Industrias extractivas: despojo y destrucción

Transcripción

Año 8
Nos. 40-41
Análisis alternativo sobre política y economía
mayo-septiembre
de 2013
Industrias extractivas:
despojo y destrucción
5
La geoestrategia del petróleo y su
privatización en Guatemala
42
Un repaso a los principales proyectos
mineros en Guatemala: política
gubernamental y conflictividad social
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proceso que promueve la construcción de una sociedad más justa
y democrática a través de fortalecer la capacidad para el debate y
la discusión, el planteamiento, la propuesta y la incidencia política de actores del movimiento social guatemalteco, organizaciones
comunitarias y expresiones civiles locales, programas de cooperación internacional, medios de comunicación alternativos, etc.,
y todas aquellas personas que actúan en distintos niveles (local,
regional y nacional).
¿Quiénes somos?
La Asociación El Observador es una organización civil sin fines lucrativos que está integrada por un grupo de profesionales
que están comprometidos y comprometidas con aportar sus conocimientos y experiencia para la interpretación de la realidad
guatemalteca, particularmente de los nuevos ejes que articulan y
constituyen la base del actual modelo de acumulación capitalista
en Guatemala, las familias oligarcas y los grupos corporativos que
le dan contenido, las transnacionales, las fuerzas políticas que lo
reproducen en tanto partidos políticos así como agentes en la institucionalidad del Estado, las dinámicas y formas operativas, ideológicas, políticas y económicas que despliegan en los territorios, el
Estado y la sociedad en su conjunto.
Con esto pretendemos contribuir a que fundamentalmente
grupos comunitarios, liderazgos y organizaciones sociales afectados/as directa e indirectamente por las inversiones que concretan
estos ejes de acumulación, cuenten con insumos de información y
análisis para fundamentar la defensa de sus derechos y la concreción de acciones y propuestas alternativas frente a este modelo.
¿Qué hacemos?
Promover la articulación de procesos sistematización de información, análisis e investigación con la acción política, especialmente con grupos, liderazgos y organizaciones sociales cuyos territorios han sido afectados por el actual modelo de acumulación.
¿Cómo lo hacemos?
n Seguimiento sistemático de la información y articulación del
análisis y la investigación sobre las problemáticas.
n Producción de los boletines El Observador. Análisis Alterna-
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tivo sobre Política y Economía, y de ENFOQUE, Análisis
de Situación; así como de materiales mediados y publicaciones de investigaciones específicas.
n investigaciones específicas relacionadas con los ejes de acumu-
lación y sus movimientos.
n Procesos de formación y mediación política con actores estraté-
gicos.
n Acompañamiento en los procesos de lucha por la defensa del
Este glifo representa a Kej, que
tiene un significado de Liderazgo,
fuerza, inteligencia
territorio.
n Actividades públicas como presentaciones, foros, mesas de dis-
cusión, talleres y charlas.
Editorial
Industrias extractivas y Política
Energética
En concordancia con la implementación de la Política Energética diseñada por los últimos dos
gobiernos, la administración de Otto Pérez Molina y el Partido Patriota (PP) ha hecho lo suyo al
continuar con los planes energéticos definidos como estratégicos para la concreción de las inversiones
transnacionales y nacionales en los ejes que integran el modelo de acumulación capitalista neoliberal
en boga en Guatemala, entre ellos las actividades extractivas de petróleo, minerales, agua y gas.
Al igual que lo hizo el gobierno de Álvaro Colom y la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE),
el PP lanzó la Política Energética 2012-2027, sin mayores novedades más que la enunciación de
implementar algunos planes de ahorro energético y la ampliación del período de la misma, pues su
base fundamental es la reconversión de la matriz energética nacional, esto es:
n Dejar de depender de los combustibles fósiles y derivados: petróleo, búnker, diesel, etc., para la
producción de energía.
n Apostarle a la producción de la llamada “energía limpia”, fundamentalmente a partir de hidroeléctricas, y explorar otras formas como la energía eólica, solar, geotérmica, etc.
n También, sustituir centrales termoeléctricas por centrales a base de carbón mineral, pese a que
se considera una de las formas más contaminantes para para producir energía.
Pese a que el destino del petróleo se modifica, eso no significa que este recurso deje de ser
estratégico, no sólo en términos de los ingresos que pueda generar, ya sea por regalías como
los provenientes de la participación del Estado en la producción, sino porque tanto la producción
como las exportaciones del crudo han sido controladas históricamente en su mayoría por empresas
extranjeras, que son las que al final de cuentas se quedan con la mayor tajada del pastel. No extraña
entonces que, además de la transformación de la matriz energética, la política se centre en lograr
un significativo incremento de la acelerada reducción que ha venido experimentando la producción
petrolera nacional.
Es en ese marco que la administración Pérez Molina ha concretado desde julio del presente año,
la concesión de seis nuevas áreas petroleras en los departamentos de Petén y otros localizados a
lo largo de la Franja Transversal del Norte (FTN) como Quiché, Huehuetenango y Alta Verapaz, de
un total de siete nuevas áreas que se licitaron desde agosto de 2012, y en donde las seis empresas
favorecidas son transnacionales, algunas vinculadas a intereses oligárquicos nacionales. Pese a
que los contratos petroleros tienen que ser reconocidos por el gobierno para que las empresas
favorecidas puedan entrar a operar, con estas concesiones se está dando continuidad a los planes
de expansión petrolera lanzados durante el gobierno de Colom y la UNE.
Esos planes de expansión han incluido, entre otras medidas, la ampliación en 2010 a la
transnacional Perenco para operar por 15 años más el contrato petrolero 2-85, Xan, en Laguna del
Tigre, así como la promoción de 12 nuevas áreas para exploración petrolera, de las cuales hasta el
momento se han concesionado siete: las seis áreas de exploración recientemente otorgadas y la
que había concesionado el gobierno de Colom en 2011 a la transnacional ecuatoriana City Peten.
Respecto a esto último, unas semanas antes de conocerse estas nuevas concesiones petroleras, el
11 de julio fue anunciada por parte del gobierno la firma del contrato 1-97, Área PTN 1-2008, el
cual había sido adjudicado a esta empresa en octubre de 2011 pero había quedado en suspenso por
modificaciones. El contrato está localizado en el campo Yalcanix en el norte de Peten.
Con anterioridad, en 2012 se puso en marcha el contrato petrolero 7-98, localizado en el área
del Río Sarstún, municipio de Livingston, departamento de Izabal. Este contrato fue autorizado
desde el año 2002 durante la gestión de Alfonso Portillo y el Frente Republicano Guatemalteco
(FRG), y en alianza con transnacionales es operado por la Compañía Petrolera del Atlántico (CPA),
propiedad de la poderosa familia guatemalteca Campollo-Codina, la cual se prepara para perforar
un primer pozo exploratorio.
3
Con respecto a la minería, también en julio del presente año, Pérez Molina presentó una
iniciativa de Ley ante el Congreso de la República que buscaba declarar una moratoria de dos años
para la extensión de licencias mineras. En esa oportunidad, el mandatario dijo que esta iniciativa
había sido discutida y decidida en comisión ministerial sobre la base de considerar las ventajas
y desventajas en continuar otorgando licencias. A decir de Pérez Molina, luego de declarada la
moratoria en el Legislativo, éste debía proceder a convocar a todos los sectores para que participaran
en la elaboración de un nuevo proyecto de Ley de Minería.
Ésta fue otra de las iniciativas impulsadas por el gobierno del PP, dentro de varias, relacionada
con las operaciones de industrias extractivas en Guatemala, en este caso la minería. En febrero de
2012, el gobierno del PP firmó un “acuerdo voluntario” con las mineras para elevar de 1% a 5%
el porcentaje de regalías a pagar al Estado. De ese acuerdo, tanto el gobierno como las mineras
hicieron alarde propagandístico con el objetivo de invisibilizar la conflictividad en varios territorios
derivada de la presencia de varios proyectos mineros sin consultar previamente a las comunidades
y el rechazo de éstas a las actividades extractivas. Se pretendió mostrar a las empresas como
responsables y con buena voluntad para contribuir al fisco y al desarrollo.
Más tarde, alrededor del último trimestre de 2012, el gobierno presentó ante el Legislativo una
propuesta para una nueva Ley de Minería que, entre otros aspectos, propuso la creación de un fondo
minero al estilo de la Ley del FONPETROL vigente desde el año 2010. A decir de las autoridades del
MEM, el criterio que fundamentaría este fondo es que en la actual Ley de Minería sólo el municipio
en donde directamente se lleva a cabo la actividad minera sale beneficiado con los pagos en regalías
que hacen las mineras, y se buscaría beneficiar al resto de municipios del departamento. En esa
propuesta gubernamental también se contemplan los cierres técnicos de las minas de manera
permanente.
Esta propuesta gubernamental se sumó a por lo menos otras 9 iniciativas que se encuentran en
el Congreso de la República, que ya sea proponen reformas a la actual Ley de Minería existente desde
1997, o aprobar otra totalmente nueva. Esas iniciativas ya tienen varios años de estar engavetadas
en ese poder del Estado y no se avizora que sea una prioridad para los diputados su discusión, menos
su aprobación. Se entiende que es porque los legisladores en su mayoría responden a los intereses
del sector privado organizado; en este caso las empresas extractivas y los capitales vinculados.
Un elemento que vino a profundizar esa percepción fue la decisión del 28 de febrero de la Corte
de Constitucionalidad (CC) –casi un año después- que dejó vigente la actual Ley de Minería, tras
declarar sin lugar el recurso de inconstitucionalidad que el Consejo de Pueblos de Occidente (CPO)
había interpuesto en marzo de 2012 ante la máxima instancia jurídica del país, argumentando
violación al derecho de Consulta Previa e Informada contenido en el Convenio 169 de Pueblos
Indígenas y Tribales.
Como fuese, lo cierto es que la moratoria propuesta por el mandatario no tuvo mayor resonancia
en el Congreso de la República -que la mantiene congelada hasta la fecha-, pese a que dijo que la
bancada del PP así como otras estaban dispuestas a apoyar la moratoria; y fue duramente fustigada,
tanto por la Gremial de Industrias Extractivas (GREMIEXT) como por el sector privado organizado en
el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF).
Ciertamente, esa propuesta gubernamental se percibió como contradictoria, no sólo porque el
actual mandatario se ha convertido en el principal operador político de los intereses empresariales,
sean éstos mineros, petroleros, hidroeléctricos, palmeros, etc., sino porque en lo general, iba en
contra de las orientaciones fundamentales que ha mostrado su gobierno en estos 21 meses de
gestión, de apoyo a las inversiones claves que integran el modelo de acumulación en boga.
Es por ello que la iniciativa gubernamental tuvo varias interpretaciones:
n El gobierno la lanzó como una forma de ganar imagen de conciliador, ante el acelerado desgaste
de su gestión, dado su marcado sesgo hacia las empresas que están causando conflictividad en
los territorios, frente a la criminalización y militarización de la demanda social y comunitaria.
n La propuesta coincidió con los rumores de que el proyecto minero Cerro Blanco, de la empresa
Entre Mares, subsidiaria de Goldcorp Inc., necesitaba dos años más para iniciar operaciones de
explotación, en un contexto de conflictos con las comunidades y de inviabilidad del mismo.
n Se ha especulado de intereses de funcionarios públicos del sector para, con la moratoria, desplazar a algunas mineras y favorecer a otras con las cuales están vinculados.
4
La geoestrategia
del petróleo
y su privatización en Guatemala
Introducción: Política energética y petróleo
Por Luis
Solano
Economista por la
Universidad de San
Carlos de Guatemala (USAC), periodista e investigador
en temas políticos,
económicos y
sociales.
El gobierno del general retirado Otto Pérez Molina y Partido Patriota (PP) se
encuentra ejecutando la Política Energética 2013-2027. Además de la transformación de la matriz energética, la Política se enfoca en lograr un significativo
incremento de la menguada producción petrolera nacional. Para lograr los objetivos de acrecentar la producción de crudo, el Ministerio de Energía y Minas
(MEM) promovió desde agosto de 2012, una licitación de siete áreas petroleras
que fueron adjudicadas recientemente a varias empresas extranjeras.
Paralelamente, pero en correspondencia a esas acciones del MEM para promover la exploración y explotación petrolera, el mandatario guatemalteco profundizó el acercamiento con su homólogo de México para alcanzar acuerdos
binacionales de exploración y explotación de los “yacimientos transfronterizos”.
Este acuerdo está en franca sintonía con la reforma energética de México, pues
el gobierno de ese país está implementando para, entre otros objetivos, ampliar
drásticamente la producción de crudo, la privatización de la industria petrolera
mexicana.
La política petrolera guatemalteca es, en esencia, de corte economicista.
Por un lado, se propone incrementar los ingresos fiscales provenientes de las
regalías y la participación del Estado en la producción; pero por otro, y esto
es lo más importante, incrementar las exportaciones de crudo, las cuales son
controladas por empresas extranjeras y alguna nacional que al final son las que
se quedan con la mayor tajada del pastel. Este enfoque fiscal/ganancias busca
en gran parte contrarrestar la “conflictividad social” por la extracción de los
recursos naturales, bajo el engañoso lenguaje de los llamados “proyectos de
desarrollo”.
Bajo argumentos y discursos ambientalistas y de beneficio social, la política
petrolera es presentada en términos positivos para el país. En la práctica, lo que
se observa es la imposición del interés particular privado, por sobre los colectivos, comunitarios. Los daños ambientales ocurridos en las dos principales áreas
petroleras del país: Rubelsanto, Alta Verapaz; y Xan, Petén, se invisibilizan a
la luz de ese enfoque economicista expoliador en el que hoy más que nunca
parece intensificarse la explotación intensiva de este recurso fósil. Y ya no sólo
de la mano de las alianzas de transnacionales con capitales locales sino además
por medio de acuerdos binacionales que satisfagan la “sed” del hidrocarburo
del modelo económico imperante, acuerdos que al final únicamente benefician
a esas alianzas.
5
La política del “crecimiento”
Según el contenido de la Política Energética 2013-2027, ésta es resultado
de “una visión de largo plazo” con el propósito de que “sea la base para la
planificación del desarrollo energético”. Destaca la incorporación de “temas
trascendentales” como…
…el establecimiento de alianzas estratégicas con públicos y
privados, en los niveles nacional e internacional…
Esta política, sin embargo, no es nueva. En realidad es una reedición de
las implementadas por los gobiernos de Óscar Berger (2004-2007) y de Álvaro
Colom (2008-2011). Ambas administraciones, además de impulsar la transformación de la matriz energética, se plantearon las alianzas público-privadas en
materia de inversiones y, específicamente, impulsaron la promoción de áreas
petroleras en el norte de Guatemala.
Como en los anteriores gobiernos, el actual hace de la Política Energética
un documento de buena fe en el sentido de considerar “desafíos” que se presentan en materia energética local e internacionalmente, como por ejemplo…
…la respuesta a las demandas sociales, la necesidad de mejorar las condiciones económicas del país y procurar un manejo responsable del medio ambiente.
En la práctica, esa respuesta no se ha observado pues no se ha considerado
ni por asomo la abierta oposición comunitaria contra determinados proyectos
petroleros; y en el tema ambiental, la debilidad de los marcos jurídicos y las
limitaciones institucionales, sumado al conflicto de intereses que generalmente
se presenta entre funcionarios públicos y empresas petroleras, claramente se
incumple con enfrentar esos “desafíos” a favor de los intereses colectivos.
La Política Energética más bien confirma y responde a la necesidad de
alianzas estratégicas entre actores públicos y privados en lo local e internacional. Asimismo…
…se armoniza con los últimos compromisos jurídicos acordados internacionalmente que exigen del país una responsabilidad para el cumplimiento de dicha normativa.
Esto último hace alusión a los Tratados de Libre Comercio (TLC).
En ese marco, la Política Energética se enfoca en la…
…planificación estratégica de largo plazo para la efectiva
producción, comercialización y distribución de los recursos.
Aunque afirma que es para “mejorar la calidad de vida de las y los guatemaltecos”, en la realidad lo que se observa en las zonas petroleras conocidas
como Rubelsanto, Alta Verapaz; y Xan en Petén, es pobreza y contaminación.
En todo caso, el incremento en los ingresos fiscales y la rentabilidad de las
zonas petroleras adjudicadas, es el fin último de las acciones implementadas
en dicha Política.
En su interés por promover las inversiones petroleras, el MEM muestra en
un apartado de la Política Energética el potencial energético del país. Menciona
la existencia de una reserva de petróleo de 195. 1 millones de barriles, con una
producción actual de 10.5 mil barriles diarios. Mientras que en términos de gas
natural, dice desconocerse las reservas existentes.
6
Cuadro 1
Guatemala: potencial energético y nivel de aprovechamiento
Recurso
Estimado
Aprovechamiento
Petróleo
Reserva de 195,146,605 Producción de 10.500 barriles/día
Gas natural
No contabilizado
Sin aprovechar
Fuente: Ministerio de Energía y Minas (MEM). Política Energética 2013-2027.
Con esa información, el MEM pone de manifiesto la existencia de petróleo y
promueve de esa manera la “necesidad” de aumentar la producción petrolera,
la cual…
…ha mostrado una tendencia a la baja debido a la declinación natural de los yacimientos de petróleo en la fase de explotación, lo cual se complementa con la falta de promoción e
inversión para nuevos proyectos de exploración y explotación
en el territorio nacional. Como consecuencia de esto, la producción pasó de 8.5 millones de barriles anuales, en 2003, a
4 millones, en 2011.
En su visión economicista, la Política Energética establece que…
El crudo es el cuarto producto de exportación del país, generando los principales ingresos a las arcas del Estado por
concepto de regalías.
Por ello, el MEM valora la tendencia creciente de los ingresos por la participación del Estado en la producción, que a la fecha es el principal ingreso fiscal
petrolero que obtienen las arcas nacionales.
En su mayor parte, esos ingresos se han convertido en un instrumento político. Al respecto, dice la Política Energética:
Ello ha conllevado que la explotación de recursos naturales
tenga un retorno económico para inversión social en los municipios de donde se extrae el crudo, lo cual contribuye a contrarrestar la conflictividad social por extracción de recursos
naturales.
El mecanismo jurídico para el uso de los recursos petroleros en función de
contener la “conflictividad social”, es la Ley del Fondo para el Desarrollo Económico de la Nación, mejor conocida como FONPETROL1. Dice la Política Energética que el FONPETROL tiene por objeto distribuir los fondos que se obtienen por
las operaciones petroleras en el país de la siguiente forma:
20% a los Consejos de Desarrollo donde se realizan operaciones petroleras, 5% a todos los Consejos Departamentales
donde no hay operaciones petroleras, y un 3% a las entidades
públicas responsables de la conservación de las áreas protegidas.
De acuerdo con un cuadro estadístico elaborado por el MEM, los ingresos
generados por la producción petrolera, fundamentalmente regalías e hidrocarburos compartibles, rondan por los Q. 1 mil millones anuales desde 2009. La
distribución de esos recursos, de acuerdo con la Ley del FONPETROL se puede
observar en el Cuadro II.
1
Solano, Luis. “Petroleras en acción, selva en destrucción. Ampliación del Contrato 2-85 a Perenco: Análisis de implicaciones
económicas, socioambientales e intereses en juego”. Boletín electrónico ENFOQUE, Análisis de Situación, año 2, 30 de abril de
2010.
7
Cuadro 2
Guatemala: ingresos generados al Estado por la producción
petrolera a nivel nacional
Año
Estimado
Consejos
departamentales
Consejos
donde se
departamentales
realizan
de desarrollo
operaciones
petroleras
Vigilancia
áreas
protegidas
2009
Q617,624,253.15
Q30,881,212.66
Q123,524,850.63
Q18,528,727.59
2010
Q744,970,514.28
Q38,748,525.71
Q154,994,102.86
Q23,324,115.43
2011
Q1,067,219,655.01
Q53,360,982.75
Q213,443,931.00
Q32,016,589.65
2012
Q1,081,715,215.07
Q54,085,760.80
Q216,343,043.19
Q32,451,456.48
Total
Q3,541,529,638.40
Q177,076,481.92
Q708,305,927.68
Q106,245,889.15
Fuente: Ministerio de Energía y Minas (MEM). Política Energética 2013-2027.
Esas cifras, sin embargo, aunque se menciona que son estimadas, no cuadran
con las cifras del Ministerio de Finanzas Públicas (MINFIN) publicadas por medio
del sistema SIAF-Muni que muestra el total de las transferencias del Estado a
los departamentos del país. Estas transferencias, desde 2009, en concepto de
petróleo, apenas si han sido un tercio de lo que Política Energética publicita. A
agosto de 2013, las transferencias por petróleo suman Q. 71 millones y es el departamento de Guatemala el que más recursos concentra debido al tamaño de su
población, tal como lo muestra el cuadro siguiente.
Cuadro 3
Guatemala: Aportes por petróleo trasladados a las municipalidades del
país al 13 de agosto de 2013
Departamento
Petróleo
226,558,702.93
2,706,583.51
Baja Verapaz
86,904,919.99
1,038,194.42
Chimaltenango
159,846,387.95
1,909,545.68
Chiquimula
130,356,120.29
1,557,299.40
El Progreso
100,664,263.31
1,202,585.61
Escuintla
209,437,567.61
2,502,045.87
Guatemala
554,849,979.77
28,477,504.54
Huehuetenango
310,447,518.34
3,708,757.44
Izabal
101,210,254.71
1,209,108.28
Jalapa
84,340,077.27
1,007,568.73
Jutiapa
173,520,701.75
2,072,934.31
Petén
171,780,595.17
2,052,176.89
Quetzaltenango
246,684,535.07
2,946,487.38
Quiché
228,884,844.41
2,734,356.13
Retalhuleu
8
Total
Alta Verapaz
88,108,959.56
1,052,593.67
Sacatepéquez
206,235,937.00
2,463,769.42
San Marcos
329,768,854.73
3,935,267.11
Santa Rosa
137,795,840.42
1,646,177.10
Sololá
162,048,575.70
1,935,913.07
Suchitepéquez
Totonicapán
Zacapa
TOTAL
169,046,351.55
2,019,512.22
97,600,581.99
1,165,823.32
120,416,891.42
1,438,560.39
4,096,508,460.94
70,782,764.49
Fuente: Ministerio de Finanzas Públicas (MINFIN). SIAF-Muni.
En ese contexto, la Política Energética se propone aprovechar los buenos precios internacionales del petróleo para propiciar un auge petrolero. Acrecentar la
producción adjudicando nuevos contratos provocará mayores ingresos al fisco.
Por esa razón se ha fijado la meta de aumentar la producción petrolera en
100% en el período establecido por la Política Energética. Para 2020, se proyecta
una producción de 50 mil barriles diarios, cinco veces lo que se produce actualmente; y un ingreso total de Q. 5 mil millones, igualmente cinco veces superior a
lo registrado en 2012.
En materia de ganancias se demuestra una vez más que, de acuerdo con la
Constitución de la República y la Ley de Hidrocarburos, siendo el Estado el dueño
de los recursos del subsuelo, los beneficios se privatizan. Según el Director de
Hidrocarburos, Luis Ayala…
…como ejemplo, si un barril se vendió a US$ 100, el Estado
recibe de cajón US$ 6 por regalía; la petrolera toma US$ 25
para operación; lo que sobra (US$ 69) es la ganancia, la que se
divide en 42 por ciento para el Estado (US$ 29) y 58 por ciento
para la petrolera (US$ 40)2.
Situación actual de la producción petrolera
A la fecha, existen cuatro contratos petroleros en producción:
1) 1-2005 en el campo Atzam, en Alta Verapaz/Quiché.
2) 1-91 en los campos Chocop y Yalpemech, en Petén y Alta Verapaz.
3) 2-2009, en los campos Rubelsanto, Chinajá Oeste, Tierra Blanca y Caribe en
Petén y Alta Verapaz.
4) 2-85, en el campo Xan en Petén.
Mapa 1
Guatemala: contratos petroleros en explotación y exploración
Fuente: Ministerio de Energía y Minas (MEM).
2
Diario elPeriódico. “Prevén elevar producción diaria de petróleo nacional”. 23 de septiembre de 2013.
9
10
14,279.24
6,058.77
3,777.93
5,104.16
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
38.91
862.03
2001
YALCANIX
ATZAM
CONTRATO
1-97
2000
AÑO
CONTRATO
1-2005
61,488.14
54,066.41
60,966.01
61,491.99
38,376.52
39,746.01
56,928.30
52,501.36
69,976.05
59,581.93
37,743.03
42,425.25
CHOCOP
13,436.02
9,351.37
9,038.86
17,740.98
29,352.99
36,191.72
11,918.71
0.00
0.00
YALPEMECH
CONTRATO 1-91
111,042.73
103,709.41
88,401.40
93,956.28
67,106.54
59,967.99
73,260.44
57,392.02
59,246.32
59,581.93
69,976.05
52,501.36
68,847.01
75,937.73
67,729.51
79,232.97
70,004.87
63,417.78
51,569.05
129,570.61
37,743.03
74,924.16
150,258.20
RUBELSANTO
42,425.25
TOTAL
0.00
0.00
0.00
287.67
417.98
2,051.92
3,528.26
5,867.20
7,478.05
7,998.77
11,436.81
8,998.24
OESTE
CHINAJA
34,541.60
26,794.89
27,816.89
33,918.90
33,826.78
40,800.67
60,912.02
65,091.32
78,630.74
41,744.21
24,263.03
11,373.59
CARIBE
CONTRATO 2-2009
135,615.04
156,610.36
160,234.18
159,780.00
165,674.09
211,215.97
269,585.77
367,809.46
241,343.82
10,263.89
0.00
17,161.40
BLANCA
TIERRA
221,725.69
242,651.57
245,443.09
267,247.01
259,886.84
321,175.10
427,982.33
527,169.38
431,162.02
171,049.60
165,270.45
187,791.43
TOTAL
Guatemala: producción de petróleo por contrato vigente
Cuadro 4
3,693,349.13
4,053,032.00
4,611,770.57
4,797,524.72
5,256,395.80
5,495,754.18
6,230,772.68
6,803,591.71
8,526,529.64
8,774,320.53
7,492,338.85
7,340,944.01
TOTAL
CONTRATO
2-85
3,995,103.14
4,362,879.28
4,933,277.30
5,158,283.94
5,584,012.15
5,892,867.01
6,727,640.93
7,384,124.48
9,027,667.71
9,004,952.06
7,695,352.33
7,571,160.69
TOTAL
GLOBAL
10,945.49
11,953.09
13,515.83
14,132.28
15,298.66
16,144.84
18,431.89
20,230.48
24,733.34
24,671.10
21,083.16
20,742.91
TOTAL
GLOBAL
BBLS/DIA
Del contrato 1-2005, el MEM registra que está siendo operado por la petrolera inglesa Petro Latina Corp. El campo petrolero es conocido como Atzam,
contiguo al otro campo petrolero incluido en el contrato conocido con el nombre
de Las Tortugas, en las cercanías del Parque Nacional Lachúa, municipio de Cobán, departamento de Alta Verapaz, en la frontera con México.
Sin embargo, este contrato es controlado en su mayor parte por Latin American Resources (LAR), que en 2012 adquirió las acciones de la canadiense
Quetzal Energy, anterior socia de Petro Latina en ese contrato petrolero. Quetzal Energy cambió de nombre a Santa María Petroleum Inc. para enfocarse en
sus contratos petroleros en Colombia. LAR es dirigida por los ex directivos guatemaltecos de Quetzal Energy: Michael Realini, Presidente y Director Ejecutivo;
y Luis Arturo Wug, Director de Operaciones3.
Con relación al contrato 1-97, en el campo Yalcanix localizado en el norte
de Petén, fue operado por la francesa Perenco hasta 2005, luego de descubrir
petróleo aunque no en cantidades comerciales. Fue cedido al Estado en 2006
y vuelto a licitar como Área PTN 1-2008 durante el gobierno de Álvaro Colom
(2008-2012) y la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE). Los oferentes fueron
Perenco y la estadounidense/ecuatoriana City Peten. El 31 de octubre de 2011,
el contrato modificado bajo el número 1-2011 fue adjudicado a City Peten, y
recientemente, el 11 de julio de 2013, luego de otra modificación se le otorgó
definitivamente a City Peten4.
City Peten es una empresa que se asoció con US Oil Guatemala, subsidiaria
de la estadounidense US Oil Recovery, para operar el contrato 1-2006 en el
campo Ocultún, Petén, el cual fue suscrito por US Oil Guatemala el 28 de junio
de 2006, y que incluye el Bloque A1 en el Área 1-2003. Por problemas financieros, US Oil Guatemala cedió sus derechos a City Peten, primero en 2008
otorgándole el 49%, y luego en 2010, el restante 51%5.
Con respecto a este contrato, el pasado 11 de septiembre el MEM publicó
un comunicado anunciando el descubrimiento del primer yacimiento de gas
natural. Afirma la existencia preliminar de una reserva de 2 millones de metros
cúbicos, los cuales pueden satisfacer el 30% de la demanda nacional. City Peten
anunció que en 2014 perforará el pozo Ocultún 3, paralelamente que se hacen
los estudios para la industrialización del hidrocarburo.
Tanto el MEM como la petrolera aseguran que con su comercialización se
provocará un cambio en la matriz energética, que es uno de los objetivos del
actual gobierno al darle un mayor espacio al gas natural como fuente de energía
para el 2027.
En la Política Energética, el MEM indica que:
3
Parte del historial de Quetzal Energy y Latin American Resources (LAR), del papel de Michael Realini y de los contratos petroleros
que controlan, se recoge en el libro de Luis Solano: “Guatemala Petróleo y minería: en las entrañas del poder”. Inforpress Centroamericana, 2005, páginas 92-100. Sobre Realini ver también diario elPeriódico. “Las arenas de la avaricia”, 29 de julio de 2013.
LAR surgió en 2012 tras el cambio de nombre que sufrió Quetzal Energy en Guatemala, luego de una serie de transacciones iniciada
en 2011 cuando Quetzal Energy comenzó a vender sus activos a sociedades inversionistas, primero a Real Petrol, y luego a SGS
Acquisition Company Ltd.. Esta última luego vendió a LAR que se constituyó en 2012 para esa transacción. LAR luego se asoció
con la petrolera australiana Clean Global Energy que cambió de nombre a Citation Resources. Actualmente, el contrato petrolero de
marras es operado por las petroleras australianas Range Resources y Citation Resources, quienes poseen una participación minoritaria en los cinco pozos perforados a la fecha en Atzam. LAR también posee, junto a Petro Latina, el contrato de exploración 6-93
en el municipio de Fray Bartolomé de Las Casas, Alta Verapaz. En este caso, es un contrato que ha pasado por varias asociaciones
con otras empresas como Underwater Investments, Mexpetrol Guatemala Cadex, Petróleos Guatemala Inc., y la inglesa Taghmen
Energy, las tres primeras asociadas con Realini y lo que hoy es LAR.
4
Acuerdo Gubernativo 342-2013 publicado en el Diario de Centro América el 26 de agosto de 2013. City Petén es subsidiaria de la
estadounidense Ford Resources, con sede en Texas, que es un conglomerado de las empresas siguientes: City Oriente Inc, Diamond
M Drilling and Exploration, Wespac Energy, y City Peten S. de R.L. Sus operaciones se concentran en Texas, New Mexico, Ecuador
y Guatemala.
5
Ver resoluciones del Ministerio de Energía y Minas (MEM) publicadas el 28 de noviembre de 2008 y el 15 de diciembre de 2010,
respectivamente.
11
El proceso de industrialización
del gas natural que gobiernos
y petroleras promocionan como
un hidrocarburo “limpio”, requiere de instalaciones y gasoductos, algo inexistente en
Guatemala.
Es importante mencionar que, aunque aún no está
presente en la matriz de generación eléctrica del país
el uso y aprovechamiento del gas natural, este constituye una alternativa de suministro en el futuro, dadas
las condiciones de costo y la estabilidad en el precio
que se proyectan en el mediano y largo plazos.
Este fue un objetivo trazado por los gobiernos de Berger y Colom, especialmente el último, que promovieron la
exploración de yacimientos de gas natural6.
El proceso de industrialización del gas natural que gobiernos y petroleras promocionan como un hidrocarburo “limpio”, requiere de
instalaciones y gasoductos, algo inexistente en Guatemala. Sin embargo, un
día antes que el MEM anunciara el descubrimiento del hidrocarburo se dio a
conocer que el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) había aprobado un
financiamiento de cooperación para analizar escenarios para introducir el gas
natural en Centroamérica.
El BID aprobó fondos de cooperación técnica no reembolsables por US$ 980.000 para revisar la anterior cooperación técnica ejecutada en el 2006, que analizó escenarios de
oferta y demanda, infraestructura y requisitos normativos e
institucionales. El trabajo identificó un proyecto que costaría
alrededor de US$ 1.550 millones para habilitar terminales de
almacenamiento y regasificación y ductos7.
La noticia de marras cita un estudio que indica que…
…La estructura comercial de los proyectos de importación
(de gas natural) puede ser altamente compleja, y la capacidad crediticia de los compradores una limitante clave.
Se trata de un estudio elaborado por el Banco Mundial (BM) denominado
Mitigating Vulnerability to High and Volatile Oil Prices: Power Sector Experience
in Latin America and the Caribbean. Este escenario se haría menos complejo
con la entrada a producción del yacimiento Yalcanix.
Otro contrato más es el 1-91, adjudicado a Petro Energy S.A. (PESA) en
2003, luego que fuera cedido por la argentina Compañía General de Combustibles (CGC). Incluye los campos Chocop, Petén (5 pozos), y Yalpemech, Alta
Verapaz (3 pozos). Esta empresa vende el petróleo a Perenco. Desde el año
2005, la explotación y administración del contrato está a cargo de la mexicana
Constructora y Perforadora Latina (CPL), una empresa que en los años de la década de 1980 llegó a Guatemala para perforar pozos geotérmicos, y se inscribió
bajo el nombre de Constructora y Perforadora Latina Guatemala S.A. El Gerente
y Representante Legal de Petro Energy es también el Director General de CPL,
el mexicano Alfredo Salvador Recke Dunhart.
Mientras que en Guatemala los Representantes Legales son: el ingeniero
industrial guatemalteco Juan José del Valle Franco, experto en explotación de
minerales, y Miguel Hernández Luna. CPL Guatemala fue inscrita en 1987, y su
Representante Legal es el abogado Héctor Homero Augusto Marroquín Castillo,
ex Coordinador Ejecutivo del Fondo Social de Solidaridad (FSS) en 2010, cargo
durante el cual fue denunciado por supuestos actos de corrupción.
12
6
Hay que recordar que siempre se señaló que US Oil Guatemala fue una empresa constituida por el abogado y empresario Ricardo
Cortés Moreno, y quien a la vez se decía era abogado personal de Colom.
7
Business News Americas. “Planifican modificaciones para estrategia de gas en Centroamérica”. 10 de septiembre de 2013.
Lo estratégico estriba en que si
Loon Energy, que operará en
Guatemala con su subsidiaria
Loon Petróleo Guatemala, y
Greenfields, que operará bajo
el nombre de Greendfields Petroleum Guatemala, llegaran a
encontrar petróleo en términos
comerciales, necesitarán construir un oleoducto que necesariamente debe conectar con
el ya existente que parte desde
Rubelsanto por toda la FTN.
(1990-1993).
El Contrato 2-2009, el más antiguo de todos, es operado en la actualidad por la Empresa Petrolera del Istmo
(EPI) desde 2009 tras su vencimiento, luego que las petroleras Basic Resources y Perenco lo operaron desde la
década de 1970.
El actual Gerente General de EPI es el abogado Rodolfo Sosa de León, Presidente del bufete A.D. Sosa y Soto,
quien es más conocido por ser consuegro del ex Presidente de la República, Óscar Berger, y por haber sido Presidente de la petrolera Basic Resources, que operó el mismo
contrato entre las décadas de 1970 y 1990.
Se sabe que el Representante Legal de la empresa es
el empresario guatemalteco Carlos Eduardo Parra Polanco. Otra alta funcionaria es Jennifer Yaeggy Archila, sobrina Raúl Archila Serrano, Ministro del MEM en el gobierno
de Alfonso Portillo (2000-2003), y sobrina de Mireya Archila Serrano, Directora de la Comisión Nacional de Medio
Ambiente (CONAMA) del gobierno de Jorge Serrano Elías
Según el Registro Mercantil, EPI inició su proceso de registro en Guatemala
el 9 de marzo de 2009 bajo el expediente 12569-2009. El proceso concluyó el 23
de abril con la inscripción de emisión de acciones, un día antes de la entrega de
la oferta en el MEM. La empresa reporta un capital de US$ 13.3 millones, y tiene
como Gerente al empresario Carlos Parra Polanco, y como Administrador único al
abogado Randolf Castellanos Dávila, quien es un abogado laboralista negociador
de pactos colectivos a favor de reconocidas empresas como la Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN). Castellanos Dávila es Representante Legal de Petro
Latina Energy, cuyo contrato 1-2005 está contiguo al de EPI8.
EPI fue la única empresa que participó en la licitación en aquel momento con
el respaldo de las multinacionales MQuest International Inc. de Estados Unidos así
como de Interamerican Oil Company -inscrita en Panamá-; y la canadiense Roll’n
Oilfield Industries.
MQuest International es una empresa que provee servicios de consultoría
para el desarrollo de campos petroleros. Su Presidente es Thomas E. Moon, quien
también ha representado los intereses de la petrolera canadiense Loon Energy. En
2005 intentó participar en la licitación del contrato 1-2005, Atzam. No obstante,
a Loon Energy se le adjudicó hace pocos meses el área 7-2012, Xalbal, en el municipio de Ixcán, contigua a Atzam (Ver más adelante).
En el caso de Rollń Oifield Industries (Ventures), es una empresa que provee
torres perforadoras. En 2005 se asoció con Petro Latina Energy para perforar dos
pozos en el campo Las Casas, en el Contrato 6-93, en el municipio de Fray Bartolomé de Las Casas, Alta Verapaz, pero recientemente fue cedido al Estado y el
MEM espera licitarlo en octubre de 2013.
De Interamerican Oil Co. se desconoce su historial. Pero todo indica que es un
grupo de empresas interesadas en esa región de la Franja Transversal del Norte
(FTN), y que resulta estratégica por las sociedades que puede formar. Hace algunos meses, el MEM adjudicó a la petrolera estadounidense Greenfields Petroleum
el área 6-2012, conocida como El Cedro, la cual ha sido de interés desde hace
varios años.
8
Sobre el historial de EPI y su contrato puede verse Solano, Luis. “La transnacionalización de la industria extractiva: la captura de los
recursos minerales e hidrocarburos”. El Observador. Análisis Alternativo sobre Política y Economía, año 4, No. 19, junio-julio 2009,
páginas 34-36.
13
Lo estratégico estriba en que si Loon Energy, que operará en Guatemala
con su subsidiaria Loon Petróleo Guatemala, y Greenfields, que operará bajo el
nombre de Greendfields Petroleum Guatemala, llegaran a encontrar petróleo en
términos comerciales, necesitarán construir un oleoducto que necesariamente
debe conectar con el ya existente que parte desde Rubelsanto por toda la FTN.
Este posible oleoducto podría ser financiado en una alianza que incluiría a esas
dos empresas e, incluso, a la EPI, que controla los pozos de Rubelsanto y el
oleoducto actual.
Mapa 2
Guatemala: trayecto del oleoducto
En el Mapa 3 se pueden observar las estructuras marcadas con verde que
corresponden a la que tienen un potencial de encontrar yacimientos petroleros.
Del centro a la derecha se observan las pertenecientes al Contrato 1-2005 y
el Área 6-2012, El Cedro. A la izquierda, sin nombres, las estructuras del Área
7-2012, Xalbal. Toda esa región es la que se conectaría con Rubelsanto del
Contrato 2-2009.
Mapa 3
Guatemala: estructuras con potencial petrolero en los municipios
de Ixcán, Quiché; y Cobán, Alta Verapaz
Fuente: Ministerio de Energía y Minas (MEM). Grupo Asesor Petrolero Venezolano. 2006.
14
Finalmente se encuentra el Contrato 2-85, en el campo Xan, operado por la
francesa Perenco. Este contrato concentra el 91% de la producción nacional de
petróleo, y es el que marca la tendencia decreciente en la producción. El resto
de contratos experimentan altibajos en su actividad9.
De los contratos en exploración
En fase de exploración el contrato más importante es el 7-98, que explora
la canadiense/colombiana Pacific Rubiales Energy Corp.10, pero fue adjudicado
a la guatemalteca Compañía Petrolera del Atlántico (CPA) que lo opera, en la
década de 199011. El área contratada está conformada por los bloques (N-10-96
y O-10-96).
El grupo empresarial propietario de CPA es Campollo Codina, una familia
dueña de varios ingenios azucareros en Guatemala, República Dominicana y
Costa Rica. Para que se le adjudicara el contrato petrolero tuvo que demostrar solvencia financiera, para lo cual formó la compañía Flamingo Energy Investment (FEI), la cual fue inscrita en el año 2000 en Florida Department of
State´s Division of Corporations del Estado de Florida, Estados Unidos. FEI
opera como financista del proyecto petrolero.
En un comunicado publicado el 8 de agosto de 2013, Pacific Rubiales anunció que continuaban ejecutando las obras civiles, es decir construyendo la plataforma de perforación para el pozo de exploración Balam-1X. La perforación del
pozo se reprogramó, según ese comunicado, para finales del tercer trimestre de
2013 como resultado de “inundación anormal en el área”.
En las fotos siguientes, proporcionadas por comunitarios, se puede apreciar
la actividad en el montaje de la torre de perforación.
El área de perforación se ubica en la estructura conocida como Jaguar en
donde se estima una reserva de 48.4 millones de barriles. Ésta es una de las
tres estructuras definidas por Pacific Rubiales donde hay indicios de encontrar
9
Sobre el historial de Perenco en Guatemala, puede verse: Solano, Luis. “Petroleras en acción….”. Boletín electrónico ENFOQUE,
Análisis de Situación, op. cit.
10 Pacific Rubiales fue fundada por los venezolanos Ronald Pantin, José Francisco Arata, Miguel Ángel de la Campa y Serafino Iacono, los dos primeros formados en Petróleos de Venezuela (PDVSA), quienes en 2004 conformaron la empresa Pacific Stratus Energy.
En 2007 se asociaron con el multimillonario brasileño, Germán Efromovich, propietario de la Corporación AVIANCA así como de
Petro Rubiales Energy Corporation, con sede en Vancouver, Canadá. De esta unión nació Pacific Rubiales Energy Corp. El gobierno
venezolano ha señalado en varias oportunidades que la petrolera es contrarrevolucionaria y participa en intentonas golpistas.
11 Solano, Luis, y García, Rocío. “De fronteras indelebles y soberanías borrosas: intereses petroleros en el municipio de Livingston,
Izabal”. Boletín electrónico ENFOQUE, Análisis de Situación No. 24, 22 de octubre de 2012.
15
yacimientos petroleros. Las otras dos estructuras son Semoch con una estimación de 32.1 millones de barriles; y Chango con 77.3 millones de barriles. Se
pueden apreciar a continuación en el Mapa 4.
La perforación del pozo durará tres meses, y si se cumple el programa, en
diciembre de 2013 se sabrá si se descubrió petróleo, si se puede comercializar
y la calidad del mismo. El costo del pozo oscila entre US$ 10 y US$26 millones,
dependiendo la profundidad que puede ir de 1 a 4 kilómetros.
Mapa 4
Guatemala: área petrolera y estructuras identificadas, municipio
de Livingston, Izabal
Fuente: Pacific Rubiales. Investor Open House 2013.
Al proyecto petrolero se han asociado otras empresas12 como la constructora Micropav que construye la plataforma de perforación. Es una empresa
propiedad del futbolista Martín Machón, quien jugó por muchos años en el
Club Comunicaciones cuando los propietarios del equipo eran las familias Arzú
y García Granados. No es raro entonces que esta constructora trabaje directamente para la Municipalidad de Guatemala, dado que el Alcalde capitalino
como ya se sabe, es el ex Presidente de la República, Álvaro Arzú Irigoyen, De
Arzú se ha mencionado que es uno de los accionistas desde 1996, cuando siendo gobernante aprobó la adjudicación del área petrolera a CPA.
Otra empresa es la Constructora del Río, cuyo nombre comercial es ese
aunque está inscrita en el Registro Mercantil con el nombre de Compañía de
Construcciones y Mantenimiento General para Petróleos y sus Derivados, Sociedad Anónima. Fue inscrita en 1998 cuando la CPA comenzó a operar en
Livingston. Aunque no está confirmado, esta empresa parece ser propiedad de
12 La empresa de seguridad Halcones es la que le presta servicios de seguridad. Esta empresa tiene como representante legal a Rudy
Valiente Guzmán, quien es de Livingston. Es parte del grupo VIP Security que ha brindado seguridad a la Vicepresidenta de la República, Roxanna Baldetti. Este grupo habría sido fundado por el actual Subsecretario de la Secretaria de Asuntos Administrativos y
Seguridad de la Presidencia (SAAS), el capitán Miguel Ángel Martínez, quien es dueño de la empresa de seguridad privada Escorpión. Ver Solano, Luis. “Gobierno del PP: elites militares y económicas se reparten el control del Estado”. El Observador. Análisis
Alternativo sobre Política y Economía, año 7, Nos. 34-35, enero-junio 2012. En la seguridad del área de perforación, como parte
de Halcones, se contrató al líder comunitario Armando René Canel Xicol, quien ha sido Representante Legal de la organización
campesina Cerro 1,019, localizada en la Sierra Santa Cruz, Livingston, Izabal, y quien tiene mucha presencia en las comunidades
dentro del área de contrato. Comunitarios aseguran que Calel Xicol es empleado de la organización ambientalista FUNDAECO que
administra varias áreas protegidas en el municipio. Calel Xicol ha también ha sido representante de la Asociación Intercomunitaria
Indígena “AK’ KALEBAL”, que funcionan en Livingston con el apoyo de FUNDAECO.
16
CPA. El Representante Legal es Edgar Alberto Paredes Montes. La empresa tuvo
a su cargo la construcción de tramos carreteros y puentes en la vía que desde
la comunidad de Ciénaga, en la carretera a Petén, se introducen hacia el área
de perforación.
En la imagen siguiente se observa la carretera que conduce al área de perforación, en las cercanías del área protegida Río Sarstún.
Fuente: http://prezi.com/pxm770guuorg/copy-of-balam-1x/
La parte medular de la carretera se construyó dentro de la finca San José
Chocón, que contiene a la Reserva Natural Privada denominada Zavala, una de
las varias con que cuenta la familia Herrarte Orantes en el área, que colindan
con el área protegida Río Sarstún. La carretera cruza la Reserva Natural bajo
un acuerdo con el finquero José Herrarte Orantes. En el Mapa 5 se observa,
en amarillo, la carretera que cruza varias comunidades y que se dirige hacia el
pozo Balam 1X, cruzando la Reserva Natural Privada Zavala.
Mapa 5
Livingston: trayecto de la carretera al pozo Balam 1X
Fuente: http://www.openstreetmap.org/#map=13/15.8206/-89.0516
Como parte de su estrategia para convencer a las comunidades de la importancia del proyecto petrolero fue contratada Liliana Esperanza Macz Rey de
17
Paz, quien desempeña el cargo de Jefa de Relaciones Comunitarias de la petrolera. Ella es Licenciada en Administración de Negocios por la Universidad Galileo. Es cobanera y alta directiva
del partido Gran Alianza Nacional (GANA) en Cobán, y actualmente es la Secretaria Municipal
de ese partido en el departamento de Alta Verapaz. Fue candidata a Síndica I por ese partido
para las elecciones de 201113.
I. Un ¿nuevo? modelo de áreas protegidas que concilia las
industrias extractivas con la conservación de la naturaleza y
el desarrollo rural
Por Rocío García14
Las posiciones diferenciadas con respecto al petróleo y la minería dejan claro que la organización ambientalista de la región FUNDAECO no se opone al modelo de acumulación de capital
o a las actividades extractivas que lo fundamentan sino a sus formas de administración. Para
ello usa criterios flexibles con los cuáles es posible –aunque sea discursivamente- sustituir y
restituir artificialmente lo que se extrae de la naturaleza para su intercambio en el mercado.
En referencia a las actividades petroleras en áreas protegidas de Livingston, el Director de
FUNDAECO, Marco Cerezo Blandón, dice…
Nosotros incluimos el tema de petróleo porque creemos que el petróleo no es tan
dañino como la minería a cielo abierto…15.
En ese sentido y como parte de la Agenda Global del Movimiento Ambiental, orientada por las
Recomendaciones del V Congreso Mundial de Parques de la UICN en Durban (Sudáfrica, 2003)
FUNDAECO habla de implementar un “nuevo modelo de manejo de áreas protegidas” que integre las múltiples dimensiones de manejo territorial y que concilie las exigencias ambientales,
sociales y económicas de las que habla el concepto de Desarrollo Sostenible.
Los principios que sustentan este nuevo modelo pasan por dejar de valorar los parques como
islas, pues para 1992 se estimaba que el 80% de la biodiversidad se encontraba por fuera de
los parques nacionales y rehusaba ser contenida y preservada dentro de sus rígidos límites.
De ahí se concluyó que para salvar la biodiversidad y los servicios ambientales16 que brindan
los ecosistemas naturales, se requería de mosaicos paisajísticos regionales más tendientes a
garantizar la conservación de la naturaleza en el largo plazo, donde los usos productivos y los
comportamientos humanos estuviesen orientados por la conservación de la biodiversidad.
13 En el cargo de Asuntos Públicos de la CPA se encuentra Mónica Molina, quien previamente estuvo al frente de las Relaciones Públicas del Instituto de Recreación de los Trabajadores (IRTRA). Como Jefe de Relaciones Públicas aparece Maritza Ruiz, presentadora en el telenoticiero NotiSiete transmitido por
Canal 7, y también vocera de la minera Montana Exploradora, del proyecto minero de oro Marlin. La encargada de asuntos legales y tierras es la abogada
Vera Alexandra Castellanos Calderón, quien es representante de la empresa de electricidad ESI, S.A. propiedad del Grupo Campollo. Castellanos Calderón
es integrante del bufete de abogados que dirige Alberto Antonio Morales Velasco, Representante Legal de varias empresas del Grupo Campollo y de varias
empresas del Grupo Multi Inversiones de la familia Bosch Gutiérrez.
14 Rocío García es Antropóloga por la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC) e integra el Equipo de El Observador.
15 Entrevista realizada por Rocío García el 18 de septiembre de 2009.
16 Servicios ambientales se designa desde la economía ambiental a los valores de uso que la naturaleza tiene en una población humana determinada. Desde la
economía ambiental, estos valores de uso pueden ser convertidos en valores de cambio, y pueden ser objeto de transacciones monetarias en el mercado.
18
Por ello, FUNDAECO habla hoy de diseñar áreas protegidas más amplias que incluyan
tanto ecosistemas prístinos como agroecosistemas compatibles, cercanos, que puedan
conectarse con otras áreas protegidas. En otras palabras, se busca ahora establecer
conglomerados o clusters de áreas protegidas en una escala regional. Incluyendo, por
supuesto, las Reservas Naturales Privadas17.
En este sentido, ese “nuevo modelo de áreas protegidas” ya no busca proteger y administrar un polígono catastral sino mantener la propiedad y los usos de la tierra con criterios
ecológicos. Esto se concreta a través de las propuestas de zonificación y es aquí donde
cobra sentido que las mismas tierras que se han dado en propiedad o concesión a las
industrias extractivas –dentro o en cercanía de las áreas protegidas-, sean declaradas
como reservas ecológicas privadas con el afán de integrarse discursivamente al paisaje y
disfrazar sus intereses de color verde.
Este nuevo modelo de área protegida apenas empieza a esbozarse en Guatemala. Aún
no puede hablarse de sus resultados pero en términos de financiamiento ha tenido el
apoyo continuo de la Embajada Real de los Países Bajos y más recientemente, apoyo de
la Embajada de Francia, la que a principio de 2012 favoreció a FUNDAECO con un monto
de € 3,576,000 (aproximadamente Q. 35,903,614)18.
El nuevo modelo resumido arriba ha emanado de algunas de las recomendaciones del
Congreso de Durban (Sudáfrica, 1993), y pretende conciliar intereses ecológicos y sociales principalmente. Las recomendaciones que dan forma y contenido al nuevo modelo
son las siguientes:
n Recomendación
n Recomendación
n Recomendación
n Recomendación
V 24: Pueblos indígenas y áreas protegidas.
V 25: Cogestión de las áreas protegidas.
V 26: Áreas conservadas por comunidades.
V 29: Pobreza y áreas protegidas.
Nótese que de la recomendación 26 pasa a la 29, saltando la recomendación V 27 referente a los Pueblos Indígenas móviles, pese a que dentro de los conservacionistas ha
sido una proposición generalmente aceptada que el pueblo qéqchi´ -mayoritario en
Izabal- es un pueblo nómada19. Tampoco considera la recomendación V 28 referente a las
industrias extractivas en áreas protegidas.
17 Para el caso que nos interesa, se puede citar acá las Reservas Naturales Privadas colindantes con el Área de Uso Múltiple Río Sarstún, algunas de
ellas en suelos donde se ubican las estructuras de interés petrolero de la Compañía Petrolera del Atlántico (CPA) y Pacific Rubiales. Esas reservas
naturales son: Zavala, Matriz Chocón, Quebrada Azul y Tapón Creek, la primera en la finca San José Chocón, que son propiedad de José Manuel
Herrarte Orantes; Río Azul y Las Cuevas, propiedad de Ingrid Marlene Herrarte Orantes; Santa Rosa y Candilejas, de Boris Leonel Herrarte Orantes;
y Cástulo, de María Antonieta Herrarte Orantes. Todas estas Reservas Naturales Privadas se encuentran en fincas desmembradas de la Finca Matriz
Chocón, propiedad del finquero José Herrarte, un político contrarrevolucionario de la década de 1950. Tanto la reserva privada Zavala como Tapón
Creek se encuentran en dos de las estructuras petroleras de interés: Jaguar y Chango.
18 Sitio web de la Embajada de Francia en Guatemala. http://www.ambafrance-gt.org/Firma-del-Convenio-de, publicado el 13 de febrero de 2012.
19 El nomadismo qéqchińo es una explicación aceptada en este ensayo ni por la El Observador. Múltiples autores han demostrado que la dinámica migratoria del este pueblo es producto de procesos de desplazamiento provocados por factores como la concentración de la tierra, el trabajo
forzado y la guerra. Ver Wilson, Richard. “Resurgimiento maya en Guatemala. Experiencias Qéqchiés”. CIRMA. Guatemala. 1999; Grandia,
Liza. “Tzáptzóoqueb´ El despojo recurrente al pueblo qéqchi´”. Colección Autores Invitados No. 20 AVANCSO. Guatemala, 2009. Grandin,
Greg. “Panzós, la última masacre colonial”. AVANCSO, 2007.
19
¿Qué dicen las recomendaciones V 27 y V 28 del Congreso de Durban?
Recomendación V 27:
Esta recomendación, si bien no la abordaremos con profundidad podemos enunciar que su contenido se refiere al uso extensivo de la propiedad comunal y de
los recursos, y la movilidad humana como estrategia para el uso y conservación
sostenibles, y como rasgos que distinguen identidades. Invita a tomar en cuenta
que las áreas protegidas han enajenado sus tierras y recursos en menoscabo de
sus medios de subsistencia y su cultura. Llama también a reconocer la importancia de sus conexiones con el paisaje pues existen pruebas de que la utilización
móvil de los recursos ha estado en armonía con la naturaleza y promueve
la integridad y conservación de la vida tanto silvestre como domesticada.
Tomando en cuenta lo anterior, la Recomendación V27 invita a los gobiernos, ONG
y comunidades, organismos internacionales e intergubernamentales, a reconocer
la cogestión y autogestión de los pueblos indígenas, su derecho a la consulta y el
reconocimiento en la legislación nacional de sus sistemas de gestión como un tipo
de gobernanza que tiene instituciones y normas propias.
Nótese que el modelo de áreas protegidas en Guatemala y sus más novedosas actualizaciones hablan de co-gestión o co-manejo, nunca de autogestión. Por otro lado, se insta a reconocer sus sistemas de gestión propios, lo cual dista mucho de la propuesta en Guatemala que es incorporar
estas visiones al sistema estatal de gestión.
Recomendación V 28:
La otra recomendación sospechosamente ausente en el diseño del nuevo modelo
de gestión de áreas protegidas de FUNDAECO es la V 28, Áreas protegidas, Minería
y Energía. Ésta hace referencia a minerales, petróleo y gas natural, aclarando que
su creciente demanda es producto de un modelo consumista propio de la modernidad. Se refiere a actividades de exploración, explotación, transporte y elaboración
de hidrocarburos y minerales básicos, preciosos y otros, que han tenido efectos
nocivos en la diversidad natural y cultural que las áreas protegidas deben salvaguardar.
Hace un llamado a recordar que las comunidades se han visto perjudicadas por
las industrias extractivas y que estas actividades les reportan menos beneficios
que otros usos de la tierra en áreas protegidas. En esta se reitera la solicitud a
los Estados de prohibir la exploración y extracción de minerales en áreas de conservación con categorías I a IV y controlar rigurosamente su desenvolvimiento en
áreas con categorías V y VI, así como ser estrictos en los cambios de zonificación
tendientes a permitir actividades extractivas y ser rigurosos en el cumplimiento
de los Estudios de Impacto Ambiental (EIA), incluso cuando estas actividades se
realicen fuera de las áreas protegidas.
Las negociaciones con industrias extractivas deben considerar las recomendaciones sobre Pueblos Indígenas. Insta a continuar el diálogo entre conservacionistas,
industria extractiva y abrir el diálogo a organismos financieros, gobiernos y otros
actores directos.
20
Pasar por alto estas dos recomendaciones en el diseño del nuevo modelo de áreas protegidas que impulsa FUNDAECO en Guatemala, es coincidente con el interés por un modelo de desarrollo que tiene como ejes de acumulación la agroindustria, las actividades
extractivas y la logística complementaria.
Prueba de ello es el estudio para la identificación de mecanismos de sostenibilidad realizado por WWF en Guatemala, financiado por Agencia de Internacional de Desarrollo de
Estados Unidos en Guatemala (USAID, por sus siglas en inglés) a través del programa
Consevation of Central America Watershelds, que entre otros mecanismos de financiamiento para las áreas protegidas propone negociar para:
n El cobro por derechos de paso al oleoducto de PERENCO.
n El cobro por derechos de paso a las líneas de conducción de energía eléctrica a DEOR-
SA20.
n El cobro por servicios hídricos a empresas mineras (mecanismo contemplado parti-
cularmente para el área protegida Refugio de Vida Silvestre Bocas del Polochic en El
Estor).
Si bien estos cobros pueden verse desde una óptica economicista de oportunidad, dejar
fuera la recomendación V 28 del Congreso de Durban implica otorgar legitimidad a las
industrias extractivas como actores del territorio, desestimando los nefastos accidentes
en la historia de estas industrias a nivel mundial21 y las denuncias por violaciones a derechos humanos22, así como las muestras de descontento de las comunidades a estas
actividades y las empresas que las operan.
Fuente: USAID, Central America y World Wildlife Fund (WWF). Conservation of Central American Watersheds. Informe final de la consultoría denominada “Identificación de mecanismos financieros de las áreas protegidas: Reserva Protectora de Manantiales de Cerro San Gil,
Reserva de Usos Múltiples de Río Sarstún, Parque Regional Municipal Montaña Chiclera, Refugio Vida Silvestre Bocas del Polochic, Parque
Nacional Río Dulce, Refugio de Vida Silvestre Punta de Manabique y Biotopo Chocón Machacas”. Mayo 2008.
El proceso de construcción de la plataforma de perforación continuaba al momento
de redactarse el presente ensayo. Para poder avanzar, la empresa construyó un zanjón para canalizar las aguas del área inundada desde el área de perforación hacia el río
Zavala, un afluente del río Chocón que desemboca en el Lago de Izabal, tal como se
observa en la foto facilitada por comunitarios.
20 En el momento que fue elaborado el documento de WWF, DEORSA era la empresa encargada de la distribución y comercialización de energía
eléctrica en la zona. En la actualidad la situación se ha modificado, pero la dinámica del financiamiento propuesta en el documento de WWF, sigue
estando vigente, tal como lo evidencia un artículo del diario elPeriódico donde la Municipalidad de Livingston declara que ha cobrado ya Q. 10 mil
por el derecho de paso del cableado que lleva a cabo la colombiana Transportadora de Energía de Centroamérica, Sociedad Anónima (TRECSA)
sobre el Parque Nacional Río Dulce, a la altura del puente, y que pretende cobrar Q. 90 mil más. En la misma nota periodística, el Secretario Ejecutivo de CONAP, Benedicto Lucas, afirma:
El Conap no ha recibido el cumplimiento de previas ni ha firmado ningún convenio de medidas de mitigación. En 2009 hubo una aprobación, pero
para el instrumento que es un Estudio de Impacto Ambiental para el proyecto, no hubo un contrato.
Herrera, Óscar F. “Denuncian que torres alterarán paisaje de Río Dulce”. Diario elPeriódico, 22 de septiembre 2013.
21 Por mencionar sólo dos de reciente ocurrencia, recordamos el derrame más grande de petróleo en la historia de su extracción, ocurrido en 2010
en el Golfo de México, responsabilidad de la empresa British Petroleum, del que dada su magnitud, todavía no pueden estimarse sus nefastas
consecuencias para la vida en el planeta. También, el derrumbe que mantuvo bajo tierra a 33 trabajadores en una mina de cobre en Copiapó, Chile,
explotación bajo responsabilidad de la compañía minera San Esteban, en agosto 2010. Los trabajadores permanecieron 70 días en un refugio subterráneo antes de su rescate.
22 Por mencionar sólo un caso reciente en El Estor, Izabal, recordamos el secuestro y asesinato del profesor Adolfo Ich Chaman perpetrado el 27
de septiembre por el cual fue capturado en septiembre de 2012 y está pendiente de proceso judicial, el entonces Jefe de seguridad de la empresa
minera CGN, el militar retirado Mynor Padilla. Ver Solis, Fernando. “Acerca del informe legislativo sobre las licencias mineras en San Marcos y
San Juan Sacatepéquez”. El Observador. Análisis Alternativo sobre Política y Economía, año 4, Nos. 20-21, agosto-noviembre 2009, página 48.
21
De acuerdo con el Mapa 6, la plataforma petrolera se construirá en las
cercanías de la comunidad de Sebilá, la cual ha manifestado su oposición al
proyecto petrolero por razones ambientales, sociales y propiedad de la tierra.
Mapa 6
Municipio de Livingston, Izabal: localización del pozo Balam 1X, entre
la comunidad de Sebilá y el Área protegida Río Sarstún
Nota: el Área de Uso Múltiple Río Sarstún aparece con color verde. Las Reservas Naturales Privadas están identificadas con
los cuadros pequeños alrededor del Área de Uso Múltiple Río Sarstún.
Fuente: http://www.openstreetmap.org/#map=13/15.8206/-89.0516
22
La perforación del pozo está a cargo de la empresa colombiana Erazo Valencia, S.A., la cual inscribió una subsidiaria en Guatemala denominada Dirón
S.A., representada por el abogado Juan José Morales Ruiz, asociado al bufete
Díaz-Durán & Asociados | Central Law Guatemala23. Otro grupo de empresas
está relacionado directamente con la perforación24.
Una de las preocupaciones de los comunitarios y comunitarias que habitan
en las cercanías del área de perforación, es que los mojones de la finca donde
se encuentra el área de perforación no concuerdan con los de la propiedad de la
comunidad Sebilá. Además, el área de perforación se encuentra en los linderos
del área protegida Río Sarstún y consideran que hay un alto riesgo de contaminación de los ríos que corren en las cercanías y que desembocan en Río Dulce.
En la siguiente fotografía se muestra una vista aérea del área de perforación
Fuente: http://prezi.com/pxm770guuorg/copy-of-balam-1x/
La oposición comunitaria se ha manifestado de diversas formas. Una de
ellas ha sido el levantamiento de cercos para delimitar las tierras que consideran suyas con respecto a las del área en exploración, lo cual les ha acarreado
problemas judiciales. La siguiente foto proporcionada por comunitarios refleja
esta situación.
23 Morales Ruiz fue un alto directivo del Banco Empresarial. Fue procesado por la quiebra de ese banco en 2001 junto a otros 16 banqueros, según el proceso identificado con el número 1572-2001. El abogado también fue un asesor jurídico del Banco Metropolitano
(BANCOMET) que igualmente quebró.
24 Estas empresas son: la colombiana Schlumberger Surenco S.A.; la colombiana FEPCO Zona Franca S.A.S., que también opera para
Perenco en Guatemala; la estadounidense Tenaris, que proporciona tubería; Petrosystems de Venezuela, S.A. Sucursal Colombia
(Mud Logging Services); y la colombiana Fluidos y Servicios. Las telecomunicaciones están a cargo de la empresa guatemalteca
Comnet, del grupo familiar Eskenasy, el cual tiene gran influencia en la Asociación de Gerentes de Guatemala (AGG).
23
Pese a la oposición encontrada en decenas de comunidades, las empresas
que operan el contrato han diseñado una estrategia para ganarse la “licencia
social” en Livingston. Esta abarca desde el fortalecimiento de las relaciones con
las autoridades locales, pasando por la formación y mediación de materiales
“educativos”, hasta los programas de salud y ambientales.
En materia educativa, CPA diseñó un folleto que se distribuye entre los
estudiantes de escuela primaria en el municipio, con la venia del Ministerio de
Educación (MINEDUC). En la siguiente imagen se puede apreciar la portada de
este material con carácter infantil, y con el que se busca influir en las familias
de la región bajo el argumento que la actividad petrolera no es dañina.
Fuente: Documento elaborado por la Compañía Petrolera del Atlántico (CPA), 2013.
24
II. Los nexos entre empresas extractivas y ONG
conservacionistas, de educación y salud
Por Rocío García
Si bien es cierto que las instituciones conservacionistas tienen un discurso de
proteger la naturaleza de la lógica del capital, conocemos que su práctica en Izabal
ha sido un intento conciliatorio entre esos intereses ambientalistas y los intereses
extractivistas.
El caso del petróleo para mí es muy particular porque creo que los
beneficios son mayores que los costos ambientales para las comunidades. Además, Perenco le paga 110 quetzales a los capeadores
del oleoducto y las comunidades; todas las comunidades y las familias se turnan para que todas las comunidades vengan a chapear
el oleoducto. Cuando PERENCO no les paga, le hacen un hoyo al
oleoducto y le sale más caro a PERENCO25.
Incluso se conoce que ciertas instituciones ambientalistas, de educación y salud
han jugado un papel de mediadores entre los intereses de empresas extractivas y
las comunidades indígenas. Así lo declara un trabajador de cierta ONG dedicada a
servicios de salud, educación e incidencia política en Livingston:
Nosotros tenemos que ver el lado positivo de eso, y sacarle lo más
que podamos. En el caso de Perenco, nosotros trabajamos con Perenco. Perenco es una empresa petrolera, entendemos muy bien.
Pero antes, cuando no teníamos ningún convenio (…) bueno no tenemos ningún convenio (…) pero cuando (…) nosotros no recibíamos ayuda de ellos, la plata (…) el porcentaje que debería, que debe
dar al gobierno, se lo da al gobierno y ¿qué pasa? Ese porcentaje
no regresa a la comunidad, no regresa en el área donde están trabajando.
Entonces nosotros vemos que si nosotros les solicitamos a ellos lo
máximo que podamos, entonces ellos ya pagan menos al gobierno
y esa plata se queda, para el gobierno, lógico, pero las regalías
se quedan en las comunidades. Es lo que estamos haciendo nosotros como institución. Entonces tratamos de sacarle lo máximo. Por
ejemplo, con ellos (PERENCO) hemos construido aulas, hemos
construido una nueva lavandería para las señoritas, hemos recibido
cierta cantidad de combustible para el centro, igual recibimos una
lancha y un motor que sirven para trasladar emergencias al hospital
nacional.
Con argumentos como este se instrumentaliza la educación de los jóvenes para que
aprendan a negociar para “sacarle el máximo beneficio de las empresas”, o bien a
“servir un plato al turista”. Lejos queda aquel horizonte de la educación que libere a
los jóvenes de condicionamientos ideológicos y los prepare para construir creativamente el futuro. A cambio se les instruye sobre un falso modelo de desarrollo que
promueve el extractivismo, la construcción de infraestructura y empleo en precarias
condiciones.
25 Entrevista realizada por Rocío García el 18 de septiembre 2009.
25
Por otro lado, los servicios públicos como educación y salud dejan de asumirse como
responsabilidades estatales, haciéndolas depender y supeditándolas a la relación con
empresas -en forma de regalías- y ONG.
Hoy por hoy, en la región Caribe de Guatemala, hay más participación
comunitaria en la toma de decisiones, más asistencia técnica, más legalización de tierras comunales, más transferencia de recursos a asociaciones de base, más incentivos forestales y más acceso a educación
alternativa DENTRO que FUERA de las áreas protegidas del Caribe de
Guatemala! Esto es la mejor prueba del éxito del Nuevo Modelo!26
En un contexto de tanta precariedad como el de Livingston en la actualidad, no resulta
ético oponerse a los servicios de salud ni de educación sea cual sea su origen. Lo que
resulta posible, y además necesario, es evidenciar que si estos servicios públicos se
hacen depender de empresas extractivas y organizaciones no gubernamentales,se les
está despojando de su carácter de derecho universal y quedan a merced de ser condicionados o cuando menos ideológicamente sesgados, excluyendo a las personas que no
están de acuerdo con las actividades y tendencias de estas organizaciones y empresas
extractivas.
Prueba de ello es la forma en la cuál ha sido concebida la salud reproductiva en ese nuevo modelo de gestión de áreas protegidas propuesto por FUNDAECO,
Acceso a servicios de salud reproductiva y salud materno infantil para
todas las mujeres de las comunidades rurales dentro de las áreas protegidas para reducir la tasa de crecimiento poblacional y construir modelos sostenibles de vida27.
Como podemos observar, la idea conservacionista y neomalthusiana de ligar la reducción
poblacional –rural- a la sostenibilidad ha quedado como eje central de los servicios de
salud prestados por ONG en áreas protegidas.
Estas alianzas y mediaciones nos permiten situar a ciertas ONG conservacionistas y
otras de salud y educación como operadores políticos de los intereses del capital. Operan
a nivel ideológico entre las comunidades a partir de un enfoque funcionalista de los conflictos, donde se negocian aquellos puntos de descontento que no amenazan el status
quo pero nunca se mencionan los puntos fundamentales del conflicto como el derecho
de las comunidades indígenas a decidir sobre su territorio, o los altísimos costos ambientales y sociales que tienen las actividades extractivas, inconmensurables la mayoría de
ellos. Buscan la ausencia de conflictos para la libre operación de capitales, y para ello el
desarrollo de las comunidades es solamente una pieza más del juego.
Lo que se esconde es que ese aparente desarrollo promovido por esta macabra alianza
esconde la hipoteca del futuro, la destrucción del paisaje, la salud de las comunidades
locales y las relaciones sociales.
26 Presentación electrónica de “El nuevo modelo de área protegida” proporcionada por FUNDAECO.
27 “Conservando Biodiversidad, empoderando comunidades y fomentando la gobernabilidad democrática. Hacia un nuevo modelo de desarrollo rural
basado en las áreas protegidas”. Documento técnico, FUNDAECO, s.f. Destacado nuestro.
26
Sobre el Contrato 4-93
Este contrato de exploración fue otorgado a la empresa guatemalteca Ceiba
Petróleo, S.A. en la década de 1990. Su Presidente es el banquero Adam Stanislaus Praun Tarnawski, quien es uno de los 16 banqueros asociados a la quiebra
del Banco Empresarial que han sido procesados por ese caso28.
Aparentemente, por problemas financieros el Contrato 4-93 se encuentra
detenido. Se desconoce si la asociada a Ceiba Petróleo, la canadiense TrueStar
Petroleum Corp., que retenía el 10%, se retiró definitivamente del proyecto, lo
cual se especulaba sucedería desde 2008.
La ubicación del Contrato 4-93, el más grande otorgado a la fecha, se ubica
en la Franja Transversal del Norte (FTN) y sur de Petén, tal como se muestra
en el Mapa 7.
Mapa 7
Guatemala: localización del contrato petrolero 4-93
28 Diario Prensa Libre. “Nuevo proceso a 16 banqueros”, 14 de febrero de 2001. Ver también diario elPeriódico. “Ayer venció intervención del Banco Empresarial”. 9 de febrero de 2005. Por este caso han sido procesados poderosos empresarios como Víctor
Manuel Suárez Valdés, Adam Stanislaus Praun Tarnawski, Ana Cristina Del Rosario Sosa Ramírez de Pullin, Edgar Antonio Heinemann Nathusius, Julio Baudilio Campos Bonilla y Mario Ralph Nathusius Rosenbaum. A este grupo se agrega el abogado Juan
José Morales Ruiz, vinculado a las empresas relacionadas con la Compañía Petrolera del Atlántico (CPA). Para mayores datos ver:
Solano, Luis, y Solís, Fernando. “Más allá de la consolidación bancaria: la luchas por el control bancario y el poder económico”.
El Observador. Análisis Alternativo sobre Política y Economía, año 2, No. 4, febrero de 2007. Ver también Solano, Luis. “El juego
económico y político detrás de la liquidación de BANCAFÉ”. El Observador. Análisis Alternativo sobre Política y Economía, año
1, No. 3, noviembre de 2006.
27
Otro contrato de exploración es el 4-98 en el norte de Petén, específicamente en la Reserva de la Biosfera Maya. Este contrato fue cedido en 2012 por
la argentina Compañía General de Combustibles (CGC) a la canadiense Quattro
Exploration and Explotation Ltd., la cual está a la espera que se lo adjudique el
MEM. La localización del Contrato 4-98 se encuentra en la frontera con México,
contiguo al Parque Nacional Laguna del Tigre (PNLT), tal como se muestra en
el Mapa 8.
Mapa 8
Guatemala: localización del Contrato petrolero 4-98, pendiente
de adjudicación
Fuente: Colectivo Madre Selva.
En resumen, los contratos petroleros en fase de exploración que oficialmente han sido publicados pueden observarse en el cuadro 5.
Cuadro 5
Guatemala: contratos petroleros de exploración
No./operadora
Ubiación/
hectareaje
Tipo de
contrato
Situación
contractual
6-39
Petro Latina
Corporación
Fray Bartolomé
de las Casas, Alta
Verapáz
130,186.29 Has.
Inicia 8 feb 2004
Finaliza 7 feb 2009
Operaciones
petroleras de
explotación
Evaluación
7-98
Compañía
petrolera del
Atlántico, S.A.
Livingston, Izabal
53,739.54 Has.
Inicia 20 jul 2001
Finaliza 19 jul 2026
Opción sísmica
Fase de perforacion
obligatoria del
primer pozo
1-2005
Petro Latina
Corporación
Quiché, Alta
Verapáz
31,451.29 Has.
Inicia 28 mar 2006
Finaliza 27 mar 2031
Exploración y
explotación de
hidrocarburos
Exploración,
campaña sísmica y 4
pozos exploratorios
1-2006
City Petén, de
R.L.
La Libertad, Petén
39,541.99 Has.
Inicia 20 sep 2006
Finaliza 19 sep 2031
Exploración y
explotación de
hidrocarburos
Fase de exploración
4-93
Ceiba Petróleo
S.A.
Sayaxché, Petén,
Cobán, Chisec, Fray
Bartolomé, Alta
Verapáz
Inicia 10 ene 1994
Finaliza 09 ene 2019
Contrato de
participación
en la
producción
Fase de exploración
28
Vigencia
Licitación petrolera y adjudicación de contratos
En ese marco de aumentar la alicaída producción de crudo, el MEM lanzó
desde 2012, una licitación denominada Ronda Guatemala 201229, en la que se
ofertaron siete áreas petroleras en Petén y la FTN, tal como se puede apreciar
en el mapa 9.
Para este proceso de licitación, el gobierno lanzó una fuerte campaña internacional para atraer inversiones petroleras. Para ello, según la cartera energética, se participó en el Global Petroleum Show en Canadá; así también, en
el Latin Oil & Gas y Napa Expo de Estados Unidos; en el Segundo Seminario
Latinoamericano y del Caribe de Petróleo y Gas realizado en Uruguay; y en un
lanzamiento de la Ronda Guatemala 2012 en Colombia.
Esto dejó como resultado, anota el MEM, 49 oferentes interesados en participar del proceso con el cual ahora espera quintuplicar la producción petrolera
del país. Mientras que las altas expectativas fiscales del MEM le llevan a afirmar
que la producción petrolera representa un ingreso de Q. 1 millardo por concepto
de regalías, la cual podría quintuplicarse a casi Q. 5 millardos.
Mapa 9
Guatemala: áreas petroleras licitadas desde agosto de 2012
Hasta el pasado 26 de junio del presente año, el MEM adjudicó seis de las
siete áreas estableciendo que en octubre se licitarán dos más, incluyendo la
3-2012 La Libertad la cual no recibió ofertas, tal como lo muestra el mapa 10
siguiente.
29 De acuerdo con el MEM, el proceso de licitación de Ronda Guatemala 2012 se fundamenta en seis regulaciones: la Ley de Hidrocarburos, Decreto Ley 109-83; el Reglamento General de la Ley de Hidrocarburos, Acuerdo Gubernativo 1034-83; el Reglamento
de Convocatoria para la Celebración de Contratos de Exploración y Explotación de Hidrocarburos, Acuerdo Gubernativo 754-92; la
Convocatoria para Presentar Ofertas con el Objeto de Celebrar Contratos de Exploración y Explotación de Hidrocarburos, Acuerdo
Gubernativo 764-92; el Modelo de Contrato de Exploración y Explotación de Hidrocarburos, Acuerdo Gubernativo 190-2005, y su
Anexo Contable, Acuerdo Gubernativo 189-2005.
29
Mapa 10
Guatemala: áreas petroleras otorgadas en junio de 2013
Fuente: Diario Prensa Libre. “Adjudican seis áreas petroleras por 25 años”. 6 de julio de 2013.
De acuerdo con un comunicado del MEM fechado el 25 de julio:
El detalle de los contratos será público cuando las compañías adjudicadas suscriban con el Estado de Guatemala los
mismos.
La suscripción de los contratos pasa por la aprobación de los mismos, tanto
por la Comisión Nacional Petrolera (CNP), la cual es presidida por el Ministro del
MEM, Erick Archila Dehesa30.
Esa aprobación depende de que previamente se aprueben los Estudios de
Impacto Ambiental (EIA) que presenten las compañías petroleras así como que
éstas demuestren que tienen capacidad financiera para invertir en las áreas
adjudicadas. Todo este proceso puede llevar 6 meses o más, incluso años. No
obstante, las empresas esperan que los contratos sean firmados por el Presidente de la República entre septiembre y diciembre de 2013, y publicados a
principios de 2014.
El MEM establece que:
El detalle de las propuestas, porcentaje de regalías y el beneficio social y ambiental serán públicos hasta cumplir el plazo
de ley o tras la firma del contrato. Desde la recepción de las
ofertas hasta la firma del contrato, ninguno de los miembros
del Comité de Calificación puede emitir opinión alguna en
cuanto a los detalles de las propuestas. La desobediencia a
la norma se traduce en cargos judiciales y en la anulación
de proceso.
30 La Comisión Nacional Petrolera tiene como función asesorar en materia de petróleo. Se integra por el Ministro de Energía y Minas
(MEM) así como por representantes de los Ministerios de la Defensa, de Finanzas (MINFIN), Economía (MINECO); la Procuraduría General de la Nación (PGN) y del Banco de Guatemala (BANGUAT).
30
De acuerdo con el comunicado del MEM…
…Cada compañía adjudicada invertirá por lo menos US$ 40
millones por área (unos Q. 320 millones), durante los primeros tres años de cada contrato.
III. Áreas adjudicadas y empresas beneficiadas según los
resultados del Comité de Calificación
1. ÁREA 01-2012 Cotzal, de 80,851.89 hectáreas en el departamento de Petén.
Compañías oferentes:
n
n
n
n
n
Empresa Petrolera del Itsmo, S.A.
Perenco Guatemala Limited.
Quattro Exploration and Production Ltd.
Roy Group Mauritius Inc.
Zacapa Energy Ltd.
Compañía adjudicada:
Perenco Guatemala Limited de Francia
2. ÁREA 02-2012 San Francisco, de 126,994.16 hectáreas en el departamento de
Petén.
n Galax Garden Corporation
n Trayectoria Oil & Gas.
Galax Garden Corporation, inscrita en Panamá. 3. ÁREA 04-2012 Laguna Blanca, de 158,912.08 hectáreas en el departamento de
Petén.
n Island Oil Exploration Services, S.A.
n Perenco Guatemala Limited.
n Quattro Exploration and Production Ltd.
Island Oil Exploration Services, S.A., de Estados Unidos pero con una subsidiaria en
Guatemala. 31
4. ÁREA 05-2012 Cancuén, de 117,331.32 hectáreas entre los departamentos de
Alta Verapaz, Izabal y Petén.
Compañía oferente:
n Trayectoria Oil & Gas.
Trayectoria Oil & Gas de Colombia.
5. ÁREA 06-2012 El Cedro, de 34,723.58 hectáreas entre los departamentos de
Alta Verapaz y Petén.
Compañías Oferentes:
n Empresa Petrolera del Istmo, S.A.
n Greenfields Petroleum Guatemala
n Zacapa Energy Ltd.
Compañía adjudicada: Greenfields Petroleum Guatemala de Estados Unidos con una subsidiaria en Guatemala. 6. ÁREA 07-2012 Xalbal, de 171,720.26 hectáreas entre los departamentos de
Alta Verapaz, Quiché y Huehuetenango.
Compañía Oferente:
n Zacapa Energy Ltd.
Zacapa Energy Ltd., aunque posteriormente cambió de nombre a Loon Petroleo Ltd.,
subsidiaria de la canadiense Loon Energy Corp., la cual es una amalgama de capitales
de Canadá, Polonia y Emiratos Árabes Unidos.
Según datos del MEM, entre 2000 y 2011 se han realizado cinco procesos
de adjudicación de ocho áreas petroleras, sumando solamente 13 ofertas de las
que cuales se adjudicaron sólo cinco sectores a empresas petroleras. El actual
proceso contó con la mayor participación de industrias mineras oferentes de las
últimas tres administraciones, asegura el MEM.
¿Quiénes son las empresas ganadoras?
Galax Garden Corporation es una empresa desconocida. Fue inscrita en Panamá el 15 de marzo de 2011. Se supone que es una empresa “de papel” pues
no cuenta con experiencia petrolera conocida ni se conoce que tenga capital
activo, y posiblemente buscará negociar el contrato petrolero con una compañía experta en hidrocarburos.
32
El área petrolera Laguna Blanca resulta estratégica porque se
encuentra sobre el mismo yacimiento petrolero que la petrolera beliceña Spanish Lookout
descubrió en 2005, en la frontera con Guatemala.
La empresa fue inscrita por los panameños Vernon
Emmanuel Salazar Zurita, Lilia Judith Tovar de León, y
Delio José de León Mela, quienes actúan como Presidente
y Vicepresidentes respectivamente, de esa y muchas empresas más inscritas por ellos en Panamá. Por ahora, se
desconoce cuál fue el respaldo que tuvo la empresa para
que se le adjudicara el Área 2-2012.
Ha trascendido que el Representante Legal de Galax
Garden en Guatemala es Víctor Aguilar, ex Director de Hidrocarburos durante el gobierno de Óscar Berger (20042007) y la GANA. Igualmente, se ha mencionado que dos
altos funcionarios del MEM serían los principales interesados detrás de la empresa, infiriéndose que se trata del actual Ministro del MEM,
Erick Archila, y del Director de Hidrocarburos, Luis Ayala, por ser las principales
autoridades responsables de aprobar la oferta petrolera que realizó Galax Garden.
En relación con la empresa Island Oil Exploration Services, S.A., a la que se
le adjudicó el Área 4-2012 Laguna Blanca, se le identifica como estadounidense,
aunque en Guatemala está inscrita desde hace varios años. Island Oil Exploration Services tiene intereses petroleros en Belice, en la plataforma marítima
fronteriza con Guatemala y los contratos petroleros de la Compañía Petrolera
del Atlántico, operados por US Capital Energy.
El Representante Legal de Island Oil también es Víctor Aguilar, ya mencionado dos párrafos atrás. También ha sido Representante de Petro Latina en
Guatemala así como de la petrolera canadiense TrueStar Petroleum.
Con relación a su historia, se sabe que en 1998 el Ministerio de Energía,
Ciencia, Tecnología y Transporte de Belice firmó un acuerdo con la empresa estadounidense AB Energy adjudicándole un área de contrato identificada como
Bloque 12, que abarcaba casi todo el Distrito de Toledo, el Distrito South Stann
Creek y gran parte de la plataforma marítima, frente a Punta Gorda, con una
extensión de 322,250 hectáreas, incluyendo el Parque Nacional Sarstoon Temash en la frontera con Guatemala. AB Energy operó con su subsidiaria beliceña AB Energy Belize Ltd.
En el año 2000, AB Energy tuvo problemas internos y se dividió en dos empresas: US Capital Energy e Island Oil. La primera quedó en manos de Brian
Richter mientras que la segunda fue presidida por Jerry Kaiser e inscrita como
subsidiaria de Petdegua que, al igual que Island Oil, estaba inscrita en el Registro Mercantil de Guatemala31.
A principios de 2001, US Capital Energy e Island Oil firmaron un nuevo contrato con el gobierno beliceño que adjudicó el mismo bloque, dividido en dos
bloques denominados Bloque 19 para US Capital Energy -en tierra-, y Bloque
12 para Island Oil -en el mar-. Kaiser declaró en ese momento que la concesión
tendría reservas estimadas de entre 553.7 millones y 3 mil 322.2 millones de
barriles de crudo. En el año 2003, el Presidente de Island Oil anunció que había vendido todas sus acciones de la petrolera al estadounidense Steven Reilly,
quien en 2008 inscribió de nuevo a la empresa en Guatemala bajo el nombre de
Island Oil Exploration Services, S.A.
En 2004, tanto US Capital Energy como Island Oil firmaron los contratos
de Participación en la producción, vigentes a la fecha, y como Representante
de Island Oil firmó Reilly, quien sigue apareciendo como el Representante de la
31 Petdegua es una empresa registrada en 1996, año en el que surgió la Compañía Petrolera del Atlántico (CPA). La sede de Petdegua
es la misma de CPA: el Edificio El Triángulo en la zona 4, Ciudad de Guatemala, propiedad del Grupo Campollo.
33
empresa en Guatemala. Según medios de prensa beliceños, Island Oil continúa apareciendo
como subsidiaria de Petdegua en los registros beliceños32.
El área petrolera Laguna Blanca resulta estratégica porque se encuentra sobre el mismo
yacimiento petrolero que la petrolera beliceña Spanish Lookout descubrió en 2005, en la frontera con Guatemala. (Ver mapas 11 y 12).
Mapa 11
Guatemala y Belice: ubicación del área Laguna Blanca y el yacimiento
petrolero de Spanish Lookout
Fuente: http://j3mofat.cafe24.com/mailing/images/LagunaBlanca.pdf
Mapa 12
Guatemala: área petrolera Laguna Blanca, pozos cercanos y su relación con Belice
Fuente: Fuente: Ministerio de Energía y Minas (MEM). Grupo Asesor Petrolero Venezolano. 2006.
32 Solano, Luis y García, Rocío. “De fronteras indelebles y soberanías borrosas: intereses petroleros en el municipio de Livingston, Izabal” Boletín electrónico
ENFOQUE No. 24, 22 de octubre de 2012.
34
La importancia de Laguna Blanca es que eventualmente, de descubrirse la existencia de
petróleo en términos comerciales, puede facilitar la construcción de un oleoducto que conecte
el yacimiento petrolero beliceño con los campos petroleros Xan de Perenco, y Ocultún de City
Petén, tal como lo muestra el mapa 13.
Mapa 13
Áreas petroleras entre Guatemala y Belice
Nota: La línea celeste traza el actual oleoducto. Las rojas, las posibles conexiones que podrían ocurrir.
Fuente: http://j3mofat.cafe24.com/mailing/images/LagunaBlanca.pdf
Otra empresa es Trayectoria Oil & Gas de Colombia, a la que se le adjudicó el Área 5-2012
Cancuén. Esta área se encuentra en Petén en su mayor parte, y un pequeño segmento en el
municipio de Livingston, Izabal. Está adyacente al Contrato 7-98 que opera la Compañía Petrolera del Atlántico (CPA), conjuntamente con la canadiense/colombiana Pacific Rubiales.
La petrolera colombiana tiene contratos de exploración de producción de crudo y gas en
Colombia, Brasil y Perú.
El abogado Representante de la petrolera colombiana es el guatemalteco Francisco Javier
Novales Schlesinger, del bufete de Abogados y Notarios Novales, dirigido por el reconocido
abogado Alfonso Novales Aguirre33.
Otra de las empresas ganadoras fue Greenfields Petroleum Guatemala Ltd., subsidiaria de
la estadounidense Greenfields Petroleum Corporation. A esta petrolera se le adjudicó el Área
6-2012, El Cedro, localizado entre los contratos petroleros 1-2005 y 2-2009.
Su experiencia petrolera se encuentra en la República de Azerbaiján, donde desarrolla varios campos petroleros. En Guatemala, su Representante es el estadounidense/guatemalteco
que se identifica con el nombre de Carlos Coates, quien también es Representante de CaribX
Nicaragua Oil & Gas, con sede en Guatemala. Se sabe que CaribX ha buscado adquirir intereses
petroleros en Honduras y Nicaragua desde 2010.
33 En ese bufete laboran también las abogadas Lucía y Silvia Gándara Berger, sobrinas del ex presidente de la República, Óscar Berger. Otro abogado del bufete,
Cristián Novales Schlesinger, está casado con Lucía Gándara Berger.
35
En abril del presente año, Carlos Coates ganó notoriedad cuando en una
actividad de la Cámara de Comercio Americana (AMCHAM, por sus siglas en
inglés), de la que forma parte Greenfields Petroleum Guatemala, y en pleno
proceso de definición de la adjudicación de áreas petroleras, declaró que…
…observaron un panorama favorable de inversión; sin embargo, temen cualquier anomalía por malas referencias de
datos en una evaluación del país.
Según la nota de prensa, Coates declaró que…
…Las empresas dicen que la corrupción en este país desestima cualquier inversión y hay una descarada solicitud por
parte de oficiales del Gobierno para pagos ilegales o participación de ellos en los negocios34.
Finalmente, otra empresa ganadora fue Loon Petroleo Guatemala, subsidiaria de Loon Energy Corp., a la que se le adjudicó el Área 7-2012. Loon Petroleo
Guatemala fue inscrita en Bermuda en enero de 2013 para que se le adjudicara
el área licitada. Inicialmente, para poder participar en el proceso la empresa
participó con el nombre de Zacapa Energy.
Loon Energy Corp. tiene operaciones en Perú y Colombia. Está inscrita en
Canadá y tiene capitales de Polonia, Canadá y Emiratos Árabes Unidos.
El Representante Legal es el guatemalteco Jorge Luis Arenales de la Roca,
del bufete de abogados Arias & Muñoz, un experto en temas energéticos. Arenales de la Roca proviene de la familia Arenales Catalán, la que junto a la familia Skinner-Klee fundaron el bufete de abogados que hoy se conoce con el nombre de Arenales & Skinner-Klée. Arenales de la Roca es nieto de Jorge Arenales
Catalán y sobrino de Antonio Arenales Forno, actual titular de la Secretaría de
la Paz (SEPAZ) en el gobierno de Otto Pérez Molina y el PP35.
El área otorgada es una extensa región del norte de Quiché y Huehuetenango fronteriza con México, la cual ha sido ofertada en varias oportunidades
desde la década de 1970. En 1976, la empresa Petromaya (Basic Resources y
Shennandoah Oil) perforó el pozo San Lucas en las cercanías de la comunidad
de Xalbal con resultados infructuosos. Luego, a mediados de la década de 1980
operó en Xalbal la estadounidense Amoco también con resultados negativos.
Posteriormente, en la década de 1990 arribaron las estadounidenses Triton
Energy y Western Atlas, y perforaron el pozo Piedras Blancas en la comunidad
de Nuevo San Lorenzo, Xalbal, con los mismos resultados que las anteriores..
El mapa 14 del MEM identifica las estructuras con posibles yacimientos petroleros en el área.
34 Diario Prensa Libre. “Petrolera pide proceso transparente”, 13 de abril de 2013.
35 En 1920, ambas familias fundaron el bufete Arenales & Skinner Klée. El padre de los Arenales Forno era el abogado y diplomático
Jorge Arenales Catalán, una figura ideológica del movimiento contrarrevolucionario de 1954. Fue Ministro de Economía en el
gobierno del coronel Carlos Castillo Armas (11954-1957) y junto a su hermano Emilio, fueron baluartes ideológicos que guiaron a
nuevos grupos de la oligarquía a insertarse en los negocios mineros y petroleros de la época. Arenales Catalán también fue Ministro
de Relaciones Exteriores del gobierno de Julio César Montenegro (1966-1970) y también en el del siguiente gobierno del general
Carlos Manuel Arana Osorio (1970-1974), en el cual también fue Ministro de Gobernación. Junto a su hermano fueron fundadores
del partido ultraderechista Movimiento de Liberación Nacional (MLN). La mamá de los Arenales Forno, Dora Forno Siguere,
emparentó con los Pivaral, la familia que se ha convertido en uno de los principales soportes económicos del PP, emparentados
actualmente con la esposa del actual Presidente de la República.
36
Mapa 14
Estructuras identificadas en el municipio de Ixcán, departamento de
Quiché, en el Área 7-2012
,
Fuente: Ministerio de Energía y Minas (MEM). Grupo Asesor Petrolero Venezolano. 2006.
Las estructuras más importantes y donde se han concentrado los estudios
previos se encuentran localizados en las comunidades de Cuarto Pueblo, en la
frontera con México; el área de Santa María Tzejá y Xalbal, todas en Ixcán, Quiché; y en Barillas, Huehuetenango, en las cercanías de la comunidad de Nueva
Generación Maya.
La mayor parte del municipio de Barillas en Huehuetenango está contenida
dentro del área petrolera, al igual que una pequeña porción del municipio de
San Mateo Ixtatán del mismo departamento. En esa región confluyen varios
proyectos hidroeléctricos planificados o en construcción, junto con la carretera
de la FTN en construcción, vitales para el proyecto petrolero, tal como puede
observarse en el mapa 15
37
Mapa 15
Guatemala: área petrolera en el municipio de Barillas
y parte del municipio de San Mateo Ixtatán,
departamento de Huehuetenango
Fuente: http://resistenciadlp.webcindario.com/html/huehue.html
En 2010, el MEM sacó a licitación, entre otras áreas, el Área PTN-6-2008,
que es la misma que se le adjudicó a Loon Petroleo en julio de 2013, como
7-2012.
A raíz de esa licitación, en abril de 2007 las comunidades de Ixcán realizaron una Consulta Comunitaria de Buena Fe en la que la mayoría de participantes votó contra las mega inversiones planteadas a construir en esa región,
incluyendo las extracciones petroleras. Por lo tanto, es de esperar una abierta
oposición comunitaria a las mismas.
La “Conexión mexicana”
Los planes petroleros contenidos en la Política Energética que hemos analizado antes no pueden verse descontextualizados de la reciente Reforma Energética en México propuesta por el gobernante del vecino país, Enrique Peña
Nieto. El aumento de la producción de crudo y de los ingresos fiscales por
operaciones petroleras, están estrechamente relacionados con los planes mexicanos de acrecentar las inversiones y la producción en tierra y mar adentro.
Durante el actual gobierno de Otto Pérez Molina y el PP se ha puesto de
manifiesto la estrategia de trabajar conjuntamente con México, la explotación
de los llamados “yacimientos de petróleo fronterizos”. Compartir las principales
cuencas petroleras que atraviesan México, Guatemala y Belice ha propiciado
que se estén planificando proyectos conjuntos que pueden resultar la base para
incrementar la producción petrolera.
38
Durante la XI Reunión de la Comisión Binacional México-Guatemala celebrada
a principios de septiembre de 2013, el Ministro del MEM, Erick Archila, declaró
que se ha avanzado “considerablemente” en el proyecto de los yacimientos de
petróleo fronterizos…
…encaminado en el modelo del acuerdo México-Estados Unidos- y ahora trabajamos en la parte legal.
De acuerdo con Archila, se trabaja en un acuerdo bilateral que permita la explotación de esos yacimientos transfronterizos. Dice el funcionario…
…Es un proyecto surgido de la última reunión bilateral entre los
presidentes de Guatemala y México; se estimó una ruta similar
a la de las autoridades vecinas con Estados Unidos en zonas
transfronterizas36.
Ha trascendido que se está recopilando toda la información conjunta de las
áreas del norte y sur entre ambas naciones para analizar la posibilidad para los
próximos años, de implementar la explotación petrolera. Según ese medio de
prensa…
El acuerdo establece que ambos países dispongan de los recursos para poder hacer el estudio (…) está en desarrollo el marco
jurídico del acuerdo y aunque aún no se tiene una fecha específica, en noviembre podrían tenerse los detalles técnicos.
Según Archila, el acuerdo conjunto de explotación petrolera en ciernes posibilitaría la obtención de US$ 625 millones anuales a Guatemala.
En mayo último, Pérez Molina, y su homólogo mexicano, Enrique Peña Nieto,
firmaron una Declaración Conjunta en la que aprobaron un convenio de cooperación para la exploración de petróleo. Lo acordado en ese momento tuvo un
seguimiento por parte de Pérez Molina cuando visitó México el pasado 17 de julio,
para evaluar los avances habidos entre los Ministros de Energía de ambos países.
Según el gobierno de México, existen al menos 10 áreas que se ubican entre
el Estado de Yucatán y la Cuenca Sierra Madre de Chiapas-Petén, que abarca el
sur de México y el departamento de Petén en Guatemala, donde se estiman millonarias reservas de crudo según un estudio que realiza World Petroleum Resources
Project37.
Esto explica el por qué Guatemala se ha enfocado por décadas en licitar y
otorgar áreas petroleras en la frontera con México, desde la FTN hasta Petén,
donde se supone se encuentran ricos yacimientos petrolíferos. Según las primeras estimaciones, podrían existir reservas no probadas de hasta 1 mil millones de
barriles de petróleo en la Cuenca Sierra Madre de Chiapas-Petén.
De acuerdo con un resumen del estudio de World Petroleum Resources Project
al que El Observador tuvo acceso38, se indica que…
…usando una metodología de evaluación geológica, el US Geological Survey estimó una medida de 19 mil millones de barriles de petróleo y 83 billones de metros cúbicos de recursos no
descubiertos de gas natural en 10 áreas geológicas de México,
Guatemala y Belice.
36 Diario Siglo Veintiuno. “Explotarán conjuntamente”, 3 de septiembre de 2013.
37 http://www.onexpo.com.mx/NOTICIAS/NOTICIA.asp?ID_NOTICIA=273
38 World Petroleum Resources Project. Assessment of Undiscovered, Conventional Oil and Gas Resources of Mexico, Guatemala, and
Belize, 2012. Este estudio se está realizando desde 2012 en toda la región, por geólogos estadounidenses para determinar el potencial
energético existente.
39
En el Mapa 16 pueden observase las 10 estructuras que existen en México y
Guatemala así como la Cuenca de la Sierra Madre de Chiapas-Petén que abarca
México, Guatemala y Belice. En ella se concentrarían los proyectos petroleros
conjuntos.
Mapa 16
México-Guatemala-Belice: cuenca de la Sierra Madre de
Chiapas-Petén
Fuente: World Petroleum Resources Project.
Tal como ya se mencionó, el acuerdo conjunto a firmar se fundamenta en
el que México firmó con Estados Unidos en 2012, que permite la exploración y
explotación conjunta del Golfo de México, según dio a conocer el Vicecanciller
de Guatemala, Carlos Raúl Morales Moscoso.
Según una entrevista realizada por el diario mexicano El Financiero39, Morales Moscoso aseguró que…
…la propuesta contempla la oportunidad de que empresas de
su país exploren nuevas oportunidades de negocio y realicen
proyectos de colaboración con la compañía nacional de petróleo de México, PEMEX.
En parte, los proyectos de exploración y explotación de petróleo en Guatemala, sumado a las áreas adjudicadas en julio, pueden convertirse en pieza
clave en ese acuerdo en ciernes, pues se localizan dentro de la Cuenca petrolera que contiene los yacimientos transfronterizos.
Según El Financiero:
El acuerdo con la Unión Americana facilita la constitución
de acuerdos voluntarios (acuerdos de unificación) entre los
arrendatarios estadounidenses y PEMEX sobre la exploración y explotación conjunta de las reservas transfronterizas.
39 http://www.onexpo.com.mx/NOTICIAS/NOTICIA.asp?ID_NOTICIA=273
40
También proporciona los incentivos necesarios para promover la constitución de tales acuerdos si se demuestra que una
reserva es transfronteriza y no se ha constituido un acuerdo
de unificación.
De esa manera, según Morales Moscoso, se procederá de manera equitativa
para proteger los intereses de los dos países (Guatemala-México).
La geografía que compartimos en nuestra frontera es rica en
recursos y uno de ellos son los yacimientos transfronterizos.
El gobierno de México, específicamente el canciller José Antonio Meade (México), nos entregó en febrero pasado una
copia del proyecto para un acuerdo petrolero, mismo que estudiamos con detenimiento y gran interés.
En la nota de El Financiero se destacan declaraciones de la Subsecretaria
para América Latina y El Caribe de la Cancillería de México, Vanessa Rubio, en
donde confirma que el acuerdo petrolero México-Estados Unidos…
…ha servido de modelo para negociar uno similar con Guatemala y Belice.
Rubio informó que…
…México tiene yacimientos transfronterizos de petróleo con
Guatemala y parece que tenemos uno Guatemala-BeliceMéxico. Entonces, si ya contamos con un convenio para la
explotación de los yacimientos transfronterizos entre México
y Estados Unidos, éste ha servido de modelo para negociar
algo similar con Guatemala y en su momento con Belice; además, por supuesto lo estamos poniendo a la disposición del
resto de los países por si lo quisieran utilizar.
Según el medio de prensa mexicano…
El vicecanciller guatemalteco añadió que el acuerdo con su
país, tendría el objetivo también de activar zonas de exploración y explotación a lo largo de la delimitación dentro de la
jurisdicción de ambos países al brindar la certidumbre legal
que necesitan las compañías para invertir, lo cual generaría
mayores ingresos y beneficios en seguridad energética como
resultado del aumento de la producción.
En conclusión, se observa un avanzado estado de la privatización del sector energético, tanto en México como en Guatemala. Las reservas petroleras,
se reafirma, están siendo controladas cada vez más por empresas petroleras
transnacionales y en donde Estados contribuye facilitando convenios al servicio
de los intereses privados a cambio de mínimos ingresos.
Uno de los críticos de la reforma energética mexicana es el dos veces candidato presidencial por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), Andrés
Manuel López Obrador, cuando afirma que la mayoría de las reservas probadas
del país están en tierra y en aguas costeras poco profundas, lugares en los que
no se requieren empresas privadas para extraer el petróleo.
De esta manera, en el caso de México, se abre el sector petrolero propiedad
del Estado a contratos con firmas privadas en las que se compartan las ganancias estatales. Mientras que en el caso de Guatemala, sólo queda en el papel lo
que dice la Constitución de la República con relación a que el Estado es el dueño
de los recursos existentes en el subsuelo.
41
Un repaso a los
principales proyectos
mineros en Guatemala:
política gubernamental y
conflictividad social
Por Francisca
Gómez
Grijalva
Psicóloga y
Magister en
Educación por la
Universidad Rafael
Landívar (URL).
Está finalizando
el Doctorado en
Análisis Sociopolítico de la Sociedad
Contemporánea,
Universidad de
Granada, España.
Es actualmente columnista del diario
Prensa Libre.
La cementera desde un principio vino a afectar nuestras vidas, poco a poco se reduce el caudal de los ríos, de los pozos,
de los nacimientos por la gran cantidad de agua que utiliza en
la planta San Gabriel. Nosotras ya no tenemos suficiente agua
para preparar los alimentos, lavar la ropa...
Testimonio de lideresa de las 12 comunidades maya-kaqchikel,
San Juan Sacatepéquez.
Introducción
El ensayo a continuación repasa, actualiza y analiza la situación de los
principales proyectos de exploración y explotación minera vigentes hasta el
momento, aprobados por los gobiernos guatemaltecos que se han sucedido
desde la primera década del presente siglo, incluyendo las licencias mineras impulsadas por el actual gobierno de Otto Pérez Molina y el Partido Patriota (PP).
Como sabemos, las actividades extractivas constituyen uno de los ejes básicos en que hoy se sustenta el modelo de acumulación capitalista en boga en
Guatemala, lo que explica su multiplicación y cómo los gobiernos se han venido
convirtiendo no sólo en los principales promotores de las inversiones mineras
–una de las actividades extractivas-, sino también en operadores políticos de
los grupos de capital nacional y transnacional cuyas inversiones se depositan
en este sector.
Sin embargo, los proyectos mineros en Guatemala, al igual que otras megainversiones que tienen lugar en territorios indígenas, son los principales causantes de la creciente conflictividad social que se observa, debido a la oposición
de las comunidades que no sólo rechazan estos proyectos por sus impactos,
sino porque son impuestos sobre sus derechos ancestrales sobre la tierra y el
territorio.
Desde esa perspectiva, se hace necesario analizar la estructura de poder y
los actores que articulan, tanto a nivel de la institucionalidad del Estado como
42
Uno de los argumentos más socializados por las empresas, los
gobiernos y los medios de comunicación masiva, es que las
industrias extractivas –sean de
minería metálica, petróleo, gas,
agua- benefician a las comunidades y al país en su conjunto,
ya que generan oportunidades
de empleo e ingresos, así como
por su contribución a la reducción de la pobreza.
desde grupos de presión, los intereses de los inversionistas nacionales y extranjeros, así como las dinámicas que
se han entretejido y reconfigurado en el contexto actual
de acumulación capitalista. También es necesario visibilizar los daños ambientales irreversibles que han causado
las industrias extractivas y darle seguimiento a las consecuencias psicosociales, la violencia contra la integridad
física y emocional de las mujeres, las niñas, los niños, los
hombres, las ancianas y los ancianos que están causando
los proyectos de extracción minera.
Uno de los argumentos más socializados por las empresas, los gobiernos y los medios de comunicación masiva, es que las industrias extractivas –sean de minería metálica, petróleo, gas, agua- benefician a las comunidades
y al país en su conjunto, ya que generan oportunidades
de empleo e ingresos, así como por su contribución a la
reducción de la pobreza. Bajo estos supuestos se afirma
que las transnacionales mineras, petroleras e hidroeléctricas explotan las riquezas naturales no renovables porque están interesadas en
generar el bienestar y el desarrollo. Son “filantrópicas”.
Nada más alejado de la realidad. Como expondremos en el presente trabajo, las industrias extractivas en alianza con los gobiernos en el poder, lejos de
hacer realidad su discurso están provocando serios problemas ecológicos, sociales, económicos e impulsando la remilitarización de la sociedad guatemalteca, y están criminalizando las luchas y resistencias sociales. Por eso es que
a partir de ahí valoramos y visibilizamos en este ensayo, las acciones políticas
de resistencia y exigencia que han emprendido las comunidades indígenas y
los Pueblos porque sean canceladas las licencias de exploración y explotación
minera y que sean respetados sus derechos colectivos.
Podemos confirmar que los gobernantes que se han sucedido en el poder
del Estado guatemalteco, incluyendo al actual, han incumplido sus promesas
en las campañas electorales; en especial porque enarbolaron un discurso a
favor de los derechos de los Pueblos Maya, Garífuna, Xinka y de las mayorías
empobrecidas, y durante sus administraciones las decisiones políticas adoptadas han sido contrarias al respeto de los derechos humanos de los Pueblos
excluidos históricamente así como de las comunidades históricamente explotadas y despojadas de sus tierras y territorios.
En los 20 meses que han transcurrido de la administración de Otto Pérez
Molina y el PP, la política pública ha dado continuidad a las disposiciones legales y económicas de apoyo a las inversiones transnacionales de exploración
y explotación de las riquezas naturales iniciadas desde el gobierno de Álvaro
Arzú (1996-2000) y el Partido de Avanzada Nacional (PAN), al igual que lo hicieron los sucesivos gobiernos de Alfonso Portillo (2000-2004) y el Frente Republicano Guatemalteco (FRG); de Óscar Berger )222004-2008) y la entonces
Gran Alianza Nacional (GANA); y el de Álvaro Colom (2008-2012) y la Unidad
Nacional de la Esperanza (UNE).
Es innegable que los actuales esfuerzos de Pérez Molina y su gobierno se
han enfocado en avalar legal, institucional y militarmente los megaproyectos
de inversión capitalista transnacional que violan los derechos humanos, territoriales y ecológicos de los Pueblos, a la vez que utiliza la institucionalidad
estatal para reprimir a las comunidades en función esos intereses.
Más grave aún. El apoyo de los gobiernos para la instalación de empresas
mineras contra la voluntad de los habitantes de las tierras donde se ubican,
n sólo va contra el discurso del imperio de la ley que dicen defender, sino
43
Adentrarse en la comprensión
de los intereses que la cúpula
militar, los grupos oligárquicos
y los grandes capitales extranjeros tienen en el tema minero,
nos permite visualizar cómo se
han entretejido las alianzas entre estos sectores de poder en el
transcurso de la historia guatemalteca.
contra preceptos e instrumentos fundamentales como la
Constitución Política de la República, el Código Municipal,
la Ley de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural, así como
el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT); la Convención sobre la Eliminación de todas
las Formas de discriminación contra las Mujeres (CEDAW),
y la Convención Internacional sobre todas las Formas de
Discriminación Racial (CERD), los cuales han sido ratificados por el Estado guatemalteco.
Para lograr una panorámica más abarcativa y una mayor compresión de los impactos sociales, económicos, políticos y ambientas de los proyectos mineros metálicos a
cielo abierto que funcionan actualmente en Guatemala, se
documentó ilegalidades, violaciones a los derechos humanos y ambientales que las empresas extractivas mineras
han cometido y cometen contra las comunidades que se oponen a sus operaciones.
Entrevistamos a lideresas, líderes, científicos sociales. También contamos
con la valiosa colaboración de organizaciones que acompañan a los Pueblos
que luchan contra la minería a cielo abierto, tal es el caso de Centro de Acción Legal Ambiental y Social (CALAS), el Colectivo Madre Selva, el Comité de
Unidad Campesina (CUC), la Coordinación y Convergencia Nacional Maya Waqib´ Kej, y la Asociación Ukú´x Bé. Les agradecemos profundamente por el
tiempo que nos brindaron para responder a las preguntas y a las inquietudes
que queríamos plasmar. Asimismo, consultamos investigaciones, comunicados
e información en los medios de comunicación alternativos y masivos que abordan desde distintos enfoques lo relativo a la minería a cielo abierto, y hacemos
un repaso de la conflictividad social que están provocando en los Pueblos que
co-existen en el territorio guatemalteco.
Alianzas e intereses entre la cúpula militar, grupos
económicos oligárquicos y el capital transnacional
Adentrarse en la comprensión de los intereses que la cúpula militar, los
grupos oligárquicos y los grandes capitales extranjeros tienen en el tema minero, nos permite visualizar cómo se han entretejido las alianzas entre estos
sectores de poder en el transcurso de la historia guatemalteca. Por tal razón,
revisar los datos históricos que revelan la conjunción de estos poderes fácticos en la administración del Estado, es fundamental.
En especial, porque al analizar la historia de las petroleras, las hidroeléctricas y las mineras en Guatemala, se puede verificar que sus fundadores,
gerentes, asesores, etc., provienen de grupos oligárquicos históricos fuertemente vinculados a militares que desde la contrarrevolución, establecieron sus
alianzas económicas y políticas con el gobierno de Estados Unidos y las empresas transnacionales; primero, con las estadounidenses y canadienses, y con
el paso del tiempo, con capital ruso, colombiano, español, francés, israelí, etc.
Además de las alianzas con la cúpula militar, la oligarquía se ha creado las
condiciones políticas para que sus integrantes ocupen puestos estratégicos
en las instituciones del Estado, especialmente en los Ministerios de Energía
y Minas (MEM), Finanzas Públicas (MINFIN), Economía (MIECO), y recientemente en el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), así
como diputaciones que concentran espacios claves de decisión en el Congreso
44
La institucionalización de la
alianza entre los principales actores de la industria extractiva,
en este caso la minería, empieza a perfilarse como parte de
la estrategia de desarrollo implementada desde la contrarrevolución diseñada por Estados
Unidos, a conveniencia de los
intereses comerciales de sus empresas expansivas.
de la República, tal es el caso de la Comisión de Energía
y Minas1.
Hay muchos ejemplos que se pueden citar aquí. El
caso del abogado y banquero Gabriel Biguría Sinibaldi, que en la década de 1960 fue uno de los directores
de la desaparecida Empresa Extractiva de Minerales en
Izabal (EXMIBAL)2; el de Óscar Arturo Letona Ramírez,
quien fue Viceministro de Energía y Minas (MEM) entre
2004/2006 durante el gobierno de Oscar Berger Perdomo
(2004-2008) y la Gran Alianza Nacional (GANA), y es uno
de los fundadores de la empresa petrolera Oil & Gas. También está el caso del actual Ministro del MEM, quien es el
empresario comercial y de medios de comunicación, Erick
Estuardo Archila Dehesa, hijo del mayor retirado Francisco Rolando Archila Marroquín. También, el de Claudia del
Águila, actual Viceministra de Inversión y Competencia y
anteriormente Gerente de Exportación de Servicios en la Asociación Guatemalteca de Exportadores (AGEXPORT); así como el de Sigfrido Lee, actual Viceministro de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, que fue integrante del Centro
de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN) y también ex Director del
Instituto Nacional de Estadística (INE) durante el gobierno de Berger3.
En la actual administración gubernamental del PP presidida por el general
retirado Otto Pérez Molina, esta alianza entre los militares, los grupos oligárquicos y los capitales transnacionales se ha visto notablemente fortalecida,
especialmente cuando su gobierno articula los intereses del grupo de oficiales
de inteligencia denominado “Los Titos”, muy cercanos al mandatario, así como
por sus vinculaciones políticas –accidentadas– con la Asociación de Veteranos
Militares de Guatemala (AVEMILGUA), la Asociación FAMILIAS, y la Fundación
contra el Terrorismo (FCT). Situación que innegablemente está creando condiciones políticas y económicas para que estos actores avancen en la institucionalización de un discurso y estrategia política que recuerda la implementada
durante la época de la guerra interna.
La institucionalización de la alianza entre los principales actores de la industria extractiva, en este caso la minería, empieza a perfilarse como parte de la
estrategia de desarrollo implementada desde la contrarrevolución diseñada por
Estados Unidos, a conveniencia de los intereses comerciales de sus empresas
expansivas4.
A lo largo del siglo XX, los gobiernos que se han sucedido en el poder han
promovido reformas a la normativa jurídica en materia minera, que privilegian
los intereses de las grandes empresas nacionales y extranjeras en detrimento
de los intereses del Estado y de la ciudadanía guatemalteca, tal como se observa en la tabla a continuación.
1
Aquí hay que señalar, por ejemplo, que antes de ser el Ministro de Comunicaciones en el actual gobierno de Otto Pérez Molina y el
PP, Alejandro Sinibaldi fue diputado al Congreso de la República en dos períodos legislativos, siendo Presidente de la Comisión de
Energía y Minas en ese Poder del Estado. También está el caso de Rosa María de Frade, ex diputada en el período 2008-2012 por
la Bancada Guatemala, que se formó como un desprendimiento del partido GANA, y que también dirigió la Comisión de Energía y
Minas del Congreso de la República y fue una de las ponentes principales de reformas a la actual Ley de Minería. Como se recordará,
De Frade fue la titular de la Secretaría de Comunicaciones de la Presidencia de la República en el gobierno de Óscar Berger y la
GANA, cuando era todavía una coalición. Hoy, De Frade es Directora de Operaciones Internacionales de CABCORP.
2 Biguria también ha sido Presidente del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras
(CACIF).
3 Para profundizar en la comprensión de este entramado de alianzas y reacomodos del poder militar y oligárquico en Guatemala,
véase: Solano, Luis. “Gobierno del PP: Élites militares y económicas se reparten el control del Estado”. El Observador. Análisis
alternativo sobre Política y Economía. Año 7, Nos. 34 y 35. Enero-junio de 2012., páginas 5-54.
4 Solano, Luís. “Guatemala petróleo y minería en las entrañas del poder. Guatemala: Inforpress Centroamericana”, 2005, página 33.
45
Tabla 1
Guatemala: comparación de la legislación en materia de minería en
diversos períodos del siglo XX
Año
Decreto No. / Nombre o
descripción de la Ley
Porcentaje de regalías para
el Estado
1934
2000-34, derogado Código de Minería
Se establece el 9%
1701-35, derogado Reformas al
Decreto 2000-34
Se modifica por el 10%
342-65, derogado Código de Minería
Se regula el 7%
0041-93, derogada Ley de Minería
Se fija el 6%
0048-97, vigente Ley de Minería
Se modifica la ley anterior y se
fija el 1% de las regalías para el
Estado
1935
1965
1993
1997
Fuente: Procuraduría de los Derechos Humanos. “La minería y los derechos humanos en Guatemala. Anexo”, páginas 60-64.
Guatemala, 2005.
A partir de las reformas realizadas al Código Minero en 1965, empieza a
operar la primera compañía canadiense en Guatemala: Hanna Minning, de
extracción minera, la que en alianza con la transnacional International Nickel
(INCO) fundan la empresa Exploraciones y Explotaciones Mineras de Izabal
(EXMIBAL), iniciando la exploración de níquel en ese departamento5.
Cabe resaltar que el interés de las empresas extractivas transnacionales
por trasladar sus proyectos a los países del [Abýa Yala]6 –principalmente desde México hasta Argentina y El Caribe–, responden principalmente al hecho
que Europa, desde finales del siglo XX, priorizó importar minerales en vez de
producirlos por el elevado costo de la fuerza de trabajo, de la tierra y el agua;
pero, sobre todo, por las reformas en las normativas ambientales europeas7
que frenaron sus operaciones extractivistas.
Al analizar los cambios en las normativas ambientales europeas se observa
que la tendencia se enfoca en el respeto a los derechos a la salud humana así
como a evitar daños ecológicos irreversibles. De ahí que priorizan frenar los
nefastos accidentes relacionados al vertido de cianuro en los mantos acuíferos
de la Europa Central. Por tal razón, en el año 2010 el Parlamento Europeo prohibió la minería a cielo abierto con cianuro en todos los países que integran la
Comunidad Económica Europea (UE)8.
Al igual que en Europa, en Canadá se ha prohibido la minería a cielo abierto pero grandes corporaciones mineras canadienses se dedican a la industria
extractiva desde México hasta Argentina. Este es un claro ejemplo de cómo el
sistema-mundo capitalista mantiene vigentes sus políticas coloniales basadas
en la perversa jerarquización racial y de género de sus sistemas de producción,
así como la jerarquización racial de los territorios a nivel mundial.
5
6
7
Íbidem, página 34.
Se acuña el concepto político de Abýa Yala en vez de América.
Janssens, Dan, y Andino, Walter. “Minería y Globalización: Un reto para una nueva economía ecológica”. El Observador. Análisis
alternativo sobre Política y Economía, Año 4, Nos. 20-21, página 4. Guatemala, 2009.
8 [En línea] Disponible en: http://www.losandes.com.ar/notas/2010/5/17/un-490394.asp
46
Con lo anterior se puede observar cómo al mismo tiempo que en Europa se
prohíbe la minería a cielo abierto por los graves daños ecológicos y humanos,
en Guatemala los gobiernos de turno aceleran y privilegian las concesiones de
licencias de extracción minera en comunidades mayas, xinkas, y ladino/mestizas, obviando la voz de los Pueblos afectados y los instrumentos internacionales
que el Estado guatemalteco ha firmado, y que enfatizan en el reconocimiento
de la consulta previa e informada a las comunidades y los Pueblos. Se privilegian los intereses de los capitales nacionales e internacionales contra la vida, la
salud de cientos de comunidades y la sostenibilidad de las riquezas naturales.
La pobreza aumenta.
Mega minería o minería a gran escala
Para la científica social Lucrecia Soledad Wagner, la mega minería se caracteriza por sus proyectos a gran escala que contaminan, alteran el paisaje, el
curso de los vientos, afectan la salud de las personas y del ambiente. Por otro
lado, requieren de grandes cantidades de electricidad y de agua. En el caso del
agua, al ser vital para la vida en general, no sólo se agota sino también es una
de las principales fuentes de contaminación cuando se producen filtraciones de
los diques, pues de esa forma los químicos utilizados llegan a los ríos cercanos
y mantos acuíferos9.
I. Extractivismo continental
Por Pedro Nicolás Luna10
En el capitalismo hay dos formas centrales de acumulación: por un lado,
la explotación de la fuerza del trabajo humano y, por otro lado, la explotación
de los llamados recursos naturales. El modelo de extracción de los recursos
naturales en Latinoamérica se da en el marco global de una reconfiguración de
la división internacional del trabajo, que ahora además sitúa en las periferias
del sistema mundo capitalista, las actividades extractivas con mayores riesgos
ambientales. Básicamente, el extractivismo tiene por objeto la generación y
apropiación de renta de los recursos naturales con el menor costo posible.
El actual modelo extractivista posee todos los atributos del modelo colonial,
ya que despoja el patrimonio natural de los territorios afectados sin compensación ni restauración, corroe los sistemas sociales soberanos haciéndolos dependientes, a la vez que refuerza los pilares surgidos de la acumulación originaria
del capital. En todos los países de la región donde las actividades como la nueva
minería, los hidrocarburos y los agronegocios se están imponiendo como el
sentido único y natural del desarrollo, se han generado flujos poco conexos de
resistencia y oposición.
9
Citada por Alularralde Josefina, Iñigo Ayelén, Díaz, Miguel y Volpe María. El problema de la Mega minería en Argentina. Facultad de Periodismo y Comunicación Social. Universidad de la Plata. [En línea] Disponible en: http://megamineria2011.wordpress.
com/2011/06/01/el-problema-de-la-megamineria-en-argentina-2/
10 Luna es Politólogo por la Universidad de Granada, y doctorando en Ciencia Política por la Universidad de Barcelona. Ex Director
Provincial en Dirección de Conservación y Áreas Protegidas. Responsable del Sitio Ramsar Lagunas de Guanacache. Secretaría de
Ambiente. Gobierno de San Juan. 47
El arraigado pensamiento positivista y desarrollista de la cultura política latinoamericana, sean estas progresistas o de derecha, han servido
como ideología de encaje para la instalación de los procesos económicos
del nuevo ciclo de explotación de los recursos naturales. Para pensar la
dimensión continental del saqueo del patrimonio mineral, cabe señalar
algunos ejemplos.
Argentina y Chile firmaron un acuerdo en 1996 para la promoción de
la actividad minera en la alta cordillera de Los Andes. Este acuerdo sede
soberanía territorial de ambos países en beneficio de las grandes corporaciones mineras. En esta zona se emplazó Pascua Lama, primer proyecto
de explotación a cielo abierto binacional del mundo. Este proyecto se sitúa
en alta montaña a más de 4,500 metros sobre el nivel del mar, en la zona
de frontera, en la provincia de San Juan, Estado minero por excelencia en
Argentina, y en el Valle de Pasco región vitivinícola y agrícola, en Chile.
A principio de 2013, la Justicia de Copiapó, en Chile, hizo lugar a las denuncias de las comunidades del Pueblo Diaguita sobre contaminación del
agua y violación de la integridad de glaciares. Actualmente Pascua Lama
se encuentra paralizada.
A los largo de 2012, en el departamento peruano de Cajamarca, el
proyecto Conga de la minera Yanacocha, pretendía desecar tres grandes
lagunas de montaña, consideras sagradas por los Quechuas y de gran
valor productivo para la agricultura tradicional andina. La resistencia organizada entre las comunidades indígenas y los pequeños productores costo
varias vidas y precipitó el descredito del gobierno nacionalista de Ollanta
Humala. Actualmente el proyecto está suspendido.
También la minería ha provocado la ruptura de la alianza entre las
autoridades de los pueblos y nacionalidades indígenas del Ecuador y el
gobierno progresista de Rafael Correa. Distintas federaciones indígenas se
oponen a siete grandes proyectos mineros de multinacionales respaldadas
por el gobierno. Denuncian el vaciamiento de sentido del mandato constitucional que recoge los derechos de la Pachamama.
Estos ejemplos dan cuenta del descredito del discurso de las multinacionales y de los gobiernos latinoamericanos que las justifican, de que la
actividad minera es sinónimo de prosperidad y desarrollo para todos. Según el Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (OCMAL), la
poca credibilidad de las empresas extractivistas ha generado un escenario
de conflictividad que recorre todo el continente, donde Perú, Chile y Argentina, son los países con más de 30 conflictos antimineros, seguidos por
México, Brasil y Colombia, que rondan la veintena de focos de resistencia.
A lo que hay que sumar además, 46 conflictos mineros de importancia
repartidos entre Paraguay, Uruguay, Bolivia, Ecuador, Honduras, Guatemala, Nicaragua, El Salvador, Panamá, Costa Rica, Trinidad & Tobago, y
República Dominicana.
El ciclo extractivista de la minería en Latinoamérica deja un saldo
de 175 proyectos objetados, con algo más de 270 comunidades locales
afectadas y más de 200 organizaciones involucradas en la resistencia.
La lucha continental contra el saqueo de los recursos minerales permite
pensar también la importante interacción entre la defensa de los bienes
naturales comunes y los valores políticos, sociales y culturales vigentes
en nuestros pueblos.
48
Repaso a las licencias de explotación
y exploración minera vigentes
En este momento vemos dos pensamientos en contradicción: el que respeta y valora a la tierra como
nuestra madre, y el que ve a la tierra como mercancía.
Domingo Hernández Ixcoy. Dirigente histórico maya kíche´
de la lucha indígena y campesina. Integrante de la Asociación
Ukú´x Bé, y de la Coordinación y Convergencia Nacional Maya
Waqib´ Kej.
En este apartado presentamos el contexto en que se desarrolla cada una de
las licencias de explotación y exploración vigentes en Guatemala, centrándonos
en los principales proyectos mineros bajo el criterio que son los que han generado y agudizado la conflictividad.
A pesar que en Guatemala hay un rechazo generalizado de los Pueblos
Maya, Xinka y comunidades ladino/mestizas a la industria extractiva, se constata que de los proyectos mineros que cuentan con licencias de explotación,
seis corresponden a la minería metalífera y uno corresponde a la minería de
cemento.
Estos proyectos se ubican en los territorios Qéqchi´, Mam, Sipakapense,
Kaqchikel, Xinka, Uspanteko, Achi´ y Ladino. En la siguiente tabla se describe
cada una de las licencias de explotación minera que han sido autorizadas desde
el gobierno de Alfonso Portillo hasta la administración de Otto Pérez Molina.
Tabla 2
Guatemala: Proyectos de explotación minera autorizados
entre 2003-2013
Titular
Montana
Exploradora
de Guatemala,
S.A.
Entre Mares
de Guatemala,
S.A.
Nombre del
derecho
minero
Fecha de
concesión
No., de
registro
Minerales
a explotar
Territorios
y Pueblos
Sipakapa y
Mam
San Miguel
Ixtahuacán y
Sipacapa, San Marcos
Alfonso
Portillo
Cabrera.
Ladino
Asunción Mita,
Jutiapa.
Oscar
Berger
Perdomo
Mina Marlin
92/11/2003
Cerro Blanco
22/9/2007
LEXT031-05
Oro y plata.
LEXT049-05
Níquel,
cromo,
cobalto,
magnesio y
hierro
Qéqchi´
LEXR788
Oro y plata.
Kaqchikel y
Ladino
Extracción
Minera Fénix
Exploraciones
Mineras de
Guatemala,
S.A.
(EXMINGUA)
El Tambor,
Progreso
Derivada VII
18/4/2006
23/11/2011
Gobierno
de turno
Oro, plata,
zinc, hierro,
plomo,
cobre y
mercurio.
LEXT541
Compañía
Guatemalteca
de Níquel S.A.,
(CGN)
Municipios y
departamento
Cahabón, Senahú
y Panzós,
departamento de Alta
Verapaz. El Estor,
Izabal.
San José del Golfo y
San Pedro Ayampuc,
Guatemala.
Oscar
Berger
Perdomo
Álvaro
Colom
Caballeros
49
Titular
Minerales
Industriales de
Centroamérica,
S.A.
Nombre del
derecho
minero
Fecha de
concesión
San José
Mincesa
Entre Mares,
S.A.
Escobal
Compañía
Guatemalteca
de Níquel, S.A.
(CGN)
Niquegua
Montufar II
No., de
registro
LEXT08-06
Minerales
a explotar
Calizas
y otros
minerales
para la
producción
de
cemento.
3/4/2013
LEXT015-11
Oro, plata,
níquel,
cobalto,
cromo,
cobre,
plomo, zinc,
antimonio
y tierras
raras.
3/4/2013
SEXT019-11
Níquel,
cobalto,
magnesio,
hierro y
cromo.
Territorios
y Pueblos
Kaqchikel
Ladino y
Xinka.
Maya
Qéqchi´
Municipios y
departamento
San Juan
Sacatepéquez,
Guatemala.
San Rafael Las
Flores, Santa Rosa de
Lima, Nueva Santa
Rosa y Casillas,
departamento
de Santa. San
Carlos Alzatate y
Mataquescuintla,
departamento de
Jalapa.
Municipio Los Amates,
Izabal.
Gobierno
de turno
Álvaro
Colom
Caballeros.
Otto Pérez
Molina.
Otto Pérez
Molina.
Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de los Registros de derechos mineros del MEM.11
Como se puede observar en la tabla anterior, de los 7 proyectos de explotación minera vigentes, uno fue autorizado durante el gobierno de Alfonso Portillo; dos en la administración de
Óscar Berger; dos durante el gobierno de Álvaro Colom; y dos fueron autorizados recientemente por el gobierno de Otto Pérez Molina. Lo que queda claro es que ésta administración está
haciendo hasta lo imposible para aprobar más licencias de explotación, así tenga que recurrir
a la represión e incurrir en ilegalidades, tal como ha venido sucediendo.
En lo que respecta a licencias de exploración minera, la administración de Pérez Molina,
entre mayo y octubre de 2012, a través del MEM, autorizó 8 licencias de exploración de metales
preciosos en los departamentos de Alta Verapaz, El Progreso, Zacapa, Jalapa, Jutiapa, Quiché,
Baja Verapaz y Santa Rosa12. En la siguiente tabla se puede observar, con mayor detalle la
información acerca de las licencias de exploración adjudicadas.
Tabla 3
Guatemala: proyectos de exploración minera autorizados en el año de 2012
Titular
Entre Mares,
S.A.
Entre Mares,
S.A.
María Isabel
Farner de Obrist
Nombre
del
derecho
minero
Los
Chocoyos
Asunción
Cerro
Tzumuy
Fecha de
concesión
No., de
registro
Metal precioso
a explorar
9/5/2012
LEXR025-06
Oro, plata, cobre,
níquel, plomo,
zinc, cromo,
antimonio y
tierras raras.
9/5/2012
SEXR047-07
Oro, plata,
níquel, cobalto,
cromo, plomo,
cobre, zinc,
antimonio y
tierras raras.
12/5/2012
LEXR026-06
Cobre, calcopirita
y pirita
Territorios
y Pueblos
Sipakapa
Qéqchi´
Municipios y
departamento
Profundidad
del subsuelo
otorgada
San Marcos
500 metros
lineales
Municipio
Asunción Mita,
Jutiapa.
10 kilómetros
Alta Verapaz
500 metros
lineales
11 Ministerio de Energía y Minas (MEM). Derechos mineros otorgados por departamento. [En línea] Disponible en: http://www.mem.gob.gt/viceministerio-demineria-e-hidrocarburos-2/direccion-general-de-mineria/catastro-minero/
12 Álvarez, Lorena. “MEM autoriza más licencias a Goldcorp”. Diario El Periódico edición digital del 21 de septiembre de 2012.
50
Titular
Frederick Ernest
Bird
Minera San
Rafael, S.A.
Nombre
del
derecho
minero
El Cangrejo
de Oro
Juan Bosco
Fecha de
concesión
10/5/2012
12/5/2012
No., de
registro
Metal precioso
a explorar
Territorios
y Pueblos
Municipios y
departamento
Ladino
San Agustín
Acasaguastlán
y Usumatlán.
Departamento
de El Progreso
Zacapa
50 kilómetros
lineales
100 metros
lineales
LEXR028-06
Oro, plata, zinc,
hierro, platino,
cobre, cadmio,
plomo.
LEXR089-08
Oro, plata,
níquel, cobalto,
cromo, cobre,
plomo, zinc,
antimonio y
tierras raras
Xinka,
Ladino
Mataquescuintla,
Jalapa.
Nueva Santa
Rosa, Casillas y
San Rafael Las
Flores, Santa
Rosa.
Qéqchi´
Senahú,
Alta Verapaz
150 metros
lineales
10 kilómetros
Mayaniquel, S.A.
Serchol III
19/5/2012
LEXR004-09
Níquel, cobalto,
platino, cadmio,
cromo, oro,
plata, cobre,
zinc, molibdeno,
plomo, magnesio
y minerales del
grupo platino
Moisés Caal Caal
Sebax
22/5/2012
LEXR052-08
Oro, plata, cobre,
plomo y zinc
Qéqchi´
Senahú y
Panzos, depto.
Alta Verapaz
LEXR069-08
Níquel, cobalto,
oro, plata, cobre,
zinc, plomo,
molibdeno,
cadmio,
minerales del
grupo platino y
tierras raras
Uspanteko,
Achi
Uspantan,
Quiché y
Cubulco, Baja
Verapaz
Nichromet
Guatemala, S.A.
Chimiagua
4/10/2012
Profundidad
del subsuelo
otorgada
Fuente. Elaboración propia con datos de CALAS y Registros de derechos mineros del MEM.
En respuesta a estas nuevas licencias, el 18 de agosto de 2012, el Centro
de Acción Legal-Ambiental y Social (CALAS) interpuso una acción de inconstitucionalidad contra el Director General del MEM, Luis Ayala, por la violación al
principio de legalidad en materia administrativa, Artículo 154; al de potestad
legislativa, Artículo 157; al de dominio público del agua, Artículo 127; y al de
la prevalencia del derecho de las comunidades para el aprovechamiento de las
aguas, lagos y ríos, Artículo 128.
Como veremos más adelante en detalle, de esas acciones de inconstitucionalidad CALAS logró que en julio pasado, la Sala Primera del Ramo Civil y
Mercantil ordenó la suspensión del proyecto minero “El Escobal”.
Por otra parte, el MEM suspendió la licencia minera del proyecto minero “El
Sastre”.
Mina Marlin
La mina Marlín, también conocida como Proyecto Marlin I, se encuentra
entre los municipios de San Miguel Ixtahuacán y Sipacapa del departamento
de San Marcos. Es operada por Montana Exploradora S.A., subsidiaria de la
canadiense Goldcorp Inc. Más del 80% de la mina se encuentra en el territorio
de San Miguel Ixtahuacán y menos del 20% en el territorio de Sipakapa13. En
términos demográficos afecta directamente a 18 comunidades de los pueblos
Maya-Mam y Maya-Sipakapense, y en términos ecológicos afecta a los ríos Tzalá
13 Sánchez Monge, Geiselle Vanessa. “Estudio sobre las dimensiones económicas de la actividad minera en Guatemala. El caso de la
mina Marlín, en San Marcos”. Guatemala: IPNUSAC, 2012. Pág. 27.
51
y Quivichil, los cuales forman parte de la cuenca del río
Cuilco que recorre los municipios de San Gaspar Ixil, Colotenango, Ixtahuacán y Cuilco del departamento de Huehuetenango. El río Cuilco continúa su recorrido hacia pueblos
fronterizos de México, por lo que los efectos de su contaminación, pueden verse a nivel nacional y transnacional14.
Foto: internet.
Instalaciones de la
Mina Marlin
Es actualmente el proyecto minero más grande en Guatemala. Fue autorizado por el gobierno de Alfonso Portillo
(2000-2004) y el Frente Republicano Guatemalteco (FRG),
el 29 de noviembre de 2003, y a pesar que en sus operaciones extrae oro, plata, zinc, plomo, hierro, cobre y mercurio,
autorizadas por el MEM, a la fecha solo declara la producción de oro y plata para
derivar las regalías e impuestos15.
Las actividades de explotación de este proyecto se iniciaron en mayo de
2004. En ese entonces, el gobierno de Berger Perdomo y la empresa Montana
Exploradora S.A., argumentaron que la minería era una oportunidad que Guatemala debía aprovechar para avanzar en el desarrollo, a la vez que garantizaría el bienestar de las comunidades ubicadas en el área de la actividad minera.
La fase de producción de esta mina inicio a finales de 2005.
Desde entonces, las comunidades han denunciado que no se han medido
los impactos ambientales de este proyecto de explotación minera a cielo abierto
y los efectos de la utilización del cianuro como principal fuente de contaminación de los mantos acuíferos16. Asimismo, han manifestado que el gobierno no
consultó a las comunidades mam y sipakapense que viven cerca de la zona
donde realiza sus operaciones la mina. Consecuentemente se ha violado el
Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre Pueblos
Indígenas y Tribales17.
De esa cuenta y amparadas en la Constitución Política de la República así
como en el Convenio 169, las comunidades organizaron y realizaron la Consulta Comunitaria de Buena Fe el 18 de junio de 2005, en la que el 98% de
la población expresó su rechazo a la minería. Sin embargo, los resultados de
dicha consulta fueron ignorados y rechazados por el gobierno y por Montana
Exploradora, así como invalidados por la Corte de Constitucionalidad (CC) el 8
de mayo de 200718.
En el año de 2010, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)
confirmó que el gobierno de Álvaro Colom (2008-2012) y la Unidad Nacional
de la Esperanza (UNE) y Montana Exploradora, S.A., violaron los derechos humanos de las 18 comunidades Mam y Sipakapense. Otros informes que registran las violaciones cometidas por Montana Exploradora dan cuenta que no se
informó a las comunidades sobre el inicio de las operaciones, menos sobre los
14 COPAE, citado por Sánchez Monge, Geiselle Vanessa. “Estudio sobre las dimensiones económicas de la actividad minera en Guatemala. El caso de la mina Marlín, en San Marcos”. Guatemala: IPNUSAC, 2012. Págs. 51 y 52.
15 Vicent Castagnino. “Minería de metales y derechos humanos en Guatemala. La mina Marlin en San Marcos”. Brigadas de Paz
Internacionales. Pág. 7 y 34. Guatemala, 2006.
16 La Comisión Pastoral y Ecología de la Diócesis de San Marcos (COPAE) ha realizado varios estudios sobre la calidad del agua en
los lugares cercanos a la mina Marlin. Así ha denunciado la presencia de altos niveles de metales contaminantes en las aguas de los
ríos Tzalá y Quichivil. Véase Luz Polanco, Mara. “La minería en Guatemala (El caso de Gold Corp: de la mina Marlin al Escobal”.
Guatemala: Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales (IIIES), Universidad de San Carlos, 2012. Págs. 16-19.
17 Procuraduría de los Derechos Humanos.” La minería y los derechos humanos en Guatemala”. Anexo” Página 13. Guatemala, 2005.
18 Corte de Constitucionalidad. Inconstitucionalidad General Total. Expediente 1179-2005. Con fecha 8 de mayo de 2007, la CC
declaró la inconstitucionalidad del artículo 27 del Reglamento de la Consulta Comunitaria de Buena Fe, contenido en el acta cero
nueve – dos mil cinco (09-2005), del 28 de febrero de 2005, autorizada por el Concejo Municipal de Sipacapa, departamento de San
Marcos.
52
riesgos ecológicos y sociales para sus vidas. De esta forma, el Estado de Guatemala ha violado los Artículos 64, 66, 67 y 97 de la Constitución Política.
Por tal razón, desde el 20 de mayo de 2010 la CIDH emitió medidas cautelares a favor de las 18 comunidades y dictó la suspensión inmediata de las
operaciones del proyecto. No obstante, las medidas cautelares fueron incumplidas por el gobierno de Colom y también por el actual de Pérez Molina y el
PP. En respuesta a este desacato del gobierno y de Montana Exploradora, S.A.
para cumplir con las medidas cautelares, las 18 comunidades han desarrollado
diversas acciones para exigir el cumplimiento de las mismas. Estos esfuerzos se
desarrollan desde un enfoque jurídico con el acompañamiento de la Asociación
Pluricultural Jurídica de Guatemala (PLURIJUR).
Además, investigaciones que se han realizado por parte del Instituto Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos de Guatemala (IPNUSAC),
así como por la Comisión Pastoral Paz y Ecología (COPAE) de la Diócesis de San
Marcos, señalan que siendo el proyecto Marlin el más grande en Guatemala,
no aporta de manera significativa a la economía local y mucho menos a la economía nacional. Enfatizan que los daños ecológicos son irreversibles pues dan
cuenta que las operaciones de esta mina contaminan el agua, el aire, deterioran
la capacidad productiva de la tierra, causan serios problemas a la salud de las
personas19, y han alterado radicalmente el paisaje en estos territorios.
II. La mina Marlin reporta jugosas ganancias
Un informe presentado en Canadá por la transnacional Goldcorp Inc. a sus
accionistas, indicó que durante el primer semestre del presente año, la extracción de oro en la mina Marlin en San Marcos reportó ingresos por US$ 229 millones —unos Q. 1,813.5 millones—.
De esos ingresos, Montana Exploradora, la subsidiaria de Golcorp Inc. que
maneja la mina Marlin, entregó hasta el mes de junio en concepto de regalías al
Estado según el informe, el 1% de acuerdo con la ley –unos Q. 18.13 millones.
Además, según Goldcorp Inc., en concepto de regalías voluntarias trasladó al
Estado un 3.5% de ese total –unos Q. 59 millones-.
En total fueron en el primer semestre del presente año, según el informe en
mención, Q. 77.3 millones.
No obstante, Montana dice que el monto que aporta al Estado es mayor –
alrededor de Q. 195 millones- porque hay que sumarle impuestos de carácter
general y algunos específicos tales como el de la Renta (ISR); el de combustibles; y el Único sobre Inmuebles (IUSI); así como al cianuro y el de timbres.
Las regalías, según información del MEM, se distribuyeron en su mayoría
entre el Gobierno Central y la Municipalidad de San Miguel Ixtahuacán, respectivamente Q. 36.3 millones y Q. 35.7 millones. Unos Q. 5 millones restantes, por
ley y por convenios con la empresa, se distribuyeron entre la Municipalidad de
Sipacapa, San Marcos, y ministerios como el de Ambiente y Recursos Naturales
(MARN) y el MEM.
Según Mario Marroquín, Director Ejecutivo de Goldcorp en Guatemala…
19 Sánchez Monge, Geiselle Vanessa. “Estudio sobre las dimensiones económicas de la actividad minera en Guatemala. El caso de la
mina Marlín, en San Marcos”. Guatemala: IPNUSAC, 2012. Págs. 34-59.
53
…la empresa deja al país el 40 por ciento de sus ingresos, que es una
tasa competitiva en comparación con otras naciones (…) en comparación con otras industrias en el país, la minería es de las más responsables, y la única industria que está haciendo una retribución es la minería
metálica.
Las declaraciones del funcionario coinciden con los criterios del informe presentado
por Goldcorp Inc. a sus accionistas, en el sentido que ahí se expone que Guatemala tiene
el más alto potencial en las inversiones de la compañía, después de Canadá y México, y
fundamentalmente es el proyecto el que representa el de mayores beneficios para sus
accionistas.
El costo de la extracción de oro en San Marcos se fija, en promedio, en US$ 182 —Q1
mil 443.32— y continúa siendo el más bajo de las 11 empresas de las que Goldcorp Inc.
es propietaria o tiene participación en el continente.
El informe detalla a los accionistas de Goldcorp que la mina en San Marcos sigue reportando costos de recuperación de hasta el 96% en oro y 92% en plata. En este último
metal, dice el informe, Montana elevó su producción respecto del primer trimestre del
año y está entre los más altos de la historia del proyecto Marlin.
A criterio del Director de CALAS, Yuri Mellini…
Montana miente al decir que es una tasa efectiva de 40 por ciento. Al
desglosarla, no es cierto, porque carga como costo los impuestos que
todos deben pagar. Una utilidad tan excesiva es antiética y espuria, y
tiene que ganar lo razonable. Eso es un saqueo.
Fuente: Diario Prensa Libre. "Mina Marlin deja altos réditos a dueños". 27 de septiembre de 2013. En: http://www.prensalibre.com/noticias/Marlinsigue-utilidades_0_1000699953.html
En respuesta a los resultados de estas investigaciones críticas
que revelan el impacto negativo de las operaciones de la Mina Marlin, Pérez Molina, el Alcalde de San Miguel Ixtahuacán, y Montana
Exploradora S.A., apoyados en el discurso de la responsabilidad
social empresarial (RSE), se han aliado para publicitar por radio y
televisión los supuestos beneficios de ese proyecto minero al desarrollo económico y social de las comunidades.
Publicidad
publicada en la
revista ContraPoder
No. 13, página 19.
Lo que ha prevalecido en los medios de comunicación masiva
son spots radiales y televisivos por medio de los cuales se muestran
supuestos proyectos sociales que la Mina Marlin está desarrollando,
tales como: construcción de escuelas, cocinas escolares, salones
comunales, etc. No obstante, las comunidades, al ser entrevistadas
manifiestan su descontento porque estos proyectos han servido de
fachada para ocultar los efectos negativos y la conflictividad social
que se agudizan cada vez más en los respectivos municipios.
El gobierno por su parte, ha impulsado la creación de una “mesa de diálogo” supuestamente integrada por líderes legítimos de las comunidades afectadas por las operaciones de la mina, así como por autoridades de gobierno
y representantes de la mina. No obstante, representantes de la Asociación
para el Desarrollo Integral San Miguelense (ADISMI) han manifestado, por un
lado, que su asociación no ha sido convocada a las reuniones; por otro lado,
cuestiona la legitimidad de los líderes que el gobierno dice son representantes
de las comunidades20.
20 Sánchez Monge, Geiselle Vanessa. “Estudio sobre las dimensiones económicas de la actividad minera en Guatemala. El caso de
la mina Marlín, en San Marcos”. Guatemala: IPNUSAC, 2012. Página 32.
54
El cuestionamiento que hacen los representantes de ADISMI coincide con
el de otros representantes de comunidades que se han visto afectadas negativamente por las operaciones de la mina. Especialmente porque ven esta mesa
como un mecanismo para evadir el cumplimiento de las medidas cautelares
dictadas por la CIDH, las cuales recalcan en la urgencia de suspender definitivamente las operaciones de la mina, la realización de un cierre técnico adecuado
y asumir la reparación de los daños causados a las viviendas y tierra de los
integrantes de las comunidades afectadas.
El mayor cuestionamiento que plantean las lideresas y líderes en defensa
del territorio frente a las operaciones mineras en este caso, es que el accionar
de la “Comisión Presidencial del Sistema Permanente de Diálogo Nacional” se
limita a intervenciones cosméticas que en el fondo no evitan la exacerbación de
los conflictos sociales, debido a que difícilmente detiene e impide la aprobación
de las licencias mineras en los municipios donde las comunidades han manifestado un rotundo NO a la minería, principalmente porque rechazan la agresión y
depredación de sus territorios.
Ante lo expuesto anteriormente, es ilustrativa la opinión de la lideresa Yolanda Oquelí Velíz, cuando expresa:
No estamos dispuestos a negociar la vida porque no tiene precio. El diálogo debe realizarse antes que las empresas lleguen a instalar sus proyectos a nuestras comunidades. Creo
que a nadie le gustaría que le fueran a perforar un agujero en
el patio de su casa y que sepa que de ahí va a venir la contaminación que va a acabar con la vida de sus hijos21.
Mina de oro y plata Cerro Blanco
El proyecto Cerro Blanco se ubica en la cuenca hidrográfica Ostúa-Güija en
el municipio de Asunción Mita, Jutiapa. Este proyecto ha tenido como objetivo
la explotación de oro y plata y fue concesionado a la empresa minera Entre
Mares, S.A., filial de la canadiense Goldcorp Inc. A pesar que el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto presentaba irregularidades e ilegalidades,
fue aprobado por el gobierno de Berger en el año 2007.
Foto: Diario Prensa Libre. “Mina Cerro Blanco genera disputa entre Guatemala y El Salvador”. 9 de febrero de 2013. En: http://
www.prensalibre.com/noticias/politica/Mina-genera-disputa-Guatemala-Salvador_0_862114129.html
Ubicación de la mina Cerro Blanco.
21 Entrevista realizada el 26 de julio de 2013 a Yolanda Oquelí, lideresa de la “Resistencia La Puya” de los municipios San José del
Golfo y San Pedro Ayampuc.
55
Una de las deficiencias técnicas graves del EIA elaborado
por la empresa Entre Mares, es
que no identificó la existencia de
mantos acuíferos termales subterráneos en la zona autorizada
para sus operaciones, lo que la
obligó a postergar las actividades de extracción de oro y plata,
viéndose forzada a solicitar tres
prórrogas: una en 2011, otra en
2012 y una tercera en el presente año.
Al respecto, el Colectivo Madre Selva argumenta que
en el año 2006, la Dirección General del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN), rechazó el EIA del
proyecto y dictaminó que carecía de un enfoque integral
global. Según Madre Selva, en el EIA no se precisó los
impactos ambientales y muchos menos se definieron las
acciones a desarrollar así como tampoco los lugares ni los
procesos tecnológicos a aplicar, a la vez que los estudios
de base eran insuficientes22. Aquí, un aspecto muy importante de señalar es la necesidad de incluir mecanismos de
participación ciudadana en el proceso de análisis y aprobación de las licencias para la explotación de recursos no
renovables.
En respuesta al dictamen de la Dirección de Medio
Ambiente, el 14 agosto de 2007 la empresa Entre Mares,
S.A. presentó un nuevo EIA del proyecto, y a sabiendas
que era idéntico al anterior, la encargada de Gestión Ambiental, Eugenia Castro Modenisse23, en esa oportunidad
sí aprobó el proyecto. Estas decisiones institucionales evidencian la poca seriedad con que se analizan los EIA presentados por las empresas, además que
son un reflejo de cómo el desempeño de algunos funcionarios públicos tiende a
privilegiar los intereses de las grandes empresas transnacionales, en detrimento del bienestar integral de los Pueblos.
Una de las deficiencias técnicas graves del EIA elaborado por la empresa
Entre Mares, es que no identificó la existencia de mantos acuíferos termales
subterráneos en la zona autorizada para sus operaciones, lo que la obligó a
postergar las actividades de extracción de oro y plata, viéndose forzada a solicitar tres prórrogas: una en 2011, otra en 2012 y una tercera en el presente año.
Estas prorrogas respondieron al interés de Entre Mares de extraer las aguas
termales identificadas en la zona, y de acuerdo con el monitoreo realizado por
el Colectivo Madre Selva, ese proceso de extracción ha implicado lanzar las
aguas termales al río Ostúa que desemboca en el Lago Güija, del vecino país
salvadoreño24.
Desde el punto de vista del Colectivo Madre Selva, el aspecto más preocupante de estas acciones con relación a las aguas termales, es que no aplicó los
procedimientos técnicos indispensables para tratar el alto contenido de arsénico que contienen dichas aguas y que por lo tanto, son muy perjudiciales para
la salud humana. Tampoco aplicó un proceso para enfriar las aguas termales
antes de verterlas al río Ostúa, en especial porque las aguas termales tienen
una temperatura de 80 grados centígrados25.
La información obtenida por Madre Selva a través de su monitoreo coincide
con la opinión de organizaciones sociales y las comunidades que viven en la
región fronteriza entre Guatemala y el Salvador. Estos actores indicaron que a
raíz de estudios realizados se ha confirmado que el agua que consume la población que se abastece de las fuentes del río Lempa presenta rastros de desechos
contaminantes, lo que se explica por el hecho de que el río Ostúa desemboca en
el lago de Güija, el mismo que abastece el río Lempa. Por tal razón han exigido
al gobierno salvadoreño que proteste ante el gobierno de Guatemala para que
suspenda la mina Cerro Blanco26.
22 Colectivo Madre Selva. “Comunicado: La mina Cerro Blanco no se suspende por la baja del precio del oro”. Guatemala, agosto de
2013.
23 Íbidem
24 Entrevista con Julio González del Colectivo Madre Selva, 19 de julio de 2013.
25 Íbidem.
26 ARPAS. “Cerro Blanco: Empezó la contaminación”. Diario CoLatino edición digital del 19 de octubre de 2012.
56
Es claro que aunque Entre Mares no ha iniciado sus operaciones de extracción de minerales, la
irresponsabilidad con que ha tratado las aguas termales identificadas en su zona de operaciones ya
está provocando problemas de contaminación. Por
el lado de las comunidades y el gobierno salvadoreño, resalta la preocupación por la devastación ecológica y la contaminación del agua que en el futuro
generará las acciones de Entre Mares, en especial
porque es un factor que atenta contra la vida y la
salud de la población de El Salvador fronteriza27. El
Estado salvadoreño por su parte, ha iniciado acciones legales contra el Estado guatemalteco por los
daños ecológicos ya identificados, así como por los
Foto: internet
que se pueden provocar durante la implementación
Mina Cerro Blanco del proyecto de Entre Mares28.
Del lado guatemalteco, las comunidades también se han pronunciado contra
este proyecto minero. En el municipio de Asunción Mita, Jutiapa, el Colectivo
Madre Selva ha contado con el testimonio de comunidades situadas cerca de la
mina Cerro Blanco, quienes han denunciado que algunos pozos se han secado.
Además, argumentan que esta mina ha afectado la actividad ganadera siendo
un ejemplo el caso de la empresa de productos lácteos PROLAC, que se vio forzada a suspender su producción a causa de las acciones de la mina29.
Vale resaltar que el mayor porcentaje de la población ubicada a inmediaciones de la mina Cerro Blanco, que destinaba sus esfuerzos de subsistencia en la
agricultura, actualmente se ha visto forzada a disminuir esta actividad debido a
los impactos negativos que ya están afrontando por las acciones del proyecto.
Los informes del gobierno no dan cuenta de los graves daños que los proyectos
mineros de extracción metálica causan a la fertilidad de la tierra. En este sentido, es oportuno rescatar la visión de Yolanda Oquelí al respecto…
...la mayoría de pueblos donde llegan los proyectos (...) se
dedican a la agricultura; en muchos casos les han quitado
sus tierras (...), donde hay minería la tierra queda muerta, es
infértil, eso preocupa, ¿cuál va a ser el futuro para las futuras
generaciones en nuestro país?
La violación a los derechos laborales por parte de la empresa minera hacia
pobladores de las comunidades, es también un aspecto que ha abonado a la
complejización de la conflictividad social ocasionada por este proyecto minero.
Según información proporcionada por el Colectivo Madre Selva, la empresa Entre Mares, S.A. despidió a más de 100 trabajadores, incumpliendo así el ofrecimiento de brindarles empleo por un período de 15 años. De esa cuenta, entre la
población que actualmente se opone a estas operaciones hay varios pobladores
que hasta el año 2012 fueron trabajadores de la mina30.
A finales de julio de 2013, la empresa canadiense Goldcorp Inc. anunció la
suspensión temporal del proyecto Cerro Blanco aduciendo que se debía al descenso en los precios de metales preciosos como el oro y la plata en el mercado
internacional31. Ante este anuncio, las comunidades de Guatemala, El Salvador
27 Rojas, Alex. “Mina Cerro Blanco genera disputa entre Guatemala y El Salvador”. Diario Prensa Libre. Edición digital del día 09 de
febrero de 2013.
28 Íbidem.
29 Entrevista con Julio González del Colectivo Madre Selva, 19 de julio de 2013.
30 Íbidem.
31 Álvarez, Carlos Manoel. “Goldcorp suspende las operaciones en Jutiapa”. Diario Siglo21 edición digital del 13 de agosto de 2013.
57
y la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica, exigieron al gobierno de Otto
Pérez Molina la suspensión definitiva de este proyecto minero. 32
Por su parte, el Colectivo Madre Selva ha planteado que es indispensable
que el cierre definitivo de este proyecto minero contemple un proceso técnico cuyo procedimiento garantice que sus instalaciones no representen ningún
riesgo contra las aguas, la biodiversidad y la salud de las comunidades que
habitan en esa región transfronteriza. En esta línea, Madre Selva exige que
el gobierno cumpla con su obligación de garantizar que Entre Mares presente
un plan detallado del tiempo y los fondos financieros necesarios para darle un
tratamiento adecuado al cierre definitivo de las instalaciones de la mina, lo que
debe considerar los impactos geológicos y sociales que han causado y pueden
seguir causando las perforaciones que realizaron en la zona geotérmica, las
que indudablemente han modificado la dinámica de los acuíferos geotermales33.
Mina de oro y plata El Tambor, Progreso Derivada VII
Este proyecto lo impulsaron la empresa canadiense Radius Explorations
Ltd., y la sudafricana Gold Field Inc., que posteriormente le cedieron sus derechos a la empresa Kappes, Cassiday & Asociate (KCA), siendo Exploraciones
Mineras de Guatemala (EXMINGUA) la subsidiaria en Guatemala. Está situado
a tan solo 20 kilómetros de la ciudad capital de Guatemala en los municipios
de San José del Golfo y San Pedro Ayampuc. Fue autorizado por el gobierno
de Colom y la UNE el 22 de noviembre de 2011, y aparece identificado con el
número LEXT-054-08 en el registro de derechos mineros del MEM. El objetivo
de este proyecto es explotar oro y plata durante 25 años.
Aunque las empresas vinculadas a este proyecto minero han pretendido iniciar sus operaciones desde el 2011, las comunidades maya kaqchikel y ladino/
mestizas de los municipios de San José del Golfo y San Pedro Ayampuc lo han
impedido, principalmente porque avizoran que las actividades mineras son nocivas para sus territorios y sus vidas, de destrucción y muerte. Desde marzo de
2012, los comunitarios y comunitarias de “La Puya” mantienen una ocupación
pacífica de las arterias que conducen al proyecto así como de las instalaciones,
en rechazo rotundo a las operaciones mineras.
A la fecha, tanto el gobierno como EXMINGUA han mostrado su incapacidad
y a la vez su desinterés en respetar las demandas colectivas de las comunidades que se oponen al proyecto extractivista, y en respuesta han preferido
implementar acciones de hostigamiento y actuado de forma represiva contra
las comunidades maya kaqchikel y ladinas afectadas.
Entre las acciones represivas está el intento de desalojo violento por parte
de las fuerzas antidisturbios de la Policía Nacional Civil (PNC), el 7 de diciembre
de 2012. En respuesta a estas medidas gubernamentales, a partir de marzo
de 2012, mujeres y hombres decidieron instalar un plantón pacífico en el lugar
conocido como “La Puya” y que está ubicado en la entrada de “El Tambor” o
“Progreso Derivada VII”.
La resistencia a través del “Plantón La Puya” representa un ejemplo de que
a nivel nacional es posible frenar la actividad minera desde una postura pacífica. Es quizá actualmente una de las luchas más emblemáticas contra la minería
en Guatemala que ha sido capaz de desafiar y frenar abiertamente las concesiones hechas por gobiernos anteriores y avaladas por el gobierno de turno.
32 Mesa Nacional frente a la Minería Metálica. “Comunicado ante la suspensión temporal de la mina Cerro Blanco”. [En línea] Disponible en: http://esnomineria.blogspot.com/2013/07/comunicado-ante-suspension-temporal-de.html
33 Colectivo Madre Selva. “Comunicado: La mina Cerro Blanco no se suspende por la baja del precio del oro”. Guatemala, agosto de
2013.
58
No obstante la resistencia pacífica, informada y organizada que han demostrado las mujeres y hombres de San Pedro Ayampuc y San José del Golfo, en
el marco de la resistencia “La Puya”, sus liderazgos han sido atacados y reprimidos, comenzando con el ataque a Yolanda Oquelí en 2012, y al igual que ha
venido sucediendo insistentemente en otros territorios donde hay oposición a
los proyectos extractivos e hidroeléctricos.
Foto: Internet
Ubicación del proyecto minero El Tambor o Progreso Derivada VII
El argumento que sustenta la postura de las comunidades y de las organizaciones sociales que rechazan el proyecto minero “El Tambor”, es que el EIA
también presenta suficientes deficiencias y anomalías técnicas para justificar
su desaprobación34. En tal sentido, cabe cuestionar la legalidad de esta mina.
Las comunidades en resistencia, con el propósito de respaldar sus argumentos basados en un sólido enfoque técnico y con el apoyo del Colectivo Madre
Selva, solicitaron a los expertos en minería: Robert H. Robinson, Ingeniero en
minería y ambiente; y Steve Laudeman, Ingeniero en geotécnica, la revisión
del EIA35.
Estos expertos, en una conferencia de prensa realizada el 12 de febrero de
2013, presentaron un informe preliminar que muestra las inconsistencias de
estudio, señalando entre los factores de riesgo encontrados: la presencia de
arsénico y otros contaminantes en el territorio de San Pedro Ayampuc y San
José del Golfo, por lo que el EIA carece de información, planificación y garantía
financiera para la recuperación post-minería del espacio destinado para la extracción de minerales. Otros aspectos relevantes del informe es que el análisis
hidrológico que realizó EXMINGUA se dirige únicamente al abastecimiento de
agua para la mina; los dibujos y figuras de ingeniería son ilegibles en el plano
disponible al público; los planes de monitoreo son vagos; y la caracterización de
las fuentes subterráneas es incompleta36.
34 Entrevista realizada a Gustavo Illescas, investigador de la Asociación El Observador y Rodrigo Velis, investigador del Centro de
Medios Independientes. Guatemala 23 de julio de 2013.
35 Íbidem.
36 Rivera, Nelton. “Factores de riesgo de la Mina El Tambor Progreso Derivada VII”. [En línea] Disponible en: http://comunitariapress.blogspot.com/2013/02/factores-de-riesgo-de-la-mina-el-tambor.html
59
Foto: internet.
Resistencia en “La
Puya”
Desde la perspectiva de Yolanda Oquelí Veliz, lo perverso de estos proyectos mineros es que las empresas que los
implementan y los gobiernos de turno se han opuesto a involucrar la participación de las comunidades en la elaboración
de los EIA. A su parecer, ha prevalecido la tendencia a favorecer procesos viciados que no garantizan la certeza técnica
y jurídica de dichos estudios. De esa forma, considera que el
gobierno incumple con su mandato constitucional de garantizar procesos transparentes apegados a ley y de informar y
consultar a las comunidades.
…el gobierno y las empresas incurren en la violación de derechos humanos y territoriales cuando priorizan las ganancias
económicas de la industria extractiva por sobre el bienestar
integral de las comunidades directamente afectadas (…) uno
de los principales factores de la conflictividad social es que
los gobiernos y empresas se resisten a comprender y respetar
que para la mayoría de la población, la vida no tiene precio37.
El balance que Oquelí realiza respecto de las concesiones y la implementación de proyectos mineros es definitivamente crítico y consecuente con relación a la vida de las comunidades maya kaqchikel y ladinas de los municipios
de San José del Golfo y San Pedro Ayampuc.
…las regalías que los gobiernos celebran recibir de los proyectos mineros, son insignificantes en comparación al daño
radical que sus operaciones provocan en la dinámica comunitaria y ecológica del país.
Desde junio del presente año, la dirigencia de “la Resistencia Pacífica La
Puya” ha venido sosteniendo una mesa de negociación con el gobierno de Otto
Pérez Molina, en el marco del “Sistema Nacional de Diálogo Permanente”, en
donde ha presentado las siguientes propuestas concretas: uestas concretas:
a) Revisar el EIA del Proyecto Minero Derivada VII aprobado por el Ministerio
de Ambiente y Recursos Naturales (MARN).
b) Realizar el muestreo de aguas para determinar si existe presencia de arsénico, y cuál sería su nivel en el agua en el área de influencia del proyecto.
c) Realizar una inspección in situ en donde participen: MARN, MEM, Ministerio
de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS), y representantes de las comunidades y Testigos de Honor, en coordinación con otras instituciones que
se consideren pertinentes.
d) Evaluar la viabilidad de emprender los programas sociales en las comunidades a fin de que éstos sean desarrollados por el Estado.
e) Que los acuerdos sean comunicados a los vecinos de las comunidades por
parte de sus representantes, y que la fecha para la posible visita in situ
fuera informada a las autoridades correspondientes, a fin de que el MEM y
el MARN pudieran darle seguimiento y agilizar el proceso.
37 Entrevista realizada el 26 de julio de 2013 a Yolanda Oquelí, lideresa de la “Resistencia La Puya” de los municipios San José del
Golfo y San Pedro Ayampuc.
60
III. Condenados funcionarios del proyecto minero
“El Tambor”, Progreso Derivada VII
El Juzgado Segundo de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente
condenó el 17 de octubre último, en una audiencia de Fase Intermedia, a dos años de cárcel conmutable a Juan José Reyes Carrera, y al teniente retirado Pablo Silas Orozco Cifuentes, por los
delitos de coacción y amenazas contra periodistas independientes así como de organizaciones
campesinas como el Comité de Unidad Campesina (CUC) y de la Convergencia Nacional Maya
Waqib´ Kej.
Foto: CPR-Urbana
Los periodistas agredidos y amenazados son: Pablo Silas Orozco.
Juan Pablo Guzmán, Gustavo Adolfo Illescas y
Francisco Sánchez, del Centro de Medios Independientes (CMI); Ricard Busquets,
del CUC; y Nelton Rivera, de Waqib´ Kej.
Reyes Carrera y Orozco Cifuentes son funcionarios de la empresa Exploraciones
Mineras de Guatemala, S.A. (EXMINGUA), subsidiaria de la estadounidense Kappes
Kassiday & Associates KCA, que tiene concesionado el proyecto minero “El Tambor”,
Progreso Derivada VII, localizado en los municipios de San José del Golfo y San
Pedro Ayampuc, departamento de Guatemala, y en donde desde marzo de 2012 se
lleva a cabo la “Resistencia Pacífica La Puya” por parte de comunitarios y comunitarias que lo rechazan. En el caso de Orozco Cifuentes, ha fungido como Gerente de
Operaciones del proyecto minero en mención y es miembro de la empresa Servicios
Mineros de Centro América, propiedad de militares retirados provenientes del Cuerpo de Ingenieros del Ejército, y que está asociada a este proyecto suministrándole
maquinaria, explosivos y seguridad.
En las audiencias, los acusados han tenido como abogado defensor a Fernando
Linares Beltranena, además de que estuvo presente también, el coronel retirado
Mario Ricardo Figueroa Archila, Gerente de la EXMINGUA.
La pena conmutable es a razón de Q.5.00 por amenazas y Q.20.00 por coacción,
opción por la cual optaron los acusados para no ir a la cárcel.
El tribunal dio valor a todas las pruebas testimoniales, documentales de fotografía y video, a los peritajes psicológicos y al análisis del lenguaje que realizó el
Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) para identificar la carga de violencia y criminalidad en los hechos. Como las pruebas fueron tan contundentes, a los
acusados no les quedó más remedio que admitir los hechos.
Los hechos que constituyeron delito sucedieron el 22 de noviembre de 2012
en las cercanías del proyecto minero, cuando Silas Orozco amenazó públicamente
a varios comunicadores en momentos en que daban cobertura al conflicto por la
presencia de la minera en ese lugar conocido como “La Puya”, y en donde los comunitarios y comunitarias impedían pacíficamente el paso de maquinaria*.
*Illescas, Arita. “Los síntomas de autoritarismo del General: la violencia política disfrazada de Gobernabilidad”. El Observador. Análisis Alternativo sobre Política y Economía. Año 7, Nos. 36-37, julio-noviembre de 2012, página 69.
61
Mina de plata El Escobal
El 3 de abril de 2013, el gobierno de Otto Pérez Molina y el PP, por medio del MEM notificaron a la Minera San
Rafael, S.A., subsidiaria de la canadiense Tahoe
Foto: internet.
Proyecto minero
“El Escobal”
Resources, la autorización de la licencia de explotación
minera SEXT-015-11 “El Escobal”, por un plazo de 25
años38. Esta empresa lo operaba como licencia de exploración desde el año 2007 en el municipio de San Rafael Las Flores, departamento de Santa Rosa. El área del
proyecto abarca casi 20 kilómetros cuadrados para explotar oro, plata, níquel, cobalto, cromo, cobre, plomo,
zinc, antimonio y tierras raras.
La licencia concedida afecta a los territorios de los Pueblos Xinka y Ladino
en los municipios de San Rafael Las Flores, Santa Rosa de Lima, Nueva Santa
Rosa y Casillas, del departamento de Santa Rosa, así como a los municipios de
Mataquescuintla, San Carlos Alzatate y Jalapa, departamento de Jalapa.
Según información divulgada por la misma empresa, este proyecto minero
había generado hasta ese momento, 529 empleos y se proyectaban para el año
2015, 700 más; se habían invertido US$ 400 millones; y se esperaba aportar
US$ 21 millones en regalías voluntarias para 2014.
De acuerdo con declaraciones del Gerente de la Minera San Rafael, Juan
José Cabrera…
…En 2014 se espera alcanzar una producción de 16.5 millones de onzas de plata, plomo y zinc, que equivalen a Q. 3.5
millardos39.
Respecto de la conflictividad social que ha provocado este proyecto desde
que opera en el municipio, Cabrera dice…
…se trata de personas que no pertenecen a la comunidad y
que defienden otros intereses.
Un día después de esa aprobación, el Director de CALAS, Yury Melini, denunció que habían perpetrado dos atentados contra esta ONG ambientalista
que acompaña a las comunidades del municipio de San Rafael Las Flores que se
oponen a las operaciones de la minera. Según Melini, el mismo 3 de abril por la
noche habían disparado contra la sede de la institución y que había sido allanada la residencia de Rafael Maldonado, abogado de la institución40.
Desde el año 2009, las comunidades, con la asesoría del Colectivo Madre
Selva y el Centro de Acción Legal-Ambiental y Social (CALAS), iniciaron acciones de oposición a las operaciones de la Minera San Rafael, entre ellas, la realización de la Consulta Comunitaria de San Rafael Las Flores, la cual fue objetada
por el alcalde Leonel Flores. Por su parte, la empresa San Rafael, S.A. interpuso
un amparo, y formalizó y legalizó a aproximadamente nueve organizaciones
fantasmas de mujeres que acusaron a las comunidades organizadas contra la
mina, de discriminación41.
En el municipio de San Rafael Las Flores se concentra la mayor cantidad de
aguas subterráneas y la mina “El Escobal” está en el centro de este municipio.
38 Ministerio de Energía y Minas (MEM). Otorgamiento de licencias de explotación minera. [En línea] Disponible en: http://www.
mem.gob.gt/2013/04/otorgamiento-de-licencias-de-explotacion-minera/ [Fecha de consulta: 15/8/2013]
39 Íbidem.
40 Diario elPeriódico. “Denuncian ataques a CALAS”. Sección “cinco minutos”, 5 de abril de 2013, página 2.
41 Entrevista realizada el 16 de julio de 2013 a Rafael Maldonado del Centro de Acción Legal, Ambiental y Social (CALAS).
62
Este proyecto minero representa una amenaza de contaminación
ambiental, devastación ecológica y atenta contra la salud42.
El clima de descontento social aumentó la ingobernabilidad
en dichos municipios en el 2012, debido que el Alcalde municipal, Víctor Leonel Morales, electo por la coalición UNE-GANA,
defiende y apoya a la empresa minera y ha ignorado las demandas de las comunitarias y los comunitarios que se oponen a la
misma43.
Publicidad de la
Minera San Rafael
publicada en la
contraportada
de la revista
ContraPoder No.
13.
A partir de 2013, los Pueblos Ladino/Mestizo y Xinka de los
municipios afectados, intensificaron las movilizaciones y protestas pacíficas para impedir que la minera iniciara sus operaciones,
y con el acompañamiento de CALAS han presentado amparos
ante la Sala de lo Contencioso Administrativo, en los que el MEM
violó el dominio público del agua y supeditó los derechos de las
comunidades para el aprovechamiento de los lagos y ríos, al privilegiar a la citada empresa44.
El abuso de poder ejercido por la Minera San Rafael, el Alcalde municipal y
el Presidente Otto Pérez Molina contra los municipios afectados por el proyecto
minero “El Escobal”, dio como resultado la agudización de la indignación social
y la exacerbación de la conflictividad desde el año 2012. Las protestas pacíficas
se intensificaron y la ingobernabilidad también. En este contexto, se suscitaron hechos confusos como el robo de un camión con explosivos, el secuestro y
asesinato de líderes xinkas, y violencia ejercida por personal de seguridad de la
empresa cuando su Jefe, el peruano, Alberto Rotondo, ordenó disparar contra
seis comunitarios ciudadanos que protestaban contra la minera45.
Ante este escenario, Pérez Molina en lugar de atender las demandas ciudadanas impuso el 2 de mayo de pasado el Estado de Sitio en los municipios
de Jalapa y Mataquescuintla, departamento de Jalapa: y en los municipios de
San Rafael Las Flores y Casillas, departamento de Santa Rosa. De esta forma,
continuó con su política del actual gobierno, de criminalizar la protesta social y
acusar a la ciudadanía de tener nexos con el narcotráfico y con organizaciones
ilícitas. Por la falta de pruebas, el Ministro de Gobernación Mauricio López Bonilla, tuvo que desmentir estas falsas acusaciones en conferencia de prensa46.
A pesar de todas las acciones legales interpuestas por Minera San Rafael,
S.A., los Pueblos Ladino y Xinka han logrado realizar tres Consultas Comunitarias en los municipios de Nueva Santa Rosa, Santa Rosa de Lima y Casillas.
En los tres, el 98% de la población manifestó su rechazo al proyecto minero47.
El 24 de julio de 2013, la Sala Primera del Ramo Civil y Mercantil amparó
en forma definitiva a Quelvin Otoniel Jiménez Villalta, líder del Pueblo Xinka,
quien demandó la suspensión de la licencia de explotación otorgada a la Minera
San Rafael, y ordenó la suspensión del proyecto minero “El Escobal” por violar
derechos constitucionales, derechos territoriales e irrespetar los derechos de
consulta comunitaria de los pueblos. Este logro fue posible con la asesoría legal
de CALAS.
42
43
44
45
46
47
Íbidem.
Entrevista realizada el 16 de julio de 2013 a Rafael Maldonado del Centro de Acción Legal, Ambiental y Social (CALAS).
Amparo 69-2013. (Número único 01008-2013-00074). Guatemala 8 de julio de 2013.
Íbidem.
Orantes, Coralia. “Se desdice por las acusaciones”. Diario Siglo 21 edición digital del 7 de mayo de 2013.
Íbidem.
63
Foto: internet.
En respuesta a la resolución de la Sala Primera del Ramo Civil y Mercantil,
el MEM emitió un comunicado en el que alegó su desacuerdo con la sentencia
y planteó que interpondría un Recurso de Apelación ante la CC. Recalcó que la
sentencia de Amparo no deja sin efecto la licencia del proyecto minero el Escobal48.
Minería de cemento en territorio Maya-Kaqchikel en
San Juan Sacatepéquez
La empresa Cementos Progreso (CEMPRO) ha monopolizado durante décadas la industria del cemento en Guatemala. Es propiedad de las familias oligarcas Novella y Torrebiarte. Desde el año 2006, esta empresa ha recurrido a
la violencia, ha utilizado mecanismos de desinformación y con lujo de fuerza
y con el apoyo de los gobiernos de turno, ha logrado que le autoricen licencia
para la minería de cemento, imponiendo la construcción de una planta para su
producción en el territorio de 12 comunidades maya-kaqchikel del municipio de
San Juan Sacatepéquez, Guatemala. El área estimada para la construcción de
esta planta es de 64 hectáreas49.
El 17 de abril de 2007, el gobierno de Álvaro Colom y la UNE, a través del
MEM otorgó por 25 años la licencia SEXT-08-06 San José Mincesa, a Minerales
Industriales de Centroamérica, S.A., del grupo de CEMPRO, para explotar 36
productos mineros en un área de 19 kilómetros cuadrados50. Por otro lado, el
11 de noviembre del mismo año, la Municipalidad de San Juan Sacatepéquez
adjudicó a CEMPRO la licencia municipal para la construcción de la planta donde
se fabricará el cemento51.
48 Comunicado del Ministerio de Energía y Minas (MEM). [En línea] Disponible en: http://www.mem.gob.gt/2013/07/ante-la-opinion-publica-el-ministerio-de-energia-y-minas-hace-saber/
49 Asociación de Comunidades Kaqchikeles Qamolo´ Qi´ (Unámonos). “Boletín: La vida de los seres humanos depende de la Madre
Naturaleza”. Guatemala, 2012.
50 Campo pagado San Juan Sacatepéquez. Prensa Libre edición digital del 11 de marzo de 2009. Asociación de Comunidades Kaqchikeles Qamolo´Qi´ (Unámonos). Boletín: La vida de los seres humanos depende de la Madre Naturaleza. Guatemala, 2012.
51 Información obtenida de la presentación en Power Point del proyecto San Juan de Cempro. [En Línea] Disponible en: http://www.
ficem.org/multimedia/2010/comuni10/Maria_Olga_Rosales_PROGRESO.pdf
64
Para las comunidades afectadas, las acciones de CEMPRO
son de despojo, por lo que el 13 de mayo de 2007, amparadas en el Convenio 169, realizaron su Consulta Comunitaria de
Buena Fe en la que rechazaron la minería de cemento. En la
consulta participaron 8 mil 940 personas, de las que 8 mil 936
expresaron su rechazo a la construcción de la fábrica de cemento y a la explotación minera en la finca San Gabriel Buena
Vista, ubicada en las comunidades de San Antonio Las Trojes II
y San José Ocaña. Los resultados de la Consulta Comunitaria
fueron presentados a la Municipalidad de San Juan Sacatepéquez, Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), el MEM y
al Congreso de la República52. El gobierno de Colom, en lugar
de respetar las decisiones y las demandas de las comunitarias y comunitarios, respondió con represión, y en el año 2008
implantó un Estado de Excepción. Con esa medida, contrarió
las promesas de campaña electoral de hacer un gobierno con
“rostro maya”.
Publicidad de
Cementos Progreso
publicada en la
contraportada
de la revista
ContraPoder No.
14
Como ha sucedido en otras regiones donde la conflictividad
social se ha crispado a causa de la minería a cielo abierto, el
gobierno de Colom y Cementos Progreso se aliaron para criminalizar, reprimir y perseguir a estas comunidades. Ese gobierno utilizó la fuerza
policial y militar de manera desproporcionada y violenta ante las manifestaciones comunitarias. Los días 28 y 22 de junio de 2008, las 12 comunidades
fueron tomadas por el Ejército e intervinieron más de 3 mil soldados y 2 mil
agentes policiales. En este violento hecho, varias mujeres maya-kaqchikel fueron violadas y a la fecha, este crimen ha sido silenciado. Las denuncias que las
nueve víctimas presentaron en el MP simplemente no han avanzado53.
También, varias lideresas y líderes han afrontado la persecución penal. Sus
viviendas fueron allanadas por el MP, el Ejército y efectivos de la Policía Nacional Civil (PNC) bajo la acusación de terroristas, de tráfico ilegal de armas,
sabotaje, robo, homicidio y amenazas, entre otros54. Entre las personas sentenciadas por defender su territorio, la vida y los derechos de la Madre Tierra,
figuran la lideresa maya-kaqchikel, Reginalda Patazan, sentenciada en junio de
2008 a 43 días de cárcel bajo la acusación de participar en manifestaciones ilegales; así como el líder maya-kaqchikel Abelardo Curup, condenado en agosto
de 2009 a 150 años de prisión bajo la acusación de tres asesinatos y al pago de
Q. 2.5 millones por daños y perjuicios55.
Al cuestionar a CEMPRO y su discurso del desarrollo y las oportunidades
de empleo que supuestamente generará la planta cementera, es ilustrativa la
reflexión que hace uno de los líderes…
…ellos están diciendo que es un desarrollo, pero de qué desarrollo están hablando si están metiendo a nuestra propia
gente en la cárcel. Hay compañeros que están en la cárcel
que tienen 7, 8 niños en la casa.
Desde el 2007 a la fecha, los gobiernos de Colom y Pérez Molina, lejos de
garantizar los derechos individuales y colectivos de las 12 comunidades de
San Juan Sacatepéquez, se han constituido en los principales violadores de los
52 Rivera, Nelton. “Cemento y promesas sin cumplir para los mayas en Guatemala”. Prensa comunitaria edición digital del 1 de julio
de 2013.
53 Entrevista con lideresas y líderes de las 12 comunidades maya kaqchikel de San Juan Sacatepéquez, 1 de agosto de 2013.
54 Íbidem.
55 Asociación de Comunidades Kaqchikeles Qamolo´Qi´ (Unámonos). “Boletín: La vida de los seres humanos depende de la Madre
Naturaleza”. Guatemala, 2012.
65
derechos fundamentales de las mujeres, hombres, niñez y juventud maya kaqchikel. Continúan las órdenes de captura contra más de 86 lideresas y líderes
así como el establecimiento de brigadas militares en el área de la cementera56.
Amparado en este clima de impunidad, Cementos Progreso ha allanado la
propiedad privada de las comunitarias y comunitarios con el derribo de cercos y
daños a cultivos; ha favorecido la creación de grupos armados que amenazan, e
intimida constantemente a las familias, lideresas y líderes con vigilancia permanente: hay trabajadores de la cementera que acosan y amenazan a las jóvenes
en los caminos y en las calles; lideresas que reciben amenazas por teléfono; en
las noches hombres desconocidos han distribuido boletines en las comunidades
desacreditando principalmente a los alcaldes auxiliares y a los representantes
de las comunidades57.
En el año 2012, el gobierno de Pérez Molina y el PP ordenó la instalación de
una Brigada Militar en el municipio para hostigar a las 12 comunidades mayaKaqchikel que exigen la cancelación de la licencia minera58.
Foto: internet.
En la foto, Pérez Molina participa en la inauguración de la construcción de la planta cementera
“San Gabriel” en San Juan Sacatepéquez, junto con funcionarios de Cementos Progreso.
El 5 de julio de 2013, Cementos Progreso hizo público el inicio de la construcción de la planta “San Gabriel”, ubicada en la Finca San Gabriel Buena Vista
del municipio, y a la inauguración asistió Pérez Molina para colocar la primera
piedra, bajo un despliegue militar significativo. En esta actividad también participó el Alcalde municipal, Fernando Bracamonte59.
Esta acción causó descontento e indignación en las 12 comunidades y para
manifestarse, realizaron una marcha de denuncia en la que participaron unas
12 mil personas e hicieron presencia distintos pueblos de Guatemala, autoridades comunitarias, asociaciones de mujeres, jóvenes, ambientalistas, organizaciones campesinas, etc.60.
56 Íbidem.
57 Íbidem.
58 Íbidem.
59 Juárez, Tulio. “Colocan la primera piedra de la Planta San Gabriel”. Diario El Periódico edición digital del 19 de julio de 2013.
60 Coordinación y Convergencia Nacional Maya Waqib´ Kej. Comunicado: Represión, una constante de este gobierno. [En línea]
Disponible en: http://convergenciawaqibkej.wordpress.com/page/2/
66
El gobierno actual y CEMPRO, ante la resistencia de las comunidades siguen
optando por la implementación de acciones represivas, criminalización y persecución penal contra los liderazgos comunitarios. Además, han incurrido en
la compra de voluntades de algunos trabajadores de la cementera para deslegitimar la lucha de sus propias comunidades. Al respecto, cabe anotar que un
día después de dar a conocer el inicio de la construcción de la planta , ueron
capturados los líderes Mariano Camey Car, Margarito Camey Zet y Lorenzo Car
Hernández, acusados de desestabilizar la ley y de actos terroristas, cargos que
a la fecha no se han podido demostrar pero que han obligado a estos tres líderes a pagar una fianza de Q. 2,000 y la libertad condicional.
Foto: internet.
Comunitarias y comunitarios se movilizan para protestar por la inauguración de la construcción de la planta
cementera, a la que asistió Pérez Molina.
Proyecto de níquel Fénix
Este proyecto de explotación de níquel, cromo, cobalto, magnesio y hierro,
aparece en el registro de derechos mineros del MEM con el nombre de Extracción Minera Fénix, número LEXT-049-05. Fue autorizado el 18 de abril de 2006
durante el gobierno de Óscar Berger a la Compañía Guatemalteca de Níquel
S.A., (CGN), filial en ese entonces de la canadiense Sky Resources. A su vez,
esta empresa era subsidiaria de HudBay Minerals61 también de capital canadiense62. El proyecto abarca los territorios maya-q’eqchí’ de Cahabón, Senahú
y Panzos en el departamento de Alta Verapaz; y el municipio de El Estor en
Izabal.
Las actividades de explotación de recursos naturales no renovables del proyecto Fénix que estaban a cargo de la CGN y Sky Resources, han implicado
desalojos violentos de comunidades por parte de las fuerzas del Ejército, la
61 Para mayor información consultar: “Maya Qéqchi´ contra Hudbay Minerals. Contexto de la demanda judicial en Canadá contra
la minera Hudbay, por graves violaciones de derechos humanos (asesinato, violación sexual) en El Estor, Izabal, Guatemala”. [En
línea] Disponible en: http://www.semillerosdepensamientos.org/include/uploads/nodo/MayaqeqchicontraHudbayMinerals.pdf
62 A partir del 2011, el proyecto es propiedad de Solway Investment Group Limited Inc, corporación de capital ruso como lo dice su
página web: http://www.solwaygroup.com/
67
PNC, y con la participación también efectivos de seguridad privada de la minera, provocando la violación a los derechos humanos de la niñez, de las mujeres
y de los hombres. El primer desalojo sin ninguna orden judicial lo efectuó la
PNC el 12 de noviembre de 2006 contra varias comunidades maya qéqchi´ de
los municipios de Cahabón, Panzós, El Estor y de Los Amates. Posteriormente,
el 8 y 9 de enero de 2007 se realizó otro desalojo de cinco comunidades más63.
Trascendió a la opinión pública que durante este segundo desalojo, CGN pagó
Q. 65.00 por día a personas que aceptaron destruir las casas de las y los habitantes de las comunidades desalojadas64.
Nuevamente, el 17 de enero de 2007 la tensión, la conflictividad social y la
violencia contra las comunidades se agudizó a raíz que otras 100 familias de la
comunidad “Lote 8” de El Estor, Izabal, fueron desalojadas violentamente. En
estos actos represivos, 11 mujeres maya qéqchi´ fueron víctimas de múltiples
violaciones sexuales por parte de agentes de seguridad privada de la CGN, la
PNC y el Ejército de Guatemala65.
Foto: internet.
Instalaciones de la empresa CGN, El Estor, Izabal.
En el año 2008, Sky Resources cedió todos sus derechos a HudBay Minerals.
De esa cuenta, Sky Resources pasa a denominarse como HMI Nickel Inc. En el
mes de noviembre, HudBay Minerals anunció que retrasaría la construcción de
la mina cerca del municipio de El Estor, Izabal, argumentando que se debía al
descenso del precio del níquel en el mercado internacional.
El 27 de septiembre de 2009, el profesor y líder comunitario maya qéqchi´,
Adolfo Ich Chamán, fue brutalmente asesinado por agentes de seguridad de la
63 James, Rodríguez. “Resistencia minera continúa en El Estor, Barrio La Unión”. Mimundo.org edición digital del día 18 de febrero
de 2009.
64 Schnoor, Steven. Realizador del video sobre el desalojo de la comunidad maya-qéqchi´, Barrio La Unión del municipio de El Estor,
Izabal. Con fotografías de James Rodríguez de mimundo.org
65 Chiquin, Cristina. “Sé que la justicia es mía aunque me la nieguen”. Prensa Comunitaria edición digital del 29 de julio de 2013. Comité de solidaridad con Guatemala en Uruguay. Comunicado: Asesinan a un dirigente Qéqchi´ en intento de desalojo a comunidades
de El Estor, Izabal. edición digital del 28 de septiembre de 2009.
68
CGN dirigidos por el teniente coronel Mynor Padilla66. El profesor Ich
Chamán dirigía una manifestación pacífica para detener el violento desalojo que se pretendía realizar en las comunidades Las Nubes, Chupón
y La Unión del municipio de El Estor, Izabal67. En esta fuerte acción represiva resultaron heridas 8 personas68 y el joven Germán Chub quedó
parapléjico por los golpes y los disparos que recibió. Indudablemente,
estas brutales acciones recuerdan la política de tierra arrasada implantada durante los años más sangrientos de la guerra interna69.
Foto: Prensa Libre.
Teniente coronel
Mynor Padilla al
momento de su
captura.
Es importante señalar que a pesar que CGN alega su derecho sobre
las tierras habitadas por las comunidades desalojadas, las comunidades
maya qéchi´ sostienen que tanto la empresa como los gobiernos de
turno han violado los derechos territoriales que les corresponde como habitantes históricos y legales de dichas tierras. Estas declaraciones coinciden con el
informe circunstanciado elaborado por la Asociación Estoreña para el Desarrollo
Integral (AEPDI), en el que se establece Adolfo Ich era profesor de la Escuela
Rural Mixta Sexan del municipio de El Estor. Y en octubre de 2007, la comunidad de Sexan recibió del Fondo de Tierras (FONTIERRAS) su escritura pública
en calidad de Patrimonio Familiar Colectivo. No obstante, el MEM adjudicó estas
tierras a la CGN70.
El 27 de septiembre de 2011, la compañía rusa Solway Investment Limited
Inc. (SOLWAY) dio a conocer que la firma canadiense HudBay Minerals Inc., le
vendió los derechos del proyecto “Fénix”. De esa cuenta, los nuevos propietarios de la CGN indicaron que iniciarían sus operaciones en el corto plazo. El
nuevo Presidente de la CGN, Dimitry Kudryakov, explicó en esa oportunidad
que los planes para el proyecto Fénix eran prometedores. Así, en la primera fase del proyecto esperaban alcanzar una producción de 35 mil toneladas
anuales de ferroníquel; en la segunda fase, que duraría aproximadamente 30
meses, proyectaban la producción de 75 mil toneladas de dicho mineral; y para
el cuarto y quinto año aspiraban alcanzar la producción de 150 mil toneladas
de ferroníquel71.
De acuerdo a la información que se trasladó en los medios de comunicación, el 7 de enero del presente año se produjo una protesta en el municipio de
El Estor, a raíz de que la CGN informó a varios trabajadores que ya no serían
recontratados para el año 2013. Unas 100 personas realizaron un bloqueo en
el kilómetro 441.1 de la carretera que comunica El Estor con Panzós, Alta Verapaz. Cinco trabajadores de la empresa resultaron heridos y dos manifestantes
fueron capturados. La CGN justificó la no recontratación de los ex empleados
debido a que necesitaba contratar personal calificado. Por su parte, los trabajadores afectados expresaron que la empresa estaba privilegiando la contratación
de personal de otros municipios, en lugar de cumplir con su promesa de generar oportunidades de empleo para las personas que viven en las comunidades
donde están las instalaciones del proyecto72.
El 1 de febrero de 2013 se dio a conocer el acuerdo ministerial 009-2013
en el que la empresa asumió el compromiso de pagar regalías voluntarias del
66 Padilla fue detenido en septiembre de 2012 y está a la espera que se le juzgue por este crimen.
67 Chiquin, Cristina. “Sé que la justicia es mía aunque me la nieguen”. Prensa Comunitaria edición digital del 29 de julio de 2013.
68 Asociación Estoreña para el Desarrollo Integral (AEPDI). Informe circunstanciado sobre los hechos en El Estor, Izabal. Septiembre de 2009. [En línea] Disponible en: http://es.scribd.com/doc/22294483/Informe-Circunstanciados-Por-Los-Hechos-de27-09-09-Anexos-Final
69 Comité de solidaridad con Guatemala en Uruguay. “Comunicado: Asesinan a un dirigente Qéqchi´ en intento de desalojo a comunidades de El Estor, Izabal”. Edición digital del 28 de septiembre de 2009.
70 Asociación Estoreña para el Desarrollo Integral (AEPDI). “Informe circunstanciado sobre los hechos en El Estor, Izabal”. Septiembre de 2009. [En línea] Disponible en: http://es.scribd.com/doc/22294483/Informe-Circunstanciados-Por-Los-Hechos-de27-09-09-Anexos-Final
71 “Solway Group concluye compra de proyecto FéNix”. [En línea] Disponible en: http://www.cgn.com.gt/archives/131
72 “Queman oficina social de compañía minera en departamento de Guatemala”. Edición digital del 10 de enero de 2013. [En línea]
Disponible en: http://spanish.china.org.cn/international/txt/2013-01/10/content_27641131.htm
69
2% del níquel comercializado. Según éste, el 1% de ese 2% se distribuiría en
partes iguales entre el Estado de Guatemala y la municipalidad de El Estor. El
otro 1% se reparte entre las municipalidades de Los Amates, Puerto Barrios y
Livingston, Izabal. Ante este anuncio, varios grupos ambientalistas argumentaron que estas regalías son muy bajas; además, que no compensarán impactos
ecológicos negativos causados por el proyecto73.
Proyecto Niquegua Montufar II
La licencia de explotación minera SEXT-019-11 del “Proyecto de Explotación
Minero Niquegua Montufar II” fue otorgada el 3 de abril de 2013 a la CGN, en
el municipio Los Amates del departamento de Izabal. El proyecto tiene un plazo
de 25 años. El área a explotar minerales como níquel, cobalto, hierro, cromo
y magnesio, abarca 31.5 kilómetros cuadrados, según indica la solicitud de la
licencia que la transnacional rusa había presentado desde octubre de 2011.
La CGN, hoy subsidiaria de la transnacional rusa Solway Investment Group
Limited Inc., también opera el proyecto minero “Fénix” en el municipio de El
Estor, en el mismo departamento.
El Estudio de Impacto Ambiental (EIA) en categoría “A” fue aprobado en
febrero del presente año por la Dirección General de Gestión Ambiental y Recursos Naturales del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN), mediante la resolución No. 583-2013-DIGARN/LTCT/arg.
De acuerdo con declaraciones del Presidente de la CGN, Dmitriy Kudryakov,
a partir de julio de 2013 la empresa haría una inversión de US$ 400 millones, y
se estimaba que para 2015 se tendría una inversión total de US$ 1,500 millones
para una producción de 50 mil toneladas de níquel a un precio de mercado de
US$16 mil la tonelada74.
La nueva licencia se encuentra frente a las instalaciones de
la mina Fénix, la cual ya se encuentra operando con exportaciones de mena –una mezcla de material del cual se extrae el
níquel-. Para julio, cuando se cuente con la planta para procesar y el personal capacitado, se podrá exportar el metal75.
Al momento de la aprobación, según información de la misma empresa,
se había invertido en el proyecto un total de US$ 380 millones más US$
12 millones en concepto de inversión social; 1,500 empleos generados y
se esperaba generar 2 mil más; al mismo tiempo que se proyectaban US$
762,750 en concepto de regalías voluntarias para 2013, y de US$ 10 millones
para 2014.
Suspendido el proyecto minero El Sastre
El proyecto Minero El Sastre se otorgó en julio de 2006 a la empresa Rocas
El Tambor, S.A. bajo licencia de explotación LEXT-591 2.6850. Se localiza en
el municipio de San Antonio La Paz, departamento de El Progreso. El proyecto
se otorgó para la explotación de anfibolitas, esquistos, filitas, oro y saprolitas
auríferas.
73 Diario Prensa Libre: Minera hará pago voluntario. Edición digital del día 1 de febrero de 2013.
74 “Ambientalistas afirman que otorgamiento de licencias de explotación es ilegal”. [En línea] Disponible en: http://panoramanoticias.
com/?p=256
75 Álvarez, Lorena. “MEM autoriza dos proyectos mineros”. Diario elPeriódico, 4 de abril de 2013, página 10.
70
En el mapa siguiente del MEM se ubica el proyecto minero con el No. 23
Fuente: MEM
Con Rocas El Tambor, S.A. están asociadas las empresas Exploraciones Mineras de Guatemala (EXMINGUA) así como Exploraciones Mineras de Centro
América, S.A.
El 19 de marzo del presente año, un medio local escrito dio a conocer que el
MEM había suspendido las licencias mineras “El Sastre I” y “El Sastre 2”, lo cual
causó duras contradicciones y señalamientos entre la empresa Exploraciones
Mineras de Centro América, S.A., y el MEM, generando, inclusive, la publicación
de campos pagados con las respectivas posiciones.
Para José Manuel Lemus, el Ingeniero de los proyectos de la empresa, las
autoridades del MEM tergiversaron las cosas pues el EIA de la empresa Rocas
El Tambor fue cedido en el año 2009 a Exploraciones Mineras, S.A., en cumplimiento de todos los requisitos solicitados por el MARN. Según Lemus, la empresa Rocas Bridge participó en el EIA para una planta dentro de la mina, pero
se cumplió con todos los requisitos y plazos.
En esa oportunidad, el MEM dijo que esperaba que en un plazo de tres meses se completara el proceso de caducidad de la licencia del proyecto “El Sastre
1”, es decir, en junio, y de esta manera, la empresa quearía sin permiso de
operar en Guatemala76.
76 Álvarez, Lorena. “Cancelan licencia a mina El Sastre”. Diario elPeriódico, 19 de marzo de 2013, página 10.
71
IV. Las contradicciones y los señalamientos entre
Exploraciones Mineras de Centro América, S.A. y el
MEM en torno al cierre del Proyecto Minero
“El Sastre”
El 18 de marzo, por medio de un comunicado publicado en un medio local77, Exploraciones Mineras de Centro América, S.A. cuestionó al Ministro del MEM, Erick Archila…
Que su negativa a acatar lo ordenado en la sentencia de la honorable
Corte de Constitucionalidad de fecha 4 de diciembre de 2012 en relación al expediente 3615-2011 referente al otorgamiento de nuestro
derecho minero, constituye una burla, una aberración y un total irrespeto a las leyes de este país, así como al máximo órgano jurídico de
la nación.
Que su rechazo injustificado viola normas al retrotraer el expediente
administrativo a previas etapas que ya habían sido consentidas por
las partes; pues sus etapas de subsanación ya habían prescrito; por lo
que ahora no puede hacer valer argumentos pasados y menos después
de que ya hay resoluciones de la Dirección General de Minería y de la
Procuraduría General de la Nación mediante las cuales se dictaminó
que el expediente ya había llenado todos los requisitos de ley para su
otorgamiento (…)
Que su rechazo sugiere que podría haber otros intereses de trasfondo,
pues después de enormes gastos y esfuerzos durante más de 16 años de
exploraciones por nuestra parte, incluyendo 6 de trámites por obtener
el derecho minero, inclusive por la vía judicial, no es posible creer que
aún medie buena fe en esto; pues este tipo de negativas solo fomentan
la corrupción…
Igualmente, por medio de un comunicado divulgado el mismo 18 de marzo, el MEM
respondió a los señalamientos vertidos por Exploraciones Mineras de Centro América,
S.A., indicando que sus argumentos carecían de validez porque la denegatoria de la
licencia de explotación se había realizado conforme al análisis legal de las constancias que existían dentro del expediente administrativo y estaban fundamentados en la
Constitución Política de la República y en la Ley de Minería vigente.
El MEM fundamentó en el comunicado señalado, en las explicaciones siguientes:
1. La resolución se emitió como consecuencia de una Acción de Amparo promovido por Exploraciones Mineras de Centro América S.A., en donde basados en apelación, la Corte de Constitucionalidad, el cuatro de diciembre de dos mil doce, emitió la sentencia dictada dentro del expediente número 3615-2011, la cual resolvió: “proceder a emitir la resolución final correspondiente a
la solicitud presentada por la entidad amparada; asimismo, deberá proceder a su debida notificación; de licencia de Explotación
Minera denominada “Ampliación del Proyecto Minero El Sastre
# dos, identificada como SEXT guion cero veinte guión cero ocho
(SEXT-020-08)”, y asimismo proceda a su debida notificación.”
77 “Exploraciones Mineras de Centro América, S.A., por este medio al Sr. Erick Archila Dehesa, Ministro de Energía y Minas”. Campo pagado
publicado en el diario elPeriódico del 18 de marzo de 2013, página 17.
72
2. Lo que la Honorable Corte de Constitucionalidad resolvió fue que se
EMITIERA LA RESOLUCIÓN NO SI ERA EN SENTIDO POSITIVO O
NEGATIVO, pues esa es una competencia del MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS.
3. EXPLORACIONES MINERAS DE CENTRO AMÉRICA, SOCIEDAD
ANÓNIMA, el 30 de mayo de 2008, solicitó Licencia de Explotación
Minera para explotar ORO, PLATA, COBRE, NÍQUEL, MATERIAL
SELECTO O PIROCLÁSTICO Y ESQUISTOS, en un área ubicada en
los municipios de SAN JOSÉ DEL GOLFO y SAN ANTONIO LA PAZ
de los departamentos de GUATEMALA y EL PROGRESO respectivamente.
4. Sin embargo, EL ESTUDIO DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO DENOMINADO “MINERO EL SASTRE”, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO LA PAZ,
DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, fue presentado por la entidad
denominada: ROCAS EL TAMBOR, SOCIEDAD ANÓNIMA, la cual
es persona distinta de la solicitante.
5. Se encuentra el acta notarial que contiene una declaración bajo juramento, por parte del representante Legal de la sociedad ROCAS
BRIDGE, SOCIEDAD ANÓNIMA”, a través de la cual se asume la
responsabilidad en caso de incumplimiento en cuanto al Estudio de
Evaluación de Impacto Ambiental –EIA- presentado. Por lo que es
evidente que esta entidad, al no figurar como titular de la solicitud,
no podría este Ministerio, deducir responsabilidades en caso de un
eventual incumplimiento al referido estudio.
6. El Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales emitió la resolución
número 205-2008/ECM/LRSV, de fecha quince de enero de dos mil
ocho aprobando el Estudio a nivel de idea conceptual, y que por
lo tanto, lo que se aprueba es la intención de realizar un proyecto de
extracción minera, Y NO REALIZAR EL PROCESO DE EXPLOTACIÓN COMO TAL, es decir, explotar en el lugar, condicionando
el proyecto a la aprobación y presentación de estudios posteriores y
planes de manejo.”Por lo que el Ministerio se ve imposibilitado a emitir una resolución de Licencia de Explotación a favor de Exploraciones Mineras de Centro América, S.A.
7. En cuanto al señalamiento de la CADUCIDAD, es importante aclarar que dicha caducidad se promovió en el expediente del Derecho
Minero El Sastre I, cuyo titular es ROCAS EL TAMBOR, S.A, ya que
la obligación del Ministerio de acuerdo a la Ley de Minería, es realizar inspecciones in situ; sin embargo, se ha impedido a personeros de
la Procuraduría General de la Nación, del Ministerio Público y de
esta institución, el ingreso a las instalaciones para realizar la inspección, lo cual ha obligado al Ministerio a aplicar una de las causales
de CADUCIDAD contenidas en la ley de Minería, en el proyecto denominado el Sastre I, distinto al objeto de la denegatoria.
73
Impactos psicosociales en la vida de las mujeres y de
sus pueblos: violencia social, política, económica y sexual
Entre los impactos negativos de la industria extractivista en la vida
de las mujeres guatemaltecas y de los Pueblos que reivindican el respeto
de sus derechos fundamentales, resulta insoslayable realizar un balance
crítico sobre el recuento de los daños psicosociales a los que se les ha
sometido por emanciparse como sujetos políticos, ante la imposición de
las políticas gubernamentales y los intereses depredadores del sistemamundo capitalista.
Lo que no puede negarse es que el continuum de la violencia contra las
mujeres es una realidad lamentable en la expansión del extractivismo en
Guatemala. Los grupos políticos y económicos de poder siguen apoyándose en la violencia contra las mujeres como uno de los tantos mecanismos
de represión, dominación y control que se sigue utilizando para infundir
temor, provocar shock e inmovilizar a sus comunidades o Pueblos que se
manifiestan contrarios a los intereses extractivo-capitalistas. No obstante,
tanto históricamente como en la actualidad, se puede constatar que a pesar de la violencia con que se les pretende acallar, cada vez más mujeres
como Yolanda Oquelí nos revelan su fortaleza para imponerse.
V. Violencia y represión contra liderazgos que se han
opuesto a proyectos mineros
A continuación se abordan los hechos de violencia, persecución y asesinato de líderes emblemáticos que han luchado contra la minería a cielo abierto.
Las amenazas, los atentados y los allanamientos han sido una constante y van en
aumento.
n El 13 de junio de 2012, hombres armados que se conducían en una moto atentaron
contra la vida de Yolanda Oquelí Velíz, lideresa del Frente Norte Metropolitano (FRENAM), cuando regresaba de la resistencia frente al proyecto minero “El Tambor” o
“Progreso Derivada VII”78.
Afortunadamente, Oquelí sobrevivió al cobarde atentado y continúa luchando firmemente y hace un llamado a la generalización de la lucha contra los proyectos
mineros e hidroeléctricos a nivel nacional79. Como argumenta la Antropóloga Irma
Alicia Velázquez Nimatuj:
Más que empujar una lucha solitaria, ella ha apoyado la unificación de los diferentes frentes; esto marca, entonces, una diferencia porque la lucha en contra de la minería en Guatemala deja de
ser exclusivamente indígena para convertirse, también, en la lucha
de los pueblos mestizos y ladinos, cuyos territorios siguen siendo
asignados por el Estado sin el consentimiento de las poblaciones80.
78 De León, Susana. “La pacífica causa de Yolanda Oquelí”. Diario elPeriódico, edición electrónica del 24 de febrero de 2013.
79 Entrevista realizada el 26 de julio de 2013.
80 Velásquez Nimatuj, Irmalicia. “Yolanda Oquelí”. El Periódico edición electrónica del 18 de junio de 2012.
74
n El 10 de julio de 2012 fue allanada la vivienda del dirigente maya kíche´, Domin-
go Hernández Ixcoy, cuando había salido de su vivienda. Llama la atención que los
malhechores, accidental o intencionalmente dejaron un papel en el lugar que contenía amenazas e instrucciones claras de cómo tenían que dejar una nota sobre el
cadáver, y en el reverso de la hoja había un croquis para llegar a esa vivienda.
n Luego de una serie de amenazas y vigilancias que había afrontado desde el 2010,
el 8 de marzo de 2012 fue asesinado el líder Carlos Antonio Hernández Mendoza,
quien formaba parte de la Asociación Camoteca del departamento de Chiquimula, e
integraba las Organizaciones Campesinas e Indígenas, Iglesias, Sindicales y Campesinas de Oriente (COPIISCO), de la Comisión Política del Frente Nacional de Lucha
(FNL), y del Comité Ejecutivo del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Salud
(SNTSG).
n En noviembre de 2010 había sido detenido en Chiquimula y fue acusado de reali-
zar actos contra la seguridad interna de la Nación así como reuniones y movilizaciones ilegales. Estas falsas acusaciones en su contra se debían a que participaba
activamente en las movilizaciones y protestas en la defensa de los derechos de las
comunidades maya chórti´, cuyas riquezas naturales y su territorio se han visto
amenazados por la minería metálica.
n El 12 de junio de 2012 fue asesinado José Tabico, de la comunidad Sibaca III del
municipio de Santa Cruz del Quiché.
n El 04 de julio del mismo año, hombres fuertemente armados hirieron a cuatro mu-
jeres y amenazaron de muerte a la lideresa Aura Lolita Chávez, cuando volvían de
una manifestación pacífica contra la minería y la privatización de las cuencas hidrográficas.
n El 26 de julio de 2013, el Consejo de Pueblos Kíche´ (CPK) denunció ante las au-
toridades la desaparición de Silverio Vicente de la comunidad Sibaca, Chujuyub´,
Santa Cruz del Quiché. Su cadáver fue encontrado el 05 de agosto y presentaba
fuertes señales de tortura. El subcomisario de la PNC, Byron Isabel Revolorio de
León, se negó a cumplir con su obligación de investigar para dar con su paradero y
respondió que no podía intervenir en la búsqueda, pues tenía que recibir órdenes de
sus superiores.
n El 17 de marzo de 2013 fueron secuestrados por hombres fuertemente armados y
encapuchados, el Secretario de la Junta Directiva del Parlamento Xinka de Santa
María Xalapan, Encarnación Marcos Ucelo; los líderes xinkas, Roberto Aguilar y Rodolfo López; así como Roberto González Mayordomo del Paralmento Xinka.
El secuestro se produjo cuando hombres fuertemente armados les interceptaron el
paso al retornar a su comunidad, después de participar como observadores en una
Consulta Comunitaria que se realizó en San Rafael Las Flores. El cuerpo estrangulado y con las manos atadas de Encarnación Marco Ucelo fue localizado en una zanja
en los alrededores del pueblo Las Brisas, en el municipio de Mataquescuintla, un día
después.
En el caso de Roberto Aguilar y Roberto López, fueron liberados en diferentes horas
de la noche del día 17 de marzo y presentaban señales de maltrato. Roberto González apareció con vida el 18 de marzo en Chimaltenango.
n También el 09 de julio del presente año, 2 hombres que se conducían en una mo-
tocicleta en el camino de terracería que va de San José del Golfo a la aldea San
Antonio El Ángel, asesinaron al activista del Plantón La Puya, Santos Fidel Ajau Suret. Los asesinos le asestaron tres balazos por la espalda y dos tiros de gracia. En
la noche de ese mismo día, hombres desconocidos realizaron disparos frente a la
vivienda de Yolanda Oquelí en San José del Golfo.
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Mujeres han reportado casos de
violencia sexual durante los violentos desalojos en el Valle de
Polochic, en el Estor, Izabal, así
como en el Estado de Excepción
impuesto por el gobierno de
Colom en las 12 comunidades
Maya- Kaqchikel en Resistencia
en el municipio San Juan Sacatepéquez, entre junio y julio de
2008.
Ante el ataque armado que Oquelí, sufrió el 13 de
junio de 2012 por liderar el plantón “La Puya”, lejos de
inhibirse se siente con más fuerza para continuar en la
resistencia pacífica que exige la suspensión definitiva de
las operaciones de la mina “El Tambor”. Su opinión refleja
que su convicción por la vida colectiva es firme…
...con la bala ellos quisieron callarme, pero me da
más coraje y más valor para seguir hablando por mis
hijos y por el bien de todos.
La represión actual del neo extractivismo contra las
mujeres ha implicado también la violencia sexual. Lo perverso de este tipo de violencia es que afecta sobremanera
la salud psicológica y la subjetividad de las mujeres, pues
tal como analizan las científicas sociales Amandine Fulchirone, Olga Alicia Paz, y Angélica López:
La violación sexual es una violencia con un enorme poder destructivo sobre las mujeres víctimas. Deja sus huellas tanto en su
cuerpo como en su mente, y sus secuelas permanecen aunque el
hecho violento haya cesado81.
La violencia sexual contra las mujeres mayas, garífunas y xinkas, ha sido una
práctica sistemática desde la invasión europea a la actualidad, y el pasado conflicto armado interno es el antecedente más inmediato donde se registran testimonios de mujeres mayas, que muestran como el Estado de Guatemala recurrió a la
violación sexual como arma de guerra para someter al Pueblo Maya.
Según la Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH), la violación sexual formó parte de la política contrainsurgente y como tal, fue una práctica
generalizada, sistemática y masiva que respondió a una planificación y ordenes
explícitas de los mandos superiores del Ejército y cometida por agentes del Estado –Ejército, Policía Nacional (PN), grupos paramilitares, etc. –. El testimonio de
las mujeres sobrevivientes que se atrevieron a romper el silencio y compartieron
su testimonio sobre el horror que vivieron a manos de los agentes del Estado de
Guatemala durante el conflicto armado interno, fue clave para que la CEH pudiera determinar que el 99% de las víctimas de estos deleznables crímenes, fueron
mujeres. Y el 89% fueron mujeres mayas: niñas, jóvenes, adultas y ancianas.
A pesar de las recomendaciones del informe de la CEH, a la fecha no se observan políticas y acciones que reflejen que el Estado guatemalteco oriente sus
esfuerzos para erradicar esta práctica tan deleznable contra la vida de las mujeres. Según el testimonio de mujeres viviendo en las zonas de mayor conflictividad
social causadas por la expansión de la industria extractivista, los cuerpos de las
mujeres han sido convertidos en botín de guerra.
Mujeres han reportado casos de violencia sexual durante los violentos desalojos en el Valle de Polochic, en el Estor, Izabal, así como en el Estado de Excepción
impuesto por el gobierno de Colom en las 12 comunidades Maya-Kaqchikel en
Resistencia en el municipio San Juan Sacatepéquez, entre junio y julio de 2008.
El siguiente relato de una lideresa maya-kaqchikel, evidencia cómo, en el marco de
la imposición de los proyectos de la industria extractivista, los cuerpos de las mujeres
son convertidos en botín de guerra y se cometen estos crímenes con total impunidad.
81 Fulchirone, Amandine, Paz, Olga Alicia y López, Angélica. “Tejidos que lleva el alma. Memoria de las mujeres mayas sobrevivientes
de violación sexual durante el conflicto armado”. Equipo de Estudios Comunitarios y Acción Psicosocial (ECAP), Unión Nacional de
Mujeres Guatemaltecas (UNAMG). Guatemala, 2009.
76
Es imprescindible acotar que,
aunque por parte del Estado
guatemalteco no se vislumbran
políticas estatales para erradicar la violencia sexual, hay
esfuerzos organizativos y comunitarios que se atreven a denunciar y exigir justicia por estos
crímenes.
...en ese tiempo vinieron los policías antimotines y dijeron busquen, revisen a las mujeres, ellas son las que
llevan las armas debajo de la ropa. Empezaron a quitarle las blusas a las mujeres, a levantarles los cortes
(...) en ese momentito, fueron violadas varias mujeres
(...) Hay mujeres que por el temor que le tienen a la
Policía y al Ejército, no quisieron denunciar y hay
mujeres que ya no tuvieron temor y denunciaron; son
los casos que se conocen...
Lo compartido por esta lideresa permite suponer que la administración del Estado respalda la vigencia de la violencia sexual como mecanismo de poder y
de agresión militar, patriarcal y racista en situaciones
de conflicto social. Y desde esta perspectiva es posible comprender que la violencia
sexual que se ha cometido y se comete mayoritariamente contra las mujeres mayas por parte del Ejército, efectivos policiales y guardias de seguridad privada de
las empresas mineras, en momentos de exacerbación de la conflictividad social, no
es para nada un accidente o casualidad.
Con todo lo anterior, es imprescindible acotar que, aunque por parte del Estado guatemalteco no se vislumbran políticas estatales para erradicar la violencia
sexual, hay esfuerzos organizativos y comunitarios que se atreven a denunciar y
exigir justicia por estos crímenes. El caso paradigmático lo constituye la reciente
resolución de una Corte canadiense que ha aceptado la demanda contra la empresa
minera canadiense Hudbay Minerals, por hechos represivos ocurridos entre 2007 y
2009 en el municipio de El Estor Izabal.
Después de una larga lucha por parte de organizaciones de derechos humanos
y en defensa de los derechos de las mujeres, por primera vez la Corte Superior de
Justicia de Ontario, Canadá, dirigida por la Jueza, Carole Brown, aceptó juzgar a
la empresa minera transnacional HudBay Minerals por violaciones a los derechos
humanos y violaciones sexuales perpetradas contra 11 mujeres maya qéchi´, por
parte de guardias de seguridad de la CGN, su subsidiaria en Guatemala. Las 11
mujeres maya qéchi´ denunciaron en Toronto, Canadá, que fueron víctimas de
violaciones sexuales masivas y múltiples durante los violentos desalojos cometidos
por fuerzas del Estado y con participación de guardias privados de seguridad, el 17
de enero de 2007 en la comunidad Lote 8, el Estor, Izabal.82
El proceso también incluye el asesinato del profesor y líder maya qéqchi´
Adolfo Ich Chamán a manos del teniente coronel Mynor Padilla, en ese momento,
Jefe de seguridad de CGN y quien fue capturado en septiembre de 2012. El hecho
ocurrió el 27 de septiembre de 2009, cuando ocurrió otro violento desalojo de comunidades, y en donde también, como consecuencia de los severos golpes recibidos, quedó parapléjico German Chub83
Aunada a la violencia ejercida contra las mujeres, también se identifica la violencia política ejercida contra los hombres y la niñez. Esta violencia ha implicado
asesinatos selectivos, secuestros y tortura, persecución política y criminalización
de sus vidas.
Ante evidentes violaciones a los derechos humanos y la agudización de la represión contra todos los pueblos que se han resistido y se resisten pacífica y organizadamente contra la minería metalífera y no metalífera, preocupa que el sistemamundo capitalista, patriarcal y racista neoliberal, en contubernio con el gobierno de
Guatemala, imponga proyectos con fuerte represión y muerte.
82 “Maya Qéqchi´ contra Hudbay Minerals. Contexto de la demanda judicial en Canadá contra la minera Hudbay, por graves violaciones
de derechos humanos (asesinato, violación sexual) en El Estor, Izabal, Guatemala”. [En línea] Disponible en: http://www.semillerosdepensamientos.org/include/uploads/nodo/MayaqeqchicontraHudbayMinerals.pdf
83 Cristina Chiquin. “Sé que la justicia es mía aunque me la niegue”. Prensa Comunitaria edición electrónica del 29 de julio de 2013.
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“Petróleo y minería en
las entrañas del poder”
El Observador. Análisis Alternativo sobre Política y Economía
pone a disposición del público crítico y población interesada en el
conocimiento profundo de las problemáticas socioeconómicas y
políticas históricas de Guatemala, el libro “Petróleo y minería
en las entrañas del poder” de Luis Solano, miembro de nuestro
equipo. Fue publicado en el año 2005 por Inforpress Centroamericana.
Fue concebido como un aporte a los procesos culturales que
reclaman la eliminación de la censura y la desconcentración del
saber. Muestra datos y abre ventanas de reflexión sobre ideas e
historias negadas por parte de los medios de comunicación dominantes. Desde esa perspectiva, pretende remontar esa antigua cultura política y contribuir a
deshacer las mordazas impuestas sobre el lenguaje público. Hay que tomar en cuenta que en
Guatemala, dar opinión o información científica sobre las entrañas de los poderes económicos
ha significado enfrentarse a la muerte. La investigación periodística que aquí se encuentra
es una herramienta fundamental en ese propósito. Integra notas para estimular, además, la
apertura de áreas de estudio permanente en el campo del petróleo y la minería, ramas de la
industria extractiva sobre las cuales el desconocimiento es un grave vacío histórico en las ciencias sociales guatemaltecas.
En Guatemala la industria petrolera y minera ha invertido en tecnología, pero ésta siempre
ha tenido el carácter de inversión golondrina: no se queda ni acumula para la Nación.
Las indagaciones atraviesan los ámbitos donde estas dos ramas de la industria extractiva provocan impactos simultáneos: en el nivel comunitario, local, municipal, territorial en su
conjunto, donde las comunidades suelen ser excluidas de la información, la consulta así como
del análisis conjunto de costos y beneficios; y en el nivel macropolítico, donde los mecanismos
legales rectores básicos suelen ser objeto de tráfico de influencias: estudios y monitoreos de
impacto ambiental; el proceso de licitación, la recaudación y destino fiscal e, incluso, la creación de los marcos legales. El libro ofrece abundantes citas e interpretaciones que dan cuenta
de consorcios y personajes del mundo empresarial y político con inversiones en petróleo y minería, involucrados precisamente en la manipulación de la información pública y del derecho.
Cabe apuntar que los negocios mineros y petroleros han ido de la mano de oscuras campañas
que alimentaron las acciones estatales de contrainsurgencia.
La industria extractiva ha sido un objetivo de inteligencia militar en el mundo, ya que petróleo y minería son materias primas de las más apetecidas porque constituyen piezas clave
del modelo de reproducción internacional del capitalismo. Ahora bien, que el petróleo y la
minería hayan estado en Guatemala tan estrechamente vinculados a los intereses militares,
implicó una influencia profunda en las debilidades del Estado para funcionar como Estado de
Derecho. Esta revelación es uno de los méritos de este trabajo. Es más, se hace notorio que la
conformación misma del Estado ha sido influenciada por el capital petrolero y minero. En estas
páginas se podrán encontrar patrones recurrentes en la conformación de redes de asociación
entre empresarios, militares y funcionarios públicos guatemaltecos, funcionarios y asesores del
gobierno de Estados Unidos y accionistas de transnacionales, con el fin no sólo de tener control
sobre las políticas y legislación pública sino sobre los territorios.
Las tesis que fundamentan la interpretación de las realidades analizadas en esta publicación, constituyen ejes fundamentales para la investigación de las estructuras de poder que
sostienen las inversiones actuales del modelo de acumulación vigente en Guatemala.
El libro está a disposición en las oficinas de El Observador y tiene un costo de Q. 100.00
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Industrias extractivas: despojo y destrucción

Transcripción

Documentos relacionados

Boletín Recreativo 55