Nuestro Diario, un caso paradigmático

Transcripción

www.saladeredaccion.com
Agosto de 2008 • Año 5 Número 64
Nuestro Diario,
un caso paradigmático
Un asunto de naturaleza legal mercantil es batallado en el
área laboral, donde se sientan precedentes cuestionables, sin
que los trabajadores vean beneficios de fondo
Reporteros sindicalizados de Nuestro
Diario son enfáticos: “No apoyamos
a ningún grupo de accionistas”
Editores de ese matutino, temporalmente
en otra sede, aseguran: “Mantenemos
nuestra neutralidad en el conflicto”
Sin libre
acceso a toda
la información,
no se puede lograr una total
transparencia
Centro Civitas:
0 calle “A” 30-05, zona 7, Utatlán I, Ciudad de Guatemala, Centroamérica.
Teléfonos y fax: (502) 24 346 655 y 24 347 694
[email protected] y [email protected]
[email protected]
[email protected]
www.centrocivitas.org
15
4Editor:
Miguel González Moraga
4Editoras adjuntas:
Odeth Alvarado
Yecenia Enriquez
La agudización del conflicto por
el control de Nuestro Diario obliga a la Oficina del Procurador de
los Derechos Humanos (PDH) a
una intervención más activa.
Caricaturas:
Alfredo Morales
José Manuel Chacón
Jota Ce
04
19
21
22
23
24
4Centro Civitas:
Odeth Alvarado
Comunicación Social
Silvia Trujillo
Observación de Medios
Yecenia Enriquez
Programa permanente de
atención a periodistas
Miguel González Moraga
Capacitación a periodistas
y fuentes informativas
Carlos Morales Monzón
Derechos relacionados con libertad de emisión del pensamiento
Claudia Navas Dangel
Cultura
Victoria Tubín
Racismo y discriminación
Mirza Colindres
Responsabilidad Social Empresarial
Evelyn Blanck
Medio ambiente
4Diseño Editorial:
16
Con voz de versado
Alejandro Argueta, abogado, sostiene que pocos eventos que afectan al movimiento laboral son explicados, valorados y juzgados por
los medios.
Directorio
Editorial: DEFICIENTE INVESTIGACIÓN DEL MP
La Ley de acceso y su aplicación en México
Pulso latino
El disfraz en la relación laboral
Más que mil palabras: Dermin Revolorio
Periodismo: una profesión en harapos
El cartero
Lo publicado sobre el asunto de Nuestro Diario fue muy pertinente
y sirvió para entenderlo. Aunque su origen es entre grupos empresariales, ya se convirtió en asunto público. Olvidaron mencionar que
el abogado José Quesada, asesor de Prensa Libre, es magistrado
suplente de la Corte de Constitucionalidad.
Carina Gallardo,
Quetzaltenango, Guatemala.
Comunicación Ilimitada
Centro Cívitas
Envíe sus cartas y comentarios por
correo, correo electrónico o fax.
0 calle “A” 30-05 zona 7,
Utatlán I, Guatemala.
Teléfonos: (502) 24 346 655 y
(502) 24 347 694
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[email protected]
Excelente artículo acerca de la realidad de la Escuela de Ciencias
de la Comunicación de la Usac (Sala de Redacción 63). La falta de
presupuesto es la excusa de la mediocridad. La Universidad posee
una radio, un canal de televisión y un periódico interno, pero los
alumnos de la escuela apenas si tienen oportunidad. Esos medios
debieran ser parte integral de la formación. La Escuela necesita una
revolución interna.
Edgar L. Arana Paredes, asesor del Despacho, Secretaría
de Comunicación Social de la Presidencia de la República.
Guatemala, ciudad.
Esta publicación es posible gracias al patrocinio de
Contenido
Me interesa lo que acontece en Nuestro Diario, por aquello de la
ética, la libertad, la independencia y otros.
Percy Méndez
Guatemala, ciudad.
3
El ojo del editor
Editorial
4
Sala de Redacción
Agosto 2008
No. 64
Deficiente investigación del MP
En Guatemala, contrario a
la repetida opinión de las
autoridades, los índices
de violencia crecen y no
se reducen, lo cual puede
ser demostrado con las
mismas estadísticas de
las fuerzas de seguridad.
Los periodistas, como
el resto de la población
guatemalteca, no se escapan de esa ola criminal.
Muestra de ello es que
en lo que va del año se
han conocido más de
70 hechos delictivos en
contra de trabajadores de
medios informativos, los
cuales han sido deficientemente investigados por
la Fiscalía Especial de
Delitos contra Periodistas,
del Ministerio Público
(MP). En esa larga lista
se incluye el asesinato del
reportero coatepecano
Jorge de Jesús Mérida
Pérez, abatido a balazos
el 10 de mayo pasado.
Recién el 21 y 22 de
agosto, elPeriódico
denunció el secuestro
y la posterior liberación
de su presidente, Jose
Rubén Zamora, y las
intimidaciones en contra
de Óscar Ismatul, uno de
sus reporteros. Después
de dos días de condenas
y muestras de solidaridad
—incluso, hubo rumores
enfocados a descalificar
esa denuncia pública—,
el asunto pasó a segundo
plano. Como en otros
casos de violencia contra
periodistas, no hubo autoridad gubernamental que
se refiriera a los hechos
divulgados.
Resulta paradójico que la
Unidad de Protección de
Defensoras y Defensores
de Derechos Humanos,
una ONG independiente,
tenga más y completos
informes que el MP en casos como los mencionados. Eso, en la práctica,
abona a favor de quienes,
desde las sombras, se
saben con la impunidad
garantizada.
El MP debe investigar la
veracidad de las denuncias, a la vez de divulgar las que no tengan
sustento y que podrían
derivar en la pérdida de
credibilidad del gremio periodístico. Eso contribuirá
a revertir el sentimiento
de indefensión de los
comunicadores sociales,
en particular, de quienes
ejercen en los departamentos, los que prefieren
guardar silencio antes
de exponerse a que las
amenazas se conviertan
en hechos.
Su opinión nos interesa. ¿Qué temas le gustaría que abordáramos?
Envíenos sus respuestas a [email protected]
E
n lo que va del año,
Radio Televisión
Guatemala, S.A., y Televisiete, S.A., —canales 3 y
7— han ganado cuatro licitaciones de la Secretaría
de Comunicación Social
de la Presidencia por casi
Q8.5 millones. Además,
el Congreso aprobó el 3
de septiembre una rebaja
del ISR a los canales de
la televisión abierta y a
empresas vinculadas con
ésta, lo que les reportará
beneficios millonarios.
No se requiere mucho
seso para interpretar ambos hechos como un pago
a los favores políticos durante la campaña electoral
de 2007.
Durante el gobierno de
Oscar Berger, el monopolio de hecho de la televisión facturó de dependencias oficiales más de
Q70 millones, de acuerdo
con datos que pueden ser
consultados en el sitio web
Guatecompras.
Dichosos
¿Se va
el Siglo?
l diario Siglo Veintiuno
parece tener los días
contados. De ser ciertos
los datos que circulan en el
gremio periodístico, en los
próximos meses su administración será liquidada, por
acuerdos entre accionistas
de Corporación de Noticias y
Aldea Global, casas editoras
de ese diario y de elPeriódico, respectivamente. Todo
apunta a fortalecer a elPeriódico y a Al Día, al mismo
tiempo de prescindir de Siglo
Veintiuno.
El ojo del editor
E
5
A
Primera
título P
personal
lana
6
Nuestro Diario,
un caso
paradigmático
Un asunto de naturaleza legal mercantil
es batallado en el
área laboral, donde se
sientan precedentes
cuestionables, sin que
los trabajadores vean beneficios de fondo. El
de Nuestro Diario se
convierte en un caso
paradigmático, que
refleja cómo comúnmente en Guatemala
los empleados se ven
afectados por los conflictos entre empresarios, cómo el sistema
no funciona en protección de los primeros y
cómo las influencias
de grupos con poder
impactan los procesos
judiciales.
De la Redacción
E
l caso de Nuestro
Diario es bastante
complejo, más de
lo que parece a
simple vista, pues englobaría
actuaciones de cuatro grupos
independientes. Eso es, por
lo menos, lo que asegura la
mayoría de involucrados.
Por un lado, está el equipo
donde la cabeza visible es
Jorge Springmühl, accionista
minoritario de las empresas
del Grupo Prensa Libre y quien
hasta los primeros meses de
este año era el gerente general
de Diarios Modernos, S. A.,
casa editora de Nuestro Diario.
También es muy visible en la
arena legal el equipo conformado alrededor de los accionistas mayoritarios, empeñados en retirar a Springmühl de
su cargo.
Los otros grupos protagonistas están conformados por
empleados, quienes aseguran
actuar en defensa de sus
derechos. Cada uno por separado, tanto el conformado por
periodistas como el integrado
por trabajadores administrativos, buscan la formación de
sindicatos y enfrentan acciones legales de los accionistas
mayoritarios de Prensa Libre,
quienes desean impedirlo.
Entre todos han armado una
maraña legal, que sentará
precedentes jurídicos en un
campo, el laboral, que, en
opinión de expertos, quizá no
debió haber sido la arena de
batalla.
Versiones de
los antecedentes
En una página colgada en internet, Springmühl señala que
el caso se remonta a febrero
de 2007, cuando él, Édgar
Contreras y Gonzalo Marroquín se convirtieron en accionistas de algunas de las empresas, al adquirir entre todos
un 27.27% de las acciones.
Según ellos, un mes después
la asamblea de accionistas
acordó que serían distribuidos
dividendos entre los socios, un
hecho de importancia, pues en
apariencia éstos les facilitarían
el pago de la deuda bancaria.
Luego, se indica, en mayo de
ese mismo año, Prensa Libre
La opinión de la minoría
En lo que va del conflicto,
los accionistas minoritarios
han publicado tres desplegados de prensa. El primero
fue utilizado para explicar,
desde su punto de vista,
el origen del conflicto. Su
representante legal, Jorge
Springmühl, denunció haber
sido “objeto de amenazas”.
El más notable de todos
—el 2 de septiembre— fue
encabezado con el logotipo
de Prensa Libre. Aclara
una noticia publicada por
ese medio el 29 de agosto,
donde los mayoritarios
rechazan la intervención
financiera y descalifican a la
jueza que ordenó la misma.
En el tercero, fechado 3
de septiembre, el “grupo
de abogados de los socios
minoritarios”, entre otras
cosas, insisten en sus puntos
de vista, además de criticar
al vicepresidente de Prensa
Libre, Mario Antonio
Sandoval. “Las demandas
y denuncias planteadas
(…) fueron consecuencia
de las infames, cobardes y
prepotentes acciones que
los accionistas mayoritarios
planificaron (…)”.
Postura
A
Primera
título P
personal
lana
presentó a los accionistas
varios planes para la compra
de una nueva rotativa, los
cuales fueron cuestionados por
los minoritarios. Alegando la
existencia de errores técnicos
y sobrevaloración en las ofertas, éstos solicitaron nuevos
estudios para la compra de
una máquina.
Entre tanto, según alegan
Springmühl y su equipo, se
abre un nuevo espacio de discordia, pues en julio de 2007
otros accionistas minoritarios,
los hermanos Zarco, reclamaron por impago de dividendos
de una de las empresas y exigieron un informe de la firma
Price Waterhouse Coopers.
Aseguran que sólo recibieron
la amenaza de que les serían
recortados más sus ingresos.
Por su parte, los accionistas
mayoritarios indican que no
son ciertas las afirmaciones de
los minoristas en cuanto a los
orígenes del conflicto
y a otras acusaciones,
sino que las actuaciones de éstos, de alegatos por la compra de
la rotativa e impago de
dividendos, obedecen
a sus deseos de saldar
cuentas añejas (Sala de
Redacción, No. 53).
Lo cierto es que las
acusaciones entre uno
y otro grupo subieron de
tono, hasta que el 27 de
marzo estallaron los conflictos entre los accionistas. Ese día se resuelve,
en asamblea general, que
cualquier diferencia entre
ellas y ellos sería resuelta
por medio de arbitraje.
El acuerdo prácticamente
habría significado, a juicio
de un grupo de trabajado-
7
Nrimera
P
oticias P
para
lanalos medios
Los primeros rounds
8
El 30 de abril de 2008, un grupo de trabajadores coaligados
de Nuestro Diario, la mayoría
administrativos, emplaza a
Diarios Modernos, S. A., en el
Juzgado Sexto de Trabajo y
Previsión Social, de la Primera Zona Económica. Uno de
sus representantes indica que
realizaron dicha acción porque
en octubre de 2007 Prensa
Libre había propuesto absorber el departamento financiero
de Nuestro Diario, lo cual, para
ellos, significaba reorganización y despidos. Para Springmühl, que los socios mayoritarios buscaban tener control
sobre el 35% de la facturación
total del grupo.
Uno de los representantes del
grupo coaligado informa que
Foto: René Ruano
res administrativos de Nuestro
Diario, que las asambleas de
accionistas quedaban suspendidas. Por eso, opinan que el
acta de asamblea del 25 de
abril, por medio de la cual se
le revoca su mandato a Jorge
Springmühl como gerente
general, “es falsa”, pues no se
convocó a todos los socios y
socias. “Es más, las reuniones
siempre se hacían en nuestras
oficinas, pero esa vez la efectuaron en el edificio Géminis y
no estaban allí ni el secretario
del Consejo de Administración,
Rodrigo Castillo, ni los abogados que normalmente asisten
al grupo”, cuentan.
El hecho es que, a partir de
entonces, se da inicio a una
batalla legal por la permanencia de Springmühl al frente de
Nuestro Diario, pero también
para evitar perjuicios a los
trabajadores.
Agentes de una empresa privada de seguridad resguardan el ingreso
a Nuestro Diario. Todas las personas que entran son registradas por
hombres armados.
escogieron esa figura jurídica,
y no la de un sindicato, porque
la empresa, como había sido
dirigida por Springmühl, “era
muy buena”. Otro grupo de trabajadores de ese medio indica
que se decidió utilizar la figura
del grupo coaligado, para amparar también al gerente como
uno más de los trabajadores,
algo que no permite la figura
del sindicato.
En su alegato de emplazamiento, 22 empleados solicitaron
nueve puntos: estabilidad
laboral, cumplimiento de los
contratos de trabajo, cese
de prácticas intimidatorias,
aumento de Q1,500 mensuales
a partir de enero para todas y
todos los trabajadores, garantía
de permanencia de las ventajas
económicas logradas, un bono
anual para compensar el alza
de los combustibles, un bono
escolar, un bono de aguinaldo
y la conformación de una junta
mixta para dirimir controversias,
integrada por tres representantes de la parte patronal y tres
de los laborantes.
Consultados respecto de las
prácticas intimidatorias que
alegaron, indican que constantemente eran presionados por
auditores de Prensa Libre, más
las amenazas constantes de
despidos de personal. Sobre
el resto de reivindicaciones
solicitadas, informaron que
la finalidad era equiparar al
personal de Nuestro Diario con
el de Prensa Libre, además de
que los primeros ya gozan de
algunas ventajas, como opciones para compra de vehículos
para algunos y un bono anual.
El caso es que cuando los accionistas mayoritarios llegaron
a la empresa para destituir
a Springmühl, el 9 de mayo,
sólo pudieron permanecer una
semana en el lugar, porque el
12 de mayo, al estar emplazada la empresa, el juez sexto de
Trabajo, Carlos Osvaldo Reyes
González, ordena la reinstalación del gerente general.
En su resolución, el juez
sexto ordena a los mayoritarios
cancelar una multa equivalente a 25 salarios mínimos
Qué dicen los mayoritarios
A través de algunos editoriales, notas informativas y un
desplegado de una página,
los socios mayoritarios han
fijado su posición.
El viernes 29 de agosto, se
reportó: “Juez ordena intervención ilegal de Prensa
Libre”. En la nota, entre
otras cosas, se rasalta que la
medida judicial, según los
abogados de los mayoritarios, era ilegal y sería revertida “muy rápidamente”, lo
cual ocurrió a la
semana siguiente.
En un desplegado de una
página, el 1 de septiembre,
los mayoritarios aseguraron
que “se ha recurrido a campañas negras impulsadas
por la televisión abierta”.
A la vez, solicitaron a los
lectores de ese diario “comprensión”, pues no podían
callar “ante las agresiones”.
“Es imperioso denunciar
las prácticas corruptas que
se han ejecutado por la via
judicial”, puntualizaron.
Postura
P
lanalos medios
Nrimera
oticias P
para
para actividades no agrícolas
(Q36,880.29) e indica que
de no cumplirse la orden se
abrirá un proceso por delito de
desobediencia.
A partir de entonces, en vez de
iniciar un incidente de cancelación del contrato del gerente,
como correspondía en ese
ámbito, apelaron la decisión
del juez sexto en la Corte de
Constitucionalidad (CC) y respondieron tratando de invalidar
el emplazamiento.
En acción realizada el 6 mayo,
el grupo de los mayoritarios
argumentó que la medida
no correspondía, ya que el
grupo solicitante no agotó
los procesos establecidos en
el Código de Trabajo para
dirimir el conflicto y negociar
un convenio colectivo. Han
argumentado que según esta
herramienta legal sólo las
“instituciones reguladas”, como
los sindicatos, podrían haber
actuado directamente
en los tribunales, sin
agotar un proceso de
negociación con los
patronos.
Asimismo, los socios
mayoritarios esgrimieron
que la orden de reinstalación de Springmühl fue
ejecutada ilegalmente,
porque la notificadora le
dio posesión de su cargo
en la calle. Además,
que la reinstalación no
correspondía, porque un
Conflicto de Jurisdicción
presentado por ellos, el 13,
debió haberla suspendido.
Alegaron también que la
reinstalación “provoca un
estado de indefensión notorio y una violación flagrante
al Derecho de Defensa”, al
constituir a Springmühl en
parte y contraparte. Es decir,
9
Noticias
Primerapara
Plana
los medios
10
10
en demandante y representante legal de la demandada.
Los mayoritarios también han
alegado, hasta el cansancio,
que no hay juzgado de trabajo
que invalide la decisión de la
asamblea de accionistas de remover al gerente de su cargo,
en tanto éste es un empleado
de confianza. Hay analistas
del derecho laboral que no
comparten dicha apreciación,
pues estiman que todos los
empleados, incluyendo los de
confianza, deben estar amparados por la ley.
En el ínterin de estas acciones, el Juzgado Sexto inició
una acción de enmienda del
procedimiento, ya que el notificador del Juzgado Segundo de
Trabajo no había realizado la
notificación del emplazamiento
a los trabajadores conforme
lo indica la ley, lo cual podría
afectar el proceso. De manera
insólita, los trabajadores han
buscado suspender el proceso
de enmienda cuya finalidad
sería favorecerlos.
El 5 de julio, con orden judicial
en mano, los accionistas mayoritarios llegaron de nuevo a
tomar posesión de la gerencia.
Springmühl hace un recorrido por varios juzgados de la
ciudad, en busca de uno que
acceda a reinstalarlo en su
puesto. Como sus acciones
resultan infructuosas, acude a
un juzgado de lo Económico
Coactivo en Cobán, Alta Verapaz, y éste ordena su reinstalación. Una de las incógnitas
mayores de este proceso es
por qué este juez ordena la
intervención de un contingente
de agentes de la Policía Nacional Civil, cuando el trámite a
observar para la reinstalación
es meramente administrativo
y no se necesita de fuerza
Voz de los trabajadores
El 3 de septiembre, en la página 23 de Nuestro Diario, los trabajadores se quejaron, entre
otras cosas, de que por el conflicto entre los
accionistas no les habían pagado. Además, denunciaron ser víctimas de acoso para que abandonaran sus puestos. Aprovecharon el espacio
para instar a los bandos en pugna a dialogar.
pública alguna.
Los socios mayoritarios apelan la resolución en la CC y
esgrimen que el juzgado de
Cobán carece de jurisdicción
sobre el caso. Los abogados
de Springmühl indican que sí,
porque hay una agencia de
Nuestro Diario en la localidad.
El gerente y sus asesores también inician acciones en otras
localidades del país.
El 14 de agosto, los socios
mayoritarios logran un tanto a
su favor, pues provisionalmente
la CC deja sin efecto la resolución del juez de Cobán, lo cual
dicen que les garantiza retomar
el control del periódico.
¿Laboral?
Lo notorio en el caso es que el
alegato de un grupo de trabajadores a favor de su estabilidad
laboral y de algunas reivindicaciones parece haberse
desvanecido ante las acciones
desarrolladas para mantener o
retirar a Springmühl de la gerencia general. De hecho, en el
proceso no ha habido prácticamente esfuerzos para discutir
aspectos fundamentales en el
campo de los derechos laborales. Los mayores argumentos
de las acciones emprendidas
provienen, en realidad, del
ámbito mercantil.
Los dos grupos de trabajadores
organizados, fincados ambos
en la sede de
Nuestro Diario, explican que su tiempo
se ha visto consumido por la inestabilidad
que provoca la entrada
y salida de Springmühl,
la llegada y retirada de Prensa
Libre y la urgencia de evitar que
el periódico deje de ser producido. Aseguran que continúan
con el esfuerzo de impulsar
la organización sindical y las
reivindicaciones laborales.
Dentro del proceso también
han sido notorias las actuaciones extrañas, por no decir irregulares, de actores del sistema
legal, que han favorecido a los
empresarios, al permitir dilaciones en el proceso. “Es un caso
donde se observa cómo las élites tienen el poder de tomar un
proceso y hacer lo que se les
da la gana, algo común en el
país y que pone en entredicho
al sistema de justicia”, opina un
analista.
De momento, no puede darse
por cerrado el caso legal de
Nuestro Diario, los folios continúan apilándose en un expediente que ya es voluminoso.
Sobre los grupos de laborantes
penden graves amenazas y sus
derechos no dejan de verse
constantemente afectados,
pero lo único que mantiene
activo al sistema de justicia no
es eso, sino el conflicto entre
los empresarios.
Foto: René Ruano
Reporteros: “No apoyamos a
ningún grupo de accionistas”
Por Evelyn Blanck y Miguel
González Moraga,
periodistas
E
n la redacción de
Nuestro Diario, zona
13 capitalina, las
labores prosiguen
con un grupo reducido —la
mayoría se trasladó a un local
de zona 12 junto con el director— completado con refuerzos llegados de afuera.
Abajo se resume una entrevista colectiva con Pilar Bagur,
Álex Maldonado, Luis Mazariegos, Estuardo Pintos y Elías
Salazar, dirigentes del Sindicato de Trabajadores de Diarios
Modernos, S.A., casa editora
de Nuestro Diario. Que el
periódico siga en las calles es,
en buena parte, responsabilidad de ella y ellos, aunque han
tenido problemas para cobrar
sus sueldos, producto de la
disputa entre los propietarios.
Previo a que se anunciara
la destitución del gerente
general, Jorge Springmühl,
¿tenían intensiones de formar un sindicato?
No. El 30 de abril la empresa
fue emplazada en un juzgado,
a solicitud de un grupo de
empleados administrativos,
incluido Springmühl. Como
el emplazamiento impide los
despidos, 21 trabajadores
aprovechamos la coyuntura
y comenzamos a formar el
sindicato.
Para entonces, ya sabíamos
de la pugna entre dos grupos
de accionistas, cuyos efectos
en algún momento nos llegarían, pese a que la redacción
había declarado su neutralidad.
A nosotros no nos interesaba
qué grupo controlara el periódico, pero queríamos protección
como trabajadores y defender
nuestros derechos.
¿Cuál ha sido la vía para obtener su reconocimiento?
El 24 de mayo efectuamos una
asamblea general y dos días
después entregamos nuestra
papelería en el Ministerio de
Trabajo. Al director del diario,
Noticias
Primerapara
Plana
los medios
Aunque con personal reducido, Nuestro Diario ha logrado que se mantega su circulación.
11
11
Rodolfo Móbil, se lo informamos el 28 de mayo y como
respuesta fuimos suspendidos.
Nos acusó de subversivos y
guerrilleros, pero a los dos
días, por medio de los tres
subdirectores, se disculpó con
nosotros. Sin embargo, nos
pidió que diéramos marcha
atrás con lo del sindicato.
Pero ustedes siguieron…
El 9 de julio la Dirección
General de Trabajo determinó
inscribir al Sindicato de Trabajadores de Diarios Modernos,
S.A, y el 10 quedó legalmente
inscrito, luego de resolverse
dos impugnaciones de parte
del Grupo Prensa Libre. (La
publicación oficial en el Diario
de Centro América fue el 5 de
septiembre).
Primera Plana
¿A qué se opuso Prensa
Libre?
Quisieron impedir nuestra
organización como sindicato,
pues creían que éramos parte
del grupo coaligado donde
está incluido Springmühl.
Cuando surgimos, la gente de
Springmühl creyó que estábamos siendo organizados por
Prensa Libre. Sin embargo, no
tenemos relación con ningún
grupo de accionistas, pues
somos periodistas.
12
Hay gente que sí los identifica con Springmühl.
Nosotros nos quedamos en
Nuestro Diario por principios.
Cuando es destituido Springmühl, algunos de sus afines
nos pidieron que paralizáramos labores, pero no lo hicimos, en atención a la solicitud
del director.
Sin embargo, cuando Springmühl retoma la gerencia
general, Móbil le dice a su
gente que paralice. Como
nosotros no creíamos que
Legalizado
La autorización del Sindicato de Trabajadores de Diarios Modernos, S.A. (Sitradimo) fue publicada, el 5 de septiembre, en el Diario de Centro América,
al cumplirse “debidamente con todas
las formalidades de ley”. Esa organización gremial y la de Prensa Libre y Empresas
Afines son las únicas de su tipo que existen en el país.
eso era correcto ni ético, nos
quedamos en Nuestro Diario.
No obstante, otro grupo se fue
a un local de la zona 12 junto
con el director.
Ellos aseguran que se
fueron porque Springmühl
decidió suspender a Móbil y porque redactaría un
editorial donde describiría el
conflicto.
Nosotros le dijimos a Springmühl que no debía tocar la
parte editorial ni suspender
a nadie, incluido el director.
Sin embargo, nuestros jefes
tomaron la decisión de irse y
los acompañaron otros miembros de la redacción: editores,
diseñadores, fotógrafos, redactores deportivos, la mitad de
los corresponsales...
¿Hablaron con los que se
fueron?
Le pedimos a Móbil que
regresara, pero nos respondió
que no. Incluso, nos dijo que si
nosotros nos quedábamos en
Nuestro Diario ya no tendríamos cabida en el grupo que se
fue a la zona 12.
La redacción, en la práctica,
se dividió en dos en ese
momento.
Desafortunadamente, lograron separarnos. Eso no
quiere decir que no deseemos
trabajar con los otros compañeros, aunque con algunos no
queremos relacionarnos.
Algunos de ellos tampoco
quieren relacionarse con
ustedes, pues dicen que no
respetaron el acuerdo de
neutralidad en el conflicto.
Nosotros asumimos el liderazgo, no sólo del sindicato, sino
del diario. Después de que los
jefes se fueron, alguien tenía
que dirigir el periódico.
¿Es cierto que algunos
editores maltrataban a los
reporteros?
Sí, nosotros somos algunos de
los que más fuimos ofendidos
por algunos de ellos. Otros
gozaban de ciertos beneficios,
autorizados por el director,
como poder trabajar en otros
medios, pero a nosotros se
nos pedía exclusividad. Eso lo
sabe mucha gente del gremio
periodístico.
Ahora su principal reto,
como sindicato, es tratar de
restablecer relaciones con el
resto de la redacción.
Estamos conscientes de eso,
pero recuperar a la mayoría de
los compañeros que se fueron
es casi imposible. De momento, estamos en impasse, pues
la reorganización del diario nos
ha absorbido. Nosotros hemos
contribuido a que se mantenga
su publicación.
Foto: Deccio Lizzardy Serrano
Editores: “Mantenemos la
neutralidad en el conflicto”
Por Miguel González
Moraga, periodista
E
n “el otro Nuestro Diario”, como se conoce
a la sede adonde se
trasladaron más de
80 miembros de la redacción
desde hace más de un mes,
casi todo sigue igual: los editores coordinan con periodistas,
fotógrafos y corresponsales, se
proponen enfoques de notas
y se revisa la labor diaria de
los reporteros. Lo único que
falta es ver impreso el trabajo
de la jornada, algo que no se
descarta que ocurra pronto.
Las líneas siguientes sinteti-
zan una plática con el director
de Nuestro Diario, Rodolfo
Móbil, y los subdirectores del
matutino, Francisco Aguilar
Chang, José Elías Tárano y
Tulio Juárez.
Al retirarse de la sede de
Nuestro Diario, ¿no toman
partido, pese a que se habían declarado neutrales?
Desde el inicio del conflicto
entre los accionistas del Grupo
Prensa Libre, a su vez dueños
de Diarios Modernos, casa
editora de Nuestro Diario, la
redacción asumió una política de neutralidad. Nosotros
mantuvimos esa política, la
mantenemos y esperaríamos
que se mantuviera en el futuro.
Sin embargo, la redacción se
vio afectada por las irrupciones
violentas de ambos grupos,
y temimos por nuestra seguridad. Cuando el ex gerente
general, Jorge Springmühl, fue
reinstalado anómalamente por
orden de un juez de Cobán,
dijo que iba a controlar editorialmente el periódico. Ese día
les entrega a los subdirectores
un editorial y les dice que debe
ser publicado al siguiente.
¿Y cuál fue su reacción?
Reunimos a todos los editores
y les planteamos la situación,
Primera Plana
En un sector de bodegas, en la zona 12, más de 80 trabajadores de Nuestro Diario llevan a cabo sus labores.
13
Primera
rimera Plana
lana
¿Qué les dicen?
Les presentamos un plan de
cuatro puntos, el cual debía
aprobar la redacción antes de
ser presentado a los grupos de
accionistas: garantizar la seguridad laboral y física, garantizar la independencia editorial
y económica, traslado físico de
la redacción a otro lado —o la
gerencia a otra sede— y unidad del grupo de la redacción.
Mencionamos que si alguno
era destituido, actuaríamos
como grupo y paralizaríamos
labores.
14
14
Casi de inmediato, por
mensajes telefónicos de
texto, Springmühl anuncia
que no publicará el editorial
y que da marcha atrás en
la destitución del director.
Sin embargo, la redacción
se fractura, pues algunos
no atienden el llamado de
ustedes.
Los compañeros del sindicato, que se quedaron en las
oficinas de Nuestro Diario, nos
principal meta es la estabilidad
laboral de los 140 miembros
de la redacción, en particular
de los 86 que tenemos cerca.
Hemos tenido el respaldo del
consejo de administración de
la empresa y se nos ha pagado puntualmente.
Como existe una resolución
provisional de la Corte de
Constitucionalidad —de la cual
esperamos el fallo definitivo—, estamos cerca de retomar el
control de Nuestro Diario.
Foto: Deccio Lizzardy Serrano
para que se la comunicaran a
los redactores. Decidimos conformar una comisión, integrada
por los tres subdirectores, para
que hablaran con Springmühl,
quien en ese momento estaba
entrando violentamente a las
instalaciones del diario.
Queríamos que recapacitara
y nos dejara trabajar, como
había ocurrido desde nuestra
fundación, hace más de 10
años. No sólo no accede, sino
que les anuncia a los subdirectores la destitución del director.
En ese momento, los editores
acordamos abandonar las instalaciones de Nuestro Diario,
como medida de protesta, y
les planteamos a los trabajadores la situación.
Rodolfo Móbil
piden que regresemos. Les
respondemos que estamos
defendiendo los intereses de
todo el grupo y les recordamos
los cuatro puntos mencionados.
Hemos visto que ellos no simpatizan con Springmühl, pero
se quedaron en las oficinas
del periódico, incumpliendo la
decisión de todo el grupo.
Pero son la mayoría de
redactores de la sección
nacional.
De los 130 miembros de la
redacción, 44 se quedaron en
Nuestro Diario y 86 se vinieron
con nosotros.
¿Por qué se dividió el grupo?
Los que se quedaron no
atendieron nuestro llamado
a paralizar labores uno o dos
días. Eso provoca la ruptura
definitiva.
¿Definitiva?
El asunto es que los compañeros no respetaron el acuerdo
de parar labores cuando destituyeran a alguno.
En este momento, nuestra
Si llegaran a un entendido
los accionistas, ¿es posible
que toda la redacción regrese a sus puestos?
Nuestro sueño es que se produzca la reconciliación de la
redacción, pues fuimos arrastrados a una situación donde
no teníamos nada que ver. Sin
embargo, reconocemos que
hay fracturas, pues hemos
sido amenazados, insultados
y coaccionados por algunos
de quienes se quedaron en la
sede central.
Ellos se quejan de lo mismo.
Los retaríamos a que nos
demuestren una sola acción
deshonesta de nuestra parte.
¿Es posible abandonar el
proyecto de Nuestro Diario y
comenzar otro?
Es algo que se analiza, pero
no tenemos prisa. Nuestro
objetivo fundamental es retomar el control de la redacción.
Tenemos el talento y el recurso
humano, demostrado con éxito
durante 10 años.
¿Tendrían cabida en ese proyecto algunos de quienes se
quedaron en Nuestro Diario?
Ninguno.
“
Foto: Aury Rodríguez, PDH
nuestra labor es de acompañamiento,
mediación y observación, para tratar
de resolver el problema in situ”, resume
Luis Rolando Yoc Pérez, director de
Incidencia en Políticas Públicas y Mediación en
Conflictos, de la PDH, sobre el rol de esa oficina
en el caso.
Según su criterio, durante las primeras etapas del conflicto, en las
oficinas de Nuestro Diario los niveles
de emotividad y de colisión entre los
grupos en liza fueron en aumento.
Sin embargo, a pesar de las agresiones verbales, los bandos en pugna
pudieron manejarse y decidieron
dirimir la situación en los tribunales.
Yoc resalta “la comprensión y
colaboración” de las partes. En una
situación de este tipo, comenta que
Rolando Yoc
casi siempre el trabajador se queda
en medio de las peleas empresariales y se ve obligado a tomar posición por alguna
de las partes que pugnan.
La misión de la PDH es procurar que los empleados no sean afectados por alguno de los
bandos de accionistas, a la vez de evitar que
los grupos armados que resguardan las instalaciones del periódico actúen al margen de la ley.
Sin despidos
El interventor de la Procuraduría agrega que
cuando comenzaron el proceso de observación
se encontró un listado de 46 personas en riesgo
de perder su trabajo. Ellos no podían ingresar a
las oficinas de Nuestro Diario, pues uno de los
grupos de accionistas consideraba que “tenían
conflicto de interés”. Debido a eso, la PDH requirió la presencia de delegados del Ministerio
de Trabajo y las partes acordaron garantizar la
estabilidad laboral de esas personas. “Nuestro papel como PDH es siempre velar y
evitar que ese conflicto degenere
en situaciones de las que no queremos lamentarnos. Por ejemplo,
un acto ilegal, una bala perdida,
un despido injustificado, agredir
o arremeter contra los medios de
trabajo allí resguardados”, asegura.
Hasta el momento, Yoc dice que
los dos grupos de accionistas han
respetado las resoluciones de la
PDH y han decidido dirimir sus
diferencias en los tribunales. “Es
una actividad privada que no está
vinculada con la libre emisión del
pensamiento; es un conflicto de
intereses económicos”. Lo más importante en este problema, según
Yoc, es que los trabajadores tienen aseguradas
sus plazas, pues debido a que existe un emplazamiento nadie puede ser despedido.
“En caso de que existiera una amenaza, nosotros haríamos inspección y, de alguna manera,
apelaríamos a los acuerdos no escritos que
se dieron de respeto hacia los trabajadores”,
puntualiza.
Una de las acciones más recientes de la PDH ocurrió el 1 de septiembre, cuando en su sede
un grupo trabajadores de Nuestro Diario denunció que sus sueldos de agosto no habían sido
pagados.
La agudización del conflicto por el control de Nuestro Diario obliga a la Oficina del Procurador de los Derechos Humanos (PDH) a una intervención
más activa.
y su papel mediador
Primera Plana
Noticias de los medios
La PDH
Por Yecenia Enriquez,
periodista
1515
un conflicto
laboral que logró ser
noticia
Por Alejandro Argueta R.,
director ejecutivo de
Consultorías &
Negociaciones Jurídicas
(C&N)
Con voz de versado
Pocos eventos que
afectan al movimiento
laboral son explicados,
valorados y juzgados
por los medios de
comunicación. Para
beneficio de las élites,
la mejor política en los
medios, en este punto,
ha sido el silencio.
16
D
e todos los Estados
miembros de la
Organización Internacional del Trabajo
(OIT), Guatemala es el segundo con más audiencias en la
Comisión de Normas —apenas
dos abajo de Colombia—,
debido a que existen graves
violaciones a los derechos de
libertad sindical y de negociación colectiva.
La Comisión de Normas de la
OIT controla el cumplimiento
de convenios y recomendaciones, y realiza audiencias cuando sus miembros consideran
que un país presenta graves
incumplimientos. En el caso
de Guatemala, las audiencias
vienen desde 1999, principalmente por hechos de violencia,
como amenazas y asesinatos
contra sindicalistas.
Si una audiencia es grave, tenerlas una década consecutiva
refleja el grado de indiferencia
por parte del Gobierno en el
cumplimiento de las normas
internacionales de trabajo y
de las observaciones de los
órganos de control.
Conflictos y medios
Violencia, corruptela, impunidad y confrontación política e
ideológica emergen y subsisten cuando empleados deciden organizarse para reclamar
sus derechos. En un contexto
como éste cualquier situación
vinculada a la conflictividad
laboral podría ser excelente
noticia, aunque no en Guatemala. Son pocos los eventos
que afectan al movimiento
laboral explicados, valorados
y juzgados por los medios. Sin
embargo, para beneficio de las
élites, en ese aspecto, la mejor
política en los medios ha sido
el silencio.
Este año un conflicto laboral
rompió ese muro de silencio:
el de Nuestro Diario. La noticia
acaparó titulares, campos
pagados y amplia cobertura en
la TV, donde los presentadores, con aparente indignación,
narraban que era “un ataque
contra la libertad de prensa”
o que “intereses monopólicos
atentaban contra la estabilidad
laboral de los comunicadores”.
Sin dejar de lado el indiscutible
derecho que tiene cualquier
trabajador para acceder a la
justicia laboral, es evidente
que el conflicto ha sido utilizado para reivindicar derechos de los accionistas. Este
conflicto es entre propietarios,
pero los empleados se ven
arrastrados o seducidos por
los intereses de los dueños.
En lo que va del proceso, se
puede mencionar una serie de
contradicciones fantásticas:
empresarios que reclaman
contra empresarios que son
sus propios trabajadores;
empleados que renuncian para
tomar partido por accionistas,
poniendo en riesgo su plaza
y sus prestaciones laborales;
abogados que suspenden
los procedimientos al plantear recursos y conflictos
de jurisdicción inexistentes,
sin preocuparse de que se
cuestione su ética, pues en
lugar de promover la justicia la
Alejandro Argueta
obstaculizan.
También se ha notado a jueces
disminuidos en su voluntad
para defender la independencia judicial, achicándose
ante el inmenso temor que
les provocan las represalias
institucionales y las presiones
en los medios.
Es de destacar que la principal
solicitud de reinstalación en el
proceso colectivo es del propio
gerente de Nuestro Diario.
Él comparece, en el mismo
proceso, como representante
del empleador y solicita aval
judicial para dar por terminada
la relación de trabajo de sus
propios compañeros. Después,
el presidente del consejo de
administración de la entidad
empleadora comparece para
desistir de las acciones iniciadas por el gerente general,
manifestando una serie de
consideraciones empresariales
en su contra.
Mientras, la coalición de trabajadores ha apelado resoluciones que no le producen daño
inminente y solicita que el
proceso colectivo se suspen-
da, cuando uno de los principales problemas de la justicia
es que los jueces suspenden
arbitrariamente los procesos
en beneficio de los empleadores. Por eso, los trabajadores
siempre luchan para que los
procesos no sean suspendidos, aunque en este caso
actúan al revés.
Por su parte, la empresa no ha
dudado en interponer todo tipo
de acciones dilatorias: amparos, conflictos de jurisdicción,
recursos. Sus abogados,
abusando temerariamente de
los procedimientos, con altisonantes argumentos niegan que
haya existido una relación de
trabajo con el gerente que solicita ser reinstalado. No obstante, éste sube a Internet una
copia de la carta de despido,
emitida por la entidad empleadora, en donde literalmente
se reconoce la existencia de
la relación laboral que luego intentan negar. Los empresarios
en conflicto utilizan fuerzas de
seguridad privada para impedir
diligencias judiciales de reinstalación, y ponen en riesgo la
integridad física y la vida de
muchas personas.
Un abogado y representante
legal de la empresa plantea un
amparo que es copia exacta
de otro que fue presentado
en otro tribunal días antes. Lo
hace para ver si obtiene un
fallo favorable, pues su primer
intento fue declarado sin lugar.
Unos trabajadores renuncian
y abandonan la empresa para
irse a otra que es propiedad
del mismo consorcio. Pero dejan de lado que, según acta de
socios fechada 4 de marzo de
2008, todas son un mismo patrono. Por ejemplo, Prensa Libre y Nuestro Diario conforman
Con voz de versado
Hechos notables
Foto: Odeth Alvarado
En notas televisadas, de hasta
seis minutos, se acusaba de
tráfico de influencia en los
tribunales y se destacaba los
problemas entre dos “bandos”
de accionistas que, con ejércitos particulares y poderosos
bufetes de abogados, se
enfrentaban para controlar
la empresa más lucrativa de
medios en Guatemala.
Existen muchas formas para
debilitar la estructura institucional que sustenta al estado
de Derecho y a la democracia.
Una de las más efectivas es
cuando las élites económicas
utilizan los procedimientos
laborales para discutir asuntos
empresariales.
17
Con voz de versado
18
una misma compañía para
efectos laborales, ya que así lo
han declarado los accionistas.
Entonces, para pasar de un
lugar de trabajo a otro no es
necesario “renunciar”, debido a
que no se está cambiando de
patrono, sólo de lugar.
¿Litigio por
los medios?
El problema para el estado
de Derecho y la democracia
es que las élites han forzado
hasta el extremo las instituciones de la justicia para discutir
asuntos que no corresponden a genuinas pretensiones
laborales. En un comunicado,
publicado en Nuestro Diario
el 4 de agosto, se explica el
conflicto y en ningún momento
se indica que sea laboral.
La incorrecta utilización del
sistema de justicia contribuye
a su debilitamiento y falta de
credibilidad. Los jueces se encuentran presionados por una
excesiva campaña mediática
en donde se confunde el conflicto entre empresarios.
El 1 de septiembre Prensa
Libre, en su página 19, califica
de corrupta a una jueza que
emitió una resolución que no
les pareció adecuada a sus
intereses.
Es cierto, el propio Gobierno ha
aceptado que existen alegaciones de corruptela en tribunales
(Libro Blanco, La dimensión laboral en Centroamérica. 2005,
Pág. 48), pero cada denuncia
merece una investigación del
Organismo Judicial (OJ) y del
Ministerio Público (MP). En este
caso no se plantean denuncias
formales y sólo se difama la legitimidad y transparencia de los
funcionarios judiciales a través
de los medios.
Lo más impresionante es que
ni la jueza difamada ni las
autoridades del OJ ni el jefe
del MP toman acciones para
defender la legitimidad e integridad del sistema de justicia.
Simplemente, son indiferentes
a la potente opinión de las élites propietarias de los medios.
Con esta campaña de “información”, se convierte en
ejemplo lo incorrecto. Si los
medios publicaran la verdadera noticia, ésta sería cómo los
empresarios utilizan incorrectamente el sistema de justicia
para repartirse la propiedad de
sus empresas, presionando y
litigando en forma incorrecta.
También, cómo los trabajadores quedan desprotegidos al
no ser tomada en cuenta su
verdadera situación laboral
y cómo el sistema de justicia
pierde credibilidad.
Dudas y respuestas
Si los empresarios utilizan de
esta forma el sistema de justicia para debatir sus problemas
de propiedad, ¿qué pueden
esperar los trabajadores
cuando se trata de genuinos
conflictos laborales? El caso
de Nuestro Diario da las respuestas.
Todas las personas que trabajan en Nuestro Diario corren un
grave riesgo laboral de seguir
utilizándose el conflicto colectivo como se ha hecho. La falta
de información ha generado
actitudes en donde prevalece
el interés de a qué “bando” de
empresarios se va a apoyar,
cuando lo más importante podría ser identificar con claridad
su situación de trabajadores
y vigilar que sus derechos no
sean lesionados. La confusión
y el desconocimiento de sus
derechos y de los mecanismos
institucionales para defenderlos han rayado en el extremo.
Por ejemplo, el 2 de septiembre el Diario de Centro América publicó que trabajadores
de Nuestro Diario pidieron que
se resuelva el conflicto entre
dueños porque no les han pagado el salario de agosto, ven
como propia la obligación de
distribuir los ejemplares para
no afectar a los clientes de la
empresa y solicitan la “intermediación” de instituciones
nacionales e internacionales.
¿Acaso los problemas entre
accionistas justifican el
incumplimiento de obligaciones laborales por parte del
empleador? ¿Desde cuándo
corresponde a los trabajadores asumir los riesgos que son
propios del empresario? La
confusión es enorme.
En los medios se labora en
condiciones degradantes,
en muchos casos. A muchos
se les disfraza su relación
de trabajo con contratos de
servicios profesionales para
justificar el incumplimiento
del pago de horas extra,
aguinaldo, bonificación anual,
vacaciones, indemnización
por despido, protección de la
maternidad y seguridad social
en general.
Mantener el falso ejemplo de
Nuestro Diario como un conflicto laboral de relevancia, sin
informar adecuadamente, sólo
contribuye a mantener la ceguera de los empleados de los
medios sobre la reivindicación
de mejores condiciones de
trabajo y debilita enormemente
el sistema de justicia laboral.
El conflicto de Nuestro Diario
es entre propietarios. El verdadero conflicto laboral empezará cuando los trabajadores
se consideren un solo bando y
reivindiquen legítimamente sus
derechos frente al consorcio
de empresas que conforman el
Grupo Prensa Libre.
Ley de acceso y su
aplicación en México
U
na norma de este tipo se debe apegar a la exigencia democrática que
se asienta, primero, en la imprescindible obligación del Estado de hacer
público sus gastos y, segundo, en el respeto
absoluto de sus enunciados.
No garantiza la pulcritud del servicio público
cuando, teniendo la ley, se abdica a ésta por
la fuerza de la costumbre o por la de intereses
ajenos a los de la sociedad. Tampoco garantiza
nitidez oficial cuando la normativa acusa debilidades que en el fondo, curiosamente, fortalecen
aspectos propios de un régimen de sistemas
que se niega a ser revisado en su conducta.
En México, el marco jurídico que tutela dicha ley
puede catalogarse como uno de los más avanzados en materia de transparencia, rendición de
cuentas y control de los recursos públicos.
Sin embargo, el marco normativo y el espíritu de
la propia ley chocan con la exigencia generalizada de conocer con efectividad, prontitud y limpieza, el destino que el Gobierno da a recursos
considerados inauditables, como los utilizados
en las emergencias por desastres naturales y,
lo que es peor, el uso que los partidos políticos
dan al financiamiento que reciben del Instituto
Federal Electoral (IFE).
Aunque en la ley existe la obligatoriedad de
proporcionar a los solicitantes la información
que requieran, existe una cláusula que permite
a las instituciones cuestionadas determinar la
viabilidad de entregar o reservar lo que a su
derecho convenga.
En dicha disposición se establece como información reservada aquella que pudiera poner en
riesgo la seguridad nacional, la conducción de
negociaciones o relaciones internacionales, la
estabilidad financiera, económica o monetaria
del país. Además, la vida, la seguridad o la salud de cualquier persona (entiéndase aquí como
el sujeto obligado, es decir, el funcionario público) o causar un serio perjuicio a las actividades
de verificación del cumplimiento de las leyes.
Asimismo, la prevención o persecución de los
delitos, la impartición de la justicia, la recaudación de las contribuciones, las operaciones de
Por Ángel Mario Ksheratto,
periodista mexicano (*)
A título personal
Es definitivo: una Ley de Acceso a la Información
Pública sólo garantiza la transparencia plena en
el ejercicio de la administración pública cuando
cumple con objetivos de forma y fondo.
19
control migratorio, las estrategias procesales en procesos
judiciales o administrativos, en
tanto las resoluciones no estén
firmes.
A título personal
¿Clasificado?
20
Un colega del Distrito Federal
contó durante una asamblea
de periodistas cómo se utilizó
ese apartado para negarle
información relacionada con
un fraude en la Secretaría de
Educación. El argumento que
la dependencia involucrada
ofreció al Instituto Federal de
Acceso a la Información (Ifai,
órgano rector de la ley) y que
fue transmitido de manera
oficial al reportero, es que el
implicado en la estafa padece
diabetes y, por tanto, para no
causar un quebrantamiento
en su salud y no poner en
riesgo su vida, la información
se había clasificado como
reservada.
En algunos estados de México
los órganos regentes de la Ley
de Acceso a la Información
Pública suelen advertir al beneficiario de una solicitud, en
la parte inferior del documento,
que los datos proporcionados
no pueden ser divulgados por
ningún medio de comunicación, so pena de ser llevado a
los tribunales. Son, en síntesis,
algunas de las inconsistencias
llamadas “técnicas” que hacen
de la información pública un
tema de obligado análisis
que permita una discusión
responsable sobre lo que en
materia de transparencia deba
aprobarse.
Indudablemente, una primera
fase de la ley es un gran avance para el control del presupuesto gubernamental, como
incuestionable es el hecho que
toda legislación es perfectible.
Es también inocultable que
habrá quienes se opongan,
abierta o encubiertamente, a
una normativa de esa naturaleza, pues ésta viene no sólo a
revolucionar el sistema de rendición de cuentas, sino a poner
un cepo a la corrupción y un
cascabel a los corruptos. Ello
explica la reticencia de algunos
que no alcanzan a entender
que la auténtica democracia
tiene sus propias exigencias.
Para evaluar
Conocer cómo y en qué gasta
la clase gobernante el dinero
de las contribuciones públicas,
es un derecho inalienable de la
población. No hay mejor forma
de evaluar a un Gobierno que
conociendo el destino de los
recursos y sus resultados.
En cuestión de transparencia,
México todavía no puede considerarse un país con reglas de
excepción para terminar con la
larga historia de corruptela. No
obstante, la Ley de Acceso a la
Información Pública y la creación de su órgano rector son
saltos cualitativos en el orden
democrático. La democracia
no sólo es útil y visible en las
urnas electorales, sino en toda
acción de Gobierno y toda
reacción de los gobernados.
Debo insistir que dicha ley no
es la deseable. Sin embargo, al menos, apunta hacia
mecanismos de perfección
que obligarán a las instituciones que se sostienen con
fondos públicos a someterse
al escrutinio general de una
sociedad, en cuya agenda la
democratización de los órganos de Gobierno es necesaria
y obligatoria.
* Escribe para los periódicos Cuarto
Poder y El Orbe, de Chiapas, México.
Asesinato
E
l periodista Normando
García fue asesinado a
balazos el jueves 7 en Santiago, al norte de la capital
de República Dominicana.
García, de 38 años y
reportero del programa
diario “Detrás de la Noticia”
y productor del show
musical “Pachanga Mix” en
Teleunión, estacionaba su
automóvil cuando se efectuaron múltiples disparos
de armas de fuego desde
un vehículo en movimiento.
García, quien murió de
inmediato,
recibió cinco
impactos de
bala en la cabeza, cuatro en
el tórax y uno
en la pierna,
Normando
señaló EsteGarcía
ban Rosario,
conductor de “Detrás de
la Noticia”. Rosario afirmó
que él cree que García fue
asesinado en represalia
por su trabajo, pues cubría
narcotráfico y crimen.
Venezuela
Ataque
D
os sujetos a bordo de
una motocicleta dispararon en la madrugada del
15 contra la sede del grupo
Corporación RR, en la que
funcionan Auténtica 107.5
FM, el canal de televisión
TRV y el portal digital Enfoque Regional, en la ciudad
de Maracay, al centro de
Venezuela.
El gerente de Auténtica
107.5, Francisco Javier
Martínez, denunció que los
periodistas que participan
en el programa “Primera
Hora”, que se transmite de
forma simultánea por Auténtica 107.5 FM y TRV, han
recibido amenazas de muerte
vía mensajes de texto.
Supone que éstos se deban
a las denuncias y críticas
hechas en el programa sobre
la situación de inseguridad
ciudadana y la indiferencia de
las autoridades locales para
resolver el problema.
Ecuador
Prohibición
L
as autoridades ecuatorianas han prohibido por
decreto la difusión en los
medios de comunicación de
imágenes y fotografías de
hechos de violencia —tales
como accidentes, crímenes
y muertes— con el fin de
cumplir con el derecho constitucional de las personas a la
privacidad.
Según la misma nota,
divulgada el 18, una fuente
del Ministerio de Gobierno
dijo que otro objetivo de
la resolución es bajar la
percepción de inseguridad y
el “morbo social que generan
este tipo de informaciones”.
No se precisó si el decreto
incluye lugares privados o
sólo públicos, como morgues
u hospitales.
La disposición fue comunicada a la Policía Nacional,
que deberá velar por su
cumplimiento. Los uniformados que dejen filmar o
tomar fotografías de eventos
violentos serán “drásticamente sancionados”.
Paraguay
Gobierno
E
nuevo presidente de
Paraguay, Fernando
Lugo, ha avanzado la deci-
sión de crear
una agencia
de noticias del
Estado en un
encuentro en
el Palacio de
Fernando
Gobierno con
Lugo
periodistas y
dueños de medios de prensa a los que ha
asegurado el libre acceso a la
información pública durante
su Gobierno, se supo el 20.
“Queremos construir un Paraguay diferente y los medios
de comunicación constituyen
la herramienta para concretar
ese propósito”, destaca un
comunicado la Presidencia
sobre las declaraciones
de Lugo, quien garantizó,
además, que se respetará
la libertad de expresión y
practicará la transparencia
informativa de ministerios y
organismos estatales.
Nicaragua
Presiones
E
l periodista de
la televisión
nicaragüense
Jaime Arellano
denunció ser víctima de persecución de parte del
Jaime
presidente Daniel Arellano
Ortega debido a
su posición crítica contra el
Gobierno.
Arellano denunció que el
cierre, el 22 de agosto, de
su programa de opinión “El
2 en la Nación”, transmitido
por Televicentro Canal 2,
obedece a las presiones
que recibieron los propietarios del canal, cuya licencia
operativa está en proceso de
renovación. El periodista dijo
también que recibió amenazas contra su vida y que
someterá los hechos ante la
Comisión Interamericana de
Derechos Humanos.
Guía para periodistas
Dominicana
Pulso Latino
21
Catálogo
El disfraz de la
relación de trabajo en Guatemala
“
permitir la evasión del cumplimiento de la ley es una de
las primeras satisfacciones que
algunos empresarios reciben de
funcionarios públicos complacientes. Enorme es la satisfacción,
para los empleadores, si esta
omisión se refiere al incumplimiento de las leyes laborales”,
sostiene Alejandro Ramírez
Argueta, laboralista guatemalteco
y autor de libro.
Aunque el contenido de la obra
es general, ésta se constituye
en importante instrumento para
los periodistas, pues muchos
se ven sometidos a desempeñar sus labores
sin vacaciones, cobrando un salario menor al
establecido legalmente, con largas jornadas de
trabajo y, cuando son despedidos, sin cobrar
sus prestaciones. “Esos incumplimientos
producen más y más fáciles
ganancias a los empleadores y
más sufrimiento a los trabajadores”, sostiene Argueta.
En el libro, recalca que “las
élites económicas realizan los
más poderosos esfuerzos para
lograr que sus actividades económicas se realicen sin cumplir
la normativa social mínima. En
este contexto, la reducción o la
anulación del ámbito de la relación de trabajo constituyen una
de las principales causas de la
desprotección de los trabajadores en la actualidad”.
Copia del libro se puede descargar de www.
saladeredaccion.com/el_disfraz_argueta.pdf
Argueta, Alejandro. El disfraz de la relación de trabajo en
Guatemala. Diciembre de 2007.
Novedades en la Red
http://www.periodistas-es.org
Guía para periodistas
E
22
ste site español, que es
actualizado constantemente, incluye información
variada de interés periodístico.
Por ejemplo, convocatorias a
congresos y concursos para
trabajadores de medios informativos, becas para estudiantes de periodismo y ofertas de
trabajo.
Asimismo, divulga informes
sobre libertad de prensa, sociedad de la información, uso
de nuevas tecnologías y denuncias de acoso a periodistas
de cualquier parte del mundo.
También actualiza datos sobre
cámaras fotográficas y de
exposiciones de periodistas,
caricaturistas y escritores.
El sitio está a cargo de Rafael
Jiménez Claudín, secretario
general de la sección española
de Reporteros Sin Fronteras, y
miembro de la Agrupación General de Periodistas de Madrid
y de la Asociación de la Prensa de Madrid. Los interesados
pueden recibir boletines, por la
vía electrónica, sin costo.
Caída de sol
El Manchón Guamuchal
Calzada Las Palmas
Dermin Alexander Revolorio Velásquez (Retalhuleu, 1981)
Se dedica desde hace seis años al fotoperiodismo. Es corresponsal de Nuestro Diario en Retalhuleu.
Las fotografías de esta serie fueron tomadas en Retalhuleu.
[email protected]
Para publicar sus fotografías en este espacio, llame al 24 346 655 o escriba a [email protected]
Más que mil palabras
Vista del parque
23
Foto: Internet
Por Marta Caravantes (*)
Periodismo:
una profesión en harapos
Considerada una profesión apasionante y de
cierto estatus social, el periodismo esconde tras
las paredes de sus redacciones una realidad que
poco o nada tiene que ver con esa imagen idealizada en la que aún sigue creyendo la mayor
parte de la sociedad.
Sin contratos laborales, con sueldos de miseria y
jornadas de trabajo desmesuradas, los periodistas del siglo XXI conforman una profesión
pauperizada. Portavoz en muchas ocasiones
de causas loables y solidarias, el periodista, sin
embargo, ha sido incapaz de saber defender sus
propios derechos laborales y profesionales. El
miedo, la resignación y la ignorancia son algunas
de las causas pero, sobre todo, el autoengaño
de creer formar parte de una profesión liberal de
élite, cuando se es, sencillamente, un trabajador.
La situación ha degenerado de tal forma que el
periodismo es hoy en día una de las profesiones
donde se producen más atropellos laborales.
Su desregularización y la falta de convenios
abonan una coyuntura ya de por sí favorable
para que grupos empresariales se crean con las
manos libres para practicar abusos a discreción,
aprovechándose de la oleada de periodistas en
desempleo y de aquellos que tratan de medrar
o de publicar a toda costa, incluso trabajando
gratis.
(…) A pesar de la tradicional incapacidad de los
periodistas para defender sus derechos, están
surgiendo cada vez más sindicatos y organizaciones profesionales para intentar revertir el deterioro de una profesión que aunque admirada es
cada vez más insufrible. Sin embargo, a pesar de
todos los esfuerzos para denunciar esta precariedad, los periodistas se ven incapaces de llegar a
la opinión pública a la hora de dar a conocer su
situación. ¿Qué es lo que falla? La respuesta es
paradójica: los propios profesionales de la comunicación no pueden trascender la censura que
imponen sus empresas. Los medios, supuestos
portavoces de otras explotaciones laborales,
guardan en secreto sus miserias. Como si
fuera un ‘pacto entre caballeros’, las empresas
mediáticas no publican ni una sola línea sobre
abusos laborales periodísticos, ni siquiera los de
la competencia.
(…) Recuperar la pasión por la búsqueda de la
verdad también empieza por luchar por unas
condiciones laborales que permitan ejercer el
periodismo con profesionalidad, honestidad y
compromiso social.
(*) El texto completo está disponible en
www.lainsignia.org/2003/mayo/cul_006.htm

Nuestro Diario, un caso paradigmático

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