regularidad y racionalidad económica
Transcripción
regularidad y racionalidad económica
Las auditorías de regularidad, legalidad y de gestión Los criterios de fiscalización aplicados por el Tribunal Federal de Cuentas son la regularidad y la racionalidad económica (la buena gestión). Las auditorías de regularidad y legalidad consisten en comprobar el cumplimiento de las normas legales y administrativas, así como el de las previsiones presupuestarias fijadas por la Ley de Presupuestos Generales. La auditoría de racionalidad económica consiste en analizar la relación coste-eficacia. En el ejercicio de la función fiscalizadora, se presta especial atención al uso de los recursos humanos y a la eficacia de la actividad administrativa. En este contexto, es cada vez más importante evaluar la eficacia de los programas, especialmente cuando se trata de programas u otros proyectos de gran envergadura. El objetivo de dichas auditorías es verificar si, mediante las medidas que se adoptaron, la Administración pudo alcanzar los objetivos previstos y si las autoridades administrativas competentes evaluaron de forma adecuada el programa o el proyecto implantado. Los criterios de fiscalización más importantes: regularidad y racionalidad económica El Tribunal Federal de Cuentas controla la regularidad y la racionalidad económica (economía, eficiencia y eficacia) de la gestión pública. La fiscalización de la regularidad consiste en comprobar el cumplimiento de las normas, de la Ley de presupuestos y de las disposiciones administrativas. La finalidad de las auditorías de racionalidad económica es evaluar la relación costebeneficio. El Tribunal Federal de Cuentas enfoca particularmente los gastos de personal (Personalaufwand) y la eficacia de las actividades emprendidas por la administración pública. La fiscalización de los resultados de programas obtiene cada vez más importancia, sobre todo cuando se trata de auditar grandes proyectos públicos. Este tipo de fiscalización consiste en analizar el logro de los objetivos previstos y en comprobar si la administración ha evaluado adecuadamente las medidas realizadas.