mucha política y mucha administración

MUCHA POLÍTICA Y MUCHA ADMINISTRACIÓN
José Ramón Cossío D.
Fue alrededor de 1890 cuando el lema del Porfiriato “poca política y mucha administración”, cobró
pleno sentido. En ese momento, el General Díaz había logrado subordinar a su persona al resto de
los poderes federales, controlar la designación y funcionamiento de buena parte de los locales y
someter, mediante los jefes políticos, a las autoridades municipales. Es también en esos años
cuando había logrado constituir buena parte de las clientelas empresariales nacionales y encontrar
las vías para acordar con las extranjeras. En un contexto político y económico así, a Díaz le
correspondía, efectivamente, diseñar y conducir la política. Él decidía las grandes acciones que
debían acometerse y, en general, el modo en que debía hacerse, mientras que mientras que a los
legisladores correspondía darles forma. Las administraciones federal y locales debían, a su vez,
ejecutar sus directrices. Si Díaz concentraba legitimidad, poder y decisión y ello es lo propio del
ejercicio político, es claro por que reclamaba para sí y prohibía para los demás, el ejercicio de la
política; si sus decisiones requerían para ser de una eficiente ejecución, resulta obvio también por
qué exigía mucha administración.
El breve recordatorio acabado de hacer viene a cuento por la situación que atraviesa nuestro país.
Como muchas otras personas, atendí el debate del domingo pasado. No entro a calificar
posiciones ni emito juicios individualizados. Me quedo con los que a mi juicio fueron sus
elementos comunes. Los cuatro candidatos, independientemente de sus diagnósticos y estrategias
de implementación, identificaron los temas sobre los que es preciso llevar a cabo grandes
reformas: educación, seguridad social, trabajo, salud, energía, pobreza, productividad,
competitividad, justicia, seguridad pública, primordialmente. Cada uno de los sectores
identificados es de una magnitud enorme. Su modificación requiere consensos profundos, vencer
resistencias simbólicas y reales de gran significado. Cada uno de ellos se encuentra construido y
funciona a partir de una compleja red de intereses, regulaciones, complicidades y, desde luego,
importantes beneficios para quienes participan en ellas. Diversos grupos públicos, sociales y
privados han dificultado y dificultan su transformación, pues viven en y del statu quo. Tómese
cualquiera de los sectores que fueron identificados en el debate y a que yo acabo de aludir y
piénsese por un momento en lo siguiente: ¿cómo está hoy el sector? ¿Qué se requiere hacer para
transformarlo? ¿Qué intentos se han hecho para ello?, ¿Po qué no se ha transformado? ¿Qiénes
se han opuesto al cambio?
Al terminar el ejercicio de imaginación sobre las condiciones que han impedido la transformación
de los sectores, varias cosas quedarán en evidencia. Una, que muchos de los problemas que
tenemos enfrente no son de diagnóstico. En general, se sabe dónde está el problema y, también
en general, cuáles son sus contornos principales. Otra, que respecto de muchos de ellos se
conocen las soluciones o, en el peor de los casos, algunos de los medios más eficaces para
comenzar a combatirlos. Si unimos ambos puntos, es claro que el origen del problema no es de
carácter intelectual. La complejidad del asunto está en otra parte. Este es a mi juicio y con todas
las reducciones que se quiera a efecto de poderlo expresar en estas líneas, de carácter político y
administrativo.
En la dinámica de la elección para la presidencia de la República que estamos viviendo, es normal
que el tono de los debates sea por completo personalista: “voy a hacer…”, “en mi gobierno se
hará…”, “cuando sea Presidente de los mexicanos…”, etc. Ello está bien para generar
simpatizantes y lograr que éstos expresen su subjetividad en la objetividad de un voto. Sin
embargo, lo que ya no queda tan claro es saber cómo, una vez que los votos se han logrado y han
permitido sentar a alguien en la silla presidencial, el nuevo ocupante va a lograr el cambio de
cualquiera de los sectores mencionados. Para ello requiere, sin duda, de las mayorías necesarias
para transformar leyes y, en muchos casos y por la práctica nacional, de las requeridas para
reformar la Constitución. Sin embargo, una cosa es postular las transformaciones desde el
personalismo del debate o del discurso, y otra es conseguir las mayorías legislativas idóneas para
lograrlo. Específicamente, alcanzar los consensos necesarios en un contexto de enorme pluralidad
social y su consiguiente ausencia de representación o, en el mejor de los casos, de clara
fragmentación política. Además y con todas las dificultades que se quiera, una cosa es
implementar las transformaciones normativas y otra muy distinta lograr que las nuevas normas
efectivamente rijan las conductas de los servidores públicos y de los ciudadanos. Conseguir, pues,
la transformación de las prácticas mediante la cuales estamos viviendo.
Si en el Porfiriato la frase “poca política y mucha administración” servía tanto para describir lo que
acontecía como lema para ordenar lo que debía hacerse, las condiciones de nuestro tiempo nos
exigen transformarla radicalmente. Lo que debe hacerse es mucha política y mucha
administración. Sólo mediante la primera (y no mediante la “grilla”, como traté de demostrarlo en
mi columna de hace 15 días) es posible intentar alcanzar los acuerdos profundos que permitan
generar las condiciones del cambio que necesitamos. Luego, es preciso insertar las decisiones
tomadas en el ámbito de la administración (que no de la mera burocracia), para lograr la
transformación de las condiciones imperantes. Hacer “grilla” y no política, es mantener el
entendimiento patrimonialista de quienes detentan cargos públicos; entender la administración
como burocracia, es impedir la socialización de las decisiones y, con ello, el mantenimiento de lo
que al menos con cierta generalidad, todos entendemos que no funciona más. Hacer política sin
administración es predicar en el desierto y hacer administración sin política, es generar una
tecnocracia autónoma y prácticamente instrumental. Creo que sólo si concurre el ejercicio de
mucha y buena política con el ejercicio de mucha y buena administración, será posible acometer y
realizar los cambios que, me parece, todos sabemos son urgentes.
Ministro de la Suprema Corte.
Profesor de derecho constitucional en el ITAM.
@JRCossio