durante la vida
colonial” (Mires, 2005:16).
Los estudios históricos sobre los movimientos indígenas señalan que los líderes
como José Santos Atahualpa (1760) y al igual que Francisco Inca enfatizaban su
“descendencia de la alta nobleza inca” y allí estaba presente la idea de fundar un
32
“nuevo reino incásico”. La tradición nos hace concluir que: a mayor complejidad
cultural (aimaras-quechuas), menor complejidad política (gobiernos monocraticos
-autocráticos).
Ahora, en la Guerra del Gas el municipio de El Alto, en particular, ha demostrado
que el cambio político puede producirse prescindiendo de ese componente
“tradicional” - personal (“el redentor”); pero después de aquel suceso su acción
social para lograr su crecimiento y desarrollo se ha sumergido nuevamente en
lo tradicional y consecuentemente en la necesidad de un poder descendente que
cambie el estado de la situación. Más precisamente, este hecho es constatable
cuando en el reciente bloqueo (julio-2011) por vecinos del Distrito ocho en Senkata
exigen la presencia del presidente Evo Morales para que resuelva el problema. De
esta manera, es necesario revaluar si esa tradición necesariamente implica un dominio o
autoridad personal.
3) El factor tradicional reorienta el capital social “comunitario” a lo privado y no así a lo
público.
Dado que la matriz comunitaria en El Alto se fundamenta en lo tradicionalpersonal, el capital social se orienta para precautelar fines privados pero no así
públicos.
A mediados del año pasado, en el distrito seis del municipio de El Alto, se
produjo un importante hecho social que no ha sido registrado por los medios
de comunicación debido a que pudo ser considerado como irrelevante, pero que
corrobora nuestra afirmación respecto a que el municipio de El Alto: puede lo más,
pero no puede lo menos.
Los vecinos (capital social) de dicho distrito, protagonizaron una manifestación
social, movilizándose, en gran número, para denunciar una “injusticia”. A
diferencia de otros casos el motivo de la protesta (quema de llantas, interrupción
de la vía pública, marcha nocturna, vigilia) no tenía vinculación con “lo público”
33
(p.e.: reclamo por desayuno escolar, ítems educativos, bonos, alcantarillado,
gas, etc.), sino con la defensa de un interés “privado”. Los dueños de un bien
inmueble iban a ser despojados, “arrojados a la calle” por una deuda económica.
Entre los manifestantes se consideraba que era injusto despojar a los ancianos
de su inmueble, ya sea por una deuda grande o pequeña. Más aún, entre éstos
circulaba el rumor que los propietarios ni siquiera habían adquirido una deuda
con el supuesto “acreedor”. A pesar de su participación, la gran mayoría de los
vecinos desconocía si dicha deuda era legítima y legal. Lo cierto es que con el
objeto de intimidar al supuesto acreedor y favorecer al propietario, los vecinos
procedieron a pintar en la fachada del inmueble la frase: “propiedad de la junta
vecinal”.
Pero ¿qué hace de este caso algo paradójico (pueden lo más, pero no pueden lo
menos)? Más allá de las valoraciones que se puedan extraer de este caso (justo/
injusto -legalidad/legitimidad), lo paradójico radica que los lugares que recorrió
la manifestación se pueden encontrar luminarias en desuso, basura acumulada y un
poste al borde de desplomarse. Si la junta vecinal se moviliza para precautelar un
bien inmueble “privado”: ¿por qué no utiliza este capital social para mejorar la
calidad de vida de la vecindad?
Al final, si los propietarios perdían el inmueble producto de la deuda, eso solo
beneficia o perjudica a un privado; pero el tema del poste de luz, que se encuentra
en el mismo manzano, viene a constituir un peligro latente para toda la vecindad
ya que es posible que en cualquier momento colapse sobre un automóvil o
sobre los transeúntes. Los vecinos del sector no han realizado ningún reclamo
a la empresa responsable, tampoco pretenden ejercer presión para lograr la
reposición de dicho poste, esto debido a que se considera que cualquier acción
referida a este bien público es de entera responsabilidad de la empresa que presta
el servicio.
Como se puede evidenciar de este caso, la ciudadanía alteña ha perdido conciencia
de que son los principales actores de su cambio y desarrollo.
34
Paradoja: la junta vecinal se moviliza, bloquea, protesta para precautelar el derecho
de propiedad de un vecino (puede lo más), pero no hace nada por aquel poste que esta
apunto del desplome (no puede lo menos).
4) Capital social comunitario como amenaza.
No hay duda en sostener que la matriz comunitaria se encuentra latente en lo
urbano; lo que interesa es determinar si lo “cultural” puede repercutir en lo
público y lo político. Las paradojas descritas: 1) a mayor complejidad cultural,
menor complejidad política y 2) el que puede lo más, no puede lo menos; pueden
llevar a concebir lo tradicional y consecuente lo comunitario como lo pre-social
y lo pre-político. Es decir, que la filosofía y los conocimientos ancestrales no
pueden repercutir en conceptos políticos y que solo servirían para avivar el
discurso político.
Si procedemos a una revisión histórica podemos concluir que lo cultural sí
puede ser aprovechado con fines públicos y políticos, pero no necesariamente
en beneficio de la comunidad. Es decir, si bien el capital social comunitario
constituye una oportunidad también implica amenaza22.
Si R. Putnam percibía capital social23 en un grupo de observación de aves y en una
organización deportiva de jugadores de bolos (Bowling Alone), nada impide que en
22 Como bien determina la teoría, el capital social no constituye una panacea en sí misma ya que a partir de ella pueden
estructurarse formas delictivas como la mafia.
23 Aquí nuevamente recordamos que el capital social se refiere a: “aspectos de las organizaciones sociales, tales como
las redes, las normas y la confianza, que facilitan la acción y la cooperación para beneficio mutuo” (Putnam).
35
nuestra historia percibamos capital social en formas de organización comunitaria
tales como el ayni, la mink’a y la mita24. Pero la historia no registra que a partir
de estas formas de organización se haya articulado alguna forma política de
resistencia; es decir como poder ascendente25. Al contrario, la historia nos muestra
que estas formas de organización fueron aprovechadas por elementos ajenos a las
comunidades andinas, transformándolas de formas de reciprocidad en instrumentos
de dominación; es decir como poder descendente. Esto puede comprobarse a partir
de tres situaciones:a) el imperio incaico; b) la colonia española; y c) la época
republicana.
Los incas utilizaban la mita, el Virrey Toledo legaliza la mita en las minas, la
Iglesia aprovecha las formas de organización para construir y reparar sus predios,
en la república se realizan trabajos forzosos y se cobran tributos a partir de estas
formas de organización; pero ninguna de estas acciones benefició a la comunidad.
Hoy en día sostenemos la superación de la colonia y la república; sin embargo,
aún somos testigos de la imposibilidad de la gestión pública para aprovechar
los conocimientos ancentrales y las formas de organización tradicionales en
beneficio de la comunidad. Mientras los gestores públicos se adentran a esa
corriente que sostiene que lo ancestral, lo comunitario es lo pre-social, lo prepolítico; los gestores privados están aprovechando los principios comunitarios al
máximo bajo la incursión en los microcréditos comunitarios. La gestión privada, en
lo que se refiere a los bancos y fondos financieros, ha hecho de lo comunitario una
experiencia exitosa que se destaca a nivel internacional. Todo ello debe llevarnos a
una reflexión de nuestras pretensiones cuando nos catalogamos como un Estado
Plurinacional y Comunitario ya que si bien es loable rescatar nuestras formas
ancestrales de organización debemos saber que desechar: autoridad personal, el
redentor; y que conservar: familiaridad, circularidad, autoridad suprapersonal,
nomos como tierra, racionalidad-tradición, estrategia y legitimidad.
24 “El ayllu como entidad económico básica es el lugar de la producción colectiva, a través de formas de trabajo que
se basan en el principio de reciprocidad. Mediante la mink’a(traducido como “colaboración”, “participación”), los
miembros del ayllu, que son a la vez los jefes de familias nucleares-simples, ‘colaboran’ en forma colectiva para obras
de beneficio común (canales de riego, carreteras, encauzamientos de ríos, etc.)… El ayni(reciprocidad de trabajo,
ayuda mutua, cooperación) es una forma institucionalizada de reciprocidad laboral que es imprescindible para
la vida de cada miembro del ayllu. Para la cosecha, la siembra, el riego y muchos otros trabajos de envergadura,
el comunero pide el apoyo de los demás miembros del ayllu; como recompensa recíproca, también ayudará a sus
colaboradores en las ocasiones similares” (Estermann, 2006:221)
25 Más aún, los intelectuales dividen el “ciclo de rebeliones” en tres momentos: “el primer ciclo está ligado al nombre
de Tupaj Amaru, siglo XVIII, el segundo a Tupak Katari y Zárate Willka, siglo XIX, y este tercer ciclo signado por la
guerra del agua, febrero negro, Octubre rojo, la guerra del gas” (Javier Medina).
36
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38
ENSAYO SOBRE EL NUEVO
MODELO DE ECONOMÍA PLURAL:
democratizar la economía,un acercamiento desde
la disyuntiva empleo y desempleo en tiempos de cambio.
Freddy Añaguaya Capcha1
RESUMEN:
El contexto que vivimos en el país no es más que el reflejo de lo que acontece a nivel
global, son tiempos de crisis en todo sentido: político, social, económico, cultural,
filosófico, espiritual, ambiental, etc., por consiguiente una crisis en los paradigmas y
visiones/proyectos de mundo, que nos está planteando este nuevo milenio. El empleo como
indicador económico no puede ser solo entendido desde la estadística cuantitativa, sino
cualitativa, de poner en contexto a los sujetos de carne y hueso que representan esos datos
y tratar de responder el por qué todavía sigue siendo una categoría relevante y pertinente
en nuestro orden de preocupaciones como economistas y como parte de este tejido socialhumano complejo. Este es un primer acercamiento que abarca varios tópicos intentando
articularse sobre el eje del empleo, que en definitiva es insuficiente y que merece una
mayor especificidad en el análisis.
CONSIDERACIONES GENERALES
Inaugurado este nuevo milenio nos encontramos, en su primer decenio,
como humanidad y sociedad global viviendo tiempos de crisis, para algunos
sinónimos de oportunidad y apertura a los cambios. Pero cuales son los retos que
nos plantea este periodo:
De la crisis financiera mundial; que afecto directamente a la economía real,
lo que se expreso en una recesión económica mundial a partir de 2008, y en
consecuencia un mayor desempleo. Según los reportes de la CAF y otros
organismos internacionales, estaríamos en una lenta y progresiva recuperación
económica, pero que en definitiva a requerirá de un tiempo mayor.
La economía de los EE.UU. ha continuado en 2009 su proceso recesivo, con
una caída continua y creciente del nivel de actividad económica y del empleo
hasta el primer trimestre. Estos resultados son francamente decepcionantes si
consideramos que se agotó el recurso de las políticas monetarias expansivas que
supuestamente debieran haber reactivado la inversión y el nivel de actividad
económica. Tampoco se ha visto una reacción a los gigantescos programas de
expansión del gasto e inversión fiscal. La confianza del consumidor no se ha
recuperado y a pesar del alto subsidio otorgado al sistema bancario, ésta política
monetaria y fiscal expansiva, podría haber originado una suerte de trampa de
1 Ganador del segundo premio del Segundo Concurso de Ensayo Político.
39
liquidez, similar a la que atrapó en su momento al mundo desarrollado durante
la gran depresión de 1930 y al Japón a lo largo de dos décadas después de la crisis
de 1989.2
Para la economía estadounidense la crisis financiera significo un desempleo
cercano al 10%, similar cifra para la eurozona, aunque exista un optimismo sobre
una mayor estabilidad laboral, al haber descendido para enero ligeramente a
9,7%, la recuperación tomara tiempo. Desde el inicio de la recesión se han perdido
cerca de 8,4 millones de empleos y se requeriría que las empresas contratasen
200.000 trabajadores cada mes por un periodo mayor a 3 años para volver a los
niveles de empleo de 2007.
Desde el salvataje financiero que hiciera la Administración Obama a las grandes
banqueras del mundo, nuevamente surgió el fantasma de Keynes, una economía
totalmente dirigida por el sistema de mercado, como lo es la norteamericana,
acudía al gobierno para frenar lo que se ha denominado como la crisis financiera
mundial mas turbulenta de la historia económica, traducido en el despido de
millones de trabajadores que enfrentan un futuro incierto, aun con las alentadoras
medidas que pretenden en el corto plazo lograr generar el nivel de empleo anterior
a la crisis, o mayor, pero que todavía no han logrado restablecer la confianza de
los agentes económicos, que están en la incertidumbre.
Las disparidades entre los países de la UE presentaran retos importantes para la
consolidación de la recuperación y para la coordinación de políticas. Mientras
que Alemania y Francia parecen encaminadas hacia la recuperación, se espera
que economías más pequeñas como Grecia, Irlanda y España permanezcan
en recesión en 2010. El manejo de la política monetaria se complicara si la
recuperación en las principales economías genera presiones inflacionarias que
conminen al Banco Central Europeo a elevar las tasas de interés, lo cual podría
profundizar la recesión en otros miembros de la zona euro.
El deterioro de las finanzas públicas en Portugal, España y particularmente en
Grecia, donde el déficit presupuestario es de 12,7% del PIB y la relación deudaproducto se ubica en 115%, generara tensiones en torno a posibles rescates por
parte de las economías más fuertes y demandará ajustes importantes para sanear
las cuentas fiscales. Esto involucra amenazas adicionales sobre la recuperación
del empleo.3
En cambio, en las economías emergentes y en desarrollo, el pronóstico es de 6 por
ciento. El dato para la China se ha fijado en 10 por ciento, lo que podría significar
nuevamente un escenario de formidable demanda de materias primas y un
importante impacto en los precios. Para el Hemisferio Oeste donde se encuentra
2
Fundación Milenio (2009a). Informe de Milenio sobre la Economía, primer semestre 2009. Bolivia.
3
Corporación Andina de Fomento (2010). Observatorio Regional.
40
Bolivia, el pronóstico es de 3.7 por ciento, con un importante 4.7 por ciento para
Brasil que tiene especial relevancia para la producción boliviana, en especial de
carburantes. La cifra que anticipa para Brasil la CEPAL es mayor (5.5 por ciento),
de modo que existe un claro optimismo respecto a la más grande economía de la
región. 4
Tal como se refleja, existe una previsión hacia la recuperación en 2010, donde la
línea superior correspondiente a países Asiáticos en Desarrollo anticipa un 8.4
por ciento de expansión, que actuaría como una locomotora jalando a las otras
economías del mundo.
Para toda la región suramericana se anticipa un 4.1 por ciento de expansión,
la que estaría liderada por Brasil, que en magnitud es la más importante del
vecindario con el 5.5%. El Perú se posicionaría como una de las economías con
mayor dinámica alcanzando la cifra de 5%.
Por su parte, la cifra para Bolivia se sitúa en 4.5 por ciento, misma que estaría
por encima del promedio de la región. Un dato importante es la incoativa de
integración regional que está avanzando mediante el mecanismo de la Iniciativa
para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana IIRSA.
No obstante las fuertes contracciones del empleo en países como España o los
Estados Unidos, el envío de recursos a Bolivia ha mantenido niveles importantes.
La caída porcentual en medio de la crisis fue de 7.7 por ciento, ciertamente bajo
considerando el contexto enfrentado en la pasada gestión. El monto bruto de
ingreso de remesas alcanzó US$ 829.3 millones (5 por ciento del PIB). Por su
parte, las salidas o débitos se han mantenido cerca de los US$ 70 millones, de
modo que el saldo neto cerró en US$ 757 millones.5
La nueva reconfiguración económica mundial está empezando a dar ciertas
señales, sobretodo de los denominados bloques emergentes, como lo es el caso
de los países BRIC (Brasil, Rusia, India y China), frente a la crisis de los países
componentes del G-7 (Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón, Reino Unido
y Estados Unidos), que evolucionó primero a G-8 (G-7 +Rusia), pasó a G-8+5
(Brasil, India, China, México y Sudáfrica) y hoy se ha transformado en el G-20
(Los anteriores + Arabia Saudita, Argentina, Australia, Indonesia, República de
Corea, Turquía y la Unión Europea).
El término BRIC fue acuñado en 2001 por el británico Jim O’Neill, director del
área de investigación económica del banco de inversiones neoyorquino Goldman
Sachs, para referirse a los 4 países con economías emergentes más importantes del
mundo. Acróstico de los cuatro países emergentes, Brasil, Rusia, India y China,
4
Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (2010). Informe económico.
5
Ibídem 3
41
que hacia el año 2050, o antes como en el caso de China, podrían individualmente
dar alcance a las principales economías del mundo.
Juntos en el 2009 sumaron el 95.5 por ciento del PIB norteamericano, entre el 15 y
el 20 por ciento del Producto Interior Bruto del mundo y significan 2,733 millones
de seres humanos (1,300 millones China, 1,100 India, 190, Brasil, 143 Rusia), más
del 40% de la población mundial, así como el 25% de la superficie del planeta.
Los cuatro países son poseedores 40 por ciento del oro y de las divisas fuertes
del mundo; China sola tiene la mayor reserva del mundo en dólares. Rusia es el
principal proveedor de gas de Europa y Brasil se prepara para incorporarse al
club de los grandes productores de hidrocarburos en el mundo.6
Además, China cuenta con el ejército más numeroso del mundo y Rusia es la
segunda potencia mundial nuclear y el segundo fabricante mundial de equipo
militar y armamento, sólo precedido en ello por Estados Unidos.
Estamos frente a una crisis climática sin precedente y nada claro de sus
consecuencias mediatas, según el informe de las Naciones Unidas: “La
reducción de la POBREZA y el desarrollo sostenible siguen siendo una prioridad
fundamental en el plano internacional. Una cuarta parte de la población de
los países en desarrollo continúa viviendo con menos de US$1,25 al día. Unos
1.000 millones carecen de agua potable; 1.600 millones, de electricidad, y 3.000
millones, de servicios de saneamiento adecuados.
No obstante, se debe encarar el cambio climático con urgencia. El cambio
climático amenaza al mundo entero, pero los países en desarrollo son los más
VULNERABLES. Según las estimaciones, soportarán aproximadamente entre el
75% y el 80% del costo de los daños provocados por la variación del clima. En
consecuencia, la política climática no puede presentarse como una opción entre
crecimiento y cambio climático. De hecho, las políticas climáticas inteligentes son
las que propician el desarrollo”7, por lo que se ha optado por los mecanismos de
adaptación y mitigación, como estrategias para disminuir dicha vulnerabilidad.
El financiamiento total para la esfera del cambio climático en los países en
desarrollo alcanza hoy en día los US$10.000 millones al año, mientras que, según
las proyecciones, para 2030 se requerirán US$75.000 millones anuales para la
adaptación y US$400.000 millones anuales para actividades de mitigación. El
Informe sobre el desarrollo mundial 2010 es un llamamiento a la acción en el frente
del clima. Si actuamos ahora, de común acuerdo y de manera diferente, existen
oportunidades reales de configurar el futuro del clima de manera que sea posible
una globalización integradora y sostenible.8
6
Santos, Gabriel (2010). Grupo BRIC; Brasil, Rusia, India y China. CDIA. México.
7
Naciones Unidas (2010). Desarrollo y Cambio Climático; informe sobre el desarrollo mundial 2010. Estados Unidos.
8
Ibídem 6
42
Estamos frente a una crisis energética y la búsqueda de energías alternativas
al petróleo: El petróleo es el recurso energético más importante en la historia
de la humanidad; un recurso natural no renovable que aporta la mayor parte,
un 40%, del total de la energía que se consume en el mundo. Según datos de la
Corporación de Reservas Estratégicas de productos petrolíferos (CORES).
El petróleo se consume de forma mayoritaria en los países donde no se produce.
Entre Estados Unidos y Europa occidental absorben casi la mitad del consumo
petrolífero mundial. Sin embargo, los países del Golfo Pérsico, que sólo
representan el 4,5% del consumo mundial, son los mayores emisores, con el
26% de la producción. Así, los países occidentales dependen de la importación,
y se ven obligatoriamente sometidos a los precios que imponga un mercado
oscilante e imprevisible, cuyas variaciones pueden tener graves y encadenadas
consecuencias en la economía mundial: caída del consumo, aumento de la
inflación, incremento de los tipos de interés, etc.
Aparte de los efectos que el aumento del precio del petróleo tiene sobre su
demanda, lo más alarmante es el impacto del precio de los energéticos sobre el
índice de precios al consumo (IPC), uno de los indicadores más vigilados por los
bancos centrales de los países desarrollados. En la medida en que el alza de los
precios del petróleo se refleje en un aumento generalizado de los precios, así será
la reacción de los bancos centrales elevando las tasas de interés, lo cual terminará
frenando la expansión económica.
Lo evidente es que los países que han estructurado su matriz energética en
función a este recurso, están en la búsqueda de recursos energéticos alternativos
que los saquen de la dependencia y casi adicción de este energético que se estima
en los próximos años tienda a reducirse, y en un futuro no tan lejano desaparecer.
Estamos frente a una crisis alimentaria. Entre los periodos de 1990-1992 y 20022004, el porcentaje de la población subnutrida en América Latina y el Caribe bajó
del 13% al 10%, lo que significa que más de siete millones de personas dejaron de
vivir con hambre. Asimismo, ese flagelo aún azota a 52,4 millones de personas
que permanecen subnutridas en la Región, nueve millones de las cuales son niñas
y niños menores de cinco años de edad.
Dentro del esfuerzo por erradicar el hambre en toda América Latina y el Caribe,
se propuso la meta intermedia de erradicar la desnutrición crónica infantil hasta
2015 (Objetivos del Desarrollo del Milenio)
La FAO estima que en 2010 hay un total de 925 millones de personas subnutridas,
en comparación con los 1,023 millones que había en 2009. Son cifras más elevadas
que las anteriores a la crisis económica y la de los alimentos de 2008 y 2009, y más
altas que el nivel de cuando los dirigentes decidieron, en la Cumbre Mundial
43
sobre la Alimentación de 1996, reducir a la mitad el número de personas que
pasan hambre.
Aun así, la FAO estima que unos 800 millones de personas sufren desnutrición
crónica. En países que son autosuficientes en producción alimentaria, hay gente
que pasa hambre por falta de poder adquisitivo.
Los problemas alimentarios que han experimentado algunos países se deben
sobre todo a catástrofes naturales, o errores políticos o económicos. Así, el África
subsahariana, la única región donde la producción agrícola no ha aumentado al
compás de la población, ha sufrido durante años la sequía, pero sobre todo la
inestabilidad política y, en algunos países, la guerra.
Que casi 1,000 millones de personas sigan sufriendo hambre aun después de haber
remitido en gran medida las recientes crisis de los alimentos y financiera indica
un problema estructural más profundo que amenaza seriamente la capacidad de
alcanzar los objetivos internacionalmente convenidos de reducción del hambre.
Para hacer frente a las causas de fondo del hambre, los gobiernos deberán alentar
una inversión mayor en la agricultura, ampliar las redes de protección social y
los programas de asistencia social, así como mejorar las actividades que generan
ingresos para los sectores pobres del medio rural y urbano.9
En síntesis estamos frente a una crisis civilizatoria de visión de mundo, es decir,
las crisis serán materia prima de este siglo y sobreabundan; las medidas para
confrontarlas deberán ser creativas y estructurales ya que la vida de millones de
personas depende de las acciones que se tomen desde la sociedad organizada y
los Estados.
EMPLEO Y DESEMPLEO: CRISIS PARADIGMÁTICA DEL ECONOMISTA
También en pleno siglo XXI hablar de desempleo es todavía, por los menos para el
economista lo es, un verdadero dolor de cabeza, no existen modelos suficientemente
infalibles, ni totalmente universales que como receta funcionen en todos los tiempos
y en cualquier lugar o contexto; la principal obra del economista británico John
Maynard Keynes, publicada en Londres en 1936 bajo el título “The general theory
of employment, interest and Money” (Teoría General del Empleo, el Interés y el Dinero),
que supuso el nacimiento del keynesianismo como doctrina económica, es todavía
el paradigma sobre el que gira muchas de nuestras interpretaciones teóricas y en
consecuencia las aplicaciones de cómo manejar tan delicado tema.
En contraposición la obra del economista austriaco Friedrich August von Hayek,
publicada en 1944 bajo el título “The Road to Serfdom” (El camino a la servidumbre) que
9
44
FAO (2010). Disminuye el hambre mundial, pero sigue inaceptablemente alta. Italia.
sostiene y defiende un sistema de economía de libre mercado, expresa la antítesis
al keynesianismo, no intervencionismo del estado, que ha marcado las últimas
décadas, como la mejor vía de solución a los problemas de desempleo.
En el trasfondo, es todavía hoy, un debate imperativo, de si los mercados, la
doctrina del laizzes-faire, la mano invisible, el egoísmo, la competitividad, el
comportamiento racional de los agentes económicos, son más eficientes para
lograr, en este caso, el ‘pleno empleo’, es decir, si las fuerzas de la oferta y la
demanda son los asignadores más eficientes; o si, la intervención del Estado y
el Gobierno generan mayor empleo, y en consecuencia mayor riqueza, toda
vez que no se puede esperar que aquélla se produzca por ajustes económicos
automáticos, que Keynes consideraba inexistentes.
Varios modelos económicos se han planteado a partir de estas dos corrientes,
pero que en esencia siguen siendo parte constitutiva de dos visiones antagónicas,
que en ocasiones toma énfasis en un lado en desmedro del otro, o viceversa; pero
en medio de este vaivén, de esta lucha ideológica, están los cientos de millones
que están en el ambiguo de empleo y desempleo, lo primeros atemorizados de
perderlo y los segundos en una batalla diaria por conseguir salir de esa situación.
Los resultados de una economía de mercado son: “Mil millones de personas
que viven en la prosperidad (una décima parte de ellas en la abundancia), tres
mil millones en la pobreza, mas de mil millones sufren de hambre. Desde 1945,
600 millones de personas han muerto de hambre, esto es diez veces más que los
muertos que causo la Segunda Guerra Mundial, y diariamente mueren 40 mil
niños en el mundo por la misma razón. Los directores de las grandes empresas
industriales en los países ricos, ganan tanto en un minuto como la gente de los
países pobres en toda su vida.” 10
Si la misión de la economía consiste en satisfacer las necesidades generales
mediante la organización razonable del trabajo, entonces tenemos que
constatar que nuestro sistema económico, sea planificado o de mercado, no
ha logrado cumplir sus promesas, porque está basado en marcos categoriales
ajenos en tiempo y espacio, pero que en definitiva no responde a la economía
(Okonomie), sino representa un fenómeno, antinatural, propio de la crematística
(=enriquecimiento)11
Dentro de la lógica capitalista el mercado llega a ser el fundamento que la
condiciona, y que se ha convertido en la peor amenaza para su constitución.
El fundamentalismo de mercado es el responsable de que el sistema capitalista
global carezca de solidez y sea insostenible ya que es ciertamente sorprendente
que la teoría económica continué basándose en el concepto de equilibrio, que
10 Dieterich, Heinz (2006). Hugo Chávez y el Socialismo del Siglo XXI. Grito del Sujeto. Bolivia.
11 Ibídem 9
45
niega la posibilidad de fenómenos de desequilibrio, que se presentan y son
evidentes en la realidad.12
El mercantilismo o renacimiento de la economía de mercado representa un
periodo de acumulación de capital, sin la presencia de un proceso capitalista de
producción. La ganancia comercial se deriva de un intercambio de productos no
equivalentes en valor, a partir de una posición monopólica de venta y/o compra
en el mercado. A partir de la separación de los trabajadores, de los medios de
producción, los mismos no tienen otra “libertad” que vender su fuerza de trabajo
a los dueños de tales medios. El vendedor de fuerza de trabajo solo tiene libertad
para vender su fuerza de trabajo en el mercado, o negarse a hacerlo y padecer de
hambre.13
Cuando el cientista económico y el filósofo latinoamericano que dice ser crítico
de los sistemas de dominación o que aspira a producir conocimiento verdadero
u objetivo, asume sin más el concepto moderno como si fuera verdadero en sí
mismo, lo cual no es cierto. Porque cuando parte ingenuamente del concepto
de ciencia, de verdad, de método, de realidad o de filosofía moderna occidental,
termina casi siempre negando nuestras historias, nuestros conocimientos y
concepciones como si fueran inferiores, pre-modernas, no racionales, dignas de
sólo museos, como si no tuviese que ver nada con el presente.
El prejuicio moderno del siglo XX dice que este ya conoció, describió explico
y supero teórica y prácticamente todos los procesos que la humanidad y la
modernidad produjo. Esto quiere decir (según la modernidad) que ya no tiene
sentido volver a pensar o repensar estos procesos, porque supuestamente ya
fueron literalmente “superados” o sea puestos en caducidad, entonces habría que
privarse (negarse o reprimirse) de volver a tematizar lo que supuestamente ya ha
sido pensado y tematizado.
La percepción que podamos tener de la realidad económico-social, está
fuertemente predeterminada por las categorías teóricas en cuyos marcos nosotros
interpretamos tal realidad. Podemos percibir solo aquella realidad que nos
aparece mediante las categorías usadas. Es decir, que la ciencia latinoamericana
utilizaba y utilizó un marco categorial que no le permitía ver ni entender lo que
estaba sucediendo; marcos categoriales en los que se escondía el misterio de la
dominación.14
12 Zaballa, Ángel (2002). Crisis de la Sociedad Abierta, una apreciación crítica sobre la crisis del capitalismo global de George
Soros. Bolivia. UMSA
13 Dierckxsens, Wim (2007). El Ocaso del Capitalismo, y la utopía reencontrada. Bolivia.
14 Bautista S., Juan José (2007): Hacia una Critica Ética del Pensamiento Latinoamericano, introducción al pensamiento
crítico de Franz J. Hinkelammert. El Grito del Sujeto. Filigrana. La Paz, Bolivia.
46
El economista no puede distinguir entre mercado y economía. Para ellos mercado
es economía, como también mercado es la democracia e inclusive toda esfera de
intimidad personal como la familia y la amistad es entendida con lentes-lógicas
de mercado. El economista y Administrador de Empresas llega a ser asesor de
esta guerra económica, su función no es hacer teoría, ni critica15 o entender lo que
significa esta manera de enfocar a la economía; sino solo limitarse a ser funcional
al modelo imperante.
Ante la situación de perplejidad e incomprensión a la que está llegando la
Economía, podemos concluir que hemos llegado a un punto en la evolución
histórica en el que es necesario un cambio de paradigma.
“Cuando la mayoría de la gente no tiene tiempo para hacer ciencia económica y
menos para pensar en cómo cambiar todo aquello que deviene de su comprensión,
la mayoría no hace distinciones entre lo vivido y lo pensado, sino que con la
mano derecha y con la izquierda tienen que trabajar para sobrevivir, no tienen
tiempo para distinguir, aunque sepa muy bien por su propio instinto que el peso
de la cotidianidad mas real provoca fractura en su existencia más simple”16, no
percibe que las inquietudes de su sobrevivencia cotidiana son las mismas que
hacen surgir aquella fuerzas motoras de los cambios. No son los teóricos en el
escritorio lo que están determinados a cuestionar y cambiar la realidad, sino los
sujetos de carne y hueso que tienen una dinámica más compleja y subversiva, de
la que podamos entender teóricamente por medio de nuestras abstracciones de
la realidad.
Tanto Keynes como Hayek ya han cumplido las promesas en su tiempo y contexto,
pero aquellas ya no pueden contener la realidad totalmente diferente que nos
toca transitar en este tiempo cada vez más acelerado y lleno de incertidumbre
en su futuro. Los hechos corren a una velocidad tal que nuestras construcciones
teóricas o interpretaciones de la realidad no pueden alcanzarlas a comprender
totalmente.
La complejidad y diversidad de la realidad económica está haciendo que la ciencia
económica no pueda estar dando la respuesta necesaria a toda la problemática
que se le presenta. A la fragmentación de la disciplina, se le une la sensación de
15 Crítica: “la crítica en su intención teorética, reflexiva o intelectiva no está enfocada en la perspectiva de desarrollar
un teoría explicativa en el sentido tradicional o estándar, sino producir una explicación critica de una dimensión
de la realidad social que permita cambiarla, en este sentido se podría decir que el crítico no empieza siendo crítico
teoréticamente hablando, sino solo a posteriori, la actitud crítica se funda en su literal desacuerdo con el orden social
existente que permite una aproximación activa y no pasiva a las teorías vigentes. Dicho de otro modo, cuando la intencionalidad teórica es crítica y cuestionadora del orden existente, en el sentido de transformadora de la realidad en
la perspectiva de otro proyecto de sociedad distinto, ello implica inevitablemente reflexionar epistemológicamente
no solo en cuanto a conceptos y categorías de las cuales se hace uso, sino de también de su ámbito de fundamentación pertinente” en: Bautista, Juan José (2007): Hacia una Critica Ética del Pensamiento Latinoamericano, introducción al pensamiento crítico de Franz J. Hinkelammert. El Grito del Sujeto. Filigrana. La Paz, Bolivia.
16 Potente, Antonieta (2009). Ponencia hecha en: Teología de la Liberación y Movimientos Sociales. ISEAT. Bolivia.
47
que los supuestos metodológicos con los que cuenta actualmente la disciplina
no son los adecuados para hacer frente a aquella realidad citada. Por ello,
pensamos que nos encontramos ante una situación que reclama, en terminología
de Kuhn, un cambio de paradigma. Si no queremos que nuestra disciplina se
ahogue en una incapacidad para comprender los fenómenos económicos (que
son fundamentalmente humanos), no le queda más remedio que cambiar de
horizonte de trabajo, ampliar las miras y volver a fijarse en el hombre. No en
vano A. Smith, el padre de la Economía en su concepción moderna, era un gran
humanista y filósofo moral.17
EL NUEVO MODELO DE ECONOMIA PLURAL: REALIDAD Y FANTASÍA
DEL EMPLEO DIGNO.
Aunque muy poco se oye de la región suramericana, y que algunos en la región
piensen tener una coraza de acero, la realidad es que esta coyuntura económica
les ha afectado, sobre todo en el tema de remesas, inversión extranjera directa,
cierre de mercados, exportaciones, etc., que han obligado a los Gobiernos a
adoptar medidas anti-crisis, unas con mejores resultados que otras, pero que en
poco resuelven el malestar de quienes se sienten defraudados al no contar con
una fuente laboral que les permita tener una vida, sino de prosperidad, por lo
menos digna.
En medio de este baile mundial y regional, nuestro país en su propio ritmo
enfrenta esta crisis, el incremento al salario mínimo nacional del 5%, es decir, de
unos 679 bolivianos, ha generado más de un malestar, ya que en criterio de los
sectores fabriles, obreros, asalariados del Estado, entre otros, lo ven insuficiente;
y la pregunta que muchos hacen es: si ¿se puede ‘vivir bien’ con un salario de
679 o 700 u 800 bolivianos al mes?, frente a los datos de tasas moderadas de
desempleo, que desde la lectura oficial, si bien pueden ser niveles aceptables,
siguen siendo un tema a resolver después de la promulgación y ahora en vigencia
de la Constitución Política del Estado, que refieren al tema los artículos 46° y
54°; además queda pendiente la re-elaboración y en otros la implementación de
varias normas que garanticen el cumplimiento de las mismas.
Según resultados de la Encuesta de Hogares 2007, la población total de Bolivia
alcanzaba a 9.902.633 habitantes (6.465.513 habitaban en área urbana y 3.437.120
en área rural). De ese total, 76,81% conformaba la Oferta Potencial o Población
en Edad de Trabajar (PET), 23,19% correspondió a la población en edad de no
trabajar (PENT) menor de 10 años, compuesta por 49,99% hombres y 50,00%
mujeres. Para el año 2007, a nivel nacional, 64,78% conformaba la Población
Económicamente Activa (PEA) o fuerza laboral (54,78% hombres y 45,21%
mujeres). La Población Económicamente Inactiva (PEI) representaba 35,22% de
17 Castello, Gabriel (2009). Artículo Caixabank: “La necesidad de un nuevo paradigma en la economía: una crítica en clave inter-
disciplinaria.
48
la PET (35,06% hombres y 64,93% mujeres). La Población Ocupada (PO) formaba
94,82% de la PEA, compuesta por 55,15% de hombres y 44,84% de mujeres. La
Población Desocupada PD estuvo conformada por 5,18% de la PEA (47,99%
hombres y 52% mujeres).18
La rama de servicios absorbe el 38,6% del total de trabajadores (as) identificados
(as), el sector de la industria manufacturera el 14,8% de las personas registrados
ocupadas, actividades como comercio atraen al 13,2% de los trabajadores (as), en
el transporte el 12,7% de la mano de obra, el sector de la construcción un 7,8% de
los empleados y el 5,4% están dedicados a actividades como salud y educación.
Entre las actividades con menor porcentaje de personas ocupadas se encuentran
la rama agropecuaria (2,5%), explotación de minas y canteras (2,2%), servicios
básicos (2%) y servicios de intermediación financiera (0,7%), respectivamente.19
La participación de los (as) trabajadores (as) en empresas de diferentes tamaños,
muestra cifras reveladoras ya que la pequeña y gran empresa absorben la
mayor cantidad de trabajadores en 33,5% y 29,3%, respectivamente del total
identificado. Por el contrario, la mediana y micro empresa absorben al 19,2% y al
18% respectivamente de los trabajadores/as, según los datos contemplados en el
Sistema de Registro de Empresas del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión
Social.
Considerando como parámetro el Clasificador de Ocupaciones de Bolivia (C.O.B.),
las ocupaciones que ofertan su fuerza de trabajo, son principalmente empleados
de oficina en 21,9%, trabajadores no calificados en 19%. Ocupaciones de técnicos y
profesionales de apoyo representan el 16,2%, profesionales en 14,6%, trabajadores
de la industria extractiva, construcción, industria manufacturera y otros oficios
en un 13,7%, trabajadores de los servicios y comercio en un 7,4%, operadores de
instalaciones y maquinaria en un 6,5% y trabajadores en agricultura en un 0,7%.
Los servicios públicos de empleo del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión
Social, han identificado que los mayores requerimientos de la demanda laboral en
la gestión 2008 se refieren a ocupaciones de trabajadores no calificados en 40,3%,
trabajadores de la industria extractiva, construcción, industria manufacturera y
otros oficios en 18,8%, trabajadores de servicios y vendedores de comercio en
18,2%, empleados de oficina en 9,7%, operadores de instalaciones y maquinarias
en 5,5%, ocupaciones de técnicos y profesionales de apoyo en 4,3%, profesionales
en 2,7% y ocupaciones de agricultura, pecuaria y agropecuaria en 0,5% del total
de la demanda laboral.
En Bolivia sufrimos desempleo estructural y cíclico. Una buena parte de
los bolivianos, en los últimos años, salieron del país en busca de mejores
18 INE (2009). Estadísticas e indicadores socio-demográficos del Estado Plurinacional de Bolivia. Bolivia.
19 Dirección General de Empleo (2009). Compendio estadístico de trabajo N°2. Bolivia.
49
oportunidades económicas y de trabajo. Pero la situación todavía no ha cambiado
del todo, puesto que las salidas siguen y los trámites para viajar a España y a otras
regiones se mantienen, a pesar de la crisis financiera internacional que afectó a las
economías desarrolladas.20
Por otra parte desde el Ministerio de Trabajo se afirma que la gestión del presidente
Evo Morales ha hecho esfuerzos importantes tanto en empresas públicas como en
microempresas y cooperativas para que se generen nuevas fuentes de empleo. Si
bien la tendencia del desempleo llega hasta junio de 2009 a 6,8%, las autoridades
nacionales apuntan a reducirla hasta finales de año, señala el Ministro y acota
que los programas que implementa el gobierno para dar valor agregado a los
recursos naturales, harán que bajen las tasas de desempleo. Para ello se iniciará
un proceso de capacitación y tecnificación laboral.
Pero las autoridades nacionales quieren luchar contra el problema número uno
de la economía: El desempleo. Sólo el Banco de Desarrollo Productivo (BDP)
logró crear más de 300.000 fuentes de trabajo en los últimos años, pero el número
de trabajos nuevos pasó los 400.000.
Las políticas orientadas a la generación de empleo digno y permanente permitirían
un crecimiento promedio de 90 mil puestos adicionales de trabajo por año, que
se iniciará con menos de 60 mil en 2006 y alcanzaría cifras superiores a los 100
mil en 2008. Sin embargo, en los cuatro años de gobierno las metas anunciadas
en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) no se cumplieron al pie de la letra por la
agenda que estuvo más abocada a la política que a la economía.
En 2006, de acuerdo con el IFAD (2007), las remesas ascendieron a 972 millones
de dólares, mostrando un crecimiento de 13% respecto a 2005. Las remesas
representan actualmente la segunda fuente de divisas en Bolivia, después del
ingreso por concepto de exportación de Gas. El dinero de las remesas tiene en
Bolivia el siguiente destino: 45% gastos diarios, 21% educación, 17% negocios,
12% ahorros, 4% propiedad (compra de inmuebles, principalmente), 1% otros.
El 59% de los receptores de remesas tienen planes de abrir su propio negocio en
el futuro. Por su lado, el 32% de los emigrantes bolivianos en España planean
establecer algún tipo de negocios en Bolivia en el futuro, mientras que el 25%
planea abrirlo en España. Los canales de recepción de remesas son los siguientes:
el 32% a través de Bancos y Cooperativas de Ahorro y Crédito, el 29% a través de
Oficinas de compañías de remesas, el 22% por correo o courrier y el 17% a través
de viajeros a Bolivia. Por ciudad de destino se tiene la siguiente distribución: 18%
en Santa Cruz, 17% en Cochabamba, 14% en El Alto y 9% en La Paz.21
20 Nueva Economía (2009). Artículo: “Desempleo, el problema económico N°1 de la economía. Bolivia. 9/XI/09.
21 IBCE (2008). Bolivia: Migración y desempleo. En: Comercio Exterior N°159. Bolivia.
50
Los más jóvenes no encuentran empleo El desempleo se ha elevado
significativamente entre los hombres y mujeres jóvenes (15 a 24 años), con una
tasa inédita que supera el 21% (entre 5 y 7 puntos por encima del año anterior);
en estos grupos hay un porcentaje elevado de personas que buscan trabajo
por primera vez (aspirantes), quienes enfrentan una situación más restrictiva
que antes para encontrar un empleo. En el grupo de 25 y 44 años, las tasas de
desempleo son más bajas, pero aumentan para ambos sexos. Crece el desempleo
ilustrado Durante este período la población más escolarizada registró, también,
una mayor tasa de desempleo. Entre los que han alcanzado el nivel superior la
tasa llega al 13% y entre los que han pasado por la secundaria alcanza al 11,6%.22
Puntualizamos cinco principales características de la economía y del mercado
de trabajo en Bolivia en los últimos 60 años: (i) bajo crecimiento económico, (ii)
divorcio entre los sectores impulsores de crecimiento y los sectores generadores
de empleo, (iii) concentración del empleo en el sector informal (no regulado
y sin protección social), (iv) migración laboral nacional e internacional y (v)
crecimiento del empleo en sectores de servicios y comercio de baja productividad y
remuneración. Estas características estructurales imponen restricciones comunes
para el conjunto de la población boliviana, sin embargo estas restricciones no
afectan de igual manera a hombres y mujeres, indígenas y no indígenas, los
cuales están insertos en proporciones diferenciadas en actividades, sectores y
relaciones laborales.23
Después del carnaval político de referéndums, elecciones, intentos ‘divisionistas’,
acciones ‘terroristas’, cumbres climáticas, etc., etc., vividos en las últimas
gestiones es menester de quienes con algo de objetividad ven la necesidad de
trabajar para que los bolivianos y las bolivianas puedan tener oportunidades de
empleo, que repercutan en el crecimiento y desarrollo de nuestro país; pero de
las buenas intenciones no vive el ciudadano de a pie, que debe sobrevivir en una
situación angustiosa al no encontrar fuentes de empleo, o si lo tiene, someterse
a salarios por debajo, inclusive, de lo establecido en el salario mínimo nacional,
como sucede en el sector informal.
Son cuestiones que los economistas o los que tienen una visión económica no
pueden eludir, más allá de nuestras opciones o cómo etiquetemos nuestro modelo
económico: economía planificada, economía de mercado, economía mixta; o
economía ‘plural’ definido en el capítulo 4, de la Constitución vigente, artículos
306 al 333, precisando el modelo económico boliviano como plural, orientado a la
mejora de las condiciones de vida y el vivir bien de la colectividad; pero resulta
menester que demos respuestas reales y prácticas que generen mayor empleo,
bienestar, mejor calidad de vida, desarrollo y progreso; además considerando
que los economistas en su mercado laboral también están bajo estas mismas
22 CEDLA (2009). Se destruyeron más empleos de los que se crearon. En: Control Ciudadano N°14. Bolivia.
23 Wanderley, Fernanda (2007). Genero, etnicidad y trabajo en Bolivia. CIDES-UMSA. Bolivia.
51
premisas de incertidumbre que aquejan a la mayoría de la población. Quienes
estamos en proceso de formación debemos tener la claridad de nuestro presente
y futuro, y con ello el presente y futuro de quienes esperan de nosotros respuestas
a los problemas económicos-sociales y esta avalancha de crisis que se nos viene
encima al transitar este nuevo milenio, que en definitiva exige nuestro máximo
esfuerzo, compromiso y dedicación.
POPULISMO MACROECONÓMICO: POBREZA Y DESEMPLEO EN
TIEMPOS DE CAMBIO.
Después del quiebre histórico el año 2003 que dio un nuevo horizonte a la
sociedad boliviana gestando procesos sociales, económicos, políticos y culturales
novedosos, dinámicos y en algunos casos antagónicos, llegamos a un punto en el
que se hace preciso repensar el rumbo de lo que se ha denominado como ‘proceso
de cambio’ a la luz de los resultados efectivamente cumplidos en este periodo de
transito hacia el Estado Plurinacional.
En el informe presidencial de la gestión 2011 el primer mandatario señaló que
cerca de un millón de personas habrían superado la frontera de la pobreza
para engrosar la clase media, en otros términos, se redujo considerablemente la
pobreza en Bolivia, bajo el argumento de que las políticas sociales emprendidas
durante los últimos años como el Bono Juancito Pinto, Juana Azurduy y la Renta
Dignidad, sumadas a las políticas publicas de apoyo y control a la produccióncomercialización, la bonanza macroeconómica y sobretodo la nacionalización de
las empresas anteriormente capitalizadas habrían permitido este considerable
avance socio-económico.
Creer totalmente en esta propaganda que es reforzada cotidianamente en los
medios masivos de comunicación tanto oficial como privada seria caer en una
ingenuidad, es decir, aceptar que dicho avance se debe a lo que se ha denominado
como implementación del nuevo modelo económico plural, es una verdad a
medias; si bien es cierto que la distribución de la renta nacional a llegado a las
familias a través de bonos o subvenciones mejorando su capacidad adquisitiva,
esta es una situación aparente y relativa ya que depende en gran medida de un
contexto internacional de precios altos y favorables en el mercado de materias
primas, que desde mi percepción no están siendo aprovechados adecuadamente,
en el entendido que los sectores generadores de excedentes no han logrado
impulsar un desarrollo en los sectores generadores de empleo, en consecuencia
el tener una macroeconomía saneada no significa por si sola la prosperidad del
conjunto de la economía.
Sin desmerecer el esfuerzo gubernamental de impulsar la presencia mas
efectiva del Estado en la economía a través de emprendimientos como EMAPA,
CARTONBOL, LACTEOSBOL, BOA, EBO, EVA, etc., que a mi manera de
52
ver han dejado mas sombras que luces en la economía nacional, frente a una
enorme cantidad de personas que viven de la informalidad y la ilegalidad y en
consecuencia situaciones de precariedad.
Salir de este mal estructural de empleo y pobreza, reconociendo que es una
tarea compleja, no se la puede conseguir mediante argumentos retóricos, sino
por medio de hechos objetivos; si la tan ansiada industrialización o la revolución
productiva o la soberanía alimentaria se quedan en un eslogan político
definitivamente hemos cambiado el rumbo del proceso de cambio y posterga la
democratización de la economía en el entendido de mejorar la calidad de vida de
las personas mediante el acceso a un empleo digno, por tanto una remuneración
justa y suficiente que permita el vivir bien de todos y todas.
Un desafío para salir del populismo macroeconómico, como ese mecanismo
propagandístico que intenta justificar una gestión gubernamental, es la inversión
en el recurso mas valioso que tenemos los bolivianos y las bolivianas, me refiero
al recurso humano, invertir la bonanza macroeconómica en educación, quizá
en términos de Andrés Openheimmer quien nos desafía a los Estados de tercer
mundo a tomar en serio la educación superior como una fuente inagotable de
soluciones reales en la tecnología y mejoramiento en los procesos productivos,
ya no se puede seguir partiendo de la premisa de que Bolivia esta destinada a
una economía extractiva de recursos naturales en bruto y sin valor agregado.
Asumir este reto de pasar de una economía agrícola, forestal, cuasi-industrial a
otra del conocimiento como también plantea Alvin Toffler es un camino complejo
y lleno de dificultades, pero no imposible, existiendo experiencias exitosas en
otras latitudes del mundo; hace mas bien una revolución del pensamiento, dejar
atrás nuestros complejos y paradigmas, es la tarea, a mi manera de entender, más
prioritaria en estos tiempos de cambio.
CONCLUSIONES
El descontento surgido por la falta de empleo, fuentes de trabajo digno, fue el
detonador para los diferentes conflictos sociales en Bolivia, los movimientos
sociales, si bien tienen reivindicaciones sectoriales específicos, se encuentran en
un punto coincidente en las condiciones económicas que generan desempleo
y pobreza. Este mal estructural, tiene condiciones endógenas, pero también
exógenas, el contexto internacional está mostrando señales de recuperación, pero
que en definitiva no ha logrado crear más empleos.
En este ensayo, se ha intentado dar algunas pistas, de cómo los indicadores
económicos de empleo y desempleo, están fuertemente vinculados al quehacer y
el desempeño económico, que puede recibir aprobación o rechazo, al punto que
depende de los resultados de ambas variables, empleo-pobreza para sostener un
modelo o sistema económico en el tiempo.
53
Bolivia se presta a ser un laboratorio, al plantear un modelo de economía plural,
que pretende ser el paradigma que pueda superar, tanto la economía planificada
y de mercado, entendida en su sentido estricto, pero este intento de de-construir
la economía es apenas un ápice de los otros esfuerzos en el contexto regional y
mundial por plantearse una nueva economía acorde a los desafíos del siglo XXI.
Por el momento es difícil echar juicio de los alcances de este nuevo modelo de
economía plural, tendremos que darle un poco más tiempo; si el neoliberalismo
ha tenido 25 años para demostrar y cumplir sus promesas, será en el mismo
lapso de tiempo o menor en el que este modelo planteado pueda de la misma
forma demostrar y cumplir sus promesas; pero al igual que el neoliberalismo,
será sometida a la prueba de fuego por los ciudadanos y ciudadanas que
cotidianamente salen en búsqueda de fuentes y oportunidades de empleo; si las
políticas económicas aplicadas no logran satisfacer dichas aspiraciones legitimas,
por seguro nos encontraremos en otro punto de inflexión, de crisis, es decir,
oportunidades en un futuro abierto, complejo y dinámico.
54
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56
ALGUNAS APROXIMACIONES A LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO
PLURINACIONAL BOLIVIANO DESDE LA
PERSPECTIVA DE LA NEUTRALIDAD
Mario Rodrigo Pinto Blancourt1
INTRODUCCIÓN
La Constitución Boliviana fundacional de 1826 nació sin un preámbulo2 en el que
se inscriban las razones y finalidades del nuevo Estado, apelando desde un
principio a una carga religiosa aparentemente ligera, se trataba más que todo
de un ordenamiento de carácter constitutivo, en el cual, si bien se realizaban
algunas declaraciones respecto a las garantías y derechos de los ciudadanos,
como ser la libertad civil, la seguridad individual, la propiedad, la igualdad
ante la Ley y la libertad de comunicar ideas; rasgos eminentes de la época, sin
embargo, resulta contradictorio que el Estado apostara por una sola religión3 con
exclusión expresa de cualquier otro culto y, curiosamente reconociendo el principio
de que no hay poder humano sobre las conciencias.
Este apoyo a una concepción de bien religiosa continuó siendo una característica
de las siguientes constituciones bolivianas, así por ejemplo la Constitución de
1851 a nombre de Dios decretó no solamente su apoyo a un culto en particular4,
que incluso prohibía el ejercicio de otro cualquiera, reconociendo sin embargo,
el principio de libertad de conciencia. Es decir, que a comienzos de la segunda
mitad del siglo XIX, únicamente las personas que detentaban un plan de vida
católico estaban autorizadas para ejercerlo.
Las constituciones bolivianas posteriores fueron un poco más moderadas al
respecto, pero no puede decirse que fueron neutrales en cuanto a la concepción
1 Ganador del tercer premio del Segundo Concurso de Ensayo Político.
2 El preámbulo de una Constitución es una declaración solemne de los propósitos del constituyente que expresa los
valores, principios y necesidades de un pueblo, un enunciado previo a las formulaciones de reglas y normativas
numeradas de la constitución y presenta principalmente un contenido ideológico, que refleja el momento histórico
en el que vive un determinado estado y la ideología que, por lo menos, imaginariamente aparece como dominante.
En el caso boliviano, no existió un preámbulo con estas características en su fundación, pero se tiene una serie de
documentos como el Decreto de 09 de febrero de 1825 que si establecen algunos principios, pero que son anteriores
a la Constitución de 1826 (ALVARADO: p. 243-254).
3 Art. 6 – La Religión Católica, Apostólica, Romana, es de la República, con exclusión de todo otro culto público. El
Gobierno la protegerá y hará respetar, reconociendo el principio de que no hay poder humano sobre las conciencias.
(Constitución Política de la República Boliviana de 19 de noviembre de 1826)
4 Artículo 3°.- La Religión Católica, Apostólica, Romana es la de Bolivia. La ley protege y garantiza el culto exclusivo
de ella, y prohíbe el ejercicio de otro cualquiera, reconociendo, sin embargo, el principio de que no hay poder
humano sobre las conciencias. (Constitución de 21 de septiembre de 1851)
57
de vida buena religiosa, por ejemplo, el último documento constitucional5 antes
del Referendo del 25 de enero de 2009, aún establecía como religión oficial a la
iglesia católica, apostólica y romana, y de forma marginal, toleraba los demás
cultos.
Una buena sociedad pienso, es aquella donde todos los ciudadanos como
individuos y/o grupos colectivos racionales, desarrollan una infinidad de
concepciones del bien, no necesariamente religiosas y, en base a estos conceptos
estructuran sus planes de vida, algún grado de tolerancia es necesario que exista
entre ellos, pero no creo que el Estado deba considerar a cualquiera de estos,
mejor que los demás.
Roberto Gargarella y Christian Courtis sostienen que el ideal de Neutralidad
no es una característica dominante en Latinoamérica, en vista de que el
constitucionalismo regional se caracterizó principalmente por tener una vocación
de imponer modelos de virtud o por tomar partido respecto a un cierto modelo
de organización política y económica. Estos profesores argentinos elaboraron
un trabajo de estudio critico de suma importancia sobre las interrogantes y
promesas que devienen de los actuales procesos constituyentes latinoamericanos
y de las nuevas constituciones de Venezuela, Ecuador, Colombia y Bolivia
(GARGARELLA COURTIS, p. 35-37), tocando temas que inciden en las tendencias
actuales del constitucionalismo y la democracia bolivianos, entre los que se
encuentra la “Neutralidad del Estado”, entendida de forma general por estos
autores como el “ideal conforme al cual, el Estado debe restringirse a apoyar
nuestra capacidad para elegir libremente” (GARGARELLA COURTIS, p. 35). A
pesar de que en la introducción del mencionado trabajo se indica que el objeto de
su análisis fue el de estudiar la posibilidad cierta de contar en la región con una
carta constitucional “neutral,” es decir, un documento que no tome partido por
concepción del bien alguno, sin embargo, el resultado constituye una verdadera
critica al ideal del liberalismo conservador, y un aporte esencial para abordar los
problemas que genera una Constitución que se sustente en la neutralidad del status
quo.
La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, aprobada mediante
Referéndum de 25 de enero de 2009, dio un giro de noventa grados respecto a sus
predecesoras, es innegable la prescripción de neutralidad religiosa que contiene,
puesto que el Estado no solo respeta y garantiza la libertad de religión y de creencias
espirituales, de acuerdo con sus cosmovisiones, sino que es independiente de la
misma. Entonces, ¿estamos frente a una constitución neutral? es decir, ¿el Estado
Plurinacional es antiperfeccionista?, ¿no sustenta alguna concepción del bien?,
¿no apoya algún tipo de planes de vida? Al respecto, considero que un
Estado no solo debe ser neutral respecto de las concepciones de vida religiosas,
sino que la agenda de la neutralidad debe ser más amplia, sin embargo, como
5 Constitución Política del Estado de Bolivia modificada mediante Ley Nº 2650 de 13 de abril de 2004.
58
veremos más adelante, sin comprometer la misma, algún grado de intervención
debe existir, de otro modo, ¿para qué necesitamos un Estado?
En ese sentido, existen críticas que describen a la actual Constitución como una
norma que favorece a las concepciones del bien de un colectivo en particular,
las naciones y pueblos indígena originario campesinos, en detrimento de los
conceptos de vida buena de grupos interculturales urbanos, lo que implicaría
que el Estado Plurinacional de alguna manera estaría comprometiendo su
neutralidad a favor de los planes de vida indígenas.
Finalmente, algunos planes de vida de carácter económico han manifestado
algún tipo de perturbación a su esfera de libertad con la entrada en vigencia de
la nueva Constitución Política del Estado, lo cual por supuesto, no consideran
justo, ni tampoco conveniente, alertando al Gobierno y a la sociedad en general
que de continuar la intervención del Estado en la economía, se correría el riesgo
de disminuir el incentivo del sector privado, con la consecuente pérdida de la
inyección de capital.
Este trabajo tiene el objeto de analizar la sustentación racional de estas críticas a la
luz del texto constitucional, siendo por lo tanto necesario hacernos las siguientes
preguntas:
Sabemos que la Constitución Política del Estado es neutral respecto a las
concepciones del bien de tipo religioso, sin embargo, ¿Qué tan amplia es la
agenda de la neutralidad respecto a otras concepciones del bien?, ¿Cuáles son los
limites de la neutralidad?, y finalmente, ¿La Constitución es neutral respecto a los
planes de vida económicos y culturales?
Para responder estas preguntas, me permitiré definir en un principio lo que es
la neutralidad y sus límites, para posteriormente determinar la agenda de la
neutralidad en la Constitución Política del Estado y finalmente responder a las
críticas que se han planteado.
LA NEUTRALIDAD Y SUS LÍMITES
LA NEUTRALIDAD ESTATAL
Hasta este momento me he dedicado a usar libremente conceptos tales
como “concepciones del bien” y “planes de vida” sin mayor reparo, sin embargo,
ahora pretendo darles algún contenido que me sirva para ser comprendido.
La concepción del bien o de la vida buena es entendida por Rawls (RAWLS, 1996:
p. 49-50) como un esquema más o menos determinado de objetivos finales que
los sujetos pretenden realizarlos por si mismos y que cambian en el curso de
59
nuestra vida. Para Ackerman (ACKERMAN, p. 77-78) en cambio, se trata de una
afirmación de propósitos que las personas le encuentran sentido. Entonces no
solo estamos frente a valores morales, sino a centros conceptuales o deseos
trascendentales que tienen la virtud de satisfacer expectativas y ser la fuente de
respuestas a cuestiones de suma importancia. Estas concepciones del bien sirven
de sustento a los planes de vida que pueden a su vez, ser definidos como un
complejo coherente sistemático de proyectos o fines que unifican la personalidad
moral de un individuo y la forma como él desea conducir su vida. Toda
sociedad, por más elemental que ésta sea, se encuentra constituida por una
cantidad considerable de planes de vida sustentados por conceptos del bien y de
la vida buena.
Es muy importante que establezcamos la siguiente afirmación antes de continuar
con el análisis del presente trabajo, una que pienso, nadie se atrevería a contradecir:
todas las personas racionales sin excepción, apoyamos alguna concepción del bien o de
la vida buena y, es en base a esa concepción que estructuramos y sustentamos
nuestros planes de vida.
Para Farrell ser neutral implica obrar de modo tal de no beneficiar a ninguna concepción
del bien ni a ningún individuo en virtud de su presunta superioridad intrínseca
(FARRELL, 1997: p. 15). Lo ideal es que la acción del Estado deba ser neutral
respecto a los ideales de la vida buena, por lo que no debería buscar la promoción
de ninguna concepción en particular, en detrimento de las demás.
Rawls (RAWLS, 1996: p. 72, 228) entendió que la sociedad verdaderamente
democrática no tiene objetivos y propósitos finales por el estilo de los que tienen
las personas y las asociaciones y que cuando se habla de neutralidad, se aspira
a satisfacer la neutralidad de propósitos, en el sentido de que las instituciones
básicas y las políticas públicas no han de estar concebidas para favorecer a
ninguna doctrina comprehensiva particular. Ronald Dworkin (DWORKIN,
1986: p. 191) también apoya una posición similar al señalar que toda decisión
política debe ser, en la medida de lo posible, independiente de cualquier
concepción de la vida buena. Nótese que para Rawls, la neutralidad parte de las
grandes instituciones y decisiones del Estado (La Constitución, las leyes, etc.)
en cambio para Dworkin es un tema más concreto, de todas formas, ambas ideas
son a mi parecer complementarias y destacan lo que se supone es una sociedad
democrática.
Pienso que las tesis y doctrinas perfeccionistas no apoyarían la construcción de
un Estado neutral si estas, tienen la posibilidad y el apoyo necesario para edificar
uno a su medida, porqué presuponen la existencia de ciertas verdades intrínsecas
que su definición de Estado no debería obviar, sin embargo, convenientemente
no estarían de acuerdo en la construcción de un Estado no neutral que apoye
concepciones del bien distintas a las que apoyan, porque supondrían un riesgo
60
para el desarrollo de sus planes de vida. Estoy seguro de que en una situación tal,
exigirían neutralidad.
En el caso del socialismo moderado, existen autores como Gargarella (BORON,
p. 112, 120-121) que critican al liberalismo de ser poco neutral y, afirman que los
socialistas se encuentran mucho más apegados que los liberales al discurso de
la “neutralidad” estatal, señala que la defensa de una cultura de la fraternidad
parece perfectamente compatible con la preservación de un amplio espacio para
el desarrollo de valores individuales variados. Finalmente, manifiesta que los
socialistas no pueden comprometerse con un sistema en el que se les imponga a
los individuos el modo de vivir y valores ajenos que defender.
Es difícil que una doctrina política apoye de forma abierta y directa la
construcción de un Estado no neutral, más aún si se trata de una sociedad que
apoya la democracia plural, donde no es posible que se restrinjan o se prohíban
las disidencias. Es natural escuchar discursos que apoyen una concepción del
bien y fomenten planes de vida acordes a ese sustento, pero es poco usual que
estas manifestaciones tiendan a instigar a las personas a imponer sus valores y
principios. Los grupos fundamentalistas religiosos son un ejemplo de discursos
hegemónicos, como lo fueron en algún momento el fascismo, el nacionalsocialismo
y el socialismo real. En un contexto ordinario, el cual no es un terreno fértil para
extremismos, la sociedad considera que un Estado deseable es aquel que protege
las libertades de todos los ciudadanos, sin importar su ideología, raza, credo, etc.
Este es en esencia un Estado neutral.
TIPOS DE NEUTRALIDAD
Si el Estado se limitará a contemplar a las personas mientras eligen sus concepciones
del bien y se afanan en conseguir sus metas, podría llegar a la conclusión de
que el resultado que estas obtengan al intentar alcanzar sus objetivos de acuerdo
a los planes de vida que hayan elegido, estará sujeto a muchas variables y
circunstancias ajenas al sujeto que detenta un plan, por lo que cada, uno sería
responsable de sus elecciones y decisiones. Esto creo, es relativamente cierto,
si bien todos los seres racionales elegimos nuestras concepciones del bien y
nuestros planes de vida, no todos tenemos las facultades y recursos para
dominar las circunstancias en las que debemos desarrollarnos. Así por ejemplo,
un ciudadano que por un azar del destino nació sin brazos, no tiene la posibilidad
de elegir con la misma libertad sus planes y proyectos que otros y esta en mayor
desventaja a los avatares y circunstancias de la vida, por lo que tendrá menos
posibilidades de alcanzar sus metas.
El problema que surge acá, es el siguiente: ¿como debe enfrentar el Estado neutral las
desigualdades en general?, ¿compromete su neutralidad el Estado cuando apoya un
plan de vida que no tiene oportunidad de desarrollarse sin la ayuda estatal?
61
El liberalismo como teoría, fue objeto de infinitas criticas por su indiferencia al
sufrimiento humano, el cual sirvió como sustento doctrinal a las clases dominantes
propietarias de los medios de producción para justificar mediante institutos
jurídicos y económicos, como la libertad de contratación o, la ley de la oferta y
la demanda, la explotación de la clase obrera que no tenia otra opción mas que la
de vender su fuerza de trabajo a precios inmorales, condenándolos a ellos y a sus
familias a sufrir el hambre y la muerte sin que el Estado se inmutara. Siendo que
en la actualidad la solidaridad es un valor altamente apreciado, una teoría que se
sustente hoy en día en el Laissez Faire, Laissez passer (dejar hacer, dejar pasar; es
decir, permitid, tolerad toda iniciativa) no puede ser menos que rechazada.
Para comprender hasta donde el Estado puede apoyar algún plan de vida, sin
comprometer su neutralidad, es necesario que podamos diferenciar que tipos
de neutralidad admiten un cierto grado de intervención sin que de esta forma
apoyen una concepción del bien o manifiesten su preferencia por alguno, por
considerarlo intrínsecamente superior o mejor a los otros. Raz (Mencionado por
Farrel (FARREL, 1997: p. 17-18), distingue tres tipos de neutralidad política de las
cuales mencionamos dos: a) una neutralidad restringida que contempla indiferente
a todos los ciudadanos mientras ellos persiguen, con distinto éxito, sus planes
de vida y b) una neutralidad abarcadora que establece que una de las metas
principales de la autoridad gubernamental, léxicamente prioritaria a cualquier
otra, es asegurar para todas las personas una capacidad igual para perseguir
en sus vidas y promover en su sociedad cualquier ideal del bien que sea de su
elección. Es decir, como alguna vez Bobbio (BOBBIO, p. 149) mencionó la regla
de oro de la justicia, en esta alternativa el Estado debe tratar desigualmente a
sus ciudadanos, de modo tal que, después de esta actuación, todos ellos tengan
iguales probabilidades de llevar a cabo su plan de vida. Farrell rebautiza estas
alternativas como neutralidad negativa la primera y neutralidad positiva la segunda
(FARREL, 1997: p. 18).
Podemos relacionar a la primera neutralidad con los Estados liberales clásicos
y/o conservadores de la neutralidad del status quo que tanto Gargarella como
Courtis critican y, la segunda con lo Estados liberales igualitarios, como el que
promueven Rawls y Ackerman. Sin embargo, consecuencialmente creo que esta
última variante también es compatible con Estados que no se consideran en
absoluto liberales y que buscan alguna especie de felicidad general para todos
sus ciudadanos y no solo para aquellos que los apoyan.
En lo que respecta del presente trabajo, apoyare una neutralidad positiva y es en
esa medida que realizare mis comparaciones respecto al texto constitucional. En
el caso de la neutralidad negativa, pienso que se trata de un discurso forzado,
que no coincide con un sentimiento de justicia general, más bien es una posición
muy cómoda de aquellos ciudadanos privilegiados que no admiten ningún
cambio que les perjudique.
62
LOS LIMITES DE LA NEUTRALIDAD
Entiendo que la sociedad buena o deseable6, es aquella donde todas las personas,
o por lo menos la mayoría, tienen la posibilidad de realizarse como individuos, es
decir, que a pesar de tener concepciones diferentes del bien, puedan concretar sus
planes de vida. Cada sujeto es capaz de desarrollar valores morales o de otra índole
con autonomía y, en base a estos o a cualquiera que desee adoptar en lo futuro,
proyectar su vida. Algún tipo de espacio necesitamos para desarrollarlos y así
alcanzar nuestros objetivos para sentirnos plenamente satisfechos con nuestras
vidas. Las preguntas que se hace Martín Diego Farrell al respecto (FARRELL,
1997: p. 21) son: ¿Hasta donde puede garantizarse la libertad negativa de los
ciudadanos?, y ¿Cuáles son los planes de vida que el Estado Liberal o cualquier
otro debe aceptar que se lleven a cabo? En ambos casos indica, que la respuesta
es la misma: El principio del daño a un tercero, que Mill enunció en On Liberty,
marca el límite de la neutralidad.
La doctrina liberal imaginaba a las personas ejerciendo sus libertades dentro
de un espacio que ellos denominaron las esferas de la libertad7. Cada individuo
entonces sería capaz de emitir sus ideas, de trabajar en cualquier oficio, comerciar,
etc. Es decir, realizar sus planes de vida, sin que el Estado interviniera en ese
territorio mental para poner sus límites, pero también creían que el Estado debía
proteger la libertad de los demás, lo que implicaba, que los planes de vida de
unos no invadieran los proyectos de otros. Si bien Karl Popper8 defendía este tipo
de intervención, también aceptaba la dificultad de conocer cuánta libertad debía
ser limitada y para hacernos entender esto, desarrolló un ejemplo muy practico:
una vez un matón se presentó ante un juez para ser juzgado, por todas aquellas
fechorías de las que él era autor, e increpando éste se defendió manifestando
que era un hombre libre, un ciudadano con libertad de mover su puño donde
quisiese, a lo que el juez le respondió prudentemente “…la libertad del movimiento
6 Ruth Gavison citada por Martín Diego Farrel (FARRELL, 1997: p. 21) señala lo siguiente: “La sociedad deseable es
una sociedad en la cual los individuos pueden crecer, mantener su autonomía y su salud mental, crear y mantener
relaciones humanas y llevar vidas significativas. Algún grado de privacidad es necesario para capacitar al individuo
para realizar estas cosas, y la privacidad -a la vez- indica la existencia de una sociedad pluralista y tolerante que
contribuye a ella.”
7 “se redujo a crear un sistema de limitaciones jurídicas al poder y a señalar una esfera de libertad individual ante la
cual el Estado es incompetente”, “La declaración de los derechos que el Estado reconoce[...]esencia de la dogmática
constitucional, supone dos afirmaciones (vinculadas a las revoluciones americanas y francesas): 1) que el individuo
es dueño de una esfera de libertad personal en la que el poder estatal no debe intervenir, y 2)la de que toda la actividad del Estado debe estar sometida a normas jurídicas precisas, de suerte que el ejercicio del poder este debidamente
limitado y garantice la vigencia de los derechos humanos”(BORJA, p. 249 – 250, 332).
8 “Lo que exijo del Estado es protección,[...]la protección de mi propia libertad[...]quiero ser protegido de la agresión
de los demás hombres[...]yo me siento perfectamente dispuesto a aceptar que mi propia libertad sea algo restringida
por el Estado, siempre que eso suponga la protección de la libertad que me resta, puesto que no ignoro que son
necesarias algunas limitaciones a la libertad[...]Pero exijo que no se pierda de vista el principal objetivo del Estado,
es decir, la protección de aquella libertad que no perjudica a los demás ciudadanos. por lo tanto exijo que el Estado
limite la libertad de los ciudadanos, en la forma mas equitativa posible, y no mas allá de lo necesario para alcanzar
una limitación pareja de la libertad” (POPPER, 115)
63
de tus puños está limitada por la posición de la nariz de tu vecino.” (POPPER, p. 115 –
116)
Pienso que todas las concepciones de neutralidad, tanto las sustentadas por el
liberalismo conservador como el igualitario, e incluso algunas que no se relacionan
con estas dos, encuentran su limite en el principio del daño, de acuerdo a Farrell
(FARRELL, 1997: p. 22) no se afecta la neutralidad cuando la conducta en cuestión viola
el principio del daño: la neutralidad juega solamente dentro de los limites del principio
millano.
Si un Estado prescribe la neutralidad limitándola al principio del daño, como
hemos visto, ¿podríamos entonces deducir?, que no todos los ciudadanos
podrían llevar a cabo sus planes de vida. Aparentemente si, pero no implica que
el Estado favorecería solo aquellos planes de vida con contenido neutral, sino
todos aquellos que no causen daño a un tercero o de grupos comprehensivos
respetuosos de los derechos individuales. Es obvio que el plan de vida de un
terrorista o un criminal no se encuentra dentro de la agenda de la neutralidad,
pero pesar de este inconveniente, para aquellos planes de vida que deseen
imponer sus ideas a la fuerza o, que pretendan incrementar su patrimonio
mediante el engaño, el robo y el asesinato, me parece que en una sociedad donde
el Estado prescriba la neutralidad, existe una mayor oportunidad para que una
gran cantidad de planes de vida puedan desarrollarse, más de los que podría
aceptar un Estado perfeccionista.
EL CONTENIDO NEUTRAL DE LA CONSTITUCIÓN
POLITICA DEL ESTADO
CONSIDERACIONES GENERALES
Después de haber definido de alguna manera la neutralidad, sus variantes y
sus límites, ¿qué podríamos decir respecto a la Constitución Política del Estado
Boliviano?, ¿se trata de un texto constitucional neutral?, ¿responde el Estado
boliviano a las características principales que exige la neutralidad?
Mucho se ha dicho al respecto de este tema, principalmente por las experiencias
desagradables que tuvo el proceso constituyente, el juego de palabras y
discursos que se manejaron desde distintos grupos indígenas y no indígenas,
los apelativos a kharas o Tharas en el mal sentido como insultos, la elección de
símbolos supuestamente ancestrales por algunos grupos y el rechazo de otros
bajo consignas incluso religiosas, la confrontación cultural que aún continua y
que resulta todavía preocupante, porque puso sobre la mesa del debate y fuera
de este, rasgos de intolerancia que antes no habían sido tan manifiestos como lo
fueron durante y después del Referendo. Puede ser que algunas de estas
posiciones hayan sido fomentadas desde grupos de poder que trataban de
64
impedir el cambio a una situación que les era favorable, como se dijo de las
supuestas logias cruceñas, o por el contrario pudo partir del mismo gobierno del
MAS, que intentaba eliminar al enemigo ideológico. Lo cierto es que la Bolivia que
alguna vez conocimos, para mal o para bien, es hoy distinta y, también distinto,
es el enfoque y la finalidad que el constituyente imprimió en los documentos
de trabajo de la Asamblea y finalmente impuso en el texto constitucional como
producto de una búsqueda de solución a las luchas ideológicas y encuentros
surgidos por el choque de clases y de culturas y que anteriores Constituciones
no resolvieron.
Es importante tomar en cuenta que el objeto del presente ensayo no es una critica
a un gobierno concreto, como lo sería el del Presidente Evo Morales Ayma,
sino más bien una hojeada a la Constitución como norma fundamental de la
institucionalidad jurídica boliviana, aprobada mediante el Referendo de 25 de
enero de 2009, resultado de los consensos y acuerdos alcanzados por nuestros
representantes en la Asamblea Constituyente, para constituir un nuevo contrato
social que genere un espacio de tolerancia entre las distintas concepciones del
bien que existen en este país y limite al Estado para que éste no se parcialice con
ningún concepto de lo bueno o con algunos planes de vida, por considerarlos
intrínsecamente superiores o mejores que otros, es decir, la problemática se la
circunscribirá al plano normativo y no al empírico. En ese sentido, mi preocupación
me llevara en primer lugar, a realizar algunas consideraciones sobre el contenido
axiológico del texto constitucional que por sus peculiares características, pareciera
comprometer la neutralidad del Estado, la cual se vería seriamente afectada por
favorecer valores y principios de determinados grupos en detrimento de otros,
lo cual no sería neutral. En segundo lugar, abordare la problemática institucional
del Estado respecto a las libertades y derechos que reconoce la Constitución, en
especial aquellos que pueden comprometer su neutralidad en materia social y
cultural.
EL CONTENIDO AXIOLÓGICO DE LA CONSTITUCIÓN
La Constitución en su preámbulo señala que el pueblo boliviano, en este caso,
se refiere a la Asamblea Constituyente, de composición plural construyó un
Estado basado en el respeto e igualdad entre todos, sustentado en los principios de
soberanía, dignidad, complementariedad, solidaridad, armonía y equidad en la
distribución y redistribución del producto social, donde predomine la búsqueda
del vivir bien, con respeto a la pluralidad económica, social y jurídica, política y
cultural de los habitantes de esta tierra; en convivencia colectiva con acceso al
agua, trabajo, educación, salud y vivienda para todos.
En una primera aproximación al texto, se advierte que la Constitución
responde a un profundo respeto por la sociedad plural, es decir, que acepta que
el pueblo boliviano esta conformado por una diversidad de individuos y grupos
65
colectivos con sus propios valores y planes de vida tanto económicos, sociales,
jurídicos, políticos y culturales. El respeto a las diversas concepciones del bien
y de la vida buena, así como de los planes estructurados de los ciudadanos para
alcanzar sus metas es un primer paso que puede dar un Estado para concebir a
la neutralidad como una forma de tratar esa pluralidad de formas y contenidos.
Pero el respeto no basta, por ejemplo para algunos autores como Martín Diego
Farrell (FARRELL, 1997: p. 29), es imprescindible que esa actitud nazca producto
de un antiperfeccionismo estatal. Esta exigencia se sostiene en el “escepticismo
moral”, la creencia de que no existen leyes morales objetivas y naturales (o, a lo
sumo, que éstas no pueden conocerse). Entonces, al no existir base sólida para
juzgar que ciertas costumbres son más valiosas que otras, debería reconocerse
a cada individuo el derecho de escoger libremente su propio estilo de vida, por
lo que el estado debería abstenerse de promover cualquier plan de vida y/o
concepción del bien.
Pareciera que de la lectura del Artículo 8 de la Constitución, el Estado boliviano
no podría cumplir las exigencias de esta primera aproximación, porque tal como
expresa el texto, el Estado no solamente asume principios ético y morales de la
sociedad plural, sino que además los promueve. Asimismo, de la revisión de
estos principios se establece que los mismos responden en origen a un conjunto
de grupos colectivos en particular, las naciones y pueblos indígena originarios.
Finalmente, toda la restante lista de valores convencionales que son característicos
del constitucionalismo social (unidad, igualdad, libertad, solidaridad, etc.), así
como de la sociedad plural, estaría circunscrita a la búsqueda de una especie de
meta valor, el suma qamaña o el vivir bien, el cual le daría un significado a toda esa
cascada axiológica.
En favor de la Constitución me atrevo a decir que la exigencia de Martín Diego
Farrell es algo exagerada. No existe ninguna constitución en el mundo entero
que no se sustente en un mínimo de principios y valores. La Constitución de los
Estados Unidos de América por ejemplo, asume los valores de unidad, justicia y
libertad para promover el bienestar general. La Constitución española también
habla de la justicia, la seguridad, el estado de derecho y, así existen un sin fin de
ejemplos en los que las constituciones asumen ciertos principios y valores que
le dan un contenido axiológico a sus textos y, sin embargo no son consideradas
constituciones que no prescriban la neutralidad.
La única justificación posible que puedo imaginarme para estos ejemplos y
que puede llevar al legislador constituyente a incorporar valores y principios
en un texto constitutivo, es por supuesto, de naturaleza consecuencialista, es
decir, que busca un resultado que beneficie a la sociedad en general. Un Estado
puede sostener algún tipo de principios y valores en el plano normativo, pero no
cualquiera, sino principalmente valores sustentados en razones agencialmente
66
neutrales9, es decir, aquellos que tengan por resultado promover la felicidad
general. Así por ejemplo, el valor de la solidaridad se sustenta en que, su
promoción permitirá que tanto bolivianas como bolivianos puedan colaborarse
entre si en situaciones de necesidad y, al mismo tiempo rechazar contra valores
como el egoísmo y la mezquindad.
En el caso de los principios ético-morales de la sociedad plural que pareciera
atribuírseles exclusivamente a los pueblos y naciones indígena originario
campesinos, pienso que se trata de una lectura errónea y que le da énfasis al
lenguaje más que al contenido axiológico, por lo que es posible abordarlos con
la misma lógica que cualquier otro valor sustentado en razones agencialmente
neutrales, en vista de que las conductas que se prescriben en el texto son
consideradas valiosas no solamente por un grupo en particular, sino por todos
los demás grupos.
En cuanto al meta valor suma qamaña o vivir bien, Fernando Huanacuni Mamani
(HUANACUNI, p. 21-33) la define desde las perspectivas de distintos pueblos
indígenas sintetizado que se trataría de la vida en plenitud, en armonía y
equilibrio con la madre tierra, el cosmos, la historia y con toda forma de
existencia en permanente respeto. Indica que todos los pueblos indígena
originarios lo expresan de distintas formas pero siempre en contradicción al
vivir mejor que propugna la cultura occidental, es decir, tener dinero, más poder,
progreso ilimitado, consumo inconsciente, acumulación de material que induce
a la competencia, etc. Huanacuni pareciera que de esta forma sustentaría una
concepción del bien en contraposición de otra que se origina exclusivamente en la
cultura occidental. En este caso en particular y, si el Estado asumiera o promoviera
la primera concepción de vida buena, evidentemente estaría comprometiendo su
neutralidad.
Sin embargo, no creo que las características que propone este autor para estos
supuestos mundos u horizontes en contradicción sean acertadas, se tratan de
imaginarios que lo único que hacen es resaltar los mejores atributos de una cultura
versus lo peor de la otra. El occidente ha generado diversas concepciones del
bien y de la buena sociedad, entendida esta ultima también como un imaginario
social, algunas de estas tienen las mismas características que describe Huanacuni
para el vivir bien, otras no. No creo que podamos encontrar similitudes entre la
concepción de una buena sociedad del nacionalsocialismo alemán con el suma
qamaña, pero creo que es posible realizar este ejercicio con otras concepciones
de buena sociedad que promuevan el pluralismo, una en especial que hicimos
9 Martín Diego Farrel sostiene (FARRELL, 1997: p. 63-95) que existen dos tipos de razones agénciales, a) razones
agencialmente neutrales relacionadas al consecuencialismo, que nos ordena considerar a todos los individuos
interesados de una manera imparcial, de forma que se pueda promover, por ejemplo, la mayor felicidad general, y
b) las razones agencialmente relativas deontologicas, que permiten perseguir un fin individual, incluso a expensas
de la felicidad general, son el sustento de los planes de vida.
67
referencia al principio de este trabajo10. En ese sentido, pienso que el vivir bien
es compatible con diversos meta valores que sustenta la cultura occidental o
cualquier otra, como buscar la felicidad o bienestar general, no se trata de un
problema de contenido, sino de semántica.
En conclusión, pienso que no es posible determinar la neutralidad de un Estado
por la forma como asume ciertos valores y/o principios basado en razones
agencialmente neutrales. Sería distinto por ejemplo, si estos principios y valores
se sustentaran en razones agencialmente relativas, es decir, en aquellas que sirven
de sustento a los planes de vida individuales, porque en este caso, sería más que
evidente que el Estado se dedicaría a promover planes de vida particulares o
de grupos específicos, los cuales no tienen como finalidad promover la felicidad
general, el vivir bien, el bienestar social u otras y por ende, estaría comprometiendo
su neutralidad.
NEUTRALIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y JUSTICIA SOCIAL
Los problemas derivados del sistema capitalista que empezaron a finales del
siglo XIX y trascendieron toda la siguiente centuria, estaban relacionados
principalmente a la dialéctica de clase entre los propietarios de los medios de
producción y los obreros que vendían su fuerza de trabajo, cuyo acuerdo se
basaba en la libre contratación, a la manera del derecho civil. Esta relación no
podría ser considerada justa a mi parecer, por lo menos no desde la perspectiva
moderna de la “justicia como imparcialidad”, porque los trabajadores se
encontraban en un nivel de desventaja en comparación a los empresarios
para poder negociar términos contractuales que beneficien a ambas partes. Sin
embargo, estas desigualdades generaron respuesta en movimientos políticos e
ideológicos, como el anarquismo y el socialismo (ambos sustentados en las ideas
de Marx y Engels), que tenían como objetivos eliminar las diferencias de clase,
la injusta distribución de la riqueza y promover la estatización de los medios
de producción (entendidos estos últimos, como las herramientas, la tecnología y
el capital para producir bienes específicamente), mediante la revolución violenta
y la eliminación de la clase burguesa. Sin embargo, el sueño de un paraíso de los
trabajadores, sucumbió a finales del siglo XX con la caída del muro de Berlín y el
fin de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y sus satélites europeos.
A pesar de que hoy en día, aún existen países que sustentan el socialismo
real como una concepción de la sociedad buena, es decir, el sueño de mejorar
la suerte del prójimo, sin embargo, es más que evidente que las criticas a estos
sistemas económicos y políticos han sido varias, pero principalmente pasan
por la vulneración sistemática de los derechos humanos con la finalidad de
10Pagina 1: Una buena sociedad, pienso que es aquella donde todos los ciudadanos como individuos y/o grupos
colectivos racionales, desarrollan una infinidad de concepciones del bien, no necesariamente religiosas, y en base a
estos conceptos estructuran sus planes de vida, algún grado de tolerancia es necesario que exista entre ellos, pero no
creo que el Estado deba considerar a cualquiera de estos, mejor que los demás.
68
imponer concepciones del bien y planes de vida socialistas o eliminar las
fuentes reaccionarias, entendidas éstas últimas como las ideas contestatarias al
socialismo. En un sistema de esa magnitud, es imposible que no se comprometa
la neutralidad de un Estado, es más, ésta es entendida como un valor contra
revolucionario.
En respuesta a las ideologías del socialismo real, tanto en Europa como en
Latinoamérica, surgieron respuestas que tenían la intencionalidad de modificar
algunas de las situaciones que eran consideradas injustas. En 1938 en Bolivia se
realizaron modificaciones a la Constitución, la cual contenía un apartado relativo
al régimen económico, que claramente establecía lo siguiente: “el régimen
económico debe responder esencialmente a principios de justicia social tendiente
a asegurar para todos los habitantes una existencia digna del ser humano.” A
esta corriente se la denominó “Constitucionalismo Social”, que se caracterizaba
por defender un tipo de derechos que antes no se habían considerado como tales,
los “derechos sociales”, entre los que se encontraban, el derecho al trabajo, a
una justa remuneración, a la seguridad social, etc. Además del reconocimiento
formal de éstos derechos, las reformas constitucionales de la segunda mitad del
siglo XX también le dieron a la propiedad un sentido diferente al que tuvo con
anterioridad en el Constitucionalismo Liberal, es decir, la función social que la
misma debía cumplir.
La Constitución actual ha seguido esta corriente, reconociendo entre otras, a la
iniciativa privada y a la organización económica derivada de la misma, entendida
esta última, como aquella que se basa en la propiedad individual o en la asociación
de los medios de producción con el objeto de producir bienes y/o ofrecer servicios
para beneficio propio, para lo cual normalmente se contratan los servicios de
terceros, quienes venden su fuerza de trabajo a cambio de un salario. Esta relación
obrero - patronal, hoy en día surge de un contrato de trabajo laboral, donde no se
aplican las reglas del derecho civil, como sucedía antes del Constitucionalismo
Social, sino que es el Estado, quien protege su ejercicio en todas sus formas (Arts.
46, 49, 50) constituyéndose de esta forma en un intermediario que proporciona
equilibrio a las desigualdades que implica una injusta distribución de recursos,
específicamente se ocupa de garantizar una justa retribución o salario y asegurar
los medios de subsistencia de la clase trabajadora e impedir su explotación por
parte del capital, personificado en el empresario privado.
En cuanto a la acumulación del capital y las desigualdades producto de una injusta
distribución de la riqueza, la Constitución sostiene la necesidad de redistribuir el
producto social (PREAMBULO, Art. 8), entendido este último concepto, como la
riqueza y el bienestar económico generado por el trabajo y la inversión del capital.
La forma como realiza el Estado esta operación, no es por supuesto al estilo de héroes
como Robin Hood o el Zorro, sino que usando precisamente a los antihéroes de esas
fábulas (los recaudadores de impuestos), determina imposiciones tributarias, de
69
manera proporcional al ingreso y la riqueza de cada ciudadano, para posteriormente
utilizar estos recursos en políticas públicas, en educación, salud, etc. Pienso que esta
es la única forma de redistribución posible, pero obviamente existen otras opiniones,
como la de Farrell, quien sostiene que en una “sociedad relativamente justa” y
neutral, un Estado no puede disponer el producto social recaudado
para ser redistribuido en opciones y oportunidades que considere mejores o más
validas que otras, por lo que debería entregar los recursos en dinero a los propios
ciudadanos, para que sean éstos los que decidan como convertirlos en planes de
vida autónomos (FARRELL, 2008: 53-54).
Las críticas que se manifiestan respecto a la intervención del Estado en las
relaciones obrero - patronales y en la redistribución de los excedentes económicos
en políticas sociales, no son reclamos recientes, sino que se remontan a los
inicios del Constitucionalismo Social y del Estado Bienestar. Es natural que
algunos ciudadanos privilegiados se sientan incómodos con políticas públicas
que tiendan a modificar el status quo del que se benefician, pero creo que apelar
a la neutralidad del Estado para este objetivo, no sólo es ilógico, sino también
descabellado.
Autores que defienden el libertarismo11 como Robert Nozick (FARRELL, 1997:
p. 18-19) conciben a la neutralidad como neutralidad negativa. El Estado por
lo tanto aceptaría la distribución actual de la propiedad y respetaría el status
quo, por lo que se constituiría en un Estado neutral por omisión. La razón que
sustenta esta posición, es la confianza ciega que tienen en el mercado, para que
este satisfaga los planes de vida de sus ciudadanos y la total desconfianza en el
Estado como fuente de opresión, por lo que los libertarios promueven la libertad
negativa de sus ciudadanos e indican que una intervención estatal perjudica los
planes de vida de algunos individuos para mejorar los planes de vida de otros.
Gargarella a diferencia de Nozick (BORON, p. 37), entiende que el mercado se
establece en un marco de fuertes desigualdades económicas y de oportunidades
que inclina el campo de juego de modo decisivo, a favor de ciertos jugadores
en contra de otros. Es decir, que lo hace a favor de aquellos ciudadanos que
nacen con ciertos privilegios y no así para otros menos afortunados. Por lo que
considera la abstinencia estatal, una toma de partido a favor de los planes de
vida de la clase privilegiada en detrimento de aquellos que no tienen la misma
suerte. Asimismo, señala que tampoco puede existir neutralidad, si existen
instrumentos que consagran fuertes protecciones a los contratos y a la propiedad
y, que favorecen las relaciones entre obreros y patronos, a favor de estos últimos
(GARGARELLA COURTIS, p. 37).
11 El liberalismo se divide en varias ramas y variantes que se mezclan unas con otras, sin embargo, las corrientes más
conocidas serian a mi parecer la libertaria o el liberalismo conservador por un lado que se sustenta en una defensa
sin cuartel de los derechos civiles negativos, y la liberal o el liberalismo igualitario que acepta políticas positivas del
Estado para disminuir las desigualdades.
70
Rawls, entiende que estas desigualdades que se producen en la sociedad afectan
a los hombres en sus oportunidades iniciales en la vida y sin embargo, no pueden
ser justificados apelando a nociones de mérito o demérito, lo que no considera
justo, por lo que promueve un principio de distribución igualitaria de ciertos
bienes primarios para igualar las oportunidades desde un inicio (RAWLS, 2002:
p. 21, 69, 148), por supuesto no al estilo de Martín Diego Farrell. Este autor
desarrollo una teoría de la “justicia como imparcialidad”, la cual pienso que tiene
el objetivo de demostrar de una vez por todas, que la razón por la que algunos
defienden la neutralidad como status quo está relacionado a la posición que
ocupan en una sociedad, pues serían muy diferentes sus reclamos si estuvieran
en las filas de los más desafortunados.
Para Martín Diego Farrell, el Estado neutral que prescribe una neutralidad
positiva, entiende que el mercado no es un instrumento neutral, pues toma en
cuenta las preferencias de aquellos individuos que tienen suficientes recursos
como para convertirlos en demanda, por lo que no puede aceptar que éste sea un
instrumento apto para satisfacer los planes de vida de los ciudadanos, sino que
debe asegurarse previamente de que todos los ciudadanos puedan convertir sus
preferencias en demanda por contar con los recursos suficientes, es en ese sentido
no acepta como intocable las distribución actual de recursos (FARRELL, 1997: p.
18-19). Volviendo al ejemplo de la persona discapacitada que citamos
anteriormente (cuando explicamos los distintos tipos de neutralidad) y otros que
podamos imaginarnos, no es un secreto que en una sociedad existan diferencias
que puedan considerarse inmorales y que no son producto en su mayoría de
decisiones que haya tomado el individuo, sino de circunstancias a las que se
ve sujeto, por razones físicas o simplemente porque no nació con los recursos
suficientes para desarrollar planes de vida que considere suyos y para los cuales
esté capacitado.
La actual Constitución boliviana se caracteriza por otorgar un espacio razonable
de libertad a sus ciudadanos en todo ámbito, incluso respecto a la propiedad
privada (Arts. 56-57), siendo este el territorio mental donde juega la neutralidad
y donde sus límites se definen, siempre y cuando no sea perjudicial para el
interés colectivo. El legislador Constituyente ha tratado en lo posible de proteger
la iniciativa privada (Art. 311), pero esto no implica que esta pueda someter los
intereses de los trabajadores a su designios, mientras el Estado mire indiferente
como se frustran los planes de vida de estos últimos. La intervención de la
sociedad política y jurídicamente organizada es de vital importancia para asegurar
mayores posibilidades a los menos favorecidos. Asimismo, la redistribución del
capital debe proporcionar a los sectores con menos oportunidades efectivas
opciones de llevar a cabo sus planes de vida, mediante la inyección de recursos
necesarios para concretar políticas públicas que promuevan la igualdad desde un
inicio (Art. 316).
71
En ese sentido, desde la perspectiva libertaria, es evidente que el Estado boliviano
está comprometiendo su neutralidad negativa mediante este tipo de políticas
públicas, en cambio para una doctrina más igualitaria basada en la justicia como
imparcialidad, es necesaria cierta intervención, por lo que no se comprometería
su neutralidad (como neutralidad positiva) si se igualan las oportunidades
desde el punto de partida de los planes de vida. Pienso que la segunda opción
se ajusta más a una concepción racional de justicia y a los fines de un verdadero
Estado, mientras que la otra, pues da lo mismo si existe o no un Estado.
NEUTRALIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y MULTICULTURALIDAD
La Multiculturalidad y el pluralismo cultural han sido objeto de muchas obras
académicas de la ciencia social, pero ninguna más conocida que la del canadiense
Will Kymlicka, “Ciudadanía Multicultural”, en la que este autor desarrolla una
teoría liberal sobre los derechos de las minorías, como derechos diferenciados
y que comprende básicamente los derechos especiales de representación, los
derechos de autogobierno y los derechos multiculturales.
Mediante estos derechos, Kymlicka pretende dar una respuesta a la problemática
del pluriculturalismo y contestar a las críticas del Comunitarismo a la doctrina
liberal, especialmente la de Charles Taylor12, ideas que sin duda han inspirado
al legislador constituyente, tal como señala Rocío Estremadoiro (Estremadoiro,
p. 23) y, que fueron incorporados en su totalidad en la actual Constitución.
Estos derechos diferenciados implican el reconocimiento de una ciudadanía
distinta, algo que supuestamente no se encontraría dentro de la agenda de la
neutralidad, porque implicaría de alguna forma que el Estado favorezca los
planes de unos ciudadanos por tener ciertas características culturales sobre otros
que no las tienen. Esto no es cierto como vimos en el anterior apartado, el Estado
puede actuar e intervenir en algunos casos por razones de justicia, en este caso
para permitir la reproducción de manifestaciones políticas e ideológicas de una
cultura en particular, que de no concretarse la intervención, corre el riesgo de
extinguirse.
Entonces, cuando la Constitución reconoce todos los derechos diferenciados de los
pueblos indígena originarios y la ciudadanía diferenciada que esto implica (Arts.
30 – 32), no está comprometiendo su neutralidad, entendida como neutralidad
positiva. Sin embargo, el problema no es tan sencillo, las reivindicaciones
que estos grupos reclaman están relacionados también a las demandas de no
12 La neutralidad es una prescripción que ha sido sustentada principalmente por la doctrina liberal que se basa
en la autodeterminación de las personas, un rasgo con características eminentemente individuales, como Rawls
sostiene, el “yo es anterior a sus fines” (RAWLS, 1971: p. 560), con lo que quiere resaltar, que ante cualquier proyecto
o relación, el individuo se aferra siempre a su derecho a la autodeterminación. En cambio para Taylor. Piensa que
esa visión del yo, es atomista o descontextualizada, que se niega la importancia de la comunidad en la formación
de los planes de vida (TAYLOR: 1985). No es cierto que el liberalismo niegue el “yo social”, sino que los planes de
vida pueden ser comprendidos como subplanes de uno más abarcativo que regula la comunidad (RAWLS, 1971: p.
563-564).
72
interferencia del Estado en algunos aspectos y su intervención en otros. Así
podemos hablar de demandas de protección de la reproducción cultural frente a
influencias desestabilizadoras endógenas y la protección de influencias externas
con el mismo objetivo.
En ese sentido, lo que las comunidades pueden abogar, es favorecer el plan
de vida colectivo frente a las influencias de concepciones del bien exógenos y
también endógenas o que surjan de disidencias del propio grupo. El primer caso
goza de cierto respaldo y, pienso que es en este espacio donde puede intervenir
el Estado sin comprometer su neutralidad, siempre y cuando la amenaza sea
desproporcionalmente mayor en relación a los propios mecanismos que tenga
la comunidad para contrarrestar su influencia. En cambio en el segundo caso,
pienso que no existe justificación para obligar a los individuos a reproducir una
cierta concepción del bien o asumir un plan de vida que no es de su agrado.
Entiendo que Constitución, al reconocer ciertas protecciones a las costumbres y
usos de los pueblos indígena originarios, no busca reproducir sus costumbres
a costa de las disidencias que pudieran surgir en el mismo grupo, es más,
en el plano educativo, donde necesariamente se forman una gran variedad
de concepciones del bien y se estructuran planes de vida, especialmente de
naturaleza contestataria, el Estado sin embargo, aboga por la interculturalidad
e intraculturalidad (Art. 300), es decir, el relacionamiento armónico de las
concepciones del bien culturales y los planes de vida estructurados en ese marco,
lo que permite que las personas y ciudadanos que pertenezcan a un colectivo
en particular, se les proporcione un menú más grande de posibilidades, con
las cuales puedan replantear sus ideas y modificar sus costumbres. Pienso que
de esta forma, la Constitución no compromete su neutralidad, sino por el
contrario, al intervenir en base a un criterio especifico, nuevamente la justicia
como imparcialidad, no está haciendo otra cosa que garantizar que un número
más considerable de planes de vida tengan oportunidades de desarrollarse y
alcanzar sus metas.
CONCLUSION
Esta revisión de la Constitución boliviana bajo la lupa de la neutralidad se ha
limitado a las aproximaciones de algunos temas específicos que considero, son
importantes contextualmente hablando, debido a los cambios que todos los
bolivianos hemos atestiguado durante estos dos últimos años en la institución
de la estructura social más importante que rige la normativa boliviana y, puede
ser que debido a ello surjan diversas opiniones contrarias o complementarias
al respecto, no es de menos, debido a que la Asamblea Constituyente estuvo
conformada por diversos grupos representativos de las organizaciones sociales
que detentaban ciertas demandas que pudieron introducirlas en el texto final
para aprobación del soberano, es posible que de una lectura y estudio más
73
prolijo, se puedan evidenciar parcializaciones en cuanto a determinados planes
de vida en detrimento de otros, pero a pesar de ello, la intención y la motivación
del legislador constituyente, creo que no fue excluyente, pues es manifiesta la
finalidad de constituir una sociedad plural.
Finalmente, no creo que exista una respuesta abarcadora que satisfaga la pregunta
más controversial que este análisis deja en suspenso, ¿es nuestra Constitución
neutral?, por lo que a mí respecta, ninguna constitución lo es en un sentido puro,
ni lo será en muchos aspectos. La neutralidad pienso yo, como principio que
rige una sociedad verdaderamente justa y tolerante, no es una característica que
se haya manifestado ampliamente en la normativa de este país, incluso existen
ciertos temores en cuanto a considerarla objetivamente por las raíces liberales
que la caracterizan, pero a pesar de todo, creo que hoy en día tenemos un texto
en el cual podemos trabajar sobre estos temas, para construir en lo futuro una
sociedad donde nadie se sienta excluido y en la cual, no sólo podamos desarrollar
nuestros planes y proyectos de vida como individuos y/o grupos colectivos, si
no que nuestro trabajo también pueda contribuir a mejorar la vida de nuestro
prójimo.
74
BIBLIOGRAFÍA
Libros
ALVARADO, Alcides.
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Departamento de Gaceta y Publicaciones de la Corte Suprema de Justicia,
Sucre Bolivia, Editorial Judicial, 1994. ACKERMAN, Bruce.
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Lima – Perú, Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas (CAOI)
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75
REVISTAS Y PUBLICACIONES
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• Departamento de Derecho Constitucional e Historia de la Teoría Política del
País Vasco, Universidad del País Vasco. (Julio a diciembre de 2001)
• GARGARELLA, ROBERTO, COURTIS CHRISTIAN. “El Nuevo
Constitucionalismo Latinoamericano: Promesas e Interrogantes” CEPAL –
Serie Políticas Sociales Nº 153. Publicación de las Naciones Unidas (noviembre
de 2009).
• ESTREMADOIRO, ROCÍO, “Las Naciones y Pueblos Indígena Originario
Campesinos en la Nueva Constitución: Imaginarios y Praxis en Torno al
Debate entre el Multiculturalismo y la Interculturalidad”. Primer Concurso
de Ensayo Político. Fundación Boliviana para la Democracia Multipartidaria
(2010).
• TAYLOR, CHARLES; “Atomism”, Philosophical Papers, Vol. 2, State
Cambridge, Harvard University Press (1985)
76
MENCIONES DE HONOR
SEGUNDO CONCURSO DE
ENSAYO POLÍTICO
ESPECIFICIDADES INSTITUCIONALES
DEL ESTADO AUTONÓMICO
EN BOLIVIA
Diego Andrés Chávez Rodríguez1
INTRODUCCIÓN
El Estado boliviano está atravesando por una de sus mayores transformaciones
en cuanto a la estructura y organización territorial del Estado boliviano, lo que
trae consigo varias modificaciones en las atribuciones y responsabilidades de
los diversos niveles territoriales y las formas de gobierno, tanto aquellos que ya
existían como entidades con una incompleta descentralización –es el ejemplo de
los departamentos y municipios– así como aquellos que son nuevos –como las
autonomías indígena originario campesinas y las autonomías regionales.
La complejidad de los cambios en la malla territorial del Estado se encuentra, sin
duda, en la implementación misma del régimen autonómico, pues deberemos
entender al mismo como un sistema destinado a una reforma en la forma de
provisión y prestación de bienes y servicios públicos a la población, lo que
implica también un cambio en la manera de diseñar y gestionar las políticas
públicas, donde el nivel central juega un papel importante en la definición
de horizontes de desarrollo para el país en su conjunto, pero donde las ahora
entidades territoriales autónomas (ETA’s), debido a su mayor proximidad a la
gente, sean quienes definan la forma en la que gestionan sus territorios.
En este documento se intenta desarrollar una aproximación descriptivo-analítica
del régimen autonómico en Bolivia en base a las especificidades institucionales
que ha tomado el mismo a partir de las disposiciones constitucionales y,
principalmente, aquellas provenientes de la Ley Marco de Autonomías y
Descentralización (LMAD) –de aquí en adelante Ley Marco. Por esta razón,
el documento cuenta con cuatro secciones centrales, en la primera de ellas se
presenta la caracterización de la reformada estructura territorial estatal en base a
lo dispuesto por el texto constitucional al respecto, tratando de delimitar para ello
los ejes estructurales del régimen autonómico para así dar paso a un desarrollo a
mayor profundidad de éstos en los apartados siguientes.
La segunda sección está destinada a la descripción y análisis del complejo régimen
competencial del Estado autonómico precisando la tipología competencial, los
conceptos ligados a su implementación práctica, así como un análisis inicial del
desarrollo de los catálogos competenciales en la Ley Marco. En el tercer apartado
discutimos el régimen económico-financiero propuesto por la ley señalada,
1 Ganador de la primera Mención de Honor del Segundo Concurso de Ensayo Político.
79
prestando especial atención a los principios que deberán regir su funcionamiento,
los recursos que tienen cada una de las entidades territoriales autónomas para el
financiamiento de sus competencias, la caracterización del Fondo creado por la Ley
Marco y, finalmente, algunas apreciaciones preliminares en torno al pacto fiscal.
Para terminar el tronco central del documento se desarrolla el denominado
régimen de coordinación intergubernamental del Estado autonómico, el mismo
que se centrará en la caracterización de estas instancias de coordinación, así como
una reflexión sobre su pertinencia y factibilidad. El documento cierra con la parte
de conclusiones que tiene su propio título pues en ella se intenta, por un lado,
resumir todo el desarrollo descriptivo realizado y, por otro lado, plantear los que
pueden ser considerados como los principales desafíos de la implementación del
régimen autonómico boliviano.
El proceso que está encarando Bolivia es uno de los más complejos en la región
y, por tanto, la descripción y análisis de sus especificidades y particularidades
resulta de importancia en un contexto regional en el que la temática de la
descentralización ocupa un lugar especial. En este marco, el documento
presentado espera convertirse en una herramienta que permita el debate y la
reflexión en torno a la complejidad que implica la transformación estructural de
un Estado, más aún, en uno en el que los cambios requieren de una ingeniería
territorial de alta precisión.
CARACTERIZACIÓN CONSTITUCIONAL DE
TERRITORIAL DEL RÉGIMEN AUTONÓMICO
LA
ESTRUCTURA
Es la Tercera Parte de la Constitución Política del Estado (CPE), promulgada a
inicios de 2009, la que delinea de forma general los elementos constitutivos del
Estado descentralizado y con autonomías que se pretende implementar en Bolivia.
Las disposiciones constitucionales al respecto señalan, en primer lugar, que la
organización territorial del Estado está compuesta por departamentos, provincias,
municipios y territorios indígena originario campesinos2 (CPE, art. 269/I). En
segundo lugar, la Constitución caracteriza los diferentes tipos de autonomía
que existirán, a saber: la autonomía departamental, la autonomía municipal, la
autonomía indígena originario campesina y la autonomía regional3; las mismas
que, exceptuando la última, no estarán subordinadas entre ellas y tendrán un
igual rango constitucional.
2 La organización territorial dispuesta constitucionalmente recupera varias de las unidades territoriales existentes
hasta el momento, con la diferencia proveniente de la eliminación de los denominados cantones y la transformación
de las tierras comunitarias de origen (TCO) en territorios indígena originario campesinos (TIOC).
3 A pesar de la existencia de una denominada autonomía regional, es importante precisar que ésta, a diferencia de los
demás tipos de autonomía, no posee la facultad legislativa y, como lo veremos más adelante, tampoco cuenta con un
catálogo competencial específico pues las competencias que posea provendrán del catálogo competencial exclusivo
de la autonomía departamental o de otras ETA’s que lo compongan, hechos que determinan de forma clara su menor
rango.
80
Un tercer elemento central de la delimitación del régimen autonómico en la
Constitución es la distribución de competencias realizada a través de nueve
catálogos competenciales para los diferentes niveles territoriales, los mismos
que están divididos de la siguiente manera: 1) competencias privativas del
nivel central; 2) competencias exclusivas del nivel central; 3) competencias
compartidas entre el nivel central y las entidades territoriales autónomas; 4)
competencias concurrentes entre el nivel central y las entidades territoriales
autónomas; 5) competencias exclusivas de los gobiernos departamentales
autónomos; 6) competencias exclusivas de los gobiernos municipales autónomos;
7) competencias exclusivas de las autonomías indígena originario campesinas; 8)
competencias compartidas de las autonomías indígena originario campesinas y;
9) competencias concurrentes de las autonomías indígena originario campesinas.
Por lo tanto, debido a la composición de la estructura territorial dispuesta
constitucionalmente, es posible afirmar, como cuarto punto central, que Bolivia
hoy cuenta con cuatro niveles territoriales y cinco formas de gobiernos autónomos.
Los niveles territoriales –teniendo en cuenta que éstos se identifican, según Franz
Barrios, a partir de que poseen ‘cualidad gubernativa’ (Barrios, 2008: 44) – son
el central, el departamental, el municipal y el indígena originario campesino.
A su vez, se tienen cinco formas de gobierno que son: el gobierno central, el
gobierno departamental, el gobierno municipal, el gobierno indígena originario
y el gobierno regional, este último a pesar de no contar con una autonomía plena
debido a la ausencia de facultad legislativa, sí cuenta con órganos de gobierno
que conforman la institucionalidad de la jurisdicción regional, por lo tanto, es
posible afirmar que sí se constituye en un gobierno, pero no en un nivel territorial.
Finalmente, es importante mencionar que como mandato constitucional, tenía
que ser la Ley Marco la que debía regular lo siguiente:
1) El procedimiento para la elaboración de Estatutos Autonómicos y Cartas
Orgánicas.
2) La transferencia y delegación competencial.
3) El régimen económico financiero.
4) La coordinación entre el nivel central y las entidades territoriales
descentralizadas y autónomas.
Son estos mandatos otorgados a la Ley Marco los que se pasan a describir
y analizar brevemente en las secciones siguientes –en especial los tres
últimos–, por supuesto, sin intentar agotar las temáticas analizadas pues
si bien ya existe una estructura autonómica formalmente establecida,
es el ejercicio de la misma lo que nos permitirá en los años siguientes
realizar una evaluación sobre los alcances, las consecuencias y desafíos
por lo que atraviesa el Estado autonómico boliviano.
81
PRECISIONES DE LA LEY MARCO Y EL COMPLEJO RÉGIMEN
COMPETENCIAL
Para iniciar el análisis del marco competencial en la Bolivia autonómica, conviene
partir de las precisiones realizadas tanto en la Constitución como en la Ley Marco,
por ello, empezamos por la definición misma de autonomía que adoptan ambas
disposiciones legales que, a la letra señalan que la autonomía…
[…] implica la elección directa de sus autoridades por las ciudadanas
y los ciudadanos, la administración de sus recursos económicos, y
el ejercicio de las facultades legislativa, reglamentaria, fiscalizadora
y ejecutiva, por sus órganos del gobierno autónomo en el ámbito de
su jurisdicción y competencias y atribuciones (CPE, art. 272).
Es la cualidad gubernativa que adquiere una entidad territorial de acuerdo
a las condiciones y procedimientos establecidos en la Constitución
Política del Estado y la presente Ley, que implica la igualdad jerárquica
o de rango constitucional entre entidades territoriales autónomas, la
elección directa de sus autoridades por las ciudadanas y los ciudadanos,
la administración de sus recursos económicos y el ejercicio de facultades
legislativa, reglamentaria, fiscalizadora y ejecutiva, por sus órganos del
gobierno autónomo, en el ámbito de su jurisdicción territorial y de las
competencias y atribuciones establecidas por la Constitución Política
del Estado y la ley. La autonomía regional no goza de facultad legislativa
(LMAD, art. 6/II/3).
Como se puede percibir en las definiciones presentadas la autonomía en Bolivia
tiene cuatro elementos principales:
1) Igualdad jerárquica o de rango constitucional entre entidades territoriales
autónomas.
2) Elección directa de las autoridades de las entidades territoriales
autónomas.
3) Administración propia de los recursos económicos de las entidades
territoriales autónomas.
4) Ejercicio de las facultades legislativa, reglamentaria, fiscalizadora y
ejecutiva a cargo de los órganos de los gobiernos autónomos.
Después de conceptualizada la autonomía, es preciso establecer que la
Constitución, en los catálogos competenciales a los que se hizo referencia más
adelante, distribuyó de forma explícita un total de 199 competencias que están
divididas en cuatro tipos de competencias (Cfr. CPE, art. 197). A continuación
se detalla aquello que puede denominarse como la tipología competencial
establecida constitucionalmente y que es recuperada por la Ley Marco:
82
ESQUEMA 1: TIPOLOGÍA COMPETENCIAL
Fuente: Elaboración propia en base a las disposiciones de la Constitución Política del Estado.
En este punto, conviene resaltar que en el caso de las competencias concurrentes,
como pudimos advertir en el Esquema 1, son las entidades territoriales
autónomas las que de manera simultánea ejercen las potestades reglamentaria y
ejecutiva; sin embargo, la Ley Marco parece haber obviado esta definición y, en
su articulado, plantea otra en la que la competencia concurrente permite al nivel
central del Estado no sólo legislar –que estaba definido en la Constitución–, sino
que también le da la posibilidad de ejercer las facultades reglamentaria y ejecutiva
junto a las ETA’s, contraviniendo por lo tanto lo dispuesto constitucionalmente.
A raíz de este cambio en la definición de la naturaleza misma de la competencia
concurrente, surge este interrogante: ¿qué significa, según lo dispuesto por la Ley
Marco, que todos los niveles puedan reglamentar y ejecutar las competencias
concurrentes de manera simultánea y, si la Constitución señalaba que el nivel
central sólo podía legislar en este tipo de competencias, que implica que sume
las otras dos potestades, será que el nivel central podrá en algunos casos llevar
adelante el ejercicio completo de las competencias enlistadas como concurrentes?
Parece no existir otra alternativa –más allá de la posibilidad de elaborar otra
ley que delimite bien esta contradicción– para el interrogante planteado que
su resolución a medida que se vaya llevando a la práctica las disposiciones
constitucionales y de la Ley Marco en materia autonómica.
Después de la consideración señalada y antes de iniciar con la descripción y
análisis de la distribución competencial propiamente dicha, resulta importante
realizar algunas aclaraciones conceptuales con el fin de evitar confusiones en
83
el transcurso de la explicación de los alcances de dichas competencias de los
diferentes niveles territoriales.
En primer lugar es necesario explicitar que, como se había mencionado antes,
el texto constitucional distribuye 199 competencias en catálogos competenciales
diferenciados, cada uno de ellos pertenecientes a un tipo de autonomía
en particular; sin embargo, si realizamos una revisión de esta asignación
competencial, es posible advertir –al igual q otros autores– que la lista contenida en
cada una de ellas corresponde más a materias competenciales que a competencias
propiamente dichas, es decir, lo establecido constitucionalmente hace referencia
a un conjunto de atribuciones o responsabilidades que corresponden a un
sector específico, por ejemplo, seguridad ciudadana o telecomunicaciones. Por
lo tanto, es necesario diferenciar las materias competenciales de lo que son las
competencias, pues según lo que se desprende del texto constitucional y la Ley
Marco, estas últimas están definidas como aquellos rasgos característicos de la
tipología competencial que describimos anteriormente, es decir, las competencias
sólo pueden ser privativas, exclusivas, concurrentes y compartidas, en cambio,
las materias competenciales pueden ser entendidas como todos aquellos campos
de acción que serán ejercidos tanto por el nivel central del Estado como por las
entidades territoriales autónomas.
En este marco, podemos advertir que las competencias tienen dos dimensiones
que son fundamentales para diferenciar unas de otras; por un lado, se encuentra
la ‘dimensión territorial’ que establece a cuáles y cuántos determinados niveles
territoriales corresponderá la competencia y, por otro lado, se encuentra la
‘dimensión facultativa’ que se refiere a la distribución de facultades (legislativa,
reglamentaria y ejecutiva) a cada nivel territorial conforme a las características
de cada competencia.
Por su parte, en el caso de las materias competenciales, es importante establecer
que éstas no poseen una univocidad, es decir, las materias enlistadas en la
Constitución no hacen referencia a una sola cosa, esto es posible constatarlo si
analizamos los diferentes catálogos competenciales, por lo tanto, siguiendo a
Carlos Böhrt (2010), cuando hablamos de materia competencial debemos tomar
en cuenta que estamos refiriéndonos, por lo menos, a cuatro elementos distintos:
1) áreas o sectores de política pública (educación); 2) gestión de recursos concretos
(hidrocarburos); 3) instrumentos técnicos de gestión pública (planificación) y; 4)
actividades emanadas del ejercicio del poder público de los gobiernos, sean éstos
autónomos o no (seguridad ciudadana).
No obstante, más allá de tal diferenciación, como bien señala Carlos Böhrt,
existe “una relación directa entre unas y otras: lo que la Constitución en realidad
manda es que las materias enumeradas en los catálogos sean gestionadas bajo
determinado tipo de competencia” (2010: 18).
84
Una segunda explicación necesaria en torno al régimen competencial radica en
la diferencia existente entre lo que se denomina como una unidad territorial
y aquello que es definido como una entidad territorial, al respecto debemos
señalar que la primera hace referencia a los espacios geográficos que configuran
a la organización territorial del Estado a los que nos referimos anteriormente
(CPE, art. 269/I); por el contrario, la entidad territorial corresponde, según la Ley
Marco, a la “institucionalidad que administra y gobierna en la jurisdicción de una
unidad territorial, de acuerdo a las facultades y competencias que le confieren la
Constitución Política del Estado y la ley” (LMAD, art. 6/II/1).
Por lo tanto, de lo que estamos hablando es la necesidad de especificar que la
unidad territorial corresponde al espacio en el que se asientan las entidades
territoriales, entendidas éstas como la configuración de todo el aparato
institucional que constituye a los órganos propios para la administración y
ejercicio de la autonomía de los niveles de gobierno, pues es precisamente la
entidad territorial el lugar donde recae la cualidad autonómica, y no así en la
unidad territorial.
En tercer lugar, es importante mencionar aquellos elementos caracterizadores
del régimen competencial dispuesto en la Ley Marco, pues son éstos los que
nos ayudarán, por un lado, a establecer los ejes sobre los que se asienta la
implementación del régimen autonómico en su dimensión competencial y, por
otro lado, a despejar una serie de dudas subyacentes en torno a algunos vacíos
que todavía ha dejado la distribución de competencias por nivel territorial que
describiremos más adelante. A continuación se enlistan y describen los elementos
competenciales mencionados:
a. Obligatoriedad de la asunción competencial: todas las competencias
exclusivas asignadas por la Constitución a las entidades territoriales
autónomas, así como las facultades reglamentaria y ejecutiva transferidas
o delegadas por ley de la Asamblea Legislativa Plurinacional deberán ser
asumidas obligatoriamente (LMAD, art. 64/I).
b. Responsabilidad del ejercicio competencial: las competencias asumidas por
las entidades territoriales autónomas son ejercidas bajo la responsabilidad
directa de sus autoridades, las mismas que están sujetas a sistemas de gestión
pública, control gubernamental y control jurisdiccional (Ibíd., art. 64/III).
c. Asignación competencial secundaria: para el ejercicio de las facultades
reglamentaria y ejecutiva de las competencias concurrentes, que corresponden
a las entidades territoriales autónomas, la ley de la Asamblea Legislativa
Plurinacional (ALP) distribuirá las responsabilidades de cada nivel, tomando
en cuenta la naturaleza, las características y la escala de intervención de cada
una de las competencias (Ibíd., art. 65).
85
d. Ejercicio competencial compartido: mediante legislaciones básicas, la
Asamblea Legislativa Plurinacional determinará los principios, la regulación
general de la materia y la división de responsabilidades entre el nivel central
del Estado y las entidades territoriales autónomas, así como cuál de estas
últimas tiene la facultad de realizar la legislación de desarrollo respecto de
cada competencia compartida asignada en la Constitución (Ibíd., art. 66/I).
e. Gradualidad en el ejercicio competencial: será el Servicio Estatal de
Autonomías (SEA) será el encargado de apoyar el ejercicio gradual de
las nuevas competencias de las entidades territoriales autónomas, en
coordinación con éstas y las instancias del nivel central del Estado que
correspondan (Ibíd., art. 67/I).
f. Compatibilización legislativa: en caso de presentarse situaciones de
disparidad entre las disposiciones normativas de las entidades territoriales
autónomas que afecten derechos constitucionales o el interés general del
Estado, mediante una ley la ALP tiene la facultad de establecer los principios
que sean necesarios para realizar la compatibilización normativa (Ibíd., art.
68).
g. Conflictos competenciales: en caso de presentarse conflictos en la asignación,
transferencia, delegación o ejercicio de competencias entre el nivel central
del Estado y las entidades territoriales autónomas o entre estas últimas, se
dispone como vía conciliatoria de resolución al SEA mediante un convenio
de conciliación que deberá ser refrendado por los órganos deliberativos de
los niveles de gobierno en conflicto; sin embargo, en caso de no lograrse
un acuerdo mediante esta vía, la instancia final de resolución de conflictos
competenciales es el Tribunal Constitucional Plurinacional (Ibíd., art. 69/III).
h. Transferencia y delegación competencial: cualquiera de estas acciones –
transferencia o delegación– no implica la pérdida de titularidad de la facultad
legislativa para la entidad territorial que transfiere o delega la competencia
(Ibíd., art. 70/I); a su vez, la diferencia entre ambas es: la transferencia
total o parcial de una competencia implica también la transferencia de
la responsabilidad a la entidad territorial receptora y, por el hecho de ser
transferencia, ésta es definitiva, por tanto, no puede ser transferida o
delegada a una tercera entidad territorial; por su parte, la delegación total o
parcial de una competencia no implica la pérdida de titularidad del gobierno
delegante, a su vez, esta delegación es revocable conforme a los términos
establecidos en el convenio de delegación competencial y, al igual que la
transferencia, la delegación no puede ser ni transferida ni delegada a una
tercera entidad territorial; finalmente, se establece que la delegación de una
competencia que estaba siendo ejercida efectivamente incluirá recursos,
86
infraestructura, equipamiento e instrumentos técnicos y metodológicos, así
como la capacitación de personal y transmisión de conocimiento que forman
parte de su ejercicio (Ibíd., art. 76/I-II).
Tanto la transferencia como la delegación competencial desde el nivel central
del Estado a las entidades territoriales autónomas contará con la participación
necesaria del SEA para la cooperación técnica en estos procesos (Ibíd., art. 77).
i. Reserva de ley: todo mandato a ley del texto constitucional que no establezca
la entidad territorial con facultad de legislar, implica el ejercicio exclusivo
nacional (Ibíd., art. 71).
j. Cláusula residual: las competencias que no hayan sido incluidas en el texto
constitucional conforme a la tipología competencial en los correspondientes
catálogos, serán atribuidas al nivel central del Estado y será éste quien asigne
mediante ley las facultades de las entidades territoriales autónomas (Ibíd.,
art. 72).
k. Concurrencia competencial entre entidades territoriales autónomas:
cuando las entidades territoriales autónomas realicen el ejercicio concurrente
de algunas de sus competencias exclusivas con otras entidades territoriales
que se encuentren en su jurisdicción, se mantendrán las potestades legislativa,
reglamentaria y ejecutiva de las mismas, estableciendo, por tanto, las áreas
y alcance de la participación de cada una de ellas en su reglamentación y
ejecución (Ibíd., art. 73).
l. Competencias de las autonomías regionales: este tipo de autonomías
tendrán competencias una vez que la Asamblea Departamental apruebe por
2/3 de votos del total de sus miembros, en un plazo de 120 días, el traspaso
competencial correspondiente (Ibíd., art. 74/1).
m. Garantía estatal de la prestación de servicios públicos: los servicios públicos
que dejen de ser provistos por una entidad territorial autónoma podrán ser
atendidos por los gobiernos que se encuentren en la jurisdicción de ésta;
por esta razón, a solicitud de la sociedad civil organizada o el Ministerio de
Autonomía, la ALP aprobará una ley que autorice el ejercicio transitorio de la
competencia y, a su vez, fije los plazos para su ejercicio y las condiciones de
restitución de la competencia al gobierno autónomo que estaba impedido de
ejercerla, previo informe técnico del SEA (Ibíd., art. 78).
n. Competencia no previstas constitucionalmente: aquellas competencias que
no estaban previstas en la asignación competencial secundaria establecida por
la Ley Marco, deberán ser reguladas por una ley sectorial que sea aprobada
por el nivel al que corresponden dichas competencias (Ibíd., art. 79).
87
Después de realizado este recorrido descriptivo por aquellos elementos centrales
del régimen competencial que nos ayudan a comprender de mejor manera la
asignación competencial primaria y secundaria dispuesta en la Constitución y
en la Ley Marco respectivamente, pasamos a dar cuenta de la distribución de
competencias para cada nivel territorial. Iniciamos esto con un cuadro que ilustra
la distribución competencial global realizada en el texto constitucional.
TABLA 1: DISTRIBUCIÓN DE COMPETENCIAS
Fuente: GTZ-PADEP, 2010: 22.
La Tabla 1 grafica no sólo la complejidad de la distribución competencial para el
régimen autonómico boliviano, sino que también muestra que la mayor cantidad
de las competencias distribuidas pertenecen al nivel central del Estado, seguida de
las autonomías indígena originario campesinas, las autonomías municipales y las
autonomías departamentales, respectivamente; sin embargo, lo importante de la
asignación competencial primaria vía constitucional no es el análisis cuantitativo
de la misma, sino más bien, el análisis cualitativo de dicha distribución, pues
como se mencionó antes, el texto constitucional enlista, en algunas ocasiones,
materias competenciales muy generales como seguridad ciudadana o servicio
meteorológico y, en otros casos, competencias bastante específicas como
elaboración de planes de ordenamiento territorial y uso de suelos.
Ante la ambigüedad presentada en esta distribución competencial, es la Ley Marco
la que intenta delimitar el alcance de dichas competencias, para ello, desglosa un
listado competencial tomando en cuenta sectores específicos de política pública
en los cuales cada nivel territorial tiene determinadas competencias; sin embargo,
todavía existe, por un lado, sectores que no fueron re-distribuidos y, por otro
lado, imprecisiones en esta delimitación competencial.
Como mencionamos, intentando evitar las ambigüedades, duplicidades y
solapamientos, la Ley Marco dispone una desagregación de competencias más
88
profunda a la realizada en el texto constitucional, la misma que se divide por
sectores, cuatro de los cuales permanecen sin una asignación competencial
específica y, por lo tanto, se encuentran a la espera de una ley sectorial que
defina las responsabilidades de cada nivel territorial4; el cuadro que se presenta
a continuación sintetiza aquellos sectores desarrollados por la Ley Marco, los
que no fueron desarrollados y algunos sectores ‘nuevos’ que aparecen en esta
legislación:
TABLA 2: SECTORES Y COMPETENCIAS DESARROLLADAS Y NO
DESARROLLADAS
Fuente: Elaboración propia en base a las disposiciones de la Ley Marco.
La Tabla 2 refleja que son trece los sectores cuyas competencias fueron
desarrolladas para determinar las responsabilidades y potestades que tendrá
cada nivel territorial, son cuatro los sectores que aún permanecen sin una
distribución más específica que la realizada por el texto constitucional –a
excepción del sector de educación que, como señalamos, ya cuenta con su ley
sectorial– y, finalmente, existen dos nuevos sectores que son incorporados por
la Ley Marco para la determinación de las competencias que serán ejercidas por
cada gobierno autónomo.
Sin embargo, como ya habíamos adelantado en el análisis de la asignación
competencial de la Constitución, lo importante no es el número de los sectores
desarrollados o el número de competencias asignadas a cada nivel territorial,
sino más bien el alcance de las mismas, es decir, el valor que cada una de ellas
tiene para la gestión pública territorial autónoma.
4 Es importante señalar que en el caso del sector “Educación”, la ley sectorial en la que, entre otras cosas, debía
disponer la asignación de competencias para cada nivel territorial en esta materia, ya fue promulgada y cuya
delimitación competencial será analizada más adelante.
89
En este marco, este desarrollo competencial sectorial tiene el mérito de haber
clarificado y precisado algunas competencias que estaban ambiguas en el texto
constitucional, hecho que junto a una buena gestión territorial, podría conducir a
una mejora en la provisión y prestación de bienes y servicios públicos a la población.
Como ejemplo de una mejora en la asignación competencial se encuentra el sector
Turismo donde, conforme a lo dispuesto en la Constitución, todos los niveles
tienen la competencia exclusiva para la elaboración de políticas de turismo,
diferenciándose únicamente por la escala geográfica de las mismas5. Lo que hizo la
Ley Marco al respecto es delimitar las competencias de cada una de las entidades
territoriales autónomas en esta materia, es decir, clarificar los campos de acción
de cada una de ellas, generando de esta manera una organización del sector, en
la que cada una de estas entidades tiene un rol específico, ya sea elaborando
sistemas de gestión del turismo (nivel central), controlar el funcionamiento de
los servicios turísticos (nivel departamental), invertir en infraestructura para el
apoyo turístico (nivel municipal) o, supervisar y fiscalizar la operación de los
medios de transporte turístico (nivel indígena originario campesino).
No obstante, así como existen elementos positivos en la asignación competencial
dispuesta en la Ley Marco, también es posible advertir que existen vacíos
que deberán ser llenados conforme se avance en la implementación del
régimen autonómico. Al respecto, la Ley Marco ni siquiera mencionó algunas
competencias, por ejemplo, el caso de la competencia concurrente ‘sistema de
control gubernamental’ (CPE, art. 299/II/14), entonces el interrogante que surge
es: ¿cómo reglamentan y ejecutan las entidades territoriales autónomas una
política del sistema de control gubernamental cuya legislación está a cargo del
nivel central pero que la Ley Marco ha obviado?
Más allá de estos vacíos que, como mencionamos, podrán ser resueltos en la
medida que se ponga en práctica el Estado autonómico, existe otro elemento de
análisis que dejó abierto la Ley Marco en materia competencial; como pudimos
ver en la Tabla 2, existen algunos sectores de política pública que no fueron
desarrollados en la distribución competencial de dicha ley y que, por tanto,
requieren de una ley sectorial para clarificar las competencias de cada una de las
entidades territoriales autónomas, la misma que sin duda alguna será elaborada
por el Ministerio cabeza de sector; este hecho pone en debate la voluntad
autonómica de los Ministerios dependientes del nivel central del Estado, como
es de esperarse, son pocos o casi ninguno que tiene la voluntad de descentralizar
sus funciones y transferir competencias a las entidades territoriales autónomas.
El caso más emblemático para sustentar la afirmación realizada se encuentra en
las disposiciones contenidas en la denominada Ley de Educación “Avelino Siñani
5 Para una revisión de esta afirmación, ver los artículos: 298/II/38; 300/I/20; 302/I/17; 304/I/11 de la Constitución
Política del Estado.
90
– Elizardo Perez” (Ley N°70) que es precisamente una de las leyes sectoriales que
debía asignar competencias a un sector que no había sido desarrollado por la
Ley Marco. La importancia de la ley mencionada es que demuestra la naturaleza
centralista tanto de los Ministerios como de las organizaciones sindicales
integradas a un sector específico, pues además de desarrollar la política del
sistema de educación, lo que está bien pues es competencia exclusiva del nivel
central del Estado, también desarrolla la competencia concurrente sobre la gestión
del sistema de educación y distribuye las funciones de cada una de las entidades
territoriales autónomas en este sector.
Lo lamentable de esta distribución competencial en base a una ley sectorial es que
en el afán de mantener las competencias más importantes para el nivel central, los
niveles territoriales subnacionales terminan con competencias similares –por no
decir iguales–, pues tanto el nivel departamental como el municipal y el indígena
originario campesino son responsables de dotar, financiar y garantizar los
servicios básicos, infraestructura, mobiliario, material educativo y equipamiento
tanto a Institutos Técnicos y Tecnológicos, como a Unidades Educativas; además
de ello, ambos niveles territoriales están encargados del apoyo a programas
educativos (Ley de Educación, art. 80/1, 2 y 3). Esto demuestra que al parecer
no existe interés de profundizar la autonomía en las leyes sectoriales6, lo que
hace prever que puede suceder lo mismo con otras leyes que deberán asignar
competencias a los distintos niveles territoriales.
Sin duda, lo presentado en esta sección refleja la complejidad del régimen
competencial del Estado autonómico boliviano; sin embargo, lejos de agotar los
elementos de análisis y debate en torno al mismo, lo que se ha buscado es, por
un lado, describir las disposiciones de la Ley Marco y, por otro lado, analizar
algunos puntos que consideramos centrales a la hora de la implementación del
régimen autonómico.
EL APARENTE ESTÁTICO RÉGIMEN ECONÓMICO-FINANCIERO
Como se mencionó, la Ley Marco no sólo tenía como mandato constitucional
la precisión en cuanto al régimen competencial, sino también el desarrollo de
las especificidades del régimen económico financiero del Estado autonómico,
el mismo que puede ser entendido como una especie de complemento del
entramado competencial descrito y analizado en la sección anterior, pues como
sabemos no existen responsabilidades –léase competencias– que no puedan ser
llevadas a cabo si no cuentan con el respectivo financiamiento para su desarrollo.
6 Si bien es posible afirmar que las organizaciones sindicales en determinados sectores tienen alto potencial de
influencia para la elaboración e implementación de las leyes sectoriales, ello no es justificativo para la existencia de
una incipiente vocación autonómica en un Estado que tiene como una de sus características centrales precisamente
a la autonomía.
91
En este sentido, en esta sección se presta especial atención a tres elementos
centrales de este régimen –lo que no significa que éste no contemple mayores
elementos merecedores de análisis–, a saber: sus principios, los recursos de las
entidades territoriales autónomas y el Fondo de Desarrollo Productivo Solidario.
Elementos estos que permitirán, posteriormente, emitir algunas opiniones
iniciales sobre la necesidad y potencial factibilidad de un pacto fiscal en Bolivia.
En primer lugar, es importante señalar el objeto del régimen económico-financiero
en el esquema autonómico del Estado, para ello, la Ley Marco dispone que
este régimen “regula la asignación de recursos hacia las entidades territoriales
autónomas y las facultades para su administración [con el objetivo de ejercer
y cumplir las competencias que tienen]” (LMAD, art. 101/II); por lo tanto, esto
significa que las entidades territoriales autónomas van a financiarán sus propias
competencias con los recursos que se consignen en sus presupuestos.
Bajo este marco definitorio de lo que se espera del régimen económico financiero
desarrollado en la Ley Marco, es preciso establecer los lineamientos para la
administración de los recursos de las entidades territoriales autónomas, los
mismos que según las disposiciones emanadas de la señalada ley son los
siguientes:
ESQUEMA 2: LINEAMIENTOS PARA LA ADMINISTRACIÓN DE
RECURSOS DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES AUTÓNOMAS
92
Este primer acercamiento al régimen económico-financiero delimitado en la Ley
Marco muestra un aspecto positivo que es la inclusión expresa de principios
básicos para la configuración de un régimen económico-financiero sólido –por
llamarlo de alguna manera. El principio de ‘sostenibilidad financiera’ resulta
imprescindible al momento de la implementación del régimen autonómico
pues, acompañado de una buena gestión pública territorial, permitirá una
planificación acorde a los recursos disponibles en las entidades territoriales
autónomas, evitando de esta manera generar potenciales déficits subnacionales
debido a la utilización constante de deuda pública para el financiamiento de sus
competencias7.
Por su parte, la idea de contar con ‘autonomía económica financiera’ es vital
para las entidades territoriales autónomas, ya que ello permitirá que las mismas
sean capaces de destinar sus recursos a aquellos sectores donde consideran
más importante y necesario en sus respectivos territorios; sin embargo, en este
punto es importante resaltar que la autonomía financiera no implica solamente
una descentralización del gasto, sino también una descentralización del ingreso,
pues no se puede seguir pensando que sólo se es autónomo para decidir sobre
el uso de los recursos sino que también se debe ser autónomo para decidir como
incrementar los recursos propios sin depender enteramente de las transferencias
fiscales provenientes del nivel central del Estado.
La ‘equidad con solidaridad’ resulta un principio de innegable importancia
en todo escenario descentralizado, porque mediante él se busca el cuidado
de los equilibrios fiscales, ya sean éstos de naturaleza macroeconómica,
intergubernamental o interterritorial. En este punto, hay que resaltar la necesidad
de contar con este principio para la fiscalidad boliviana pues la misma cuenta
con altos índices de desequilibrio fiscal horizontal porque debido a razones de
densidad poblacional o posición geográfica, entre otras, existen brechas muy
profundas en la asignación de recursos a determinados sectores realizada por las
Veamos lo afirmado con un ejemplo señalado en el libro titulado La construcción
del Estado autonómico. Elementos para el debate y la concertación (GTZ, 2010) centrado
en el gasto per cápita que fue ejecutado por las ex–prefecturas y municipalidades
para las funciones de salud, educación, urbanismo y vivienda:
7 La importancia de una buena gestión del gasto público está siendo debatido hoy en día en España.
93
GRÁFICO 1: GASTO PER CÁPITA EN FUNCIONES SOCIALES (2007)
(EN DÓLARES)
Fuente: GTZ, 2010: 110.
Los datos son claros, en el caso de las ex–prefecturas pongamos un ejemplo para
la función de educación, mientras en Potosí se asigna U$S.69,9 per cápita, en
Pando sólo se cuenta con U$S.32,5, es decir, en el primer departamento se asigna
más del doble de recursos para la educación a comparación de la prefectura
pandina. En el caso de las municipalidades pasa exactamente lo mismo, sigamos
con el ejemplo de la función de educación, los municipios de Pando en promedio
asignan U$S.143,1 para educación, a diferencia del promedio de la asignación de
recursos realizada por los municipios de Santa Cruz para la misma función que
asciende a U$S.13,8 per cápita. A pesar de que pueden existir otros factores para
las diferencias existentes entre territorios, los datos se traducen en una notable
brecha en la asignación de recursos entre los mismos y demuestra el desequilibrio
fiscal horizontal al que se hizo referencia.
Los principios de ‘coordinación y lealtad institucional’ y de ‘recursos suficientes’,
sin duda alguna, son de utilidad para la configuración del régimen económicofinanciero, sin embargo, es posible considerarlos como complementarios a los
tres principios desarrollados párrafos anteriores; sin que ello signifique, por
supuesto, quitarle el mérito a la Ley Marco en este punto al haber incorporado de
forma expresa estos principios de notable relevancia.
Un segundo elemento importante de este régimen hace referencia a los recursos
con los que cuentan las entidades territoriales autónomas para la provisión y
prestación de bienes y servicios públicos a la población, por ello, la Ley Marco
establece la siguiente taxonomía de recursos:
-
-
-
94
Ingresos tributarios.
Ingresos no tributarios.
Transferencias.
-
-
-
Donaciones (recursos financieros y no financieros para planes, programas
y proyectos).
Créditos8.
Otros beneficios no monetarios.
En vista de esta clasificación de recursos a los que podrán acceder las entidades
territoriales autónomas para el ejercicio de sus competencias, resulta todavía más
esclarecedor para un posterior análisis una descripción de los recursos de cada
una de estas entidades, los mismos que pasan a ser detallados a continuación:
a. Recursos de las entidades territoriales departamentales:
1) Regalías departamentales.
2) Impuestos (conforme a la ley básica de regulación para la creación de
impuestos y, ley de clasificación de impuestos).
3) Tasas y contribuciones especiales.
4) Patentes departamentales por explotación de recursos naturales
(conforme a la ley del nivel central).
5) Ingresos de la venta de bienes, servicios y enajenación de activos.
6) Legados, donaciones y otros ingresos similares.
7) Créditos y empréstitos internos y externos (contraídos conforme a
legislación del nivel central).
8) Transferencias por la participación de la recaudación en efectivo del
Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) y el Impuestos Especial
a los Hidrocarburos y sus Derivados (IEHD).
9) Transferencias que provienen de la delegación y/o transferencia de
competencias.
b. Recursos de las entidades territoriales municipales:
1) Impuestos (conforme a la ley básica de regulación para la creación de
impuestos y, ley de clasificación de impuestos).
2) Tasas, patentes a la actividad económica y contribuciones especiales.
6) Transferencias por coparticipación tributaria de las recaudaciones en
efectivo de los impuestos nacionales.
8 La Ley Marco señala que para contratar endeudamiento público interno y externo, las entidades territoriales au-
tónomas deberán: i) justificar técnicamente las condiciones más ventajosas del crédito en términos de tasas, plazos
y montos; ii) demostrar la capacidad de generación de ingresos para cubrir el capital y los intereses y; iii) para todo
ello, deberán registrar el inicio de sus operaciones a la instancia establecida del Órgano Ejecutivo. En este marco, se
dispone que la contratación de deuda pública externa deberá ser autorizada por la Asamblea Legislativa Plurinacional, así como la deuda pública interna debe estar autorizada por la instancia establecida por el Órgano Ejecutivo;
sin embargo, la Ley Marco aclara que dicha autorización no implica la garantía del nivel central para el repago de la
deuda. Finalmente, se establece que la temática del crédito estará especificada en la denominada Ley de Endeudamiento que deberá ser elaborada y aprobada por el Órgano Legislativo del nivel central (Cfr. LMAD, art. 108(VII-XIII)).
95
7) Transferencias por participaciones en la recaudación en efectivo del
Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH).
competencias.
9) Participación en la regalía minera departamental para municipios
productores.
c. Recursos de las entidades territoriales indígena originario campesinas:
1) Impuestos asignados a su administración.
2) Tasas, patentes y contribuciones especiales.
6) Transferencias de regalías departamentales por explotación
de recursos naturales (conforme a ley del gobierno autónomo
departamental).
competencias.
8) Transferencias de coparticipación tributaria e Impuesto Directo a los
Hidrocarburos (conforme a factores de distribución dispuestos en la
legislación).
d. Recursos de las entidades territoriales autónomas regionales:
1) Tasas y contribuciones especiales (conforme ley del nivel central).
2) Ingresos de la venta de bienes y servicios (conforme a las competencias
transferidas o delegadas).
4) Transferencias de regalías departamentales por explotación de
recursos naturales (conforme normativa vigente y ley del gobierno
autónomo departamental).
5) Ingresos transferidos por entidades territoriales autónomas que
componen la región autónoma.
competencias.
Un análisis de los recursos dispuestos para cada una de las ETA’s muestra, en
primer lugar, una ampliación del dominio tributario de las mismas, lo que se
constituye en un elemento positivo pues un escenario autonómico implica la
generación de ingresos propios capaces de financiar las competencias de dichas
entidades; esto es más importante aún cuando la realidad boliviana demuestra
la alta dependencia que tienen los niveles territoriales subnacionales de las
transferencias fiscales provenientes del nivel central del Estado; en el caso de
las ex–prefecturas aproximadamente entre el 80% y 85% de sus ingresos, en
96
promedio, son prevenientes de transferencias desde el nivel central por concepto
de regalías e impuestos sobre los hidrocarburos, lo mismo sucede en el caso de
las municipalidades que en promedio, el 75% de sus ingresos dependen de las
transferencias por concepto de coparticipación tributaria e Impuesto Directo a
los Hidrocarburos (IDH), entre otras; a continuación se presenta un gráfico que
intenta demostrar la afirmación:
GRÁFICO 2: FUENTES DE FINANCIAMIENTO
DEL GASTO SUBNACIONAL
(PROMEDIO 2005-2007)
Fuente: GTZ, 2010: 111.
Los datos del Gráfico 2 reflejan la magnitud significativa que tienen las
transferencias desde el nivel central del Estado para los ingresos de las entidades
territoriales autónomas; sin embargo, en este punto es importante advertir que
estas transferencias son, a la vez, altamente dependientes de ingresos de naturaleza
inestable y volátil como son los provenientes de la actividad hidrocarburífera; por
lo tanto, es aquí donde adquiere mayor relevancia la ampliación de los dominios
tributarios de las entidades territoriales autónomas, para evitar un decrecimiento
en la sostenibilidad del financiamiento de sus competencias que ahora son más y
de mayor complejidad.
Otro elemento de análisis generado a partir de la clasificación de los recursos para
las entidades territoriales autónomas es la gran cantidad de materias fiscales que
quedaron a la espera de la elaboración de una ley proveniente de la Asamblea
Legislativa Plurinacional; presentamos a continuación un listado de aquellas
leyes que desarrollarán la implementación del régimen económico-financiero
delineado por la Ley Marco, leyes que sin embargo ya se encontraban como un
mandato en el texto constitucional:
•
•
Ley de Ingresos nacionales, departamentales y municipales: sin fecha
(CPE Art.340).
Ley de Endeudamiento: sin fecha (Art. 104/7 – Disposición Transitoria
Quinta).
97
•
•
•
•
Ley de Distribución y Financiamiento de Inversión Pública, Gasto
Corriente y Funcionamiento de las ETA: sin fecha (Art. 114 / VII).
Ley del Fondo de Desarrollo Productivo y Social: sin fecha (Art. 117).
Ley de Responsabilidad Fiscal: no hay fecha (Disposición Transitoria Sexta).
Ley de Gastos de Funcionamiento: no hay fecha (Disposición Transitoria
Novena).
Además de la clasificación de recursos para cada una de las entidades territoriales
autónomas, la Ley Marco, al parecer, busca establecer un régimen fiscal financiero
más equitativo, por ello establece la necesidad de tomar en cuenta el principio
de “distribución equitativa territorial” el mismo que hace referencia a que la
distribución de recursos provenientes de la explotación de recursos naturales
deberá considerar las necesidades diferenciadas de la población con el fin de
reducir las desigualdades de acceso a los recursos productivos y desigualdades
regionales, evitando la desigualdad, la exclusión social y económica, y en busca
de erradicar la pobreza (Cfr. LMAD, art. 111).
Complementando al principio señalado, la Ley Marco dispone la creación de
un Fondo de Desarrollo Productivo Solidario (FDPS) que tiene por objeto la
promoción del desarrollo productivo a través del financiamiento de proyectos
estratégicos, contribuyendo a una distribución más equitativa de los beneficios
de la explotación de recursos naturales de todo el territorio (Cfr. Ibíd., art. 117).
Este Fondo se implementará a través de una ley específica de la Asamblea
Legislativa Plurinacional y los recursos provendrán de recaudaciones adicionales
a las presupuestadas del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) en el
Presupuesto General del Estado, generadas cuando los precios de exportación de
gas natural para los contratos vigentes superen los parámetros establecidos en su
ley específica (Cfr. Ibíd., art. 118).
Para la implementación de este Fondo, la Ley Marco estableció tres mecanismos
o componentes, los cuales buscan:
ESQUEMA 3: MECANISMOS DEL FONDO DE DESARROLLO
PRODUCTIVO SOLIDARIO
98
La incorporación del FDPS a la estructura del régimen económico-financiero es
un buen avance como mecanismo de estabilización para la financiamiento de
las funciones que cumple el Estado en su conjunto y las entidades territoriales
autónomas como parte de él, pues sus mecanismos de implementación reflejan el
interés por contar, por un lado, con un régimen fiscal más equitativo basado en la
solidaridad entre territorios y, por otro lado, con una fiscalidad autonómica más
estable y promotora del desarrollo productivo.
La incertidumbre que nace en torno a este Fondo, sin embargo, es la factibilidad
de trasladarlo de lo formal a lo real, debido por un lado, a la naturaleza de
los recursos que lo financian ya que, como mencionamos antes, son de alta
inestabilidad y dependencia de los precios a nivel internacional y, por otro
lado, puesto que la redacción propuesta por la Ley Marco no es clara pues no
menciona cuál es el porcentaje de los recursos adicionales a los presupuestados
el que financiará dicho Fondo, ¿será el 100% de los recursos adicionales o la ley
del FDPS determinará un porcentaje menor?
Con todo lo descrito y analizado, es posible percibir que los avances en la
estructura fiscal no fueron muy fuertes, lo que construye un sistema que al parecer
continúa descentralizado en el gasto pero todavía centralizado en los ingresos;
aunque no fueron descritos en este documento, existen aspectos administrativos
y presupuestarios muy bien delimitados y precisados, pero todavía muy
subordinados a las acciones y determinaciones provenientes del nivel central
del Estado; aunque existe el interés de ampliar los dominios tributarios de las
entidades territoriales autónomas, todavía es posible percibir una mirada muy
estrecha al respecto9.
Como una reflexión para la mejora del régimen económico-financiero es
importante destacar la necesidad de incorporar –la Ley Marco no lo hizo–
criterios de eficiencia para la asignación de recursos a los niveles territoriales
subnacionales, pues:
9 Un ejemplo que demuestra que todavía persiste una mirada centralizadora del ingreso se encuentra en la denominada
Ley de Juegos de Lotería y de Azar (Ley N°60).
99
Actualmente se transfieren recursos a las entidades territoriales
autónomas, independientemente de la calidad de la gestión
que realizan, de la cobertura de sus servicios públicos, de su
forma de administración del gasto corriente, de su capacidad de
ejecución, o de la conflictividad o gobernabilidad que mantiene
cada una de [ellas]. Sin duda, en el presente, el modelo fiscal de
la descentralización premia por igual tanto a las buenas gestiones
territoriales como a las malas (GTZ, 2010: 136).
Ante ese hecho, es posible sugerir la necesidad de tomar en cuenta criterios tales
como el cumplimiento de metas de desarrollo, esfuerzo fiscal relativo, desempeño
institucional y fusiones territoriales (Cfr. Ibíd.), entre otros, como criterios que
premien a la buena gestión territorial con una asignación extra de recursos y, por
tanto, generen una mejora en la provisión y prestación de bienes y servicios públicos.
Finalmente, a raíz de la disposición de la Ley Marco que establece que el Servicio
Estatal de Autonomías junto al Ministerio de Autonomía y el Ministerio de
Economía y Finanzas Públicas deberán elaborar una propuesta técnica de diálogo
para un pacto fiscal y presentarla al Consejo Nacional de Autonomías en un plazo
no mayor a seis meses después de la publicación de los resultados oficiales del
Censo Nacional de Población y Vivienda10, se ha instalado en Bolivia un debate
en torno a esta temática.
Este debate sin duda alguna es muy rico, tanto desde la perspectiva teórica como
la empírica, la primera de ellas nos lleva a investigar sobre lo que significa un pacto
fiscal, por supuesto, su definición depende enteramente de los contextos políticos,
económicos y sociales que constituyen el entorno de cada sociedad, por lo tanto,
en algunos casos implicará una reforma fiscal total o, en otros, sólo significará
un acuerdo o arreglo sobre una sola fuente de financiamiento del Estado; desde
la otra perspectiva resulta interesante el análisis de los desequilibrios fiscales
contenidos en todo sistema de financiamiento y el desarrollo de opciones para
su modificación. Sin embargo, es posible sostener que el éxito de todo pacto
fiscal dependerá de la voluntad política de los actores y jugadores con veto que
intervienen en él, al respecto, Rafael López acertadamente señala que “el debate
para el financiamiento de las autonomías no es más que una simbiótica relación
entre el tecnicismo de la descentralización y el campo político que, como filtro
previo a lo técnico o bandera a cuadros posteriores a modelos de laboratorio,
impulsa el reparto del dinero público” (2010: 89).
Por tanto, sin olvidar el trasfondo político de este proceso, un pacto fiscal, como
toda reforma de gran envergadura, sólo será posible si ponemos en la mesa de
debate la totalidad de recursos que percibe el Estado y no así sólo los residuos de
lo que todavía no está claramente distribuido.
10 Censo programado para este año 2011 pero de incierta realización.
100
LA INSTITUCIONALIDAD DE LA COORDINACIÓN
INTERGUBERNAMENTAL11
La Ley Marco, además de la especificación de los regímenes competencial y
económico financiero, cuenta con otra parte importante para el Estado autonómico
pues hace al sistema en su conjunto, es aquella dedicada a la incorporación de
mecanismos de coordinación que regirán las relaciones generadas entre las
diversas formas de gobierno12.
Todo ello debido a que lo que podríamos denominar como una estructura de
gobierno multinivel en Bolivia advierte la existencia de múltiples desafíos al
momento de su implementación, pues no estamos hablando de una configuración
de sólo dos niveles territoriales con amplios poderes –como puede ser la estructura
territorial de muchos Estados federales–, sino por el contrario, nos encontramos
ante un panorama en el que se van configurando diez ejes potenciales de
coordinación intergubernamental, los mismos que son señalados a continuación:
ESQUEMA 3: LOS DIEZ (10) EJES POTENCIALES DE COORDINACIÓN
INTERGUBERNAMENTAL
IOC = Indígena Originario Campesino
Fuente: Elaboración propia.
La construcción de este gobierno multinivel requiere desarrollar nuevas formas
de gobierno, alejadas de la lógica jerárquica propia de una sistema de gobierno
burocratizado, por lo tanto, es posible que la forma diferente de gobernar el
territorio tenga en cuenta la necesidad del diálogo, la concertación, la cooperación
y la coordinación como elementos centrales de los procesos de elaboración de
políticas públicas, tomando como ejes las especificidades propias de los diversos
niveles territoriales subnacionales.
11Esta sección está basada en Chávez (2010); documento de donde se extraen algunas de las líneas analísticas
presentadas aquí, pero donde se encontrará una descripción ampliada y un análisis comparativo a nivel internacional
con foros intergubernamentales de características similares.
12 Nótese que la CPE no señaló mecanismos concretos de coordinación intergubernamental y dejó ese mandato a la
Ley Marco que, como veremos a continuación, establece una serie de instituciones destinadas a este proceso de interrelacionamiento gubernativo.
101
Por lo tanto, la construcción paulatina y lenta de este gobierno multinivel muestra
claramente la importancia de encarar un proceso de configuración institucional
de alta precisión, pues una multiplicación de los espacios institucionales de
coordinación intergubernamental implica la proliferación de los espacios para la
gestión pública territorial que precisamente, debido a la cercanía a la población,
conozca más y mejor las demandas emanadas de ella.
En este marco, un régimen autonómico tan complejo como el boliviano requiere
la implementación de una serie de espacios de coordinación intergubernamental,
algo que ante la ausencia de su definición en el texto constitucional, puede ser
considerado como un punto a favor en la Ley Marco porque la misma ha delineado
varios mecanismos e instituciones concretas destinadas a dicha coordinación, las
mismas que pasamos a describir a continuación:
ESQUEMA 4: MECANISMOS DE COORDINACIÓN
INTERGUBERNAMENTAL EN LA LEY MARCO
Fuente: Chávez, 2010: 230.
Como refleja el Esquema 4, para la coordinación entre el nivel central y las
entidades territoriales autónomas, o entre estas últimas, la Ley Marco ha propuesto
siete mecanismos e instrumentos que pasaremos a describirlos conforme a las
particularidades que adquiere cada uno de ellos en las disposiciones de dicha ley.
102
A. El Consejo Nacional de Autonomías (CNA)
El CNA es un mecanismo de coordinación política (LMAD, art. 121/1) que se
constituye en instancia consultiva y de permanente coordinación, consulta,
deliberación, proposición y concertación entre el gobierno plurinacional y las
entidades territoriales autónomas (Ibíd., art. 122).
Este Consejo estará compuesto por 24 miembros, dispuestos de la siguiente
manera (Ibíd., art. 123):
-
-
-
-
-
Nivel central:
o El Presidente del Estado.
o El Ministro de la Presidencia.
o El Ministro de Planificación del Desarrollo.
o El Ministro de Autonomía
Nivel departamental:
o Los/as nueve (9) gobernadores/as de los departamentos.
Nivel municipal:
o Cinco (5) representantes de la Federación de Asociaciones
Municipales (FAM).
Nivel indígena originario campesino:
o Cinco (5) representantes de las autonomías indígena originario
campesinas.
Autonomía Regional:
o Una/un (1) representante de las autonomías regionales.
La Ley Marco dispone que el CNA se reúna ordinariamente dos veces al año
a convocatoria del Presidente y extraordinariamente cuando sea necesario
a petición de un tercio de sus miembros (Ibíd., art. 124/I). Por su parte, el
Ministerio de Autonomía se constituye en la Secretaría Técnica de este Consejo,
lo que implica el apoyo en funciones administrativas, logísticas y técnicas –más
allá de sus atribuciones como instancia propia del Órgano Ejecutivo (Cfr. Ibíd.,
art. 124/III).
Finalmente, se dispone que los acuerdos generados al interior del CNA deben ser
generados en base al consenso y, en los casos que sea necesario, éstos se traducirán
en acuerdos intergubernativos que tendrán un carácter vinculante para aquellas
partes que ratifiquen los mismos en sus respectivos órganos deliberativos (Ibíd.,
art. 124/II).
Es importante resaltar que este tipo de Consejo es muy propio de los Estados
federales –aunque no excluyente para otro tipo de Estados–, ello se debe a que
en ellos es imprescindible delimitar los objetivos y lineamientos de carácter
común, a partir de los que se concentrará el desarrollo del Estado en su conjunto
103
y, posteriormente, en base a ello, cada Estado de la Federación desarrollará una
gestión pública estatal conforme a las características propias de cada jurisdicción
territorial.
Este tipo de Consejo es muy importante para el caso boliviano, pues en su
seno podría diseñarse los ejes centrales sobre los cuales desarrollar el Estado
autonómico como sistema global, teniendo en cuenta que ello no implique una
injerencia de un nivel territorial sobre otro. Por lo tanto, al parecer el desafío
más importante del CNA será la instalación de sus actividades y el desarrollo
coordinado de los horizontes del Estado autonómico, pues debido al alto grado
de politización que adquirió la demanda durante los últimos años, los deseos y
perspectivas sobre el mismo suelen ser dispares y hasta contradictorias entre los
actores.
Otro de los desafíos propios del CNA será la forma en la que se genera la
coordinación misma entre los diversos actores que participan en él, pues además
de las distintas formas que tiene cada uno de ellos de entender la autonomía,
es posible percibir también una vocación autonómica diferenciada, lo cual se
podría constituir en uno de los potenciales obstáculos a hora de la generación
de un espacio de consenso y coordinación sobre la acción autonómica a nivel
estatal general; por lo tanto, es posible afirmar que el éxito o fracaso del CNA
dependerá principalmente de la voluntad política de los actores estratégicos de
la autonomía.
B. El Servicio Estatal de Autonomías (SEA)
La Ley Marco también dispuso la creación de una instancia de naturaleza
técnica para la implementación del régimen autonómico, función encargada
al denominado SEA que será una instancia para la coordinación técnica y el
fortalecimiento de la gestión autonómica (Ibíd., art. 122/2).
Como objeto del SEA, la Ley Marco dispone que es una entidad pública
descentralizada que se encuentra bajo tuición del Ministerio de Autonomía y que
cuenta con autonomía de gestión técnica, administrativa y presupuestaria (Ibíd.,
art. 125). Además de ello, este Servicio es visto como un organismo de consulta,
apoyo y asistencia técnica a las entidades territoriales autónomas y el nivel
central en el proceso de implementación y desarrollo del régimen de autonomías
(Ibíd., art. 126).
La estructura interna diseñada para esta instancia se compone de: una o un
Director Ejecutivo nombrada/o por Resolución Suprema de ternas propuestas por
el CNA, considerando elementos tales como la trayectoria y el profesionalismo.
A su vez, contaría con Direcciones, Jefaturas y Unidades Técnico-Operativas
establecidas mediante Decreto Supremo (Ibíd., art. 127).
104
Una de las críticas que se hacen al SEA es el lugar que ocupa en la estructura
institucional del Estado, es decir, la tuición que ejerce el Ministerio de Autonomía
sobre el mismo, hecho que sin duda genera desconfianza en los sujetos autonómicos
pues vincula su acción con los intereses del nivel central del Estado. Por lo tanto,
esta desconfianza generada por su naturaleza es uno de los elementos que tendrá
que resolver esta instancia si no quiere ser vista como un brazo político aunque
con atribuciones técnicas del Ministerio de Autonomía.
Dadas sus características y funciones, es posible afirmar que la labor de este
Servicio será vital para el proceso de implementación del régimen autonómico,
pues podría constituirse en la institución de coordinación intergubernamental
de mayor dinamismo del proceso. Sin embargo, más allá de su estructura
organizacional y sus particularidades, lo más importante de la misma son las
atribuciones que le fueron otorgadas, las mismas que están divididas en cuatro
ámbitos que son:
a) Competencial
-
Promover la conciliación competencial entre el nivel central y las
entidades territoriales autónomas, además de emitir un informe técnico,
ello como mecanismo previo y voluntario a su resolución en el Tribunal
Constitucional Plurinacional (TCP).
-
Brindar asistencia técnica y establecer criterios técnicos para la
transferencia y delegación de competencias.
-
Emitir informes técnicos para una adecuada asignación competencial
para el caso de aquellas competencias no asignadas en la Constitución.
-
Analizar y evaluar el ejercicio efectivo de las competencias.
Las atribuciones señaladas demuestran la especificidad de la actividad
del SEA como instancia técnica del proceso autonómico. En primer lugar,
un aspecto positivo de la Ley Marco es el acierto de prever un mecanismo
pre-jurisdiccional para la resolución de conflictos competenciales, pese
a que el mismo tenga la posibilidad de dirimir conflictos sólo en sede
administrativa y que, por lo tanto, no posea un carácter vinculante para
las entidades territoriales autónomas. Esto es importante pues, en caso
de no existir esta posibilidad para dirimir conflictos competenciales,
es posible afirmar que en un par de años el Tribunal Constitucional
Plurinacional estaría ahogado, por decirlo de alguna manera, por las
demandas de inconstitucionalidad emitidas tanto desde el nivel central
como desde las entidades territoriales autónomas.
105
Las otras atribuciones que le son otorgadas a este Servicio en esta
dimensión ratifican su especificidad técnica pues parece que será la
institución encargada de velar por el desarrollo e implementación del
régimen competencial del Estado autonómico; ello implica la potencial
necesidad –que deberá ser analizada con el paso del tiempo– de
desconcentrar esta entidad en todos los departamentos del país, pues
si no fuese así, los informes técnicos podrían carecer de una imagen real
de las características del ejercicio competencial en los distintos niveles
territoriales.
b) Económico financiero
-
Proponer mecanismos y fórmulas de distribución de recursos entre
-
Emitir informe técnico sobre iniciativas referidas a mecanismos y criterios
de distribución de recursos que afecten a las entidades territoriales
autónomas.
-
Coadyuvar al cálculo de costos competenciales.
-
Analizar y emitir opinión previa sobre posibles contravenciones al texto
constitucional y leyes en materia financiera.
-
Coadyuvar a la resolución de conflictos que surgen de la interpretación
y aplicación de las normas del régimen económico financiero y, facilitar
la realización de acuerdos gubernativos entre entidades territoriales
autónomas en esta materia.
Una vez más encontramos atribuciones que ratifican la naturaleza
técnica del SEA; sin embargo, a pesar de la necesidad de contar con una
instancia de tal envergadura, el panorama aún es incierto no sobre su
instalación, sino más bien sobre la posibilidad de esta institución para
dar respuesta a las atribuciones que le son conferidas.
Pongamos un ejemplo, la definición de fórmulas de distribución
de recursos y el apoyo al cálculo de los costos competenciales son
atribuciones que demandan mucho tiempo y alto conocimiento técnico,
no sin antes insistir que especialmente estas dos atribuciones estarán
sumergidas en un debate de carácter netamente político, pues los sujetos
autonómicos estatales tienen, ante todo, el interés de mantener los
recursos que hasta ahora poseen y, por lo tanto, una acción técnica que
ponga en tela de juicio la utilización de los mismos se enmarca en el
campo de la discusión política. Esto se complica más si tenemos en cuenta,
106
como veremos más adelante, que la Ley Marco no dispuso la creación
de un mecanismo de coordinación intergubernamental concreto para la
coordinación económico financiera, pues esa podría ser la instancia de
definición política y, por su parte, el SEA constituirse en el instrumento
técnico para materializar estas decisiones.
c) Normativo
-
-
Administrar un registro de normas relacionadas al régimen autonómico
emitidas por el nivel central y las entidades territoriales autónomas.
Realizar informes técnicos para el Ministerio de Autonomía con
recomendaciones de iniciativas de compatibilización legislativa.
Las atribuciones otorgadas en el ámbito normativo parecen ser mucho
más fáciles de llevar adelante pues implica la construcción de una
base documental normativa del proceso autonómico boliviano. Sin
embargo, la función referida a la preparación de informes técnicos con
recomendaciones para la compatibilización legislativa parece exceder
no sólo las posibilidades del SEA, sino también su alcance pues, según
la Ley Marco, esta ‘compatibilización’ es una función de la Asamblea
Legislativa Plurinacional (Ibíd., art. 68).
d) Información
-
Procesar, sistematizar y evaluar periódicamente el desarrollo y evolución
del proceso autonómico y la situación de las entidades territoriales
autónomas, entregando los resultados al CNA.
-
Poner a disposición de la población información relacionada a las entidades
territoriales autónomas, la que deberá ser considerada como oficial.
-
Presentar informes periódicos al CNA y cuando ésta lo requiera.
Las atribuciones en el ámbito de información complementan a las del
ámbito normativo, pues implican una actualización periódica de la
información generada en los procesos de implementación y desarrollo
del Estado autonómico, lo que no significa que sea una tarea fácil, pero
sí más factible.
Por su parte, el 23 de febrero del año en curso se promulgó el Decreto
Supremo Nº802 que, además de modificar la estructura del Ministerio
de Autonomías, creó formalmente el SEA a partir de disposiciones que,
por un lado, especifican las fuentes de financiamiento de esta institución
y, por otro lado, define la estructura organizativa, administrativa y
107
operativa de la misma, a continuación presentamos un esquema que
pretende resumir lo más importante de la norma citada:
ESQUEMA 5: ESTRUCTURA DE NIVELES DE ORGANIZACIÓN
TÉCNICO ADMINISTRATIVO DEL SEA
Fuente: Elaboración propia en base al Decreto Supremo Nº802.
Como pudimos advertir, los desafíos para esta particular instancia de coordinación
son muchos y complejos, más aún cuando una revisión de la literatura en materia
de coordinación intergubernamental muestra la inexistencia a nivel mundial
de una sola institución encargada de tan grande labor como la dispuesta para
este SEA. Un ejemplo al cual recurrir podría haber sido el denominado Consejo
Nacional de Competencias que señala el Código Orgánico de Organización
Territorial y Autonomías del Ecuador, pero su composición, principalmente
política, lo asemeja más al Consejo Nacional de Autonomías boliviano.
Otro elemento a ser tomado en cuenta en vista de la complejidad de las funciones
dispuestas del SEA y su estructura organizativa recién creada, es la necesidad
de contar con personal altamente especializado en materia autonómica tanto
desde el punto de vista de la estructura territorial como de las finanzas públicas
nacionales y subnacionales.
En síntesis, sin duda el SEA es formalmente el mecanismo de coordinación
intergubernamental más importante de la Ley Marco y, por ende, del proceso
autonómico en su conjunto, pues será el encargado de la mayor parte de la
edificación del ejercicio competencial, económico-financiero y normativo en las
ETA’s. Debido a su función como instancia técnica para el fortalecimiento de la
gestión pública territorial y, en muchos casos, a las insuficientes capacidades de los
niveles territoriales para hacerse cargo plenamente de sus atribuciones se requerirá
de esta instancia como fuente de apoyo técnico especializado. Sin embargo, será
importante también la cautela al momento de implementar esta entidad pues con
108
el afán de convertirla en uno de los instrumentos técnicos fundamentales, puede
terminar como una institución que hace todo y nada al mismo tiempo.
C. El Sistema de Planificación Integral del Estado (SPIE)
La Ley Marco ha retomado la idea del texto constitucional de crear un Sistema de
Planificación Integral que, según sus disposiciones, se constituye en un conjunto
de normas, subsistemas, procesos, metodologías, mecanismos y procedimientos
de orden técnico, administrativo y político a través de los cuales las entidades del
sector público recogen propuestas de actores sociales privados y comunitarios
para adoptar decisiones y construir estrategias para alcanzar los objetivos de
desarrollo (Ibíd., art. 130/I).
Este SPIE será aprobado por ley de la Asamblea Legislativa Plurinacional y
obligará la planificación integral, territorial e institucional (Ibíd., art. 130/II). A
la vez, se constituye en el órgano rector de este Sistema el que, en coordinación
con el Ministerio de Autonomía, definirá las normas técnicas de formulación y
gestión de planes territoriales de desarrollo (Ibíd., art. 131/III).
La planificación, es sin duda alguna, uno de los elementos más importantes a
la hora de emprender el ejercicio de una gestión pública descentralizada, sin
embargo es posible afirmar que el Sistema de Planificación generado por la Ley
Marco, recuperando las disposiciones constitucionales al respecto, más que un
mecanismo de coordinación intergubernamental se constituye, al parecer, en un
instrumento normativo y administrativo para generar procesos de desarrollo topdown, es decir, desde el nivel central.
La idea anterior puede ser corroborada en la asignación competencial secundaria
que ofrece la Ley Marco en materia de planificación donde se establece que será
el nivel central el encargado de diseñar e implementar el SPIE mediante una ley
aprobada por la Asamblea Legislativa Plurinacional, incorporando a las ETA’s
(Ibíd., art. 93/I/2). Sin embargo, la idea de “incorporar” no implica necesariamente
la posibilidad que cada uno de los niveles territoriales sea el encargado de elaborar
estrategias de desarrollo conforme a los contextos de su territorio, por lo tanto, este
SPIE parece significar la reproducción del antiguo y actual modelo de planificación
del Estado, donde los ejes estratégicos del desarrollo no nacen de las especificidades
de cada espacio territorial, sino que vienen determinadas por los horizontes, en
muchos casos políticos, de los planes gubernamentales.
D. Los Consejos de Coordinación Sectorial (CCS)
Los Consejos de Coordinación Sectorial serán instancias consultivas, de
proposición y concertación para la coordinación de asuntos sectoriales. Estos
Consejos estarán conformados de la siguiente manera (Ibíd., art. 132):
109
-
-
Nivel central:
o Ministra/o cabeza del sector en la materia.
Entidades territoriales autónomas:
o Autoridad competente.
Como se puede apreciar en la letra de dicha ley, todavía parece no estar
definido el objetivo que persiguen estos Consejos Sectoriales, si bien por lógica
podemos afirmar que los mismos estarán encargados de la implementación de
las disposiciones competenciales en cada uno de los sectores desarrollados en la
norma, al parecer aún no se tiene presente la complejidad de este proceso, pues
ante todo, la consolidación de este tipo de Consejos dependerá de la vocación
autonómica de las/os Ministras/os cabezas de sector, la cual queda en entredicho
pues, como se sabe muy bien desde una vertiente de la teoría política, la pérdida
de poder de uno implica el incremento de poder de otro, riesgos que no todas
las máximas autoridades ejecutivas están dispuestas a correr, lo cual se expresa
explícitamente en la ya citada Ley de Educación donde se demuestra una mirada
bastante centralizada del sector.
Por lo tanto, a pesar de la existencia de la normativa que dispone la constitución
de los Consejos de Coordinación Sectorial, su instalación e implementación
en la práctica todavía es dudosa pues la complejidad aún existente en algunas
materias de los catálogos competenciales, tanto de la CPE como de la Ley Marco,
impiden tener certeza sobre aquellas competencias que deberán ser transferidas
o podrán ser delegadas desde un nivel territorial a otro, además de los conflictos
potenciales a ser generados debido a la sobrecorporativización de los sectores en
Bolivia, lo que refleja que las posibilidades de veto a procesos de concertación
pueden venir de actores distantes del campo político tradicional.
En este marco, se puede concluir que estos Consejos podrían tardar mucho
tiempo en establecerse, exceptuando casos como el del sector salud que fue el más
trabajado por la Ley Marco y, por tanto, requiere del inicio de las negociaciones
y transferencia de capacidades para el ejercicio efectivo de cada una de las
competencias en esta materia, sin que ello signifique un traspaso ausente de
problemas debido a los múltiples intereses que recorren al interior y exterior de
los sectores de política pública.
E. Normas e instrumentos técnicos de para la coordinación financiera
Una de las ausencias más notorias –y que preocupa– de la Ley Marco es la
creación de una instancia concreta para la coordinación fiscal financiera del
régimen autonómico, puesto que dicha ley sólo dispone que sean las normas e
instrumentos técnicos de la autoridad nacional competente (Ibíd., art. 121/5) las
que generen este tipo de coordinación.
110
La pregunta en este marco es: ¿quién debe ser el responsable para el diseño de
un sistema de relaciones fiscales? Sin duda, dadas las particularidades tanto
de la estructura territorial como del régimen fiscal boliviano es necesario el
establecimiento de por lo menos un mecanismo serio de coordinación fiscal en
el que participen los sujetos autonómicos del Estado, todo con el fin de evitar
superposiciones y desconfianza entre ellos.
No contar con una instancia de coordinación de este tipo es preocupante, por un
lado, porque como vimos no existen grandes modificaciones del actual régimen
fiscal y podría ser el espacio para la generación de alternativas de modificación
del mismo y, por otro lado, porque es posible prever que una nueva distribución
de recursos, bajo el rótulo de pacto fiscal, necesita de una instancia de este tipo
no sólo para su desarrollo e implementación, sino también para el seguimiento
y la evaluación de los compromisos generados en su seno. Incluso, una instancia
de estas características podría apoyar la labor del SEA en materia económicofinanciera.
La teoría de los intergovernmental fiscal arrangements permite ejemplificar algunos
mecanismos que, a nivel internacional, son utilizados para la coordinación fiscal
entre distintos niveles territoriales; para ello, retomamos los estudios realizados
por Anwar Shah (2005) en este campo, quien identifica cuatro tipos distintos
sobre los que se asientan las instituciones de coordinación fiscal-financiera a nivel
mundial:
-
La legislación nacional es utilizada por muchos países para la determinación
de las características de los regímenes fiscales específicos, por ejemplo,
Brasil en su Constitución de 1988 especifica los criterios generales para
las transferencias de coparticipación y atribuye al Parlamento nacional
la toma de decisión para la determinación de fórmulas de dichas
transferencias y la posibilidad de vigilar el cumplimiento de las mismas
(Cfr. Shah, 2005: 3).
-
La agencia del gobierno central es uno de los modelos más utilizados a nivel
mundial pues implica que ya sea la o el Presidente del Estado y/o la o
el Ministro de Finanzas de cada país, los responsables de la elaboración
de políticas financieras y la implementación de sus respectivos sistemas
fiscales (Ídem.).
-
Los foros intergubernamentales están diseñados para facilitar las consultas
y otorgar un equilibro de intereses entre diferentes niveles de gobierno;
sin embargo, dada la complejidad estos foros, muchas veces se ha optado
por constituirlos como un paso último para la toma de decisiones en base
a estudios y recomendaciones elevadas desde una agencia independiente
(Ibíd.: 4).
111
-
Las agencias independientes tienen como función principal el asesoramiento
continuo a los cuerpos ejecutivos y legislativos de cada país sobre
alternativas de reforma en materia fiscal; la agencia independiente
pionera en el mundo fue creada en Australia en 1993 bajo el nombre de
Comisión Australiana de Subvenciones, la misma que estuvo encargada
de revisar los reclamos de los Estados australianos respecto de la
asistencia financiera desde la Federación a cada uno de ellos; a partir
de esa experiencia, el modelo fue trasladado a varias partes del mundo
como India, Sudáfrica y Uganda (Ibíd.: 6).
La experiencia internacional demuestra la necesidad de contar con un mecanismo
concreto para la coordinación fiscal, sea cual fuere su tipo, pues caso contrario,
las determinaciones tomadas desde el nivel central pueden generar desconfianza
y desalentar la configuración de un sistema de financiamiento autonómico que
sea compartido por todos los niveles territoriales.
F. Los Acuerdos y Convenios Intergubernativos (ACI)
Más allá de los espacios tangibles de coordinación intergubernamental, la Ley
Marco dispone la existencia de acuerdos y convenios intergubernativos que
podrán ser suscritos entre las entidades territoriales autónomas o, entre éstas y el
nivel central; estos acuerdos serán vinculantes con fuerza de ley una vez que sean
ratificados por los respectivos órganos deliberativos de los niveles territoriales
suscriptores (LMAD, art. 121/6).
A su vez, en el marco de estos acuerdos, la Ley Marco prohíbe la federación
de gobiernos autónomos departamentales que tomen decisiones de manera
colegiada y vinculante para sus gobiernos (Ibíd., art. 133).
Podemos afirmar entonces que estos acuerdos y convenios intergubernativos
se constituyen en los instrumentos que materializan la coordinación entre los
distintos gobiernos autónomos, es decir, son las herramientas para formalizar la
colaboración generada entre éstos.
Por lo tanto, los acuerdos y convenios intergubernativos son productos de las
relaciones intergubernamentales entre los distintos niveles territoriales, es decir,
más que mecanismos de coordinación intergubernamental son el medio de
verificación a partir del cual se puede afirmar que dos o más niveles del Estado
lograron llegar a un acuerdo en determinada materia.
Un elemento importante al respecto es que estos dispositivos operacionales de
la coordinación intergubernamental servirán para el análisis de las frecuencias
y escalas en las que se generan procesos de negociación y complementación
intergubernamentales, por ejemplo, resultará interesante analizar las diferencias
112
y similitudes entre convenios intergubernativos verticales (nivel central –
entidades territoriales autónomas) y los convenios intergubernativos horizontales
(entre entidades territoriales autónomas) que puedan generarse conforme se
implementa el régimen autonómico en Bolivia.
G. Consejo de Coordinación Intergubernativo (CCI)
Este Consejo tiene una implementación especial pues la Ley Marco dispone que
su creación esté sujeta al proceso de transferencia y delegación competencial que
surja desde una autonomía municipal hacia una autonomía indígena originario
campesina que tenga como base un territorio indígena originario campesino
(TIOC). Este hecho se da porque constitucionalmente la AIOC, además de sus
competencias exclusivas, podrá asumir las competencias municipales conforme
a un proceso de desarrollo institucional que puede ser inmediato, gradual o
progresivo; ello implicaría que la misma adquiere la titularidad del ejercicio
competencial y, por ende, los respectivos recursos provenientes de la transferencia
o delegación.
La Ley Marco prevé que en caso de adoptarse un proceso gradual, a solicitud
de la AIOC, se podrá conformar un Consejo de Coordinación Intergubernativo
conformado por el SEA, los gobiernos autónomos municipales de donde se
desprende el TIOC y el gobierno autónomo de este último (Ibíd., art. 134).
El CCI se reunirá dos veces al año de forma regular y desaparecerá una vez que
el gobierno de la AIOC haya asumido la totalidad de competencias municipales
establecidas en su Estatuto (Ídem.).
Parece interesante y útil que la Ley Marco disponga la creación de una institución
especial para la coordinación intergubernamental entre el nivel indígena
originario campesino y el nivel municipal en aquellos casos donde el primero
asuma gradualmente las competencias exclusivas del segundo, sin embargo,
también parece poco factible que procesos de tanta especificidad técnica vayan
a ser desarrollados al interior de estas autonomías porque no cuentan, por
ahora, con los instrumentos y herramientas técnicas para tal efecto. Por lo tanto,
parece que este proceso, en caso de concretarse, será una atribución más para el
SEA, y no así para las autonomías a las que compete el proceso de transferencia
competencial.
H. Consejo Regional Económico y Social (CRES)
El Consejo Regional Económico y Social es la instancia de coordinación de las
entidades territoriales autónomas pertenecientes a una región; por lo tanto,
estará compuesto por representantes de gobiernos autónomos municipales,
autonomías indígena originario campesinas, gobierno autónomo departamental,
113
organizaciones de la sociedad civil y organizaciones económicas productivas
(Ibíd., art. 24).
Bajo este marco, el gobierno departamental asignará una autoridad en la región
así como la institucionalidad desconcentrada necesaria para la planificación y
gestión coordinada del desarrollo con los gobiernos municipales y las autonomías
indígena originario campesinas (Ídem.). En esta lógica no queda claro si la
institucionalidad de la autonomía regional será la otorgada por el gobierno
autónomo departamental o podrá configurarse una institución sobre la base
de los consensos generados entre los distintos gobiernos que componen dicha
autonomía regional, que es la idea que se desprende la lectura de la Ley Marco.
Entre las funciones que se disponen para el CRES se encuentran:
-
Realizar procesos de planificación estratégica participativa.
-
Impulsar, monitorear y evaluar los resultados e impactos del Plan de
Desarrollo Regional.
-
Articular la gestión pública entre gobiernos autónomos.
-
Generar escenarios y mecanismos de articulación con la inversión privada.
Cabe resaltar que la configuración de este tipo de Consejos en Bolivia no es
nueva, un claro ejemplo de ello es la posesión del Consejo Regional Económico
Social Valles Interandinos (CRESVI) el 12 de enero de 2010 –por supuesto no
bajo las disposiciones de la Ley Marco. Por lo tanto, si bien estos Consejos ya
existen para el desarrollo de esfuerzos mancomunados entre municipios, el reto
está en la configuración de Consejos Regionales en los que participen más de un
sujeto autonómico. Además de ello, resulta importante contar con una institución
sólida pues al ser la autonomía regional un espacio de planificación y gestión en
territorios compuestos por múltiples tipos de gobierno, se requiere de un equipo
técnico con amplia experiencia en la elaboración de proyectos destinados al
fomento del desarrollo económico, social y cultural de las regiones, tomando en
cuenta las especificidades y objetivos de cada tipo de gobierno que las conforman.
CONSEJOS METROPOLITANOS (CM)
Un último mecanismo de coordinación creado por la Ley Marco son los
denominados Consejos Metropolitanos que serán los órganos encargados de la
administración metropolitana y, por lo tanto, estará conformado por representantes
del gobierno autónomo departamental, de cada uno de los gobiernos autónomos
municipales que conformaron la región metropolitana, además de representantes
del nivel central (Ibíd., art. 26).
114
Los Consejos Metropolitanos sí constituyen una novedad en Bolivia –más allá
de las intenciones manifestadas en algunas regiones por generar estos espacios
de gestión–, más aún teniendo en cuenta lo planteado por Christian Lefévre,
quien sostiene que son escasas las experiencias latinoamericanas sobre la
construcción de espacios regionales metropolitanos, entre ellas destacan, por
ejemplo, Bogotá, Buenos Aires, Quito, Sao Paulo y Santiago. Según este autor
existen dos modalidades a través de las que se puede conseguir gobernabilidad
metropolitana –que es lo que aparentemente estaría intentándose en Bolivia
a partir de la definición de las regiones metropolitanas–, una de ellas es la
construcción institucional y la otra es la cooperación, aunque ambas no sean
excluyentes entre sí (Lefévre, 2005: 200).
Por lo tanto, la configuración de estos CM en Bolivia implica la necesidad de
tomar en cuenta la estructuración de un gobierno metropolitano que en su tipo
ideal, según Christian Lefévre, tiene las siguientes características:
-
Legitimidad política: las autoridades metropolitanas están legitimadas
por procesos eleccionarios.
-
Territorio jurisdiccional: el territorio administrado es casi igual al
territorio funcional de la metrópoli.
-
Fiscalidad: el gobierno metropolitano cuenta con recursos propios.
-
Responsabilidades: en el gobierno metropolitano deben existir
responsabilidades y competencias de relevancia.
-
Personal: dotación de personal adecuado para la elaboración y ejecución
de políticas y acciones importantes para la región metropolitana.
Para el caso boliviano, la organización y conformación de este tipo de gobierno
metropolitano puede resultar interesante, sin embargo, para cubrir el costo de
sus actividades, los municipios que conforman la región metropolitana tendrán
que ser quienes aporten los recursos necesarios, pues no existe, por el momento,
una asignación de transferencias directas desde el nivel central del Estado, ni
tampoco existe la posibilidad para que las denominadas autonomías regionales
puedan cobrar y administrar ciertos impuestos, por lo tanto, su estructura
de funcionamiento y financiamiento dependerá enteramente de los sujetos
autonómicos de su composición interna.
En esta última sección revisamos la configuración institucional diseñada en la Ley
Marco, que es sin duda alguna uno de los pilares de todo Estado autonómico, más
aún si notamos la complejidad de la estructura territorial boliviana. Cabe resaltar
que los mecanismos de coordinación descritos son, hasta la fecha, construcciones
115
formales puesto que ninguno de ellos se ha logrado materializar en la práctica,
por lo tanto, su éxito o fracaso sólo podrá ser analizado con certeza conforme se
dé a lugar su implementación.
CONCLUSIONES: DESAFÍOS E INTERROGANTES PARA EL ESTADO
AUTONÓMICO EN BOLIVIA
Sin el ánimo de intentar agotar las tantas temáticas que surgen en una etapa de
transición hacia un nuevo modelo de Estado en Bolivia, como lo es el autonómico,
en este documento hemos intentado presentar los rasgos caracterizadores de los
que pueden ser considerados los tres pilares de este andamiaje estatal en la Ley
Marco –sin pretender reducir con ello la importancia de otras temáticas tratadas
en dicha ley–, a saber: el régimen competencial, el régimen económico-financiero
y el régimen de coordinación intergubernamental.
En el régimen competencial es posible identificar dos momentos importantes de
su desarrollo, el primero de ellos proviene de las disposiciones contenidas en el
texto constitucional donde no sólo se configura una nueva estructura territorial
que consta de cuatro niveles territoriales y cinco formas de gobierno autónomo,
sino que describe y caracteriza cuatro tipos distintos competencias, cada una de las
cuales posee dos dimensiones diferenciadas, la territorial y la facultativa. A su vez,
la Constitución boliviana realiza una asignación competencial primaria a través de
la cual distribuye 199 competencias en nueve catálogos competenciales diferentes.
Un segundo momento de este régimen está en las disposiciones ampliadas de la
Ley Marco, la misma que, además de retomar las especificaciones constitucionales,
lleva adelante una asignación competencial secundaria donde clarifica el alcance
de la distribución de competencias en la mayor parte de los sectores de política
pública, tratando de resolver los vacíos generados en el texto constitucional; no
obstante, todavía existen sectores que no fueron delimitados completamente y,
por lo tanto, requieren de una asignación posterior en las denominadas leyes
sectoriales.
Sin embargo, el debate en torno a este tipo de leyes nos lleva a examinar la voluntad
autonómica existente en los diversos actores estatales, en especial, aquellos que
conforman el nivel central del Estado pues, como lo demostró la elaboración
de la Ley de Educación, son estos espacios donde se continúa con una mirada
centralizada y, por ende, las competencias distribuidas a las distintas entidades
territoriales autónomas son mínimas y, en algunos casos, intrascendentes. Esta
constatación es una temática que podrá ser debatida con mayor propiedad a
medida que se desarrollan aquellas leyes que complementen las disposiciones
de la Ley Marco en materia competencial. El desafío entonces es promover una
mirada autonómica en espacios que históricamente estuvieron dominados por
fuerzas de naturaleza centralista.
116
El régimen económico financiero expresado en la Ley Marco estableció una serie
de principios básicos para la configuración de un sistema de financiamiento sólido,
equitativo, coordinado y solidario, todo ello en base a lo que en la literatura se
conoce como principios del federalismo fiscal; sin embargo, es posible la todavía
ausente referencia al principio de eficiencia que podría medirse bajo una serie de
indicadores distintos a los comúnmente utilizados como la densidad poblacional.
La necesidad de tener estos principios es vital para la consecución de equilibrios
fiscales, ya sean éstos de naturaleza macroeconómica, intergubernamental o
interterritorial, más aún en países, como el boliviano donde se perciben amplias
brechas fiscales provenientes de la asignación de recursos en diferentes territorios.
Los recursos asignados refleja, como primer elemento importante, la
ampliación del dominio tributario, en otras palabras, la potestad legislativa
tributaria que permitirá a la entidades territoriales autónomas –en especial el
nivel departamental y el nivel municipal – crear tributos en sus respectivas
jurisdicciones, esta ampliación resulta vital en un régimen de financiamiento
autonómico que es altamente dependiente de las transferencias provenientes
del nivel central del Estado; pero, en este punto, es relevante señalar que dicha
potestad legislativa tributaria ha quedado delimitada en la denominada Ley de
Clasificación y Definición de Impuestos y de Regulación para la creación y/o
modificación de tributos de dominio de los gobiernos autónomos.
A pesar de estas disposiciones, el análisis realizado permite afirmar la existencia
de una estructura fiscal descentralizada en el gasto, pero todavía muy centralizada
en el ingreso, hecho que podrá ser mejorado e incluso ampliado a medida que
las entidades territoriales autónomas asuman la responsabilidad que implica la
generación de ingresos propios en un régimen autonómico que tiene como uno
de sus principios a la autonomía económica financiera.
Otro elemento que destacamos es la incorporación de un Fondo de Desarrollo
Productivo Solidario que, más allá de lo positivo que implica su creación y su
composición a partir de tres mecanismos centrales que tienen, en general, por
objeto, el logro de un sistema fiscal más equitativo, productivo, solidario y
eficiente, todavía genera incertidumbre debido a la naturaleza de los recursos
que lo financian –éstos son de alta inestabilidad y dependencia de los precios a
nivel internacional–, por ello, será importante que el mismo sea utilizado desde
una mirada estratégica en busca de una mejora de las condiciones económicas y
fiscales de las entidades territoriales autónomas.
Para concluir el régimen económico financiero, prestamos atención al desarrollo
futuro de un pacto fiscal, el mismo que está mencionado en la disposición
transitoria décimo séptima, en la que se establece que el Servicio Estatal de
Autonomía, junto al Ministerio de Autonomías y el Ministerio de Economía y
117
Finanzas Públicas serán los encargados de preparar una propuesta de diálogo
para el pacto fiscal seis meses después de conocidos los resultados finales del
Censo Nacional de Población y Vivienda previsto para este 2011. Sin embargo,
en este punto, es importante resaltar la necesidad de iniciar un debate serio que
permita establecer las reglas y condiciones básicas sobre las cuales entablar un
pacto fiscal, lo que implica, indirectamente, un desprendimiento a una apertura de
todo el sistema de financiamiento del Estado con el fin de una mejor distribución
de los ingresos en un marco estatal de características autonómicas.
En cuanto al régimen de coordinación intergubernamental es posible afirmar
que su desarrollo está concentrado en la Ley Marco debido a que, más allá de
una referencia, el texto constitucional no propuso ningún tipo de mecanismo
para dicha coordinación entre niveles territoriales. Sin embargo, al parecer, las
disposiciones al respecto que están contenidas en la citada ley complejizan el
panorama de este régimen.
Si bien es posible afirmar que es positivo que existan y se prevean una serie de
mecanismos para permitir la existencia de instancias de coordinación entre
gobiernos, el aspecto de incertidumbre que se cierne sobre sus postulados está
en la posibilidad o no de crear esta multiplicidad de espacios de interacción
intergubernamental, pues como es posible percibir a partir de experiencias a nivel
internacional en materia de descentralización, en un proceso de transformación del
modelo estatal, los niveles territoriales subnacionales tienden a poseer una mirada
muy centrada en su entorno, olvidando que precisamente, la estructura territorial
debe ser entendida como un todo, así como el nivel central tiende, en muchos casos,
a recuperar el espacio ‘perdido’ con una serie de acciones de carácter centralista.
Por su parte, un aspecto que intriga y en muchos casos preocupa es la ausencia
de una instancia concreta de coordinación fiscal y financiera que, según estudios
sobre descentralización fiscal en general y en intergovernmental fiscal arrangements
en específico, son este tipo de mecanismos los que tienen mayor funcionalidad y
utilidad para la coordinación y cooperación entre niveles territoriales.
Como pudimos percibir, la configuración de un gobierno multinivel en Bolivia
trae consigo la necesidad de implementar una ingeniería institucional de
coordinación intergubernamental que permita construcción de espacios en los
que tanto el nivel central como las entidades territoriales autónomas se sientan
representados y tengan la posibilidad de emitir sus juicios sobre los horizontes del
Estado autonómico, pero no olvidemos que la generación de un número amplio
de estos mecanismos puede, a su vez, obstaculizar y trabar la implementación de
un nuevo modelo estatal.
A pesar de la existencia de un marco normativo que delimita y clarifica una gran
parte de los elementos centrales del Estado autonómico boliviano, aún es posible
118
percibir la existencia de interrogantes que podrán ser respondidas a medida que
se implemente este nueva estructura territorial estatal, algunas de estas preguntas
que se dejan como provocaciones para posteriores debates en torno a la temática
son:
-
¿Quién financia el costo de la implementación de un Estado autonómico
tan complejo en el que existe una proliferación importante de niveles
territoriales y formas de gobierno autónomos?
-
¿Se cuenta con la capacidad institucional suficiente para implementar un
modelo territorial estatal de tanta especificidad técnica?
-
¿Bolivia está preparada para encarar un proceso de institucionalización
serio de la autonomía en un contexto que está marcado por la excesiva
politización de la temática y, por ende, existen muchos actores con veto
sobre ella?
-
¿Cuál es el horizonte que deberá perseguir la Bolivia autonómica como
sistema global y no la Bolivia con múltiples autonomías, cada una
interesada sólo por las acciones en sus respectivos espacios territoriales?
En este marco, los interrogantes señalados nos permiten graficar la complejidad
del Estado con una nueva estructura territorial que espera todavía llegar
a implementarse, parafraseando a René Zavaleta, nos encontramos en un
momento de disponibilidad que esperemos vaya más allá de una moda pasajera
o mero instrumento de lucha política y, por tanto, posibilite el tránsito de su
configuración formal a su materialización real en una nueva Bolivia autonómica.
119
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121
“SE NOS TRATA DE MINIMIZAR
A LOS PUEBLOS INDIGENAS”
El desafío del TIPNIS y las políticas desarrollistas
En este momento una derrota de la marcha, una derrota total de
la marcha significa una derrota de Evo, ésta es la dialéctica de la
política hoy día.
Boaventura de Sousa Santos
José Luis Saavedra1
A MODO DE INTRODUCCIÓN
“Quieran o no quieran vamos a construir este camino”, es la decisión tajante e
imperativa del presidente del Estado plurinacional de Bolivia, Evo Morales, frente
a los reparos y las protestas de los pueblos indígenas de la amazonia boliviana,
que se oponen tenazmente a la construcción de la carretera interdepartamental
por el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS).
¿Qué es lo que realmente está en juego en el TIPNIS?, ¿por qué la construcción
de una carretera genera tanta controversia?, ¿a qué responde el interés y el
propio empeño del gobierno boliviano por construir la carretera?, ¿cuáles son
los principales argumentos que el Gobierno maneja para sustentar e impulsar
la construcción de la carretera?, ¿por qué los pueblos indígenas de tierras bajas
se oponen tan firmemente a la construcción de la carretera por el TIPNIS?, ¿hay
soluciones u opciones alternativas para la construcción de la carretera por el
TIPNIS?, en fin, ¿hay posibilidades de compatibilizar el desarrollo extractivista,
propuesto por el gobierno, con el vivir bien y los derechos de la Madre tierra
sustentados por los pueblos indígenas?
Estas y otras interrogantes afines, generadas por la actual marcha y movilización
por la defensa de los derechos territoriales de los pueblos indígenas de las tierras
bajas de Bolivia, que se oponen firme y persistentemente al conjunto de las
políticas desarrollistas y extractivistas propagadas y realizadas por el gobierno
del presidente Evo Morales, constituyen el punto de partida de un esfuerzo
teórico político, como el que ahora estamos iniciando, por tratar de comprender
la problemática social, económica, ambiental y cultural generada por la carretera
en y por el TIPNIS.
1 Ganador de la segunda Mención de Honor del Segundo Concurso de Ensayo Político.
123
El propósito primordial del presente Ensayo es, por tanto, visibilizar y entrever
las situaciones problemáticas, así como los previsibles impactos ambientales,
generados por la construcción de la carretera que atraviese el TIPNIS, tales como
la deforestación, el cambio de los cursos de agua, la afectación a los drenajes
naturales, la drástica disminución y -cuando no- la pérdida de la biodiversidad, la
agudización de los conflictos sobre la tierra y los consiguientes avasallamientos,
además de la aculturación etnocida de las comunidades indígenas, etc.
Igualmente nos concierne vislumbrar las propuestas u opciones alternativas que
puedan emerger de la re-solución de esta compleja problemática sociocultural y
medioambiental.
Hacemos un particular esfuerzo por distinguir, por una parte, el punto de vista
del Gobierno boliviano que trata de justificar la construcción de dicha carretera
y, por otra, el posicionamiento de los pueblos y comunidades indígenas que se
oponen a tal carretera. También nos interesamos por determinar los impactos
y los efectos, generados por la construcción de la carretera, en el equilibrio y la
estabilidad de los ecosistemas amazónicos y obviamente en la vida misma de
las comunidades indígenas. El marco doctrinario de nuestras reflexiones está
posibilitado por la propia Constitución Política del Estado (CPE) de Bolivia, que,
en el artículo 30, afirma y confirma los derechos, potestades y jurisdicciones de
los pueblos indígenas.
La primera parte del presente Ensayo intenta referir el devenir legal del TPNIS,
es decir los propósitos de su creación, el proceso de reconocimiento como
área protegida y la declaración como territorio indígena. La segunda pretende
especificar las particularidades de la carretera Villa Tunari – San Ignacio de
Moxos, cuyo tramo II afectaría la zona protegida del TIPNIS. La tercera procura
manifestar los posicionamientos de las organizaciones indígenas que se oponen
a la construcción de la carretera, quienes alegan que el gobierno no les toma en
cuenta, ni sigue los procedimientos, como la consulta previa, libre e informada,
que las normas vigentes establecen para este tipo de proyectos. La cuarta trata de
exponer los discursos y las argumentaciones del Gobierno, que intenta alegar y
justificar la construcción de la carretera y, la quinta, a modo de conclusiones, se
propone barruntar las posibles alternativas de re-solución del proyecto carretero
tanto desde la visión gubernamental como a partir de las interpelaciones y
reivindicaciones indígenas.
Antes de comenzar con el desarrollo del presente Ensayo conviene referir las
principales de-limitaciones del mismo. En primer lugar, no empezamos con
las tradicionales disquisiciones teóricas o teorizantes, no sólo por razones de
espacio, sino también por su escasa utilidad en la comprensión de las específicas
demandas y exigencias políticas y territoriales de los pueblos indígenas, además
de que tales teorizaciones tienen un carácter esencialmente euro-céntrico; en vez
de ello, presentamos la necesaria contextualización socio-ambiental del TIPNIS.
124
En segundo lugar, tampoco hacemos las acostumbradas glosas o comentarios de
la mirífica legislación boliviana relativa a los derechos de los pueblos indígenas
y al medio ambiente o Madre tierra, básicamente por su insuficiente aplicación
práctica; sin embargo, no la desconocemos sino más bien la contrastamos con
la experiencia de organización y movilización de los pueblos y comunidades
indígenas que hoy participan en una heroica marcha por la defensa de la vida y el
ejercicio pleno de los derechos territoriales. En tercer lugar, las fuentes en las que
fundamentamos nuestro esfuerzo intelectual e investigador están básicamente
constituidas por dos tipos de soportes: el primero, por un trabajo etnográfico
realizado en la comunidad de san Miguelito del TIPNIS en el mes de junio del
presente año, en cuyas circunstancias conversamos juiciosamente con los/as
hermanos/as yuracarés y, el segundo, por las fuentes hemerográficas relativas al
conflicto por el TIPNIS.
QUÉ ES EL TERRITORIO INDÍGENA Y PARQUE NACIONAL ISIBORO
SÉCURE (TIPNIS)
El Isiboro Sécure fue constituido en Parque Nacional el 22 de noviembre de
1965 mediante el Decreto Ley 07401 con el fin de preservar su riqueza biológica,
conservar las cuencas hidrográficas, las nacientes de los ríos para la navegación,
la riqueza de los recursos naturales y la belleza del paisaje, además de prohibir la
colonización del área protegida.
El área protegida nació con una superficie de 1.236.296 hectáreas y se encuentra
ubicada al sur del departamento del Beni y al norte del departamento de
Cochabamba, entre las provincias Moxos y Chapare respectivamente. Se
caracteriza por su extraordinaria diversidad de ecosistemas debido a su amplio
rango altitudinal, que va desde los 180 msnm hasta los 3.000 msnm. Es por
consiguiente una de las reservas naturales más ricas en biodiversidad de Bolivia.
125
Gracias a las movilizaciones y la Marcha indígena de 1990, el Parque en su
totalidad fue reconocido como Territorio Indígena de los pueblos Mojeño,
Yuracaré y Chimán, y adquirió su actual denominación de TIPNIS, que implica
que no se puede invadir este territorio y menos producir coca, como ocurre en la
actualidad. Se plantea por tanto una doble categoría de protección, una por tener
la condición de Parque nacional y otra por ser un Territorio indígena.
Mediante el Decreto Supremo Nº 22610 del 24 de septiembre de 1990, también
se estableció una zona de amortiguamiento alrededor del Parque, denominada
“línea roja”, para evitar la expansión de asentamientos de colonos en la región
sur.
El 25 de abril de 1997, después de promulgarse la Ley INRA, la Presidencia de
la República otorgó a la Subcentral del TIPNIS el título ejecutorial de Tierras
Comunitarias de Origen (TCO) con 1.236.296 hectáreas en calidad de dotación. La
reserva se convirtió así en TCO y las tierras fueron tituladas bajo esta modalidad a
favor de los pueblos yuracarés, moxeños, chimanes y baures. Este título también
establece que la TCO es compatible con el área protegida, por lo que el titular
debe someterse al régimen especial del Sistema Nacional de Áreas Protegidas2.
Luego de más de 20 años de lucha de los pueblos indígenas, el 13 de junio de
2009, el gobierno de Evo Morales tituló el territorio indígena TIPNIS con una
extensión o superficie de un millón 236 mil (1.236.296) hectáreas mediante
Resolución Suprema 230292.
En el TIPNIS habitan los pueblos indígenas moxeño, yuracaré y tsimane, que
comprenden aproximadamente 64 comunidades y asentamientos familiares
extendidos, lo que suma cerca de 10.000 habitantes indígenas. El pueblo moxeño
constituye la población más numerosa (el 72%), seguida de los yuracarés y los
chimanes en el extremo suroeste del área. Las comunidades étnicas están situadas
en las riberas de los ríos Sécure, Ichoa e Isiboro. El área, por donde atravesaría la
carretera, denominada zona núcleo, está aún deshabitada.
Los pueblos indígenas “comparten” el TIPNIS con una importante población
de “colonos” cocaleros y explotadores de madera, ubicados al extremo sureste
del Parque, más o menos 80 asentamientos, con una población avecinada de
15 mil habitantes, es la expansión que viene del Chapare cochabambino. Con
estos breves antecedentes veamos rápidamente las principales repercusiones
generadas por la construcción de la carretera.
2 Cfr. Reglamento General de Áreas Protegidas, D. S. Nº 24781, del 31 de julio de 1997. También es útil consultar Servicio
Nacional de Áreas Protegidas, D. S. Nº 25158, del 4 de septiembre de 1998.
126
POSIBLES IMPACTOS Y EFECTOS GENERADOS POR LA CONSTRUCCIÓN
DE LA CARRETERA
Desde los años noventa, los gobiernos nacionales y las prefecturas departamentales
de Beni y Cochabamba impulsan la construcción de la carretera Villa Tunari –
San Ignacio de Moxos, con una longitud aproximada de 306 kilómetros. El D.
S. Nº 25134 de 1998 estableció un Sistema nacional de carreteras constituido por
una Red Vial Fundamental de 10.401 Km. que prioriza la vinculación con Brasil,
Argentina, Chile y Perú.
A partir de 2003, la carretera es parte del corredor bioceánico Brasil-Bolivia-ChilePerú impulsada por la Iniciativa para la Integración de Infraestructura Regional
Suramericana (IIRSA)3, cuyo propósito medular es facilitar el comercio a las
empresas de los países vecinos, aun cuando esto implique soslayar la consulta
previa a los pueblos indígenas y generar severos impactos medioambientales.
La carretera que se pretende construir entre Villa Tunari y San Ignacio de Moxos
forma pues parte de la vía interoceánica y, por tanto, unirá el puerto de Santos
(Brasil), en el Atlántico, con el de Iquique (Chile), en el Pacífico. Como bien dice
Boaventura de Sousa Santos:
“IIRSA quiere decir Iniciativa por la Integración Regional Sudamericana,
fue iniciada el 2000 por iniciativa del presidente Cardoso de Brasil y tiene
hoy 12 Estados, uno de ellos es Bolivia, y que quiere integrar todo el
continente con carreteras, hidrovías, comunicaciones, gasoductos, etc.,
tiene cosas positivas, pero el modo como se está haciendo es totalmente
errada, primero porque no es para integrar el territorio a sus pueblos,
(sino) es para integrar el Atlántico y el Pacífico, o sea es para llegar a
China4 rápido y TIPNIS hace parte de eso”5.
Dando continuidad a los planes de la IIRSA, el gobierno de Evo Morales promulgó
la Ley 3477, del 22 de septiembre de 2006, que señala: “Declárese de prioridad
nacional y departamental la elaboración del Estudio a Diseño final y construcción
del tramo Villa Tunari – San Ignacio de Moxos, correspondiente a la carretera
Cochabamba – Beni, de la red vial fundamental”.
En agosto de 2008, las obras de diseño y construcción de la carretera Villa
Tunari – San Ignacio de Moxos fueron adjudicadas, por el actual Gobierno, a
3
Cfr. Ana Esther Ceceña, Paula Aguilar y Carlos Motto, Territorialidad de la dominación: La Integración de la
Infraestructura Regional Sudamericana (IIRSA), Buenos Aires, OLAG, 2007, 60 p.
4
Las ganancias de tener un acceso a China por el Pacífico son enormes, son millones y millones de dólares y por eso
mismo hay aquí, en la región, un contexto geopolítico muy complicado, que es el sub-imperialismo brasileño.
5
Santos, Boaventura de Sousa, Conferencia “Estado plurinacional y desarrollismo: ¿dualidad de poderes o ecología
de saberes?”, La Paz, 30 de agosto de 2011, p. 9.
127
la constructora OAS Ltda.6, en un cuestionado proceso de licitación “llave en
mano”7, por $us 415 millones, de los cuales un 80%, $us 332 millones, proviene
de un crédito blando otorgado por el Banco Nacional de Desarrollo Económico y
Social (BNDES) de Brasil a condición de que la obra se adjudique y se haga cargo
una empresa brasileña. La escogida fue la OAS, la misma que reemplaza a la
también brasileña Queiroz Galvao que fue descalificada por la mala ejecución de
la carretera Potosí-Tarija. El restante 20%, 83 millones, es financiado por el Estado
boliviano. El 7 de abril de 2010, el Gobierno de Evo Morales promulgó la Ley 005
para la aprobación del crédito de la carretera.
El proyecto carretero “Villa Tunari – san Ignacio de Moxos Ruta F-24” está
constituido por tres tramos y el segundo es el más problemático porque pasa
por el centro del TIPNIS y se prevé que con la carretera pueda estar en un serio
riesgo la existencia misma del área protegida, así como del conjunto de las
comunidades que habitan el área protegida. El primer segmento o “Tramo I”,
hoy en construcción, comienza en Villa Tunari, pasa por Chipiriri, Santa Rosa,
Eterazama, Florida y termina en Isinuta, tiene 47 Km. El polémico “Tramo II”
es de 177 Km., partirá de Isinuta, pasará por Puerto Patiño, Santísima Trinidad,
Puerto santo Domingo, Puerto Esperanza y llegará a Monte Grande del Apere.
Mientras que el “tramo III” tendrá 82 Km., partirá de esta última, pasará por El
Retiro hasta llegar a San Ignacio de Moxos.
Actualmente y según la propia Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) ya
están en “fase de construcción” los segmentos I y III: entre Villa Tunari e Isinuta
(hasta la entrada del TIPNIS), por el sur, el primero; y, entre Monte Grande del
Apere hasta San Ignacio de Moxos (ya fuera del parque), hacia el norte, el tercero.
El tramo del desacuerdo es el II, el que pasaría por el corazón del Parque nacional
y núcleo del Territorio indígena, declarado además área de reserva natural. El
tramo entre Isinuta y Monte Grande del Apere es el más largo, pues comprende
177 Km. de longitud; aunque la parte más crítica, la que atraviesa la zona
sustancial del TIPNIS, es de alrededor de 43 Km.
6
La Resolución administrativa de adjudicación Nº RPC Nº 0154/2008 del 01 de agosto de 2008 resolvió adjudicar la
ejecución de la Obra a la Constructora OAS Ltda. Aquí conviene ver la Minuta del Contrato de Obra, entre la ABC
y la Constructora OAS Ltda., Nº 218/08 GCT-OBR-BNDES “Construcción de la Carretera Villa Tunari – San Ignacio
de Moxos Ruta F-24”.
7
El proyecto fue licitado en “llave en mano”, es decir que según los términos de referencia, la empresa que se
adjudicó la construcción de la carretera (la compañía brasileña OAS) es responsable de su estudio, construcción y
mantenimiento.
128
El 3 de junio del presente año, el presidente Morales dio inicio a las obras de
la vía que unirá el norte de Cochabamba (Villa Tunari) con el sureste del Beni
(San Ignacio de Moxos) (Página Siete, “Inauguran obras de polémica carretera sin
licencia ambiental”, 4 junio, p. 9). Según la ayuda memoria proporcionada por
la ABC, que –reiteramos- suscribió, en 2008, un contrato “llave en mano” con la
brasileña OAS para la apertura de la vía, la longitud total de la carretera es de
más de 300 (306) Km.; el tipo de asfalto tiene un “tratamiento superficial doble”;
el ancho de calzada es de 7,30 metros a cada lado, cerca de 11 metros en total.
Los tramos uno, entre Villa Tunari e Isinuta de 47 kilómetros, y tres, entre Monte
Grande y San Ignacio de Moxos de 82 kilómetros, ya cuentan con ficha o licencia
ambiental, pero no así el tramo II, que pasa por el corazón mismo del TIPNIS. No
obstante, desde y a partir del kilómetro cero, que empieza en Vila Tunari (trópico
de Cochabamba), las máquinas de la empresa OAS ya encendieron sus motores
el mes de junio de 2011 y dos brigadas de sus funcionarios ya arrancaron con la
construcción del primer tramo que termina en Isinuta.
El segundo tramo es, precisamente, el que corresponde al TIPNIS y es también
el que afectaría la zona protegida del territorio indígena, o sea es el que pondría
en riesgo la biodiversidad del parque nacional. En el tramo II no se han realizado
estudios de impacto ambiental, es decir que hasta ahora no ha sido considerada
la elaboración de la factibilidad económica y ambiental del proyecto carretero8,
tampoco se obtuvieron las licencias ambientales; sin embargo, ya se iniciaron
8 Apenas existe un estudio privado a cargo de Lía Peñarrieta Venegas, “Evaluación económica de la construcción de
la carretera Villa Tunari – san Ignacio de Moxos, dentro del TIPNIS”, publicado en Conservación Estratégica, No. 5.
129
los trabajos de construcción por la constructora brasileña OAS, que –como ya
dijimos- se adjudicó el proyecto carretero.
En la localidad de Isinuta se inicia el tramo II de la carretera que debe atravesar
el TIPNIS y precisamente ahí, en la ribera norte del río Isinuta, la empresa
brasileña OAS ha empezado el despliegue de maquinaria pesada, las tareas de
desmonte y los trabajos de construcción de la ruta. La empresa OAS ha iniciado
así la construcción de la carretera precisamente en el tramo dos que contempla
la apertura del camino monte adentro sin todavía contar con la ficha ambiental
pertinente. El mismo presidente de la ABC, Luis Sánchez, admitió que se está
construyendo un puente sobre el río Isinuta, donde comienza el segundo tramo
hasta Monte Grande de Apere y que en total son 177 kilómetros de distancia
que atraviesan el TIPNIS. La primera obra es precisamente la construcción de un
puente sobre el río Isinuta (Página Siete, “Empresa OAS inició trabajos del tramo
II de ruta del TIPNIS”, 5 agosto 2011, p. 3).
Si bien la construcción de los tramos I y III de ambos extremos (al sur, Villa Tunari,
y al norte, San Ignacio) ya se emprendió, hace varios meses, las autoridades
gubernamentales habían informado que la construcción del tramo II, que debe
atravesar el núcleo del TIPNIS, todavía no se había iniciado. Sin embargo, está
comprobado que OAS posee oficinas en Villa Tunari y San Ignacio de Moxos
y tiene un campamento prácticamente concluido en Isinuta. Actualmente se
realizan tareas de “movilización de faenas” y “desmonte”, esto incluye traslado
de equipo desde las ciudades u otros centros operativos de la empresa hacia el
sitio del camino a construirse, contratación de personal para la construcción,
cuyos puestos ejecutivos están ocupados por brasileños, e inicio del desmonte.
Según el presidente de la subcentral del TIPNIS, Adolfo Moye, “se sabe que la
OAS ya ha iniciado obras de desbroce y movimiento de maquinaria en el tramo
II, violando toda la normativa boliviana, como, por ejemplo, la ausencia del
Estudio de evaluación del impacto ambiental; la falta de consulta pública previa,
libre informada; la falta de autorización de la ABT, entre otros aspectos, y eso
representa una provocación orientada a agudizar el conflicto” (El Diario, 7 agosto,
primer cuerpo-7).
Tanto los pueblos indígenas de la región como los especialistas y entidades
ambientalistas han pedido que no se construya el tramo II, que vaya a atravesar
el parque nacional, sino con un nuevo trazo que rodee el parque. Las críticas a
la carretera se han basado en que perturbará una reserva natural de inmensa
riqueza biológica y que alentará los asentamientos de colonizadores y cocaleros,
lo que afectaría duramente las condiciones de vida de las comunidades indígenas
yuracarés, mayoritarias en esa región. En general, las comunidades indígenas del
TIPNIS se oponen a la construcción del tramo II, de 177 kilómetros, argumentando
daños a su hábitat y el saqueo de sus recursos naturales.
130
Este proyecto resulta ciertamente alarmante por los efectos que puede generar en
los bosques y las comunidades indígenas que habitan dicho territorio. El TIPNIS
es uno de los parques nacionales más mega diversos del país y del mundo. El
tramo II de la carretera propuesta, que cruza por la zona núcleo del parque,
tendrá 177 Km. de extensión. Esta es la zona menos intervenida del TIPNIS, por
la poca presencia de asentamientos humanos. Más aún, es en esta zona donde
está prohibida la construcción de infraestructura, de acuerdo al Plan de Manejo
del Parque9.
La construcción de la carretera asfaltada, que vincule los valles de Cochabamba
con las pampas benianas, implica así una propuesta de trazado que divide en dos
partes el área de reserva natural, que además tiene un doble estatus: territorio
indígena y parque nacional. El proyecto carretero por el TIPNIS afecta por tanto el
área protegida y la “zona estricta de alta protección”, definida en el Plan General
de Manejo, reconocido legalmente, vulnerando el Convenio Internacional sobre
Diversidad Biológica. Es por este conjunto de razones que nos interesa resaltar
los impactos ambientales que generará la construcción de la carretera que, a su
vez, atravesará el territorio del TIPNIS en línea recta.
El desmonte directo de bosque, con 50 m de derecho de vía, sería de 460 has. Una
vez que se construya la carretera podría ser deforestada hasta un 64,5% de la
superficie boscosa del TIPNIS, que equivale a unas 600 mil hectáreas de la reserva
natural, las cuales se perderían por la deforestación “paulatina” que provocaría la
construcción de esa vía. La deforestación total sería mucho más extensiva, debido
a que los colonos, especuladores de tierras, madereros y agricultores utilizarían
la carretera para acceder al bosque, sin respetar los territorios indígenas ni las
áreas protegidas. Entre 1976 y 2007, ese territorio ya perdió unas 50.000 hectáreas
de bosque porque fueron habilitadas como tierras agrícolas.
Algunos estudios comparativos han constatado que se colonizan un total de 2 a
12 Km. adyacentes a una nueva carretera, la deforestación para 2 Km. sería de
9.200 Has y para 12 Km. sería de 110.400 Has de bosque. Una proyección muestra
que en 18 años podría ser deforestado el 64,5 por ciento de la cobertura vegetal
del TIPNIS, lo que implica 610.848 hectáreas10.
Más aún, la construcción del tramo II de la carretera obligará a derribar al menos
medio millón de árboles en el TIPNIS, según cálculos de especialistas y los
propios indígenas. La deforestación de un área de 70 Km. de largo por 50 metros
de ancho para construir la carretera en el sector, obligará a tumbar unos 500.000
árboles (La Razón, “Se tumbará cerca de medio millón de árboles para (la) vía por
9 Cfr. Plan de Manejo Estratégico y Programa de Gestión del “Territorio Indígena, Parque Nacional Isiboro Sécure”, 2004,
documento inédito.
10 Cfr. Programa de Investigación Estratégica en Bolivia (PIEB), “Viabilidad económica e institucional para el desarrollo
de iniciativas que reduzcan la deforestación en el territorio indígena parque nacional Isiboro Sécure”, La Paz, 2011,
documento inédito.
131
el TIPNIS”, 31 julio, p. A18). En general, la preocupación es por el ecosistema de
alta biodiversidad que posee el sector de reserva natural y que se expone a la
misma y severa amenaza.
El director del Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (CEJIS),
Leonardo Tamburini, señaló que el Gobierno no puede monetizar el impacto que
provocará la construcción de la carretera puesto que los daños ocasionados al
medio ambiente serán irreversibles. Explicó que las comunidades indígenas que
habitan el TIPNIS sufrirán serias transformaciones en sus formas propias de vida
y corren el riesgo de perder sus costumbres e inmigrar hacia las ciudades, con
el riesgo de que sus pueblos desaparezcan. Como también dice don Leonardo,
cacique de El Carmen, población ubicada en el área protegida, “si abrimos el
camino los colonos nos van a perseguir y puede ser que nos boten a los pueblos
indígenas” (La Razón, 18 julio 2011, p. A9). Son por tanto bastante previsibles los
impactos de una carretera en medio del bosque.
Dirigentes del TIPNIS inspeccionan zonas taladas para la apertura de la vía en 2010
Por consiguiente, la carretera planeada por el Gobierno podría causar distintos
efectos y generar impactos colaterales, como la contaminación. El director del
Servicio Nacional de Áreas Protegidas (SERNAP), Adrián Nogales, dependiente
del Ministerio de medio ambiente y agua, igualmente manifestó sus observaciones
a la carretera promovida por el Gobierno, alertó de los peligros que provocaría
y afirmó que la carretera, que cruzará por el Isiboro Sécure, “aparte de hacer un
daño ambiental, también va a hacer un daño social y cultural” (Página siete, 8
agosto, p. 5).
Los pueblos indígenas de la región rechazan la vía debido a que temen una
invasión de colonos, cocaleros y comerciantes, además del severo daño ambiental
132
a la reserva natural (El Diario, “Denuncian avasallamiento por construcción de
carretera”, 14 julio, tercer cuerpo-3). Un estudio presentado por el Programa de
Investigación Estratégica en Bolivia (PIEB) alerta que la carretera que se prevé
construir por el TIPNIS es un potencial de deforestación en territorio indígena.
El estudio señala que:
“La evidencia empírica muestra que los proyectos de infraestructura,
en particular los caminos y carreteras, se convierten en motores de la
deforestación, muchas veces no planificada. En general, detrás de la
apertura de una vía va acompañada de asentamientos humanos seguidos
de deforestación”.
“Entre 1976 y 2007 en el TIPNIS se perdieron aproximadamente 50.000
hectáreas de bosque primario por la conversión en suelos agrícolas. La
deforestación se concentra al sur, en el área cerca del camino de Villa
Tunari, en la parte sur TIPNIS, muy cerca de los municipios cocaleros.
Las imágenes de satélite muestran que la deforestación sobrepasa la línea
roja del Parque nacional”11.
No obstante, el gobierno, pese a los reparos, críticas y protestas de las
comunidades y ambientalistas, insiste en que sí o sí esa carretera va a ser
construida.
¿Y qué dicen los pueblos y comunidades indígenas frente a estas arremetidas
desarrollistas?
“PARA NOSOTROS, EL MONTE ES VIDA”
La decisión gubernamental de construir la carretera se ha tomado sin seguir los
procedimientos técnicos y legales, sin un estudio de impacto ambiental previo,
sin aplicar el derecho a la consulta de los pueblos indígenas dentro del TIPNIS,
vulnerando la misma Constitución Política del Estado (CPE) en sus artículos 30 y
también el 343, que manda y ordena que “La población (indígena) tiene derecho a
la participación en la gestión ambiental, a ser consultado e informado previamente
sobre decisiones que pudieran afectar a la calidad del medio ambiente”.
Uno de los factores básicos del conflicto en la construcción de la carretera, cuyo
trazo atraviesa el TIPNIS, es precisamente la consulta previa, libre e informada a
los pueblos indígenas, requisito primero para iniciar la explotación de recursos
naturales en los territorios indígenas. El representante del Consejo Nacional de
Ayllus y Markas del Qullasuyu (CONAMAQ), Rafael Quipe, también ha dicho
que el Gobierno debe cumplir con la CPE, que establece la consulta (previa) a los
11 PIEB, “Viabilidad económica e institucional para el desarrollo de iniciativas que reduzcan la deforestación en el
territorio indígena parque nacional Isiboro Sécure”, op. cit., pp. 33-34.
133
pueblos indígenas antes de la construcción de la carretera. En general, los pueblos
indígenas exigen al Gobierno que sea consecuente con la ley sobre los derechos
de la Madre Tierra y los pueblos indígenas, con el resguardo y la conservación de
los recursos naturales, así como con el derecho a la consulta.
Los pueblos y organizaciones indígenas subrayan asimismo que, al construirse la carretera en medio del área protegida, se vulnera el Artículo 30 de la CPE,
que reconoce el derecho a la consulta para definir proyectos que pasan por áreas
protegidas y territorios indígenas y establecer el menor daño ambiental. También
se violenta la Ley del medio ambiente e incluso el Convenio 169 de la OIT. Si bien
entre estas normas hay algunas generales, como aquella de que el Estado tiene
la obligación de “construir una sociedad justa y armoniosa… para consolidar las
identidades purinacionales” (Art. 9, numeral 1 de la CPE), hay por lo menos dos
que son significativas.
El artículo 30, numeral 15, de la CPE del 2009 señala que para los pueblos indígenas
del país “se respetará y garantizará el derecho a la consulta previa, obligatoria,
realizada por el Estado, de buena fe y concertada, respecto a la explotación de
los recursos naturales no renovables en el territorio que habitan”. Igualmente, el
artículo 20 del Reglamento general de Áreas protegidas (Decreto supremo 24781),
que establece que los Parques nacionales, máxima categoría de un área protegida
en el país, son objeto de la “protección estricta y permanente” de ecosistemas y
recursos de flora y fauna. Así, la legislación hoy existente prevé que los pueblos
indígenas tienen derecho exclusivo sobre el uso y aprovechamiento de los
recursos naturales renovables en sus territorios, sobre el suelo y su asignación
para la explotación agrícola, justificando la función social con el aprovechamiento
sustentable que realicen.
Se reivindica por consiguiente el respeto y cumplimiento de los derechos de los
pueblos y comunidades indígenas, quienes tienen derecho a existir libremente, a
la libre determinación y territorialidad, a la protección de sus lugares sagrados,
a vivir en un ambiente sano, a la consulta previa, libre e informada, es decir a
ser consultados con procedimientos apropiados sobre medidas legislativas o
administrativas que les afecten, al ejercicio de sus sistemas políticos, económicos,
jurídicos y prácticas tradicionales, a participar de los beneficios de explotación
de recursos naturales en sus territorios, entre otros derechos constitucionalmente
reconocidos.
No obstante, este conjunto de normas y leyes, ciertamente interesante, es
continua y sistemáticamente vulnerado e incumplido por el propio Gobierno,
tanto que el presidente de la subcentral del TIPNIS, Adolfo Moye, dijo que no se
están respetando los derechos de propiedad de los territorios indígenas, “debería
haber la consulta, no se ha hecho consulta, no se ha hecho un acercamiento.
Nosotros, desde el 2007, estamos pidiendo información a la ABC, incluso que se
134
nos involucre en la elaboración del proyecto, en los estudios que lleven adelante”
(La Prensa, 27 de mayo de 2011, p. A 10).
Las organizaciones indígenas cuestionan precisamente no haber sido consultadas
por las autoridades encargadas de hacerlo. Rosa Chaot, afirmó que “como
pueblos indígenas estamos buscando la consulta previa para hacerle entender
al gobierno que esta construcción nos afecta a todas las familias que vivimos
en medio de la selva… más que beneficiarnos van a terminar matándonos con
la carretera” (El Diario, 14 julio, tercer cuerpo-3). También dijo que “estamos en
emergencia porque sabemos que (la construcción de la carretera) es una amenaza
para nosotros y la naturaleza” (Ibíd.).
La dirigente indicó asimismo que las poblaciones del Consejo Indígena del Río
Ichilo (CIRI), los yuracarés, mojeños y trinitarios observan que el gobierno del
presidente Morales no aplicó el mandato constitucional de la consulta previa
para la ejecución de la carretera. “En todos los consejos que he recorrido dicen
no a la carretera si no hay la consulta previa a ese sector, y eso es lo que ellos
reclaman” (Página siete, 11 julio, p. 3).
En la Asamblea Nacional de la CIDOB, concluida el 22 de julio, los pueblos
mosetén, mojeño, movima, yuracaré y chimán, también denunciaron que no
fueron consultados por ninguna entidad gubernamental o privada sobre la
definición de la ruta de la tercera parte de la cuestionada carretera. Es por todo
ello que los pueblos indígenas de las tierras bajas rechazan la construcción del
segundo tramo de la carretera por el TIPNIS.
Los pueblos indígenas yuracarés, mojeños y chimanes, que viven en la región
del TIPNIS, impugnan por tanto la intención gubernamental de construir la
vía y uno de los argumentos básicos es justamente que no se realizó la consulta
previa, consagrada en la CPE. Las comunidades indígenas se oponen así a la
construcción de la ruta y exigen que además se deba elaborar un Estudio de
evaluación de impacto ambiental, es decir que se debe e-valuar el costo ambiental
de la carretera.
El territorio Indígena Multiétnico (TIM) es también uno de los que más están
siendo afectados por la construcción de la carretera en el tramo tres. Lo que
los comunarios del TIM están pidiendo es asimismo que se elabore un estudio
integral y no por separado de los tramos, para que de esta manera se tenga una
evaluación en conjunto del impacto ambiental en los tres tramos.
El Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (CONAMAQ) también exige
al gobierno que respete la Constitución y las leyes, que establecen el derecho de los
pueblos indígenas a la consulta y el consentimiento previo, y que pregunte a los
pueblos indígenas si están de acuerdo o no con la carretera que cruzará el TIPNIS.
135
Si bien el gobierno pudiera haber hecho algunas consultas, éstas fueron de carácter
individual y no comunitario como manda y ordena la Constitución y aún cuando
el Gobierno pudiera reconocer el derecho a consulta, invariablemente sostiene
que la consulta no es vinculante. El propio presidente Morales determinó que la
consulta que se realice a los pueblos indígenas del TIPNIS sobre la construcción
del tramo II de la carretera no es, ni será vinculante.
El ministro de la Presidencia, Carlos Romero, corroboró que los pueblos del
TIPNIS serán consultados antes de construirse el segundo tramo de la carretera,
pero la consulta que vaya a realizarse no será vinculante, es decir que los
resultados no serán de aplicación obligatoria y aún si las comunidades ratificaran
su rechazo a la construcción de la vía, las obras continuarán. Ergo, la consulta es
un mero saludo a la bandera, sin efecto alguno en las decisiones del gobierno.
Más aún, el ministro Romero expresó que el Estado boliviano no se someterá
a la voluntad de ningún pueblo, sea indígena o no, porque la consulta no es
vinculante. “En ninguna parte del mundo la consulta es vinculante porque un
Estado no podría someterse a la decisión de una comunidad local, sea indígena o
no indígena, son políticas de Estado y ése es el espíritu del Convenio 169, no hay
posibilidad de veto” (Página siete, 23 julio, p. 38).
Al respecto, hay que recordarles al presidente y al ministro la obligación estatal
contenida en el Convenio 169 de la OIT en el sentido que la consulta debe ser
entendida y aplicada para obtener el consentimiento previo y con el objetivo de
llegar a un acuerdo. Dicho de otra manera, la consulta no es un simple trámite
de notificación de daños y cuantificación de indemnizaciones, sino un proceso
participativo en el que los impactos reales y potenciales deben ser conocidos por
todos y cada uno de los pueblos afectados.
No obstante y según el presidente de la Administradora Boliviana de Caminos (ABC),
Luis Sánchez, el Gobierno construirá la carretera con o sin la consulta a los pueblos
indígenas del TIPNIS y que aun si se realizara la consulta a los pueblos indígenas
sobre el tramo II no será vinculante. Probablemente por ello la ABC ya ha determinado
el ingreso de maquinarias y el inicio de desmonte en la zona del TIPNIS.
Con todo y más allá de las excusas propias de un jesuita, según el presidente
Sánchez (qué parecido con el Goni), “el Gobierno ya no tiene que hacer consulta
alguna”. Al intentar explicar esta velada postura, el funcionario se revela como un
indiscutible racista y segregacionista, sobre todo cuando afirma que “el problema
es que no podemos definir con ellos (con los indígenas) cuál será el trazado y
tendremos que decidir solitos” (Página siete, 6 agosto, p. 4).
Sin embargo, para las organizaciones indígenas, aun cuando pudiera hacerse
la consulta, es por lo menos contradictorio que se “consulte” casi tres años
136
después de que el Órgano Ejecutivo, el 1 de agosto de 2008, adjudicara la obra a
la constructora brasileña OAS Ltda. De aquí la radical y contundente respuesta
que ahora dan los dirigentes indígenas: “Nosotros ya estamos golpeados. No es
momento de hablar de consultas; tendríamos que iniciar de cero para empezar
una conversación. Paremos todo (la construcción de los tramos I y III) y ahí recién
iniciamos el diálogo”, dice el presidente del TIPNIS, Adolfo Moye (La Razón, 10
julio, p. E8).
Estando ya el proyecto en marcha, es decir la carretera en construcción, y cuando
el propio presidente Morales anunció que la carretera se hace “quieran o no
quieran” los indígenas, que si bien se harán las consultas correspondientes, la
carretera se construirá de cualquier modo, la pregunta básica es qué credibilidad
puede tener ahora cualquier “consulta pública” que haga el Gobierno y más aún
cuando los ministros del gobierno de Morales dicen que la consulta que se les
haga a los pueblos indígenas no va a ser (no es) vinculante.
Con todo y más allá de los entrampamientos gubernamentales, los pueblos
indígenas del TIPNIS, yuracaré, moxeño y chimán, se oponen a que la carretera,
de 306 Km. de longitud, atraviese su territorio, básicamente por temor a un
posterior saqueo de los recursos naturales. “Existen minerales, petróleo, madera
y esta región se va a llenar de colonos. Esta es la preocupación que tenemos
nosotros”, manifestó el secretario de Recursos naturales del TIPNIS, Marcelino
Cuellar (Página Siete, 5 julio, p. 5).
“La construcción de la carretera Villa Tunari – San Ignacio de Moxos no
toma en cuenta nuestra existencia, derechos territoriales y la condición
de área protegida.
“Es una carretera que realmente afecta a varias TCOs, afecta al TIM,
afecta a las comunidades de la CIRABO. Refiriéndome más que todo
al TIPNIS, a nosotros nos afecta toda la zona de reserva, o sea la zona
núcleo de reserva de biodiversidad. Además el camino abre la puerta
a la colonización que daría lugar a la proliferación de la coca. Con esta
carretera toda nuestra zona núcleo se pone en riesgo para el desmonte y
para volverlo cocalero” (Adolfo Moye, comunicación personal, 17 junio).
En esta compleja problemática geopolítica intervienen factores muy poderosos,
como los intereses brasileños en el proyecto carretero, recordemos que la obra vial
fue adjudicada a la empresa OAS y el crédito es del BNDES, y los colonizadores
que no sólo tienen la intención de ingresar al TIPNIS con el objetivo de plantar
coca, sino que ya lo están haciendo (La Prensa, “Los cocaleros invaden tierras de
yuracarés en el Chapare”, 27 julio 2008, p. 17ª). Hay por consiguiente un fundado
temor indígena: que la carretera fracture el Parque Nacional y se dé vía libre a los
cocaleros y a las empresas petroleras.
137
Los dirigentes indígenas y autoridades del TIPNIS confirmaron y denunciaron que
el gobierno insiste en construir la carretera entre Villa Tunari (Cochabamba) y San
Ignacio de Moxos (Beni) con el propósito de explotar los recursos hidrocarburíferos
que existirían en esa región, sobre todo en el bloque hidrocarburífero del Sécure.
Las organizaciones indígenas aseguran que en la zona existe petróleo, que quiere
ser aprovechado por el gobierno con la ejecución del proyecto carretero.
Según Adolfo Moye, presidente del TIPNIS, “Este es un proyecto más extractivista
porque el objetivo es construir la carretera cerca de las reservas de hidrocarburos”
(comunicación personal, 17 junio). En consecuencia, la decisión gubernamental
de construir el tramo II entre Isinuta y Monte Grande, no responde tanto a la
necesidad de vincular económica y comercialmente Cochabamba con Beni, sino
a concretar la ansiada explotación hidrocarburífera en el subsuelo del parque
nacional y territorio indígena.
Los representantes del TIPNIS advirtieron que la segunda fase de la construcción
de la carretera, que contempla la apertura del camino monte adentro, no sólo
no cuenta con los estudios técnicos, ni la ficha ambiental correspondiente,
que apruebe la ejecución de la obra, sino que además será una puerta abierta
al narcotráfico y el contrabando. “No existe una ficha ambiental para la vía,
pedimos que el Presidente sea consecuente con su defensa de los derechos de la
madre tierra… Si permitimos la construcción de esta carretera va a ser vía libre
para la madera ilegal, el narcotráfico” (El Diario, 8 julio, tercer cuerpo-4).
Los pueblos indígenas del TIPNIS aseguran por tanto que con la apertura de la
carretera su territorio va a ser devastado y arrasado por los colonizadores (El
Diario, “Denuncian avasallamientos por construcción de carrtera”, op. cit.).
Las comunidades indígenas temen que el camino atraiga la llegada de miles
de campesinos, y que éstos, para realizar tareas agrícolas, quemen el bosque.
Consideran así que el camino impulsará la llegada de cocaleros, y con ello más
problemas ecológicos y sociales. De hecho, ya existen cultivos y plantaciones
ilegales de hoja de coca, sembrados por los colonizadores, en el TIPNIS, cuyos
bosques están siendo severamente deforestados. Por consiguiente, tienen todo
el derecho de defender su hábitat y oponerse a la carretera por entender que
afectará severamente a sus ancestrales modos de vida.
Además del temor que tienen los pueblos indígenas por el futuro de su hábitat,
también hay otras razones para cuestionar la carretera, así como la incidencia de
otro factor que hace que se opongan a la obra: la multiplicación de asentamientos
de colonos, lo que ya hoy es un hecho. Hay realidades que evidencian que
grupos de colonos, que dejaron el Chapare, hicieron del TIPNIS su nuevo hogar
y obviamente están dedicados al cultivo de la hoja de coca (La Prensa, “Las
invasiones de cocaleros al TIPNIS son permanentes”, op. cit.). Las comunidades
138
temen por tanto que la construcción de la carretera permitirá que la zona
protegida sea avasallada por colonizadores, comerciantes y cocaleros.
Actualmente es evidente que el gobierno está favoreciendo a los colonos cocaleros,
que habitan en el Polígono siete del área, y su producción de la hoja de coca,
además de fomentar los propósitos extractivistas en busca de hidrocarburos que
existirían en grandes cantidades, sobre todo en sitios aún inexplorados del área
protegida. Más aún, el Gobierno está muy interesado en y por cumplir el contrato
con PDVSA para que explote los hidrocarburos que hay en la zona y también es
indudable que carretera la quiere para ampliar los cultivos de la hoja de coca.
Es por tanto innegable que detrás de la carretera vendrán no sólo nuevos
colonizadores, sino también las empresas petroleras, madereras y el narcotráfico,
proceso que de hecho ya ha comenzado, con una escasa capacidad del Estado
para intervenir y regular.
“Nuestro mayor temor es que la carretera hacia el Beni destruya la selva,
atrayendo a colonos, cocaleros, madereros y narcotraficantes, con los
riesgos de una deforestación y extinción de especies nativas de animales
y vegetales, que abundan en grandes cantidades en este territorio aún
virgen” (Pastor Iva, comunicación personal, 17 junio).
“Si permitimos que la carretera (por el TIPNIS) se construya por acá, los
colonos nos van a saquear toda la madera, los peces y las aves que hay en
los montes” (Simona Cueva, comunicación personal, 17 junio).
“Al abrirse esta carretera se presenta una amenaza a la vida de los
pueblos que habitamos en el TIPNIS, por la pérdida de los recursos
naturales y toda la biodiversidad sobre la cual se sustenta la cultura
y vida de los Moxeños, Yuracarés y Chimanes, que hemos vivido y
seguiremos viviendo en nuestro territorio desde antes de la creación del
país” (Adolfo Moye, comunicación personal, 16 junio).
El recelo fundamental de los pueblos y organizaciones indígenas es pues que
la construcción de la carretera facilitará el ingreso de cocaleros, permitirá la
139
explotación irracional del petróleo y la tala indiscriminada del parque nacional. El
dirigente del CONAMAQ Rafael Quispe también advirtió que este tramo podría
generar el tráfico de madera, dada la amplia riqueza de reservas forestales que se
encuentran entre Beni y Cochabamba (El Diario, 15 julio 2011, primer cuerpo-4).
En fin, los impactos serán devastadores sobre una de las áreas de diversidad
biológica más ricas de Bolivia.
Los pueblos indígenas moxeño, yuracaré y chimane no van a permitir por
tanto que la carretera Villa Tunari – San Ignacio de Moxos atraviese por el
TIPNIS, básicamente debido a que ocasionaría problemas medio ambientales
y socioculturales, según anunció el representante de la Subcentral del territorio
originario, Adolfo Moye. “Es una amenaza para el territorio, para la preservación
de los recursos naturales, se van a deforestar 500 mil hectáreas de árboles,
afectará a las nacientes de varios ríos, a la flora y la fauna; hay riesgo de que las
comunidades puedan desparecer. Nuestro interés es mantener nuestro territorio
íntegro” (La Prensa, 12 mayo, p. A18). Frente a este conjunto de problemáticas, los
dirigentes del TIPNIS emitieron el siguiente comunicado.
“Denunciamos ante los organismos nacionales e internacionales de
defensa de los derechos humanos la vulneración flagrante y el pisoteo
a los convenios y acuerdos internacionales por parte del gobierno del
presidente Evo Morales, especialmente los referidos a los derechos de los
pueblos indígenas, la biodiversidad y el medio ambiente” (documento
inédito).
Los pueblos indígenas rechazan así la construcción de la carretera en la zona
del trópico, fundamentalmente porque afectaría gran parte del TIPNIS y,
sobre todo, ocasionaría un desastre medioambiental, con graves consecuencias
para la fauna, la flora y los ecosistemas. “No estamos de acuerdo porque esta
carretera va a matar la riqueza natural que tenemos”, manifestó el cacique de
las comunidades de tierras bajas, Gumersindo Pradel (EL Diario, 8 julio, tercer
cuerpo- 4). El presidente de la CIDOB, Adolfo Chávez, denunció al mismo
tiempo que el Gobierno de Evo Morales maneja un doble discurso, por un lado
convoca al diálogo y por otro continúa la deforestación del TIPNIS, luego que la
ABC obtuviera el permiso para que la empresa brasileña OAS inicie el desmonte.
“Por donde se mire, el Gobierno está vulnerando nuestros derechos” (Jornada, 2
agosto, p. 4ª), además de buscar enfrentar a los indígenas con los campesinos.
Las organizaciones indígenas se amparan en el Convenio 169 de la OIT y en la
ley sobre derechos de los pueblos indígenas. La CIDOB anunció que si pese a
la posición de los pueblos indígenas se ejecutara el proyecto carretero, como
anunció el Gobierno, acudirá a organismos e instancias internacionales, como la
Corte interamericana de derechos humanos, para plantear una demanda contra
140
el Estado por violar los derechos de los pueblos indígenas12, sobre todo el derecho
a consulta que tienen los pueblos cuando se trata de implementar proyectos
que afecten su territorio. La CIDOB se propone así avanzar en una estrategia
internacional: de hecho, una delegación denunciará en la Cumbre mundial
del cambio climático, en Durban, el impacto ambiental que se producirá como
consecuencia de la carretera que va a pasar por el TIPNIS.
Las organizaciones indígenas también se amparan en varios artículos de la
CPE, como el 403, numeral I, que deja a los pueblos indígenas “la definición de
su desarrollo de acuerdo a sus criterios culturales y principios de convivencia
armónica con la naturaleza”, así como en el Convenio 169 de la OIT, elevado al
rango de ley por el Estado boliviano, que en su artículo 7 señala:
“Los pueblos interesados deberán tener el derecho de decidir sus propias
prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo, en la medida en que
éste afecte a sus vidas, creencias, instituciones y bienestar espiritual y a
las tierras que ocupan o utilizan de alguna manera, y de controlar, en la
medida de lo posible, su propio desarrollo económico, social y cultural”.
El Convenio 169 de la OIT asimismo establece que los gobiernos deberán
consultar a los pueblos interesados, cada vez que se prevén medidas legislativas
o administrativas susceptibles de afectarles directamente. Las consultas deben
ser de buena fe para llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca de
las medidas propuestas. Según este mismo Convenio, sobre derechos indígenas,
los pueblos deberán participar en la formulación, aplicación y evaluación de los
planes y programas de desarrollo nacional y regional susceptibles de afectarles
directamente.
Sin embargo, el Gobierno contraviene, vulnera y prácticamente hace caso omiso
de este conjunto de preceptos y mandatos legales, tanto que la representante
del TIPNIS, Rosa Chaot, calificó de avasallamiento de los derechos de los
pueblos indígenas y atentado a la biodiversidad las operaciones desarrolladas
para la construcción de la segunda fase de la carretera (El Diario, “Denuncian
avasallamientos por construcción de carretera”, 14 julio, tercer cuerpo-3). Por
consiguiente, el proyecto de carretera no puede y, es más, no debe ser realizado
porque daña severamente la biodiversidad y el medio ambiente.
El presidente de la Asamblea del Pueblo Guaraní (APG), Celso Padilla, también
dijo que la insistencia que el tramo II se lo realice por medio del Parque Nacional
sólo es importante para un sector del MAS, porque existen intereses en extender
espacios para seguir cultivando coca y para explotar madera en una zona que es
de preservación natural: parque nacional y territorio indígena.
12 El mallku de la Comisión de industrias extractivas, Rafael Quispe, celebró la decisión que tomó la CIDOB; de acudir
a organismos internacionales para denunciar la construcción de la carretera y recordó que el CONAMAQ también
sigue este camino por la planta de hidrometalurgia instalada en Corocoro.
141
Aparte del problema de la construcción del tramo II de la carretera, aquí son por
tanto evidentes los enfrentamientos entre indígenas y colonos por tierras. Lo ha
dicho claramente el secretario general de la CSCIB, Gustavo Aliaga, “Traspasaremos
el polígono siete (territorio en el sur del área donde están asentados los cocaleros),
para tener más tierras en la zona” (La Prensa, 3 agosto, p. A8). Esta amenaza
actualmente es una dolorosa realidad para los pueblos indígenas.
Las visiones encontradas, distintas y enfrentadas, se expresan por consiguiente en
las pugnas por la tierra entre indígenas y campesinos, quienes hoy se encuentran
distanciados y en conflicto por la tenencia de la tierra. Los campesinos demandan
la dotación de predios para producir y los pueblos indígenas reivindican ejercer
sus derechos sobre la tierra y el territorio.
Adolfo Chávez, máximo ejecutivo de los pueblos indígenas tierras bajas del oriente,
chaco y amazonía, dijo que además del daño que la carretera podría causar a la
naturaleza, “el temor es a los asentamientos organizados en sindicatos”, aludió
así a los grupos de colonizadores llegados del Chapare a la región del TIPNIS.
“Si permitimos la construcción de este camino ya no vamos a tener
la consolidación del territorio, vamos a ser avasallados tanto por los
cocaleros del trópico como por las federaciones y los sindicatos, no
vamos a ser dueños de nuestro propio territorio, como hasta ahora” (El
Diario, 14 julio, primer cuerpo-3).
La premisa para Adolfo Moye y sus hermanos es la defensa del ecosistema y la
forma de vida de las más de 60 comunidades que viven en el TIPNIS, además
de evitar el avasallamiento de tierras por parte de los cocaleros más allá de la
denominada “línea roja”. A propósito, veamos cuán grave es el problema que
enfrenta a los pueblos indígenas con el sector cocalero y, especialmente, el feroz
avasallamiento de la tierra y el territorio indígenas.
“LAS INVASIONES DE COCALEROS AL TIPNIS SON PERMANENTES”
Una de las más graves derivaciones de la construcción de la carretera es la
intensificación de los cultivos de coca, un problema que tiene varios antecedentes,
como el que ya se refería el año 2008, “los cocaleros invaden tierras de yuracarés en
el Chapare”. A mediados del mes de junio (14 y 15) del mismo 2008 el Consejo del
Territorio Yuracaré, en una asamblea, recibió la denuncia: que los colonizadores
afiliados a los sindicatos cocaleros de Villa Tunari y Chimoré habían ingresado a
su territorio en tres puntos, y se instalaron para la producción de coca (La Prensa,
27 de julio, p. 17ª).
La situación más grave y peligrosa se suscitó el 26 de septiembre de 2009, cuando
más de 350 cocaleros, que avasallaron y se encontraban ilegalmente en el área
142
protegida del TIPNIS, fueron desalojados (El Diario, “Colonos avasalladores del
Tipnis fueron desalojados”, 30 septiembre, p. 7). En esa ocasión los indígenas
enfrentaron a los cocaleros, que se habían asentado en un área próxima a la
comunidad de San Miguelito, dentro del área protegida. Como bien dice Adolfo
Moye, presidente de la subcentral del TIPNIS, “en 2009 hubo enfrentamientos
entre indígenas y colonizadores de Chapare en las zonas de San Miguelito y San
Benito. El Estado no ha sabido proteger las reservas forestales hasta ahora, ni
siquiera en el gobierno actual” (El Deber, 10 julio, p. A31).
El dirigente de la Central de Pueblos Étnicos Mojeños del Beni (CPEMB) Ernesto
Sánchez, dijo que los cocaleros expulsados se desplazaron a las comunidades
aledañas, no sin antes producirse un lamentable enfrentamiento entre los
productores de coca y las comunidades indígenas, cuyo saldo fue un fallecido y
tres heridos con armas de fuego.
En 1990 se hizo una demarcación, una línea roja, dentro del parque nacional,
tras un acuerdo entre las comunidades indígenas y las seis federaciones de
colonizadores del trópico. El acuerdo consensuado permitió delimitar la zona
de explotación exclusiva para los indígenas, que consta de siete polígonos. La
última demarcación conocida como la “línea roja” no ha sido respetada aseguran
los dirigentes del TIPNIS y temen que con la construcción de la carretera la zona
prácticamente se convierta en productora de hoja de coca.
Los comunarios del TIPNIS también denunciaron que los colonizadores plantaron
coca adentro de la línea roja establecida por el Gobierno y para ello deforestaron
el bosque del área protegida y reserva natural. Igualmente aseguraron que las
plantaciones de coca eran destinadas al narcotráfico, como se demostró con el
hallazgo de “tres pozas de maceración de cocaína” (El Diario, 30 septiembre 2009,
p. 7).
Actualmente varios sindicatos se encuentran pasada la línea roja y vulneran la
línea límite demarcada en el parque. Los sindicatos cocaleros ingresan ilegalmente
al área protegida, hoy “área colonizada”, a pesar de ya contar con un cato (40 por
40 metros) de coca por familia. El presidente del TIPNIS, Adolfo Moye, afirmó
que es la misma gente de los sindicatos cocaleros, que ya tiene su propio cato, la
que ingresó al área protegida para plantar de manera ilegal la hoja de coca. “Son
gente que tiene sus cocales, son cocaleros que ya tienen sus cocales y que se han
extendido a nuestra zona” (Cambio, 6 de mayo, p. 14).
Los cocaleros invaden permanentemente el TIPNIS en procura de ampliar sus
áreas de cultivo. Jesús Dávalos, corregidor de la comunidad San Miguelito,
asentada en proximidades del río Isiboro, denunció que el más reciente intento
de avasallamiento del área protegida se produjo el 15 de junio, cuando 200
cocaleros ingresaron al territorio indígena. Este último intento fue repelido por
143
los indígenas residentes allí que echaron a los invasores (La Prensa, 22 de junio,
p. A-2).
Como consecuencia del ingreso permanente de cocaleros al área protegida y
la cada vez mayor superficie desmontada para cultivar coca, las comunidades
indígenas se repliegan cada vez más en el interior del monte. Como bien dice
don Félix Zambrana, trinitario mojeño, los indígenas se sienten acorralados,
el territorio indígena se ha llenado de coca “y a los indígenas nos han hecho
escapar al monte, han ido botando los mojones y siguen avanzando junto con la
coca” (La Razón, 18 julio, p. A8). Por consiguiente, “Ellos, los cocaleros, son los
más interesados en que se abra la carretera Villa Tunari – San Ignacio de Moxos,
porque saben que a través de ese paso podrán asentarse dentro de los límites del
territorio indígena” (La Prensa, 22 junio, p. A-2).
El diputado indígena Pedro Nuni (MAS) denunció que, además de que los
cocaleros han sembrado coca sin respetar la línea roja, que se había planteado
hace mucho tiempo para proteger el parque Isiboro Sécure, los productores de
coca están delimitando terrenos en los laterales por donde pasaría la carretera
Villa Tunari – san Ignacio de Moxos, sin respetar las demarcaciones anteriores
para prohibir el cultivo de la coca. Dijo que conoce que hay cocaleros que “ya
están midiendo lotes sobre las orillas de la carretera” (Jornada, 21 julio, p. 4ª).
Más aún, de acuerdo con el ex viceministro de Tierras, Alejandro Almaraz, el
proyecto de construcción de la carretera por el TIPNIS sólo busca beneficiar y
consolidar el negocio de la coca ilegal vinculada a la producción de cocaína y
por consiguiente al narcotráfico y que por lo tanto no tiene capacidad alguna
de cuidar la Madre tierra13. Especificó que con una carretera que atraviese del
TIPNIS se dan oportunidades muy grandes para un avasallamiento masivo y
descontrolado del negocio de la coca ilegal y de la cocaína (El Diario, “Gobierno
beneficiará al narcotráfico con la carretera Villa Tunari – (san Ignacio de) Moxos”,
15 julio, primer cuerpo-4).
“Esto es arrasador para las comunidades indígenas y para la naturaleza,
porque esos cultivos de coca se plantan donde antes había monte y
matando esa gran diversidad de vida silvestre que es el bosque tropical
del parque nacional Isiboro Sécure” (El Diario, 15 julio, op. cit.).
No obstante y a pesar de las múltiples denuncias de invasión y avasallamiento
de los cocaleros, el presidente Morales se dedicó a pedir a los cocaleros que
expandan sus tierras, “felicito a los hermanos que aparecen con nuevas tierras…
si tienen posibilidad de ampliarlas, ¡háganlo!” (La Prensa, 4 julio, p. A-2).
13 Almaraz también critica los altos montos de inversión para el proyecto, según él, innecesarios, y un posible riesgo
de dependencia a futuro con Brasil. Almaraz habla, específicamente, “de los delictivos sobreprecios en los contratos
de construcción de carreteras suscritos con la brasileña OAS”. Ibíd.
144
Almaraz afirmó de manera contundente que, con la construcción del tramo II,
el Gobierno pretende llenar de coca el TIPNIS. La construcción de la carretera
va a facilitar por tanto el acceso al narcotráfico, así como establecer una vía de
articulación veloz para el tráfico de cocaína.
“Los avasalladores del TIPNIS no quieren tierra… quieren negociar con
la coca ilegal y el narcotráfico. Con una vía se dan oportunidades muy
grandes para la invasión descontrolada de la cocaína. Será devastador
para las comunidades indígenas y para la naturaleza” (La Prensa, 15 julio,
p. A7).
La lucidez de Almaraz es en verdad extraordinaria, sobre todo cuando nos refiere
su visión global de la problemática de la carretera por el TIPNIS y de sus severas
consecuencias sociales, económicas y políticas para el país. He aquí su palabra
profética.
“La carretera Villa Tunari-San Ignacio es la dramática y concluyente
demostración de que el Gobierno de Morales y García se ha subordinado
a los intereses del capital transnacional brasileño con la gravedad de
violar ampliamente la CPE y las leyes del país, causar enormes daños al
erario nacional, destruir una de las principales reservas de vida silvestre
tropical del continente, condenar al desplazamiento y la desestructuración
comunitaria a decenas de comunidades indígenas, y generar gravísimos
enfrentamientos sociales, todo para colmar el apetito cleptómano de la
transnacional brasileña OAS” (comunicación personal).
A propósito, ¿cómo justifica el Gobierno la construcción de la carretera?, ¿qué
disposiciones arguye para proponer la construcción de la carretera?
“QUIERAN O NO QUIERAN VAMOS A CONSTRUIR ESTE CAMINO”
El presidente Morales afirmó el 29 de junio que la carretera Villa Tunari –
San Ignacio de Moxos se construirá “quieran o no quieran” los indígenas del
Territorio Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) y que se lo concluirá durante
su gestión gubernamental. El Gobierno ha señalado que es una obra que ayudará
a la integración física del país y también favorecerá al desarrollo nacional.
Más todavía, el Gobierno aseguró que no se someterá a la voluntad de ningún
grupo, sea indígena o no. Si bien reiteró su disposición de iniciar el diálogo, aclaró
que no era para decidir sobre la construcción de la vía (que ya está resuelto), sino
para explicar a los indígenas la importancia y el valor de la misma. Según el
diputado del MAS Franklin Garvizu es un mero “capricho” del dirigente indígena
Adolfo Moye la posición de rechazar la carretera y, más aún, de evitar el desarrollo
y la integración de Cochabamba y el Beni. El ministro Delgadillo dijo que estaba
145
dispuesto a discutir el tramo dos, pero sobre la base de “la significación” de esa
carretera para el país. En estas declaraciones gubernamentales hay no más una
especie de desprecio racista a los pueblos indígenas.
El Gobierno nacional también dijo que no es aceptable el veto a la construcción
de la carretera, “en lo que no podemos ingresar es en una especie de veto, un
veto que impide el desarrollo” o que la consulta tenga carácter vinculante (Página
siete, 2 agosto, p. 4), ¿por qué?, al parecer los argumentos no importan, a quién
le puede afectar si sólo se trata de indígenas. “Hace tiempo, tanto tiempo que
pareciera que ello ha sucedido en otro planeta, el presidente Morales sostenía,
desafiando toda doctrina, que los derechos de la Madre tierra están por encima
de los derechos humanos” (La Razón, 7 agosto, p. A3).
El leit motiv del gobierno es evidentemente el desarrollo y es por ello que pide
que los pueblos indígenas se “incorporen” al proceso de desarrollo del país. El
Gobierno argumenta que con la carretera promoverá el desarrollo de las regiones
y del país al mejorar los medios de transporte y sentará presencia del Estado
en tales regiones. Por ello el proyecto carretero fue declarado de “prioridad
nacional”. Así, pues, el desarrollo, junto al desarrollo el progreso, es el principal
argumento que esgrime el Gobierno ante el rechazo de los pueblos indígenas.
El vicepresidente Álvaro García destacó la importancia que tiene la carretera que
unirá Cochabamba con Beni para el desarrollo nacional. El Gobierno considera
que la carretera es necesaria para el desarrollo de la región y el país. Más aún,
anunció que, cualquiera sea el trazo de la vía, ésta pasará necesariamente por
una parte del Parque nacional. “La carretera tiene que pasar por algún lado del
parque… tiene que pasar por algún lado del parque” (Página siete, 5 agosto, p. 3).
El gobernador por el departamento de Cochabamba, Edmundo Novillo, lamentó
que no se entienda que la carretera es una necesidad para el progreso y desarrollo
de las regiones y obviamente criticó y, en realidad, despreció, también de manera
racista y segregacionista, la posición y la perspectiva de los pueblos indígenas.
“Los compañeros indígenas se quieren (sic) oponer a la construcción de caminos,
a la exploración de nuevos pozos petrolíferos, a la construcción de nuevas plantas
hidroeléctricas. Esta oposición es una forma muy estrecha de ver los intereses
de un pequeño sector (¿?) y no de todo el país” (Página siete, 2 agosto, p. 4). Es
evidente que aquí desaparece, de una manera asaz arbitraria y discriminatoria,
la cualidad político territorial de los pueblos indígenas, hoy, toledanamente,
reducidos a “un pequeño sector”.
Las autoridades gubernamentales, como el presidente de la Asamblea legislativa
plurinacional, Héctor Arce, insisten en que la construcción de la carretera
traerá progreso y desarrollo para el país. “La construcción de esta carretera
significa progreso para todos los bolivianos y miles de empleos que nos van
146
a beneficiar” (El Diario, 12 julio, tercer cuerpo-4), sin importar si ello afecta al
medio ambiente. Estos funcionarios del gobierno retrotraen al presente las más
arcaicas y trasnochadas ideologías de la modernidad colonial, como el desarrollo
y el progreso.
El ministro de Obras públicas, servicios y vivienda, Walter Delgadillo, dijo
que la carretera representa “una gran oportunidad para que ellos (los pueblos
indígenas) se incorporen al proceso de desarrollo nacional” (La Razón, 11 julio,
p. A8), incorporación e integración de los indígenas bajo la égida desarrollista:
trasnochada ideología MNRista. También dijo que el Gobierno considera
de prioridad la construcción de este camino, porque permitirá llevar (desde
arriba y afuera) desarrollo a esa región, además de apoyar al crecimiento y la
industrialización del país. Reiteró que Bolivia necesita comunicarse, mejorar
las condiciones de vida de sus ciudadanos, además de desarrollarse y generar
crecimiento y si bien repitió la predisposición del Gobierno a dialogar, dijo bien
claro que se lo hará sobre la base del proyecto de construcción que pasa por la
reserva del TIPNIS, “ese gran proyecto de interés nacional e interregional” que
implica la construcción de la carretera.
Según el ministro Delgadillo la construcción de la carretera por el TIPNIS
se justifica por la necesidad de comunicación e integración. El defiende la
carretera porque el país necesita crecer e invertir, así como conectar a las
regiones del país y los sectores productivos agropecuarios. Es obvio que aquí
no cuenta el cuidado del medio ambiente, menos el horizonte del vivir bien o
el equilibrio entre la comunidad y el medio ambiente, mucho menos la consulta
a los pueblos indígenas. El ministro Delgadillo insiste en que la carretera es
“extraordinariamente importante” para el desarrollo del país porque conectará a
dos regiones altamente productivas.
El diputado beniano por el Movimiento Al Socialismo (MAS) Antonio Molina
insiste en que frente al rechazo de la carretera por parte de los pueblos indígenas
del TIPNIS, se impone prioritariamente la “estrategia de desarrollo nacional”.
La carretera debe ir adelante –afirma- pese a los problemas medioambientales
y socioculturales que pueda causar. Todo desarrollo, dijo, implica un costo
medioambiental. Aquí lo que importa son las necesidades de desarrollo del país
y no así equilibrio alguno con la naturaleza. Podemos ver por tanto que está muy
bien hablar del respeto de los derechos de la Madre tierra, pero en la práctica se
la está saqueando, depredando y devastando en aras del progreso y el desarrollo.
Más grave aún, cuando el propio viceministro, nada menos que de descolonización,
Félix Cárdenas, afirma y, en realidad, amenaza que “se harán más vías como en el
TIPNIS”. La autoridad aseguró que “éste (el que divide las tierras protegidas del
TIPNIS) no será el único camino que atravesará zonas protegidas, serán muchos
otros más, todo con el fin de conectarnos internacionalmente” (La Prensa, 5 agosto,
147
p. A6). “El pueblo boliviano necesita desarrollo y este camino será el primero
de muchos otros” y que el programa de integración regional y construcción de
nuevas carreteras que el Gobierno pretende llevar adelante atravesará varias áreas
protegidas del país. Más aún, la apertura de las vías permitirá alcanzar el objetivo
de integración, así sea vulnerando y violentando la vida misma de las comunidades
indígenas y depredando la naturaleza y los ecosistemas. “Se puede negociar y
consultar, pero no vamos a retroceder por la petición de 15.000 indígenas” (La
Prensa, 9 agosto, p. A8). ¿Hay alguna diferencia sustancial entre este burócrata
“descolonizador” y el perro del hortelano del presidente Alan García?
César Navarro, viceministro de Coordinación con los movimientos sociales, indicó
que insistirán en el diálogo sin afectar el desarrollo e interés de los pobladores de
Beni y Cochabamba. Según este viceministro, las demandas y reivindicaciones
de los pueblos indígenas no tiene valor alguno y que por tanto lo que importa es
el conjunto de los intereses “de los pobladores” (obviamente no-indígenas). Más
aún, el viceministro afirmó que el proyecto vial tiene la finalidad de acelerar el
desarrollo del país y la integración nacional: alegorías y características básicas de
la ideología y el Estado moderno colonial (que no plurinacional).
El cierre del viceministro es axiomático, “No podemos analizar en función de
vetos sino en función de proyecciones, de desarrollo y acuerdos que nos beneficie
a los bolivianos” (Jornada, 2 agosto, p. 4ª). Ergo, los indígenas no son bolivianos,
por no decir que no son seres humanos (¡Sepúlveda redivivo!); por tanto, no tienen
derecho alguno, menos, mucho menos el de atreverse a vetar (obstaculizar y/o
boicotear) el progreso, el desarrollo, la modernidad y la modernización (de un
evidente carácter colonial). Se reactiva así una retórica gubernamental de carácter
intensamente racista y segregacionista e igualmente el antiguo darwinismo social
propio de la más rancia oligarquía q’ara boliviana14.
Peor aún, con un lenguaje profundamente discriminatorio, propio de la más
arcaica oligarquía blanco mestiza, Pedro Calderón, secretario ejecutivo de la
Confederación Sindical de Comunidades Interculturales de Bolivia (CSIB), que
también representa a las federaciones del trópico cochabambino, dio a conocer
su apoyo a la decisión cocalera de exigir la carretera por el TIPNIS y acusó a los
pueblos indígenas nada más, ni nada menos que de obstaculizar, entorpecer y
estorbar al desarrollo del país (La Prensa, 20 julio, p. A8).
Aquí se contraponen, de manera radical, las visiones de desarrollo del Gobierno
y de los pueblos indígenas. Para el Gobierno por encima de los pueblos indígenas
está el sacrosanto desarrollo, mientras que para los pueblos indígenas importa
la convivencia y armonía con la naturaleza: medio ambiente, ecosistema y
biósfera. Según el dirigente indígena Fernando Vargas, “lo que están haciendo
14 Cfr. Demelas, M.-D., “·Darwinismo a la criolla: el darwinismo social en Bolivia, 1880–1910”, en: Historia Boliviana, V
1(2), 1981, pp. 55-82.
148
es tergiversar la verdad para ponernos en contra de la población diciendo que
somos los indígenas los que no oponemos al desarrollo e integración” (Jornada,
10 agosto, p. 5ª).
Más todavía, según los funcionarios del Gobierno quienes se oponen a la
construcción de la carretera son, sencillamente, enemigos, traidores y refractarios
al ansiado desarrollo y progreso del país. Así, según el diputado Julio Chávez
del MAS, los sectores sociales que se oponen a la construcción de la carretera son
“enemigos del pueblo”, porque la carretera sería de (sic) beneficio de todos los
bolivianos.
El senador Julio Salazar, del MAS, también calificó de “enemigos” a los pueblos
indígenas que cuestionan la construcción de la carretera que atravesaría el TIPNIS.
Salazar dijo que “Aquellos que se opongan a la carretera para mí son enemigos del
pueblo boliviano” (Página siete, 4 agosto, p. 3), refiriéndose a los pueblos indígenas
que realizan la marcha y a las instituciones que estarían alentando una oposición
a la ejecución de dicha vía. Esta acusación es muy grave, declarar que los pueblos
indígenas son enemigos denota y connota una condición evidentemente racista,
discriminatoria y, más aún, fascista; por cuanto el enemigo, todo enemigo, debe
ser derrotado, destruido y, por supuesto, aniquilado, ¿es lo que el Gobierno de
Evo Morales pretende hacer con los pueblos indígenas?
Por consiguiente, el rechazo a la construcción de la carretera podría transformarse
en un violento conflicto por la posesión de tierras existentes en el TIPNIS.
Estos problemas podrían hacer del TIPNIS el epicentro de una lucha ya no
sólo por preservar la integridad ecológica del TIPNIS, sino también ocasionar
un panorama muy peligroso de enfrentamientos entre colonizadores cocaleros
y comunidades indígenas. De hecho, la CSCIB ya ha anunciado públicamente
su interés en y por ocupar las tierras del TIPNIS, aunque ello signifique un
enfrentamiento contra los pueblos indígenas del área tropical de Cochabamba
y la región amazónica del Beni. Los bloqueadores de Yucumo hoy mismo están
evidenciando tenebrosamente estas amenazas.
Cuando el discurso de la modernización y el desarrollo no tiene efecto alguno en
las organizaciones indígenas, cuando no atrae ni al más ingenuo de los indígenas
y cuando más bien los pueblos indígenas continúan fortaleciendo los propios
procesos de articulación y movilización, el gobierno acude al trillado pretexto
de la utilización y manipulación externa de las comunidades indígenas. Esta
estrategia es pues racista y, al mismo tiempo, segregacionista, además de fascista,
porque desconoce, niega y desprecia las capacidades indígenas de organización,
movilización e incluso –por qué no- sublevación.
El presidente Morales empezó acusando a los dirigentes indígenas de estar
“influidos mediante las ONG, europeas especialmente” y de pedir dinero para
149
viabilizar la ejecución de proyectos como la construcción de la ruta que atraviesa
el TIPNIS. También lamentó que las fuerzas sociales de Cochabamba y Beni no
coadyuven y no persuadan a los indígenas “que están siendo confundidos”
(La Razón, 13 julio, p. A10). El presidente asume así una actitud evidentemente
racista al atribuir la protesta indígena a la influencia de las ONG y desconocer
arbitrariamente las capacidades, sabidurías y voluntades propias de los pueblos
indígenas.
Para el presidente Morales son las ONG, “enemigas de la integración, de la
economía nacional”, las que influyen negativamente en los indígenas y tratan
de evitar la construcción de la segunda fase de la carretera bajo la tesis del
cuidado del medio ambiente. Por consiguiente, no son los pueblos indígenas los
que se oponen a la construcción de esa ruta, sino que la negativa viene de las
ONG que operan en la zona. “Hay ONG que so (sic) pretexto de conservar el
medio ambiente quieren perjudicar”. En tal sentido, pidió a las fuerzas sociales
y particularmente a los transportistas que “persuadan” a los indígenas para que
acepten que la vía pase por sus tierras (Página siete, 13 julio, p. 33).
El presidente Morales igualmente acusa a los pueblos indígenas de servirse de las
ONG, que se niegan a la ejecución de este tipo de proyectos viales en el trópico.
“Tenemos los recursos económicos, pero aparecen algunos supuestos defensores
del medio ambiente mediante ONG que usan a nuestros hermanos para que no
se construya este camino” (Página siete, 30 junio 2011, p. 4). El ministro de Obras
públicas, Walter Delgadillo, también dijo que de-tras los reclamos indígenas
está la influencia de una serie de ONG ambientalistas. El secretario general de la
CSCIB, Gustavo Aliaga, además de criticar la marcha de los pueblos indígenas,
dijo que la CIDOB busca desgastar y mellar la imagen del presidente Morales.
Una manera ciertamente muy torpe de soslayar y eludir las demandas indígenas.
El presidente Morales señaló asimismo que algunos políticos opositores utilizan
a los dirigentes indígenas para oponerse a la construcción del camino interdepartamental (Jornada, 30 junio, p. 5ª). Más todavía, Morales manifestó que no
podía entender “que nuestros hermanos sean enemigos de Bolivia (una acusación
evidentemente racista) y usados por la derecha” (Jornada, 4 agosto, p. 4ª).Una
vez más, el presidente Morales, considera, racista y discriminatoriamente, a los
pueblos indígenas incapaces de pensar, hablar y movilizarse por voluntad propia.
El inefable viceministro de descolonización, Félix Cárdenas, arremete, una
vez más, contra las organizaciones indígenas, no sólo volviendo a pregonar la
anacrónica ideología del progreso y desarrollo, “que traerá la carretera”, sino
y más aún acusándolas de traición. “En el TIPNIS hay una rara coincidencia
entre los pueblos (sic) de la CIDOB y los grandes agroindustriales y ganaderos
cruceños. Es una alianza rara entre los patrones y esclavos de hacer que ahora
marchan juntos” (La Prensa, 9 agosto, p. A8). El viceministro “descolonizador” es
150
no más pues un asimilado, un absorbido y, más todavía, un subordinado por las
estructuras moderno coloniales, aún hoy imperantes.
Sin embargo, y una vez más, la acusación y/o inculpación de manipulación no es
suficiente, no sólo que los pueblos indígenas no se arredran, ni desalientan ante
semejantes insinuaciones, sino que exigen y demandan aclarar tales denuncias.
Así, por ejemplo, la comunidad Santísima Trinidad pidió la presencia del
presidente Morales para que esclarezca las acusaciones lanzadas en contra de los
dirigentes del TIPNIS. “Queremos la reunión con el Presidente”, afirmó Bernabé
Noza, autoridad de la comunidad Santísima Trinidad (La Razón, 19 julio, p. A8).
Supuesto las insu(de)ficiencias de las inculpaciones de manipulación externa, los
pueblos indígenas asentados en las tierras bajas del oriente, chaco y amazonía,
continúan rechazando la carretera, entonces el Gobierno recurre a la táctica
más deplorable y patética: acusar a los dirigentes indígenas de conspiración, de
subversión, ergo de sedición, cuando no de complot y, cuándo no, de traición.
Así, el Ministro de de servicios, vivienda y obras públicas, Walter Delgadillo,
denunció que la marcha indígena contra la construcción de la carretera responde
a intereses arbitrarios y que fuerzas extra-nacionales, probablemente agentes
del comunismo internacional, perdón del imperialismo, “se prolongan” en
el ámbito nacional. Este ministro no podía ser más estíptico en y con sus
arbitrarias inculpaciones e imputaciones, ciertamente racistas, a los líderes de las
organizaciones indígenas.
El Ministro Delgadillo responsabilizó, directamente, a la camarilla cruceña,
a los “intereses regionales, esencialmente de Santa Cruz”, a los “sectores de
derecha que le hacen coro”, a todos quienes respaldan a los pueblos indígenas
y, obviamente, a las ONG por la activa movilización de los pueblos indígenas
contra la construcción de la carretera.
En los últimos días, la inculpación gubernamental se ha tornado mucho más
agresiva y belicosa. Según el gobierno, los pueblos y las comunidades indígenas
actúan y operan únicamente por las digitaciones del imperialismo estadounidense.
En general, el Gobierno no cumple sus obligaciones constitucionales, como el
derecho a la consulta previa con los pueblos indígenas sobre la construcción
de la carretera y se limita a decir, una y otra vez, que la consulta no tiene, ni
tendrá carácter vinculante, es decir que los resultados de la consulta no serán
determinantes para la toma de decisiones sobre la vía. El argumento esgrimido
por el ministro de la presidencia, Carlos Romero, es digno de figurar en los anales
del racismo gubernamental: “Un Estado no puede subordinar sus decisiones
al criterio de comunidades locales” (Página siete, 9 agosto, p. 4). Al parecer, el
presidente y sus ministros “siguen pensando que el paraíso del desarrollo es el
151
mito de la conquista de las tierras vírgenes sacrificadas en el altar del progreso
civilizador” (Página siete, 7 agosto, p. 18).
Por ello mismo, el gobierno del presidente Morales menosprecia al movimiento
indígena, continúa una reiterada práctica estatal de seguir transgrediendo los
derechos de los pueblos a la tierra y el territorio y discrimina, racistamente, a
sus dirigentes cuando señala que son manipulados y usados por las ONG y que
éstas están por detrás de la marcha indígena. “A mi juicio esta es una afirmación
de colonialismo, o sea la idea en el fondo es ésta, que los indígenas de hecho son
menores de edad, que pueden ser manipulados”15. Por ello mismo, los pueblos
indígenas son relegados, desacreditados y estigmatizados por los ministros y los
senadores oficialistas como enemigos del pueblo boliviano y sus demandas son
degradadas como “irracionales, no inteligentes, contrarias al desarrollo del país
y supeditadas a la agenda de las ONG medio ambientalistas y la oposición de
derecha” (La Razón, 7 agosto, p. A5).
Es por tanto evidente que los intereses de los campesinos, incluyendo a los
cocaleros, “enajenados por el brutal pragmatismo avasallador de los colonizadores
de tierras bajas” (Página siete, 7 agosto, p. 18), se sobreponen a los derechos de los
pueblos y comunidades indígenas y a la defensa del medio ambiente.
Consecuentemente, es fácil inferir que la construcción de la carretera condenará
a la desaparición de los pueblos indígenas porque los colonizadores y cocaleros
coparán esas tierras. No sólo hay por tanto una invasión del TIPNIS por parte de
los colonizadores que se dedican al cultivo de la hoja de coca, sino también un
proceso político y económico de copamiento del Estado por parte de los sindicatos
cocaleros del Chapare. Peor todavía, más allá de las acusaciones e inculpaciones,
el Estado plurinacional aún no plantea ninguna política clara que trate de evitar
o, al menos, mitigar el impacto ambiental y el daño al ecosistema del TIPNIS y
tampoco está proponiendo el tema de la reposición de los recursos naturales y la
biodiversidad que serán dañados con la construcción de la carretera.
Frente las agresiones y avasallamientos propiciados por el propio Gobierno, ¿qué
les queda por hacer a los pueblos y organizaciones indígenas?, pues, reunirse,
activarse y, obviamente, movilizarse, y es precisamente lo que están haciendo en
el desarrollo de la marcha16.
15 Boaventura de Sousa Santos, Conferencia, op. cit., p. 10.
16 Cfr. “Plataforma de demandas de la VIII marcha indígena de los pueblos indígenas del oriente, chaco y amazonía
boliviana”, documento inédito.
152
CONCLUSIONES PARA SEGUIR SUBLEVANDO-NOS
Veamos, en este acápite final, las principales conclusiones que se pueden inferir
del trabajo realizado en torno a las contrariedades generadas por la construcción
de la carretera por el TIPNIS. Más que un resumen o síntesis de las temáticas
desarrolladas en torno a la movilización de las organizaciones indígenas, aquí nos
interesa ampliar y proyectar, hacia desarrollos teóricos y políticos más globales,
las reflexiones emergentes de la problemática del TIPNIS.
Si bien hay varios elementos económicos, políticos y culturales implicados en
la cuestión del TIPNIS, por razones de espacio vamos a circunscribirnos a los
campos intelectuales y gubernativos y por ello mismo a situarnos un poco más
allá de la actual coyuntura, ciertamente alarmante, por los avasallamientos y
sujeciones que hoy sufren los pueblos indígenas17.
I
La construcción de la carretera Villa Tunari (Cochabamba) – San Ignacio de Moxos
(Beni), una de las prioridades programáticas más importantes del gobierno del
presidente Evo Morales, ha generado discrepancias entre los pueblos indígenas
y el gobierno. Aunque la opción del diálogo aún está abierta, las organizaciones
indígenas están desarrollando una marcha heroica y el presidente expresó
su intención de ejecutar la obra “quieran o no quieran” los pueblos indígenas
(guardianes de la biodiversidad).
Desde el anuncio del proyecto carretero, los pueblos del TIPNIS (yuracaré,
chimán y moxeño trinitario) se declararon en emergencia y advirtieron que
resistirán la decisión del presidente Morales de construir la vía que atravesará
la reserva natural que tiene una superficie de unos 12.000 Km. cuadrados. Tanto
17 Por razones de tiempo y también de espacio no vamos a referir, no al menos por hoy, la masacre perpetrada por el
gobierno del presidente Morales contra los marchistas del TIPNIS en Chaparina el 25 de septiembre del presente año
2011.
153
los pueblos indígenas de la región como las entidades ambientalistas han pedido
que no se construya el tramo II de la carretera atravesando el territorio indígena,
sino que se realice un nuevo trazo que rodee el parque.
La oposición de los pueblos indígenas a la carretera, por los impactos socio
ambientales que desencadenará, no sólo es legítima sino también razonable: ellos
no están en contra de la construcción de la infraestructura vial en el país, es decir
que no se oponen a la construcción de la carretera sino a que atraviese el territorio
indígena porque acabaría con los sistemas de vida de los pueblos indígenas, por
ello proponen la construcción de rutas alternativas que no pasen por su territorio.
No se trata por tanto de postular la intangibilidad del medio ambiente, sino de
respetar el territorio indígena y parque nacional.
Los pueblos y comunidades indígenas que habitan el TIPNIS se oponen por
tanto a la construcción de la segunda fase o tramo II de la denominada ruta de la
integración, debido a que la construcción de la carretera afectaría la biodiversidad
existente en el lugar, ocasionando un daño al ecosistema y tendría un alto costo
medio ambiental, además que hasta hoy no existe una ficha ambiental para la
construcción del segundo tramo. De acuerdo con las palabras del presidente de
la Subcentral TIPNIS, Adolfo Moye, permitir la construcción del tramo II de la
mencionada carretera es permitir el etnocidio, cuando no el genocidio, de las
comunidades indígenas, que con sacrificadas movilizaciones y la gran Marcha
indígena de 1990 lograron que se reconozca al Parque nacional y se declare
además como TCO. Esta es la principal razón que los impulsa a defender su
territorio.
Los pueblos indígenas que habitan el TIPNIS observan el tramo II en la construcción
de la carretera porque pasaría por el TIPNIS y consideran que ello vulnera el
derecho de los pueblos a decidir sobre sus territorios, más aún cuando se trata de
un territorio indígena y parque nacional. Las organizaciones indígenas advierten
así un evidente incumplimiento de los derechos de los pueblos indígenas con
la construcción del tramo II de la carretera, además de que se lo está haciendo
sin la previa consulta. Es por ello que los representantes de la Subcentral del
TIPNIS, que aglutina a 64 comunidades, se resisten a la construcción del tramo
que atraviesa el área protegida.
Los pueblos indígenas rechazan el tramo II de la carretera porque temen que
provoque la invasión de los colonos, la destrucción de la biodiversidad y el
cultivo ilegal de la hoja de coca por parte de los campesinos de la zona adyacente
del Chapare. Las organizaciones indígenas resolvieron por tanto declarar-se en
estado de emergencia e iniciar medidas de presión contra la determinación del
Gobierno de llevar a cabo la construcción de la carretera por un área protegida
y que va a afectar el hábitat de los pueblos y comunidades indígenas de tierras
bajas.
154
Las organizaciones indígenas también se resisten a aceptar que el trazo pase por
el medio del parque nacional, porque consideran que la apertura de la carretera
podría permitir que los colonos cocaleros capturen y copen el lugar, convirtiéndolo
en una zona productora de coca ilegal. En consecuencia, los pueblos indígenas
de la región del TIPNIS rechazan la vía, que atravesaría el corazón de esa reserva
natural, debido a que temen una invasión de colonos y comerciantes, es decir de
asentamientos humanos ilegales junto a los traficantes de madera, todo lo cual
obviamente generaría un daño ambiental, que se prevé muy severo, a la reserva.
Las comunidades indígenas recelan igualmente que la abertura del parque
nacional facilitará el ingreso de colonizadores cocaleros a la reserva natural
porque ya, hoy, hay invasiones al territorio indígena. Por tanto, una razón
adicional para la actual marcha de los pueblos indígenas, además del atentado
contra la biodiversidad, es que los colonizadores provenientes del Chapare ya
están delimitando terrenos paralelos al futuro camino. Los pueblos indígenas
temen por tanto que la apertura de la carretera pueda provocar la masiva invasión
de los cocaleros.
Es por tanto legítimo el rechazo a la construcción del tramo II de la carretera no
sólo por el impacto medio ambiental que podría ocasionar, sino también por la
presencia de cocaleros que podrían avasallar la zona del TIPNIS. Por consiguiente,
un tema fundamental sigue siendo la consulta previa a la construcción del tramo
II de la carretera, que no sólo dividirá en dos el TIPNIS, sino que también afectará
su forma de vida y acelerará el asentamiento de los cocaleros.
Por consiguiente, la construcción de la carretera pone en cuestión al menos
tres temas críticos para la sociedad y el Estado bolivianos: uno, actualiza el
tradicional e histórico enfrentamiento entre el Estado y los pueblos indígenas;
dos, pone en cuestión los alcances, las posibilidades y las consecuencias de la
constitucionalización de la consulta a los pueblos indígenas y, tres, cuestiona al
interés del Gobierno de llevar adelante su visión del “desarrollo nacional”.
El TIPNIS también contradice la propia construcción del Estado plurinacional,
sobre todo en lo que atañe al ejercicio de los derechos de los pueblos indígenas, al
discurso acerca de la Madre tierra e incluso a las políticas del vivir bien. También
evidencia los riesgos altamente peligrosos para la existencia misma de los
territorios indígenas y los ecosistemas regionales: la infraestructura vial destruirá
un ecosistema de alta biodiversidad. Por el lugar donde se prevé la construcción
de la vía se encuentran los bosques de mayor tamaño, mayor antigüedad y
diversidad biológica.
II
Sin embargo, la posición intransigente del Gobierno a favor de la construcción de
la carretera confirma, por un lado, que no está dispuesto a respetar el mandato
155
constitucional de la consulta previa, el consentimiento libre y la autonomía de los
pueblos indígenas sobre su territorio; por el otro, que su proyecto desarrollista
y extractivista no incorpora el principio de sostenibilidad ambiental. Según
la visión gubernamental la carretera representa el progreso y, más aún, el
desarrollo del país. Hoy, cuando el cambio climático ya es un factor medular
de la economía de cualquier país del mundo, la visión del desarrollo no puede
dejar de considerar el uso y aprovechamiento sostenible del territorio. Desarrollo
sin protección del medioambiente ya no es desarrollo sino depredación: saqueo,
despojo y devastación de la Madre naturaleza18. Igualmente habría que tener en
cuenta la necesidad de superar incluso la versión más progresista del desarrollo,
el desarrollo sostenible, por cuanto si es desarrollo no es, ni puede ser sostenible
y si es sostenible no es, ni puede ser desarrollo.
La cuestión primordial es por tanto el paradigma y modelo de desarrollo que
actualmente está sustentando las acciones y las políticas del gobierno del
presidente Morales. Uno de los pre-supuestos fundamentales de las políticas
públicas del gobierno de Morales y no sólo en relación con el TIPNIS o los pueblos
indígenas sino con el conjunto de las estrategias estatales es la reactualización y la
predominancia teórica y política de la decimonónica ideología de la modernidad
y el desarrollo, más propiamente del desarrollismo capitalista y el extractivismo
dependientes, que si bien pueden generar riqueza, lo hacen al precio de destruir
irreparablemente la naturaleza.
Si bien hoy es evidente que la ideología de la modernidad, la modernización y el
desarrollo está en crisis (prácticamente terminal), es en verdad inaudita la persistencia
y la tenacidad de este discurso euro-occidental y, por tanto, colonial, en las políticas
públicas del gobierno de Morales19. La actual situación de los pueblos indígenas en
Bolivia es también inaudita y más todavía si vemos el uso gubernamental de esta
ideología liberal y capitalista para invalidar, neutralizar y, en definitiva, anular las
reivindicaciones y el ejercicio de los derechos de los pueblos indígenas.
El gobierno del presidente Morales está pues atrapado en una forma de
razonamiento del desarrollo propio de los años sesenta del siglo pasado y sigue
anclado en la idea más colonialista e imperialista del progreso: el industrialismo.
La carretera es entendida, por tanto, como sinónimo de modernidad,
modernización y civilización en sí misma. Ergo, no entiende, no puede entender
que este proyecto afectará dura y severamente no sólo al medio ambiente sino
también a la vida misma de las comunidades. Estamos pues en un periodo de
gran vulnerabilidad de los derechos de la Madre tierra y el TIPNIS puede ser
simplemente la punta de un gigantesco iceberg.
18 Cfr. Escobar, Arturo, “”Epistemologías de la naturaleza y colonialidad de la naturaleza”, en: Cultura y naturaleza,
Bogotá, s/f, pp. 28-52.
19Para mayores argumentaciones sugiero leer el interesante texto de Raúl Prada A., “La recreación anacrónica del
imaginario desarrollista”, La Paz, 2011, documento inédito.
156
Los procesos sociales y económicos que hemos podido percibir en el devenir de
la problemática del TIPNIS muestran, precisamente, la reactualización y vigencia
plena de la ideología euro-occidental de la modernización y el desarrollo, hoy
dominantes en la prédica y, sobre todo, la práctica política del gobierno de
Morales. El enfrentamiento por la carretera comprende así diferentes visiones de
desarrollo que tienen tanto el Gobierno como los pueblos indígenas. La carretera,
que prácticamente parte en dos al TIPNIS, es entendido por los funcionarios
del gobierno como un dispositivo capital del desarrollo nacional; en cambio, los
pueblos indígenas la entienden como la depredación y devastación de la Madre
naturaleza.
La mirada gubernamental del desarrollo, visión desarrollista, no sólo es grave,
sino inaceptable en quien hace de la defensa de la Pachamama su principal
bandera. Recordemos que el presidente Morales llegó a sostener que “en este
milenio es más importante defender los derechos de la Madre tierra que defender
los derechos humanos”. También muestra el carácter meramente ideológico,
cuando no demagógico, del paradigma del vivir bien y de la defensa de la Madre
tierra.
Hay pues una evidente contradicción entre el discurso de protección de la Madre
tierra y la construcción de la carretera por medio del TIPNIS. La construcción de
la carretera va además contra la Ley del medio ambiente y por tanto contradice
los derechos de la Madre tierra. La construcción de la carretera por el TIPNIS
constituye por consiguiente la continuidad colonial de la sistemática e histórica
vulneración y depredación de los derechos de la Madre Tierra y, por consiguiente,
el olvido (por decir lo mismo) del paradigma del vivir bien, que hoy aparece
totalmente subordinado al modelo del desarrollo occidental: crecientemente
separado y, más aún, contrapuesto a la naturaleza.
III
Por nuestra parte consideramos que no es necesario descartar el proyecto
carretero, sino que se debe tomar otras opciones como la propuesta por las
organizaciones indígenas de circundar el área del parque Isiboro Sécure.
Básicamente planteamos que la carretera puede tener otro trazo y otra alternativa.
Precisamente el presidente de la Subcentral TIPNIS, Alfredo Moye, pide que se
tome en cuenta la propuesta de su organización, que consiste en que la vía se
ejecute por el tramo Villa Tunari – Puerto san Francisco – Loreto, alternativa que
asegura no causará impacto en la biodiversidad, ni en el ecosistema. Se trata por
tanto de trabajar a partir de las posibilidades de construir este proyecto carretero
sin atravesar el área núcleo de protección total que tiene el TIPNIS, sin tener que
desviar los causes de los ríos y eliminar muchas hectáreas de bosques.
También apostamos por la urgente necesidad de llegar a un acuerdo entre el
Gobierno y los pueblos indígenas en torno a las alternativas al trazo II, que pueden
157
ir por la vía del acuerdo, por la efectuación de la consulta previa vinculante y el
ejercicio pleno de los derechos de los pueblos indígenas, además de la realización
de los respectivos estudios de impacto socio ambientales. La construcción de la
vía pasa entonces por el diálogo y el consenso que deben existir entre los pueblos
indígenas y las autoridades gubernamentales, además de abrir la posibilidad de
construir una ruta paralela y alternativa a la que se contempla en el proyecto
inicial. Se trata en definitiva de respetar la decisión de los pueblos y comunidades
indígenas en todo aquello que pueda afectar a sus territorios y en consecuencia
a sus propias vidas.
Ahora bien, construir la carretera por la ruta alterna va a resultar “más
caro”, debido a que en esa vía existen inundaciones en época de lluvias, pero
consideramos que es posible financiarlo apelando, entre otras opciones, a los
mecanismos de los “créditos de reducción de carbono”, que significaría “negociar
acuerdos” para conservar los bosques del TIPNIS y recibir una compensación a
cambio. Aceptando que cambiar el trazo de la vía va a elevar su costo, es posible
financiar la diferencia con recursos que se obtengan de los mercados mundiales
de carbono20. La fuente de financiamiento de la ruta alterna del trazo de la
carretera que cruza el TIPNIS pueden ser entonces los recursos que se obtengan
por medio de los mercados mundiales de carbono, a través de la compensación
que se pueda negociar por preservar los bosques y biodiversidad que existen en
el parque nacional y territorio indígena21.
Hay por tanto la posibilidad de madurar otros modelos de desarrollo, sin
disminuir el contenido de bosques en el país. Entre otras opciones, está lo
que Santos denomina la ecología de saberes y/o productividades, es decir la
capacidad de poder compatibilizar la generación de riqueza y el respeto de la
Madre tierra, a través de una solución alternativa a la que está siendo propuesta
por el Gobierno en este momento. Tenemos que cultivar entonces otros cálculos
económicos, otras maneras de producir riqueza sin destruir la naturaleza. Aquí
cuenta el valor de mantener el bosque, de defender los pueblos, porque no
hay bosques sin pueblos, como bien ha dicho Chico Mendes, el gran líder ecosocialista, “defender la floresta es defender los pueblos de la floresta”.
Proponemos por consiguiente cultivar una visión integral de las políticas y
también practicar un cálculo económico distinto, una otra lógica, capaz de
introducir los costos de largo plazo y no sólo como una externalidad (como dicen
los economistas) sino más bien articulando los costos y los beneficios de una
manera cada vez más amplia y más compleja. De manera que cuando creamos
riqueza también tenemos que ver qué capital y/o patrimonio estamos perdiendo.
20 Véase, al respecto, el numeral 3, “Tema cambio climático, fondo verde y REDD” de la plataforma de demandas de la
VIII marcha indígena.
21Para un contraste crítico de esta propuesta véase ALAI, “El cuento de la economía verde”, en: América latina en
movimiento, Nos. 468-469, 2011. también convive ver Larry Lohman, “El neoliberalismo y el mundo calculable: el
ascenso del comercio del carbono”, documento inédito.
158
No se trata tanto de dejar de producir riqueza, ni de dejar de organizar la
productividad, ello causaría un severo desequilibrio, cuanto de practicar una
otra concepción de productividad, digamos más holista, desde y a partir de la
dimensión ecológica y, sobre todo, de las bio-lógicas amazónicas.
En una perspectiva más estratégica, la experiencia del TIPNIS nos enseña
la necesidad de superar los paradigmas decimonónicos del desarrollo y la
modernización, sustentados en viejos patrones típicamente coloniales de saqueo,
explotación y depredación de la madre naturaleza, además de estar basados en
el uso abusivo de los recursos naturales, que hoy se revelan en la irracionalidad
más insostenible: el cambio climático. Estamos por tanto desafiados a forjar y
proyectar la construcción estatal y gubernamental de las políticas del postdesarrollo (Escobar), que a su vez conlleva cultivar la capacidad de imaginar una
sociedad y un país más allá de la modernidad (trans-modernidad) y los regímenes
de explotación (capitalista) de la naturaleza y las personas, que la modernidad ha
ocasionado en su actual encarnación imperial global.
Proponemos por consiguiente superar cinco siglos de saqueo, depredación
y despojo moderno colonial y colonialista y apuntar, por consiguiente, a la
dinamización de una nueva propuesta civilizatoria andino amazónica, una
civilización re-humanizada y, obviamente, más allá de la hegemonía del capital
y cuyo horizonte no es sino el cultivo de la vida, de la vida en toda su plenitud
y integridad.
159
GESTIÓN PÚBLICA
INTERCULTURAL
Un modelo operativo
Juan Aurelio Cayoja Cortez1
PRESENTACIÓN
Es necesario y un imperativo, en el marco de la Constitución Política del Estado,
la transformación de la gestión pública boliviana; es y será el medio para
transformar el Estado, la sociedad, las comunidades y los ciudadanos de nuestro
país. La administración y la gestión públicas son el instrumento a través de las
cuales se toman las decisiones y acciones gubernamentales de carácter político,
las decisiones y acciones estratégicas y las operativas.
El diseño de la gestión pública intercultural debe ser plenamente holista, es el
proceso humano (conciencia, pensamiento, elección y acción) de planificar,
organizar, ejecutar y controlar las actividades institucionales y de asignación
y aplicación de los recursos públicos. Ello demanda transformar el modelo
mecánico y reduccionista, transformar la función y funcionario público vigentes.
El presente trabajo es una introducción y aporte a la construcción de un modelo
inteligente de la gestión pública intercultural, orientado al servicio público
y resultados para el ciudadano como premisa sustantiva de los gobernantes y
administradores. Por la importancia de la temática, manifiesto mi compromiso y
responsabilidad para dar continuidad a este esfuerzo.
Deseo agradecer profundamente a la Fundación, una vez más, por darme la
oportunidad de sistematizar las ideas y mi experiencia, de aproximadamente 25
años de trabajo en la gestión pública de nuestro país.
RESUMEN
El Estado nación, presidencialista basado en la legalidad y no la legitimidad,
ha generado instituciones verticales y sometidas, con el objeto del manejo
patrimonialista y prebendal del Estado, antes que el servicio y resultados para la
sociedad. Es el Estado que pretendemos dejar: colonial, republicano, neoliberal,
monocultural, individualista, prebendal, racista; basado en una lógica de
regulación y sometimiento a la sociedad civil. Se caracteriza por la negación de la
organización plural, la consideración de atraso de los valores y culturas indígena
originaria campesinas.
1 Ganador de la tercera Mención de Honor del Segundo Concurso de Ensayo Político.
161
En este marco, el modelo de gestión pública boliviana no ha permitido lograr los
bienes y servicios públicos que satisfagan las necesidades económicas, sociales y
políticas de la comunidad. Más aún, y a pesar de las acciones gubernamentales
y la nueva Constitución Política del Estado, CPE, no se ve en el corto plazo
posibilidades de transformación de la situación descrita. Los funcionarios, en
general no han internalizado los valores, principios, visión y objetivos estatales
e institucionales.
Las herramientas de la gestión pública han generado mecanismos burocráticos
que han marcando un exceso de formalismo y proliferación en los
procedimientos, registros, controles y “sistemas” que han hecho ineficientes
a las entidades de cualquier nivel estadual. Paradójicamente el formalismo
burocrático ha instaurado una informalidad, contraria al sistema jurídico
establecido, favoreciendo la corrupción administrativa y una ineficiencia
generalizadas. Hemos construido un derecho y sistema administrativo rígido,
mecánico, burocrático, prebendal, orientado a los medios y no los fines. Es el
modelo cartesiano-weberiano de la gestión pública.
De esta manera se ha generado un imperativo categórico de construcción colectiva
del Estado unitario social de derecho plurinacional y comunitario, basado
en el respeto e igualdad entre todos, con principios de soberanía, dignidad,
complementariedad, solidaridad, armonía y equidad en la distribución del
producto social; donde predomine la búsqueda política del vivir bien.
Así, la naturaleza de la gestión pública intercultural está profundamente
enraizada y deviene de estos valores históricos coloniales y colonizantes, de
la consideración y pretensión de ser sujetos, de la consideración holista.
Es parte de la economía aplicada, ecologista. Implica transitar del modelo
mecánico y reduccionista al modelo integral e inteligente de la gestión pública;
del ser humano dependiente, objeto y recurso, a un sujeto inteligente, creador
de bienes y servicios públicos; del individuo materialista, egoísta y mercantil,
a un ser humano social como unidad de espíritu, mente, cuerpo y naturaleza;
del gobierno y la burocracia insensibles y centralizadoras, al poder real de la
comunidad, del ciudadano; del funcionario al servidor público, al sujeto; transitar
de la función pública en sí, al servicio público y resultado para el ciudadano como
premisa del Estado y del gobierno. Las tareas y funciones burocráticas, mecánicas
y despersonalizantes, serán suprimidas, en su caso “pasarán a la máquina, a la
red, a los sistemas”.
La estructura del nuevo paradigma de la gestión pública, contiene a los procesos
de gobierno y gestión política, a la gestión estratégica y la gestión operativa,
cada una de ellas contiene a un conjunto de procesos, técnicas y herramientas.
A sistemas y metodología de la gestión pública para y por resultados; la
construcción y gestión de redes institucionales e instituciones en red; la generación
162
y aplicación de sistemas para trabajos en equipo, comunidades de servidores
públicos; el rediseño organizacional y la simplificación de procesos, trámites y
servicios, supresión de reglamentos y tareas burocráticas; la integración sistémica
de procesos en las TICs, el gobierno electrónico y el cuadro de mando integral.
LA GESTIÓN PÚBLICA EN EL ESTADO PLURINACIONAL
DIAGNÓSTICO
El desarrollo de los “sistemas” y las herramientas para la gestión pública, la
capacitación y el adiestramiento de técnicos, profesionales y autoridades
de los niveles, nacional y subnacional, han tenido –tienen- un carácter teórico,
centralista y vertical. No se han definido plenamente los valores, competencias e
indicadores de desempeño de la función y la gestión públicas, de la productividad
y competitividad de los servidores públicos y las instituciones del nivel central,
descentralizado y autonómico. Asimismo, existe una deficiente capacidad de
gestión de los ejecutivos en las diferentes áreas y niveles del sector público
boliviano. Este modelo “meritocrático”2, principalmente desarrollado y aplicado
en la Administración Central y en el Autonómico, se caracteriza por las siguientes
disfunciones:
1. El sistema presidencialista autoritario e individualista, basado en la legalidad
y no la legitimidad, ha permitido generar instituciones verticales, pesadas y
sometidas a la máxima autoridad, a otros ejecutivos intermedios y al partido;
con el objeto del manejo patrimonialista y prebendal del Estado, antes que el
servicio y resultados para la sociedad.
2. En este marco, la función pública y la “carrera administrativa”, basada en
la especialización y el determinismo, pretendían una alta racionalidad y
eficiencia en el desempeño, la continuidad, estabilidad y desarrollo del
funcionario público, la institucionalización del servicio, de la función
pública y de las políticas. Sin embargo, por
la
experiencia
de más
de
los
veinte últimosaños, “la institucionalización
y la carrera administrativa” ha permitido consolidar en las principales
entidades públicas a los militantes y los aparatos político/partidarios.
3. Propiamente no ha existido una carrera administrativa –solo funcionarios
institucionalizados- porque no se ha desarrollado un “sistema meritocrático”
para el desarrollo administrativo del funcionario. Existen “servidores
públicos” que están 5, 10, 20 o más años en un mismo cargo, o funcionarios
que en menos de un año han logrado “promociones” en uno, dos o más
niveles. En los sectores de educación, salud, sistema universitario, policía,
fuerzas armadas y algún otro sector, “sí tienen una carrera administrativa”,
2 Weber, M., The Theory of Social and Economic Organization, Oxford University Press, New York, 1947.
163
basadas esencialmente en la antigüedad y con un enfoque corporativista,
retrograda. También es el caso de la Contraloría General, que teniendo una
carrera administrativa en sí y para sí – autocentrada- se ha desarrollado
en detrimento del control gubernamental; o las ex Superintendencias, por
ejemplo, en detrimento de la regulación, la fiscalización y la universalidad de
los servicios.
4. Esta estructura estatal, de “carrera administrativa y de mérito” ha
permitido y todavía permite, que sólo hábiles políticos y funcionarios
puedan ser nombrados, ratificados, contratados o promocionados, cuyo
objeto por supuesto, es el status quo, mantener el modelo burocrático vigente
y preservar conductas y privilegios rentistas.
5. Ha distorsionado y burocratizado las tres grandes áreas de la gestión de
recursos: la gestión de los recursos financieros; la gestión del patrimonio
y de los bienes y servicios estatales; y la gestión de los recursos humanos.
Ninguna de ellas está orientada a la aplicación de los principios, valores
y fines estatales. La aprobación y aplicación de “sistemas”, manuales,
reglamentos y procedimientos de la gestión de los recursos citados están
soportados en el Estatuto del Funcionario Público, la Ley SAFCO, la Ley
del Presupuesto, Ley de Procedimiento Administrativo y otras leyes; sus
decretos reglamentarios y un conjunto de disposiciones de rango inferior.
El incesante y esquizofrénico desarrollo y aplicación de estas normas, han
llevando a ser los principales objetivos de la función pública.
6. La legalidad de estas herramientas han generado mecanismos burocráticos
que han marcando un exceso de formalismo y proliferación en los
procedimientos, registros, controles y “sistemas” que han hecho ineficientes
a las entidades de cualquier nivel estadual. En muchas entidades existen más
de un “sistema integrado” o “paquetes” ritualizados en su aplicación.
Paradójicamente el formalismo burocrático ha instaurado una informalidad,
contraria al sistema jurídico establecido, favoreciendo la corrupción
administrativa (p. e., Decreto de Gastos Reservados) y una ineficiencia
generalizadas. Hemos construido un derecho y sistema administrativo
rígido, burocrático, prebendal, orientado a los medios y no los fines.
7. Por otra parte, la naturaleza de las competencias y funciones de las entidades
han generado diferencias de papeleo y formalismo. Por ejemplo las del
nivel central con el municipal, inclusive en Ministerios del área política con
respecto a las del área social o económica (p. e. en un Ministerio del área
política, una compra menor se hace “para ayer” –puede tomar uno o a lo
sumo dos días- a diferencia en el Ministerio de Salud o Economía, la misma
compra puede durar un mes, sino es mas) y peor entre un municipio, capital
de departamento, respecto a un municipio del tipo “A”.
164
8. La especialización es la base de la carrera administrativa, sin embargo, por la
consideración de las disfunciones descritas, han generado una estandarización
y rutinas que subordinan la creatividad, el emprendimiento público y las
decisiones para mejorar la eficiencia y la efectividad de la gestión pública en
general. Más aún, las rutinas intrincadas, paradójicamente, han permitido la
discrecionalidad y la cooptación político/partidaria del aparato burocrático.
9. Esta consideración de los funcionarios como un objeto, ha tenido y tiene un
interés particular, convierte a ellos en un engranaje parte de la maquinaria
administrativa, funcional al sistema político-partidario que ha estado vigente.
Esta cultura cartesiana/weberiana, ha demandado -del sistema universitario
público y privado- profesionales y postgraduados (en términos de facilidad,
rapidez y costos) que satisfagan la obtención de “méritos”.
10. Lo descrito ha generado una organización mecánica, rígida y vertical, una
estructura muy lenta, con grandes dificultades para adaptarse a los cambios
y la dinámica de la sociedad, de adoptar y adaptar las nuevas tecnologías de
información, comunicación (TICs) y conocimiento y peor la aplicación de la
nueva CPE.
11. Asimismo, la escasa incorporación de nuevas tecnologías no ha incluido
los rediseños institucionales, organizacionales, menos de competencias,
procesos y tareas de la función pública. Si bien el desarrollo tecnológico no
tiene límites, la inversión en sistemas y tecnologías de información, ha traído,
en prácticamente todos los casos, frustraciones y ha desgastado las reservas y
potencialidades de las organizaciones y su personal sin obtener los beneficios
esperados.
12. Una de las muchas razones por las cuales las tecnologías y sistemas
de información fueron deficientes en la explotación de su potencial, es que
se han aplicado a formas tradicionales y burocráticas de llevar a cabo las
tareas; o formas importadas, inadecuadas y complejas. En la mayoría de los
casos, se han automatizado los vicios y la ineficiencia de los procesos, de las
organizaciones y las entidades; en lugar de concentrar su atención en el cómo
debe hacerse y para que del trabajo. Podemos concluir que los desarrollos de
los sistemas de administración y de información de los veinte últimos años
han sido anacrónicos.
13.Además, el desarrollo de “sistemas y portales” que pretenden dar
transparencia, eficiencia, resultados, responsabilidad y rendición de cuentas,
líneas gratuitas de atención, oficinas de atención al consumidor, “atención
en línea”, incluyendo datos sobre programas, presupuestos, contrataciones,
procesos de atención, de trámites y otros; son acciones ritualizadas, formales
e intrascendentes, contienen cifras, números, cuadros y escasa información.
165
14. No solo el gobierno y la administración pública generaron las entropías
descritas, sino todo el Estado. Es el Estado que pretendemos dejar: colonial,
republicano, liberal, neoliberal. Es el Estado monocultural, individualista,
prebendal, racista; basado en una lógica de regulación y sometimiento a la
sociedad civil. Se caracteriza, además, por las siguientes conductas y valores:
a) Negación sistemática de la organización plural.
b) Consideración de atraso de los valores y culturas indígena originaria
campesinas frente a la visión de homogeneidad.
c) Inclusión de las poblaciones indígenas a través del mestizaje y la obtención
de ciudadanía y su posterior modernización homogenizante.
d) Desestructuración de la base material y cultural de las sociedades andino
amazónicas.
Esta ha sido la cultura y ética del Estado, de la gestión pública, de los “servidores
públicos” y gobernantes. La nación boliviana ha estado sometida al Estado, es
decir, a su autoridad, su poder político y su administración. Lamentablemente
la gestión pública en el Estado Plurinacional opera inercialmente, como hace
cinco o veinte años atrás.
El manejo gubernamental, la gestión pública y el desarrollo económico, era
atribución de un sector social, se entendía que “…sólo la raza blanca es apta para
gobernar, para la democracia, pues el indígena es ajeno al interés nacional, su
cerebro no comprende sino el colectivismo incaico” (Démelas, 2003, citado
por PADEP/GTZ AECI). Entonces, la paradoja siguiendo a Rojas, era organizar la
república “sin indios”, pero, manteniéndolos al mismo tiempo como generadores
de riqueza expropiables (Rojas, 1993)3.
Finalmente, el vigente “modelo de gestión pública boliviana” de los últimos
treinta años, no ha permitido lograr los bienes y servicios públicos que satisfagan
las necesidades económicas, sociales y políticas de la comunidad. Más aún, y a
pesar de las acciones gubernamentales y la nueva CPE, no se ve en el corto
plazo posibilidades de transformación de la situación descrita. Los funcionarios,
en general no han internalizado los valores, principios, visión y objetivos estatales
e institucionales. No hay una comprensión ni apreciación del valor público
de las acciones y resultados que espera el colectivo social de la gestión pública.
Así, este modelo cartesiano-weberiano4 de la gestión pública no va más.
Estas conductas propias del Estado colonial, no han permitido construir una visión
del desarrollo de nuestro país y de la nacionalidad. Han elaborado y ejecutado
planes de gobierno y de desarrollo económico, en función de particularismos,
no integrados a planes nacionales ni subnacionales, no se han internalizado
3 Antezana, F., Gestión Pública Intercultural, GTZ-PADEP, junio 2008
4 Weber, M., La Ética Protestante y el Espíritu del Capitalismo, Editorial. Scribner N.Y., 1958.
166
sus contenidos por las autoridades de los niveles central, descentralizado,
departamental o municipal; menos por parte de la sociedad civil.
ESTADO SOCIAL PLURINACIONAL
A diferencia, la pluralidad y diversidad de bolivianos “estamos construyendo”
colectivamente el Estado unitario social de derecho plurinacional y comunitario.
Un Estado basado en el respeto e igualdad entre todos, con principios de
soberanía, dignidad, complementariedad, solidaridad, armonía y equidad en la
distribución y redistribución del producto social; donde predomine la búsqueda
del vivir bien, con respeto a la pluralidad económica, social, jurídica, política y
cultural de los habitantes de esta tierra; en convivencia colectiva, con acceso al
agua, trabajo, educación, salud y vivienda para todos.
Como señala Bautista, “…es hacer conciencia de lo que ha sido el sujeto, de donde
proviene, de lo que ha sido y de lo que puede ser. En consecuencia, el sujeto
no es el individuo aislado, sino la comunidad reunida como pueblo, lo que nos
constituye como sujetos”5. Además, el Plan Nacional de Desarrollo señala que “En
el Estado descolonizado se superponen las raíces culturales regionales andinas,
amazónicas, chaqueñas, chiquitanas y otras, junto a las expresiones culturales
occidentales insertas desde la colonia o recientemente instaladas. Descolonizar
el Estado significa reconocernos cómo somos, diversos y múltiples, en un largo
proceso que parte de la subjetividad social hasta llegar a una conciencia colectiva
de una nueva identidad nacional.” 6
El sistema de gobierno adoptado implica un giro hermenéutico respecto de las formas
tradicionales de regulación, exacción, subordinación, centralización y omnipotencia.
A diferencia, a partir del nivel de consciencia adoptado, el Estado plurinacional
adopta para su gobierno la forma democrática participativa, representativa y
comunitaria, con equivalencia de condiciones entre hombres y mujeres.
Este giro y sistema de gobierno se funda en el ciudadano, señala el precepto
constitucional que la soberanía reside en el pueblo boliviano, se ejerce de forma
directa y delegada. De ella emanan, por delegación, las funciones y atribuciones
de los órganos del poder público; es inalienable e imprescriptible. Anexo 1.
Otro de los fundamentos se sustenta en la democracia directa y participativa,
expresada por medio del referendo, la iniciativa legislativa ciudadana, la
revocatoria de mandato, la asamblea, el cabildo y la consulta previa. La CPE
señala que las asambleas y cabildos tendrán carácter deliberativo conforme a Ley.
5 Bautista, Rafael; Pensar Bolivia del Estado Colonial al Estado Plurinacional, Colección Abrelosojos, Primera Edición,
La Paz Bolivia, 2009,
6 Ministerio de Planificación del Desarrollo, Plan Nacional de Desarrollo, PND, 2006 – 2011, D.S. 29272 septiembre de
2007.
167
Los procesos y espacios de deliberación pública se realizan, principalmente, a
través de las asambleas, cabildos, ampliados o congresos, según se trate
de las comunidades indígenas de tierras altas o bajas o inclusive las áreas de
colonización u organizaciones sociales. Tienen como objeto la toma de decisiones
y soluciones en relación a la integralidad de los problemas, incluye la designación
de las autoridades de las comunidades indígenas. Estos procesos deliberativos,
expresan la democracia comunitaria como una cualidad de aplicación de
normas y procedimientos propios de las naciones y pueblos indígena originario
campesinos.
También señala la CPE que, dada la existencia precolonial de las naciones y
pueblos indígena originario campesinos y su dominio ancestral sobre sus
territorios, se garantiza su libre determinación en el marco de la unidad del
Estado, que consiste en su derecho a la autonomía, al autogobierno, a su cultura,
al reconocimiento de sus instituciones y a la consolidación de sus entidades
territoriales. De esta manera es un cambio de transformación estructural: del
Estado colonial al Estado plurinacional.
Y así, lo que se persigue no es algo que viene de afuera sino algo que ha estado
siempre dentro. No hemos generado conocimiento adecuado para darnos cuenta
de que las respuestas no están afuera sino dentro; que las preguntas que hacíamos
eran falsas preguntas porque no eran preguntas que se deducían de nuestros
problemas sino una ciega asunción de lo que se pensaba afuera. Colonizados
plenamente, nunca supimos cómo desplegar una conducta y valores que
aseguren la vida de todos nosotros, nos devaluamos. Aun en nuestra miseria
deseamos aquello que nos somete, como nación y como pueblo. Nunca nadie nos
enseñó cómo "vivir bien".
Esta toma de conciencia significa pasar del deseo de cambio a lo que significa
el cambio efectivo. En este sentido, el "vivir bien" es un paradigma que, como
horizonte, da sentido a nuestro caminar. Este proceso de transformación es
continuo, porque su condición no es la permanencia en un estado inactivo sino
de trascender permanentemente. El vivir bien plantea como premisas el siguiente
contenido.
1. El ser humano es natural, entonces sujeto; claro, sujeto a la vida, si este tiene
significado y sentido para trascender; a pesar y gracias a la miseria en la que
se encuentra.
2. El vivir bien surge de la miseria, no solo material, sino y principalmente
espiritual, por determinación de una autoconciencia histórica.
3. Es un proyecto de vida, es una utopía con sentido y significado, en
consecuencia un proyecto político.
4. Este vivir bien tiene un contenido y validez holista, universal y con equilibrio
homeostático
168
5. Con una lógica de complementariedad reciproca, como señala Bautista
“…la acumulación de relaciones reciprocas nuevas e incesantes que
van estructurando una totalidad de sentido en permanente proceso de
complementación y apertura.”7
De esta manera el vivir bien es el “amor a la vida” en un espacio determinado
que genera bienes y recursos para el consumo equitativo y evita la acumulación
por un individuo o una minoría, está orientado al bien público, ver Anexo 1. No
aspira la perfección y convive con otras formas de vida. Entiende la producción
o el trabajo como una totalidad donde no hay escisión entre materia y espíritu.
Este es el sentido, filosofía y marco estatal del nuevo paradigma de gestión pública
boliviana, este contenido –aún filosófico- permitirá generar los constructos del
nuevo modelo, más adelante se muestra la metodología y proceso de diseño.
IMPLEMENTACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA INTERCULTURAL
NATURALEZA DE LA GESTIÓN PÚBLICA
De esta manera la naturaleza de la gestión pública intercultural está
profundamente enraizada y deviene de los valores históricos de sufrimientos
coloniales y colonizantes, de la consideración y pretensión de ser sujetos por fin,
de la consideración total y holista de todos los fenómenos en la madre tierra
y finalmente de la visión política de vivir bien. Asimismo, la administración y
gestión pública parten de la economía, son la economía aplicada. Sin embargo, la
“nueva” gestión pública y los nuevos paradigmas de la administración en general;
tiene como raíces y fundamentos, no a la economía convencional, reduccionista
y mecánica, no a la del modelo capitalista modernizante, hegeliano y cartesiano;
sino a la economía de la visión sistémica y holista, a la ecologista.
Migrar de maximizar la productividad económica, reproductora del capital, a
la reproducción integral, fundada en la productividad holista y del ecosistema
(oxígeno, agua, energía, amor); de la energía fósil a las energías renovables; del
progreso a la diversidad cultural e histórica; del hombre centro del universo a
la interdependencia de todo lo existente; de la dominación del ser humano a la
administración de las cosas y la desaparición de todo poder; del paternalismo,
hacia la autogestión; de la naturaleza como recurso económico a fuente de la vida;
de la maximización de la ganancia a la máxima conservación de los equilibrios
ecológicos.
La visión holísta u holística, se refiere a la manera de ver las cosas enteras, en
su totalidad, en su complejidad homeostática, de esta forma se pueden apreciar
7 Bautista, R., Pensar Bolivia del Estado Colonial al Estado Plurinacional, Colección Abrelosojos, Primera Edición, La
Paz Bolivia, 2009.
169
interacciones, particularidades y procesos que por lo regular no se perciben, si
se estudian estos aspectos por separado. La comprensión filosófica, es holista, es
decir, parte de una comprensión universal, global o íntegra de los procesos y de
las apreciaciones, para derivar progresivamente hacia aspectos de las realidades
comprendidas en dichos procesos. Es la mejor forma de aproximación a la
realidad.
Según la comprensión holísta, “el todo y cada una de las sinergias están
estrechamente ligados con interacciones constantes y paradójicas” (Weil,
1996). Esto quiere decir que cada acontecer está relacionado con otros
acontecimientos, los cuales producen entre sí nuevas relaciones y eventos en un
proceso que compromete el todo. El universo, la realidad, es “todo”: lo que es, lo
que fue, lo que está siendo, lo que será, lo que está en posibilidad de ser. Un todo,
además, dinámico, en evolución, que ocurre permanentemente, un continuum,
permanente pero a su vez fugaz.8
El proceso del pensamiento debe ser holístico, ocurre de lo general a lo particular
y de lo particular a lo general. La vivencia humana está referida al contexto, a
las relaciones espaciales. Un punto cualquiera es percibido por las interacciones,
por sus sinergias, por las relaciones espaciales, situacionales y de contexto. El
pensamiento holista es relacional: está en posibilidad de integrar experiencias,
relacionar conocimientos, vincular acciones, dimensiones, interpretaciones,
inferencias, con trasfondos de posibilidades abiertas.
En este sentido, el diseño de la gestión pública intercultural no debe, no puede
hacer abstracción de los diferentes, interactuantes y/o integrados componentes
culturales, filosóficos, sociales, económicos, políticos, sicológicos, ecológicos,
institucionales, estructurales y coyunturales, debe ser holista. Este es el
sentido, contenido, desempeño y resultados que se espera del nuevo paradigma
de gestión pública.
Finalmente, este paradigma de gestión total, se asienta en el círculo virtuoso del
proceso inteligente, lógico y humano (pensar, elegir y luego actuar) de planificar,
organizar, ejecutar y controlar las actividades humanas y comunitarias, y de la
asignación y aplicación de los recursos públicos. Anexo 2. No sólo es un proceso
humano, sino es y contendrán a un conjunto de herramientas sustantivas y
efectivas para cada una de las fases del proceso (como se ve, no es colonizante “ni
es posible descolonizar”). Estos componentes y proceso integrados, permitirán
–ahora sí- lograr los niveles de eficiencia y eficacia holistas en la asignación de
recursos, el desarrollo institucional, los objetivos nacionales y autonómicos, la
transformación del Estado boliviano y vivir bien.
8 Weil, Pierre, Holística, Una nueva visión y abordaje de lo real. Ediciones San Pablo. Bogotá, 1993.
170
EL MODELO DE LA GESTIÓN PÚBLICA INTERCULTURAL
De esta manera y con base en estos contenidos, las transformaciones sustantivas
y el rediseño de todo el aparato estatal -en el sentido de la visión filosófica de
la nueva CPE- se establece el siguiente conjunto de premisas y principios del
nuevo modelo de gestión:
1. Transitar del modelo mecánico y reduccionista al modelo integral e inteligente
de la gestión pública, a la gestión en función del bien público, vivir bien;
2. Transitar, del ser humano dependiente, objeto y recurso; a un sujeto
inteligente, creador de bienes y servicios públicos, fuera de la tradición
cartesiana;
3. Del individuo materialista, egoísta y mercantil, a un ser humano social como
unidad de espíritu, mente, cuerpo y naturaleza;
4. Del gobierno y la burocracia insensibles y centralizadoras, al poder real
del ciudadano, de las comunidades holistas, interculturales. De “mandar
obedeciendo”.
5. De esta manera, del funcionario insensible al servidor público, al sujeto;
permitirá reivindicar al servidor público. Donde el medio será el medio y el
fin el ciudadano, la comunidad.
6. Transitar de la función pública en sí, al servicio público y resultado para el
ciudadano como premisa del Estado y del gobierno. Las tareas y funciones
burocráticas, mecánicas y despersonalizantes, serán suprimidas, en su caso
pasarán a la máquina, a la red, a los sistemas.
7. Finalmente, se transitará del mérito y la meritocracia formal, adjetiva; al
servicio basado en la acción sustantiva para el ciudadano, el mandante,
El actor fundamental de ello, al decir de Touraine9, es el sujeto social, el
ciudadano, los actores sociales.
Asimismo, el desarrollo de un nuevo paradigma de gobierno y gestión pública
para nuestro Estado, se sustenta, como habíamos señalado, en los contenidos
de la CPE. Debe aplicar un proceso y metodología de desarrollo que considere,
principalmente los siguientes contenidos: el Modelo de Estado; el Sistema de
Gobierno; los Principios, Valores y Fines del Estado; los Derechos Fundamentales;
la Participación y Control Social; las Garantías Jurisdiccionales y de Defensa del
Estado; la Organización del Estado; y la Estructura Económica Plural del Estado.
Este proceso de desarrollo del nuevo paradigma comprende la aplicación
integral de una ruta crítica como la siguiente:
1. Poder ciudadano, de la sociedad boliviana.- Expresada en naciones,
pueblos y comunidades en permanente integración; es el soberano, con
capacidades de autonomía y autogobierno, de ella emana el poder público
9 Touraine A., ¿Podremos Vivir Juntos? Ed. Fondo de Cultura, Bs. As. Argentina. 1ra. Edición 1997.
171
que por delegación se otorga a los órganos estatales (Capitulo Segundo
articulo 7 y ss.). Es el beneficiario de la acción estatal, de los bienes públicos
que la administración pública genera.
2. Institucionalización de derechos, principios, valores y fines del Estado.Esta institucionalización debe realizarse según manda el Título II de la
primera parte de la CPE. Se debe definir e implementar la política, estrategias,
programas y proyectos de institucionalización de estos contenidos.
3. Diseño y rediseño de entidades.- Generar y desarrollar, en los niveles
nacional y autonómico, entidades de servicio para cumplir los puntos
anteriores. Se establece los criterios básicos en la Primera Parte, Título I;
Segunda Parte, Título II y Arts. 241 y 242 de la CPE. Con plena participación y
control social en los diferentes niveles estaduales e institucionales y constituir
órganos o consejos de definición de políticas y de ejercicio político.
4. Diseño y desarrollode la nueva gestión pública.- El diseño e implementación
de la política, estrategia, valores y arquitectura de la nueva gestión pública
sustentada en la participación y la plurinacionalidad (Capítulo I, artículos,
1, 3, 8, 11 y Capitulo IV Artículo 232), requerirá de sostenerse en gobierno
electrónico y sistemas inteligentes.
5. Diseño y desarrollo del servicio público (función pública).- Con base en
los contenidos anteriores, se debe diseñar e implementar los criterios y
competencias de desempeño del servicio público, incluyendo como contenido
mínimo al diseño e ingeniería de cargos y puestos por competencias en
función de la gestión por resultados y el sistema de carrera administrativa
(incluye derechos y obligaciones de los servidores públicos, Capitulo Cuarto
artículos 233 – 239 de la CPE). Debe responder a los criterios principistas
e institucionales anteriores.
6. Formación y desarrollo del servidor público.- Constituir y desarrollar las
competencias funcionales, técnicas, tecnológicas, principios, valores y conducta
del servidor público. Capaz de lograr los resultados de la gestión y el bien
público (Capitulo Cuarto artículos 232 al 235). Requiere de la constitución y
desarrollo de un centro para el desarrollo de la gestión y el servicio público.
7. Producción y provisión de bienes y servicios públicos.- Finalmente y en
procura del bien público –como un principio axiomático- sustentado en el
conjunto de principios y valores establecidos en la CPE (Arts. 8, 9
y 10) referidos a la revolución democrática, inclusión, universalización,
reciprocidad, equidad, descentralización y transparencia; de acuerdo a
competencias de los niveles nacional, regional, departamental, municipal e
indígena originaria campesina, se generarán los bienes y servicios públicos.
172
ESTRUCTURA
DEL
INTERCULTURAL
PARADIGMA
DE
GESTIÓN
PÚBLICA
Con base en la naturaleza, la ruta crítica, el nuevo modelo de la gestión pública,
su contenido integrado basado en el proceso inteligente, lógico y humano de
planificar, organizar, ejecutar y controlar las actividades estatales y la asignación
y aplicación de los recursos públicos señalados anteriormente; la estructura del
nuevo paradigma de la gestión pública, contiene a los procesos de gobierno y
gestión política, la gestión estratégica y la gestión operativa (Anexo 3), de acuerdo
a los siguientes contenidos mínimos:
El gobierno y la gestión política, se refiere al conjunto de decisiones, acciones
e instrumentos de ejercicio político del soberano, el Estado y los gobernantes;
contiene a los siguientes procesos y herramientas:
1. Sistemas y procesos deliberativos, de participación, diálogo intercultural y
de consulta ciudadana para las decisiones y acción directa, representativa y
comunitaria en los diferentes niveles estaduales y competenciales.
2. Sistemas y procesos de control social de planes, políticas y resultados de la
gestión.
3. Sistemas y procesos políticos de inclusión social, legitimación y gobernabilidad
integral e intercultural para cada uno de los espacios estaduales.
La gestión estratégica, se refiere al conjunto de decisiones, acciones e instrumentos
estratégicos para el desarrollo integral del ciudadano, las comunidades y todo
el Estado Plurinacional, como los siguientes:
1. Sistemas, procesos e instrumentos de la Planificación Integral del Estado
Plurinacional
2. Sistemas e instrumentos de la Inversión Pública Integral
3. Sistemas de programación y presupuesto plurianual
4. Sistema de control integrado de gestión
5. Sistemas y desarrollo de las TICs y el gobierno electrónico del Estado
boliviano
La gestión operativa, que se refiere al conjunto de decisiones, acciones e
instrumentos operativos de la gestión pública, como los siguientes:
1.
2.
3.
4.
Sistemas y procesos para programar objetivos y actividades anuales
Sistemas y procesos para organizar la gestión operativa
Sistemas y procesos para dirigir y ejecutar actividades
Sistemas y procesos de control operativo y fiscal
Ver Anexos 3 y 4.
173
TÉCNICAS Y HERRAMIENTAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA
NUEVA GESTIÓN PÚBLICA
El desarrollo y la implementación de estos niveles de gobierno y gestión pública
holísta, demandará del desarrollo, extensivo e intensivo, de un conjunto
de instrumentos técnico metodológicos, de las cuales desarrollamos brevemente
algunos:
1. SISTEMAS Y METODOLOGÍA DE LA FUNCIÓN Y LA GESTIÓN
PÚBLICA PARA Y POR RESULTADOS
Es un enfoque de gestión que tiene en cuenta el ciclo de vida de los programas
y proyectos, que integra estrategias, servidores públicos, materiales, procesos
y mediciones para mejorar el proceso decisional, la transparencia y la
responsabilidad de los resultados. Hace hincapié en el logro de resultados, el
emprendimiento, la creatividad, la implementación de mecanismos de medición
del rendimiento, el aprendizaje, la adaptación y la presentación de informes sobre
el desempeño; implica el cambio de la visión cartesiana y weberiana vigentes.
Contiene a lo siguiente:
a) Definir resultados previstos, realistas basados en estudios adecuados.
b) Identificar en forma clara los beneficiarios de los programas, proyectos y
actividades; y crear, diseñar y emprender programas para responder a sus
necesidades.
c) Hacer un seguimiento de los progresos realizados en la consecución de los
resultados y de los recursos consumidos mediante indicadores adecuados
d) Identificar y administrar los riesgos teniendo presente al mismo tiempo los
resultados previstos y los recursos necesarios.
e) Se incrementan los conocimientos gracias a las lecciones aprendidas e
integrarlas en la adopción de decisiones.
f) Informar sobre los resultados logrados y los recursos utilizados.
Los contenidos de la nueva CPE, exigen que miremos más allá de las actividades y
productos para enfocar los resultados efectivos; los cambios creados por nuestros
programas y a los cuales han contribuido. Al establecer resultados esperados
claramente definidos, la recolección regular de información para evaluar
el progreso y la adopción de medidas correctivas a tiempo, los administradores
deben manejar sus proyectos o inversiones a fin de maximizar el logro de
resultados de desarrollo; mejoramientos sostenidos y visibles en las vidas de la
población.
Es necesario implementar al menos tres herramientas de trabajo principales
como son el modelo lógico, el marco de medición del rendimiento y el registro
de riesgos. El diseño y aplicación efectivos de estas herramientas debe ser
174
participativa. Los programas y proyectos de inversión se deben concebir,
planificar, ejecutar y controlar de manera participativa por todas las partes
interesadas, lo que permitirá lograr consensos, un sentido de responsabilidad y
compromiso.
El modelo lógico de las relaciones multicausales, comprende a seis niveles;
insumos, actividades, productos, resultados inmediatos, resultados intermedios
y resultado final; cada uno de los cuales representa un paso distinto en la lógica
causal de una política, programa, proyecto o actividad. Los tres niveles inferiores
(insumos, actividades y productos) abordan el cómo de una iniciativa mientras
los tres niveles superiores (resultados) constituyen los cambios efectivos hacia los
resultados del desarrollo, se entiende para vivir bien.
CONSTRUCCIÓN Y GESTIÓN
INSTITUCIONES EN RED
DE
REDES
INSTITUCIONALES
E
El proceso de transformación del Estado boliviano está llevando a cambios en
los ámbitos político, social, cultural, institucional, económico y de la estructura y
modelo de gestión pública, que deben desarrollarse e implementarse. En este
sentido, uno de los cambios trascendentales –que se ha venido gestando a fines
de la década anterior- se ha dado en el sistema político y social. La experiencia de
los últimos diez años está mostrando la fuerza de las redes sociales (sustentada
en la pobreza, exclusión, inequidad e injusticia) para articular propuestas
y acciones políticas hasta hace poco impensadas y que se sustentan en la
participación y el control social.
En este marco, el logro de los objetivos del nuevo modelo de gestión pública y
del desarrollo institucional debe estar sustentado en el diseño, construcción y
funcionamiento de redes institucionales en analogía a las redes comunitarias e
interculturales. Se deben generar y establecer múltiples formas de relacionamiento
e integración al interior del Estado Plurinacional, generando y regulando
redes interinstitucionales horizontales –con los diferentes órganos estatales- y
“verticales” –con los diferentes gobiernos autónomos-con las comunidades y
actores sociales. Es difícil pensar que la gestión y las políticas públicas vigentes
y las que se generarían en los próximos años logren los resultados esperados,
sino se sustentan en un rediseño institucional y de las entidades, principalmente
del nivel nacional.
De la misma manera y con base en la experiencia de las redes empresariales,
nacionales y globales basadas en tecnologías informáticas, la construcción de
redes institucionales demandará y generará instituciones en red; es decir, redes
institucionales soportadas en tecnologías de información y comunicación que
permitan el gobierno electrónico y de la gestión pública intercultural.
175
Esta propuesta permitirá operacionalizar el gobierno y la gestión pública hacia
un instrumento técnico, operativo y efectivo para generar y ejecutar planes
y políticas públicas integrales del nivel nacional y de los niveles subnacionales.
Permitirá decisiones inmediatas y efectivas por parte de autoridades, ejecutivos
y servidores públicos en general. Permitirá eficiencia en la utilización de
los recursos, efectividad de resultados, transparencia y rendición de cuentas.
Como se puede ver, la irresuelta complejidad de la problemática social,
económica y política y de las diferentes áreas sectoriales y transversales del
Estado, como son la educación, la asistencia y desarrollo social, seguridad,
cuidado del ambiente o el desarrollo económico; se debe también al diseño
inorgánico del conjunto de entidades, de su estructura y la falta de una red
integrada –horizontal y vertical- de las entidades.
El objetivo principal de las redes institucionales es el diseño, desarrollo,
implementación y gestión de las políticas públicas, programas, proyectos y
presupuestos. Comprende a:
a) El modelo y la lógica de diseño, construcción e implementación de las redes.
b) La creación de un marco organizacional e institucional para el
funcionamiento de la red (formas y funciones).
c) Migración de la gestión institucional rígida y centralizada a la gestión flexible
y desconcentrada/descentralizada.
d) La visión de las redes integradas generará nuevos estilos de conducción y
administración de conflictos, de la toma de decisiones y los liderazgos en la red.
e) Las redes permitirán la gobernabilidad del sistema, la concertación y el
consenso deactores,transparencia, adecuados canales de comunicación y
control social de la gestión; es decir, lograr legitimidad.
f) Las redes institucionales como valor público en sí mismas permitirán la
construcción de identidades,pertenencias y condiciones de sostenibilidad.
GENERACIÓN Y APLICACIÓN DE SISTEMAS PARA TRABAJOS
EN EQUIPO, SERVIDOR PÚBLICO SUJETO (COMUNIDADES DE
SERVIDORES PÚBLICOS)
El trabajo en comunidad es la naturaleza y parte de los valores culturales de
nuestro país, es parte de la psicología y el imaginario colectivo, contribuye de
forma positiva en la prestación de servicios, en la generación de resultados. El
servidor y el servicio públicos son, debe ser, una extensión de la comunidad y
en consecuencia de los valores culturales y la cosmovisión. En este sentido no se
puede imaginar un trabajo burocrático, mecánico orientado a los medios,
la legalidad u otro interés que no sea el de la comunidad, el ciudadano, el bien
público.
176
Son ambientes de armonía, de participación, de complementariedad y consensos,
de resultados y beneficios comunes; la solidaridad y el sentido de pertenencia
son las premisas y conducta sustantivas. Este paradigma del servidor y el
servicio públicos conlleva un conjunto de ventajas en relación al modelo vigente,
de acuerdo al siguiente contenido:
a) Esta forma de trabajo permite disponer de más información, coordinación e
integración de las tareas y resultados, mejora la eficiencia y efectividad.
b) A medida que las tareas son lógicas, inteligentes y creativas; van
desapareciendo las tensiones, los trabajos institucionales se hacen
placenteras, es la comunidad de servidores públicos en acción.
c) La responsabilidad al buscar soluciones desde diferentes puntos de vista y
el logro de los resultados, permite compartir los incentivos económicos y
reconocimientos profesionales.
d) La sensación de un trabajo bien hecho, consolida la comunidad, los lazos y
los intereses institucionales.
e) Las decisiones permite distintos puntos de vista, son participativas, de
consenso, tienen mayor aceptación y todos asumen la responsabilidad de los
resultados, fortalece el espíritu y compromiso con la entidad.
REDISEÑO ORGANIZACIONAL Y SIMPLIFICACIÓN DE PROCESOS,
TRÁMITES, SERVICIOS Y ATENCIÓN AL PÚBLICO (SUPRESIÓN DE
REGLAMENTOS Y TAREAS BUROCRÁTICAS).
Las transformaciones estatales y de la gestión pública, demandan un punto de
inflexión (realizar una reingeniería total) en la organización y todos los procesos
de la gestión pública tradicional, hacia una gestión inteligente del Estado. Para
ello se requiere realizar, al menos, las siguientes tareas:
a) Todos los procesos y procedimientos redundantes de todas las entidades
públicas deben ser suprimidos, aquellos deterministas y mecánicos
necesarios, serán parte de las aplicaciones informáticas.
b) Con carácter prioritario se debe simplificar, rediseñar e integrar los sistemas
financieros, de administración de personal y de bienes y servicios, ajustando
a cada uno de los niveles nacional y autonómico según sus particularidades.
c) Debe factorizarse las tareas y procedimientos de carácter administrativo y
financiero de todos los Ministerios y entidades que dependen sus recursos
del TGN, al Ministerio de Economía.
d) Las entidades nacionales, principalmente Ministerios deben reducir su
personal al mínimo necesario y a la altamente calificada para las tareas
sustantivas de generación y monitoreo de planes y políticas públicas.
e) Todos los sistemas de administración y control interno deben ser rediseñadas,
automatizadas e integradas en una sola base de datos, a una sola aplicación
integrada y red de comunicaciones.
177
INTEGRACIÓN SISTÉMICA DE PROCESOS EN LAS TICS, GOBIERNO
ELECTRÓNICO Y CUADRO DE MANDO INTEGRAL
Los ciudadanos y todas las personas de nuestro país desde antes de nacer hasta
después de morir demandamos un conjunto de servicios10: atención prenatal,
nacimiento, salud, educación, trabajo, matrimonio, vivienda, descendencia,
adquisición o enajenación de patrimonio, retiro laboral, actividad empresarial,
enfermedad, incapacidad, muerte, etc. Para ello requerimos de la realización de un
conjunto de trámites, de transacciones: inscripciones, solicitudes, certificaciones,
requerimientos,verificaciones, autorizaciones, aprobaciones, pago de impuestos,
etc., ante distintas dependencias públicas nacionales, departamentales y
principalmente municipales.
Las personas vivimos y valoramos estos trámites en función de nuestras
necesidades, expectativas, ansiedades y hasta angustias. A diferencia el Estado
las encauza y procesa en función de competencias distribuidas entre los distintos
organismos y niveles estaduales, a través de formularios, expedientes,
impuestos, tarifas, burocracias, idas y vueltas, hasta una incierta solución.
En este sentido –hoy por hoy- “toda la población” demanda de servicios
integrales y efectivos, de “portales ciudadanos” que permitan una conexión
directa con las entidades públicas: policía, instituciones de la comunidad, escuelas,
centros de salud, programas sociales, universidades, medios de prensa,
entidades sectoriales, partidos políticos, de derechos humanos y sindicatos; entre
otras, que permitan cumplir con normas y requisitos vinculados a sus trámites,
intereses, necesidades, averiguar el estado de los trámites o “realizarlos en línea”.
El Internet y las tecnologías de la información y comunicación, están
transformando los Estados, la forma en que los gobiernos prestan servicios
a los ciudadanos, la gestión de los planes y las políticas, el funcionamiento de
las empresas, los métodos de aprendizaje de estudiantes de cualquier ciclo, los
métodos de investigación, la aplicación de estos conocimientos a la realidad, etc.
Estas tecnologías están demostrando ser los nuevos motores del desarrollo
social, económico y de la competitividad de los países. Están mejorando,
mejoraran la calidad de vida de nuestro país; es un factor fundamental para “vivir
bien”. Los ciudadanos deben tener acceso directo e interactivo al conocimiento,
a la formación, a la gestión pública y sus resultados, a los servicios de salud y de
educación, a la cultura, a los servicios financieros y muchos otros. El gobierno
electrónico y el acceso a Internet se han convertido en un derecho fundamental
de todos los ciudadanos, que el actual gobierno debe desarrollar y garantizar.
El “Libro Blanco sobre el gobierno en línea y la democracia del G-8” (Bird,
10 http://www.clad.org.ve/siare/innotend/gobelec/ por José Luis Tesoro 22/07/2006
178
2001), sostiene que “el gobierno en línea ofrece a los países en desarrollo la
posibilidad de saltar decenios de desarrollo evolutivo y ponerse al nivel de los
más desarrollados, si son capaces de aprovechar las nuevas tecnologías”11.
Estos estudios12, aportan evidencias empíricas acerca de algunos factores
condicionantes de la “brecha digital”, tales como infraestructura física y estructura
tarifaria de las telecomunicaciones, niveles de ingresos, niveles educativos,
tamaño y tipo de estructura familiar, etnias, localización urbana o rural, entre
otros. Respecto de esta cuestión, se sostiene que la difusión de aplicaciones y
prestaciones del gobierno electrónico contribuye a:
a) provocar “apalancamientos” y externalidades positivas para la inclusión
digital,
b) mejorar las capacidades y habilidades informativas y participativas de los
integrantes de las comunidades, y
c)
mejorar el acceso a los servicios provistos por el Estado a los sectores
empobrecidos y excluidos.
El diseño, desarrollo y operación del Gobierno Electrónico requiere de criterios y
contenidos de fondo, como de las formalidades técnicas, tecnológicas, procesos
y sostenibilidad de los servicios. Demanda de la aplicación de la metodología
sistémica e integral de manera de lograr compatibilidad, coherencia, eficiencia,
efectividad, servicios en tiempo real y competitividad nacional.
Y así, se pueden y deben generar diversas herramientas, metodologías, técnicas
y sistemas de gestión pública en función de áreas especializadas: ministerios,
entidades de servicios, recaudadoras, de desarrollo de infraestructura, financieras,
autónomas, indígena originarias, etc. Estos y otros temas relacionados con la
gestión pública intercultural sobrepasan los alcances y mis objetivos para la
elaboración del presente ensayo.
11 Banco Mundial Informe, U.S. DoC, 2001-2 y OCDE, 2001-1, , Unión Europea, diciembre de 2001
12 Idem, Informe Banco Mundial.
179
ANEXOS
ANEXO 1
Fuente: Elaboración propia
MISION DE LA GESTIÓN PÚBLICA
180
ANEXO 2
181
ANEXO 3
ANEXO 4
Fuente: Elaboración propia (la estructura vertical sólo tiene fines didácticos)
182
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184
EL ESTADO PLURINACIONAL EN
PERSPECTIVA HISTÓRICA
Javier I.Baldivieso Guzman1
INTRODUCCIÓN
El complicado proceso político que Bolivia vivió entre principios y mediados
de la década pasada deriva en una salida poco prevista cuando en el horizonte
no parecía entreverse nada más que aquello que el ‘sentido común’ neoliberal
dictaba.
Evidentemente, los hechos parecían demostrar que los sectores populares habían
perdido su capacidad contendora en el campo político; con claros ejemplos
encontrados en el repliegue obrero tras la marcha por la vida, la aparente
adhesión indígena al restringido rol que la participación popular le otorgaba,2
y la soledad en la que algunos sectores de las clases medias hacían conocer su
descontento con la aplicación de esta serie de políticas.
Sin embargo, los conflictos emergentes como resultado de la Guerra del Agua y
la Guerra del Gas,3 demuestran la fragilidad del constructo político-económico
de raigambre neoliberal iniciado en 1985 y que llega a 2003 sustentado por la
mera presencia de la fuerza física estatal. Se vive así, un vacío de legitimidad
del Estado boliviano, pues éste se visibiliza en su dimensión más puramente
instrumental, dejando de lado cualquier intento de construir lazos comunicantes
con la sociedad.
En ese contexto se inicia un proceso político que, mediante la realización de una
Asamblea Constituyente convocada para 2006, comienza a pensar, demandar,
y diseñar un nuevo texto constitucional que prepare a Bolivia para enfrentar el
nuevo siglo.
1 Ganador de la cuarta Mención de Honor del Segundo Concurso de Ensayo Político.
2 Las medidas de segunda generación en el marco del modelo neoliberal –aplicadas a mediados de la década de los
noventa durante la primera gestión de Gonzalo Sánchez de Lozada – conjugan la participación de la sociedad civil
en el ámbito local con su exclusión en los procesos de toma de decisiones que afectan al conjunto del país; sólo así
puede comprenderse que sea el mismo gobierno el que haya implementado el funcionamiento de las Organizaciones
Territoriales de Base como instancia de participación de la sociedad civil en el diseño de políticas locales, y el que
haya ‘capitalizado’ las empresas públicas en la más absoluta falta de transparencia con respecto a esa misma
sociedad civil.
3 La primera enfrenta a habitantes de la ciudad de Cochabamba, campesinos del mismo departamento y del altiplano
paceño, contra las medidas de privatización del acceso al agua; la segunda, más compleja, refleja una ya madura
crisis estatal, pues a la par de medidas puntuales y sectoriales, se rechaza también al presidente y a las instancias de
mediación política, actitud que después se ampliará al conjunto del Estado comenzado a prefigurar con la derrota
de la revolución nacional en 1964, cuya principal expresión es el llamado a la realización de una Asamblea
Constituyente
185
Es precisamente la resolución de esta crisis estatal mediante la aprobación de
la nueva Constitución Política del Estado lo que este trabajo intenta estudiar,
atendiendo a los factores que permiten comprender la gestación del proceso,
su salida constitucional, y sus perspectivas; siempre centrando la atención en la
declarada condición plurinacional del Estado boliviano.
HISTORIA, MEMORIA Y PARTICIPACIÓN POLÍTICA
Aunque la crisis estatal boliviana tiene entre sus causas elementos más
puntuales y cercanos, no puede dejarse de lado la historia larga de constitución
de los actores sociales y políticos que participan en ella; pues ésta se encuentra
inscripta, en la forma de memoria, en las prácticas desplegadas por éstos. Resulta
ser así que la memoria trasciende el simple recuerdo para constituirse en parte
integrante del habitus, entendido como todo aquello “que se ha adquirido, pero
que se ha encarnado de forma duradera en el cuerpo en forma de disposiciones
permanentes” (Bourdieu, 2003: 133).
La memoria colectiva se construye, así, en un complejo proceso en el cual se hace
presente una dimensión activa, pues es la interacción entre recuerdo y olvido lo
que la moldea. Aquí valdría la pena recordar el aporte de Zavaleta en torno a la
‘acumulación en el seno de la clase o la masa’, pues en esta discusión importan
no tanto los hechos por sí mismos, sino más bien la asimilación que un colectivo
social realiza de los mismos; solamente cuando un hecho es internalizado por
un grupo social se produce su apropiación en tanto memoria (Zavaleta, 1988);
la que debe entenderse como algo constituido, pero que también tiene fuerza
constituyente, pues condiciona la praxis social de los diferentes actores.
Por ello, y dado que:
En los países andinos, al igual que en los mesoamericanos,
el momento constitutivo de la relación entre dominación y
subordinación, ese instante en el tiempo de los siglos en el cual
se reconfiguran en estas tierras subalternidad y mando, es la
Conquista (Gilly, 2005: 19).
Es necesario retrotraerse –en un repaso en extremo breve, debido a las características
del presente ensayo– a lo que Tamayo denominara “la grande noche colonial” (1975:
181). Efectivamente, es con la conquista que se dan las primeras reconfiguraciones
del espacio social de lo que más tarde se llamará Charcas y, luego, Bolivia.
Tras la llegada de los españoles y su establecimiento, son dictadas las medidas
del Virrey Toledo, mediante las cuales las comunidades habitantes de la región
quedan circunscritas a los ‘pueblos de indios’. Es, pues, éste el primer elemento
a tener en cuenta en la constitución de aquellas identidades en el presente
186
demandantes del carácter plurinacional del Estado boliviano.
Con posteridad se inician las misiones al oriente, que llegaron a crear una
complicada red de relaciones entre misioneros y naturales. El caso más connotado
es el de los jesuitas, luego expulsados, que en muchos casos constituyeron
comunidades donde el rol de la propiedad parecía ser bastante reducido. Es así
que se produce el ingreso de los pueblos del oriente, casi todos ellos hasta
entonces nómadas, al entramado de la estructura social colonial.
En ese marco transcurrieron los primeros dos siglos de dominación colonial, no
exentos de intentos indios de subvertir este orden inicuo e ilegítimo. Pero será
a mediados de siglo XVIII, e impulsadas por las reformas borbónicas,4 tendientes
a centralizar el poder, que surgirán nuevas y profundas transformaciones,
principalmente en los Andes.
En ese periodo se producen transformaciones tanto al interior de la comunidad,
como en la relación entre ésta y las autoridades coloniales. Alguien que ha
estudiado con detenimiento este fenómeno, Sinclair Thomson, sostiene que “la
conexión crucial entre la transformación comunal aymara y la insurgencia en el
siglo dieciocho fue el tema del autogobierno” (2006: 14).
Efectivamente, diversos factores (entre ellos la posesión de caciques no
pertenecientes a las comunidades, la aparición de conflictos de clase al interior de
las mismas, o la introducción de nuevas y rechazadas formas de exacción como el
reparto forzoso de mercancías) generaron modificaciones en la estructura social
de las comunidades andinas, entre ellas la transferencia del locus del poder hacia
la base de las mismas, la aparición de formas de control social del rol de las
autoridades (la rotación de cargos), y la emergencia de una identidad que podría
catalogarse como proto-nacional (pues no es posible encontrar hasta antes de los
levantamientos de Amaru y los Katari una identidad pan-andina similar a la que
empieza a construirse desde entonces).
Eso aunque no puede negarse que los levantamientos de 1870-71 articulan, según
las diferentes coyunturas, demandas de autonomía o autogobierno, con otras
que más bien buscaban renegociar el mal denominado ‘pacto de reciprocidad
colonial’,5 por el cual los miembros de la comunidad podían mantener algunos
4 Aunque no resultan ser éstas las únicas capaces de explicar lo que sucederá luego, pues los levantamientos indios se
hicieron presentes ya desde la década del cuarenta de la mencionada centuria.
5 Existen tres tendencias contrapuestas referidas a este punto (Soux, 2008), una primera que acepta la existencia de
un ‘pacto de reciprocidad’ durante la colonia, que habría garantizado el vasallaje indio hacia la corona a cambio
del respeto de las tierras comunales y autoridades locales, mantenido hasta fines del siglo XIX, y que tendría entre
sus exponentes a Tristan Platt, Rossana Barragán y Pilar Mendieta; una segunda, expuesta por Marta Irurozqui,
que no niega la existencia de ese pacto durante la colonia, pero que considera que durante la época
republicana las comunidades habrían asumido el sistema liberal; y finalmente una tercera postura, expuesta por
autores como Roberto Choque Canqui, que niega la posibilidad de cualquier pacto de este tipo ante la existencia de
una dominación de tipo colonial.
187
aspectos de sus prácticas tradicionales, siempre que no perjudicaran el ejercicio de
la dominación colonial.6 En todo caso, la crisis devela no solamente el descontento
indio con la autoridad colonial, sino también con sus propias autoridades locales,
muchas de las cuales participaron del lado de las tropas leales al rey durante el
levantamiento; es más, fueron en realidad muy pocas las autoridades indias que
toman parte del mismo.
Tras la derrota y la feroz represión llevada a cabo, las ansias indias de reforma
social se ven seriamente dañadas, a tal punto que durante los quince años de
guerra por la independencia no podrán articular ningún proyecto autónomo al
margen del derrotado cerco a La Paz en 1811 (Ovando, 1993); lo que no significa
que hayan estado ausentes en este proceso, sino que su accionar no pudo articular
un sujeto colectivo portador de un proyecto construido por ellos mismos.7
Resulta ser, así, que la independencia encuentra a la presencia india sin
capacidad para oponer un proyecto propio al del sector criollo. Al decirse esto no
debe dejarse de lado el hecho de que muchos de los que se hicieran del poder en
la naciente República habían sido fieles servidores del orden colonial, y habían
mudado de bando cuando el triunfo de la ‘Patria’8 ya parecía inminente.
Tras todo ello, se puede colegir que “[c]on la colonia, la racionalidad andina
dejó de ser un sistema estatal y se redujo a los ámbitos comunales, allí donde la
comunidad sobrevivió replegándose” (Hurtado, 1986: 17). Ésa es una de las más
importantes y duraderas herencias de la colonia, pues manifiesta la dominación
sobre estos sectores de la población. Algo similar sucedió en el oriente, aunque allí
nunca hubo una ‘racionalidad estatal’ dominante; pero allí los pueblos indígenas
perdieron los niveles de interacción inter-étnico antes presentes.
Luego de los primeros intentos ‘ilustrados’ de crear una ciudanía sin diferencias
de carácter racial, en el país se instaura un orden social sustentado sobre las
espaldas de los indios, que con su trabajo alimentaron las arcas estatales hasta
bien entrada la segunda mitad del siglo XIX; esto mediante el tributo indígena,
que como bien hacía Zavaleta en recordar, hacía referencia a un sector tributario
pero no perteneciente (2008).
6 Téngase en cuenta, para este efecto, las demandas de Tomás Katari de que se restituyan sus derechos adquiridos,
que no necesariamente entraban en contradicción con los del sistema colonial.
7 Un ejemplo importante de la participación india en la guerra de la independencia lo constituyen las ‘montoneras’
o ‘republiquetas’, que no pueden entenderse al margen de su participación, pues las mismas intensificaron su
actividad en el periodo de reflujo urbano de la lucha independentista (1815 a 1818-20), y cuando no quedó más
bastión de lucha que el campo, donde los indios eran amplia mayoría.
8 Quienes lucharon por la independencia, lo hicieron precisamente buscando la consolidación de la ‘Patria’, noción
que no tenía contornos bien definidos, y que para lo que era Charcas abarcaba regularmente desde el sur del Perú,
hasta las provincias del Rio de la Plata; esto hasta fines de la primera década de la lucha independentista, luego fue
cobrando fuerza, principalmente entre sectores de elite, la idea de la independencia charquina.
188
Ya en la década del sesenta del siglo XIX, con Melgarejo se inicia una nueva
arremetida contra la propiedad de las comunidades indias, que luego será
profundizada con la Ley de ex-vinculación de tierras de 1874, y que no cesará
ni siquiera durante la guerra con Chile (Ovando, 1985). De ahí que fuera tal
vez durante la república que los indios sufrieron los peores atropellos en el
ejercicio de la propiedad sobre sus tierras comunitarias, tanto en tierras altas
como en tierras bajas. Lo anterior puede constatarse recordando que “[e]ntre la
independencia y 1950, el número de comunidades descendió de cerca de once
mil a 3.799” (Dunkerley, 2003: 44).
Por otra parte, la diferencia establecida desde la primera Constitución entre
bolivianos y ciudadanos, se mantuvo hasta mediados del siglo XX (Barragán,
2006); ayudando a configurar esas dos Bolivias de las que luego hablaría Fausto
Reinaga (2001). Toda esa historia previa recién comenzará a ser revertida desde
1952, con la revolución nacional, pero de manera insuficiente, pues en tierras
altas se produjo el minifundio como producto de la excesiva presión sobre la
propiedad de la tierra, y en tierras bajas se continuó con una agresiva política de
usufructo servidumbral de la mano de obra india, recién encarada en los últimos
años.
Por otra parte, con la revolución del 52 comienza un proceso de invisibilización
del indio, mediante su inclusión ‘ilusoria’ en los contornos de la nacionalidad
boliviana; ilusoria porque suponía el olvido de sus particularidades culturales,
constituyendo así una nueva forma de dominación cultural, ésta vez de carácter
paternalista, aunque todavía con un tufillo muy señorial.
Así, la estigmatización por la indianidad:
naturalizó prácticas de exclusión económica, legitimó monopolios,
políticos o culturales, en la definición de las reglas de competencia
social, contribuyendo de esta manera, no sólo a expresar,
racializándolas, determinadas condiciones socioeconómicas de
exclusión y dominación, sino que también ayudó a construir
objetivamente esas condiciones socioeconómicas (García, 2008:
209).
De esta manera la identidad india en Bolivia es una identidad no constituida en
los marcos del Estado, sino a pesar de y en resistencia al Estado vigente; logrando
así, en calidad de mecanismo defensivo, el fortalecimiento de los sistemas de
autoridad comunal tradicional (Rivera, 1985).
Pero esto no impide que la memoria india haya acudido también a la apropiación
de elementos de carácter moderno/occidental, fundamentalmente aquellos de
189
carácter republicano; tales como la ciudadanía, derechos, participación en la
definición de leyes, e incluso obligaciones para con el Estado; los cuales han sido
utilizados en diferentes coyunturas.
En ese marco, resalta la transformación sufrida desde fines de la década del
sesenta en el mundo andino, principalmente aymara. En este periodo se produce
la crisis y posterior ruptura del ‘pacto militar-campesino’. Este proceso tiene
como protagonistas a los kataristas, principales articuladores de la interpelación
democrática del mundo indio tras dicha ruptura, que llevará a la lucha conjunta
con obreros y clases medias por la vigencia de la democracia representativa a
fines de los setenta (Zavaleta, 1983); aunque sin dejar de lado la lucha por un
proyecto propio, que seguirá tras la reconquista de la democracia.
Lo anterior se evidencia en la participación de los distintos movimientos
kataristas en varias elecciones, con distinta suerte. Sin embargo, la vigencia de
la democracia pactada (que incluye la llegada de Víctor Hugo Cárdenas, líder
katarista, a la vicepresidencia en 1993, de la mano del empresario minero Gonzalo
Sánchez de Lozada) parece haber limitado las posibilidades de maduración de
un proyecto indio propio.
Los sectores quechuas, debido a sus particulares características constitutivas,
no lograron crear una identidad tan definida como la de los aymaras, lo que
condiciona su participación en el escenario político, por lo menos con los mismos
niveles de autonomía ideológica; su participación está, de esta manera, mediada
por una institucionalidad apropiada de las prácticas de carácter sindical, como
en los Valles o en el Chapare.
Es, por otro lado, precisamente en la década de los noventa del siglo pasado
que los pueblos de tierras bajas logran articular una plataforma de demandas
conjunta, que cristaliza gracias a las marchas por ellos emprendidas; y que
convergen principalmente en la demanda de una asamblea constituyente, el
respeto a sus territorios comunitarios, y la creación de mecanismos de defensa
de su medio ambiente.
Resulta ser ése el marco en el cual se configura la memoria histórica india en
Bolivia, elemento muy presente en el discurso emitido por estos sectores
en la construcción de sus plataformas de lucha por el ejercicio de sus derechos.
Es a partir de ella que se puede lograr una mejor comprensión de las razones
subyacentes a las demandas emergentes de estos sectores.
LAS DEMANDAS EN TORNO A LA PLURINACIONALIDAD Y EL
PROCESO CONSTITUYENTE
Las primeras demandas para declarar a Bolivia como Estado Plurinacional datan
de la década de los ochenta. En efecto, es la propuesta de la Confederación
Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) de Ley Agraria
190
Fundamental de 1984 la que menciona por primera vez esta demanda (Núñez del
Prado, 2009); la misma que pronto sería retomada por la Central Obrera Boliviana
(COB), que en la Tesis de Chojlla, en 1989, postula la lucha unitaria entre clases
y nacionalidades para construir un “Estado plurinacional y popular” (FSTMBSIDIS, 1992: 178).9
Es necesario comprender bien el contexto en el que se produce esta demanda.
Para ello se hace preciso prestar atención a las transformaciones que había
comenzado a sufrir la sociedad boliviana durante fines de la década de los
sesenta y la década de los setenta, que es cuando parece comenzar el proceso
de debilitamiento de la fundante ‘articulación señorial’ de la sociedad
boliviana, aquella por la cual paralelamente la ‘blanquitud’ explicaba una
situación de privilegios (económicos, políticos y sociales), y la ‘indianidad’
justificaba la exclusión acompañada de diferentes formas de dominación siempre
amparadas en la supuesta inferioridad india; en medio se encontraban
las diferentes gamas y posibilidades del mestizaje, no todas iguales por cierto,
pero siempre con la esperanza de lograr ‘blanquearse’, entendido como aquel
proceso de ‘desindianización’ que era el que parecía abrir las puertas de la
contemporaneidad.10 La condición india resultaba ser, en esta lógica, una rémora
del pasado que inhabilitaba a Bolivia para ingresar a las lides de la modernidad;
esto incluso cuando el discurso se revestía de un tono paternalista que terminaba
recluyendo lo indio a manifestaciones de folcklore y tradición.
Ya poco antes de que se emitieran las propuestas señaladas, Zavaleta había ido
reflexionando en torno a la imposibilidad de una Bolivia que se piense al margen
de la presencia india; así, en Las masas en noviembre, y en torno a la rearticulación
que se producía al interior del polo democrático boliviano, indicaba que “si los
obreros salen un día de su clausura corporativista será en el desarrollo de una
propuesta surgida del movimiento campesino”11 (1983: 22). Como resultado de
estas cavilaciones, llegaría después a afirmar lo siguiente: “[n]o decimos tan
tajante: Bolivia será india o no será, pero, al menos, entre todos los estatutos de
su viabilidad no figura el de un país sin indios (2008: 146); lo cual se encuentra en
su obra póstuma e incompleta Lo nacional-popular en Bolivia.12
9 Por otra parte, y a título de ejemplo, durante la década de los noventa, en Ecuador se hace muy fuerte el pedido de
parte de poblaciones indígenas por reconocer el carácter plurinacional de su Estado, demanda que le permitió al
movimiento indígena ecuatoriano construir un proyecto nacional en el debate político, logrando consolidar así su
tránsito de actores sociales a sujetos políticos (Dávalos, 2004); proceso que puede hallar semejanza en el discurso del
tránsito de la ‘protesta’ a la ‘propuesta’ esgrimida por Evo Morales durante su primera candidatura a la presidencia
en 2002.
10 Zavaleta dijo en algún momento que “lo señorial es también un cierto sentimiento plebeyo en Bolivia” (2008: 103)
11 Para este autor no se puede pensar a los que llegó a denominar como campesinos indios, ni soslayando su carácter
de clase, ni su condición étnico-cultural, pues decía que a estos grupos no se les “puede reducir a su diferenciación
cultural, a causa de las mediaciones interminables del mestizaje, y tampoco a su mero rasgo clasista, a causa de sus
poderosos contenidos culturales diferenciados” (1998: 80-81)
12El mismo Zavaleta había sostenido poco antes que “[l]a reivindicación milenarista a la manera del movimiento
katarista en Bolivia debe ser recogida [...] en su contenido democrático concreto y no en su incongruencia con
aparentes criterios de modernidad” (1990: 57).
191
Además, se deben tomar en cuenta aquellas medidas de organismos internacionales
destinados a reivindicar los derechos de los pueblos indígenas. Entre ellos se
pueden mencionar: el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo
(OIT), que reconoce los derechos colectivos de los pueblos indígenas, y que
respeta su derecho a una existencia perdurable manteniendo su identidad, o la
Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas –aprobada en 2007 por las
Naciones Unidas– que reconoce el derecho al autogobierno (aunque ciertamente
circunscrito a asuntos internos y locales) (Orias, 2008). Estas medidas generaron
un escenario propicio para que se reivindiquen los derechos colectivos de estos
pueblos, aunque esta defensa se enmarcara en los límites del multiculturalismo,
que acepta el reconocimiento de la diversidad cultural en tanto esos elementos de
la diversidad constituyan minorías poblacionales; lo cual se muestra claramente
insuficiente para poder explicar la realidad de países que como el boliviano
cuenta con una mayoría de población indígena.
Con el transcurso del tiempo, estas demandas encontrarían una elaborada
explicación teórica. En ese sentido, Luis Tapia postula la creación de un “gobierno
multicultural” (2006: 47), propuesta fundada en la creencia de que “[l]a igualdad
política entre gente de diferentes pueblos, culturas y naciones, es posible en
condiciones de igualdad socio-económica y de composición plural de las
instituciones de gobierno” (Tapia, 2002: 98). Continuando, indica que
Si se esquematiza la relación de no correspondencia, podemos,
reducirla a dos componentes. Una refiere a la no correspondencia
entre población o diversidad cultural y los sujetos gobernantes,
y el otro remite a una no correspondencia entre las instituciones
políticas estatales y la diversidad de matrices culturales existentes
en el país (2007: 51).
Adoptando esta línea de razonamiento, se sigue que la condición plurinacional
del Estado boliviano emerge como exigencia impuesta por la pluralidad
‘nacionalitaria’ de la misma sociedad boliviana, e implica la búsqueda de
introducir en la institucionalidad estatal el conjunto de instituciones y prácticas
políticas de los pueblos y naciones indígenas existentes, y en la composición
del gobierno la diversidad social presente; condicionados ambos elementos por
la búsqueda de núcleos de igualdad no solamente entre colectivos sociales, sino
al interior mismo de estos colectivos.
El actual vicepresidente, Álvaro García Linera, sostenía –en 2004– que “[l]
o que la multinacionalidad13 estatal hace es desmonopolizar la etnicidad del
Estado, permitiendo a las otras etnicidades dominadas y excluidas compartir las
13 Valga la pena aclarar aquí que por esa época García postulaba las autonomías indígenas inscriptas en el marco de un
Estado ‘Multinacional’, que contemplaba la distribución de los puestos públicos de acuerdo a cuotas étnicas.
192
estructuras de reconocimiento social y de poder político” (2008: 249)
Sin embargo, la propuesta de declarar el carácter plurinacional del Estado
boliviano generó una diversa gama de oposiciones, argumentando que esto
pondría en riesgo la unidad del país, permitiría la vulneración de los
derechos humanos (individuales), y que además sería incompatible con el carácter
unitario del Estado boliviano. En esta veta, Fernando Mayorga sostenía que sería
conveniente “pensar la nación boliviana como una colectividad multicultural y
pluriétnica conformada por ciudadanos y no por nacionalidades” (2007: 237);
el trasfondo de esta objeción parece radicar en la identificación de una relación
de antagonismo entre derechos individuales y colectivos, cuando en realidad
estos últimos, lejos de oponerse a la vigencia de los derechos individuales, son
su condición de posibilidad y eficacia en entornos marcados por la diversidad
cultural y relaciones inter-étnicas de carácter colonial, pues solamente
garantizando los derechos colectivos de las poblaciones excluidas es que se
puede pretender garantizar el ejercicio de los derechos de sus miembros en tanto
individuos, uno de cuyos elementos componentes es la capacidad de elección de
una identidad nacional o étnica. Otra serie de críticas puede ser expresada por la
siguiente afirmación de José Antonio Quiroga, para quien “la noción misma de
ley –y con mayor razón la de Constitución– es ajena a la cultura indígena” (2010:
277); entiéndase bien, ya que en una postura que dice defender el Estado de
Derecho, y por consiguiente la vigencia de la Constitución y las leyes, imputarle
a la población indígena –por motivos culturales– esa ajenitud a las nociones de
ley y constitución, implica –conscientemente o no– negarle capacidad de entrar
en la disputa política (que en el mundo moderno es principalmente, aunque no
exclusivamente, una lucha por definir la constitución y las leyes), y por lo tanto
cabría preguntarse ¿cuál es el horizonte que en esta postura se le asigna
a la participación política de los bolivianos indígenas, cuando no se les reconoce
internidad a la política moderna?
¿Cómo entender afirmaciones como esta última cuando provienen de alguien
cuya vocación democrática está fuera de toda duda? Esto sin duda demanda
adentrarse en los espacios arcanos de la estructura y las subjetividades
constituidas en sociedades que, como la boliviana, están atravesadas por
relaciones de carácter colonial .14 Y es que la reivindicación de la diferencia
genera reacciones diversas dependiendo del sujeto portador de tal discurso,
en tanto y en cuanto que “[l]a diferencia cultural asusta más cuando avanza
impulsada por los pobres que cuando la enarbolan los ricos” (Wieviorka, 2003:
35), pues estos últimos parecen no tener cuestionada su capacidad de emitir un
discurso del tal tipo, en tanto que el destino aceptado de los pobres y excluidos
parece rondar por la inclusión en el sistema constituido, sin tener mucha opción
de incidir en su constitución.
14 Un pionero y referente latinoamericano en esta temática, Pablo González Casanova, indica que “[e]l colonialismo
interno corresponde a una estructura de relaciones sociales de dominio y explotación entre grupos culturales
heterogéneos, distintos” (1978: 240), al interior de un mismo país.
193
A partir de lo expuesto parecen justificadas afirmaciones como las de Félix
Patzi, quien considera que “hay un menosprecio a la sociedad indígena como
posibilidad contemporánea” (2006: 56), lo cual constituye una de las agendas
pendientes más importantes para la sociedad boliviana, al menos si ésta pretende
destinos mejores que los hasta ahora erigidos.
Es en ese contexto que se inicia la Asamblea Constituyente, el 6 de agosto de 2006,
con un plazo de un año para la redacción del nuevo texto constitucional por parte
de los asambleístas elegidos por voto popular. Debido a la enorme conflictividad
desatada en la capital, ciudad sede de las sesiones de la Asamblea, este plazo se
retrasaría hasta fines de 2008, proceso que concluiría recién con la aprobación de la
propuesta constitucional el 25 de enero de 2009, y su consiguiente promulgación
el 7 de febrero del mismo año. Este conflictivo periodo conllevó la realización
de un referéndum revocatorio para presidente, vicepresidente y prefectos
departamentales, por el cual el gobierno recibió un fuerte respaldo popular
con la consiguiente debilitación del sector de oposición, debido a la revocación
del mandato de los prefectos de los departamentos de La Paz y Cochabamba.
Durante las sesiones de la asamblea también se produjeron incidentes
lamentables para la convivencia democrática en un país que como Bolivia presenta
una enorme diversidad étnico-cultural. Como ejemplo pueden mencionarse
algunos casos. En primer lugar, el de la asambleísta Isabel Domínguez, quien
pretendió hacer uso de la palabra en quechua, su idioma materno, ante lo que
alguien de la oposición argumentó que “si no sabía castellano era mejor que
regresara a la escuela para aprender a hablar” (cit. en Valcarce, 2008: 45); nótese
que tras esta postura se esconde aún la negación de una ciudadanía plena a los
indígenas, pues al no reconocerles capacidad de expresión en el ámbito político,
se les priva de la posibilidad de participar en éste como sujetos políticos plenos.
También pudo observarse la golpiza selectiva a asambleístas indígenas durante
los conflictos por la capitalía del Estado, lo cual se ve agravado si se considera que
quienes fueron más agredidas fueron las asambleístas mujeres; todos estos
son problemas que deben ser enfrentados seriamente si se pretende construir una
Bolivia democrática y plurinacional.
Fue la asociación de las principales organizaciones indígenas en Bolivia,
nucleadas en el Pacto de Unidad,15 la que sistematizó la propuesta de creación de
un Estado Plurinacional. Concretamente el documento presentado caracterizaba
al Estado de la siguiente manera:
15 Éste estaba compuesto por la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), la
Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente Boliviano (CIDOB), la Confederación Sindical de Colonizadores
de Bolivia (CSCB), la Federación Nacional de Mujeres Campesinas de Bolivia ‘Bartolina Sisa’ (FNMCB-BS), el
Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (CONAMAQ), la Coordinadora de Pueblos Étnicos de Santa
Cruz (CPESC), el Movimiento Sin Tierra de Bolivia (MST), la Asamblea del Pueblo Guaraní (APG), y la
Confederación de Pueblos Étnicos Moxeños de Beni (CPEMB); además la propuesta contó con la adhesión de la
Asociación Nacional de Regantes (ANARESCAPYS) y la Coordinadora de Defensa del Río Pilcomayo (CODERIP).
194
El Estado boliviano es unitario plurinacional,16 pluriétnico,
pluricultural, intercultural y plurilingüe, descentralizado en
autonomías territoriales indígenas originarias y campesinas, en
autonomías interculturales urbanas y en autonomías regionales,
Además se declaraba que la plurinacionalidad era entendida como un modelo de
organización política cuyo fin era la ‘descolonización’ de las naciones y pueblos
indígenas, buscando recuperar y fortalecer su autonomía territorial. Ya en este
documento se hace evidente la presencia de la fuerte vinculación, analizada más
adelante, entre la condición ‘indígena originaria’ y la campesina.
De entre las fuerzas políticas presentes en la Asamblea, fue el Movimiento Al
Socialismo (MAS) el que retomó con más fuerza esta propuesta, hasta hacerla suya.
Sin embargo, esto no estaba explícito en la propuesta presentada inicialmente
por el MAS, la misma que sostenía que “Bolivia es una república democrática,
libre, soberana e intercultural, basada en la autodeterminación de sus pueblos”,
y les reconocía a los pueblos indígenas el derecho a la autodeterminación, la
territorialidad y el ejercicio de una ciudadanía diferenciada según sus usos y
costumbres.
En la otra vereda, por parte de Poder Democrático y Social, se consideraba
que “[e]l Estado boliviano es unitario y políticamente descentralizado”,
reconociendo el carácter multiétnico y pluricultural de la ‘nación boliviana’
(PODEMOS, 2006: 9); en una posición fuertemente influenciada por la anterior
Constitución boliviana y la normativa agraria existente.
Al mencionar esto no debe dejarse de lado que esto se produce en el marco
de un escenario internacional en el que aparecen cuestionamientos tanto al
constitucionalismo moderno, como al Estado-nación por él justificado, al menos
en su actual configuración excluyente.
En cuanto al Estado-nación, éste se ha visto atacado desde tres flancos: desde
arriba por la emergencia de instancias transnacionales, lateralmente por su
debilitamiento producto de la aplicación de medidas neoliberales, y desde abajo
por emergencia de las ‘naciones sin Estado’ que exigen el autogobierno (Michael
Keating, cit. en Novensà, 2005). Lo anterior no implica afirmar ni que el Estadonación haya desaparecido, ni que los Estados existentes hayan perdido todo su
poder, sino que con el contexto cambian las condiciones de validez y legitimación
de los regímenes estatales.
En lo que al constitucionalismo moderno se refiere, tanto la aparición del
16 Cursivas añadidas. con respeto a formas de vida diferenciadas en el uso del espacio y territorio (Pacto de Unidad,
2006: 5).
195
Estado social, como las distintas formas de descentralización y federalización
aparecidas, han puesto en cuestión algunos de sus fundamentos relacionados con
la unicidad del Estado y el ejercicio de la soberanía (Grijalva, 208); la creación de
Estados Plurinacionales son un paso más en este sendero que lleva a introducir la
diversidad social en la institucionalidad estatal.
LO PLURINACIONAL EN LA CONSTITUCIÓN VIGENTE
La Constitución aprobada en 2009 comienza declarando, en el Preámbulo, que
con la entrada en vigencia del nuevo texto constitucional, “[d]ejamos en el pasado
el Estado colonial, republicano y neoliberal”; lo que generó –producto de
la no muy afortunada asimilación establecida entre lo colonial, lo republicano
y lo neoliberal– un considerable disputa en torno al supuesto fin de la República
parangonado por sectores de la oposición política y otros de la sociedad boliviana;
esto aunque en el mismo texto constitucional se caracteriza al Estado boliviano
como República en cuando menos siete ocasiones, tal como queda explícito en el
art. 11.I, que reza: “[l]a República de Bolivia17 adopta para su gobierno la forma
democrática participativa, representativa y comunitaria, con equivalencia de
condiciones entre hombres y mujeres”. De tal manera que si se asume que el
republicanismo trasciende el uso de tal denominación, muchos elementos que
componen su herencia –como la búsqueda de conjugar la igualdad con la libertad
o el ejercicio de una ciudadanía activa–, están presentes en la actual Constitución
del Estado Plurinacional de Bolivia.
Ya entrando al objeto de análisis del presente ensayo, según el art. 1:
Bolivia se constituye en un Estado Unitario Social de Derecho
Plurinacional Comunitario, libre, independiente, soberano,
democrático, intercultural, descentralizado y con autonomías.
Bolivia se funda en la pluralidad y el pluralismo político,
económico, jurídico, cultural y lingüístico, dentro del proceso
integrador del país.
Como puede observarse, la caracterización completa que utiliza el texto resulta
ser la de ‘Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario’;18 de lo
anterior se puede colegir que lo plurinacional debe convivir con el carácter
unitario, lo que se consigue a través de las autonomías, que parecen haber
conformado la fórmula hallada para dejar de lado cualquier debate en torno a
posibles federalismos tendientes a capitalizar las reivindicaciones de la diversidad
social boliviana; además resalta aquello de lo comunitario, que es sin duda uno
de los puntos más difíciles de explicar, por lo menos en tanto caracterización del
17 Cursivas añadidas.
18Sería luego, con la promulgación del D. S. No 0048 el 18 de marzo de 2009, que se acuñaría y formalizaría la
denominación de ‘Estado Plurinacional de Bolivia’
196
estado; por lo pronto podría considerarse que implica el reconocimiento de las
comunidades indígenas como integrantes del Estado en tanto comunidades,
vale decir que acá sí habría una doble articulación entre individuos indígenas
y Estado, una en tanto individuos, y otra en tanto comunidad, ello toma cuerpo
en el reconocimiento de la forma comunitaria de democracia al interior de
las comunidades indígenas (art. 11.II). Es, de esta manera, la diversidad cultural
un elemento esencial para comprender al nuevo Estado.
Lo anterior adquiere mayor sentido cuando se recuerda el art. 2, para el que:
Dada la existencia precolonial de las naciones y pueblos indígena
originario campesinos y su dominio ancestral sobre sus
territorios, se garantiza su libre determinación en el marco de la
unidad del Estado, que consiste en su derecho a la autonomía, al
autogobierno, a su cultura, al reconocimiento de sus instituciones
y a la consolidación de sus entidades territoriales, conforme a esta
Constitución y la ley.
Según varios autores, éste resulta ser el núcleo más importante para la lograr
la descolonización, pues por primera vez se reconocería la alteridad de
los pueblos indígenas en condiciones de igualdad con el resto de la sociedad
boliviana.
El texto deja establecido, por otra parte, que “[l]a nación boliviana está
conformada por la totalidad de las bolivianas y los bolivianos, las naciones
y pueblos indígena originario campesinos, y las comunidades interculturales
y afrobolivianas que en conjunto constituyen el pueblo boliviano” (art. 3);
configurando una relación de identidad entre nación y pueblo bolivianos.
La categoría de ‘naciones y pueblos indígena originario campesinos’ es la que
hace referencia a las naciones originarias y pueblos indígenas; las que son
definidas en el art. 30.I como sigue: “[e]s nación y pueblo indígena originario
campesino toda la colectividad humana que comparta identidad cultural, idioma,
tradición histórica, instituciones, territorialidad y cosmovisión, cuya existencia
es anterior a la invasión colonial española”; existe aquí una relación de no
correspondencia entre concepto y definición, pues en tanto que el primero
hace referencia a lo campesino como característica de este sujeto colectivo, la
segunda no esgrime esta limitación. Pero este vacío es aclarado por el mismo texto;
así, en tanto que en el art. 290 se define como base de las autonomías indígenas
los territorios ancestrales actualmente habitados por estas colectividades, en
el art. 146.VII se delimita las circunscripciones indígenas para componer
la Cámara de Diputados al entorno rural y solamente en aquellos
departamentos donde estos pueblos sean minoría.19 Resulta ser, pues, que lo
19 Además, éstas no deben trascender los actuales límites departamentales; lo que presenta dos aristas, pues mientras
197
indígena reconocido como la alteridad componente de la plurinacionalidad se ve
limitado en sus alcances, al menos en tanto colectividad, pues queda restringido
al ámbito rural, desconociendo en alguna medida la indianidad hoy presente en
los espacios urbanos.20
En este sentido, las autonomías indígenas establecidas en la Constitución
consisten en:
el autogobierno como ejercicio de la libre determinación de
las naciones y los pueblos indígena originario campesinos,
cuya población comparte territorio, cultura, historia, lenguas,
y organización o instituciones jurídicas, políticas, sociales y
económicas propias (art. 289).21
Éstas tienen entre sus competencias distintivas a la gestión de los recursos
naturales renovables, la administración de áreas protegidas y el ejercicio de la
propiedad intelectual de los conocimientos y saberes tradicionales.
Sin embargo, esto que aparece como una limitación a la libre determinación
de los pueblos indígenas, encuentra una explicación lógica en las mismas
reivindicaciones de estos pueblos y de quienes justificaron teóricamente el
carácter plurinacional del Estado boliviano. Así, en tanto que Álvaro García Linera
decía: “[p]ostulamos [...] a la comunidad y a sus rebeliones como fundamento
esclarecedor de lo llamado ‘indígena’” (2008: 204), en una línea similar Raúl
Prada cree que “[e]l pluralismo de las naciones y de los pueblos se asienta en la
reconstitución de lo comunitario” (2010: 69).
Complejizando aún más el tema se puede rescatar lo dicho por Luis Tapia, para
quien “[u]n rasgo de este tipo de naciones, de matriz comunitaria, es que no
contienen en su seno la forma estatal” (2007: 52).
Analizando a fondo esto resulta que esta dimensión de lo indígena, lo comunal,
que le dio fuerza reivindicativa por provenir de los sectores más afectados por el
colonialismo interno, se constituye también en una suerte de encierro que
impide reconocer la condición india más allá de la comunidad agraria.
Esto ha generado diversas posturas críticas hacia la Constitución hoy vigente.
Entre ellas, Tapia considera que “el Estado Plurinacional que contiene el nuevo
texto constitucional, básicamente corresponde a una fase de reconocimiento de
por una parte evita la aparición de un nuevo foco de conflictividad, por la otra limita la posibilidad de consolidar
una auténtica representación de los pueblos y naciones indígenas.
20 Esto será analizado más adelante.
21Pueden constituir autonomías indígenas, los territorios indígena originario campesinos, los municipios o las
regiones que decidan adoptar tal cualidad. Es por ello que Xavier Albó considera que la autonomía indígena no es
un cuarto nivel, sino una “cualidad gubernativa” (2009: 95)
198
la diversidad cultural, pero no diseña todavía lo plurinacional en condiciones de
igualdad” (2011: 150).
En otro sentido, Rocío Estremadoiro considera que:
Las reformas constitucionales se enmarcan en los postulados
del multiculturalismo que inciden en el reconocimiento de las
diversidades, pero fragmentándolas en espacios diferenciados
que no permiten, en el fondo, una verdadera participación de los
grupos étnicos en el Estado. Se mantienen relaciones de poder
que subordinan a estas colectividades sin promover un real
protagonismo de los pueblos indígenas en el proceso articulador
de la interculturalidad (2011: 10)
Estas críticas se mueven en dos registros diferentes, la primera reclama mayor
inclusión de la diversidad de formas de organización presentes en la sociedad
boliviana en el marco de la institucionalidad estatal; en tanto que la segunda
advierte sobre el riesgo de parcelación social que esto implicaría, generando
diferencias irresolubles entre indígenas y no indígenas.
Anticipando esto, Silvia Rivera ya había advertido que el término ‘originario’
quita a los indígenas la capacidad de participar en las lides de la modernidad,
y desconoce su condición de mayoría; proclamando que, por el contrario, “[l]a
condición de posibilidad de una hegemonía indígena está afincada en el territorio
de la nación moderna” (2006: 3) pero recuperando la memoria larga configurada
durante siglos.
Otro componente de la plurinacionalidad se expresa también en la composición
de los órganos del Estado, aunque aquí de una manera notoriamente disminuida.
En la Asamblea Legislativa
Plurinacional, se deben definir (actualmente
son siete) circunscripciones especiales indígena originario campesinas, con las
características arriba mencionadas. En cuanto al órgano ejecutivo, solamente se
establece que el presidente debe designar sus ministros respetando el carácter
plurinacional y la equidad de género (art. 172.22).
De lo hasta aquí expuesto, se deriva que hay un reconocimiento constitucional
limitado de la diversidad étnico-cultural, que reconoce pueblos más bien que
naciones indígenas, lo cual queda clara e inobjetablemente visibilizado por la
denominación elegida de ‘naciones y pueblos indígena originario campesinos’,
pues la ausencia deliberada de comas establece una identidad entre lo indígena y
lo campesino que no siempre se ratifica en la realidad.
Surge así la pregunta ¿están los indígenas habitantes de los espacios urbanos al
margen de la vigencia del carácter plurinacional del Estado? Aunque compleja,
la respuesta no puede ser rotundamente afirmativa, ya que la descolonización
199
es algo que debe inscribirse transversalmente en los discursos y las prácticas
del conjunto de la sociedad boliviana para hacerse efectiva. Entonces, la
descolonización se presenta como la llave que permite introducir la condición
plurinacional en los espacios urbanos; la misma que debe ser entendida como
un proceso de desconcentración y des-etnización de poder y por la cual deje de
haber ciudadanías efectivas diferenciadas en función del color de la piel. Tal el
reto de la creación de una democracia intercultural como requisito para erigir el
Estado Plurinacional.
La descolonización parte de luchar consecuentemente contra toda forma de
discriminación (principalmente el racismo, tan enraizado en el medio boliviano);
des- patriarcalizar la sociedad; des-enajenar las subjetividades producidas por
lo señorial y lo colonial; y articular espacios de encuentro entre los elementos
de la diversidad social boliviana, al margen de lo cual ésta seguiría siendo una
sociedad entrópica.
CONSIDERACIONES FINALES
Sin duda alguna en torno a la demanda de reconocimiento de la plurinacionalidad
del Estado boliviano convergieron distintas corrientes de pensamiento que luego
no necesariamente se reconocerían como iguales. Así, para Fernando Mayorga
“la plurinacionalidad es un metadiscurso que engloba una serie de demandas
que reclaman el reconocimiento del pluralismo en diversas facetas [...], como
expresiones de la diversidad étnica y cultural de la sociedad boliviana” (2007:
234); encontrando una notable similitud con la caracterización que Luis Antezana
había realizado del discurso del nacionalismo revolucionario como un ‘operador
ideológico’ que podía abarcar una amplia gama de representantes y lógicas de
acción concretas (1983).
Como ejemplo de alguien que participó del proceso y luego tomó distancia, puede
mencionarse lo expresado por Raúl Prada, para quien “el Estado Plurinacional ya
no es un Estado, en el pleno sentido de la palabra, pues el acontecimiento plural
desbroza el carácter unitario del Estado” (2007: 210). Resulta fácil comprender el
porqué Prada se alejó del gobierno, aunque tras su afirmación parece esconderse
cierta negación al Estado de la capacidad necesaria para transformarse y
adaptarse a las cambiantes condiciones del mundo contemporáneo; por lo menos
en ese sentido apunta la creación de un Estado Plurinacional (Comunitario).
Por otra parte, la defensa de los derechos de los pueblos indígenas no debe
abandonar nunca los espacios del pensamiento crítico, pues como sostiene
Patricia Chávez, “[l]a ideologización y mitificación de lo comunitario puede
terminar velando las desigualdades que existen en su seno –hacia otros indígenas
o hacia las mujeres, por ejemplo–” (2011: 31). Desigualdades presentes, incluso
200
en aquellos sectores en donde la propiedad privada ha penetrado menos y
sus estructuras tradicionales se ha visto menos afectadas; por lo que el Estado
Plurinacional debe desarrollar una institucionalidad que le permita, de manera
paralela, resguardar el derecho de los pueblos indígenas a decidir las obligaciones
de sus miembros para con la comunidad,22 y garantizar la vigencia de los derechos
constitucionalmente establecidos para todos los bolivianos y las bolivianas, sin
distinción de su origen étnico.
El reconocimiento de la plurinacionalidad del Estado es un avance en la
democratización tanto de las instancias estatales como de la misma sociedad civil
boliviana; pero plantea también enormes desafíos para articular la diversidad
cultural en una identidad común que al enriquecerse de dicha pluralidad,
consolide su unidad apelando a la interpelación democrática.
Con todo, este proceso conlleva el ingreso de los pueblos indígenas al proscenio
del ámbito político, que es de esa clase de marchas que no contienen retorno;
de tal manera que el desafío está en lograr la convivencia en un marco estatal
que rescate las diversas manifestaciones de socialidad presentes en Bolivia; y
sobrellevar en el marco democrático los focos de conflictividad que puedan
emerger en las relaciones interculturales.
Aunque resulte paradójico decirlo, parece que con el Estado Plurinacional por fin
podría establecerse sólidamente en Bolivia el saludable prejuicio de la igualdad
innata entre los seres humanos; que no se refiere a la inexistencia de diversidad
cultural, sino de jerarquías estamentarias.
22 Aspecto avalado por el art. 35 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.
201
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EL ROL DEL ESTADO
INTEGRADOR
Ernesto Bernal Martinez1
ABSTRACT
En este ensayo exploraremos algunos aspectos del rol que tiene y quizás tenga
en los próximos años, la economía boliviana en el proceso de integración de la
población a lo que, en forma muy general, pudiéramos llamar la nacionalidad.
En particular, interesa conocer qué influencia pueden tener sobre nuestra
economía la globalización, el pluralismo y la democratización, tendencias
universales de larga duración de los que, se estima, Bolivia no podrá sustraerse,
para luego evaluar el efecto que tal influencia pueda tener sobre la integración
nacional.
Keywords: Igualdad de oportunidades, Estado de Bienestar, Estado Integrador
INTRODUCCION
En Bolivia durante las últimas décadas, el sistema económico (neoliberalismo
ortodoxo) ha sido observado y rechazado, porque la población no se identifica
con el modelo, considerándolo excluyente y empobrecedor. Ello sucede cuando
las demandas de la sociedad civil y las restricciones existentes, entre ellas las
megatendencias de largo plazo, no son coherentes con el modelo que se está
implementando. ¿Qué debe hacer el Estado para tener un modelo exitoso?
¿Qué efectos tendrán sobre el “modelo” la globalización, el pluralismo y la
democratización? ¿Cómo afectará lo anterior la integración nacional?
Según Chuaqui (1999), existen dos formas de integración, una más bien
de “incorporación” de los excluidos a participar en un “juego” definido por la
élite existente y la otra, de participación plena de los mismos en la definición de
las reglas del juego (“instituciones” de North 1993, y los jugadores son lo que él
denomina “organizaciones”).
En el caso boliviano las reglas del juego económico, fueron impuestas por las
elites económicas, no participaron los marginados. Sin embargo, las reglas
son de tal naturaleza, que tomadas en conjunto con la focalización y el esfuerzo
en materia de gasto social, propenden, en teoría al menos, a un esquema en que
todos tengan una similar oportunidad de beneficiarse de la participación en el
“juego”.
1 Ganador de la quinta Mención de Honor del Segundo Concurso de Ensayo Político.
207
Valdivieso (1999) define las actuales megatendencias de largo plazo
como la globalización, el pluralismo y la democracia. Es necesario analizar
la coherencia del actual modelo económico con las megatendencias de larga
duración.
La economía boliviana no es, en la actualidad, un elemento unificador, coherente
con las megatendencias de globalización y pluralismo, su grado de aceptación
entre la población del país, no es satisfactorio, requiere acciones adicionales del
Estado, para legitimarlo del todo y asegurar que sea un elemento positivo en el
proceso de integración. En particular, se debe poner énfasis en la total coherencia
entre el modelo, la globalización y el pluralismo.
En un régimen democrático, en el cual opera el laissez-faire del mercado,e x i s t e
un dilema central que genera una tensión entre la democracia política y la
democracia económica. Por una parte, en una economía de mercado los bienes se
distribuyen de acuerdo al poder adquisitivo de las personas; se “vota” con pesos,
y el que tiene más pesos adquiere más bienes. En cambio hay un reconocimiento
explícito de la igualdad ante la ley de todos los ciudadanos; además, cada
persona posee un voto que tiene la misma ponderación independientemente de
la condición social.
Como señala Okun (1975), la unión de mercado y democracia es complicada,
pero ambos se requieren mutuamente. Para resolver este conflicto habría que
agregar cierta racionalidad en la cuestión equitativa y cierto humanismo en la
búsqueda de la eficiencia.
La creación del Estado de Bienestar, por medio de la tributación, ha sido la respuesta
de los países desarrollados a esa aspiración de una sociedad más humana y más
civilizada. Cuando los pobres son mayoría, presionan a través del proceso político
para que el Estado interfiera en el mercado y resuelva la cuestión social.
El principio de igualdad ante la ley se estableció en el siglo XIX; Anatole France
decía irónicamente que “pobres y ricos tienen el mismo derecho a dormir a la
intemperie”. Existe consenso en las democracias modernas que ninguna persona
debe quedar por debajo de una línea hipotética que corresponde a un conjunto
de necesidades básicas: alimentación, vivienda, etc.
La desigualdad de oportunidades es especialmente inaceptable en términos
éticos – implicando que los individuos en el momento de su nacimiento enfrentan
opciones de vida totalmente diferentes– y es particularmente dañina para el
potencial general de crecimiento de las sociedades. Si se tiene dos niños con
talentos similares, aquél que nace en la zona sur de la ciudad de La Paz tiene una
probabilidad claramente mayor para ocupar una posición privilegiada superior
a aquél que nace en la zona periurbana de la ciudad de Oruro.
208
El Estado Integrador tiene que tener como objetivo que todos los niños tengan
oportunidades similares independientemente de su status social. Esto requiere
mayor similitud en las calidades de educación y salud pública y privada.
El Estado en el siglo XIX fue el responsable de la creación de la nación boliviana.
Actualmente el Estado va a tener una función de envergadura similar; integrar
toda la población boliviana a la modernidad. Esto implica darle contenido e
implementar plenamente el principio de “igualdad de oportunidades”, esto, es
lo más importante que debe realizar el Estado Boliviano en el Siglo XXI.
IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
El principio de igualdad de oportunidades surge en el siglo XX, que influye al
Estado a tratar explícitamente de manera desigual a las personas para poder
incorporar a los excluidos a la sociedad. Nadie deberá quedar excluido del
progreso económico por factores exógenos a la persona en cuestión, esta es la
base de un Estado Integrador. La responsabilidad del Estado no se restringe
solamente a que toda familia alcance un nivel mínimo de necesidades básicas. En
realidad, hay que ir más allá; romper el círculo vicioso de la pobreza. Esto requiere
un Estado Integrador que enfrenta y elimina las raíces que generan esa situación
básica de pobreza. Todos los niños tienen que tener las mismas oportunidades.
Los niños no tienen la culpa del entorno en el cual nacieron.
Se define la igualdad de oportunidades como la situación en la que todas las
personas, independientemente de las circunstancias exógenas, tengan las mismas
oportunidades en la vida. Las “circunstancias”, son factores exógenos socialmente
determinados que están fuera del control de la persona, como el género, la raza
o el entorno socioeconómico, sobre lo cual hay un amplio consenso de que no
deberían jugar un papel en los resultados (tales como el ingreso, salario, etc). En
una situación de completa igualdad de oportunidades, estas circunstancias no
deben ni frenar ni contribuir a los logros de la persona (Paes de Barro, 2008).
La gente de Bolivia afrontamos grandes desigualdades de oportunidades en
nuestra existencia y diferentes posibilidades de bienestar económico, y por ello
no sorprende que obtengamos resultados desiguales. La desigualdad está hecha
de elementos heterogéneos, algunos mucho más injustos e innecesarios que otros,
que deben ser reconocidas en la discusión sobre la reducción de la desigualdad y
las políticas públicas.
La mayor parte de las personas posiblemente observaran las brechas de ingreso
generadas por diferentes decisiones como algo menos discutible que aquellas
implantadas por el entorno familiar, origen étnico, lugar de nacimiento o el
género, factores que están fuera de la responsabilidad individual y que por lo
tanto deberían ser considerados como injustos. El consenso podría fácilmente
209
alcanzarse en torno a la necesidad de políticas dirigidas a reducir o eliminar
la injusta influencia de algunos de estos factores. Sin embargo, otras fuentes
potenciales de desigualdad podrían ser necesarias para darles a las personas
los incentivos apropiados para esforzarse en adquirir educación y que esta
se traduzca en ingresos. En este sentido, alguna desigualdad puede ser
tolerada, como la desigualdad generada por diferencias en esfuerzos y talentos,
especialmente cuando intentar reducirla podría interferir con otros objetivos
éticos, como la privacidad y la libertad individual. La igualdad de oportunidades
es deseable, la igualdad de resultados (ingresos laborales, ingresos familiares o
riqueza) no necesariamente. (Paes de Barro, 2008).
Existen diferencias en la etapa de identificar y definir los aspectos de la vida que
se consideran más importantes de igualar entre los individuos con el objetivo de
lograr una sociedad más justa. La primera decisión que se debe tomar es
entre resultados y oportunidades. ¿Se debería intentar reducir las diferencias
en resultados (por ejemplo, niveles de ingreso o consumo), o por el contrario,
garantizar la igualdad de oportunidades para lograr estos resultados? Muchos
autores están a favor de la segunda alternativa. Según esta visión, la desigualdad
no debe ser una preocupación social, bajo las siguientes condiciones:
• Si surge entre personas sujetas a las mismas restricciones.
• Si es la consecuencia de opciones individuales sobre el esfuerzo invertido en
mejorar los resultados.
• Si está relacionada con otras variables por las cuales la gente debería hacerse
responsable.
La desigualdad de oportunidades es especialmente inaceptable en términos
éticos – implicando que los individuos en el momento de su nacimiento enfrentan
opciones de vida totalmente diferentes– y es particularmente dañina para el
potencial general de crecimiento de las sociedades.
DEL ESTADO DE BIENESTAR AL ESTADO INTEGRADOR
El Estado de Bienestar es un conjunto de instituciones orientadas a la solución
armónica de los conflictos sociales, por lo que se dice que ha sido el elemento
esencial para la expansión del capitalismo en los países desarrollados (EspingAndersen, 1990; Pierson, 1998).
Está orientado a lograr que todos los miembros de la sociedad satisfagan ese
conjunto de necesidades básicas. En el caso boliviano, en el período 1952-84,
hubo una expansión gradual del gasto social, debido a que el Estado asumió
un rol creciente en el financiamiento, la gestión y la producción del conjunto de
necesidades básicas para los sectores de menores ingresos.
210
En los países desarrollados la constitución del Estado de Bienestar ha implicado
la creación de una variada gama de instituciones e instrumentos. La política fiscal
se asocia a las necesidades sociales. Por el lado de los ingresos fiscales,
se establecen los principios de capacidad de pago y de progresividad,
aplicándose impuestos a la propiedad, herencias, donaciones, utilidades de
empresas, ganancia de capital e impuesto progresivo a la renta personal.
Por el lado del gasto público, están las transferencias a personas, que corresponden
a previsión social, pago a desempleados, beneficios a enfermos y niños; beneficios
a través de bienes y servicios financiados totalmente por el Estado, como salud
y educación, y subsidios a ciertos bienes básicos como vivienda, alimentos y
transporte. Todos estos componentes generan presiones significativas sobre el
gasto público.
El Estado de Bienestar es la institución de la sociedad moderna encargada de que
los individuos de bajos ingresos no queden por debajo del nivel de subsistencia;
la definición de este nivel mínimo es su responsabilidad. En todos los países
desarrollados existe la institucionalidad del salario mínimo. Una empresa
que no es capaz de pagar el salario mínimo a sus trabajadores, o que basa su
competitividad en el pago de salarios inferiores al mínimo, eventualmente va a
ser eliminada del mercado por empresas que son relativamente más eficientes.
El mecanismo del mercado no debe utilizarse para esta tarea: así como existe
consenso de que no es lícita la compra y venta del voto político, el nivel mínimo
de subsistencia de un ser humano no puede estar expuesto a la libre interacción
de la oferta y la demanda. El nivel del salario mínimo no debiera estar sujeto a
las fuerzas del mercado. Cambios en la oferta o demanda de trabajo no debieran
reducir el estándar de vida del trabajador marginal; si el resultado de este
principio es la generación de desempleo entonces la sociedad, a través del
subsidio de desempleo, debe cubrir dicha situación, este tema fue planteado por
Okun (1975).
Una gran parte de esta institucionalidad del Estado de Bienestar de los países
desarrollados fue imitado por los países latinoamericanos, aquella relacionada
con los gastos; una excepción importante es el subsidio de desempleo. Por otra
parte, no ha habido una expansión similar en la capacidad para aumentar los
ingresos tributarios; cuando ello se logra, los impuestos indirectos constituyen
el componente fundamental de la recaudación total, mientras que los impuestos
directos tienen una participación relativamente baja. Existe un sesgo notoriamente
regresivo si una carga tributaria en la cual los impuestos indirectos constituyen
el componente principal.
El populismo latinoamericano a planteado que existe una solución fácil y rápida
al problema de la pobreza y al problema de la desigualdad distributiva. Las
211
soluciones populistas incluyen medidas fundamentales: (i) Excesivo incremento
del gasto social (ii) Gran aumento de los salarios vía decreto gubernamental.
(iii) Aumento de impuestos para financiar las dos medidas anteriores. Esto ha
constituido una versión totalmente distorsionada del Estado de Bienestar.
La solución del problema distributivo requiere tiempo y no puede ser resuelto
por decreto gubernamental. La función de bienestar personal de cada individuo
también comprende elementos de solidaridad y preocupación por los demás, e
incluso también la envidia, esto se ha planteado desde el siglo XVIII, e incluyendo
a Adam Smith, supuestamente el apóstol del homo economicus individualista y
egoísta. Transferencias vía tributación de ricos a pobres aumentan entonces el
bienestar de ambos grupos y en consecuencia el nivel de bienestar social. Esta
interdependencia en la función de bienestar individual se vincula actualmente a
la existencia de una conciencia social, según la cual a toda la sociedad le preocupa
la situación aflictiva de los pobres.
El entorno político y el gobierno pueden desempeñar un importante papel en el
grado de conciencia social prevaleciente. La base conceptual del moderno Estado
de Bienestar seria la existencia de interacción e interdependencia, en que
prevalece una alta conciencia social, el uso de transferencias para enfrentar el
problema de la pobreza y de la desigualdad de ingresos corresponde a un uso
eficiente de recursos.
Se habla de la crisis de la institucionalidad del Estado de Bienestar en los países
desarrollados, criticándose particularmente la magnitud del gasto social, que
fluctúa en torno del 28% del PIB. En el caso de los países latinoamericanos tiene
dimensiones inferiores el Estado de Bienestar; sin embargo, también son válidas
las críticas vinculadas al exceso de burocratismo, a la inoperancia y la baja
calidad de los servicios. Al observarse los distintos niveles existentes entre
bienes sociales (salud y educación) proporcionados por el sector público y por
el sector privado se ha acentuado notoriamente la baja calidad de los servicios.
El fundamentalismo neoliberal ortodoxo ha vinculado el Estado de Bienestar
al cuestionamiento global de la función del sector público, recomendando su
reducción y eventual desmantelamiento, porque su presencia reduce la eficiencia
económica, desincentiva el trabajo, el ahorro y la inversión, y le quita recursos al
sector privado para despilfarrarlos en el sector público. El mercado resolvería más
eficientemente el problema del bienestar de todos los individuos. Hospitales y
colegios competirían entre sí cobrando el precio del mercado y proporcionándole
al consumidor la opción más conveniente. Desde el punto de vista del
consumidor, habría un incremento de las opciones existentes; la posibilidad de
elegir entre ellas favorece a los consumidores, que poseen distintas restricciones
presupuestarias y diferentes preferencias respecto a niveles de consumo de
salud y de educación. Esto se complementaría con un subsidio a la demanda.
212
El subsidio a la demanda genera presión en los productores de servicios para
captar clientes vía mejoramiento de la calidad de los servicios entregados. La
solución de la ideología ortodoxa consistiría en la privatización de las funciones
del Estado de Bienestar.
Pero, el Estado tiene que seguir presente como institución que regule y fiscalice la
calidad de los servicios producidos por el sector privado, debido a la existencia de
fallas de mercado. Una propuesta reciente orientada a incrementar la eficiencia en
la solución de los problemas sociales constituye la focalización. Esta tiene varias
virtudes: Requiere claridad respecto del grupo objetivo y una identificación
de los mecanismos más eficientes para llegar a éste. Esto permite eliminar las
filtraciones (que benefician a otros grupos). Algunos ejemplos exitosos de
mecanismos de focalización, aplicados en el caso boliviano, lo constituyen los
desayunos escolares, la renta dignidad, bono Juana Azurduy y el bono Juancito
Pinto.
Para aplicar políticas de focalización, los grupos objetivos tienen que tener
una caracterización simple, esto es, estar muy bien definidos; por ej.,
grupos vulnerables, analfabetos, niños desnutridos, pero la estrategia de
focalización también tiene limitaciones Hay dos problemas distintos. En primer
lugar, la estrategia de focalización estimula la maximización de indicadores
de éxito asociados al objetivo elegido. En segundo lugar, los problemas
fundamentales de la salud no están concentrados en disminuir el número de
niños desnutridos, sino que en resolver problemas más complejos de salud y
homogeneizar la calidad de la salud pública y privada; análogamente e
l
problema central de la educación no radica en la eliminación del analfabetismo,
sino que en homogeneizar la calidad de la educación pública y privada.
En un país no desarrollado como Bolivia no es viable, desde el punto de
vista económico, privatizar todos los bienes sociales. El nivel del subsidio a la
demanda de educación y de salud para que haya un mercado similar en esos dos
servicios implicaría un nivel superior al actual; probablemente se requeriría casi
duplicar el actual gasto público asignado a educación y salud. En consecuencia,
el resultado observado, conduce a la creación de un sistema de bienestar dual:
salud, educación y pensiones diferenciadas para ricos y pobres. El traslado
del sector público al sector privado de los cotizantes de mayores ingresos (como
en el caso de la salud) y/o de los trabajadores activos (como en el caso de la
previsión) provoca una significativa reducción de los recursos públicos;
eventualmente ello contribuye a profundizar la distancia entre el sistema de
bienestar público y privado y; repercute en los beneficios proporcionados por el
Estado
Cuando un consumidor adquiere un bien o servicio y se constata que tiene fallas,
puede reclamar y sustituirlo por otro; pero, en el caso de la salud, si en un hospital
213
de baja calidad se opera a un paciente y éste muere, se está ante una situación
irreversible, por no disponer de algún elemento médico o por negligencia del
personal.
El mercado puede ser ineficiente y peligroso o bien no generar el bien deseado;
ello por la existencia de indivisibilidades, externalidades o información
imperfecta y asimétrica. En otras palabras, aunque existen múltiples ineficiencias
en la operatoria del Estado, su costo puede ser inferior a aquel generado por la
libre acción del mercado en la solución del problema del bienestar. El Estado en
nuestro país debe asumir como rol la creación de una red social mínima.
El Estado sustituye su función de productor de ciertos bienes públicos
requeridos para el bienestar social por la función de regulador; esto es lo que ha
sucedido parcialmente en el caso de la educación, con la presencia de colegios
y universidades privadas. Con ello, el Estado economiza recursos y asegura
requisitos mínimos de calidad en los bienes recibidos por los consumidores.
La función reguladora del Estado obviamente implica una burocracia específica
y otros costos relacionados. Ese ahorro de recursos del Estado no corresponde
exactamente al costo de los bienes generados por el sector privado
La instauración de un seguro obligatorio es otra alternativa intermedia que cubre
todos aquellos bienes proporcionados por el Estado. Un ejemplo de este tipo
es el sistema de ahorro forzoso de los trabajadores vinculado a los programas
de pensiones (AFPs) y de salud; en el caso de las pensiones, si se establece el
principio de que no debiera haber una caída del estándar de vida al momento
de jubilar, ello determina el porcentaje de la remuneración destinada a ese
propósito. Si se adoptara este seguro obligatorio nacional, compañías específicas
de seguros privadas podrían administrar los distintos componentes del bienestar
social. La ventaja de un sistema de seguro obligatorio nacional para cubrir todo
tipo de evento que pueda enfrentar cualquier persona es que evita los “free
riders” (“parásitos”): todos pagan y nadie se beneficia gratuitamente, y obliga a
asegurarse a la gente poco previsora.
Las personas más vulnerables y de alto riesgo son las que están económicamente
más incapacitadas para financiar dicho seguro, acá radica la principal dificultad
de este esquema. En las sociedades en las que prevalecen grandes desigualdades,
es necesaria la presencia del Estado Integrador El esquema del seguro nacional
obligatorio es el más adecuado para una sociedad en la que existe una distribución
equitativa del ingreso.
Son muy complejas las opciones para alcanzar el óptimo deseable, desde el punto
de vista del bienestar social nacional. Hayek planteaba que el Estado es como
un Leviathan “monstruo-excesivo tamaño del Estado” o como lo plantea Klein,
214
aquellos que sugieren la reducción del tamaño del sector público y del gasto social,
¿qué es lo que están optimizando?¿maximizan la eficiencia del uso de recursos
en la generación de bienestar o minimizan el monto de recursos sacrificados en
el sector productor de bienes materiales de la economía?, ¿maximizan la equidad
o maximizan el monto global de bienestar? ¿Maximizan las alternativas posibles
de bienestar o minimizan la toma de decisiones por una burocracia centralizada?,
¿maximizan el aporte familiar al bienestar minimizando así el aporte público?,
Cuando se sugiere la privatización de todas las funciones del Estado, ¿qué
problema se está resolviendo, el excesivo tamaño del Estado, el nivel excesivo de
tributación, la ineficiencia operatoria del Estado, el alto costo en el cual incurren
los beneficiados? En el caso Boliviano, la capitalización no tuvo los resultados
que se esperaba en las principales empresas exportadoras de comidities, en
este sentido nuestro país ha empezado un proceso de nacionalización de las
principales empresas. Es posible anticipar resultados más eficientes que aquellos
observados en el pasado, lo que debe hacerse en nuestro país es maximizar la
equidad, maximizar la eficiencia del uso de recursos en la generación de bienestar
y se debe minimizar la ineficiencia operatoria del Estado y principalmente
minimizar la corrupción.
El Estado en el siglo XIX fue el responsable de la creación de la nación boliviana.
Actualmente el Estado va a tener una función de envergadura similar; integrar
toda la población boliviana a la modernidad. Esto implica darle contenido e
implementar plenamente el principio de “igualdad de oportunidades”, esto, es
lo más importante que debe realizar el Estado Boliviano en el Siglo XXI.
Al operar en un régimen democrático, el Estado Integrador se enfrentaría
a un dilema: la disociación entre los beneficiarios y quienes contribuyen a su
financiamiento. La gente de bajos ingresos (mayorías), a través del voto,
presionarían por un mayor Estado Integrador, financiado por la gente de altos
ingresos (minorías). El tamaño del Estado Integrador puede constituirse en un
delicado foco de tensión política, en una sociedad democrática con una alta
concentración del ingreso y de la riqueza. Hay que tener presentes las
restricciones de recursos existentes en la economía.
Weber, Schumpeter y otros, señalaban que las bases del capitalismo se apoyan en
una ética ampliamente compartida e internalizada que difiere fundamentalmente
de la ética feudal. En esta ética los diferenciales de poder y desigualdades de
ingreso correspondían a los derechos obtenidos al nacer (“birth rights”). Una
economía de mercado es muy sensible y vulnerable a las percepciones de la gente
de lo que es justo o injusto
El capitalismo, rechazo la ética feudal, planteo como principios básicos, la
democracia, la libertad individual y la igualdad de oportunidades. Tobin (1976)
afirmaba “Si una economía capitalista no genera una igualdad de oportunidades
215
efectiva, puede generar desafectos con el sistema. Estos desafectos implican la
generación de un aumento de la criminalidad, corrupción, desmoralización y
conductas anti-sociales. La solución de fondo no radica en aumentar el número
de policías y de cárceles”.
El Estado Integrador tiene que tener como objetivo que todos los niños tengan
oportunidades similares independientemente de su status social. Esto requiere
mayor similitud en las calidades de educación pública y privada, y salud pública
y privada. El objetivo de fondo no es que el Estado haga más cosas, sino que
todo niño y joven se beneficien de educación y salud de mejor calidad. Para este
propósito debiera haber un mayor monto de recursos públicos destinados a la
educación y salud públicas.
Un aumento de recursos no implica una correspondencia de uno a uno entre
incremento del gasto social y mejoramiento de la calidad del servicio. Además,
no es condición necesaria que sea el Estado quien asuma el rol principal en la
producción de estos servicios; puede también aplicar políticas e incentivos para
que el sector privado complemente o ayude a implementar el principio básico de
igualdad de oportunidades.
De lo descrito es evidente que el gobierno debe velar por igualar al máximo
posible las oportunidades de acceso al nuevo sistema de todos los ciudadanos.
Eso significa, darle prioridad, al mejoramiento de la calidad de la educación fiscal,
sin dejar de lado los programas de salud, vivienda pública, alimentación escolar,
etc., focalizados en aquellas personas y/o familias que no tienen el potencial
de resolver por sus propios medios esas necesidades esenciales. La solidaridad
social está representada por esta última función.
Es igualmente necesario que el Estado vele por la existencia de una adecuada
oferta de infraestructura y los demás medios necesarios para que las empresas
puedan funcionar eficientemente en igualdad de condiciones al respecto con la
competencia internacional, sin que los gobiernos entren a subsidiar directamente
las exportaciones, dado que ello puede llevar a producciones ineficientes.
El gobierno boliviano ha puesto una gran expectativa en la venta del gas natural.
Esos recursos naturales representan la riqueza de todos los bolivianos, no sólo
para esta generación, sino para las futuras generaciones. Por eso, es importante
que esos fondos sean utilizados con una visión de largo plazo que permita
incrementar el bienestar de los bolivianos. Una parte de ese dinero debería
financiar nuevas inversiones y, no sólo en infraestructura (carreteras y puentes),
sino principalmente inversiones en capital humano, capital social y cultural.
También habría que crear un fondo de estabilización que permita a Bolivia
afrontar las fluctuaciones de los mercados financieros.
216
Para finalizar nos referiremos a la restricción más notoria que la globalización
impone a los estados, ella dificulta enormemente la recaudación de impuestos,
dado que las empresas siempre tienen la posibilidad de cambiar de localización
y cambiar la residencia de sus capitales. Por ello, los gobiernos deben velar por
operar con el mínimo de gastos directos y deben utilizar sistemas de concesiones
y otros medios para involucrar a los privados en la producción de bienes públicos,
dónde ello sea posible. Es decir, deben aplicar el principio de la subsidiaridad
con la mayor estrictez posible, no solamente para lograr el bien común, sino
para evitar que capitales y oportunidades de empleo se fuguen a otros países.
El mismo motivo exige optimizar el pago de transferencias puras, para ayudar a
las personas mayores, a niños y jóvenes en edad de estudio, niños desnutridos,
grupos vulnerables y enfermas sin los medios necesarios de acuerdo a los
estándares definidos socialmente.
217
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220
¿PROTESTAMOS EN LAS
CALLES O EN LAS URNAS?
El potencial transformador de conflictos de los votos blanco
y nulo en la democracia boliviana
Ana Lucia Velasco Unzueta1
INTRODUCCIÓN
“El desconcierto, la estupefacción, pero también la burla y el sarcasmo, barrieron
al país de una punta a otra” (Saramago 2004, p. 32). Así describe José
Saramago el ambiente resultante en su obra, “Ensayo sobre la Lucidez”, en la
que de una manera espontánea más del ochenta por ciento de los electores de
una ciudad ficticia decide votar en blanco en las elecciones municipales. En la
novela de este autor, dichos resultados electorales son vistos como vergonzosos e
inexplicables, son percibidos con la especie de temor que causaría una catástrofe
o una epidemia; y son distinguidos como una señal de ceguera, en lugar de una
señal de lucidez. A pesar del realismo con el que escribe Saramago, la hipótesis
de su novela sigue formando parte de la ficción, de la fantasía. Pero se trata de
un tipo de fantasía bastante extraña e inquietante puesto que no se trata de un
escenario imposible, sino más bien de uno bastante probable, perfectamente
alcanzable, pero que es, al parecer, totalmente impracticable.
Como Saramago nos ilustra, y muchos actores políticos en varios países
corroboran, el voto nulo y el voto blanco son vistos como actos antidemocráticos,
subversivos y amorales2. En Latinoamérica estas opiniones se ven reforzadas
por circunstancias históricas: las dictaduras, el voto clasificado para mujeres y
poblaciones indígenas, hacen que el voto sea, hasta el día de hoy, visto como
un regalo, como una dádiva que se les hace a los ciudadanos, quienes
deberían agradecer, valorar y respetar el derecho al voto que se les ofrece. El
argumento de que el voto nulo o el voto en blanco constituyen una afrenta al
sistema, sale precisamente de la idea de que, la democracia, que tanto nos ha
costado conquistar a los latinoamericanos, tiene su expresión más pura en
el voto; y que al “desperdiciarlo”, votando blanco o nulo, se desconoce la
importancia y deseabilidad de la democracia en la actualidad. Por eso la novela
de Saramago relata una utopía, porque no es creíble que ninguna sociedad que se
precie de demócrata vote en blanco. Es por esto que no es una casualidad que los
1 Ganadora de la sexta Mención de Honor del Segundo Concurso de Ensayo Político.
2 Como dijo el mismo Evo Morales: “Tal vez hay alguna gente que no quiere cambiar la justicia quiere hacer
una abstención. Pero siento que eso es totalmente antidemocrático” Cf. http://www.elpaisonline.com/
noticias/index.php?option=com_content&view=article&id=27427:es-antidemocratico-el-llamado-a-votarnulo-&catid=2:nacional&Itemid=3 Otros ejemplos pueden encontrarse en: http://www.eluniversal.com.mx/
notas/604940.html
221
únicos países latinoamericanos que no tienen, o no han tenido, la figura del voto
obligatorio en sus respectivas legislaciones sean las Guyanas y Colombia. En el
resto de Latinoamérica el voto es visto como una obligación y como un deber.
El debate sobre el voto nulo y blanco tiene ya algo de antigüedad en países
como Argentina, España y Chile, donde diversos movimientos ciudadanos
han abogado por el reconocimiento y la legalidad de estos votos. En Bolivia, el
debate comenzó el año 2011 con la realización de una elección sin precedentes:
la elección de miembros del poder judicial a través del voto popular. En una
oportunidad inédita, la elección de los miembros más importantes del poder
judicial por voto popular, estuvo cargada de polémica y dudas: muchos veían en
estas elecciones la posibilidad de construir un poder judicial más transparente
y menos politizado; y otros pensaban que los métodos utilizados en estas
elecciones (prohibición de campaña electoral y el proceso de selección de los
candidatos, principalmente) violaban los derechos políticos de los ciudadanos
bolivianos.
Es así que el voto nulo y el voto en blanco se han convertido en un factor novedoso
y desafiante en el análisis de la democracia y del Estado de Derecho en Bolivia.
Las reflexiones académicas sobre este tema son escasas en nuestro continente; y
virtualmente inexistentes en nuestro país. Quienes se dedican a teorizar sobre
el rol del voto blanco y nulo en los sistemas electorales latinoamericanos, en
nuestras democracias, son personas organizadas en movimientos ciudadanos
populares y que manifiestan sus opiniones a través de blogs, páginas de internet,
redes sociales virtuales, etc. En el caso boliviano, el sector académico no ha
realizado ninguna reflexión al respecto, y las élites políticas han comenzado tan
sólo una tímida reflexión sobre el rol de estos votos y sólo frente a la coyuntura
de las elecciones judiciales del año 2011.
Es así que el objetivo de este ensayo es el de auxiliar en el comienzo de un
debate académico y serio sobre el tema del rol que juegan, y que deberían o no
jugar, el voto nulo y el voto en blanco en nuestro actual sistema electoral y en
nuestra actual democracia. Lo cierto es que cientistas políticos y sociales han
olvidado seguirle el rastro a un fenómeno que se ha ido desarrollando en el
ejercicio de la democracia y no se han preocupado por estudiar qué se esconde
detrás del comportamiento electoral de aquellos ciudadanos que deciden votar
nulo o blanco. Anular el voto o dejar la casilla en blanco puede responder a un
sinnúmero de diferentes motivaciones que varían enormemente de caso en caso.
El voto en blanco y el nulo no son interpretados de la misma manera por todas
las sociedades y su significado depende también del momento histórico en el que
se encuentran.
En este ensayo analizaremos diferentes aspectos del voto blanco y nulo en
Bolivia; así como su actual y potencial rol en nuestra democracia y en el Estado
222
de Derecho. En primer lugar, realizaremos un análisis acerca del rol del sufragio
en cualquier sistema democrático, posteriormente realizaremos un análisis
histórico del rol que ha jugado el voto en la historia de la democracia boliviana.
Después se hará una revisión teórica acerca de los motivos que impulsan a
la gente a votar blanco o nulo. A continuación realizaremos un breve resumen
acerca del rol de los votos nulo y blanco en distintos países latinoamericanos
y en España. Finalizaremos este ensayo con una reflexión acerca del rol que
considero que estos votos deberían jugar en una democracia como la nuestra, las
reformas electorales que se consideran necesarias para que el sistema electoral
tenga correspondencia con el comportamiento electoral y el espíritu de nuestra
democracia.
EL ROL DEL SUFRAGIO EN LA DEMOCRACIA.
Rousseau indica que el único momento en el que el ciudadano tiene verdadero
poder en la democracia es en el momento del voto3 . Es pues gracias al
voto que la democracia representativa puede funcionar. Dicha afirmación
de Rousseau cobra aún más relevancia cuando tomamos en cuenta otra
reflexión, esta vez de Karl Popper, quien indica que la democracia es el modo
de sacar a quienes están en el poder sin derramamiento de sangre4. Esto nos lleva
a ver a la democracia desde una perspectiva diferente; invitándonos a pensar en
ella ya no sólo como un sistema de gobierno basado en la voluntad del pueblo,
sino en uno de los sistemas integrales más eficientes para el tratamiento y
la prevención del conflicto. La democracia es entonces, un sistema de gobierno
que permite la administración de una sociedad través de medios pacíficos. En
este contexto, el voto se convierte en el método más importante de dicho sistema
de gobierno para poder ofrecerles a los miembros de una colectividad social
la posibilidad de participar en la política de su sociedad sin tener que acudir a
las armas, a la violencia. Así, si volvemos a la reflexión ofrecida por Rousseau,
podemos apreciarla en una luz diferente puesto que se hace más evidente
el poder formidable que le ofrece el voto al ciudadano: le ofrece el poder
desarrollar una sociedad pacífica. Le ofrece la posibilidad de ejercer poder sin
tener que recurrir a la violencia. En cualquier otro sistema que no sea democrático,
esta posibilidad está fuera de cualquier consideración: en una monarquía, en una
dictadura, en una oligarquía o en una aristocracia las sociedades están dirigidas
por la voluntad de uno o de pocos, mayormente hombres; siendo virtualmente
imposible ejercer dicha voluntad sin el uso de la violencia.
El latinoamericano no necesita estudiar teoría política para comprender este
punto. Años de regímenes dictatoriales han instaurado un sistema bajo el cual
la violencia era el método principal de ejercicio del poder. En este sentido, la
instauración de la democracia no implica simplemente un cambio de sistema
3 Cf. http://www.votoenblanco.com/La-lucidez-democratica-del-voto-en-blanco_a4234.html
4 Cf. http://archivo.elnuevodiario.com.ni/2004/enero/21-enero-2004/opinion/opinion9.html
223
político, sino el establecimiento de un tipo de paz negativa, es decir, la ausencia
de enfrentamientos violentos, de tanques en las calles, de presos políticos, etc
(Galtung 2003). Si bien ni los tanques ni los presos políticos han desaparecido
por completo de nuestra realidad política, la recuperación de la democracia
en Latinoamérica sí se ha constituido en un salto cualitativo hacia sociedades
más pacíficas.
Volviendo a la teoría política, la democracia, al entregarle el ejercicio del poder
político a la gente, parte del supuesto de que todos los hombres y mujeres
que componen una sociedad comparten uno o varios fines comunes; y que es
necesario un sistema de gobierno que les permita a todos ellos asociarse para
alcanzar dichos fines, que de otra forma, no podrían alcanzar por sí solos.
Cuando las personas se asocian para alcanzar fines comunes, ellas deben
generar consensos que les permitan tomar las decisiones necesarias acerca
de los medios más adecuados para la persecución de dichos fines. El eje troncal
dentro de este tipo de lógica son, entonces, los fines comunes; aquellos que todos
los miembros de la sociedad comparten y que quieren alcanzar. La democracia
se convierte en el conjunto de reglas y principios básicos que auxilian en el
proceso de toma de decisiones que va a permitir a la sociedad alcanzar sus
fines principales. La democracia es entonces un medio para alcanzar distintos
objetivos; y no se trata de un fin en sí mismo.
Una vez creado este sistema, los miembros de la sociedad tienen acceso a él,
sobre todo, en un momento decisivo; el momento del voto. En dicho momento, se
toman todas las decisiones necesarias (democracia directa), o se elige a quienes se
les confiarán la toma de dichas decisiones (democracia representativa). Es este
el motivo por el que tanto poder se concentra en el momento del voto, porque
guarda en él la esencia misma de la democracia.
Pero cabe recordar que el fin mismo de la democracia no es el voto,
ni es el sistema democrático en sí mismo. Una democracia es exitosa y sana
cuando se convierte en un sistema útil y eficaz para que la sociedad pueda
alcanzar y materializar sus aspiraciones y objetivos como sociedad. Si el sistema
democrático se convierte, por ejemplo, en un sistema burocrático y engorroso,
que continuamente pone obstáculos y restricciones al ejercicio de la voluntad
popular, está dejando de cumplir su rol principal.
Es por eso que existen dos principios fundamentales, entre otros, para que un
sistema de gobierno pueda llamarse, finalmente, una democracia: en primer
lugar, se debe garantizar la participación de todos en la toma de decisiones
que competen a la asociación (voto universal); en segundo lugar, si todos los
miembros de la asociación están incluidos en el proceso de toma de decisiones
también se debe garantizar que todos ellos sean políticamente iguales, lo que
en términos más simples supone que el voto de cada uno de los miembros de la
asociación, debe tener el mismo valor (igualdad de voto).
224
HISTORIA DEL SUFRAGIO EN BOLIVIA.
Aplicando estos principios democráticos a nuestra historia podemos ver que
un recurrente vicio de nuestra democracia es el de haber fallado en promover
la asociación de todos los miembros de la sociedad en el proceso de toma de
decisiones; ya sea simplemente por no haberlos hecho titulares de voto, como
hasta antes de 1952, o por haber creado un sistema que no ha logrado ofrecer
un verdadero poder político a sus ciudadanos. Por ejemplo, la constitución
bolivariana de 1826 ofrecía la ciudadanía, y por ende el derecho al voto, sólo
a aquellos que sabían leer y escribir en español, y que tenían algún empleo o
industria. El énfasis realizado en aquella época sobre la necesidad de tener un
voto “letrado” surgía de la aspiración de obtención de un ideal de ciudadano
que sería la base moral de la nueva nación boliviana. Irurozqui dice: “En virtud
de su educación, riqueza, poder y prestigio, se les consideraba individuos
responsables, capaces, no sólo de ejercer con sabiduría el derecho del sufragio,
sino también de actuar como árbitros de un futuro proceso de ampliación de
ciudadanía a través de una reforma de la educación” (1996: p. 771). Es así que en
esa época se delineó un tipo de democracia basada en las aspiraciones y fines que
se tenían como sociedad; pero se trataba de las aspiraciones y fines de un grupo
reducido de la sociedad, por lo que la democracia boliviana de los primeros años
de nuestra nación no estaba basada en un real consenso social. Este período de
la vida democrática de nuestro país viola, entonces, el primer principio básico de
una democracia: no incluía a todos los miembros de la sociedad boliviana. Las
aspiraciones que este pequeño grupo tenía para la nación fueron legitimadas a
través de la creación de un sistema democrático que era el reflejo de la sociedad
que ellos querían crear. Es por eso que entre la creación de la república hasta 1952,
el voto se convirtió en un símbolo de ascenso social y de inclusión política al que
todos aquellos excluidos de su ejercicio deseaban acceder (Irurozqui 1996)
En 1952, la introducción del sufragio universal rompió con el ideal de una
nación construida y basada únicamente en una población letrada y adinerada,
y se introduce la aspiración de una nación unida e integrada a través de todos
sus miembros. El discurso de la “Alianza de Clases” se posesiona al centro de este
cambio de aspiraciones para la sociedad boliviana. Carlos Montenegro, uno de
los principales ideólogos del Movimiento Nacionalista Revolucionario (M.N.R.)
abogaba por una sociedad en la que ‘indios, blancos y cholos’ (1967, pp. 180 - 181)
eran invitados a formar parte del nuevo proyecto de Estado. Sin embargo, a pesar
de lo significativo de la introducción del sufragio universal en el sistema político
del país, el régimen del M.N.R. no logró constituir una verdadera sociedad
plural. Romero dice lo siguiente: “Al mismo tiempo, si se democratizó el juego
político y las relaciones sociales, (…) es decir se avanzó en la percepción más
igualitaria de las relaciones entre los miembros de la sociedad, más allá de las
posiciones que ocupan, el régimen no era auténticamente pluralista o liberal.”
(2008: p. 17). La manipulación del voto, el uso de papeletas unicolor
(papeletas diferentes para cada opción política), el exilio y demás sanciones a los
225
que se vieron sometidos los opositores del M.N.R. y los simpatizantes de dichos
opositores en los comicios son algunos de los ejemplos que demuestran que el
sufragio universal no se materializó completamente en 1952. Es decir, aunque
en un afán igualitario de incluir a todos los sectores previamente excluidos
de la política nacional, no existía el respeto al voto, y en el fondo, no existía un
respeto a los votantes y a la validez del criterio de los mismos al momento de
una elección. Es decir, podemos ver que la concepción paternalista que se tenía
sobre el votante no había cambiado después de la revolución de 1952; antes
de dicha revolución, el votante, en su condición de analfabeto, era visto con
condescendencia por parte de las élites letradas; y de la misma manera, después
de la revolución de 1952, a pesar de haber introducido el voto universal, la
clase política seguía considerando que el electorado no era lo suficientemente
probo como para poder ejercer su voto de forma “correcta”, y era necesario
guiarlo en el ejercicio de sus derechos políticos. En este sentido Romero también
indica lo siguiente: “La elección con sufragio universal constituyó la oportunidad
de demostrar la movilización revolucionaria más que el ejercicio de un derecho
individual.” (2008: p. 18)
Este tipo de democracia no sirvió para crear un sistema de manejo de conflictos,
es más, creó más obstáculos para el desarrollo de una sociedad pacífica y agotó
las medidas legales disponibles para los opositores al régimen para presentar
propuestas, lo que devino en una nueva era de golpes de Estado y regímenes
autoritarios. Este segundo período de nuestra democracia, si bien logra hacer
respetar el primer principio de la democracia en el sentido que logró incluir a
todos los miembros de la sociedad dentro del proceso de toma de decisiones
a través del sufragio universal, violó abiertamente el segundo principio de la
democracia: el considerar a todos los miembros de la sociedad como iguales,
puesto que falló en ofrecer las mismas oportunidades a todos los miembros; tanto
para participar de la contienda política como para ofrecerles un voto que tenga el
mismo valor para todos.
Posteriormente, cuando las elecciones dejaron, poco a poco, de ser manipuladas
por los actores políticos, el país comenzó a vivir un fenómeno interesante: la
fragmentación del voto. Después de la época de dictaduras en las décadas de los
60 y 70, el M.N.R. no pudo lograr (con o sin fraude electoral) ser la fuerza
aglutinadora en los comicios electorales; nuevas opciones políticas comenzaron
a ganar protagonismo – La UDP, el MIR, la ADN, la UCS, CONDEPA, por
nombrar a algunos cuantos, y el voto comenzó a fragmentarse entre todos
estos nuevos actores políticos. Es así que el fenómeno de la fragmentación del
voto dio origen a otro fenómeno bastante novedoso: la formación de coaliciones
políticas. Como ninguna de las fórmulas electorales podía reunir el número de
votos suficientes para alcanzar mayorías parlamentarias, los ganadores de los
comicios electorales solían aliarse con sus contrincantes para poder conformar un
control en el parlamento que no podrían lograr cada uno por su cuenta.
226
Después de la década de los 80 se suponía que ninguno de los candidatos
lograría obtener la mayoría de votos necesarios en los comicios que les permitiría
gobernar solos. Es así que la democracia pactada de los años 80 y 90 llevó a la
presidencia y a los curules parlamentarios, a candidatos que no habían ganado
los comicios, siendo por ejemplo este el caso del ex presidente boliviano,
Jaime Paz Zamora, quien salió tercero en los comicios del 7 de mayo de 1989,
pero se convirtió en presidente gracias a una de las coaliciones políticas más
extrañas de la historia boliviana. Por estos motivos, la democracia pactada fue
altamente criticada por la población puesto que esta no veía los resultados de
su voto reflejados en la conformación de los gobiernos; finalmente, sin importar
cómo votaran los ciudadanos, los candidatos usarían los votos entregados a ellos
por la población para renegociar la conformación del poder político. Una vez
más el voto del ciudadano no fue respetado, su capacidad de elegir libremente
al candidato que él consideraba apropiado fue menospreciada y el electorado
boliviano fue, una vez más, tratado con condescendencia.
Es así que debido al descontento de la sociedad civil que presionó al poder
político, se iniciaron una serie de medidas que crearían reglas más rigurosas
y transparentes para el ejercicio del juego democrático: se creó la Ley de
Partidos, se modificó la composición de la Corte Nacional Electoral para asegurar
su independencia de los partidos políticos y se modificó del Código Electoral. El
espíritu de todas estos cambios sería el respeto al voto (Romero 2008: p. 28). Se
procuraron todas las medidas que se creían posibles para que el voto no pudiera
quedar a merced de las ambiciones del poder político y se intentaron crear los
mecanismos suficientes para asegurar que el voto se convierta en la auténtica
expresión de la voluntad popular; por ejemplo, el principio de preclusión
redujo a casos excepcionales las posibilidades de anular los votos realizados en
toda una mesa electoral; y en caso de tener que ser anulados, se procuró que la
votación se repita en dicha mesa. También la introducción de la figura de los
diputados uninominales permitió que algunos curules en el parlamento puedan
ser ocupados por candidatos elegidos a través del voto directo por los electores;
a diferencia de los demás parlamentarios que son escogidos a través de un
sistema proporcional y que son parte de una lista, raramente conocida por toda
la ciudadanía.
Si bien muchas de estas modificaciones han ayudado a mejorar las reglas del
juego electoral, la élite política ha supuesto que el mejoramiento de la democracia
se ha agotado en la instauración de estos cambios. Es cierto que una amplia
reflexión acerca del sistema democrático ha tomado lugar en los últimos
años; y las reformas al sistema electoral han continuado hasta el gobierno de
Evo Morales, cuya gestión también ha ido realizando más cambios para intentar
subsanar ciertos vicios de nuestra democracia. La elección directa de candidatos
que solían ser elegidos “a dedo” como los prefectos, la realización de referéndums
para dirimir ciertos conflictos, la elección a través del voto popular de las más
227
altas autoridades del poder judicial y la inclusión de la revocatoria de mandato
en la nueva Constitución Política del Estado, son un reflejo de este ambiente de
reflexión. Independientemente de que nos encontremos a favor o en contra
de dichas modificaciones, es importante recalcar que el sistema electoral
boliviano se ha sometido al juicio y escrutinio de oficialistas y opositores,
reconociendo que aún existen varias mejoras que podrían hacérsele. Sin embargo,
el rol que juegan el voto nulo y blanco dentro de nuestro sistema electoral no ha
sido cuestionado, a pesar de haber gozado de cierta atención mediática durante
los últimos meses. Para poder entender mejor esta problemática, explicaremos a
continuación cuál es el actual rol de los votos blancos y nulos en nuestro sistema
electoral, sus alcances y su implicación para la democracia.
VOTOS NULOS Y BLANCOS: VOTOS INVÁLIDOS
En los sistemas electorales latinoamericanos y en la gran mayoría de
los demás sistemas electorales del mundo; los votos blancos y nulos son
considerados como votos inválidos, lo que quiere decir, que no tienen un impacto
en los resultados finales; simplemente, no se cuentan. Se ha dicho repetitivamente
que los votos blancos y nulos, si bien no tienen un fin electoral, pueden tener
un fin analítico, que pueden ayudar a intelectuales y políticos a analizar el
descontento o la antipatía política, es decir, son sólo un dato5.
Como se dijo anteriormente, el estudio de este tipo de sufragio inválido ha sido
bastante ignorado por académicos y por hacedores de políticas electorales
en todo el mundo. Sin embargo, dentro de los pocos trabajos realizados
al respecto se pueden distinguir tres corrientes principales que pretenden
entender los motivos que impulsan a los electores a votar blanco o nulo: existe
un enfoque institucional, un enfoque socio-económico y un enfoque políticoprotesta.
El enfoque institucional sugiere que un número elevado de votos inválidos se
debe a alguna falla en el diseño institucional del juego electoral. Esto quiere decir
que la forma bajo la cual se organizan los comicios electorales hace que el acto de
votar sea atractivo o no, y en caso de que este sea poco atractivo, los ciudadanos
pueden ser más propensos a emitir votos inválidos. Este enfoque indica que si las
elecciones han sido organizadas de tal manera que son percibidas como difíciles
o complicadas, el voto nulo y blanco aumenta: si existen demasiados candidatos
y le es costoso al elector recodarlos a todos, si el sistema de empadronamiento
o de emisión de voto es muy complejo o si no se tiene claro el fin mismo de
las elecciones, el elector prefiere votar blanco o nulo. En este contexto, una de
las “fallas” institucionales que más se han relacionado con el voto inválido es la
existencia del voto obligatorio; se cree que en lugares donde el voto es obligatorio,
5 Esto fue lo que dijo el Presidente del Tribunal Supremo Electoral, Wilfredo Ovando. Cf. http://www.cambio.bo/
noticia.php?fecha=2011-10-17&idn=56636
228
los niveles de votos inválidos aumentan. Este enfoque sugiere que para evitar un
número alto de votos inválidos es necesario que se diseñe el sistema electoral
de tal manera que se evite que el mismo promueva el voto inválido, aunque
sea a costa de la violación de otros principios democráticos; por ejemplo, se
sugiere que es mejor tener sistemas de lista cerrada por partido que obliga al
elector a pensar su voto estrictamente en términos de partidos políticos y no de
candidatos. Este sistema le quita al ciudadano la posibilidad de tener algún tipo
de influencia directa en la elección, puesto que no pueden alterar los candidatos
que se encuentran en la lista, ni el orden de la misma; pero como se trata de un
sistema más sencillo, que le “facilita” la elección al ciudadano, es juzgado como
un mejor sistema electoral (Power & Garand 2006).
El enfoque socioeconómico indica que los votos nulos y blancos son el resultado
de ciertas condiciones socioeconómicas que llevan a una persona a emitir este tipo
de voto. Por ejemplo, factores como la urbanización hacen que los ciudadanos
puedan tener un mayor y mejor acceso a la información necesaria para emitir
su voto. Otras variables como la educación o la alfabetización de los electores
parecen jugar un rol importante también, bajo el supuesto que mientras más
educado es el elector, este tiene un mayor “nivel de habilidades políticas” (Power
& Garand 2006: p. 4). En este sentido, los votantes simplemente no son lo
suficientemente educados o capaces de emitir un voto válido ya sea porque no
saben leer o porque no tienen suficiente información.
El enfoque político-protesta ve al elector de una forma diferente. En este caso el
elector no se “equivoca” por falta de educación o información, o no es llevado
a votar blanco o nulo por vicios del sistema; sino que este elige activamente
el emitir este voto porque desea mandar un mensaje. En este sentido, el voto
nulo o blanco es generado por el descontento político que puede existir por un
sinnúmero de diferentes crisis que puede estar atravesando una sociedad: un mal
clima económico, un desgaste de los actores políticos, falta de respeto a derechos
y libertades individuales, etc. Por tratarse de un voto protesta, aquellos votantes
que eligen el blanco o el nulo suelen ser asociados con otro tipo de actividades
antisistema; como protestas callejeras, revoluciones o violencia política (Power &
Garand 2006).
Power & Garand (2006) tienen razón al indicar que el uso de un solo enfoque
exclusivo acabaría por simplificar el fenómeno del voto blanco y nulo, y que lo
más posible es que las circunstancias explicadas anteriormente, jueguen todas
juntas un rol significativo para explicar el voto inválido. La emisión de algunos
votos blancos o nulos pueden deberse a un desconocimiento de los candidatos,
a la falta de información o al deseo de castigar a los candidatos, retirándoles su
confianza. Todas estas variables pueden existir en la misma elección, y no es
realista tomarlas como mutuamente excluyentes.
229
Sin embargo, estos enfoques promueven una visión del voto inválido como
un voto indeseable. Esto puede ser entendible tal vez en los primeros dos
casos, donde es natural el deseo de evitar que existan obstáculos institucionales
o socioeconómicos que disminuyan las posibilidades de los ciudadanos
de disfrutar al máximo de su derecho al voto. En el caso del voto nulo como
protesta, es entendible que se quieran minimizar los motivos que pueden causar
inestabilidad social, pero cabe cuestionarse, siendo este el objetivo de este ensayo,
si no es necesario ofrecer a los ciudadanos mecanismos pacíficos para poder
expresar su descontento.
Es importante también preguntarnos si el conflicto es indeseable en sí mismo.
Las corrientes más nuevas en temas de paz y conflictos han adoptado una
postura en la que no se desea “resolver” los conflictos; sino “transformarlos”
canalizarlos por vías pacíficas pero respetando el hecho de que es irreal
vivir en una sociedad sin conflictos (Lederach 2003; Guzmán 2005; Galtung
2003). El conflicto trae cambios, trae renovaciones; entonces a lo que deberíamos
apuntar no es a la anulación del conflicto, sino a la anulación de las consecuencias
violentas y negativas del mismo. Si volvemos al supuesto de que la democracia
es en sí misma, un gran sistema de manejo de conflictos y de instauración de la
paz; la misma debería contar con mecanismos que permitan que el conflicto
pueda transformarse a través de ella, con métodos pacíficos.
Si por alguna razón, los ciudadanos no están de acuerdo con los candidatos, con
sus agendas, con sus siglas políticas, etc. deberían poder tener un mecanismo
democrático para demostrar su descontento, y dicho mecanismo democrático
debe tener un efecto electoral, como el de cualquier otro voto. Muchas veces se
habla de esta realidad en Bolivia utilizando el término “la calle contra las urnas”
(Romero 2008); este término se construye bajo el supuesto que aquellos que
deciden ir a las calles, lo hacen porque no desean ir a las urnas, es decir, porque
son antidemocráticos. El mismo prejuicio puede encontrarse en Power & Garand
(2006) quienes indican que: “Si el motivo real del aumento del voto en blanco y
nulo es la protesta, entonces el voto inválido debería encontrarse lógicamente
junto a otras manifestaciones de sentimiento antisistema” (2006: p.3)
La literatura sobre el tema juzga al elector que vota en nulo o en blanco
como un ciudadano que se encuentra en contra del sistema, como alguien
antidemocrático, que debe cambiar su voto, que debe ser reconducido por las
vías democráticas. Es así que cabe preguntarse: ¿se volcarían las personas a
las calles si es que tuvieran un mecanismo democrático que les permitiría
expresar sus críticas sin tener que recurrir a la protesta callejera?
¿Toda aquella persona que no está de acuerdo con la oferta electoral es,
necesariamente, alguien que no cree en la democracia?
Contrariamente a la creencia de que la defensa del voto nulo y blanco son votos
antisistema que cuestionan el sistema democrático; las posiciones expuestas
230
por varios movimientos a favor de la conversión de estos votos en votos
válidos, en Latinoamérica y Europa, indican que en verdad el espíritu detrás
de la defensa de estos votos tiene que ver con una fuerte creencia en el sistema
democrático. Los movimientos en favor del voto en blanco en el País Vasco en
España promovían el voto blanco como una “acción política positiva” e
indicaban que “el llamar a votar en blanco no constituye, de ninguna
manera, una descalificación del sistema democrático en que se vive, sino un
homenaje al valor del voto y en contra de la abstención.” (Berger 2002) En el
Reino Unido, por ejemplo, surgió una campaña a favor del voto en blanco el año
2010, que utilizaba el siguiente eslogan: “Voto en blanco: un voto protesta cuando
crees en la democracia pero no apoyas a ninguno de los candidatos”6
Sin embargo, el voto blanco y el voto nulo siguen siendo vistos, o como votos
“error” o como un síntoma de algún mal en la sociedad o en la democracia; en
vez de ser vistos también como la expresión de la voluntad popular. En palabras
de Saramago, estos votos son vistos como una señal de ceguera, y no de lucidez.
En el sistema electoral boliviano ni el voto en blanco ni el voto nulo tienen
relevancia electoral. Son considerados como votos no válidos y por ende no
forman parte del escrutinio y conteo final usado para elegir a las autoridades.
En el artículo 161 de la nueva Ley del Régimen Electoral, aprobada en junio del
2010, se especifican tres tipos diferentes de voto: el voto válido, voto nulo y voto
blanco. Según las definiciones encontradas en la Ley del Régimen Electoral, el
voto válido es aquel voto emitido por alguna de las opciones electorales (algún
candidato, una opción de referéndum o de revocatoria). El voto blanco es aquel
voto en el cual no se realiza ninguna marca en la papeleta electoral y el voto
nulo es aquel en el cual se realizan marcas fuera de la casilla específica para el
voto, cuando se marcan más casillas de las permitidas o cuando la papeleta se
encuentre rota, incompleta o alterada.
Según dicha ley, prácticamente todas las elecciones se efectúan sólo a partir
de los votos válidos, dejando al voto nulo y blanco sin ningún efecto electoral.
En el artículo 21 de la nueva Ley del Régimen Electoral, dice que en el caso del
referéndum, la opción que obtenga la mayoría simple de los votos válidos será
la opción ganadora. En el artículo 31 se habla sobre la revocatoria de mandato
donde se indica también que ésta se producirá si los votos válidos emitidos a
favor de la revocatoria son superiores a aquellos que están en contra. De la misma
forma respecto a la elección de presidente y vicepresidente, estas autoridades
serán elegidas sólo a través de los votos válidos (artículo 52) tanto en la primera
como en la segunda vuelta. El mismo caso es el de la asignación de escaños
plurinominales (artículo 59) de cargos electivos ante organismos supranacionales
(artículo 62) de elección de gobernadores (Artículo 64) de alcaldes (Artículo 71)
6 “Vote BLANK - a protest vote when you believe in democracy but don’t support any of the candidates.” Cf. http://
www.blankvote.org.uk/
231
y de autoridades del órgano judicial (Artículo 79). La única excepción bajo la
cual los votos nulos o blancos pueden tener algún tipo de impacto electoral, es
en el caso del referéndum donde, para que los resultados del mismo sean válidos
y aplicables, el número de votos válidos debe ser mayor al número de votos
blancos y nulos (Artículo 21).
EL VOTO NULO Y BLANCO EN OTRAS LEGISLACIONES ELECTORALES
En la mayoría de las legislaciones el voto nulo no es considerado un voto válido
puesto que sus causas pueden ser varias y esto puede dificultar su interpretación:
el voto nulo puede deberse al desconocimiento de las normas electorales, puede
usarse como penalización a la violación de alguna norma electoral o como un
voto protesta. Como todos estos casos caen dentro de la categoría del voto nulo,
la mayoría de las legislaciones electorales han preferido seguir considerando al
voto nulo como un voto inválido o estéril.
Por otro lado, el voto en blanco es rescatado en algunas legislaciones y tienen
cierto impacto electoral. En el caso colombiano, un movimiento estudiantil en
1998 puso en agenda el tema del voto blanco y de la necesidad de su inclusión
como una opción electoral válida. Algunos partidos políticos y movimientos
ciudadanos crearon los “Movimientos por el voto en blanco”. En Colombia el
voto en blanco es un voto válido, otorgándoles en cada comicio a los electores
una papeleta con la opción de “voto en blanco” y teniendo un impacto electoral
en la repartición de curules y de elección del presidente y vicepresidente. (Berger
2002)
El caso argentino se parece bastante al boliviano donde el voto en blanco se
considera como una opción válida pero que no se computa y que por ende no
sirve para repartir curules. La única trascendencia que puede tener el voto nulo,
al igual que en el caso boliviano, es el de reducir el tamaño del universo de
electores; premiando en verdad a los candidatos (en vez de castigarlos) puesto
que al tener un tamaño más reducido de votos válidos necesarios para su elección,
estos precisan menos votos para ganar las elecciones. Estos datos cobran
más interés bajo la luz de las elecciones de 1957 en la Argentina, en las cuales el
voto blanco ganó los comicios electorales con un 25% de los votos. Esta votación
fue posible porque Perón, desde el exilio, instó a sus simpatizantes a votar en
blanco. (Berger 2002)
El caso español, también es un caso paradigmático. Las campañas por el voto
en blanco se dieron principalmente en el País Vasco, donde se postuló al voto
en blanco como una opción pacífica ante el terrorismo y la violencia vivida en
esa región. En España existe también un partido político llamado “Escaños
vacíos” que se trata de una sigla partidaria, completamente legal, que promete
a su electorado que en caso de ganar las elecciones los candidatos elegidos
232
no ocuparan sus respectivos cargos. Este partido político fue creado con la
intención de darle una relevancia política al voto blanco, al voto nulo y
al abstencionismo y para que todas aquellas personas que se inclinen por
estas opciones puedan ver los frutos de las mismas en la conformación de poder
político (Berger 2002). En España el voto blanco, es considerado como un voto
válido y su sistema de contabilización electoral, el sistema D’Hondt le otorga
una importancia especial. En este sistema los votos blancos se suman al número
total de los votos válidos, el resultado de la suma de ambos votos se usa para
calcular los porcentajes de representación; es así que, si existen varios votos
blancos, el número de votos necesarios para llegar al porcentaje mínimo para
tener representatividad electoral aumenta considerablemente, perjudicando de
esta manera a los partidos que menos votos han conseguido. Es por eso que se
dice que el votar en blanco significa votar por el ganador de los comicios.
CONCLUSIONES
Existen ciertos principios en la democracia que deben ser respetados íntegramente
para que el funcionamiento de la misma sea óptimo. La igualdad del voto es
uno de estos principios, el cual consiste en asegurar que cada uno de los votos
emitidos tenga el mismo valor porque se considera que todos los ciudadanos
que componen el padrón electoral son iguales. Este principio no se aplica en
el caso del voto nulo y el voto blanco, puesto que dichos votos simplemente
carecen de valor: no se computan, no tienen ningún efecto electoral ni legal. Son
sólo datos, números.
Muchos otros principios democráticos dejan de tener sentido si es que el principio
de la igualdad del voto no se respeta en su totalidad. Por ejemplo, a la luz del debate
sobre las elecciones de autoridades judiciales, se ha resaltado la importancia de
“la comprensión ilustrada” en la realización de cualquier elección, lo que quiere
decir que si no se puede garantizar el acceso a toda la información necesaria
para tomar una decisión ilustrada e informada a absolutamente todos los
electores, no se puede asegurar que las elecciones se den en condiciones de
igualdad, y por lo tanto, no son totalmente democráticas. Existe también,
aunque raramente discutido, el principio del “control de la agenda”. En una
democracia, todos los miembros deberían tener la oportunidad de elegir qué
temas deben ser incluidos en la agenda política y cómo deben ser incorporados.
La idea fundamental de una democracia es que es el pueblo quien delibera y
decide cuáles son sus necesidades y sus prioridades; las autoridades electas
son escogidas porque el ciudadano confía en que ese candidato o candidata
va a tomar en cuenta las principales preocupaciones de los ciudadanos.
Pero en este sentido, la democracia se ha tergiversado. El ciudadano, al no
poder elegir por un voto blanco o nulo que tenga un efecto electoral, no
tiene virtualmente ninguna posibilidad de controlar la agenda política. Debe
233
conformarse con lo que otros candidatos le ofrecen, y si no, debe elegir la
opción que considera “menos mala”. Estos son criterios mediocres que no
deberían ser promovidos por el sistema electoral. Sin el respeto al principio de
igualdad de voto, los principios de control de la agenda y de la comprensión
ilustrada son absurdos ¿De qué le sirve al ciudadano tener un sistema que
garantiza que su voto será respetado y que se le ofrecerá toda la información
necesaria, cuando él no puede transmitirles a sus candidatos su inconformidad?
¿Cuando no puede cuestionarlos? ¿Cuando no puede retirarles su apoyo? El
ciudadano bajo este régimen electoral, está obligado a entregarle su confianza, a
través del voto, a candidatos en los que probablemente no confía.
Por otro lado, cuando se juzga a los votos nulos y blancos como antidemocráticos
no sólo se comete el error de juzgar superficialmente las razones y aspiraciones
de los votantes que optan por estas opciones, sino que se promueve una visión
que sitúa a la democracia como el fin último. La democracia es un medio, un
sistema, un procedimiento que permite alcanzar otros fines por vías pacíficas. No
puede llamarse democracia a un sistema que obstaculiza la toma de decisiones,
que cierra canales de manifestación pacífica de descontento o de desacuerdo.
Un sistema electoral, al dejar sin efecto legal al voto blanco y nulo está haciendo
precisamente eso: cierra canales pacíficos, les quita opciones a los ciudadanos,
burocratiza o directamente impide la manifestación de opiniones contrarias
al “status quo”. Le ofrece al ciudadano sólo dos opciones: las urnas o las calles,
es decir, voto o protesta, no ambos a la vez. Esta situación lleva al absurdo que
muy bien describe Clifford Geertz cuando dice “quien no cree en mi Dios, debe
de creer en mi demonio” (Geertz 1996 p, 106) que en este caso se implicaría que
quien no quiere votar por algún candidato, entonces no debe querer votar, debe
preferir manifestarse en las calles, debe preferir la dictadura.
Es por eso que cualquier movimiento político que promueva y defienda el voto
nulo y blanco en Bolivia, y en cualquier país del mundo, está incompleto si es
que su lucha no pide la legalización de dichos votos, es decir, la concepción de
los votos blancos y nulos como votos válidos, y por ende computables, dentro
del régimen electoral. Es una falta de respeto a los electores, tanto por parte
del oficialismo como de la oposición, indicarles que tienen el derecho a votar en
blanco o en nulo; y decirles luego que ese derecho no tiene ninguna consecuencia
electoral. No es suficiente decirles a los electores que pueden votar en blanco o
en nulo para mandar un mensaje al poder político, para cuestionar la legitimidad
de las futuras autoridades judiciales o para poner en aprietos a los implicados.
El ciudadano, al vivir en un Estado de Derecho que tiene a la democracia como
su principal sistema de gobierno, tiene todo el derecho a que su voto tenga una
implicación política, no puede ofrecérsele la posibilidad de un voto mensaje sin
efecto electoral.
A diferencia de los regímenes autoritarios, la democracia le pide y exige al
ciudadano que este sea crítico con el trabajo de sus líderes, es por eso también
234
que las elecciones son reiterativas, para darle así al ciudadano la oportunidad de
evaluar la gestión de los políticos, para reelegirlos si estos han tenido una gestión
buena, para cambiarlos por otros si consideran que no han cumplido con su
trabajo. Por eso se hace también énfasis en la importancia del voto basado en la
información, puesto que lo que se desea en democracia son ciudadanos reflexivos
y analíticos que basen su voto en la libertad de elección que la democracia les
otorga.Un sistema que hace tanto énfasis en este ideal de ciudadano, no puede
luego privarlo de una opción clara para expresar su descontento con las opciones
políticas que se presentan en las elecciones. Tampoco puede decirle que es el
titular de un derecho no computable, un derecho que existe pero que no cuenta,
que se reconoce pero que no tiene efecto alguno en su sociedad. No puede
decírsele que la única forma de ser democrático es poniendo a la democracia
antes que a su sociedad, antes que a él mismo, antes que gente real con problemas
y objetivos reales. No puede decírsele que si no cree en mi Dios, debe entonces
creer en mi demonio.
235
BIBLIOGRAFÍA
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237
238
LA EXPRESIÓN ARTÍSTICA (MUSICAL) COMO
MANIFESTACIÓN DE LA POLÍTICA NO
TRADICIONAL DE LAS CULTURAS JUVENILES
Movimientos juveniles, identidad, música y democracia en Bolivia
Milen Graciela Saavedra Rodríguez1
INTRODUCCIÓN
En un contexto actual, donde las movilizaciones juveniles, como los indignados
(inicialmente) de España y el estudiantazo chileno, llaman la atención mundial
al ver a multitudes de jóvenes reclamando por sus derechos desde posiciones
abiertamente diferentes a la(s) de la(s) política(s) tradicional(es), se hace evidente
dar un vistazo a lo que pasa en Bolivia.
¿Cuáles son las manifestaciones políticas no tradicionales de los jóvenes
bolivianos? ¿Cómo se originan? ¿Cómo se desarrollan? El presente ensayo
intentará dar respuestas a estas interrogantes centrándose en una característica
de las culturas juveniles actuales: la expresión artística musical.
Según la actual Constitución Política del Estado del Estado Plurinacional de
Bolivia, se garantiza la protección, promoción y participación activa de los
jóvenes en el desarrollo productivo, político, social, económico y cultural, sin
discriminación alguna (Art. 59). Sin embargo el accionar político juvenil es
invisibilizado o estigmatizado porque viene de jóvenes con cabello largo (también
los varones), de negro y vistiendo accesorios relacionados con la muerte.
El contexto del ensayo se delimita a la ciudad de La Paz. Esta ciudad es
sede de gobierno y capital administrativa del Bolivia, es diversa, “mezcla
elementos históricos, tradicionales, modernos (…), es una ciudad de múltiples
contradicciones socio culturales generadas en sus espacios urbanos” (Peñaloza,
2003: 40).
En este sentido, la ciudad de La Paz ha conformado una cultura heterogénea,
además tiene una topografía diversa y es ecológicamente variable. Con una
población que asciende a los 2.350.466 habitantes (INE, 2010), esta ciudad muestra
un panorama estratificado:
1 Ganadora de la septima Mención de Honor del Segundo Concurso de Ensayo Político.
239
El espacio urbano se encuentra dividido en tres diferentes territorios
finamente definidos por sus habitantes según sus fronteras culturales,
lo que hace de cada contexto barrial un espacio cultural: el norte
conformado por sectores urbanos populares, separados por el centro en
ladera este y ladera oeste; el centro, espacio de choque y amortización
cultural, y finalmente el sur, zona de residencia para sectores medios y
altos (Auza, 1999: 75).
Los habitantes de la ciudad de La Paz circulan, transitan, experimentan y se
divierten en una de las ciudades más altas del continente (porque se encuentra a
3600 m. s. n. m). “Colgada de los cerros y latiendo en su hoyada el ruido urbano
(…), la sede de gobierno concentra una de las dinámicas más particulares de
Bolivia. En ella se mezclan grupos, culturas, clases y ritmos de vida diversos y
diferentes” (Barrientos, Benavides y Serrano, 2006: 13).
Siguiendo a los mismos autores, uno de estos grupos es el juvenil, que participa de
recorridos urbanos por espacios que se abren en la ciudad (Barrientos, Benavides
y Serrano, 2006). Este grupo, conformado por personas de entre 10 y 24 años
de edad, alcanza a 254.266 personas en la ciudad de La Paz (Bolivia. Proyecto
SRN, 2003). Siendo los jóvenes de entre 19 y 24 años, el rango de edad con más
proporción, ya que alcanzan el 42% (ver Cuadro 1).
CUADRO 1. PESO POBLACIONAL DE LA JUVENTUD
EN EL MUNICIPIO DE LA PAZ
Grupo generacional
Preadolescentes
Adolescentes
Jóvenes
Total
Tramos de edad
10 a 12 años
13 a 18 años
19 a 24 años
Cantidad
48.264
100.244
105.558
254.266
Porcentaje
(%)
19
39
42
100
Fuente: Bolivia. Proyecto SRN, 2003.
Las características de los jóvenes son variables; sus gustos, sus comportamientos,
sus opciones de vida, sus esperanzas o sus desesperanzas dependen del contexto
social, político y cultural al que pertenecen. El discurso y las manifestaciones
culturales juveniles varían de acuerdo a los estratos sociales a los que pertenecen
y a los espacios que habitan.
Como apunta Peñaloza (2003: 41) los aspectos que deben ser tomados en cuenta
para caracterizar, de manera global, a los jóvenes paceños son diversos elementos
240
como: el territorio, la historia, la tradición, la cultura, las condiciones económicas,
políticas y sociales.
Los jóvenes de la ciudad de La Paz (que para los fines de este ensayo serán
personas de entre 13 y 24 años como indica el Cuadro 1) conforman agrupaciones
de diferentes tipos y circulan por diversos espacios ubicados y/o apropiados en
distintas zonas de la ciudad de La Paz (López, Jemio y Chuquimia, 2006: 26-31).
Estos recorridos urbanos demuestran las búsquedas e inquietudes de los jóvenes,
en un acto que desafía a las culturas parentales.
La juventud, como grupo socio-cultural, es y ha sido protagonista de la historia
de la humanidad a través de distintos tipos de manifestaciones. Estos hechos han
comprometido su rol en el desarrollo de las sociedades actuales.
En la actualidad, los jóvenes, las culturas juveniles y los diversos modos de ser
joven que existen se desarrollan dentro un complejo sistema social generando
“esquemas de representación [que] configuran campos de acción diferenciados y
desiguales” (Reguillo, 2000: 30).
La categoría social juvenil está cargada de variados y múltiples significados
otorgados tanto por los mismos jóvenes, como por la sociedad y las
investigaciones que sobre ellos se realizan. Entonces, la juventud se establece
como una construcción sociocultural, donde el ser joven cuenta con características,
imaginarios, subjetividades y experiencias determinadas por su contexto.
Las agrupaciones de jóvenes en torno a expresiones y prácticas socioculturales
propias (denominadas de formas variadas como culturas juveniles, subculturas
juveniles o tribus urbanas)2 producen diversas experiencias socioculturales
asociadas con el ser joven en ámbitos cotidianos. Asimismo, algunas de estas
culturas se forman y nombran a partir del género musical que se consume
culturalmente y con el que se identifican las juventudes locales.
Las distintas formas en que los jóvenes se agrupan, se identifican y se expresan
basándose en saberes, prácticas, sensibilidades, artes, éticas y estéticas han sido
muy estudiadas. Las investigaciones sobre temáticas juveniles son promovidas,
principalmente, por la corriente de los Estudios Culturales3 y su enfoque desde la
academia latinoamericana. El abordaje de las culturas juveniles se relaciona con las
condiciones históricas y sociales del momento y lugar en que se hace el estudio.
2 El concepto subcultura juvenil es utilizado por Hall y Jefferson (2005) y Hedbige (2002). Tribu urbana se encuentra
en los trabajos de Maffessoli (2004) y Oriol, Pérez, y Tropea (1996). Culturas juveniles fue inicialmente tratado en
Reguillo (2000), Feixa (1998) y Pérez Islas (1998). También se ha utilizado el término contracultura juvenil en los
trabajos de Bennet (2001), Martínez (2000) y Roszak (1969).
3 Esta corriente plantea indagar la relación comunicación, cultura y sociedad. Su premisa es que la cultura es un
proceso global a través del cual las significaciones se construyen socialmente. Este proceso incluye las artes y la
literatura y a él se suman las prácticas cotidianas y la experiencia de los sujetos. La cultura no es homogénea, sino
que sus prácticas y significaciones pueden contribuir tanto a la reproducción de lo existente como a su impugnación
y/o transformación (Tello y Kreimer, 2005: 62).
241
El tema del presente ensayo se centrará en la relación que existe entre los jóvenes
adscritos a una cultura juvenil musical4, la del Heavy Metal y las manifestaciones
políticas locales. El objetivo de este escrito es (de)mostrar que los jóvenes no son
ajenos a la vida política de Bolivia. Lo que se quiere lograr entonces, es dar un
paso más hacia la (re)valorización de las capacidades juveniles y su participación
en los procesos políticos nacionales.
El presente ensayo consta de las siguientes partes. La primera y segunda parte
presentan una breve revisión a la historia del Heavy Metal en el mundo y en
Bolivia. La tercera contiene la conceptualización sobre culturas juveniles y más
específicamente sobre las musicales. La cuarta será un apunte sobre las prácticas
políticas juveniles locales no tradiciones y, la última, las conclusiones en cuanto a
las perspectivas de los jóvenes bolivianos en su quehacer político.
Asimismo, es necesario un apunte sobre las fuentes en que basamos el presente
ensayo, que, básicamente, son de dos tipos: el primero es un trabajo etnográfico
realizado al interior del movimiento metalero5 de la ciudad de La Paz durante
el primer semestre de la gestión 2011 y el segundo son investigaciones previas
realizadas sobre el mismo fenómeno.
HEAVY METAL: UN ACERCAMIENTO A LA HISTORIA DEL FENÓMENO
MÚSICO - CULTURAL
El Heavy Metal (vocablo inglés que significa: metal pesado) es la denominación,
hoy, tanto del género musical, como de la cultura musical que deviene del
mismo. Históricamente, el origen del Heavy Metal, como estilo sonoro, es algo
difuso, pero se lo sitúa, generalmente, a partir de la publicación del álbum “You
Really Got Me” de la banda británica de rock, The Kinks en 1964 y el álbum “My
Generation” de The Who (cf. La historia del metal, 2010).
En la década de 1960 el movimiento hippie estaba su auge. Paralelamente a esta
cultura, empezaron a surgir bandas que experimentaron con un sonido más
pesado (heavy). A partir de la década de los 70, aumentó la cantidad de bandas
identificadas con este género musical y, asimismo, los seguidores.
Las bandas que iniciaron el género combinaron el blues rock con el rock
psicodélico, utilizando guitarras distorsionadas y sonidos altos, construidos
alrededor de poderosos acordes. Los vocalistas incrementaron su dependencia
de la amplificación, con voces más estilizadas y dramáticas.
4
Esto es, una cultura juvenil formada a partir de un gusto estético, musical e ideológico compartido.
5 Metalero: denominación usada en Latinoamérica para designar a elementos relacionados con la cultura del Heavy
Metal.
242
En las siguientes décadas, al mismo tiempo que la aparición de más bandas
que interpretaban Heavy Metal, se fueron creando diferentes subgéneros. A
continuación se hace un punteo de estos estilos en base a información extractada
de la página web La historia del metal (cf. 2010).
CUADRO 2. GÉNEROS Y ESTILOS DEL HEAVY METAL
Género
Características
Bandas pioneras
Heavy Metal
Se inicia en la década de 1970.
Tiene un estilo de percusión más
agresivo que en el rock, guitarras
distorsionadas y sonidos altos.
Black Sabbath, Deep Purple,
Led Zeppelin, Judas Priest,
Kiss, Aerosmith, Queen,
Metallica, Megadeth, Def
Leppard, AC/DC, Venom,
Motörhead, Rainbow, Van
Halen, Scorpions, Mötley
Crüe, Guns N’ Roses, Uriah
Heep y Bon Jovi.
Glam metal
Se destaca desde finales de la
década de 1970. Se basa en la
imagen: maquillaje, complementos de
cuero, indumentaria de color negro,
mallas gruesas y cintas para el pelo
largo y rizado.
Alice Cooper, Kiss, Twisted
Sister, White Snake, Quiet
Riot, Ratt, Mötley Crüe,
W.A.S.P., Bon Jovi, Poison,
Niágara y Sangre Azul.
Speed metal
Nace al final de la década de 1970.
Se caracteriza por tener un sonido
acelerado, usa tiempos más rápidos
que en el Heavy Metal tradicional y
logra un sonido preciso, a la vez que
más pesado.
Judas Priest, Motörhead,
Accept, Exciter, Running
Wild, Venom, Helloween, X
Japan, Megadeth, Metallica
y King Diamond.
Trash metal
Surge al inicio de la década de
1980. Se origina en el speed metal.
El sonido es más rápido y agresivo,
incrementa la distorsión de las
guitarras y utiliza la técnica de
scratching (raspado) en las guitarras
eléctricas.
Venom, Anthrax, Megadeth,
Metallica, Slayer, Kreator,
Sodom, Destruction,
Tankard, Nuclear Assault,
Testament, Exodus, Overkill,
Pantera, Sepultura, Trivium,
Evile y Avenger Of Blood.
243
Death metal
Nace en los primeros años de la
década de 1980. Se origina en el
trash metal. Los vocalistas utilizan
voces guturales, las guitarras son
distorsionadas en tonos graves y la
percusión es rápida, por lo que los
cambios de tempo son frecuentes.
Sus letras hablan de violencia,
muerte, enfermedades y destrucción.
Black metal
Surge a principios de la década de
1980.Nace a partir del thrash metal,
combina su agresividad y potencia
con un toque más oscuro y sombrío
en su sonido. Presenta contraste de
voces agudas con voces graves (casi
guturales) y las guitarras tienen un
sonido distorsionado. La temática del
género es satánica o inspirada en el
antiguo paganismo, promoviendo un
retorno a los valores precristianos.
White metal
Nace al inicio de la década de
1980. No se diferencia musical o
sonoramente de los demás géneros
del Heavy Metal; la diferencia está
en las letras, que son de carácter
cristiano: bíblico, evangélico,
escatológico y católico.
Stryper, Trouble,
Resurrection Band,
Jerusalem, Bride, Barren
Cross, Blood Good,
Tourniquet y Mortification
Undercoat.
Progressive
metal
Surge al inicio de la década de 1980
con influencia del rock experimental.
Se caracteriza porque estructura más
las canciones, añade técnica al tocar
los instrumentos y tiene variaciones
en la métrica de tiempo. Los discos
son conceptuales, con canciones de
larga duración, divididas en capítulos
o partes.
Queensrÿche, Fates
Warning, Dream Theater,
King Crimson, Rush,
Emerson, Lake, Focus y
Asia.
244
Celtic Frost, Sodom, Kreator,
Possessed, Death, Obituary,
Morbid Angel, Deicide,
Napalm Death, Extreme
Noise Terror, Carcass,
Entombed y Dismember.
Venom, Hellhammer
(posteriormente Celtic
Frost), Bathory, Mayhem,
Burzum, Darkthrone,
Emperor, Gorgoroth, Cradle
Of Filth y Dimmu Borgir.
Doom metal
Power metal
Hardcore
Gothic metal
Metal
industrial
Nace a mediados de la década
de 1980. Da un enfoque lento,
estrambótico y emocional al
Heavy Metal.Se caracteriza por la
incorporación de riffs graves cargados
de fuertes distorsiones, además de
manejar tiempos musicales muy
lentos.
Paradise Lost, Saint Vitus,
The Obsessed, Candlemass,
Black Sabbath, Blue Cheer,
Black Widow, Witchfinder
General, Death Row, The
Melvins y Cathedral.
Surge a mediados de la década
de 1980. Se origina en el speed y
progressive metal. Se presenta más
optimista, con melodías épicas.
Combina riffs, un enfoque melódico y
un estilo de agudos limpios.
Helloween, Running Wild,
Manowar, Virgin Steele,
Yngwie J. Malmsteen,
Angra, Tierra Santa,
Rhapsody Of Fire,
Nightwish, Sonata Arctica,
Gamma Ray, Blind
Guardian, Stratovarius,
Hammerfal y Edguy.
Nace a mediados de la década
de 1980. Es la fusión del Heavy
Metal con el punk. Presenta letras
politizadas como en el punk con
arreglos de sonoridad como en el
Heavy Metal.
Suicidal Tendencies,
Dirty Rotten Imbeciles,
Stormtroopers Of Death,
Killswitch Engage, Shadows
Fall, Avenged Sevenfold y
Bullet For My Valentine.
Surge en los últimos años de la
década de 1980. Mezcla música
clásica, teclados y violines, con
voces femeninas, especialmente
de sopranos, presentando efectos
ambientales y sinfónicos.
Lacrimosa, The Gathering,
Theatre Of Tragedy,
Tristania, Bauhaus, Umbra
Et Imago, Paradise Lost,
The Sins Of Thy Beloved,
Trail Of Tears, Therion,
Haggard, Trail Of Tears,
Penumbra, The Sins Of
Thy Beloved, Epica, After
Forever, Forever Slave,
Sirenia, Theatres Des
Vampires, Elis, Within
Temptation y Edenbridge.
Nace al inicio de la década de 1990.
Se caracteriza por un ritmo lento.
Usa sonidos electrónicos como cajas
de ritmos y sintetizadores. La voz
del cantante suele estar modificada.
Asimismo, incluye teclado o piano.
Oomph!, Rammstein,
KMFDM, Ministry, White
Zombie, Marilyn Manson,
Nine Inch Nails, Fear
Factory, Static-X y Skinny
Puppy.
Fuente: Elaboración propia en base a La historia del metal, 2010.
245
Actualmente, el Heavy Metal sigue dando lugar a fusiones musicales que se dan
en función a las propuestas de las bandas que tocan este género musical (cf. La
historia del metal, 2010).
Las nuevas bandas favorecen al desarrollo del Heavy Metal, en tanto género
musical y cultura juvenil urbana interpretando estilos como death metal melódico,
death metal técnico, progressive death metal, brutal death metal, dark ambient, symphonic
black metal, Viking metal, traditional doom, death/doom, funeral doom, black/doom,
drone doom, sludge metal, stoner metal, drone metal, power metal melódico, extreme
power metal, metalcore melódico, nu metal, trash metal progresivo y metal épico,
entre otros.
El Heavy Metal también se ha difundido en Bolivia, a continuación se desarrolla
un resumen de la presencia de este movimiento en la historia del país.
EL HEAVY METAL EN BOLIVIA
La masiva difusión del rock y los diversos subgéneros que comprende también tuvo
su impacto en Bolivia. En este sentido, en la década de 1970, la influencia de bandas
de Heavy Metal como Deep Purple, Led Zeppelin y Black Sabath dio lugar a la formación
de grupos locales que interpretaban dicho género, además de otros estilos.
En la década de 1980, posterior a la finalización de las dictaduras y con la influencia
de bandas extranjeras como AC/DC, Scorpions y Judas Priest, empezaron a aumentar
las bandas bolivianas de Heavy Metal que se identificaban en su totalidad con un
sonido heavy y componían sus propias canciones, con el propósito de otorgarle
mayor autenticidad a su propuesta (Basualdo, 2003: 55-60).
En esta década, el retorno a la democracia, la aparición de videoclips y discos
compactos contribuyeron al fortalecimiento del Heavy Metal tanto en el mundo
como en Bolivia y “también surgiría a fines de la década el subgénero del trash
que se movía bajo la corriente subterránea o underground, la cual se bifurcaría
posteriormente hacia otras tendencias como el death, dark, gore, power sinfónico,
gótico y hard core” (Basualdo: 2003: 53).
El desarrollo inicial del Heavy Metal en Bolivia se da en el ámbito underground, es
decir, no comercial e independiente, porque solo algunas de las bandas lograron
grabar demos y discos. Por otro lado, el Conservatorio Nacional de Música,
espacio dedicado al estudio de la música, contribuyó también a la proliferación
de músicos que interpretan, entre otros estilos, Heavy Metal (Peñaloza, 2003: 43).
En la década de 1990, las bandas de Heavy Metal, algunas de las cuales aun siguen
vigentes, desarrollaron su sonido con la interpretación de subgéneros como el
246
black, trash, death, dark, gore, hardcore y power sinfónico en un circuito underground
e independiente. Además, profesionalizaron su producción discográfica y la
interpretación musical (O’Brien, 2005: 58).
Asimismo, se estableció el espacio llamado La Roquerón como lugar preferencial
para la presentación de estos grupos, el mismo estaba ubicado en la Federación
de Trabajadores de la Construcción de la calle Boquerón de la zona San Pedro de
la ciudad de La Paz (Basualdo, 2003: 79).
Una infinidad de músicos y bandas han delineado la historia del Heavy Metal en
Bolivia. A continuación se hace un punteo de estas bandas en base a información
extractada del libro Rock boliviano, cuatro décadas de historia (Basualdo, 2003).
Cuadro 3. Bandas de Heavy Metal en Bolivia
Banda
Descripción
Producción discográfica
Mandrill
Se inició en el año 1974 en la ciudad
de La Paz. Con influencia del hard
rock, interpretando canciones de
Deep Purple, Led Zeppelin, Black
Sabbath y Focus.
Discos grabados en los
años 1975, 1977 y un EP
editado en 1978.
Manantial
Debutó en 1976 en la ciudad de
La Paz. Identificada con un sonido
heavy, interpretando canciones de
Rolling Stones, Deep Purple, Black
Sabbath y Sui Generis.
Dos discos grabados en
1976 y 1977.
Stratus
Surgió en la ciudad de La Paz a
inicios de 1980. Identificada como
banda de Heavy Metal, interpretando
AC/DC, Scorpions, Judas Priest y
Jimi Hendrix.
“Stratus”, EP grabado en
1985.
Collage
Se inició como Karma. Surgió en la
ciudad de La Paz en el año 1982.
No tiene discos grabados.
“Mario” editado en 1987.
Trueno Azul
Nació en 1982 en la ciudad de La
Paz. Identificada como banda de
Heavy Metal, interpretaba Scorpions,
Nazareth y AC/DC.
Trilogía
Se inició en 1983 en la ciudad de
Santa Cruz como Zambia, luego se
llamó Cartago. Se identificaba como
banda de Heavy Metal.
Demo con seis canciones
grabado en 1985.
247
Nació en la ciudad de Cochabamba
en 1988. Se identificaba como banda
cristiana con un sonido heavy.
“Escapa” (demo en vivo,
1988) “…Y se te va la vida”
(1991), “Ángeles sin alas”,
“Perdido en el tiempo”
(1995) y “Volver a empezar”
(1998).
Metalmorfosis
Identificada como banda de speed
metal, en un inicio se llamaba
Hellowen, tenía un despliegue
escénico diferente, sus integrantes
usaban muñequeras de cuero y
tachas, guantes, collares, pintura y
pañoletas.
“Viaje infernal” y “Los
rockeros se van al
infierno” (1985) y el EP
“Metalmorfosis” editado en
1986.
Dies Irae
Se inició en 1985 en la ciudad de
La Paz con el nombre de Revólver,
interpretando canciones de bandas
legendarias del género.
“Dies Irae” (1993) y “Dies
virginados” (1994).
Se inició en 1986 en la ciudad de La
Paz
“Om” (1987), “Mutante I y II”
(1988) y un EP editado en
1989.
Nació en la ciudad de Santa Cruz en
1989, identificada como banda de
Heavy Metal.
“La vida es una” (demo
de 1989), “Rompiendo
las reglas” (1990), “Se
siente” (1992), “Al ritmo
de tu corazón” (1994) e
“Insostenible” (1997).
Surgió en 1988 en la ciudad de La
Paz. Influenciada por el circuito
under del trash, death y black metal
de bandas como Venom y Bathory.
Interpretaba black metal pero con
base de la mitología andina.
“Enim Corpus Satani”
(1999) y “Aruma” (2002).
En 1988 en la ciudad de Santa Cruz
creó Vulcano, luego León Heráldico,
también formó Sénero en 1991 y el
trío Billy Castillo Group.
“Tiempos duros” (demo de
1988 con León Heráldico),
“Necropsia” (1992 con
Sénero) y “Arcano” (1999
con Billy Castillo Group).
Sacrilegio
Om
Dixi
Sabhatan
Billy Castillo
248
Debutó en 1990 en la ciudad de La
Paz, se identificaba como banda que
hacía trash metal.
“Terrorista” (1990), “B.I.G.
N.O.I.S.E.” (1991),
“Cryptobiosis” (1995) y
“Transgreso-Evolución”
(1999).
Track
Debutó en 1991 en la ciudad de
Santa Cruz, se inició con el nombre
de Profecía.
“Ave Fenix” (1991) y
“Unplugged” (2001).
Alcoholika
L.C.
Debutó en el año 1991 en la
ciudad de La Paz. Se identificaba
con un sonido gótico industrial,
combinado con sonidos electrónicos
y autóctonos.
“Agonika” (1995),
“La Christo” (1997),
“Toxicnology” (2001),
“Nación Alcoholika” (2007) y
“Santificato” (2008).
Arise
Debutó en 1993 en la ciudad de La
Paz, primero como Santhicristor,
luego como Alessandro. Interpretaba
trash metal y formó parte del circuito
under de la ciudad.
“La tierra de las
apariencias” (1994) y
“Agresor” (1995).
Surgió en 1993 en la ciudad de La
Paz. Interpretaba rock, punk y trash
metal.
“Heart Beat Machine”
(1998), “Anagramas”
(2001), “República de odio”
(2003), “Ángel oscuro”
(2004), “Odio vivo” (2006),
“Pandemonium” (2007) y
“Legado de odio” (2010).
Metastasys
Se formó en La Paz en 1996.
Identificada como banda de death y
thrash metal interpretaba canciones
de Metallica y Sepultura.
Graba discos en 1996
y 2003, edita “Espectral
World of Agony”.
Svasthika
Se inició en 1998 en la ciudad de La
Paz. Interpretaba géneros como trash
y death metal.
Graba discos en 1999 y
2002.
Lilith
Se formó a fines de 1999 en la
ciudad de La Paz. Se identificaba con
un sonido heavy.
“The conquering of the
eternal wisdom” (2001).
Subvertor
Hate
Fuente: Elaboración propia en base a Basualdo, 2003.
Actualmente, la cantidad de bandas de Heavy Metal se ha incrementado así
como la diversidad de subgéneros que interpretan. Entre las bandas metaleras
creadas desde el año 2000 se destacan: Ad Libitum Project, Armadura, Arturia,
249
At Sincrony, Blood Rituals, Chullpa, Elemental Sickness, Estertor, Facto Alfa,
Ghosslerd, Hostil, Libellula, Metalurgia, Moby Dick Project, Primal Instincts, Sacrifice
For Pride, Subterfugio, Supplicium, Supressor, The Ragdoll Architect, The Samhain,
Undead, Virtual y Visceral Vomit (cf. Illimani Metal, 2010) por su participacion en
el Festival Illimani Metal de la ciudad de La Paz.
Asimismo, se ha creado un festival que apoya y promociona la producción del
Heavy Metal en el país, el Illimani Metal Fest. Este evento se realiza desde el
2008 y ha reunido alrededor de 110 bandas identificadas con el Heavy Metal, se
presentaron discos compactos y dvd compilatorios, se realizaron 16 conciertos
gratuitos y tres festivales finales. Además, el concierto final de la versión 2010 se
realizó en el Teatro al Aire Libre, luego de presentaciones semanales en la Feria
Dominical de las Culturas (cf. Illimani Metal, 2010).
La Paz es el centro del metal en Bolivia. El movimiento, las bandas, la
producción están acá, las bases y la médula. Por algo todas las bandas que
tú vas a conocer, quieren venir acá, se mueren por tocar en el Equinoccio,
quieren venir a tocar a La Paz, es por algo. A pesar de que hay peleas
internas y hay ciertas estilizaciones del under o del metal en general, creo
que el movimiento, acá en La Paz, del metal es el más organizado. Hay
una gran proporción de gente acá en La Paz, está en el boom, está en su
momento, porque hay una explosión de bandas (Entrevista a Isabel Vega,
12/11/2010).
Entonces, el movimiento del Heavy Metal en el país, y sobre todo la ciudad de
La Paz, tiene un amplio desarrollo. Este desarrollo es más evidente en el ámbito
underground, pero ya hay iniciativas, como el Illimani Metal Fest, que impulsan
la difusión masiva de este género y la consolidación de la identidad de la cultura
juvenil del Heavy Metal en la ciudad de La Paz.
LAS CULTURAS E IDENTIDADES JUVENILES URBANAS
Desde el siglo pasado, diversos estudios sobre la juventud han categorizado
los movimientos juveniles con distintas denominaciones, las más recurrentes
son subcultura, contracultura, tribu urbana y cultura juvenil. Una revisión a
estas denominaciones indica un esfuerzo por ‘etiquetar’ y generalizar a los
movimientos de jóvenes. A continuación, se presenta la evolución o ampliación
de los contenidos de estas categorías, esquematizado por Arce (2008: 267):
·
250
Subcultura: se caracteriza por ser un desafío hacia la cultura hegemónica,
una negación hacia el estado y la familia, fenómeno de los jóvenes de la
posguerra en el continente europeo.
· Contracultura: va en contra, rechazando y marginando toda cultura
dominante parental, de manera ideológica.
· Tribus urbanas: concepto que agrupa las expresiones efímeras que van y
seguirán surgiendo con los años.
· Culturas juveniles: expresiones colectivas que se reúnen alrededor del
ocio y del tiempo libre.6
Las culturas juveniles urbanas7 tal como lo expresa Reguillo son un: “conjunto
heterogéneo de expresiones y prácticas socioculturales juveniles” (2000: 55)
en continuo movimiento con fronteras laxas y numerosos intercambios entre
diversos estilos (cf. Feixa, 1998).
Según Feixa son “la manera donde las experiencias sociales de los jóvenes son
expresadas colectivamente mediante la construcción de estilos de vida distintivos,
localizados fundamentalmente en el tiempo libre o en espacios intersticiales de la
vida institucional, [y] definen la aparición de microsociedades juveniles” (2006:
30). Asimismo:
(Las culturas juveniles) actúan como expresión que codifica, a
través de símbolos y lenguajes diversos, la esperanza y el miedo. En
su configuración, en sus estrategias, en sus formas de interacción
comunicativa, en sus percepciones del mundo hay un texto social que
espera ser descifrado: el de una política con minúsculas que haga del
mundo, de la localidad, del futuro y del día, un mejor lugar para vivir
(Reguillo, 2000: 16).
Las culturas juveniles presentan articulación social desde tres escenarios (Feixa,
2006: 86). El primer escenario es el de la cultura hegemónica, representada por
las instituciones y medios de comunicación con los cuales los jóvenes establecen
distintos niveles de negociación y relación.
El segundo escenario para la articulación social de las culturas juveniles lo
conforman las culturas parentales, como las étnicas y de clase donde los
jóvenes socializan y aprehenden elementos culturales. En el último escenario se
encuentran las culturas generacionales, las prácticas y experiencias de los jóvenes
reunidos en espacios institucionales, parentales y de ocio.
Por otro lado, las culturas juveniles no pueden ser comprendidas si se las separa
de su contexto, porque están en constante interacción con su medio social, político
6 En el trabajo se utilizó el último concepto, porque es una designación reciente y que se consideró adecuada para los
fines del ensayo.
7
Se utiliza el término en plural, porque se considera que existen muchas maneras de ser joven.
251
y cultural. En este sentido, “la música, las expresiones culturales (…), el uso del
cuerpo, la toma del espacio público a través de manifestaciones artísticas, son
todos, formas de insertarse socialmente” (Reguillo, 2003: 17).
Desde que se constituyen en un grupo social, las juventudes urbanas proceden
a la construcción discursiva de su identidad. Según Tórrez: “La construcción de
la identidad se da, fundamentalmente, a través de procesos de representación”
(2009, 57).
El concepto de identidad es relacional, porque uno se define solo “en relación”
con otros: sin una pluralidad de individuos, no hay una individualidad (Reguillo,
1998; citada en Tripaldi, 2003: 47).
La identidad se considera como el “repertorio o estructura de comportamientos,
modales, reglas e ideas” (Friedman, 2001; citado en Tripaldi, 2003: 45) de una
persona o de un grupo de personas. Los jóvenes están en constante conformación
de su identidad. Más bien, de sus identidades en función a los roles que
desempeñan en la sociedad, en sus grupos sociales, en sus culturas.
…la identidad viene a ser el reconocimiento y la conciencia de nuestra
propia memoria, de nuestro propio yo, inconfundible e incambiable. Esa
conciencia normalmente va acompañada de preferencias políticas y de
tomas de posición frente a problemas políticos, así como de una definición
de las propias metas, o sea el sentido de la propia misión. Este proceso
identificatorio normalmente culmina con demandas de autogobierno, de
autodeterminación política llevando a los jóvenes a una participación
más activa en las problemáticas sociopolíticas que vienen sucediendo en
el país en estos últimos años. (Tórrez, 2009: 55)
En la relación jóvenes y política es importante, también, tener en cuenta la
identidad como ese conjunto de comportamientos, modales, reglas e ideas que
devienen de la cultura. Entonces, es importante pensar los procesos culturales
desde los relatos identitarios producidos por los grupos culturales y, también,
desde la capacidad que tienen éstos para negociar en los ámbitos que les afectan.
CULTURAS JUVENILES URBANAS MUSICALES: EL CASO HEAVY METAL
La cultura juvenil del Heavy Metal presenta una dinámica sociocultural producida
a partir de las prácticas y productos artísticos de los jóvenes “cuya identidad
está relacionada con su preferencia musical y el discurso visual que se lee en
sus cuerpos” (Barrientos, Benavides y Serrano, 2006: 33) y en sus movimientos.
Inicialmente podría ser catalogada como tribu urbana, pero al conformarse como
252
“un conjunto heterogéneo de expresiones y prácticas socioculturales juveniles”
en este trabajo se la consideró como cultura juvenil.
El Heavy Metal no podría existir (prácticamente ningún movimiento juvenil) sin
la música. El género musical distintivo se define de la siguiente forma:
(Heavy Metal es la) forma ‘densa’ de la música de rock surgida a finales de
los años sesenta, con bandas como Black Sabbath y Deep Purple. Se centra en
el trabajo, a la vez quebradizo y relumbrante, del guitarrista principal de la
banda, a lo cual se suma la aguda voz masculina del cantante principal y una
fascinación general por el carácter oscuro de la existencia humana. El grupo
Metallica es el exponente más acabado de esta expresión (Tello y Kreimer,
2005: 96).
Debido a la progresión del género Heavy Metal desde su creación, el término se
usa para hacer referencia a dos conceptos distintos: como género en general y
como estilo o subgénero tradicional dentro de dicho género.
En general, los estilos musicales se han ido modificando de forma simultánea a
las diversas culturas juveniles urbanas que se forman alrededor de ellos, en una
relación interdependiente. En este contexto, siguiendo a Martín Barbero (cf. 1987)
el campo musical deviene en un espacio con mucho reconocimiento para y entre
los jóvenes.
El desarrollo del género musical Heavy Metal ha dado lugar a diversos estilos
establecidos por la velocidad de su sonido y la utilización de la guitarra, además
de la performatividad del o la vocalista. Estos subgéneros van desde el thrash
metal hasta el progressive metal, pasando por el black metal, death metal, doom metal,
gothic metal, power metal y white metal o metal cristiano (cf. La historia del metal,
2010).
La cultura urbana del Heavy Metal se manifiesta en un contexto habitado
por las visiones de realidad, vida, muerte y música propuestas por el género
y subgéneros musicales del Heavy Metal. Esta cultura se manifiesta desde los
significados y conductas asociados al sistema de valores, lenguajes y costumbres
de la forma de vida peculiar y distintiva de este grupo (cf. Martínez, 2004: 80 y
Muñoz y Marín, 2006).
En este sentido, la música, el Heavy Metal, actúa como un referente identitario
que convoca y cohesiona a los jóvenes metaleros. Esta relación se da de manera
compleja y dinámica porque contiene diversos relatos y elementos de sonido,
visuales, estéticos, emocionales, atmosféricos y conceptuales.
253
A partir de la difusión del Heavy Metal y la reunión de jóvenes que se identifican
con el mismo, este movimiento cultural desarrolla relaciones de intercambio
social desde la expresión musical de dicho género. Estas relaciones se conforman
a partir de la apropiación cultural que hacen los jóvenes paceños de elementos
externos8 para expresar mensajes propios.
Los gustos musicales de los jóvenes se convierten, entonces, en una forma de
distinción y afirmación de la identidad individual y grupal. La música se
convierte en la ideología de esta cultura juvenil debido a su carácter de (re)unión,
su capacidad para juntar elementos muy diversos como percepciones, gestos,
conocimientos, estilos y lenguajes.
Asimismo, los jóvenes que son parte de esta cultura tienen una conciencia de
grupo muy vinculada al hecho musical. El Heavy Metal además de ser una
oferta lúdica y musical, promueve la interacción al encontrar coincidencias de
pensamientos y sensibilidades y para algunos es guía de comportamiento y
forma de vida (cf. Martínez, 2004).
En su ‘manifestación gregaria’, los jóvenes crean nuevos lenguajes y otorgan
significado a los objetos que utilizan cotidianamente, convirtiéndolos en símbolos
de su identidad.9 “El supuesto central es que toda identidad necesita ‘mostrarse’,
comunicarse para hacerse ‘real’, lo que implica por parte del actor individual o
colectivo la ‘utilización’ ‘dramatúrgica’ de aquellas marcas, atributos y elementos
que le permitan desplegar su identidad” (Reguillo, 2000: 98).
Entonces, la praxis política, esta performatividad juvenil está dirigida a (de)marcar
la identidad grupal tanto hacia afuera de la cultura como hacia adentro. Hacia
afuera para mostrarse y diferenciarse ante otras culturas, como las parentales y
generacionales. Hacia adentro, para establecer los elementos con los cuales los
jóvenes metaleros se pueden identificar.
La concentración de jóvenes en torno a la música genera, asimismo, diversos
modos de manifestación y ciudadanía. En este contexto, “el sentido de estos
grupos [refiriéndose a las culturas juveniles] es el de generar espacios de
interlocución (…) donde todos opinen y esto a su vez posibilite una participación
informada y comprometida” (Reguillo, 1998: 63).
8 Elementos de la cultura del Heavy Metal (originada en Estados Unidos) como la música, la vestimenta, los instrumentos
y los aparatos electrónicos que, en la dinámica de las industrias culturales, se convierten en la dimensión constitutiva
de esta adscripción y diferenciación identitaria.
9 En cuanto a los símbolos que las culturas juveniles utilizan se han realizado investigaciones etnográficas de varias
formas de adscripción identitaria juvenil en América Latina. Uno de estos trabajos (cf. Reguillo, 1998) identifica a
la música como elemento de congregación, alrededor del cual los jóvenes discuten sobre Estado, Iglesia, partidos
políticos, intolerancia, arte y cultura.
254
El grupo de pares, que se basa en una comunicación cara a cara y directa, se
convierte en el espacio de confrontación, producción y circulación de saberes que
después se vuelven acciones en esta cultura, al igual que en todas las culturas
juveniles (Reguillo, 2000: 14).
La cultura juvenil musical urbana del Heavy Metal también tiene estos espacios
de encuentro que se producen en torno a las bandas que interpretan el género,
cuyos nombres son una forma de crítica y, además, expresan la vinculación
estrecha entre música e ideología.
Algunos de los nombres que se encuentran en las bandas de Bolivia son por
ejemplo, A Deathwish (Un deseo de muerte), Blood Rituals (Rituales de sangre),
Decomposing Flesh (Descomponiendo la carne), Elemental Sickness (Enfermedad
elemental), Hate (Odio), Hostil, Judas Letal, Nature Morte (Naturaleza muerta),
Phantom (Fantasma), Splattered Brains (Cerebros desparramados), Supplicium
(Suplicio), Undead (No muerto) o Visceral Vomit (Vómito visceral).
Siguiendo a Barrientos, Benavides y Serrano (2006: 33) para esta cultura juvenil
resulta fundamental para los seguidores el poder demostrar un conocimiento
amplio de las bandas de Heavy Metal, sus integrantes y discos, especialmente si
no son muy conocidos.
En este contexto, la adscripción identitaria de los jóvenes seguidores del Heavy
Metal se basa en la identificación con este tipo de música, con las bandas, las
letras de sus canciones y los mensajes que se interpretan como sociales, referidos
a los problemas de la juventud.
LAS PRÁCTICAS POLÍTICAS NO TRADICIONALES EN LA CULTURA
JUVENIL MUSICAL HEAVY METAL
En la ciudad de La Paz existen diversos modos de ser joven, de identidades
juveniles. De esta amplia gama se analiza el accionar político del movimiento
que se identifica con el Heavy Metal, que produce espacios de participación y de
construcción de individualidad y vida en sociedad donde: “La música representa
más que una tonada de fondo; se trata de un tejido complejo al que vinculan sus
percepciones políticas, amorosas, sexuales, sociales” (Reguillo, s.f. : 44).
La “lucha” política juvenil del Heavy Metal, la búsqueda de ciudadanía y
democracia se relaciona con dinámicas que expresan conflictos desde escenarios
fuera del debate político tradicional, como la apropiación de espacios públicos,
producción musical y diferentes ejercicios estéticos. Estas manifestaciones
estéticas evidencias la emergencia de la performatividad como una nueva forma
de hacer política que se (re)produce en contextos no institucionalizados.
255
Así, “las expresiones artísticas –no todas, por supuesto–, al ‘retirarse’ de la esfera
tradicional de lo público, configuran órdenes alternos y su alcance es un principio
de resistencia; por lo tanto, tienen un carácter político en cuanto plantean un
conflicto de poder, cuestionan la hegemonía” (Restrepo, 2006: 54).
La cultura del Heavy Metal a la que se adscriben identitariamente los jóvenes
metaleros se convierte en el espacio donde se (re)apropian significaciones.
Entonces, la relación entre identidad y cultura deviene en un nivel simbólico de
conflictividad política (Tórrez, 2009: 62).
Al interior de la cultura juvenil, se (re)definen los referentes políticos e
ideológicos. La ideología del Heavy Metal está en contra de la autoridad, del
sistema establecido, del circuito musical comercial y de la Iglesia Católica, sin
embargo hay diferencia entre interpretar Heavy Metal y abarcar la cultura. Hay
bandas locales que tienen un mensaje social, político y personal característico del
Heavy Metal, promueven cambio social o logran identificación social.
Por otro lado, existen grupos metaleros que sólo se concentran en hacer buena
interpretación de la música, de los instrumentos y no abarcan la cultura del Heavy
Metal, ni conocen la ideología, tampoco lo que es el movimiento metalero paceño
y la música que se produce en la ciudad.
Los seguidores del movimiento Heavy Metal se apasionan con la música,
son melómanos, se interesan por saber la historia, la mitología; se vuelven
especialistas, no solamente de la música que escuchan, sino de la historia de su
banda favorita, del estilo, de la ideología. El eje central de las interacciones de la
cultura juvenil del Heavy Metal es la música.
Entonces, la cultura del Heavy Metal, considerando la importancia que tiene para
los jóvenes metaleros, se asume como una lucha de apropiación y resignificación
de los sentidos emanados de una pugna ideológica (Castro Gómez, 2000 citado
por Tórrez, 2009).
En cuanto a las formas de manifestación, los códigos que conforman esta cultura
juvenil, son elementos importantes que operan como forma de identificación
entre iguales y como diferenciación frente a los otros.
Los elementos corporales, otra forma de manifestación, de los que hacen uso
los músicos y fans metaleros son diacríticos y resignificados por ellos mismos,
creando vínculos estrechos con las personas que forman parte de esta cultura.
Estos usos estéticos y marcas simbólicas específicas también es una forma de
expresar su filosofía, su ideología.
256
En este sentido, el cuerpo se constituye como espacio de expresión para los
grupos de Heavy Metal y sus seguidores. La ropa, el cabello, los accesorios y los
piercings son elementos de los cuales los jóvenes se apropian para establecer su
identidad, porque es la imagen que proyectan.
No se trata solamente de fabricarse un look y de hablar con determinadas palabras
y entonación sobre ciertas bandas y géneros musicales, sino de estructurar un
discurso que otorga a cada elemento utilizado el significado que está vinculado
al imaginario cultural y político del movimiento metalero de la ciudad de La
Paz. Este imaginario establece “las relaciones sociales y las construcciones de
las alteridades, vale decir, los procesos de identificación y reconocimiento de los
otros” (Cerbino, 2004 citado por Tórrez, 2009: 57).
Entonces, las manifestaciones políticas de los jóvenes metaleros pueden ser
consideradas “prácticas discursivas” porque el discurso conforma a los sujetos
del discurso (Foucault, 1980 citado por Tórrez, 2009: 57)
Los espacios de expresión utilizados por los seguidores del Heavy Metal de la
ciudad de La Paz como contexto de sus interacciones son esporádicos y están
definidos por las rutas que los jóvenes establecen en sus interacciones. El primero
en ser mencionado es el lugar donde las bandas practican la interpretación de sus
instrumentos, que, generalmente, es la casa de uno de los integrantes o también
las salas de ensayo de sus productoras discográficas.
Asimismo, en sus recorridos urbanos se apropian de lugares diversos como calles
y plazas de la ciudad. Lugares de reunión como las gradas que dan a la calle desde
los edificios V Centenario y Correos de Bolivia, ambos en la zona central. Las
reuniones en las gradas del edificio V Centenario se producen por la presencia de
la tienda Rockmanía. Es un lugar dedicado a la venta de discos, poleras, accesorios
metaleros, de rock en general y, también, difusión de eventos mediante afiches
y flyers. Otra tienda especializada es Necrorock, con una sucursal en el centro de
la ciudad de La Paz y otra en la ciudad de El Alto. También se reúnen en pubs
donde se presentan bandas que interpretan Heavy Metal.
Las gradas de acceso al edificio V Centenario son compartidas con otros grupos,
culturas juveniles y, por la cercanía al campus de la universidad pública, con los
universitarios. En estas reuniones, se intercambia música, en disco compacto, en
memoria flash o la hacen escuchar a través de sus celulares. También se habla
de música, de bandas, de los discos de estas bandas, de su historia, de nuevas
fusiones en los subgéneros y también de la coyuntura del país.
257
Otro espacio, es el de las presentaciones en vivo. Los espacios utilizados para las
presentaciones de las bandas son diversos pero los más recurrentes son: los pubs
Equinoccio y Azul ubicados en la zona central y un espacio, que no tiene nombre,
de la zona norte donde se presentan bandas del circuito underground.
Asimismo, se adecuan lugares para festivales en lugares como el Teatro al Aire
Libre Jaime Laredo, el parque Las Cholas (en la zona sur), la Feria Dominical de
las Culturas en el Paseo del Prado, el Cine Teatro Municipal 6 de agosto, el Estadio
Hernando Siles y los coliseos de los colegios Don Bosco e Instituto Americano,
en la zona central.
(Los lugares) se han ido acabando de a poquito. Primero, estaba la
Roquerón. En la escena más under estaba La Puerta Secreta, que igual
se cerró, era muy pequeño, para una capacidad de, más o menos, 50
personas apretadas. El Taypi, que era como la base en el auge del 2006,
donde todas las bandas llegaban a tocar. Por otra parte estaba el Concert,
que era un lugar realmente grande y para desplegarte con música era
increíble, y era como, igual, el boom, porque eran los mismos socios del
Taypi, igual se cerró. La Grifería, que también se acaba de cerrar. El único
que se mantiene es el Equinoccio, pero tiene un cierto privilegio para las
bandas más comerciales (Entrevista realizada a Carmen Apaza, 17/11/2010).
Se han reducido los espacios para la reunión de esta cultura juvenil. Sin embargo,
los jóvenes se van apropiando de otros espacios para crear sus redes de interacción.
Estas redes se conforman en función a las bandas, a los músicos y a los géneros
que interpretan.
CONCLUSIONES
La conclusión general del ensayo es que las manifestaciones políticas que se
generan a partir del Heavy Metal en la ciudad de La Paz se desarrollan en torno
a la música. Esta cultura juvenil es una de las manifestaciones culturales de la
sociedad paceña. Impulsa la cohesión, la identificación individual, la formación
de multiplicidades dentro del movimiento y la variabilidad de sus miembros.
Así, la apropiación de espacios públicos, la producción musical y las diferentes
propuestas estéticas, se constituyen en prácticas de diferenciación y democracia
que definen nuevas formas de ejercer ciudadanía, la experiencia de una ética a
partir del ejercicio estético.
En los últimos tiempos, los jóvenes en Bolivia, ya sea por su importancia numérica
o por el lugar que ocupan en el proceso de socialización, se han convertido en un
sector determinante en las relaciones políticas económicas, sociales y culturales
que se desarrollan en el ámbito nacional.
258
Entonces, los jóvenes ya no se presentan como sujetos pasivos y desorientados,
sino como sujetos sociales activos, protagonistas de su propia historia y del
desarrollo de la sociedad. Debido a que existen jóvenes atentos al acontecer y a los
problemas nacionales, cuestionadores de la política y de los políticos, sensibles,
solidarios, interesados y dispuestos a comprometerse con Bolivia y con el futuro.
La intención de proponer alternativas para la sociedad y para ellos mismos se
convierte en una necesidad o un proyecto de vida, como la organización anual
del Festival de bandas de Heavy Metal, Illimani Metal Fest. Porque los jóvenes son
individuos renovadores, realistas y, sobre todo, libres y sanos en términos políticos.
En este sentido, los jóvenes no son el futuro de Bolivia, sino el presente. Además,
tienen la capacidad, creatividad y compromiso para emprender una labor y darle
un toque especial por el mismo hecho de ser jóvenes.
Entonces, buscan espacios para expresarse, al ser conscientes de la realidad de
una forma distinta a la visión de los adultos, se convierten en actores propositivos,
responsables, creativos y transformadores que construyen alternativas que
pueden contribuir a mejorar la situación de sus pares jóvenes.
Los jóvenes tienen la capacidad de aportar ideas y propuestas que conduzcan a
un mejor desarrollo de las manifestaciones artísticas. Tienen la capacidad política
no tradicional y organizativa de asumir el compromiso de continuar la lucha por
todos los métodos posibles.
En este sentido, una alianza juvenil es muy importante para que se puedan
crear propuestas y no protestas, porque más que nunca, es hoy cuando debemos
defender la democracia boliviana.
La opinión negativa que la sociedad tiene de los jóvenes metaleros conduce a
que, en nuestro medio, sean comunes las visiones equívocas sobre la naturaleza
de las actividades políticas de los jóvenes y sus resultados. Lo que ha ocasionados
la invisibilización de gran parte de las facetas y actividades positivas que los
jóvenes realizan.
Entonces, como no se ven las acciones positivas, se generalizan las negativas a
toda la población juvenil. Así, el mundo juvenil se ha convertido en un sector
social altamente vulnerable, mal interpretado, invisibilizado y/o estigmatizado.
Los rasgos o conductas negativas que se atribuyen a los jóvenes y la consiguiente
estigmatización tienen como origen el comportamiento de unos cuantos y el que,
debido a lo que difunden los medios informativos, no se comprenda o se mal
interprete algunas expresiones juveniles.
259
Existe en los jóvenes un pensamiento crítico, manifestado en la expresión verbal
y no verbal, respecto a la forma de ser de la sociedad y del sistema político. Se
presenta una actitud propositiva frente a los problemas, obstáculos y deficiencias
que identifican en la realidad nacional.
Además, están en la búsqueda y experimentación de prácticas, espacios y formas
artísticas alternativas, diferentes a las que critican y se oponen. Se genera un
mayor compromiso en las actividades sociales a las que se dedican y mayores
grados de predisposición a participar en movimientos, actividades o expresiones
sociales que buscan generar un cambio social y afrontar situaciones con las que
no están de acuerdo.
Los jóvenes son alegres, buscan diversión, bailar, cantar y compartir con los pares,
sin que esto signifique que sus expectativas e inquietudes carezcan de sentido.
Más bien, los jóvenes, por naturaleza, son luchadores, idealistas y comprometidos.
Son sujetos con gran capacidad de soñar y construir en la medida en que no han
perdido la capacidad de creer que su situación puede mejorar.
La juventud es una etapa potencialmente revolucionaria y transformadora,
puesto que los jóvenes son, desde siempre, los encargados de transformar y
mejorar la sociedad. Son los mejores portadores de la innovación y renovación
de prácticas culturales.
El movimiento metalero de la ciudad de La Paz está en formación continua, su
desarrollo y sus procesos culturales son expresiones creativas y rebeldes. En las
culturas juveniles todo es posible; la música une a los jóvenes metaleros de la
ciudad de La Paz. El Heavy Metal reúne a diferentes tipos de personas en los
conciertos, congrega gente que disfruta de la misma música y del mismo arte.
Rompe barreras sociales, cuando grupos de distintas zonas de la ciudad o sectores
en los que se ha dividido el movimiento se reúnen.
La música es el enlace de esta cultura juvenil, tanto de la identificación hacia
adentro como de la diferenciación hacia afuera, que se relaciona de maneras
determinadas con experiencias y subjetividades específicas en las relaciones de
interacción de los grupos metaleros, entre sus integrantes y con sus seguidores.
Es necesario tener en cuenta sus mensajes y propósitos porque se trató de no
etiquetar a los metaleros, sino recuperar el modo en que estos grupos juveniles
construyen sus propios procesos de identificación. Es decir, escuchar qué tratan
de decir a través de su música, del vestuario, marcas corporales y apariencia a la
sociedad en cuanto a conocimientos, afectos y, también, políticas.
260
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ENTREVISTAS
• APAZA, Carmen, estudiante, seguidora del movimiento metalero de
la ciudad de La Paz, además organiza conciertos pequeños. Fecha de la
entrevista: 17/11/2010.
• VEGA, Isabel, parte de la organización del Illimani Metal Fest 2010 y del
Rock de los Andes Integración 2010 y se encuentra produciendo un video
sobre el Heavy Metal local. Fecha de la entrevista: 12/11/2010.
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