Canillas Abiertas de América Latina
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Canillas Abiertas de América Latina
Para Valentín Otro mundo es posible! Indice I. INTRODUCCIÓN I.1. Introducción general I.2. De Cochabamba a Montevideo: Saludos de La Coordinadora de Defensa del Agua y de la Vida de Bolivia a nuestro hermano pueblo uruguayo a través de la Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida. 4 8 II. CANILLAS ABIERTAS. GANANCIAS LÍQUIDAS, ACTORES GLOBALES Y EL PAPEL DEL GATS. 10 II.1. Agua: sector hirviente de la economía II.2. Al agua pato! La política al salvataje de las transnacionales II.3. La OMC por el caño: el GATS y la liberalización del sector II.4. Agua, ¿Derecho humano o mercancía? II.5. ¿Quién controla el agua del futuro? II.6. El agua potable como recurso estratégico del siglo XXI. El caso del acuífero guaraní. 12 26 32 40 42 48 III. CANILLAS CERRADAS AL NEOLIBERALISMO. PRIVATIZACIONES FRACASADAS Y LA RECONQUISTA DEL ESPACIO PÚBLICO III.1. La ola de resistencia, de Cochabamba a Delhi III.2. Uruguay- El día que las urnas harán agua III.3. Argentina- Capital Federal y Gran Buenos Aires: cuando todo huele a aguas servidas. III.4. Argentina- Santa Fé: Hasta que se vaya Suez III.5. Chile- Recursos Hídricos. La ley del que llega primero. III.6. Bolivia- La Guerra por el Agua en Cochabamba y la construcción de espacios de rebelión y recuperación de nuestras voces. III.7. India - Entre participación y privatización III.8. Filipinas- El servicio de agua en Manila: entre el afán de lucro y los derechos humanos III.9. Indonesia- Resistencia a la corrupción de RWE/Thames Water III.10. Porto Alegre- Participación Popular, Control Social y Gestión Pública de Agua y Saneamiento 56 58 62 72 74 80 88 94 98 102 106 Las Canillas Abiertas de América Latina Introducción "Nuestro teatro debe suscitar el deseo de conocer y organizar el placer que se experimenta al cambiar la realidad, nuestros espectadores deben no sólo aprender cómo se libera a Prometeo encadenado, sino también prepararse para el placer que se siente liberándolo" Bertolt Brecht 4 Las Canillas Abiertas de América Latina Nadie duda que la realidad económica del Chicago de los años treinta, cuando Bertolt Brecht escribió “Die heilige Johanna der Schlachthöfe” (Santa Juana de los mataderos) es formalmente muy diferente a la sociedad liberal del siglo XXI, abocada inexorablemente al capitalismo financiero, con la ironía añadida de que la lógica infecciosa del mercado de capitales ha alcanzado hasta al agua, convirtiéndola también en una mercancía a nivel mundial. El neoliberalismo actual ha eliminado el maniqueísmo sobre el que se asienta la obra de un Brecht joven que denuncia el funcionamiento de un capitalismo industrial, pero -atención- que anuncia su nueva fase. Mauler, el rey de la Carne, recibe instrucciones de la Bolsa de Nueva York. En puridad, el contexto en el que se desarrolla la historia de Santa Joana ha sido superado, sin embargo vale el refrán, de aquellos polvos estos lodos: el mensaje no ha perdido un ápice de vigencia. Mauler, Graham y el resto de los traficantes son hoy por hoy grandes corporaciones sin rostro, fondos de pensiones norteamericanos y europeos o consejos de administración que marcan la geoestrategia económica mundial. El presente libro habla en su primera parte de los actores mundiales - los “global players” - de hoy, que tienen las manos manchadas con petróleo, agua y sangre: las empresas transnacionales, las organizaciones financieras multilaterales y “las manos visibles” que tienen nombre y apellido, sus centrales, sus cuentas bancarias y su número de impuestos. No son fantasmas sino instituciones hechas por el hombre... En su segunda parte este material nos relata las experiencias de los “socios” locales -para quedarnos en el lenguaje de Bertolt Brecht- de los Mauler, Graham, Peirano & Co que abren las puertas a los que vinieron a prometer “paisajes florecidos” y “el reino del mercado” y por ende - el fin de la historia. Pero esta segunda parte también nos cuenta de las resistencias, de los que se han animado a decir Ya basta, de Madre Coraje y sus hijos. Nos habla de los pueblos que buscan alternativas a la irracionalidad social, am- biental y económica del manejo actual del recurso natural más importante de la tierra: el Agua. Este libro tiene una clara intención: brindar información sobre procesos y consecuencias de privatización de sistemas de agua y saneamiento en la región y en el mundo. En el contexto actual del Uruguay, esperamos que este material sirva para enriquecer la discusión pública, para que el 31 de octubre de 2004 la población tome la decisión correcta y vote el “SI” para reformar la constitución para evitar la privatización del agua. La Casa Bertolt Brecht apoya plenamente la propuesta de una reforma de la Constitución del Uruguay como ha sido elaborado e impulsada por la Comisión Nacional en Defensa del Agua y de la Vida (CNDAV). La propuesta establece el acceso al agua como un derecho humano fundamental, sentando el marco constitucional para una gestión basada en criterios de sustentabilidad y participación social, con servicios prestados exclusivamente por figuras públicas estatales. Desde principio del 2004, la Casa Bertolt Brecht inició su trabajo solidario con la lucha de la CNDAV para reafirmar la soberanía sobre uno de los principales recursos naturales del país. Al momento de decidir tirarnos al agua, el apoyo e impulso de la Fundación Heinrich Böll (Alemania) fue inspirador y decisivo. Luego se sumaron otras manos solidarias. En el marco de las actividades del proyecto “El Agua nOSE vende”, se realizó en cooperación con Uruguay Sustentable y con el apoyo financiero de la Fundación Rosa-Luxemburgo (Alemania) una Gira de Solidaridad Internacional en el mes de septiembre del 2004. La gira contó con la participación de expertos/as y activistas de Alemania, Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay. Se realizaron múltiples charlas en varias ciudades del interior del país, difusión en los medios de comunicación, y se organizó la Conferencia “Las Canillas Abiertas de América Latina”, en el Teatro Florencio Sánchez de El Ce5 rro. Durante cinco intensos días los invitados informaron, documentaron y dieron testimonio sobre las consecuencias de la apropiación privada del agua en su países y sobre los múltiples formas de resistencia a estos procesos. Desde un principio, la Casa Bertolt Brecht tuvo clara la necesidad de sumar las experiencias de estos “guerrer@s del agua” de otros países y otras regiones, demostrando que la lucha de la CNDAV en Uruguay, no es una lucha aislada sino por lo contrario se enmarca en una creciente resistencia a nivel mundial en contra de las privatizaciones salvajes impulsadas por el huracán neoliberal de los años 90. Al mismo tiempo, ha sido muy valioso mostrar a los y las invitad@s la herramienta profundamente democrática del referéndum, que se aplica en la lucha en Uruguay a fin de elevar la protección del agua a rango constitucional y mantener su uso presente y futuro en manos públicas En pos de afianzar estos valores, fue en la misma gira de Solidaridad que surgió la decisión de publicar los aportes de los panelistas latinoamericanos y ampliar la documentación con aportes de otros países. El libro cuenta con el apoyo sustantivo de varias organizaciones amigas de la Casa Bertolt Brecht en Alemania, sin cuyos aportes no hubiera sido posible realizar este proyecto. Gran parte del análisis del mercado global del agua, los actores principales y reflexiones sobre el papel del GATS lo debemos a la prestigiosa organización WEED y su autora Christina Deckwirth, que amablemente nos facilitó materiales de su reciente publicación “Sprudelnde Gewinne” (WEED Arbeitspapier, feb. 2004). La red de organizaciones no gubernamentales, el INKOTA NETZWERK e.V. y Brot für die Welt (Pan para el Mundo), autorizaron la traducción y publicación de varios artículos publicados recientemente en Alemania (INKOTA Brief Nº 128, junio 2004). La Casa Bertolt Brecht agradece a las tres organizaciones por la exitosa y rápida cooperación. Por otra parte, Barbara Unmüssig, miembro de la directiva de la Fundación Heinrich Böll (HBS), 6 autorizó la publicación de su ponencia, presentada al Tercer Foro sobre Políticas de Desarrollo en Berlín, en marzo de 2004. Por último los panelistas de la Conferencia Internacional “Las Canillas Abiertas de América Latina”, nos han autorizado incondicionalmente la edición y publicación de sus aportes. Finalmente, en cuanto al soporte material de la publicación, cabe destacar que sin el apoyo inicial de la “Fundación Umverteilen “ (Fundación para un mundo solidario) y el esfuerzo de nuestros amig@s en Berlín, el proyecto no hubiera sido posible. Le agradecemos a ellos, tanto como a “Brot für die Welt” (Pan para el Mundo) por su aporte financiero para la impresión del presente libro Las traducciones fueron realizadas por Ximena Santos García, Diego Iturrizza y redactadas por Beat Schmid. A todos y todas: muchas gracias!. Entendemos esta obra colectiva como otro aporte a la lucha del pueblo uruguayo y de la Comisión Nacional en Defensa del Agua y de la Vida para ganar el “SI” en el referéndum del 31 de octubre de 2004. Sin embargo, somos concientes de que luego de la esperanzada victoria empieza otro trabajo vital para el futuro: las fuerzas políticas gobernantes, sindicatos, organizaciones sociales y consumidores - juntos- tienen que diseñar e implementar una política sustentable y participativa del manejo de los recursos hídricos del Uruguay. Claro como el agua, lo enunció en su testimonio Oscar Olivera, “guerrero del agua” en Bolivia: “la victoria implica una inmensa responsabilidad: es el pueblo quien les dará el mandato para cerrar las canillas abiertas que dejó el neoliberalismo”. Es el pueblo mismo que tiene sed de alternativas. Las Canillas Abiertas de América Latina Con este libro por lo tanto, aspiramos a saciar en parte esa sed, aportando a fortalecer ideas, conceptos y sobre todo contactos para elaborar estrategias regionales e internacionales con la mirada hacia un futuro en el cual otro mundo es posible. Robert Grosse Casa Bertolt Brecht Montevideo, Octubre 2004 7 1.2 De Cochabamba a Montevideo: Saludos de la Coordinadora de Defensa del Agua y de la Vida a nuestro hermano pueblo uruguayo a través de la Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida. Coordinadora de Defensa del Agua y de la Vida 8 Las Canillas Abiertas de América Latina Hermanas y hermanos uruguayos: Nosotros, población sencilla y trabajadora, hombres y mujeres que no usufructuamos del trabajo ajeno y que no aspiramos a vivir de la política electoral. Nosotros, que hemos sido relocalizados y despedidos de nuestros empleos, que soportamos condiciones cada vez más duras en los centros de trabajo y quienes a través de múltiples y esforzadas actividades llevamos sobre nuestras espaldas la carga de que nuestro país llamado Bolivia continúe existiendo. Nosotros, que venimos dando la pelea por recuperar lo que en este territorio la Pachamama nos ha dado y que ha sido vendido y rematado ilegalmente por una sucesión de malos gobiernos indignos y asesinos. Nosotros todos, reunidos aquí en Cochabamba, y dispuestos a vencer el cansancio y a no olvidar la sangre derramada por nuestros hermanos y hermanas, queremos expresar nuestros más fraternales y revolucionarios saludos, a las valerosas mujeres, hombres, jóvenes, niños y ancianos de ese territorio charrúa, de esa patria de Artigas, hoy llamado Uruguay, por su historia, sus luchas, sus angustias y sus sueños. Hemos seguido de cerca ese proceso llevado a cabo por la Comisión, tan sacrificado, tan digno, tan esforzado, pero tan inspirador y esperanzador para su pueblo y nuestros pueblos. No podemos decir que somos solidarios con ustedes, porque sus luchas son las nuestras, sus derrotas son nuestras derrotas, sus victorias son nuestras y el triunfo del SI el 31 de octubre próximo, será nuestro triunfo, el triunfo de los pueblos que van librando de manera cotidiana transformar este mundo, por uno nuevo. Salud y lucha hermanas y hermanos del Uruguay, que la lucha por el agua, por la vida, nos una más, como la vertiente que se va convirtiendo en un gran río para llegar al mar, así deben ser nuestras luchas, nuestros saberes, nuestros andares y nuestros soñares…transparentes y en movimiento…Simplemente les decimos HASTA LA VICTORIA. Cochabamba, septiembre del 2004. Oscar Olivera, PORTAVOZ Omar Fernández, PORTAVOZ Gissel González, PORTAVOZ ¡¡¡El agua es nuestra, CARAJO!!! 9 10 II Canillas abiertas, ganancias líquidas, actores globales y el papel del GATS II.1 Agua: sector hirviente de la economía Christina Deckwirth1 “(El agua) normalmente es un producto al alcance sin costo alguno y es nuestra tarea venderla” (Gerard Mestraller de la compañía Suez)2 12 1 Politóloga, autora del documento de WEED Sprudelnde Gewinne? Transnationale Konzerne im Wassersektor und die Rolle des GATS (¿Ganancias efervescentes? Los consorcios transnacionales del sector agua y el papel del GATS), Bonn/Berlín, 2004. 2 Citado según Concannon 2001: 5 Las Canillas Abiertas de América Latina La comercialización del sector agua potable abre un mercado inmenso. En el año 2000 la revista económica estadounidense Fortune pronosticó que “en el siglo 21, el agua parece ser lo que fue el petróleo durante el siglo 20: un bien apreciado del cual depende el bienestar de las naciones”. Según la misma fuente (15.02.2002), los volúmenes de venta para la rama agua alcanzan 400 mil millones de dólares al año. Fueron varios los factores que contribuyeron desde el inicio de los años 90 al surgimiento de este mercado global de agua: • La escasez de agua incentiva a los consorcios de empresas. Sea por la industrialización de la agricultura, necesidades superfluas o el crecimiento poblacional, la demanda de agua se ha visto incrementada en todo el mundo. Pero en muchos lugares empieza a hacerse sentir la limitada disponibilidad de las reservas de agua. Fue por ello, que las Naciones Unidas declararon los años 80 década del agua. La escasez de agua en algunas regiones constituye un estimulo adicional para las empresas para aspirar a hacer negocios con el preciado bien. A fin de justificar sus intereses expansionistas, los consorcios presentan su participación como solución a una mundial “crisis del agua”. • Necesidad de inversión y de colocación de capital. El combate a la pobreza y la industrialización requieren la ampliación de infraestructura en muchos países del sur, así también para el sector agua. Pero también en Europa y particularmente en Europa del Este, los sistemas de cañerías de agua potable requieren mejoras, existiendo por ende una real necesidad de inversiones en el sector agua. A ello se suma la necesidad de los consorcios transnacionales de seguir rentabilizando su capital en contextos de bajo crecimiento económico, tanto a nivel nacional como global. Partiendo de la creciente transnacionalización de los consorcios empresariales se ha incrementado a partir de los años 90 la búsqueda de nuevos mercados. En este contexto no se invierte donde haga falta, sino donde las utilidades prometen ser mayores y puedan reflejarse en elevados dividendos para los/as accionistas. Por ende no podrán tener acceso a inversiones los países más pobres y necesitados, debido a las escasas perspectivas de ganancia. La necesidad de inversión es utilizada como un pretexto que en la mayoría de los casos no concuerda con la realidad. • La política global de privatización frente a los sectores de la economía que son regulados por el Estado. La implementación de una política de privatizaciones a nivel mundial por los sectores neoliberales ha llegado a un servicio aún predominantemente público en cuanto a financiamiento, regulación y prestación: el 95% del abastecimiento de agua potable en el mundo está bajo responsabilidad de entidades gubernamentales, lo cual dificulta el acceso a este mercado para los inversionistas privados y ha incrementado la presión a favor de una liberalización de uno de los últimos sectores no regido por las leyes del mercado. La liberalización del sector agua abre grandes mercados potenciales para los consorcios transnacionales. Representantes de consorcios transnacionales y tomadores de decisiones políticas en los países industriales abusan de la creciente escasez de agua, de la gran necesidad de inversiones y de la insuficiente red de abastecimiento de las empresas estatales de agua potable en los países del sur para promover una política de liberalización, apertura de mercados y sometimiento del bien agua a las leyes del mercado. Frecuentemente términos como “la crisis del agua” y la “necesidad de inversiones” justifican los proyectos de empresas privadas en el exterior. Solamente los privados tienen la capacidad de cubrir la elevada necesidad de inversión, rezan representantes políticos de gobiernos nacionales y de la Unión Europea, pero también de Instituciones Financieras Internacionales como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Únicamente empresas privadas tienen los conocimientos y la capacidad administrativa para un abastecimiento eficiente y sin recarga burocrática, garantizadas por la competencia y la aspiración de lograr utilidades.Así, el Banco Mundial y otros actores regionales y bilaterales, que otor13 gan financiamientos para el desarrollo, como por ejemplo la alemana “Kreditanstalt für Wiederaufbau” (KfW – Instituto de Crédito para la Reconstrucción), exigen desde los años 90 “profundas reestructuraciones políticas e institucionales”, a fin de facilitarles a actores privados el acceso a los mercados en los países del Sur (Hoering 2003c: 1), siendo de esta manera promotores del fortalecimiento de consorcios transnacionales de agua. Desde la década pasada, unos pocos consorcios de agua potable han globalizado sus inversiones en este sector. Los más relevantes son las transnacionales franceses Veolina (anteriormente Vivendi) y Suez, quienes abastecen a 200 millones de personas con agua potable a través de sus empresas Veolina Water y Onedo, seguidos por la empresa alemana Centrales Eléctricas de Renania-Westfalia (RWE), cuya filial británica Thames Water abastece a 70 millones de personas con el preciado líquido (ver cuadro 1). Según la revista Fortune, las tres transnacionales se ubican entre las 500 empresas más grandes del mundo3. Pero la fulminante incursión de los consorcios de agua a este nuevo mercado no se vio compensada con las utilidades esperadas y la participación de actores privados conllevó diversos problemas. Cuadro 1 Los mayores consorcios de agua Consorcio/ empresa Suez – Onedo Ventas Ventas agua Clientes (miles de millones de euros) (en miles de millones de euros) (Millones) Lugar Global Fortune4 40.2 10.1 125 74 30.8 11.3 108 42 46.6 2.9 70 82 22.2 2.3 36 211 (Francia) Veolina – Veolina Water (Francia) RWE – Thames Water (Alemania – G. Bretaña) Bouygues – SAUR (Francia) Fuente: RWE 2003 según datos de la empresa y www.fortune.com4 14 3 La revista económica estadounidense Fortune elabora anualmente un listado de las 500 mayores empresas del mundo, ver www.fortune.com 4 Datos ventas del año 2002, cantidad de clientes y lugar Global Fortune correspondientes al año 2003. Las Canillas Abiertas de América Latina Definición de conceptos Liberalización El término Liberalización comprende todas las medidas que crean o amplían condiciones de mercado en sectores económicos hasta entonces reglamentados por el estado. El objetivo es ampliar el espacio determinado por las leyes del mercado, ya sea por la vía de la eliminación de monopolios públicos o de mecanismos estatales de regulación, o el desmontaje de privilegios para empresas públicas. Como desregularización en el sentido estricto de la palabra se denomina la eliminación de la regulación por parte del estado. Pero no toda liberalización significa una desregularización, ya que la creación de un nuevo mercado trae consigo una re-regularización. Desde el punto de vista de la economía internacional, se entiende por liberalización la eliminación de las “barreras que afecten el comercio y las inversiones” que limitan la competencia internacional y por ende el mecanismo de autorregulación del mercado. Las liberalizaciones suelen justificarse argumentando que el impulso competitivo produce mayor eficiencia y por ende reducción de costos. Lo que queda fuera de toda consideración son las consecuencias sociales y ecológicas de esta política. La competencia puede existir sólo entre empresas (privadas) en competencia. Por eso las liberalizaciones allanan frecuentemente el camino para privatizaciones. Se distinguen dos categorías básicas de competencia: Competencia de mercado: en la competencia de mercado se trata de distintas empresas que compiten por “clientes” individuales, resp. hogares. En áreas de suministro sujetos a una red (electricidad, tránsito, agua), esta forma de competencia se produce a través de redes que compiten entre sí o por la transferencia de “productos” de distintos proveedores a través de una red común. En el caso del suministro de agua, es muy difícil que se produzca esa competencia, ya que la instalación de tuberías paralelas sería demasiado costosa y la transferencia de suministros de diferentes ofertantes inviable por razones tanto higiénicas como técnicas. La competencia de mercado en el sector del agua no es realizable o solamente en forma muy reducida, pero fue establecida en muchos países en cuanto a transporte, energía y telecomunicaciones. Competencia por el mercado: en la competencia por el mercado, distintas empresas compiten por monopolios para un período limitado y un área delimitada, por ejemplo por el suministro de agua de una ciudad determinada. Posterior a una licitación se firma un contrato entre el ente responsable (municipio) y el concesionario (la empresa). Privatización La Privatización como tal se refiere sólo al propietario y denomina la transformación de propiedad pública en propiedad privada (privatización del patrimonio). En un sentido más amplio significa también traspasar tareas o servicios públicos a empresas privadas, como por ejemplo la gerencia de una empresa, mientras que la infraestructura sigue siendo estatal, o la terciarización de determinados sectores de la empresa (privatización funcional). Cuando la función se traspasa enteramente al sector privado, es decir cuando también la autoridad pública traspasa su trabajo y responsabilidad, hablamos de privatización de funciones. Comercialización El término Comercialización significa la orientación de una empresa o de un área de la vida social hacia un objetivo principal de cobertura de gastos y optimización de ganancias. El bien común (ya) no es la prioridad de una empresa comercial e implica frecuentemente, que elementos de solidaridad social en beneficio de los sectores más pobres como subsidios cruzados p.e. del abastecimiento del agua 15 con ingresos provenientes de la venta de energía eléctrica, sean suspendidos. El cobro de las tarifas al/a la usuario/a se realiza en parte mediante sistemas de prepago, que permiten el uso del agua recién después que se compra o recarga una tarjeta prepagada. En países donde gran parte de la población carece de medios para pagar la conexión y el servicio de agua, este sistema de rentabilidad financiera puede acarrear consecuencias muy graves. Las empresas privadas se rigen por principios económicos, pero también empresas públicas pueden ser reorientadas en este sentido, ya sea como medida preparatoria de una privatización o debido a la presión de sectores políticos, quienes exigen medidas de reestructuración y “modernización” para aliviar el erario público. La priorización del mercado y de la rentabilidad financiera apunta a una “despolitización” de las decisiones y permite justificar la eliminación de elementos solidarios por “necesidades” económicas. La privatización siempre implica la comercialización, pero también la liberalización incrementa la presión para empresas públicas y privadas de fortalecer su orientación comercial. PPP- Public Private Partnership La asociación de empresas públicas con actores privados (Public Private Partnership – PPP) designa un concepto reciente en la cooperación para el desarrollo e implica mayor participación del sector privado en la prestación de los servicios básicos. Se trata de proyectos comunes entre el sector público y el privado cuya elaboración, financiación, construcción o puesta en marcha estaban hasta ahora en manos públicas. Objeto de los proyectos son principalmente el área de infraestructura, en especial el suministro de agua, pero también servicios públicos como la salud, la educación y el sistema de pensiones. En Alemania el Ministerio de Cooperación (BMZ) apoya este tipo de proyectos que son tanto de “utilidad para la política de desarrollo” co16 mo también “de interés para las empresas involucradas”. De hecho, el BMZ ha aportado entre 1999 y 2002 más de 4700 millones de euros para alrededor de 1000 proyectos con estas características (Hoering 2003). Con frecuencia la participación de una empresa privada se realiza en varias etapas. En un primer momento, la colaboración para el desarrollo impulsa la descentralización y la creación de empresas autónomas, por ejemplo en manos de gobiernos locales, pero con orientación comercial de sus operaciones. La reestructuración de las operaciones bajo criterios comerciales de empresas de suministro público ya existentes con recursos de la cooperación para el desarrollo, sirve para hacerlas más atractivas para su posterior adquisición por parte de empresas privadas. Este proceso de “adecuación” puede conllevar una división en diferentes empresas, la cancelación de deudas y una reducción de personal. Una evaluación de los proyectos público-privados de la colaboración alemana para el desarrollo arrojó un balance claramente negativo: metas como la lucha contra la pobreza no se alcanzaron y el erario público, en vez de resultar beneficiado, fue perjudicado aún más, que sin la participación privada. A esto se suma el debilitamiento de los mecanismos de control y el empeoramiento del servicio en las áreas menos rentables (Hoering 2003a). Las Canillas Abiertas de América Latina Descripción de las transnacionales: El surgimiento de los consorcios de agua No es casual que casi la totalidad de los consorcios de agua potable tienen su sede principal en Francia e Inglaterra, sino consecuencia de la organización del servicio de agua potable en ambos países. Mientras que en Inglaterra el gobierno Thatcher privatizó las nueve empresas públicas de abastecimiento de agua existentes en el país, en Francia el abastecimiento por privados es admitido desde el siglo 19, teniendo éstos una participación en el mercado doméstico que ronda el 80%. En Alemania predominan aún unas 6000 empresas municipales en el sector agua, pero se visualiza una clara tendencia de fusiones y privatizaciones y ha comenzado la venta loca de las empresas municipales en ciudades y pueblos. Desde hace algunos años atrás se nota una creciente presión para la liberalización del sector agua y en el año 2001 una evaluación al respecto del Ministerio de Economía generó mucho debate. La Unión Europea debate una liberalización del sector agua similar al de los abastecimientos con electricidad y gas natural (Ministerio Alemán de Economía 2001, Hall 2003 a/b/c, Krüger 2003). Fue la liberalización del abastecimiento con energía eléctrica, que le posibilitó a un consorcio alemán posicionarse a la par de empresas franceses e ingleses en el mercado internacional de agua. RWE tuvo un gran crecimiento a consecuencia de la liberalización del mercado de energía eléctrica e incursionó al mercado internacional de agua potable en el año 2000, mediante la adquisición de la empresa líder del mercado británico Thames Water. Mientras tanto, las empresas transnacionales en el sector agua potable se han reducido a aproximadamente 10 (p.e. Hilary 2003: 8).Varias empresas transnacionales de agua son consorcios con actividades en diversas ramas adicionales, tales como la energía, el tratamiento de aguas servidas y la basura, así como en servicios relacionados con el tránsito. Esta estrategia del “todo a la mano” les posibilita a las empresas com- petir en varias ramas y adquirir p.e. en Alemania las diversas entidades o ramas de servicio público en un mismo municipio. A continuación presentamos a los tres consorcios más grandes Suez,Veolina y RWE. Suez/Ondeo Del canal de Suez a Potsdam El origen de la empresa Suez data del siglo 19. En 1880 fue fundada Lyonnaise des Eaux y se fusionó en 1997 con una empresa aún más antigua, el consorcio financiero e industrial Compagnie de Suez, fundado en ocasión de la construcción del Canal con este nombre.A fin de lograr mayor impacto, el nombre se redujo en el año 2002 a Suez, el mismo año en el que todas las actividades relacionadas con el agua fueron sumados en una empresa separada con el nombre Ondeo. Los ámbitos de actividad del consorcio giran alrededor del agua, la energía, la evacuación de deshechos y, en menor medida, telecomunicaciones y medios de comunicación (Polaris Institute 2002: 2). Hasta finales de los años 80, la actividad relacionada con el agua se realizaba únicamente en Francia, donde Suez abastece actualmente a 17 millones de personas, siendo el segundo prestador privado de este servicio después de Veolina. En Alemania la empresa Eurawasser, controlada en un 100% por Ondeo, desarrolla actividades en Rostock, Goslar, Leuna, Schwerin y Potsdam. En el último lugar surgieron considerables problemas con Ondeo/Eurawasser, al insistir la empresa en duplicar las tarifas para aguas servidas, contrario al contrato que planteaba la estabilidad de los precios para los/as consumidores/as. Debido a ello, la ciudad de Potsdam declaró nulo el contrato y enfrenta una demanda por pagos compensatorios promovida por la empresa (Wellmer 2004). Empresas transnacionales altamente endeudadas La empresa Suez ha implementado desde inicio de los años 90 una agresiva estratégica de expansión a fin de lograr una posición dominante en el recién surgido mercado del agua. 20 de las 30 mayores ciudades que concesionaron el servicio de agua potable entre 1995 y el año 2000 lo hicieron con Suez, entre otros Casablanca 17 (Marruecos), Amman (Jordania), Atlanta (Estados Unidos de América-EUA) y Buenos Aires (Argentina) (Gleick y otros 2000: 25 y Kürschner-Pelkmann 2002: 63). Actualmente Ondeo tiene intereses en 30 países en todas las regiones del mundo y abastece a 115 millones de personas con agua. Dado que las frecuentes adquisiciones de empresas llevaron a un alto nivel de endeudamiento del consorcio, éste decidió en la primavera del 2002 la venta de algunas empresas que no pertenecen al núcleo de servicios básicos. Pero paralelamente planteó la expansión de sus intereses en el sector agua (Kürschner-Pelkmann 2002) y logró en este mismo año una concesión de 10 años para el abastecimiento con agua y el saneamiento de todo Puerto Rico. Desde entonces ha logrado sumar más ciudades en países como China, Corea del Sur, Senegal, Canadá y México y pagó 40 millones para la US Water de la transnacional de construcción Bechtel. Dicha empresa fue concesionaria en Cochabamba/Bolivia y posee participaciones en los sistemas de 40 municipios medianos y pequeños en los EUA. Pero las inversiones en agua no han arrojado las utilidades esperadas y en su balance del año 2002, Suez reporta una deuda de 26.000 millones de euros (Reimon/Felber 2003). Corrupción y retirada La mencionada expansión fue apoyada por estrechos contactos de ejecutivos de la empresa con sectores políticos; el presidente de la empresa Mestrallet ostentaba anteriormente altos cargos en los ministerios de transporte, economía y hacienda, mientras que el director ejecutivo Monod fungía durante muchos años como asesor del actual Presidente Jacques Chirac (Barlow/Clarke 2003). En la ciudad de Grenoble, Francia, la empresa se vio involucrada en un escándalo de corrupción, siendo condenado un ejecutivo del consorcio a un año de cárcel por pago de sobornos (Hall/Lobina 2001). La retirada de Suez en 2002 de las ciudades de Buenos Aires y Manila—ambos proyectos considerados modelos por el Banco Mundial—fue ampliamente difundida. La nueva estrategia empresarial aprobada en enero del 2003 incluía la retirada de los países pobres y de ingresos me18 dios y reducía en un tercio las inversiones (Comunicado de Prensa de Suez 9.1.2003). Mientras tanto en Atlanta fue la administración municipal, la que canceló el contrato a inicios del 2003, dado que no se dio la prometida mejora en la calidad del agua (CEO 2003b). “Otros consorcios son peores que nosotros” declaró Gerard Payen, presidente de Suez durante los últimos años (Godoy 2003). Los vínculos de Suez con el lobby internacional del agua Suez participa estrechamente en distintas reuniones internacionales del lobby de agua. Lo que más llama la atención es el papel de René Coulomb, ex presidente de directorio de Suez, quien es actual Vicepresidente del Consejo Mundial de Agua (World Water Council) y miembro influyente del comité directivo del Patronato Mundial del Agua (Global Water Partnership). Ivan Chêret, asesor de la presidencia de Suez, integró también el comité de asesoría técnica del Consejo Mundial de Agua. Margaret Catley-Carlson, ex presidenta de la Agencia Canadiense para el Desarrollo Internacional es la única mujer en la cúpula de los grupos de cabildeo de agua y se desempeña hoy como presidenta del Comité Asesor de Recursos Hídricos (Water Resources Advisory Commitee), que co-patrocina Suez. Dicho consorcio es además miembro del agrupamiento de lobby sobre el Tratado General sobre Comercio y Servicios (GATS en sus siglas en inglés)– Foro Europeo de Servicios (European Services Forum), del Foro Económico Mundial que se realiza anualmente en Davos, de la Cámara Internacional de Comercio y de las organizaciones neoliberales Mesa redonda de Industriales Europeos (European Roundtable of Industrialists) y Diálogo Transatlántico de Negocios (Transatlantic Business Dialogue) (Polaris Institute 2000 :20, ICIJ 2003). Las Canillas Abiertas de América Latina Vivendi/Veolina Agua, Multimedia y muchas deudas La segunda gran empresa transnacional francesa en el mercado mundial se llama Veolina y tiene sus orígenes en la Compagnie Générale des Eaux, fundada en el siglo 19. Fue con este nombre que la empresa se consolidó como una de las mayo res transnacionales multisectoriales con énfasis en agua y desechos. En 1998 cambió su nombre por el llamativo Vivendi y realizó una profunda reestructuración bajo la dirección de Jean-Marie Messier que implicaba la venta de los sectores inmobiliarios y de construcción—objetos de frecuentes escándalos—, mientras que los intereses de agua, energía y transporte fueron unidos en la nueva empresa Vivendi Environnement, posteriormente abierta en una tercera parte a capital externo. Los ingresos de esta venta y voluminosos créditos financiaron en la época del auge de la New Economy la adquisición de múltiples empresas, más que todo de medios de comunicación y en una acción espectacular se sumaron la empresa televisiva Canal+ y el consorcio de entretenimiento Seagram, propietario entre otros de los Estudios Universal. Para atraer accionistas a invertir en los mercados prometedores de medios y telecomunicaciones, las deudas fueron cargadas a las áreas de servicios básicos y distribuidos de esta forma hacia los recibos de agua, luz y desechos, así como boletos de tren de muchas personas en todo el mundo (Barlow/Clarke 2003). Fue de esta manera que el abastecimiento de agua de millones de personas fue ligado mediante arriesgadas transacciones financieras con la construcción del segundo imperio empresarial mundial de medios y telecomunicaciones. Pero los ambiciosos planes de Veolina (Vivendi en aquel entonces) se estrellaron cuando la prensa internacional difundió que el monto de las deudas de la empresa ascendía a 34.000 millones de euros. Las acciones perdieron gran parte de su valor y Messier tuvo que renunciar. Un conjunto de bancos salvó la empresa con créditos de 1.000 y luego otros 3.000 millones de euros.Veolina/Vivendi se separó de gran parte de sus empresas; la rama del agua no estuvo excluída. En junio del 2003 Veolina/Vivendi vendió la mayoría de acciones de su empresa Viven- di Environnement y anunció la venta de toda su participación, dando lugar a una empresa de servicios básicos, que fue renombrada como Veolina Environnement para desligarse de la mala imagen de su casa matriz. Veolina: nuevo nombre – ¿mayor suerte? Veolina abarca las empresas de desechos Onyx, de transporte Connex, de energía Dalkia y de agua Veolina. Cada una de estas empresas mantiene numerosas participaciones en otras empresas. En Alemania,Veolina tiene intereses relacionados con el agua en Berlín, Gera y Weihwasser/Sachsen. Veolina y la RWE poseen en conjunto el 49% de las acciones de la empresa de aguas de Berlín. Los resultados han sido nefastos para la población que sufrió un incremento del 15% en las tarifas en el 2004, mientras que el parlamento de la ciudad aceptó la suspensión del pago del canon y se reportan 1000 empleos perdidos (Donnerstagskreis 2003). Dado que las utilidades se vieron mermadas por el menor consumo de agua, la rentabilidad contratada se obtuvo por medio de las medidas mencionadas. Vivendi/Veolina en el mercado global de agua Veolina atiende a 25 millones de clientes en Francia y es la empresa con mayor participación en este mercado. Sus ventas a nivel mundial la ubican levemente por encima de Suez/Onedo como número uno del sector con presencia en todas las regiones.Algunos ejemplos ilustran los resultados de la gestión de Veolina a nivel mundial: El gobierno del Estado de Paraná en Brasil decidió en febrero 2003 no prorrogar la concesión de Veolina para recuperar el control público sobre la gestión del agua. El contrato entre el Estado de Paraná y Veolina concedía al consorcio francés una participación del 40% en la empresa estatal de aguas SANEPAR, cediéndole todos los derechos en cuanto a política de personal, créditos y precios del agua. Como consecuencia fueron elevados los dividendos en detrimento de inversiones y precios del agua. En este mismo año Veolina amenazó con su retiro de la re19 gión Catamarca (Argentina) para lograr un incremento de las tarifas de agua (Polaris Institute 2003c). El recibo de agua financia la expansión empresarial Al igual que en el caso de Suez/Onedo, la arriesgada expansión de Veolina en los mercados mundiales de agua no se vio compensada con las ganancias esperadas. No sólo llevó al borde de la quiebra a la empresa, sino que hizo pagar estas deudas a muchas personas por medio de su recibo de agua.Ya en el 2001 Veolina evaluó que los mercados en los países del Sur no proporcionan los márgenes esperados de ganancia y anunció su intención de concentrarse en mercados de menor exposición al riesgo (Hall 2003g: 6). RWE Thames Water El único consorcio que compite de alguna manera con los dos gigantes franceses en el mercado del agua es la alemana RWE (Centrales Eléctricas de Renania-Westfalia) a través de su filial británica Thames Water. De “tranquilidad, bienestar y descanso” a consorcio multisectorial Hasta los años 90 la RWE fue un símbolo de burocracia sólida, siendo asociado el consorcio de energía, gas natural y agua con tranquilidad, bienestar y descanso para la población (Schnabel 2003: 15). Desde sus inicios en 1898 como empresa energética municipal, ha mutado – al igual que Suez y Veolina - hacia uno de los 100 mayores consorcios del mundo, ostentando la tercera posición en el sector agua. La liberalización del mercado de energía en 1997 dio lugar a una competencia feroz e inauguró la época de los consorcios multifuncionales. Para poder competir en el teatro internacional, RWE realizó una profunda reestructuración. Mientras áreas marginales de negocios como DEA en la rama combustibles fueron vendidas, fue fortalecida la posición en los sectores energía, gas natural, agua y desechos. La apuesta al sector agua se concretó con la participación en el abastecimiento de agua de Budapest en conjunto con Suez/Ondeo y luego en la alianza con Veolina en Berlín 20 (Kürschner-Pelkmann 2003, R e i m o n / Fe l b e r 2003). Thames Water – incursión en una empresa global deficitaria La adquisición de Thames Water en octubre del 2002 convirtió a RWE de un día para otro en consorcio global de agua, ya que dicha empresa, aparte de contar con 14 millones de clientes en Inglaterra, actuaba desde hace tiempo a nivel internacional con énfasis en Asia (ver Schnabel 2003). Pero la empresa adquirida no tenía buena fama. La Agencia Ambiental del Gobierno Británico (Environment Agency) elabora anualmente un listado de empresas acusadas de delitos ambientales y condenadas a penas máximas. Dos veces en los últimos años Thames Water ocupó el primer lugar en esta “lista de la vergüenza”. En el año de la compra por RWE,Thames Water fue uno de los mayores contaminadores en Gran Bretaña y 5 jurados y 6 juicios la obligaron a pagar en este año un total de 288.000 libras esterlinas por delitos ambientales (Amigos de la Tierra 2001, Lobina/Hall 2001). Con la adquisición de Thames Water, RWE obtuvo participaciones en las empresas de agua de El Cairo, Zagreb, Bangkok,Yakarta, la parte este de China, así como en España, Polonia, Singapur y en los Estados Unidos. A través de su dependencia “RWE Aqua” posee además la mayoría de acciones de las Empresas de Agua de Renania-Westfalia (de la Motte 2003), mientras que otras empresas vinculadas desarrollan sus actividades en Chile, México, Nigeria y Tailandia. Otra gran inversión fue realizada en enero del 2003 al adquirir la empresa norteamericana American Water Works por 8600 millones de dólares. La compra de la endeudada empresa que abastece con agua en los EUA a 15 millones de personas, tuvo el objetivo de lograr acceder al mercado latinoamericano, como revela un informe relacionada con la transacción (Kürschner-Pelkmann 2002). La compra de Thames Water y American Water Works no sólo mejoró la posición de RWE frente a sus competidores franceses Veolina y Suez, sino que también le aseguró supremacía en los mercados británicos y norteamericanos. Igual a Suez y Veolina, la ex- Las Canillas Abiertas de América Latina pansión ha llevado a un elevado endeudamiento. Para finales del año 2003 se aspiraba a reducir la deuda a menos de 23.000 millones de euros mediante la reducción de costos en personal e inversiones (Polaris Institute 2003a). Sin embargo, RWE sigue apostando a la expansión a fin de “ser el socio mundialmente preferido (...) por ser la empresa de agua más ambiciosa” y ha definido para ello las regiones de mayor interés empresarial: tereses expansionistas en mercados con potencial de ganancias.También RWE busca en primer lugar “generar utilidades en todas las inversiones existentes y previstas en mercados desarrollados y en vías de desarrollo” (RWE 2003) y esta estrategia orientada a obtener ganancias ha llevado hasta la fecha a desconsiderar criterios como salud, medio ambiente y distribución justa de agua. Otros consorcios de agua “Para lograr estas metas pretendemos expandir nuestras actividades en los EUA, donde el manejo de agua vive un rápido cambio, aprovechar las posibilidades en Europa a raíz de nuestra integración en el consorcio RWE y obtener pedidos a gran escala en Asia” (RWE 2003a). En el caso de RWE se constata que la privatización de los servicios de agua ha implicado diversos efectos negativos y las subsiguientes reacciones de los/as consumidores/as, lo cual motivó al consorcio de agua de intentar mejorar su imagen, presentándose a diferencia de los competidores franceses como empresa orientada al cliente y con responsabilidad ambiental.“Porque RWE pretende contribuir mundialmente a un desarrollo que no daña el ambiente y genera bienestar”, se autodescribe el consorcio que lanzó la gran campaña publicitaria “Imagine” para lograr, según sus propias palabras, “enfatizar el perfil de marca RWE y subrayar la fuerte posición de la empresa en Alemania y a nivel internacional”. Anuncios televisivos y en publicaciones escritas pretenden “el posicionamiento diferenciado y emocional de RWE en el mercado” (www.rwe.de). También en pronunciamientos y publicaciones propias intenta mejorar su imagen RWE/Thames Water. Un representante de Thames Water contradijo la posición de la Unión Europea (UE) en las negociaciones para la liberalización de servicios GATS y declaró que la empresa no desea ser vinculada a proyectos de privatización impuestos por ejemplo por condiciones de préstamos del Fondo Monetario Internacional (FMI) y del Banco Mundial (Hall 2003d: 4). Pero si bien RWE no luchará en primera fila para el GATS, esto no va en detrimento de los in- Aparte de los 3 grandes Veolina, Suez y RWE en el mercado mundial de agua existen algunas empresas más. La filial del consorcio de la industria de construcción francés Bouygues – SAUR - es la número 4 y concentra sus intereses en África. Como producto de las privatizaciones en Gran Bretaña surgieron aparte de Thames Water empresas como Anglian Water, Kelda Group, United Utilities, Seven Trent e International Water Limited (IWL) con participación en el mercado internacional de agua. El consorcio Berlinwasser (Agua de Berlín), propiedad de RWE, Veolina y de la comuna - participa en proyectos más que todo en Asia y Europa del Este. También la filial de Enron Azurix participó hasta la quiebra de su casa matriz en el mercado mundial de agua y fue vendida entre otros a Anglian Water y la filial de RWE, American Water Works. Conclusión: Maximizar utilidades en vez de agua limpia para todos/as Los intereses de los consorcios son comerciales. Con el abastecimiento de agua potable de los sectores con menor poder adquisitivo sin embargo, no es fácil generar utilidades y en los años pasados las ganancias han sido nulas en parte de los proyectos. Un representante de las empresas recordó en su intervención durante una conferencia en Londres en primavera del 2003 que ninguna empresa invertirá en redes de agua potable sin visualizar un retorno adecuado de estos recursos (Hall 2003c: 6). Por lo tanto, el esfuerzo de los consorcios fue reestructurar el abastecimiento de agua potable anteriormente en manos públicas bajo el principio de la maximización de utilidades.Adicionalmente aspiran a crecer. Con la adquisición de nuevas empresas 21 logran sumar las ganancias acumuladas o arrebatarle participación en los mercados a competidores endeudados, siendo sometidos a una problemática presión permanente de cre c imiento. Para lograr satisfacer las expectativas de los/as accionistas, los consorcios requieren de permanentes adquisiciones que implican cada vez mayor nivel de endeudamiento y de búsqueda de recursos en los mercados bursátiles, llevando un segmento de mercado con ciclos largos como es el agua a estar sometido a la presión de los balances trimestrales que exige la bolsa de títulos y valores (Stadler/Hoering 2003: 83). Ese dilema estructural llevó a los consorcios en los diversos proyectos de privatización en todas las regiones del mundo a abastecer únicamente a las personas con capacidad de cancelar un precio para el agua que cubría todos los costos, siendo demasiado costoso el cumplimiento de parámetros de calidad e incumpliendo cánones de concesiones. Varios estudios detallados so22 bre proyectos de privatización de redes de agua potable llegaron a conclusiones similares y afirmaron que los beneficios esperados no tuvieron lugar (para mayor información: Lobina/Hall 2003): • Abastecimiento Consorcios invierten donde la rentabilidad es mayor y se limitan en los países pobres a abastecer los barrios exclusivos, zonas hoteleras e industriales. En sectores habitados por la población con menor poder adquisitivo es frecuente que canillas públicas sean reemplazadas por conexiones individuales con medidores que vuelven impagable el agua, anteriormente gratuito. Más que en ampliación de redes se tiende a invertir en la instalación de medidores, resultando un sistema diferenciado con clara desventaja para zonas urbanas más pobres y la población rural. Las Canillas Abiertas de América Latina • Precios altos Para hacerse cargo de una red de agua potable, los consorcios exigen precios reales para el producto, lo cual implica eliminar los frecuentes subsidios en países del Sur y convierte el agua en un bien inalcanzable para la población pobre. Son diversos los factores que pueden llevar a una disminución del consumo de agua: crisis económica, catástrofes naturales o ahorro en el consumo de agua. Las concesiones sin embargo, incluyen mayoritariamente utilidades garantizados y hasta establecen la vinculación a la tasa de cambio del dólar para calcular la tarifa, resultando incrementos permanentes de hasta un 100% o incluso un 200%, como ocurrió en Cochabamba. la conclusión de que “monopolios privados intentan mantener lo más alejado posible las instancias de regulación para lograr las mayores ganancias posibles por su posición de exclusividad” (citado en Hoering 2001: 26). • Mala calidad del agua Contrario a compromisos y promesas, en muchos casos los consorcios no han invertido en la reparación de obsoletos sistemas de tubería y de tratamiento del agua. Si bien en algunos casos se logró elevar un tanto la anteriormente pésima calidad de agua, muchos proyectos de privatización llevaron a su disminución, hasta casos como Manila, donde incluso se reportaron fallecimientos por el Cólera. • Falta de control • Ausencia de criterios ecológicos El traspaso del abastecimiento de agua a manos privados limita las posibilidades de regulación, control democrático e incidencia. La capacidad de regulación de las respectivas instancias estatales en los países del sur es muy limitada y se ven sometidos a presiones por parte de los nuevos monopolistas privados en el sector agua. Hasta el Banco Mundial llegó ya en 1996 a Para los consorcios de agua es más rentable en muchas ocasiones elevar los precios que reparar roturas en el sistema de tubería con el resultado de un alto nivel de desperdicio en perjuicio de las fuentes de agua, llevando como en el caso de Manila a la construcción de represas costosas y ambientalmente negativas. 1.) Veolia / Veolia Water 2.) Suez / Ondeo 3.) RWE / Thames Water 4.) Bouygues / SAUR 5.) United Utilities 1.) RWE / Thames Water 2.) Veolia / Veolia Water 3.) Suez / Ondeo 4.) United Utilities 5.) Bouygues / SAUR 1.) Suez / Ondeo 2.) Veolia / Veolia Water 3.) RWE / Thames Water 4.) United Utilities 5.) Bouygues / SAUR Gráfica informativa WEED: Horst Eberlein 1.) Bouygues / SAUR 2.) Veolia / Veolia Water 1.) Veolia / Veolia Water 3.) RWE / Thames Water 2.) Suez / Ondeo 4.) United Utilities 3.) RWE / Thames Water 5.) Bouygues / SAUR 4.) United Utilities 5.) Bouygues / SAUR 1.) Bouygues / SAUR 2.) Suez / Ondeo 3.) Veolia / Veolia Water Fuente: Cifras empresariales RWE, 2003 23 • Flexibilización laboral Bibliografía Despidos y pérdida de la estabilidad laboral y de prestaciones son parte de las medidas de los consorcios de agua para reducir costos e implementar criterios de eficiencia económica y pueden llevar, tal como afirman investigaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre privatizaciones y reestructuraciones en los sectores agua, gas natural y energía eléctrica, a la disminución de la plantilla de hasta un 50% (según Bayliss 2002: 10). Barlow, Maude und Tony Clarke (2003):Blaues Gold.Das globale Geschäft mit dem Wasser.München. Bayliss,Kate (2002):Privatisation and Poverty:The distributional impact of utility privatisation.PSIRU-Report.London. CEO (2003b):European Water TNCs:Towards Global Domination?Water Justice Info Brief 1.Amsterdam. Concannon,Tim (2001):Stealing our Water.Implications of GATS for Global Water Resources.Friends of the Earth.London. 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El ampliamente documentado incumplimiento de pagos de canon por la concesión disminuye los ingresos públicos, mientras que la garantía de utilidad lleva en no pocas ocasiones a transferencias netas de altas sumas que van en desmedro de la inversión social en educación y salud. 24 Las Canillas Abiertas de América Latina Polaris Institute (2003a):Corporate Profile RWE.Ottawa. Polaris Institute (2003b):Corporate Profile Suez.Ottawa. Polaris Institute (2003c):Corporate Profile Vivendi.Ottawa. Reimon,Michel und Christian Felber (2003):Schwarzbuch Privatisierung.Was opfern wir dem freien Markt?Wien. RWE (2003):Water Factbook UK and US Operations.www.rwe.de RWE (2003a):RWE Thames Water Kurzportrait.www.rwe.de . Schnabel,Peter (2003):Vom Ruhrpott nach Shanghai.Wie das Essener Unternehmen RWE in weniger als einem Jahrzehnt zum Global Player wurde und den Weg in Asiens Millionenstädte fand.Schriftenreihe des Asienhauses.Essen. Stadler,Lisa und Uwe Hoering (2003):Das Wasser-Monopoly.Von einem Allgemeingut und seiner Privatisierung.Zürich. 25 II.2 Al agua pato! La política al salvataje de las trasnacionales Christina Deckwirth5 26 5Politóloga, autora del documento de WEED Sprudelnde Gewinne? Transnationale Konzerne im Wassersektor und die Rolle des GATS (¿Ganancias efervescentes? Los consorcios transnacionales del sector agua y el papel del GATS), Bonn/Berlín, 2004. Las Canillas Abiertas de América Latina La retirada de los consorcios La expansión de los años 90 ha implicado nuevos retos para las transnacionales de agua. Por un lado se han encontrado con frecuencia con mucha resistencia y por otra parte son elevados los niveles de endeudamiento a consecuencia de una expansión a cualquier precio y el pago de altos dividendos a los/as accionistas. Esto ha llevado a Veolina, Suez y otros a cambiar su estrategia de empresa, lo cual es apoyado financiera- y políticamente por gobiernos nacionales, la Unión Europea, el Banco Mundial y otras organizaciones. • Retirada Privatizaciones fracasadas y la falta de las utilidades esperadas han llevado a la retirada de los consorcios de agua de países pobres y de ingresos medios, siendo los primeros de la lista Filipinas y Argentina debido a las crisis financiera experimentadas. En los lugares donde las utilidades acordadas no se dieron, los consorcios abrieron sendos juicios en búsqueda de indemnizaciones. Pero ya no sienten como obligación suya mantener el abastecimiento, al no contar con los ingresos esperados. • Nuevos mercados Muchos consorcios fijan sus ojos en los lucrativos mercados de las Américas, de Europa occidental y más que todo oriental y de China con su alto potencial de crecimiento. La revista Eurobusiness plantea que “[China] constituye una oportunidad atractiva para hacer dinero para empresas europeas de servicios básicos” (citado según CEO 2003b: 3). Otras esperanzas de Suez, Veolina y RWE son el rompimiento de la organización en pequeñas unidades del mercado de agua en Alemania y la liberalización del mismo en la Unión Europea. • Fondos públicos para privados Últimamente los consorcios de agua han planteado la necesidad de mayor apoyo público y exigen contribuciones financieros para sus negocios en el exterior. El presidente del consorcio de agua francés SAUR planteó, refiriéndose al Banco Mundial, que “subsidios sustanciales y créditos a bajo interés son indispensables para poder mantener las inversiones requeridas” (Hall 2003f: 5), después de haber rescindido contratos en Mozambique, exigido renegociación en África del Sur y aplazado un contrato planificado en Zimbabwe en tan solo dos años. Bajo esta tesis, de que la expansión del abastecimiento de agua depende de mayores créditos y de subsidios públicos para los consorcios de agua, Vivendi reivindica una garantía pública del riesgo para inversiones en países pobres, planteando que la proyección de rentabilidad depende de la “seguridad de utilidades adecuadas por el pago del servicio por los/as consumidores” o si el gobierno garantiza el pago adecuado para la prestación del servicio (Hall 2003f: 6). La política está siempre lista La tesis de que los consorcios de agua mejoran y amplían el abastecimiento y acceso a agua de buena calidad en países del Sur contrasta con la realidad en muchas partes. Hasta el Banco Mundial tuvo que reconocer que algunas privatizaciones del servicio del agua no habían dado los resultados esperados y que por ende la privatización no era siempre la mejor solución para los problemas locales de agua. Pero las consecuencias de esta “reciente actitud de reflexión” (Hoering 2003c: 4) no son evidentes y la tendencia de privatizaciones y aperturas de mercados ha continuado en el Norte y el Sur. Es más, en vista de la retirada de las transnacionales, gobiernos y organizaciones internacionales han incrementado sus contribuciones para lograr mayor presencia de los consorcios en países pobres y de ingresos medios a pesar de la falta de utilidades operativas. En vez de una reorientación de la cooperación internacional para el desarrollo observamos la readecuación de la estrategia a favor de las privatizaciones de acuerdo a las nuevas circunstancias. • Banco Mundial: ¿sólo retórica? El Banco Mundial tiene un papel protagónico en la política de privatización del sector agua a nivel mundial y condiciona sus créditos desde 27 1990 cada vez más a la implementación de políticas privatizadoras del agua. En el año 2000 fueron 86 los préstamos del Banco Mundial relacionados con el tema del agua y saneamiento por un volumen de 5300 millones de dólares (Finger/Allouche 2001: 62). Créditos del Banco Mundial establecieron y siguen determinando los sectores públicos sujetos a privatización o reestructuración según criterios de rentabilidad económica y en numerosos países participó y sigue participando el Banco directamente en la privatización del abastecimiento del agua potable, mientras que otros proyectos en la misma dirección se encuentran en su fase de preparación.A través de sus suborganizaciones IFC (International Finance Corporation – Corporación Internacional Financiera) y MIGA (Multilateral Investment Guarantee Agency – Agencia Multilateral de Garantia de Inversiones), cuya misión es proporcionarles a empresas privadas créditos a bajo interés y asistencia técnica, así como asegurar riesgos de inversiones, los consorcios de agua reciben el apoyo directo del Banco Mundial. En julio del 2003 se pudo leer en el Wall Street Journal que “representantes del Banco Mundial han decidido que no es relevante si la infraestructura se encuentra en manos públicos o privados” y en algunas publicaciones y participaciones en eventos el Banco insinuó un cambio de énfasis hacia un mayor apoyo de la participación pública en el sector agua. Pero una mirada más detenida revela que eso no concuerda con la realidad. En varios documentos generales y planes de acción se reitera la apuesta del Banco Mundial a favor de una amplia participación privada en el abastecimiento de agua potable, planteando la búsqueda de mecanismos para mayor eficiencia del fomento de la participación de actores privados, lo cual no es más que una continuidad de la política de privatización (Hoering 2003c). • EBRD: Cooperación para el Desarrollo de Europa del Este? El Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo (European Bank for Reconstruction and Development, EBRD) asumió participaciones accionarias hasta en un 37% en proyectos 28 fracasados de privatizaciones en Europa del Este. La británica International Water Limited - sucursal de la transnacional norteamericana Bechtel -, que había asumido el abastecimiento de agua en Tallinn/Estonia, Sofia/Bulgaria y BielskoBiala/Polonia en combinación con el consorcio inglés United Utilities, había decidido retirarse del negocio del agua a consecuencia del fracaso económico y puso a la venta sus participaciones. El escaso interés obligó al EBRD a actuar para salvar la empresa, anunciando el apoyo financiero de United Utilities para la compra de las participaciones que estaban a la venta. A pesar de grandes egresos a consecuencia de privatizaciones fracasadas, la EBRD sigue fomentando la apertura de los mercados de agua en la Europa del Este para actores privados, quedando cada vez menos recursos para promover la urgente renovación y ampliación de los sistemas públicos de agua potable en esta región (Hall 2003d). • UE: Apoyo financiero para consorcios europeos En Europa existen desde el año 2002 un conjunto de iniciativas para favorecer la ap e rtura del sector agua a prestadores privados del servicio. Documentos de varias direcciones generales y un libro verde de la Comisión Europea divergen de la definición del abastecimiento de agua potable como s e rvicio básico, implicando la ap e rtura de este mercado para entidades privadas. Por otra part e,la Unión Europea juega un papel determinante en cuanto a la promoción de las actividades de los consorcios de este continente en el extranjero, siendo de particular importancia fondos provenientes de las líneas presupuestarias dedicadas a la cooperación para el desarrollo. La Iniciativa de Agua de la UE (EU Water Initiative EUWI) fue fundada en Johannesburgo en el año 2002 e incluye apoyo financiero masivo con fondos en efectivo y de garantía para consorcios europeos dedicados al sector agua.El Fondo UE de Agua (EU Water Fund) por su parte proporciona recursos de cooperación para inversiones en el sector agua en los países AKP (Países de África,Caribe y Pacífico que han sido Colonias de países miembros de la UE) (Hall 2003/a/b/d/e y CEO 2003a). Las Canillas Abiertas de América Latina El lobby internacional para el agua Las numerosas formas de financiamiento a favor de la privatización del agua no surgen por iniciativa propia en el Banco Mundial, la Unión Europea o el gobierno alemán, sino desde el inicio de los años 90 existen estrechas coordinaciones y permanentes intercambios con organizaciones internacionales, foros de agua y asociaciones de consorcios que actúan como especie de “Buró Político” de la privatización mundial del abastecimiento de agua (PSIRU 2003). En este marco se discutió políticamente el proyecto “privatización del abastecimiento de agua”, fueron elaborados los lineamientos políticos y generado las bases para un diálogo permanente entre instancias de financiamiento y consorcios de agua. Se generó el espacio ideológico para que una proporción cada vez mayor del financiamiento internacional y de la cooperación para el desarrollo fomente modelos privatizadores.A continuación se presentan estos foros internacionales: • World Water Council: El Consejo Mundial de Agua (WWC) fue fundado en 1996 por gobiernos, organizaciones internacionales y representantes de transnacionales con actividades en el sector agua y entre sus objetivos se encuentra la elaboración de una “visión global” para el abastecimiento mundial de agua.WWC se autodenomina como líder entre los “institutos de investigación” (think tank o usinas de pensamiento) dedicados al tema agua y ve su función principal en asesorar a los tomadores de decisiones en cuanto a la política internacional de agua. Cada tres años, el WWC organiza el Foro Mundial de Agua (World Water Forum), que es la mayor conferencia sobre política internacional de agua y tuvo lugar por última vez en marzo del 2003 en Kyoto. En esta ocasión fueron confirmados en sus cargos de vicepresidentes el ex – director de Suez, René Coulomb y el ex – vicepresidente del Banco Mundial William Cosgrove. Su siguiente asamblea general se realizará durante la primavera del año 2005 en Nueva York ( "http://www. wo r l d w a t e rcouncil.org" www.worldwatercouncil.org). • Global Water Partnership: El Patronato Mundial para el Agua (GWP) fue fundado también en 1996 y su membresía coincide mayoritariamente con la del WWC. Se entiende como “red dinámica” y recibe apoyo financiero de las agencias gubernamentales para la cooperación de Europa y Canadá, así como de organizaciones internacionales como el Banco Mundial, el PNUD y la Fundación Ford. El objetivo de GWP es “apoyar a países en el manejo sostenible de sus recursos hídricos”, en el entendido que esto se logra mediante la conversión del agua en un bien de mercado y la apertura del sector para actores privados. En su plan global 2001-2002, la GWP demanda la profundización de la liberalización del sector agua, la promoción de privatizaciones, la mejora de las condiciones para la inversión privada y la abolición de los subsidios estatales, si bien está dispuesto a participar activamente en la “búsqueda de una política de tarifas y precios que incluye el sector privado sin afectar a los pobres” con participación activa de las empre s a s ("http://www. g w p forum.org" www.gwpforum.org). • World Panel on Financing Water Infrastructure: El Foro Mundial para el Financiamiento de Infraestructura de Agua fue fundado a finales del 2001 como un proyecto conjunto del WWC y del GWP. Es presidido por Michel Camdessus, anterior Presidente de Fondo Monetario Internacional y entre su membresía figuran representantes de diversos bancos regionales de desarrollo, como el EBRD y el Banco Asiático para el Desarrollo, de bancos privados y de Thames Water y Suez. En el marco del tercer foro mundial de agua presentó su informe “financiar agua para todos” que contiene entre otros la recomendación de utilizar recursos públicos y de la cooperación para el desarrollo para el financiamiento y apoyo de inversiones privadas en el sector agua. El impacto del llamado “reporte Camdessus” hacia las diversas iniciativas de financiamiento fue tal, que el Fondo UE de Agua por ejemplo retoma en forma explícita sus recomendaciones con lo cual logró cumplir su propósito de determinar la agenda sobre el tema ("http://www.worldwatercouncil.org/fi29 nancing_water_infra.shtml" www.worldwatercouncil.org/financing_water_infra.shtml). • Banco Mundial, Naciones Unidas y Gobierno de EUA En los gremios que componen el “Estado Mayor” (Petrella 2000) internacional del agua participan en forma determinante el Banco Mundial y sus bancos regionales de desarrollo, pero también las empresas transnacionales de agua. Sus numerosos “expertos” influyen considerablemente en los procesos de toma de decisión (Hoering 2001: 17).También foros de las Naciones Unidas son utilizados cada vez más para promover la inversión privada en el sector agua. La UE aprovechó la conferencia de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre ambiente y desarrollo en Johannesburgo para presentar su iniciativa para la promoción de inversiones privadas en el sector agua y la siguiente sesión del Consejo Mundial de Agua se realizará simultáneamente con la conferencia de la comisión de ONU sobre desarrollo sustentable en Nueva York, a fin de darle a estas iniciativas públicas para el financiamiento de inversión privada una imagen positiva “Marca ONU”. Otro instrumento directo de incidencia de los consorcios de agua son las contribuciones a representantes de gobiernos y de partidos, como han sido ampliamente documentadas más que todo en los EUA (Polaris Institute 2000: 12). 30 Conclusiones Las experiencias negativas de múltiples proyectos de privatizaciones en el Sur muestran claramente que el fomento de los servicios públicos de agua y saneamiento es más necesario que nunca. Sobre todo en los países más empobrecidos, las zonas rurales y los barrios pobres de las ciudades, precisan aportes financieros para la ampliación del sistema público de abastecimiento de agua. Sin embargo, una cooperación para el desarrollo que fomente la ampliación de estructuras públicas contradice los intereses de las trasnacionales. Las mismas trasnacionales están coordinando en los diversos foros con los donantes internacionales para defender sus propios intereses. De forma creciente se usa a los fondos públicos de la cooperación internacional para apoyar iniciativas privadas en el sector del agua. Cada vez más, la ayuda al desarollo se convierte en una ayuda al desarrollo de las transnacionales. Las Canillas Abiertas de América Latina Bibliografía CEO (2003a):Alternatives to Privatisation:the Power of Participation.Water Justice Info Brief 4. Amsterdam. CEO (2003b):European Water TNCs:Towards Global Domination?Water Justice Info Brief 1.Amsterdam. Hall,David (2003a):A critique of the EC green paper on Services of General Interest.PSIRU-Report. London. Hall,David (2003b):EC Internal market strategy – implications for water and other public services..PSIRU-Report.London. Hall,David (2003d):Public Solutions for private problems?– responding to the shortfall in water infrastructure investment.PSIRU-Report.London. Hall,David (2003e):Water and DG Competition.PSIRU-Report.London. Hall,David (2003f):Water Multinationals – no longer business as usual..PSIRU-Report.London. Hoering,Uwe (2001):Privatisierung im Wassersektor.Entwicklungshilfe für transnationale Wasserkon-zerne – Lösung der globalen Wasserkrise??WEED-Arbeitspapier.Berlin/Bonn. Hoering,Uwe (2003c):Was nun,Weltbank?Oder:Lessons learned?Mehr Privatisierung und Großpro-jekte oder Förderung öffentlicher Unternehmen und dezentraler Lösungsansätze.Heinrich-Böll-Stiftung.Berlin. Petrella,Riccardo (2000):Wasser für alle.Ein globales Manifest.Zürich. Polaris Institute (2000):The Final Frontier:A Working Paper on the Big 10 Global Water Corporations and the Privatization and Corporatization of the World ’s Last Public Resource.Ottawa. PSIRU (2000):Controlling the Vision and Fixing the Forum:The politburo of Privatisation.London. 31 II.3 La OMC por el caño: el GATS y la liberalización del sector Christina Deckwirth6 32 6Politóloga, autora del documento de WEED Sprudelnde Gewinne? Transnationale Konzerne im Wassersektor und die Rolle des GATS (¿Ganancias efervescentes? Los consorcios transnacionales del sector agua y el papel del GATS), Bonn/Berlín, 2004. Las Canillas Abiertas de América Latina El GATS apunta a la liberalización del suministro de agua Los intereses están repartidos con claridad: mientras los consorcios europeos presionan por condiciones ideales de inversión en el mercado mundial del agua, los movimientos sociales en el sur exigen mayor protección contra la comercialización de sus sistemas de suministro de agua. Los consorcios cuentan con el respaldo de las organizaciones internacionales más poderosos: junto con el FMI, el Banco Mundial y la Organización Internacional del Comercio (OMC) es el foro por excelencia desde el que se impulsa la liberalización del mercado del agua en todo el mundo. El tema agua ocupa uno de los primeros lugares en la agenda del Acuerdo Internacional sobre Comercio de Servicios (GATS). La Unión Europea, en estrecha asociación con los consorcios europeos, reclama con mucha insistencia una apertura mucha mayor del mercado del agua. El Acuerdo General sobre Comercio de Servicios (General Agreement on Trade in Services, GATS) entró en vigor con la fundación de la OMC en 1995. Desde el año 2000 se encuentra en una fase de renegociación. El objetivo del GATS es la liberalización completa del mercado de servicios, incluidas las áreas que no se incluyeron en su totalidad en 1995. Sobre todo Estados Unidos y la Unión Europea (UE) presionan en las actuales rondas de negociación a favor de una ampliación generalizada del acuerdo y la inclusión de los servicios de construcción, turismo y tránsito, así como de servicios básicos como educación, salud o suministro de agua y energía. Por principio no hay ningún sector excluido de las regulaciones del GATS. En principio un país puede decidir según conveniencia si liberaliza determinado sector en el marco del GATS, pero los países del Sur soportan en estas negociaciones una presión muy fuerte de los países que les otorgan créditos. Regulaciones estatales en aspectos laborales o restricciones ambientales y tarifarias deben sacrificarse ante el GATS como “barreras al co- mercio”. En caso de que un inversionista internacional se siente en desventaja a la inversión respecto de otros consorcios o de los prestadores públicos de servicios por una ley o una restricción, puede demandar a través del gobierno de su país ante el órgano de resolución de la OMC, donde cuenta con buenas posibilidades de ganar. La práctica mantenida hasta hoy en la resolución de controversias comerciales internacionales indica que en caso de duda, la mayoría de las veces se privilegia la protección del inversionista en detrimento del ambiente, la protección de la salud o el combate a la pobreza. Como sede de los mayores consorcios de agua en el mundo, la UE es la principal promotora de la liberalización del sector. Con todo descaro impulsa sus agresivos intereses exportadores: “Una mayor liberalización mayor de este sector [del agua] representaría para los consorcios europeos nuevas posibilidades económicas, como indican las adquisiciones y la expansión en el exterior de una serie de consorcios europeos vinculados al agua”. En el “sector clave” de los servicios públicos ambientales, del que forma parte el suministro de agua, la UE designa como principal objetivo reducir “las barreras que encuentran proveedores europeos en los mercados de terceros países.” En documentos reservados de negociación que se filtraron en primavera del 2003, la UE exige la apertura del mercado de agua a 72 países. Entre ellos están todos los grandes países industrializados, pero también muchos países pobres y de ingresos medios como Tanzania e India y casi toda América Latina. Especialmente apremiantes resultan las exigencias que se hacen a países como Sudáfrica, Filipinas o Bolivia, que ya sufrieron por fracasados proyectos de privatización. Si estos países aceptaran las exigencias de la UE, Suez, Veolina, RWE y similares encontrarían excelentes condiciones de inversión en estos lugares. Actualmente se trabaja en el marco del GATS en una limitación por la cual sólo se permitirán restricciones cuando no condicionen a los inversionistas “más de lo necesario”. Y aún más: 33 una vez abierto el paso a los consorcios no puede cerrárselo nuevamente, ya que los compromisos que implica la liberalización en el marco del GATS son prácticamente irreversibles. ¿Punto muerto después de Cancún? Los intereses de la UE son claros: en esencia el GATS es un acuerdo que favorece a los actores globales. Esto es válido también para el sector del agua. Un cierre “exitoso” de las negociaciones del GATS daría mayor fuerza a la posición de los consorcios y afectaría aún más las posibilidades de un servicio público de suministro de agua con regulaciones sociales y ecológicas. Sin embargo hay una leve esperanza. Después de la frustrada cumbre de ministros de la OMC en septiembre de 2003 en Cancún, México, las conversaciones sobre comercio internacional se interrumpieron. Los países en desarrollo tienen poco que ganar con la liberalización de las áreas de servicios públicos, por lo que hasta ahora fue mínima su participación en las negociaciones del GATS. Pero hay que tener cuidado con esta interrupción: Concesiones por parte de EUA y la UE en el marco de las negociaciones agrarias de la OMC, sean reales o meramente retóricos, podrían llevar a un “trueque” de productos agropecuarios por servicios públicos y las negociaciones del GATS podrían volver a ponerse en marcha rápidamente. 34 Las Canillas Abiertas de América Latina 35 II.4 Agua, ¿Derecho humano o mercancía? 7 Barbara Unmüßig8 36 7 Ponencia presentada al Tercer Foro sobre Políticas de Desarrollo, Berlín, 26 y 27 de marzo de 2004. 8 Miembro de la junta directiva de la Fundación Heinrich Böll. Las Canillas Abiertas de América Latina Soluciones para las crisis globales, regionales y locales de agua Las cumbres de las Naciones Unidas, organizaciones, conferencias y foros internacionales e incontables investigaciones y talleres se ocupan de uno de los temas más urgentes para las actuales y futuras generaciones, ¿cómo garantizar acceso a la sustancia más importante del mundo, el agua? Hoy en día esto ya es el problema global más grande para 1.2 mil millones de personas. En el año 2005 - de acuerdo a proyecciones de las Naciones Unidas - 3 mil millones de personas sufrirán de escasez de agua, la mayoría de ellas en países en desarrollo. No menos serio para las condiciones de vida de más de 2.5 mil millones de personas, especialmente de los sectores pobres y más pobres de la población es el manejo de aguas residuales. El agua contaminada y la escasez de agua causan enfermedades y muerte a millones de personas cada año. A diferencia de principios de la década de los 90s (en la Cumbre del Medio Ambiente de Río de Janeiro, donde este tema no tuvo gran trascendencia), la conciencia pública y política de la crisis del agua se ha elevado enormemente. En el año 2000, los gobiernos del mundo por primera vez formularon una meta cuantitativa y de tiempo sobre como tratar el problema global de la escasez de agua: la llamada Declaración del Milenio de las Naciones Unidas. Para el año 2015, el número de personas sin acceso a agua potable debe reducirse por la mitad. El Plan de Acción de la Cumbre Mundial para el Desarrollo Sostenible en Johanesburgo reiteró esta meta en el 2002, agregando la misma meta para el tratamiento de las aguas residuales. Sin embargo, según las palabras críticas de la organización internacional del medio ambiente Worldwide Fund for Nature (WWF), directamente después de la Cumbre, las resoluciones de Johanesburgo no trataron el tema de dónde va a salir “el agua para 600 millones de chorros y 1.2 mil millones de inodoros.” En los últimos años, el debate sobre propuestas de solución y su financiamiento se ha vuelto crítico. La controversia está centrada en quién se permite qué rol (estados, organizaciones multilaterales de desarrollo y financiamiento y, sobre todo, sector privado) en el abastecimiento de agua potable y el manejo de las aguas residuales. ¿Es el agua un bien público o es mercancía? ¿Se le debe poner un precio al agua? ¿Qué significa el reconocimiento del agua como un derecho humano para acciones futuras de los estados y del sector privado? ¿Quién financiará los miles de millones de dólares de inversión necesarios para el sector del agua? Agua, ¿derecho humano o mercancía? Posicionar el agua como un derecho humano es muy bienvenida. En su Declaración No. 15, el Comité de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos Económicos, Sociales y Culturales definió las obligaciones nacionales e internacionales que deben emprender los Estados y las organizaciones supranacionales para respetar, proteger y cumplir con el derecho al agua. Esta declaración asigna al Estado, en particular, un mandato de protección sin ambigüedades, aún cuando se trate de terceros. En ese sentido les definió deberes tales como garantizar el acceso no discriminatorio a un mínimo de agua suficientemente limpia, promover el abastecimiento para uso doméstico antes que para el uso de la industria o la agricultura industrializada (agroindustria) y prohibir la quiebra con los sistemas existentes de abastecimiento de agua. El Comité de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Económicos, Sociales y Culturales ha tomado entonces una posición en esta discusión tan controversial y ha definido el agua como “bien público”. Los Estados pueden decidir por ellos mismos si estas tareas fundamentales van a ser estructuradas e implementadas pública o privadamente. El comentario legal de este Comité es un paso sin precedentes en el camino hacia una solución del problema global de agua potable, basada en los derechos humanos. Los gobiernos deberían comprometerse en la ejecución de estas definiciones y recomenda37 ciones. Para el futuro, esto tendría un impacto de largo alcance para la formulación de acuerdos crediticios y concesiones relacionadas al agua (calidad, seguridad, precio) con el sector privado. Los gobiernos deben asegurar que los organismos internacionales como el Banco Mundial, FMI y OMC reconozcan el derecho humano al agua (el derecho humano y medio ambiental antes que el derecho comercial). Nosotros apoyaremos políticamente y promoveremos la implementación de ese compromiso. Esto resultaría en una reforma de alcances profundos para todo el sector del agua para la mayoría de los países, especialmente para los países en desarrollo. Muchos Estados en el llamado “Tercer Mundo” fallan en la tarea de garantizar servicios fundamentales como el abastecimiento de agua potable. Como resultado de ello, especialmente la gente en pobreza del campo y la ciudad pagan grandes sumas de dinero para que distribuidores privados les abastezcan de agua. El Plan de Acción de la Cumbre Global de Johanesburgo llama a los gobiernos a que desarrollen estrategias nacionales del agua para el año 2005. El derecho humano al agua brinda un excelente punto de referencia: en las estrategias nacionales, los deberes de los Estados y sus marcos regulatorios necesitan ser definidos de tal manera que el derecho humano al agua pueda ser alcanzado y garantizado. El agua definida como un bien público es, por ende, también tarea del Estado. Se debe dejar claro que no puede ser abandonado a las fuerzas auto-reguladoras del mercado como si fuese artículo o mercadería. El agua ciertamente tiene un valor económico, y últimamente es un producto ambiental; a fin de prevenir el desperdicio del agua, ésta debe costar algo. Los ingresos que percibe el Estado por los servicios de agua se necesitan urgentemente para mantener y expandir la infraestructura de abastecimiento de agua potable y de manejo de aguas residuales. Cada comunidad, cada Estado puede usar el principio de asignarle un precio social al agua. El acceso gratuito para la gente en estado de pobreza puede ser pagado por precios altos y su38 periores para los grandes consumidores. Los ricos deberían subsidiar a los pobres. En la actualidad no es raro que ocurra lo contrario. Agua gratuita para la irrigación de la agricultura intensiva para la exportación no es la solución, sino que más bien ha sido parte del problema de escasez y contaminación del agua por mucho tiempo en muchos países del mundo. Por ende, la regulación y supervisión del Estado es absolutamente necesaria. Pero, ¿qué se puede hacer con aquellos Estados debilitados? El sector privado tampoco va a ayudar en estos casos. No tiene ningún interés de invertir en estos países. Aquí es básicamente en donde los organismos de desarrollo bilateral y multilateral podrían tener un importante papel que jugar. Sin embargo, a menudo no hay conceptos adaptados o soluciones a pequeña escala para promover la autoorganización comunitaria más allá de las estructuras estatales. ¿Sector estatal o privado? Los gobiernos y las agencias de desarrollo se han apoyado de manera progresiva en la participación del sector privado en busca de soluciones conceptuales a fin de conseguir los miles de millones de inversión que se necesitan. Por ejemplo, de acuerdo a la Ministra alemana de Ayuda al Desarrollo Wieczorek-Zeul, en declaraciones para el periódico Frankfurter Rundschau en junio de 2003 (FR 2 junio 03) comentó, “…sin el involucramiento de las empresas privadas y el capital privado, no es posible financiar las inversiones que son necesarias”. Mientras tanto, se ha hecho más evidente que la participación del sector privado no ofrece “caminos dorados” para alcanzar las metas del Milenio y las de Johanesburgo. La industria privada del agua no llena las expectativas por su capacidad de inversión y tampoco sirve a las capas pobres y más empobrecidas de la población. Un estudio de esa industria por parte del departamento de evaluaciones del Banco Mundial concluyó que las expectativas sobre considerables financiamientos adicionales por parte de los conglomerados internacionales del agua eran demasiado optimistas. Más aún, el sector privado se concentra casi exclusivamente en grupos urba- Las Canillas Abiertas de América Latina nos con alto poder adquisitivo. Ellos están interesados en las “alternativas que reduzcan gastos” a fin de ser más rentables. Aquellos sectores sociales que necesitan urgentemente el acceso al agua potable y al manejo de aguas residuales, como la gente en pobreza en zonas urbanas y rurales, siguen dependiendo de las inversiones públicas.Aún la sociedad civil en años recientes ha sobrestimado absurdamente el papel de los conglomerados internacionales de abastecimiento de agua. A pesar de todo, en los años 90s el sector privado se unió a proyectos de infraestructura con la modalidad de asociaciones públicas y privadas o hasta en la privatización de la industria del agua (p.e. el caso Manila, etcétera).Ahora se han hecho cantidad de estudios sobre estos modelos de inversión, que han evaluado las experiencias con el sector privado. En el pasado, las ONGs, sindicatos y movimientos sociales, participaron de varias maneras en formular estas críticas. En primer lugar lo que se ha criticado a los proveedores de servicios privados ha sido el mecanismo tan antisocial de fijación de precios al agua, la alta vulnerabilidad del sector monopólico del agua para corromperse, lo mismo que las deficiencias en la calidad y la seguridad del servicio. Las asociaciones públicas-privadas, tan altamente celebradas por los ministros de asistencia al desarrollo y organizaciones de desarrollo, han sido vistas críticamente por el uso que hacen de los pocos fondos públicos para subsidiar a las empresas privadas en lo que comúnmente suelen ser grandes proyectos de infraestructura. Estos mismos fondos públicos hacen falta cuando se trata de financiar tecnologías costeables y adaptables para beneficiar a poblaciones urbanas de bajos ingresos y poblaciones rurales o para el establecimiento de agencias reguladoras del Estado. Actualmente se discute si las llamadas revisiones de múltiples partes interesadas (que reúnan a gobiernos, organizaciones supranacionales y grupos sociales), deben evaluar sistemáticamente la experiencia que se ha tenido con el sector de abastecedores privados de agua. ¿Acaso no están ya documentadas esas experiencias y las críticas (ciertamente justificadas en parte)? ¿Son suficientes ahora para reorientar al sector del agua? Hago estas preguntas porque las experiencias de los procesos con los tales procesos de múltiples partes interesadas han sido lo suficientemente aleccionadores para la sociedad civil, ya sea que se trate de la Comisión Mundial sobre Represas o la muy reciente Comisión para la Revisión de las Industrias Extractoras, que son las que evalúan las realidades de los proyectos de los sectores de minería, petróleo y gas natural. Si las metas del Milenio van a ser alcanzadas, para acortar a la mitad el número de personas sin acceso a agua potable segura y con manejo de aguas residuales para el año 2015, entonces se necesitan con urgencia correcciones en el plano conceptual y presupuestos mayores, especialmente de parte de las organizaciones internacionales de desarrollo y financiamiento. Los conglomerados internacionales de servicios ya han reducido sus participaciones desde que sus expectativas de ganancias no fueron cubiertas. Luego, las críticas locales e internacionales a los proyectos individuales de privatización han hecho lo demás, llevando a la industria del agua a actuar con más cautela. Si el entonces pronóstico eufórico de que el sector privado tenía disposición para aportar los miles de millones necesarios para agua potable y manejo de aguas residuales no se ha cumplido, entonces se necesitan inversiones públicas más cuantiosas de los presupuestos por parte de los respectivos países y por parte de la cooperación internacional para el desarrollo. Lo anterior en ningún momento descarta completamente al sector privado. Sí puede construir u operar la infraestructura necesaria para el suministro de agua potable y el manejo de aguas residuales. Sin embargo, son los gobiernos locales y el Estado quienes deben definir y supervisar el cumplimiento de estas empresas con los 39 requisitos y estrategias de una política pública sobre el agua. El establecimiento y expansión de las agencias reguladoras estatales debe ser la prioridad por encima de los proyectos “rápidos” con el sector privado. ¿Fondos públicos, para quiénes? Los fondos públicos tienen que llegar primero allí donde el sector privado no tiene interés económico alguno: a los pobres de la ciudad y del campo. Esto también ocurre en muchos proyectos de cooperación bilateral y multilateral para el desarrollo. No obstante, es imposible pasar por alto las grandes esperanzas que se tienen puestas en el involucramiento del sector privado en el contexto de la ejecución de proyectos en asociación pública y privada. Es más, grandes proyectos de infraestructura, que incluyen enormes represas para el abastecimiento de agua potable, están en la “lista” del Banco Mundial o la Comisión de la Unión Europea, que supuestamente van a ser financiados con el Noveno Fondo de Desarrollo de la Iniciativa del Agua de la Unión Europea anunciada en Johanesburgo. Es urgente poner a prueba y corregir las condiciones de los préstamos para ajuste estructural del Banco Mundial, los bancos multilaterales de desarrollo y el Fondo Monetario Internacional, que continúan con privatizaciones forzadas y políticas de precios que aún sus propias unidades evaluadoras las someten a duras críticas. Una mirada a los flujos externos de financiamiento público para el sector del agua muestra que para muchos donantes bilaterales el énfasis es para la industria. A pesar de eso, se observa que aún los fondos públicos para el sector del agua están disminuyendo. Más aún, de acuerdo a la OECD, no son necesariamente los países “que más necesitan el agua” los que más sacan ganancias de las inyecciones de fondos públicos. En los años 90s, únicamente 12 por ciento de la ayuda oficial para el desarrollo (ODA) fluyó para esos países en donde menos del 60% de la 40 población tiene acceso a suficiente abastecimiento de agua potable. Ha habido una pequeña disminución de fondos para los países africanos que tienen necesidades urgentes de apoyo financiero para el sector del agua.Aunque la mayoría de los fondos fluyen para la construcción de infraestructura para agua potable y el manejo de aguas residuales, las inversiones para hacer más eficientes los sistemas actuales de agua son descuidadas, a pesar de que la pérdida de grandes cantidades de agua ha sido reconocidas desde hace tiempo como un problema serio. Las Canillas Abiertas de América Latina 41 II.5 ¿Quién controla el agua del futuro? Danuta Sacher9 42 9 Responsable del departamento de política y campañas de la organización “Pan para el Mundo“. Artículo publicado en INKOTA Brief Nº 128, junio 2004, Berlín. Las Canillas Abiertas de América Latina El derecho humano al agua no es un asunto moral, sino estratégico. En el año 2001 los periodistas eligieron el tema del agua como el de mayor importancia aunque el menos tratado en los medios. Hoy día sin embargo se ha ganado mayor espacio en el debate público con énfasis en la interrogante acerca de cuál debe ser el papel de las empresas privadas en el suministro de agua. Esta cuestión es particularmente relevante para los países del sur, donde más de mil millones de personas no tienen suficiente acceso al agua potable. Los promotores de la privatización en las instituciones financieras multilaterales y en el Ministerio de Cooperación Externa de Alemania (BMZ) se enfrentan con críticas crecientes. Cada día son más fuertes las voces que exigen una reorientación de las políticas de cooperación para el desarrollo y un fortalecimiento de las muchas veces débiles instancias públicas en los países del sur. Una de cada cinco personas en el mundo padece la carencia de agua potable. Una de las así llamadas metas para el desarrollo convenidas en la cumbre de la ONU del 2000 pretende reducir ese número a la mitad para el año 2015. En la cumbre del desarrollo sostenible de Johannesburgo del año 2002 se ha ampliado esta meta incluyendo el acceso a saneamiento. Según UNICEF, 280.000 personas deberían obtener diariamente el servicio de agua potable y cerca de 384.000 a instalaciones sanitarias para lograr dicho objetivo. Junto a estas cifras de por sí preocupantes, aparecen otros datos alarmantes. El consumo mundial de agua se ha sextuplicado desde 1940. Si esta tendencia de aumento de consumo y contaminación de agua persiste, las estimaciones hidrológicas aseguran que en el año 2025 más de la mitad de la humanidad sufrirá escasez de agua. La crisis que se aproxima es no sólo un problema de acceso sino también de los modelos de producción y de consumo vigentes, porque los mayores consumidores de agua a nivel mundial son la agricultura con un 70% seguido de la industria con un 20%, mientras que las necesidades básicas de las personas requieren sólo un 10%. Los/as alemanes/as, con un consumo diario de aproximadamente 130 litros, están entre los/as consumidores/as privados/as más ahorrativos de los países industrializados. Pero en estos cálculos no se refleja la exportación virtual de agua causada por la globalización que se agrega al consumo diario per cápita. En un kilo de carne vacuna, por ejemplo, hay cerca de 15.000 litros de agua – gran parte de ellos gastados en Brasil o Argentina para el cultivo de forrajes para animales.También las telas baratas de exportación incluyen un gran gasto de agua en sus países de fabricación, como por ejemplo en Tirupur, la llamada ciudad de la camiseta de la India. Política con cifras Sin duda se necesitan recursos financieros adicionales, pero las estimaciones al respecto son sumamente dispares y reflejan diferencias conceptuales e ideológicas. El Consejo Mundial de Agua (WWC), fuertemente vinculado a la industria del agua y las instituciones financieras multilaterales, habla de la necesidad de invertir adicionalmente 100.000 millones de dólares anuales, agregando que estas enormes cantidades sólo pueden reunirse con mayor participación de actores privados. El argumento se basa en que la cooperación bilateral para el desarrollo pro mu eve asociaciones público-privadas, sosteniendo que se puede alcanzar un plus en cuanto a desarrollo a través de este apoyo de actividades económicas privadas en los países del Sur. Por otro lado en la Conferencia Internacional de Agua Dulce de Bonn en el año 2001 la necesidad de inversión adicional se cifró en 10.000 millones de dólares anuales. ¿Cómo se explica una diferencia tan grande en los cálculos? Esta alta estimación incluye todo tipo de infraestructura relacionada con el agua, inclusive grandes represas. Se basa en el modelo de tecnología centralizada, con altos costos, aplicado en los países industrializados. Por lo tanto constituye un intento por revitalizar el desacreditado ne43 gocio de la construcción de grandes represas, cuyo costo representa una gran parte de esta elevada estimación. De acuerdo con este criterio, no sorprende que la energía hidráulica haya sido definida como “energía renovable” independientemente de la dimensión y de los gastos secundarios de las instalaciones. Por lo tanto no es más que una estrategia inteligente para tratar de reimpulsar el negocio estancado de las represas bajo nuevas consignas como la lucha contra la pobreza y la promoción de energías renovables. El presupuesto más bajo se refiere a las inversiones requeridas para cubrir las necesidades humanas básicas y las instalaciones sanitarias. Sin duda, aun así no deja de ser un desafío movilizar “sólo” 10.000 millones de dólares adicionales por año. Pero estas cantidades serían alcanzables, por ejemplo a través de una combinación de condonación de deudas y un incremento de la cooperación para el desarrollo, a los comprometidos 0,7% del Producto Interno Bruto. La variación en los números tiene un trasfondo ideológico y varía según la concepción aplicada. Nos debería llamar la atención, entonces, si las decisiones políticas son argumentadas con razones financieras. Derechos versus comercio En los años 80, en los foros internacionales de debate, se daba por sentado que cada ser humano tenía derecho al agua potable en cantidad suficiente y que el cumplimiento de dichos postulados era responsabilidad del Estado. En los 90 esta concepción cambió y se introdujo un cambio de paradigmas en la discusión oficial hacia la comercialización del sector del agua y su organización, según criterios económicos. Este nuevo enfoque fue impulsado principalmente por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Los nuevos créditos para el sector agua se condicionaron a que se suspendieran los subsidios públicos, se introdujeran tarifas que cubriesen los gastos y se posibilitara la intervención de empresas extranjeras. Comenzó la privatización del suministro de agua en numerosas ciudades del sur, desde Argentina hasta Indonesia, desde las Filipinas hasta Uganda. Simultánea44 mente y con el apoyo de empresas trasnacionales de agua, el Banco Mundial organizó foros internacionales sobre el tema, al margen de la ONU. Así consiguieron determinar el debate sobre la política internacional del agua y promover la comercialización y privatización como solución para los problemas globales de agua. El instrumento más conocido para ello es el ya mencionado WWC, un grupo privado de personas de renombre, sobre todo de la industria francesa del agua y de las instituciones financieras multilaterales. La Conferencia Internacional de Agua Dulce de Bonn 2001 intentó conciliar los intereses comerciales con el derecho al agua potable. Culminó con un claro voto en favor de mantener la responsabilidad pública en el sector agua, sin excluir la participación privada en el marco de asociaciones público-privadas. La Cumbre del Desarrollo Sostenible de Johannesburgo en el 2002, cambió el énfasis en favor del apoyo de más cooperaciones público-privadas en el sector del agua, sin llegar a acuerdos ni compromisos para la realización de las metas. Las negociaciones retomadas sobre el GATS de la OMC en el año 2000, amenazan en convertirse en un ataque general al suministro de agua, como uno de los últimos reductos de la responsabilidad pública. Aún cuando el acuerdo GATS no contiene en sí mismo ningún mecanismo de privatización, incrementa enormemente la presión en esa dirección y amenaza con limitar sensiblemente la capacidad de regulación del Estado. Las Naciones Unidas se vieron marginadas de estos debates hasta manifestarse a fines del 2002 claramente en contra de la erosión del principio del derecho al agua. El Consejo de Asuntos Económicos y Sociales (ECOSOC) publicó un análisis jurídico del acuerdo sobre derechos humanos económicos, sociales y culturales, en el que se destacaba el acceso al agua como uno de los derechos humanos fundamentales y prerrequisito para cualquier otro derecho humano. Esta interpretación jurídica, que según el derecho universal debería guiar la legis- Las Canillas Abiertas de América Latina lación de los Estados suscriptores, es muy precisa respecto a las obligaciones estatales frente a los individuos y las comunidades, relaciona las necesidades individuales con las condiciones ecológicas y establece por primera vez una relación con el modelo comercial multilateral. De esta forma las Naciones Unidas ayudaron a reencauzar el debate hacia los aspectos fundamentales de un suministro de agua ecológica y socialmente sostenible, en lugar de seguir haciéndolo girar en torno a aspectos administrativos y financieros parciales. El fracaso lamentable de los proyectos de privatización El hecho de que a la fecha los/as impulsores/as de la privatización van dando marcha atrás tiene causas diversas. Por una parte, muchos proyectos de privatización desencadenaron una resistencia tenaz, tanto en países del sur como en industrializados. Por otra parte, numerosas experiencias como las de Manila o Buenos Aires han sido un fracaso rotundo. Ni se logró mejorar el servicio para los sectores pobres, ni lograron las ganancias esperadas las empresas trasnacionales. Tampoco se dieron las inversiones privadas que el BMZ y otros consideran indispensables para alcanzar las metas del milenio. En su mayoría, la empresa privada no ha invertido capital propio, sino que ha utilizado créditos del Banco Mundial con garantía estatal. Un estudio del Banco Mundial sobre más de 300 de sus proyectos de agua y saneamiento concluyó que “una gran parte de los proyectos revisados, especialmente en ciudades, no contribuían a la implementación de medidas orientadas a mejorar el suministro para los/as pobres”. Pero el peligro no ha pasado. Actualmente la presión de privatizar se traslada del Sur hacia el Norte y los países de ingresos medios (mercado interno de la Unión Europea, Estados Unidos de América, México y China).Al mismo tiempo, la Unión Europea elabora “instrumentos flexibles” para aminorar los riesgos de los consor- cios en los países del Sur. Porque según una nueva línea de crédito U.E.-Agua para proyectos en los estados de África, Caribe y el Pacífico, sigue siendo “un gran desafío, incluir en forma creciente al sector privado” y ofrecerle,“en vista de las inciertas tasas de ganancia”, alternativas a “créditos comerciales caros” para invertir en áreas consideradas como no rentables. Este es un cambio sorprendente de las concepciones vigentes a la fecha – la industria del agua como receptor de fondos en lugar de fuente de inversión. Es cuestionable que se usen recursos públicos de la cooperación para el desarrollo para este tipo de subsidios. Bien común o ganancias No se trata de negarle a la economía privada un papel en el suministro de agua. Basta fijarse en los sistemas comunales alemanes para ver la estrecha relación de la administración pública de agua con empresas locales o regionales. El problema no es que las empresas privadas se hagan cargo de ciertas prestaciones o servicios para las empresas públicas. Esto es hasta cierto punto lógico y en la mayoría de las veces un importante factor económico local. El problema consiste en cómo definir y establecer el control y poder público sobre la naturaleza y el monitoreo de los sistemas de agua, cuestionados cuando el principio rector del bien común en el suministro de agua se sustituye por la lógica de empresas que cotizan en la bolsa. Hay una diferencia conceptual y financiera si la tarifa cubre, además de los costos de mantenimiento y cuidado de un sistema de suministro de agua, la rentabilidad anual del capital invertido. Asimismo es importante precisar si cuando se menciona la “participación del sector privado” se está hablando de empresas transnacionales o locales; ya que se rigen por lógicas diferentes y requieren de mecanismos de regulación distintos. La mencionada modificación de los fines de la prestación del servicio de un bien común a una de obtención de ganancias puede darse no sólo en el caso de la privatización total, sino también 45 a consecuencia de privatizaciones parciales o concesiones a largo plazo. La problemática, tanto en los países industrializados como en los países en desarrollo es la misma. En un caso es expropiada la herencia social construida a lo largo de generaciones y en el otro se veta la posibilidad de contribuir a la superación de la crisis de legitimidad de los débiles procesos democráticos, mediante la construcción de servicios públicos eficientes. Por lo tanto, la discusión conlleva en el fondo a decisiones de gran relevancia con implicaciones de largo plazo para las sociedades. Derechos Humanos deben ser parte de la política de agua Este problemática no se supera con afirmaciones verbales a favor del derecho humano al agua, sino que es indispensable mencionarla en forma explícita en las políticas de cada sector que deben ser reorientados a fondo. Para que esto se cumpla es necesario en primer lugar, una reorientación de la política del Banco Mundial y de la cooperación para el desarrollo hacia la reforma y el fortalecimiento en la construcción de capacidades públicas en países del Sur, para de esa manera avanzar hacia un sistema de agua y saneamiento sustentable y con mayor cobertura. No es válido usar en contra de esta posición el argumento de que los organismos estatales de muchos países del sur son débiles e ineficientes. Por el contrario, varios estudios indican que muchas privatizaciones han impedido o reemplazado una reforma de las estructuras públicas anteriores. En su informe actual sobre desarrollo humano, el PNUD señala que el acceso general a la salud, la educación y el agua tiene un valor muy superior al obtenido por la suma de las diferentes tarifas, ya que la sociedad entera y la economía se benefician de mejoras de los estándares de salud, educación y productividad. Sobre esta base es que estos servicios se habrían clasificado en la segunda mitad del siglo 19 como parte de la previsión social pública, y pasaron a manos 46 públicas, generalizando su acceso en Europa Occidental, Canadá y Estados Unidos. En este contexto sigue siendo importante disminuir cualquier presión a favor de la privatización en los países del sur, ya sea por parte del Banco Mundial, de la cooperación bilateral o en el marco de las negociaciones OMC-GATS. Otra importante medida es la reorientación de los recursos de la cooperación para el desarrollo hacia los sectores más necesitados. Actualmente solo un 12% de los fondos empleados en proyectos de agua se destina a países en los que menos del 60% de la población tiene acceso dicho servicio. Entre los fondos destinados al sector agua, el 50% es otorgado en forma de crédito, relación elevada que incrementa la deuda externa de los países receptores. Finalmente se requiere elaborar una estrategia de mediano plazo con capacidad de articular en forma positiva las múltiples protestas en el Norte y en el Sur en defensa del agua como bien público y derecho humano. Primeros pasos en esta dirección son nuevas alianzas locales y globales entre movimientos ecologistas, organismos de cooperación, sindicatos y críticos de la globalización. Vale la pena en este contexto profundizar la idea de una Convención de Agua Fresca que pudiera armonizar los principios de los derechos humanos con los de la ecología, proteger derechos públicos y tradicionales e incluir instrumentos de derecho de los pueblos en situaciones de conflicto. Las Canillas Abiertas de América Latina 47 II.6 El agua potable como recurso estratégico del siglo XXI. El caso del acuífero guaraní. 10 Elsa Bruzzone11 “La seguridad de los Estados Unidos es la institución más peligrosa del mundo.” Roque Saenz Peña. 48 10 Una primera versión de esta ponencia se presentó en el Seminario Regional del ALCA, Quito, Ecuador, del 8 al 10 de marzo de 2004. 11 Centro de Militares para la Democracia Argentina (CEMIDA). Las Canillas Abiertas de América Latina Frecuentemente escuchamos y leemos que el agua potable será un recurso cada vez más escaso en los próximos años y que, a diferencia del petróleo, no cuenta con sustitutos. Por lo tanto, quien lo controle, controlará la economía universal y la vida del planeta en un futuro no muy lejano. Se sabe también que sólo el 3% del agua potable terrestre se encuentra en la superficie del planeta. El resto, se encuentra debajo de ella y se ha almacenado allí por más de 10.000 años. Los datos más optimistas informan que para el año 2025, unas 3.500.000.000 de personas padecerán escasez de agua potable. Pero los científicos más pesimistas estiman que esa carencia afectará a 7.000.000.000 de niños, mujeres y hombres, habitantes de este planeta. Prácticamente en casi todo el mundo la situación es crítica. La excepción es el Continente Americano que con el 12% de la población mundial encierra el 47% de las reservas de agua potable de superficie y subterránea del mundo. La paradoja aquí es que la mayoría de la población no tiene acceso al agua potable y que Canadá y EE.UU. tienen la mayor parte de sus aguas superficiales y subterráneas en estado crítico debido a la explotación irracional de las mismas y a la contaminación. México suma a su petróleo, la riqueza del agua potable en el sur del país y la biodiversidad genética. Quizás ahora entendamos un poco mejor las razones que llevaron a EE.UU. a implementar el NAFTA, verdadero instrumento de sometimiento y dependencia, con México y Canadá. En América Central abundan los ríos, las aguas subterráneas y la biodiversidad genética. Lamentablemente los proyectos hídricos están en manos de multinacionales norteamericanas y europeas con el apoyo e intervención como accionista, en la mayoría de los casos, del Banco Mundial. Todo esto ex- plica la proliferación de bases norteamericanas en la región, y la presión que se ejerce sobre los gobiernos locales para que acepten el PLAN PUEBLA - PANAMA, simple extensión del NAFTA y ahora también el CAFTA. Ambos instrumentos le garantizan a EE.UU. el control militar y económico de la región cuyo control político ya posee. En América del Sur el agua dulce abunda por doquier. A ríos, lagos, esteros, bañados, lagunas, debemos sumarle acuíferos, y entre ellos, el tercero más grande del mundo: el ACUIFERO GUARANI, compartido por Brasil, Paraguay, Uruguay y Argentina. También se encuentra el pulmón verde del planeta: la AMAZONIA, de la cual el Imperio intentó apoderarse en la década de 1950 alentando el movimiento independentista de los Yanomanis que aspiraban a segregar el noroeste brasileño. Años después lograron establecer una base militar en San Pedro de Alcántara. Brasil operó rápidamente ante el peligro cortando la segregación, estableciendo una línea de bases militares a lo largo de su frontera norte, construyendo carreteras en la selva y trasladando su capital a la Amazonia en una estrategia de afirmación de su soberanía, la cual completó actualmente con el SIVAM (Sistema de Vigilancia de la Amazonia), el SIPAM (Sistema de Protección de la Amazonia) y el cierre de la base de Alcántara, que fue volada por los norteamericanos antes de entregarla, dejando un tendal de muertos y heridos. Pero el Imperio no se rinde fácilmente, cambió su frente e intentó sin éxito afirmarse con un golpe de estado en Venezuela., para apoderarse de su petróleo, el otro recurso considerado estratégico por EE.UU. Bajo el pretexto de la lucha contra el narcotráfico estableció el llamado Plan Colombia y lo completó con la Iniciativa Regional Andina, los cuales le permiten tener una activa presencia militar en la región a través de las bases instaladas a lo largo de la frontera amazónica, siendo la más impor49 tante la de Manta, en Ecuador. Además viene ejerciendo presiones sobre los gobiernos argentino y boliviano para instalar bases militares en la Provincia de Misiones, Argentina, cerca de la zona conocida como Triple Frontera, y a orillas del río Itonamay en Bolivia. Gracias a esta estrategia, ha cerrado el cerco sobre la Amazonia, controla militarmente su periferia y está en condiciones de tener un rol preponderante en el momento en que exploten sus recursos naturales. De la misma manera operó contra Irak en el caso del petróleo. El acuífero guaraní Es el tercer gran acuífero del mundo. Se extiende por las cuencas de los ríos Paraná, Uruguay y Paraguay. Tiene una superficie aproximada hasta la fecha de 1.194.000 kilómetros cuadrados de los cuales 839.000 corresponden a Brasil, 226.000 a Argentina, 71.700 a Paraguay y 59.000 a Uruguay, que representan, el 10% del territorio de Brasil, el 6% de Argentina, el 18% del Paraguay y el 25% de Uruguay. Hasta la fecha se aprecia que la mayor longitud del yacimiento es de 1800 kilómetros aproximadamente y su mayor amplitud se estima en 900 kilómetros. Por el norte toma contacto con el Pantanal que a su vez se conecta con la Amazonia. Se desconoce el límite oeste del Acuífero en el Paraguay y en Argentina, aunque se estima que en nuestro país se prolonga hacia la cuenca del Bermejo y más allá de la laguna Mar Chiquita. También es desconocido el límite sur en la Argentina pero no se descarta que continúe hacia las regiones pampeana (inundada) y patagónica pudiendo llegar a conectarse con la zona de los grandes lagos precordilleranos. Algunas características geológicas del Guaraní se conocen desde hace más de 50 años por las exploraciones de PETROBRAS, YPF y PULIPETROL, en Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay. Ya en 1974 se publicó en Brasil 50 el primer estudio hidrogeológico importante sobre la región. Se estima su volumen en unos 55.000 kilómetros cúbicos cada kilómetro cúbico equivale a un billón de litros de agua, es decir un uno con doce ceros atrás). La recarga se estima entre 160 y 250 kilómetros cúbicos por año y explotando anualmente 40 kilómetros cúbicos (una explotación racional llegaría también hasta 80 kilómetros cúbicos por año), podría abastecerse a unos 360.000.000 de personas con una dotación de 300 litros por habitante diariamente. En vastas regiones presenta surgencia natural. Las aguas encontradas entre 500 y 1000 mts. de profundidad presentan caudales mayores a los 500.000 l/h y en algunos casos 1.000.000 l/h. La temperatura del agua varía con la profundidad. Las áreas de recarga y descarga del Guaraní y las áreas donde existen una alta concentración de usos y usuarios se consideran áreas críticas (“hot spots”): Concordia (Argentina) - Salto (Uruguay); Rivera (Uruguay) - Santana do Livramento (Brasil); Riberao Preto (Brasil). Pero el área más importante y fundamental de recarga y descarga es el corredor transfronterizo entre Paraguay, Brasil y Argentina, ¡y este corredor está ubicado en la zona de la TRIPLE FRONTERA! La población de la Triple Frontera, según datos oficiales, asciende a unos 470.000 habitantes agrupados en Puerto Iguazú (Argentina) 30.000; Foz do Iguazú (Brasil) 270.000 y Ciudad del Este (Paraguay) 170.000. Argentina, Brasil y Paraguay han desplegado en la región sus medios de seguridad a fin de evitar que eventuales acciones delictivas puedan amenazar a la industria tan vital del turismo. Puerto Iguazú, Foz do Iguazú y Ciudad del Este disponen de elementos de la Policía Nacional más que suficientes, a ellos se agregan las disponibilidades de Fuerzas de Seguridad (Gendarmería, Prefectura), filiales de órganos de inteligencia, Policías Aduane- Las Canillas Abiertas de América Latina ras y agencias de vigilancia privada para hoteles y otras dependencias turísticas. A ello hay que agregar la disponibilidad inmediata o casi inmediata de guarniciones militares de importancia regional, sobre todo en Brasil y Paraguay y un poco más distante en la Argentina, así como el despliegue de sus respectivos servicios de inteligencia propio de regiones fronterizas. En los territorios brasileño y argentino, las actividades turísticas, comerciales y sociales están aceptablemente organizadas y controladas por las autoridades. Ciudad del Este se dedica al comercio legal e ilegal supervisado por un corrupto poder político - militar que históricamente lo organizó y controló. Ese control es hermético y casi infalible. Cualquier elemento extraño a la organización mafiosa oficial que pretenda terciar en las actividades tendrá una existencia efímera. La comunidad siria - libanesa establecida en ella, puede trabajar en el marco comercial establecido porque desembolsa grandes cantidades de dinero para poder hacerlo. El estudio del Acuífero fue realizado por Universidades Nacionales de los cuatro países. El costo final del mismo fue estimado en 26.760.000 dólares, pero los gobiernos de la región decidieron entregar al Banco Mundial el proyecto. Este lo aceptó rápidamente y determinó que el fin del mismo sería preservar de la contaminación al Guaraní y lograr el desarrollo sustentable del mismo, lo cual en términos del Primer Mundo significa que los pobladores locales no tengan acceso al recurso y por lo tanto no puedan utilizarlo libremente. Por lo tanto, el Proyecto no tiene en cuenta las necesidades de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay y de sus habitantes. La región comprendida por el Guaraní posee unos 15.000.000 de habitantes. El Acuífero constituye la principal fuente de suministro de agua potable para abastecimiento urbano, industrial y agrícola en Brasil, don- de más de 300 ciudades de entre 3.000 y 500.000 habitantes son abastecidas total o parcialmente por él. Su utilización comenzó en 1930. En Paraguay, se han registrado unos 200 pozos que abastecen a poblaciones de la región oriental del país. Uruguay cuenta con más de 135 pozos y se los usa para abastecimiento público y baños termales. En la Argentina, hay en explotación 9 pozos termales de agua dulce en el sector oriental de la Provincia de Entre Ríos, y, en la Provincia de Corrientes, algunas localidades y zonas de quintas han comenzado a utilizar sus aguas. Se desconocen proyectos de utilización del Acuífero en nuestra Argentina. Se sabe que las aguas son de excelente calidad para el consumo humano, industrial, hidrotermal y para el riego y que la relación costo - beneficio es sumamente favorable si se la compara con la que demanda el tratamiento de aguas de superficie Técnicos brasileños en el año 2000 presentaron una propuesta al Banco Mundial para la creación de una Red de Monitoreo del Acuífero Guaraní con el objeto de mejorar el nivel de conocimiento científico y técnico y para poder llevar una gestión sustentable del mismo. Este proyecto propone no sólo el monitoreo de pozos determinados, sino también la elaboración de mapas: de ciudades y poblados, de suelo, de vegetación, de cursos de agua: ríos, represas, lagos, lagunas; estructural de drenaje; de vías de acceso: rutas, caminos principales y secundarios, hidrovías, ferrovías; de oleoductos y gasoductos; de áreas de exclusión: perímetros de áreas demarcadas en la zona ambiental tales como las áreas de preservación permanente (APP), de preservación ambiental (APA), de conservación permanente (ACP), de restauración (AR), así como los sitos históricos y las áreas de protección de manantiales, y todo tipo de análisis físicos y químicos. Esta propuesta ha sido aceptada y se implementará durante el transcurso del año 2004. En lo inmediato se prevé la elaboración de un nuevo mapa base y profundizar los estudios en hidrogeoquímica, iso51 topía, geofísica, geología y usos del recurso. En una palabra, la propuesta de Brasil sirvió para que el Banco Mundial tomara posesión del recurso con los silencios cómplices de los gobiernos argentino, paraguayo y uruguayo. La Organización Internacional de Energía Atómica a pedido del Banco Mundial, ha realizado estudios isotópicos de las aguas del Acuífero. Ellos han determinado que el mismo es rico en distintos elementos químicos como el deuterio, utilizado en la astronáutica y cohetes militares como combustible formando parte de la mezcla de gases propulsores, de tritio, usado en los ensayos termonucleares a partir de 1952 y que a través de las lluvias penetra en la tierra y en los acuíferos, uranio, torio, silicio, que se encuentra también en la tierra y cuyas propiedades similares a la del titanio lo hacen apto para la industria espacial y aeronáutica. Ha comprometido fondos por 300.000 dólares, para el año 2004, para el transporte y análisis en laboratorio de los isótopos de muestras de agua del Guaraní. Coca - Cola y Nestlé ya tiene plantas separadoras de estos elementos en la región. Como podemos observar, están preparando un futuro venturoso para el Imperio. La Secretaría Nacional de Saneamiento Ambiental (SENASA) paraguaya, vuelca toda la información del Acuífero en Paraguay en el Banco de Datos Regis, que es holandés. No sabemos si con el cambio de gobierno la situación se revirtió. La Secretaría del Proyecto tiene su sede en Montevideo, Uruguay, y en marzo y setiembre de cada año debe informar sobre los avances del mismo al BM. Este y el Fondo para la Protección Ambiental Global (GEF) determinan los lineamientos que la Secretaría seguirá en su accionar, la cual, debe revisar lo actuado con ellos y la UDSMA/OEA. El BM realiza misiones de supervisión periódicas y determina las nuevas pautas a seguir. No sabemos qué seguirá ordenando en el futuro pero lo podemos imaginar. 52 El BM creó un Fondo de Ciudadanía de 240.000 dólares para apoyar la promoción de cursos, eventos de capacitación y divulgación relacionados con aguas subterráneas y en especial con el Acuífero Guaraní. También instrumentó un Fondo de Universidades de 370.000 dólares destinado a financiar durante dos años proyectos universitarios de investigación sobre el Guaraní. Fueron aprobados nueve proyectos que serán supervisados directamente por el BM. Los contratos estipulan que los investigadores responden directamente al BM y deben acatar sus directivas y además, que todos los trabajos elaborados serán de autoría y propiedad intelectual compartida entre el BM, la OEA y los adjudicatarios de los proyectos. Lo peor es que los designados se sienten orgullosos por esas nominaciones sin comprender o no querer comprender de qué se trata. Se prevé además la creación de un sistema centralizado de datos. A tal fin se ha dividido al Acuífero en dos zonas para su estudio: norte y sur. Se crean los centros de datos nacionales, provinciales o estaduales y locales. En esos centros, llamados también nodos, deberá volcarse toda la información obtenida sobre las caracterizaciones físicas, económicas y sociales de los países involucrados en el Proyecto, los resultados de las nuevas investigaciones sobre el Guaraní y toda información conexa con el yacimiento, que sólo será procesada y administrada por el Banco Mundial. Todo ahora se aclara: la inusitada presencia de efectivos militares norteamericanos en la región, la proliferación de informes, siempre falsos, de la acción del terrorismo internacional desde la Triple Frontera, los infundados cargos a la comunidad árabe, los continuos ejercicios combinados de las fuerzas militares estadounidenses con las regionales, las presiones continuas sobre el gobierno argentino para la instalación de una base militar norteamericana en la Provincia de Misiones. Las Canillas Abiertas de América Latina Además existe en Argentina el proyecto de construir 8 bases, aparentemente bajo supervisión de la ONU y un laboratorio científico, que formarían parte de la Red de Control del Tratado de Prohibición Completa de Ensayos Nucleares, del cual la Argentina es signataria, Tratado que EE.UU. no quiere ratificar porque no podría realizar más explosiones nucleares y limitaría su capacidad de desarrollar nuevas armas atómicas. Conviene recordar que en los últimos cincuenta años EE.UU., Rusia, China, Francia y las restantes potencias nucleares militares hicieron unas dos mil explosiones de este tipo. Estas 8 bases y el laboratorio, serán parte de un sistema de 321 que se levantarán en 89 países, con el objeto “de verificar que nadie realice explosiones nucleares subterráneas, marítimas o atmosféricas, especialmente ensayos de nuevas armas”. Su sede central se encuentra en Viena. Una buena forma de enmascarar su presencia militar en la zona donde se encuentran los recursos estratégicos fundamentales del siglo XXI. El 30 de abril del 2003, el Informe Anual sobre el Terrorismo Mundial elaborado por el Departamento de Estado Norteamericano, determinó que en la zona de la Triple Frontera no existían células ni bases terroristas e hizo mención especial al diálogo antiterrorista del 3 mas 1, conocido también como acuerdo del 3 mas 1, que fuera firmado por Brasil, Argentina y Paraguay con EE.UU. para controlar y monitorear la región. Informes dados a conocer el 3 de diciembre del 2003, ratifican esta información. Estos informes dan a conocer además, los nuevos acuerdos a los que se han arribado: patrullaje conjunto del Lago Itaipú y aguas adyacentes, control integrado informatizado migratorio, diseño de controles para transporte transfronterizo de valores, implementación de una matriz de información sobre lavado de dinero, financiación del terrorismo y vuelos de carga a la Triple Frontera, implementación de un Centro de Inteligencia en Foz do Iguazú, formulación de leyes nacionales antiterroristas y el entrenamientos de efectivos en EE.UU. El 7 de febrero del 2004, un informe del Departamento de Estado estadounidense ratificó la inexistencia de células terroristas en la zona. Lo importante para los EE.UU. es tener reconocido el terreno con antelación sobre la base de un posible empleo de fuerzas militares en un futuro más o menos inmediato si es que los gobiernos de la región cambian su conducta entreguista seguida hasta ahora. Queda muy claramente expuesta la inoperancia de los gobiernos locales, siempre atentos exclusivamente a sus intereses particulares y no a los nacionales, para evitar el incesante avance del Imperio, que cada vez se consolida más, y para defender la soberanía de nuestros países sobre el Acuífero y la región, que cada día se ve más amenazada. Esta amenaza ha quedado ratificada en estos días en el informe elevado por el Pentágono al gobierno norteamericano. En él se mencionan los devastadores efectos que está produciendo en el planeta el calentamiento global, siendo el más importante de ellos la carencia de agua potable en un futuro muy cercano. Se sugiere además que los EE.UU. deben prepararse para estar en condiciones de apoderarse de este recurso estratégico, donde quiera que se encuentre, cuando llegue el momento indicado. Conviene recordar que EE.UU. se retiró del Protocolo de Kyoto, que regula la emisión de gases responsables del calentamiento global, en el 2001, que el Tratado requiere la aprobación de los países que en total son responsables del 55% de esa emisión, para entrar en vigencia, que Rusia manifestó que no lo ratificará porque lo considera una amenaza a su crecimiento económico, y por último, que EE.UU. en la Conferencia Especial de Seguridad Hemisférica, celebrada en Monterrey, México, en octubre del 2003, se negó a firmar las resoluciones relativas a la protección del medio ambiente. Esta Conferencia Especial forma parte del Sistema de 53 Seguridad Hemisférica creado por los EE.UU. para asegurarse el control de los recursos estratégicos de la región y el empleo combinado de las fuerzas militares para combatir en forma conjunta a los que ellos consideran sus enemigos. Todo ello lo hemos detallado en “Documento para el IV Anfictiónico Bolivariano: La Defensa Nacional Latinoamericana - Caribeña: Pasado, Presente y Futuro Deseable” y que se encuentra en nuestra página web: www.geocities.com/cemida_ar Los recursos estratégicos de Nuestra América deben estar en manos de nuestros pueblos y ser explotados en favor de nuestras necesidades e intereses. La defensa de nuestros patrimonios nacionales es indispensable para mantener nuestra supervivencia como pueblos y naciones y nuestra identidad. No debemos ni podemos permanecer al margen de estos verdaderos problemas actuales y futuros. No debemos tolerar la presencia y acción de profetas nacionales que se vanaglorian de su accionar desnacionalizado y muchos menos de fuerzas armadas extranjeras en nuestros territorios. 54 Las Canillas Abiertas de América Latina 55 56 III Canillas cerradas al neoliberalismo. Privatizaciones fracasadas y la reconquista del espacio público. III.I La ola de resistencia, de Cochabamba a Delhi Bernhard Wiesmerer y Henrik Strawe12 58 12 Colaboradores de la campaña El Derecho Humano Agua de “Pan para el Mundo”. Artículo publicado en INKOTA Brief Nº 128, junio 2004, Berlín. Las Canillas Abiertas de América Latina Redes internacionales por el derecho humano al agua La tendencia de los últimos quince años de hacer del agua cada vez más una mercancía ha generado críticas. En todo el mundo se manifiesta resistencia contra esta política de organizaciones internacionales como el FMI, el Banco Mundial o los bancos de desarrollo regionales. Un número creciente de grupos y organizaciones están peleando por el derecho humano al agua. Cuando en 1999 se privatizó el suministro de agua en Cochabamba, tercer ciudad de Bolivia, los precios subieron hasta 200 por ciento. Hubo protestas masivas y finalmente la empresa distribuidora de agua Bechtel, de origen estadounidense, tuvo que abandonar la ciudad. El caso de Cochabamba es el más conocido de resistencia popular contra la privatización del servicio de agua y fue el punto de partida para la conformación de redes internacionales entre los/as activistas del agua. También hubo protestas en Buenos Aires, donde el servicio de agua fue privatizado a mediados de la década del noventa. Hace pocos años, al agudizarse la crisis económica, la gente protestó contra los altos precios del agua del consorcio Suez. En Ghana, se formó la Coalición contra la privatización del agua (CAPW) como reacción de la población contra la planteada privatización del suministro de agua de las ciudades. Esta coalición de sindicatos, actores eclesiásticos y grupos ambientales objeta sobre todo que el Banco Mundial prácticamente no dé lugar a que el país elabore sus propias soluciones para la crisis de suministro. Esta lucha fue seguida en todo el mundo, y el fundador de la coalición, Rudolf Amenga-Etego, recibió hace poco el prestigioso premio Goldman en Estados Unidos por su lucha contra la privatización del agua. También en Asia se hizo sentir la resistencia. En Filipinas, la Bantay Tubig Coalition promueve la devolución a manos públicas del servicio de agua de la capital, Manila, que se había privatizado en 1997 (ver artículo de Nils Rosemann sobre Filipinas en III.8). En Sri Lanka se fundó una coalición que se opone a la privatización del agua ordenada por el Banco Mundial y da a conocer las consecuencias amenazadoras que conllevaría un servicio de agua privatizado. Movimiento a favor del agua en el norte También en el norte hay cada vez más organizaciones que se ocupan del significado del agua. En Estados Unidos la organización de protección al/a la consumidor/a Public Citizen inició la campaña Water for all (Agua para Todos) para movilizar en contra de la venta global del suministro de agua a manos privadas. En Canadá la organización de derechos ciudadanos “Council of Canadians” dio comienzo a su Proyecto Planeta Azul contra la privatización de los recursos acuíferos, en especial en el marco del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que abre a las empresas canadienses y estadounidenses el acceso a todos los manantiales, glaciares y lagos de Canadá. En Suiza, diversas organizaciones de cooperación y desarrollo se unieron en torno a la campaña “Agua para Todos/as”, con énfasis en la promoción de una convención internacional del agua pura. En marzo de 2003 “Pan para el Mundo” lanzó en Alemania, la campaña “Derecho Humano Agua”. Su objetivo es que tanto en el plano nacional como en el internacional se reconozca el acceso al agua como derecho humano y se cree el marco político y legal para su cumplimiento. En el Foro Medioambiente y Desarrollo y en ATTAC hay grupos de trabajo que se ocupan del tema agua y que trabajan para generar acciones y posiciones comunes. Redes por el agua Ya en el foro social mundial de Porto Alegre 2002, el agua fue uno de los temas centrales. Una resolución final explicó el significado del agua para las personas y el medioambiente y exigió priorizar la solución de la crisis del agua. 59 En la antesala de la conferencia ministerial de la OMC en Cancún en agosto de 2003, unas 30 organizaciones de Sudamérica y Norteamérica fundaron la red de trabajo Red Vida y aprobaron una resolución que reafirma el derecho humano agua. En ella exige que la gestión del agua debería basarse en los principios básicos de una justicia social, sustentable y global. En el marco de las actividades paralelas a la conferencia de Cancún se acordó además la realización del primer People´s World Water Forum (Foro Mundial del Agua de la Gente, PWWF), que tuvo lugar en enero de 2004 en Delhi. Cerca de 300 representantes de distintas organizaciones de base de África,Asia,América Latina, Norteamérica y Europa estuvieron presentes. Entre los/as participantes más reconocidos estuvieron, junto a la organizadora Vandana Shiva, los/as canadienses Maude Barlow (Council of Canadians) y Tony Clarke (Polaris Institute), Danielle Mitterand, el activista del agua de larga trayectoria Riccardo Petrella y David Boys de Public Services International, la central internacional de los sindicatos de servicios públicos. Fueron parte de la agenda los derechos indígenas, el principio del agua como derecho humano, las privatizaciones, la explotación del agua subterránea, las represas y el reencauzamiento de ríos, y la gestión ecológica y comunitaria del agua. La declaración final del PWWF incluyó diferentes propuestas de acción.Aparte de la reafirmación del carácter de Derecho Humano del Agua, se apoya la elaboración de una Convención Internacional del Agua Pura, así como el fortalecimiento de las comunidades locales para la administración sustentable del agua. A lo anterior se planea agregar una campaña contra la multinacional francesa del agua Suez y contra Coca-Cola, por su uso irracional de las aguas subterráneas. La siguiente actividad fuerte se desarrollará paralelamente al Foro Mundial del Agua que tendrá lugar en México en 2006. Importantes estaciones en el camino serán los próximos foros sociales mundiales y regionales. 60 Las Canillas Abiertas de América Latina 61 III.2 Uruguay - El día que las urnas harán agua Carlos Santos13 62 13 Antropólogo, integrante de REDES-Amigos de la Tierra Uruguay. Las Canillas Abiertas de América Latina Cuando se publique este artículo faltarán muy pocos días para que se realice la votación de la Reforma Constitucional del Agua, que se votará junto con las elecciones nacionales en Uruguay. Esta iniciativa, promovida por la Comisión Nacional en Defensa del Agua y de la Vida, establece el acceso al agua como un derecho humano fundamental, sentando las bases para una gestión basada en criterios de sustentabilidad y participación social, con servicios prestados exclusivamente por figuras públicas estatales. Esta iniciativa contrapone dos concepciones en torno al vital recurso: una mercantilista, promovida por quienes han gobernado Uruguay en los últimos años, y otra que considera al agua como un bien común. Este enfrentamiento ha tenido dos actores fundamentales: las grandes corporaciones internacionales del agua por un lado y un incipiente movimiento social en defensa del agua en Uruguay. De ser aprobada, esta reforma obligará al futuro gobierno uruguayo a eliminar las concesiones privadas del departamento de Maldonado y a instrumentar un nuevo modelo de gestión de los recursos hídricos. El debate de este modelo deberá poner en cuestión el papel de algunos sectores productivos en el agotamiento y mal uso del recurso, como la forestación, la producción arrocera o las industrias altamente contaminantes. La resistencia a la privatización Ante la amenaza de la extensión de la privatización del agua se conformó en Uruguay un amplio frente social –que incluye a organizaciones de usuarios, sindicatos, ecologistas, estudiantiles y políticas– articulado en la Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida. Esta comisión, a través de mecanismos de democracia directa, presentó una propuesta de Reforma Constitucional apoyada por 283 mil ciudadanos. Esta Reforma intro d uce en la Constitución la consideración del agua como un derecho humano fundamental, prohíbe la privatización y la venta de los recursos hídricos del país y establece mecanismos de gestión a partir del criterio de la sustentabilidad y la part i c i p ación ciudadana. El proceso de privatización en el sector del agua tiene varias instancias y aún no ha concluido. Se inicia durante la segunda presidencia de Julio María Sanguinetti (1995-2000) que abrió la posibilidad de privatizaciones en el sector agua y saneamiento bajo la excusa de que el estado no tenía el capital para inve rtir lo necesario en el saneamiento en Maldonado. El Sindicato de la empresa pública (FFOSE) y algunos sectores de la población de Maldonado realizaron una campaña para evitar la privatización pero sin tener éxito. Como se da en la mayoría de los casos de privatizaciones de este tipo, la zona concesionada era la segunda en recaudación en todo el país, luego de la capital y la zona metropolitana.14 En un préstamo acordado entre la empresa estatal de agua, OSE, y el Banco Mundial en 1999, OSE se comprometía a seguir privatizando otras áreas rentables del país. La intervención política más contundente hacia la extensión de la privatización vino de parte del Fondo Monetario Internacional.A mediados del año 2002, el gobierno uruguayo firmó una Carta de Intención con el organismo internacional en la cual se compromete a reducir los controles sobre el sector agua y saneamiento con el fin de facilitar el ingreso de inversores privados.También existe un compromiso de realizar un “llamado a licitación para mejorar los servicios en Montevideo” y “para la participación de privados en plantas de tratamiento de aguas residuales”. Un elemento esencial para la sensibilización y toma de conciencia de lo que significa realmente la privatización de los servicios de distribución de agua y saneamiento y que ha contribuido a la adhesión y a la participación por la Reforma Constitucional, han sido los impactos de las transnacionales que han actuado en el país a raíz de la privatización parcial que mencionáramos antes. En 1998 se otorgó una concesión privada a Aguas de la Costa, consorcio conformado por Aguas de Barcelona (subsidiaria de Suez Lyonnese des Eaux) en calidad de operador y a dos empresas uruguayas. A su cargo quedaron los servicios de agua y saneamiento de una parte 14 El 1º de setiembre de 2004, a 60 días de las elecciones y del propio plebiscito, el actual directorio de la empresa estatal de agua firmó un decreto mediante el cual admite la iniciativa privada de la consultora ambiental de Suez Lyonnese des Eaux (SAFEGE o Suez Environnment) para realizar estudios de “mejora de gestión” en la prestación de servicios de agua potable y saneamiento precisamente en la zona más rentable del país: Montevideo y el área metropolitana, una región que concentra más del 60% del total de la población. 63 del departamento de Maldonado, donde atiende a unos 2.450 usuarios. Esta concesión ha provocado: cobros excesivos, agua no potable y maloliente y problemas ambientales. Incluso el Global Water Partnership15 reconoció que “las críticas por tarifas inapropiadas, servicio deficiente y problemas recientes de la calidad del agua suministrada hacen de éste un pésimo ejemplo de concesión privatizada” . La empresa ha enfrentado insistentes reclamos de los usuarios por las elevadas tarifas, varias veces superiores a las que cobra la empresa estatal, y las facturas mensuales con costos mínimos son elevadísimas. La concepción del agua como mercancía ha llevado a la empresa a quitar las canillas públicas de la zona y dejar sin suministro por falta de pago a una escuela pública, por ejemplo. Los impactos no han sido solo económicos, sino que también se generaron problemas de desecación de la Laguna Blanca, por un sistema inadecuado de gestión por parte de la empresa. En el 2000 se le otorgó otra concesión a la compañía privada Uragua S.A., subsidiaria de la española Aguas de Bilbao, para suministro de agua y saneamiento por 30 años, para una población estable de 120 mil habitantes y 600 mil turistas al año concentrados en el verano, en el departamento turístico de Maldonado. Uragua asumió en octubre de 2000. La secuencia de inconvenientes generados por esta empresa es bastante terrible. Instalada a fines del 2000, ya en el verano de 2001, por negligencia y descontrol, dejó sin agua al balneario Piriápolis, el segundo en importancia en el departamento, por 4 días a causa de la rotura de una tubería. En marzo del mismo año, sobrefacturó las tarifas, pero una movilización de los vecinos logró el reconocimiento del cobro indebido y la devolución de los importes excedentes. En cuanto a la calidad del agua, vecinos de la zona han dicho públicamente que “no consumen el agua que sirve esa empresa, porque desde hace mucho tiempo deja residuos y manchas ma64 rrones en piletas y sanitarios”. Sin embargo, en Maldonado, tanto al este (Aguas de la Costa) como al oeste donde opera Uragua, se pagan las tarifas por agua y saneamiento más altas del país. En febrero de 2002, ante análisis de los laboratorios de OSE, el organismo recomienda hervir el agua para consumo en Punta del Este, ya que no podía ser considerada potable. En Abril, nuevamente problemas con la calidad del agua, sobre un total de 20 muestras, 10 dieron coliformes totales y 4 coliformes fecales. OSE recomienda otra vez a los pobladores de Punta del Este hervir el agua antes de tomarla. Con respecto a los problemas ambientales, en enero del 2002 aparecen desbordes de líquidos residuales en el centro de Punta del Este por la rotura del colector de saneamiento y como solución se tuvo que realizar un by-pass volcando las aguas residuales o cloacales al puerto de la ciudad. Pese a su mal desempeño, a finales del 2002 y luego de una importante devaluación en el país, Uragua logró modificar el contrato original, obteniendo entre otros beneficios una reducción importante del canon y que la garantía contractual de 20 millones de dólares al igual que otros compromisos puedan saldarse con títulos de deuda pública a valor nominal, en vez de dólares en efectivo.También solicitó modificar el cronograma de inversiones de forma de reducir las mismas, pero ello se desestimó. Finalmente, en julio de 2003 y ante el peso de toda esta evidencia, el gobierno anunciaba que se había decidido la “salida ordenada” de la empresa y que OSE volvería a asumir el servicio. Sin embargo la empresa sigue operando aún hoy obteniendo grandes ganancias. 16 De la salida anunciada de la empresa, ni noticias. Quien sí salió fue el Ministro Alejandro Atchugarry –quién a nombre del Poder Ejecutivo había comprometido el “retiro ordenado” de Uragua. El recambio fue por otro ministro aún más cercano a los intereses del FMI. 15 Patronato Mundial del Agua (ver II.2 en esta publicación para un mayor desarrollo) 16 Se estima que la empresa estatal “perdió” con esta concesión una recaudación del orden de los 30 millones de dólares. En todo el período la empresa privada ha incumplido el pago del canon y con el cronograma de obras establecido en el contrato. Las Canillas Abiertas de América Latina La lucha cotidiana por el acceso al agua Las reacciones ciudadas a la privatización del agua fueron diferentes de acuerdo a las particularidades de cada uno de los lugares donde se ha dado. Mientras los reclamos de la zona balnearia han estado centrados en la calidad del agua y el precio de los servicios,17 en las zonas carenciadas tanto de Manantiales como de Maldonado la acción de las organizaciones barriales ha centrado su lucha en la defensa de las “canillas populares” (postes surtidores). Estas canillas fueron instaladas en diferentes zonas del país por la administración pública, para asegurar el abastecimiento de agua potable a las poblaciones que no tienen acceso domiciliario al servicio. El costo de esta prestación (cuya instalación corre por cuenta de la OSE) es asumido por los municipios. En las dos zonas concesionadas de Maldonado, las empresas privadas tomaron como una de sus primeras acciones la eliminación de estas canillas populares, como estrategia de presión para lograr ampliar el número de conexiones a la red. En el caso de la zona de Manantiales, a pesar de que la empresa logró retirar las canillas populares, los sectores de menos recursos continuaron fuera de la red de agua potable, debido al alto costo de conexión exigido por la concesionaria. Las soluciones de los habitantes de la zona han respondido a las diferencias socioeconómicas: mientras algunos han excavado sus propios pozos semisurgentes (con cierto grado de inseguridad, ya que existe un vacío legal en cuanto al autoabastecimiento de agua en zonas en donde se haya concesionado a terceros el abastecimiento de agua) otros han optado por desarrollar sistema de recolección de aguas pluviales como único medio de abastecimiento. Esta última estrategia ha sido la adoptada por un grupo de familias que ocupan terrenos ubicados a pocos metros de la zona turístico-residencial. Estas opciones han sido válidas por las características naturales del entorno, que permite este tipo de estrategias (ya que los predios cuentan con espacio suficiente para realización de pozos o para instalar estos drenajes pluviales). En la estrategia de recolección de agua de lluvia, la administración del recurso hídrico se realiza de manera complementaria entre hombres y mujeres, aunque el mantenimiento de la instalación (limpieza de tanques, por ejemplo) es realizado básicamente por las mujeres de la familia. En los casos en que la reserva de agua no es suficiente, el acarreo de agua desde surgentes naturales próximos a la zona es realizado, predominantemente, por mujeres y niños. Las reacciones en la ciudad de Maldonado han sido diferentes. Si bien la concesionaria privada comenzó con la eliminación de las canillas populares en muchas de las zonas carenciadas, en algunas de ellas se le presentaron fuertes resistencias. Una de ellas fue la del Barrio San Antonio III.Allí en el momento de pasaje del servicio público al privado, la empresa anunció la eliminación de la canilla, y tuvo suspendido su funcionamiento por un día. Pero la comisión barrial de San Antonio, con cerca de diez años de trabajo comunitario, logró que las autoridades locales intercedieran ante el concesionario por el mantenimiento de la canilla que abastece al barrio, aún cuando el costo del servicio corre por cuenta de la propia municipalidad. La resistencia Cuando se difundió públicamente el “acuerdo” ya mencionado entre el gobierno uruguayo y el FMI, un número de organizaciones sociales comenzaron a vincularse más estrechamente, buscando una acción conjunta para evitar que se 17 “Agua Si, Robo No” es el lema de la Liga de Fomento de Manantiales, una de las organizaciones de vecinos de la zona. 65 profundizara la privatización de los servicios de agua potable y saneamiento (ya iniciada en dos departamentos del país) y que se vendieran las reservas naturales de agua. Organizaciones locales, de “vecinos en defensa del agua”, organizaciones sindicales, principalmente el sindicato de funcionarios de la empresa estatal de agua, y organizaciones ambientalistas conformaron, en octubre de 2002, la Comisión Nacional en Defensa del Agua y de la Vida (CNDAV) . El objetivo inicial de esta Comisión fue promover una reforma constitucional que garantice una mejor gestión y acceso al agua y saneamiento. El complejo sistema electoral uruguayo prevé que una reforma constitucional de iniciativa ciudadana deba contar con el apoyo del 10% del electorado para ser elevada luego a la consideración de toda la ciudadanía, en conjunto con las elecciones nacionales (legislativas y presidenciales). En Uruguay, los plebiscitos han sido el mecanismo tradicional de los movimientos populares para resistir primero al autoritarismo de la dictadura militar y luego a las “reformas” privatizadoras de los gobiernos neoliberales. En octubre de 2003, un año después de conformada, la CNDAV presentó ante el Parlamento las cerca de trescientas mil firmas necesarias para la realización del plebiscito de reforma constitucional, que tendrá lugar el próximo 31 de octubre de 2004. 66 candidatos con chances reales de ser electos como futuro presidente del Uruguay han manifestado su “apoyo” a la reforma, los promotores de la iniciativa sienten que dicho “apoyo” dista mucho de un verdadero compromiso. Lo cierto es que el propio movimiento en defensa del agua fue el que embretó a las fuerzas políticas a respaldar la iniciativa de democracia directa que había sido puesta en marcha bajo responsabilidad de las organizaciones sociales. El apoyo inicial tuvo que concretarse, primero, con la adhesión a la reforma, a través de la firma. Luego, a través de la convocatoria a la ciudadanía para votar, junto con las elecciones legislativa y presidencial, en un plebiscito que cambia las reglas de juego del sector privado en lo que tiene que ver con el agua. Y en tiempos donde prima el evangelio de la sacralidad del inversor privado, la reforma constitucional representa una verdadera herejía.Y esto lo piensan tanto quienes se oponen a la iniciativa como aquellos que la apoyan tímidamente. El compromiso en llevar adelante el recurso e informar a la población ha corrido básicamente a partir del trabajo de la Comisión Nacional en Defensa del Agua y de la Vida y de las comisiones departamentales y barriales que se han organizado para replicar la convocatoria a nivel local. El texto de la reforma constitucional establece el acceso al agua como un derecho humano fundamental, sentado las bases para una gestión basada en criterios de sustentabilidad y participación social, con servicios prestados exclusivamente por figuras públicas estatales. La mayor dificultad a vencer es la desinformación, ya que la iniciativa ha estado prácticamente ausente en los medios masivos de comunicación. Una excepción fue durante la discusión parlamentaria de una propuesta de ley alternativa y sustitutiva, que contaba con el visto bueno de las empresas concesionarias y otras trasnacionales del agua esablecidas en el Uruguay, que no contó con los votos suficientes para ser votada también en el plebiscito. De ser aprobada, esta reforma obligará al futuro gobierno uruguayo a eliminar las concesiones privadas del departamento de Maldonado y a instrumentar un nuevo modelo de gestión de los recursos hídricos.Y a pesar de que los dos Lo cierto es que el debate de la nueva concepción y modelo de gestión propuestos en la reforma constitucional –una concepción del agua como bien común y no como mercancía– debería poner sobre el tapete el papel de algunos Las Canillas Abiertas de América Latina sectores productivos en el agotamiento y mal uso del recurso, como la forestación, la producción arrocera o las industrias altamente contaminantes. 67 III.3 Argentina- Capital Federal y Gran Buenos Aires: cuando todo huele a aguas servidas. Martín Schorr18 68 18 Investigador del Área de Economía y Tecnología de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO)-Sede Académica Argentina y docente de la Universidad de Buenos Aires. 19La concesión involucra a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a los municipios bonaerenses de Vicente López, San Isidro, San Fernando, San Martín, Tres de Febrero, Hurlingham, Ituzaingó, Morón, La Matanza, Esteban Echevería, Ezeiza, Almirante Brown, Lomas de Zamora, Quilmes, Lanús y Avellaneda. Las evidencias disponibles indican que a comienzos del actual decenio la población residente en el área concesionada era de aproximadamente 9,1 millones de personas. Las Canillas Abiertas de América Latina La transferencia (concesión por 30 años) de los activos de la ex Obras Sanitarias de la Nación (OSN) se concretó el 1º de mayo de 1993, a un consorcio que tenía como socios mayoritarios a la francesa Suez Lyonnaise des Eaux-Dumez (operador técnico del servicio) y al grupo nacional Soldati. Asimismo, participaban otras tres empresas extranjeras (la española Sociedad General de Aguas de Barcelona, la francesa Compagnie Generale des Eaux [Vivendi/Veolina] y la inglesa Anglian Water Plc.) y otras dos de capitales locales (el grupo Meller y el Banco de Galicia y Buenos Aires)19. Con posterioridad, a favor de la inexistencia regulatoria de restricciones temporales a la reventa de participaciones accionarias, el grupo Soldati se desprendió de sus tenencias al igual que el grupo Meller. Como resultado de ello, en la actualidad la composición accionaria de Aguas Argentinas (AASA) es la siguiente: Suez Lyonnaise des Eaux (39,9%), Sociedad General de Aguas de Barcelona (25,0%), Banco de Galicia y Buenos Aires (8,3%), Vivendi (7,6%), Corporación Financiera Internacional (5,0%), Anglian Water Plc. (4,2%), y Programa de Propiedad Participada (trabajadores de la firma, 10,0%). La participación accionaria de la Corporación Financiera Internacional, dependiente del Banco Mundial, deviene de la capitalización de un préstamo otorgado originalmente a AASA.20 De acuerdo a los criterios del llamado a licitación (la tarifa más baja, con propuestas de inversión y de expansión del servicio acordes con lo pre e s t ablecido en el llamado a licitación), la selección del consorcio ganador se basó en el hecho de tratarse de la presentación que conllevaba el mayor coeficiente de descuento –26,9%– respecto de la tarifa vigente al momento de la transferencia. C omo quedaría demostrado a los pocos meses de inicio de la gestión, se trató de una oferta oportunista estructurada a partir de precios pre d a t orios que luego serían renegociados –al alza– en varias ocasiones. Naturalmente,ello se vio favorecido por la inexistencia de requerimientos de ap o rtes obligatorios de capital propio (por ejemplo, mediante la compra de acciones) e, incluso, de pago de canon alguno por la utilización de activos p ú b l icos. Transcurridos apenas ocho meses de iniciada la concesión, la empresa adjudicataria solicitó una “revisión extraordinaria” de las tarifas, aduciendo pérdidas operativas no previstas. Al margen de los requisitos fijados en el marco regulatorio sectorial respecto a las revisiones contractuales, el órgano de control (el ETOSS) autorizó, en junio de 1994, un aumento del 13,5% en las tarifas, la incorporación de nuevas obras en reemplazo de algunas de las previstas originalmente y, de hecho, la omisión frente a los incumplimientos de inversión acumulados hasta allí. Desde entonces, el contrato de concesión e, incluso, los propios criterios de regulación económica del servicio (en particular, en materia tarifaria) se vieron alterados a partir de diversas renegociaciones contractuales y de la demorada primera revisión quinquenal (que concluyó recién en enero de 2001 cuando debería haberse realizado en 1998). Todas ellas tuvieron como denominadores comunes a, entre otros, el incremento real de las tarifas (en particular para los sectores de más bajos ingresos, dada la creciente incorporación de cargos fijos sobre la tarifa básica), la condonación de multas e incumplimientos en materia de metas de expansión y de inversiones, la reprogramación –en rigor, la postergación– de determinadas obras, etcétera. A ello se le adicionó la introducción de cambios sustantivos en la regulación tarifaria de forma de garantizarle a la concesionaria un piso –muy elevado– a la tasa de retorno, trasladando todo tipo de riesgo empresario (tanto el vinculado con la operación en condiciones de eficiencia, como con la gestión comercial –morosidad, incobrabilidad, e t c.– y financiera) a los usuarios del servicio. En cuanto a los principales impactos económicos y sociales de la privatización del sistema de agua y saneamiento ambiental en la región metropolitana de Buenos Aires se destacan los siguientes: • Entre mayo de 1993 y enero de 2002 la tarifa del s e rvicio se incrementó un 88% (en idéntico período los precios minoristas domésticos aumentaron un 7%), lo cual merece ser destacado porque el marco regulatorio establecía que las tarifas no podrían incrementarse por un lapso de diez años. (ver gráfico III.1) 20 Si bien actualmente se encuentra suspendido, vale destacar que la empresa le ha iniciado un juicio al Estado argentino en el Centro 69 Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI, tribunal arbitral en el que tiene fuerte injerencia el Banco Mundial). A juicio de la empresa, el Estado argentino debe resarcirla por haber “violentado” la “seguridad jurídica” con el abandono del Plan de Convertibilidad a fines del año 2001. 21Cabe resaltar que en el período pre-privatización de OSN se habían incrementado sustancialmente las correspondientes tarifas del servicio. Así, en febrero de 1991 se fijó un alza del 25% en la tarifa promedio; en abril de ese mismo año se aprobó otro aumento tarifario del 29%; en abril de 1992 se incluyó la aplicación del IVA (18%) a las tarifas; y, finalmente, poco antes de la transferencia de la empresa se dispuso un incremento adicional del 8%. • Entre 1994 y 2001, AASA registró en promedio una tasa de beneficio sobre patrimonio neto del 20%, tasa que se ubica en “apenas” el 13% si se considera la rentabilidad media sobre facturación (cuadro III.1).A los efectos de captar el carácter extraordinario de tales márgenes de ganancias, cabe destacar que en el mismo período el conjunto de las doscientas empresas más grandes de la economía argentina registró, siempre en promedio, una tasa de beneficio del orden del 3,5% en términos de sus ventas anuales. Por otro lado, las tasas de beneficio internalizadas por AASA durante su gestión en nada se asemejan a los niveles considerados aceptables o razonables en otros países para la “industria” del agua. En efecto, sus niveles de rentabilidad (sobre ventas y respecto al patrimonio neto) se ubicaron muy por encima de las correspondientes a las empresas privadas que operan en el sector en los principales países del mundo: mientras los parámetros sectoriales para una rentabilidad “razonable” se encuentran entre el 6,5% y el 12,5% en los Estados Unidos, y entre el 6% y 7% en Gran Bretaña, en la Argentina tales niveles se vieron holgadamente superados con el aditamento de contar, en la práctica, con un nulo riesgo empresario. • La fuerte y creciente gravitación de distintos cargos fijos que se fueron incorporando en las diferentes renegociaciones, hicieron recaer los costos reales del servicio asimétricamente según estratos de ingresos. (cuadro III.2) Así, para el 10% de la población del Gran Buenos Aires de mayores ingresos, las erogaciones asociadas al pago del servicio representan, apenas, el 1,3% de sus recursos, mientras que en el polo opuesto, para el decil de menores ingresos la tarifa del servicio de aguas y cloacas les sustrae el 9,0% de sus ya deteriorados recursos (cuando para el promedio de los usuarios, tal proporción se contrae a 1,9%). En otras palabras, agravado por la escasa difusión de la micromedición, la recurrente incorporación a la tarifa de diversos cargos fijos, independizados de cualquier otra consideración respecto al tipo de usuario (zona de residencia, m2 totales y construidos, antigüedad de la vivienda, etc.), conlleva naturalmente una creciente inequidad distributiva que en el actual contexto económico-social del país no hace más que agravar la crítica situación por la que atraviesan los sectores de menores recursos, en particular, los del conurbano bonaerense. Evolución de la factura media residencial (en pesos) 30 28 26 24 22 20 18 16 14 12 10 may-93 jun-94 nov-97 may-98 nov-98 ene-01 Factura media 70 ene-02 IPC Fuente: Área de Economía y Tecnología de la FLACSO en base a información del ETOSS. Las Canillas Abiertas de América Latina Cuadro III.1 Evolución de los márgenes de rentabilidad sobre ventas y patrimonio neto de AASA, 1994-2001 (en millones de pesos / dólares y porcentajes) Patrim. Neto Ventas Utilidades Util./Ventas Util./Patr. Neto 1994 125,8 291,0 25,2 8,7 20,0 1995 185,4 360,8 53,6 14,8 28,9 1996 229,7 377,2 58,3 15,4 25,4 1997 273,4 420,0 57,7 13,7 21,1 1998 292,0 436,7 36,5 8,4 12,5 1999 334,1 511,0 62,1 12,2 18,6 2000 398,2 514,2 85,1 16,5 21,4 2001 445,0 566,0 85,1 15,0 19,1 Acum. 2.283,6 3.476,9 463,6 13,3 20,3 Fuente: Área de Economía y Tecnología de la FLACSO en base a balances de AASA • A lo largo de la concesión la empresa, a favor de la inacción oficial, acumuló incumplimientos diversos en materia de metas de expansión y de calidad del servicio ofrecido. De acuerdo al ETOSS, el grado de incumplimiento de inversiones ejecutadas respecto de las comprometidas contractualmente se elevó al 42% durante el primer quinquenio de la gestión y al 33% entre 1999 y 2002. Esto implicó que frente a un compromiso de alcanzar una c o b e rtura del 88% en el caso del servicio de agua sólo se accedió al 79%; mientras que en el de cloacas tales porcentuales fueron 74% y 63%, respectivamente. Como resultado de los incumplimientos de la firma (no sólo en materia de inversiones), el ETOSS le impuso numerosas multas (según información del ente, a julio del 2003 las mismas ascendían a algo más de 40 millones de pesos –de ese total, la empresa sólo pagó el 42%–). (Cuadro III.3) • AASA optó por financiar sus inversiones mediante una discrecional política de endeudamiento, la cual no guardó relación alguna con la naturaleza del emprendimiento. (cuadro III.4). Según el ETOSS, la firma “optó por una estructura de cap ital con un nivel de endeudamiento superior a la prevista en la ofe rta así como a los admisibles para este tipo de compañías a nivel internacional... La normativa específica fue nuevamente flexible a favor de la empresa en la renegociación de 1997-99 al aceptar niveles de endeudamiento superiores a la ofe rta por solicitud expresa de la compañía y así Cuadro III.2 Costo del servicio de aguas y cloacas con respecto al ingreso por hogar en el AMBA, 2002 (en pesos y porcentajes) Costo mensual del servicio Ingreso por hogar Costo del servicio / ingresos 1 Decil Promedio 10 Decil 9,78 17,22 43,28 108,58 9,0 914,99 1,9 3.416,67 1,3 Fuente: Área de Economía y Tecnología de la FLACSO en base a información del Ministerio de Economía. 71 Cuadro III.3 Cumplimiento de AASA en inversiones, cobertura y población perjudicada, mediados del 2003 (en porcentajes y valores absolutos) Meta de población Comprometida en el contrato de concesión Con servicio de agua 88% Con servicio de cloaca 74% Alcanzada 79% 63% Déficit expresado en miles de habitantes 800,0 1.032,0 Fuente: Área de Economía y Tecnología de la FLACSO en base a información del ETOSS. poder evitar el ap o rte de capital propio para cubrir las exigencias financieras de la concesión, lo que derivó en una situación crítica de endeudamiento a partir del año 2002”. El despliegue de una estrategia de financiamiento focalizada, casi excluyentemente, en el acceso a fuentes internacionales a tasas de interés (en torno al 7%) mucho más reducidas que las vigentes en el ámbito nacional, y equivalentes a la tercera parte de la rentabilidad sobre patrimonio de la concesionaria, desatendiendo el riesgo devaluatorio implícito, derivó a principios del 2002, a partir de la sanción de la Ley de Emergencia Pública y Reforma del Régimen Cambiario (que determinó el abandono de la Conve rtibilidad mediante una fuerte devaluación de la moneda argentina), en una situación financiera insostenible que llevó a AASA a declararse en situación de default. Para ese entonces su deuda externa ascendía a alrededor de 650 millones de dólares, con compromisos de pagos del orden de los 215 millones de dólares en 2002 y de 109 millones de la misma moneda en 2003; ello, en un contexto en el que sus ingresos totales posteriores a la devaluación se ubicaron en aproximadamente 170 millones de dólares. Conclusión: el capital sobre el estado Todo lo anterior sugiere que la regulación pública en el ámbito del agua y el saneamiento en la región metropolitana de Buenos Aires ha sido débil si se considera su significativa incapacidad –cuando no falta de voluntad– para promover distintas medidas tendientes a proteger a los usuarios y consumidores, mientras que reveló una gran fortaleza para garantizar y potenciar el elevado poder de mercado que adquirió, así como los ingentes beneficios que internalizó AASA en el transcurso del decenio de los noventa. Sin duda, ello constituye un claro indicador que Cuadro III.4 Relación deuda/patrimonio neto de AASA y según oferta original 1994-2002 (en porcentajes) 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 72 Coeficiente de AASA Coeficiente según oferta original 1,94 2,15 2,37 2,55 2,67 2,65 2,49 2,07 19,23 1,77 1,37 1,62 1,79 1,73 1,55 1,50 1,45 1,40 Fuente: Área de Economía y Tecnología de la FLACSO en base a información del ETOSS. Las Canillas Abiertas de América Latina en la década pasada se profundizó notablemente uno de los rasgos distintivos de la economía y la sociedad argentinas post-dictadura 19761983: la creciente –y cada vez más evidente– subordinación estatal a los intereses del capital concentrado. 73 . III.4 Argentina - Santa Fé: Hasta que se vaya Suez Alberto Muñoz22 74 22 Unión de Usuarios y Consumidores, Asamblea Provincial por el Derecho al Agua. RED VIDA, Rosario. Las Canillas Abiertas de América Latina En la Argentina se compró taxativamente el modelo de privatización global de los servicios públicos impulsado desde los organismos de créditos internacionales, avanzando en absolutamente todos los sectores con las recetas propuestas por la asociación de los bancos acreedores, los grupos concentrados de poder local y las grandes transnacionales que operaban en cada rubro. Se siguieron con precisión las indicaciones del BM, el FMI y el BID. nistración tras administración, reduciendo los salarios de la orbita pública, comprando con sobreprecios los insumos, desinvirtiendo, extendiendo las redes sin planificación, bajando la calidad de atención al usuario, limitando la reparación de fugas y la actualización catastral, con los principales medios y comunicadores sociales exacerbando las críticas a las empresas públicas y con políticos y dirigentes gremiales comprometidos en la gestión. En el caso de los servicios sanitarios el modelo imperante a nivel mundial es el de "Public Private Partnership" o cooperación público privada (modelo francés, igual que las principales transnacionales del sector). Esto es, concesiones a largo plazo con regulaciones flexibles que cuentan con el apoyo financiero, pre y posprivatización de los organismos de crédito internacionales, todo lo cual ocurrió en la Argentina mostrando con claridad sus consecuencias y resultados. La segunda etapa, en que ya se había preparado a la opinión pública para el proceso privatizador estuvo caracterizada por la obtención de consensos internos entre los factores de poder para que participaran del mismo, así como por una rápida reconversión de las empresas para entregarlas en las mejores condiciones al operador privado sin ningún reparo por el marco legal ni por el control y la regulación del sistema que fueron considerados como un “mal necesario”. Sobre la instrumentación del modelo en Argentina. Los objetivos de las grandes transnacionales del agua codificados en las condiciones de préstamos de los organismos financieros internacionales así como en los tratados bilaterales sobre inversiones—imbuidos conceptualmente por la doctrina de la crisis del agua—encuentran en los gobiernos, legislaciones locales, organizaciones sociales y comunidades en general distintos niveles de resistencias a su implementación; desde la apatía hasta la lucha, pasando por la cooptación conceptual. Esto último es el caso de la Argentina. Así pueden distinguirse tres etapas en el proceso que nos condujo a la situación actual en que la mayor parte de los argentinos recibimos el servicio por parte de empresas privadas. La primera etapa comenzó durante la dictadura militar desmembrando Obras Sanitarias de la Nación en empresas provinciales mas fáciles de transferir. Continuó con el proceso de burocratización interna, aumentando el personal admi- Es en esta etapa que se muestran con claridad las complicidades que hicieron posible el proceso: - Los partidos políticos mayoritarios el Radicalismo y el Peronismo que habían colocado los administradores de las empresas durante el proceso en que se hicieron ineficientes fueron los impulsores de la privatización prestándose cuadros uno al otro para la realización del trabajo sucio pre entrega: retiros voluntarios, aumentos de tarifas, agregados de impuestos, optimización de cobranzas, e t c. - Las empresas privadas nacionales que habían vivido del estado contratista vendiendo con sobreprecios los insumos, ahora se transformarían en accionistas minoritarios de las grandes transnacionales. En el caso de AASA fue Comercial del Plata, grupo Soldati, quien presentó a su vez al operador financiero, el Banco de Galicia. - Los sindicatos otrora opositores al modelo se transformaron en fervientes impulsores a cambio del 10 % de propiedad participada que los conv i rtió en el principal accionista minoritario, mirando al costado al momento de los “retiros vo l u n t arios”, la precarización laboral y hasta creando empresas subcontratistas que llegarían a hacer el trabajo sucio de cortar el suministro por falta de pago. 75 - Los grandes medios de comunicación que habían denostado a las empresas públicas, mutarían a ocultadores de los defectos de las privadas, pautas publicitarias mediante. - El personal profesional jerárquico de las empresas públicas que había sido partícipe de proceso anterior, mutó rápidamente a colaboracionista de la futura concesionaria, suministrando los datos internos a cambio de un lugar expectable en la futura estructura. - La comunidad que había sido sometida durante años a un mal servicio, presentó escasa resistencia. La tercera etapa del proceso es la concesión en sí misma caracterizada por contratos predatorios, regulaciones permisivas, incumplimientos reiterados, aumentos tarifarios y renegociación permanente. Participación en todo el proceso los mismos dirigentes políticos y gremiales que primero administraron las empresas públicas, luego las prepararon para la privatización y más tarde se transformaron en integrantes de los entes de regulación y control que, así como las empresas concesionadas, recibieron créditos del BID desde su inicio para “aceitar” mejor su funcionamiento. Ya en el primer año de la concesión de cada una de las provincias, las empresas incumplieron los compromisos contractuales, solicitando al inicio del segundo año renegociaciones por aumentos tarifarios y postergación de obras, esta metodología fue sistemáticamente aplicada por las concesionarias y avalada por los concedentes repitiéndose una y otra vez a través del tiempo. En este momento se incorporó a la discusión el argumento de la “solidaridad” con los sectores más humildes de la población a través del mecanismo de los subsidios cruzados para abaratar los cargos de infraestructura en los barrios más empobrecidos que no podían pagar la expansión del servicio. Dicho eufemismo en boca de una transnacional solo podía significar aumentos de tarifas para maximizar la tasa de rentabilidad que nunca se volcarían en obras. 76 No faltaron en esta maratón de renegociaciones permanentes, la condonación de incumplimientos y multas, la indexación de las tarifas según índices externos al país, la postergación y hasta anulación de los compromisos de obras y de los cumplimientos de los parámetros de calidad del agua, de los efluentes y del servicio. Consecuencias de la aplicación del modelo en Argentina Los servicios sanitarios en la Argentina pendularon durante el siglo XX, del modelo de gestión privada, al público, para retornar nuevamente al privado en la última década, quedándose una sola empresa transnacional, la Suez (Ondeo), con las ciudades mas rentables de la República Argentina: Buenos Aires, (Capital Federal y 17 partidos del cono urbano bonaere n s e, 1993), Provincia de Santa Fe, (Rosario, Santa Fe y 13 ciudades de las más importantes excepto Venado Tuerto, donde había que primero inve rtir antes de empezar a cobrar, 1995) y Córdoba, (Capital, 1997), h a b i é ndose retirado del país ya dos transnacionales, la Vivendi de la Provincia de Tucumán y Asurix (Enron) de provincia de Buenos Aires. Todo este panorama nos da la posibilidad de analizar claramente las consecuencias que tuvo la aplicación del modelo privatizador en los serv icios sanitarios de nuestro país: - El objetivo declarado de universalización del servicio de aguas no solo no fue alcanzado sino que se aumentan las diferencias sociales al postergar la empresa los barrios más humildes tratando ahora de trasladarle la responsabilidad a los municipios. - El objetivo de expansión de los servicios de cloacas fue premeditadamente postergado con la excusa de la morosidad, y cuando se aprobaron subsidios cruzados para su ejecución tampoco fueron cumplidos tratando actualmente de trasladarle la responsabilidad al estado. - El objetivo de universalizar la medición del servicio fue boicoteado permanentemente porque a la empresa le conviene seguir cobrando por m2 edificado como hace mayoritariamente hasta el presente. Las Canillas Abiertas de América Latina - Los compromisos contractuales de los planes de mejoras y expansión del servicio fueron sistemáticamente incumplidos renegociación tras renegociación. - Las tarifas fueron aumentadas una y otra vez a pesar de que los contratos preveían un período inicial sin aumentos. - Se sobre-factura muchas propiedades al hacer el cálculo de superficie cubierta por telemetría, cobrando toldos de aluminio, enredaderas, aleros y habitaciones de más de 3 metros de alto como si tuvieran un entrepiso. - Se le conceden pautas diferenciales de calidad del agua para proteger a la empresa de los incumplimientos en este sentido, suministrándose en las ciudades que toman agua de napas subterráneas un producto de mala calidad. - No se alcanza la presión mínima de suministro de 10 m de columna de agua para Aguas Argentinas en Buenos Aires y de 7 m de columna de agua en Aguas Provinciales de Santa Fé quedando muchos barrios sin agua durante los días de verano. - Se extiende la red de aguas y no la de desagües en el conurbano bonaerense, modificando la capacidad de las napas freáticas que afloran en las casas de los usuarios. - Las tasas de rentabilidad de las empresas duplican y hasta triplican las de su país de origen mientras no cumplen con el contrato. - Las obras de tratamiento de efluentes así como la renovación de los troncales que requieren una inversión significativa son postergadas indefinidamente. - Los intereses por mora y los planes de pago hacen inviable la cancelación de las deudas para gran parte de la población. - La tarifa social para los sectores más humildes se transforma en un recurso publicitario que de ninguna manera resuelve el problema ya que los beneficiarios del sistema son una ínfima parte del universo afectado. - La facultad de corte en manos de una empresa privada se transforma en chantaje hacia la población y el concedente al momento de las renegociaciones, llegándose a cortar también el servicio de cloacas. - Gran parte del personal despedido por la empresa bajo la modalidad de retiro voluntario o directo pasa a engrosar las filas de los desempleados crónicos, tomándose personal temporario o bajo diferentes formas de precarización laboral. - La calidad de atención al usuario varía en cuanto a folletos, locales bien iluminados y propaganda televisiva, pero no cambia en cuanto a la resolución de las controversias que cada vez se agudizan más con el tiempo. Del análisis de la experiencia privatizadora en la Argentina durante 11 años podemos afirmar que las empresas privadas se han mostrado ineficientes, ineptas e incompetentes para resolver los problemas que decían venían a resolver, agravándolos en muchos casos y con corresponsabilidad en el fracaso de concedente y concesionaria. La resistencia al modelo en la Provincia de Santa Fé En la Provincia de Santa Fé, desde un primer momento se presentaron objeciones a la privatización teniendo en cuenta la experiencia de dos años en Buenos Aires, por lo que ya se veían las consecuencias, los incumplimientos y los aumentos de tarifas que casi calcadamente se producirían más tarde. Así en las cámaras legislativas varios diputados se opusieron a la ley, contando con la paradoja de que el miembro informante del oficialismo para impulsar la privatización fuera el secretario general del gremio del sector, Oscar Barrionuevo. Por otra parte el intendente de una de las 15 ciudades afectadas en la Provincia presentó un recurso judicial reivindicando los derechos de la ciudad sobre los servicios y varias asociaciones de consumidores interpusimos reparos a la ley que desgraciadamente mas tarde se confirmarían. Con el correr de los años los conflictos se multiplicaron en las 15 ciudades afectando a todos los sectores sociales por distintos motivos, incrementando el nivel de crítica que aunque cen77 surado por la política publicitaria de la empresa se hacía cada vez mas extendido y uniforme. Si bien las renegociaciones eran cuestionadas desde distintos sectores, abrían expectativas en la comunidad de que en esa oportunidad se cumplieran las obras o mejorara el servicio. A partir del año 2001 empezó un proceso de integración de los conflictos uniendo a vecinos afectados y distintas organizaciones ecologistas, de consumidores, profesionales, de fomento, de estudiantes, de docentes, de comerciantes, clubes y gremios, que culminó en la constitución de la Asamblea Provincial por el Derecho al Agua a mediados del 2002. Este proceso de integración de las luchas tuvo por un lado un componente urbano, uniendo las reivindicaciones de diferentes sectores de vecinos, algunos que no podían pagar las cloacas y algunos que querían tenerlas, algunos que enfocaban el tema desde una óptica ecológica y otros porque habían sido directamente afectados en sus economías familiares. El otro fue un componente interurbano, comprendiendo que el problema de la ciudad de al lado era también mi problema y que la mejor condición de lucha era la unidad entre todos los afectados. La realización del Plebiscito Provincial (26 de setiembre al 1 de octubre de 2002) fue el momento de canalización de todas esas luchas acumuladas durante años. Votaron 256.235 personas por la rescisión del contrato. A partir de este momento también aprendimos a integrar nuestra lucha en el marco de todos los movimientos que a nivel mundial se oponen a la mercantilización del agua formando parte hoy de la Red Vida en América en la cual se vuelca la experiencia de los más diversos espacios, ecologistas, gremiales, de usuarios, de empresas públicas, de las comunidades locales, en una de las experiencias mas concretas de construcción de una alternativa al modelo de los organismos internacionales. Hoy podemos escuchar en nuestra provincia los argumentos que volcábamos una y otra vez a lo 78 largo de tantos años en boca de muchos de los medios de comunicación que antes nos censuraban, del ente que nunca nos defendió, del gobernador que fue quien privatizó el servicio, de los intendentes que muchas veces acompañaron las renegociaciones. Quizá las autoridades nos vuelvan a traicionar en esta oportunidad, pero hay una batalla que ya ganamos: la inmensa mayoría de los santafesinos, de las instituciones intermedias, académicas, gremiales, estudiantiles, vecinales tienen tomada una decisión: no vamos a parar hasta que la Suez se vaya de Santa Fé y el nuevo modelo de servicios sanitarios tendrá que ser de gestión pública con participación social. Las Canillas Abiertas de América Latina 79 III.5 Chile- Recursos hídricos: la ley del que llega primero 23 María Paz Haedo24 80 23 Este artículo recoge información de las publicaciones: “Agua: Dónde está y de quién es”, Programa Chile Sustentable, 2003; y “Recursos Hídricos en Chile: Desafíos para la Sustentabilidad” Programa Chile Sustentable, 2004. 24 Integrante del Programa Chile Sustentable. Las Canillas Abiertas de América Latina Chile es un de los países privilegiados en cuanto a la disponibilidad de recursos hídricos de superficie a nivel mundial, y cuenta con una de las mayores reservas de este recurso en campos de hielo sur, en la zona austral. Sin embargo, este patrimonio está irregularmente distribuido en el territorio nacional, debido a las diversas condiciones físicas y climáticas. Mientras que la zona norte es sumamente árida,con menos de 500 m3/habitante/año, existen zonas de gran abundancia en el sur, con niveles que superan los 160.000 m3/habitante/año. Sobre la desigual distribución geográfica existe no obstante una desigual apropiación social de los recursos hídricos, basada en el principio de la “libre competencia”, que agudiza los problemas derivados de la base biofísica y crea aún mayores conflictos. Por ejemplo, en el Nort e, los niveles de conflictividad sobre el recurso han confrontado históricamente a comunidades locales indígenas y campesinas con empresas mineras; los cuales actualmente se extienden hacia los países vecinos, debido a los crecientes requerimientos de los emprendimientos mineros. El mercado como asignador de recursos hídricos está defendido por la legislación y forma de gestión actuales, limitando el acceso del agua a los sectores populares y bloqueando el desarrollo sustentable. Hablar de los problemas de los recursos hídricos en Chile, significa introducirse en la crítica al modelo de desarrollo que privilegia el sector export ador minero y agrícola, la privatización y concentración en la producción de energía hidroeléctrica, así como un análisis del mercado de servicios de agua potable y saneamiento. En este artículo la atención está puesta en este último aspecto, sin olvidar que una verdadera gestión sustentable precisa ver la imagen global y no sólo sectorial. Las Políticas de Agua en Chile Las políticas públicas en materia de recursos hídricos favorecen la gestión del recurso en base a criterios de mercado, si bien la legislación y las condiciones político-económicas que favorecieron esta situación fueron instaladas por el propio Estado, durante el gobierno militar, a través -entre otras medidas- de la creación del Código de Aguas en 1981. El Código de Aguas vigente creó una nueva categoría de derechos: consuntivos y no consuntivos. La diferencia entre ambos tipos de derecho es de naturaleza principalmente legal, y dice relación con la presencia o ausencia de un compromiso por p a rte del usuario de devolver un caudal al río. El derecho consuntivo se refiere al derecho de consumo de aguas, sin que puedan reutilizarse superficialmente 25. Es el caso de los derechos solicitados para riego, minería, industria y uso doméstico. Cabe destacar que una fracción muy significativa de los usos consuntivos retorna al cauce, ya sea en forma localizada o difusa, lo que apareja problemas de contaminación. Por su part e, los derechos no consuntivos se refieren a aquellos que se solicitan para utilizar el agua sin consumirla, como es el caso de los proyectos hidroeléctricos. Estos derechos conminan a devolver las aguas a los ríos, sin perjudicar a los usuarios existentes aguas abajo. Sin embargo, la normativa es débil para fiscalizar la existencia de perjuicios a los usuarios y las políticas públicas han favorecido la aprobación de emprendimientos energéticos aun cuando existen daños evidentes a la comunidad y al medio ambiente26 . En segundo lugar, el Código de Aguas define el recurso como “bien nacional de uso público” y “bien económico”, al mismo tiempo; y autoriza la privatización del Agua a través de la concesión de derechos de uso gratuitamente y a perpetuidad. El derecho de uso se otorga a los particulares según las disposiciones establecidas en el A rtículo 5 del mismo Código. En la legislación chilena, dicho derecho es un bien jurídico definido como un derecho real; es decir, un derecho que recae sobre las aguas y consiste en el uso y goce de ellas por p a rte del titular, con los requisitos y en confo r m idad a las reglas que prescribe el Código de Aguas. (Art. 6) El titular que obtiene el derecho de aguas, según la legislación chilena, no será obligado a declarar cómo y cuando usará el agua, sea para los fines 81 25 Ar t. 13 y Art. 14. Código de Aguas. 26 Tal fue el caso de la construcción de la Central Ralco al sur de Chile, que violó flagrantemente la Ley Indígena nacional y las disposi- ciones internacionales relacionadas con los derechos de los pueblos, arrasando con tierras ancestrales, cementerios y otros recursos propios del patrimonio natural y cultural del pueblo mapuche. El gobierno chileno priorizó la Ley eléctrica nacional y los intereses de la empresa involucrada (Endesa España), en el marco de una política energética también carente de elementos de sustentabilidad ambiental, social y política. primeros para los cuales solicitó los derechos de aprovechamiento o para usos alternativos p o s t e r i o re s , pudiendo mantener en fo r m a indefinida dicho derecho sin utilizarlo. No existe costo alguno por la no utilización de este derecho: el Código descartó el sistema de gravámenes a los derechos de agua y no impuso otros costos o tarifas para la concesión de nuevos derechos ni para su goce en el tiempo. Los derechos concedidos por el Estado están amparados por las garantías constitucionales respecto del derecho de propiedad. En el artículo 24 de la Constitución Política de Chile se declara que “Los derechos de los particulares sobre las aguas, reconocidos o constituidos en conformidad a la ley, otorgarán a sus titulares la propiedad sobre ellos”. Junto con ello, el Código de Aguas separa la propiedad del agua del dominio de la tierra, permitiendo la libre compra y venta, sin proteger a las comunidades del despojo de los recursos hídricos en su territorio. En definitiva, puede decirse que el país permite la concesión gratuita de los derechos de agua, sin costos por su mantención o tenencia del recurso, en su uso, y sin exigir compensaciones por la generación de efectos externos. No exige acreditación del uso de los derechos de agua concedidos; no se retira la concesión por no uso de los recursos; no se paga patente ni impuestos por su tuición; ni se fijan límites a la concesión de derechos de uso. Por lo tanto, la redistribución del recurso se hace a través de transacciones en el mercado. Una vez concedidos los derechos de uso, el Estado no interviene más. El sistema de concesión de derechos ha favorecido las grandes empresas y al sector exportador, en perjuicio de los derechos de la población y las comunidades de acceder a un recurso fundamental para la vida. Ello se ha traducido en una concentración progresiva de la propiedad de los recursos, problemas de acceso a la población, alzas de tarifas y agudización de los problemas de stress hídricos por sobreexplotación en 82 zonas donde el recurso es escaso. La concentración de la propiedad de las empresas de agua potable y sanitarias. Actualmente, la mayor demanda de agua potable proviene de la Región Metropolitana (50,5%), donde se concentra alrededor del 40% de la población nacional. Le siguen las regiones V y VIII, con un consumo de 11,7 y 8,8%, respectivamente.Son estas zonas, precisamente, las que primero fueron afectadas por el proceso privatizador, que data de fines de los años '90, durante los gobiernos de la Concertación de Partidos por la Democracia. Sin embargo, este proceso comienza a fines de los '80, con la reforma al sistema de empresas sanitarias en Chile, siguiendo la receta liberalizadora de los organismos financieros internacionales (BID; Banco Mundial). Los principios que orientaron la re forma fueron dos: el primero, que los problemas de acceso y cobertura del agua se enfrentarán mejor si se traspasan las empresas sanitarias públicas a manos privadas, las que asegurarían una gestión más adecuada y eficiente; y segundo, que para ello es necesario favorecer la competitividad y por ende, desregular el sector y eliminar barreras al ingreso de empresas transnacionales. La nueva legislación de las sanitarias garantizó a las empresas, e n t re otros elementos, una rentabilidad del 10,3% de sus utilidades.27 Esta garantía pretendía asegurar la inversión y permanencia de las empresas privadas en el sector servicios de aguas. Así, entre fines de los '80 y principios de los '90 se creó un sistema de 13 empresas operadoras independientes -una por cada región- con carácter mercantil y mayoritariamente públicas. Mediante un régimen de concesión atendían las necesidades de agua potable y alcantarillado del 92% de la población del país.28 27 Maturana, Hugo: “Defensa del servicio del agua: una postura sindical”. En: El Derecho al Agua en el Sur de las Américas, Alianza Chilena por un Comercio Justo, Etico y Responsable (ACJR). Santiago de Chile, 2002. Citado por Bravo, Patricia, en “Agua: Dónde está y de quién es”. Programa Chile Sustentable, 2003. 28 Matus, Nancy: “La privatización y mercantilización de las aguas: normas y regulaciones que rigen al sector Sanitario. Dificultades y desafíos”. En: El Derecho al Agua en el Sur de las Américas, Alianza Chilena por un Comercio Justo, Etico y Responsable (ACJR), 2002. Las Canillas Abiertas de América Latina Tabla 1 Empresas sanitarias en Chile el primer ciclo de reformas Región Empresa I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Metropolitana ESSAT ESSAN EMSSAT ESSCO ESVAL ESSEL ESSAM ESSBÍO ESSAR ESSAL EMSSA ESMAG EMOS Fuente: Bravo, Patricia, en “Agua: Dónde está y de quién es”. Programa Chile Sustentable, 2003. El desmembramiento del sistema sanitario nacional en estas empresas abrió el camino a su posterior privatización, al dotarlas de personería jurídica propia, con una gestión indirecta del Estado. Sin embargo, aún a 1995, el gran poseedor de aguas para agua potable era el Fisco, con un 50,1% del caudal disponible. Este cuadro varió en forma sustancial a partir de 1998, con la venta del 40% de ESVAL a un consorcio integrado por Anglian Water (Reino Unido) y Endesa España por 410 millones de dólares. Posteriormente, la primera de estas transnacionales le compró su parte a Endesa España y hoy posee el 50% de las acciones. En 1999 se transfirió el 43% de EMOS al consorcio formado por Suez Lyonnaise Deaux (Francia) -y Aguas Barcelona, filial de la anterior, que hoy tiene el 55% del patrimonio. Se creó así una nueva empresa: Aguas Andinas. Ese mismo año se vendió el 51% de ESSAL a Iberdrola (España) y el 2000 fue entregado, como concesión, el 42% de ESSBÍO a Thames Water (Reino Unido), que actualmente posee el 51% del derecho de explotación de las aguas de la compañía. Con la privatización de esas cuatro empresas, el 73% del sistema de agua potable y alcantarillado del país quedó en manos de transnacionales. Posteriormente, el 51% de las acciones de Essel (VI Región) fue adquirido por Thames Water. El 2002, Essam y Essar estaban en proceso de privatización bajo la figura de concesiones a 30 ó 35 años prorrogables. La licitación de Essam fracasó porque sólo concurrió Thames Water (dueña de Essbío y Essel).Y la licitación de Essar fue declarada desierta.29 Los procesos de privatización se desarrollaron sin consulta a la ciudadanía y desconociendo pronunciamientos masivos, como el que hubo en la VIII Región, donde el 99,09% de 136.783 usuarios de ESSBÍO se pronunciaron en contra de su privatización. En definitiva, al año 2002 el sector privado y más específicamente, los consorcios transnacionales, eran propietario del 83% de las empresas sanitarias.30 Las principales empresas que están controlando este mercado del agua en Chile son Suez Lyonnaise d´Eaux,Thames Water y Anglian Water. Más recientemente, entre 2003 Agosto de 2004 se concretó el traspaso de las empresas de la I a la IV regiones; como también las empresas de la XI y la XII regiones. Estas sanitarias fueron adquiridas por consorcios nacionales como el Grupo Luksic (dueño a su vez de empresas mineras, vitivinícolas, pesqueras, agrícolas, financieras y otras); el grupo Solari (dueño de una de las grandes consorcios comerciales y financieros del país) y Consorcio Financiero. Es decir, las sanitarias fueron traspasadas a grandes consorcios nacionales, manteniendo la lógica l i b re m e rcadista y concentradora de la propiedad. Este proceso ha significado casi el 100% de las empresas sanitarias privatizadas al año 2004. 29 Carmona, Ernesto: Los Dueños de Chile. Ediciones La Huella. Santiago, Chile. 2002. 30 Gebauer, Dante: “La transformación del Estado: del modelo social al liberalismo”. En: El Derecho al Agua en el Sur de las Américas, Alianza Chilena por un Comercio Justo, Etico y Responsable (ACJR). Santiago de Chile, 2002. 83 Propiedad de los derechos de agua en Chile para consumo humano 1995 - 2002 Fuente: Elaboración propia en base a datos de Matus, nancy (1998) y Gebauer, Dante (2002) Tabla 2 Principales beneficiarios por la privatización de las empresas sanitarias Región Empresa (*) I II III ESSAT ESSAN EMMSAT IV V VI VII VIII IX X ESSCO ESVAL ESSEL ESSAM ESSBÍO ESSAR ESSAL XI XII Metrop. de Santiago EMSSA ESMAG EMOS Consorcio o nueva empresa “Aguas Altiplano”, controlado por el Grupo Solari (Chile) “Aguas de Antofagasta”, controlado por Grupo Luksic (Chile) “Aguas Norte Grande”, controlada por Consorcio Icafal, Hidrosan y Vecta Controlada por “Consorcio Financiero” de Vicuña y León (Chile) Anglian Water (Reino Unido) y Consorcio Financiero (Chile) Thames Water (Reino Unido) y Electricidade (Portugal) “Aguas Nuevo Sur Maule”, controlada por Thames Water (Reino Unido) Thames Water (Reino Unido) Grupo Solari (Chile) Iberdola (España); y “Aguas Décima” en la provincia de Valdivia, controlada por Suez Lyonesse y Aguas Barcelona Consorcio Icafal, Hidrosan y Vecta “Aguas Magallanes”, controlado por el Grupo Solari (Chile) “Aguas Andinas”, controlado por Suez Lyonnaise Deaux (Francia) y Aguas Barcelona (España) Fuente: Programa Chile Sustentable, en base a datos de las empresas respectivas en sus sitios web; reportajes del Diario Financiero (www.estrategia.cl) e información recoplilada por Matus, Nancy, en “Recursos Hídricos en Chile: desafíos para la sustentabilidad”, según datos de CEPAL, 2000. 84 Las Canillas Abiertas de América Latina Consecuencias directas del régimen de mercado de aguas para la población El uso de agua para consumo humano se ha vuelto cada ves más restrictivo, debido a las fuertes alzas de tarifas que significó la privatización de las empresas sanitarias. Según las cifras recopiladas por organismos no gubernamentales en Chile (ODECU, Chile Sustentable), existen diferencias de hasta 400% entre las tarifas de agua a lo largo del país, concentrándose las mayores alzas en la zona centro-norte. Una consecuencia directa de estas alzas ha sido la reducción del consumo de agua potable, no por una mayor eficiencia en el uso del recurso, sino debido a que los hogares no cuentan con los ingresos suficientes para pagar su consumo normal de agua potable. Estimaciones en las alzas de las tarifas del agua en Chile (en % mínimos y máximos período 1999-2000) Fuente: Programa Chile Sustentable, “ Agua: Dónde está y de quién es”. Programa Chile Sustentable, 2003. Reducción del consumo de agua potable (en m3) período 1999-2002 Fuente: Bravo, Patricia, en “ Agua: Dónde está y de quién es”. Programa Chile Sustentable, 2003. 85 La participación del sector privado no ha significado un mejoramiento de la cobertura ni del acceso a los recursos para la población. Los usuarios pagan además, el 100% del costo del tratamiento de aguas cloacales, lo que constituye una fuente de ingresos permanentes adicionales para las empresas, muy superiores a la inversión inicial. Para resolver el problema de acceso a los servicios sanitarios en los sectores de menores ingresos, el Estado otorga un subsidio directo a las familias para el pago de estos servicios, lo que constituye una forma de subvención indirecta para las empresas. A ello se agrega la pérdida de empleos del sector, como lo vemos en el siguiente gráfico: Aumento del desempleo en las empresas sanitarias (en % estimado 1999-2002) Fuente: Bravo, Patricia, en “ Agua: Dónde está y de quién es”. Programa Chile Sustentable, 2003. Problemas y desafíos de la gestión de las aguas en Chile El proceso de mercantilización de las aguas en Chile ha vulnerado el acceso de las personas a un derecho básico,definido constitucionalmente como bien de uso público,y generando severos daños en las comunidades y los ecosistemas.Los principales problemas que ha aparejado el proceso de privatización han sido: • Concentración y desnacionalización de la propiedad: - Más del 90% de las empresas sanitarias en manos privadas y transnacionales al año 2004; - 84,6% del uso consuntivo de agua en el sector agrícola; - 81% del uso de agua no consuntivo (generación energía hidroeléctrica) en manos de ENDESA- España. • El sistema tarifario del agua en Chile es el más caro de la región,según cifras de CEPAL (2003) • La privatización de los derechos de agua y las empre 86 sas sanitarias no se traduce en mayor eficiencia de su uso, ni mejor calidad, cobertura o acceso para la población. • El Estado subsidia a las empresas sanitarias, al asegurarles un 10,3% de rentabilidad y otorgar subsidios a los hogares de menores ingresos para cubrir el pago de tarifas. • Se ha producido una paulatina pérdida de derechos en la mayoría de la población y despojo de campesinos,agricultores e indígenas • Pérdida de control público y gobernabilidad • Aumento de conflictos locales, nacionales y transfronterizos. Para revertir esta situación, se requeriría una Las Canillas Abiertas de América Latina reforma sustantiva en la legislación y en la orientación de las políticas públicas vigentes sobre aguas en Chile, que favorecen a las empresas por sobre las necesidades de las personas. Sin embargo, la reforma al Código de Aguas, que pretende -al menos- implementar un sistema de patentes por no uso de los recursos concedidos, lleva 10 años en trámite en el Congreso Nacional y enfrenta la fuerte oposición de los sectores liberales, favorables al régimen de mercado en la gestión de los recursos y servicios. agua, que tenga en consideración elementos de sustentabilidad política (participación de la comunidad en las decisiones), social (equidad en la cobertura y acceso para las personas y las comunidades), económica (recuperación de la soberanía sobre el agua y sus servicios derivados, costos accesibles, eficiencia) y ambiental (protección y resguardo de los ecosistemas y las aguas superficiales y subterráneas). A ello se agrega la dispersión de los organismos públicos vinculados al manejo de aguas en diversas reparticiones públicas, lo que obstaculiza una política integral del recurso y la adecuada fiscalización de su manejo. Además, el país no cuenta en sus políticas públicas espacios de participación ciudadana real, con incidencia efectiva sobre las decisiones públicas, dejando a las asociaciones de usuarios y a la población en general sin herramientas para participar de las políticas de gestión del agua y defender el interés público frente a las grandes empresas del sector. Teniendo en consideración la experiencia chilena, resulta evidente la importancia de que los países resguarden el derecho al agua como un recurso básico para la vida, y eviten las medidas que conduzcan a su mercantilización y privatización. En plano internacional, también es fundamental que los países y sus gobiernos mantengan una clara oposición a la inclusión de los servicios sanitarios en las negociaciones de la OMC y particularmente, del acuerdo GATS, donde una de sus principales aspiraciones es incluir los servicios sanitarios, redes de alcantarillado y tratamiento de aguas, dentro de los ámbitos regidos por este acuerdo, cuyo fin es la liberalización de los servicios en todos los países suscritos. En definitiva, nuestros países necesitan contrarrestar la tendencia liberalizadora de la gestión y manejo de los recursos hídricos, avanzando hacia una política de manejo sustentable del 87 III.6 Bolivia- La Guerra por el Agua en Cochabamba y la construcción de espacios de rebelión y recuperación de nuestras voces. Oscar Olivera Foronda31 88 31 Secretario Ejecutivo de la Federación de Trabajadores Fabriles de Cochabamba. Portavoz de la Coordinadora de Defensa del Agua y de la Vida. Portavoz de la Coordinadora Nacional de Defensa y Recuperación del Gas y los Hidrocarburos. Las Canillas Abiertas de América Latina La gente dijo ¡Basta! En Cochabamba, corazón de Bolivia, un valle donde más de un millón de personas sufre una aguda escasez de agua desde hace más de 50 años y más de 500 años con sed de justicia, el Banco Mundial ordena que los sedientos cochabambinos deben sacar el dinero de sus bolsillos si quieren tener agua y que además el agua debe dejar de ser un derecho colectivo para convertirse en propiedad privada. La transnacional Bechtel en sociedad con los gobernantes corruptos logra firmar un contrato de concesión de la empresa de agua, por 40 años, y el parlamento emite una ley de agua potable exaccionadora, monopólica y confiscadora. Se elevan las tarifas de tal forma que cada familia debía pagar la cuarta parte de sus ingresos sólo para el agua. Los sistemas y redes de agua y alcantarillado producto del esfuerzo de centenares de cooperativas y asociaciones en los barrios pobres deben pasar a propiedad de la transnacional, las fuentes de agua y los sistemas de riego, que los campesinos habían gestionado, durante siglos, de manera autónoma, democrática y justa, denominada “usos y costumbres”, desaparecían. La transnacional se aseguraba una utilidad del 16% anual y para colmo estaba prohibido acumular agua de la lluvia... La gente dijo ¡Basta! Los campesinos regantes dieron la voz de alerta, dijeron a las ciudades: nos quieren quitar nuestra agua, nuestra vida. Fueron escuchados por la mayoría, los obreros de las fábricas, los maestros, los transportistas, los comerciantes ambulantes, los desocupados, la gente sencilla y trabajadora, y también algunos ricos como los dueños de hoteles y condominios asistieron a esta convocatoria. Así se organizó la Coordinadora de Defensa del Agua y de la Vida frente a la sordera y cínico compromiso con la privatización de las organizaciones sociales “tradicionales”. Luego de cinco meses de lucha, de participación, de organización, de propuestas, de protestas, de indignación, de coraje, se logra despriva- tizar la empresa, se expulsa a la transnacional y se impone desde abajo una ley de agua potable asegurando a la gente su derecho al agua como un bien colectivo, como un derecho humano, como dueño de la misma a todos los seres vivos. Ese hecho histórico se denominó la GUERRA DEL AGUA. Las lecciones de esta experiencia son las nuevas formas organizativas y de lucha, de coaliciones más flexibles de jóvenes, mujeres, niños y ancianos que producen formas nuevas de democracia, de participación, de opinión y toma de decisiones. Se saborea una nueva forma de poder, el de abajo, el de los cabildos, las asambleas, de las barricadas y se sustituye el poder de los partidos políticos. La recuperación de la perspectiva histórica ¿Y… compañero, qué hemos ganado con la guerra del agua?, preguntaba una mujer luego de terminados los conflictos en Cochabamba, y que seguía bloqueando una calle, junto a su esposo desocupado, sus niños sin salud ni escuela. “Así nos den agua gratis, ¿en qué va a mejorar nuestra situación? Nosotros queremos que se vaya el presidente, que se vayan los políticos, queremos justicia social”. Nunca olvidaré a esa compañera, de la zona de Pampa Grande, donde el agua la compran de las cisternas o de los canales de riego. La mayoría de los que habían peleado por el agua en Cochabamba, no tenían agua de la empresa que fue desprivatizada por el esfuerzo de la población. Esa pregunta, ese cuestionamiento, esa actitud de no querer desbloquear de esta familia, nos hizo ver a los portavoces de la Coordinadora del Agua, que detrás de la lucha por este recurso vital y colectivo, estaba la lucha política de miles de personas, de familias que estaban hartas con la “calidad de vida” y la “política” que se había implantado en el país desde hace varios años. 89 A partir de este esfuerzo digno, gigantesco y esforzado de la gente sencilla y trabajadora, el país cambió, los pobladores, los sectores sociales, las comunidades, los sindicatos y asociaciones, pudimos comprobar que era posible perder el miedo, que era posible vencer, que era posible recuperar nuestra dignidad, nuestros bienes comunitarios (recursos naturales), que no hay un destino fatal y a partir de ese abril del 2000, el pueblo cochabambino y el altiplano paceño irrumpen en el escenario político con una demanda concreta de “el agua es nuestra y las decisiones también”. A partir de las jornadas de abril de ese año, emergen nuevos movimientos sociales, que de manera autónoma, sin intermediación de partido político alguno, bajo la conducción de un liderazgo colectivo y la práctica asambleística en la toma de decisiones, quiebra el modelo político y económico. A esos hechos se sucedieron otros, como los levantamientos campesinos de septiembre del 2000, el cerco campesino y la instalación del cuartel indígena de Qalachaqa, en el altiplano paceño en julio del 2001, la victoria de la denominada guerra de la coca en enero del 2002, la victoria de los mineros de Huanuni, en julio de ese mismo año, los levantamientos indígenas y campesinos de enero y febrero del 2003 con la victoria contra el impuestazo del FMI el 12 y 13 de febrero del 2003 y finalmente la expulsión del poder del símbolo del neoliberalismo en Bolivia, Gonzalo Sánchez de Lozada en octubre del 2003, que además impidió la venta del GAS a Estados Unidos. Durante estos períodos de lucha del pueblo boliviano, existieron los esfuerzos colectivos de unificación y agregación de los movimientos sociales, expresados en la Coordinadora de Defensa del Agua y de la Vida, la COMUNAL de abril del 2001, el Estado Mayor del Pueblo en enero del 2003, la recuperación de la COB en agosto de ese año y la conformación de la Coordinadora Nacional de Recuperación y Defensa del Gas en septiembre del 2003. 90 Las elecciones de junio del 2002, reflejo de las múltiples Bolivias En medio de todo esto, el resultado de las elecciones del 30 de junio el 2002 pone al descubierto, una vez más, a las múltiples Bolivias: una en la que el MAS obtiene la mayoría en La Paz, Oruro, Potosí, cinturones de pobreza y en Cochabamba, reflejo de la indignación y recuperación de la dignidad con la Guerra del Agua; otra Bolivia en el Oriente con el MNR, voto oligárquico y conservador de los sectores que usufructuaron el esfuerzo económico del occidente en las décadas pasadas; otra Bolivia en la casi extinción de las coaliciones partidarias neoliberales; las Bolivias de los gobernantes, que hacen negocios, que mienten, que roban, que estafan; la Bolivia de los parlamentarios que levantan las manos y que ganan jugosas dietas; la Bolivia de los excluidos, de los marginados expresados en esos votos de ilusión, de fantasmas, de un escenario donde nunca se han solucionado ni se solucionarán los verdaderos problemas de la gente. La otra Bolivia política, emergente, de los movimientos sociales, de los indígenas de las tierras bajas y altas, de los cocaleros, de los sin jubilación, de los mineros de Huanuni, de las y los guerreros del agua, de los regantes, de los verdaderos protagonistas de las últimas luchas a partir de abril del 2000; ese mundo que pretende ser apropiado por algunos caudillos, que quieren ser poder arriba, que en el fondo también le tienen miedo al verdadero poder, al de abajo, al de las asambleas, de los cabildos, de la revocabilidad, de la crítica, de las decisiones colectivas, de la consulta, no de la imposición, no de mandar, no de imponer, sino de obedecer. En las elecciones de ese año se puso en evidencia la Bolivia de los partidos, de las elecciones, de los engaños, de un circo llamado parlamento, de la gobernabilidad, de las encuestas, de la competencia entre quién miente más y mejor, de los oportunistas, traficantes y traidores, de aquellos que nunca estuvieron en las calles ni Las Canillas Abiertas de América Latina los caminos, pero que se atreven a hablar en nombre de nosotros, que no se ensuciaron las manos al bloquear y no se empaparon con el sudor, las angustias de los pobladores, que no recogieron a sus muertos y heridos, pero que se dejaron sobornar por las dietas, por ser parte del mundo de corrupción, los representantes del pueblo, que nunca estuvieron con él, en los conflictos. El parlamento, pese a la presencia de indígenas, sigue siendo una representación señorial, sigue siendo, todavía el mundo dominante de la política en nuestro país. Es claro, sin embargo, que el nuevo “espectro” político-partidario ha asustado a la oligarquía. Las últimas cartas de la derecha: la alianza de los partidos, el comíteísmo, las oligarquías empresariales, cívicas y las transnacionales. A nuestro entender ya no sólo son los intereses oligárquicos locales los que definen los gobiernos en Bolivia, ahora es la descarada y nada disimulada intervención de la embajada norteamericana en estos asuntos. Es la intervención de las transnacionales que obligan a políticos, elites cívicas y sindicales a unirse en base al “prontuario” de sus más connotados jefes, para tratar de continuar con un modelo inhumano, excluyente, donde el Estado ha sido diseñado para favorecer estrictamente a dos sectores: la banca internacional y las transnacionales petroleras. Lo paradójico es que aquellos verdugos, vendepatrias; aquellos que mancharon sus manos con sangre en las minas, en el Trópico de Cochabamba, en el altiplano paceño y otros lugares, piden “tregua”, “paz” a aquellos que ya llevamos 19 años sin tregua, despojados de nuestros derechos, penalizados por organizar sindicatos, aplicándonos de manera inmisericorde el Artículo 55 del 21060, resistiendo represión, gases, balas y helicópteros, mientras éstos se han dado los más grandes festines con el producto de nuestro esfuerzo. No puede haber tregua ni paz. Cuando los poderosos hablan de pan, es que habrá hambre, cuando hablan de empleo es que cerrarán minas, fábricas y escuelas, cuando hablan de tregua y paz es que construirán más cuarteles y cárce- les, cuando hablan de soberanía regalarán nuestro gas, cuando hablan de tregua y concertación estarán preparando un plan tenebroso para desarticular el movimiento popular. Bolivia ya no es la misma La demanda de la Asamblea Popular Constituyente, NO a la venta del Gas, la presencia de una oposición parlamentaria real y no pactada, las elecciones municipales próximas con posibilidad de romper el monopolio de los partidos políticos, esta es parte de la agenda de los movimientos sociales, de la base de la sociedad, por una parte. Por el otro lado está la agenda del nuevo gobierno, la venta del Gas, el paquete tierra, la mercantilización del agua, el ALCA, la inviabilidad de solucionar y atender las demandas pendientes de los sectores sociales y los conflictos que surgirán a partir de éstos. Nuestro país está en la bancarrota, el pronto colapso de las AFPs, el endeudamiento del Estado con las mismas, la falta de fiscalización de las empresas de los bolivianos manejadas por los extranjeros, la terquedad a cambiar esta democracia representativa por una democracia participativa, como quiere la gente, supone la continuación de la lucha que hemos emprendido a partir de abril del 2000. Sentimos los vientos de bronca y dignidad que recorren en las calles, las carreteras, las fábricas, las comunidades, los mercados, las escuelas, las cárceles, los cuarteles, lugares que un día, gracias a la ceguera, sordera y torpeza de los gobernantes y políticos, se han ido convirtiendo en trincheras de resistencia y rebelión. La Construcción de Nuevas Formas de Participación y Poder Popular La lucha por el agua, el Gas, la electricidad, los servicios básicos y la lucha por la sobrevivencia ha producido la creación de espacios de reflexión, de re-conocimiento entre la gente sencilla y trabajadora del campo y la ciudad. En estos espacios se está asistiendo a la construcción de 91 espacios de deliberación, de propuestas, de organización, de movilización, de indignación, estamos construyendo entre el viejo mundo del trabajo y el nuevo mundo trabajador un nuevo pensamiento, un nuevo discurso, nuevas actitudes, nueva “institucionalidad”, estamos recuperando nuestras identidades ante el poder del capital, construyendo liderazgos horizontales y colectivos, transparentes y dignos. Estas luchas que son a partir de la cotidianidad de la gente, la gente las va ligando con los temas de lo político, del poder. La gente que antes sólo trabajaba sin saber el destino de su esfuerzo ahora se pregunta donde va el producto de su trabajo y reclama controlarlo a fin de que beneficie a todos. La gente que antes sólo soportaba el engaño de políticos y gobernantes ahora desea hacerse cargo del destino político del país. La gente que antes aguantaba callada su triste destino ahora ha recuperado la palabra y exige ser oída. La gente que antes toleraba la discriminación de su apellido, su idioma y su color de piel, ahora los exhibe orgulloso y reclama un gobierno donde su lengua, su cultura y sus tradiciones sean carta de ciudadanía y de poder. Miles y miles de indígenas aymara-quechuas, miles y miles de trabajadores, de asalariados, de jóvenes, de regantes, de amas de casa hemos decidido romper el abusivo monopolio del poder, la riqueza y el dinero concentrada en manos de una casta de empresarios y políticos y reclamamos nuestro derecho a disfrutar de la riqueza, nuestro derecho a participar del poder, nuestro derecho a deliberar la administración del bien común. Una nueva nación, un nuevo Estado, una nueva ciudadanía, un nuevo futuro es lo que hombres y mujeres trabajadores de la ciudad y el campo hemos comenzado a desear, a construir, a soñar. Estamos por tanto ante el inicio de una nueva época de largas luchas por la reconquista de derechos sociales, por la descolonización, por la recuperación del patrimonio colectivo, por la ampliación de la democracia y la formación de autogobierno de la gente sencilla y trabajadora. 92 La Agenda de los movimientos sociales y el traslado de la política y las decisiones a las calles y a los caminos Como hace siglos, como hace 10 años, como hace 5 años, hoy nuevamente la gente sencilla y trabajadora llora a sus muertos caídos por reclamar trabajo, justicia y dignidad. Como siempre, un Estado excluyente y unas elites insensibles desprecian a una sociedad indígena y laboriosa que no tiene otro medio para ser oída que no sea el cerco y la protesta. Esta es la tragedia de una república diseñada para el disfrute de pocos, y el silencio y el abandono de muchos. Hoy, pese a las libertades democráticas, a las elecciones y la institucionalidad política, este terrible desencuentro entre gobernantes y gobernados no ha desaparecido, sólo ha cambiado de forma. Las huelgas, las marchas, los bloqueos que hoy nos preocupan a todos son sólo una expresión justa de un descontento colectivo, de un drama social de millones de indígenas y campesinos, de miles y miles de artesanos, de obreros, de profesionales que no tenemos futuro para vivir decentemente, que no tenemos trabajo estable para mantener a nuestras familias, que no tenemos tierra para extraer sus frutos y que por nuestro apellido o nuestra cultura estamos condenados a ser ciudadanos de cuarta o quinta categoría. Este divorcio entre los de arriba y los de abajo, entre indios y mestizos, entre oriente y occidente, entre ricos y pobres no se soluciona con tanques ni balas, con amenazas ni sobornos. Requiere construir un nuevo país, donde todos seamos iguales, sin importar el idioma, el color de piel, el apellido o el lugar de nacimiento; requiere una nueva economía donde todos puedan desarrollar dignamente sus capacidades y nadie monopolice la riqueza producida con el esfuerzo de otros; requiere una nueva política en la que la individualidad y la colectividad sean reconocidas como sujetos políticos con capacidad de influir en las decisiones públicas, en fin, Las Canillas Abiertas de América Latina necesita que el gobierno exprese todos los intereses de la sociedad y que no sea su enemigo, como lo es hasta hoy. zarnos, armarnos con ideas, palabras y municiones, porque es mejor morir luchando, que vivir para ser esclavos”. Los muertos desde abril del 2000 hasta octubre del 2003 y abril del 2004, han reclamado desde sus barricadas y cercos ¡Cambios Económicos y Cambios Políticos! Bolivia, Septiembre del 2004 Los cambios económicos significan la recuperación de todo aquello que ha sido despojado a los bolivianos y bolivianas, nuestro patrimonio colectivo expresado en las empresas de agua, luz, ferrocarriles, aviones, fábricas y fundamentalmente el petróleo, los hidrocarburos, el GAS, nuestros aportes para la jubilación, ahora en manos de las transnacionales más poderosas del mundo. Los cambios políticos significan, una nueva forma de participación social, en la deliberación de nuestro presente y nuestro futuro, pero sobre todo en la decisión de nuestro destino. Hoy todos en Bolivia reclaman PAZ y PACTO SOCIAL, para nosotros esto significa un acuerdo concertado entre todos los sectores de la ciudadanía que permita que las leyes se obedezcan, no por miedo a la represión o la cárcel, sino porque todos hemos sido partícipes de su elaboración, ese pacto social es la Asamblea Constituyente Popular y de Pueblos Originarios. Saludamos el referéndum al cual va a asistir el pueblo uruguayo el próximo 31 de octubre, es un espacio construido de manera laboriosa por miles de hombres, mujeres, y ancianos, un espacio de decisión, desde abajo, nosotros venimos saliendo de un referéndum, impuesto desde arriba, por los intereses de las transnacionales del imperio, el vuestro es una forma de rediseñar una nueva patria, un nuevo Uruguay, como el que soñó Artigas y como lo soñaron Tupac Katari, Simón Bolívar y el Che. Ya lo dijo don Federico, un viejo dirigente minero que ahora vive en Villa México un barrio empobrecido, al sur de la ciudad de Cochabamba: “Nuestros pueblos se están preparando para reconstruir nuestra América. Debemos organi93 III.7 India - Entre participación y privatización Ann Kathrin Schneider32 94 32 Trabaja en la organización no gubernamental WEED, en Berlín, y condujo un estudio sobre la política del agua del Banco Mundial en áreas rurales, por encargo de Pan para el Mundo. Artículo publicado en INKOTA Brief Nº 128, junio 2004, Berlín. Las Canillas Abiertas de América Latina Las debilidades de la política de agua del Banco Mundial La política del agua del Banco Mundial (BM) resulta decisiva para todo el sector. Si bien las donaciones financieras de la institución son de menor importancia que los créditos y subvenciones de los donantes bilaterales, por su posición destacada en el ámbito de la cooperación para el desarrollo, el banco influye enormemente en las políticas tanto de los gobiernos que reciben créditos como de los donantes bilaterales. Tres documentos para formular una estrategia referida al sector (Water Resources Sector Strategy, Water and Sanitation Business Plan, e Infrastructure Action Plan) fueron aprobados en 2003 y constituyen una señal clara de que el BM tratará de incrementar aún más su papel en este tema. Pero primeras experiencias en la India muestran que el incremento de los medios financieros no contribuye necesariamente a mejorar el acceso al agua de los grupos más pobres de la población. En cuanto a la distribución de agua en las ciudades, el BM le otorga gran valor a la participación de sector privado y apoya los gobiernos en este sentido. En relación con las áreas rurales, lo que caracteriza la política del BM es el traspaso de responsabilidades y costos a los/as usuarios/as, llamando este enfoque “participativo” y “orientado a la demanda”. Una mayor participación de los/as usuarios/as en las decisiones correspondientes al sector podría mejorar efectivamente su acceso al agua potable, considerando que en el pasado las instituciones públicas no pocas veces descuidaron los intereses de la población local cuando se trató de planificar y realizar proyectos de agua. Pero a quién se hace referencia cuando se habla de “población local”? Qué intereses deben articularse, ser tomados en cuenta y gestionarse y a cargo de quién estará la financiación? Hay una contraparte? Quién debe encargarse de implementar los planes? En la India, el BM ha venido colaborando estrechamente con el gobierno desde comienzos de la década del noventa para lograr que el sector se abra a actores privados y las responsabilidades financieras se trasladen a los/as usuarios/as. “En la India el agua ha sido tradicionalmente un bien social. Desde hace diez años, sin embargo, se intenta redefinirla como bien económico”, declaró el señor Kulappa, quien desde hace una década está a cargo de la planeación y dirección de las reformas en el sector en ese país, representando los intereses del BM. Pero también en India, como en muchos otros países, las reformas se implementan muy lentamente. El desinterés de las empresas privadas en hacerse cargo del servicio de agua en las regiones pobres del sur, junto con la resistencia de la población contra la privatización y al aumento de los precios obstaculizaron el proceso. A principios de 1999 el gobierno nacional introdujo reformas en los sectores de agua y saneamiento de áreas rurales, que llevan la inconfundible marca del BM y reflejan el abandono del paradigma orientado por la oferta y la adopción de uno que se rige por la demanda. Las reformas del sector respaldaban enfoques participativos de gestión del agua en áreas rurales y debían colocar a las comunidades y agrupaciones de la sociedad civil local en capacidad de responsabilizarse por su propio abastecimiento de agua, sin depender de apoyos externos, o sea, del Estado. Un año antes de la aprobación del programa de reformas para el sector, el BM publicó un informe ampliamente difundido sobre el servicio de agua y saneamiento en zonas rurales de Asia del Sur (Banco Mundial, 1999). En este informe se cuestiona que el agua no tenga costo alguno para los usuarios y que toda la responsabilidad del sector recaiga sobre el gobierno; además, según el informe la predominancia estatal y la falta de una orientación comercial desalentarían al sector privado. El BM señala luego que el suministro de agua, por el crecimiento de la población y las crecientes necesidades, será cada vez más costoso. 95 Considera poco probable que aumenten los gastos estatales en el sector, por lo que recomienda descargar gradualmente sobre los/as usuarios/as la totalidad de los costos. En el informe publicado en 1999 se lee: “El objetivo más importante de esta estrategia es cubrir los costos totales del suministro de agua (inversiones, costos de mantenimiento y reparaciones) con el precio del servicio. En caso de que deba recurrirse a créditos para inversiones, los intereses deberán ser incluido en el precio del servicio y por lo tanto financiados por los/as usuarios/as” (World Bank, 1999, p. XVIII). En la India, el BM impulsó el proceso de reformas con programas de reformas financiados con créditos y proyectos piloto. Entre 1996 y 2002, probó su enfoque de participación, orientación a la demanda y cobertura de costos en unos 1.000 poblados en el estado de Uttar Pradesh. La ofensiva del banco rindió sus frutos: el programa de reformas del gobierno indio de 1999 es el mayor proyecto de reforma del sector del agua regido según la orientación a la demanda. En agosto del 2001, las reformas ya se habían implementado en más de sesenta distritos del país, de casi todos los estados federales. Efectos de la política del Banco Mundial La política actual de agua del BM corresponde a primera vista con la visión de muchos/as que abogan por mayores niveles de participación y que al ser considerado lo “participativo” y “orientado a la demanda”, los intereses de la población quedarían en un lugar central. El enfoque del BM resulta sin embargo cuestionable, porque limita la responsabilidad del Estado en el suministro de los servicios básicos. Además, el concepto de participación del BM resulta extremadamente limitado, y da a los/as usuarios/as menos posibilidades de iniciar procesos por iniciativa propia, de dirigirlos o de tomar decisiones bajo su propia responsabilidad, aunque las obligaciones financieras que deben afrontar son mayores. Para el BM participación 96 no significa que la población se empodere mediante la participación democrática, que pueda controlar la política del gobierno o favorecer sus intereses y hacer valer sus intereses y derechos frente al Estado, sino la reducción de las obligaciones públicas y la ampliación de las responsabilidades financieras de la población. Para los sectores más pobres, la implementación de los conceptos de participación y orientación a la demanda en el área del agua no ha sido positiva en el pasado. Jasveen Jairath, directora del South Asian Consortium for Interdisciplinary Water Resources Studies [Asociación sudasiática para el estudio interdisciplinario de los recursos acuíferos], investigó los proyectos de agua para uso agrícola en zonas rurales con enfoque de participación y orientados a la demanda en el estado indio de Andrah Pradesh. Determinó que la participación de la población, cuando se inició en el marco de un crédito del BM, raras veces es duradera.“Los miembros más débiles de la comunidad no tienen el más mínimo control en estos sistemas y pierden el interés al poco tiempo”. Frecuentemente las elites locales más influyentes de cada poblado pasan a dominar los procesos de participación impulsados por el Banco Mundial. A pesar de inversiones anuales en el área del agua, que rondan los 3.000 millones US$, por el momento el banco no ha conseguido mejorar sensiblemente el acceso al agua de los pobres. Al contrario, la privatización del suministro en muchas ciudades del sur y la comercialización del agua - que deja de ser un bien público para pasar a ser una mercancía - en muchos casos encarecieron y empeoraron el servicio. El mismo departamento de evaluación interno del banco determinó en 2002 que sus proyectos de suministro de agua hasta el momento no habían tenido efectos significativos para la reducción de la pobreza (Operations Evaluation Department, 2002). Es más, la misma instancia interna de control afirmaría un año más tarde, que en ninguno de los países que recibieron créditos del BM para proyectos relacionados con el agua hubo regulación estricta del precio del agua que incluyera disposiciones especiales para lo- Las Canillas Abiertas de América Latina s/as más pobres (Operations Evaluation Department, 2003). La concentración del BM en la productividad económica del sector y la desatención de la problemática del acceso al servicio es la razón fundamental para su falta de progreso en hacer llegar el agua a los sectores más desprotegidas de la población. Valores ecológicos, culturales, religiosos y de derecho humano del agua desaparecen tras cálculos de costos, efectividad y rentabilidad. Dado que al aplicar el principio de orientación a la demanda el acceso al agua se define en función del poder adquisitivo, la marginalización de los sectores de menores ingresos de la población es la consecuencia lógica. Con la entrega del sector a usufructuarios privados, el Estado renuncia a la posibilidad de controlar y de gestionar en forma sustentable y socialmente redituable el recurso agua. Bibliografía: Operations Evaluation Department, Bridging Troubled Waters,Washington D.C., 2002. Operations Evaluation Department, Efficient, Sustainable Service for All? Washington D.C. 2003. World Bank, Rural Water Supply and Sanitation, Mumbai/Washington, D.C., 1999. 97 III.8 Filipinas- El servicio de agua en Manila: entre el afán de lucro y los derechos humanos Nils Rosemann 98 33 33 Antiguo colaborador del Deutsches Institut für Menschenrechte (Instituto Alemán para los Derechos Humanos) y trabaja en Berlín y Ginebra como abogado, asesor independiente y periodista. Artículo publicado en INKOTA Brief Nº 128, junio 2004, Berlín. Las Canillas Abiertas de América Latina Privatización fracasada Los/as habitantes de la capital filipina, Manila, sufren desde hace tiempo las consecuencias de un deficiente servicio de agua. La privatización hace algunos años atrás mejoró la situación sólo por un breve lapso, y pronto volvieron a acumularse los problemas. Hoy las partes involucradas se enfrentan ante los tribunales y se necesitan urgentemente nuevos conceptos. Gente afectuosa, tránsito caótico y permanentes y visibles contrastes entre ganadores y perdedores de la globalización reciben a los/as visitantes de Manila. Unos 13 millones de habitantes viven en la capital de las Filipinas. La megalópolis crece de manera incontrolada, e igualmente lo son las consecuencias sociales y ecológicas de esta situación. Uno de los mayores problemas de Manila es el déficit de agua potable y saneamiento. Según datos oficiales, en 1997 cerca de 27% de los habitantes – o sea tres millones de personas - carecía de agua potable, mientras que aproximadamente 90% (11,7 millones de personas) no tenía acceso a la red pública de aguas servidas. Pero los números reales bien podrían incluso mayores, si se consideran la sostenida inmigración y los asentamientos ilegales. La falta de agua potable constituye una violación de los derechos humanos, y en Manila adquiere además el carácter de discriminación social: las empresas estatales de agua se negaban a llevar el agua a las villas miseria y asentamientos ilegales por el miedo de contribuir de esta forma a su legitimización. En la búsqueda de capital privado En Manila, como en el 95% restante del mundo, los servicios de agua y saneamiento estaban en manos públicas. Este área está entre las de mayor intensidad de inversión, y los países del Sur, con el fin de superar la brecha entre lo disponible y lo requerido – frecuentemente por presiones de la cooperación internacional y bilate- ral para el desarrollo - salen a buscar capitales privados. A raíz de una escasez inédita de agua en 1995 con muchas victimas fatales por el cólera y otras enfermedades asociadas al agua, el entonces presidente Marcos puso la búsqueda de inversores privados en manos de un grupo, dirigido por la International Finance Corporation, sucursal del Banco Mundial y compuesto por abogados de Nueva York, expertos internacionales y asesores de la multinacional del agua SuezLyonnaise des Eaux. Las empresas privadas quieren obtener ganancias e invertir con seguridad. A cambio de la promesa de un mejor servicio de agua potable se privatizan las empresas públicas de agua y se les da a las empresas privadas la posibilidad de obtener ganancias con el suministro de agua. Este debía ser, también en Manila, el camino para salir de la miseria. En 1998, la ciudad se dividió en dos áreas de servicios, la zona este y la zona oeste, cada una de las cuales correspondería desde entonces a un consorcio mixto filipino-internacional que se encargaría de suministrar agua a la población, permitiendo según la teoría la competencia y comparación en el suministro. En la zona oeste, Maynilad Water tuvo como mayor socio internacional a Ondeo, empresa filial de Suez-Lyonnaise des Eaux, mientras que en la zona este, Manila Water fue capitalizado por Northeast Water, que como resultado de diversos traspasos y fusiones pertenece a Thames Water, filial de RWE. En lo inmediato todo pasó como previsto. El precio del agua bajó, el servicio mejoró en varios aspectos y en los primeros cinco años más de un millón de personas, en su mayoría de las villas miserias, tuvieron acceso a la red de agua. Pero se pagó un costo alto debido a la falta total de control estatal sobre el suministro de agua e informaciones sólo indirectas sobre su calidad.Y como la adjudicación se resolvió considerando exclusivamente el precio del agua, únicamente este aspecto está sujeto a la influencia de la autoridad reguladora estatal, 99 mientras que, por ejemplo, la pérdida de agua por cañerías defectuosas o uso ilegal del agua aumentó de 61% (antes de la privatización) a 69% (en el año 2000) en la zona oeste, gestionada por Maynilad Water. Precios altos, autoridad reguladora con manos atadas Las empresas participantes no realizaron las inversiones con capital propio, sino mediante créditos que obtuvieron en el mercado financiero internacional, por ejemplo del banco suizo Crédit Suisse.Estos créditos estaban en dólares estadounidenses, pero la tarifa del agua se pagaba en peso moneda nacional. Cuando el precio del dólar se cuadruplicó a consecuencia de la crisis asiática, los ingresos se redujeron súbitamente a un cuarto de su valor original. Las empresas subieron las tarifas y aplicaron un aumento por inversiones realizadas. De modo que en la zona este el precio del agua aumentó desde la privatización de 2,32 pesos a 12,21 pesos por metro cúbico (526%), y en la zona oeste de 4,96 pesos a 21,11 pesos (425%). Este precio está todavía por debajo del precio del agua en botella o de la que venden distribuidores ambulantes privados, pero nuevamente se discrimina a los/as usuarios/as de las villas miserias. Para disminuir costos, se les colocaron tomas de agua comunes, a las que sin embargo se adjudicó la categoría tarifaria de toma domiciliaria. Dado que su uso colectivo implica mayor consumo por cada boca de expendio, sobre la base del sistema de precios progresivo se cobran facturas más altas que las que deberían pagar las familias de los barrios pobres con una toma de agua individual. Otro problema es la impotencia de la autoridad reguladora. Dado que fue creada en el marco de la concesión, no es independiente, sino que está adscrita a ambos socios públicos como privados. De modo que no puede aplicar ninguna sanción si no recibe la información requerida para comparar los servicios de ambas concesionarias. En este sentido, la privatización tampoco cumplió con la promesa de competencia que a su vez redundaría en mejor calidad. 100 La negativa de la autoridad reguladora para aprobar un aumento propuesto para 2003, dio a Suez-Lyonnaise des Eaux el motivo para presionar a Maynilad Water para rescindir el contrato de la concesión. Para llevar a cabo la rescisión se elevó un procedimiento judicial de arbitraje ante la Cámara Internacional de Comercio, con sede en Paris, durante el cual Maynilad Water suspendió sus inversiones así como los pagos correspondientes al derecho de concesión. Naturalmente se siguieron cobrando las facturas de agua que aseguraron los ingresos para la familia López (que está tras Maynilad Water) y su imperio industrial Benpres Holdings Corporation, entre otros. Como el gobierno filipino tenía que asumir el pago de los créditos internacionales, que en realidad debían pagarse mediante los cánones de la concesión, tuvo que recurrir al mercado financiero privado para obtener un nuevo crédito en cuyo consorcio participa con otros la Deutsche Bank, elevando de esta manera el endeudamiento del país. A través del Banco de Desarrollo Alemán fluyeron al mismo tiempo fondos públicos alemanes para el otro inversor privado, Manila Water.A causa de las inversiones no realizadas se dio en noviembre del 2003 un nuevo brote de enfermedades intestinales y de cólera con 6 personas fallecidas. ¿Un mundo trastornado o más bien el verdadero rostro de la globalización? Lo cierto es que en Paris la Cámara Internacional de Comercio decidió que Maynilad Water no tenía motivos de rescisión y estableció que debía pagarle cerca de 109 millones US$ al gobierno. Pero dado que exigir este pago en el año electoral 2004 pondría en contra del gobierno a una de las familias más influyentes y a uno de los mayores imperios económicos, resulta dudoso que la decisión será aplicada en el plano nacional. En busca de alternativas El agua es una necesidad básica de las personas e indispensable para la vida. El acceso al agua es un derecho humano que los Estados deben garantizar y las empresas respetar. La experiencia Las Canillas Abiertas de América Latina de Manila deja en claro que para responder estos retos es necesario encontrar alternativas a la privatización. Se están haciendo varias cosas en ese sentido. Por ejemplo, en Manila se discuten posibilidades como cooperativas de suministro de agua, o sociedades locales que abarquen proveedores estatales, trabajadores y consumidores/as. En el plano internacional se desarrolla un movimiento apoyado por los sindicatos de los servicios públicos que promueve alianzas entre empresas públicas como alternativa a las privatizaciones a fin de fomentar el intercambio de experiencias y el mejoramiento del suministro público en vez de privatizaciones. 101 III.9 102 Indonesia - Resistencia a la corrupción de RWE / Thames Water Las Canillas Abiertas de América Latina Situación inicial Las violaciones a los derechos humanos por el régimen de Suharto eran mundialmente conocidas. Sin embargo,Thames Water asumió el suministro de agua de Yakarta en 1998. El resultado fue corrupción, precios elevados, inversiones insuficientes y gran resistencia de la población contra el consorcio. Un mercado prometedor a pesar del régimen Suharto El crecimiento exponencial de la población de Yakarta fue una de las razones por el estado deplorable de su red de agua potable. Sin embargo, inversionistas extranjeros se mostraron interesados en asumir la distribución de agua potable de la metrópolis, esperanzado en que la clase alta de Yakarta sería la clientela potencial en un prometedor mercado asiático. Comenzó un largo proceso de cabildeo que culminó exitosamente en 1995, cuando Suharto decidió la privatización de la empresa estatal de agua potable Pam Jaya en Yakarta. Con el apoyo del Banco Mundial y del Departamento Británico para el Desarrollo Internacional y facilitado por el hijo de Suharto,Thames Water firmó un contrato por el cual se le otorgó la distribución del agua de la zona este de Yakarta. La empresa Pam Jaya pasó a ser una supervisora de forma, sin acceso a la documentación y a los informes financieros de los inversionistas extranjeros. De manera similar, Suez logró una concesión para el suministro en el sector oeste de la ciudad (Ladingign 2003, Grusky 2003 para la nota completa). De corrupción… Las críticas contra el proyecto no tardaron. Para conseguir la concesión y obtener las condiciones más favorables para la empresa, tanto Thames Water como Suez habían respetado las modalidades usuales en la economía del país y priorizado el contacto con los círculos cercanos a Suharto. Durante las insurrecciones en el transcurso de la crisis asiática, los ejecutivos de Thames Water y Suez buscaron refugio en Singapur y abandonaron el sistema de suministro de agua de Yakarta. El gobierno indonesio aprovechó esta oportunidad para devolver la administración del suministro a manos públicas. Cuando Thames y Suez regresaron, exigieron una renegociación y lograron un nuevo contrato luego de tres años de negociaciones. Pese a las huelgas y protestas masivas, las perspectivas para Thames Water eran buenas. Mientras que el parlamento se inclinaba en parte a favor de los/as trabajadores/as en huelga, el gobierno priorizó evitar un conflicto con Thames Water y Suez para no ahuyentar inversionistas extranjeros. En el 2001 se firmó un nuevo contrato. Entre otras cosas, preveía el despido de 500 trabajadores/as a cambio de la creación de una autoridad reguladora. Se fundó un nuevo consorcio bajo el nombre Thames Pam Jaya con una participación del 95% para Thames Water. … promesas incumplidas… Pero la corrupción no fue el único problema. Tanto Thames Water como Suez no cumplieron con los compromisos acordados en cuanto a nuevas conexiones. Pese a todas las promesas de los inversionistas privados, la población de Yakarta sigue quejándose de la mala calidad del agua y de los constantes cortes en el suministro. Por si fuera poco, un grupo de expertos comprobaron que el agua contenía una alta concentración de metales pesados y residuos de detergentes. Mientras ninguno de los dos consorcios cumplía con sus obligaciones contractuales de ampliar las instalaciones, se quejaban que la administración municipal no autorizaba en su totalidad el incremento de los precios del agua que habían exigido (Yakarta Post, enero 2003 según Hall 2003f: 7). Un vocero de Suez llegó a justificar la mala calidad de los servicios con la negligencia de los/as trabajadores/as, quienes no estarían dispuestos/as a cooperar con empleadores extranjeros (Landingin 2003). 103 … hasta contratos sin margen de maniobra Pero las posibilidades legales de proceder contra Thames Water en Yakarta son casi nulas. Los términos contractuales de la concesión establecen que en el caso de rescindir el contrato, la ciudad debe pagar al consorcio la suma total de lo invertido hasta la fecha de la rescisión, además del lucro cesante hasta completar el vencimiento del contrato de 25 años de duración. Otro artículo del contrato establece solamente requisitos mínimos en cuanto a condiciones técnicas y de suministro, pero una fórmula para el aumento semestral de los precios sin considerar el cumplimiento de las metas. Resistencia en la calle La privatización del suministro de agua de Yakarta fue causa frecuente de protestas masivas en las calles y huelgas en los últimos años. Desde comienzos del año 2003 no cesan las manifestaciones estudiantiles contra otros proyectos de privatizaciones de agua. Las asociaciones de consumidores/as critican el incremento de los precios del agua, el acceso deficiente para los/as pobres y las grandes pérdidas de agua por fugas. Por el elevado endeudamiento de Thames Pam Jaya, el consorcio anunció fuertes incrementos adicionales de precios, amenazando con retirarse de Yakarta en caso contrario. Será pues una posibilidad concreta para conocer lo que significa para RWE su afirmación de “asumir un verdadero compromiso con las poblaciones por nosotros atendida” (RWE 2003a). 104 Las Canillas Abiertas de América Latina 105 III.10 Porto Alegre- Participación Popular, Control Social y Gestión Pública de Agua y Saneamiento Odete Maria Viero34 106 34 Ingeniera Civil - Asesora de la Dirección General Departamento Municipal de Agua y Saneamiento Alcaldía Municipal de Porto Alegre. Las Canillas Abiertas de América Latina Introducción Porto Alegre es capital del Estado de Rio Grande do Sul, estado que se sitúa en el extremo sur de Brasil. Fue fundada el 26 de marzo de 1772 y está poblado por colonos portugueses del Archipiélago de las Azores. Se llamaba “Porto Alegre dos Casais” (Puerto de las Parejas Matrimoniales), en alusión a los primeros habitantes y a la condición de ciudad portuaria, que le daba una posición geográfica estratégica en los inicios de la ocupación. La ciudad tiene aproximadamente 1.400.000 habitantes. Los servicios de agua y drenaje sanitario son administrados y gestionados por el Departamento Municipal de Agua y Drenaje Sanitario (DMAE), que planifica, supervisa, ejecuta y mantiene los equipos para captación, tratamiento y distribución de agua, como también para colecta y tratamiento de aguas negras. El sistema de abastecimiento de agua del municipio atiende actualmente el 99,5% de la población (564.287 usuarios), a un precio de R$1,4682 (USA$ 0,49) por 1000 litros, uno de los más bajos del país. En el ámbito del drenaje sanitario, en 1990 se recogía residuo sanitario aproximadamente en el 70% de los domicilios, porcentaje que aumentó al 84% en el año 2000. En 1990 se trataba solamente el 2% de este residuo; hoy este índice creció hasta el 27%. Porto Alegre se enorgullece de tener, entre las ciudades con más de 500 mil habitantes, la mejor calidad de vida de Brasil, de acuerdo con el Índice de Desarrollo Humano (IDH) creado por el Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas (PNUD). En octubre de 2003, investigaciones de la ONU realizados en todos los municipios brasileños, destacan a Porto Alegre como la metrópoli con mayor índice de Desarrollo Humano del País (IDH=0,865), considerado “alta calidad de vida”. Siendo comparable a los grados alcanzados típicamente por las ciudades capitales de los países desarrollados. Los sistemas de suministro de agua y drenaje sanitario ejercen un papel fundamental en los altos índices de Porto Alegre. La ciudad tiene una de las más bajas tasas de mortalidad infantil en todo el país, 13,8, mientras la tasa de mortalidad infantil nacional es de 65 por 1.000 nacimientos. Hay una correlación directa entre baja mortalidad infantil y el proceso de mejorar los niveles de suministro de agua y de drenaje sanitario. En el año de 2001, en la elaboración de la planificación estratégica, el DMAE definió su misión que, además de orientar la gestión futura del Departamento, ya reflejaba su línea de acción desde el año de 1989, que es: "Ser excelencia en la prestación de servicios públicos de saneamiento ambiental, con énfasis en agua y aguas residuales, contribuyendo a la gestión sustentable de recursos naturales y a garantizar la calidad de vida de la comunidad portoalegrense, con universalización del servicio y control social." Estructura de gestión Hay tres niveles jerárquicos básicos en la estructura de gestión del DMAE. El primero es la Dirección General del Departamento, ejercida por el director general, que es nombrado por el alcalde municipal de Porto Alegre para un período de cuatro años. El Director General nombra los superintendentes y directores entre los empleados del Departamento, componiendo el llamado Consejo Técnico Gestor (cerca de 30 personas). El Consejo Técnico Gestor se reúne semanalmente. Es responsable del análisis de proyectos y obras internas del Departamento, discusión del Presupuesto Anual y decisión de prioridades. También da soporte técnico, consultoría e informaciones al Consejo Deliberativo. Finalmente, está el Consejo Deliberativo, que controla y aprueba todas las acciones y decisiones tomadas por el DMAE, ejerciendo algunas supervisiones y, de hecho, funciones decisivas de gestión. El Consejo Deliberativo es un importante órgano colegiado, presidido por el Director General del DMAE, con poderes para aprobar las principales decisiones que deben ser tomadas por el Departamento y para opinar sobre varios asuntos secundarios. 107 El Consejo está formado por un representante de cada una de las 13 siguientes entidades: a) Asociación Comercial de Porto Alegre; b) Sociedad de Ingeniería; c) Centro de las Industrias de Rio Grande do Sul; d) Universidad Federal de Rio Grande do Sul; e) Instituto de Abogados de Rio Grande do Sul; f) Sindicato de los empleados del Municipio de Porto Alegre; g) Asociación Riograndense de Prensa; h) Sociedad de Economía de Rio Grande do Sul; i) Departamento Intersindical de Estadística y de Estudios Socio-Económicos (DIEESE); j) Asociación Médica de Rio Grande do Sul; k) Asociación Gaucha de Protección del Ambiente Natural; l) Unión de las Asociaciones de Habitantes de Porto Alegre; m) Sindicato de las empresas compra, venta, alquiler y administración de inmuebles y de edificios en condominios residenciales y comerciales del Estado de Rio Grande do Sul - SECOVI/RS. Los miembros del Consejo y sus suplentes son nombrados por el alcalde, de una lista de tres nombres para cada una de las organizaciones participantes. El mandato de sus miembros es de tres años, pero cada año se debe renovar 1/3 de ellos. Se reúne semanalmente para asuntos de rutina, cuando siete miembros forman el quórum, y para asuntos extraordinarios cuando son convocados por el presidente o a petición del propio Consejo. Las actas de los reuniones están a disposición del público. 108 El Consejo es responsable de la aprobación de las licitaciones, contratos y convenios en los que el DMAE hace parte, de las tarifas de agua y drenaje sanitario, de la propuesta anual de presupuesto, del informe económico financiero, de las operaciones financieras, de las enajenaciones de materiales inservibles, baja de bienes patrimoniales y política general de personal, cuando sea pedido por el director general del Departamento. Cabe destacar que esto último no abarca lo relativo a la contratación de empleados del DMAE. Además de esta estructura de gestión, el DMAE debe someterse a dos formas de rendición de cuentas. A la auditoría realizada por el Tribunal de Cuentas del Estado y al Presupuesto Participativo. Éste pretende atender las prioridades de la población en cuanto a la localización y a las nuevas inversiones. Por ejemplo, en los últimos 15 años, el DMAE ha extendido prioritariamente el alcantarillado a las áreas escogidas por la población durante el proceso del Presupuesto Participativo, atendiendo, incluso, habitantes de bajos ingresos, localizados en áreas informales de la ciudad. Sustentabilidad de la Gestión Pública Destacamos tres puntos que juzgamos importantes para la prestación de esos servicios: 1Los principios que guían al Gobierno de la Ciudad y al DMAE en el suministro de los servicios; 2- La autonomía del DMAE en la operación y administración de los servicios; 3- La participación de la Sociedad Civil, especialmente por el Presupuesto Participativo. Principios guías del DMAE en la prestación de los Servicios: En la prestación de los servicios, el DMAE trabaja con las siguientes convicciones: • El agua es una necesidad de todo ser vivo y hace parte del ciclo de la vida, por eso debe ser un bien público. Las Canillas Abiertas de América Latina • Las necesidades básicas de la población no pueden ser fuente de lucro privado. • Los servicios esenciales para la población son estratégicamente importantes para una nación y tienen que ser administrados por la voluntad general de las personas, expresada en un Estado. • Una administración pública puede ser tan buena, competente y eficiente, si no mejor, como una empresa privada, y garantiza las condiciones para que se preste un servicio más barato al público. El DMAE como un Departamento autónomo y autosuficiente: A pesar de ser totalmente propiedad del municipio, el DMAE tiene personalidad jurídica propia, autonomía operacional e independencia financiera. Puede tomar sus propias decisiones en cómo invertir la recaudación y tales decisiones no están sujetas directamente a la interferencia o deliberación de la municipalidad. Pero el gobierno municipal mantiene un poder significativo, ya que es el Alcalde quien nombra al director general del DMAE y a sus representantes en el Consejo Deliberativo. Adicionalmente, la responsabilidad del sector público en el suministro de agua y servicios de drenaje sanitario es discutida y planificada internamente por el “Consejo Técnico Gestor” y el desempeño del DMAE es supervisado externamente por el “Consejo Deliberativo”, compuesto de miembros representantes de diferentes asociaciones civiles. Las finanzas del DMAE son independientes, por eso el Departamento no recibe subsidios, y no paga dividendos a la Alcaldía, ni siquiera para subvencionar otros servicios públicos. El DMAE transfiere a la Alcaldía solamente los valores correspondientes a servicios ejecutados en conjunto con las demás secretarías o departamentos, como por ejemplo: tarifa de drenaje pluvial, referente a una parte de la red pluvial de la ciudad que el DMAE utiliza para conducir las aguas residuales, donde no existe red exclusiva para ello, y cobra, junto con la cuenta de agua, la tarifa de drenaje sanitario, pero transfiere la mis- ma al Departamento de Drenaje Pluvial (DEP) que es el que mantiene esta red. Como autarquía municipal, el DMAE está excento de impuestos, lo que no acontece con las compañías públicas del Estado, lo que permite mantener bajo el precio de la tarifa de agua, solamente para cubrir gastos corrientes e inversiones. El DMAE, por ser una autarquía pública, reinvierte todo los excedentes financieros en el propio sistema. En la fórmula del cálculo de la tarifa de agua el Departamento tiene como meta reinvertir, anualmente, 25% de lo que recauda. Las tarifas en Porto Alegre, incluyendo la tarifa de agua, aguas residuales y servicios complementarios, son definidas de tal manera que alcancen a cubrir todos los costos de operación, inversiones y de capital. Cuando hay necesidad de grandes inversiones, para desarrollar obras de agua y drenaje sanitario en plazos relativamente cortos, el DMAE obtiene financiaciones específicas que son pagadas íntegramente con los recursos de la tarifa. La política de "no dividendos", que permite minimizar los precios para una determinada cuantía de inversiones, ciertamente contribuye para que la tarifa cobrada por el DMAE sea relativamente baja. Como resultado el DMAE es autofinanciable, cubriendo todos sus gastos con sus propios ingresos, lo que le permite financiar inversiones sin el apoyo o el soporte de la Alcaldía. La fórmula para el cálculo de precios permite ampliar el sistema, teniendo en cuenta cuestiones sociales, mediante tarifa social subvencionada para consumidores de bajos ingresos. Más precisamente, la tarifa social es aplicada a habitaciones unifamiliares hasta 40 m2, habitaciones colectivas, construidas a través de programas del Estado y del Municipio y algunas instituciones asistenciales y de caridad, entre otras. Los que se benefician de la tarifa social pueden consumir hasta 10 m3 que pagarán apenas el equivalente a 4 m2. Si hay consumo excedente, no entra en el cálculo progresivo y sí en el cálculo lineal. Siendo así, el precio básico es aplicado a los metros cúbicos que exceden a los primeros diez m2. La tarifa social alcanza a 65.650 usuarios. 109 Participación de la Sociedad Civil organizada por medio del Presupuesto Participativo: El “Presupuesto Participativo” (PP), es una forma de Democracia Directa. En la estructura organizacional del PP, los ciudadanos participan en la región donde residen o en una área temática particular. Los participantes escogen cuáles de sus prioridades deben ser implementadas por el Gobierno Municipal. Este proceso no se limita al sector del agua y drenaje sanitario sino que se aplica a todas las actividades del Alcaldía de Porto Alegre. Cuando se discuten las demandas de agua y aguas residuales, las reuniones del Presupuesto Participativo se realizan bajo la coordinación del DMAE, que presenta los criterios técnicos para la selección e implementación de las obras. Ésa es también una oportunidad en la cual el DMAE se expone a las críticas y sugerencias del público. Una vez que los ciudadanos toman las decisiones sobre las prioridades para inversiones del sector, la aprobación de las demandas de la comunidad, pasan, primero, por el análisis técnico del DMAE, teniendo como referencia el "Reglamento Interno - Criterios Generales, Técnicos y Regionales", que es aprobado por el Consejo del Presupuesto Participativo (CPP). En el año 2000, por ejemplo, se realizaron 250 levantamientos físicos para análisis de extensiones de red de agua y de alcantarillado, solicitados por el Presupuesto Participativo. Realizado el análisis, el DMAE, mediante la Superintendencia de Desarrollo - SD, la División de Planificación - DVL y la Asesoría de Saneamiento Comunitario - ASSEC, elabora la propuesta de inversiones y presenta al Consejo del Presupuesto Participativo (CPP), para su aprobación, no sólo desde el punto de vista técnico sino también desde el financiero. Después de la aprobación del plan anual de inversiones, se forma un número de comisiones en el CPP para controlar la implementación de las obras hasta su conclusión. En el año 2000, se conformaron 38 comisiones de acompañamiento y en 2001 fueron 41 comisiones. Entre los años de 1992 2004, se aprobaron 546 obras de agua y drenaje sanitario como solicitudes comunitarias en 110 las 16 regiones del PP, además de otro grupo de obras que fue aprobado como solicitud, en las reuniones Temáticas del PP. La apropiación de la gestión pública en las reuniones del PP fue un gran aprendizaje para el ciudadano. La gente supo cómo se hacen los proyectos, las licitaciones, la aplicación de los recursos en las obras y compartió el peso de administrar la ciudad. Los población aprendió que el asfalto puro y simple resolvía apenas una parte del problema. De nada vale poner una capa de pavimento hoy y romperla mañana para realizar las obras necesarias de saneamiento. Así, se creó un nuevo concepto: pavimentar llegó a significar, también, saneamiento básico. La instalación de redes de agua y alcantarillado precedió a muchas pavimentaciones. Saneamiento dejó de ser palabra exclusiva de las oficinas técnicas. En 1992 había siete temas cuyas prioridades debían ser jerarquizadas por los ciudadanos. El PP incluyó el saneamiento básico (aguas y aguas residuales) como uno de ellos. En 1992, 1993 1999, fue el escogido como prioridad para toda la ciudad. Para 2001 ya eran 12 aquellos temas. Se agregó uno nuevo como resultado de las discusiones en cada región de la ciudad que recoge una evolución conceptual: el saneamiento ambiental. Conclusión La transparencia y la credibilidad de estas estructuras han alcanzado el reconocimineto de la población.Todos los procesos de toma de decisión son realmente abiertos, desde las reuniones semanales del Consejo Deliberativo - cuyas actas están a disposción del público- en donde se le rinden directamente cuentas a la sociedad civil, hasta el proceso de planificación de inversiones del Presupuesto Participativo. La municipalidad permanece en segundo plano, aunque sea ella la que nombre los gestores y el Consejo Deliberativo, y conduzca el proceso del Presupuesto Participativo. Estas estructuras contrastan con las de la mayoría de los sistemas públicos, y aún más con las concesionarias privadas. En la mayoría de las concesionarias privadas aun los términos de concesión de contratos comerciales son reser- Las Canillas Abiertas de América Latina vados, las reuniones de la Dirección son igualmente secretas, y no incluyen representantes de la sociedad civil. Ninguna compañía privada propone para debate público sus planes de inversiones y prioridades presupuestales, como tampoco sus tomas de decisión, mediante un mecanismo semejante al del Presupuesto Participativo de Porto Alegre. Asimismo, el sistema de suministro de agua de Porto Alegre garantiza un nivel de credibilidad y transparencia que rompe la asimetría de informaciones entre el regulado y regulador, suprime los incentivos que son favorables a la lógica del lucro y rompe el desequilibrio de poder y de recursos entre el operador y las autoridades concedentes. El sistema reune tres objetivos de carácter público: la necesidad de la población de un servicio sustentable, la preocupación con el uso sustentable de los recursos naturales y el compromiso permanente de los ciudadanos en la administración de los dinero públicos. A pesar de las dificultades pensamos que el Departamento Municipal de Agua y Saneamiento de Porto Alegre es un buen ejemplo de cómo una empresa pública municipal puede alcanzar eficiencia y excelente desempeño sin cambiar su condición legal de propiedad. En este sentido, transparencia, credibilidad y participación popular parecen ser los catalizadores para que el DMAE tenga el éxito conquistado, sin olvidar la importancia de su estructura institucional. 111 Este libro se terminó de imprimir en Letraeñe Imprenta & Serigrafía Guayabo 1907 - 11200 Montevideo - Uruguay Telefax: 402 4605 - CE: [email protected] DL:331.938/2004 ISBN: 9974-39-734-0