El archivo de la Guerra Civil de Salamanca y sus fuentes
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El archivo de la Guerra Civil de Salamanca y sus fuentes
El Archivo de la Guerra Civil de Salamanca y sus fuentes documentales para Aragón, 1936-1938 _ ALEJANDRO R. DÍEZ TORRE Historiador Orígenes del Archivo y constitución de depósito de documentación “roja” de la importancia testimonial e institucional completa; enfrentándose los pacientes estudiosos a una especie de confabulación de cancerberos archiveros con policías y guardias civiles de paisano, para impedir a desventurados investigadores históricos que allí caían con ingenuidad, llegar a reunir suficientes datos para hacer realidad maduros planes de trabajo y pacientes consultas documentales. En 1983, la entonces directora del Archivo de la Guerra Civil en Salamanca, Mª. Teresa Díez de los Ríos, comentando la singular disposición de un Archivo que entraba bajo su dirección a integrarse en la red de archivos estatales –y ya prestaba sus servicios como archivo “público” y no policíaco o represivo– apreciaba el “gran desorden” imperante en los fondos de semejante Archivo1. Lo que para los investigadores voluntariosos entonces, no era solo una sorprendente realidad, sino una tortura maquiavélica, que parecía más una disposición documental intencionada, para impedir su consulta provechosa por los historiadores: en la desesperanzada localización de datos y testimonios en un mar ignoto, sin faros ni referencias de tierra firme, donde recomponer documentos fragmentarios y aleatorios que se iban encontrando; ni tampoco divisar un horizonte de serie documental coherente, con seguridad y discriminación Los investigadores que habíamos recalado en el citado Archivo el mismo año de promulgación de nuestra alabada Constitución, sin embargo accedimos a fondos cuyas consultas eran solo excepcionalmente para historiadores, y reservadas todavía a servicios administrativos, más habitual y propiamente policíacos. En el Archivo que entonces hacía poco había cambiado el pomposo nombre de “Servicios Documentales de la Presidencia del Gobierno”, todavía se respiraba el aire y las maneras del más rancio franquismo: aparte de estar custodiado por parejas de Guardia Civil, y vigilados personalmente los investigadores por policías de paisano, sus consultas de fondos de documentación que entonces denominaban “roja” –todavía clasificada en una Sección topográfica “Política-Social– eran inspeccionadas diariamente por personal con afanes inquisitoriales, y orientados por un director-oficial retirado del ejército, al que diariamente le daban novedades el personal semi-militarizado. Por no hablar de impedimentos rutinarios: para ver o consultar una documentación sin índice o catálogo de consulta que mereciera ese nombre, con localizaciones imposibles –e inverosímiles– de documentación, parecida y errática posibilidad de reproducción documental, siempre supeditada al interés y “buen día” de un empleado jubilado, al que se le encargaban reproducciones fuera del recinto, etc. Cuando nuestras estancias de investigación –pese a la depresión personal en aumento, ante tal panorama de trabajo– se prolongaban pese a todo por días o semanas, en conversaciones esporádicas con el personal subalterno comenzaban a aclararse las circunstancias y “razón de ser” de semejante Archivo. Un conjunto de depósitos documentales, que pretendían servir a las necesidades históricas de ciudadanos de una flamante democracia transicional, pero de tal manera organizados que la única prestación útil que mantuvo durante un largo lustro democrático era servir copias o documentos a altas esferas de la administración funcionarial (y más selectas figuras de investigadores del régimen anterior). Lo cual mantenía perfectamente la dedicación archivística que originó su fundación. La constitución del Archivo cuyo ámbito de trabajo representaba un cuerpo de documentación básico para el estudio de la Guerra Civil española y del Aragón de aquellos años, se inició en plena contienda, por orden de 29 1. Cfr. en Mª. Teresa DÍEZ DE LOS RÍOS SAN JUAN (1983), “La Sección de la Guerra Civil del Archivo Histórico Nacional (Salamanca)”, en VV.AA., La 2ª República. Ponencias del 2º Coloquio Internacional sobre la 2ª República Española, Barcelona, Departamento de Historia Contemporánea, Publicacions Edicions Universitat de Barcelona, pp. 2334. ROLDE 121-122_ 6 Fachada de Casa Barberán (Caspe), sede de Presidencia del Consejo de Aragón de mayo de 1937 que creaba una “Sección Especial” documental, directamente a las órdenes de la Secretaría General del Jefe del Estado, a modo de “Delegación” archivística para aquel servicio estatal del caudillo y general Franco. Con la instrucción de recoger y custodiar documentación de órganos, grupos y personas, de masones, se instaló en el Seminario Mayor de Salamanca (actual Universidad Pontificia) una Delegación de la jefatura del Estado, con secciones “Masónica” y “Especial”, que un año después –el 26 de abril de 1938– se transformaba en “Delegación del Estado para la recuperación de Documentos”, adscrita al Ministerio de Gobernación, cuyo cometido esencial se cifraba en “recuperar, clasificar y custodiar“ toda documentación intervenida y trasladada del área todavía republicana de España, concerniente a Partidos Políticos, Sindicatos, Asociaciones Culturales y hasta particulares, susceptible de “suministrar al Estado información referente a la actuación de sus enemigos”. Nacería así una nueva “Sección Político-Social” de una Delegación de depósitos que en Salamanca fueron ocupando las sedes del Noviciado de Jesuitas primero y el Colegio de San Ambrosio después, éste último como ubicación definitiva en la actual calle de Gibraltar, con la concentración en el mismo de las distintas “Secciones” documentales. Mientras, a sus dependencias iban llegando sacas repletas y depósitos masivos de documentación “roja”, procedente de ciudades, pueblos y sedes de la España republicana que iba siendo ocupada, por el progresivo avance de las tropas sublevadas de Franco, e iban actuando en muy distantes puntos de su geografía las distintas Comisiones de “recuperación” documental previstas en la orden citada. Las Comisiones recuperadoras, pese a instrucciones de gestión de acuerdo con autoridades civiles y militares de los sublevados en cada población, también actuaron con iniciativa propia o no cumplieron en absoluto su cometido. Con el resultado de un caos añadido a una poco ordenada recuperación, que finalmente surtió a los “Servicios Documentales” de Franco de documentos masivos de determinadas procedencias –Aragón entre otras– y práctica ausencia o irrelevancia de otros puntos y regiones de España, donde apenas puede constatarse gestión “recuperadora” de las citadas Comisiones. La finalidad inquisitorial e inculpatoria de toda documentación llevada a Salamanca a las citadas sedes, ha quedado de forma permanente en los documentos “recuperados” por los servicios franquistas, no solo en el subrayado –preferentemente en rojo– de los nombres contenidos en cada documento, sino especialmente por el fichado y el traslado de datos a ficheros policíacos que comenzaron en las propias instalaciones del singular “Archivo”. Donde las conversaciones de antiguos empleados y jubilados militares reiteradamente hablaban del mismo sistema de adscripción de depósitos al Archivo: con llegadas en forma masiva de documentación, su colocación –a veces por tamaños de documentos– en legajos y carpetas –incluso aprovechando las que llegaban de origen– y en áreas topográficas que respondían –en teoría, de una forma muy arbitraria– a las zonas de procedencia. En tan arbitrario cometido “facultativo”, no eran precisos tanto inventarios o repertorios de catálogos documentales, para inexistentes estudiosos de su contenido; sino bien surtidos equipos humanos de localización de personas, fichado de antecedentes, confección de listas de implicados y responsables en distintas organizaciones de la España democrática y popular –pero “rojos” sometidos a depuración o peores destinos– y plantillas oficinescas, para transmitir información a los distintos ámbitos represivos y del Ministerio de Gobernación. Realizando estas tareas en los duros años cuarenta, una resolución de la Presidencia del Gobierno de 30 de septiembre de 1944 refundía las dos “Delegaciones” iniciales documentales –de la Masonería y de documentación Político-Social– en la “Delegación Nacional de Servicios Documentales” bajo la Presidencia del Gobierno y constituyendo un solo Archivo para tales cometidos en Salamanca. Donde llegó aún la confirmación de esta función documental por el decreto de 21 de febrero de 1958; mantenido durante cuarenta años en tal cometido, hasta un decreto de 28 de octubre de 1977: donde ya en “transición” del régimen franquista, se suprimió la salmantina “Sección de Servicios Documentales” para integrarla –con pocas o ninguna previsión facultativa o de atención a los nuevos “usuarios” historiadores– como Archivo en la red dependiente del Ministerio de Cultura (lo que no sería efectivo, a efectos por ejemplo de acceso libre y uso público, sin una orden ministerial, de 7 de mayo de 1979, que lo incorporaba como “Sección de Guerra Civil” en el Archivo Histórico Nacional). Otros archivos estatales corrieron una suerte más indeterminada y caprichosa, todavía retenidos por cuerpos u órganos castrenses, donde los historiadores no eran simplemente ciudadanos, con derecho constitucional a tener acceso a la documentación –pública o privada, pero custodiada por el Estado– durante una larga década posterior de una flamante democracia. 7_EL ARCHIVO DE LA GUERRA CIVIL DE SALAMANCA Asamblea popular en la localidad de Muniesa, verano 1936 Particularidades topográficas de los fondos documentales: un arbitrario e incierto proceso de conservación y uso Los cometidos represivos o simplemente administrativos de tan curiosos fondos, con los años fueron haciendo aconsejables mínimos inventarios –y ficheros– de uso sistemático, para dos Secciones del Archivo salmantino que se fueron revelando con eficacia represiva: Masonería y Político-Social. Para la primera, desorganizando los 2.898 legajos y rompiendo su unidad de procedencia –un principio respetado en los centros archivísticos– concentraron sus recursos documentales en lo que les importaba: la confección de 48.000 expedientes personales –ordenados alfabéticamente por apellidos– para reunir antecedentes y datos inculpatorios de miles de masones; y despreciando el valor y significado para su estudio, de la actuación de las Logias o el despliegue del fenómeno masónico Desfile de carros de la XI División (Líster) en población del Bajo Aragón, agosto 1937 en su conjunto. Aunque elaboraron listas de Logias, índices de personas e índice de Logias por provincias. De la segunda Sección Político-Social, los 16.113 legajos de esta última, la más visitada y consultada con los años, sin tener en cuenta tampoco principios archivísticos esenciales, como la unidad de procedencia donde se produjeron los documentos, ni la seriación temática o cronológica que les dieron sentido original, tampoco merecieron otro interés que el represivo a sus cancerberos. Demostrando apenas otro cuidado, que la colocación numerada de legajos por áreas geográficas de “recuperación” documental, así como indefinidos agrupamientos de carnets de afiliación político-sindical, masivos tacos de cartillas o cédulas personales, y un escuálido y apenas útil listado de legajos recuperados por provincias o ciudades. Todo parece corroborar que esta precisión u orientación “geográfica” de aquella documentación –de acuerdo con la incorporación al Archivo, desde: Alicante, Aragón, Barcelona, Bilbao, etc. hasta Vinaroz– además de permitir localizar un “rastro” geográfico de inculpaciones, también debieron propiciar el que diligentes funcionarios confeccionasen listas de personas, personajes y figuras, que inculpados o buscados, siempre podía pergeñarse un “historial” de hechos o antecedentes. Pero para la reconstrucción de los hechos o las distintas formas de com- prensión histórica de nuestra contienda –al fin y al cabo, un momento decisivo de la historia del siglo XX en España, que aún sigue marcando una parte de la legitimidad/ilegitimidad pública o del posicionamiento generacional o nacional– cualquier reconstrucción cronológica, casi pasaba por una reconstrucción espacial de los avatares de la documentación. No en vano, algunos acopios documentales no tenían ni “provincia” o “ciudad” en la que se clasificaran tan singulares funcionarios “archivistas”; y por el contrario, algunos cuerpos documentales, originales de un área provincial compartían provincia/ciudad con otras documentaciones alejadas, o bien se hallaban repartidas en varias provincias/ciudades –y sus correspondientes señalizaciones topográficas en el Archivo– como una ubicua y dispersa floración de especie documental, tanto en naturales como forzados orígenes. Una misma provincia o procedencia documental, puede ser habitual que esté representada en varias series de aquella abigarrada Sección PolíticoSocial, además de la extensa serie militar (quizás la más temáticamente regular). La documentación correspondiente, por ejemplo a “Santander” está recogida nada menos que en nueve series topográficamente distintas (una archivera de comienzos de los años de 1980, aventuraba una hipótesis de una más diligente y sistemática actividad “recuperadora” franquista en aquella zona llamada Norte). ROLDE 121-122_ 8 En el caso de Aragón, el problema de la arbitraria colocación de documentación –tanto oficial, como privada o social– en el Archivo salmantino dobló los errores básicos del caos producido por la ausencia total de criterios archivísticos corrientes (unidad de procedencia, de producción del documento, formación de series cronológicas o temáticas de documentos, etc.), como que eran muy otros los criterios superiores y represivos: los que imperaron sobre aquella documentación “roja”, apestada salvo para prácticos usos inquisitoriales e inculpatorios. Con el agravante de que –pese a todo y tal desorden topográfico– al subsanarse con paciencia benedictina por los investigadores, milagrosamente conservados los documentos en un único emplazamiento por décadas democráticas, han llegado a ser inventariados, habitualmente citados por los historiadores en su localización “histórica” del Archivo salmantino, aunque finalmente arrancados para su localización última y práctica de uso: cuando se produjo el primer desgajamiento de documentos a la Generalitat de Catalunya (con muchísimos documentos de Aragón) y el traslado físico de legajos a Barcelona. Arbitrariamente cedidos éstos por las instituciones responsables estatales a un ámbito nuevo, y trasladados a Barcelona de manera casi tan arbitraria como los designios y las órdenes del dictador. La bendición de semejante expolio por ciertas instancias institucionales, responsables del uso público general –por supuesto, histórico – nunca debería haberse producido; y desentendido aquellas instancias de razones y principios de uso archivístico esenciales, ya en nuestro régimen democrático, para generaciones futuras que nos sucedan: que tendrían derecho a haber dispuesto de un Archivo Total de la Guerra Civil y la Represión de España. Cuya catalogación y conservación totales –no con desgajamientos y fragmentitos artificiales, de documentos arrancados por cada Comunidad Autónoma, para uso de historiadores parroquiales o provincianos, con pujos nacionales y diferenciales en cada territorio– representaría el último significado verdaderamente aleccionador: de toda la documentación reunida –incluso con arbitrariedad– tal como quedó por los designios del dictador Franco, para un modélico “archivo de la represión” en el mismo “archivo de la Guerra Civil”. Además, en el caso de Aragón –pero sabemos que también en otras autonomías o “nacionalidades”– el problema de uso –archivístico e histórico– de la documentación, por muy fragmentaria o arbitrariamente distribuida en diversas topografías de los depósitos del Archivo salmantino actual, en la era de los ordenadores era fácilmente superable. Como lo ha demostrado una muy útil y práctica base de datos, realizada con mucho sentido práctico por instancias archivísticas de nuestro gobierno aragonés actual, al preparar durante años una paciente, detallada y útil “Base de datos” de documentación aragonesa, para uso histórico –entre otros– del Archivo salmantino ya disponible2. La llegada de los investigadores a Salamanca: un Archivo para la Historia del siglo XX en España Faltando durante mucho tiempo un inventario exhaustivo de documentos producidos en Aragón, los depósitos del Archivo de la Guerra Civil en Salamanca, carentes además de índices onomásticos y de materias que facilitasen la labor, sin embargo sí dieron resultados a investigadores avezados que fueron llegando, así como sirvieron de repositorio de fuentes complementarias a otros archivos (aunque algunos, como el entonces Servicio Histórico Militar en Madrid, casi cerrado para investigadores, como pudimos comprobar personalmente en dos ocasiones, hasta una tercera, mediada la década; lo cual no fue obstáculo a otros investigadores que lo tuvieron más fácil, mientras realizaban en aquel mismo Servicio archivístico su “mili”). Como reconocía la directora del Archivo salmantino en 1983, la utilización por los investigadores del inventario de sus fondos documentales podía llevarles a los usuarios a errores o inducirles a confusión3. Aunque haya sido loable entonces que unos nuevos inventarios, más racionales, comenzaran a ser preparados por un equipo dirigido por aquella facultativa, durante largos años fue inevitable que los investigadores debieran jugar al juego de “la gallina ciega” con los contenidos de legajos y carpetas de aquel Archivo. En el caso de Aragón, especialmente: con fracciones de su documentación desparramada por series documentales como las de “Bilbao”, “Barcelona”, “Vinaroz”, “Castellón”, “Madrid”, etc., cada una con cientos y hasta miles de expedientes y legajos de documentación heteróclita, aunque impremeditadamente, todo parecía como si fuese hecho adrede, para acabar con la paciencia del investigador más templado. Todo ello en la Sección “PolíticoSocial” del archivo salmantino, sin entrar en otras secciones –también con fondos de Aragón bastante surtidos– como “Masonería” o “Bibliografía” (libros, folletos, periódicos, carteles, impresos durante la Guerra Civil o antes de ella), provenientes de bibliotecas de centros sociales, políticos y personales, con unos 30.000 títulos. Pero el caos 2. Cfr. en “Base de datos. Archivo General de la Guerra Civil Española” (Salamanca), aparecida este mismo año 2007, producida por la Dirección General de Patrimonio de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón. 3. Cfr. en DÍEZ DE LOS RÍOS (1983), p. 26. 9_EL ARCHIVO DE LA GUERRA CIVIL DE SALAMANCA subía hasta límites insufribles, en lo que se refería a archivos privados, de personajes influyentes o figuras esenciales durante la República y la Guerra, en su mayor parte clasificados en la serie archivística de “Madrid” (un 20% de sus fondos estaba compuesta de archivos personales). Los investigadores pronto desarrollaron, frente a toda contrariedad y adversidad, una labor de reconstrucción y puesta en valor de las series documentales del Archivo salmantino, que ya en los primeros años de 1980 se estaba convirtiendo en uno de los grandes archivos para la Historia del siglo XX de España. Como lo constataba no solo su directora entonces, Mª. Teresa Díez de los Ríos4, sino otros muchos investigadores: de la masonería5, los llamados historiadores del tiempo presente6, los historiadores renovadores de la Guerra Civil desde perspectivas regionales (a mediados de aquella década, en regiones como Levante, País Vasco o Cataluña) e incluso sobre perspectivas de los nacionalismos periféricos7 o incluso, del ámbito español y de la Guerra Civil8. De hecho, el conjunto y la variedad de su documentación –de instituciones, organismos, organizaciones al menos de tres grandes tipos, masónicas, políticas, sindicales, pero también de otras muchas allí representadas, de personalidades, etc.– hacían del Archivo salmantino –cuando todavía no estaba cercenado por separación de papeles– objetivamente un conjunto de fuentes incomparables y preciosas para el contraste y la crítica histórica a nivel general de este país llamado España. En dos de sus momentos cla- ves –la II República y la Guerra Civil– de su historia pasada, los historiadores pudieron reconstruir desde las variadas fuentes archivísticas, una historia que luego se ha ido ampliando y profundizando con otras fuentes y otros archivos. Pero pronto se revelaron también insuficiencias y lagunas, tanto en series documentales conservadas, como en consistencia temática. En cuanto a algunas series, sabemos –por el trabajo posterior en otros archivos– que lo reunido en Salamanca fue pronto –posiblemente durante los primeros meses de su acopio en la ciudad– llevado y depositado en archivos más a desmano del historiador de a pie, como el Servicio Histórico Militar (en Madrid; aunque solo en esta transición de hace pocos años sufrió, a su vez, una curiosa repartición provinciana: en Ávila, Segovia, Guadalajara, con la sola lógica de armas y servicios de la organización militar, pero repartido en dos autonomías distintas). Algunas series, como la arbitrariamente rotulada y clasificada –como hemos visto más arriba– como de “Barcelona”, con 1.878 legajos (cajas, desde hace dos décadas), aún conteniendo muy rica y acreditada documentación procedente de Aragón, de sus organismos, organizaciones sindicales o políticas, etc., 493 de aquellos legajos fueron objeto de un cuidado inventario. Y fueron catalogados en el archivo salmantino de una forma racional, así como organizados en un plan de trabajo archivístico por convenio con la Generalitat desde noviembre de 1982, su nuevo ordenamiento temático Fuente pública instalada por la colectividad de Calanda permitió además la microfilmación, que para los investigadores catalanes –o que trabajasen sobre aquel ámbito– estaba listo a comienzos de 1986. Pese a lo cual y las facilidades que ofrecía aquella documentación –entre otras, el innecesario desplazamiento para su consulta de investigadores a Salamanca–, no fue óbice para que, como sabemos, hace dos años, el órgano catalán exigiera y obtuviera su traslado físico a Barcelona de aquella documentación y alguna más. También vinieron después los inventarios y disposiciones organizadas para la investigación, de otros ámbitos topográficos rotulados en el Archivo salmantino según una arbitraria –y completamente aleatoria– atri- 4. Ibíd., así como de la misma autora: “Estado actual de la Sección Guerra Civil del Archivo Histórico Nacional”, Studia Histórica, Salamanca, vol. III, nº 4 (1985): 129-135. 5. Cfr. en VV.AA. (1985), “Fondos de la Masonería en la Sección de Guerra Civil del Archivo Histórico Nacional-Salamanca”, en La Masonería en la Historia de España (Actas del I Symposium de Metodología Aplicada a la Historia de la Masonería Española), Zaragoza. También, de José Antonio FERRER BENIMELI (1982), “Archivo de la Guerra Civil de Salamanca”, Historia 16, Madrid, pp. 113-118. 6. Cfr. en VV.AA. (1985), “Les fonds de l’ Archivo Histórico Nacional, Sección Guerra Civil”, en Materiaux pour l’histoire de notre temps, Nanterre, pp. 74-77. 7. Véase, por ejemplo: Mª. Teresa DÍEZ DE LOS RÍOS y otros (1984), “Documentación sobre la Guerra Civil en Alicante” (inventario de la Serie Político-Social de Alicante), Alicante, Diputación Provincial; José Luis de la GRANJA (1984), Archivo de la Guerra Civil de Salamanca, separata de Cuadernos de Sección Historia-Geografía, San Sebastián, nº 2, pp. 221-234; Jaume SOBREQUÉS (1982), “L’Arxiu de la Guerra Civil de Salamanca”, en Els Arxius per a la Historia del Nacionalismo Català, Barcelona, pp. 51-55. 8. Cfr. en Ramón SALAS LARRABAL (1980), “Los Archivos para la historia de la Guerra Civil”, en Actas del Coloquio sobre los Archivos para la Historia del S. XX, Madrid, pp. 113-118. ROLDE 121-122_ 10 bución documental: “Bilbao”, “Vinaroz”, etc. y últimamente la base de datos referente a Aragón citada, además del Portal de Archivos Españoles Pares, de reciente creación por el Ministerio de Cultura, donde se dispone de acceso y consulta documental en el Archivo salmantino (como en cualquiera de los más importantes archivos nacionales). Los fondos documentales y su importancia para Aragón durante la Guerra Civil Para Aragón, los fondos reunidos en el Archivo salmantino han supuesto, ante todo, una valiosa aunque diversa –y muy desigual– base de reconstrucción de los avatares regionales, durante una coyuntura histórica llena de dificultades y de irresolución de problemas seculares, en uno de los peores escenarios, como el de una guerra. Pero Aragón como otros territorios y áreas, que conocieron la crisis de los años treinta, también experimentó entonces proyectos contrapuestos –de autonomía y centralización– representados durante la Guerra Civil por los proyectos federalistas del Consejo de Aragón y centralista –y uniformista– representado por el Gobierno General de Aragón. Siendo ambos organismos del Estado republicano en la región que no quedó en manos de Franco, funcionando ambos un tiempo similar, sin embargo este último a primera vista ha quedado reflejado más satisfactoriamente en las fuentes y los repertorios documentales reunidos por el Archivo salmantino. El Consejo de Aragón, con más autonomía y capacidad de gestión que su organismo sucesor, burocrático y gubernativo –el Gobierno General de Aragón– marcó una impronta más dinámica y diversificada de la presencia pública, a lo largo de los territorios y las comarcas; cuando formó un Archivo institucional que –hasta que fue disuelto abruptamente por el gobierno central– produjo un cuerpo de documentos propios. Cuerpo documental este que hoy ya sabemos que ni siquiera tuvo oportunidad de terminar en las manos de las comisiones “recuperadoras” de Franco: habiendo llegado hasta nosotros testimonios de su destrucción documental por los “conquistadores” de las divisiones republicanas y comunistas, que tomando los centros y oficinas del Consejo de Aragón en diversos puntos de la región, se adelantaron a los ejércitos de Franco en más de seis meses, en un afán digno de mejor causa9. Hoy no nos quedan muchas dudas –después de muchos años de investigación, así como de recorrido por un número de archivos y documentación de la época, y a la vista de las obras publicadas sobre aquella experiencia regional– de la preparación y ejecución de una idea de clara inspiración estalinista, por la que trataron de que quedara borrado hasta el recuerdo y la constancia documental de aquel organismo y experiencia social, tiempo antes de que concluyese la Guerra Civil (con parecidos procedimientos a los que luego el estado soviético repetiría en un sinnúmero de países limítrofes que reabsorbía: liquidando o manipulando hasta la memoria de identidades colectivas, como aún hoy se ha manifestado en los pueblos bálticos, todavía en pugna con pasados orwelianamente suplantados). Como resultado, una copiosa docu- mentación simplemente desapareció en manos de nuevos Torquemadas del siglo XX; algunos restos retuvieron y trasladaron a ciertos escondrijos orgánicos de Barcelona –donde Franco llegó a intervenir y “recuperar” los nichos burocráticos, que luego llegaron a Salamanca al final de la Guerra– o bien quedaron como restos curiosos de un naufragio documental, en forma de dispersos oficios, justificantes o partes de correspondencia mantenida por el Consejo de Aragón con sus órganos comarcales y municipales, que las activas escuadras del ejército franquista se incautaron en pequeñas o medianas localidades y trasladaron a su vez a Salamanca, por órdenes de las “comisiones recuperadoras” antes citadas. Pero para algunos investigadores, está claro que mucha de la documentación que aquellas oficinas de represión franquista en el archivo salmantino rotularon como de procedencia de “Barcelona” –que recientemente ha sido devuelta a la Generalitat de Catalunya– fue producida realmente en Aragón, por organismos públicos o privados aragoneses; lo mismo que otra documentación también aragonesa que fue rotulada como de “Lérida”, “Vinaroz”, o “Castellón”, sin haberse generado en esas tierras o puntos de la España republicana. A través de documentos concretos recogidos en legajos de series salmantinas, todavía pueden rastrearse actividades y líneas de gestión, de autonomía y reintegración regional de Aragón en plena Guerra Civil, merced al Consejo de Aragón. Por los pequeños restos locales o comarcales de aquella documentación es apreciable también la receptividad social de la experiencia aragonesa en aquel momento, a lo largo de territorios regionales: el área turolense de Mora de Rubielos, en el ámbito bajoaragonés de Gelsa de Ebro, en sus áreas ribereñas y 9. Véase Alejandro R. DÍEZ DE TORRE (2003), Orígenes del cambio regional y Turno del Pueblo en Aragón, 1936-1938 (vol. II: Solidarios), Madrid, UNED-PUZ: Introducción, epigr. I.3., sobre “Los restos de naufragios documentales y fuentes orgánicas”: 15-17 (n.19). Cfr. en DÍEZ DE TORRE (2003), pp. 32-35. 11_EL ARCHIVO DE LA GUERRA CIVIL DE SALAMANCA Grupo de mujeres en labores de cosecha de remolacha, en la colectividad de Híjar monegrinas en torno a Pina o La Almolda, en la serranía Montalbina de Teruel, en Huesa del Común, en torno a Muniesa, etc. El órgano aragonés desarrolló sus funciones siguiendo un modo de actuación que fue formulado en su correspondiente “Reglamento para la orientación político-social”: donde quedaron contemplados sus distintos servicios –entre otros, su propio “Archivo”– así como marcados las grandes líneas de gestión y sus extensiones hacia otros ámbitos estatales (en Cataluña o Levante). De forma que aún pueden seguirse –fragmentariamente, por los restos conservados– vertientes como la comarcalización de Aragón –tan actual y funcional hoy en día– en diversos aspectos (transportes, intercambios, abastos, muy destacadamente, mecanización agrícola; pero también otros aspectos más tradicionales, como los pastos comarcales) y en base regional (comunicaciones postales y telefónicas, electrificación, producción y transformación agrícola, azucareras, viticultura, así como minas e infraestructuras hidráulicas, entre otros sectores de clara y consciente regionalización); la municipalización de la vivienda y otras municipalizaciones, problemas de ordenaciones comarcales hidráulicas, de enseñanza, de cosechas, etc. También pueden verse en 10. Cfr. en DÍEZ DE TORRE (2003), pp. 32-35. Grupo del Consejo de Aragón en la Generalitat en enero de 1937, sentados de izquierda derecha, Joaquín Ascaso y J.Tarradellas distintos legajos y series salmantinas, aunque en menores restos de fuentes locales, sobre cumplimentación de directrices regionales de justicia: como lo hacían consejos municipales –pese a un número insuficientemente conservado de cuerpos documentales al respecto en el Archivo– señaladamente, los de Gelsa de Ebro, Huesa del Común, la Puebla de Híjar o La Iglesuela del Cid, en las tierras altas turolenses. Por lo demás, documentos locales conservados de aquella época del Consejo aragonés –primera mitad de 1937– probarían en qué medida la constitución de consejos municipales estuvo en relación con el celo administrativo desplegado, o apuntaría a una interrelación más estrecha e identificada regional-comarcal-local de aquel Aragón, entre órganos de sus distintos niveles (federales en líneas generales o de facto). De la documentación a veces burocrática conservada en el Archivo salmantino, de los consejos municipales o comarcales aragoneses, puede perfilarse en ese sentido un reparto de poder; así como apreciar una relación y coordinación entre niveles o verificar aplicaciones, propuestas, control y movilización de recursos local-comarcales, en función de directrices promovidas desde distintos departamentos del Consejo aragonés10. La fragilidad documental: documentos fragmentarios y dispersos en múltiples secciones topográficas: Aragón, Barcelona, Bilbao, Vinaroz, Castellón, Valencia, etc. En la experiencia social y política de Aragón durante la Guerra Civil, las colectividades y su proceso organizativo, o de vinculación a las fuerzas en lucha, las opciones o estrategias políticas durante una Guerra Civil han constituido, con la evaluación de su peso específico, un centro de atención importante en las historias no militares del conflicto en la región. Con ser un fenómeno controvertido y entrecortado, el colectivismo tuvo un funcionamiento ROLDE 121-122_ 12 que no se agotó con cambios en la vida cotidiana o lo cambiante en las tomas de decisiones, las dedicaciones y nuevas relaciones entre poblaciones o roles de género. Las colectividades también fueron instituciones sociales o económicas que abrieron –y encauzaron– opciones latentes o renovadas en las localidades y las comarcas aragonesas, tanto como supusieron –o enfrentaron conscientemente– la creación de un sector de economía social, que dio salida a una de las peores crisis económicas del siglo XX. Por nuestra parte, en nuestro reciente trabajo al respecto11, nos ha importado más explicar en perspectiva el fenómeno: conectando las iniciativas, la densidad y receptividad sociológica del colectivismo en poblaciones y comarcas aragonesas, con tradiciones colectivas o comunales agrarias, vivas y subsistentes secularmente, que fueron retransmitidas por la obra e influencia de Joaquín Costa, y potenciadas al intentar aplicar sus ideas y programa de cambios por sus adeptos en el mundo rural. Un mundo rural, por otra parte, con unos usos y mentalidades agrícolas –tan distintas y distantes de la agricultura subvencionada y urbanizada de nuestros días– así como inmersos en otros fenómenos de historia agraria, nada o muy esporádicamente considerados por los historiadores (pero no por antropólogos u otros científicos sociales). Pero persistentemente el Archivo salmantino –y algunos otros– que ha abastecido un número de estudios y –a veces– visiones política o ideológicamente sesgadas de la experiencia regional, puede que no haya agotado fuentes más o menos directas sobre aquellas realidades y procesos. Aunque claro está, los historiadores se han sentido más atraídos por los hechos coyunturales, los posicionamientos y artificios dramáticos pretendidamente ventilados por el control o retención de poderes: extraído a veces de testimonios no contrastados de rencillas, rencores o querellas lugareñas, violencia de luchas e imposiciones a veces ficticias o exageradas, pugnas de sectores o grupos minoritarios localmente por mantener determinadas ventajas, disensiones e impactos de cambios, vistos como drásticos e inapelables por algún observador posicionado, dentro del tablero de fuerzas de una guerra civil, etc. Pero hay otros aspectos, como la nueva toma decisiones local-comarcales, y los planes y obras de transformación desde centros comarcales, que indican una anticipación por muchos años al orden funcional de infraestructuras de servicios y gestiones públicas de nuestra región. Y en el Archivo de Salamanca han quedado testimonios indelebles y prolijos a veces, no solo sobre constitución de colectividades locales en tiempos y espacios muy distantes de los sempiternos fusiles de los frentes, sino también de una nueva dinámica comarcal y regional, a base de representaciones y asambleas colectivas (sectores muy importantes en el nuevo espíritu local y comarcal, de una nueva forma de política de “escuela y despensa”, “del ochavo” o para “la blusa y el calzón corto”, propugnada por décadas de movimientos que Costa inspiró). Con un curso regional problemático durante la Guerra Civil, después de la toma de la región hasta entonces gestionada por equipos y proyectos bajo una gran plataforma costista y autono- mista –aunque siempre bajo auspicios y normas centrales del Estado republicano– sus esferas centrales consideraron caducado el compromiso y la confianza con el organismo aragonés. Informes previos, de intervenciones policíacas o paramilitares en la región, principalmente de la 27 División comunista en el Alto Aragón –Aínsa; Ballobar; Sangarrén; Tardienta; Villanueva de Sirena; Alcolea de Cinca; Lanaja; Almunia de San Juan, en Huesca– y de la 30 División catalanista en el Bajo Aragón –Alcorisa; Castelserás; Calanda; Ejulve; Castellote; Cañizar del Olivar, en Teruel– prepararon el terreno de caos económico y desorden cívico en las retaguardias aragonesas, desde mediados de julio a primeros de agosto de 193712. El Archivo salmantino da buena fe –por ejemplo, en un legajo de la serie “Madrid”13– de tales atropellos programados, que sirvieron de perfecta coartada para la liquidación manu militari del Consejo de Aragón. Ordenando nada menos que a tres divisiones –y gran número de unidades militares– los asaltos y detenciones de cuadros de gestión política o social en un gran número de centros locales de Aragón14. En la región fueron habilitadas un número de vetustas o inusuales prisiones de partido judicial, así como improvisados centros de detención en fincas –como la de Chacón, cerca de Caspe– para concentrar e inmovilizar cuadros libertarios, colectivistas y algunos ugetistas. Las prisiones de partido oficiales –aparte de centros de detención, campos de trabajo, etc.– en Aragón, por lo demás bajo custodia del gobierno central se hallaban agregadas a Castellón, aunque aparecen archivadas en series archivísticas de “Madrid” y “Barcelona”15. 11. Alejandro R. DÍEZ DE TORRE (2007), Trabajan para la eternidad. Colectividades de trabajo y ayuda mutua durante la Guerra Civil en Aragón (en trámite de edición), Madrid. 12. De este proceder programado y autoritario de unidades militares para colapsar el orden de las retaguardias, el Archivo salmantino guarda testimonios inapreciables, como los de la Jefatura Administrativa de la Intendencia militar del Ejército del Este a Huesa del Común (Teruel; en el centro de una comarca entre Zaragoza y Teruel), enviando oficios conminatorios de mediados de julio de 1937, como los que están recogidos en la caja nº 73 de la serie Aragón del AGC, Sección Político-Social. 13. Se trata de la caja nº 2588 de la serie Madrid, del AGC, en su Sección Político-Social. 14. Un ejemplo, los datos contenidos en declaraciones –de las que sabemos hubo en cierto número– como en la manuscrita del delegado de abastos de la Federación Comarcal de Colectividades de Barbastro, Antonio Zamora Ciria, procedente de Lalueza (Huesca), en caja nº 1392 de la serie Barcelona, del AGC, Sección Político-Social. 15. Véanse, por ejemplo, relaciones de presos a quienes desde Caspe se pedía libertad provisional, por no haber ninguna acusación formal y estar detenidos por haber desempeñado cargos en organismos del Consejo de Aragón, colectividades, etc.; con lugares de detención allí mencionados –solo en Teruel– de Alcañiz, Andorra, Alcorisa, 13_EL ARCHIVO DE LA GUERRA CIVIL DE SALAMANCA Las colectividades aragonesas pasaron por procesos organizativos y reorganizativos en largos meses de 1937 y comienzos de 1938: lo que invalidó al menos dos lugares comunes –dos tópicos socorridos, casi a punto de convertirse en mitos– como el de que su razón de ser respondiese por encima de todo a criterios de violencia o imposición ideológica o miliciana, de extraños sobrevenidos y erráticos y dogmáticos forasteros, así como también el que el fenómeno colectivista estuviese unido indisolublemente al Consejo de Aragón (así como a desaparecer con él, en la liquidación central de tal órgano político). Sin embargo, por el contrario, ratificando un sentido no oportunista o coyuntural de poder, colectividades variadas surgieron –y resurgieron, contra toda previsión, con sostén sociológico innegable en sociedades rurales– casi al final del conflicto en gran número de localidades de Aragón. Principalmente allí donde habían demostrado un éxito contrastado, pero no siempre estimuladas por el afán material; y desde luego, completamente inverosímiles de no haber dispuesto de cuadro sociológico dado, para el desarrollo de aquellas organizaciones de economía social. El Archivo de Salamanca pese a todo conservó algunos restos interesantes –de cuerpos documentales que sabemos que estuvieron bien nutridos– de aquel colectivismo autónomo, regionalmente organizado, en especial después de la disolución del Consejo de Aragón y la persecución de decenas de cuadros colectivistas locales 16. A este respecto es bastante expresivo el cuerpo documental de la Sección Jurídica del Comité Regional cenetista, de tramitaciones jurídicas respecto a detenciones gubernativas y juicios, en largos meses del otoño e invierno de 1937 y comienzos de 1938, para defender del revanchismo de comisiones gestoras municipales, nombradas por el gobernador José Ignacio Mantecón y empeñadas en hacer desaparecer cuadros colectivistas detenidos de los diferentes pueblos17. Mientras el organismo portador de directrices gubernativas y del “orden” cívico resultó ser un flamante Gobierno general de Aragón, que entró en funcionamiento mediante el correspondiente decreto gubernamental y extendió su vigencia, desde agosto de 1937 hasta la caída de los frentes republicanos en Aragón, entre marzo y abril de 1938. La documentación conservada en el Archivo salmantino de este organismo quedó preservada por sus protagonistas y funcionarios, con traslados de documentos al ámbito catalán, donde los ejércitos de Franco entrarían en apenas un año y revertirían dicha documentación a Salamanca. Pero fueron a menudo dichos documentos clasificados con otros de origen dispar, rotulándolos celosos funcionarios represores de Franco en legajos y series según los “recuperaron” –en origen– de su traslado, a veces agrupados por tamaños en oportunas carpetas. El resultado es que en el Archivo salmantino nos encontramos la correspondencia del gobernador Mantecón, con documentación del Consejo Municipal de Escatrón (Zaragoza), o Fraga o cualquiera de sus órganos municipales y de abastos, con el Frente Popular local, etc.; junto a documentos administrativos (veterinarios, hacienda, enseñanza, etc.) y correspondencia del gobernador agrupada en alguna carpeta gubernativa18. Lo que resultó sintomático entonces fue que el destino de la documentación del gobernador quedase unido a los documentos que produjo el último órgano municipal bajo su jurisdicción (Fraga, curiosamente, donde más de un año antes se había iniciado la promesa de un Aragón nuevo), cuando los últimos días de marzo de 1938, el gobernador Mantecón huía con alguna documentación ante la ofensiva imparable de Franco aquellos días. De entre los grupos de documentos de aquel Gobierno de Aragón que marcharon a Cataluña, para ir luego a Salamanca y –últimamente– volver a Barcelona, con ser documentación producida en Aragón, sin embargo quedó abrazada por documentos del liderazgo comunista del PCE en Caspe y otros lugares aragoneses: lo mismo que quedaron retenidos –expresivamente– entre documentos de la elite comunista regional, escritos, oficios, etc. del Gobierno aragonés, en su ubicación dentro de legajo documental, también trasladó bastante fielmente el doble juego –con republicanos y comunistas– del mismo gobernador, así como su discreta retención, y secreta pertenencia, de José Ignacio Mantecón al PCE durante el periodo final de la Guerra (para pertenecer, ya públicamente, al liderazgo comunista en su exilio en México)19. Pero otra documentación anteriormente en series extra-aragonesas del Archivo salmantino, también Alcaine, Blesa, Calanda, Oliete, Muniesa, Valdealgorfa, Valjunquera, Mirambel y Mosqueruela, en caja nº 1308 de la serie “Barcelona”; aunque también se encuentran documentos de prisiones aragonesas en caja nº 1866 de la serie Madrid del AGC, Sección Político-Social. También un pormenorizado informe del comisario general de Orden Público, fechado en Caspe el 25 de julio de 1937, y que se encuentra en la caja nº 839 de la serie “Barcelona” del Archivo. 16. Por ejemplo, aparte de un número de informes locales o comarcales sobre situaciones colectivistas con posterioridad a agosto de 1937, el “Informe” de Justo Tomás, Emilio Loscos, Joaquín Bielsa y Antonio Alquézar, en relación a la situación de las colectividades aragonesas tras la disolución del Consejo de Aragón, en caja nº 1329 de la serie “Barcelona”, del AGC, Sección Político-Social. 17. Cfr. en cuerpo de documentación contenida en caja nº 1408 de la serie Barcelona del AGC, Sección Político-Social. 18. Cfr. en caja nº 10 de la serie Barcelona del AGC, Sección Político-Social. 19. Acerca de estas vicisitudes y otras facetas públicas del gobernador aragonés, puede ser consultado lo que escribimos al respecto en Alejandro R. DÍEZ DE TORRE (2002), “Desdichas de un Gobierno aragonés”, Trébede, Zaragoza, nº 36. En el legajo comentado, de la serie “Barcelona” nº 397, un expresivo documento del PCE aragonés hacía recuento de los afiliados con este partido contaba en dependencias oficiales como Correos, Telégrafos, Delegaciones gubernamentales de Sanidad, Instrucción Pública, Ayuntamiento y sede del propio Gobierno de Aragón en Caspe. Otros legajos expresivos de tal simbiosis documental clasificados en la serie de “Barcelona”, fueron 371 y 373. ROLDE 121-122_ 14 provenían de Aragón: como los importantes documentos de tres de los diputados aragoneses dirigiéndose al gobierno y maniobrando en contra del Consejo de Aragón (que ellos mismos y otros diputados habían contribuido a crear, entre octubre y noviembre de 1936) en la serie de Barcelona; o las disposiciones para aposentar el Gobierno General en Fraga, mediado marzo de 1938 y a punto de abandonar Aragón, que figuran en la serie de Castellón del Archivo20. Un Consejo de Aragón desconocido durante años por los aragoneses, olvidado por los políticos de la transición Pero incluso cuando esos acontecimientos produjeron la desaparición del Aragón republicano, sus refugiados y las vicisitudes de poblaciones trasladadas al ámbito catalán todavía en 1938 dejaron evidencias documentalmente reflejadas en el Archivo salmantino, a través de las recogidas por una Comisión de Evacuados de Aragón, Centro Obrero Aragonés de Barcelona21 y muchos otros documentos, como informes de acogida de evacuados, fichas laborales en colectividades de Cataluña, de refugiados aragoneses, etc.22 Resulta cuando menos sorprendente que en Aragón, durante tantas décadas se haya desvanecido hasta el recuerdo de su primer organismo político de afirmación regional, que –aunque breve y con todos sus defectos– marcó el inicio de un giro irreversible de autogobierno y primera experiencia de autonomía, aún dentro de una guerra y siempre en la época contemporánea. Pero la situación fue llevada –por la acumulación de problemas, la inanición central del Estado, la inoperancia institucional, aún lastrada por el caciquismo– al límite de la mera supervivencia como región: que fuerzas dinámicas, obreras y de dos corrientes republicanas –de izquierda y autonomista– tomaron a su cargo una reconstitución de la personalidad regional en plena guerra. Lo hicieron además, dando preferencia al viejo programa de reconstrucción costista, y adoptando su política desde abajo, dando entrada a las aspiraciones de localidades y comarcas, con procedimientos de gestión al modo federal y libertario, de la fuerza instrumental predominante del sindicato CNT (mayoritaria y predominante organizada en pueblos y centros comarcales de las tres provincias aragonesas, con una red de sindicatos sin comparación a otras redes del momento). En el espectro político de aquel Aragón sobreviviente en 1936 (la mitad oriental de la región, recuperada o mantenida fiel a la República), la importancia y consistencia política de la CNT queda definitivamente fijada por los fondos del Archivo salmantino. De sus colecciones de prensa diaria –especialmente Nuevo Aragón– con- servadas, así como del contraste con otras fuentes –un documento recopilatorio y otra documentación23– sobre composición de los Municipios, en 1937 pueden concretarse estos datos: del total del 70% de municipios constituidos por distintas fuerzas sindicales y políticas a lo largo del Aragón republicano, 363 municipios que arrojaban un total de 2.368 concejales, 1.221 de ellos pertenecían a CNT, 642 a UGT, 213 a Izquierda Republicana, 155 al Frente Popular, 48 a Unión Republicana, 57 al PSOE y 18 al PCE. Permaneciendo 14 concejales sin clasificar, de aquel total de 2.368 la CNT representaba una fuerza mayoritaria a lo largo de Aragón, que obtenía una representación política municipal equivalente al 67% en Huesca, el 92% en Zaragoza y el 69% en Teruel, respectivamente para 182, 34 y 147 Consejos Municipales de los respectivos pueblos24. La influencia de la CNT se dejaba sentir igualmente en las 8 Comarcas constituidas en Huesca, las 4 Comarcas organizadas en la parte republicana de Zaragoza, o las 9 Comarcas en la de Teruel. Del mismo modo que la CNT adquiría también una presencia destacada en las 12 consejerías de las que se componía el órgano regional reconocido por la República como su órgano político en la región: el Consejo de Aragón. El cual a sus expensas y medios materiales dotó de infraestructura, objetivos, líneas de actuación y áreas de trabajo institucional a 12 consejerías: de las que seis estuvieron permanentemente dirigidas por cenetistas (Agricultura, Economía y Abastos, Transportes y Comunicaciones, Trabajo, Orden Público e Información), dos por ugetistas (Hacienda, Cultura), 20. Vid. documentos en cajas nº 218 de la serie Castellón, en el AGC, Sección Político-Social. Así como, el documento de diputados aragoneses, en la caja nº 824 de las serie Barcelona del Archivo. Aunque también existen documentos para valorar el canto del cisne gubernativo en Fraga del gobierno General de Aragón, en la caja nº 80 de la serie Aragón del AGC. 21. Cfr. en caja nº 525 de la serie Barcelona, en el AGC, Sección Político-Social. 22. Cfr., entre otras, en caja nº 1791 de la serie Barcelona; o bien, en la caja nº 5 de la serie Lérida del AGC, Sección Político-Social. 23. La relación más completa de composición municipal de Aragón, en los distintos Consejos Municipales y sectores representados Cfr. en caja nº 397 de la serie Barcelona, en el AGC, Sección Político-Social. 24. Según las notas conservadas por Joaquín Ascaso, el presidente aragonés en la primera mitad de 1937, recientemente editadas, de 491 pueblos, con 358 Consejos Municipales constituidos, la CNT tenía 1.183 concejales, la UGT 618, Izquierda Republicana 269, PSOE 55, Unión republicana 49, PCE 19; sin clasificar un total de 118. Véase Joaquín ASCASO (2006), Memorias. Hacia un nuevo Aragón (edición e introducción de Alejandro .R. DÍEZ DE TORRE), Zaragoza, Prensas Universitarias. 15_EL ARCHIVO DE LA GUERRA CIVIL DE SALAMANCA Escena de trilla en Colectividad de la comarca de Muniesa, verano 1937 dos por republicanos de izquierda (Obras Públicas, Justicia) y dos por comunistas (Industria y Comercio, Sanidad y Asistencia Social). El Archivo salmantino no solo conserva la colección de sus Boletines del Consejo de Aragón, sino también algún ejemplar de sus revistas o publicaciones especiales, como la del departamento de Transportes, Comunicaciones (aunque un solo número); sabiendo que editaron otras que el Archivo no conservó, porque ni los militares de Franco tuvieron la oportunidad de su “recuperación” con la caída de frentes repentinamente en marzo de 1938. Del conjunto de aquellas fuentes y otras más fragmentarias conservadas en el Archivo de la Guerra Civil de Salamanca, ha sido posible para los historiadores reconstruir al menos los perfiles de grandes proyectos costistas y regionales en los que se implicó el Consejo de Aragón. Por los que debió generar una documentación que hoy solo resulta testimonial25, respecto a la que efectivamente existió en 1937, cuando Fábrica azucarera de Monzón, 1936 sus oficinas y almacenes fueron disueltos y arrasados por unidades militares y el bandidaje estalinista. Cada vez va quedando más claro que aquellos proyectos sin embargo pudieron llevarse a cabo por la intercomunicación, fluidez e idea compartida de un Proyecto común que –durante unos primeros meses– existieron en equipos humanos, que lograron conjuntarse en distintos departamentos aragoneses: como los equipos agrícolas, de técnicos, expertos e incansables líderes sindicales en el departamento de Agricultura, dirigidos por los cenetistas, José Mavilla y Adolfo Arnal y su subsecretario Isidro Miralles después; o el equipo de peritos y expertos de Obras Públicas, liderados por el republicano turolense Ángel Roig o el ingeniero republicano Pedro Cajal; o los equipos sindicales movilizados en Hacienda por el ugetista-comunista José Ruiz Borau, o de los maestros en Instrucción Pública, coordinados por el cenetista José Alberola y el ugetista Manuel Latorre primero, los socialistas Arsenio Jimeno y Palmira Plá; o en Transporte, los libertarios Francisco Ponzán primero y Luis Montoliu; o en Economía y Abastos, el plantel movilizado en torno a la figura de los cenetistas Servet Martínez dentro de Aragón y Jesús Aldanondo y el subsecretario Fernando Sanclemente fuera de la región. Sobre distintas líneas y vertientes de un gran programa costista de gobierno regional, dedicamos capítulos en nuestra obra sobre la actividad desplegada por ellos en la región y fuera de ella durante meses26. En el proceso regional de aquel órgano autonómico, pero conectado fuertemente a intereses y necesidades de la República –de un régimen en guerra de supervivencia del Estado– en el Consejo de Aragón al menos hemos apreciado tres fases sucesivas27, marcadas por distintas alternativas de equipos dirigentes regionales del Consejo de Aragón: a) fase de afirmación inicial y determinación regional, hacia un cambio de relaciones político-sociales, entre fines de agosto y el 17 de 25. Curiosamente, solo se conservan pequeños restos de carácter homogéneo de algún departamento, como los regentados por los libertarios, en Información Orden Público. En ambos desempeñó su gestión el libertario Adolfo Ballano; del que se conserva su correspondencia tardía, en el departamento de Información y Propaganda del Consejo de Aragón, y solo cuando era regentado –ya tardíamente– por aquel. En caja n-º 18 de la serie Aragón, del AGC, sección de Político-Social. También de otros departamentos en la misma serie de Aragón, caja nº 25 (entre correspondencia de Izquierda Republicana y del Frente Popular de Aragón). En cuya caja figuran oficios de distintos departamentos regentados por republicanos e interesante borrador de reunión del Consejo de Aragón, que con el membrete de “Presidencia”, especifica tareas a realizar. 26. Cfr. en DÍEZ DE TORRE (2003), parte III, caps. VI y VII. 27. Cfr. en DÍEZ DE TORRE (2003), Ibíd., caps. III, IV y V. ROLDE 121-122_ 16 octubre de 1936, que se constituye formalmente el órgano aragonés, regido al principio solo por cenetistas y libertarios en seis áreas de trabajo delineadas ya como “consejerías”; b) fase de recuperación regional, frente a intromisiones catalanas, pero con una salida de demandas y reconocimiento en el centro del Estado para el órgano aragonés, el 23 de diciembre de 1936. Fue una fase de instalación y apertura autonómica, acaparada por la estructuración de un órgano de afirmación regional, en el otoño de 1936, en el que con la consolidación de los frentes, los libertarios –en ausencia aún de otros sectores obreros y republicanos– pusieron las bases de una gestión política centrada en el restablecimiento de la personalidad regional. A falta de órganos tan arcaicos y desprestigiados como las diputaciones provinciales, dieron entrada a una política desde abajo, de localidades y comarcas, a base de reestructuración política sobre nuevas líneas federales, que las daban participación y protagonismo en la gestión de sus propios asuntos a las poblaciones, siempre coaligadas aquellas en un órgano autonómico federal, radicado excéntricamente en Fraga (Huesca); desde allí, a modo de “centro” federal del Aragón oriental, se emitieron instrucciones que tendían a asegurar el poder local de “comités” de defensa local; así como la cesión de atribuciones funcionales en la Comarcas: constituidas ya entonces gran parte de las 21 activas durante 1937–8 en Huesca, 4 en Zaragoza, 9 en Teruel– como centros de confluencia de intereses locales y servicios o infraestructuras comarcales, regidas por un sistema de “comités” funcionales y toma de decisiones colectivas en “asambleas regionales” de diferentes servicios y administración (del Transporte, Enseñanza, Abastos, etc.). Aún con bombardeos ocasionales –o “por error”– de consejerías libertarias, desde la base catalana de aviones en Sariñena, dominada por un estado mayor catalanista-comunista, los equipos libertarios y sus negociaciones con otros sectores de Frente Popular de Aragón, para su incorporación al órgano político, vieron coronados sus esfuerzos con el reconocimiento del gobierno central y la formación del definitivo Consejo de Aragón, compartido por los diferentes sectores; y c) fase de refundición descentralizada y regeneración costista, de atribuciones y competencias centrales y regionales del Consejo de Aragón, ejercidas en algunas líneas como funciones delegadas del gobierno central y órgano del gobierno en la región, bajo supervisión ministerial. Fue un periodo de autonomía compartida, que se extendió durante siete meses del Consejo aragonés, entre fines de 1936 y julio de 1937. En algunas de las funciones delegadas, como las de orden público, el propio Consejo contribuiría a cierto deterioro, al asumir en sus comisarías u oficinas comarcales múltiples tareas; el coste político de semejante deterioro perjudicó a los libertarios y sus titularidades en consejerías como las de orden público o economía y abastos. Pero fue característico de esta fase un relanzamiento de líneas de desarrollo y recuperación costistas de la riqueza regional, así como intentos notables de concertación económica, federal, y de mejora de relaciones de Aragón con Cataluña28. En el impulso regional del Consejo aragonés, por primera vez se experimentó en Aragón un programa integral de movilización de todos los recursos y ajuste a las necesidades y expectativas populares, desde pueblos y comarcas. Tomándolo directamente de los crite- rios de gobierno y del plan de acción de Joaquín Costa, el programa de acción política y desarrollo del Consejo de Aragón puso a trabajar la inspiración del programa costista en sus diversas direcciones de nueva política de masas, para las necesidades de la gente: “Escuela y Despensa”, “Política Hidráulica”, de ahorro racional y preparación de “Polítíca del ochavo” popular, etc. Fue una gran plataforma de acción conjunta –desde el nuevo centro regional, en Caspe, desde las Comarcas y los mismos pueblos– que sincronizó esfuerzos e hizo coherentes durante meses los objetivos y tareas de las distintas consejerías y consejeros de Aragón. Representantes frentepopulistas y libertarios trabajaron mancomunadamente con pueblos y comarcas, en un proyecto –compartido socialmente– de revalorización y desarrollo regionales, que tomó del gran jurisconsulto aragonés muchas de sus inspiraciones, de: municipalismo, apoyo técnico-agrícola, impulso hidráulico, de riegos, de transportes, obras públicas, enseñanza, entre otras líneas de costismo práctico que están presentes en distinto grado en grupos documentales del Archivo de Salamanca29. Costistas por lo demás, fueron y se declararon distintos consejeros del Consejo de Aragón, a lo largo de su trayectoria en sus consejerías, como hoy lo sabemos: desde los maestros oscenses (los libertarios Viñuales, Ponzán o Mavilla: este último, declarado “hijo de Costa” y, desde febrero de 1937, al cargo de la organización regional de Colectividades), hasta los consejeros de Obras Públicas o Hacienda, el republicano oscense –y líder de las movilizaciones durante años por el agua en el Ato Aragón- Jorge Cajal, o el 28. Entre otros documentos conservados que fijan las líneas de relación interterritorial, entre Aragón y Cataluña, se conserva un dossier de prensa contrastada, de la formación del Consejo de Aragón y su presentación y relaciones con la Generalitat de Catalunya, en caja nº 1.272 de la serie “Barcelona” del AGC. Fue un tema documentado y seguido en varias vertientes, en nuestra obra. DÍEZ DE TORRE (2003), caps. II y III. 29. Especialmente, en campos como: las obras públicas, con grupos de documentos del departamento del Consejo de Aragón (cajas nº 25 y 73 de Aragón); los riegos y la configuración de acuerdos comarcales, auspiciados o estimulados por el departamento. agrícola del Consejo de Aragón (cajas n.ª 18, 77 y 96 de Aragón); la enseñanza y la dotación de apoyos e infraestructura, por ejemplo en torno a las colonias escolares y Hogar de la Infancia propiciadas por el departamento. de Instrucción Pública del Consejo de Aragón (cajas nº 25, 84 y 121 de Aragón; nº 1353 y 1433 de Barcelona); o los esfuerzos por dotar plazas y vacíos de maestros en escuelas locales (en caja.º 886 17_EL ARCHIVO DE LA GUERRA CIVIL DE SALAMANCA ugetista-comunista zaragozano José Ruiz Borau (José Ramón Arana, en su obra literaria)30. Aragón optó entonces por la comarcalización de su orden civil y económico, para aprovechar hasta la última de sus energías y situar la satisfacción de sus necesidades más primordiales, al alcance de sus poblaciones. Alrededor de sus centros activos y vitales, los comarcales, donde pudieron garantizarse intercambios y oferta de bienes a precios bajos, la vida barata y la misma política aragonesa fue vista en tales centros como la “política para la blusa y el calzón corto” populares de Joaquín Costa, que vio consolidarse en ellos el periodista socialista Alardo Prats a mediados de 193731. En el nuevo orden de prioridades, el sistema colectivo (ista) revalorizó la vida de amplios sectores rurales, apenas saliendo del viejo esquema caciquil –de control férreo de minorías y jefes, colocados en la jerarquía de mando político u administrativo; con un orden cerrado, solo accesible y sensible a necesidades de una minoría de propietarios y profesionales, con intereses retrógrados de control social– invirtiéndose el esquema hacia necesidades de sectores mayoritarios o amplios y nuevos servicios sociales en poblaciones: abastos, hospitales de urgencia, escuelas, asilos-residencia, entre otros derechos sociales que pasaron a tener atención especial en poblaciones en 1937. Donde las colectividades institucionalizaron una nueva economía social, entre renovaciones de viejos edificios públicos o privados –conventos, palacios, almacenes o dependencias afines– o ampliación y construcción de instalaciones para nuevos usos sociales, a menudo proyectos Mapa de los frentes militares y territorios ocupados por los ejércitos de Franco en Aragón de Barcelona); o incluso, la decisión de recogida de obras de arte, para un Museo Regional de Aragón (caja nº 50 de Aragón). Por no referir otros temas de intensa comarcalización y disposición ordenadora del Consejo de Aragón, como: las bases y regionalización de transportes (cajas nº50 y 73 de Aragón; 921, de Barcelona); los abastos (con representación de movimientos locales-regionales, en casos puntuales, como en Gelsa, caja nº 110 de Aragón; 397 de Barcelona); la electrificación y la orientación de sus aprovechamientos comarcales (cuestionarios y orientaciones, conservados a propósito de la comarca de Huesa del Común, caja nº 73 de Aragón); las azucareras y orientaciones regionales de sus líneas de explotación comarcal (cajas nº 18, 49 y 110 de Aragón), y hasta la sanidad (cajas nº 73 y 110 de Aragón) o el trabajo ( cajas nº 73 y 110 de Aragón). 30. Véase a este respecto su última antología de Poesía, en edición de Javier Barreiro y estudios introductorios sobre vida y obra de José Ramón Arana-José Ruiz Borau, a cargo de Eloy FERNÁNDEZ CLEMENTE, Alejandro R. DÍEZ DE TORREy Javier BARREIRO, Zaragoza, Rolde de Estudios Aragoneses/Diputación Provincial de Zaragoza, 2005. 31. Cfr. En Alardo PRATS y BELTRAN (2006), Vanguardia y retaguardia de Aragón, Sevilla, Renacimiento- Espuela de Plata, p. 102. (reed.). ROLDE 121-122_ 18 Fuente y monumento a Joaquín Costa, en la plaza de la República de Graus comarcales muy valorados, surgieron en comarcas con más éxito de colectivización: como la Litera oscense, la Ribagorza en el Alto Aragón, la Ribera del Ebro o las fértiles tierras del Bajo Aragón turolense. Sobre tales procesos de comarcalización de servicios y un nuevo cuadro de disponibilidades desde las Comarcas, el Archivo salmantino todavía conserva pequeños grupos documentales insustituibles32. En Binéfar, por ejemplo, radicó un hospital comarcal o “Casa de Salud Durruti” enteramente instalado con recursos y medios locales y comarcales, puesto al servicio de necesidades delos pueblos, con servicios médicos de amplio alcance: rayos ultravioleta, laboratorio de anatomía patológica, áreas de medicina preventiva y ginecología, etc. Financiado con los medios de colectividades comarcales, este hospital fue uno de los símbolos de avance social colectivo en las comarcas; donde los nuevos servicios disponían, además, de apoyo técnico, ayudas o impulso decidido del Consejo de Aragón, como en las bases de transporte comarcal, los parques de maqui- Sede de consejerías del Consejo de Aragón en Caspe naria agrícola, las azucareras o las minas turolenses. No obstante al final de aquel periodo constructivo y socialmente creativo, en los inicios del verano de 1937, tanto el proceso de reajustes entre fuerzas políticas en el gobierno central, como por las pugnas entre tendencias políticas obreras –que culminaron en Barcelona en los sucesos de mayo de 1937, entre comunistas, poumistas y libertarios– el Consejo de Aragón acusó los avatares de un proceso de centralización general e intrigas políticas crecientes, proceso representado en el Archivo de Salamanca por informes y documentos, puntuales pero esenciales al respecto33. Ambas perspectivas tuvieron por motivo el tira y afloja en la autonomía de gestión regional, pero se concentraron en ministerios centrales de Valencia, o en reuniones y pactos regionales, entre CNT y Frente Popular, para remodelar cuotas de participación de sectores componentes con afanes diversos ya. A lo largo de los meses de junio y julio de 1937, en pos de refrendos sucesi- vos de cúpulas centrales de partidos nacionales, así como de peticiones de apoyo material de distintos ministerios a proyectos regionales en curso, hacia Valencia discurrieron delegaciones frentepopulistas o cenetistas aragonesas. Estos últimos se encontraban sin valedores ministros en el gobierno central, después de la caída del gobierno de Largo Caballero y la formación, el 17 de mayo del gobierno dirigido por el socialista Negrín. Envuelto en un proceso de militarización y centralización del Ejército del Este en Aragón, durante julio y primeros días de agosto de 1937, el Consejo de Aragón sobrevivió a duras penas, entre el aislamiento y la estrangulación central, con el correspondiente deterioro de competencias, pérdidas de apoyos políticos y cerco militar, previa a su liquidación. Con una perspectiva thermidoriana a la vista, los fondos del Archivo salmantino han conservado la dislocación del orden regional, a base de asaltos militares, altercados locales calculadamente suscitados por fuerzas regulares en retaguardia, durante un 32. Como por ejemplo, los cuerpos o dossieres documentales de centros y asambleas de federaciones comarcales de colectividades, o de comités comarcales de: Angüés (caja nº 56 Lérida); Barbastro (cajas nº 515, 906, 921, 1.331, 1.345, 1.431 y 1.432 Barcelona); La Almolda-Pina de Ebro (caja nº 110 de la serie Aragón); Azuara-Lécera (caja nº 36 de Aragón); Huesa del Común-Muniesa (caja nº 73 de Aragón); Albalate del Arzobispo-Híjar (caja nº 50 de Aragón); Alcañiz (caja nº 77 de Aragón); Valderrobres (caja nº 543/1 Madrid); Mas de las Matas y la comarcalización de su Alcoholera (cajas nº 73 de Aragón y 302 Castellón); Mora de Rubielos (caja nº 6 Vinaroz). 33. Cfr. en documentos contenidos en las cajas nº: 25, 49 y 51 de la serie Aragón; 393 y 397 de Barcelona del AGC. 19_EL ARCHIVO DE LA GUERRA CIVIL DE SALAMANCA Billete de la Colecctividad Obrera UGT-CNT de Híjar mes antes de la liquidación militar de agosto de 1937 del Consejo de Aragón34. Finalmente materializada con los planes y programación de ocupaciones militares de retaguardias, a cargo de Divisiones como la 11 del comunista Líster, la 30 catalanista o la 27 del comunista y catalanista del Barrio. De hecho Líster disponía de un plan de ocupación en Caspe de sedes, consejerías, almacenes, instalaciones, etc., del Consejo de Aragón y otras oficinas del mismo en el Aragón Oriental. Mientras aparecía en la Gaceta, el 11 de agosto de 1937 el decreto de disolución por el gobierno central del Consejo de Aragón, con instrucciones directas del ministro de la Guerra Indalecio Prieto, el jefe comunista dirigía tropas de elite bien pertrechadas en rápidas operaciones de invasión de pueblos y centros comarcales. No deteniéndose las ocupaciones y detenciones militares en sedes oficiales e instancias del nuevo poder regional, sino que se ampliaron a sedes anarcosindicalistas y cuadros colectivistas en general. Los resultados alcanzados con tales actuaciones e impunidad militar quedaron ocasionalmente representados en distintos documentos del Archivo de la Guerra Civil35 aparte de destrucciones de almacenes, asaltos y rapiña de soldadesca o de sus mandos, confiscaciones, nuevos aposentamientos y colapso de abastos o transportes, arrasamiento del orden civil y del sistema de autoridad por un bandidaje inducido por jefes, delegados o policías mandamases– fueron detenciones de más de 600 personas, varios consejeros del Consejo de Aragón detenidos en sus puestos con los papeles dispuestos, cientos de detenidos responsables de colectividades y consejos municipales, que fueron trasladados a prisiones y lugares solo conocidos por los mandos castrenses y sus tropas. Sobre estos y otros aspectos “gubernativos” del nuevo orden civil, también conserva el Archivo salmantino documentos representativos36. Algunos detenidos como los hermanos Blanco de Alcampel desaparecieron; otros más afortunados, pasarían largos meses en prisiones provinciales como la de Barbastro, que fue bombardeada por aviones de franco en noviembre de 1937, sin que los presos encontrasen escapatoria (incluso, volviendo a sus celdas, después de auxiliar heridos o evacuados). Todavía en enero y marzo de 1938, el comité regional de la CNT debía pedir, en largas cartas al nuevo gobernador de Aragón, José Ignacio Mantecón, la aportación de pruebas o puesta a disposición de jueces de varios cientos de presos gubernativos cenetistas. Algunos todavía esperaban “juicios” cuando las tropas de Franco traspasaron los frentes del Aragón republicano, entre la segunda y la tercera semanas de marzo de 1938. 34. Cfr. en informes de Orden Público o de inspecciones de mandos de policía, como los conservados en cajas nº 397, 802 y de modo especial –con un prolijo informe del viaje de inspección por la provincia de Teruel, del comisario de policía– 839 de la serie “Barcelona”, del AGC. 35. Son bastante representativos en este sentido informes de dirigentes políticos indirectamente involucrados, como el comunista José Duque y su informe confidencial a la cúpula del comité central de su partido en Valencia, con fecha de 17 de agosto de 1937 –a una semana del golpe en la región– que se halla en la caja nº 616 de Barcelona, como las manifestaciones públicas de José Almudí y otros dirigentes comunistas regionales, recogidos en Boletines orgánicos de sus oponentes cenetistas (en la nº 463 y 1.329 de Barcelona). 36. Como ejemplo significativo, los documentos de relaciones de detenidos –en cárcel de Caspe y otras prisiones más o menos adaptadas– de dos fechas distintas (el 16 de octubre de 1937 y de febrero de 1938), en caja nº 1308 de la serie “Barcelona”; o bien, de circular orgánica cenetista, con acuerdos sobre presos gubernativos entre otros alcanzados con el Gobernador General, en caja nº 1345 de la serie “Barcelona”, del AGC.