Boletin 36.0 - Conferencia Nacional de Procuración de Justicia

Transcripción

BOLETÍN INTERPROCURADURÍAS
NUEVA ÉPOCA
Órgano de Información de la Conferencia Nacional de
Procuración de Justicia
Junio 2011 – Noviembre 2011, Número 36, México
1
PROCURADORES GENERALES DE JUSTICIA DE LA
REPÚBLICA MEXICANA
MTRA. MARISELA MORALES IBÁÑEZ
PROCURADORA GENERAL DE LA REPÚBLICA
GRAL. BGDA. J. M. Y LIC. JUAN FIGUEROA VARGAS
PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA MILITAR
LIC. FELIPE DE JESÚS MUÑOZ VÁZQUEZ
PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
LIC. ROMMEL MORENO MANJARREZ
PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
LIC. GAMILL ABELARDO ARREOLA LEAL
PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
LIC. RENATO SALES HEREDIA
PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE CAMPECHE
LIC. JESÚS TORRES CHARLES
FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA
LIC. YOLANDA VERDUZCO GUZMÁN
PROCURADORA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE COLIMA
3
MTRO. RACIEL LÓPEZ SALAZAR
PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE CHIAPAS
LIC. CARLOS MANUEL SALAS
FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
DR. MIGUEL ÁNGEL MANCERA ESPINOSA
PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL
MTRA. SONIA YADIRA DE LA GARZA FRAGOSO
FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE DURANGO
LIC. CARLOS ZAMARRIPA AGUIRRE
PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE GUANAJUATO
LIC. ALBERTO LÓPEZ ROSAS
PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE GUERRERO
LIC. ALEJANDRO STRAFFON ORTIZ
PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE HIDALGO
LIC. TOMÁS CORONADO OLMOS
PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE JALISCO
LIC. ALFREDO CASTILLO CERVANTES
PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MÉXICO
4
LIC. JESÚS MONTEJANO RAMÍREZ
PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MICHOACÁN
LIC. PEDRO LUIS BENÍTEZ VÉLEZ
PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MORELOS
MTRO. JAVIER GERMÁN RODRÍGUEZ JIMÉNEZ
PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE NAYARIT
LIC. ADRIÁN DE LA GARZA SANTOS
PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
MTRO. MANUEL DE JESÚS LÓPEZ LÓPEZ
PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE OAXACA
LIC. VÍCTOR ANTONIO CARRANCÁ BOURGET
PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE PUEBLA
LIC. ARSENIO DURÁN BECERRA
PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE QUERÉTARO
LIC. GASPAR ARMANDO GARCÍA TORRES
PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
LIC. MIGUEL ÁNGEL GARCÍA COVARRUBIAS
PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
5
LIC. MARCO ANTONIO HIGUERA GÓMEZ
PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE SINALOA
LIC. ABEL MURRIETA GUTIÉRREZ
PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE SONORA
DR. GREGORIO ROMERO TEQUEXTLE
PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE TABASCO
LIC. BOLÍVAR HERNÁNDEZ GARZA
PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
LIC. ALICIA FRAGOSO SÁNCHEZ
PROCURADORA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE TLAXCALA
LIC. FELIPE AMADEO FLORES ESPINOSA
PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE VERACRUZ
LIC. HÉCTOR JOSÉ CABRERA RIVERO
FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE YUCATÁN
LIC. ARTURO NAHLE GARCÍA
PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE ZACATECAS
6
El Boletín Interprocuradurías es un órgano
de información de los trabajos que realiza la
Conferencia Nacional de Procuración de Justicia.
Su publicación y distribución es semestral y está a
cargo de la Dirección General de Políticas Públicas y
Coordinación Interinstitucional de la Procuraduría
General de la República, conforme a lo dispuesto
en los estatutos de la propia Conferencia Nacional
de Procuración de Justicia, publicados en el Diario
Oficial de la Federación el 23 de octubre de 2009.
La Conferencia Nacional opera mediante su
estructura conformada por zonas geográficas y
comités técnicos, lo cual concede mayor solidez a
los acuerdos adoptados al interior de dicho órgano
colegiado.
En esta ocasión se publica el Boletín número
36, correspondiente al periodo junio 2011–
noviembre 2011.
La instauración de los trabajos estuvo a cargo
de la doctora Erika Santoyo Morales, Directora
General de Políticas Públicas y Coordinación
Interinstitucional; quien preside y organiza el
Secretariado Técnico de la Conferencia Nacional
de Procuración de Justicia.
La integración de los textos y el cuidado de la
edición estuvo a cargo del licenciado Moisés
Eduardo Bolaños Bonilla, Director de Coordinación
Interprocuradurías, el ingeniero Sinuhé Estrada
Acevedo, Subdirector de Mecanismos de Difusión,
la licenciada Mayra Jannette Ruiz Molina, Jefa
de Departamento de Difusión, y la licenciada
Dulce Rocío Zamudio Gutiérrez; en tanto que la
corrección de estilo estuvo a cargo de la Dirección
General de Comunicación Social de la Procuraduría
General de la República.
ISSN: 1665-5257.
7
CONTENIDO
PRESENTACIÓN
13
REUNIONES
17
1ª SESIÓN ORDINARIA 2011 DE LA CONFERENCIA DE
PROCURADORES GENERALES DE JUSTICIA DE LA ZONA NOROESTE
17
XXV ASAMBLEA PLENARIA DE LA CONFERENCIA NACIONAL
DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA
27
SESIÓN DE SEGUIMIENTO DEL CONSEJO DE COORDINACIÓN
41
1ª SESIÓN ORDINARIA 2011 DEL COMITÉ TÉCNICO ESPECIALIZADO
DE INFORMACIÓN DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA
9
49
1ª SESIÓN ORDINARIA 2011 DEL GRUPO DE TRABAJO PARA
LA INTEGRACIÓN DEL PROTOCOLO DE INTERCAMBIO DE
INFORMACIÓN EN MATERIA DE TELECOMUNICACIONES
55
20ª REUNIÓN NACIONAL DEL GRUPO DE SERVICIOS PERICIALES
Y CIENCIAS FORENSES
61
3ª SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ TÉCNICO DE INVESTIGACIÓN
CIENTÍFICA Y MINISTERIAL
69
13ª SESIÓN ORDINARIA DEL GRUPO DE PLANEACIÓN Y
ANÁLISIS ESTRATÉGICO PARA EL COMBATE AL DELITO DE SECUESTRO
75
2ª SESIÓN DE SEGUIMIENTO DEL CONSEJO DE COORDINACIÓN
PARA EL XI ENCUENTRO NACIONAL DE PRESIDENTES DE
TRIBUNALES SUPERIORES DE JUSTICIA Y PROCURADORES GENERALES DE JUSTICIA
85
3ª SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ TÉCNICO DE CERTEZA JURÍDICA Y
RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS
91
3ª SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ TÉCNICO DE COORDINACIÓN Y
COOPERACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL
99
XXI ENCUENTRO NACIONAL DE PRESIDENTES DE TRIBUNALES
SUPERIORES DE JUSTICIA Y PROCURADORES GENERALES DE JUSTICIA
107
3ª SESIÓN DE SEGUIMIENTO DEL CONSEJO DE COORDINACIÓN
121
10
2ª SESIÓN ORDINARIA 2011 DE LA CONFERENCIA NACIONAL
DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA DE LAS ZONAS NORESTE Y NOROESTE
129
2ª SESIÓN ORDINARIA 2011 DE LA CONFERENCIA NACIONAL DE
PROCURACIÓN DE JUSTICIA DE LA ZONA OCCIDENTE
137
2ª SESIÓN ORDINARIA 2011 DE LA CONFERENCIA NACIONAL DE
PROCURACIÓN DE JUSTICIA DE LAS ZONAS CENTRO Y SURESTE
147
XXVI ASAMBLEA PLENARIA DE LA CONFERENCIA NACIONAL DE
PROCURACIÓN DE JUSTICIA
157
NUESTROS PROCURADORES
169
LIC. GAMILL ABELARDO ARREOLA LEAL
C. PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
170
MTRA. SONIA YADIRA DE LA GARZA FRAGOSO
C. FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE DURANGO
171
MTRO. JAVIER GERMÁN RODRÍGUEZ JIMÉNEZ
C. PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE NAYARIT
172
LIC. MIGUEL ÁNGEL GARCÍA COVARRUBIAS
C. PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
11
173
DR. GREGORIO ROMERO TEQUEXTLE
C. PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE TABASCO
174
LIC. FELIPE AMADEO FLORES ESPINOSA
C. PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE VERACRUZ
175
BREVES DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA
177
CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA LA ADOPCIÓN COMO INSTRUMENTO
DE REFERENCIA DE LOS CRITERIOS PARA LA REGULACIÓN E
INSTRUMENTACIÓN DE LA CADENA DE CUSTODIA DE LOS INDICIOS,
HUELLAS O VESTIGIOS DEL HECHO DELICTUOSO Y DE LOS INSTRUMENTOS,
OBJETOS O PRODUCTOS DEL DELITO, QUE CELEBRAN LA PROCURADURÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA Y LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA
DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
178
CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA LA HOMOLOGACIÓN DE CRITERIOS
PARA LA REGULACIÓN E INSTRUMENTACIÓN DE LA CADENA DE CUSTODIA
DE LOS INDICIOS, HUELLAS O VESTIGIOS DEL HECHO DELICTUOSO Y DE
LOS INSTRUMENTOS, OBJETOS O PRODUCTOS DEL DELITO, QUE CELEBRAN
LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y LA PROCURADURÍA
GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
185
CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA LA HOMOLOGACIÓN DE CRITERIOS
PARA LA REGULACIÓN E INSTRUMENTACIÓN DE LA CADENA DE CUSTODIA
DE LOS INDICIOS, HUELLAS O VESTIGIOS DEL HECHO DELICTUOSO Y DE
LOS INSTRUMENTOS, OBJETOS O PRODUCTOS DEL DELITO, QUE CELEBRAN
LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y LA PROCURADURÍA
GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MICHOACÁN
191
DECRETO POR EL QUE SE CREA LA PROCURADURÍA SOCIAL DE ATENCIÓN A
LAS VÍCTIMAS DE DELITOS, COMO UN ORGANISMO DESCENTRALIZADO DE
LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL
198
12
PRESENTACIÓN
Las ciudades son organizaciones complejas,
con numerosos departamentos que están a cargo
de un amplio rango de funciones esenciales que
van desde el suministro de agua hasta la seguridad
pública. La colaboración entre estos grupos
es fundamental para atender crisis, completar
proyectos exitosos y mejorar la eficiencia de las
operaciones diarias en beneficio de la sociedad.
Para enfrentar los desafíos del entorno social y
económico actual se requiere la existencia de un
verdadero Estado de Derecho, que implique tener
instituciones que actúen bajo la primacía de la
ley vigente. Este principio se resume en tener un
sistema de frenos y contrapesos que permita un
adecuado ejercicio del poder público.
Bajo este concepto, en las siguientes páginas se
presentan los alcances de las acciones planeadas
y ejecutadas por las instancias de procuración de
justicia que conforman este Órgano Colegiado y
que reflejan la fortaleza del Estado mexicano para
lograr el país seguro, justo y próspero que todos
merecemos.
La agenda propuesta para esta edición del Boletín
Interprocuradurías establece una serie de temas
torales para fortalecer nuestra coordinación y
cooperación.
Es por ello que las nuevas tecnologías en
la investigación de los delitos son siempre
herramientas valiosas cuando se adaptan a las
circunstancias prevalecientes a nuestra realidad, un
ejemplo de esto es el Sistema e-Trace, habilitado y
utilizado en diversos países para rastrear las armas
aseguradas e identificar a su comprador de origen y
en el que habremos de definir las condiciones para
su implementación, los criterios que normarán la
captura de la información correspondiente en una
base de datos, la capacitación necesaria, así como
los accesos a dicha información.
13
Igual reconocimiento ha tenido el Sistema
Integrado de Identificación Balística, IBIS,
proceso que apoya el trabajo del perito en materia
balística, debido a que su utilidad e importancia en
la correlación de datos que se generan en distintos
enfrentamientos armados entre organizaciones
criminales, motiva que la implementación a nivel
nacional de este sistema se analice en este foro.
De esta forma, se analizaron y suscribieron los
convenios de Colaboración Interprocuradurías; de
Intercambio de Información de Investigaciones
y Procesos Penales respecto de Fallecimientos
Ocurridos por Presunta Rivalidad Delincuencial;
así como el de Colaboración para la Unificación,
Integración e Intercambio de Información en
Materia de Personas no Localizadas.
Otro instrumento que ofrece una fuente invaluable
de información para reforzar los diagnósticos
que sustenten las políticas públicas eficaces en
materia de procuración de justicia, lo constituye
el Censo Nacional de Procuración de Justicia. La
consolidación de este Censo es un compromiso
de nuestra Conferencia, como fuente confiable de
consulta pública y de información especializada.
Uno de los temas prioritarios para los integrantes
de este órgano colegiado es, sin lugar a dudas,
la transición hacia un nuevo sistema de justicia
adversarial. El reto que se nos avecina es el inicio
de la implementación del sistema de justicia penal
acusatorio en México, por lo que las instancias
de procuración de justicia contamos con la
oportunidad de escribir la historia de un nuevo
sistema de justicia para la Nación.
Por otro lado, la privación ilegal de la libertad en
su modalidad de secuestro es uno de los temas
prioritarios en la agenda de seguridad y procuración
de justicia del Estado mexicano. En ese sentido,
el combate frontal a este delito requirió un
rediseño institucional, que avanza en el sentido de
adecuar las Unidades Especializadas de Combate
al Secuestro, como estructuras operativas de las
entidades federativas al modelo nacional.
La atención al narcomenudeo es un tema que
será objeto de minucioso análisis, con la finalidad
de precisar los mecanismos de colaboración
que apoyen la competencia de las instancias de
procuración de justicia en la atención de este
ilícito.
14
Por otra parte, se discutirán los esfuerzos realizados
para establecer esquemas que permitan potenciar
la relación con algunas compañías de telefonía
móvil, con el propósito de formalizar mecanismos
permanentes de acceso a comunicaciones que
permitan reforzar las investigaciones ministeriales.
En esta edición conoceremos el análisis
desarrollado para la aprobación del proyecto final
de Lineamientos Generales de Investigación de
Ilícitos Cometidos contra Mujeres, preparado
con la colaboración activa de las procuradurías
y fiscalías generales de justicia de las entidades
federativas, y la Comisión para conocer y dar
seguimiento a las acciones emprendidas por
las autoridades competentes en relación a los
Asumamos con responsabilidad los retos del
presente, México y sus instituciones piden nuestra
entrega, la sociedad exige justicia y combate a la
impunidad, nuestras familias demandan seguridad
y nuestro honor nos obliga a no fallar.
feminicidios registrados en México, de la Cámara
de Diputados.
En la Asamblea Plenaria asumimos la tarea de
pugnar por el reforzamiento de la seguridad y
la protección de la frontera sur del territorio
mexicano; por ello, se analizaron de manera
conjunta con autoridades migratorias, los avances
en la definición de acciones de coordinación
integral para enfrentar el flujo ilegal de personas
y mercancías, así como la actividad delictiva que
genera el crimen organizado en esta región.
Marisela Morales Ibáñez
Procuradora General de la República
Sabemos de la importancia que tiene el combate
a la trata de personas, por ello, no podemos dejar
pasar la oportunidad de seguir trabajando en los
instrumentos que nos ayuden a combatir este
delito que nos ofende y agravia la dignidad del ser
humano.
Por último y entre otros temas, debemos resaltar
que el combate a la delincuencia no puede darse de
manera integral si no atacamos su motivo principal,
su financiamiento. Estamos comprometidos en
seguir perfeccionando las acciones en materia de
lavado de dinero.
Estoy convencida de que el compromiso y la
voluntad persistentes nos llevarán al logro de
objetivos en el constante mejoramiento de la
seguridad y de la procuración de justicia que todos
anhelamos.
15
REUNIONES
1ª Sesión Ordinaria 2011 de la
Conferencia de Procuradores Generales
de Justicia de la Zona Noroeste
13 de mayo de 2011
17
Integrantes de la Conferencia de Procuradores Generales de Justicia de la Zona Noroeste.
TEMAS A TRATAR
H) Programa GC Armas
I) Justicia Penal Adversarial
J) Portal web de la Conferencia
A) Lavado de dinero
B) Trata de personas
C) Tipo penal contra los informantes
D)Convenio de adhesión de cadena de
custodia
E) Procesos electorales 2011
F) Homologación de diversos delitos
G) Combate al narcomenudeo
19
La reunión se instauró para dar continuidad a los
temas tratados en la XXIV Asamblea Plenaria2 y
comenzar el análisis de posibles temas a tratar
en la XXV Asamblea Plenaria de la CNPJ, con
el objetivo de generar una mayor coordinación
regional y, por ende, colaborar en todas las
circunstancias que se presentan.
Al inaugurarse la Primera Sesión Ordinaria
a 2011 de la Conferencia de Procuradores y
Fiscales Generales de Justicia de la Zona Noroeste
celebrada en Tijuana, Baja California, la maestra
Patricia Bugarín Gutiérrez, Subprocuradora de
Investigación Especializada en Delincuencia
Organizada de la PGR, afirmó que las instituciones
de la República se esfuerzan porque prevalezca el
Estado de Derecho1, para dar plena seguridad a
los mexicanos y ampliar su acceso a la justicia. El
cumplimiento de estas metas es fundamental para
consolidar la confianza ciudadana en sus leyes y
autoridades.
En la realización del análisis en materia de
lavado de dinero, el licenciado Horacio B. Pérez
Ortega, Director General de Normatividad de la
Procuraduría General de la República, mencionó
que no sólo basta con combatir a los criminales,
sino que es de vital importancia restarles
capacidades financieras, dado que cualquier delito
genera recursos ilícitos o tiene relación con una
ganancia indebida.
El licenciado José Guadalupe Osuna Millán, Gobernador de
Baja California (derecha), recordó el compromiso de todas las
autoridades con la transparencia; además, agregó que no exista
duda en lo que se hace, ya que todo es en beneficio de México.
El licenciado Horacio B. Pérez Ortega, Director General de
Normatividad de la Procuraduría General de la República
(centro), indicó que se está generando un análisis de las
legislaciones del país, penas y sanciones homologadas, técnicas
de investigación avanzadas, medidas de protección a víctimas,
peritos, policías, entre otros.
1. Equivale a la aceptación, observancia, acatamiento, respeto, y
cumplimiento estricto de la ley por parte de individuos y autoridades
que forman una colectividad.
2. Celebrada el 25 de noviembre de 2010, en Ixtapan de la Sal, en el
Estado de México.
20
y el Combate al Delito de Trata de Personas y la
Atención, Asistencia y Protección a sus víctimas.
Es por ello que los integrantes de la zona
analizaron la importancia de dicho tema, en el
que coincidieron que una efectiva investigación,
análisis y persecución del lavado de dinero por
parte de la Federación y de las diversas entidades
del país, a través de acciones coordinadas de
diálogos en los tres niveles de gobierno, permitirán
una amplia aportación de experiencias en el tema.
La propuesta de homologación de los tipos
penales antes mencionados, es una necesidad
para tener mejores instrumentos a fin de combatir
la delincuencia, no se trata de presupuesto sino de
trabajo coordinado entre las procuradurías para
recibir y compartir experiencias exitosas.
El licenciado Jorge Alberto Lara Rivera,
Subprocurador Jurídico y de Asuntos
Internacionales de la Procuraduría General
de la República, invitó a las entidades a que
se comprometan a combatir este delito, y se
permita implementar una unidad de inteligencia
patrimonial, en el que se tenga acceso a registros
públicos de la propiedad con analistas capacitados
en apoyo al Ministerio Público, puesto que tendrán
una clarividencia en la actividad delictiva.
Con respecto a la creciente actividad electoral,
los integrantes de la Zona Noroeste coincidieron
que octubre de 2012 es un período de suma
importancia, puesto que la Fiscalía Especializada
para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE)
se encarga de prevenir y sancionar prácticas que
afectan a los procesos electorales; pero aún existen
nuevas amenazas que afectan a dichos procesos,
como la participación del crimen organizado.
Decretaron: Proponer una miscelánea
que incluya una unidad de inteligencia
patrimonial para tener una clarividencia
indispensable y así satisfacer el paradigma de
aprehender al delincuente y además atrapar
a los activos.
Respecto al delito de trata de personas, el Congreso
de la Unión aprobó una reforma constitucional
que establece facultades para legislar sobre la
materia, y así éste podrá expedir una ley general
donde se implementarán tipos penales únicos. Y
los procuradores recordaron la aprobación por
parte de la Conferencia Nacional de Procuración
de Justicia, el Plan de Acción para la Prevención
Se busca que en cada proceso electoral exista un aumento de
despliegue, tratar el tema de gobernabilidad y de seguridad
pública, a fin de garantizar que el día de la jornada sea pacífico,
afirmó el maestro José Luis Vargas Valdés, Fiscal Especializado
para la Atención de Delitos Electorales de la Procuraduría General
de la República.
21
Es por ello que la FEPADE, para reducir el uso de
recursos públicos con fines políticos electorales,
ofreció un programa de blindaje electoral, con la
finalidad de evitar cualquier acto que ponga en
vulnerabilidad a los procesos.
interinstitucional entre los distintos actores
que intervienen en la vigilancia de las
distintas jornadas comiciales.
Para el desarrollo en el tema sobre el Programa GC
Armas3 a través del sistema e-Trace4 (Véase Figura
1), el contralmirante Horacio Fourzán Esperón,
Titular del Centro Nacional de Planeación, Análisis
e Información para el Combate a la Delincuencia
Decretaron: Conformar un proyecto de
pronunciamiento en materia electoral, que
siente las bases de la relación de coordinación
Figura 1. Ventajas del Sistema e-Trace.
3 En el año 2009, se integró el subgrupo binacional relacionado con el tráfico ilícito de armas en el marco de la Iniciativa Mérida y es un programa que
tiene como fundamento dar seguimiento al plan, se conforma bajo el intercambio de información, coordinación policial y equipos.
4 En octubre de 2010, se firmó un memorándum de entendimiento para la utilización del sistema e-Trace entre la ATF, DEA, Agregaduría de Defensa,
Oficina de Aduanas, entre otras.
22
de la Procuraduría General de la República,
comentó que para la utilización de este sistema,
la centralización de la información implicó que el
Cenapi fuera responsable de la distribución de los
contenidos, el rastreo electrónico de la base de
datos, entre otras herramientas para actuar ante
una actividad ilícita.
figura 2) e información en materia de diversos
delitos; en la primera resaltaron el compromiso
del Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia
y la Legalidad para generar una estrategia en
la materia, para sumar al combate mediante el
esfuerzo coordinado de las autoridades de los
tres poderes de gobierno a partir de los cinco ejes
(normativo, combate, prevención, canalización de
adictos y creación de un observatorio ciudadano,
véase figura 3); finalmente, para homologar y
consolidar la información en materia delictiva
se acordó en avanzar con un protocolo que
regule su conformación, en la que partirán de las
averiguaciones previas y actas circunstanciadas
para realizar ejercicios tendientes a establecer
mecanismos de comunicación tecnológica y la
alineación de criterios para la clasificación de dicha
información.
Decretaron: Iniciar una etapa de pruebas
piloto con la fiscalía y las procuradurías
que conforman la Zona Noroeste, además
de integrar un proyecto de Bases de
Colaboración.
Otros temas de vital importancia fueron
referentes al combate al narcomenudeo (véase
Figura 2. Reforma de Narcomenudeo.
23
Figura 3. Ejes de la estrategia.
Por último, consideraron que la suma y
coordinación de los esfuerzos local y federal
podrá vencer los problemas que surjan por delitos
cometidos en el país.
Los integrantes de la Zona Noroeste tomaron conocimiento de
las aplicaciones e información contenidas en la página web de la
Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, presentada por
el Secretariado Técnico.
Coincidieron en la ratificación como representante de la Zona
Noroeste al licenciado Abel Murrieta Gutiérrez, Procurador
General de Justicia del Estado de Sonora (izquierda).
24
Participaron
El Fiscal Especializado para la Atención de Delitos
Electorales de la Procuraduría General de la
República.
El Gobernador Constitucional del Estado de Baja
California.
La Subprocuradora de Investigación Especializada
en Delincuencia Organizada, Representante
personal de la Procuradora General de la República
y Presidenta de la Conferencia Nacional de
Procuración de Justicia.
El Director General de Normatividad de la
Procuraduría General de la República.
El Director de Información contra el Secuestro
del Centro Nacional de Planeación, Análisis e
Información para el Combate a la Delincuencia de
la Procuraduría General de la República.
El Procurador General de Justicia del Estado de
Baja California.
El Director General de Asistencia Técnica de la
Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación
para la Implementación del Sistema de Justicia
Penal.
Sonora y Representante de la Zona Noroeste.
El Fiscal General del Estado de Chihuahua.
El Subprocurador General del Estado de Sinaloa.
La Directora General de Políticas Públicas y
General de la República y Titular del Secretariado
Técnico de la Conferencia Nacional de Procuración
de Justicia.
El Subprocurador Jurídico y de Asuntos
Internacionales de la Procuraduría General de la
República.
El Titular del Centro Nacional de Planeación,
Análisis e Información para el Combate a la
Delincuencia de la Procuraduría General de la
República.
El Coordinador General de Delegaciones de la
25
XXV Asamblea Plenaria
de la Conferencia
Nacional de Procuración de Justicia
10 de junio de 2011
27
Integrantes de la Asamblea Plenaria de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia.
TEMAS A TRATAR
I) Frontera sur
J) Fallecimientos por enfrentamientos en
rivalidad delincuencial
K) Justicia Adversarial
L) Registro de extranjeros
A) Convenio
de
colaboración
Interprocuradurías
B) Fortalecimiento de la figura del Ministerio
Público
C) Combate al secuestro
D) Arraigo
E) Alerta Amber
F) Personas desaparecidas y cadáveres no
identificados
G) Medidas de protección a favor de
periodistas y empresas de comunicación
H) Vehículos asegurados con denuncia de
robo
29
quienes consideran que se trata de una privación
ilegal; además, argumentan que restringen
derechos humanos, puesto que el arraigado es
expuesto públicamente.
Combatir a la delincuencia es una tarea que
nos ocupa a todos, nuestra obligación es luchar
con toda la fuerza del Estado contra la violencia
que amenaza la seguridad y la tranquilidad de los
habitantes de nuestro país, ello nos lo exige la
sociedad, fueron las palabras de la Procuradora
General de la República, Marisela Morales Ibáñez,
al inaugurar la XXV Asamblea Plenaria de la
Conferencia Nacional de Procuración de Justicia,
en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
Aunado a lo anterior, hoy en día, el Ministerio
Público sigue recurriendo a esta medida para dar
respuesta a la ciudadanía, está probada la utilidad
del arraigo y además es compatible con el sistema
acusatorio oral, aseveró el licenciado Renato Sales
Heredia, Procurador General de Justicia del Estado
de Campeche, durante su intervención en el tema.
Decretaron: La aprobación del anteproyecto
de iniciativa de reforma al artículo 16
constitucional, con el objeto de que se amplíe
la procedencia de la medida cautelar de arraigo
a los casos de delitos graves del orden común,
previstos en el artículo 19 constitucional, y
se adicionen los párrafos necesarios en los
que se prevean garantías suficientes para que
la medida no sea utilizada en detrimento de
los derechos fundamentales.
Se dio la bienvenida a los nuevos integrantes de la Asamblea
Plenaria como son el Procurador General de Justicia Militar y
los procuradores de Aguascalientes, Oaxaca, Colima, Sinaloa,
Puebla, Tlaxcala, Nuevo León, Guerrero, Quintana Roo, Baja
California Sur, Tabasco y Veracruz.
De lo expuesto anteriormente, los integrantes
de la conferencia conocieron el planteamiento
de modificación, en que el propósito es que se
regulen las condiciones o abrir la puerta para
generar la reglamentación a esta figura. El objeto
es que se amplíe la procedencia del arraigo en
los casos de delitos graves del orden común y
Los procuradores y fiscales del país analizaron
los temas que conforman la agenda nacional
partiendo de los compromisos asumidos por
este Órgano Colegiado; uno de ellos fue sobre la
medida cautelar de arraigo1, en el que se expuso
la constante preocupación de diversos grupos,
1. El Congreso aprobó una reforma el 18 de junio de 2008, en la
cual establece que procede para investigaciones de delincuencia
organizada no así en delitos graves del orden común, lo que es un
sistema mixto.
30
se adicionen los párrafos necesarios en los que
se prevean las garantías suficientes para que la
medida no sea utilizada en detrimento de derechos
fundamentales.
diagnóstico del estado que guarda la figura
del Ministerio Público a fin de identificar los
procesos con los que se fortalecerá.
Para cerrar el tema, la doctora Erika Santoyo
Morales, Titular del Secretariado Técnico de la
Conferencia Nacional de Procuración de Justicia,
propuso como acuerdo poner en marcha también
una estrategia y plan de acción para la promoción
de esta iniciativa de ley. Con ello, buscar tener
acercamientos con legisladores, representaciones
de organismos internacionales y diversos actores
sociales para ofrecer información sobre los
beneficios de la iniciativa y la debida preservación
de los derechos y garantías individuales.
En corresponsabilidad con lo anterior, el licenciado
Abel Murrieta Gutiérrez, Procurador de Justicia del
Estado de Sonora, hizo la observación de que es
necesario tener un solo diagnóstico, pues se exige
resolver y acabar con el rezago de la procuración
de justicia, compartió que alguna vez realizó un
diagnóstico integral de una procuraduría modelo,
además de generar estudios comparativos con
otras instituciones de seguridad, impartición y
procuración de justicia a nivel nacional.
En otro orden de ideas, integrantes de la
conferencia concordaron que la propuesta sobre el
fortalecimiento del ministerio público2 se presentó
como justificante ante los reclamos sociales,
puesto que la valoración colectiva no le favorece a
la institución. Coincidieron que uno de los mayores
retos es proyectar una actuación ministerial por la
atención diligente y lograr instituciones modernas,
eficaces y comprometidas.
Profundizaron en la revisión del convenio de colaboración
interprocuradurías vigente, para impulsar su modificación, y con
ello incorporar nuevas figuras en beneficio de la investigación y
persecución del delito.
Decretaron: Identificar a las instancias
académicas con capacidad para realizar un
2. Se inscribió en la agenda nacional desde la XXIII Asamblea Plenaria
de los días 13 y 14 de mayo de 2010, y se turnó el tema al comité
técnico de eficiencia en la institución del Ministerio Público, instalado
formalmente el 7 de septiembre de 2010.
El 1er proyecto se presentó en la 2a sesión 2010 de la Zona
Noroeste, el cual sirvió de base para orientar el estudio final, fue
así que en el marco de la XXIV Asamblea Plenaria se presentó la
propuesta con las aportaciones necesarias.
31
En el tema de secuestro, la problemática se
ha agravado en varios estados de la república,
por eso coincidieron en que es imprescindible
redoblar esfuerzos para fortalecer las unidades
especializadas en combate al delito y cumplir el
Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la
Legalidad a través de la Estrategia Nacional para el
Combate de Secuestro.
(véase figura 1), instruyeron al Grupo de
Planeación y Análisis Estratégico para el
Combate al Delito de Secuestro, y se acordó
preparar la propuesta para la instrumentación
de las etapas que conforman esta campaña de
prevención.
Dicha campaña considerará elementos visuales
como: (Véase figuras 2 y 3)
Decretaron: Desarrollar una campaña
nacional para la prevención de este ilícito
Figura 1. Creación de piezas comunicacionales para la campaña nacional para la prevención del delito de secuestro.
32
Figura 2. Ejemplos de escenarios visuales.
Figura 3. Fases para la etapa de difusión de la campaña.
33
En otro punto, la desaparición de niñas, niños y
adolescentes se asocia en muchos casos con la
comisión de ilícitos en su contra, como la trata de
personas, el secuestro, el homicidio y otros delitos.
Quien reporta el hecho deberá brindar toda la
información, y la autoridad debe informar a los
medios de comunicación (véase figuras 5 y 6);
se utilizarán todos los medios tecnológicos para
lograr la participación de la ciudadanía.
Es así que surge la propuesta de instrumentación
nacional para desarrollar e implementar esfuerzos
en los tres niveles de gobierno, organizaciones de la
sociedad civil y medios masivos de comunicación,
por lo que se buscará la capacitación al personal
de las procuradurías para que participe en la
estrategia, a través de diversos comités de Alerta
Amber3 (véase figura 4), uno de los cuales ha
creado la reglamentación, y se activará a través del
reporte de desaparición ante la autoridad.
Decretaron:
Sumarse
al
Programa
Internacional Alerta Amber, el cual dispone
de los mecanismos y protocolos para la
búsqueda de personas menores de edad
reportadas como desaparecidas, con la
finalidad de participar en su instrumentación
en cada entidad federativa.
Figura 4. México es el octavo país en sumarse al programa
de Alerta Amber, gracias al apoyo de las instancias
federales como la Procuraduría General de la República
Figura 5. El origen de la Alerta Amber.
3. La Alerta Amber surge por la desaparición de la niña Amber Hagerman,
en E.U., la cual fue encontrada muerta.
34
Figura 6. Emisión de la Alerta Amber.
Por su parte, el licenciado Jesús Montejano
Ramírez, Procurador General de Justicia del Estado
de Michoacán, propuso que en el tema referente
a personas desaparecidas4 las procuradurías y
fiscalías resuelvan esta problemática, puesto que
se requiere diseñar estrategias para garantizar el
libre tránsito, coordinar acciones que permitan
crear un frente común, desarrollar una planeación
y homologación de acciones para brindar servicio
a las víctimas y ofendidos.
Para lo anterior, es preciso crear un grupo
multidisciplinario e interinstitucional para generar
4 En total son 18 procuradurías que ya cuentan con laboratorio de
genética, la base de datos tiene perfiles genéticos de la población, de
indicios biológicos provenientes del lugar de los hechos, de víctimas
desconocidas, de restos humanos, de personas manifestadas como
extraviadas o ausentes.
35
estrategias para combatir el fenómeno de personas
desaparecidas, por medio de grupos de expertos
y conformar un comité técnico especializado. El
concepto de personas desaparecidas básicamente
nace por la necesidad de crear un registro de
presuntos desaparecidos a nivel nacional.
Por su parte, el licenciado Felipe de Jesús Zamora
Castro, Subsecretario de Asuntos Jurídicos
y Derechos Humanos de la Secretaría de
Gobernación, argumentó que la tarea común de
todos los reunidos es velar por los derechos de los
mexicanos y además el derecho de la libertad de
expresión; agregó que se está trabajando desde las
instancias de procuración de justicia en diversas
mecánicas de protección a periodistas.
Decretaron: Enviar propuestas para la
suscripción de un convenio de prevención
y protección de periodistas que se turnarán
al Comité Técnico de Cooperación y
Coordinación Nacional e Internacional para
analizar su viabilidad.
El licenciado Alberto López Rosas, Procurador General del Estado
de Guerrero (izquierda), expresó su interés en profundizar
el protocolo para contar con una herramienta que permita
identificar cadáveres para evitar sumar el índice de personas
desaparecidas.
Entre otros temas que se abordaron, está el de
vehículos asegurados con denuncia de robo, en el
que se habló del fortalecimiento de intercambio
de información entre la Procuraduría General de
la República y las procuradurías y fiscalías del país,
para mejorar la integración de las indagatorias
sobre vehículos robados en las entidades
federativas y asegurados por el Ministerio Público
de la Federación.
Decretaron: Aprobar el Protocolo para el
levantamiento e identificación de cadáveres
y restos humanos, con lo que homologarán
las técnicas y métodos de investigación
criminalística.
En cuanto a medidas de protección a favor
de periodistas y empresas de comunicación,
las procuradurías y fiscalías del país tienen el
compromiso de colaborar con las instituciones
federales, en los esfuerzos por garantizar la
libertad de expresión y evitar las agresiones o
amenazas que se cometan en contra de aquellos
que ejercen la labor periodística.
Otro de los temas tratados fue el Programa de
coordinación de la frontera sur, en el que se
busca una mayor coordinación de las instancias
de procuración de justicia con las autoridades
migratorias y de seguridad pública, para que
refuercen los controles fronterizos y la regulación
36
Finalmente, se abordó un tema referido a la
necesidad de contar con un estudio que aporte
datos actualizados en materia de homicidios
cometidos contra mujeres, y al respecto
los integrantes de la Asamblea llegaron a la
conclusión de conformar un estudio de referencia,
en donde la Fiscalía Especializada para delitos de
Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas
(FEVIMTRA) presente un proyecto inicial de
criterios para distinguir los homicidios de mujeres
por razón de género, así como la recopilación
de información estadística que envíen las
procuradurías y fiscalías del país.
El licenciado Pedro Luis Benítez Vélez, Procurador General
de Justicia del Estado de Morelos (izquierda), compartió que
en su entidad se han cumplido las normas de la Secretaría de
Gobernación, cuando se solicitó la protección de periodistas. Las
disposiciones son tan simples como el de no poner el nombre en
sus artículos.
de ingreso de migrantes al país. A lo que el
licenciado Raciel López Salazar, Procurador
General de Justicia del Estado de Chiapas, propuso
que para tener un mejor control de la migración no
se deben legalizar más cruces sino intercambiarlo
por un pasaporte biométrico que dificulte la
falsificación de documentos.
Decretaron: Que a través del Consejo de
Coordinación, se inicien los acercamientos
con el Secretario de Gobernación y el
comisionado del Instituto Nacional de
Migración, para plantear la problemática y
generar acciones concretas para la solución al
fenómeno migratorio.
Constataron los trabajos realizados por los grupos de especialistas,
comités técnicos y conferencias de zona para dar cumplimiento a
los acuerdos adoptados por el Pleno de la Conferencia.
37
Participaron
El Secretario de Gobernación y Representante
Personal del Titular del Ejecutivo Federal.
Guanajuato y Representante de la Zona Occidente.
El Gobernador Constitucional del Estado de
Chiapas.
Guerrero.
La Procuradora General de la República y
Presidenta de la Conferencia Nacional de
Hidalgo.
Jalisco.
La Subprocuradora de Control Regional,
Procedimientos Penales y Amparo de la
Michoacán.
Chiapas.
Morelos.
El Procurador General de Justicia Militar.
Nayarit.
Aguascalientes.
Oaxaca.
Baja California.
Puebla.
Campeche y Representante de la Zona Sureste.
Querétaro.
El Fiscal General del Estado de Coahuila y
Representante de la Zona Noreste.
Quintana Roo.
La Procuradora General de Justicia del Estado de
Colima.
San Luis Potosí.
El Procurador General de Justicia del Distrito
Federal y Representante de la Zona Centro.
Sinaloa.
El Fiscal General del Estado de Durango.
México.
38
Tabasco.
La Coordinadora General de Delegaciones de la
Tamaulipas.
El Director General de la Coordinación de
Servicios Periciales de la Procuraduría General de
la República.
Veracruz.
El Director General de Comunicación Social de la
Zacatecas.
El Asesor de la C. Procuradora General de la
República.
El Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de
Seguridad Pública.
La Directora Adjunta del Departamento de Justicia
de la Embajada de los Estados Unidos de América
en México.
de Justicia.
La Asistente Jurídico del Departamento de Justicia
de la Embajada de los Estados Unidos de América
en México.
en Delincuencia Organizada de la Procuraduría
El Coordinador de Regulación Migratoria del
Instituto Nacional de Migración de la Secretaría
de Gobernación.
República.
La Presidenta de la Asociación Alto al Secuestro.
República.
El Titular de la Policía Federal Ministerial de la
La Fiscal Especial para Delitos de Violencia contra
las Mujeres y Trata de Personas de la Procuraduría
39
Sesión de Seguimiento del
Consejo de Coordinación
30 de junio de 2011
41
Integrantes del Consejo de Coordinación.
Con el propósito de evaluar e impulsar los
acuerdos adoptados en las Asambleas Plenarias,
así como por los grupos técnicos y de análisis
integrantes de la Conferencia Nacional de
Procuración de Justicia, se desarrolló la Sesión de
Seguimiento del Consejo de Coordinación de la
CNPJ en su carácter de Órgano de Control.
TEMAS A TRATAR
A) Diálogo con empresas concesionarias
de telefonía móvil
B) Fortalecimiento del MP
C) Frontera Sur
D) Combate al Delito de Secuestro
E) Informe Policial Homologado
F) Reforma legal en materia de
telecomunicaciones
Empezaron los trabajos delimitando el contenido
de la agenda, en donde se entabló el tema sobre
el catálogo de instituciones educativas para la
conformación del diagnóstico encaminado a
fortalecer la figura del Ministerio Público, en las
que se valoraron por su prestigio en el medio
académico y se eligieron a la UNAM a través de
su Instituto de Investigaciones Jurídicas, al CIDE
y al ITAM. Por ello, a través de una consulta a
dichas instituciones, se obtuvieron propuestas
43
para el desarrollo del diagnóstico, en el que el
análisis fuese enfocado en cómo se encuentra
actualmente el Ministerio Público y la ruta de
trabajo a desarrollarse.
La maestra Marisela Morales Ibáñez, Procuradora General de la
República y Presidenta de la Conferencia Nacional de Procuración
de Justicia, expresó que es necesario hacer la reunión del grupo
para integrar el protocolo y unificar los criterios para intercambiar
información.
El licenciado Alfredo Higuera Bernal, Asesor de la C. Procuradora
General de la República, expresó que el diagnóstico no sólo es
un catálogo de bienes, sino el cúmulo de temas donde puede
fortalecer a la figura del Ministerio Público.
Decretaron: Continuar con los esfuerzos para
ampliar el alcance de la consulta, con miras
a integrar una evaluación interdisciplinaria
que no se limite a un análisis jurídico de esta
figura.
a los procesos de investigación en delitos como el
secuestro y la extorsión.
Dicho intercambio de información permitirá
mejorar la interacción entre empresas
concesionarias e instituciones de procuración
de justicia; para lograrlo se crearon proyectos a
través de la conformación de un Grupo de Trabajo
que formuló propuestas desde la perspectiva
normativa y técnica.
Para abrir el tema referente a las empresas
concesionarias de telefonía móvil1, los
integrantes del Grupo de Trabajo, reunidos con
los representantes de las empresas telefónicas,
acordaron realizar un protocolo, a fin de compartir
información que permita potenciar y dar agilidad
1. La Alerta Amber surge por la desaparición de la niña Amber Hagerman,
en E.U., la cual fue encontrada muerta.
44
La visión normativa se basa principalmente en
la actualización de los ordenamientos legales y
administrativos en materia de telecomunicaciones,
relativos a la intervención de las instancias de
procuración de justicia.
su empresa sigue dispuesta a colaborar; además,
propuso contar con enlaces confiables como un
código de intercambio de información.
Decretaron: Generar un acercamiento con las
empresas telefónicas y realizar un protocolo,
a fin de que las empresas puedan compartir
información.
La perspectiva técnica estableció puntos de
contacto único y autenticado, por cada instancia
de procuración de justicia y de las empresas
concesionarias de telefonía móvil, que a su vez se
definió el proceso, mecanismo y tiempos para la
solicitud de intercambio de información, en el que
lo ideal será tener la información en tiempo real,
para que las instancias de procuración de justicia
puedan tomar una decisión adecuada, así como
aportar mayor información a la investigación del
delito.
En otro punto, el Consejo de Coordinación
conoció la información vertida por el Informe
Policial Homologado, que radica en el registro
de datos para integrarla en una base que reditúe
en la investigación criminalística; para llevarla
a cabo concordaron que es vital contar con una
plataforma tecnológica para obtener resultados
óptimos, precisos y útiles.
En ese sentido, el señor Daniel Bernal,
representante de Telcel, argumentó que por parte
El Consejo de Coordinación acordó que el objetivo del informe
es tener una base de datos que pueda coadyuvar en las
investigaciones.
El licenciado José Cuitláhuac Salinas Martínez, Coordinador de
Asesores de la C. Procuradora General de la República, argumentó
que es necesario contar con enlaces precisos a fin de no fomentar
que personas no facultadas emitan información.
45
Finalmente, el Grupo de Trabajo tomó conocimiento
que el Consejo Nacional de Seguridad Pública2
aprobó e incorporó las aportaciones recibidas de
las instituciones de procuración de justicia del
país, respecto al Programa Nacional para Prevenir
y Sancionar el Secuestro, cuyo indicador consiste
en la creación y fortalecimiento de las Unidades
Especializadas en el Combate al Secuestro.
2 Para mayor información consultar la siguiente página web: http://
www.presidencia.gob.mx/2011/06/consejo-nacional-deseguridad-publica/
46
Participaron
Coordinación Interinstitucional y Titular del
El Representante de Telcel.
El Representante de Iusacell.
El Representante de Movistar.
República.
El Integrante del Consejo Ciudadano de Seguridad
Pública del Distrito Federal.
El Subprocurador de Investigación Especializada
en Delitos Federales de la Procuraduría General de
la República.
El Director General de Análisis de Información
del Centro Nacional de Planeación, Análisis e
Información para el Combate a la Delincuencia de
El Coordinador de Asesores de la C. Procuradora
República.
47
1ª Sesión Ordinaria 2011 del Comité Técnico
Especializado de Información de
Procuración de Justicia
30 de junio de 2011
49
Integrantes del Comité Técnico Especializado de Información de Procuración de Justicia.
TEMAS A TRATAR
A) Resultados de los Censos Nacionales de
Gobierno
B) Procuración de Justicia (Indicadores)
C) Centro de Excelencia para Información
Estadística de Gobierno, Seguridad
Pública, Victimización y Justicia
Con el fin de dar seguimiento a los acuerdos
asumidos en reuniones previas y con diversos
órganos de la Conferencia Nacional de Procuración
de Justicia, los integrantes del Comité Técnico
Especializado de Información de Procuración de
Justicia celebraron su Primera Sesión 2011 en el
Salón Procuradores de la Procuraduría General de
la República.
Los integrantes del Comité Técnico conocieron
los resultados preliminares obtenidos en los
Censos Nacionales de Gobierno 2011 aplicados
a la Procuración e Impartición de Justicia, donde
el maestro Edgar Guerrero Centeno, Director
de Políticas de Información Gubernamental del
51
dar a conocer la información y demás productos
generados por este Comité Técnico ante las
unidades administrativas del INEGI y del SNIEG.
En otro orden de ideas, durante la reunión, el
maestro Adrián Franco Barrios, Director General
Adjunto de Información de Gobierno, Seguridad
Pública e Impartición de Justicia, INEGI,
argumentó que se acaba de inaugurar el Centro
de Excelencia para la Información Estadística en
el que su objetivo es establecer el marco jurídico
de cooperación técnica, científica y financiera para
fortalecer las capacidades estadísticas, analíticas y
de monitoreo en las áreas de información. El centro
desempeña trabajos de investigación, análisis de
tendencias de información estadística, formación
y capacitación de funcionarios expertos.
El licenciado Jorge Alberto Lara Rivera, Subprocurador Jurídico
y de Asuntos Internacionales de la Procuraduría General de la
República, felicitó al INEGI, por el trabajo que ha realizado para
integrar el Centro de Excelencia para la Información Estadística.
Instituto Nacional de Estadística y Geografía,
argumentó que la nueva estructura del
cuestionario estaría enfocada a un elemento
estándar que marca la diferencia en la parte de
procuración de justicia. Para dichos resultados
se generará una base de datos cuya información
pueda aportar diversos análisis en la materia.
Decretaron: Exhortar a la Secretaría Técnica
de la CNPJ, para que realice los mecanismos
adecuados que permitan impulsar la
validación y conformación final del Censo de
En ese sentido, y atendiendo las obligaciones
previstas en la Ley General del Sistema Nacional
de Información Estadística y Geográfica,
referidas a generar indicadores e información de
interés nacional, coincidieron en la necesidad de
establecer un canal de comunicación que permita
El licenciado Gustavo Gamaliel Martínez Pacheco, Director
General de Política y Estadística Criminal de la Procuraduría
General de Justicia del Distrito Federal, propuso generar un
catálogo nacional de delitos a fin de homologar la información.
52
Para finalizar, el licenciado Jorge Alberto Lara
Rivera, Subprocurador Jurídico y de Asuntos
Internacionales de la Procuraduría General de
la República, indicó que existe un Convenio
de Colaboración en materia de homicidios por
rivalidad delincuencial, y exhortó contar con
un trabajo coordinado entre las procuradurías
y fiscalías para conformar una base nacional de
decesos por dicha causa.
53
Participaron
República.
El Director General de Política y Estadística
Criminal de la Procuraduría General de Justicia del
Distrito Federal.
República.
El Director General Adjunto de Información
de Gobierno, Seguridad Pública e Impartición
de Justicia, INEGI; y Secretario Técnico del
Comité Técnico Especializado de Información de
El Director de Análisis Territorial del Centro
Nacional de Planeación, Análisis e Información
para el Combate a la Delincuencia de la
La Directora General Adjunta de Coordinación de
los Subsistemas Nacionales de Información del
Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
El Titular de la Coordinación de Planeación,
Desarrollo e Innovación Institucional de la
El Director de Políticas de Información
Gubernamental del Instituto Nacional de
Estadística y Geografía.
El Director General de Planeación e Innovación
Institucional de la Procuraduría General de la
República.
La Directora de Vinculación de Información
El Director General Adjunto de Proyectos
Estratégicos de la Procuraduría General de la
República.
La Directora General de Informática y Sistemas
de la Fiscalía General del Estado de Coahuila de
Zaragoza.
El Director del Centro de Inteligencia de la Fiscalía
General del Estado de Coahuila de Zaragoza.
54
1ª Sesión Ordinaria 2011 del Grupo de
Trabajo para la Integración del Protocolo de
Intercambio de Información en Materia de
Telecomunicaciones
11 de julio de 2011
55
Integrantes del Grupo de Trabajo para la Integración del Protocolo de Intercambio de Información en Materia de Telecomunicaciones.
TEMAS A TRATAR
Mejorar la eficacia en la obtención de
sentencias condenatorias mediante la delimitación
de responsabilidades, la homologación de la
actuación de los ministerios públicos y el debido
intercambio de información entre autoridades de
procuración de justicia y empresas concesionarias
de telecomunicaciones, permitirá potenciar y
agilizar los procesos de investigación en delitos
como el secuestro y la extorsión. Esa fue la
premisa que llevó a los integrantes del Consejo de
Coordinación de la CNPJ a conformar un Grupo
de Trabajo encargado de instrumentar estos
mecanismos, y el cual celebró su primera sesión
ordinaria en el Salón Biblioteca de la Procuraduría
A) Convenio y Protocolo de Actuación
para el Intercambio de Información en
Materia
de
Telecomunicaciones
(Proyecto)
57
El licenciado Alejandro Padilla, Subdirector Jurídico de Telcel,
expresó que se tiene total interés por ayudar en los casos de
delitos de alto impacto.
El licenciado Arturo José Ambrosio Herrera, Titular de la Unidad
Especializada en Combate al Secuestro de la Procuraduría General
de Justicia del Estado de Campeche, precisó la importancia de
obtener información y la necesidad de contar con registro de
llamadas, a fin de preservar la vida de la víctima.
En su intervención, la Maestra Patricia Bugarín
Gutiérrez, Subprocuradora de Investigación
Especializada en Delincuencia Organizada de la
Procuraduría General de la República, manifestó
que lo primordial es generar un acercamiento
con las compañías telefónicas para obtener
datos e integrar la información necesaria en
averiguaciones de alto impacto, a través de un
protocolo que cuente con mecanismos de prueba
suficientes para comprobar los elementos del
delito; expuso que el protocolo tiene por objetivo
orientar a los agentes del Ministerio Público,
fortalecer el control del proceso y elevar la calidad
técnico-jurídica de éste.
el tipo de información, finalidad y fundamento
jurídico aplicable; todo lo anterior con el objeto
de enriquecer el proyecto inicial denominado
convenio de colaboración y protocolo de
actuación.
En ese sentido, dichos datos permitirán a las
empresas concesionarias de Telecomunicaciones
diseñar talleres dirigidos a capacitar a los
funcionarios encargados de operar los proyectos
finales, así lo expuso la Maestra Patricia Bugarín
Gutiérrez; además, precisó que es necesario
que asista un representante de cada una de las
Unidades Especializadas en Combate al Secuestro
(UECS), que cuente con los procesos de control
de confianza aprobados y vigentes.
El Grupo de Trabajo acordó realizar una consulta
de elementos y datos que las procuradurías y
fiscalías del país requieran para la integración
de investigaciones ministeriales, con el objetivo
de conformar una matriz de requerimientos con
58
Decretaron: Avanzar en la conformación de
un convenio de colaboración y un protocolo
de actuación que faciliten el intercambio
de información, así como el diseño en
instrumentación de talleres dirigidos a
capacitar a los funcionarios encargados de
operar los instrumentos finales.
La Maestra Patricia Bugarín Gutiérrez, Subprocuradora de
Investigación Especializada en Delincuencia Organizada de la
Procuraduría General de la República (derecha), agradeció la
presencia de los representantes de las compañías telefónicas
y a los representantes de zonas de la Conferencia Nacional de
Procuración de Justicia, lo cual permitirá permear la información
a todo el país.
59
Participaron
República.
El Subdirector Jurídico de Telcel.
El Representante de Telcel.
El Representante de Movistar.
El Jefe de Sistemas de Movistar.
El Titular de la Unidad Especializada en Combate
al Secuestro de la Procuraduría General de Justicia
del Estado de Campeche.
El Asesor del C. Procurador General de Justicia del
Estado de Campeche.
El Subdirector de Área de la Dirección de Política y
Estadística Criminal de la Procuraduría General de
Justicia del Distrito Federal.
El Subdirector de Juicios Diversos de la
Procuraduría General de Justicia del Distrito
Federal.
de la Procuraduría General de Justicia del Estado
de Guanajuato.
El Subprocurador de Averiguaciones Previas de
la Procuraduría General de Justicia del Estado de
Sonora.
El Jefe de Departamento “A” de la Procuraduría
General de Justicia del Estado de Guanajuato.
El Coordinador Operativo de la Procuraduría
General de Justicia del Estado de Guanajuato.
60
20ª Reunión Nacional del Grupo
de Servicios Periciales y Ciencias Forenses
29 de julio de 2011
61
Integrantes de la Vigésima Reunión Nacional del Grupo de Servicios Periciales y Ciencias Forenses.
Con el compromiso de conocer e implementar
nuevos avances tecnológicos aplicables a las
ciencias forenses, los integrantes del Grupo de
Servicios Periciales y Ciencias Forenses, celebraron
el 28 de julio del año en curso, su Vigésima
Reunión Nacional en Ixtapan de la Sal, Estado de
México, en la que atendieron los mandatos que les
fueron conferidos por los procuradores de justicia
y fiscales generales del país.
TEMAS A TRATAR
A) Certificación Pericial
B) El Servicio Médico Forense
C) La Cadena de Custodia
D) Tratamiento e identificación forense
E) Práctica forense en necropsia
F) Base Nacional de Datos Genéticos
G) Sistema CODIS
H) Actuación Pericial
I) Catálogo de Especialidades Periciales
J) Análisis de Voz
K) Balística Forense
L) Sistema Automático de identificación
forense por superposición cráneo-facial
63
Para dar inicio a los trabajos, los integrantes
del grupo hicieron un reconocimiento por la
asistencia y participación del Comité de la Cruz
Roja Internacional1, en ese sentido, abrieron la
mesa de debate para el tema de certificación de
los servicios periciales en las instituciones de
procuración de justicia en México, puesto que
al ser un mandato legal, consideraron necesario
avanzar en el estudio de las obligaciones y
lineamientos que sustenten una estrategia para
atender oportunamente dichas normativas que
regulan las materias relativas a los procedimientos,
instalaciones y equipo de los laboratorios
forenses; de esa misma manera, para contar con
un grupo de funcionarios que instrumentarán la
etapa de certificación interestatal en calidad de
instancias normalizadoras, acordaron retomar el
proyecto de certificación en el que se realizarán las
evaluaciones respectivas de control de confianza
aplicadas por el Centro de Evaluación y Control
de Confianza de la Procuraduría General de la
República2 .
procesos de certificación y acreditación que
la antes mencionada instancia expide.
La doctora Luz María Reyna Carrillo Favela, Directora de
Servicios Periciales del Estado de Puebla, compartió que en su
entidad la totalidad de los peritos están evaluados en materia de
control de confianza.
Decretaron: Buscar un acercamiento con la
Entidad Mexicana de Acreditación (EMA),
con la finalidad de explorar diversos
escenarios e integrar conjuntamente una
propuesta que permita a las Direcciones de
Servicios Periciales del país acceder a los
En ese sentido, para la acreditación de
laboratorios por parte de la Entidad Mexicana
de Acreditación EMA, A. C., se incluyen aspectos
como el compromiso para lograr metas, un ciclo
de mejoramiento y un enfoque en el cliente,
para llevarlo a cabo es indispensable visitar los
laboratorios y conocer el personal, entender el
funcionamiento y determinar si los procedimientos
realmente se asemejan a los requisitos de la
norma internacional 17025 y así transitar a una
certificación.
1. El Comité Internacional de la Cruz Roja, surge en un derecho
humanitario que obliga a saber e informar sobre las personas
desaparecidas en algún conflicto armado, hace énfasis en la
recuperación de cuerpos en desastres naturales, procura la
identificación de los muertos y elabora el informe correspondiente,
hace la inhumación individual de las víctimas, su interés particular
es mitigar el sufrimiento y especialmente en las familias y allegados
de las víctimas.
2. En la XXV Sesión Ordinaria de la Asamblea Plenaria de la Conferencia
Nacional de Procuración de Justicia, celebrada en Tuxtla Gutiérrez,
Chiapas, los días 9 y 10 de junio de 2011, en el acuerdo 09/2011,
referente a los compromisos en el marco del Sistema Nacional de
Seguridad Pública, se estipuló que los directores de los servicios
periciales de los estados de la república, envíen al Centro de Control
de Confianza entre tres y cinco peritos en las áreas de criminalística,
alística, avalúos y medicina forense para el proceso de certificación.
64
procuradurías y fiscalías del país cuenten con
una bodega general para el almacenamiento final
de evidencias, y de una bodega temporal para el
resguardo y procesamiento de éstas durante las
diligencias de investigación.
Otro de los temas de vital importancia, sin duda,
es la identificación de cadáveres, en que lo ideal
es que todas las procuradurías y fiscalías del país
cuenten con un instrumento metodológico para
atender muertes violentas y tratar homicidios de
competencia local, todo esto regulado a través de
un protocolo para el tratamiento e identificación
forense.
Concordaron en que las bodegas deben de tener sus cuartos
refrigerantes para la conservación de la evidencia.
Asimismo, el Comité de la Cruz Roja Internacional
compartió el proyecto denominado “Protocolo
Único para la Gestión de Cadáveres en México”,
el cual aporta elementos a los propósitos de
homologación que en esta materia la Conferencia
Nacional impulsa; por ello y en ánimo de enriquecer
dicho protocolo, el Grupo de Trabajo remitirá sus
comentarios así como aportaciones al Comité de
la Cruz Roja Internacional, con el fin de integrar
una versión final y someterla a la consideración del
Pleno de Procuradores y Fiscales del país.
Decretaron: Para la aprobación en lo
general del Protocolo para el tratamiento
e identificación forense, y con la finalidad
de realizar observaciones y propuestas
que permitan su perfeccionamiento e
instrumentación, se integrará una versión
enriquecida por los integrantes del Grupo
para ser valorada.
En otro orden de ideas, para garantizar la
preservación del lugar de los hechos, hallazgos,
así como de los indicios y evidencias, en la
XXV Asamblea Plenaria se aprobó el Protocolo
de Cadena de Custodia3, en el que, entre
otros asuntos, surge la necesidad de que las
La propuesta conformada por el Grupo de
Servicios Periciales y Ciencias Forenses en relación
a la integración de la Base Nacional de Datos
Genéticos4, incorpora muestras genéticas para la
identificación de cadáveres, en el que se pueden
3 Es la serie de actividades para preservar indicios y evidencia, desde
su descubrimiento hasta que la autoridad competente ordene su
conclusión.
4. Su origen proviene del acuerdo CNPJ/XX/10/2008. Base de datos
de genética, de la XX Asamblea Plenaria celebrada en la ciudad de
Villahermosa, Tabasco, los días 17 y 18 de abril de 2008.
65
Finalmente, para dar unidad a las especialidades
forenses en nuestro país, se tomó conocimiento de
la propuesta para conformar un Catálogo Nacional
de Especialidades Periciales, presentada en la
Conferencia de Procuradores de la Zona Centro, y
en el que se acordó enriquecer dicho proyecto con
las aportaciones que las direcciones de Servicios
Periciales emitan.
establecer con certeza absoluta la identidad de las
víctimas con rangos mínimos de error. Todos estos
datos integrados a través del sistema CODIS, cuyo
proyecto de implementación permitirá aumentar la
capacidad de los laboratorios de genética forense
en México por su alta tecnología e infraestructura.
Decretaron: La entrega del cuestionario para
el diseño del plan de implementación del
sistema CODIS, a las direcciones de Servicios
Periciales de aquellas entidades federativas
que cuentan con laboratorio de genética.
En ese mismo sentido, se suscribe el Anexo
de Ejecución para la entrega del equipo y
software del sistema CODIS, así como para la
integración de muestras en el sistema.
El licenciado Juan Manuel Martínez Utrilla, Director General de
Servicios Periciales del Estado de Guerrero, propuso que quede
plasmado el tema de la dignificación del perito en México con
mejores salarios.
El ingeniero Miguel Oscar Aguilar Ruiz, Director General de la
Coordinación de Servicios Periciales de la Procuraduría General
de la República, solicitó que todas las entidades que instalarán
laboratorio de genética lo manifiesten, a fin de que se instale el
sistema CODIS.
66
Participaron
El Subprocurador General de la Procuraduría
General de Justicia del Estado de México.
El Director General de Servicios Periciales del
Estado de Chiapas.
la República.
El Director de Servicios Periciales y Ciencias
Forenses del Estado de Chihuahua.
Estado de Coahuila.
El Coordinador de Planeación y Administración de
México.
Estado de Colima.
El Director General del Instituto de Servicios
Periciales del Estado de México.
El Coordinador General de Servicios Periciales de
la Procuraduría General de Justicia del Distrito
Federal.
El Titular del Centro de Evaluación y Control
República.
El Coordinador General de Servicios Periciales del
Estado de Guanajuato.
El Director de Biología Molecular y Especialidades
Criminalísticas de la Procuraduría General de la
República.
Estado de Guerrero.
Estado de Hidalgo.
El Jefe del Departamento de Criminalística de
Campo de la Dirección General de la Coordinación
de Servicios Periciales de la Procuraduría General
de la República.
El Director General del Instituto Jalisciense de
Ciencias Forenses. El Jefe de Departamento de
Medicina Forense del Estado de Michoacán.
Estado de Aguascalientes.
El Coordinador General de Servicios Periciales y
Atención a Víctimas del Estado de Morelos.
La Directora General de Servicios Periciales del
Estado de Baja California.
El Coordinador de Criminalística y Servicios
Periciales del Estado de Nuevo León.
El Director de Servicios Periciales del Estado de
Baja California Sur.
El Director del Instituto de Servicios Periciales del
Estado de Oaxaca.
Campeche.
La Directora de Servicios Periciales del Estado de
Puebla.
67
Participaron
Querétaro.
La Experta Forense Internacional de la Cruz Roja.
La Jefa del Departamento de Identificación del
Servicio Médico Forense del Distrito Federal.
El Director de Servicios Periciales de San Luis
Potosí.
El Director en México del Programa Internacional
para el Adiestramiento en la Investigación
Criminal (ICITAP), Departamento de Justicia de
los Estados Unidos de América.
El Director de Investigación Criminalística y
Servicios Periciales del Estado de Sinaloa.
Estado de Tabasco.
La Directora Ejecutiva de la Entidad Mexicana de
Acreditación EMA, A. C.
Tamaulipas.
Tlaxcala.
Veracruz.
El Perito en Identificación en Informática de la
Dirección de Servicios Periciales del Estado de
Veracruz.
El Director de Identificación y Servicios Periciales
del Estado de Yucatán.
Zacatecas.
68
3ª Sesión Ordinaria del Comité
Técnico de Investigación
Científica y Ministerial
22 de agosto de 2011
69
Integrantes del Comité Técnico de Investigación Científica y Ministerial.
TEMAS A TRATAR
En cumplimiento al mandato realizado por el
Pleno de la Conferencia Nacional de Procuración
de Justicia, se celebró en el Salón Procuradores de
la Procuraduría General de la República, la Tercera
Sesión del Comité Técnico de Investigación
Científica y Ministerial.
A) Sentencia de la Corte Interamericana
de Derechos Humanos, “Campo
Algodonero”
B) Protocolo único de investigación de
delitos relacionados con desapariciones
de mujeres, delito de violación de mujeres
y del delito de homicidio de mujeres por
razones de género (proyecto)
C) Base Nacional de Datos de Personas
Desaparecidas
Atender los elementos que componen la sentencia
emitida por la Corte Interamericana de Derechos
Humanos1, en materia de personas desaparecidas
1. El 10 de diciembre de 2009, día en el que se conmemora la firma
de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Corte
Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH o Corte) publicó
la sentencia del caso Campo Algodonero, en la que condena
al Estado mexicano por violar los derechos humanos de tres
mujeres desaparecidas, torturadas (la Corte utiliza los términos de
maltratadas o vejadas) y asesinadas en Ciudad Juárez, México, así
como por violar derechos humanos de sus madres y familiares.
71
e ilícitos contra mujeres, fue uno de los objetivos
que motivó a los integrantes del Comité a debatir,
analizar y continuar con las acciones que le
corresponden a las instancias de procuración
de justicia en México, referentes a contar con
estándares nacionales para la investigación de
estos ilícitos contra mujeres, así como bancos
nacionales de datos de personas desaparecidas e
información de datos genéticos.
En ese sentido, la licenciada Yessica de Lamadrid
Téllez, Directora General de Cooperación
Internacional de la Procuraduría General de la
República, indicó que existen dos resolutivos en
la materia, el primero enfocado en que la Corte
Interamericana resolvió que no todos los estados
manejan un estándar para atender los feminicidios;
por ello, el Congreso de la Unión crea un estándar
nacional para poder investigar los delitos en contra
de mujeres por razones de género; el segundo
resolutivo consta de contener una base de datos
de personas desaparecidas, además de contar con
una base de datos de genética forense.
Decretaron: Integrar un Protocolo único
de investigación, instrumento que ha sido
estudiado en el seno de este Comité Técnico
y que se desarrolla con el apoyo técnico
del Instituto Nacional de Ciencias Penales
(Inacipe).
La maestra Sara Irene Herrerías Guerra, Fiscal Especial para
Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas de la
Procuraduría General de la República, compartió el sistema para
erradicar la violencia de las mujeres. Participan los institutos de las
mujeres de cada estado y además tienen la misma preocupación
para conocer el número de feminicidios por violencia de género.
Finalmente, el Comité Técnico conoció el grado
de avance que reporta la integración de la Base
Nacional de Datos de Personas Desaparecidas,
y coincidieron que se debe modificar la
denominación de esta Base Nacional, para referirla
a “Personas no Localizadas”.
La licenciada Yessica de Lamadrid Téllez, Directora General de
Cooperación Internacional de la Procuraduría General de la
República, precisó que es de gran interés que se precise el número
de mujeres privadas de la vida en razón de género, sin embargo
no se tiene una estadística clara en relación de feminicidios por
razón de género.
72
La licenciada Yessica de Lamadrid Téllez, explicó que el sistema
CODIS actualmente es el seis punto cinco y la nueva versión de
CODIS siete punto cero sale a partir de octubre, por lo tanto
México será el primer país que tendrá esta innovación.
República, propuso que también es necesario presentar casos de
éxito en el tema de violencia por género.
Asimismo, el ingeniero Gerardo Vega Skorlich,
Director General de Análisis para el Combate
Contra la Delincuencia del Centro Nacional
de Planeación, Análisis e Información para el
Combate a la Delincuencia de la Procuraduría
General de la República, argumentó que dicha
Base Nacional dará como resultado una estadística
real y el porqué se puede mantener a una persona
con el estatus de desaparecida en la base de datos.
cumplimiento se estará en condiciones de reportar
avances al Pleno de Procuradores en su próxima
Asamblea Nacional, para lo cual reiteraron la
necesidad de atender oportunamente estos
compromisos.
Decretaron: La modificación de la
denominación de la Base Nacional de Datos,
para referirla a “Personas no Localizadas”,
así como el método de alertas tempranas a
través del portal interprocuradurías con los
criterios de registro y baja de datos.
Por ello, los compromisos asumidos por este
Grupo de Especialistas para la integración de la
Base Nacional se definieron de conformidad con
el calendario presentado en esta sesión; de su
El licenciado Jorge Alberto Lara Rivera dio la más cordial
bienvenida a la maestra Sonia Yadira de la Garza Fragoso, Fiscal
General del Estado de Durango, por integrarse a los trabajos del
Comité.
73
Participaron
República.
El Agente del Ministerio Público de la Fiscalía
General del Estado de Chihuahua.
El Fiscal Especializado en Atención a Víctimas y
Ofendidos del Delito de Chihuahua.
La Coordinadora General Jurídica de la
Procuraduría General de Justicia del Estado de
Guanajuato.
El Director General de Análisis en contra de la
Delincuencia del Centro Nacional de Planeación,
República.
La Coordinadora de Derechos Humanos de la
Guanajuato.
La Fiscal Especializada en Feminicidios de la
Guerrero.
La Directora General de Cooperación Internacional
de la Procuraduría General de la República.
La Directora de Estrategia y Análisis en la
Coordinación General Técnica de la Fiscalía
Especializada para Delitos de Violencia contra las
Mujeres y Trata de Personas de la Procuraduría
El Asesor Jurídico del C. Procurador General de
Justicia del Estado de Oaxaca.
La Directora General de Atención a Víctimas y
Justicia Alternativa de la Procuraduría General de
Justicia del Estado de Sonora.
La Fiscal General del Estado de Durango.
El Coordinador de Asesores del C. Procurador
General de Justicia del Estado de Tabasco.
Puebla.
El Director General de Investigación Ministerial de
Veracruz.
Estado de Campeche.
El Fiscal Especializado en Derechos Humanos,
Atención a Víctimas y Servicios a la Comunidad
de Chiapas.
El Asesor Jurídico del C. Procurador General de
Justicia del Estado de Zacatecas.
de Justicia.
La Fiscal de Control de Procesos y Legalidad de la
Fiscalía General del Estado de Coahuila.
El Director de Amparo y Procesos Penales de la
Fiscalía General del Estado de Chihuahua.
74
13ª Sesión Ordinaria del Grupo de
Planeación y Análisis Estratégico para el
Combate al Delito de Secuestro
26 de agosto de 2011
75
Integrantes del Comité Técnico de Investigación Científica y Ministerial.
Integrantes del Grupo de Planeación y Análisis Estratégico para el Combate al Delito de Secuestro.
Al destacar la importancia de la suma de
esfuerzos y la estrecha coordinación de autoridades
de los tres órdenes de gobierno, para contener y
abatir la acción de los secuestradores, la Titular de
la Subprocuraduría de Investigación Especializada
en Delincuencia Organizada (SIEDO), la maestra
Patricia Bugarín Gutiérrez, destacó que la agenda
temática de la Décima Tercera Sesión Ordinaria del
Grupo de Planeación y Análisis Estratégico para el
Combate al Delito de Secuestro, que se llevó a
cabo el pasado 26 de agosto en Mazatlán, Sinaloa,
“evoca por sí misma una de las aspiraciones más
altas del ser humano, que es la libertad”.
TEMAS A TRATAR
A) Estadística Nacional de Secuestro
B) Combate al secuestro en México
C) Potenciación de las UECS
D) Programa Nacional contra el Secuestro
E) Campaña Nacional de Prevención
F) Cooperación interinstitucional en la
investigación del secuestro
G) Protocolos de actuación operativa
H) Procesos de capacitación
I) Control y Confianza
J) Recursos presupuestales
77
Con la finalidad de conocer el comportamiento
del fenómeno delictivo, el grupo de trabajo
asumió el compromiso de alimentar y mantener
actualizadas las cifras estadísticas contenidas en
los análisis de la atención integral al fenómeno
delictivo del secuestro, para lo cual en forma
periódica se remitirá la información a los enlaces
de la Procuraduría General de la República a través
del Cenapi, y la Secretaría de Seguridad Pública
Federal a través de la Policía Federal.
La maestra Patricia Bugarín Gutiérrez, Subprocuradora de
Investigación Especializada en Delincuencia Organizada de la
Procuraduría General de la República (izquierda), manifestó
que es un honor participar en esta reunión convencida de que
fortalecerá la estrategia nacional e integral contra el delito
de secuestro; además, agradeció al licenciado Marco Antonio
Higuera Gómez por su compromiso y las facilidades dadas para el
desarrollo de la reunión.
Decretaron: Aportar la información necesaria
para la integración del denominado Tablero
de Vigentes que concentra la Policía Federal,
y donde se presenta en forma gráfica
el estatus que guardan los procesos de
investigación contra el delito de secuestro
con datos de víctimas y detenidos, el cual
podrá ser consultado por los titulares de las
Unidades Especializadas contra el Secuestro.
Para el tema de potenciar a las UECS, la licenciada
Luz María Hernández Delgado, Directora General
de la Unidad Especializada en Combate al
Secuestro, manifestó que el reto es integrar las
Unidades con personal evaluado y capacitado,
además de la conformación de un protocolo
de actuación, con el objeto de que en todos los
estados se aplique un mismo marco normativo.
El licenciado Gilberto Castellanos Salazar, Fiscal Especializado
para el Combate al Secuestro de la Procuraduría General de
Justicia del Estado de Tabasco (izquierda), compartió un caso de
falta de coordinación con las instancias federales en el combate al
delito de secuestro en su estado.
Decretaron: Buscar espacios de diálogo con
las secretarías de la Defensa Nacional y de
Marina Armada de México, con la finalidad
de compartirles los protocolos y procesos
utilizados por las Unidades Especializadas
78
contra el Secuestro, coordinar esfuerzos
y acciones en la atención a este fenómeno
delictivo en donde intervengan elementos de
las fuerzas armadas.
de plan de acción para la implementación de
la “Campaña CANCE”, que incluye propuestas
de imagen de implementación. De esta manera
se abre la posibilidad de avanzar en cumplir con
los compromisos de dar a conocer a las UECS.
Además de fomentar la denuncia, sensibilizar a
la sociedad del impacto negativo del secuestro
y ubicar a las víctimas y familiares cercanos, así
como el compromiso de establecer una campaña
a nivel nacional con creatividad.
Figura 1. Procedimientos de la Estrategia Nacional e Integral
contra el Delito de Secuestro.
Hoy en día la delincuencia organizada ha permeado
en la sociedad, muchos secuestros son entre los
delincuentes, por ello es indispensable tener
cuidado en el momento de obtener información,
con la finalidad de saber de dónde proviene para
verificar si las víctimas también están involucradas
con delincuencia organizada, lo anterior lo
argumentó el licenciado José Martín Gutiérrez
Larrañaga, Coordinador General de la Unidad
Especializada Antisecuestros de la Procuraduría
General de Justicia del Estado de Sinaloa.
La maestra Patricia Bugarín Gutiérrez indicó que es necesario
aprovechar el factor del trabajo de organizaciones no
gubernamentales y observatorios ciudadanos, para sumar el
trabajo de la sociedad con las UECS.
Decretaron: Asumir el compromiso de
integrar las Comisiones de Evaluación y
Seguimiento que prevé el PRONAS. En dichas
Comisiones, las Unidades Especializadas
participarán a través de los representantes
de zona que fueron definidos en la Decima
Segunda Reunión Nacional.
Aunado a lo anterior, el Programa Nacional para
prevenir y Sancionar el Secuestro denominado
PRONAS, se establece la generación de una
Campaña Nacional de Prevención del Delito y
Combate al Secuestro, lo cual obedece la propuesta
Respecto al tema de Cooperación Interinstitucional,
el licenciado Rodrigo Archundia Barrientos, Titular
79
de apoyo que ofrece la Policía Federal en la
investigación de secuestros del orden común, en
forma directa a través de funcionarios federales
que coadyuven con los funcionaros locales.
de la Unidad Especializada en Investigación
de Secuestros de la Procuraduría General de la
República, argumentó que la propuesta es trabajar
en un protocolo de cooperación a fin de formalizar
la forma como ya se trabaja actualmente, para
que no se desarticule el esfuerzo y se trabaje de
manera coordinada en los tres niveles de gobierno.
El delito de secuestro afecta en gran medida a
la víctima en cuestiones psicológicas, físicas y
materiales, por lo tanto, surge la obligación de
generar un reglamento para un fondo de apoyo a
las víctimas del secuestro (véase figura 2), el cual
se divide en dos partes; la primera en protección
a la víctima; y la segunda, en atención a víctimas,
que consiste en asistencia médica, jurídica y
económica. De esa manera, la Procuraduría General
de la República compartió con los integrantes
del Grupo de Planeación y Análisis Estratégico,
el modelo federal de apoyo para las víctimas u
ofendidos del delito de secuestro, previsto en la
Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos
en Materia de Secuestro.
El licenciado Arturo José Ambrosio Herrera, Titular de la Unidad
Especializada en Combate al Secuestro de la Procuraduría General
de Justicia del Estado de Campeche (izquierda), reflexionó sobre
el equipamiento de las UECS; la voluntad y el compromiso están
puestos y se manifiesta sobradamente; también manifestó su
preocupación por la falta de cursos básicos y por la movilidad del
personal de las UECS.
Decretaron: Definir conjuntamente un
proyecto de lineamientos generales que
normen la actuación coadyuvante de las
diferentes autoridades locales y federales,
lo cual nos permita dar certeza jurídica y
potenciar las investigaciones ministeriales.
En dichos lineamientos de cooperación y
coordinación se considerarán los procesos
Figura 2. Medidas de Atención y Protección a víctimas de
Secuestro.
80
Finalmente, todo el esfuerzo está encaminado
para combatir este flagelo que impacta a toda la
sociedad; es así que cuando se crean las Unidades
Especializadas en Combate al Secuestro, se
pensó, en primera instancia, contar con personal
altamente capacitado mediante evaluaciones de
control de confianza. Es así que:
Decretaron: Generar propuestas específicas
respecto de la aplicación de estos procesos
con base en los resultados históricos que
esta actividad arroja para las Unidades
Especializadas.
Respecto a lo anterior, el Grupo de Trabajo acordó
incorporar este tema en la Agenda de la Comisión
de Evaluación y Seguimiento encargada de las
Unidades Especializadas en Combate al Secuestro,
prevista en el PRONAS, donde participan diversas
instancias federales y locales.
El licenciado Rodrigo Archundia Barrientos, Titular de la
Unidad Especializada en Investigación de Secuestros de la PGR,
compartió su experiencia en la aplicación de la nueva Ley General
en materia de Secuestro, y se manifestó dispuesto por compartir
esas experiencias con todos los titulares de las UECS.
81
Participaron
Sinaloa.
El Director de Información contra el Secuestro de
La Coordinadora de Investigación de Gabinete
de la Policía Federal de la Secretaría de Seguridad
Pública Federal.
El Comisionado General de la Policía Federal de la
Secretaría de Seguridad Pública Federal.
La Directora General de Control de Confianza de
la Policía Federal de la Secretaría de Seguridad
Pública Federal.
El Coordinador General de la Unidad Especializada
Antisecuestros de la Procuraduría General de
Justicia del Estado de Sinaloa.
La Titular de la Unidad de Informes de Gestión
de la Policía Federal de la Secretaría de Seguridad
Pública Federal.
El Director General de Delitos Contra la Salud y
Relacionados del Centro Nacional de Planeación,
República.
La Titular del Centro Nacional de Certificación
y Acreditación del Secretariado Ejecutivo del
Sistema Nacional de Seguridad Pública.
La Directora de Área de la Policía Federal.
El Titular de la Unidad Especializada en
Investigación de Secuestros de la Procuraduría
El Director Antisecuestros de la Procuraduría
General de Justicia del Estado de Aguascalientes.
El Titular de la Unidad Estatal de Atención al
Delito de Secuestro de la Procuraduría General de
Justicia del Estado de Baja California.
La Directora General de Formación Profesional de
El Director General de Prevención del Delito
y Servicios a la Comunidad de la Procuraduría
El Director de Inteligencia y Análisis Criminal de
El Director General Adjunto de Evaluación
República.
del Estado de Campeche.
El Director de Normatividad Ministerial, Policial
y Criminalística de la Procuraduría General de la
República.
El Jefe de la Unidad Especializada contra el Delito
de Secuestro de la Fiscalía Especializada contra
la Delincuencia Organizada de la Procuraduría
General de Justicia del Estado de Chiapas.
82
El Coordinador Estatal de la Unidad Modelo de
Atención al Delito de Secuestro de la Fiscalía
General del Estado de Chihuahua.
El Director de la Unidad Especializada para el
Combate al Secuestro de la Procuraduría General
de Justicia del Estado de Nuevo León.
El Titular de la Unidad Especializada para el
de Justicia del Estado de Colima.
El Coordinador de la Unidad Especializada para el
de Justicia del Estado de Oaxaca.
El Fiscal Especial de Investigación para la Atención
del Delito de Secuestro de la Procuraduría General
de Justicia del Distrito Federal.
El Director General de Atención a Víctimas del
Delito de Secuestro de la Procuraduría General de
Justicia del Estado de Puebla.
El Coordinador General de Ministerios Públicos
de la Fiscalía para el Combate al Secuestro de la
Fiscalía General del Estado de Durango.
El Director de la Policía Judicial Zona Norte de
Quintana Roo.
El Fiscal Especial de Secuestros de la Procuraduría
del Estado de San Luis Potosí.
El Coordinador General de la Policía Ministerial de
Guanajuato.
de Justicia del Estado de Sonora.
La Directora General de la Unidad Especializada en
de Justicia del Estado de Hidalgo.
El Fiscal Especializado para el Combate al
Secuestro de la Procuraduría General de Justicia
del Estado de Tabasco.
de Justicia del Estado de Jalisco.
de Justicia del Estado de Tamaulipas.
La Titular de la Unidad Especializada para
el Combate al Secuestro y Extorsiones de la
Michoacán.
El Coordinador del Módulo de Secuestro de la
Tlaxcala.
El Jefe de Grupo adscrito a la Unidad Especializada
para el Combate al Secuestro de la Procuraduría
General de Justicia del Estado de Nayarit.
El Subcoordinador de la Unidad Especializada para
el Combate al Secuestro de la Procuraduría General
de Justicia del Estado de Veracruz.
83
Participaron
El Director General de Investigaciones y Titular
de la Unidad Especializada para el Combate al
Secuestro de la Procuraduría General de Justicia
del Estado de Zacatecas.
84
2ª Sesión de Seguimiento del Consejo
de Coordinación para el XI Encuentro
Nacional de Presidentes de Tribunales
Superiores de Justicia y Procuradores
Generales de Justicia
6 de septiembre de 2011
85
XI Encuentro Nacional de Presidentes de Tribunales Superiores de Justicia y Procuradores Generales de Justicia
En seguimiento a los acuerdos generados
en su primera sesión ordinaria, así como en la XV
Asamblea Plenaria de la CNPJ, los integrantes de
este órgano de control celebraron su Segunda
Sesión en el Salón Procuradores de la Procuraduría
General de la República, con el propósito
de conformar la Agenda Temática para el XI
Encuentro Nacional de Presidentes de Tribunales
Superiores de Justicia y Procuradores Generales
de Justicia e impulsar las acciones necesarias que
permitan atender los compromisos adquiridos por
las instancias de procuración de justicia del país.
TEMAS A TRATAR
A) Fortalecimiento del Ministerio Público
B) Frontera Sur
C) Reforma legal en telecomunicaciones
D) Rubros temáticos para el XI Encuentro
Nacional
87
Los integrantes del consejo conocieron las
propuestas conformadas por las instituciones
educativas (véase figura 1), para integrar un
diagnóstico de la figura del Ministerio Público con
la finalidad de fortalecerla, en el que el licenciado
Alfredo Higuera Bernal, Asesor de la C. Procuradora
General de la República, manifestó que la idea es
aprovechar la transición de un sistema a otro para
fortalecerlo en materia de procuración de justicia;
además, agregó que dicho análisis permitirá
obtener un plan integral por parte de especialistas.
El licenciado Abel Murrieta Gutiérrez, Procurador General
de Justicia del Estado de Sonora y Representante de la Zona
Noroeste, expresó que el objetivo es generar un diagnóstico;
lo elemental es la circunstancia de ese diagnóstico, que debe
ser muy real y de consumo interno; reflexionó que es necesario
conocer lo que se tiene y con lo que se cuenta para valorar lo que
exige la sociedad.
Decretaron: Focalizar el diagnóstico a la
realidad situacional del Ministerio Público
en México y se solicitará a las instituciones
educativas
adecúen
las
propuestas
metodológicas y financieras para difundirlas a
los integrantes del Consejo de Coordinación.
La doctora Erika Santoyo Morales, Directora General de Políticas
Públicas y Coordinación Interinstitucional, indicó que si todos
están de acuerdo, el estudio puede generarse de manera básica, a
fin de tener un diagnóstico más sencillo.
Figura 1. Instituciones educativas que propusieron un diagnóstico
de la figura del Ministerio Público.
88
En lo que respecta a la frontera sur, el maestro
Alejandro Ramos Flores, Coordinador de Asesores
de la C. Procuradora General de la República,
manifestó que el tema de migrantes es de mayor
importancia y que el fenómeno de frontera sur
abarca aspectos como los cruces no oficiales, el
tráfico ilegal de animales en peligro de extinción,
tala ilegal, así como el tráfico de armas y personas.
ciertas circunstancias, medidas como el bloqueo
y suspensión; explicó, además, que la Ley Federal
de Telecomunicaciones asevera la posibilidad de
llevar un registro y control de usuarios; finalmente,
se pretende que la ley permita el bloqueo de líneas
cuando sean utilizadas en secuestro o extorsión,
fraude u otros delitos.
Es así que, el doctor Miguel Ángel Mancera
Espinosa, Procurador General de Justicia del
Distrito Federal, indicó que uno de los puntos de
la Conago destaca en los registros biométricos de
extranjeros que ingresan al país, además de crear
tarjetas biométricas de las formas migratorias;
finalmente, precisó que es de gran importancia
conocer los compromisos de Conago para estar en
el mismo canal.
El licenciado Renato Sales Heredia, Procurador General de
Justicia del Estado de Campeche y Representante de la Zona
Sureste, indicó que el problema de la migración hacia México es
de importancia y su necesidad de atenderlo es prioritaria.
Decretaron: Aprobar la realización de una
reunión de trabajo especializada donde
se convoque a la Secretaría de Relaciones
Exteriores y el Instituto Nacional de
Migración, para analizar conjuntamente
este fenómeno y las implicaciones que en
procuración de justicia se presentan, con el
fin de encontrar puntos de coincidencia y
generar acciones conjuntas.
Decretaron: Propuesta de una posible
adecuación al artículo 44 de la Ley Federal
de Telecomunicaciones, con la finalidad
de obtener mejores mecanismos para la
investigación de ilícitos.
Por último, se definieron los rubros que
conformarán la Agenda Temática para el XI
Encuentro Nacional de Presidentes de Tribunales
Superiores de Justicia y Procuradores Generales de
Justicia.
En materia de telecomunicaciones, afirmó
el licenciado Jorge Alberto Lara Rivera,
Subprocurador Jurídico y de Asuntos
la República, que el objetivo consiste en aplicar
a las líneas telefónicas que se encuentran bajo
89
Participaron
El Subprocurador de Control Regional,
Veracruz y Sede del XI Encuentro Nacional.
República.
la República.
República.
El Coordinador de Asesores de la C. Procuradora
República.
90
3ª Sesión Ordinaria del Comité
Técnico de Certeza Jurídica y
Respeto a los Derechos Humanos
91
Integrantes del Comité Técnico de Certeza Jurídica y Respeto a los Derechos Humanos.
TEMAS A TRATAR
A) La detención en caso urgente
B) Homicidios contra servidores públicos
C) Homicidio de mujeres por razón de
género
Con la finalidad de conformar su nueva
agenda temática y generar propuestas concretas
ante la Asamblea Plenaria y las Conferencias
de Zona, el Comité Técnico de Certeza Jurídica
y Respeto a los Derechos Humanos celebró su
tercera sesión ordinaria en el Salón Procuradores
de la Procuraduría General de la República.
La agenda comprende el rubro referente a la figura
de la medida cautelar denominada detención
por caso urgente, propuesta presentada por el
licenciado Arsenio Durán Becerra, Procurador
General de Justicia del Estado de Querétaro, en la
que sugirió una modificación al texto del artículo
93
dieciséis constitucional, para que no se precise a
delitos catalogados como grave sino cualquier
delito que tenga como pena privativa de la
libertad y que se suprimiera el no poder acudir al
órgano jurisdiccional por razón de la hora, lugar o
circunstancia.
Decretaron:
Emitir
aportaciones
y
comentarios en donde adicionalmente
realicen ejercicios de Derecho comparado para
conocer la experiencia internacional en esa
figura, así como el posible comportamiento
de esta figura tanto en el sistema tradicional
de justicia como en el oral-adversarial.
República, compartió que por parte del Ejecutivo federal se
presentó una iniciativa respecto al tema de homicidios en contra
de servidores públicos, pero la justificación de la reacción de la
forma o el estándar de protección a los servidores públicos es
muy relevante en otros países y es necesario avanzar en ese tema.
Figura 1. Medios de comunicación respecto a ataques de
servidores públicos.
Por lo que compete a la iniciativa presentada
por el licenciado Omar Lenin Luna, Coordinador
General de Asesores de la Procuraduría General
de Justicia del Estado de Jalisco en materia de
homicidios contra servidores públicos, manifestó
en primer término que la Constitución se reformó
para establecer un sistema complementario como
parte de la reforma de justicia, y cuya iniciativa
mostrada tiende a dar seguridad a los servidores
públicos. Argumentó que durante los últimos
años se ha visto que diversos servidores públicos
han muerto en su deber y en el ámbito de la
administración o procuración de justicia, por ello
la preocupación de establecer un marco jurídico
que combata o inhiba esta actividad.
Es por ello que se pretende darle oportunidad al
Ministerio Público de detener por caso urgente,
de manera fundada y motivada a una persona
por la probable responsabilidad de un delito que
tenga pena privativa de la libertad y evitar que el
sujeto se sustraiga de la justicia, en ese sentido,
ese criterio queda sujeto al órgano jurisdiccional
correspondiente.
94
Decretaron: Estudiar el proyecto de iniciativa
y emitir aportaciones con la finalidad
de enriquecerlo y que se remitirán a la
Procuraduría General de Justicia del Estado
de Jalisco para su valoración.
El licenciado Arsenio Durán Becerra, Procurador General de
Justicia del Estado de Querétaro, se sumó a la propuesta de tener
una pena ejemplar en estos casos, y se señale cuando el delito
se realice por las funciones del servidor público, cuidar que se
puntualice que el daño causado en el ejercicio o por las funciones
del servidor público.
Dentro del tema de homicidio de mujeres por
razón de género, el Grupo de Trabajo conoció
los motivos que llevaron a la maestra Sara Irene
Herrerías Guerra, Fiscal Especial para Delitos de
de la Procuraduría General de la República, a
luchar para que este delito sea una agravante y no
un tipo penal, en el que explicó que se difundió
un documento con los siguientes criterios: en el
sujeto activo y la víctima haya existido parentesco
por consanguinidad o afinidad; en el cuerpo de la
víctima haya signos de violencia sexual; contra la
víctima se haya infligido mutilación; y finalmente
cuando el cuerpo de la víctima haya sido
abandonado en un lugar público y se desprende
que se privó la vida a la mujer por ser mujer.
Figura 2. Actos en contra de servidores públicos.
Figura 3. Elementos de la iniciativa del estado de Jalisco.
95
La maestra Sara Irene Herrerías Guerra, Fiscal Especial para
Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas de
la Procuraduría General de la República, consideró que se deben
definir los criterios en la tipificación, a fin de acreditar el elemento
subjetivo de ser mujer, tal y como se acredita al presentar
violencia sexual; un ejemplo polémico es que el cuerpo de la
víctima sea expuesto o arrojado en un lugar público sin presentar
más muestras de violencia.
Decretaron: Una nueva propuesta que será
presentada en el marco del XI Encuentro
Nacional de Presidentes de Tribunales
Superiores de Justicia y Procuradores
Generales de Justicia, en el que acordaron
emitir aportaciones y comentarios para
enriquecer los criterios previo a su
presentación.
Por último, este órgano de estudio coincidió con
la propuesta presentada por la Procuraduría del
Estado de México, referida a la integración de
una miscelánea de temas constitucionales que en
procuración de justicia han sido encomendados
para su estudio y que en conjunto deben ser
valorados y estudiados con miras a integrar un
proyecto de reforma de gran calado.
96
Participaron
El
Subprocurador de Control Regional,
El Director General Jurídico Normativo de la
Chiapas.
República.
La Fiscal Especializada para la Investigación
de Delitos Sexuales y Violencia Familiar de la
Guerrero.
La Agente del Ministerio Público Especial para la
Atención de Delitos Electorales de la Procuraduría
General de Justicia del Estado de Veracruz.
El Director de Agregadurías de la Procuraduría
de Justicia.
El Director de Normatividad Ministerial, Policial
y Criminalística de la Procuraduría General de la
República.
Querétaro.
El Subprocurador Jurídico de la Procuraduría
El Coordinador General de Asesores de la
Jalisco.
El Coordinador de Agentes del Ministerio Público
de Morelos.
La Directora General de Derechos Humanos de la
Procuraduría General del Estado de Morelos.
97
3ª Sesión Ordinaria del Comité Técnico
de Coordinación y Cooperación
Nacional e Internacional
99
Integrantes del Comité Técnico de Coordinación y Cooperación Nacional e Internacional.
TEMAS A TRATAR
A) Programa de Capacitación Presencial
B) Vehículos asegurados
C) Convenio
de
Colaboración
Interprocuradurías
D) Medidas cautelares
E) Convenio de prevención y protección de
periodistas
La conformación de propuestas encaminadas
a generar acciones coordinadas con visión nacional
en el convenio de prevención y protección de
periodistas, el intercambio de información de
vehículos asegurados, así como el Convenio
de Colaboración Interprocuradurías, son las
tareas que la Conferencia encomendó al Comité
Técnico de Coordinación y Cooperación Nacional
e Internacional, para celebrar su tercera sesión
ordinaria, en la Ciudad de México, en el salón
Procuradores de la Procuraduría General de la
República.
101
a periodistas; además, manifestó que existe un
elevado interés de sumarse a los mecanismos de
diversos estados: Aguascalientes, Baja California,
Guerrero, Morelos, Sonora y Tabasco.
Decretaron: Impulsar la emisión de
aportaciones y comentarios de cada una
de las zonas representadas, que a su vez
serán enviadas al Secretariado Técnico para
su compilación y realizar una emisión final a
la propia Secretaría de Gobernación para su
valoración.
La doctora Erika Santoyo Morales, Directora General de Políticas
Públicas y Coordinación Interinstitucional de la PGR, precisó fijar
un término para hacer las observaciones correspondientes al
Proyecto de Convenio de prevención y protección de periodistas,
y solicitó a los integrantes del Comité Técnico impulsar los
comentarios para someterlo a consideración del Pleno de la
Conferencia Nacional.
Al abrir el diálogo encaminado al convenio
de prevención y protección de periodistas1,
la licenciada Dora Alicia Martínez Valerio,
Coordinadora de Asesores del C. Subsecretario
de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la
Secretaría de Gobernación, presentó una propuesta
del convenio en la que se generen acciones para
garantizar la libertad de expresión y protección
1 El 3 de noviembre de 2010, las secretarías de Gobernación
(Segob), de Relaciones Exteriores, de Seguridad Pública, así como
la Procuraduría General de la República, la Comisión Nacional de
los Derechos Humanos (CNDH) y la Oficina Regional de Naciones
Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), firmaron el Convenio
de coordinación para la implementación de acciones de prevención y
protección a periodistas.
Es así que, el 3 de diciembre de 2010, quedó formalmente instalado
el Comité Consultivo para la Implementación de Acciones de
Prevención y Protección a Periodistas, como órgano responsable de
definir y llevar a cabo las acciones necesarias en el ámbito federal para
la eficaz implementación de medidas de prevención y protección de
quienes ejercen la labor periodística.
En otro orden de ideas, entrando al tema
de vehículos asegurados, los integrantes
del Grupo de Trabajo determinaron, como
objetivo, crear un instrumento informático
que contenga datos de denuncias e incorporar
información de aseguramientos ministeriales
que realiza la autoridad competente, para evitar
el almacenamiento de vehículos y facilitar su
destino final. Es así que se estableció una línea
de cooperación, mediante la suscripción de un
Protocolo2 para el intercambio de información,
2 Tiene como finalidad sentar las bases para que la Procuraduría
General de Justicia en el Distrito Federal, procuradurías generales de
justicia, fiscalías o sus equivalentes en las entidades federativas y la
Procuraduría General de la República (PGR), conformen una Base de
Datos de orden ministerial y judicial, que permita al Gobierno Federal
responder a las demandas de información de la sociedad y seguir
avanzando en el perfeccionamiento de la procuración de justicia en
el país.
102
que permita que los vehículos que cuentan con
denuncia de robo suscitado en las entidades
federativas, previa al aseguramiento y puestos a
disposición del Ministerio Público de la Federación
o autoridades judiciales competentes, puedan
ser devueltos de manera expedita a sus legítimos
propietarios, en caso de resultar procedente.
Decretaron: Emitir aportaciones y propuestas
para enriquecer el Proyecto de Protocolo que
establece los lineamientos a que se sujetará
el intercambio de información en materia de
vehículos asegurados.
en el marco de la XVIII Asamblea Plenaria,
manifestó la oportuna necesidad de valorar las
ventajas en la aplicación del convenio y, en su
caso, incorporar nuevos rubros para enriquecerlo.
En ese sentido, entre otros temas, se presentó la
propuesta en intercambio de información:
§ (+'$-'( $$k) '$)$ )$ )0)$
de hechos delictivos no sólo ante el Ministerio
Público, sino ante la policía; incorporar indicadores
que reflejen la eficacia de las procuradurías;
informar sobre la localización sobre probables
responsables, víctimas o sus bienes; compartir
información de bienes relacionados en materia
de extinción de dominio; así como prever la
compartición de datos con sistemas nacionales
e internacionales de bienes relacionados con la
comisión de ilícitos.
En esta sesión el Comité Técnico continúa con el estudio
de intercambio de información a través de las herramientas
electrónicas que en la Conferencia se han instrumentado, en
particular con la información referida a los vehículos asegurados
que cuentan con denuncias de robo en las entidades federativas.
El licenciado Jorge Alberto Lara Rivera,
Subprocurador Jurídico y Coordinador de Asuntos
República, al referirse al tema del Convenio de
Colaboración Interprocuradurías que fue suscrito
103
Los integrantes del Comité Técnico asumieron el compromiso de
impulsar el análisis y envío de información de las procuradurías
que integran las respectivas zonas a las que pertenecen.
Decretaron: Analizar el contenido del
temario para emitir aportaciones y
comentarios, cuya revisión final será enviada
a la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos
Internacionales, quien será la encargada
de valorar e integrar el anteproyecto de
actualización del Convenio.
Para finalizar, el Comité Técnico acordó continuar
con el estudio de medidas cautelares previstas
en caso de homicidios contra periodistas que
consta de una guía de investigación que permite
la consulta y referencia para la atención de estos
delitos.
El maestro José Cuitláhuac Salinas Martínez, Subprocurador
de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo de la
Procuraduría General de la República (izquierda), y el licenciado
Jorge Alberto Lara Rivera, Subprocurador Jurídico y Coordinador
de Asuntos Internacionales de la Procuraduría General de la
República (derecha).
104
Participaron
La Directora General de Planeación y Evaluación
de Morelos.
El Subprocurador Jurídico y Coordinador de
Asuntos Internacionales de la Procuraduría
Estado de Sinaloa.
Delincuencia.
El Director de Enlace y Control de la Fiscalía
Especial para la Atención de Delitos Cometidos
contra la Libertad de Expresión.
La Directora General de Control y Registro de
Aseguramientos Ministeriales.
El Coordinador de Asesores de la Subprocuraduría
de Investigación Especializada en Delincuencia
Organizada.
La Coordinadora de Asesores del C. Subsecretario
de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la
Secretaría de Gobernación.
El Asesor del C. Subsecretario de Asuntos
Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de
Gobernación.
de Justicia.
El Coordinador de Asuntos Internacionales y
Agregadurías.
Hidalgo y Coordinador del Comité.
de Guanajuato.
El Director Jurídico de la Procuraduría General de
Justicia del Estado de Baja California.
El Director General Jurídico y Normativo de la
Chiapas.
105
XXI Encuentro Nacional de Presidentes
de Tribunales Superiores de Justicia y
Procuradores Generales de Justicia
107
Integrantes del XI Encuentro Nacional de Presidentes de Tribunales Superiores de Justicia y Procuradores Generales de Justicia.
TEMAS A TRATAR
J) Reforma constitucional en derechos
humanos
K) Operaciones
con
recursos
de
procedencia ilícita
L) Protección a juzgadores y recintos
judiciales
A) Plataforma México
B) Personas no localizadas
C) Sistema Caramex
D) Vehículos asegurados con denuncia de
robo
E) Justicia para Adolescentes
F) Atención al Narcomenudeo
G) Extinción de dominio
H) Combate al Secuestro
I) Delitos contra mujeres por razón de
género
109
El Estado no puede, no debe y nunca
permitirá ni dejará impune acciones cobardes
de la rivalidad criminal que no sólo ofenden y
desafían a las autoridades, sino que además
lastiman y dañan nuestra estructura social, así
lo señaló la Procuradora General de la República,
Maestra Marisela Morales Ibáñez, en el marco
de la inauguración del XI Encuentro Nacional de
Presidentes de Tribunales Superiores de Justicia
y Procuradores Generales de Justicia, celebrado
los días 22 y 23 de septiembre en Boca del Río,
Veracruz.
Para dar inicio a los trabajos, en relación al tema
de Plataforma México, durante la sesión privada
el ingeniero Genaro García Luna, Secretario de
Seguridad Pública Federal, explicó el compromiso
de la Conago, que radica en crear una Comisión
Nacional de Información, donde el esquema
integra toda la información de orden criminal
con accesos en línea, aunque ya existe la
herramienta de protocolos de carga y sistemas
operando, es necesario incorporarla a las fiscalías
y procuradurías del país, por lo cual se sometió a
consideración para sumar estas capacidades con
las instancias de procuración de justicia.
de Justicia, dio la bienvenida a los procuradores generales y
fiscales de la república; así mismo, agradeció la presencia del
Secretario de Seguridad Pública Federal y al Subsecretario de
Evaluación y Desarrollo Institucional.
En ese sentido, la maestra Marisela Morales
Ibáñez puntualizó en la oportunidad de contar
con la herramienta tan sólida que presentó
el Secretario García Luna, sobre todo por las
bondades del sistema; reiteró que el informe
policial ya es obligatorio, y exhortó a los presentes
a reflexionar que las grandes fallas del sistema
radican en negarse a compartir información; por
tal motivo, propuso generar una reunión con
el Consejo de Coordinación de la Conferencia
Nacional de Procuración de Justicia, a fin de
analizar los mecanismos para generar capacitación
en el uso de la herramienta informática conforme
a los protocolos de ésta.
110
de colaboración para que las procuradurías
y fiscalías de las entidades federativas
aprovechen a plenitud la información
integrada en Plataforma México.
El ingeniero Genaro García Luna, Secretario de Seguridad Pública
Federal, expresó que el tema es compartir la información, lo
cual hasta el día de hoy ha dado resultados invaluables; lo que
se construye con este sistema único de datos es dar un portal
de internet; explicó que la red es propia y tiene control punto a
punto; añadió además que la idea es tener una herramienta muy
fácil de usar y dé como resultados líneas sólidas de investigación.
Es así que, Plataforma México se entiende como
una herramienta que hace referencias cruzadas
de millones de registros en tiempo real, por lo que
el ingeniero Genaro García Luna finalizó el tema,
argumentando que la evolución de la herramienta
dará como resultado fortalecer el intercambio de
información; indicó que compartir la información
redundará en beneficio del combate a los diversos
fenómenos delincuenciales que aquejan al país.
Para el tema de Convenio de colaboración y
protocolo de intercambio de información de
personas no localizadas, el licenciado Jorge Alberto
Lara Rivera, Subprocurador Jurídico y de Asuntos
la República, explicó que ha sido bien recibido
por organismos internacionales de protección en
derechos humanos; los compromisos de las partes
son semejantes al anterior convenio elaborado por
Cenapi, que consiste en elaborar y enviar reportes
periódicos; hoy en día se está estableciendo
la necesidad de aportar los datos generales de
reporte, quién hace el reporte, datos de la persona
no localizada y señas de identificación, con la
finalidad de agilizar los procesos.
Decretaron: Que el Consejo de Coordinación
de la Conferencia y el Subsecretario de
Evaluación y Desarrollo Institucional de la
Secretaría de Seguridad Pública Federal, serán
las instancias que propongan los mecanismos
111
El licenciado Adrián de la Garza Santos, Procurador General de
Justicia del Estado de Nuevo León, expresó que en su estado
ha sido muy útil la herramienta, la cual se puede potenciar
capacitando al personal en el protocolo de uso.
La maestra Sonia Yadira de la Garza Fragoso, Fiscal General
de Justicia del Estado de Durango, compartió las bondades del
sistema Plataforma México que en la práctica se ha dado en su
estado; además, propuso definir los perfiles de los funcionarios
que usarán esta red para que realicen sus exámenes de control
de confianza.
El licenciado Pedro Luis Benítez Vélez, Procurador General de
Justicia del Estado de Morelos, indicó que en su estado se han
asegurado vehículos con placas de circulación de otro país como
Estados Unidos y Canadá, que se devuelven a través de las
representaciones diplomáticas de estos países.
En ese sentido, el contralmirante Horacio
Fourzan Esperón, Titular del Centro Nacional
General de la República, enfatizó que la base de
datos de personas no localizadas tiene toda la
posibilidad de ser insertada en lo que corresponde
a Plataforma México; además, destacó que se
han dado acercamientos con la Secretaría de
Seguridad Pública, en la que es posible potenciar
las capacidades que la Plataforma representa.
Con respecto al Sistema Caramex, el doctor Miguel
Ángel Mancera Espinosa, Procurador General de
Justicia del Distrito Federal y Representante de la
Zona Centro, indicó que ayuda a la identificación
de personas; explicó que deriva de un convenio
con la UNAM, en el que se desarrolló un sistema
de retratos hablados asistidos por computadora
y se tomaron muestras de diversos hombres y
mujeres, por eso se creará una capacitación a nivel
nacional dirigido a las áreas de servicios periciales
para la operación del sistema.
Decretaron: Los procuradores y fiscales del
país aprobaron el protocolo de registro de
personas desaparecidas no localizadas y
suscribieron el convenio de colaboración que
da sustento a esta actividad.
En otro orden de ideas, la licenciada María
Concepción de Coss Mendoza, Directora General
de Control y Registro de Aseguramientos
Ministeriales de la Procuraduría General de
la República, disertó acerca del Protocolo de
Vehículos Asegurados con Denuncia de Robo,
cuyo principal objetivo radica en homologar los
112
En ese sentido, el licenciado Pedro Antonio
Enríquez Soto, magistrado Presidente Honorable
del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo
de la Judicatura del Estado de Nayarit, refirió
que es importante determinar cómo elaborar
un diagnóstico real, para determinar dónde va
el sistema de justicia para adolescentes, revisar
qué hace falta emprender; añadió que con un
diagnóstico se encontrarán particularidades que
cada entidad fue construyendo a partir de sus
experiencias.
El doctor Rodolfo Campos Montejo, Magistrado Presidente
del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura
del Estado de Tabasco y Presidente de la Comisión Nacional
de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos
Mexicanos, agradeció la hospitalidad de los anfitriones y externó
su cordial saludo para los integrantes del XI Encuentro.
criterios de intercambio de información; manifestó
que el Cenapi integrará y dará seguimiento a una
base de datos; este instrumento permitirá difundir
los datos para tramitar la devolución de vehículos,
además de la situación jurídica y destino de los
vehículos.
Durante la sesión conjunta, uno de los temas
que se abordaron fue Justicia para Adolescentes,
en la que el licenciado Arsenio Durán Becerra,
Procurador General de Justicia del Estado de
Querétaro, reflexionó sobre las complicaciones
que se pueden dar en la materia, sobre todo
cuando se encuentran vinculados en conductas
ilícitas denominadas como delitos en los códigos
penales.
Decretaron: Buscar espacios de diálogo con
la Cámara de Diputados para impulsar la
propuesta y exponer las consideraciones
necesarias para establecer centros de
internamiento especiales para adolescentes
y la oralidad aplicable al modelo federal para
adolescentes.
En otro orden de ideas, se abordó el tema sobre
Narcomenudeo, en el que los sistemas judiciales
penales a lo largo de las últimas décadas han
experimentado una evolución a estados de corte
garantista, que se caracterizan por una mínima
intervención y sometimiento de la potestad del
Estado a los derechos humanos; así lo expresó
el maestro Baruch Florente Delgado Carbajal,
Magistrado Presidente Honorable del Tribunal
Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura
del Estado de México; añadió, además, que en
México coexiste una legislación de excepción,
puesto que la persecución estatal del enemigo
113
establece excepciones al principio de inocencia;
considera al Derecho penal como solución a las
dificultades sociales y a la creación de leyes de
crisis, y el narcomenudeo como fenómeno social
jurídico que es el comercio en pequeña escala de
drogas ilícitas.
Federación, para presentar el panorama en
materia de narcomenudeo así como de otros
delitos.
En el marco del Día Internacional contra la Trata de Personas,
la Procuraduría General de la República reitera su ofrecimiento
de coadyuvar con las instituciones de procuración de justicia
locales en la investigación y procesamiento de asuntos iniciados
en materia de trata de personas.
El doctor Rodolfo Romero Tequextle, Procurador General
de Justicia del Estado de Tabasco (derecha), declaró que la
delincuencia organizada cada día recluta a jóvenes para realizar
sus actividades y se encuentran con que ello pone en grave
peligro los lugares de internamiento de los adolescentes.
Para ello, el maestro Gary Leonardo Arjona
Rodríguez, Secretario Técnico de la Comisión
Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de
los Estados Unidos Mexicanos, propuso como
acuerdo retomar el Plan de Acción en Materia
del Narcomenudeo, y hacerse escuchar ante el
Ejecutivo de la Unión sobre la problemática del
tema.
Decretaron: La incorporación de la
Procuraduría General de Justicia del Distrito
Federal a la Comisión Interinstitucional, por
lo que se instruye realizar en forma inmediata
un acercamiento con el Poder Judicial de la
El feminicidio comprende no sólo los asesinatos,
sino todos los actos violentos, puesto que se ha
detectado que muchas de estas muertes se dan
por la relación de subordinación que implica la
confianza con sus víctimas, así abrió el tema sobre
los delitos contra mujeres por razón de género, la
maestra Sara Irene Herrerías Guerra, Fiscal Especial
para Delitos de Violencia contra las Mujeres y
Trata de Personas de la Procuraduría General de la
República; agregó, en relación al protocolo único
de investigación de los delitos relacionados con
desapariciones de mujeres, delitos de violación
de mujeres y delito de homicidios de mujeres,
cuyo resultado del protocolo fue la resolución de
Campo Algodonero de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos.
114
Decretaron: La integración de un Protocolo
Único de investigación de los delitos
relacionados con desapariciones de mujeres,
del delito de violación de mujeres y del delito
de homicidio de mujeres por razones de
género.
En los derechos reconocidos en todas las leyes
y convenciones internacionales se establecen
criterios de interpretación de las normas; toda
interpretación debe ser acorde a la Constitución y
a los Tratados Internacionales, afirmó el licenciado
Marcos Alejandro Celis Quintal, Magistrado
Presidente del Honorable Tribunal Superior de
Justicia del Estado de Yucatán, en materia de la
Reforma Constitucional en Derechos Humanos.
prácticas para eludir los controles financieros;
además, propuso ampliar las conductas para el
tipo básico.
Decretaron: Asumir el compromiso de
impulsar en las entidades federativas,
reformas para combatir las operaciones con
recursos de procedencia ilícita, mediante
las cuales se incorporen en los códigos
penales estatales tipos penales actualizados
y homologados que prevean este tipo de
conductas.
Decretaron: La necesidad de desarrollar
programas permanentes de capacitación
referidos a estas obligaciones y a los
contenidos derivados de la jurisprudencia
emitida por la Corte Interamericana de
Derechos Humanos.
Otro tema de gran importancia son los recursos
de procedencia ilícita, para lo que el licenciado
Jorge Alberto Lara Rivera, Subprocurador Jurídico
y de Asuntos Internacionales de la Procuraduría
General de la República, propuso la creación de
una instancia de inteligencia y análisis financiero
que establece la necesidad de medidas de orden;
propuso que se homologue a nivel nacional en
la medida de lo posible, pues se muestran varios
verbos rectores que presentan el tipo penal,
el delito es muy sofisticado y existen nuevas
La maestra Marisela Morales Ibáñez, Procuradora General
de la República y Presidenta de la Conferencia Nacional de
Procuración de Justicia, se sumó a la idea del Presidente
de la Conatrib, a fin de generar una comisión para hacer un
acercamiento con el Consejo de la Judicatura Federal, para ver
temas como extinción de dominio y secuestro.
Todos los operadores jurídicos se encuentran en
vulnerabilidad, la inseguridad y las condiciones
que comprometen la libertad, independencia y
autonomía del juzgador; así lo expresó el doctor
Alejandro Gómez, Magistrado Presidente del
115
Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la
Judicatura del Estado de Michoacán, respecto a la
protección a juzgadores y recintos judiciales.
Finalizó con el argumento de crear un protocolo
de seguridad para juzgadores y recintos judiciales;
el objetivo es elaborar un diagnóstico de riesgos y
amenazas para reducir el nivel de vulnerabilidad y
mejorar capacidades.
Decretaron: Aprobar la incorporación de
representantes de la Conferencia Nacional
de Procuración de Justicia y de la Secretaría
de Seguridad Pública Federal en los trabajos
del Comité Técnico para la Evaluación,
Recomendación y Seguimiento de Acciones
de Prevención, Protección y Seguridad a
Impartidores de Justicia.
La Nación nos demanda conjuntar esfuerzos
para desactivar las amenazas de una delincuencia
organizada cada vez más desafiante. Estamos
en condiciones de devolver a la ciudadanía los
estándares de procuración y de administración de
justicia que se requieren para un desarrollo con
tranquilidad y certidumbre que sirva de base para la
consolidación del Estado de Derecho en beneficio
de los mexicanos, así lo subrayó la Procuradora
General de la República, Marisela Morales Ibáñez,
durante la clausura del XI Encuentro Nacional de
Presidentes de Tribunales Superiores de Justicia y
Procuradores y Fiscales Generales de Justicia.
116
Participaron
Veracruz.
El Secretario de Seguridad Pública Federal.
El Magistrado Presidente del Tribunal Superior de
Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado
de Tabasco, y Presidente de la Comisión Nacional
de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados
Unidos Mexicanos.
Seguridad Pública.
Veracruz.
El Magistrado Presidente del Honorable Tribunal
Superior de Justicia y Consejo de la Judicatura del
Estado de Veracruz.
El Magistrado del Sexto Tribunal Unitario en
Materia Penal del Primer Circuito, Poder Judicial
de la Federación.
República.
la República.
República.
La Directora General de Control y Registro de
Aseguramientos Ministeriales de la Procuraduría
Aguascalientes.
Chiapas.
Chihuahua.
117
Participaron
San Luis Potosí.
La Fiscal General de Justicia del Estado de
Durango.
México.
Tabasco.
Tamaulipas.
Guerrero.
Tlaxcala.
Hidalgo.
El Fiscal General de Justicia del Estado de Yucatán.
Jalisco.
Michoacán.
Morelos.
Nuevo León.
Oaxaca.
Puebla.
Querétaro.
Quintana Roo.
Zacatecas.
El Magistrado Presidente del Honorable Supremo
Tribunal de Justicia y del Consejo de la Judicatura
del Estado de Aguascalientes.
Superior de Justicia del Estado de Baja California
Sur.
del Estado de Chiapas.
Tribunal de Justicia del Estado de Chihuahua.
del Estado de Coahuila.
Superior de Justicia del Estado de Colima.
118
Participaron
del Distrito Federal.
La Magistrada Presidenta del Honorable Tribunal
del Estado de Quintana Roo.
de Durango.
Tribunal Superior de Justicia y del Consejo del
Poder Judicial del Estado de Sonora.
del Estado de México.
Tribunal de Justicia del Estado de Tamaulipas.
Superior de Justicia del Estado de Hidalgo.
del Estado de Jalisco.
de Michoacán.
del Estado de Morelos.
del Estado de Nayarit.
Justicia del Estado de Tlaxcala.
Superior de Justicia del Estado de Yucatán.
La Magistrada Presidenta del Honorable Tribunal
Superior de Justicia del Estado de Zacatecas.
El Secretario Técnico de la Comisión Nacional de
Tribunales Superiores de Justicia de los Estados
Unidos Mexicanos.
General de la República en su carácter de titular del
La Magistrada Presidenta del Honorable Supremo
del Estado de Nuevo León.
Superior de Justicia del Estado de Oaxaca.
119
3ª Sesión de Seguimiento
del Consejo de Coordinación
7 de octubre de 2011
121
Consejo de Coordinación de la CNPJ
TEMAS A TRATAR
A) Conectividad a la Plataforma México
B) Seguridad en Carreteras
C) Registros Biométricos
Con el compromiso de avanzar en la
atención de las tareas encomendadas por el Pleno
de la Conferencia Nacional de Procuración de
Justicia, en temas que actualmente conforman la
agenda nacional, los integrantes del Consejo de
Coordinación de la CNPJ celebraron su tercera
sesión de seguimiento en el Salón Procuradores de
123
Los integrantes del Consejo se refirieron a los
compromisos relacionados con Plataforma
México1, en el que para asegurar la implementación
y uso de la plataforma es necesario nombrar
enlaces capacitados, esto lo aseguró el ingeniero
Francisco Niembro González, Subsecretario
de Evaluación y Desarrollo Institucional de la
Secretaría de Seguridad Pública Federal; también
precisó que dichos enlaces son de carácter técnico
y operativo; el primero radica en ser el encargado
de verificar la conectividad así como la alta y baja
de usuarios; el segundo consiste en corroborar la
conformación de la unidad de análisis; lo anterior,
a través de un protocolo de alertamiento.
Una vez establecidos, la Secretaría de Seguridad
Pública de manera coordinada con el Centro
Nacional de Planeación, Análisis e Información
para el Combate a la Delincuencia, iniciará el
proceso de capacitación.
El licenciado Renato Sales Heredia, Procurador General de
Justicia del Estado de Campeche y Representante de la Zona
Sureste, propuso analizar de manera regional el avance de cada
institución de procuración de justicia, para conocer si se tiene
conectividad o el nombramiento de enlaces y las consultas que
se tienen.
El contralmirante Horacio Fourzán Esperón, Titular del Centro
Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate
a la Delincuencia de la Procuraduría General de la República
(izquierda), reiteró su propuesta de dar curso básico para formar
analistas.
Decretaron: Las procuradurías y fiscalías
del país enviarán el diagnóstico que soporte
la creación o consolidación de unidades
de análisis, información que permitirá a
la Secretaría de Seguridad Pública Federal
formular propuestas del modelo para
potenciar la creación o capacidades de las
unidades.
1 Es un concepto tecnológico avanzado de telecomunicaciones y
sistemas de información, que integra todas las bases de datos
relativas a la seguridad pública, con la finalidad de que se cuente
con todos los elementos de información, para que las instancias
policiales y de procuración de justicia de todo el país, lleven a
cabo las actividades de prevención y combate al delito, mediante
metodologías y sistemas homologados.
124
Dentro del tema Seguridad en Carreteras, el
licenciado Luis Cárdenas Palominos, Titular de la
División de Seguridad Regional de la Secretaría
de Seguridad Pública Federal, indicó que se ha
tenido acercamiento con varias procuradurías,
sin embargo, la información no se encuentra
homologada, para poder generar productos
con diagnósticos viables; por ello consideró
necesario tener la base de información de delitos
en carretera, así como contar con un enlace que
facilite el proceso.
Decretaron: Integrar una Base Nacional de
Incidencia Delictiva en Carreteras, sistema
de información que sirva de base para la
generación de productos de inteligencia
encaminados a formular diagnósticos
permanentes, oportunos y confiables en
materia de seguridad pública.
Para efectos de la instrumentación del proyecto,
acordaron que las procuradurías y fiscalías del país
designen a un enlace técnico que participe en la
integración de la Base Nacional de Incidencia
Delictiva en Carreteras, así como el diseño e
implementación de un módulo en Plataforma
México que contenga la incidencia en carreteras
federales, en el que se iniciará un proceso de
capacitación de los funcionarios de la Procuraduría
General de la República, las procuradurías generales
de justicia estatales y las fiscalías generales.
El doctor Miguel Ángel Mancera Espinosa, Procurador General
de Justicia del Distrito Federal y Representante de la Zona
Centro, compartió que en la Conago ya se está trabajando con un
catálogo único de delitos.
la posibilidad de crear convenios de colaboración
para incorporarlos en Plataforma México. En ese
sentido, el licenciado Salvador Beltrán del Río
Madrid, Comisionado del Instituto Nacional de
Migración de la Secretaría de Gobernación, expuso
su opinión de la necesidad de contar con la toma
de biométricos, tanto a extranjeros que radican en
el país como a quien ingrese al país; comentó que
se está trabajando en ello.
El grupo de trabajo agradeció al Instituto Nacional
de Migración de la Secretaría de Gobernación por
el proyecto que permite el acceso a la consulta de
los bancos de datos, por lo que coadyuvarán en
125
La Presidencia de la Conferencia Nacional de Procuración de
Justicia, designó al Procurador General de Justicia del Distrito
Federal, para la representación permanente de este órgano
colegiado ante la Junta de Gobierno de la Procuraduría Social de
Atención a Víctimas de Delitos.
Participaron
República.
la República.
República.
El Titular de la Policía Federal Ministerial de la
El Procurador General de Justicia del Estado de San
Luis Potosí en representación de la Zona Noreste.
Querétaro en representación de la Zona Occidente.
Estado de Campeche.
El Director General de Política y Estadística de
la Procuraduría General de Justicia del Distrito
Federal.
El Director General de Sistemas de Información
y Política Criminal de la Procuraduría General de
Justicia del Estado de Sonora.
El Director de Inteligencia de la Procuraduría
General de Justicia del Estado de San Luis Potosí.
La Asesora del C. Procurador General de Justicia
del Estado de Querétaro.
El Subsecretario de Evaluación y Desarrollo
Institucional de la Secretaría de Seguridad Pública
Federal.
El Titular de la División de Seguridad Regional de
la Secretaría de Seguridad Pública Federal.
El Comisionado del Instituto Nacional de
Migración de la Secretaría de Gobernación.
El Asesor para la Seguridad y Migración de la
Dirección General para América Latina y el Caribe
en la Secretaría de Relaciones Exteriores.
126
Participaron
El Coordinador de Servicios Técnicos (División de
Inteligencia de la Policía Federal).
El Coordinador General de la Plataforma México
de la Secretaría de Seguridad Pública.
El Director General de Gestión de Servicios de
Tecnología de la Información de la Secretaría de
Seguridad Pública.
127
2ª Sesión Ordinaria 2011 de la Conferencia
Nacional de Procuración de Justicia de las
Zonas Noreste y Noroeste
28 de octubre de 2011
129
Integrantes de la 2ª Sesión Ordinaria 2011 de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia de las Zonas Noreste y Noroeste.
TEMAS A TRATAR
H) Justicia restaurativa en el Sistema
Acusatorio
I) Reforma Integral al Código Penal
J) Base Nacional de Personas no
Localizadas
A) Convenio
de
Colaboración
Interprocuradurías
ilícitos cometidos contra las mujeres
C) Plataforma México
D) Incidencia delictiva en carreteras
E) Recursos Presupuestales
F) Proyectos CNPJ & INEGI
G) Delitos contra informantes
131
Para enfrentar de manera efectiva a
la criminalidad, la Procuradora General de la
República, Marisela Morales Ibáñez exhortó
a los fiscales y procuradores generales del país, a
articular esfuerzos para consolidar un protocolo
único de investigación de fácil consulta que
permita cumplir con el compromiso social de
garantizar justicia y certeza jurídica a todos los
mexicanos; así lo señaló durante la inauguración
de la Segunda Sesión 2011 de la Conferencia de
Procuración de Justicia de las Zonas Noreste y
Noroeste celebrada en Culiacán, Sinaloa, el día 28
de octubre del presente año.
La maestra Marisela Morales Ibáñez, Procuradora General
de la República y Presidenta de la Conferencia Nacional de
Procuración de Justicia, dijo que el compromiso con la sociedad
es el fortalecimiento de un sistema de justicia efectiva para todos
como garante de un Estado democrático de Derecho, y que la
procuración de justicia será resultado de las acciones conjuntas,
porque debe trabajarse con un principio de orden.
Los integrantes de las zonas se promulgaron en
dar atención oportuna en las investigaciones
de delitos cometidos contra mujeres y personas
no localizadas, para lo cual una herramienta
fundamental es Plataforma México, cuya virtud
es la de ser un sistema único de captación y
sistematización de información homologada.
En ese sentido, y en relación al Protocolo único de
investigación de ilícitos cometidos contra mujeres,
la doctora Laura Salinas Beristáin, Encargada de la
Fiscalía Especial para la atención a los Delitos de
Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas de
la Procuraduría General de la República, indicó que
el proyecto surge a partir del resolutivo dieciocho
de la sentencia de la Corte Interamericana
denominado “Campo Algodonero”, cuyo objetivo
es construir una guía para la investigación eficaz
de delitos constitutivos de violencia de género,
acorde a los compromisos internacionales; además,
agregó que el contenido de dicho Protocolo
son principios rectores como la igualdad, la no
discriminación y la protección integral de derechos
de la niñez de derechos humanos de las víctimas;
finalmente, propuso insistir en que los estados
compartan sus comentarios y observaciones para
poder enriquecerlo.
Decretaron: Tomar nota de los avances
alcanzados en la integración del Protocolo
único, donde se han incorporado las
aportaciones de diversas instituciones y
disciplinas para enriquecerlo, y con ello
tener elementos que permitan atender las
obligaciones internacionales asumidas por el
Estado mexicano en la materia.
132
En lo que compete al Convenio de Colaboración
Interprocuradurías, al iniciar su exposición el
maestro Alejandro Ramos Flores, Subprocurador
Jurídico y de Asuntos Internacionales de la
Procuraduría General de la República, indicó los
antecedentes del convenio Interprocuradurías,
que tiene por objeto diseñar estrategias conjuntas
contra la delincuencia, y en específico a lo que se
refiere al tema de intercambio de información; se
pretende cambiar la medición de la incidencia de
denuncias de hechos, indicadores de averiguación
previa, datos en materia de recompensas,
información de extinción de dominio, así como
sistemas de datos a nivel nacional, entre otros.
Otro tema de gran relevancia e importancia es la
herramienta de Plataforma México, cuyos trabajos
no sólo se ejercen con procuradurías, sino con
municipios, sistemas penitenciarios y el Centro
de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen);
por lo tanto, su premisa radica en establecer un
modelo de intercambio de información y servicios;
además, trabajan conjuntamente para elaborar
una red de analistas con contactos confiables.
Decretaron: La integración o fortalecimiento
de este tipo de Unidades de Análisis en cada
entidad federativa de ambas zonas.
Decretaron: Contar con un proyecto
definitivo que sea presentado al Pleno
de procuradores y fiscales del país en la
vigésima sexta Asamblea para su aprobación
y suscripción; acordaron también emitir
aportaciones a la propuesta de redacción.
La Titular de la Procuraduría General de la República, Marisela
Morales Ibáñez, agradeció el apoyo de Plataforma México, por
generar proyectos que integren capacidades en el intercambio de
información a nivel nacional.
El licenciado Abel Murrieta Gutiérrez, Procurador General de
Justicia del Estado de Sonora y Representante de la Zona Noreste
(izquierda), propuso que se difunda el proyecto de redacción con
las propuestas a fin de poder autorizar el convenio para estar en
posibilidad de llevarlo a firma.
133
El grupo de trabajo ratificó el acuerdo alcanzado
por el Consejo de Coordinación de la Conferencia,
con motivo de la propuesta presentada por la
Secretaría de Seguridad Pública Federal, a través
de la cual se posibilita a las procuradurías y fiscalías
del país el acceso integral a la Plataforma México
a través de Unidades de Análisis de Información.
Es así que se determinó designar un funcionario de
enlace para contacto operativo con la Secretaría
de Seguridad Pública Federal, facultado para
el intercambio de datos entre las Unidades de
Análisis de Información de las procuradurías y
fiscalías del país y con la propia Secretaría.
Finalmente,
los
participantes
tomaron
conocimiento de los resultados obtenidos en
las zonas Noreste y Noroeste con motivo de
la aplicación del Primer Censo Nacional de
Procuración de Justicia, y reconocieron el trabajo
realizado por el INEGI para la integración del
ejercicio nacional.
134
Participaron
Sinaloa.
República.
Sinaloa.
La Titular de la Unidad Especializada
en Investigación de Tráfico de Menores,
Indocumentados y Órganos de la Procuraduría
El Director General de Comunicación Social de la
El Delegado Estatal en Baja California.
El Delegado Estatal en Baja California Sur.
Coahuila y Representante de la Zona Noreste.
El Delegado Estatal en Chihuahua.
El Delegado Estatal en Durango.
El Delegado Estatal en Coahuila.
El Delegado Estatal en Nuevo León.
El Delegado Estatal en San Luis Potosí.
Tamaulipas.
El Delegado Estatal en Sinaloa.
Zacatecas.
La Delegada Estatal en Zacatecas.
El Delegado Estatal en Sonora.
República.
de Justicia.
La Encargada de la Fiscalía Especial para la
Atención a los Delitos de Violencia contra las
Mujeres y Trata de Personas de la Procuraduría
El Director General de Planeación del Secretariado
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad
Pública.
135
Participaron
El Comisario en Jefe, Coordinador de Servicios
Técnicos de la División de Inteligencia de la Policía
Federal de la Secretaría de Seguridad.
El Director de Políticas de Información
136
de la Zona Occidente
4 de noviembre de 2011
137
Inauguración de la Segunda Sesión Ordinaria 2011 de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia de la Zona Occidente.
TEMAS A TRATAR
G) Proyectos CNPJ & INEGI
H) Robo de vehículos
I) Operativos Conjuntos
J) Compañías telefónicas
K) Base Nacional de Personas no Localizadas
A) Convenio
de
Colaboración
Interprocuradurías
C) La Procuraduría Social de Atención a
Víctimas de Delitos
D) Plataforma México
E) Incidencia delictiva en carreteras
F) Recursos Presupuestales
139
El pasado cuatro de noviembre del presente año,
los procuradores del país de la Zona Occidente
celebraron en Aguascalientes su Segunda Sesión
Ordinaria 2011 de la Conferencia Nacional de
Procuración de Justicia, en la que establecieron
acuerdos tendientes a ordenar las labores de
procuración de justicia y acciones concretas para
enfrentar al crimen organizado, mejorar y ampliar
la impartición de justicia y recuperar la seguridad
pública.
en relación a la sentencia de Campo Algodonero
de la Corte Interamericana, en la que se dispuso la
homologación de protocolos de atención a delitos
de homicidios cometidos en razón de género, que
se busca generar un parámetro único de atención
de delitos y de investigación, atención inmediata
ministerial, policial y pericial.
La maestra Angélica Herrera Rivero (derecha), recientemente
fue nombrada como Fiscal Especial para Delitos de Violencia
contra las Mujeres y Trata de Personas de la Procuraduría General
de la República.
El maestro Alejandro Ramos Flores, Subprocurador Jurídico
y de Asuntos Internacionales de la Procuraduría General de
la República, dio la bienvenida a todos los integrantes de la
reunión y agradeció la participación de la licenciada Victoria
Pacheco Jiménez, nueva Subprocuradora de Control Regional,
Procedimientos Penales y Amparo de la Procuraduría General de
la República.
Se presentó durante la sesión, el avance del
protocolo sobre el Análisis de los Delitos
Cometidos contra Mujeres por Razón de Género,
por lo que la maestra Angélica Herrera Rivero,
Fiscal Especial para los Delitos de Violencia
contra las Mujeres y Trata de Personas de la
Procuraduría General de la República, explicó que
el proyecto atiende compromisos internacionales
Decretaron: Integrar un Protocolo único
donde se han incorporado las aportaciones
de diversas instituciones y disciplinas, para
enriquecerlo y con ello tener elementos
que permitan atender las obligaciones
internacionales asumidas por el Estado
mexicano en la materia.
En otro sentido, se dio la palabra a la maestra
Sara Irene Herrerías Guerra, Procuradora Social de
Atención a Víctimas del Delito, ProVíctima, en la
que agradeció la invitación e indicó que el sentido
de la Procuraduría radica en prestar servicios
de manera oportuna e integral a las víctimas
140
del delito (véase figura 1), por ello es necesario
firmar un convenio y emitir una circular para que
los funcionarios de ProVíctima sean reconocidos
para acompañar a las víctimas en su proceso; el
compromiso es estar en comunicación con las
autoridades federales, locales y municipales.
Decretaron: Proponer al Consejo de
Coordinación de la Conferencia Nacional
de Procuración de Justicia que ProVíctima
participe en la próxima Asamblea Plenaria
de la Conferencia en calidad de invitada a
efecto de conocer el proyecto de convenio
e instrumentos de colaboración con las
procuradurías y fiscalías del país, así como
formalizar los enlaces de coordinación
interinstitucional que correspondan.
Figura 1. Proceso de Atención a Víctimas Presencial.
PROVÍCTIMA.
Figura 2. Funciones de la Procuraduría Social de Atención a
Víctimas del Delito.
La maestra Sara Irene Herrerías Guerra (derecha), fue nombrada
como Procuradora Social de Atención a Víctimas del Delito,
ProVíctima.
141
Otro tema que se abordó en esta conferencia fue
lo relativo a la operación y funcionamiento de
Plataforma México como sistema de captación y
sistematización de información homologada, en
el que se presenta en tiempo real, y constituye
una posibilidad inmejorable de perfeccionar y
consolidar la generación de inteligencia a nivel
nacional.
Decretaron: Posibilitar a las procuradurías
y fiscalías del país el acceso integral a la
Plataforma México, a través de Unidades de
Análisis de Información. Por ello, acordaron
la integración o fortalecimiento de este tipo
de Unidades de Análisis en cada entidad
federativa de ambas zonas.
Por lo cual, se acordó designar un funcionario de
enlace sustantivo para la implementación de las
Unidades de Análisis, así como un funcionario de
enlace técnico para validar y asegurar los servicios
y el aprovechamiento de la Plataforma México, así
como conciliar la información contenida en la base
de datos de operación.
También se discutió la información sobre la
incidencia delictiva en carreteras, y se dispuso
la participación en el proyecto de integrar
una Base Nacional de Incidencia Delictiva en
Carreteras, sistema de información que servirá
de base para la generación de productos de
inteligencia, encaminados a formular diagnósticos
permanentes, oportunos y confiables que reflejen
la situación que, en materia de seguridad pública,
prevalece en la red nacional en carreteras.
Finalmente, el Gobernador del Estado de
Aguascalientes, Carlos Lozano de la Torre, hizo un
llamado institucional a todos los actores políticos
para avanzar en la conformación de marcos legales,
operativos y técnicos comunes que garanticen la
plena salvaguarda de la integridad de las personas,
la protección del patrimonio y la procuración de
justicia efectiva, accesible, imparcial y expedita.
Figura 3. Unidades de Análisis que intervienen en el proceso de
Coordinación, Colaboración e Intercambio.
142
El ingeniero Juan Carlos Méndez Vital (izquierda), Comisario
en Jefe Coordinador de Servicios Técnicos de la División de
Inteligencia de la Policía Federal en la Secretaría de Seguridad
Pública Federal, aclaró que no está en sus facultades otorgar las
claves de acceso a la Plataforma México y que existe un proceso
para obtenerlas.
El Procurador General de Justicia de Aguascalientes, Felipe de
Jesús Muñoz Vázquez, se sumó a la convocatoria de tener una
mayor coordinación entre autoridades estatales y federales y,
particularmente, contar con un Ministerio Público fortalecido que
atienda oportunamente las exigencias ciudadanas de procuración
de justicia.
El licenciado Tomás Coronado Olmos, Procurador General de
Justicia del Estado de Jalisco, reflexionó sobre la unidad que
se debe tener en las instancias de procuración de justicia, y
compartió que en su entidad se cuenta con la Procuraduría Social
del Estado de Jalisco, que es un organismo que atiende a las
víctimas.
143
Participaron
Aguascalientes.
Jalisco.
República.
Michoacán.
Aguascalientes.
República.
La Fiscal Especial para los Delitos de Violencia
contra las Mujeres y Trata de Personas de la
Nayarit.
Querétaro.
Zacatecas.
La Procuradora Social de Atención a Víctimas del
Delito, ProVíctima.
El Delegado de la Procuraduría General de la
República en el Estado de Aguascalientes.
República en el Estado de Colima.
República en el Estado de Guanajuato.
El Coordinador de Asesores de la Subprocuraduría
Jurídica y de Asuntos Internacionales de la
La Delegada de la Procuraduría General de la
República en el Estado de Jalisco.
Colima.
República en el Estado de Michoacán.
República en el Estado de Nayarit.
República en el Estado de Querétaro.
144
Participaron
de Justicia.
El Director General de Planeación del Secretariado
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad
Pública.
El Coordinador de Servicios Técnicos de la División
de Inteligencia de la Policía Federal en la Secretaría
de Seguridad Pública Federal.
El Director General de Políticas Públicas de la
Información Gubernamental del Instituto Nacional
de Estadística y Geografía.
145
Nacional de Procuración de Justicia de las
Zonas Centro y Sureste
147
Inicio de los trabajos de los integrantes de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia de las Zonas Centro y Sureste.
TEMAS A TRATAR
G) Unidades Especializadas contra el
Secuestro
H) Narcomenudeo
I) Recursos Presupuestales
J) Combate a la trata de personas
K) Atención de la Frontera Sur
L) Sistema Caramex
M)Base Nacional de Personas no Localizadas
A) Convenio
de
Colaboración
Interprocuradurías
C) La Procuraduría Social de Atención a
Víctimas del Delito
D) Plataforma México
E) Incidencia delictiva en carreteras
F) Proyectos CNPJ & INEGI
149
Bajo ninguna circunstancia podemos fallar
a la sociedad en la procuración e impartición
de justicia, advirtió la Procuradora General de
la República, Marisela Morales Ibáñez, en la
inauguración de la Segunda Sesión Ordinaria de la
Conferencia Nacional de Procuración de Justicia de
las Zonas Centro y Sureste, el 18 de noviembre del
presente año en la capital del estado de Oaxaca.
de las Unidades de Análisis, es el intercambio de
información, puesto que va más allá de la simple
consulta de información; agregó que otra base
de datos importante es el IBIS, donde se tiene
capturado un número importante de registros de
casquillos y balas, por lo que resaltó la importancia
de la explotación y carga de dicha base.
Decretaron: La integración o fortalecimiento
de las Unidades de Análisis en cada entidad
federativa, además de asignar a un funcionario
de enlace sustantivo para la implementación
de las Unidades de Análisis, así como un
funcionario de enlace técnico para validar y
asegurar los servicios y el aprovechamiento
de la Plataforma México.
de Justicia, saludó a los integrantes de la reunión y dio la más
cordial bienvenida por su reciente nombramiento al Procurador
General de Justicia del Estado de Veracruz (izquierda).
Al abrir la mesa de debate, se manifestaron las
ventajas de la consolidación de Plataforma México,
que radican en la captación y sistematización de
información para cada una de las 32 entidades
federativas del país, con una base de datos
única que la hace más eficaz contra la incidencia
delictiva, entre otras; por ello, el ingeniero
Víctor Hugo Sánchez Cervantes, Director de
Cuadrante de la Policía Federal en la Secretaría
de Seguridad Pública Federal, explicó que uno de
los servicios que esta herramienta ofrece, a través
En lo que respecta al tema sobre el Convenio
de Colaboración Interprocuradurías, el maestro
Alejandro Ramos Flores, Subprocurador Jurídico
y de Asuntos Internacionales de la Procuraduría
General de la República, indicó que el objetivo
radica en actualizar el marco jurídico del convenio,
conforme a las reformas en derechos humanos
y la nueva Ley General del Sistema Nacional
de Seguridad Pública; destacó que el convenio
establece los mecanismos de colaboración
entre procuradurías, así como mecanismos de
colaboración y bases de coordinación para
ejecutar estrategias conjuntas en la lucha contra
la delincuencia.
Decretaron: Contar con un proyecto
emitiendo aportaciones a la propuesta de
redacción al Convenio de Colaboración
150
Interprocuradurías, para que sea presentado
al Pleno de procuradores y fiscales del
país en la vigésima sexta Asamblea para su
aprobación y suscripción.
Por otro lado, el licenciado Martín Ordiano
Ramírez, Encargado de la Coordinación General
Técnica de la Fiscalía Especial para los Delitos de
Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas de
la Procuraduría General de la República, presentó
el proyecto de Protocolo único de investigación de
delitos relacionados con desaparición de mujeres,
violación de mujeres y homicidios de mujeres
por razón de género; precisó que se conformó un
grupo de trabajo multidisciplinario para la atención
a este tema, y explicó que el Protocolo ha sido
revisado, por lo que se han obtenido comentarios
y observaciones que enriquecen el proyecto.
Decretaron: Continuar con los acuerdos
alcanzados en la integración del Protocolo
comprometido, donde se han incorporado
las aportaciones de diversas instituciones
y disciplinas para enriquecerlo y con ello
tener elementos que permitan atender las
obligaciones internacionales asumidas por
el Estado mexicano con motivos de ilícitos
cometidos contra mujeres.
La Procuradora General de la República indicó que los exámenes
de control de confianza son una prioridad para las Unidades
Especializadas en Combate al Secuestro.
El licenciado Raciel López Salazar, Procurador General de Justicia
del Estado de Chiapas (izquierda), indicó que en su estado
recientemente fue aprobada la reforma al código penal de su
entidad, donde se incluye el tipo penal; indicó que el tema es
importante, por lo cual se manifestó de acuerdo en contar con
un protocolo único de actuación.
Durante la intervención de la maestra Sara Irene
Herrerías Guerra, Procuradora Social de Atención
a Víctimas del Delito, ProVíctima, explicó que la
Procuraduría es un organismo descentralizado,
con personalidad jurídica y patrimonio propio;
argumentó que para combatir a la delincuencia es
necesario que de manera paralela se dé atención
151
a las víctimas; para ello se crea la Procuraduría
Social, además de sistematizar la información de
víctimas y de personas no localizadas.
Explicó que también se pretende generar una sola
base de datos que integre las bases existentes,
tanto gubernamentales como sociales, cuyo
compromiso es estar en comunicación para sumar
esfuerzos en la atención integral a las víctimas de
delitos violentos, y que apoyarán a las víctimas en
atención social.
Asimismo, en ese foro se presentó el Censo
Nacional de Procuración de Justicia que permite
establecer un registro confiable y de ágil consulta,
así como la utilización y promoción de los insumos
de la Encuesta Nacional de Victimización y
Percepción sobre Seguridad Pública, elaborado
desde 2010 por el Instituto Nacional de
Estadística y Geografía (INEGI).
En cuanto al tema sobre secuestro, el licenciado
Rodrigo Archundia Barrientos, Titular de la Unidad
Especializada en Investigación de Secuestros de
la Procuraduría General de la República, indicó
que el objetivo de su intervención es presentar
los avances en la estrategia nacional para el
combate al secuestro, y anunciar los compromisos
de concluir con la evaluación del personal de las
unidades, y la capacitación a su personal, propone
firmar una carta compromiso para la permanencia
cuando menos de cinco años de los elementos
integrantes de las UECS, con la finalidad de crear
un lazo de permanencia y compromiso contra este
delito.
Otro tema de singular importancia para la vida
nacional es la protección de la frontera sur que
constituye un asunto de seguridad nacional, por
el importante flujo ilegal de personas y mercancías
que registra, así como la complejidad de la
delincuencia que genera el crimen organizado.
Abordaron también las acciones contra el
narcomenudeo, por lo que la maestra Victoria
Pacheco Jiménez, Subprocuradora de Control
Regional, Procedimientos Penales y Amparo de
la Procuraduría General de la República, explicó
que en relación al incremento a este fenómeno, se
publicó la reforma en materia de narcomenudeo,
que tiene como objeto sumar las capacidades de
las instancias municipales, estatales y federales y
edificar una cultura de respeto a la ley, generar una
cultura de rechazo a las drogas, seguir trabajando
en seguridad, la demanda y el compromiso
de las autoridades quedaron plasmadas en el
Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la
Legalidad; argumentó que se elaboró un proyecto
para convenio en el que se contempla establecer
mecanismos de colaboración, designación de
enlaces, el funcionamiento de los Centros (COE),
la elaboración de protocolos, designación de
personal y régimen laboral.
Finalmente, la licenciada Alicia Fragoso Sánchez,
Procuradora General de Justicia del Estado de
Tlaxcala, explicó que en materia de combate a
la trata de personas, se creó un consejo estatal
además de una unidad especializada contra el
delito de trata, una línea telefónica de denuncia
152
elementos, pues en este caso las víctimas por ser
amenazadas no brindan todos los elementos; la
creación de este grupo estratégico puede diseñar
una estrategia en combate al delito de trata.
Por lo cual, se acordó designar un funcionario de
enlace sustantivo para la implementación de las
Unidades de Análisis, así como un funcionario de
enlace técnico para validar y asegurar los servicios
y el aprovechamiento de la Plataforma México, así
como conciliar la información contenida en la base
de datos de operación.
El doctor Miguel Ángel Mancera Espinosa, Procurador General de
Justicia del Distrito Federal y Representante de la Zona Centro,
reiteró el ofrecimiento para trabajar con el sistema; lo único
que se necesita es capacitar a dos peritos en un curso de cuatro
semanas, e indicó el costo del programa, y se comprometió a
enviar a cada procurador los pormenores y se pueden capacitar
hasta diez procuradurías, que es el compromiso, y manifestó que
quedan inscritos Chiapas, Campeche y Oaxaca.
anónima y operativos interinstitucionales para el
combate a este fenómeno delictivo; indicó que
hay coordinación de entidades involucradas y
asociaciones civiles; además, se cuenta con una
estrategia estatal contra la trata; también existe
una difusión de prevención del delito que genera
acciones conjuntas contra la lucha de este cáncer
que afecta a buen número de mujeres.
Propuso la creación del grupo estratégico de
zona en contra del delito de trata de personas
con acciones estratégicas, la coordinación con
seguridad pública estatal, reuniones periódicas,
identificación de directores, fiscales y ministerios
públicos, intercambio de información y reacción
inmediata, pues en el delito de trata de personas
es difícil acreditar los elementos del delito y lo que
se pretende es proporcionar el mayor número de
También se discutió la información sobre
la incidencia delictiva en carreteras, y se
dispuso participar en el proyecto de integrar
una Base Nacional de Incidencia Delictiva en
Carreteras, sistema de información que servirá
de base para la generación de productos de
inteligencia, encaminados a formular diagnósticos
permanentes, oportunos y confiables que reflejen
la situación que, en materia de seguridad pública,
prevalece en la red nacional en carreteras.
Finalmente, el Gobernador del Estado, Carlos
Lozano de la Torre, hizo un llamado institucional
a todos los actores políticos para avanzar en
la conformación de marcos legales, operativos
y técnicos comunes que garanticen la plena
salvaguarda de la integridad de las personas, la
protección del patrimonio y la procuración de
justicia efectiva, accesible, imparcial y expedita.
153
Participaron
El Gobernador del Estado de Oaxaca.
Tlaxcala.
Veracruz.
Oaxaca.
La Procuradora Social de Atención a Víctimas del
Delito, ProVíctima.
El Subprocurador Jurídico
Internacionales de la PGR.
Asuntos
El Subprocurador Jurídico de la Procuraduría
Procedimientos Penales y Amparo de la PGR.
El Fiscal Metropolitano de la Procuraduría General
de Justicia del Estado de Puebla.
Delincuencia de la PGR.
República en el Estado de Campeche.
y
de
Investigación de Secuestros de la PGR.
El Encargado de la Coordinación General Técnica
de la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia
contra las Mujeres y Trata de Personas de la PGR.
El Director General de Normatividad de la PGR.
Chiapas.
Guerrero.
Tabasco.
República en el Estado de Chiapas.
República en el Estado de Guerrero.
República en el Estado de Oaxaca.
República en el Estado de Quintana Roo.
República en el Estado de Tabasco.
República en el Estado de Veracruz.
República en el Estado de Yucatán.
República en el Distrito Federal.
154
Participaron
República en el Estado de México.
República en el Estado de Hidalgo.
República en el Estado de Morelos.
República en el Estado de Puebla.
República en el Estado de Tlaxcala.
de Justicia.
La Coordinadora de Investigación de Gabinete
de la Policía Federal en la Secretaría de Seguridad
Pública Federal.
El Director de Cuadrante de la Policía Federal.
El Director de Políticas Públicas de la Información
155
XXVI Asamblea Plenaria de la Conferencia
157
Integrantes de la Asamblea Plenaria de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia.
TEMAS A TRATAR
H) Narcomenudeo
I) Recursos Presupuestales
J) Telefonía móvil en apoyo a la investigación
delictiva.
K) Lineamientos Generales de Investigación
de Ilícitos Cometidos contra Mujeres
L) Sistema e-Trace
M)Frontera Sur
N) Sistema IBIS
O) Justicia Adversarial
P) Censo Nacional en Procuración de Justicia
Q) Representación de la CNPJ ante el Consejo
de Coordinación para la Implementación
del Sistema de Justicia Penal
A) Convenio
de
Colaboración
Interprocuradurías
B) Obligaciones
y
compromisos
internacionales del Estado mexicano
C) Ley Federal para la Protección a Personas
que Intervienen en el Procedimiento
Penal
D) Reforma al artículo 19 constitucional
E) Convenios de Colaboración en materia
de Personas no Localizadas y Homicidios
por Rivalidad Delincuencial
F) Base Nacional de Incidencia Delictiva en
Carreteras
G) Unidades Especializadas contra el
Secuestro
159
Es urgente la implementación de un modelo
de Código de Procedimientos Penales para todo el
país, con el objetivo de garantizar la impartición
y procuración de justicia efectiva para todos los
mexicanos, para dar certeza jurídica y criterios
de interpretación uniformes, así lo afirmó la
Procuradora General de la República, Marisela
Morales Ibáñez, al inaugurar la XXVI Sesión
Ordinaria de Asamblea Plenaria de la Conferencia
Nacional de Procuración de Justicia, celebrada los
días 24 y 25 de noviembre del presente año en
Acapulco, Guerrero.
La coordinación y colaboración entre instancias
de procuración de justicia, federal y estatal, que
se promueven en esta Conferencia serán, en gran
medida, lo que permitirá tener un México seguro
y justo, que constituye la fortaleza del Estado
mexicano; es así que para abrir paso a los temas,
el maestro Alejandro Ramos Flores, Subprocurador
Jurídico y de Asuntos Internacionales de la
Procuraduría General de la República, explicó
que el proceso para actualizar el convenio
interprocuradurías consiste en incluir nuevos
rubros temáticos; como sistemas informáticos
para el intercambio de información, fortalecer las
bases nacionales de datos, impulsar el tema de
recompensas en las legislaciones locales, generar
unidades de inteligencia económica, lavado de
dinero, extinción de dominio, sistema acusatorio,
transición de pruebas de un sistema inquisitivo
mixto a uno adversarial, la reforma en derechos
humanos, entre otros.
La maestra Marisela Morales Ibáñez dio la más cordial bienvenida
a los nuevos miembros de la Conferencia Nacional de Procuración
de Justicia, por su actual nombramiento a los procuradores de
Nayarit, Veracruz y San Luis Potosí; acto seguido, reiteró su
agradecimiento al Procurador General de Justicia del Estado
de Guerrero por su amable hospitalidad; así mismo, sometió a
consideración los temas a ser tratados en la agenda y las reglas
para llevar a cabo el debate.
Decretaron: Aprobar la actualización del
instrumento que los norma a través de la
suscripción de una nueva versión del Convenio
de
Colaboración
Interprocuradurías,
donde se han incorporado nuevas figuras y
procedimientos previstos en las recientes
reformas constitucionales y legales.
La implementación de nuevas tecnologías en
la investigación de los delitos ha permitido
desarrollar sistemas de probada utilidad en el
análisis de fenómenos delictivos, tal es el caso del
160
sistema e-Trace, a lo que el contralmirante Horacio
Fourzan Esperón, Titular del Centro Nacional
General de la República, indicó que es necesario
conocer la procedencia de las armas, a fin de
establecer el punto donde se utilizan ilegalmente,
identificar compradores múltiples e identificar
también las rutas localizadas.
Decretaron: Aprobar que las procuradurías y
fiscalías del país remitan al Centro Nacional
General de la República, la información de
los servidores públicos que serán designados
para operar este sistema, con la finalidad de
iniciar el proceso para el otorgamiento de
claves de acceso y asistencia a la capacitación.
Por lo anterior, se aplicará a nivel nacional la
nueva tecnología en la investigación de delitos
que contribuirá de forma importante a rastrear
la compra-venta ilegal de armas, desarticular
las bandas involucradas y a llevar a prisión a sus
líderes.
De igual manera, otro sistema de gran importancia
es la de identificación balística (IBIS), en el
que el ingeniero Miguel Oscar Aguilar Ruiz,
Director General de la Coordinación de Servicios
Periciales de Fuego de la Procuraduría General
de la República, explicó que el sistema posibilita
El licenciado Renato Sales Heredia, Procurador General de Justicia
del Estado de Campeche y Representante de la Zona Sureste
(derecha), se sumó a la felicitación del embajador y rememoró
sobre la plática que se tuvo con los magistrados presidentes en
el XI Encuentro Nacional, en materia de derechos humanos; por
ello propuso implicar a las procuradurías en la capacitación que se
imparte a los tribunales.
cotejar armas con casquillos percutidos, y se
convierte en la herramienta que permite dar
comparación entre casquillos para identificar;
se puede conocer la incidencia a través de los
calibres, también genera redes de intercambio
de información, es decir, permitir la correlación
de elementos balísticos; y propuso, además,
suscribir un acuerdo de interconexión balística
entre todas las procuradurías y fiscalías del país.
Decretaron: La adopción del sistema IBIS para
el registro de las características, imágenes y
datos de los proyectiles y ojivas percutidos
relacionados con las investigaciones a su
cargo, lo que contribuirá a facilitar el cruce
de información y al fortalecimiento de los
dictámenes periciales de los fueros locales y
federal.
161
característica fundamental de todo estado
democrático; lo anterior no puede ser posible sin
la coordinación entre los estados y la Federación;
subrayó que en materia de seguridad, la respuesta
se ha orientado no a la restricción sino a una
expansión de derechos humanos.
Decretaron: Contribuir al cumplimiento de las
obligaciones internacionales y de solicitudes
de información, particularmente sobre
casos de presuntas torturas, desapariciones
forzadas y ejecuciones extrajudiciales, así
como otras acciones y estrategias para
combatir esas violaciones a los derechos
humanos.
La licenciada Yolanda Verduzco Guzmán, Procuradora General
de Justicia del Estado de Colima (derecha), felicitó y agradeció
al ingeniero Miguel Oscar Aguilar; indicó que el IBIS es una
herramienta fundamental para las indagatorias, sobre todo en la
atención al delito de homicidios, y se manifestó de acuerdo por
suscribir convenios para intercambiar información, sin embargo,
en su entidad aún no se ha instalado el sistema IBIS, por ello
preguntó cómo se puede hacer para acceder a él.
Para la alimentación de la Base de datos, las
procuradurías y fiscalías del país realizarán
acercamientos con las corporaciones locales
de seguridad pública para la celebración de los
acuerdos y convenios necesarios que aseguren el
intercambio de información.
La Conferencia Nacional de Procuración de
Justicia ratifica su compromiso de respeto
irrestricto a los derechos humanos y a las
garantías individuales. Por lo que respecta a las
obligaciones y compromisos internacionales del
Estado mexicano, en su intervención el embajador
Alejandro Negrin Muñoz, Director General de
Derechos Humanos y Democracia de la Secretaría
de Relaciones Exteriores, recordó que México ha
logrado un desarrollo y un creciente compromiso
con la protección de los derechos humanos,
Entre los temas prioritarios que estuvieron
considerados, el primero fue la privación ilegal
de la libertad en su modalidad de secuestro, en el
que hoy en día se continúa con el fortalecimiento
de la Estrategia Nacional e Integral contra este
delito, a través de la revisión y adecuación al
modelo de las Unidades Especializadas contra
el Secuestro; dicha adecuación se sustenta en la
definición de estándares de medición nacionales
basados en la incidencia que cada entidad reporte;
el segundo tema fue combate al narcomenudeo,
en el que concretaron impulsar la constitución de
los Centros de Operación Estratégica para reforzar
la lucha contra este fenómeno delictivo.
Otro punto fundamental lo planteó el licenciado
Renato Sales Heredia, Procurador General de
Justicia del Estado de Campeche y Representante
de la Zona Sureste, sobre la reforma al artículo
19 constitucional; explicó que se modificó este
162
artículo en relación a otro tipo penal; el transitorio
de la modificación constitucional señala que
entrará en vigor al día siguiente de su publicación
en el Diario Oficial de la Federación, y la reforma
recae en la última modificación de dos mil ocho; la
lógica y el sentido común indican que ya está en
vigor, sin embargo, varios criterios judiciales son
contrarios; en las entidades federativas que aún no
han transitado con el sistema acusatorio se habla
de cuerpo del delito y probable responsabilidad;
por lo anterior, propuso generar un grupo de
estudio a fin de analizar el tema.
El licenciado Renato Sales Heredia felicitó al titular de la Setec
(referencia de imagen en la parte izquierda), así como al Fiscal
General de Yucatán por su valioso impulso en la implementación
y transición al sistema de justicia penal adversarial; consideró
realizar un comparativo en los sistemas de otros países, para no
caer en los mismos errores conocidos como hipergarantismo.
En otro sentido, se analizó la posibilidad de
modificar el Convenio de Colaboración para el
Intercambio de Información de Investigaciones
y Procesos Penales respecto de Fallecimientos
Ocurridos por Presunta Rivalidad Delincuencial,
con la finalidad de que el intercambio de
información se extienda a todos los homicidios
dolosos.
El doctor Miguel Ángel Mancera Espinosa, Procurador General de
Justicia del Distrito Federal y Representante de la Zona Centro,
indicó que es importante avanzar en esa base de datos; explicó
que es oportuno que la información sea sólo operativa y en
beneficio de información de inteligencia, más que formar parte
de estadísticas, el beneficio es el combate delictivo en carreteras.
Decretaron: Iniciar el estudio técnico
jurídico de dicha reforma, el cual se instruye
realizar al Comité Técnico de Certeza
Jurídica y Respeto a los Derechos Humanos,
donde adicionalmente se convocará a las
procuradurías generales de justicia del estado
de Campeche y del Distrito Federal.
Decretaron: Aprobar la modificación de los
convenios de colaboración para la integración
de las bases nacionales en materia de
personas no localizadas y de fallecimientos
por presunta rivalidad delincuencial, con
el objeto de incorporar mecanismos de
identificación criminalísticos de orden
genético, antropomórficos y dactilares.
163
Lo anterior induce a todas las procuradurías
y fiscalías del país, a impulsar reformas para
homologar en toda la República la reducción de
los plazos legales de procedimientos tendientes a
la declaración de ausencia y presunción de muerte,
para registrar todos los homicidios dolosos
ocurridos en el territorio nacional.
Es así que nace el motivo de impulsar al Ministerio
Público o los familiares de personas no localizadas,
a que inicien el procedimiento de declaración
de ausencia como parte de los sistemas
complementarios de seguridad social; con el fin de
reforzar esta propuesta, la Procuraduría General
de la República presentará a cada Procuraduría y
Fiscalía General de Justicia un proyecto modelo
y específico por entidad federativa de reformas
legales para su revisión, análisis y, en su caso, el
impulso de este modelo.
la conformación de la Base Nacional de
Incidencia Delictiva en Carreteras, la cual
será alimentada a través de la Plataforma
México.
Uno de los temas fundamentales es la integración
del protocolo de intercambio de información en
materia de telecomunicaciones, cuyos integrantes
acordaron que en coordinación con la Comisión
Federal de Telecomunicaciones establecerán
un Grupo de Trabajo, donde participen los
concesionarios de telefonía móvil, así como
representantes de la Secretaría de Comunicaciones
y Transportes, para analizar las medidas y
mecanismos que refuercen el cumplimiento
de las resoluciones judiciales que permitan la
intervención de comunicaciones privadas para
reforzar las averiguaciones ministeriales.
Por otro lado, durante la exposición del ingeniero
Facundo Rosas Rosas, Comisionado General de
la Policía Federal, en referencia a la incidencia
delictiva en carreteras, argumentó la obligación
de los acuerdos derivados del Consejo Nacional de
Seguridad Pública y los beneficios de contar con
una base de datos, para lo cual es necesario contar
con un enlace; además, resaltó los compromisos
de las procuradurías y fiscalías de entregar
información, y se pronunció sobre la obligación
de la Policía Federal de generar una base para
consolidarla en Plataforma México; de esa manera:
Decretaron: Reiterar el compromiso por
coadyuvar con la Policía Federal para
164
El doctor Gregorio Romero Tequextle, Procurador General
de Justicia del Estado de Tabasco, felicitó al licenciado Felipe
Borrego por su exposición; se manifestó de acuerdo en que las
procuradurías deben tomar el liderazgo en la transformación a
este sistema de justicia penal adversarial.
En otro orden de ideas, la maestra Angélica
Herrera Rivero, Fiscal Especial para Delitos de
de la Procuraduría General de la República, indicó
que los lineamientos generales de investigación
de delitos cometidos contra mujeres por razón
de género, son una oportunidad para contar
con herramientas útiles para atender temas de
género; además, deriva de las obligaciones de la
sentencia de la Corte Interamericana denominada
Campo Algodonero. Dichos lineamientos realzan
que cada instancia de procuración de justicia
formulará su Protocolo, conforme a los recursos
económicos, científicos, humanos, técnicos y
jurídicos disponibles, y precisando las medidas
especiales que adoptarán para lograr su aplicación
y cumplimiento en su ámbito de competencia.
Finalmente, se aprobó integrar una comisión
especial con la participación de las procuradurías
limítrofes con la frontera sur, para proponer a la
Secretaría de Gobernación un programa integral
que refuerce la seguridad y la protección de esta
región del territorio mexicano, en virtud del flujo
importante de personas y mercancías y del riesgo
que representa la operación del crimen organizado.
Decretaron: Acordar la integración de una
Comisión Especial con la participación de
las procuradurías generales de justicia de
los estados de Campeche, Chiapas, Oaxaca,
Quintana Roo y Tabasco, así como la
Procuraduría General de la República, para
proponer a la Secretaría de Gobernación
la preparación conjunta de un programa
integral de atención a esta región.
Decretaron: Aprobar los Lineamientos
Generales para la estandarización de las
investigaciones de los delitos relacionados
con desapariciones de mujeres, violación de
mujeres y homicidio de mujeres por razones
de género.
Retomaron el tema sobre Justicia Adversarial, por
lo que decidieron aprobar que su representante
ante el Consejo de Coordinación para la
Implementación del Sistema de Justicia Penal
sea el encargado de coordinar la preparación de
un proyecto de código procesal único, que se
constituya como modelo aplicable en toda la
república.
165
El Pleno designa como representante de la Conferencia Nacional
de Procuración de Justicia ante el Consejo de Coordinación para
la Implementación del Sistema de Justicia Penal, al Procurador
General de Justicia del Estado de Campeche.
Participaron
El Secretario de Gobernación y Representante
Personal del Titular del Ejecutivo Federal.
Guerrero.
la República.
Guerrero.
República.
República.
Investigación de Secuestros de la Procuraduría
Aguascalientes.
Chiapas.
Colima.
México.
Hidalgo.
166
Participaron
Michoacán.
Zacatecas.
Morelos.
Seguridad Pública.
Nayarit.
de Justicia.
Nuevo León.
Oaxaca.
Puebla.
Querétaro.
Quintana Roo.
San Luis Potosí.
Tabasco.
Tamaulipas.
Veracruz.
El Secretario Técnico del Consejo de Coordinación
para la Implementación del Sistema de Justicia
Penal.
El Comisionado General de la Policía Federal.
La Coordinadora de Delegaciones del Instituto
Nacional de Migración.
El Jefe de la Unidad de Supervisión y Verificación
de la Comisión Federal de Telecomunicaciones,
Cofetel.
El Director General de Derechos Humanos
y Democracia de la Secretaría de Relaciones
Exteriores.
El Director General Adjunto de Información de
Gobierno, Seguridad Pública e Impartición de
Justicia del INEGI.
El Director General de la Organización México
S.O.S.
El Fiscal General del Estado de Yucatán.
167
Nuestros
Procuradores
169
Lic. Gamill Abelardo Arreola Leal
Baja California Sur
§ Asesor jurídico del Centro Patronal en Baja
California Sur.
§ Presidente del Consejo Directivo de la
Asociación de Abogados Litigantes de esa
entidad.
§ Asesor jurídico externo honorífico de la VIII
Legislatura del Congreso de BCS.
§ Precandidato al Senado de la República por el
estado en la convención nacional estatal del
PAN.
§ Titular de la Correduría Pública número cuatro
en esa entidad.
§ Coordinador del Grupo Madrugadores en la
ciudad de La Paz.
§ Presidente del Colegio de Corredores Públicos
de Baja California Sur.
NOTA: Ostenta el cargo desde el 12 de mayo
de dos mil once.
170
Mtra. Sonia Yadira de la Garza
Fragoso
Fiscal General del Estado de Durango
§ Coordinadora de asesores de la Subprocuraduría
de Investigación Especializada en Delincuencia
Organizada en la Procuraduría General de la
República.
§ Asesora de la SIEDO.
§ Directora de área encargada de la Fiscalía de
Delitos Cometidos contra la Administración
de Justicia en la Unidad Especializada en
Investigación de Delitos Cometidos por
Servidores Públicos de la PGR.
§ Directora de área de la Secretaría Técnica de
la Unidad Especializada en Investigación de
Delitos Cometidos por Servidores Públicos de
la PGR.
§ Agente del Ministerio Público de la Federación
en la Unidad Especializada en Investigación de
Delitos Cometidos por Servidores Públicos y
contra la Administración de Justicia en la PGR.
§ Secretaria Particular del Procurador General de
Justicia de Durango en 1998.
§ Agente del Ministerio Público de la
Durango, adscrita al Juzgado Quinto del Ramo
Penal en 1998.
NOTA: Ostenta el cargo desde el 12 de julio
de dos mil once.
171
Mtro. Javier Germán Rodríguez
Jiménez
Nayarit
§ Director y catedrático del Instituto de Ciencias
y Letras de Nayarit.
§ Catedrático de la materia de Amparo en
la Facultad de Derecho de la Universidad
Autónoma de Nayarit.
§ Maestro en Derecho Público con el programa
de maestría que ofreció la Universidad
Autónoma de Nayarit en coordinación con la
Universidad Nacional Autónoma de México.
§ Rector de 1979 a 1986, de la Universidad
Autónoma de Nayarit.
§ Magistrado Presidente del Tribunal Superior
de Justicia del Estado de Nayarit.
§ Secretario General de Gobierno del Estado de
Nayarit.
§ Presidente de la Comisión Electoral del Estado
de Nayarit.
§ Notario público.
NOTA: Ostenta el cargo desde el 18 de
septiembre de dos mil once.
172
Lic. Miguel Ángel García
Covarrubias
San Luis Potosí
§ Licenciado en Derecho por la Universidad
Autónoma de San Luis Potosí.
§ Subprocurador Jurídico y de Averiguaciones
Previas de la Procuraduría General de Justicia
del Estado de San Luis Potosí.
§ Además de haber estado al frente de las
subsedes de las zonas Altiplano y Huasteca
Norte.
§ Actuario y Secretario de Juzgado del Poder
Judicial Federal.
noviembre de dos mil once.
173
Dr. Gregorio Romero Tequextle
Tabasco
§ Agente del Ministerio Público en 1971 y
agente del Ministerio Público auxiliar del
Procurador en 1984.
§ Subprocurador de Justicia de 1992 a 1994.
§ Subsecretario de Gobierno y Asuntos Jurídicos.
§ Director de la División de Ciencias Sociales y
Humanidades de la UJAT.
§ Presidente del Comité Ciudadano en Materia
de Seguridad Pública.
§ Catedrático e investigador Universitario.
§ Notario Público.
§ Doctor en Derecho con la tesis “La Importancia
del Bien Jurídico Penal en la construcción de
tipos penales”.
NOTA: Ostenta el cargo desde el 15 de mayo
de dos mil once.
174
Lic. Felipe Amadeo Flores
Espinosa
Veracruz
§ Agente del Ministerio Público en la
Procuraduría de Justicia del Estado de
Veracruz.
§ Subjefe de Averiguaciones Previas en la
Procuraduría de Justicia del Estado de
Veracruz.
§ Magistrado Presidente del Tribunal Fiscal del
Estado de Veracruz.
§ Delegado del Comité Ejecutivo Nacional del
PRI en Guerrero.
§ Director General de Seguridad Pública del
Estado de Veracruz.
§ Presidente de la Fundación Colosio del PRI.
§ Presidente del Comité Directivo Estatal del
PRI.
§ Secretario General de Gobierno del Estado de
Veracruz.
§ Secretario General del Comité Directivo
Estatal del PRI.
§ Secretario Ejecutivo Estatal de Seguridad
Pública del Estado de Veracruz.
§ Delegado en la totalidad de los distritos del
estado de Veracruz por el PRI.
§ Notario número 8 en la XI Demarcación
Notarial de Veracruz.
§ Diputado Local Propietario por el PRI en la LV
y en la LIX Legislaturas.
§ Ganadero y agricultor, dueño de la finca “La
Chicharra”.
§ Diputado Federal Propietario por el PRI en la
LVI Legislatura.
§ Miembro activo del Colegio de Notarios del
Estado de Veracruz.
§ Secretario de la Comisión de Justicia, miembro
de la Comisión de Defensa Nacional y miembro
del Comité de Administración, en la Cámara de
Diputados en la LVI Legislatura.
§ Miembro activo de la Asociación Nacional del
Notariado Mexicano.
§ Docente en la Asignatura: Derecho Procesal
Penal en la Universidad de Veracruz.
§ Secretario General del Comité Directivo
Estatal del PRI.
octubre de dos mil once..
175
Breves de Procuración
de Justicia
177
CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA LA ADOPCIÓN COMO
INSTRUMENTO DE REFERENCIA DE LOS CRITERIOS PARA LA
REGULACIÓN E INSTRUMENTACIÓN DE LA CADENA DE CUSTODIA
DE LOS INDICIOS, HUELLAS O VESTIGIOS DEL HECHO DELICTUOSO
Y DE LOS INSTRUMENTOS, OBJETOS O PRODUCTOS DEL DELITO,
QUE CELEBRAN LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
Y LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE
NUEVO LEÓN
PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA CONVENIO de Colaboración para la adopción como
instrumento de referencia de los criterios para la regulación e instrumentación de la cadena de custodia
de los indicios, huellas o vestigios del hecho delictuoso y de los instrumentos, objetos o productos del
delito, que celebran la Procuraduría General de la República y la Procuraduría General de Justicia del
Estado de Nuevo León.
CONVENIO DE COLABORACION PARA LA ADOPCION COMO INSTRUMENTO DE REFERENCIA
DE LOS CRITERIOS PARA LA REGULACION E INSTRUMENTACION DE LA CADENA DE CUSTODIA
DE LOS INDICIOS, HUELLAS O VESTIGIOS DEL HECHO DELICTUOSO Y DE LOS INSTRUMENTOS,
OBJETOS O PRODUCTOS DEL DELITO, QUE CELEBRAN LA PROCURADURIA GENERAL DE
LA REPUBLICA, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “LA PGR”, REPRESENTADA
POR SU TITULAR, LA MTRA. MARISELA MORALES IBAÑEZ Y LA PROCURADURIA GENERAL
DE JUSTICIA DEL ESTADO DE NUEVO LEON, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA
“LA PGJ”, REPRESENTADA POR SU TITULAR, EL LIC. ADRIAN EMILIO DE LA GARZA SANTOS;
Y A QUIENES EN SU CONJUNTO SE LES DENOMINARA “LAS PARTES”, AL TENOR DE LOS
SIGUIENTES ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLAUSULAS.
ANTECEDENTES
I.
El Plan Nacional de Desarrollo 2007 – 2012, establece en su eje rector 1 “Estado de Derecho y
Seguridad” en su párrafo noveno, que para mejorar el combate de los delitos, las policías, los ministerios
públicos y los peritos deben establecer convenios de colaboración a nivel intranacional e internacional,
con la finalidad de mejorar el combate a la delincuencia y la procuración de justicia;
178
II.
Asimismo, dispone en su objetivo 4 “Modernizar el sistema de justicia penal encaminado
a lograr un marco normativo que garantice justicia pronta y eficaz” y en su estrategia 4.1, volver
más eficientes los sistemas y procedimientos utilizados por el Ministerio Público, de tal forma que se
fortalezca la investigación ministerial y policial para lograr una mejor calidad en la integración de la
averiguación previa;
III.
El Programa Sectorial de Procuración de Justicia 2007 – 2012, publicado en el Diario Oficial
de la Federación el 21 de febrero de 2008, en su objetivo 2 “Elevar la calidad y eficacia en la integración
de la averiguación previa” y en su estrategia 2.1 “Impulsar la investigación ministerial”, señala que
para consolidar la profesionalización del personal sustantivo y en especial de los Ministerios Públicos,
así como para fortalecer la investigación ministerial, es necesaria la introducción de nuevos métodos
y técnicas de investigación científica adecuada, así como implementar programas de actualización y
especialización de los agentes del Ministerio Público, peritos y policía;
IV.
La implementación y transición al nuevo sistema de justicia penal de corte acusatorio, conlleva
la utilización de nuevas herramientas jurídicas para que las instituciones encargadas de procurar y
administrar justicia combatan la delincuencia con mayor eficacia;
V.
El Código Federal de Procedimientos Penales establece en su artículo 123 Bis, que el
Procurador General de la República mediante Acuerdo General emitirá lineamientos para la preservación
de indicios, huellas o vestigios del hecho delictuoso, así como de los instrumentos, objetos y productos
del delito, en los que se detallarán los datos e información necesaria para asegurar la integridad de los
mismos;
VI.
El 3 de febrero de 2010, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo A/002/10,
del Procurador General de la República por el que se establecen los lineamientos que deberán observar
todos los servidores públicos para la debida preservación y procesamiento del lugar de los hechos o
del hallazgo y de los indicios, huellas o vestigios del hecho delictuoso, así como de los instrumentos,
objetos o productos del delito, mismo que entró en vigor el 4 de abril del año 2010, en lo sucesivo “EL
ACUERDO”;
VII.
Es función de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, promover la homologación
de criterios para la regulación e instrumentación de la cadena de custodia y la uniformidad de criterios
jurídicos, lo que significará estandarizar los criterios de aplicación de cadena de custodia tanto para
la investigación de delitos del fuero común como del ámbito federal, en beneficio de la procuración y
administración de justicia, de conformidad con los artículos 25 fracciones XX y XXIII de la Ley General
del Sistema Nacional de Seguridad Pública y 17 fracción II de sus Estatutos;
179
VIII. Los Estatutos de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, establecen que para el
óptimo funcionamiento de los objetivos de la Conferencia, se constituyen diversos Comités, entre ellos
el Comité Técnico de Investigación Científica y Ministerial, en cuyas funciones se encuentran las de
promover la homologación de criterios para la regulación e instrumentación de la cadena de custodia;
unificar criterios de investigación científica en cadena de custodia y, en general, homologar la forma de
investigación criminal, y
IX.
La Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública prevé que las legislaciones de la
Federación, el Distrito Federal y los Estados establecerán las funciones que realizarán las unidades
operativas de investigación que podrán ser, entre otras, el preservar el lugar de los hechos y la integridad
de los indicios, huellas o vestigios del hecho delictuoso, así como los instrumentos, objetos o productos
del delito.
Expuesto lo anterior, “LAS PARTES” convienen celebrar el presente Instrumento al tenor de las
declaraciones y cláusulas siguientes:
DECLARACIONES
“LA PGR” es una Institución ubicada en el ámbito del Poder Ejecutivo Federal, para el
despacho de los asuntos que al Ministerio Público de la Federación y a su Titular, la Procuradora General
de la República, les atribuyen los artículos 21 y 102, Apartado A, de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República y las demás
disposiciones aplicables;
I.
II.
De conformidad con lo dispuesto por los artículos 5 fracciones I, III y XIII, y 6 fracciones IX y X
de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, dicha Institución se encuentra facultada
para celebrar el presente Convenio;
III.
“LA PGJ” se encuentra debidamente facultada para la celebración del presente Convenio,
de conformidad con lo dispuesto por la Constitución Política del Estado y su respectiva Ley Orgánica,
contando en el caso que legalmente se requiere con la autorización del Gobierno del Estado;
IV.
“LAS PARTES” tienen pleno conocimiento del contenido de los Antecedentes que se
mencionan en el presente Instrumento, y
V.
Que “LA PGJ” tiene interés en homologar los criterios para la regulación e instrumentación
de la cadena de custodia, para la investigación de delitos del fuero común, mediante la adopción
de los lineamientos que deberán observar todos los servidores públicos para la debida preservación
y procesamiento del lugar de los hechos del hallazgo y de los indicios, huellas o vestigios del hecho
delictuoso, así como de los instrumentos, objetos o productos del delito, establecidos en “EL ACUERDO”,
por lo que han decidido celebrar el presente Convenio de conformidad con las siguientes:
180
CLAUSULAS
PRIMERA.- El presente Convenio tiene por objeto que “LA PGJ” tome como instrumento de referencia
los lineamientos que deberán observar todos los servidores públicos para la debida preservación y
procesamiento del lugar de los hechos o del hallazgo y de los indicios, huellas o vestigios del hecho
delictuoso, así como de los instrumentos, objetos o productos del delito, a que se refiere “EL ACUERDO”.
SEGUNDA.- Para el cumplimiento del objeto del presente Instrumento, “LA PGJ” conviene en efectuar
las siguientes acciones:
I.
Elaborar y dar seguimiento a los proyectos de iniciativas de reforma a la legislación
correspondiente, así como los proyectos de modificación de las disposiciones administrativas para la
regulación de la cadena de custodia;
II.
Tomar como instrumento de referencia “EL ACUERDO”, salvo aquellos puntos en los que sea
necesaria una reforma legal previa;
III.
Elaborar y ejecutar programas de capacitación en materia de cadena de custodia, y
IV.
Desarrollar talleres en materia de aplicación de la cadena de custodia entre “LAS PARTES”.
TERCERA.- “LA PGJ”, en el respectivo ámbito de su competencia y considerando las disposiciones
vigentes en materia de cadena de custodia, se compromete a presentar ante el Poder Ejecutivo de su
Estado, los proyectos de iniciativas de reforma a la legislación local, que podrán contemplar los siguientes
temas:
a.
Regulación de la cadena de custodia como un registro;
b.
Definición de etapas de la cadena de custodia: (preservación del lugar de los hechos o del
hallazgo, procesamiento de los indicios o evidencias y las formas de su terminación);
c.
Determinación de los sujetos obligados al cumplimiento de la cadena de custodia;
d.
Clasificación de responsabilidades administrativas y penales;
e.
Fijación del valor probatorio de los indicios o evidencias en los casos de inaplicación o aplicación
inadecuada de la cadena de custodia;
f.
Aportación voluntaria de muestras biológicas (fluido corporal, vello o cabello, y cadáveres) al
Ministerio Público o previa autorización judicial;
181
g.
Validación de actuaciones o diligencias en materia de cadena de custodia de otras autoridades
locales o federales, y
h.
Emisión de lineamientos en materia de cadena de custodia por el Titular de la Procuraduría
General de Justicia o su equivalente.
CUARTA.- “LA PGJ”, para la adopción e instrumentación de lineamientos para la preservación de
indicios, huellas o vestigios del hecho delictuoso, así como de los instrumentos, objetos y productos del
delito, tomará como referencia “EL ACUERDO”, su guía, formatos y el protocolo de cadena de custodia,
que se anexan al presente Convenio. (Anexo único)
QUINTA.- “LAS PARTES” de manera coordinada organizarán en el ámbito de sus respectivas
competencias, seminarios, cursos y mesas de debate para capacitar y en su caso actualizar, en materia
de cadena de custodia, a los sujetos obligados a su cumplimiento, para lo cual podrán suscribir acuerdos
específicos, convenios y bases de colaboración complementarias al presente Instrumento.
Dicha capacitación comprenderá, como mínimo, los temas siguientes:
a.
La preservación del lugar de los hechos o del hallazgo, dirigida a los sujetos obligados que por
sus funciones, son los primeros en tener contacto con el lugar de los hechos o del hallazgo, y
b.
El procesamiento de los indicios o evidencia, dirigida los sujetos obligados en realizar las
acciones necesarias para preservar los indicios que pueden estar relacionados con los hechos que se
investigan.
SEXTA.- “LA PGR” proporcionará la asesoría técnico – jurídica necesaria para la ejecución de los
compromisos establecidos en la cláusula segunda del presente Convenio a “LA PGJ” cuando así lo
solicite.
SEPTIMA.- “LA PGJ” conviene que en un plazo de 45 días contados a partir de la suscripción del presente
Instrumento, remitirán a la Dirección General de Políticas Públicas y Coordinación Interinstitucional de
“LA PGR” la normatividad vigente y un listado de las mejores prácticas aplicables en materia de cadena
de custodia.
La Dirección General de Normatividad de “LA PGR”, identificará las mejores prácticas utilizadas por la
Federación y las entidades federativas para elaborar un instrumento que las armonice y compile, para su
adopción por “LAS PARTES” en términos del presente Convenio.
OCTAVA.- “LAS PARTES” convienen en que el Comité Técnico de Investigación Científica y Ministerial,
será la instancia encargada de coordinar los trabajos tendientes a homologar los criterios de cadena de
custodia entre la Federación y las entidades federativas.
182
NOVENA.- Para dar seguimiento a los trabajos derivados del presente Convenio, “LAS PARTES”
designarán formalmente a los servidores públicos competentes, con cargo no menor a Director, y lo
comunicarán por escrito a la otra parte.
DECIMA.- “LAS PARTES” firmantes convienen que la Dirección General de Políticas Públicas y
Coordinación Interinstitucional de “LA PGR”, se encargará de la verificación del cumplimiento de los
compromisos adquiridos en el presente Instrumento, quien en su carácter de Secretaría Técnica de la
Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, podrá realizar las acciones conducentes.
DECIMA PRIMERA.- “LAS PARTES” acuerdan que el personal que comisionen, asignen o contraten
para el desarrollo de las estrategias y acciones que les correspondan, según los objetivos establecidos
en el presente Instrumento, estará bajo la dirección y responsabilidad directa de la parte que lo haya
comisionado, asignado o contratado y, por consiguiente, en ningún caso se generarán relaciones de
carácter laboral o administrativo, ni de patrón sustituto, intermediario o solidario, asumiendo cada una
de ellas la responsabilidad laboral o administrativa que le corresponda.
DECIMA SEGUNDA.- “LA PGR” por su parte, realizará las gestiones necesarias para la publicación de
este Instrumento en el Diario Oficial de la Federación.
DECIMA TERCERA.- Este Convenio iniciará su vigencia a partir del día siguiente en que sea publicado en
el Diario Oficial de la Federación y no afectará las obligaciones contraídas por “LAS PARTES” mediante
otros instrumentos de colaboración y coordinación, que continuarán en vigor mientras que no se
opongan al presente Instrumento.
DECIMA CUARTA.- “LAS PARTES” informarán a la Secretaría Técnica de la Conferencia Nacional de
Procuración de Justicia, de las modificaciones a sus ordenamientos legales y administrativos realizados
para el adecuado cumplimiento de este Convenio.
Asimismo, por conducto de la Secretaría Técnica de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia,
“LA PGR” notificará a “LA PGJ” de los cambios o actualizaciones que sufran los ordenamientos legales
y administrativos federales relacionados con la cadena de custodia.
DECIMA QUINTA.- “LAS PARTES” se comprometen a resolver amigablemente y de común acuerdo
cualquier duda o controversia que surja con motivo de la interpretación y cumplimiento del presente
Convenio, así como a realizar las acciones necesarias para ejecutar los compromisos adquiridos.
DECIMA SEXTA.- El presente Convenio podrá ser modificado por acuerdo de la Conferencia Nacional de
Procuración de Justicia, a propuesta por escrito de cualquiera de “LAS PARTES”.
DECIMA SEPTIMA.- “LAS PARTES” convienen en que el resguardo del presente Convenio de
Colaboración quede a cargo de “LA PGR”, en las oficinas de la Dirección General de Políticas Públicas y
Coordinación Interinstitucional.
183
DECIMA OCTAVA.- “LA PGR” se obliga a enviar a “LA PGJ”, a través de la Dirección General de Políticas
Públicas y Coordinación Interinstitucional, copia certificada del presente Instrumento, una vez suscrito
por “LAS PARTES”.
Enteradas “LAS PARTES” del contenido y alcance legal del presente Convenio, lo firman al calce y al
margen los que en el intervienen, en la Ciudad de México, Distrito Federal a los 14-catorce días del mes
de abril de 2011.- Por la Procuraduría General de la República, Marisela Morales Ibáñez.- Rúbrica.- Por la
Procuraduría General de Justicia del Estado de Nuevo León, Adrián Emilio de la Garza Santos.- Rúbrica.
184
CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA LA HOMOLOGACIÓN DE
CRITERIOS PARA LA REGULACIÓN E INSTRUMENTACIÓN DE LA
CADENA DE CUSTODIA DE LOS INDICIOS, HUELLAS O VESTIGIOS
DEL HECHO DELICTUOSO Y DE LOS INSTRUMENTOS, OBJETOS O
PRODUCTOS DEL DELITO, QUE CELEBRAN LA PROCURADURÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA Y LA PROCURADURÍA GENERAL DE
JUSTICIA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
CONVENIO de Colaboración para la homologación de criterios para la regulación e instrumentación de
la cadena de custodia de los indicios, huellas o vestigios del hecho delictuoso y de los instrumentos,
objetos o productos del delito, que celebran la Procuraduría General de la República y la Procuraduría
General de Justicia del Estado de San Luis Potosí.
Al margen un logotipo, que dice: Conferencia Nacional de Procuración de Justicia.
CONVENIO DE COLABORACION PARA LA HOMOLOGACION DE CRITERIOS PARA LA
REGULACION E INSTRUMENTACION DE LA CADENA DE CUSTODIA DE LOS INDICIOS, HUELLAS
O VESTIGIOS DEL HECHO DELICTUOSO Y DE LOS INSTRUMENTOS, OBJETOS O PRODUCTOS
DEL DELITO, QUE CELEBRAN LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA A QUIEN
EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “LA PGR”, REPRESENTADA POR LA PROCURADORA
GENERAL DE LA REPUBLICA MAESTRA MARISELA MORALES IBAÑEZ, Y LA PROCURADURIA
GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE
DENOMINARA “LA PGJ” REPRESENTADA POR SU TITULAR EL LIC. CANDIDO OCHOA ROJAS,
A QUIENES EN SU CONJUNTO SE LES DENOMINARA “LAS PARTES”, AL TENOR DE LOS
SIGUIENTES ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLAUSULAS.
ANTECEDENTES
I.
El Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, establece en su eje rector 1 “Estado de Derecho y
con la finalidad de mejorar el combate a la delincuencia y la procuración de justicia;
II.
averiguación previa;
185
III.
El Programa Sectorial de Procuración de Justicia 2007-2012, publicado en el Diario Oficial de
la Federación el 21 de febrero de 2008, en su objetivo 2 “Elevar la calidad y eficacia en la integración
especialización de los agentes del Ministerio Público, peritos y policía;
IV.
La implementación y transición al nuevo sistema de justicia penal de corte acusatorio, conlleva
administrar justicia combatan la delincuencia con mayor eficacia;
V.
El Código Federal de Procedimientos Penales establece en su artículo 123 Bis, que el
Procurador General de la República mediante Acuerdo General emitirá lineamientos para la preservación
mismos;
VI.
objetos o productos del delito, mismo que entró en vigor el 4 de abril del año en curso, en lo sucesivo
“EL ACUERDO”;
VII.
jurídicos, lo que significará estandarizar los criterios de la aplicación de cadena de custodia, tanto para
administración de justicia, de conformidad con los artículos 25, fracciones XX y XXIII, de la Ley General
del Sistema Nacional de Seguridad Pública y 17, fracción II, de sus Estatutos;
VIII. Los Estatutos de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, establecen que para
el óptimo funcionamiento de los objetivos de la Conferencia, se constituyen diversos Comités, entre
ellos el Comité Técnico de Investigación Científica Ministerial, en cuyas funciones se encuentran las de
investigación criminal, y
IX.
186
del delito.
DECLARACIONES
I.
“LA PGR” es una Institución ubicada en el ámbito del Poder Ejecutivo Federal, para el despacho
de los asuntos que al Ministerio Público de la Federación y a su Titular, el Procurador General de la
República, les atribuyen los artículos 21 y 102, Apartado A, de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República y las demás disposiciones
aplicables;
II.
De conformidad con lo dispuesto por los artículos 5, fracciones I, III y XIII y 6, fracciones IX y
X, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, dicha Institución se encuentra facultada
para celebrar el presente Convenio;
III.
contando en el caso que legalmente se requiere con la autorización del Gobierno del Estado;
IV.
mencionan en el presente Instrumento, y
V.
de la cadena de custodia, para la investigación de delitos del fuero común, mediante la adopción de
delictuoso, así como de los instrumentos, objetos o productos del delito, establecidos en “EL ACUERDO”,
por lo que han decidido celebrar el presente Convenio de conformidad con las siguientes:
CLAUSULAS
PRIMERA.- El presente Convenio tiene por objeto homologar los criterios para la regulación e
instrumentación de la cadena de custodia por parte de “LA PGJ”, mediante la adopción de los lineamientos
que deberán observar todos los servidores públicos para la debida preservación y procesamiento del lugar
de los hechos o del hallazgo y de los indicios, huellas o vestigios del hecho delictuoso, así como de los
instrumentos, objetos o productos del delito, a que se refiere “EL ACUERDO”.
187
I.
correspondiente, así como los proyectos de modificación de las disposiciones administrativas para
homologar la regulación de la cadena de custodia;
II.
necesaria una reforma legal previa;
III.
Elaborar y ejecutar programas de capacitación en materia de cadena de custodia, y
IV.
Desarrollar talleres de homologación de criterios en aplicación de la cadena de custodia entre
“LAS PARTES”.
vigentes en materia de cadena de custodia, se compromete a presentar ante el Poder Ejecutivo de su
Estado, los proyectos de iniciativas de reforma a la legislación local, que podrán contemplar los siguientes
temas:
a.
b.
c.
d.
e.
Fijación del valor probatorio de los indicios o evidencias en los casos de inaplicación o aplicación
inadecuada de la cadena de custodia;
f.
g.
h.
CUARTA.- “LA PGJ”, para la adopción e instrumentación de lineamientos para la preservación de indicios,
huellas o vestigios del hecho delictuoso, así como de los instrumentos, objetos y productos del delito,
tomará como referencia “EL ACUERDO”, su guía, formatos y el protocolo de cadena de custodia, que se
anexan al presente Convenio. (Anexo único)
188
de cadena de custodia, a los sujetos obligados a su cumplimiento, para lo cual podrán suscribir acuerdos
específicos, convenios y bases de colaboración complementarias al presente Instrumento.
a.
b.
investigan.
SEXTA.- “LA PGR”, proporcionará la asesoría técnico-jurídica necesaria para la ejecución de los
solicite.
de custodia.
La Dirección General de Normatividad de “LA PGR”, identificará las mejores prácticas utilizadas por la
Federación y las entidades federativas para la elaborar un instrumento que las armonice y compile, para
su adopción por “LAS PARTES” en términos del presente Convenio.
OCTAVA.- “LAS PARTES” convienen en que el Comité Técnico de Investigación Científica Ministerial,
será la instancia encargada de coordinar los trabajos tendentes a homologar los criterios de cadena de
designarán formalmente a los servidores públicos competentes, con cargo no menor a Director General,
y lo comunicarán por escrito a la otra parte.
189
DECIMA TERCERA.- Este Convenio iniciará su vigencia a partir del día siguiente en que sea publicado en
el Diario Oficial de la Federación y no afectará las obligaciones contraídas por “LAS PARTES” mediante
otros instrumentos de colaboración y coordinación, que continuarán en vigor mientras que no se
opongan al presente Instrumento.
Asimismo, por conducto de la Secretaría Técnica de la Conferencia Nacional de Procuración
de Justicia, “LA PGR” notificará a “LA PGJ” de los cambios o actualizaciones que sufran los
ordenamientos legales y administrativos federales relacionados con la cadena de custodia.
DECIMA SEXTA.- El presente Convenio podrá ser modificado por acuerdo de la Conferencia Nacional de
Procuración de Justicia, a propuesta por escrito de cualquiera de “LAS PARTES”.
Enteradas “LAS PARTES” del contenido y alcance legal del presente Convenio, lo firman al calce
y al margen los que en el intervienen, en la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez Chiapas; a diez de junio de
dos mil once.- Las partes: la Procuradora General de la República y Presidenta de la Conferencia
Nacional de Procuración de Justicia, Marisela Morales Ibáñez.- Rúbrica.- El Procurador General de
Justicia del Estado de San Luis Potosí, Cándido Ochoa Rojas.- Rúbrica.
190
CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA LA HOMOLOGACIÓN DE
CRITERIOS PARA LA REGULACIÓN E INSTRUMENTACIÓN DE LA
CADENA DE CUSTODIA DE LOS INDICIOS, HUELLAS O VESTIGIOS
DEL HECHO DELICTUOSO Y DE LOS INSTRUMENTOS, OBJETOS O
PRODUCTOS DEL DELITO, QUE CELEBRAN LA PROCURADURÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA Y LA PROCURADURÍA GENERAL DE
JUSTICIA DEL ESTADO DE MICHOACÁN
CONVENIO de Colaboración para la homologación de criterios para la regulación e instrumentación
de la cadena de custodia de los indicios, huellas o vestigios del hecho delictuoso y de los instrumentos,
objetos o productos del delito, que celebran la Procuraduría General de la República y la Procuraduría
General de Justicia del Estado de Michoacán.
Al margen un logotipo, que dice: Conferencia Nacional de Procuración de Justicia.
CONVENIO DE COLABORACION PARA LA HOMOLOGACION DE CRITERIOS PARA LA
REGULACION E INSTRUMENTACION DE LA CADENA DE CUSTODIA DE LOS INDICIOS, HUELLAS
O VESTIGIOS DEL HECHO DELICTUOSO Y DE LOS INSTRUMENTOS, OBJETOS O PRODUCTOS
DEL DELITO, QUE CELEBRAN LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA A QUIEN EN LO
SUCESIVO SE LE DENOMINARA “LA PGR”, REPRESENTADA POR SU TITULAR LA MTRA. MARISELA
MORALES IBAÑEZ, Y LA PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MICHOACAN,
A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “LA PGJ” REPRESENTADA POR SU TITULAR EL
LIC. J. JESUS MONTEJANO RAMIREZ, A QUIENES EN SU CONJUNTO SE LES DENOMINARA “LAS
PARTES”, AL TENOR DE LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLAUSULAS.
ANTECEDENTES.
I.
El Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, establece en su eje rector 1 “Estado de Derecho y
con la finalidad de mejorar el combate a la delincuencia y la procuración de justicia.
II.
averiguación previa.
191
III.
El Programa Sectorial de Procuración de Justicia 2007-2012, publicado en el Diario Oficial de
la Federación el 21 de febrero de 2008, en su objetivo 2 “Elevar la calidad y eficacia en la integración
especialización de los agentes del Ministerio Público, peritos y policía.
IV.
La implementación y transición al nuevo sistema de justicia penal de corte acusatorio conlleva
administrar justicia combatan la delincuencia con mayor eficacia.
V.
El Código Federal de Procedimientos Penales establece en su artículo 123 Bis, que la
Procuradora General de la República mediante Acuerdo General emitirá lineamientos para la preservación
mismos.
VI.
objetos o productos del delito, mismo que entró en vigor el 4 de abril del año en curso, en lo sucesivo
“EL ACUERDO”.
VII.
jurídicos, lo que significará estandarizar los criterios de la aplicación de cadena de custodia, tanto para
administración de justicia, de conformidad con los artículos 25, fracciones XX y XXIII, de la Ley General
del Sistema Nacional de Seguridad Pública y 17, fracción II, de sus Estatutos.
VIII. Los Estatutos de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, establecen que para
el óptimo funcionamiento de los objetivos de la Conferencia, se constituyen diversos Comités, entre
ellos el Comité Técnico de Investigación Científica Ministerial, en cuyas funciones se encuentran las de
investigación criminal.
IX.
192
del delito.
DECLARACIONES
I.
“LA PGR” es una Institución ubicada en el ámbito del Poder Ejecutivo Federal, para el
despacho de los asuntos que al Ministerio Público de la Federación y a su Titular, la Procuradora General
de la República, les atribuyen los artículos 21 y 102, Apartado A, de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República y las demás
disposiciones aplicables.
II.
De conformidad con lo dispuesto por los artículos 5, fracciones I, III y XIII y 6, fracciones
IX y X, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, dicha Institución se encuentra
facultada para celebrar el presente Convenio.
III.
contando en el caso que legalmente se requiere con la autorización del Gobierno del Estado.
IV.
mencionan en el presente Instrumento.
V.
de la cadena de custodia, para la investigación de delitos del fuero común, mediante la adopción de
delictuoso, así como de los instrumentos, objetos o productos del delito, establecidos en “EL
ACUERDO”, por lo que han decidido celebrar el presente Convenio de conformidad con las siguientes:
CLAUSULAS
PRIMERA.- El presente Convenio tiene por objeto homologar los criterios para la regulación e
instrumentación de la cadena de custodia por parte de “LA PGJ”, mediante la adopción de los lineamientos
que deberán observar todos los servidores públicos para la debida preservación y procesamiento del
lugar de los hechos o del hallazgo y de los indicios, huellas o vestigios del hecho delictuoso, así como de
los instrumentos, objetos o productos del delito, a que se refiere “EL ACUERDO”.
193
I.
correspondiente, así como los proyectos de modificación de las disposiciones administrativas para
homologar la regulación de la cadena de custodia.
II.
necesaria una reforma legal previa.
III.
Elaborar y ejecutar programas de capacitación en materia de cadena de custodia.
IV.
Desarrollar talleres de homologación de criterios en aplicación de la cadena de custodia entre
“LAS PARTES”.
vigentes en materia de cadena de custodia, se compromete a presentar ante el Poder Ejecutivo de
su Estado, los proyectos de iniciativas de reforma a la legislación local, que podrán contemplar los
siguientes temas:
a.
b.
c.
d.
e.
Fijación del valor probatorio de los indicios o evidencias en los casos de inaplicación o
aplicación inadecuada de la cadena de custodia;
f.
g.
h.
CUARTA.- “LA PGJ”, para la adopción e instrumentación de lineamientos para la preservación de
indicios, huellas o vestigios del hecho delictuoso, así como de los instrumentos, objetos y productos del
delito, tomará como referencia “EL ACUERDO”, su guía, formatos y el protocolo de cadena de custodia,
que se anexan al presente Convenio. (Anexo único)
194
de cadena de custodia, dirigida a los sujetos obligados a su cumplimiento, para lo cual podrán suscribir
acuerdos específicos, convenios y bases de colaboración complementarias al presente Instrumento.
a.
b.
investigan.
SEXTA.- “LA PGR”, proporcionará la asesoría técnico-jurídica necesaria para la ejecución de los
solicite.
de custodia.
La Dirección General de Normatividad de “LA PGR”, identificará las mejores prácticas utilizadas
por la Federación y las entidades federativas para la elaborar un instrumento que las armonice y
compile, para su adopción por “LAS PARTES” en términos del presente Convenio.
OCTAVA.- “LAS PARTES” convienen en que el Comité Técnico de Investigación Científica Ministerial,
será la instancia encargada de coordinar los trabajos tendentes a homologar los criterios de cadena de
designan a los Titulares de las unidades administrativas, siguientes:
I.-
“LA PGR”.
A.
Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales, por conducto de la Dirección General
de Normatividad;
B.
Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo, por conducto de
la Coordinación General de Delegaciones y la Dirección General de Políticas Públicas y Coordinación
Interinstitucional;
195
c.
Coordinación de Planeación, Desarrollo e Innovación Institucional, por conducto de la
Dirección General de Formación Profesional y el Instituto de Capacitación y Profesionalización en
Procuración de Justicia Federal;
D.
Policía Federal Ministerial, y la
E.
Dirección General de Coordinación de Servicios Periciales.
II.-
“LA PGJ”.
A.
El Titular de la Dirección General de Servicios Periciales, y
B.
El Titular del Instituto para la Capacitación y Profesionalización.
DECIMA TERCERA.- Este Convenio iniciará su vigencia a partir del día siguiente en que sea publicado
en el Diario Oficial de la Federación y no afectará las obligaciones contraídas por “LAS PARTES”
mediante otros instrumentos de colaboración y coordinación, que continuarán en vigor mientras que
no se opongan al presente Instrumento.
Asimismo, por conducto de la Secretaría Técnica de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia,
“LA PGR” notificará a “LA PGJ” de los cambios o actualizaciones que sufran los ordenamientos legales
y administrativos federales relacionados con la cadena de custodia.
196
DECIMA SEXTA.- El presente Convenio podrá ser modificado por acuerdo de la Conferencia Nacional
de Procuración de Justicia, a propuesta por escrito de cualquiera de “LAS PARTES”.
Enteradas “LAS PARTES” del contenido y alcance legal del presente Convenio, lo firman al
calce y al margen los que en el intervienen, en la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; a los 10 días
del mes junio de 2011.- Por la Procuraduría General de la República, Marisela Morales Ibáñez.Rúbrica.- Por la Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán, J. Jesús Montejano
Ramírez.- Rúbrica.
197
DECRETO POR EL QUE SE CREA LA PROCURADURÍA SOCIAL DE
ATENCIÓN A LAS VÍCTIMAS DE DELITOS, COMO UN ORGANISMO
DESCENTRALIZADO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL
PODER EJECUTIVO
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
DECRETO por el que se crea la Procuraduría Social de Atención a las Víctimas de Delitos, como un
organismo descentralizado de la Administración Pública Federal.
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia de la
República.
FELIPE DE JESÚS CALDERÓN HINOJOSA, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, en ejercicio de
la facultad que me confiere el artículo 89, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, con fundamento en los artículos 3o., fracción I, 13, 27, 29, 30, 30 Bis, 31, 32, 37, 39, 45 y
50 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 14 y 15 de la Ley Federal de las Entidades
Paraestatales, y 1 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, y
CONSIDERANDO
Que a partir de la reforma de junio de 2008, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
otorga a las víctimas y ofendidos del delito, además del derecho de participar activamente en el proceso
penal, otros derechos que velan por su particular situación ante la comisión de un delito, como son la
atención psicológica, emocional y física;
Que los derechos de las víctimas o los ofendidos de delitos se traducen en obligaciones directas para
el Estado tal como lo reconoce el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 en su eje 1, denominado
“Estado de Derecho y Seguridad”;
Que el combate decidido del Estado mexicano contra el crimen organizado y la criminalidad en general,
hace necesario que de manera paralela se brinde una especial, eficaz y oportuna atención a las víctimas
u ofendidos de delitos, en particular a aquéllos afectados en su integridad física o psicológica, así como
en su patrimonio;
Que actualmente existen en el ámbito Federal, tanto en la Procuraduría General de la República como en
las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, programas de atención a víctimas u
ofendidos de delitos, mediante los cuales se prestan, entre otros servicios, atención médica y psicológica
198
de urgencia y especializada, legal, integración de grupos de autoayuda para víctimas u ofendidos,
brigadas de apoyo psicoemocional, talleres psicoeducativos de prevención, apoyo en la búsqueda de
personas desaparecidas y capacitación en atención a víctimas u ofendidos de delitos;
Que no obstante lo anterior, es una demanda de la ciudadanía maximizar esfuerzos para que se ponga
al alcance de las víctimas u ofendidos del delito una institución identificada inequívocamente por
la sociedad que reciba a toda persona, de manera oportuna y sin distinguir su particular situación o
tipo de requerimiento, proporcionándole la atención personalizada e inmediata que merece, inclusive
apoyándola en la defensa legal de sus derechos, sin perjuicio de canalizarla a las dependencias
especializadas según las necesidades particulares de cada persona o, en su caso, a los órdenes de
gobierno que resulten competentes;
Que con ello se pretende evitar lo que se ha conocido como “revictimización”, es decir que quienes han
sido víctimas u ofendidos por la comisión de un delito, enfrenten además condiciones difíciles para el
acceso a la justicia y el ejercicio de sus derechos;
Que la creación de un organismo especializado garantizará una actuación articulada de las instituciones
que intervienen en la prestación de servicios de atención integral a las víctimas u ofendidos, por sí
mismo o coordinándose con instituciones públicas y privadas, para asegurar la oportuna, adecuada e
integral prestación de dichos servicios, evitando así la dispersión y obstaculización en el otorgamiento
de la ayuda que proporciona el Estado y apoyando a las víctimas u ofendidos para el pleno ejercicio de
sus derechos, con lo que se atiende el sentir expresado por diversas organizaciones de la sociedad civil
en los diálogos sostenidos con el Ejecutivo Federal;
Que asimismo se requiere contar con una institución encargada de recopilar y sistematizar la información
relacionada con las víctimas u ofendidos de delitos y con la atención que éstos reciban, promoviendo
la investigación y la elaboración de diagnósticos y estudios sobre la materia y, en su caso, recomendar
acciones concretas a los tres órdenes de gobierno para prevenir y eliminar obstáculos que entorpecen
y retardan la atención integral de las víctimas u ofendidos en los momentos en que más la requieren;
Que el organismo que se crea prestará un servicio integral y centralizado de atención a víctimas u
ofendidos de delitos, sin perjuicio de la subsistencia de los demás instrumentos y mecanismos con
que cuenta el Gobierno Federal y sus diversas instituciones. Tal organismo tendrá la obligación de dar
seguimiento a las acciones que en otros ámbitos de la administración pública se realicen, y
Que mediante acuerdo número 11-E-IV-1, adoptado en sesión extraordinaria de fecha 30 de agosto
de 2011, la Comisión Intersecretarial de Gasto Público, Financiamiento y Desincorporación acordó
favorablemente la constitución de la Procuraduría Social de Atención a las Víctimas de Delitos, como un
organismo descentralizado de la Administración Pública Federal, he tenido a bien expedir el siguiente
199
DECRETO
ARTÍCULO PRIMERO. Se crea la Procuraduría Social de Atención a las Víctimas de Delitos, como un
organismo descentralizado de la Administración Pública Federal, con personalidad jurídica y patrimonio
propios, no sectorizado, cuyo objeto será brindar atención oportuna e integral a las víctimas u ofendidos
de delitos, por sí misma o en coordinación con instituciones especializadas, en términos de la normativa
aplicable; coadyuvar al eficaz desempeño de las autoridades con competencia en esta materia, y diseñar
y ejecutar políticas, programas y esquemas de colaboración y coordinación interinstitucional de atención
a víctimas u ofendidos de delitos.
El organismo tendrá su domicilio en la Ciudad de México y podrá establecer las instalaciones y
mecanismos de enlace que estime necesarios en las entidades federativas, de conformidad con las
disposiciones aplicables y las disponibilidades autorizadas anualmente en su presupuesto.
ARTÍCULO SEGUNDO. El organismo tendrá los fines siguientes:
I.
Asegurar el acceso a los servicios multidisciplinarios y especializados que el Estado
proporcionará a las víctimas u ofendidos de delitos, para lograr el pleno ejercicio de sus derechos y su
reincorporación a la vida cotidiana, por cualquier medio que garantice el contacto entre el organismo y
la víctima u ofendido de delitos, incluyendo medios digitales y electrónicos;
II.
Diseñar, instrumentar y, en su caso, fortalecer los mecanismos de apoyo a las víctimas u
ofendidos de delitos, con el propósito de que su atención sea oportuna, adecuada e integral, y
III.
Asesorar a la víctima u ofendido de delitos y proteger y defender sus derechos.
ARTÍCULO TERCERO. Para el cumplimiento de su objeto, el organismo tendrá las funciones siguientes:
I.
Atender a las víctimas u ofendidos de delitos a efecto de orientarlos y prestarles, por sí o en
coordinación con las instituciones especializadas, los servicios multidisciplinarios y especializados que
requieran para su atención oportuna, adecuada e integral;
II.
Proporcionar, por sí mismo o en coordinación con las instituciones especializadas competentes,
los servicios de atención a víctimas u ofendidos de delitos, los cuales serán, entre otros:
a)
Asistencia médica;
b)
Asistencia psicológica especializada;
c)
Orientación y asesoría jurídica, y
d)
Apoyo en la búsqueda de personas desaparecidas.
200
III.
Verificar la oportuna y adecuada actuación de las instituciones especializadas para brindar la
atención a víctimas u ofendidos de delitos, así como dar el seguimiento que corresponda;
IV.
Tratándose de delitos del fuero común, orientar a la víctima o al ofendido de delitos y, en su
caso, canalizarla a las instancias estatales o municipales competentes en la materia;
V.
Establecer módulos o unidades dentro del territorio nacional para la debida atención a víctimas
u ofendidos de delitos;
VI.
Brindar defensa legal gratuita a la víctima o al ofendido de delitos, de conformidad con
las bases y criterios que apruebe la Junta de Gobierno; las disposiciones aplicables y las previsiones
presupuestarias aprobadas para tal efecto;
VII.
Planear, programar, coordinar y dar seguimiento a los servicios de atención a víctimas u
ofendidos de delitos, por sí mismo o en coordinación con las instituciones especializadas competentes;
VIII. Facilitar ante las autoridades competentes, el acceso a las víctimas u ofendidos de delitos a los
subsidios o ayudas previstos en los programas, entre otros, gastos funerarios, becas, compensaciones,
seguros médicos o, en su caso, podrá otorgarlos directamente a víctimas u ofendidos de delitos federales,
de conformidad con las reglas de operación y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como las
previsiones presupuestarias aprobadas para tal efecto;
IX.
Solicitar a las instituciones públicas involucradas en la investigación de los delitos, la
información y apoyo que requiera para el cumplimiento de sus funciones, por sí o por la víctima u
ofendido de delitos o su representante legal, cuando así corresponda, atendiendo a la confidencialidad
de datos y a la reserva de la averiguación previa;
X.
Coordinarse y celebrar convenios de colaboración con instituciones públicas federales,
estatales, del Distrito Federal y municipales, así como con organismos e instituciones de carácter social
o privado para la atención a las víctimas u ofendidos de delitos;
XI.
Recopilar y sistematizar la información relacionada con las víctimas u ofendidos de delitos y
con la atención que éstos reciban;
XII.
Promover la investigación y elaborar y difundir diagnósticos y estudios sobre la situación de
las víctimas u ofendidos de delitos, así como recomendar acciones y reformas al marco jurídico para
asegurar su reconocimiento y atención eficaz y oportuna;
XIII. Elaborar y proponer la instrumentación de modelos y protocolos de atención a víctimas u
ofendidos de delitos, así como prestar asesoría técnica en esa materia;
XIV. Generar, compilar, manejar y sistematizar la información derivada de los programas y
mecanismos de atención a las víctimas u ofendidos de delitos;
201
XV.
cargo;
Promover la participación de los sectores público, social y privado en las actividades a su
XVI. Participar en el desarrollo de redes de información sobre la atención a las víctimas u ofendidos
de delitos, y
XVII.
Las demás que resulten necesarias para el adecuado cumplimiento de su objeto.
ARTÍCULO CUARTO. El patrimonio del organismo se integrará con:
I.
Los bienes que le sean asignados por el Gobierno Federal para el desempeño de sus funciones;
II.
Las transferencias de recursos que, en su caso, le sean aprobadas anualmente en el Presupuesto
de Egresos de la Federación correspondiente, y
III.
Los demás ingresos, rendimientos, bienes, derechos y obligaciones que reciba, adquiera, se le
asignen o adjudiquen por cualquier título jurídico.
ARTÍCULO QUINTO. El organismo será administrado y operado por una Junta de Gobierno y un
Procurador.
ARTÍCULO SEXTO. La Junta de Gobierno del organismo se integrará de la siguiente manera:
I.
El Secretario de Gobernación;
II.
El Secretario de la Defensa Nacional;
III.
El Secretario de Marina;
IV.
El Secretario de Seguridad Pública;
V.
El Secretario de Hacienda y Crédito Público;
VI.
El Secretario de Desarrollo Social;
VII.
El Secretario de Salud;
VIII.
El Procurador General de la República;
IX.
El Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y
202
X.
Cuatro representantes de la sociedad civil invitados por el Ejecutivo Federal, que se hayan
destacado por su labor en la promoción de la seguridad y la justicia, en relación con la atención a víctimas
u ofendidos de delitos.
Los servidores públicos miembros propietarios de la Junta de Gobierno a que se refieren las fracciones
I a IX podrán designar a sus respectivos suplentes, quienes deberán tener el nivel jerárquico inmediato
inferior.
En la sesiones de la Junta de Gobierno, las decisiones se tomarán por mayoría de votos de los miembros
presentes.
Se convocará a participar como invitados permanentes de la Junta de Gobierno, con voz y sin voto, a un
representante de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, uno de la Conferencia Nacional de
Secretarios de Seguridad Pública y uno de la Conferencia Nacional de Seguridad Pública Municipal, así
como al Director General del Instituto Nacional de la Juventud, al Presidente del Instituto Nacional de
las Mujeres y a un representante del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia.
A las sesiones de la Junta de Gobierno podrán ser invitados por su Presidente, con voz pero sin voto,
representantes de instituciones públicas, de instituciones de investigación o docencia o de la sociedad
civil, de reconocida calidad ética, méritos, prestigio y con experiencia en las materias relacionadas con
el objeto y funciones del organismo, así como a representantes de organismos internacionales y de
atención a víctimas.
La participación de los integrantes de la Junta de Gobierno y sus invitados será honorífica.
La Junta de Gobierno será presidida de manera rotatoria por los titulares de las secretarías de Gobernación
y de Seguridad Pública, así como por el Procurador General de la República. El Presidente de la Junta de
Gobierno durará en su encargo dos años.
El Secretario Técnico de la Junta de Gobierno será nombrado y removido por la propia Junta a propuesta
de su Presidente.
ARTÍCULO SÉPTIMO. La Junta de Gobierno tendrá las facultades indelegables previstas en el artículo
58 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y demás disposiciones aplicables.
ARTÍCULO OCTAVO. La Junta de Gobierno funcionará conforme a lo dispuesto en el artículo 18 del
Reglamento de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y demás disposiciones jurídicas aplicables.
ARTÍCULO NOVENO. El Procurador deberá reunir los requisitos establecidos en el artículo 21 de la Ley
Federal de las Entidades Paraestatales y será designado por el Presidente de la República.
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El Estatuto Orgánico establecerá la forma en que el Procurador deba ser suplido en sus ausencias.
ARTÍCULO DÉCIMO. El Procurador del organismo tendrá las atribuciones previstas en los artículos 22 y
59 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y demás disposiciones aplicables.
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO. El Procurador se auxiliará de las unidades administrativas que prevea el
Estatuto Orgánico del organismo, que expida su Junta de Gobierno.
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO. El organismo contará con un órgano de vigilancia integrado por un
Comisario Público propietario y un suplente, designados por la Secretaría de la Función Pública, quienes
asistirán con voz pero sin voto a las sesiones ordinarias y extraordinarias de la Junta de Gobierno y
tendrán las atribuciones que les otorga la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, su Reglamento y
demás disposiciones aplicables.
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO. El organismo contará con un Órgano Interno de Control, al frente del
cual estará un titular designado en los términos del artículo 37, fracción XII, de la Ley Orgánica de la
Administración Pública Federal, quien en el ejercicio de sus facultades se auxiliará por los titulares de las
áreas de auditoría, quejas y responsabilidades designados en los mismos términos.
Los servidores públicos a que se refiere el párrafo anterior, en el ámbito de sus respectivas competencias,
ejercerán las facultades previstas en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley Federal
de las Entidades Paraestatales, la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores
Públicos y en los demás ordenamientos aplicables.
Las ausencias del titular del Órgano Interno de Control, así como las de los titulares de las áreas de
responsabilidades, auditoría y quejas, serán suplidas conforme a lo previsto en el Reglamento Interior de
la Secretaría de la Función Pública.
ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO. Las relaciones laborales entre el organismo y sus trabajadores, se regirán
por el artículo 123, Apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y su ley
reglamentaria.
TRANSITORIOS
PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de
la Federación.
SEGUNDO. La Junta de Gobierno del organismo deberá instalarse dentro de los treinta días naturales
siguientes a la publicación del presente Decreto, procediendo el Titular del Ejecutivo Federal a designar
al primer Presidente de la Junta de Gobierno del organismo.
TERCERO. El organismo que se crea mediante el presente Decreto deberá iniciar su operación dentro
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de los treinta días naturales posteriores a la entrada en vigor del presente instrumento. Para ello, se
ordena llevar a cabo todos los actos necesarios para transferir de manera inmediata y no onerosa al
organismo, los recursos materiales, financieros, humanos y tecnológicos que correspondan en términos
de las disposiciones jurídicas aplicables, y resulten necesarios para la atención a las víctimas u ofendidos
de delitos, con que cuenten la Procuraduría General de la República y la Secretaría de Seguridad Pública.
Aquellas dependencias y, en su caso, entidades de la Administración Pública Federal que a la entrada
en vigor de este Decreto cuenten con áreas cuyas funciones sean similares a las previstas en el propio
ordenamiento, elaborarán un diagnóstico que refleje la situación que guardan y si las mismas son
susceptibles de ser transferidas al organismo. Dicho diagnóstico deberá remitirse a las secretarías
de Hacienda y Crédito Público y de la Función Pública, dentro de los cuarenta y cinco días naturales
siguientes a la publicación del presente Decreto, para los efectos correspondientes.
Los derechos laborales del personal que en virtud de lo dispuesto en el presente Decreto pase al
organismo que se crea, se respetarán conforme a la ley.
CUARTO. En tanto se aprueba el Estatuto Orgánico del organismo descentralizado que se crea y se
formaliza la transferencia de los recursos a que se refiere el transitorio anterior, la Procuraduría General
de la República y, en su caso, las instituciones públicas que correspondan, comisionarán al personal
que resulte indispensable para llevar a cabo las actividades que permitan el cumplimiento de las
funciones encomendadas al referido organismo. Dichos servidores públicos ejercerán las funciones
correspondientes al amparo del nombramiento que se les haya expedido y que se encuentre vigente.
QUINTO. El organismo funcionará con los recursos humanos, materiales y financieros que se le transfieran
en términos de las disposiciones transitorias anteriores, por lo que no se asignará presupuesto adicional
para tal efecto en el presente ejercicio fiscal. Los recursos subsecuentes que en su caso se programen,
quedarán sujetos a las disposiciones aplicables en la materia.
SEXTO. La Procuraduría General de la República realizará las acciones necesarias, en coordinación con
el organismo que se crea mediante el presente Decreto, a efecto de que se continúen cumpliendo los
objetivos de los convenios que tiene celebrados con las entidades federativas para la atención a víctimas
u ofendidos de delitos, hasta en tanto el organismo celebre los instrumentos necesarios para continuar
con el objeto de los referidos convenios.
Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, a los cinco días del mes de
septiembre de dos mil once.- Felipe de Jesús Calderón Hinojosa.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación,
José Francisco Blake Mora.- Rúbrica.- El Secretario de la Defensa Nacional, Guillermo Galván Galván.Rúbrica.- El Secretario de Marina, Mariano Francisco Saynez Mendoza.- Rúbrica.- El Secretario de
Seguridad Pública, Genaro García Luna.- Rúbrica.- El Secretario de Hacienda y Crédito Público, Ernesto
Javier Cordero Arroyo.- Rúbrica.- El Secretario de Desarrollo Social, Jesús Heriberto Félix Guerra.Rúbrica.- El Secretario de la Función Pública, Salvador Vega Casillas.- Rúbrica.- El Secretario de Salud,
José Ángel Córdova Villalobos.- Rúbrica.
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El “Boletín Interprocuradurías 36”, se terminó de imprimir en
noviembre de 2011, en Impresora y Encuadernadora Progreso,
S.A. de C.V. (IEPSA), Calzada San Lorenzo Tezonco número 244,
colonia Paraje San Juan Delegación Iztapalapa, 09830, México, D.F.
Su edición consta de 1000 ejemplares.

Boletin 36.0 - Conferencia Nacional de Procuración de Justicia

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