Gobierno de Brasil es nuevamente requerido por la Comisión

Gobierno de Brasil es nuevamente requerido por la Comisión

PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA:
Abril 16 de 2012
CONTACTO:
Astrid Puentes, co-directora AIDA: (+1) 202-294-3285, [email protected]
Andressa Caldas, directora Justicia Global: (+55-21) 8187-0794, [email protected]
Roberta Amanajás, abogada SDDH: (+55-91) 8162-1232, [email protected]
Gobierno de Brasil es nuevamente requerido por la Comisión Interamericana
para explicar situación de derechos humanos por Belo Monte
Brasilia, Brasil. El pasado 11 de abril la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
(CIDH), órgano de la Organización de Estados Americanos (OEA), solicitó al gobierno brasileño
aclarar la situación de las comunidades tradicionales de la cuenca del Río Xingu, afectadas por la
construcción de la Represa Hidroeléctrica de Belo Monte. Esta es la segunda exigencia que la
Comisión pide al gobierno, en seguimiento de las medidas cautelares otorgadas en abril de 2011.
La CIDH solicitó al gobierno informar acerca de la mala calidad de agua del Río Xingu, que
estaría ocasionando problemas de salud a las comunidades tradicionales e indígenas y sobre el
proceso de reubicación de los agricultores y otras poblaciones tradicionales, cuyos derechos
estarían siendo violados. Adicionalmente, la CIDH solicitó información sobre la implementación
de las medidas para mitigar los impactos de la construcción de la represa.
El requerimiento al gobierno se dio como respuesta a las denuncias enviadas a la CIDH por las
organizaciones Sociedad Paraense de Defensa de Derechos Humanos (SDDH), Justicia Global,
Movimiento Xingu Vivo para Siempre (MXVPS) y la Asociación Interamericana para la Defensa
del Ambiente (AIDA), enfatizando en las tierras indígenas de Paquiçamba y Arara da Volta
Grande, que son directamente afectadas por las obras de Belo Monte.
“Esta solicitud de información es una buena noticia pues evidencia que la Comisión está
siguiendo de cerca la implementación de Belo Monte, para proteger los derechos humanos”,
señaló Astrid Puentes, co-Directora de AIDA. “Esperamos que el gobierno demuestre su
voluntad y responda lo antes posible e implemente medidas de protección efectivas”, puntualizó.
En enero, con la construcción de la primera barrera del Xingu, los indígenas comenzaron a tener
problemas por la calidad del agua. El Ministerio Público Federal realizó un análisis
independiente de la calidad del agua en el Instituto Evandro Chagas, pero los resultados todavía
no han sido publicados. De acuerdo con el Ministerio Público, este monitoreo debe ser continuo
debido al peligro de contaminación del río por la represa.
Otro problema denunciado ante la CIDH es la falta de un plan de reasentamiento para las
comunidades afectadas por la construcción de Belo Monte. Ante la falta del plan, las personas
aceptaron como indemnización la mitad o menos del valor del mercado por sus tierras, porque no
poseían título formal de la tierra, y tenían temor de ser expulsados sin pago alguno.
Este fue el caso de los habitantes de la comunidad de Santo Antonio, en donde existían 252
propiedades de pequeños agricultores, de los cuales sólo 26 poseían un título formal de las
tierras. En uno de los casos, un agricultor recibió USD$3,775 de indemnización por 361.51m2 de
tierra avaluados en USD$11,787.
La CIDH le dio 20 días al estado de Brasil para presentar la aclaración de la información
solicitada. “La acción de la CIDH busca principalmente que el Estado brasilero cumpla con los
tratados internacionales de defensa de derechos humanos y en el caso de Belo Monte, hay
innumerables indicios de que éstos derechos están siendo violados”, dijo Roberta Amanajás,
abogada de SDDH.
PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA:
Abril 16 de 2012
Mayor información:
www.xinguvivo.org.br
www.aida-americas.org/es/project/belomonte