Corrupción e Impunidad. Página 1

Transcripción

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PUBLICACIÓN TRIMESTRAL DEL
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES ECONÓMICAS Y
SOCIALES -IIESFACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS
UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA
AÑO XLVI
ENERO-MARZO 2008
Contenido
No. 175
Página
Corrupción e Impunidad.
1
Análisis del -PIBPeríodo: 1950-2006
Lic. Miguel Ángel Castro
93
PRESENTACIÓN
El Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales -IIES- de
la Universidad de San Carlos de Guatemala, presenta a sus
lectores la Revista Economía 175, correspondiente al trimestre
enero-marzo 2008.
El primer artículo, “CORRUPCIÓN E IMPUNIDAD”, del Lic.
Alfonso Bauer Paiz, estudia esas lacras sociales desde el año
2002 y aborda las consecuencias indebidas éticamente y
perjudiciales a la convivencia ciudadana y al desarrollo
humano. Específicamente, ahonda las manifestaciones de
estas layas en las políticas de Privatización, de Creación de
Fondos Sociales, Fideicomiso, Autorización del Régimen de
Franquicias, así como en la Contratación por parte del Estado,
con empresas transnacionales petroleras y mineras.
Asimismo, se ocupa de estas corruptelas en el sistema
tributario, en la tergiversación de los Acuerdos de Paz y de la
Contravención en materia de Impunidad y Corrupción de
instrumentos internacionales, ratificados por Guatemala y, por
último, un apartado de Conclusiones y Recomendaciones.
En el último artículo “ANÁLISIS DEL -PIB- PERÍODO:
1950-2006”, del Lic. Miguel Ángel Castro, en el cual indica que
las cifras del -PIB- no deben interpretarse de manera fría, en el
sentido de considerarlas como simples cifras, porque eso
significa ignorar que detrás de las mismas lo que existe o
representan son a seres humanos dotados de ideas,
pensamientos, necesidades que satisfacer, sentimientos u
otras formas espirituales de manifestarse. Cuando se dice que
este indicador creció, ello no garantiza mejorar la vida material
y espiritual de los individuos, porque cuando ha habido
crecimiento, éste se sigue distribuyendo de forma desigual y
concentrando en los sectores tradicionales, que no se refleja en
mejorar el nivel de vida de los sectores populares. El desarrollo
y el crecimiento no son excluyentes, ya que éste es el punto de
partida de aquél, aunque puede existir crecimiento sin
desarrollo.
Los datos entre los que figura el -PIB- representan un saber y
un conocimiento, que surgen del estudio de la realidad social,
para que de nuevo se proyecten o regresen a la misma, cuando
contribuyen en la formulación de políticas con varias
finalidades de incidencia, que pueden ser para cambiarla o
mantenerla, pero que en otras ocasiones también se les utiliza
para esconder el estado irracional e injusto de la realidad
histórica nacional.
Partiendo de la economía política el -PIB- está conformado por
dos grandes facetas que son las denominadas actividades
productivas (Bienes) e improductivas (Servicios), lo cual
responde a que unas veces el capital dentro del ciclo de
circulación se encuentra en la esfera de la circulación y otras
en el ámbito de la producción. La gran división social del
trabajo en Guatemala sobre la base del producto interno
bruto, indica el carácter de la tendencia general de desarrollo
que se ha tenido, infiriendo que ha descansado en los sectores
improductivos, al representar un porcentaje que se acerca al
60%, lo cual acentúa las relaciones de dependencia y
subdesarrollo.
La clásica división internacional del trabajo expone que en
sociedades subdesarrolladas la principal actividad productiva
se efectúe sobre la base de la extracción primaria, situación a
la cual Guatemala no escapa, representando para nuestra
economía un pecado capital que se ha eternizado en el devenir
del tiempo, al convertirse en factor determinante, que por
largos siglos ha postergado estructurar una modalidad
diferente de sociedad, que no ha superado la vieja tesis del
comercio internacional de las “ventajas comparativas”.
Se considera que el comportamiento que ha tenido el -PIB- no
variará en el corto o mediano plazo, en tanto la política
económica del país, siga dejando de lado la participación
directa del mercado interno que propicie la inversión en
sectores productivos de amplio consumo popular.
Al final del artículo, se incluye el anexo denominado: El Premio
Nobel Joseph Stiglitz, cuestiona la efectividad del -PIB- para
medir crecimiento de los países.
“ID Y ENSEÑAD A TODOS”
CORRUPCIÓN E IMPUNIDAD
PRESENTACIÓN(*)
La persistencia de prácticas corruptas en distintos
ámbitos de las relaciones sociales en Guatemala, notoriamente
en la función pública de los tres organismos del Estado y en
sus relaciones contractuales con instituciones y empresas
privadas a las que ha transferido la prestación de servicios
públicos, han motivado al IIES a la realización de este estudio,
con el objeto de enfrentar tan grave problema y encontrar las
vías de su solución.
El IIES parte del principio que la política y la ética han
de mantener estrecha vinculación, pues si la moral se impone
en las relaciones familiares, con muchísima más razón en las
del Estado con los habitantes del país, a quienes gobierna
debiendo procurar, como lo manda la Constitución Política de
la República, la realización del bien común.
En las últimas décadas, en Guatemala, como ha
sucedido en otros países del mundo, lo cual de ninguna
manera lo justifica, ha habido una crisis gravísima de valores
morales y del respeto a los derechos humanos, sobre todo de
las clases sociales desposeídas y los de los guatemaltecos de
cultura maya. Ello, por una parte, y, por otra, una
proliferación del crimen organizado, en buena parte debido a
contaminación foránea, como los maras y los narcotraficantes,
originarios de los Estados Unidos de América.
Ya no se puede negar que en Guatemala prevalece una
situación social de anomia, es decir falta de respeto a las
normas morales y jurídicas. En cuanto a éstas últimas la
sociedad padece, de parte de los funcionarios que ejercen el
poder, la observancia del Estado de Derecho, pues sólo aplican
(*)
El autor de este ensayo, Alfonso Bauer Paiz, es investigador de este Instituto,
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales (IIES), de la Facultad
correspondiente de la USAC.
Corrupción e Impunidad
las leyes y disposiciones que convienen a sus intereses
privados y de clase, en tanto que las que garantizan derechos
de la población en general, son ignoradas o tergiversadas en
su aplicación.
La anomia, peste social, política y jurídica, es el antro
que anida a la corrupción y a la impunidad, tanto del crimen
organizado, como los servidores del Estado corruptos.
Las ciudadanas y ciudadanos moralmente sanos del
país, cualesquiera que sea la clase social a la que pertenezcan
y su origen étnico están obligados a combatir, hasta las
últimas consecuencias el mal de la anomia, la corrupción y la
impunidad. Y a ejercer vigorosamente sus derechos civiles y
políticos de modo que las próximas autoridades que salgan
electas o que sean nombradas por el Presidente de la
República vencedor en los comicios de septiembre o noviembre
del presente año, actúen como es su deber, erradiquen esos
males y se establezca un auténtico estado de derecho, un
sistema de convivencia político social fundamentado en
principios ético-jurídicos con el máximo de justicia social
posible.
ÍNDICE
Apartado I
Relación
Informativa
correspondiente
2002-primer semestre 2007.
Apartado II
Privatizaciones.
Apartado III
Fondos Sociales, Fideicomisos y Franquicias.
2
al
quinquenio
Apartado IV
Contratación de Estado
petroleras y mineras.
con
empresas
transnacionales
Apartado V
Evasión de Impuestos.
Apartado VI
Acuerdos de Paz.
Apartado VII
Impunidad, Convención de las Naciones Unidas contra la
Corrupción, Acuerdo entre la ONU y el Gobierno de Guatemala
relativo al establecimiento de una Comisión Internacional
Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).
Apartado VIII
Conclusiones y Recomendaciones.
-------------o--------------Apartado I
Relación informativa correspondiente al quinquenio
2002-primer semestre 2007.
AÑO 2002
En el mes de marzo caso Conexión Panamá, lavado de
dinero de altos funcionarios del Gobierno, quienes depositaron
tales fondos mal habidos en bancos de ese país. (Siglo
Veintiuno de 9/8/02).
3
Caso Francisco Alvarado Macdonald.- Julio Girón,
Secretario Privado de la Presidencia, como representante de
empresa transnacional petrolera, y quien está Involucrado en
el caso Conexión Panamá, junto con César Medina Farfán
(consocio de Girón en la Empresa Trasiegos y Estibas, quien
también es señalado en el caso Conexión Panamá. (Siglo
Veintiuno, 12/8/02).
Transparencia Internacional ubica a Guatemala en el
puesto 81 de 102 países que estudia. Es el peor de Centro
América. Marco Tulio Abadío, Contralor General, es acusado
por el diario El Periódico de ser responsable de haber ocultado
en su informe de la ejecución presupuestaria de 2001, las
transferencias millonarias ejecutadas por el Gerente de
GUATEL, Estuardo del Pinal (Q 200 millones). Del Pinal,
ilegalmente, creó un fideicomiso con Q 55.1 millones
provenientes del tercer pago de la venta de TELGUA.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos
(CIDH) manifestó su preocupación por las intimidaciones
sufridas el 23 de agosto, por el Lic. Luís Roberto Romero,
abogado que representa a Helen Mack en el proceso contra
tres militares acusados de la autoría intelectual del asesinato
de Mirna Mack.
Adela de Torrebiarte, de Madres Angustiadas, y Miguel
Ángel Albizures, de Alianza contra la Impunidad, piden que la
Fiscalía General actúe en varios casos de corrupción: Conexión
Panamá, en el del banquero Francisco Alvarado Macdonald, en
el préstamo ilícito del avión presidencial para ir a hacer los
depósitos en Panamá del dinero lavado, el desfalco de Q 80
millones durante la gestión del Ministro de Gobernación, el
militar Byron Barrientos, sobregiros por Q 47.9 millones del
Presidente del CHN, Armando Llort, la campaña negra impresa
en la Tipografía Nacional, en el de la mafia de funcionarios de
Aduanas implicados en tráfico de drogas, en el de la sobre
4
valoración, Q 1,5 millones de placas de vehículos, el caso de
funcionarios
del
Ministerio
de
Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda (MICIVI) que estafaron Q 155
millones, estando involucrado el Ministro de Finanzas, Manuel
Maza Castellanos, y tres empresas contratadas y a quienes se
les vinculó con un decomiso de mil kilos de cocaína en El
Salvador, cuyo destino era Guatemala.
(Toda la información anterior es del diario El Periódico,
de 28/8/02).
AÑO 2004
José Rubén Zamora, acusa al Fiscal General de la
Nación, de ser garante de la impunidad del crimen organizado
y la corrupción gubernamental. Se basa en los siguientes
hechos: acciones extrajudiciales, como intento de asesinato de
Rafael Castillo, boicoteo a la investigación del caso Conexión
Panamá, en el que están involucrados, el Presidente Alfonso
Portillo, Julio Girón, Francisco Reyes, el yerno de Portillo, Riley
y Medina Farfán. Encubrimiento del desfalco cometido por el
Ministro de Gobernación, Barrientos y del saqueo de varios
millones de Quetzales en el MICIVI, atribuido al ministro Luis
Rabbe. No actuó en el caso del lavado de dinero del CHN e
igualmente cuando GUATEL, IGSS, IPM fueron despojados de
más de dos mil millones de Quetzales, por los funcionarios del
Pinal, Girón, Reyes, Ríos Sosa y Arévalo Lacs, el vice-almirante
Posadas y el propio Fiscal General, Carlos de León, a través del
Fideicomiso en BANRURAL hacia la Asociación para el
Desarrollo Integral de Guatemala y ASODEGUA, entidad de su
propiedad. Además no hizo ninguna denuncia a los Tribunales
en el caso del allanamiento de la vivienda del periodista
quejoso, José Rubén Zamora, ni en el de los atropellos del
jueves negro, perpetrados por bandas del FRG. Pero, sí
dispuso el sobreseimiento del proceso contra el magistrado
Rodil Peralta.
5
El Fiscal General, Carlos de León Argueta, celebró
contrato para la construcción de 450 casas, con FONAPAZ, a
precios sobrevalorados, por Q 50 millones.
(Las anteriores informaciones constan en Prensa Libre,
de 17/2/04).
Sylvia Gereda Valenzuela, periodista, informa que en la
PNC la corrupción llega al grado de que Jefes policiales
ordenaron la compra de clavos, pagando cada libra a razón de
Q 1 mil, cuando su precio es de Q 3.25. Además, la PNC, en
reparación de vehículos gastó en un año, Q 14.8 millones.
(Prensa Libre, 12/2/04).
El Contralor Abadío financió al partido de la Unidad de
la Esperanza (UNE), con Q 1.5 millones, a favor de la
candidatura presidencial del Ing. Álvaro Colom. (Prensa Libre,
26/2/04).
En dieciocho transacciones millonarias y en efectivo, en
horas inhábiles, una mafia que incluye a militares, al servicio
del Presidente Portillo, realizó en las bodegas del CHN la
sustracción de Q 42.8 millones, que fueron depositados en el
extranjero. Este caso es un ejemplo de cómo el valor de
decomisos de cocaína, de asignaciones presupuestarias
correspondientes al Ejército Nacional, para plazas fantasmas y
otros caudales producto de la corrupción en las fuerzas
armadas, han ido a parar al extranjero y convertido en
millonarios a oficiales corruptos. (Prensa Libre, 26/2/04).
A finales de febrero, estando prófugo el ex Contralor
Abadío, ya se había logrado decomisarle Q 50 millones que
tenía depositados en sus cuentas bancarias. (Prensa Libre,
27/2/04).
6
A través de la entidad CONFÍA, fueron lavados, además
de los Q 42.5 millones ya informados, Q 200 millones,
utilizando cuentas de esa ilícita martingala “depositante” del
CHN, instrumento utilizado por el Presidente de ese banco,
José Armando Llort, el Presidente de la República, Portillo y
un grupo de militares: Francisco Ortega Menaldo, Jacobo
Salán, y Napoleón Rojas. (Siglo Veintiuno, 1/3/04).
El Gerente de Operaciones de Aeronáutica Civil,
Leonel Haroldo Búcaro Pérez, ordenó le entregaran los planes
de vuelo del avión presidencial y éstos nunca volvieron a
aparecer, vuelos relacionados con el caso Conexión Panamá.
(El Periódico, 1/3/04).
El Ministro de Agricultura, Álvaro Aguilar, informó que
la Superintendencia de Bancos (SB) había descubierto que la
CGNC entregó Q 405 mil a la Asociación Amigos en Acción,
que financiaba la campaña presidencial del candidato de UNE,
Álvaro Colom. (La Hora, 3/3/04).
El ex Fiscal General, Carlos de León Argueta, contrató a
más de 200 allegados, bajo el renglón 029 y les pagó más de
Q 25 millones. (El Periódico, 5/3/04).
Cuatro familiares de Julio Girón y de Napoleón Rojas, ex
directivos de GUATEL, del FRG, recibieron al terminar su
función exorbitante indemnización de casi Q 1 millón. (El
Periódico, 5/3/04).
Adolfo Reyes Calderón, Ministro de Gobernación, antes
de retirarse firmó contrato con dos ONGS, una de ellas
fantasma, para servicio de mantenimiento y reparación de
equipo de la PNC, por Q 110 millones. CONFÍA que operaba
cuenta –espejo en el CHN manejó hasta US$ 30 millones, en
febrero del 2001. (El Periódico, 8/3/04).
7
En el Diario de Centro América ---Oficial--- No. 74 de
8/3/04 se publicó el Acuerdo Gubernativo, 91-04, con
carácter temporal y como parte del Organismo Ejecutivo, que
creó la Comisión para la Transparencia Contra la Corrupción, la
cual funcionaría como instancia unipersonal con un
Comisionado designado para un año prorrogable. Actualmente
no existe.
El MP investiga el señalamiento que se hace al Centro
Internacional para la Preinversión Agrícola (CIPREDA) del
MAGA, contratado por el Contralor Oscar Dubón Palma, como
eslabón para desviar dinero para el partido político UNE y
PAN, según denuncia de la Intendencia de Verificación
Especial de la Superintendencia de Bancos. (La Hora,
17/3/04).
El diario La Hora informó de algunos actos de
corrupción durante la administración de Álvaro Arzú. A saber:
+ Privatización de GUATEL y de TELGUA, en esta última,
según Ricardo Bueso, desaparecieron Q 250 millones.
+ Privatización de servicios de electricidad a empresa española
y del Servicio de Correo. + Actos de nepotismo que favorecieron
a sus parientes Fritz García Gallont y Enrique Godoy García
Granados. (La Hora, 19/3/04).
La lista de acusados de la Red que estafó al IGSS Q 800
millones, llega a 33 personas, pero detenidos sólo cinco
Estafa al MICIVI por Asfaltex y Bienco, consumada en el
año 2002, hasta por Q 104 millones. José Ricardo Pinelta
Chacón, de Bienco, pagó fianza de Q 2 millones y Boris
Fernando García Ruano, de Asfaltex, pagó Q 2.5 millones para
no ir a la cárcel. (Prensa Libre, 20/3/04).
8
Alvarado Macdonald al fin, en prisión. (El Periódico,
9/6/04).
La Misión de las Naciones Unidas para Guatemala
(MINUGUA) se refirió al Servicio de Investigación Criminal
(SIC) de la PNC, como ineficiente, integrado por personal que
sólo tiene tres años de primaria y antecedentes penales.
Protege a narcotraficantes y negocia las capturas. Es un
cuerpo policíaco de 604 miembros. (El Periódico, 5/7/04).
Sylvia Gereda Valenzuela revela datos de los
antecedentes de Byron Barrientos, quien fuera nombrado
Ministro de Gobernación el 2 de julio del 2000:
- En 1977 fue ayudante del Comandante Coronel
German Chupina Barahona, jefe militar represor. - En el
gobierno de Romeo Lucas, estuvo al servicio de la Dirección de
Inteligencia (G-2) por recomendación del General Manuel
Callejas y Callejas, sindicado de pertenecer a las redes más
poderosas del crimen organizado. + Fue jefe de la Guardia de
Hacienda
que
cometía
crímenes
de
lesa
humanidad. + También fue agente de seguridad del General
Efraín Ríos Montt, quien lo incluyó en planilla y fue electo
diputado por el FRG. + Los Tribunales de Justicia le procesan
por el desfalco de Q 90 millones que perpetuó en el Ministerio
de Gobernación. + Barrientos fue quien organizó el cuerpo de
PNC corrupto. (El Periódico, 5/7/04).
No
obstante
la
complacencia,
por
no
decir
encubrimiento por parte de la CGNC, de los malos manejos de
las autoridades en la ejecución presupuestaria del año 2003,
reportó reparos por Q 69.9 millones en 35 dependencias del
Gobierno Central y 22 Consejos de Desarrollo Departamental y
Q 299.3 millones en entidades autónomas y descentralizadas.
Total, Q 369.2 millones. (El Periódico, 9/9/04).
9
Según información sobre gastos superfluos, sobre todo
en GUATEL, Presidencia de la República, Ejército, Ministerio
de Gobernación, se despilfarraron durante los años del 2002 al
2004, Q 2,492,600. (El Periódico, 9/12/04).
Acción
Ciudadana
-Capítulo
Guatemalteco
de
Transparencia Internacional-, en campo pagado, da a conocer
los motivos por los cuales las dependencias corruptas del
Estado no utilizan GUATECOMPRAS, sistema que garantiza
probidad en las compras y contrataciones: 1.- Dificulta seguir
comprándole a familiares, amigos y conocidos; 2.- Dificulta
que los funcionarios sigan recibiendo el 10% por “comisiones”.
3.- Limita la venta de bases de forma ilegal; 4.- Limita la
compra de productos de una marca específica; y 5.- Evidencia
que las obras se realizan a través de una ONG. (El Periódico,
18/5/04).
Haroldo Shetumal denuncia que la concesión a la
empresa MARHNOS para la construcción del tramo de la
carretera Palín-Escuintla, autorizada por el Ministro del
MICIVI, Fritz García Gallont, es un negocio turbio en el que
MARHNOS se queda con el 99% de lo que se recauda por peaje
en la autopista. (Prensa Libre, 25/5/05).
El periodista, Carlos Menocal, en artículo “La sombra de
Portillo cobra actualidad. El mayor saqueo estatal”, informa
que:
- Durante su administración (2000-2004), funcionarios
militares y empresarios se apropiaron de miles de millones de
Quetzales. - La transferencia al Ministerio de la Defensa
(MDN), por Q 120 millones, de los cuales Q 30 millones fueron
a parar a cuenta de su amigo personal y ex Presidente del
CHN, Armando Llort. - Portillo y varios altos funcionarios
cometieron lavado de dinero por cientos de millones de
Quetzales, depositados en cuentas secretas en bancos de
Panamá. - Durante el ejercicio de su cargo, llevó vida de lujo
10
como puede apreciarse a continuación: por sus visitas a los
departamentos de la República cobró Q 1.3 millones por año,
en total, Q 5.2 millones; sus gastos personales ascendieron a
Q 32 millones, en buena parte invertidos en lámparas,
escritorios, libros, relojes, plumas y computadoras; - contrató
a 1500 personas bajo el renglón 029, en su mayoría plazas
fantasmas; - con el pretexto de darle atención a la calamidad
pública y emergencias nacionales, dispuso de Q 50 millones,
recursos que no llegaron a las víctimas de las tormentas.
- Portillo y sus allegados se asignaron, bajo el renglón 0-79
“otras prestaciones” hasta Q 19 millones anuales o sea Q 76
millones en total. - Con la quiebra de los bancos Metropolitano
y Promotor de su financista Alvarado Macdonald, el Estado
perdió Q 1,500 millones; - Sustrajo del Estado Mayor
Presidencial (EMP) y del Ministerio de la Defensa Nacional
(MDN), Q 1,400 millones, sin preocuparse, por considerar la
operación “secreto militar”. (El Periódico, 17/7/05).
La gremial de Fabricantes de Productos Farmacéuticos
afirmó que el IGSS pagó un 44 % de sobreprecio por medicinas
que compró. (La Hora, 17/8/05).
El Gobierno no utilizó GUATECOMPRAS
licitaciones. (El Periódico, 23/8/05).
en
210
En tanto que el Ministro de Finanzas, Eduardo
Weymann sólo fue condenado a tres años de cárcel
conmutables, por haber firmado un acta, que facilitó el saqueo
de millones de Quetzales por la SAT, a una microempresaria
(dueña de un modesto comedor) la penaron por el robo, en una
clínica privada, de un aparato de ultrasonido, a 12 años de
prisión inconmutables. (Prensa Libre 18/9/05).
Hijos de altos funcionarios del Gobierno frecuentan por
las noches la Zona Viva, a quienes se les identifica como de la
clase social VIP (en inglés -Very Important People- gente muy
importante), aunque escandalicen o delincan, basta con que
11
mencionen sus buenas relaciones con el Director de la PNC o
con el Ministro de Gobernación, para que los agentes de la
PNC, los dejen en libertad, aunque es frecuente que al mismo
tiempo reciban apetecibles coimas. (El Periódico, 18/9/05).
La columnista Sylvia Gereda Valenzuela en artículo
titulado “Falta de ética del Ministerio de Comunicaciones”,
comenta que “ampliar un contrato de casi Q 100 millones a
corresponsables de desfalcos en época de Portillo es una
canallada”. Se refería al Ministro Eddy Castillo y a los
hermanos Salán Sánchez. (El Periódico 6/10/05).
Manuel Menocal Garbin estima que los funcionarios
públicos, en los últimos cuatro años, le han robado al país
más de Q 20 mil millones. (La Hora, 22/10/05).
Tres diputados del PAN y uno de UNE viajaron a
España, para visitar la Universidad de Salamanca, por once
días y gastaron, cada uno, en viáticos, Q 1,150 diarios y,
también cada día, Q 2,310, para alojamiento. (El Periódico,
24/10/05).
Se acusa al Presidente del Congreso, Jorge Méndez
Herbruger, de haberle pagado al diputado del FRG, fuerte
suma de dinero para que otros representantes del mismo
partido votasen a favor de GANA, en iniciativa de aumentos
ilegales de sueldo. (El Periódico, 5/11/05).
En los últimos años, el MP ha conocido 1500 casos de
corrupción. En su mayoría casos de peculado. (Prensa Libre,
5/11/05).
El periodista Mynor Enriquez Pérez, sostiene que trabas
legales, poca voluntad política y falta de recursos en la CGNC,
entre otras causas, están lejos de ser fiscalizadas veinte mil
entidades que manejan fondos públicos y las identifica:
12
+
Organizaciones
no gubernamentales (ONGS).
+ Entidades que manejan recursos provenientes de préstamos
internacionales. + Los partidos políticos que reciben la
asignación por cada voto que se emite a su favor, equivalente a
US$ 2. (Prensa Libre, 6/11/05).
Se atribuye a la Directiva saliente de la Confederación
Deportiva Autónoma de Guatemala (CONFEDE) dejar un
rastro de anomalías e irregularidades en el uso de sus
finanzas. Autorizó contratos para la prestación de servicios
con familiares y amigos del ex gerente Armando Poleus. Hubo
desvío de fondos para el pago de asesorías no comprendidas
entre las funciones de los miembros de la Directiva.
Se destaca a Rolando Castro, quien en 1997 y 1998,
siendo miembro de la Directiva de la CDAG (ahora CONFEDE)
fue señalado junto con el Gerente Francisco Lee, de haber
participado en una malversación de fondos de al menos Q 5
millones. También se le sindica ser cómplice de Alfredo
Moreno, contrabandista. (El Periódico, 8/11/05).
El Ing. Álvaro Colom suscribió un convenio de
cooperación entre el Grupo EXITHO (integrado por
economistas), para que apoyasen su candidatura presidencial.
El grupo EXITHO está comprometido con el Contralor, para
“respaldarle y mantener la estabilidad institucional, ante
cualquier intención de violentar el período constitucional para
el que fue electo el Contralor General, Dubón Palma.
Conforme la cláusula tercera de ese Convenio, el Ing.
Colom recibió un aporte de Q 500 mil para los gastos de la
campaña de su Partido Unidad Nacional de la Esperanza
(UNE). (El Periódico, 25/11/05).
13
Celerino Castillo, ex agente de la DEA estadounidense,
antidrogas, denunció que en Guatemala y Colombia aquella
entidad ha cometido actos de corrupción y organizado
escuadrones de la muerte. (El Periódico, 17/1/06).
El periodista Hugo Arce denuncia actos de corrupción
de Raúl García Granados y familiares de Álvaro Arzú Irigoyen,
Ricardo Bueso y Jorge Serrano Elías. (La Hora, 20/1/06).
José Rubén Zamora en artículo “Al oído de Arzú” señala
como delictivas la privatización de GUATEL y la remodelación
del Campo de Marte. (El Periódico, 1/2/06).
Importante diario dedica su Editorial para comentar los
aspectos negativos de los fideicomisos. (La Hora, 9/2/06).
Se informa que algunos legisladores están vinculados
con el narcotráfico. (Prensa Libre, 19/2/06).
La UASP acusa a la Secretaría de Obras Sociales de la
Esposa del Presidente de contrabando. (La Hora, 20/2/06) y El
Señalamiento contra la Secretaría de Coordinación
Ejecutiva de la Presidencia (ACEP), en la ejecución del
Programa de Apoyo Comunitario Urbano y Rural (PACUR), por
asignación de obras a diputados por Q 400 millones. (El
Control a clientes políticos (Personas Expuestas
Políticamente-PEP) exige la Superintendencia de Bancos a
banqueros, por posible lavado de dinero. Los banqueros, a su
vez, imputan a la SB de actuación inconstitucional. (El
14
La Asociación de Industriales Farmacéuticos de
Guatemala (ASINFARGUA) acusa de corrupción al IGSS en la
compra de medicamentos e implica al Ministerio de Finanzas.
(La Hora, 24/2/06).
Se menciona al aspirante a Magistrado de la Corte de
Constitucionalidad por la USAC, Lic. Héctor Trujillo Aldana,
por haber recibido de empresas vinculadas con el Fideicomiso
del IGSS, US $ 31,250. (El Periódico 27/2/06).
Se denuncia la posible pérdida de Q 106 millones
invertidos en la construcción del mercado más grande de
Centro América ---el de Coatepeque, departamento de
Quetzaltenango---. Afecta a 70 mil comerciantes que desde
1996 esperan que comience a funcionar. (El Periódico,
27/2/06).
FONTIERRAS invirtió más de Q 1000 millones para
adquirir 200 fincas sobrevaloradas y sólo veinte de ellas son
aptas para cultivos. (El Periódico, 27/2/06).
La Organización Internacional de Migraciones (OIM) giró
Q 18 millones a particulares que fueron depositados en
cuentas personales, denunció la Intendencia de Verificación
Especial (IVE) ante el Ministerio Público. Y el Gobierno pagó a
OIM más de Q 15 millones por administrar los Q 200 millones
en obras del Programa de Apoyo Comunitario Urbano y Rural
(PACUR), a cargo de empresas privadas de diputados al
Congreso de la República. (El Periódico, 1/3/06).
El PACUR fue diseñado como herramienta perfecta
para encubrir los negocios de diputados en la obra pública.
Preocupa a EUA lavado de dinero y narcotráfico en
Guatemala. El Departamento de Estado colocó a nuestro país
en la lista de los muy preocupantes. (El Periódico, 9/3/06).
15
El periodista Eduardo Villatoro en su sección “Palabras
de papel”, artículo “Estructura corrupta del Estado (1)”,
denuncia actos de corrupción tales como: de 170 mil plazas en
el Estado, de las que sólo existen 140 mil, pero las 30 mil
restantes, a pesar de no estar desempeñadas, son cobradas.
Los altos funcionarios disponen de amplio margen para decidir
en qué gastan y cómo gastan los fondos estatales. (La Hora,
9/3/06).
Cinco mil millones de Quetzales sin fiscalizar en
fideicomisos, gastos confidenciales y fondos sociales. (El
Las entidades Acción Ciudadana y Fundación DESC,
dirigieron cartas a personas de la sociedad civil, en junio del
2006, con el objeto de hacerles saber la publicación del
estudio “Poder discrecional y corrupción en Guatemala, claves
para ganar transparencia”.
Acción Ciudadana califica a la Policía Municipal de
Tránsito y a las Aduanas como instituciones de las más
corruptas. (El Periódico, 14/7/06).
Denuncia la diputada Nineth Montenegro corrupción en
obras que se construyen y en las que se dice invertir Q 195.5
millones. (El Periódico, 31/7/06).
El narcotráfico se ha movido al Parque Nacional Sierra
de Lacandón, donde los habitantes son sus empleados y
escudos de protección. (Prensa Libre, 6/8/06).
El Banco Mundial ofrece amnistía a firmas,
organizaciones no gubernamentales o individuos sobornadores
o que hayan cometido fraudes, coerción o se hayan colisionado
con delincuentes, si reponen los fondos y prometen no volver a
realizar esos actos y se les promete que su confesión será
confidencial. (El Periódico, 11/8/06).
16
La Secretaría de Análisis e Información Antinarcotráfico
(SAIA) que había decomisado 64 kilos de cocaína fue
sorprendida porque al examinarse 13 paquetes resultó que su
contenido era de jabón en polvo. (El Periódico, 14/8/06).
Se imputa al Contralor Flores España haber cobrado un
10% por ocultar hallazgos delictivos en las entidades públicas.
(El Periódico, 14/8/06).
Omisión por parte de la CGCN en 400 casos de
hallazgos de falta de probidad. (El Periódico, 16/8/06).
Se inicia juicio contra el Jefe del SAIA, Adán Castillo, Él
y otros funcionarios van a ser sometidos a juicio en los EEUU.
(La Hora, 21/8/06).
Investigan supuesto lavado de dinero en ingresos de
remesas. Al menos 160 personas habrán recibido entre enero
del 2005 y enero del 2006, Q 53. 1 millones provenientes de
Ecuador, EUA y Hong Kong. (El Periódico, 29/8/06).
El columnista Eduardo Villatoro informa que varias
empresas transnacionales de telefonía inalámbrica obtienen
Q 200 millones de ganancia al año, producto de segundos y
centavos que le contabilizan a miles de usuarios por tiempo no
utilizado en llamadas telefónicas. ¿Es un simple error técnico
o una estafa colectiva permanente? (La Hora, 31/8/06).
Acción Ciudadana asegura que el 40% del Presupuesto
destinado a construcción, se encuentra en manos de cuatro
constructoras (Solel Boneh Internacional, Q 1.083 millones;
Constructora Nacional, S.A., Q 829 millones; Sigma
Constructores, S.A., Q 554 millones; y Cohen Constructores,
S.A., Q 454 millones. (El Periódico, 1/9/06).
17
El finquero retalteco José Ramón Fernández, según cita
del periodista Gustavo Berganza, en artículo “La compra del
Banco de Occidente”, afirma que los accionistas mayoritarios
del dicho banco, utilizaron una off shore (Calypso Inc.), para
evadir el pago del impuesto sobre los US$ 94,482,828,79 de
utilidades al comprarle a esta off shore acciones del Banco de
Occidente, el Banco Industrial. (El Periódico, 5/9/06).
Guatemala es uno de los países peor calificados en
principales evoluciones a nivel regional e internacional. Una de
las razones es que el 40% de gasto público total es susceptible
del poder discrecional de los funcionarios, lo cual tiene graves
implicaciones sobre el uso y destino del gasto. (El Periódico,
10/9/06).
Muchas empresas de seguridad privada operan sin
autorización gubernamental, lo que la Unidad de la PNC
encargada del control de esas empresas, las aprovecha para
realizar actos de corrupción. (El Periódico, 10/9/06).
Guatemala es el único país del mundo en donde no
existe el delito de enriquecimiento ilícito de funcionarios y
empleados públicos. Existía, pero fue derogado durante el
gobierno de Álvaro Arzú (1996-2000). (Editorial de El
El Premio Nobel de Economía, el estadounidense Joseph
Stiglitz, en estudio “La Corrupción de la Lucha contra la
Corrupción”, afirma que su investigación reveló relaciones
sistemáticas entre la corrupción y el crecimiento económico, a
locuaz no es ajeno el Banco Mundial, del cual fue asesor
importante. (El Periódico, 15/10/06).
La red de funcionarios y empleados corruptos de
Migración está en todo el país, pero sus ilícitos ingresos son
mejores en las delegaciones fronterizas de El Carmen, San
18
Marcos; el Florido, Chiquimula; El Cinchado, Izabal; el
Aeropuerto La Aurora, Guatemala; y El Naranjo, Petén. (Prensa
Libre, 2/11/06).
Alejandro Urizar, Coordinador del Programa de
Transparencia y Anticorrupción, de Acción Ciudadana, opina:
que hay avances en la lucha contra la corrupción, pero que no
son suficientes; que es urgente reformar la Ley de
Contrataciones del Estado, para eliminar las excepciones y
regular en forma efectiva los fideicomisos y el manejo de los
fondos sociales por medio de ONGS, pues si no se hace
GUATECOMPRAS nunca se fortalecerá; es necesario tipificar el
delito de enriquecimiento ilícito y, respecto a la CGNC
considera que es una institución en crisis que necesita un
rediseño estructural profundo. (Prensa Libre, 5/11/06).
La periodista Carolina Escobar Sarti en artículo “El 20
por ciento es “normal”, refiere que una persona no aceptó
desempeñar un cargo público porque no le pareció el monto
del sueldo y un empleado le dijo: “el sueldo es lo de menos,
porque lo importante es el 20% que normalmente da cada
proveedor que se aparece por tu oficina”. Por ello, dice la
periodista, una carretera en este país sale diez veces más cara
gracias al 20%. (Prensa Libre, 9/11/06).
Sylvia Gereda Valenzuela en su artículo
transparencia una utopía para Guatemala”, escribe:
“La
“También es censurable el rol de la bancada del
gobierno de la GANA en el Congreso. Particularmente ahora
que sale a luz pública que tres de sus más importantes
diputados falsificaron documentos y cobraron dinero para
viajar a París, con la autorización del Jefe de la Bancada,
Jorge Méndez Herbruger (Presidente del Congreso), que a estas
alturas ya debiera estar siendo procesado en los tribunales de
justicia, por sus múltiples actuaciones al margen de la ley y la
compra de voluntades políticas. (El Periódico, 16/11/06).
19
La Bolsa de Valores e Inversiones del País, S.A.
(VIPASA), del Banco del Café, es acusada por la SB por el
delito de intermediación financiera en operación por valor de
Q 42 millones. (El Periódico, 16/11/06).
Los Presidentes de la República de Centro América se
comprometieron en la Conferencia Mundial Anticorrupción a
erradicar la corrupción antes del año 2010. (El Periódico,
16/11/06).
Organizaciones y Gremiales de comercio sostienen que
el Estado deja de percibir más de Q 5.000 millones anuales
por el contrabando. (La Hora, 18/11/06).
El Dr. Mario Fuentes Destarac en escrito “Camino hacia
la transparencia”, hace varias proposiciones: 1.- La supresión
del recientemente creado Fondo Nacional de Desarrollo
(FONADES), “para combatir la pobreza”, pero que en realidad
está predestinado a favorecer el clientelismo político: 2.- La
supresión de PACUR. 3.- No constituir más fideicomisos, en
tanto no exista un marco legal específico que los regule. 4.- El
Congreso de la República debe: a) decretar una Ley de Acceso
a la Información Pública; b) reformar el Código Penal y
establecer artículos anticorrupción nuevos y agravar las penas
de los delitos existentes; y c) crear el delito de financiamiento
electoral ilícito. (El Periódico, 20/11/06).
Más de Q 21 millones fueron adjudicados por cuatro
dependencias del Estado a proveedores que han sido
inhabilitados por la SAT, denunció Acción Ciudadana. Estas
son: la Dirección General de Caminos del MICIVI, a
Construcciones, Equipos y Servicios Industriales, S.A.;
Municipalidad de San Martín Zapotitlán, Retalhuleu, a
Edelberto Arístides Beletzuy Huinac; y la Municipalidad de
Flores, Petén, dos contratos a Dragados y Construcciones, S.A.
(24/11/06).
20
Se informa cómo el Presidente Portillo saqueó, a través
del EMP, más de Q 210 millones. (El Periódico, 4/12/06).
El Gobierno amplió, con Q 400 millones el fideicomiso
Stan (de Q 1,500 millones) a pesar de que no lo gastó y fue
creado para financiar la reconstrucción tras la tormenta de
octubre del 2005. (Prensa Libre, 22/12/06).
Concluiremos las informaciones sobre corrupción e
impunidad, correspondientes al año 2006, con el siguiente
resumen que hemos hecho de una importantísima
investigación realizada por la Directora del diario El Periódico,
Sylvia Gereda Valenzuela y publicada en un Suplemento del
mencionado diario, en el que entre otras anomalías, expone:
+ Defraudación de Q 54 millones en el EMP. + Contrato
por Q 2.6 millones por asesoría a la Portuaria Santo Tomás
de Castilla; asesoría, que debió prestar sin costo alguno la
Procuraduría General de la Nación. + Estafa de Q 250 millones
a las arcas del EMP por el militar Napoleón Rojas Méndez, por
su cuñado Carlos Enrique Chilel La Parra y su sobrino Saúl
Méndez Monzón. + Durante la gestión de Armando Gabriel
Pokus Yaquián, como gerente de la Confederación Deportiva,
miembros de la Junta Directiva, crearon una red de empresas
para cobrar por servicios. + Las entidades del Estado están
obligadas a publicar en GUATECOMPRAS, las compras que
hacen, pero apenas dan a conocer, a lo sumo, sólo un diez por
ciento.
+ La entidad Plataforma Agraria, organización pro
indigenista, malversó fondos hasta por un valor de Q 30
millones. + La familia de Byron Berganza, detenido en Estados
Unidos por delito de narcotráfico, es el actual propietario de
una casa de descanso valorada en Q 8 millones, inmueble que
era del ex Presidente del CHN, José Armando Llort Quiteño.
+ Durante la gestión del Ministro de Energía y Minas, López
21
Rodas (1996-2000), su esposa fundó la Empresa CECSA
dedicada a la comercialización de energía eléctrica y sus
ganancias ascendieron a Q 10 millones.
+ El ex Ministro de Gobernación, Antonio Soto, pagó en
forma ilícita Q 1.2 millones en recompensas por la captura de
delincuentes, por lo que la CGNC abrió expediente de
investigación. + Diputados de UNE y PAN gastaron en un viaje
a la Universidad de Salamanca, Q 192.000, en once días. + La
Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia (SCEP)
pagó en forma anómala Q 1.5 millones a la Empresa Aerorutas
Maya. + Luego que el MP investigó la desaparición de Q 54
millones del EMP, el ex Presidente Portillo huyó a México; sin
embargo, el Estado no ha embargado ningún bien del prófugo.
+ Arturo Salán, acusado al igual que su hermano Josué, de
malversación de más de Q 90 millones por medio de la ONG
“Biencogua”, invirtió Q 4.1 millones en una lujosa vivienda en
el Country Club.
Año 2007
Según encuesta realizada por Borge y Asociados sobre
cual es el principal problema de Guatemala, la respuesta fue:
la corrupción. (El Periódico, 13/1/07).
Alrededor de Q 250 millones de los Ministerios de
Educación y Gobernación que necesitaban esos recursos de
sus presupuestos fueron transferidos, para remodelación del
Aeropuerto La Aurora. (Prensa Libre 17/1/07).
El Vicepresidente de la República y el Ministro de
Gobernación explicaron a diputados del Congreso de la
República la necesidad de aprobar la Comisión contra la
Impunidad (CICIG), sin haber logrado resultados positivos,
hasta el día de hoy (27/7/07). (Diario de Centro América,
31/1/07).
22
En el mes de febrero, la Coalición por la Transparencia
editó una publicación de 18 páginas, “El Informador por la
Transparencia” que incluye una propuesta de Plan de
Fortalecimiento Institucional de la Contraloría General de
Cuentas. (Propuesta, que a fines de julio no ha alcanzado sus
loables objetivos).
Paola Hurtado, periodista, relata la actuación de
Baudilio Hichos, conocido como “el Cacique de la Perla de
Oriente”, Chiquimula, quien ha permanecido en el Congreso de
la República durante trece años, en los que ha demostrado su
habilidad para el manejo del tráfico de influencia y la
obtención de clientela política. (El Periódico, 4/2/07).
El periodista Mike Castillo informa que por la Mesilla,
frontera con México, a pesar de la presencia de autoridades
migratorias y de la PNC se realiza contrabando a diario.
En carta abierta al Presidente de la República, Oscar
Berger, de fecha 4/3/07, el Dr. Javier Figueroa, ex Subdirector
de Investigaciones e Inteligencia de la PNC, con relación al
caso de los diputados salvadoreños asesinados en Guatemala,
entre otras acusaciones y advertencias contiene las siguientes:
+ Que le pidió protección para poder relatar lo que le
consta al respecto, pero que en vez de acceder a su solicitud,
ordenó su aprehensión por medio de INTERPOL.
+ Aconseja al Presidente y a su familia, así como a los
cuatro agentes del Departamento de Investigación Nacional del
Crimen (DINC), que más les conviene que él guarde silencio.
+ Acusa al Presidente de haber dado órdenes reñidas
“con las buenas costumbres, las leyes, la decencia y los
derechos humanos” a la PNC.
23
+ Le increpa que estando junto al ex Ministro de
Gobernación, Carlos Vielmann, y de Víctor Rivera, se le ordenó
realizar operativos que buscaban únicamente dar la sensación
que se hacía algo a favor de la prevención y protección
ciudadana, y otras limpiar el país a como diera lugar, de
conocidos delincuentes, mareros y ladronzuelos de poca
monta. Señala como coordinador de esas operaciones al
Director de la PNC, Edwin Uperisen.
+ Afirma que en forma jocosa, en el propio despacho
presidencial, el Mandatario comentó que “no importaba ni
importa de donde viene el dinero, lo que importa es que llegue,
de manera constante y abundante”.
+ A continuación cita el caso en que estuvo involucrado
su hijo Oscar y su yerno Ricardo, Emilio Pacheco, de la SAT,
para hacerse de algunos billetes por medio de la Secretaría de
Asuntos Sociales de la Esposa del Presidente de la República
(SOSEP), que les permitió que entraran al país más de dos mil
contenedores con artículos, mercaderías y productos de
contrabando.
Luego le recuerda al Presidente Berger que a los pocos
días de haber salido él (Javier Figueroa) del país,
“curiosamente se incendiaron algunas instalaciones ubicadas
en el predio que ocupa la Academia de la PNC en la Zona 6, y
le pregunta: “¿Quiere que le recuerde que había y qué ya no
hay en esas instalaciones pasto de las tan oportunas llamas
que devoraron cualquier curiosidad futura?”
+ Le dice que a su hijo Oscar lo buscan “inversionistas”
de varios lugares para que reparta, por fin, las utilidades que
tuvo y se alzó con ellas”. Y le cuenta que a su yerno Ricardo
Ortiz le busca el Cartel de Cali para que rinda cuentas sobre
“mercadería” que transó fuera de borda. Y afirma que “el negro
24
García Granados fue uno de quienes introdujo varios de esos
miles de contenedores, lo que molestó a Dionisio Gutiérrez que
esperaba prestar el servicio.
+ Acusa a Roberto González, ex Coordinador de la
Reconstrucción
(después del STAN), junto a Fernando
Monroy, socio de Luis Pedro Chang en la Empresa Equipos del
Puerto, S.A., de haber participado en la recepción de
comisiones (15%) que favorecieron a la familia del Presidente.
(Roberto González, a la fecha, 16/8/07, es candidato del
partido oficial, GANA, a Alcalde capitalino.
+ Por último, escribe la siguiente terrible denuncia: El
asesinato en el Boquerón de los cuatro elementos que estaban
directamente bajo mis órdenes en el DINC y que por
instrucciones precisas ejecutaron a los diputados salvadoreños
y a su chofer, se planificó y se ordenó en las altas esferas del
Gobierno y de su persona (…)”.
El 10/5/06 se suscribió una Carta de Entendimiento
para establecer un mecanismo de fortalecimiento y apoyo a las
gestiones y funciones que competen a la Contraloría General
de Cuentas, suscrita por la Contraloría, Congreso de la
República, Comisionado Presidencial para la Transparencia y
contra la Corrupción, Coalición por la Transparencia
(integrada por Centro de Investigaciones Económicas
Nacionales (CIEN), Acción Ciudadana, Cámara de Comercio de
Guatemala y Consejeros de Honor de las Embajadas de Japón,
Noruega, Países Bajos y Misión y Coordinadora de
Transparencia y Justicia de Dinamarca, PNUD, Coordinador
Residente del Sistema de las Naciones Unidas y por el Banco
Interamericano de Desarrollo (BID).
Dicha Carta de Entendimiento no produjo los resultados
esperados y fue sustituida por otra, suscrita el 28/2/07.
25
La USAID canceló el valor del campo pagado de las
publicaciones de esta segunda Carta de Entendimiento.
La CNDG denunció al Ministerio Público que Francisco
Berger, Presidente de la Asociación de Polo, por haber
comprado un terreno para dicha Asociación con fondos del
Estado manejados por la Organización de Aviación Civil
Internacional. Berger pagó por el inmueble un sobre precio de
Q 7 millones (Prensa Libre, 14/3/07).
La diputada Nineth Montenegro denunció cientos de
sobre valoraciones en compras hechas por el INGUAT. (Prensa
Libre, 16/3/07).
El abogado Fernando Mollinedo, después de un estudio
retroactivo respecto a actos de corrupción cometidos por
funcionarios y empleados públicos, señala a las siguientes
organizaciones de Estado, INGUAT, Ministerios e Instituciones
por haber faltado a la probidad en su funcionamiento: PNC,
Municipalidades del país, Aduanas, SAT, IGSS, INGUAT,
Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala (CDAG),
FEDEF UTBOL, MP, Juzgados y Salas del Organismo Judicial,
MAGA y sus dependencias, como INAFOR, el MINEDUC, la
CNCG, MIGRACIÓN, Sistema Penitenciario, MINSAP, MICIVI,
Aeronáutica Civil, Ejército Nacional y su IPM, sus industrias y
comercios, la ZONIC del Puerto de Santo Tomás de Castilla, el
Ministerio de Economía y su dependencia Dirección de
Asistencia al Consumidor (DIACO), Ministerio de Energía y
Minas, Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales,
Congreso de la República, Secretarías de Estado y Presidencia
de la República.
Indudablemente, ante tan preocupante situación, el Lic.
Mollinedo tituló su escrito, “Realidades: ¿Habrá alguna
dependencia sin corrupción?” (La Hora, 19/3/07).
26
En medición de corrupción imperante en América
Latina, en relación con la mundial, Guatemala y Nicaragua
ocupan el puesto 111, Chile el más bajo, 20, y Ecuador y
Venezuela, el más alto, 138. (Prensa Libre, 25/3/07).
Un contrato celebrado por la Municipalidad de
Guatemala y el PNUD con la Compañía Constructora de Obras
Civiles, S. A. (COCISA), para construir un paso a desnivel en la
Calzada de la Paz, en el Viaducto Las Vacas, fue cancelado
por haber graves anomalías en el mismo. Originalmente, se
tenía previsto un contrato de Q 30 millones, pero se descubrió
que éste iba a costar Q 52. 9 millones. (El Periódico, 3/4/07).
En libelo, de 30/4/07, titulado “Una aproximación
preliminar a los financistas de los partidos políticos de
Guatemala”,
cuyo
contenido
fue
tomado
de
“EL
OBSERVADOR, análisis alternativo sobre política y economía”,
No. 5, se divulgan hechos y confrontamientos indecorosos de
personajes de los partidos políticos del país, tales como de
GANA.
Son mencionadas las familias Berger. Widmann, Vila,
Castillo, Leal Pivaral y Botrán. Se informa que los Widmann
son dueños del Ingenio Guadalupe. La familia BergerWidmann es accionista de la Compañía Guatemalteca de
Níquel (CGN), de Montana Exploradora y Petrolatina
Corporation. Alfredo Vila, Secretario General de GANA, es uno
de los propietarios de los Ingenios San Diego y Trinidad.
Eduardo Castillo, quien fuera Ministro del MICIVI, encabeza la
lista de candidatos a diputados por el Partido GANA.
Ricardo Castillo Sinibaldi, jefe supremo del IRTRA,
aunque ya no está afiliado a GANA, como miembro millonario
de la familia cervecera, mantiene muy buenas relaciones con
GANA.
27
A estos dos Castillo les une una íntima amistad, desde
hace muchos años.
La familia Leal Pivaral domina en el Banco del Quetzal
(BANQUETZAL) junto con los Berger Widmann y Díaz Cruz.
Son azucareros emergentes, propietarios del Ingenio
Magdalena.
Roberto González Díaz Durán ha sido Ministro de
Energía y Minas, Gerente de la Presidencia y de la
Reconstrucción post huracán STAN. Fue candidato a la
Vicepresidencia de la República.
De la familia Botrán, Andrés fue Director de la
Secretaría de Seguridad Alimentaria (SESAN).
Otra persona del clan bergerista es la Sra. María
Antonieta de Bonilla, ahora Presidenta del BANGUAT y, por
supuesto, Eduardo González, ex candidato presidencial de
GANA, quien tuvo que renunciar por el escándalo de la quiebra
del Banco del Café, del cual era gran accionista.
También son del mismo círculo plutocrático, Álvaro
Aguilar, ex Ministro del MAGA y varios de los miembros de la
Asociación de Exportadores No Tradicionales (AGEXPRONT).
DE LA UNIÓN NACIONAL DE LA ESPERANZA (UNE)
Su candidato presidencial Álvaro Colom mantiene
cordiales relaciones con el millonario Arturo Gutiérrez, tío de
los primos Juan Luis Bosch, Dionisio Gutiérrez, y Juan José
Gutiérrez, también archimillonarios, pero evasores de
impuestos.
Colom también está vinculado con el CACIF, que le
aconsejó aceptar como candidato a la Vicepresidencia al Dr.
Rafael Espada.
28
Entre los financistas de la campaña presidencial de
UNE están: a) Ricardo Cortés, propietario de King Express, y
quien tiene a su cargo el contrato petrolero de US Oil
Guatemala, subsidiaria de US Oil Recovery, en Paso Caballos.
Petén y estrechamente ligado a Oscar Francisco Berger
Widmann, hijo mayor del Presidente Berger; b) Colom está
comprometido con el Banco Industrial (BI), en relación con
King Express; y c) Ángel González, mexicano, dueño de los
cuatro canales de televisión que operan en Guatemala.
Relación que propició Roberto Arzú, hijo del Alcalde
metropolitano.
DEL PARTIDO PATRIOTA (PP)
Sus financistas principales son: la familia Novella, el
Consorcio Multi Inversiones, Dionisio Gutiérrez, Jorge Briz y
su Movimiento Reformador (MR) y Ricardo Castillo Sinibaldi.
DEL PARTIDO UNIONISTA (PU)
Sus financistas son: la familia García Granados,
principal importadora de piezas de pollo Tyson y Hudson y
competidores de la familia Bosch Gutiérrez (del GANA),
Productores del pollo Rey. El Alcalde Álvaro Arzú,
emparentado con la familia García Granados, quien también
mantiene relaciones de íntima amistad con el Presidente
Berger. Pero, Raúl García Granados también se relaciona con
el FRG y con UNE. Asimismo, los Vila con el PU.
DEL PARTIDO ENCUENTRO POR GUATEMALA (EG)
Se mencionan como sus financistas a: Fernando
Montenegro Castillo, ex Presidente de ANACAFE, y ligado al
grupo del Banco Granai & Townsen Continental, del cual es
Presidente su primo Flavio Montenegro. Otro es el Lic. Mario
Fuentes Destarac, quien ha sido abogado del CACIF y
29
Presidente del Centro para la Defensa de la Constitución
(CEDECON). Además, la cadena de farmacias Similares, de la
cual es co-propietaria Rigoberto Menchú.
---------------El Lic. Acisclo Valladares Molina, en un artículo titulado
“El fin no justifica los medios (II)” dice poner los puntos sobre
las íes en el robo a GUATEL. Comenta que la Sociedad Luca,
S. A., con un capital de Q 5 mil, se hizo del patrimonio de
GUATEL. Un patrimonio que producía utilidades en el orden
de los Q 600 millones anuales. El monopolio estatal se pasó al
sector privado, durante la administración de Álvaro Arzú. (El
El expediente de una denuncia de la CGNC por fraude
de Q 31 millones en el Ministerio de Gobernación, en el 2004,
no aparece en el Organismo Judicial. (Prensa Libre, 23/5/07).
La CGNC ha hecho reparos al manejo de cuentas del
Estado por Q 172 millones. Durante el año 2006 detectó 904
irregularidades en el manejo del Presupuesto Público. (Prensa
Libre, 31/5/07).
Corrupción en el IPM. Fueron presentadas tres
denuncias al MP. Por un monto de Q 65 millones. (Siglo
Veintiuno, 2/6/07).
En relación con el evento electoral, en septiembre, el
TSE ha advertido que ninguna persona natural o jurídica
podrá hacer aportaciones que sobrepasen el 10 por ciento del
límite de gasto de campaña, es decir Q 4 millones. Y quien
efectúe donaciones de más de US$ 10 MILL. (Q 77 MILL.)
deberá presentar declaración jurada en acta notarial sobre la
procedencia de los recursos. El TSE está autorizado por la ley
30
a publicar los montos y nombres de las contribuciones a los
partidos políticos. (Sin embargo, días después el Magistrado
Bolaños declaró a la prensa que no los darán a conocer).
En papel, todo parece estar bien, el problema es cuando
llegamos al punto de cómo hacer cumplir la norma. El
Congreso de la República rechazó que se impusieran penas de
cárcel a los responsables de evadir los controles, lo que
demuestra la escasa voluntad política de todas las bancadas
por cumplirlos.
Lo peor es que en la información suministrada por la
publicación TRIBUNA, se afirma “que los partidos políticos
aceptan de mala manera el control de sus finanzas, aunque
por otro lado reconocen abiertamente que han recibido
propuestas de grupos del crimen organizado para financiar
sus campañas, sobre todo algunas candidaturas a diputados y
alcaldes”. (TRIBUNA, 5/6/07).
La CGNC hace reparos al MICIVI por lesividad de
contratos para la construcción de carreteras, que costarán
Q 376.1 millones (Siglo Veintiuno, (5/6/07).
El Editorial de 5 de junio, de El Periódico, plantea: “El
Programa de Apoyo Comunitario Urbano y Rural (PACUR y los
proyectos del FOGUAVI han causado profunda indignación
entre la población, ya que la pura realidad es que los fondos
públicos destinados a estos menesteres están siendo
derrochados a manos llenas, en clientelismo político, en vez de
que los mismos sean invertidos óptimamente en beneficio de la
población”.
Vinicio Salán Sánchez, acusado de lavado de dinero por
Q 24 millones tramita su libertad con el pago de Q 7 millones
de fianza impuesta por dos Tribunales. (Prensa Libre, 7/6/07).
31
La diputada Nineth Montenegro pide urgentemente se
hagan reformas legales para combatir la corrupción. Considera
que al ratificarse la Convención Interamericana contra la
Corrupción, inmediatamente se promulgarían leyes, tales
como: para tipificar el enriquecimiento ilícito, transferencias a
organizaciones internacionales y aprobación de la ley de
acceso a la libre información. Pero, nada se ha hecho al
respecto. (Prensa Libre, 8/6/07).
“Manolo” Castillo, diputado de lujo”, se le conocen
bienes valuados en más de US$ 1,8 millones. (El Periódico,
8/6/07).
Empresas de candidato de GANA y, de sus hijos, para
alcalde de Chinautla, Carlos Ruíz Alvarado, asesor de ex
Ministro del MICIVI, Eduardo Castillo, recibieron 79 contratos
por Q 16 millones durante el gobierno del Presidente Berger.
Ahora Ruíz es candidato a alcalde y Castillo a diputado.
Diez empresas concentran compras gubernamentales en
tres años, por un valor de Q 6,407 millones. Véase el cuadro
siguiente:
Empresa
Solel Boneh
SIGMA
Constructora Nacional
DISAGRO
Cohen Cohen
Cofiño Stahl & Co.
Fertilizantes Mayas
FCC Construcción
Shell Guatemala
Bodega Farmacéutica
Actividad
Constructora
Constructora
Constructora
Agroquímicos
Farmacéutica
Automóviles
Agroquímicos
Constructora
Combustibles
Farmacéutica
(Siglo Veintiuno, 14/7/07).
32
Monto
Q 1.570
Q 1.018
Q 960
Q 561
Q 514
Q 441
Q 433
Q 386
Q 381
Q 326
No. de
Contratos
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Apartado II
Privatizaciones
Por estar de acuerdo con las características del mundo
político-social actual, descritas por el ex Presidente del
Ecuador, Rodrigo Borja, abordaremos la parte teórica de las
Privatizaciones, conforme a su análisis de las mismas.
Comienza por afirmar que después del derrumbamiento
de la Unión Soviética, “en términos de estrategia global, el
orden bipolar ha sido suplantado por el unipolar; no sabemos
por cuanto tiempo.” Califica de inconveniente al mundo
unipolar por “la derechización de las cúpulas políticas, la
presencia del Estado desertor de los neoliberales, la
privatización indiscriminada, la concentración piramidal del
ingreso, el darwinismo económico y el imperio de la ley del más
fuerte en las relaciones internas e internacionales de la
economía”.
Acertadamente opina que “sustituir la planificación
económica por la mano invisible del mercado resulta muy
tentador para los grupos altamente situados en el escalafón
social pero muy poco solidario con los sectores mayoritarios
que sucumben bajo el peso de la pobreza, la desigualdad y el
desamparo”. Tal como está ocurriendo en Guatemala, en
donde la mayor parte de la población indígena, garífuna, xinca
y ladina cohabita, pero en condiciones extremadamente
diferentes, pues es una muy reducida cúpula de gente que
goza de bienestar económico por acaparar el capital y los
bienes de producción, en tanto el gran resto de habitantes
sobreviven en la pobreza y extrema pobreza y son
discriminados por esa minoría opulenta y dueña del poder
político y económico.
Sostiene el Dr. Rodríguez Borja que, al contrario de
como actúan los gobiernos de índole neo liberal, “no debe el
Estado declararse neutral ante el proceso económico de la
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sociedad. Sin la dinámica participación de él la sociedad
carecería de lo que el economista inglés JohnMaynard Keynes
(1883-1948) llamaba la influencia orientadora sobre la
economía, que es tan necesaria para establecer los
convenientes equilibrios”.
Se opone a la privatización de los servicios públicos,
como ya ha ocurrido en Guatemala en varios de ellos, porque
trae inevitablemente varios efectos indeseables: el aumento de
las tarifas con perjuicio a importantes sectores de la población,
la optimización de las ganancias -que es parte del instinto de
conservación de la empresa privada- la cual conduce a no
extender los servicios públicos hacia las zonas periféricas poco
rentables y, finalmente, el prestador de esos servicios asume
una grande e inconveniente influencia sobre los mandos del
Estado.
No abundamos en el análisis de la política privatizadora,
porque no es el tema principal de este ensayo, sino el de la
corrupción e impunidad. Razón por la cual nos adherimos a la
preocupación que Rodríguez Borja expresa en cuanto a la
privatización y al orden ético, es decir, “la falta de claridad o los
procedimientos francamente corruptos en los procesos de
privatización. Casi no ha habido enajenación de bienes
públicos que no haya producido denuncias de enriquecimiento
ilícito a favor de personas o grupos económicos ligados a los
gobiernos. No siempre la valoración de los activos públicos ha
sido justa ni las técnicas empleadas para evaluar las ofertas de
los postulantes han sido correctas e imparciales. Han
prevalecido el tráfico de influencias y el uso de información
privilegiada. Lo cierto es que muy pocas operaciones de
privatización se salvan de cuestionamiento”.
Exactamente, esos vicios y negociaciones corruptas y
perjudiciales a la sociedad y al Estado, los vamos a encontrar
en los párrafos siguientes, dedicados a la información y
evaluación del proceso privatizador de Guatemala.
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El proceso privatizador de Guatemala.
La primer privatización fue la de la empresa estatal de
transporte aéreo, AVIATECA, durante el gobierno del
Presidente Vinicio Cerezo, pero, el proceso privatizador,
(apartándose del pacto económico, político, jurídico y social
convenido entre las fuerzas insurgentes de la URNG y el
Gobierno de Guatemala, contenido en los varios Acuerdos de
Paz suscritos, que de ninguna manera propician la
privatización de empresas del Estado y menos de servicios
públicos), comenzó durante el gobierno del Presidente Álvaro
Arzú (1996-2000).
Las empresas estatales o servicios públicos privatizados
a partir de 1997, han sido, salvo error u omisión: el Instituto
Nacional
de
Comercialización
Agrícola
(INDECA),
la
Procesadora de Lácteos (PROLAC), Ferrocarriles de Guatemala
(FEGUA), Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (BANDESA) y
en alto grado del sistema bancario, Correos y Telégrafos,
Empresa Eléctrica de Guatemala, S. A (EEGSA), Servicios de
Distribución de Energía Eléctrica del INDE, Empresa
Guatemalteca de Comunicaciones (GUATEL), Teléfonos de
Guatemala (TELGUA), el 1/10/1998, algunos servicios de
atención a carreteras, en alto grado el sistema bancario, y en
menor, los servicios públicos de educación, de salud, de la
Policía Nacional Civil y del Instituto Guatemalteco de
Seguridad Social y relacionados con los de naturaleza
ecológica.
De las anteriores privatizaciones las más dañinas a la
población y al Estado mismo, han sido las de los servicios
eléctricos, de comunicaciones, en particular de los telefónicos,
a las cuales les dedicaremos más atención. Del resto,
trataremos a continuación de los casos más importantes:
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Privatización de Ferrocarriles de Guatemala (FEGUA).
En 1997 el Gobierno del Presidente Álvaro Arzú dio en
usufructo el manejo del sistema ferroviario del país a la
empresa extranjera Ferrovías, de la cual el mayor accionista es
Railroad Development Corporation (RDC), en castellano,
Corporación Ferrocarrilera de Desarrollo. El contrato de
usufructo fue ampliado en el año 2003, durante el Gobierno de
Alfonso Portillo. En agosto del 2006, el Presidente Berger
declaró lesivo a los intereses de la nación el contrato de
usufructo por incumplimiento de la entidad usufructuaria de
obligaciones asumidas en la prestación de sus servicios.
Ferrovías alega como excusa que el Gobierno de Guatemala se
comprometió en el contrato a desalojar de la vía férrea a
grupos familiares que han construido viviendas contiguas a
ellas y, con base en ese argumento, presentó demanda contra
el Estado de Guatemala ante el Centro Internacional de
Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), con
sede en Washington, en la que pide se le condene al pago de
una indemnización de $US 65 millones. La CIADI aceptó, en
su calidad de tribunal de arbitraje internacional, darle trámite
a esa demanda de Ferrovías y de RDC, conforme a normas
establecidas en el DR-CAFTA, del cual es parte el Estado de
Guatemala. En concreto, la empresa usufructuaria considera
que la declaración de lesividad del contrato constituye una
expropiación de la inversión, la que prohíbe el Artículo 10.7
del DR-CAFTA y basado en ello, reclama esa millonaria
indemnización. (Véase, Prensa Libre, 21/8/07).
El presente caso demuestra la irresponsabilidad, tanto
del Congreso de la República como del Organismo Ejecutivo
que, a pesar de la amplia oposición de vastos sectores sociales
se opusieron a la ratificación de ese mal llamado Tratado de
Libre Comercio, que tal como lo prueba este litigio es más bien
un tratado de garantía de inversiones estadounidenses. El
gobierno de Guatemala, ahora, se defiende porque siendo
Guatemala una república soberana, sostiene que aún no han
sido resueltos los procesos judiciales que se ventilan en el
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país, razón por la cual el arbitraje internacional es
improcedente. Lo peor, para Guatemala es que conforme a la
práctica imperial de la aplicación de justicia en los EUA, lo
más probable es que la CIADI dicte sentencia a favor de la
empresa extranjera y condene al Estado de Guatemala, que
muy poco podrá hacer porque de conformidad con lo
preceptuado en el Anexo-10-F del Tratado, todavía no existe
un órgano de apelación o mecanismo similar y el
establecimiento de tal órgano sólo podría hacerse después de
un año de negociaciones entre las Partes: EUA y Guatemala, y
es previsible que en éstas la Parte guatemalteca, lleve la peor
“parte”.
Privatización del Banco Nacional de Desarrollo Agrícola
(BANDESA) y en alto grado del Sistema Bancario. El BANDESA
fue el sustituto del Banco Nacional Agrario (BNA), fundado en
1953 durante el Gobierno del Presidente Arbenz. No obstante
que el Gobierno de facto de Carlos Castillo Armas derogó el
Decreto 900, Ley de Reforma Agraria, pero dejó vigente el
Decreto que creó el BNA, porque era una institución solvente y
eficiente. Y existió hasta el Gobierno militar de Carlos Arana
Osorio (1970-74), en el fueron fusionados el Instituto de
Fomento a la Producción -semi bancario- con el BNA y fue
fundado el Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (BANDESA),
también del Estado como había sido el BNA.
La privatización de BANDESA se dio mediante la
aprobación del Decreto 57-97, publicado en el Diario de Centro
América (Diario Oficial), No. 3 de 31 de julio de 1997, o sea la
Ley de Transformación del Banco Nacional de Desarrollo
Agrícola –BANDESA-, cual fue transformado en un banco de
capital mixto, con un capital de Q 200 millones, el Banco de
Desarrollo Rural (BANRURAL), para favorecer intereses
privados más que nacionales y sociales.
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La política privatizadora de instituciones bancarias
continuó y podemos citar leyes que la favorecen, tales como el
Decreto 19-2002, Ley de Bancos y Grupos Financieros; el
Decreto 16-2002 nueva Ley Orgánica del Banco de Guatemala,
que introduce modificaciones a la ley original, las cuales le
suprimen a la institución su naturaleza genuina de banca
central, tales como:
a) la sustitución del artículo 2 del Decreto 215, Ley
Orgánica del Banco de Guatemala, aprobada por el Congreso
de la República el 20 de diciembre de 1945, por el artículo 3
del Decreto 16-2002. Sustitución que debilitó la autoridad de
la banca central, pues cuando se creó el Banco de Guatemala
su objeto principal era Promover, la creación y el
mantenimiento de las condiciones monetarias, cambiarias y
crediticias más favorables al desarrollo ordenado de la
economía nacional, mientras que de conformidad a lo
dispuesto en el artículo 3 del Decreto 16-2002, es sólo
Contribuir (porque tácitamente le transfiere esa función a la
banca privada, dejándole al Banco de Guatemala sólo la
responsabilidad de promover “la estabilidad en el nivel general
de precios”.
b) El artículo 111 de la Ley original del BANGUAT le
asignaba las funciones de consejero, agente fiscal y banquero
del Estado. Pero, el artículo 53 del Decreto 16-2002, le quitó
esa función y, para asegurar el cerrojo, en la literal c) del
Artículo 71, le prohíbe al Banco de Guatemala: “Otorgar
financiamiento, garantía o aval al Estado o a sus entidades
descentralizadas y autónomas”.
c) En el Decreto 16-2002 se suprimió el deber que le
asignaba al BANGUAT la disposición de la literal a) del artículo
3 de la Ley original en la parte que preceptuaba:
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“En el orden interno, el Banco deberá especialmente: a)
Adaptar los medios de pago y la política de crédito a las
legítimas necesidades del país y al desarrollo de las actividades
productivas (…)
El Decreto 203, Ley Monetaria, aprobada el 10 de
noviembre de 1945 por el congreso de la República, establecía
en su artículo 10:
“Solamente el Banco de Guatemala podrá negociar
oro amonedado o en barras y divisas extranjeras en el
territorio de la República, con cualquier persona o entidad
bancaria (…)”.
Esa función tan importante le fue suprimida al
BANGUAT, conforme a lo dispuesto en el Decreto 17-2002,
durante la administración de Alfonso Portillo, que en su
artículo 28 deroga el Decreto 2003, aunque ya anteriormente
al ser aprobado el Decreto 94-2000, aprobado el 19 de
diciembre de ese año, Ley de Negociación de Divisas, en su
artículo 9 no sólo derogaba el artículo 10 del Decreto 203, sino
en su artículo 1 dispuso:
“Es libre la disposición, tenencia, contratación, remesa,
transferencia, compra, venta, cobro y pago de y con divisas y
serán por cuenta de cada persona individual o jurídica,
nacional o extranjera las utilidades, las pérdidas y los riesgos
que se deriven de las operaciones que de esa naturaleza
realice”.
“Es igualmente libre la tenencia y manejo de depósitos
y cuentas en moneda extranjera, así como operaciones de
intermediación financiera, tanto en bancos nacionales como en
bancos del exterior. (…)”.
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La desmedida ambición y afán de enriquecimiento
ilimitado de quienes participan de la ideología neo liberal, la
cual es congénere con la corrupción e impunidad, al igual que
éstas es causante de todos esos cambios negativos y
antisociales comentados anteriormente. Lo peor, es que el
dañino debilitamiento de las instituciones bancarias y
financieras del Estado, causado por la privatización, tampoco
ha sido fructífero para la banca privada, la cual por sus
excesos y falta de principios ha defraudado la confianza de los
depositantes y ahorradores estafándoles miles de millones de
Quetzales, mediante quiebras fraudulentas como las de los
bancos gemelos, el Banco del Café, el Banco de Comercio y
antes la del Banco del Ejército.
Esa política privatizadora, junto con las prácticas
corruptas de funcionarios públicos han sido causantes del
deterioro de la banca estatal, como son los casos del Crédito
Hipotecario Nacional y la liquidación del Banco de la Vivienda.
Otro ejemplo de estas indecentes experiencias es el del Banco
de los Trabajadores, que se capitalizó con los descuentos que
se les hicieron a miles de trabajadores del Estado y de
instituciones descentralizadas o autónomas, pero que en
última instancia no operó para atender sus necesidades
esenciales, sino se convirtió en patrimonio exclusivo de un
pequeño grupo de audaces hombres de negocios.
Los efectos de esta ruina moral son aún más
lamentables porque en última instancia los bancos privados
guatemaltecos precarios, están siendo absorbidos por los
bancos poderosos del país y éstos por las redes de la banca
privada internacional, tales como Cigroup estadounidense y
Shanghai Banking Corporation (HSBC), inglés.
Las ciudadanas y ciudadanos guatemaltecos auténticos
deben oponerse vigorosamente a esa avalancha extranjera,
porque si las autoridades del Estado han carecido de la
entereza para gobernar al servicio del pueblo, por tutelar los
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intereses de la minoría acaudalada, incluida la bancaria local,
¿cómo podrán eludir ponerse a las órdenes de esas redes
mundiales que, como Midas, el rey frigio poseen la facultad de
trocar en oro todo lo que tocan, para su exclusivo provecho?
Privatización de la Empresa Eléctrica de Guatemala
(EEGSA) y de Servicios de Distribución de Energía Eléctrica del
INDE. (+)
La Empresa Eléctrica de Guatemala (EEGSA), aunque
legalmente era estatal, pues el gobierno del Presidente Arana
Osorio pagó a la Central American Power Co sucesora de la
Electric Bond & Share Company (EBASC0), de ingrata
recordación en Guatemala, que era la propietaria de EEGSA,
que había sido confiscada al final de la Primera Guerra
Mundial, en 1918, a los propietarios alemanes. En 1920, el
alzamiento popular propiciado por el Movimiento Unionista
que derrocó al tirano Manuel Estrada Cabrera y puso en la
Presidencia de la República a Carlos Herrera, quien
patrióticamente se negó a satisfacer las exigencias del
Gobierno de Washington consistentes en que ampliara los
privilegios a la empresa bananera United Fruit Company y
enajenase la Empresa Eléctrica de Guatemala, a la EBASCO.
Como se negó a acceder, el Departamento de Estado fraguó
un golpe de estado en Guatemala y utilizó a los Generales José
María Orellana, Larrave. Depuesto el Presidente Herrera,
asumió el cargo el General Orellana, quien hizo entrega de la
Empresa Eléctrica de Guatemala a la EBASCO por sólo
US$ 212, 830, cuando su valor era de US$ 2 millones. Medio
siglo después, el Presidente Carlos Arana Osorio le pagó a la
EBASCO Q 18 millones, a la par del dólar, por recuperar una
empresa que era del Estado de Guatemala y que había dejado
de serlo por exigencia del gobierno estadounidense y, por la
cual, el adquirente yanqui sólo dio un “plato de lentejas”.
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El sucesor del Presidente Arana, el también militar
Eugenio Kjell Laugerud García, de común acuerdo con un
grupito de accionistas guatemaltecos, poseedores de sólo el
3.3% de las acciones, mientras el Estado era propietario del
96.7% de ellas, permitió que esos accionistas minoritarios
administrasen la Empresa Eléctrica a su antojo y conveniencia
y hasta emitió un Acuerdo Gubernativo, con fecha 20 de mayo
de 1977, conforme al cual dispuso que la entidad funcionase
como sociedad mercantil. O dicho en otras palabras: la
privatizó, de hecho. (*)
En el ensayo citado del economista Piedrasanta Arandi,
sabedor él de las intenciones del Presidente Álvaro Arzú de
privatizar empresas y servicios públicos del Estado, advirtió a
los guatemaltecos lo perjudicial que sería la privatización de
los servicios de la Empresa Eléctrica de Guatemala y la de los
servicios de transporte y distribución de la energía eléctrica,
máxime si pasaban a ser propiedad de empresas
transnacionales foráneas.
Puso énfasis en la necesidad de:
a) Hacer un avalúo imparcial, correcto y real, previo a
cualquier medida legal privatizadora, porque muchos de los
activos del Sistema Eléctrico no estaban inventariados ni
se conocían sus costos (como líneas de transporte,
transmisión, estudios técnicos, etc.
b) Que una firma de expertos imparciales realizase una
justipreciación de todos los activos de EEGSA, INDE, “a fin
de no vender a vil precio, activos que han costado mucho al
pueblo”.
c) Oponerse a la intención del Ministro de Energía y Minas,
López Rodas, de confiar en un “Consejo de Notables”,
designados a propósito, para definir con el comprador el
valor de los activos.
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d) No olvidar que muchos de los activos adquiridos a fines del
siglo XIX, como EEGSA, o antes de 1940, como INDE,
puedan aparecer en el Balance, a precios de costo. Por lo
cual, si se trata de bienes inmuebles, su valor al año 1996,
indudablemente, debía ser mucho mayor por la plusvalía
de tales bienes raíces.
e) Tener en cuenta que muchos activos actuales no están
registrados, tales como las líneas de transporte y
transmisión, que no sólo tienen un valor objetivo, sino un
costo por los gastos en planificación y estudios.
f) Que lo más importante del avalúo, especialmente en el caso
de las hidroeléctricas, era considerar el precio “del recurso
agua, vale decir el valor de nuestros ríos, lagos y mar
territorial, que son recursos de la nación o sea del pueblo,
que no tenemos por qué ceder gratuitamente para que una
empresa privada obtenga ganancias”. Este recurso agua
debe justipreciarse para que si la energía eléctrica llegara a
privatizarse, la empresa favorecida, pague su valor justo
por dicho elemento.
g) No olvidar que la intención de ciertos empresarios y
políticos de privatizar empresas y servicios públicos
estatales, no surgió en 1995, sino ya en 1975, el pequeño
grupo de accionistas privados, poseedores de sólo el 3.3%
de las acciones de la Empresa Eléctrica de Guatemala,
capitaneado por el Presidente de la Empresa, uno de los
accionistas minoritarios, Sr. Julio Lowental, ya había
propuesto su privatización en condiciones desventajosas al
Estado y de privilegio para los particulares, y que eso
debería evitarse si se llegase a aprobar la venta de la
Empresa Eléctrica y de los Servicios del INDE, al
privatizarlos.
Ahora, en el año 2007, es de lamentar que esa
privatización se realizó en forma lesiva a los intereses
nacionales, sin tomar en cuenta las correctas, valiosas e
inobjetables recomendaciones del Lic. Piedrasanta.
-----------------43
(+) Fuente: Alfonso Bauer Paiz, Cómo Opera el Capital
Yanqui en Centro América (el caso de Guatemala), Editorial
Ibero Mexicana, México, 1956 y Rafael Piedrasanta Arandi,
¡Venta al Capital Extranjero de Nuestros Activos Eléctricos sin
Avalúo Técnico Previo!, Guatemala, octubre 1996.
Privatización de Correos y Telégrafos. (DGCT). Este
servicio público estaba mal administrado cuando Álvaro Arzú
asumió la Presidencia y por ello varias empresas privadas
habían sido autorizadas para funcionar, a pesar que el Código
Postal preceptuaba que los servicios de esta naturaleza sólo
podían ser prestados por el Estado. La administración de
dichos servicios fue otorgada a la empresa canadiense Postal
Services, pero la Dirección General de Correos y Telégrafos
supervisa el cumplimiento de los servicios.
Privatización de la Empresa Guatemalteca de
Telecomunicaciones. (GUATEL). Antes de ser privatizada
GUATEL, la tendencia de sus utilidades era hacia el alza, pues
en 1985 no excedían de Q 100 millones y, en 1997, ya habían
llegado a Q 500 millones. Además era una empresa sólida,
solvente, propiciadora de empleo con personal capacitado y
que brindaba servicios eficientes, del cual gozaban los
usuarios pagando tarifas moderadas.
De manera que no hay justificación alguna para la
privatización de GUATEL, que se consumó por la aplicación
impuesta desde Washington de la política neo liberal de
despojo al Estado de sus empresas y servicios públicos en
bien de los habitantes usuarios, para trasladarlos a intereses
privados de magnates del poder económico y funcionarios
públicos asociados con aquéllos.
La privatización fue tan perjudicial para la nación que
los compromisos financieros de GUATEL, que debieron ser
atendidos por los nuevos propietarios privados los va a tener
que pagar el Estado, o sea el pueblo. Compromisos que
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ascendían a Q 115.11 millones. Suma de las siguientes
deudas en millones de Quetzales: al Banco Interamericano de
Desarrollo
(BID),
18.0;
al
Banco
Internacional
de
Reconstrucción y Fomento (BIRF), 30.0; al Fondo de
Cooperación Económica de Ultramar (FCEUM), 40.46; al
Instituto Centrale Per II Crédito a Medio Termino (ICPICMT),
14.65.
En el proceso de privatización de GUATEL se estableció
el Fondo para el Desarrollo de la Telefonía (Fondetel), para el
otorgamiento de subsidios, del cual salieron favorecidas las
siguientes empresas:
EMPRESA
SERSAT, SA
PREARQ, SA
SOLINTEL, SA
HIDROC, SA
TOTAL
SUBSIDIO OTORGADO
Q 9.800.000.00
Q 29.528.371.80
Q 10.475.924.00
Q 4.019.043.00
Q 53.823.338.80
La Licda. en economía, Edna Liliana Paiz Morales, en
ensayo “Proceso y Efectos de la Privatización de la Empresa
Guatemalteca de Telecomunicaciones -GUATEL-” apunta como
resultado de esa privatización, para el Gobierno y la población
de Guatemala lo siguiente:
La privatización dejó al país en situación desventajosa
por lo siguiente:
- Se dejó de percibir la media de ingresos como utilidades de la
empresa.
- Nunca se ha sabido cual fue el valor “justipreciado” de los
activos de GUATEL al privatizarla, pero al parecer no se tomó
en cuenta el valor de sus frecuencias radioeléctricas, que
era, por lo menos, de Q 400 millones.
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- El Gobierno, inmediatamente después de la privatización,
subió el valor de las tarifas por el uso de los servicios de
telecomunicación.
- La enajenación de GUATEL fue inconstitucional porque se
realizó en contravención de lo dispuesto en los artículos 124
y 134 de la Constitución Política de la República.
- La cuantía de los gastos en que incurrió el Estado en el
proceso de privatización de GUATEL fue excesivo:
a) en sueldos, viáticos, tarjetas de crédito, decoraciones,
hoteles y alquiler de salones para sesiones de Junta
Directiva, viajes, publicidad y favores especiales, Q 64
millones.
b) en honorarios profesionales por asesorías, principalmente
a empresas internacionales (nosotros diríamos consorcios
imperialistas) como J.P. Morgan y Citibank, Q 49
millones. En total: Q 113 millones.
- El proceso de negociación para privatizar GUATEL se hizo en
forma nada transparente, lo cual afecta el prestigio y la
credibilidad en las acciones del Estado.
Esa corruptibilidad gubernamental viene siendo
sistemática, porque el candidato a la Presidencia de la
República, en el año 1999, Alfonso Portillo, había denunciado
públicamente la ilegalidad y los graves perjuicios de esa
privatización. Sin embargo, nada hizo para declarar la
lesividad de la enajenación de ese servicio público durante su
período cuatrienal.
Privatización de la empresa de Telecomunicaciones de
Guatemala, S. A. (TELGUA). Para la privatización de GUATEL y
de su empresa TELGUA había sido modificada, a propósito la
Ley de Contrataciones del Estado. El decreto 57-92 y sus
modificaciones permitieron a GUATEL la constitución del
patrimonio unitario, inexistente en el sistema jurídico
guatemalteco, creado con el objeto de trasladar a otra empresa
parte importante de sus activos y pasivos, TELGUA, S.A.,
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siguiendo GUATEL siendo empresa estatal, pero la nueva
empresa, Sociedad Anónima.
Más tarde, en 1997, el Gobierno de Guatemala se
endeudó contratando préstamos internacionales para las
privatizaciones. El 14 de octubre de ese año, el Congreso de la
República emitió el Decreto 97-97 por el cual autorizó al
Organismo Ejecutivo, para que por medio del Ministerio de
Finanzas, suscribiera dos contratos de préstamo con el BID,
uno de ellos por US$ 100 millones a 20 años plazo.
Al 30 de abril de 1999 había desembolsado US. $ 74.4
millones y por consiguiente estaban pendientes de su
desembolso US $ 25. 6 millones, que el Gobierno no podía
hacerlos porque carecía de la documentación que probara que
LUCA, S. A., mexicana, había comprado el 95% de las acciones
de TELGUA, S. A. y además las condiciones del contrato de
administración entre TEL MEX, S. A. y TELGUA, S.A.
Otro préstamo que se contrajo fue con el BIRF, Banco
Internacional de Reconstrucción y Fomento, por US $ 13
millones para financiar parcialmente el proyecto “Asistencia
Técnica para la participación privada en infraestructura”,
dentro del “Programa de Modernización del Sector Público”.
Además GUATEL había contratado con el BID, con
BIRF, con Italia y el Japón, préstamos por un monto de US $
122.8 millones. Al 30 de abril de 1999, la deuda de GUATEL
ascendía a US $ 74 millones.
¡Qué infamia! Los funcionarios de esos gobiernos y los
diputados del Congreso de la República no sólo estaban
enajenando cuantiosos y valiosos bienes nacionales a precios
ruines, sino para facilitarles su ilícita y corrupta adquisición a
grupos del poder económico del país y del extranjero en
condiciones muy desastrosas, haciéndose al mismo tiempo
socios de esos adquirentes o recibiendo apetecibles dádivas,
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endeudaron al Estado autorizando la contratación de esos
usurarios préstamos con bancos internacionales, agentes del
imperio norteamericano que ordenaba la inmediata
privatización de los activos estatales en los países no
desarrollados de América Latina, para sustituir la autoridad de
nuestros Estados por la del Departamento de Estado,
Pentágono e instituciones financieras bajo su dominio, como el
FMI, el Banco Mundial, el BID, etc.
Durante 1997 y 1998 se hicieron 4 llamamientos de
subastas para venta de bienes de GUATEL y TELGUA en las
que participaron la firma J. P. Morgan, Aranky, González y
Asociados S.C., miembros de la firma Arthur Anderson y
Shaw Pittman Potes & Trowbridge de Nueva York.
Al fin, se efectuó la venta, en subasta pública, del 95%
de las acciones de TELGUA, S.A. Se declaró
abierta la
subasta, habiendo participado como posibles postores
Telefónica
Internacional,
S.A.,
GTE
Internacional
Telecomunitations
Incorporated,
Telmex,
Internacional
Ventures Central America, LUCA, S. A., FT & T, S. A. y
Deutsche Telecom, Inc.
El único postor fue LUCA, S.A., que ofreció pagar
US $ 25.59 por cada una de las 27,360,570 acciones o sea, en
total, US $ 700, 156,986,30, oferta que fue aceptada.
El contrato de compraventa de TELGUA, S.A. fue
firmado en Nueva York el 1 de octubre de 1998 en condiciones
inadmisibles, porque fue escrito en inglés y mal redactado en
forma oscura y ambigua y además y concertado de mala fe,
ilegalmente y , además, en términos lesivos al país.
Privatización del manejo de servicios de carreteras. Un
ejemplo de ésta es la del contrato entre el MICIVI y la
Constructora Vista Hermosa, S.A. para reparar la
pavimentación del tramo RN 18, de Jalapa a Chiquimula y en
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el tramo RN 19 de Casas de Tablas, Municipio de Monjas San
Manuel Chaparrón, contrato suscrito el 26 de julio del 2001 y,
a pesar que a junio del 2005 no había sido terminada la obra,
la Dirección General de Caminos firmó el 20 de junio otro
contrato en el que se obligó a pagar a la constructora por
concepto de “compensación”, Q 113,1 millón. La Contraloría
Nacional General de Cuentas ha descubierto pagos sin
fundamento y aumento del costo de la obra pendiente de
ejecutar, de1 30% en relación a los precios del mercado, lo que
incrementaría el costo hasta Q 4l4 millones, cuando el
convenido había sido de Q 257,262,942.92.
Otro paradigma de esta modalidad de privatización de
servicios públicos es el de la construcción del tramo PalínEscuintla, en el que la empresa constructora goza del privilegio
de cobrar el peaje que pagan los usuarios, quedándose con el
99% de los ingresos y dándole al Estado sólo el 1%.
Por último, durante la administración del Presidente
Berger han habido reiterados intentos por privatizar los
servicios de educación, de salud y los prestados por el IGSS,
pero salvo en algunos aspectos lo ha logrado, pues es muy
grande el descontento público contra esos intentos. Oposición
que no se ha manifestado respecto a la creciente privatización
de los servicios de seguridad propios de la Policía Nacional
Civil, autorizándose fácilmente el establecimiento de cuerpos
privados de seguridad, muchos de ellos propiedad de militares
represivos y masacradotes, además de corruptos, o de
personas vinculadas con el crimen organizado.
Apartado III
Fondos Sociales, Fideicomisos, Franquicias
En este apartado se va a evidenciar los males sociales
que devienen de la generalizada y habitual práctica de la
corrupción e impunidad que van a ser muy difícil de erradicar,
porque no son sólo los funcionarios públicos y la burocracia
49
los que están de espaldas a la probidad, sino también la casi
totalidad de agrupaciones integrantes de la llamada sociedad
civil, particularmente los sectores que detentan el poder
económico, que mantienen estrechos vínculos con las
autoridades corruptas del Estado y de sus organismos,
entidades e instituciones.
Eso, por una parte, pero por otra, a las mafias de
servidores públicos no les han faltado personajes e
instituciones internacionales inescrupulosos y con habilidad
para
diseñar
proyectos,
programas
y
mecanismos
administrativos, que no son sino señuelos para atraer y
engañar al grueso de la población. A esos malabaristas,
significados agentes del Banco Mundial, del Fondo Monetario
Internacional (FMI) y del Banco Interamericano de Desarrollo
(BID) les fue fácil convencer a las autoridades guatemaltecas,
para que se plegaran sumisos al plan de dominación
neo-imperialista, Alianza de Libre Comercio de las Américas
(ALCA) y, en consecuencia, despojaran al Estado de sus
atribuciones de servicio público, principalmente en materia de
política económica, transfiriendo ese poder soberano a la
oligarquía nacional y a la red de instituciones internacionales
dominadas por los Estados Unidos, y como consecuencia
flexibilizara la regulación y control del manejo de los fondos
públicos que dejarían de ser auditados por la Contraloría
General de Cuentas (CGC), con el pretexto de agilizar la
ejecución de los proyectos, pero en el fondo para extremar el
poder discrecional de los administradores de las inversiones y
gastos públicos, que ya no serían directamente los Ministros
de Estado o las autoridades máximas de las entidades
autónomas o descentralizadas, sino la de los nuevos aparatos
establecidos, tales como Fondos Sociales y Fideicomisos.
No es casualidad que desde que comenzó a regir la
política neo-liberal, se le ha ido privando a las autoridades
fiscales de su atribución supervisora de la ejecución del
Presupuesto de Ingresos y Egresos del Estado, por parte de los
50
Ministerios del Gobierno. Lo cual ha sido posible mediante el
establecimiento de los Fondos Sociales y los Fideicomisos,
según se explicará a continuación.
Fondos Sociales. Ya dijimos qué instituciones
internacionales fueron los promotores de la creación de los
Fondos Sociales, de las cuales el más influyente fue el Banco
Mundial. Fue en 1993, el año en el que con la sedicente
finalidad de combatir la pobreza, el BM, comenzó a establecer
entidades de servicio público a las cuales se les exceptuaba de
regulaciones del presupuesto público, incluso suprimiéndole al
trabajador del Estado derechos laborales establecidos en la
Ley de Servicio Civil y permitiendo despidos arbitrarios de
trabajadores y exceptuando a esas dependencias de los
requisitos de licitación pública.
En un principio, con el señuelo de que esos mecanismos
contribuirían a la eficiencia, eficacia y sustentabilidad de las
actividades administrativas, se comenzó por modestos
proyectos de inversión en salud, educación, agua potable y
saneamiento, medio ambiente, electrificación y desarrollo de la
comunidad. Proyectos que, en su mayor parte, se ejecutaron
ya por el sector privado. El financiamiento inicial de tales
proyectos eran financiados por fuentes internacionales, pero
que serían carga futura para el Estado, por el aumento de la
deuda pública. Pero, desde hace algunos años son recursos del
Presupuesto de Ingresos y Egresos del Estado, erogaciones que
representan el 11% del total del gasto público.
Los fondos sociales ya no son pocos y se crean
antojadizamente, al punto que varios de ellos se ocupan de la
misma materia y han funcionado deficientemente, pues no se
ha alcanzado nunca el propósito fundamental de su
funcionamiento: acabar con la pobreza extrema. Y, además, no
pocos de ellos han sido administrados faltando a la probidad.
Por ello, los mismos gestores de los fondos sociales -el BM y el
BID- han pedido al Gobierno de Guatemala, que repare esas
51
anomalías, los fusione para ahorrar los gastos o los suprima.
Pero, los gobernantes no han procedido así, porque los fondos
sociales, les son útiles para la creación de clientela política y
para el enriquecimiento ilícito de altos funcionarios.
También se ha comprobado que los fondos sociales, al
igual que Ministerios de Estado y Secretarías, Comisiones de
alto nivel y aún Programas presidenciales, evaden el
cumplimiento de los requisitos de la Ley de Contrataciones del
Estado y de la auditoría de la CGC. Para lograrlo se han valido
de la suscripción de convenios, arreglos o contratos de
administración de proyectos con ONGS u organismos
internacionales. A continuación algunos de esos lamentables
casos:
+ El Fondo Nacional de la Paz (FONAPAZ), en 1999,
desvió alrededor de Q 20 millones destinados a la atención de
poblaciones desarraigadas por el enfrentamiento armado, a
través de la Organización Internacional de Migraciones (OIM),
para el plan de la Municipalidad de Guatemala, de un parque
recreativo en el Campo Marte.
+ Buen número de diputados, de los que sustentan el
criterio maquiavelista del divorcio entre la política y la ética,
aprobaron la creación del Programa de Ayuda Comunitaria
Urbana y Rural, que les permitió convertirse en empresarios y
asignar cientos de millones de Quetzales, para invertirlos en
proyectos de ese Programa. La CGC detectó manejos
fraudulentos en algunos de ellos, que no pudo procesarlos,
porque era la OIM, de las Naciones Unidas que no permite se
controle a sus organizaciones, la administradora de los fondos
e inversiones.
+ En el 2002, durante el Gobierno de Alfonso Portillo, el
Ministerio de Agricultura pidió al Programa de las Naciones
Unidas (PNUD) para elaborar las bases de licitación y
administrar los recursos de compra de fertilizantes y su
52
colaboración la brindó sin observar la legislación guatemalteca
conforme a su poder discrecional de actuación, que al final de
cuentas le resultó perjudicial a Guatemala, en más de Q 90
millones, en tanto que las empresas contratadas por el PNUD
hicieron negocio redondo, pues habían comprado el fertilizante
barato y lo vendieron después a altos precios, valiéndose de
sobornos y negociaciones ilícitas.
Debemos señalar que, además de facilitar la
corrupción esos procedimientos violan flagrantemente
normas constitucionales y legales.
En efecto, el artículo 232 de la Constitución Política,
dispone que la CGC debe desempeñar funciones de
fiscalización de los ingresos, egresos y en general de todo
interés hacendario de los organismos del Estado, los
municipios, entidades descentralizadas y autónomas, así como
de cualquier persona que reciba fondos del Estado o que haga
colectas públicas. Y, además, preceptúa que también están
sujetos a esta fiscalización los contratistas de obras públicas y
cualquier otra persona que, por delegación del Estado, invierta
o administre fondos públicos. (Por ejemplo, la OIM, el PNUD o
cualquier Organización Internacional).
El Decreto 101-87, Ley Orgánica del Presupuesto, en su
artículo 17. Control y Fiscalización de los Presupuestos,
establece: El control de los presupuestos del sector público
corresponde al Organismo Ejecutivo a través del Ministerio de
Finanzas Públicas, con excepción de las Municipalidades y la
Universidad de San Carlos de Guatemala. La fiscalización de
los presupuestos del sector público sin excepción, será ejercido
por la Contraloría General de Cuentas o por la Superintendencia
de Bancos, según sea el caso.
También es violada la Ley del Organismo Ejecutivo,
Decreto 114-97, porque en su artículo 51, sobre Fondos
Sociales, dispuso que el Organismo Ejecutivo debería, en un
53
plazo no mayor de 90 días, enviar al Congreso de la República
iniciativas de ley para definir la estructura jurídica y de
funcionamiento de todos los fondos sociales, con excepción del
Fondo de Inversión Social -FIS- y de los fondos que a la sazón
dependían de algún Ministerio, cuya ejecución presupuestaria
debía estar incluida en la ejecución presupuestaria del
Ministerio respectivo. Y, en su último párrafo dice:
”Los fondos sociales que no dependan del Ministerio,
deberán presentar anualmente al Congreso de la República su
memoria de labores y deberá contener además su ejecución
presupuestaria”.
El Gobierno jamás ha presentado al Congreso de la
República esas iniciativas de ley y los fondos sociales que no
dependen de un Ministerio, no siempre han enviado al
organismo legislativo su memoria de labores y ejecución del
presupuesto. Ni el Congreso les ha exigido a los Ministerios ni
a los fondos sociales que cumplan esa obligación.
Por tanto, con ese modo anómalo de proceder, también
se vulnera la Ley de Contrataciones del Estado.
Es conveniente que las ciudadanas y ciudadanos
guatemaltecos como el Congreso de la República y el
Organismo Ejecutivo, a pesar de la estrictez de los preceptos
constitucionales citados y de las normas de la Ley de la CGC y
Ley de Presupuesto se las han arreglado para cohonestar esas
ilícitas prácticas. Es por medio de la emisión de un Decreto del
Congreso, al que denominan Ley del Presupuesto General de
Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal (….) en el
que incluyen un artículo que les permite actuar en esa forma.
Por ejemplo, el Decreto 92-05, para el Ejercicio Fiscal
2006 que contiene el Artículo 13. Transferencias de recursos a
comunidades, organizaciones no gubernamentales, asociaciones
y organismos regionales e internacionales, el cual reza:
54
“Se faculta a los fondos sociales y entidades
descentralizadas para que transfieran a las comunidades
recursos destinados a financiar la parte que le corresponde al
Estado para la ejecución de programas y proyectos dentro de
la modalidad múltiple de gestión financiera”.
La anterior disposición, aunque ilegítima puede no ser
ilegal, conforme al principio universal de derecho que en
nuestro sistema jurídico está establecido en el Decreto 2-89,
Ley del Organismo Judicial, de rango constitucional, en su
artículo 8, literal b), que preceptúa:
Artículo 8. Derogatoria de las leyes. Las leyes se
derogan por leyes posteriores: (…) b) Parcialmente, por
incompatibilidad de disposiciones contenidas en las leyes
nuevas con las precedentes.
Pero su vicio de inconstitucionalidad le hacen inane, por
lo que se establecer en el artículo 175 de la Constitución, a
saber:
Artículo 175, Jerarquía constitucional. Ninguna ley
podrá contrariar las disposiciones de la Constitución. Las leyes
que violen o tergiversen los mandatos constitucionales son
nulas ipso jure.
Sin embargo las instituciones estatales obligadas por la
Constitución Política de la República y sus leyes orgánicas
respectivas, para restablecer el orden constitucional no lo
hacen y por consiguiente son factores de impunidad, tales
como el Ministerio Público, la CGC, la Procuraduría General de
la Nación, la Corte de Constitucionalidad y aún el Organismo
Judicial. Esa omisión, a las autoridades responsables de esas
instituciones públicas, así como a los diputados del Congreso
de la República y funcionarios del Organismo Ejecutivo que
presentaron la correspondiente iniciativa de ley de
Presupuesto anual, se les puede procesar incluso penalmente
55
con base en lo dispuesto en los artículos constitucionales: 154.
Función pública y sujeción a la ley y Artículo 155.
Responsabilidad por infracción a la ley y conforme al
artículo 381 del Código Penal, relativo a Violación a la
Constitución y podrían ser sancionados con penas de prisión,
de tres a diez años.
Para terminar esta sección del Capítulo III de este
ensayo, dedicado a FONDOS SOCIALES, presentamos el
siguiente cuadro con los nombres de los 13 Fondos sociales y
la cuantía de sus gastos durante el año 2005:
Gasto durante el año 2005 de los Fondos Sociales (*)
(En millones de Quetzales)
Fondo Social
Gasto en el
año 2005
17. 4
Fondo de Desarrollo Indígena de Guatemala
(FODIGUA)
Fondo de Garantía
5.0
Fondo de Inversión Social (FIS)
544.4
FSDC / SCEP
000.0
Fontierras
159.7
Fondo Guatemalteco de Vivienda (FOGUAVI)
273.8
FOGUAMA
1.3
FONACYT (Fondo Nacional de Correos y Telégrafos)
22.3
FONACON (Fondo Nacional de Conservación de la
3. 5
Naturaleza)
FONAGRO
15.0
FONDETEL (Fondo de Desarrollo de la Telefonía)
12.4
FONAPAZ
484.5
PRONADE (Programa Nacional de Educación)
543.8
Total gasto durante el 2005
2,083.1
(*) Fuente: Ministerio de Finanzas Públicas, tomado de Poder
Discrecional y corrupción en Guatemala, Claves para ganar
Transparencia, Guatemala, marzo 2006.
56
De los Fondos Sociales citados, a los que más se les ha
señalado de malos manejos son: el Fodigua, Fis, Fontierras,
Foguavi, Fondetel, Fonapaz y Pronade.
A pesar de la experiencia negativa del funcionamiento
de los Fondos Sociales y de la ausencia de buenos resultados,
amparados por el reinado de la impunidad, el Gobierno ha
enviado al Congreso de la República, una iniciativa de ley para
crear un nuevo fondo social con capital de Q 550 millones
“para la atención de desastres naturales o provocados”. ¡Ojala!,
no ocurran los naturales y las mismas autoridades públicas
provoquen los no naturales.
Fideicomisos. El FIDEICOMISO es un contrato de
derecho privado antiquísimo -de la época del Derecho
Romano- que se las ingeniaron los patricios para burlar
restricciones y prohibiciones que tenía el derecho de Sucesión
Hereditaria, tales como la de testar a favor de esclavos o
extranjeros.
En Guatemala, el Fideicomiso está regulado en el
Decreto 2-70 Código de Comercio, en su Título II. Contratos
mercantiles en particular, Capítulo V, conforme a los
artículos del 766 al 793.
En el contrato de Fideicomiso, el Fideicomitente
transmite ciertos bienes y derechos al Fiduciario, afectándolos
a fines determinados. El fiduciario los recibe con la limitación
de carácter obligatorio, de realizar sólo aquellos actos exigidos
para cumplir los fines del fideicomiso. El Fideicomisario es la
persona que, de acuerdo con el fideicomitente va a ser
beneficiado de la cesión de bienes o derechos.
El fideicomitente debe tener capacidad legal para
enajenar sus bienes y el fideicomisario debe tenerla para
adquirir el provecho del Fideicomiso.
57
El fiduciario debe ser un banco establecido en
Guatemala o una institución de crédito si ha sido autorizada
por la Junta Monetaria.
El contrato de Fideicomiso, en el derecho privado, no es
perjudicial a la sociedad, salvo casos excepcionales, pero sí en
el ámbito del derecho público, puesto que los funcionarios
públicos no pueden disponer de bienes del Estado que no son
suyos sino del Estado conforme al artículo 121 de la
Constitución. Es oportuno que en consecuencia es
inconstitucional ceder mediante fideicomisos bienes o
derechos del Estado, como son:
a) los de dominio público; b) las aguas de la zona
marítima, de lagos, ríos navegables y sus riberas, caídas y
nacimientos de agua de aprovechamiento hidroeléctrico,
subterráneas; c) los bienes que constituyen el patrimonio del
Estado, de municipios y de entidades descentralizadas o
autónomas; d) la zona marítima terrestre, la plataforma
continental y el espacio aéreo en la extensión y forma que
determinen las leyes o los tratados internacionales ratificados
por Guatemala; e) el subsuelo, los yacimientos de
hidrocarburos y los minerales, así como cualesquiera otras
substancias orgánicas o inorgánicas del subsuelo; f) los
monumentos y reliquias arqueológicas; g) los ingresos fiscales
y municipales, así como los de carácter privativo que las leyes
asignen a las entidades descentralizadas y autónomas; y h) las
frecuencias radioeléctricas.
A pesar de lo dispuesto en el artículo 121
constitucional, los gobiernos han enajenado muchos de esos
bienes del Estado, valiéndose del establecimiento de
fideicomisos. Y, además, violando las disposiciones del artículo
124 de la Constitución que sólo permite la enajenación de esos
bienes del Estado, si lo permite alguna ley que deberá fijar las
58
limitaciones y formalidades a que debe sujetarse la operación y
sus objetivos fiscales. Y los fideicomisos ni son leyes ni fijan
limitaciones ni formalidades.
La Asamblea Nacional Constituyente erró al disponer en
el segundo párrafo del Artículo 124 “que las entidades
descentralizadas o autónomas, se regirán (respecto a la
enajenación de sus bienes, que también son nacionales) por lo
que dispongan sus leyes y reglamentos”, que por lo general
carecen de normas a ese respecto, facilitándoles a las
autoridades de esas entidades la enajenación desventajosa,
ilícita, si no corrupta, de sus bienes.
Además, según el artículo 154 de la Constitución “Los
funcionarios públicos son depositarios de la autoridad,
responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la
ley y jamás superiores a ella”, por lo tanto al operar
fideicomisos están violando la ley fundamental, la Constitución
Política de la República y son responsables civilmente y
penalmente por esa violación, conforme las disposiciones del
artículo 155 constitucional.
Ya se ha dicho que tanto la privatización de empresas
del Estado y de servicios públicos, así como la aplicación del
fideicomiso, contrato mercantil de derecho privado, para
enajenar bienes y derechos públicos, no fueron de iniciativa
guatemalteca sino impuestas por el BM, el BID y el FMI, que
han actuado como agentes de instrucciones impartidas por el
gobierno de los EUA que para su política de dominación
económica utiliza las privatizaciones y los fideicomisos en
nuestros países, a fin de garantizarles a las empresas
transnacionales estadounidenses, generalmente consentidas
por las autoridades guatemaltecas como fideicomisarios
privilegiados, sea como inversionistas o contratistas.
59
La concertación de fideicomisos por parte de la
administración publica, del Congreso de la República y de
entidades descentralizadas y autónomas ha sido creciente,
desde 1976 hasta la fecha, para los siguientes fines:
- Atender necesidades públicas de vivienda.
- Financiamiento de la Federación de Cooperativas de
Guatemala (Fedecocagua).
- Utilizar recursos financieros que el Estado asigna a
entidades descentralizadas o autónomas con obligación de
retorno a ser invertidos en proyectos específicos de beneficio
social y que produzcan renta que retorne el capital invertido.
- Puedan los Fondos Sociales administrar sus recursos
mediante fideicomisos.
- Otorgar subsidios.
- Financiar el Programa Nacional de Resarcimiento.
- Financiar servicios y proyectos de Ministerios, como los de
Economía, Agricultura y Comunicaciones; y de Secretarías y
otras dependencias del Ejecutivo.
- Satisfacer obligaciones del Estado a cargo del Tesoro.
Los fideicomisos están obligados a registrar sus
erogaciones en el Sistema Integrado de Administración
Financiera y rendir informes públicos, pero no han cumplido
ni con su obligación de registro y de rendición de cuentas en
forma pública.
La Contraloría General de Cuentas está facultada para
fiscalizar los fideicomisos del Estado y la Procuraduría General
de la Nación tiene a su cargo, conforme el artículo 252 de la
Constitución, la función de asesoría y consultoría de los
órganos y entidades del Estado, incluidos los fideicomisos,
pero ni la CGC ni la PGN han cumplido satisfactoriamente sus
deberes en relación a los fideicomisos.
60
De las Instituciones fideicomitentes, es el Ministerio de
Finanzas Públicas (MFP) el que tiene más fideicomisos, 25; el
Foguavi, 14; el MAGA, 10; y menos de 4, Inde, Ministerio de
Ambiente, Fontierras, Covial/civ y MFP/Municipalidad de
Guatemala.
Para conocimiento público de la relación de recursos del
Presupuesto total del Estado y los fondos en Fideicomiso,
véase el siguiente cuadro:
Fideicomisos aprobados en el Presupuesto del ejercicio fiscal 2005 (*)
(En millones de Quetzales y porcentajes)
Institución
Ministerio de Economía
Ministerio de Agricultura
Ministerio de
Comunicaciones
Secretarías y otras
dependencias del
Ejecutivo
Obligaciones del Estado a
cargo del Tesoro
Presupuesto
Total
212. 3
Fondos de
Fideicomiso
6.0
Porcentaje
2.1
2.8
1.255.2
138.9
11.1
2.858.1
1.021.9
35.7
1.989.5
270.0
13.6
11.416.8
445.0
3.9
17.732.0
1.880.9
(+) El cuadro está tomado de la página 41 de la sección 4, Contrato de
Fideicomiso, de la publicación Poder Discrecional y Corrupción en
Guatemala,
Claves
para
ganar
transparencia,
Acción
Ciudadana/Fundación DESC, marzo 2006.
Los plazos para el pago de los préstamos contraídos por
la gestión de los fideicomisos van de 5 a 25 años y los bancos
internacionales acreedores son el BID, el BCIE, BIRF.
Franquicias: Por supuesto que no se va a tratar de la
franquicia, en su sentido de seguro a segundo riesgo, ni en el
de libertad o exención que se concede a una persona o pueblo
61
para no pagar derechos en las mercaderías que introduce o
extrae, sino al moderno contrato parecido al de distribución,
por medio del cual una persona concedente de la franquicia,
persigue la búsqueda de nuevas relaciones comerciales que
hagan posible la utilización máxima de su potencial
empresarial. Por lo general la franquicia se refiere a la
utilización de una marca del concedente, en el plano nacional,
mientras el concesionario debe hacerlo en el plano local.
También se utiliza la franquicia para regular el
aprovisionamiento de mercaderías, del concedente al
concesionario y también para convenir cláusulas reguladoras
de prácticas de mercadeo (marketing), de promoción de ventas
y selección de artículos a vender.
Por supuesto que este contrato mercantil, hasta ahora,
que se sepa, no ha sido utilizado por empresas o instituciones
del Estado y si en este ensayo se le considera es porque en los
últimos años, los empresarios guatemaltecos en su afán de
aprovechar toda oportunidad para acrecentar sus ganancias,
tratan de vender en mercados extranjeros franquicias, con
base en el prestigio de alguna marca de su propiedad, lo cual
es loable. Pero, en cambio es preocupante el otro lado de la
moneda, es decir, que empresas transnacionales gigantes
estadounidenses
que,
contando con el DR-CAFTA o
TLC-CAUSA, tienen garantía segura de sus inversiones, están
ofertándole a los empresarios guatemaltecos comprarles sus
empresas con la amenaza de que si se negasen, harían uso del
derecho a la libre competencia y les harían quebrar. Ante ese
peligro, el empresario nacional cede y, en el mejor de los casos,
conserva un reducido porcentaje del capital, aunque
públicamente siga figurando como propietario.
Ejemplos de esa desalentadora desnacionalización de
importantes empresas son la venta de parte de la familia Paiz
Andrade a la Walmart de la red de despensas, super e hiper
mercados y la compra de bancos nacionales por Citigroup y
62
otros consorcios bancarios internacionales. Es previsible que
lo mismo ocurrirá en otros sectores de la economía y así
empresas agrícolas, industriales, comerciales y de servicios
guatemaltecas pasarán a ser propiedad de consorcios
norteamericanos o europeos. Y de ser así, si el conglomerado
de empresarios integrantes del CACIF ha llegado a tener tal
poder político que las autoridades del Estado generalmente
gobiernan sujetadas a los designios de ese empresariado, ¿a
qué grado llegará el sometimiento cuando la mayor parte de
las actividades económicas estén en manos -por no decir,
garras- de los avorazados y despiadados capitalistas
extranjeros?
Apartado IV
Contratos del Estado con empresas Petroleras y Mineras
La explotación de los recursos naturales no renovables
-hidrocarburos y de minerales metálicos- ha contribuido
poderosamente al mantenimiento y continuidad de la conducta
corrupta gubernamental, desde 1954, a partir del
derrocamiento del Presidente Arbenz.
La Constitución de 1945 en su artículo 95 disponía que
los contratos para explotar minerales o yacimientos de
hidrocarburos, podían celebrarse por un término que no
excediesen de cincuenta años; pero los yacimientos de
hidrocarburos y sus derivados solamente podían ser
explotados por el Estado, por guatemaltecos o por compañías
guatemaltecas cuyo capital fuese predominantemente
nacional.
Una de las causas por las cuales el Jefe de las Fuerzas
Armadas, Coronel Francisco Javier Arana estaba complotando
para derribar al Presidente Arévalo fue que como el Ministerio
de Economía y Trabajo, del cual dependía la Dirección General
de Minería se negaba a autorizar un contrato de explotación de
petróleo si no era conforme las normas constitucionales, el
63
Embajador Richard Patterson le ofreció al Jefe de las Fuerzas
Armadas su apoyo para derrocar al Presidente Arévalo, pero
éste se adelantó a esos siniestros planes y logró
diplomáticamente que el Departamento de Estado lo retirara
de Guatemala.
En la década 1944-l954 no se dio ninguna concesión o
se firmó contrato lesivo a la nación, para explotación de
recursos naturales no renovables.
En cambio, desde 1954 ha sido constante y creciente la
doblegues del Congreso de la República y de los Gobiernos,
para enajenar en condiciones muy desfavorables al país los
mencionados recursos naturales, con base en iniciativas de ley
redactadas por las empresas transnacionales interesadas en la
explotación de minerales, metales y petróleo. Iniciativas que
traducidas del inglés al castellano constituyen la legislación
vigente en esa materia.
Tanto la extracción del petróleo como la de minerales y
metales causan graves daños al medio ambiente,
contaminando las aguas de manantiales, ríos y lagos,
desforestando las montañas y explotados excesivamente como
se está haciendo le agotan al país recursos naturales
valiosísimos para un futuro próspero porque son recursos no
renovables. En cuanto a empleo, la demanda es limitada e
insuficientemente remunerado el trabajo de los mineros. La
economía del país no se favorece, según la legislación vigente
desde 1954, sólo pagan las empresas 1% de regalía, en
relación con la cantidad de petróleo o minerales exportados,
según declaración jurada de la empresa.
Pero, el objetivo nuestro en este ensayo no es el análisis
de las condiciones jurídicas y económicas de la industria
minera y petrolera, sino éticas. Respecto de las cuales, es
evidente que la magnanimidad con la que las autoridades del
país han permitido la explotación de los recursos mineros y
64
petroleros, ha sido el resultado de la conducta tanto de
diputados del Congreso de la República, como del Organismo
Ejecutivo en cuanto a la mala administración de estos bienes
nacionales, por lo cual han violado lo dispuesto en el artículo
154 de la Constitución Política de la República: “los
funcionarios son depositarios de la autoridad, responsables
legalmente por su conducta oficial (…).
La descomposición en el comportamiento oficial en esta
materia, ha llegado al grado de que las empresas
transnacionales mineras, la mayor parte de ellas canadienses,
pero con capital estadounidense predominante, seducen a
dignatarios, ministros de Estado, ofreciéndoles granjerías y
dádivas, así como apoyo en sus propósitos políticos. Por ello es
frecuente que un ciudadano haya sido nombrado Ministro o
Viceministro del Ministerio de Energía y Minas, habiendo sido
anteriormente gerente o alto empleado de alguna Corporación
minera o petrolera y que cuando cese en el desempeño del
cargo vuelva a representar, como gerente o subgerente a la
empresa transnacional.
Es sabido que la Universidad Francisco Marroquín,
(UFM) fundada por el Ing. Manuel Ayau Cordón, siendo
diputado por el departamento de Alta Verapaz, con ayuda
económica de un grupo de la oligarquía guatemalteca
integrado por las familias Novella, Minondo Herrera, Berger,
Canella, Granai, Castillo, Campollo, varias de ellas teniendo
participación en las Juntas Directivas de transnacionales,
tales como Basic Resources, por una parte; y por otra del
magnate Nelson Rockefeller.
La UFM es el instrumento de la educación superior
privada al servicio de los intereses oligárquicos nacionales y
extranjeros.
65
La presión ejercida por los embajadores del Imperio y el
poderío de las corporaciones ha hecho que los organismos del
Estado -ejecutivo, legislativo y judicial- transgredan normas de
la Constitución y del Código Municipal, relativas a
procedimientos consultivos para la toma de decisiones
políticas de especial trascendencia como son las de explotación
minera y petrolera, según el artículo 173 de la Constitución y
de derechos de las comunidades indígenas, según el Convenio
169 de la OIT, al haber suscrito contratos de exploración y
explotación de los recursos no renovables mencionados, sin
haberles consultado previamente a las comunidades si
estaban de acuerdo o no. Y estas poblaciones se han
manifestado en contra, sin que se respete su voluntad por las
autoridades del Estado.
Los tentáculos de las empresas transnacionales mineras
y petroleras no sólo sirven a éstas sino al poder político de
dominación imperial y por ello, así como utilizan a
profesionales universitarios, hombres de negocios y
funcionarios públicos para la realización de sus planes de
apoderamiento de las riquezas de estos recursos naturales,
también se valen del Ejército Nacional y, al efecto han
otorgado becas a generales para que se especialicen en
ingeniería minera y de hidrocarburos. Altos oficiales que de
conformidad con la Constitución de la República están
obligados a “mantener la independencia, la soberanía y el
honor de Guatemala, la integridad del territorio, la paz y la
seguridad interior y exterior”, valores cívicos que desaparecen
en las condiciones como se explotan las minas y yacimientos
de hidrocarburos, de manera que esos altos jefes del Ejército,
al igual que los funcionarios públicos y diputados
entreguistas, en vez de estar al servicio de la patria lo están de
poderes extranjeros.
Es decir, uncidos a la corrupción política y celosos
guardianes de la impunidad.
66
Estamos de acuerdo con Luís Solano (autor de la obra
citada en la Bibliografía) en la descripción de los múltiples
daños y perjuicios que ha causado a Guatemala la actividad
minera y petrolera y con su admonición conclusiva:
Habrá que tomar en cuenta que la conflictividad social
que esas inversiones generan (refiriéndose obviamente a las de
minería y petróleo) permiten ver que, en el corto y mediano
plazo, la estabilidad política del país será débil y tendrá en las
luchas locales otro escenario que exigirá negociar, en términos
más justos, los derechos comunales y nacionales. De no ser
prioritarios estos últimos y de seguirse privilegiando intereses
corporativos,
probablemente
se
repitan
los
graves
acontecimientos de esta historia y su cauda mortal que le
acompaña.
Apartado V
Evasión de Impuestos
La Constitución Política de la República establece en su
artículo 243, el principio de capacidad de pago en los términos
siguientes:
El sistema tributario debe ser justo y equitativo. Para el
efecto las leyes tributarias serán estructuradas conforme al
principio de capacidad de pago.
Sin embargo, como la clase gobernante que ha regido en el
país sólo se preocupa de asegurar sus intereses y los de
inversionistas foráneos, se han apartado de tal principio que
tanto jurídica como moralmente es de alto rango axiológico. Y
por el contrario, a pesar del compromiso adquirido por el
Estado, al suscribir el Acuerdo de Paz, Sobre Aspectos
Socioeconómicos y Situación Agraria, en relación a la Política
Tributaria aceptó promoverla en el marco de los siguientes
principios básicos:
67
a) ser un sistema justo, equitativo y globalmente progresivo,
conforme al principio constitucional de la capacidad de
pago.
b) Ser universal y obligatorio.
c) Estimular el ahorro y la inversión.
De los anteriores principios, los gobiernos habidos
desde 1996, año en el que se firmó la Paz, sólo han estimulado
las inversiones, privilegiando a las del extranjero, pero con
desconocimiento del segundo principio convenido en el
Acuerdo de Paz, pues en vez de someter a esos inversionistas
(empresas transnacionales, mineras, petroleras, bancarias, de
turismo, etc., etc.) al pago de impuestos, ya que el sistema
tributario debe ser universal y obligatorio se les exonera del
pago de impuestos.
Además, si conforme al primer principio acordado en el
Acuerdo de Paz, el sistema tributario debe ser justo, equitativo
y globalmente progresivo. En vez de estar basado
principalmente en un impuesto indirecto, como lo es el IVA,
debiera estarlo en impuestos directos, de manera que nunca
se logrará que el sistema sea justo, equitativo y globalmente
progresivo.
La impudicia de ese clan militar-civil que ha estado en
el poder en las últimas décadas, no satisfecho con la
tergiversación del sistema tributario para su beneficio y en
daño de la población desposeída que es la que tributa al pagar
el IVA al adquirir sus indispensables artículos de consumo,
llega al colmo de defraudar al Fisco, al apropiarse de la
retención de los ingresos que pagan los contribuyentes del
mencionado impuesto indirecto.
La clase dominante se niega a pagar impuestos como el
Impuesto a las Empresas Mercantiles y Agropecuarias (IEMA),
el Impuesto a Bebidas Alcohólicas, el Impuesto Extraordinario
68
y Temporal de Apoyo a los Acuerdos de Paz (IETAAP) y aún
pretende que se suprima el ISR.
Tales tropelías no le bastan, evaden el pago de los
impuestos a que están obligados.
El Centro Internacional para Investigaciones en
Derechos Humanos (CIIDH), en publicación Diálogo Fiscal, op
cit, en Bibliografía, da a conocer el nombre de las cuarenta
empresas evasoras más grandes, la mayor parte de ellas
propiedad de capitalistas, clientela política, de los partidos
políticos gobernantes, tales como:
Cementos Progreso (familia Novella), TELGUA, Pollo
Campero (familia Gutiérrez) y Cervecería Centroamericana,
que
en total, en el 2003, defraudaron al Estado,
Q 1,436,370,253, siendo el mayor evasor, Cementos Progreso,
Q 1,041,408,471.
De la lista de evasores del sector Bancario: el Banco de
Occidente, el Crédito Hipotecario Nacional, el Banco de
Exportación, Banco & Townson Continental, Banco
Agromercantil, Banco Reformador y Banco Industrial. En total,
dejó de pagar: Q 430.3 millones.
Del sector Energético: Deocsa, Esso Standard Oil, Gas
del Pacífico, Zeta Gas y Gas Nacional. En total, dejó de pagar,
Q 221.2 millones.
Del sector Financiero, Citivalores, Asesores Bursátiles
de Occidente, Inversiones y Servicios Internacionales, Aval
Gold, Valores e Inversiones del País, Financiera Consolidada,
Seguros G & T. En total dejó de pagar: Q 182.4 millones.
Del sector de Bebidas y Licores: Industria Licorera,
Embotelladora Central, Licorera Euzcadi, Licorera Zacapaneca,
S. A. En total dejó de pagar Q 155.5 millones.
69
Otros evasores importantes: Acceso, Ingenieros
Constructores, Alcatel, Fuerteequipo, Palo Gordo, Tiradego,
Comcel, Data Centro, Avícola Centre, Tampa CA de
Electricidad, Agroindustrias Agroinsa, Alimentos S.A.,
Algodonera Guatemalteca.
En
total
Q 503,1923,821.
estos
evasores
dejaron
de
pagar
El gran total dejado de pagar por estos 40 evasores casi
llega a los Q 3 mil millones: Q 2,939,163,074.
¿Cuántos miles de millones dejan de pagar los miles de
evasores? ¿A quién de estos evasores se le han pedido cuentas
y deducido responsabilidades civiles y penales?
Nunca, en Guatemala la Impunidad es inmarcesible.
Otro
ejemplo
del
corrupto
sistema
tributario
guatemalteco es el de la aplicación del Decreto 29-89, Ley de
Fomento y Desarrollo de la Actividad Exportadora y de
Maquilas, que exonera del pago de impuestos a los
empresarios que se acogen a los privilegios de ella, privando al
Estado de los recursos financieros indispensables para atender
las insatisfechas grandes necesidades de la población pobre y
en extrema pobreza. En el año 2005 las exenciones llegaron a
Q 4.630.000 millones, caudalosa suma de dinero que los
avaros beneficiados debieron haber utilizado para mejorar los
salarios de sus trabajadores y, en vez de ello, aumentaron los
despidos injustificados de éstos.
Entre las firmas que por favoritismos gozan de ese
privilegio se encuentran: Alimentos Kern’s de Guatemala,
Colgate Palmolive, C. A. Disagro, Embotelladora La Mariposa,
Fábrica de Calzado Cobán, Industria Licorera Quezálteca, S.A.
Kellogs de Centro América, Laboratorios Darosa, Licorera
70
Zacapaneca, S.A., Malher Sucesores, Montana Exploradora
(archi multimillonaria corporación minera), Multiperfiles, S.A.
Nestle Guatemala, Superpan.
Apartado VI
Acuerdos de Paz
Los Acuerdos de Paz firmados por representantes de
gobiernos de Guatemala y de la Unidad Revolucionaria
Nacional Guatemalteca (URNG), el 29 de diciembre de 1996,
en su versión final, y que pusieron fin al enfrentamiento
armado iniciado en 1960, sin ser perfectos, constituyen una
plataforma de principios y objetivos destinados a establecer en
el país un sistema democrático representativo y participativo,
que garantice a los habitantes libertad, igualdad, seguridad y
bienestar,
erradicando
la
opresión
y
represión
gubernamentales, así como la discriminación étnica, social y
de género y redistribuyese dentro de las clases sociales y
diversas culturas (maya, garífuna, xinca y ladina –esta última
prepotente-), tanto el poder político como el económico.
A pesar de la ingente ayuda financiera internacional y
gasto público nacional para asegurar la tranquilidad pública y
hacer cumplir los Acuerdos de Paz, inversión que monta a lo
menos del doble o triple de la cantidad que se había estimado
en el año 2003 de US$ 2,600 millones, aquéllos sólo en forma
mínima han sido cumplidos y la mayor parte tergiversados,
subsistiendo los problemas y causas que les dieron origen,
tanto así que sigue la violación de los derechos humanos;
insatisfecho
el
reasentamiento
de
las
poblaciones
desarraigadas, en tanto se ha colmado de más de mil millones
de Quetzales a los integrantes de las PAC, sicarios al servicio
del Ejército y autores de delitos de lesa humanidad cuya
existencia prohibió el Acuerdo de Paz de Fortalecimiento del
Poder Civil y Función del Ejército en una Sociedad
Democrática; sin respetar la identidad y derechos de los
pueblos indígenas; la desigualdad socioeconómica y de la
71
situación agraria en el país; falta de desarrollo social, sobre
todo en educación, salud, seguridad social, vivienda y trabajo;
en vez de haberse fortalecido el poder civil y el Ejército haberse
circunscrito a funcionar como debiera hacerlo en una sociedad
democrática, Guatemala está gobernada, como poder paralelo,
por los altos jefes de las Fuerzas Armadas; pendientes están de
realizarse las reformas constitucionales convenidas en
Acuerdo suscrito en Estocolmo, Suecia, el 7/12/1999, a la
Constitución de la República.
Apenas se han cumplido los Acuerdos: sobre
establecimiento de la Comisión para el esclarecimiento
histórico de las violaciones a los derechos humanos y los
hechos de violencia que causaron tantos sufrimientos a la
población guatemalteca. Empero, los responsables de esos
inhumanos actos siguen impunes en su gran mayoría; y el
Acuerdo de Incorporación de la URNG a la legalidad.
Y de conformidad con el Acuerdo sobre el Cronograma
para la Implementación, cumplimiento y verificación de los
Acuerdos de Paz, el plazo vencía el año 2000. En tanto sigan
gobernando el país los partidos políticos de la minoría
plutocrática,
carentes
de
voluntad
política
para
implementarlos, los Acuerdos de Paz seguirán siendo apenas
de papel impreso.
Apartado VII
Impunidad, Convención de las Naciones Unidas contra la
Corrupción, Acuerdo entre la ONU y el Gobierno de Guatemala
relativo al establecimiento de una Comisión Internacional
contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).
La impunidad en Guatemala es parte del sistema
político reinante, no sólo en cuanto a la violación de derechos
humanos, incluso contra la vida de las personas, al grado de
la comisión de delitos de lesa humanidad, como el genocidio y
el etnocidio, que son imprescriptibles, conforme al Derecho
72
Penal Internacional, sino como ha quedado visto en este
ensayo, en la forma corrupta de gobernar, por parte de las
autoridades, a las cuales sólo excepcionalmente se les deducen
responsabilidades y se les sanciona.
Sin embargo, como consecuencia del clamor nacional e
internacional que condena la corrupción generalizada en el
país, por una parte, y dada la índole cínica de los gobernantes,
han suscrito instrumentos internacionales contra la
corrupción, tales como la Convención Interamericana,
aprobada el 29 de marzo de 1966 y la Convención de las
Naciones Unidas contra la Corrupción, firmada en la ciudad de
Mérida, de los Estados Unidos Mexicanos y publicad en el
Diario de Centro América, Diario Oficial de Guatemala, en su
edición del lunes 18 de junio del 2006, Convención a la cual
nos referiremos a continuación, advirtiendo que el Estado no
ha acatado la Convención Interamericana contra la
Corrupción.
Convención de las Naciones Unidas contra la
Corrupción.
De la Convención, nos ocuparemos de los principales
compromisos asumidos por el Gobierno de la República, a
saber:
PRIMERO.
a) Promover y fortalecer las medidas para prevenir y combatir
más eficaz y eficientemente la corrupción.
b) Promover, facilitar y apoyar la cooperación internacional y
la asistencia técnica en la prevención y la lucha contra la
corrupción, incluida la recuperación de activos.
c) Promover la integridad, la obligación de rendir cuentas y la
debida gestión de los asuntos y los bienes públicos.
73
De las anteriores obligaciones, el Gobierno sólo ha
cumplido, muy a medias según lo demostraremos, con la de la
literal b) al aprobar el Congreso de la República y ratificar el
Ejecutivo, el Acuerdo entre la ONU y el Gobierno de
Guatemala, relativo al establecimiento de una Comisión
Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CIC IG).
SEGUNDO.
Mantener en vigor políticas coordinadas y eficaces
contra la corrupción, que promuevan la participación de la
sociedad y reflejen los principios del imperio de la ley, la
debida gestión de los asuntos públicos y los bienes públicos, la
integridad, la transparencia, y la obligación de rendir cuentas.
Comentario: en los meses que van de diciembre del año
pasado (mes en el que cobró vigencia la Convención) hasta
septiembre del 2007, nada ha hecho el Gobierno respecto a ese
mandato de la Convención.
TERCERO.
Procurar
adoptar
sistemas
de
convocatoria
y
contratación, retención, promoción y jubilación de empleados
públicos y, cuando proceda, de otros funcionarios públicos no
elegidos, o mantener y fortalecer dichos sistemas.
Comentario: El Gobierno del Presidente Berger carece de
voluntad política para adoptar dichos sistemas; por el
contrario; de muchas maneras atenta contra los derechos
laborales de los servidores públicos, salvo los de ciertos
funcionarios, militares y civiles, que gozan de granjerías y
perciben emolumentos excepcionales.
74
CUARTO.
Promover
la
integridad,
la
honestidad
responsabilidad entre sus funcionarios públicos.
y
la
Comentario: Lo habitual ha sido durante los períodos
presidenciales, a partir de la firma de la paz, el 29 de
diciembre de 1996, nombrar o elegir para altos cargos del
gobierno, del congreso, del organismo judicial, de la Corte de
Constitucionalidad, del Ministerio Público, del Ministerio de la
Defensa, del Ejército Nacional y otras instituciones, a ex
funcionarios corruptos, incluso estando procesados por la
supuesta comisión de delitos.
QUINTO.
Adoptar las medidas necesarias para establecer
sistemas apropiados de contratación pública, basados en la
transparencia, la competencia y criterios objetivos de adopción
de decisiones que sean eficaces, entre otras cosas, para
prevenir la corrupción.
Comentario: Está en vigor un sistema apropiado a ese
fin, denominado GUATECOMPRA, pero es una insignificante
minoría de instituciones públicas que lo utilizan.
SEXTO.
Adoptar medidas para aumentar la transparencia en la
administración pública, mediante amplia información pública.
Comentario: Desde hace varios años obra en el
Congreso de la República una iniciativa de ley, denominada De
Habeas
Data, que
de ser aprobada
satisfaría ese
compromiso.
75
SÉPTIMO.
Adoptar medidas para reforzar la integridad y evitar
toda oportunidad de corrupción entre los miembros del poder
judicial.
Comentario: Hasta la fecha no se ha tomado ninguna
medida al respecto.
OCTAVO.
Adoptar medidas para prevenir la corrupción y mejorar
las normas contables y de auditoría en el sector privado.
Comentario: Existen algunas, pero las instituciones
públicas fiscalizadoras no exigen su cumplimiento.
NOVENO.
Fomentar la participación activa de personas y grupos
que no pertenezcan al sector público, como la sociedad civil,
las organizaciones no gubernamentales y las organizaciones
con base en la comunidad en la prevención y lucha contra la
corrupción.
Comentario: La anterior medida no es del todo
conveniente en la realidad guatemalteca, porque la llamada
“sociedad civil” es manipulada por la misma clase minoritaria
dominante, la cual carece de principios éticos y que en vez de
combatir la corrupción, la aprovechan para el logro de su
porfiado y siempre insatisfecho enriquecimiento. Asimismo, ha
contaminado a no pocas ONGS, las cuales se han convertido
en instrumentos para el agotamiento del Estado, en cuanto a
su misión de servicio en pro del bien común, pero
fortaleciéndolo para que en contubernio con instituciones
privadas de seguridad y destacamentos del ejército nacional,
76
sea no más gendarme cancerbero de sus personas y familias,
así como de sus bienes heredados y de los adquiridos
últimamente al adueñarse de las empresas y servicios públicos
privatizados, o mal habidos.
DÉCIMO.
Exigencia de penalizar el soborno de funcionarios
públicos.
Comentario: El delito de soborno hace mucho tiempo
que existe en el Código Penal guatemalteco; sin embargo, por
la impunidad imperante, sólo excepcionalmente se procesa y
sanciona a sobornantes y sobornados.
DÉCIMO PRIMERO.
Tipificar como delito el soborno de funcionarios públicos
extranjeros
y
de
funcionarios
de
organizaciones
internacionales públicas.
Comentario: Esta cláusula de la Convención es digna de
inmediata atención por el Estado de Guatemala, pues ha
quedado visto en la parte de información general, cómo
algunos
indeseables
funcionarios
de
organizaciones
internacionales han defraudado a la ONU y a Guatemala, en
su desempeño en el país, confabulándose con funcionarios
guatemaltecos corruptos.
DÉCIMO SEGUNDO.
La Convención preceptúa la sanción de los delitos de
malversación, peculado, apropiación indebida y otras formas
de desviación de bienes por un funcionario público, así como
del tráfico de influencia y abuso de funciones.
77
Comentario: Todos esos delitos están normados en el
Código Penal, pero como ya se ha dicho repetidas veces, la
acción judicial es esporádica para sancionar a los funcionarios
delincuentes.
DÉCIMO TERCERO.
El artículo 20 de la Convención manda adoptar medidas
para tipificar como delito, el enriquecimiento ilícito, es decir, el
incremento significativo del patrimonio de un empleado o
funcionario público, respecto de sus ingresos legítimos, que no
pueda ser razonablemente justificado por ellos.
Comentario: En Guatemala es urgente, urgentísimo, que
se tipifique como delito el enriquecimiento ilícito. Es
indispensable, que el próximo Gobierno, Congreso de la
República y Organismo Judicial, con indeclinable voluntad
política, realicen esa reforma al Código Penal, estableciendo el
delito de enriquecimiento ilícito y que funcionarios y empleados
del Organismo Ejecutivo, dignatarios del Congreso de la
República y jueces y magistrados del Organismo Judicial, así
como de la Corte de Constitucionalidad, Ministerio Público y
Contraloría General de Cuentas, ajusten el desempeño de sus
funciones conforme a los principios y objetivos de la
Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción.
Acuerdo entre la Organización de Naciones Unidas y el
Gobierno de Guatemala Relativo al establecimiento de una
Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala
(CICIG).
Este Acuerdo fue suscrito el 19 de noviembre del 2006.
Sin embargo, antes de tratar del mismo es indispensable
explicar el largo proceso de vicisitudes político sociales y de
contravención a derechos humanos que le precede.
78
Su antecedente, fue la propuesta Comisión para la
Investigación de Cuerpos Ilegales y Aparatos Clandestinos de
Seguridad (CICIACS), asesorada por expertos de la ONU,
Comisión con la que se pretendía acabar con los escuadrones
de la muerte y equipos paramilitares, prohibidos por el artículo
145 de la Constitución de la República y que, además, por lo
dispuesto en el Acuerdo de Paz “Fortalecimiento del Poder Civil
y función del Ejército en una Sociedad Democrática” debían
dejar de existir.
Las organizaciones guerrilleras integrantes de la URNG,
cumplieron con lo dispuesto en la Constitución y en el
mencionado Acuerdo de Paz, y de ser un colectivo paramilitar
se constituyó en partido político.
No fue así como las Patrullas de Autodefensa Civil
(PAC), las cuales todavía existen y reciben apoyo
multimillonario del Estado, así como también gavillas
clandestinas -escuadrones de la muerte- que eran las que
debían desaparecer y con ese fin se crearía la CICIACS, pero la
violencia, el crimen organizado y los círculos, civiles y
militares, de diputados al Congreso de la República,
funcionarios del Ejecutivo y aún jueces y magistrados del
Organismo Judicial, vinculados con agentes del narcotráfico y
crimen organizado, impidieron la creación de la CICIACS.
Ante el incesante incremento de la violencia, de la
corrupción, y del predominio de la impunidad, se volvió a
plantear la necesidad de una Comisión, mejor si fuese de
carácter internacional, que enfrentase la IMPUNIDAD. La cual,
tanto protege al narcotráfico, al crimen organizado, como a los
delincuentes de cuello blanco, civiles y militares, que como
funcionarios o empleados públicos, reciben emolumentos del
Presupuesto de Ingresos y Egresos del Estado y de sus
entidades descentralizadas o autónomas.
79
A la Comisión proyectada se le denominó Comisión
Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). Los
elementos de la delincuencia organizada y sus aliados
protectores al servicio del Estado, pronto iniciaron una recia
campaña en contra de la aprobación de la CICIG, basándose
cínicamente en que su funcionamiento atentaría contra la
soberanía nacional y violaría las disposiciones de los artículos
141, 152 y 154 de la Constitución, lo cual no es cierto.
En efecto, el artículo 141 establece que la “Soberanía
radica en el pueblo quien la delega, para su ejercicio, en los
Organismos Legislativo, Ejecutivo y Judicial (…)”. Por
consiguiente, si el Congreso de la República aprueba la
Comisión y el Ejecutivo ratifica el instrumento internacional
con la ONU, porque los agentes de ésta que participen en la
Comisión sólo lo harán como asesores sin ejercer ningún acto
que atente contra el poder público de los funcionarios
nacionales, su vigencia no viola dicho artículo constitucional
ni menoscaba la soberanía nacional.
En cuanto a la supuesta contravención al artículo 152
constitucional, que preceptúa “Poder público. El poder público
proviene del pueblo. Su ejercicio está sujeto a las limitaciones
señaladas por esta Constitución y la ley”. En el caso de
aprobación de la CICIG no hay limitación alguna ni en la
Constitución ni en ninguna ley, pues en la que podría haberla
es en el Decreto 40-94, Ley del Ministerio Público, que entre
otras funciones le asigna al MP, la de “investigar los delitos de
acción pública y promover la persecución penal ante los
tribunales, según las facultades que le confieren la
Constitución, las leyes de la República y los Tratados y
Convenios Internacionales (el subrayado es nuestro), ----como
lo es el Acuerdo para la creación y funcionamiento de la
CICIG, entre el Estado de Guatemala y la ONU, cuyos expertos
que participarán en la Comisión, como ya se dijo, sólo
asesorarán y colaborarán en las investigaciones, siendo el MP
el que se encargará de realizar las investigaciones.
80
Y en lo que respecta a la posible violación del artículo
154 constitucional si funcionase la CICIG no se corre ningún
riesgo, porque el artículo preceptúa: “Los funcionarios son
depositarios de la autoridad, responsables legalmente por su
conducta oficial, sujetos a la ley y jamás superiores a ella”, y
en el caso que tratamos ya lo hemos dicho los fiscales del MP
siguen siendo depositarios de autoridad y responsables
legalmente por su conducta oficial y sujetos a la ley, pues los
colaboradores de la ONU, solamente les asesorarán.
Por la razón expuesta, y por las que daremos, el
funcionamiento de la CICIG tampoco contraviene otras dos
disposiciones del artículo 154 constitucional, a saber:
La que reza: “Los funcionarios y empleados públicos
están al servicio del Estado y no de partido político alguno”.
Los fiscales del Ministerio Público estarán siempre al
servicio del Estado y no de la ONU y, ésta no es partido
político.
Y esta otra: “La función pública no es delegable, excepto
en los casos señalados por la ley, y no podrá ejercerse sin
prestar juramento de fidelidad a la Constitución”.
Al entrar en vigencia la CICIG, ninguna función pública
de dirección se delega y los fiscales del MP seguirán ejerciendo
sus funciones bajo el juramento de fidelidad a la Constitución.
Anteriormente hemos dicho que los opositores a la
aprobación de la CICIG, cínicamente blanden el argumento de
atentado a la soberanía nacional y violación a preceptos
constitucionales cuando desde 1954 vienen entregando el país
a los avorazados apetitos políticos y económicos de la red de
empresas transnacionales y del gobierno imperialista de los
EUA.
81
Bien estuvo que se aprobara y ratificara el Acuerdo de
Creación de la CICIG, pero mal que se lograra, por la presión
del Gobierno de la Casa Blanca ejercida tanto a los diputados
del Congreso de la República y a los funcionarios del
Organismo Ejecutivo que se oponían y peor, estuvo que
aunque el Acuerdo se denomina CONTRA LA IMPUNIDAD EN
GUATEMALA, solamente va a investigar e iniciar
procedimientos penales y de sanción administrativa contra
quienes han cometido delitos contra derechos civiles y políticos
y sean integrantes de cuerpos ilegales de seguridad o aparatos
clandestinos, también de seguridad. Y seguirán tranquilos las
gavillas del crimen organizado y los narcotraficantes que no
hayan pertenecido “a cuerpos ilegales de seguridad”. Y, peor
aún, que no se perseguirán a quienes hayan delinquido antes
de la vigencia del Acuerdo, que continuarán disfrutando de la
impunidad; y, asimismo, los servidores del Estado, de las
Municipalidades, de entidades autónomas y descentralizadas,
del Ejército Nacional, de la Policía Nacional Civil , etc., etc. que
han cometido delitos y siguen cometiéndolos, contra la vida e
integridad de las personas, de violencia, de apropiación
indebida, hurto, robo, contra la seguridad colectiva, de
falsificación de documentos, contra la economía nacional, de
quiebra e insolvencia punibles, de genocidio y etnocidio,
violación a la Constitución, cohecho, peculado, malversación y
prevaricación. Los delitos cometidos por estos delincuentes de
uniforme o de cuello blanco, no serán investigados por la
CICIG y seguirán en el paraíso de la impunidad, así como los
de lesa humanidad que fueron cometidos durante los treinta y
seis años de guerra interna.
Descripción resumida del texto del Acuerdo entre ONU y el
Gobierno de Guatemala, para crear la CICIG, y otros
comentarios al respecto.
CONSIDERANDOS. En los Considerandos las Partes del
Acuerdo hacen constar las causas por las cuales lo
suscribieron, veamos:
82
- Ser deber del Estado proteger el derecho a la vida y a la
integridad personal de los habitantes del país y
proporcionarles tutela judicial efectiva.
- El Estado de Guatemala tiene compromisos internacionales
en materia de derechos humanos, conforme a la Carta de
Naciones Unidas, el Pacto Internacional de Derechos Civiles
y Políticos, la Declaración sobre el Derecho y el Deber de los
Individuos, los Grupos y las Instituciones, de promover y
proteger
los
derechos humanos
y
las libertades
fundamentales universalmente reconocidos.
- Como los cuerpos ilegales de seguridad y aparatos
clandestinos de seguridad atentan gravemente contra los
derechos humanos a través de acciones delictivas, existiendo
en los mismos capacidad de provocar impunidad, entendida
ésta como la inexistencia de hecho o de derecho de
responsabilidad penal, administrativa, disciplinaria o civil
para los responsables de dichas acciones, eludiendo la
investigación o la condena; todo lo cual conduce al
debilitamiento del estado de derecho, impidiendo al Estado
cumplir su deber de garantizar a los ciudadanos afectados la
protección de su vida, integridad física y el pleno acceso a la
justicia.
- El gobierno se obligó en el Acuerdo de Paz Global de
Derechos Humanos a combatir los cuerpos ilegales de
seguridad y los aparatos clandestinos, también de seguridad,
con el propósito que éstos ya no existan. Además conforme a
la Ley Marco de los Acuerdos de Paz, Decreto 52-2005, el
Estado está legalmente obligado a cumplir dichos
compromisos.
Comentario: Conocidas tan importantes causas, el
Acuerdo entre ONU y el Gobierno de Guatemala, tratándose de
un instrumento de derecho internacional, el Acuerdo, por ser
contra LA IMPUNIDAD, no debió limitarse a combatir sólo la
83
de los cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad,
sino contra los actos de Corrupción y delitos de la delincuencia
no organizada y organizada y, especialmente los crímenes de
los servidores del Estado.
Objetivos del Acuerdo
La ONU y el Gobierno de Guatemala convinieron los
objetivos siguientes:
1. a) Apoyar, fortalecer y coadyuvar a las Instituciones de
Guatemala encargadas de la investigación y la prosecución
penal de los delitos presuntamente cometidos con ocasión
de la actividad de los cuerpos ilegales de seguridad y
aparatos clandestinos de seguridad y cualquier otra
conducta colectiva conexa con éstos que operan en el país,
así como en la determinación de sus estructuras,
actividades, formas de operación y fuentes de
financiamiento, promoviendo tanto la desarticulación de
dichas organizaciones como la sanción penal de los
partícipes de los delitos cometidos.
b) Crear mecanismos y procedimientos que implementen
la protección de los derechos a la vida y a la integridad de
las personas.
c) Crear una Comisión Internacional contra la Impunidad
en Guatemala, con arreglo a las disposiciones de este
Acuerdo y el Acuerdo de Paz, Global de Derechos
Humanos, (romanos IV.1 y VII.3).
d) Por cuerpos ilegales de seguridad y aparatos
clandestinos de seguridad se deberá entender a aquellos
grupos que reúnan las siguientes características:
-
Cometer acciones ilegales para afectar el pleno goce y
ejercicio de lo derechos Civiles y políticos; y
84
-
Estar vinculados directa o indirectamente con agentes
del Estado o contar con capacidad de generar
impunidad para sus acciones ilícitas.
2. La CICIG realizará las actividades anteriores de conformidad
con la legislación guatemalteca y lo regulado en el Acuerdo.
Funciones de la CICIG
1. Para lograr los propósitos y finalidades indicadas, la
Comisión tendrá las siguientes funciones:
a. Determinar la existencia de los cuerpos y aparatos
mencionados, su estructura, formas de operar, fuentes
de financiamiento y posible vinculación con entidades o
agentes civiles y políticos en Guatemala.
b. Colaborar con el Estado en la desarticulación de esos
cuerpos y aparatos y promover la investigación,
persecución penal y sanción de los delitos cometidos
por sus integrantes.
c. Recomendar al Estado la adopción de políticas públicas,
para erradicar esos cuerpos y aparatos ilegales y
prevenir su reaparición, incluyendo reformas jurídicas e
instituciones.
2. La CICIG actuará con absoluta independencia funcional en
el desempeño de su mandato.
Facultades de la CICIG
a) Recabar, evaluar y sistematizar información.
b) Promover la persecución penal por medio de denuncia ante
las autoridades correspondientes y constituirse en
querellante adhesivo de conformidad con el presente
Acuerdo y Código Procesal Penal.
85
c) Asesorar técnicamente a las instituciones competentes del
Estado en la investigación y persecución penal de los
delitos cometidos por los presuntos integrantes de esos
cuerpos y aparatos de seguridad, ilegales y clandestinos.
Asesorar a los organismos del Estado en la implementación
de los procedimientos administrativos a que haya lugar
respecto de los funcionarios presuntamente vinculados a
dichas organizaciones.
d) Denunciar ante las respectivas autoridades administrativas
a los funcionarios y empleados públicos que hayan
cometido infracciones administrativas, sin perjuicio de
promover a través del Ministerio Público (MP) cualquier
proceso penal que sea pertinente.
e) Actuar como tercero interesado en los procedimientos
disciplinarios
administrativas
mencionados
precedentemente.
f) Suscribir e implementar Acuerdos de Cooperación con el
MP, la CSJ, la PDH, la PNC y cualquier otra institución del
Estado.
g) Garantizar confidencialidad a personas víctimas, testigos,
peritos y colaboradores.
h) Solicitar a autoridades de los Organismos del Estado y/o
entidades descentralizadas y autónomas, declaraciones,
documentos, informes y colaboración.
i) Solicitar al MP y al Gobierno adopción de medidas para
seguridad de las víctimas, testigos y colaboradores.
j) Seleccionar y supervisar a equipo técnico de investigación
integrado por profesionales nacionales y extranjeros de
probada competencia e integridad moral y al personal
administrativo.
k) Tomar medidas para la consecución de su mandato.
l) Publicar informes generales y temáticos sobre sus
actividades y sus resultados, incluyendo recomendaciones.
86
Otros artículos del Acuerdo contienen disposiciones
relacionadas con Personalidad Jurídica y Capacidad Legal de
la CICIG; su composición y estructura orgánica; cooperación
con la CICIG; gastos de la Comisión; seguridad y protección de
su personal; inviolabilidad de los locales y documentos;
exenciones fiscales, privilegios e inmunidad de los
comisionados y del personal de la Comisión; retiro de la
cooperación de la ONU; solución de controversias entre el
Gobierno de Guatemala y la ONU; y modificaciones al Acuerdo.
Es oportuno señalar que según el último párrafo del
Acuerdo, éste entró en vigor el 4/9/07, pero que de
conformidad con su artículo 14, tendrá una vigencia de dos
años prorrogables.
VIII
CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIONES
Conclusión general
En Guatemala todavía prevalecen como males político
sociales, la Corrupción y la Impunidad.
Males que como consta en la propuesta de la USAC ante
el Foro de Guatemala, en el año 2001, propuesta elaborada
por los expertos Jorge Aragón González y Mara Luz Polanco
Sagastume, ha contribuido a debilitar aún más, el sistema
político y las finanzas públicas y entre sus efectos inmediatos
se encuentran:
- El incremento de los precios por compras y contrataciones de
bienes y servicios, y por lo tanto, drenaje de los fondos
públicos y deficiencias presupuestarias en las instituciones
del Estado.
- Desconfianza en la administración y en los funcionarios
públicos.
87
- Debilitamiento y descrédito
del sistema político y de
partidos.
- Rompimiento del orden jurídico establecido y debilitamiento
del Estado de Derecho.
- Debilitamiento de la relación Estado-Orden JurídicoSociedad. Se recurre a mecanismos alternativos para
cumplir y/o evadir con el orden jurídico, violentándolo.
- Desconfianza en la democracia como sistema de gobierno.
Recomendaciones
Aunque insistimos en la necesidad del cambio de la
dirección política del país por la clase dominante plutocrática,
para combatir enérgicamente la corrupción y erradicar la
impunidad, proponemos las siguientes recomendaciones:
Primero, algunas de la XII Conferencia Mundial
Anticorrupción; y Segundo, otras de la Universidad de San
Carlos de Guatemala.
Recomendaciones de la XII Conferencia Mundial
Anticorrupción
Esa Conferencia se celebró en Guatemala a mediados
del mes de noviembre del año pasado.
A continuación,
Corrupción:
sus
recomendaciones
contra
la
1. Diseñar planes para promover la transparencia en los
sectores políticos, sociales y económicos (comentario nuestro:
en tanto la burguesía neo liberal retenga el poder, será
imposible diseñarlos, porque su finalidad es el lucro
exorbitante, sea como sea). 2. Que se garantice el acceso a la
información pública. (Esa información está garantizada en el
artículo 30 de la Constitución y nunca se ha suministrado
suficientemente y no ha sido posible aprobar una iniciativa de
88
ley adecuada al efecto: la de habeas data, no obstante que ya
es del conocimiento del pleno del Congreso, desde hace varios
años); 3. Que las instituciones estatales rindan cuentas
obligatorias de forma periódica. (La legislación vigente, en
buen grado ya lo dispone, pero las instancias controladoras,
como la SAT y la Contraloría General de Cuentas no cumplen
satisfactoriamente con su deber). 4. Que los planes de
transparencia se adecuen a los tratados internacionales (pero
no a todos, como el TLC-CAUSA, que facilita los sobornos de
los inversionistas estadounidenses). 5. Implementar normas
jurídicas para transparentar las compras y adquisiciones del
Estado (para ello ya existe el Programa Guatecompras, pero
sólo unas pocas instituciones estatales y municipales actúan
conforme a sus regulaciones). 6. Emitir leyes que regulen el
comportamiento ético de distintos sectores. (Debiera decir que
penalice severamente el comportamiento inmoral y al margen
de la ética, porque la moral en la conducta humana no
proviene de una norma jurídica, sino del respeto a la conducta
axiológica). 7. Programas de educación y sensibilización
ciudadana. (Los programas de formación que se implementan
son de signo contrario, pues se limitan a la formación
individualista, basados en el egoísmo neo liberal).
Opinión nuestra: para que sucumba la corrupción y
desaparezca la impunidad será necesario que terminen los
corruptos, pero para ello debe sucumbir primero el sistema
imperante y eso lo tendrá que hacer el pueblo mediante una
revolución moral, fiel a la consigna, Otra Guatemala es
posible.
Recomendaciones de la USAC
Ante el ya citado Foro de Guatemala, la USAC presentó
como recomendaciones las formuladas por los académicos ya
mencionados, Aragón González y Polanco Sagastume, las
cuales nos limitaremos a enunciar, manteniendo siempre
89
respecto a ellas las reservas que hemos expuesto, de la
necesidad del cambio de los dirigentes de la política actual y la
vinculación de la política con la ética. Helas a continuación:
- Que se realice un estudio para determinar los cambios de
orden legislativo y los mecanismos que sean pertinentes para
implementar la Convención Interamericana contra la
Corrupción.
- Que el Gobierno retome íntegramente los planteamientos del
Pacto Fiscal.
- A fin de hacer efectiva la transparencia en la ejecución del
gasto público se debe:
- Mantener y mejorar el Sistema de Inversión y Administración
Financiera y el de Auditoría Gubernamental (SIAF-SAG).
- Implementación del Sistema Nacional de Inversión Pública
(SNIP).
- Divulgar a través de los medios de comunicación masiva y
por el Internet la información de SIAF-SAG.
- Implementar programas permanentes de prevención y de
combate a la corrupción.
- Fortalecer las dependencias encargadas de combatir la
corrupción y la impunidad CGC, SAT, Comisión Presidencial
para la Transparencia de la Gestión Pública y en contra de la
corrupción.
- Introducción y/o fortalecimiento de sistemas de control en
las entidades descentralizadas y nosotros agregaríamos,
autónomas.
- También se recomiendan estrategias y acciones de orden
social, de orden jurídico-administrativo.
- Modificación de las siguientes leyes: Orgánica del Tribunal y
Contraloría de Cuentas, Orgánica del Presupuesto, de
Contrataciones del Estado, de Probidad y Responsabilidades
de Funcionarios y Empleados Públicos, de Fondos Sociales,
de Servicio Civil, Electoral y de Partidos Políticos, Código
Penal y Procesal Penal y de Registro de Bienes del Estado y
de las Municipalidades.
90
- De nuestra parte agregaríamos suspender y revertir el
proceso de privatización de empresas y servicios públicos del
Estado y declarar lesivas a los intereses de la Nación las
contrataciones de exploración y explotación de los recursos
no renovables de la minería e hidrocarburos y la
inconstitucionalidad de las leyes correspondientes.
BIBLIOGRAFÍA
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Diario de Centro América, periódico Tribuna.
Rodrigo Borja, Enciclopedia de la Política, Fondo de Cultura
Económica, México, 1998.
Edna Liliana Paiz Morales, “Proceso y Efectos de la
Privatización
de
la
Empresa
Guatemalteca
de
Telecomunicaciones -GUATEL-”, ensayo publicado en Revista
Presencia, de la Facultad de Ciencias Económicas de la USAC,
sept.-dic. 2000.
Mara Luz Polanco Sagastume, “La Privatización: sus
implicaciones socioeconómicas y su impacto en la Economía
Familiar”, ensayo publicado en la misma Revista Presencia,
citada anteriormente.
Rafael Piedrasanta Arandi, ¡Venta al Capital Extranjero de
Nuestros Activos Eléctricos, sin Avalúo Técnico Previo!,
Dirección General de Extensión Universitaria, USAC, octubre
de 1996.
Alfonso Bauer Paiz, Cómo Opera el Capital Yanqui en Centro
América (el caso de Guatemala), Editorial Ibero Americana,
México, 1956.
91
Poder Discrecional y Corrupción en Guatemala, claves para
ganar transferencia, (Acción Ciudadana y Fundación Derechos
Económicos, Sociales y Culturales para América Latina,
DESC), Guatemala, marzo 2006.
Diccionario Manual Jurídico Abeledi-Perrot, Buenos Aires,
Artes Gráficas Candel, SRL, 1991.
Luis Solano, Guatemala petróleo y minería en las entrañas del
poder, INFORPRESS Centroamericana, Guatemala, 2005.
Centro Internacional para Investigaciones en Derechos
Humanos (CIIDH), Diálogo Fiscal, año 1, No. 1, Guatemala,
febrero del 2007.
Acuerdos de Paz, Universidad Rafael Landivar, Serie Política,
Guatemala, 1998.
Jorge Aragón González y Mara Luz Polanco Sagastume,
Transparencia en los Asuntos de la Administración Pública y
Combate Sostenido Contra la Corrupción, Propuesta de la
USAC ante el Foro de Guatemala, año 2001.
92
ANÁLISIS DEL -PIBPeríodo: 1950-2006
Miguel Ángel Castro*
Según muchos economistas, la economía del mundo
no está tan mal como creemos. Claro que, un economista
es un señor que tiene un pie sobre carbones y el otro pie
en el congelador de un refrigerador, y dice que, en
promedio, las cosas no están mal.
1.
Algo sobre las cifras.
En primer término, las cifras constituyen una especie de
síntesis relacionadas con aspectos cuantitativos de variables,
en este caso económicas, que no necesariamente son un fiel
reflejo de lo que sucede en aquellos aspectos de la realidad
nacional que se estudia. Las cifras interpretadas de esa
manera, son indicadores que solo nos muestran la tendencia
de acontecimientos pasados, presentes o futuros, por lo que en
el momento de su elaboración, debe tomarse en cuenta el
mayor grado de veracidad, ya que son utilizadas para hacer
propuestas a nivel de política económica, de políticas públicas,
etc., que de una u otra manera inciden sobre la población.
Es por ello, que no deben ser interpretadas fríamente,
como simples cifras, porque sino se cae en el error común de
no reconocer o de ignorar que detrás de las mismas, lo que
existe o representan son a seres humanos que poseen
pensamientos, ideas, necesidades que satisfacer, sentimientos,
etc., por lo que en última instancia vienen a ser la
personificación de la vida o de la muerte de los individuos que
viven en sociedad.
*
Investigador en el Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la
Universidad de San Carlos de Guatemala.
De otra parte es oportuno hacer la observación que
cuando se les utiliza para plantear alternativas de solución a
la problemática nacional, hay que reconocer que no contienen
una serie de factores cualitativos, que forman parte del
contexto socio-económico tal cual existe. Esta deficiencia
ocurre por múltiples razones, que van desde los instrumentos
utilizados en el momento de su levantado, integración y
presentación, hasta la incorporación de aspectos premeditados
de tipo político que permiten tener a los gobiernos de turno,
una imagen positiva frente a la comunidad u organismos
financieros internacionales, que muchas veces son los más
influyentes, pero falsa en lo interno.
Es innegable que el punto de partida de las cifras son
hechos concretos, que se generan y manifiestan a través de
relaciones entre personas y entre éstas con grupos de
personas en el contexto de su realidad social, por lo que
científica o moralmente no deben sesgarse, ni inventarse, ni
arreglarlas, pues de lo contrario sucede que cuando se les
contrasta con la opinión de la población se muestran
inconformidades e incongruencias, ya que los datos presentan
una condición y una dirección diferente, en relación a la que
objetivamente presentan las personas, es decir, que mientras
las cifras, por ejemplo pueden indicar que la economía va bien
y que se encuentra estabilizada y en crecimiento, a las
personas socioeconomicamente les va mal.
En otras palabras, mientras los datos van en un
sentido, las insatisfacciones sociales transitan en el otro
extremo del péndulo. Un ejemplo típico de esto lo encontramos
en el -PIB- o el -IPC-. Se dice que el -PIB- en un período
determinado creció, pero ello no garantiza mejorar la vida
material y espiritual de los individuos, porque cuando ha
habido un crecimiento relativamente alto, éste se sigue
distribuyendo de forma desigual, lo que implica que siempre se
concentre en los sectores tradicionales y por lo tanto no se
94
Miguel Ángel Castro
reducen los niveles de pobreza, ya que dicha distribución
siempre estará en correspondencia con la estructura social
que prevalece en Guatemala, la que también es desigual.
El crecimiento en estas condiciones lejos de coadyuvar a
mejorar la vida de los sectores populares, provoca mayores
desigualdades, pues como se sabe su única fuente de ingresos
son los salarios que no crecen en relación directa con el
crecimiento, al contrario, casi siempre se encogen porque
tienen como contrapartida el incesante incremento de los
precios.
Igual sucede con el -IPC- cuando las autoridades
monetarias declaran que hay control sobre la inflación, pero
los precios de las mercancías se disparan de forma constante,
dejando rezagados los niveles de salarios. De las cifras
reportadas de manera reciente, por el Instituto Nacional de
Estadística -INE-, se infiere que el costo de la Canasta Básica
de Alimentos, ya no es posible cubrirla con los salarios
actuales, mucho menos la Canasta Básica Vital, impactando
más fuerte los rubros de alimentos y bienes de consumo
popular. Como no se esta analizando el comportamiento del
-IPC-, solo diremos que con lo anterior, se demuestra que el
crecimiento económico, no es suficiente para que los más
pobres de Guatemala, dejen de serlo.
Los indicadores cuantitativos como el -PIB- y desde
luego otros más, son los que no muestran los aspectos antes
indicados, ya que no incorporan las precarias condiciones en
que subsiste gran parte de los guatemaltecos y de otra no
miden el daño causado a los dos factores creadores de la
riqueza en cualquier formación económica-social, que son las
personas y la naturaleza, como sucede con la extracción de
minerales, falta de atención médica, educación o vivienda.
95
Bajo esa perspectiva el comportamiento del -PIB- no
necesariamente expresa el grado de desarrollo socioeconómico
que Guatemala ha alcanzado, ya que las tasas de crecimiento
pueden ser altas, pero esto en ningún momento implica que la
fuerza de trabajo obtenga una remuneración digna, o sea, que
puede haber crecimiento sin desarrollo porque permanece
concentrado, aunque es de hacer notar que el mismo no es
ajeno al crecimiento, al contrario es su punto de partida,
siempre y cuando que la riqueza llegue a un mayor número de
guatemaltecos.
El crecimiento económico por si solo no es la condición
suficiente que se traduzca de forma inmediata en beneficio
para la población, o que se debe producir el efecto que plantea
la cuestionada “teoría” del derrame. Sobre el particular, se
considera un éxito que sea el propio Banco Mundial quien
reconozca esta limitación, al admitir “que el crecimiento
económico no basta para reducir la pobreza, dejando atrás la
teoría del derrame que planteó el Consenso de Washington y
defendió por décadas. Señala también que para reducir la
pobreza “es necesario pero no suficiente, incrementar el
crecimiento, la productividad, fortalecer las instituciones y
políticas, más compensadores sociales y redistribución del
ingreso, sino la pobreza amenazará el crecimiento sostenible”.
En Guatemala han habido tasas de crecimiento
económico altas, como ocurrió en la década de los años 70`s,
en especial durante los períodos de buenos precios
internacionales del café, pero esta situación no ha garantizado
que la población que subsiste en la precariedad, halla tenido
un acceso equitativo a la riqueza, que por ética o mandato
Constitucional le corresponde. Por el contrario pueden haber
tasas de crecimiento pequeñas, pero si existen mecanismos
que procuren una distribución más justa de la producción, ello
se traducirá en cambiar las condiciones de vida.
96
Lo que sucede en el país es que los resultados del
crecimiento y por ende su reparto, es que se asienta en una
estructura productiva y distributiva que en esencia es
excluyente, con relaciones de producción capitalistas,
incidiendo en que se comparta de manera desigual entre los
miembros de la sociedad, dando lugar a grados de distorsión y
desequilibrios más profundos en la estratificación social que
agudiza y profundiza la concentración y centralización de
capital, al aumentar la distancia entre riqueza y pobreza. Ya lo
decía Schumpeter, que el capitalismo no pretende la cohesión
social.
Al no haber una correlación entre la producción y
distribución de la riqueza a través de una política económica y
social, que tenga como objetivo central disminuir las
insuficiencias sociales, el pequeño sector de la población que
acumula capital seguirá teniendo más, y quienes tienen poco o
nada, permanecen en iguales o peores condiciones, inclusive
existiendo tasas elevadas en el -PIB- y por lo tanto la bola de
nieve de la marginación y exclusión irá en aumento.
También en el comportamiento del -PIB- se debe tomar
en consideración que dadas las características de la economía
mundial, su crecimiento se hace cada vez más dependiente de
factores externos. Este es el caso de los precios de las
principales materias primas que el país exporta, donde a un
mayor precio se reflejará de forma positiva en las tasas de
crecimiento y a la inversa. De igual manera, el -PIB- tiene
íntima relación con la política económica que busque la
reactivación, en el sentido de que a mayor reactivación
económica habrá más crecimiento y viceversa.
Durante los últimos años las cifras del -PIB- muestran
que la economía nacional se ha mantenido sin mayor
crecimiento, principalmente desde el 2001, en que se observa
la inexistencia de una tendencia sostenida y estable. Es más,
cuando se ha llegado a una tasa del 5.0% éste esfuerzo se
97
pierde en los siguientes 8 años (1999-2006), y que no basta, ni
debe ser motivo de satisfacción, decir que a pesar de todo, no
se tienen tasas de crecimiento negativas como sucedió en la
década de los 80’s.
En otras palabras, si toda la actividad productiva de
Guatemala se reduce solo a las cifras frías del -PIB- inclusive
sin tomar en cuenta la magnitud de sus tasas en el sentido de
que sean pequeñas o grandes, pero si a la vez no se eliminan
los desequilibrios estructurales que imposibilitan concebir y
ejecutar una política socioeconómica de largo plazo y con
prioridad en el ser humano que distribuya de forma más
igualitaria la riqueza, o más propiamente que democratice la
riqueza haciéndola llegar a todos sus habitantes, el estado de
exclusión irá abarcando a más guatemaltecos.
En síntesis, los datos representan un saber y un
conocimiento, que surgen de la realidad para que de nuevo se
proyecten, o regresen a la misma, cuando contribuyen en la
formulación de políticas con varias finalidades de incidencia,
que pueden ser para cambiarla o mantenerla, pero que cuando
se trata de sociedades como la nuestra, mas bien, se les utiliza
para esconder el estado irracional e injusto en que se
encuentran la fuerza de trabajo asalariada. En otros casos se
les utiliza frente a la Comunidad y Organismos Internacionales
en general, para mostrar que las condiciones socioeconómicas
del país esta cambiando, aunque esa misma realidad en
opinión de las personas demuestre lo contrario.
El siguiente cuadro es ilustrativo de lo que se ha venido
exponiendo con la conformación de las cifras, en particular del
-PIB-.
98
Cuadro No. 1
PRODUCTO INTERNO BRUTO
BASE 2001 Y BASE 1958
AÑOS: 1990-2007
Tasa de variación
PIB BASE
PIB BASE
1958
2001
1990
3.1
2.5
1991
3.7
3.1
1992
4.8
4.6
1993
3.9
3.5
1994
4
3.5
1995
4.9
4.4
1996
3.0
2.8
1997
4.4
4.1
1998
5
4.6
1999
3.8
3.7
2000
3.6
2.5
2001
2.3
2.4
2002
2.2
3.9
2003
2.1
2.5
2004
2.7
3.2
2005
3.2
3.5
2006
4.6
p/
5
2007
5.1
e/
5.6
a/ El período de 1990 a 2000 fue calculado con base
en la técnica de empalme, utilizando las tasas de
variación por rama de actividad económica de base
1958.
p/ Cifras preliminares.
e/ Cifras estimadas.
Fuente: Banco de Guatemala.
AÑO
En dicho cuadro se tiene que el tamaño del -PIB- se ha
medido a través de utilizar dos años bases. El primero
corresponde a 1958 y el segundo al 2001, durante un período
que empieza en 1990 y finaliza en el 2007. Tal como se
observa la economía desde el año 1990 al 2000 medida con el
año base de 1958, siempre fue mayor que cuando se utilizó el
año base de 2001.
99
Es a partir del año 2001 al 2007 el tamaño del -PIBapoyándose el Banco de Guatemala en lo que llaman la
Técnica del Empalme, y con el nuevo año base 2001 empieza a
ser mayor en el mismo período, que cuando corresponde al
año base de 1958. ¿Significa esto que realmente el tamaño de
la economía es mayor?
Se comprende y es de sentido común saber que la
economía guatemalteca no es igual en el presente, ya sea
porque los precios han variado o porque hay una mayor
variedad en la producción, lo que hace pensar que es
necesario actualizar el -PIB- después de más de cuatro
décadas de existencia del año base de 1958.
Pero la interrogante sigue presente, en cuanto a
determinar con certeza, si en efecto ahora desde el 2001
somos una economía más grande, o sí ese mayor crecimiento
se debe únicamente al cambio de año base. Y la duda se
mantiene porque ya en la década de los años setenta, el
Departamento de Estudios Económicos del Banco de
Guatemala, realizó un estudio para medir la economía del país
y los resultados obtenidos fueron diferentes, a los obtenidos
con el año base del 2001, ya que el crecimiento fue menor,
quedando por lo tanto sin despejar la interrogante de porque
no se utilizó ese año, ¿ será porque con su medición la
economía se hizo más pequeña y eso no convenía en ese
momento a las autoridades de turno.
2.
Producto Interno Bruto.
El Producto Interno Bruto -PIB- es un indicador que
cuantifica en un período determinado -de manera
convencional comprende un año- el monto o valor de la
producción agregada realizada en el país, reflejando el
comportamiento que ha tenido la actividad económica.
100
El -PIB- presenta dos grandes facetas que corresponden
a las denominadas actividades productivas (Bienes) e
improductivas (Servicios). Las primeras están conformadas por
los siguientes sectores: a) Agricultura, silvicultura, caza y
pesca, b) Explotación de minas y canteras, c) Industria
manufacturera, d) Construcción, e) Electricidad y agua; en
tanto que las segundas corresponden a los rubros: a)
Transporte, almacenamiento y comunicaciones, b) Comercio al
por mayor y al por menor, c) Banca, seguros y bienes
inmuebles, d) Propiedad de vivienda, e) Administración pública
y defensa, f) Servicios privados.
Esta gran división social del trabajo en Guatemala sobre
la base del producto interno, de alguna manera nos indica el
carácter de la tendencia general de desarrollo que el país ha
tenido, infiriendo que históricamente ha descansado en los
sectores improductivos, representando un porcentaje superior
al 50% y que en los últimos años se ha acercado al 60%, lo
cual puede interpretarse que estamos transitando a una
economía que se sustenta en los servicios, que en todo caso es
insuficiente para atender los objetivos de elevar el ingreso, de
creación de empleo y de superar las condiciones de vida de
aquellos guatemaltecos que presentan un acceso limitado a la
riqueza creada, o que en el caso extremo no la tienen, debido a
que se esta dando un desplazamiento de la producción e
inversión real.
Este patrón, esta manera o esta característica que
presenta la riqueza nacional es importante destacarla, porque
nos revela que se acentúan las relaciones de dependencia y
subdesarrollo,
respecto
del
gran
capital
financiero
internacional, por el hecho de que son los servicios los que
intervienen en mayor proporción en el -PIB- y dentro de éstos
destacan el comercio al por mayor y al por menor, cuyo
volumen de mercancías de consumo final en buena medida
son importadas, aunque en términos porcentuales su
participación se ha mantenido estática y hasta disminuyendo
101
en perjuicio de buscar un desarrollo hacia adentro que atienda
los requerimientos del mercado interno, ya que las nuevas
reglas del capitalismo vienen determinadas por el
neoliberalismo, al convertir al mundo en un solo mercado,
pues las relativas autonomías nacionales de los países que en
el pasado existieron, prácticamente han sido eliminadas.
Desde otra perspectiva Guatemala no ha superado la
vieja tesis del comercio internacional en su enunciado de la
“ley de las ventajas comparativas”, porque a pesar que la
composición del PIB nos indique que el sector primario ha ido
cediendo su lugar a otras actividades, el país por medio de su
política económica ha sido incapaz de dar el salto cualitativo
para transformar su actual estructura productiva, donde
adquiera más preponderancia la producción de carácter
industrial.
Es más, se infiere que ahora que el mundo esta
tomando una conciencia ecológica, con la finalidad de salvar al
planeta de una catástrofe ambiental sin precedentes, se esta
planteando la alternativa de sustituir los combustibles fósiles
y de otro tipo que son generadores de contaminación, por los
cultivos de caña de azúcar y maíz, pues se perfilan en
constituirse en ser las principales materias primas de origen
agrícola para fabricar los llamados agrocombustibles, lo que
implicará como en el pasado de nuestra producción e historia
económica, retornar hacia la agricultura extensiva en
Guatemala.
De ocurrir esta circunstancia nos veremos condenados
por enésima vez a la condición de ser preponderantemente
productores de materias primas baratas de bajo contenido de
valor agregado, con la diferencia de que ahora parte de la
actividad primaria exportable se realice en el país bajo la
forma un producto industrial ya terminado, tal el caso del
biocombustible llamado Etanol, pues se tiene contemplado
102
construir una planta en Guatemala y otros países de
Centroamérica para su elaboración, o en el peor de los casos
se exportará la caña de azúcar y maíz para ser
industrializados en el exterior.
De acuerdo a la CEPAL, Costa Rica, Guatemala,
Honduras y El Salvador, “ya dieron los primeros pasos para la
producción en gran escala de biodiesel”. Por su parte Colombia
“construye dos plantas para producir biocombustibles como el
Etanol en Honduras y Guatemala, e impulsará un tercer
proyecto similar en El Salvador, anunció el presidente Álvaro
Uribe, tras firmar un acuerdo de Libre Comercio con esas tres
naciones”.
Con este inminente cambio en la estructura productiva
del país, cabe la posibilidad de que la contribución de la
Agricultura en la composición del -PIB- se eleve, sin que ello
signifique modificar la tendencia histórica de su crecimiento,
sobre la base de una mayor participación y diversificación de
las actividades productivas (Bienes) y una disminución de las
improductivas (Servicios). En este momento es predecible el
inicio de tal acontecimiento, pues lo del Etanol es un proyecto
que ya se encuentra en pleno proceso de materializarse.
Asimismo es predecible indicar que el precio de la tierra
se cotizará a niveles superiores distorsionando el mercado de
la misma, pues será utilizada para ser sembrada con caña de
azúcar o maíz; de igual manera las tierras de los pequeños
propietarios que cosechan granos básicos como fríjol, arroz o
sorgo serán sustituidas por dichos cultivos, provocando
aumentos de precios, con el consiguiente desabastecimiento de
productos básicos de consumo popular, agudizando la
precaria seguridad alimentaria existente en Guatemala.
También las tierras sembradas con pasto para la
alimentación del ganado, serán presionadas para realizar los
cultivos ya señalados, incidiendo en un encarecimiento de la
103
carne, la leche y sus derivados. Este sombrío panorama que se
cierne sobre la agricultura y ganadería guatemalteca,
provocará un desabastecimiento interno, alza de precios,
aumentando más la pobreza y marginación de la población.
Es pertinente indicar que la crianza de ganado y la
siembra de caña de azúcar, se efectúa en las tierras más aptas
de Guatemala que se encuentran localizadas en la Costa Sur.
Se desconocen las especificidades tecnológicas en la
elaboración del Etanol, pero a priori se supone que la planta
industrial de los Ingenios Azucareros será utilizada para tal
finalidad, con lo cual se perderá parte de la capacidad
instalada para fabricar azúcar, a la vez que habrán despedíos
de fuerza de trabajo. En cuanto a la producción de maíz, ésta
se encuentra concentrada en la región minifundista del
altiplano central y oriental del país, bajo relaciones de
producción de una economía mercantil simple y de
subsistencia, que también será afectada.
Según lo expuesto el -PIB- es un indicador que mide la
producción, independiente que la actividad sea productiva o
improductiva, es decir, es una cifra que a su vez se convierte
en un instrumento para analizar la tendencia de la economía
guatemalteca, desde el punto de vista productivo e
improductivo. Aunque la finalidad última de este trabajo no es
el análisis de las condiciones sociales de la producción, se
debe dejar claro que concebirla solo en términos de los datos
del -PIB-, metodológicamente no permite reflejar las facetas
técnicas o sociales bajo las cuales se realiza.
3.
Carácter del Producto Interno Bruto.
La clásica división internacional del trabajo expone que
en los países subdesarrollados el principal tipo de actividad
productiva se encuentra relacionado con la extracción
primaria de materias primas, aspecto que se sigue
104
manteniendo en el presente, desde luego con diferencias en
cuanto al tipo especifico de productos que se exportan. En
cambio en las sociedades desarrolladas esta situación es
diferente, ya que la actividad más importante se identifica con
la fabricación de bienes industrializados, estableciéndose un
intercambio comercial en términos desventajosos para las
sociedades subdesarrolladas.
Históricamente Guatemala se ha caracterizado por ser
un país con una producción de origen agrícola, gran parte de
la cual se destina para el mercado externo, descuidando el
abastecimiento de bienes de consumo interno, desembocando
en que nuestra economía consolide su inviabilidad e
inestabilidad, pues tanto los tipos de mercancías que elabora,
como su aparato productivo le dan prioridad a satisfacer los
requerimientos, vaivenes y necesidades coyunturales que
presenta el mercado internacional, con énfasis en el
mecanismo de la agroexportación.
En otros términos, el sistema productivo nacional se ha
venido configurando y consolidando desde su estructuración
primigenia en la Colonia, pasando por la época de la Reforma
Liberal, hasta llegar a nuestros días, como productor de bienes
agrícolas que tienen una demanda mundial inelástica, sujeta a
restricciones.
El hecho de que a Guatemala se le halla “asignado” la
privilegiada condición de exportar bienes primarios bajo la
forma de materias primas, ha significado para nuestra
economía un pecado capital que se ha eternizado en el devenir
del tiempo, al convertirse en factor determinante, que por
largos siglos ha postergado establecer una modalidad diferente
de sociedad, pues la experiencia demuestra bajo cualquier
punto de vista, que no ha sido ninguna ventaja comparativa
utilizar su fuerza de trabajo barata, con la finalidad de
responder a las necesidades de la demanda externa de unos
cuantos y desvalorizados productos primarios de exportación.
105
Por el contrario, esta imposición y este modelo truncan
el desarrollo y modernización de la economía guatemalteca,
por medio de la vía del mercado interior. Esto desde luego no
debe interpretarse bajo ningún punto de vista que debe
descartarse el mercado externo. En muchas ocasiones se
mencionan como ejemplos paradigmáticos a los denominados
tigres asiáticos, pero hay que agregar y saber que previo a
alcanzar tal grado de despegue económico, realizaron
profundas reformas al interior de su estructura productiva,
entre ellas la agraria.
Lo que se esta planteando es que debe formularse una
concepción distinta de la actual estructura productiva, en
especial la dedicada a la actividad primario-exportador, de tal
manera que el eje del esfuerzo productivo de Guatemala, sea
compartido también por la producción de consumo popular y
del mercado interno, y que no se siga privilegiando de forma
unilateral al mercado externo, en donde el mismo solo sea un
elemento y un complemento al servicio de la economía
nacional, a fin de establecer un correlación diferente a lo que
sucede en el presente.
Para reafirmar lo expresado, aquí no se esta diciendo
que se debe eliminar o aniquilar la producción primarioexportadora, solo se trata de disminuir o ceder el lugar
preponderante que ha jugado por mucho tiempo, pues como
lo ha demostrado a lo largo de su existencia, la inviabilidad del
modelo primario, ha sido un freno en el funcionamiento y
desarrollo no solo de la economía, sino de la sociedad
guatemalteca.
Durante los últimos años están adquiriendo mas
preponderancia las actividades improductivas, por la presencia
mayor de los servicios dentro del -PIB-.Esta nueva orientación
del -PIB- sobre la base del crecimiento en los servicios, nos
conduce a inferir que la economía se esta terciarizando y que
106
ya se refleja en dicho indicador, lo que significa que por mucho
que crezca el producto interno sobre la base de las actividades
improductivas, siempre será insuficiente para enfrentar los
grandes desequilibrios sociales que aquejan al país, porque el
crecimiento de la producción real no es sustantivo, lo cual
implica que el gasto se oriente en mayor medida hacia
actividades de consumo, en lugar de hacerse inversiones
productivas a efecto de crear una riqueza que alcance para
todos.
Como ya se dijo, en Guatemala es una realidad que por
varias décadas la principal actividad productiva descansa en
la agricultura, lo que hoy en día sigue siendo cierto, a pesar
que su participación relativa tanto en la integración del -PIBcomo en los Bienes (actividades productivas) halla disminuido,
de allí que se diga que aún mantiene una economía agrícola,
donde las formas productivas y la fuerza de trabajo continúan
sin la incorporación de mayores avances científico-tecnológicos
y de capacitación, no obstante que actualmente se cultiva una
variedad de productos que exigen de parte de los trabajadores
poseer grados de conocimiento y preparación superiores, que
incluye el manejo y utilización de algunos instrumentos de
trabajo avanzados, pero que a pesar de ello, la agricultura en
general es poco desarrollada.
Si bien la agricultura sigue siendo atrasada y
dependiente de tecnología creada en el exterior, es innegable
que se ha venido transformando, en el sentido de que
paulatinamente ha dejado de ser aquella práctica inveterada
del pasado relacionada con el monocultivo extensivo de
exportación basada en el café, o la caña de azúcar, para irse
transformando de forma paulatina en relación directa con la
lógica capitalista desde tres aspectos.
El primero es que manifiesta un mayor grado de
participación de relaciones asalariadas con la consiguiente
desaparición de formas serviles, en segundo término hay un
107
aumento de la productividad, que ya no se concentra sólo en
las grandes unidades capitalistas, sino también en unidades
que pertenecen a pequeños propietarios, que exportan frutas,
vegetales, legumbres o flores. Finalmente y no menos
importante es que ese proceso de penetración capitalista en la
agricultura, genera grandes contingentes de fuerza de trabajo
que es expulsada sistemáticamente hacia las áreas urbanas
del país y hacia el exterior, contribuyendo de alguna manera a
modificar la composición orgánica del capital.
El carácter del -PIB- desde una división de las
actividades productivas e improductivas se tiene que la
participación de las primeras es menor en relación a las
segundas, pero que además ambas se han encaminado en
direcciones diferentes, en otros términos, la producción
muestra una tendencia decreciente, mientras que los Servicios
aumentan, en especial en el período 2000-2006. Sus
porcentajes respectivos son del 42% y 58%.
En la producción real, es la agricultura la que presenta
o sigue teniendo más peso, ocupando una segunda posición la
denominada industria manufacturera. Por su lado, en los
sectores improductivos es el comercio el que manifiesta su
hegemonía.
Es importante destacar que a lo largo del tiempo ese
desplazamiento o ese detrimento de la producción de bienes,
en contraposición con lo referente a los servicios, donde por
ejemplo la telefonía que antes era prestada por instituciones
públicas, ahora son privados con fuerte presencia de capital
extranjero. Esto nos revela que en Guatemala, el capital
financiero interviene o se asienta en aquellos sectores que
estaban bajo el control del Estado, a efecto de poder
incrementarse con rapidez, y que por su parte el capital
industrial en su interpretación más genérica, ya es capital que
compra fuerza de trabajo asalariada y medios de producción,
108
para crear valor, a costa de las actividades productivas, a
pesar de que todavía subsistan formas y tipos económicos con
fuertes resabios precapitalistas. El capital en su modalidad
financiera se mueve en la órbita de la circulación, y el
industrial en la esfera de la producción.
4.
Comportamiento del -PIB-.
Cuando en Guatemala se acumulan y acrecientan
problemas de desnutrición, mortalidad infantil, vivienda, crisis
alimentaria, salud, educación, llegando a cuadros de
hambruna como las de Chiquimula y otros departamentos en
años recientes, y últimamente la de Zacapa revelada en agosto
del 2007, es que se confirma lo analizado en cuanto a que las
cifras económicas, no expresan de forma fidedigna la realidad
socio-económica del país, a pesar de que el gobierno de la
república o sus dependencias se refieran a que la economía se
encamina viento en popa por buen rumbo, asimismo, esas
declaraciones son sencillamente expresiones vacías para el
90.0% de la población que se encuentra en estado de pobreza,
y que a las variables macroeconómicas o al mercado, no les
interesa saber si sus necesidades básicas que garanticen su
reproducción material y espiritual están cubiertas.
Tanto las autoridades de gobierno y las autoridades
monetarias coinciden en que no existe crisis, porque hay
“estabilidad macroeconómica” o que los principales precios
contenidos en el tipo de cambio, la inflación y tasas de interés
están bajo control, pero esto solo significa una fachada o un
espejismo en comparación con las reales condiciones de vida
de la clase asalariada, ya que solo determinados sectores
sociales y organismos extranjeros tienen la capacidad de
percibir y sentir la bonanza económica, que no es perceptible
para la mayoría de guatemaltecos.
109
A continuación se presentan las tasas de crecimiento
del -PIB- desde el año 1950 hasta el 2006. Una primera
lectura de tales porcentajes nos dice que a lo largo de
aproximadamente
6
décadas
la
magnitud
en
el
comportamiento económico ha sido inestable para el desarrollo
socio-económico de Guatemala, cuya esencia evidencia que la
Política Económica no ha tenido los efectos esperados para
resolver los diversos problemas sociales que gravitan en el
país, así como la ausencia de un proyecto de nación coherente
y de largo plazo.
CUADRO No. 2
PRODUCTO INTERNO BRUTO
A PRECIOS DE MERCADO
AÑOS 1950–2006
Año
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
Variaciones
%
1.4
2.1
3.7
1.8
2.5
9.1
5.2
4.7
4.9
2.4
4.3
3.5
9.3
Año
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
Fuente: Elaboración propia
Variaciones
%
4.6
4.4
5.4
4.1
8.5
4.7
5.6
5.7
7.8
6.9
6.1
2.0
7.1
7.12
Año
Variaciones
%
1978
1992
4.8
1979
1993
3.9
1980
1994
4.0
1981
1995
4.9
1982
1996
3.0
1983
1997
4.4
1984
1998
5.0
1985
1999
3.8
1986
2000
3.6
1987
2001
2.3
1988
2002
2.2
1989
2003
2.1
1990
2004
2.7
1991
2005
3.2
2006
4.6
con base a información del Banco de Guatemala.
110
Variaciones
%
5.0
4.7
3.7
0.7
-3.5
-2.6
0.5
-0.6
0.1
3.5
3.9
3.9
3.1
3.7
Año
Una segunda lectura expresa que de los 56 años que se
tiene información del -PIB-, únicamente en12 años o sea en la
quinta parte del total, ha existido un crecimiento por arriba del
5.0%, que están localizados en las décadas de los años 50’s,
60’s y 70’s, siendo en 1977 el último año en que se logró.
Además se tiene que los ya lejanos años de 1978 y 1998 la
economía creció justo en el 5.0%, es decir, solo dos veces en
29 años.
En los Acuerdos de Paz firmados en diciembre de 1996
por el Gobierno de la República de Guatemala y la Unidad
Revolucionaria Nacional Guatemalteca -URNG-, se determino
sobre el –PIB-en el Acuerdo Sobre Aspectos Socioeconómicos y
Situación Agraria lo siguiente: “Por su parte, el Gobierno se
compromete a adoptar políticas económicas tendientes a
alcanzar un crecimiento sostenido del producto interno bruto
a una tasa no menor del 6% anual, que permita una política
social avanzada. Se compromete, al mismo tiempo, a una
política social cuyo objetivo sea el bienestar de todos los
guatemaltecos, con prioridad en la salud, la nutrición, la
educación y capacitación, la vivienda, el saneamiento
ambiental y el acceso al empleo productivo e ingresos dignos”.
De la serie analizada solo en 8 años que son 1956,
1963, 1968, 1972, 1973, 1974, 1976, y 1977, se supera la
tasa de crecimiento ideal del 6% fijada por los Acuerdos de
Paz, haciendo notar que corresponden a una etapa anterior a
su firma, porque posterior a dicho acontecimiento todavía se
esta a la espera de que ocurra el milagro de llegar a la meta del
6%. Aquí es de hacer la observación que han transcurridos 30
años desde que se logró por última vez la tasa ideal de
crecimiento mencionada, donde los criterios para que se fijara
en el 6.0% son insuficientes, ya que por una simple deducción
lógica debe y tiene que ser mayor, pues no se puede dejar de
lado el comportamiento de la población.
111
Un tercer aspecto que es clave enfatizar en el
comportamiento histórico del -PIB-, que no es otra cuestión
más que la manifestación en sus tasas de crecimiento en el
período de 1950-2006, es que hay una especie de parteaguas
entre 1950 hasta 1978 que abarca 28 años, al existir un
crecimiento más o menos no solo homogéneo, sino aceptable
en función del número de habitantes con excepción de los
años 1951 a 1955 que sin tomar en cuenta 1955, comprende
el período de la Revolución, con una política hostil de Estados
Unidos hacia nuestro país.
Una cuarta lectura de la serie (1950-2006) a la que se
hace referencia se inicia de 1979 al 2006, que como hecho
coincidente comprende al igual que el período anterior (19501978) otros 28 años, con la evidente y gran diferencia que acá
se inicia un proceso sistemático de inestabilidad en la
tendencia del -PIB-, al extremo que en los años 1982, 1983 y
1985 tuvo tasas de crecimiento negativas en casi 3 años
consecutivos. Es también durante estos 28 años en que el
-PIB- nunca llegó a alcanzar la tasa del 6.0% como si había
sucedido anteriormente.
Después de tener un panorama general del -PIBdurante cerca de 6 décadas se infiere que su comportamiento
ha sido errático, pues el mismo no es el resultado de la
existencia de una política económica coherente que busque la
sostenibilidad en la reactivación económica del país. Más bien,
el mismo responde a aspectos estrictamente coyunturales que
determinan que en un momento dado el -PIB- sea mayor o no,
explicación que puede encontrarse en los altos precios
internacionales de productos tradicionales de exportación, de
productos “exóticos” no tradicionales, de los niveles de
inversión que el país tenga, los cuales se encuentran en
estrecha
vinculación
con
políticas
de
organismos
internacionales, y hasta en acontecimientos políticos.
112
Se considera que el comportamiento histórico que ha
tenido el -PIB- no variará en el corto o mediano plazo, en tanto
la política económica del país, siga dejando de lado la
participación directa del mercado interno que propicie la
inversión en actividades productivas de amplio consumo
popular, las que representan un gran potencial de creación de
riqueza y fortalecimiento en la seguridad alimentaria.
De tal forma que es un principio obligado y necesario
estructurar este cambio en el carácter de la producción
nacional, a costa de seguir más sumergidos en el pantano de
la pobreza, porque permitirá establecer una relación de menor
dependencia de la economía internacional, teniendo en cuenta
que es una tarea difícil, no imposible, por encontrarnos en la
época de la globalización económica y de los tratados de libre
comercio, que han hecho variar de manera sustancial aquella
forma de dependencia de años anteriores, aunque su esencia
se mantiene, que es la extracción de plusvalía por medio de la
participación del capital financiero, en un contexto no de libre
mercado como lo propugna el neoliberalismo, sino de un
mercado monopólico que le hace perder su supuesta libertad.
En síntesis, la tarea de este cambio sigue esperando,
pero hay que empezarla, incluso para que sea congruente con
las ideas y propuestas de aquellos que se identifican con el
proceso de globalización.
5.
PIB por ramas de actividad económica.
En el -PIB- por origen de ramas de actividad,
tradicionalmente han sido dos renglones en las que se ha
concentrado la mayor parte de su crecimiento, que son de una
parte la Agricultura, Silvicultura, Caza y Pesca y la otra el
Comercio al por Mayor y al por Menor, que representan un
porcentaje por arriba del 50.0% hasta el quinquenio de
1985-1989, ya que a partir de los siguientes que empiezan de
1990-1994, la relación anterior se invierte en el sentido de que
113
el crecimiento de ambas ramas de actividad dentro del -PIB- es
menor del 50.0%, al darse un descenso que se sitúa en su
nivel más bajo con el 47.2% durante el sexenio 2000-2006,
existiendo la posibilidad que en el futuro podría seguir
decreciendo aún más.
Ahora bien, ante el hecho de que las dos ramas de
actividad mencionadas (Agricultura y Comercio) cada vez
interviene en menor grado en la economía , se esperaría que
ese margen hubiese sido reemplazado por cualquiera de las
otras que integran el -PIB-, pero como algo curioso se tiene
que no existe ningún otro renglón que halla crecido en esa
misma proporción, sino, que se ha manifestado una
distribución entre todos los demás en una especie de ascenso
y descenso en sus porcentajes de participación, llegando en
algunos casos a disminuir como sucede con la Propiedad de
Vivienda.
Cuadro No. 3
ORIGEN POR RAMA DE ACTIVIDADES DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO (PIB)
PERÍODO 1950-2006
Quinquenio
Actividad
1950
1955
1960
1965
1970
1975
1980
1985
1990
1995
a
A
a
a
a
a
a
a
a
a
2000
a
1954
1959
1964
1969
1974
1979
1984
1989
1994
1999
2006
Total PIB
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
Agricultura, Silvicultura, Caza y
Pesca
32.4
29.8
30.0
28
27.8
26.5
25.1
25.7
25.2
23.7
22.6
Explotación de Minas y Canteras
0.2
0.2
0.2
0.1
0.1
0.2
0.3
0.2
0.3
0.5
0.5
12.2
12.5
13.3
15.3
15.8
15.9
16
15.6
14.6
13.7
12.8
Construcción
2.6
3.1
1.9
1.8
1.7
2.9
2.9
1.9
2.1
2.3
2.0
Electricidad y Agua
0.5
0.6
0.8
1.1
1.2
1.6
2.0
2.2
2.7
3.3
4.2
3.8
5.0
5.1
5.3
5.9
6.6
7.0
7.3
8.2
9.0
11.0
26.4
26.6
26.5
28.1
28.4
27.9
26.5
24.7
24.2
24.6
24.6
Industria Manufacturera
Transporte, Almacenamiento y
Comunicaciones
Comercio al por Mayor y al por
Menor
Banca, Seguros y Bienes
Inmuebles
1.3
1.5
2.2
2.3
2.4
2.9
3.5
3.8
4.4
5.0
5.0
Propiedad de Vivienda
8.6
8.7
8.5
7.6
6.4
4.7
4.7
5.4
5.0
4.7
4.6
Administración Pública y Defensa
6.2
5.8
5.5
4.7
4.7
4.9
5.8
6.8
7.3
7.4
6.8
Servicios Privados
5.8
6.1
6.0
5.7
5.6
5.9
6.2
6.4
6.0
5.8
5.9
Fuente: Elaboración propia con base a información del Banco de Guatemala
114
En términos más concretos, también es la Agricultura,
Silvicultura, Caza y Pesca que forma parte de las actividades
productivas, la que presenta un porcentaje cada vez menor en
relación al -PIB- total, al pasar en el quinquenio de 1950-1954
del 32.4% al 22.6% en el sexenio de 2000-2006 con el 22.6%,
lo que expresado en otras palabras significa que ha caído en
cerca de 10 puntos porcentuales, teniendo repercusiones en
varios aspectos de la vida económica y social de Guatemala,
que van desde provocar en el ámbito interno una mayor masa
de desempleados, migración, exclusión, hambrunas, hasta
reducir los volúmenes de producción en el sector agropecuario,
que se destinan de manera indistinta al mercado nacional e
internacional, con la consiguiente repercusión en la Balanza
Comercial y de Pagos del país.
A esta realidad de estancamiento y disminución de la
producción en general no escapa la Industria Manufacturera,
la que había tenido un comportamiento ascendente hasta
mediados de la década de los 60`s debido al despegue que tuvo
el Mercado Común Centroamericano, y que se mantiene hasta
finales de los años 80`s; siendo a partir de los años 90’s que
manifiesta un punto de inflexión que se expresa en que bajo al
12.8% durante el período 2000-2006.
Del mismo modo, el renglón de Comercio al por Mayor y
al por Menor ha experimentado igual tendencia de reducción,
aunque de una manera menos pronunciada al pasar del 26.4%
en 1950-1954 al 24.6% en el 2000-2006, estableciéndose una
diferencia del 1.8%. Este acontecimiento plantea que si bien la
estructura de la economía nacional se esta modificando, no es
sobre la base del Comercio, a pesar de que es la actividad que
todavía tiene más participación.
La Propiedad de Vivienda mantuvo un comportamiento
de relativa estabilidad entre 1950 y 1970, pero en los inicios
de la década de los 70`s empieza a descender hasta situarse en
el presente con un 4.6%, explicando de alguna manera la
115
razón de la existencia del déficit habitacional, en especial de
los sectores populares, lo que a su vez indica el fracaso de las
políticas por solucionar este problema. Se considera que esta
actividad representa un potencial que coadyuve en el
crecimiento del producto y también para impulsar la
reactivación económica.
El Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones, así
como la Electricidad y Agua y el sector de la Banca, Seguros y
Bienes Inmuebles, son los que a diferencia de los 4 sectores
anteriores (Agricultura, Industria, Comercio, Vivienda) han
mostrado más dinamismo, al remontarse respectivamente del
quinquenio 1950-1954 al sexenio 2000-2006 de un 3.8%
hasta alcanzar el 11.0%; de un 0.5 % a 4.2 % y finalmente del
1.3 % al 5.0 %. El crecimiento en las Comunicaciones empezó
a manifestarse con más énfasis durante los últimos años,
debido al impulso que recibieron a consecuencia del proceso
de privatización, lo que no significa que se este de acuerdo con
el mismo, pues tampoco han resuelto las necesidades sobre el
particular. Estos sectores también representan una posibilidad
real en el crecimiento del -PIB-.
En cuanto a los demás sectores que integran el –PIBpor origen de rama de actividad que corresponde a:
Explotación
de
Minas
y
Canteras;
Construcción;
Administración Pública y Defensa; y Servicios Privados son los
que tienen más estabilidad, pero que no representan mayor
significación en la conformación del -PIB-, con la excepción de
la Construcción que si es un rubro importante para dinamizar
la economía nacional y ser fuente de empleo.
Lo revelador de este análisis del -PIB- por origen de
ramas de actividad económica radica en que los principales
sectores que son la Agricultura, Silvicultura, Caza y Pesca y el
Comercio al por Mayor y al por Menor; que lejos de crecer o al
menos mantenerse estables en sus tasas de crecimiento, nos
116
indica su constante caída en especial el primero de ellos, por lo
que no existe actualmente un rubro que de alguna manera los
reemplace, o dicho con más propiedad no existe una política
económica y sectorial que haga crecer la producción nacional,
por lo que lograr un crecimiento global del -PIB- en tales
condiciones implica realizar fuertes inversiones de capital.
Aquí no se esta añorando, ni diciendo de forma
simplista que la Agricultura y el Comercio están siendo
desplazados en la conformación del -PIB-, al contrario, en lo
que se quiere enfatizar es que en Guatemala no hay claridad,
ni coherencia suficiente para determinar una estructura
productiva sostenible de largo plazo y por lo tanto una
economía que nos haga viables en el contexto interno y
externo, valga decir de tener la capacidad para atender la
demanda nacional que cubra las necesidades de la población
guatemalteca y de otro lado la demanda del mercado
internacional, donde ambas contribuyan al crecimiento
económico.
Es esta estructura de corto plazo, determinada por
condiciones coyunturales tanto internas como externas, la que
por cerca de 60 años nos ha mantenido cautivos,
desempeñando un papel determinante en la configuración de
nuestra Realidad Nacional el carácter de las relaciones sociales
de producción y de propiedad, que imposibilitan realizar
cambios en la manera en que Guatemala lleva a cabo la
producción y distribución de la riqueza, y por ende en la
estratificación social, haciéndola más elitista y concentrada.
6.
Estructura del -PIB- por Bienes y Servicios.
Esta es una forma más especifica o concreta de la
integración del -PIB- ya que partiendo de la actividad
económica total, se establece una división en dos facetas que
son los Bienes identificados con la producción real; mientras
que los Servicios se refiere a los intangibles.
117
La división en la composición de las actividades de
acuerdo a su carácter de productivas o improductivas,
reafirma que en efecto la economía nacional aunque
lentamente se encamina hacia una terciarización, lo que a su
vez implica mayor presencia del capital financiero cuando los
servicios muestran una tendencia constante y creciente de
participación en el -PIB-, al remontarse del 52% en 1950-1954
hasta el 58.0% en el 2000-2006. Tendencia contraria
presentan los bienes cuando se encaminan hacia la
disminución, al pasar del 48.0% en 1950-1954 al 42.0% en el
2000-2006, lo cual es un indicador de que están cediendo su
espacio a las actividades improductivas, o lo que es lo mismo
el capital industrial interviene en menor proporción en la
esfera de la producción.
Cuadro No. 4
ESTRUCTURA DE BIENES Y SERVICIOS EN EL PRODUCTO INTERNO BRUTO
PERÍODO 1950-2006
Quinquenio 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
1954 1559 1964 1969 1974 1979 1984 1989 1994 1999 2006
Actividad
Total PIB
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
a) Bienes
48.0
46.2
46.2
46.2
46.7
47.0
46.2
45.8
45.0
43.6
42.0
b) Servicios
52.0
53.8
53.8
53.8
53.3
53.0
53.8
52.2
55.0
56.4
58.0
Fuente: Elaboración propia con base a información del Banco de Guatemala.
Lo que evidencia los porcentajes de los bienes y
servicios es que en Guatemala se esta dando un proceso de
transformación gradual de su estructura económica, que en el
pasado si bien no fue la más adecuada, cuando se sustentaba
en especial en las actividades agropecuarias, ahora con tal
comportamiento la economía nacional se torna mas inviable,
cuando la producción de servicios y por ende su prestación,
refuerzan los vínculos de dependencia con el mercado externo.
118
Algo más, la invisibilidad de este fenómeno radica en
que la prestación de servicios se concentra o es demandada
por un determinado sector de la población, que es aquella que
también se encuentra en una relativa posición de privilegio en
la estratificación social, tal el caso de los llamados productos
financieros que prestan los bancos, o la compra de una serie
de aparatos, carros, etc. que son “indispensables” para
mantener el “status” y “confort” que exige la vida moderna,
estimulando el consumo suntuario, que se traduce en un
drenaje de divisas al exterior, convirtiéndose esto en un circulo
pernicioso cuando en efecto ingresan divisas a la economía
por diversos mecanismos, pero casi de forma simultánea
vuelven a salir o “se escapan” al importar bienes.
Esta división del -PIB- en Bienes y Servicios, teniendo
mayor peso ésta última, es consecuencia del avance del
capitalismo, por medio de una presencia más dominante del
capital financiero en desmedro del capital productivo, cuyo
resultado inmediato se manifiesta en la disminución relativa
de la masa de fuerza de trabajo empleada en las actividades
productivas, lo cual coadyuva a generar desempleo ya sea de
tipo estacional o estructural, a presionar sobre el nivel de
salarios, inversión, ahorro y demanda efectiva.
7.
Estructura de las actividades productivas.
En el apartado precedente, se hizo una separación en la
integración del -PIB- entre actividades productivas (bienes) e
improductivas (servicios).
A continuación se tiene una interpretación de los
renglones que integran cada una de esas dos grandes
divisiones, a efecto de determinar su peso, esto debido a que
cuando de manera general se alude al -PIB- se toman
indistintamente las actividades que producen riqueza en
sentido estricto (agricultura, minas, industria, construcción,
electricidad), con otras que se mueven en la esfera del
119
intercambio o de la circulación mercantil (transporte,
comercio, banca, vivienda, administración, servicios privados),
las cuales de una u otra manera por la función que
desempeñan, captan riqueza o hacen efectiva la plusvalía
creada en los sectores productivos.
De acuerdo a la economía política, la división del
producto en Bienes y Servicios, responde a que unas veces el
capital dentro del ciclo de circulación se encuentra en la esfera
de la circulación y otras en el ámbito de la producción.
Según lo expresado en el siguiente cuadro se expone
una separación entre los sectores creadores de riqueza,
dejando de lado aquellos que corresponden a los servicios.
Cuadro No. 5
ESTRUCTURAS DE LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS
PERÍODO 1950–2006
Quinquenio
Actividad
Total de Bienes
Agricultura, Silvicultura,
Caza y Pesca
Explotación de Minas y
Canteras
Industria Manufacturera
1950
1955
1960
1965
1970
1975
1980
1985
1990
1995
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
2000
A
1954
1959
1964
1969
1974
1979
1984
1989
1994
1999
2006
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
67.6
64.5
65.0
60.4
59.6
56.3
54.4
56.2
56.0
54.3
54.0
0.4
0.5
0.3
0.2
0.2
0.3
0.7
0.6
0.7
1.2
1.2
25.4
26.9
28.7
33.0
33.9
34.0
34.7
34.0
32.6
31.6
30.4
5.5
6.7
4.2
4.0
3.6
6.1
6.4
4.3
4.7
5.3
4.1
Electricidad y Agua
1.1
1.4
1.8
2.4
2.7
3.3
3.8
4.9
6.0
7.6
10.3
Construcción
Se tiene que la principal actividad productiva en la
economía nacional, desde tiempos remotos es la Agricultura,
Silvicultura, Caza y Pesca, aunque hoy en día su presencia es
menor, cuando manifiesta un comportamiento decreciente en
todo el período analizado de un 13.6%, al pasar del 67.6% en
1950-1954 al 54.0% en 2000-2006.
120
En cuanto a la segunda actividad productiva que se
concentra en la Industria, su tendencia ha sido en sentido
contrario ya que en el mismo período se ha remontado del
25.4% al 30.4% que representa un crecimiento del 5.0 %.
También se observa que al tomar de manera conjunta
ambas actividades (agricultura e industria), éstas han venido
experimentando menos participación en la conformación del
-PIB- al situarse del 93.0% en 1950-1954 al 84.0% en
2000-2006, hecho que se debe principalmente a la pérdida de
dinamismo en la agricultura. Si bien la agricultura y la
industria han recorrido tendencias diferentes al interior de la
estructura de las actividades productivas, la primera
disminuyendo y la segunda creciendo, esto cambia cuando se
les relaciona con la totalidad del -PIB- pues allí su
participación porcentual como ya se mencionará, en ambos
casos es decreciente.
Del panorama descrito se infiere que el menor
crecimiento de la agricultura, no ha sido cubierto por la
industria, y mucho menos por aquellos renglones que de
alguna manera desde el punto de vista productivo, se
asemejan a la misma que son la construcción, la electricidad,
o la minería, lo cual nos muestra que la economía va
abandonando con el transcurso del tiempo, aquella
peculiaridad
del
pasado
de
ser
una
economía
“predominantemente agrícola”, pero que tampoco se encamina
hacia una industrialización, representando una contradicción
que todavía esta lejos de resolverse. No obstante ello, debe
reconocerse que a Guatemala, se le sigue considerando como
una sociedad agraria, subdesarrolla por la presencia de
factores que van desde el momento en que la tierra es el
principal medio de producción y que su población todavía se
concentra en el área rural.
121
8.
Estructura de las actividades improductivas.
Estas actividades no forman parte del capital
productivo, pero que son necesarias para la realización de la
plusvalía creada en la órbita de la producción, puesto que
dicha plusvalía existe dentro de ella y fuera de ella. En tal
sentido, para el capital no tendría ningún objetivo producir
mercancías y plusvalía si no se materializa, por lo que es
indispensable trasladarlas al mercado para su compra-venta,
ya que esa es precisamente la finalidad que cumple aquella
parte del capital que en el ciclo del capital, interviene en la
esfera de la circulación.
El sector que absorbe la proporción más alta de las
actividades improductivas se encuentra en el Comercio al por
Mayor y al por Menor. No obstante su participación dentro de
ellas, al igual que cuando se le relaciona con el total del -PIB-,
en
ambos
casos
manifiesta
una
disminución.
Su
comportamiento es del 50.7% en 1950-1954 al 42.4 % en el
2000-2006 significando una caída del 8.3 %.
Cuadro No. 6
ESTRUCTURA DE LAS ACTIVIDADES IMPRODUCTIVAS
PERÍODO 1950-2006
Quinquenio
Actividad
Total Servicios
Transporte,
Almacenamiento y
Comunicaciones
Comercio al por Mayor y
al por Menor
Banca, Seguros y Bienes
Inmuebles
Propiedad de Vivienda
Administración Pública y
Defensa
Servicios Privados
1950
a
1954
1955
a
1959
1960
a
1964
1965
a
1969
1970
a
1974
1975
a
1979
1980
a
1980
1985
a
1989
1990
a
1994
1995
a
1999
2000
a
2006
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
7.3
9.2
9.5
9.9
11.0
12.3
12.7
13.5
15.0
16.0
19.1
50.7
49.5
49.2
52.2
53.2
52.7
49.3
45.7
44.0
43.6
42.4
2.4
16.6
2.8
16.2
4.0
16.0
4.3
14
4.4
11.9
5.5
8.9
6.6
9.0
7.0
9.7
8.0
9.0
9.0
8.2
8.6
8.0
11.9
11.1
11
11.3
10.2
11.1
9.0
10.6
9.0
10.5
9.3
11.3
10.9
11.5
12.6
11.5
13.2
10.8
13.0
10.2
11.7
10.2
122
La magnitud en el crecimiento de las otras actividades
improductivas es considerablemente menor, sin embargo
algunas de ellas, entre las que figuran el Transporte,
Almacenamiento y Comunicaciones; la Banca, Seguros y
Bienes Inmuebles, manifiestan una tendencia más dinámica
en especial el Transporte al pasar del 7.3% en 1950-1954 al
19.1 % en 2000-2006
En cuanto a las otras actividades improductivas que
son Propiedad de Vivienda; Administración Pública y Defensa;
y Servicios Privados, se han mantenido relativamente estables
en su comportamiento, con excepción de la Propiedad de
Vivienda que ha experimentado una caída del 8.6 % cuando
en 1950-1954 su participación era de 16.6% y en el
2000-2006 bajo al 8.0 %.
Este análisis del grado de participación de cada uno de
los renglones identificados con los servicios, tanto en la
integración de las actividades improductivas, como en la
conformación total del -PIB-, evidencia que el débil e
insuficiente comportamiento de la economía nacional por el
lado de la producción real, tampoco ocurre por parte del
capital improductivo, que no sustituye a aquel, lo cual hace
pensar en la necesidad de estructurar con carácter de urgente
una política económica de mediano y largo plazo que haga
sostenible el crecimiento económico, a efecto de que se
constituya en el punto de partida para buscar con efectividad
la erradicación de la problemática socioeconómica que el país
enfrenta cada vez con mayor profundidad, en la medida en que
se deja de hacer.
Es indispensable indicar que es en la forma en que esta
estructurada la producción, mas que en la esfera de la
circulación donde se debe hacer énfasis para obtener un
crecimiento sostenido, orientado tanto al mercado interior
como exterior.
123
El Premio Nobel Joseph Stiglitz cuestiona la efectividad
del PIB para medir crecimiento de los países**
Los instrumentos de medida del crecimiento “sólo
compensan a los gobiernos que aumentan la producción
material” y no el bienestar, lamentó el economista
estadounidense y premio Nobel Joseph Stiglitz, a quien el
presidente de Francia, Nicolás Sarkozy, encargó el martes una
reflexión sobre este tema.
“Hace mucho tiempo que existe entre los economistas
un fuerte sentimiento de que el producto interno bruto (PIB)
no es un buen instrumento de medida”, explicó en una
entrevista.
“El PIB no mide adecuadamente los cambios que
afectan el bienestar, ni permite comparar correctamente el
bienestar en los diferentes países”, agregó.
Cuando un dirigente político “trata de maximizar el PIB,
como el PIB no es un buen instrumento de medida, estará
tratando de maximizar algo inadecuado y hasta puede ser
contraproducente”, prosiguió.
Stiglitz, que es profesor en la Universidad de Columbia,
en Nueva York, confirmó el martes que, a pedido de Sarkozy,
presidirá una comisión para estudiar los instrumentos.
El
“amplio
mandato”
confiado
al
académico
estadunidense de 64 años, conocido por su franqueza y por
sus posiciones altermundistas, apunta a “crear una comisión
de estudios sobre cómo medir el bienestar”.
**
Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=61634.
124
Stiglitz contará con el apoyo de otro premio Nobel, el
economista indio Amartya Sen, quien participará en estos
trabajos que se iniciarán “muy en breve” y terminará “dentro
de un año y medio o dos”.
El ex economista jefe del Banco Mundial, cuya renuncia
en 1999 resonó con gran estrépito, expresó su deseo de que
estas investigaciones influyan sobre un área mayor que
Francia.
“Con un poco de suerte, esto tendrá consecuencias en
todo el mundo”, dijo, y añadió “la construcción de
instrumentos de medidas complementarias” a los índices
actuales ejercerá un impacto “sobre las estadísticas francesas,
pero también sobre las de otros países”.
Incluso “hay discusiones sobre la posibilidad de que
otros países participen o de ampliar” los trabajos”. “La
cuestión de si este trabajo se hará sólo con el auspicio del
gobierno francés o si otros participantes se unirán a nosotros
sigue abierta”, dijo.
Para Stiglitz, en efecto, el debate es mundial, y se ha
tornado particularmente urgente debido a los problemas
causados por el calentamiento del planeta: “y esto nos obliga a
repensar las cosas”, comentó.
“Los instrumentos tradicionales de medición del PIB no
toman en cuenta la degradación del medio ambiente, ni la
desaparición de los recursos naturales”, observó.
Estos instrumentos, como el PIB, “sólo compensan a los
gobiernos que aumentan la producción material, pero si se
mejora la calidad de vida, eso no aparece como un aumento de
consumo material, entonces no se amplía el PIB y el gobierno
es criticado”. A la inversa, un crecimiento del PIB puede
disimular una degradación violenta del bienestar de la
población, advirtió.
125
Toda correspondencia, suscripciones, colaboraciones y canje por revistas de
Ciencias Sociales de cualquier parte del mundo deben dirigirse a:
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Guatemala, abril 2008.

Corrupción e Impunidad. Página 1

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