Documentos - Westminster College

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El conflicto armado, a
la vuelta de la esquina
•Civiles, en especial niños, llevan la peor parte en guerra urbana creciente.
•Como en el campo, en muchos barrios hay control a alimentos y transporte.
•En Occidente y Nororiente guerrilla y paramilitares pelean cuadra a cuadra.
A
Carlos Alberto Giraldo M.
Informe No. 1 sobre
CONFLICTO URBANO publicado el
domingo 28 de abril de 2002
las nueve horas
de la mañana brumosa de este viernes 26 de abril, un
c o m a n d o
paramilitar
incursionó en las calles de
Santo Domingo Savio y se llevó a dos hombres y una mujer. Algunos milicianos del
Eln, vestidos de civil, patrullan el sector alertados por el
ataque. En sus rostros se notan malestar y desconcierto.
“La guerra está encendida.
Cada vez hay más presión,
más intensidad y más brutalidad. El año pasado le cortaron la cabeza con un hacha a
un pelado que no tenía nada
qué ver en esto y se la mandaron a la casa. Era Día de la
Madre. Si ellos van con todo,
a la gente, aquí, también le
toca responder con todo”, narra un joven que confirma que
la cita, para hablar del tema,
está cancelada por razones de
fuerza mayor.
El
fragor
de
los
enfrentamientos se descubre
en los avances y retrocesos de
las fuerzas armadas ilegales,
calle a calle. Hace sólo tres
meses había presencia
paramilitar en un sector de
este vecindario conocido como
La 29, en el cruce con la calle
107B. Los embates de los
milicianos de izquierda los
obligaron a replegarse. “Hubo
muchos muertos”.
Pero los “paras” siguen
muy cerca, a sólo doce cua-
dras, en la entrada al barrio
San Pablo, en la carrera 34 con
la calle 97. Allí hay retenes
casi a diario para investigar
quién se transporta en los
buses, en los colectivos, en los
taxis. También para cuidar
que nada viaje oculto en las
cajuelas de los autos o en las
cinturas y los morrales de los
pasajeros. Un grafiti, pintado
en la pared de una tienda del
lugar, advierte esa presencia:
“ACU llegamos”.
Tantos ojos que vigilan, tantas preguntas inquisidoras,
tantos rayones en las paredes
con lemas de guerra, tantos jóvenes que patrullan en esta
parte del nororiente de
Medellín, pero también en el
occidente, revelan que ese ambiente caldeado del campo, con
ejércitos irregulares que chocan y ponen a los civiles en
medio del fuego cruzado, ahora está aquí, en la ciudad.
Quién dijo miedo!
Dora* veía a Pedro El Escamoso, la novela de televisión,
mientras aguardaba que su
marido y su hermano terminaran de comer los frijoles con
arroz que les acababa de servir. Todo estaba en calma
cuando sonó el primer disparo. Salió al balcón y vio a varios policías al trote. Subían
por la calle estrecha de enfrente de su casa en busca de
milicianos. “Ahora la ‘ley’ viene por aquí y lo saca, pero es
prendido”.
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La mujer entró de nuevo a
la sala de su casa, que también
es comedor y dormitorio. No
pudo tirarse al piso porque sus
dos parientes ya ocupaban el
espacio libre. “Fui a meterme
detrás de la nevera, nada. Luego al baño, no me hallaba del
susto”. De pronto, algo pegó, en
seco, contra uno de los costados del refrigerador. Los hombres, aún bocabajo, alcanzaron
la pieza caliente y humeante.
Era un tiro de fusil.
Unas cuadras arriba
Willington, un menor de 17
años, había caído herido de
muerte sobre la placa deportiva de cemento del barrio La Independencia #2. Otros muchachos intentaban evacuar al herido, moribundo, pero la
balacera no daba tregua. “Ese
día también hirieron a Ángela,
una vecina”, recuerda la dama.
Varios habitantes de ese vecindario de la Comuna 13 del
occidente de Medellín sostienen que en ocasiones la Policía ha hecho asaltos de imprevisto, apoyada con tanquetas y
fuego de fusilería. También denuncian que en un sitio llamado La Torre (una estructura de
la red de energía) toman posiciones varios fancotiradores
que, por momentos, han disparado indiscriminadamente.
En varias viviendas del sector hay huellas de los disparos
en los techos y en las paredes.
En la Guardería Carrusel, que
funciona en una casa prefabricada que cuelga de una de las
laderas de esta parte de
Medellín, hay un orificio quince centímetros abajo del marco de aluminio de una ventana con vista a La Torre.
Cuatro mujeres que cuidan
a los catorce niños que reciben
atención en la vivienda dicen
que hace tres semanas, a las
dos de la tarde, el balazo perforó la pared, delgada y débil.
“Los niños todavía estaban
aquí. No sabemos cómo el tiro
no mató a ninguno. Recogimos
el plomo aplastado y lo botamos, porque después dicen que
somos guerrilleras”.
Apenas a cuatro y ocho metros del jardín infantil, otras
dos viviendas están agujereadas: una en el contador de
energía y la otra en el tejado.
En la segunda, la bala pasó
una cortina y se clavó en un
envase de lata que estaba en la
nevera, lleno de chocolate. Una
mujer enseña el boquete en el
tarro y la puerta del refigerador
parchada con masilla.
A una menor de diez años,
una bala de fusil le partió los
huesos de su antebrazo izquierdo y luego se le metió en el abdomen. Recibió atención de urgencia en la Unidad Intermedia
de San Javier y después en el
Pabellón Infantil del Hospital
San Vicente de Paúl. La dieron
de alta el miércoles pasado.
“Había salido con mi tía a
comprar unas pastillas para
mi papito (abuelito) y al doblar
la esquina me dieron. No sé por
qué. Cuando vi la sangre me
puse a llorar. Me llevaron en
una moto. Me sacaron la bala
estripada de la barriga”.
Un francotirador la alcanzó
desde una colina del barrio Corazón. “No pueden ver jóvenes
reunidos aquí porque abren
fuego”, agrega una familiar de
la menor, que ahora, por miedo, prefiere no salir a la calle.
En jaque
Después de subir
un millar de escalas desde la placa polideportiva
de La Independencia #2 hasta
el filo de la loma,
se descubre una
veintena de casas
desocupadas.
Allí, en la calle
34B con la carrera 111, es notoria
la huida de los
En las laderas de la zona oriental las
autodefensas intentan cerrar un
cerco entre los barrios Carambolas
y Caicedo La Sierra. En la imagen,
uno de los combatientes de esa
organización al margen de la ley.
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vecinos por miedo a las
balaceras. “Cacorros, afeminados, pirovos”, les dicen a los
milicianos en un grafiti pintado en una vivienda abandonada. En otro muro se lee: “Cap
(Comandos Armados del Pueblo) morirán”.
Una caseta que había debajo de La Torre ha sido destruida. Nadie sale, nadie se asoma. De pronto aparecen seis
policías que se escondían en
una de las propiedades abandonadas. Están tensos, con sus
fusiles y sus binoculares en las
manos. “La orden de mi general es estar aquí”.
El agente al mando sostiene
que su tarea es evitar que los
insurgentes maten y cobren vacunas. También intenta ubicar,
según dice, a francotiradores de
la guerrilla apostados en otros
puntos de la ladera, pero no disparar contra los civiles. “Incluso, los milicianos se nos han
metido hasta aquí a lanzarnos
petardos”.
En febrero mataron al teniente Casas, subcomandante
del Cuerpo de Reacción
Antiterrorista de la Policía Metropolitana, Coran. Ese día
una patrulla del CTI de la Fiscalía había sido emboscada por
milicianos en el sector de San
Michel, en San Javier, al otro
lado del cañón que forman los
barrios de la Comuna 13, que
vistos desde La Torre parecen
un tablero de ajedrez hecho
con ladrillos desnudos.
El oficial tomó los binóculos
para inspeccionar el área, pero
un tiro certero de carabina le
pegó abajo del ojo y le atravesó
la cabeza. Sólo se escuchó, en
una fracción de segundos, un
golpe suave, como el de una
moneda en un pedazo de madera. “Mi teniente se desplomó”.
En el laberinto
La guerra urbana se desarrolla en un territorio repleto de
callecitas, pasadizos, callejo-
nes, cañadas, escalinatas y
ranchos que forman un laberinto, una maraña de caminos
trazada por la sucesión inestable e impredecible de las invasiones de miles de pobladores llegados del campo y de
otras barriadas de Medellín,
expulsados por la violencia o
empujados por la necesidad.
Uno de los más recientes,
empinados y distantes
asentamientos está en la zona
nororiental. Allí, los ranchos
de madera apenas toman forma. Unos cuantos ostentan
cuerpos de ladrillo y pisos de
cemento.
Un grupo de seis policías, en
tres motos, intenta subir por
la loma de barro rojizo, ablandado por el invierno y las
aguas negras que se escurren
desde las casuchas más altas.
En algunos lotes la gente
siembra café y plátano. Es un
mundo a mitad de camino entre el campo, que se ve metros
arriba, en lo alto de la montaña, y la ciudad, que se descubre a lo lejos, humeante y dura,
igual que las paredes y las calles que cubren la barriga que
se forma al centro del valle.
“Allá abajo el Gobierno ignora nuestra situación: epidemias, plagas, diarreas, desnutrición. Es infrahumano como
se vive aquí. Este vecindario es
tranquilo, pero en otros aledaños como Bello Oriente y La
Cruz se dan bloqueos al transporte, a los alimentos.
“Hay registros, casa por casa.
A veces el Ejército y la Policía
entran con encapuchados o patrullan de civil”, relata un grupo de líderes comunitarios. Ellos
dicen estar al margen de los actores armados. Pero la guerra
acosa y por todos los lados las
intimidaciones y las agresiones
se extienden como una epidemia.
Un informe de un colectivo
de Derechos Humanos, que se
titula Medellín-Colombia, la
Otra Palestina, observa que los
Toca viajar por otr
os lados
otros
Las presiones de los grupos
armados en las principales vías de
acceso a los barrios en donde se
desarrolla la confrontación obligan
a los pobladores a realizar
extenuantes jornadas a pie, para
cambiar de rutas, evitar los retenes
ilegales y a veces la expropiación de
sus mercados y demás pertenencias.
Así mismo, los embates de
comandos al margen de la ley están
echando al traste con años de trabajo
comunitario y de esfuerzos
colectivos por sacar adelante esos
barrios en los que la constante es la
pobreza. Viviendas, placas
polideportivas, centros escolares, se
están quedando solos o se
deterioran debido a su no utilización.
En varios sectores las comunidades
se están organizando para llevar a
cabo denuncias internacionales sobre
lo que sucede. La gente reclama,
además, la presencia de organismos
humanitarios y de derechos
humanos, nacionales y extranjeros,
que los ayuden a aliviar los rigores y
a aminorar los atropellos de los
bandos en disputa.
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pobladores más pobres, después de construir sus tugurios
con cartón y plástico, y un poco
de madera, “se encuentran en
una ciudad de gobernantes que
nos los quieren porque la afean
y, por consiguiente, se les estigmatiza de ser milicianos y
guerrilleros”.
Hoy Carambolas, un barrio
de la Zona Nororiental, es un
ejemplo y es también centro de
la disputa entre comandos de
las autodefensas del Bloque
Metro, los organismos de seguridad oficiales y las milicias de
las Farc y del Eln. “Esa es tierra de candela. Más de diez familias se han ido. Estamos tensos porque a los líderes nos
ponen en la mira”.
En ese barrio, que suena a
tacada de billar, operaban los
Núcleos Revolucionarios 6 y
7, absorbidos desde enero por
las Autodefensas de Córdoba
y Urabá. “Llegaron los
paracos y les ofrecieron plata y, como se dice popularmente, se torcieron”.
Un joven que conoce la situación de la Zona Nororiental
explica que unos 20 militantes
que había allí están armados
ahora con fusiles. “Lo que pasa
es que cogieron a 26 manes,
que eran de la comandancia de
los 6 y 7 y quedaron desmantelados. Los infiltraron y un
día, en una operación simultánea, cayeron casi todos.
“Al calor y al miedo de ese
golpe, además de agobiados
por el desempleo, los otros pelados se plegaron a los ‘paras’”.
En los últimos días las mujeres adultas, cabeza de hogar, sufren el drama del reclutamiento
de sus muchachos. “Hay una sentencia: las familias meten a sus
hijos a la guerra o se van del sector. Es una cuota humana. ¿Para
qué? Los vuelven matones a sueldo, los engañan con plata y lo
más seguro es que no los volvemos a ver”, reflexiona una madre y líder de esa ladera.
“Bajo el velo de
la impunidad” se
adentra en los barrios “la figura del
c o n t r o l
paramilitar; miles
de jóvenes son
obligados a participar en la red que
se viene construyendo”, denuncia
al respecto un documento de defensores de Derechos
Humanos.
“Aquí estamos”
Nuestra guía se despista entre
el montón de escalas y pasadizos. Ahora tomamos un recodo
estrecho y desembocamos a un
cruce de calles más amplias donde cuatro muchachos y una
mujer nos observan. Pronto indagan por el sentido de la visita. Son miembros de las Milicias
Bolivarianas de las Farc.
Recelosos consultan con un
superior y nos solicitan que esperemos. Poco a poco baja la
tensión y aparece un hombre
de aspecto fornido, joven, con
su rostro cubierto por una camiseta. Dice que debemos esperar una hora, hasta que llegue “otro mando”. Puntual, al
mediodía, aparece el combatiente autorizado para hablar.
“Lo que está pasando en estos barrios se debe a un conflicto que se viene generalizando en el país. Paramilitares y
guerrilla enfrentan una lucha
que, en parte, se decide” allí.
El hombre habla pausado. Sólo
se ven sus ojos, hundidos en la
sombra que forma su capucha
improvisada.
Dice que no hay interés en
atacar a nadie, salvo a la Policía y al Ejército, “si es del
caso”. La actitud es defensiva,
aclara.
“No sólo hay heridos, hay
muertos. Hay niños asesinados
ante la intensidad de lo que
ocurre. ¿Qué medidas toma-
En las calles los civiles sufren la
zozobra de las balaceras diarias. En
la ladera occidental, por ejemplo,
el fuego cruzado pone en peligro a
la gente en las horas de salida y
llegada de sus trabajos.
mos? La gente sabe que no debe
salir
cuando
haya
enfrentamientos, cuando suenen tiros. Hay un conflicto entre ellos y nosotros, los que tenemos las armas. La comunidad
no tiene nada que ver, muchos
no saben ni quiénes somos, pero
los organismos de seguridad dicen que tienen que saber”.
Un integrante de los Comandos Armados del Pueblo,
Cap, se une al diálogo. Ambos
coinciden en que la gente no
tiene por qué poner los muertos. “Uno, como guerrero, como
combatiente, le parece duro”.
Sentados sobre una escalas
que dan entrada a una vivienda, los encapuchados advierten que en el sector las Farc,
el Eln y los Cap están unidos
“contra la agresión estatal”.
Los combates cada vez son más
duros, según relatan: “el sábado (20 de abril) apareció un helicóptero y rafaguió. Pero no
sabían cuál era su objetivo. Por
fortuna, la comunidad no resultó afectada”.
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Ocultos tras un camión viejo, los milicianos señalan una
colina en la cual se ubican
francotiradores enemigos. Al
tiempo, aceptan que el conflicto se está “urbanizando” y que
“en los campos sólo quedarán
los pájaros y los micos”.
“Esto se prolongará hasta
que el Estado tome conciencia.
En el momento tenemos focos
(presencia) por todos lados”.
Aseveran, antes de terminar el
diálogo y perderse por un callejón, que los organismos de
seguridad no “nos verán arrodillados”.
En aquel alto
La vía llega a su final, muy
arriba, sobre la margen norte
de la quebrada Santa Elena.
Es de mañana y en la última
parada de los buses y colectivos, y en una vía que estrecha
su garganta hasta cerrarse, un
grupo de tres jóvenes del Bloque Metro de las Autodefensas
requisan a los pasajeros de los
automotores.
José, un moreno delgado
que llegó a Medellín desde
Acandí, Chocó, luego que a su
padre lo mataran las Farc, relata que un grupo de hombres
uniformados de militares y
policías entró al barrio en un
camión. “Nos confiamos de que
era la ley, ¡pero qué va, hermano, eran guerrilleros!
¡Hijueputa, por poco nos encienden! Pero así es esto”.
Señala la cara sur del Cerro Pan de Azúcar, en una actitud de expedicionario y de
campaña, y advierte que esta
noche planea meterse a un vecindario que está del otro lado.
Se llama Mano de Dios. Con su
acento urabaense, algo risueño, dice que allá le tienen “algo
guardado”.
A su mando está un grupo
de unos 40 muchachos, algunos de ellos ex miembros de las
milicias 6 y 7 de Noviembre,
que controlaron el vecindario
a principios y mediados de los
noventa, y después, tras un
proceso de desmovilización, decidieron volver a echar mano
de los fierros que les ofrecieron sus antiguos enemigos:
“los paras”.
En una descripción del terreno, José cuenta que por los
pinares que se avistan más
arriba de la vieja carretera a
Santa Elena, a veces se descuelgan “comisiones” del frente Carlos Alirio Buitrago del
Eln. Señala un pequeño barrio,
el 8 de Marzo, ubicado al otro
lado de la hondonada, y dice
que sólo le falta ese pedazo
para tener el control de la
zona. “Brisas de Oriente, que
está al lado, ya es de nosotros”.
Sostiene que las milicias
que antes estaban en los territorios que hoy controla el Bloque Metro de las Autodefensas
atropellaban a la gente. Había
asesinatos, atracos y robos.
Una pregunta obligada: “¿y ustedes acaso no hacen lo mismo?”.
Él responde que se “ajusticia” sólo a quien ha pasado todos los límites y que no hay
“vacunas” (extorsiones). Sólo
“se percibe una platica” de una
empresa de transportes del
sector. “Del Estado Mayor recibimos un mercado por mes”
y una modesta “mensualidad”.
Los muchachos reciben
adoctrinamiento y aprenden
maniobras militares en la Escuela Corazón del Bloque Metro de las Autodefensas, controlada por “Rodrigo”, un hombre de unos 35 años, a quien
los jóvenes llaman, imperturbables y firmes, “mi comando”.
Allí se echan unos tiritos en un
despoblado y aprenden a manejar fusiles.
Ahora esos mismos chicos
suben por unas escalas de tierra del vecindario mientras
que una mujer desplazada del
municipio de Ciudad Bolívar
los ve pasar. Está en su rancho,
con piso de barro. Le pregunto
qué piensa al ver a esos jóvenes armados: “la cosa está tranquila, lo malo es tanta pobreza”. Su esposo no consigue trabajo porque sólo sabe sembrar.
Moros y Cristianos
Al otro lado de la ciudad, en el
Occidente, también de mañana, tres jóvenes milicianos del
Eln, en cuclillas, cuentan balas de fusil que sacan de una
bolsa plástica, mientras que
por sus radios les dicen a otros
compañeros, ubicados en lugares estratégicos para combatir
con los francotiradores de La
Torre, que “hagan otros dos tiros a ver cómo se pone la cosa”.
Al caer la noche, sobre la vía
principal de acceso al barrio,
los milicianos cruzan una cadena de acero, de un poste de
la energía a otro, y la unen con
un candado. En adelante, ningún carro puede pasar. En el
día, en un paredón se lee la
advertencia de que el avance
a los extraños es restringido:
“prohibido el paso de taxis y
particulares ELN”.
Un muchacho del sector
aparece con una bolsa llena de
camisetas y piyamas perforadas por balas. “¡Mire, mire,
hermano! Los organismos de
seguridad entran a golpear, a
amenazar y a disparar. Entonces, si puedo, si tengo con qué,
les hago un tiro y me bajo al
que sea”.
Esas palabras, cargadas de
resentimiento, se suman a las
de José, a las del Policía de
La Torre, a las de los
milicianos de las Farc y de los
Cap y a las de la gente que
sufre en esas calles empinadas. Se revuelven con la letra de una canción de salsa
que ahora suena en un parlante en la esquina y que es
un mensaje para la gente de
Medellín, que parece no enterarse de lo que pasa: “¡en
guerra nadie gana/ en guerra
todos perdimos igual!”.
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Viviendas abandonadas:
drama de barrios
en disputa
•Personería asegura que fenómeno afecta a miles de familias.
•Alcaldía reconoce que no tiene recursos para tantas personas.
•Red de Solidaridad advierte que la Ley no los cobija a todos.
edro Picapiedra se quedó asomado en la terraza, meneando la cola,
con las patas apoyadas
en los muros. Luisa lo
oyó ladrar y quiso devolverse, pero su esposo se lo
impidió. Le dijo que no había
tiempo y que él después mandaba a recogerlo. Los tres
muchachos contratados para
el trasteo les ordenaron subir al carro, un viejo Ford sin
puertas y agujeros de bala en
la trompa.
En la casa, además del perro, Luisa tuvo que dejar la
cuna de Brayan, que en el tropel de la huida ninguno supo
desbaratar; la nevera, un armatoste de color verde demasiado grande y pesado para la
reducida carrocería del camión;
una ponchera con ropa sucia,
remojada en agua jabonosa; y
un par de materas sembradas
con cebolla. Nadie se asomó a
despedirlos.
Las 40 casas de la manzana,
a lo largo de la calle 34B con carrera 111C, entre los sectores 20
de Julio y Betania, ya estaban
desocupadas hacía dos meses,
desde que la guerra entre las milicias y autodefensas se recrudeció y los muros de las edificaciones empezaron a sacudirse con
las esquirlas de las granadas y
las ráfagas de los fusiles.
P
José Alejandro Castaño Hoyos
Informe No. 2 sobre
CONFLICTO URBANO publicado el
lunes 29 de abril de 2002
Los únicos que decidieron
quedarse entonces fueron Luisa y su esposo, empeñados en
salvar los diez millones de pesos que dos años antes pagaron por su vivienda con un
préstamo del que aún deben la
mitad. Por eso persistieron y
mandaron a los niños a la casa
de la abuela, en Guayabal.
En esos días, a comienzos de
febrero, el tropel de los que
huían comenzó a ser tan vertiginoso que muchos dejaban
camas, trastos de cocina, estufas, cuadros colgados en las
paredes y mascotas, en total
cinco perros, tres gatos y una
coneja de orejas grises que
terminó muerta de un susto
después de la detonación de
una papa explosiva.
En eso iba pensando la mujer, en los animales, mientras el
conductor del camión descendía
loma abajo, apurado por el peso
de los trebejos mal arrumados
y el temor de una emboscada.
Según las autoridades, su
caso es el de cientos de familias en diferentes zonas de
Medellín en las que la guerrilla y las autodefensas luchan
por el control de barrios cuya
ubicación consideran estratégica, debido a los corredores
que comunican sus laderas con
algunos municipios del Nordeste y del Oriente cercano,
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precisamente en las poblaciones del departamento donde
los frentes rurales reclaman
abastecimiento, víveres, munición y vías de ingreso y salida al Valle del Aburrá.
mayor de familias, el Municipio
comenzó a diseñar un plan de
asistencia del que
aún no se conocen
detalles.
Voces oficiales
Alberto Morales, asesor de la
Personería, advierte que la situación es crítica y asegura que
la ciudad aún desconoce la dimensión de esa tragedia.
En su opinión, la mayoría
de la gente todavía piensa que
los desplazados son sólo las familias campesinas que tienen
que abandonar sus parcelas
de cultivo y que ese fenómeno
es ajeno a los núcleos urbanos.
De acuerdo con el funcionario, pese a que no existe un
censo, el número de hogares
desarraigados por culpa de la
guerra entre milicias y
autodefensas en Medellín
suma miles en Santo Domingo Savio, Popular, Ocho de
Marzo, Veinte de Julio,
Belencito, Blanquizal, Villa
Laura, Betania, Trece de Noviembre, Villa Tina, La Sierra, El Pinal, Los Mangos y
Efe Gómez, barrios de las periferias en los que, denuncian
los habitantes, hay cuadras
desoladas, marcadas por el
abandono y los grafitis en aerosol en los que los grupos armados se retan a muerte y se
culpan de la desgracias de los
que se marchan.
Consuelo Chavarriaga, directora de la Oficina Municipal de Atención de Desplazados, reconoce que el fenómeno
sorprendió a las autoridades.
En ese despacho, admite sin
rodeos, no tienen recursos para
encarar el problema y atender
las familias con subsidios de
vivienda, educación o ayuda
humanitaria.
No obstante, debido al evidente incremento de los combates en los barrios y la huida de un número cada vez
Depreciación
M a u r i c i o
Cadavid, sociólogo
de la Universidad
de Antioquia, dice que el problema del desplazamiento urbano no es nuevo y que desde
la época en que Pablo Escobar
Gaviria empezó a financiar las
bandas de sicarios, los jóvenes
aprovecharon el poder de las
ametralladoras y el dinero
para desterrar familias enteras e, incluso, exigirles el
traspaso de sus propiedades.
Esa espiral de crimen, explica
el académico, se ha mantenido todos estos años y la desocupación de viviendas en barrios periféricos es una constante.
Lo que ocurre ahora es que,
señala, además de que el volumen de desplazamiento es
mucho mayor, por primera
vez se están vulnerando zonas de estratificación alta. El
caso de la urbanización Villas
de Aragón, en Belencito, parece prueba de eso.
La unidad es de 252 casas,
cada una con un área promedio de 70 metros cuadrados;
casi 600 árboles frutales en
las zonas comunes, dos salones sociales excelentemente
dotados, piscina y hasta un
aviario con diferentes variedades de canarios, sinsontes y
gallinetas. Sin embargo, por
culpa de la guerra que se libra a pocas cuadras, en el sector de El Corazón, 60 casas
fueron desocupadas este año
y, cuentan los habitantes, en
promedio tres familias se mudan de la unidad cada fin de
semana. El asunto es tan grave que por las viviendas, cotizadas en sesenta millones, na-
Esta foto fue tomada desde el interior de una de las cerca de cuarenta
casas abandonadas en el sector de
La Torre, en el Centro occidente de
la ciudad. Para intentar controlar la
arremetida de los grupos armados,
la Policía hace patrullajes durante
el día. En la noche, cuentan los
pocos habitantes que insisten en
permanecer en la zona, el miedo y
la soledad se toman las calles.
die ofrece más de treinta.
Rodolfo*, médico de la Universidad de Antioquia, cuenta que dos veces ha ido a devolverle la propiedad a la corporación que se la financió y
que ésta sólo le reconoce la
tercera parte del valor, como
veinte millones. Con todo y el
descalabro financiero que ello
supone, muchos vecinos han
preferido colgarse en las cuotas de los préstamos e irse a
pagar arriendo a otras partes
con tal de huir del alcance de
los combates, siempre entre
hombres de rostro cubierto
que disparan fusiles, lanzan
granadas y usan camuflados.
La misma situación padecen en la Unidad Residencial
Citará, cuyos arriendos, que
deberían costar $400.000, se
ofrecen en $200.000, y hasta
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en menos. La gente está desesperada.
Jhony*, licenciado en Educación Física del Politécnico
Jaime Isaza Cadavid, ajustó
la cuota inicial de su apartamento en San Michel, parte
alta de San Javier, a punta de
abdominales, sentadillas,
flexiones de pecho, levantamiento de pesas y largas jornadas de trote como instructor en un gimnasio.
El esfuerzo de dos años continuos, además de una satisfacción dura, firme, libre de
estrías, le dejó una pequeña
hernia inguinal que sólo le comenzó a doler cuando, hace
cinco meses, tuvo que abandonar su propiedad, apremiado
por la guerra.
Larva
Lo más duro, lo que da más rabia, alegan Luisa y su esposo,
es que las autoridades no parecen darse cuenta de lo que
está pasando, como si el Alcalde, los concejales y los comandantes de la IV Brigada, la Policía Metropolitana y el DAS
vivieran en otro mundo del que
apenas se asoman a través de
vidrios blindados.
Quizás eso explica, asegura
la pareja, porqué la imagen que
tienen las autoridades del conflicto en los barrios es a veces
tan distorsionada, borrosa.
Hace veinte días, cuenta la
mujer ofuscada, ella y su esposo volvieron al barrio, en un
esfuerzo por recuperar a Pedro
Picapiedra. Fueron a las once
de la mañana, vestidos con camisetas blancas y en compañía
de uno de los hijos, el más pequeño, todo para conjurar el
recelo de los grupos armados.
Buscaron,
silbaron,
tronaron los dedos, preguntaron por ahí, nadie les dio razón. Por fin, ya de bajada, frente a la fachada de un granero
destruido, alguien les contó
que al perro lo habían herido
en una balacera y que penó
tres días hasta que se murió.
En sus pesquisas diarias,
les dijeron, cinco tipos armados lo echaron a un caño, molestos por el hedor de la carne
descompuesta y el reguero de
gusanos.
Justo así, lanzados a un
foso, con todo y sueños, se
sienten Luisa y su familia, y
la mayoría de los desplazados
en los barrios. La guerra acecha y engulle.
Voces del destierro
“Nosotros salimos del barrio
desde mediados de marzo. La
situación se hizo insoportable.
Había balaceras todos los días.
Una vez los milicianos nos reunieron y nos explicaron que la
cosa estaba muy brava y que
como los paramilitares andaban tan encima, que todos los
habitantes teníamos que prestarnos para hacerles la guerra.
Esa vez fue cuando pusieron
como condición que si los
milicianos necesitaban entrarse
a la casa de uno a la brava para
resguardarse, fuera a la hora
que fuera, nosotros teníamos
que abrirles la puerta y ocultarlos. ¡Imagínese!”
María, del barrio 20 de
Julio.
“Mi rancho es de adobes y tejas. Un pedazo tiene plancha.
No es lujoso, pero es bonito.
Tiene sus servicios y un frente
amplio. Dos piezas, baño, cocina y balcón en la parte de
atrás. Nos tocó dejarlo abandonado el 30 de enero. De allá,
que yo sepa, han salido por hay
otras diez o doce familias, todas arriadas por las balas
como cuando usted espanta
ganado a fuetazos. Nosotros
sólo alcanzamos a sacar la
ropita y unas ollas. Todo lo
demás está allá. La orden que
dieron los milicianos es que los
que salimos perdimos el dere-
cho a volver y que si nos ven
otra vez por allá nos ajustician.
¡Eso mandaron decir!”.
Enrique, del barrio Blanquizal.
“Los paramilitares subieron un
martes por la noche y le cortaron la cabeza a un sobrino
dizque porque era guerrillero.
Después volvieron al jueves y
fusilaron a tres pelados, entre
ellos el hijo de una comadre. Mi
hijo, que es celador en una urbanización en El Poblado, dejó
de subir a la casa a dormir de
puro susto y comenzó a quedarse donde un compañero en Robledo. Yo me cansé de oír balazos, gritos de auxilio y de estar
sola. Mi casa la dejé cerrada con
candados pero una vecina me
llamó a contarme que ya la
abrieron y que la ocuparon”.
Noelia, del barrio Fuente
Clara.
“Un día vino un grupo preguntando por mi marido, que era
de la acción comunal, y lo acusaron de ser un líder cívico al
servicio del Eln. Como no estaba, le dejaron dicho que no lo
querían volver a ver por ahí
porque le iban a cortar la lengua y los testículos. Antes de
irse, los tipos rayaron las paredes y las ventanas de la
casa. Yo lo llamé al trabajo y
le dije que no subiera. Mi papá
y un tío me ayudaron a empacar ese tarde y cuando el trasteo ya estaba listo, los paras
volvieron y me dijeron que si
había decidido irme, que les
dejara las llaves de la casa,
que ellos la necesitaban. Tenían armas y capuchas,
¿quién les dice que no?”.
Marina, del barrio Popular.
Nombres cambiados por
petición expresa de las fuentes
12
Documentos
Medellín: 20 años de
llanto en las calles
•Auc controlan 70% de los barrios, dice informe de inteligencia.
•Hay registros de 400 bandas delincuenciales activas en la ciudad.
•Más de 40.000 jóvenes muertos en choques en los últimos 20 años.
ay un mito según el
cual Medellín tiene
dos historias de violencia urbana: antes y
después de Pablo Escobar. La realidad es
que en los últimos 20
años, más de 40.000 jóvenes,
entre los 14 y los 26 años, murieron en la ciudad, producto de
una confrontación armada que,
según los analistas, puede empeorar en esta década.
“La primera década del
2000 sería la más violenta en
la historia si no se interviene
este panorama. Es un llamado para preguntarle al Estado
qué se va a hacer con esta generación de jóvenes que requieren oportunidades, más
allá de la guerra”, asegura
Luis Guillermo Pardo, director
de la Oficina de Reinserción en
Medellín.
Con la muerte del “Doctor”
(Escobar) no se acabó el
narcotráfico, tampoco las bandas y mucho menos las milicias
que no tenían nada qué ver con
él. Muerto Pablo, por el contrario, quedó una nueva generación armada, dedicada a hacer
otros trabajos y dirigida por
sicarios profesionales.
Sicarius es una palabra que
aparece en la Roma antigua
para designar a jóvenes asesinos a sueldo, que mataban con
una daga o un cuchillo (Sica,
punta). Esta figura fue incorporada en la ciudad por el
cartel de Medellín.
En la década de los 80 hay
A
Elizabeth Yarce
Entrega No. 3 sobre
CONFLICTO URBANO del
domingo 28 de abril de 2002
un corte con dos circunstancias
decisivas: una, el surgimiento
del narcotráfico de una manera organizada y alrededor del
tema de la producción, distribución, circulación y protección
de los narcos, llegaron propuestas de organización de grupos
armados delincuenciales a los
barrios populares con distintas funciones: cuidar el negocio, ajustar cuentas, cobrar
venganzas.
Se fortaleció entonces un
aparato militar liderado por
Pablo Escobar , Alfredo
Vásquez “El Pana”, John Jairo
Velásquez “Popeye”, Carlos
Aguilar “Mugre”, Otoniel
González “Otto” y los hermanos Mosquera (“La Quica y
Tyson”), al lado de una cultura proclive al enriquecimiento
fácil y a la solución violenta de
los conflictos. Se instala esa
mentalidad y empieza a recorrer la ciudad, no sólo en los
barrios populares.
Esta época coincidió con la
propuesta del M-19, Eln, Epl y
Farc, de desarrollar un proyecto militar urbano con la denominación de milicias, en parte
copiando el esquema de la segunda guerra mundial de los
partisanos en los principales
países invadidos por Alemania.
“Cada cual desarrolló su actividad: los grupos milicianos
contra el Estado y el
narcotráfico como protección
del negocio para ajustes de
cuentas. Cuando comienza la
guerra del Estado contra Pa-
13
Documentos
blo Escobar se tensionan estas
fuerzas, se radicaliza mucho
más la violencia y la propuesta miliciana de la guerrilla comienza a ser permeada por
métodos militares de la delincuencia común.
Hay una reflexión del movimiento guerrillero, el M-19 se
desmoviliza y abandona su proyecto. A finales de la década del
80 lo hace el Epl. Las Farc y el
Eln, no por negociación, sino
por decisión, replantean las estructuras de sus milicias porque fueron ‘filtradas’ por la delincuencia común”, precisa Luis
Guillermo Pardo.
Tras la salida de la guerrilla,
quedó sembrado un camino para
grupos aislados con formación
militar, armados con cierta ideología miliciana que decidieron
desarrollar actividades de una
manera independiente y se
asentaron en zonas populares de
la ciudad, independientes de las
Farc y del Eln.
A principios de los 90 se inició una disputa por territorios
en los barrios populares, entre
grupos armados al servicio de
la delincuencia y grupos
milicianos independientes.
Esta situación, unida a la
masificación del narcotráfico,
llevó a que en 1991 y 1992 se
registrara la mayor tasa de homicidios en la ciudad: 444 por
cada 100.000 habitantes, según estadísticas de la desaparecida Asesoría de Paz y Convivencia de Medellín.
Mientras que en diciembre
de 2000 la tasa de homicidios
era de 150 por 100.000 habitantes y en el 2001 llegó a 200
por 100.000 habitantes, según
estadísticas de Decypol.
A partir de 1992 comenzó a
descender esta estadística. “El
narcotráfico se transforma a
partir de 1997, se recicla, no
desaparece, se conforman
nuevos grupos y estructuras.
No están los grupos fuertes
como Los Priscos, aparecen
otros y la guerrilla reformula
su decisión de abandonar la
ciudad, como espacio y territorio. Vuelven a desarrollar
una intervención en ella.
También
ingresan
las
Autodefensas.
Las nuevas bandas
Si bien hoy Medellín cuenta
con una inusitada proliferación de bandas y otro tipo de
grupos armados en el escenario urbano, como las
autodefensas y las nuevas milicias de las Farc y el Eln, hay
que tener en cuenta que la dinámica y las características
que enmarcan a estas agrupaciones, no se corresponden, en
su esencia, con la naturaleza
de los grupos protagonistas de
la violencia en los años 80,
cuando el narcotráfico tuvo en
ellos una singular influencia y
cuando las confrontaciones
entre diferentes bandas de la
ciudad se encontraban en un
período de agudización.
“Pablo dejó a mucha gente
armada, que se agrupó en bandas poderosas que no se resignaron a dejar la vida del dinero fácil que en los 80, y hasta
mitades de los 90, proporcionaba el narcotráfico. De ese grupo hacen parte más de 200
bandas, pero ahora el jefe, o los
jefes, son otros”, expresa
“Diego”, habitante del sector
de Moravia.
Un informe de inteligencia
conocido por este diario revela
que desde el año 2000, la guerra, al interior
de las bandas,
provocó el surgimiento de nuevas organizaciones, varias de
ellas absorbidas
por las Auc, el
Eln y las Farc.
Los Priscos,
El Viejo, Los
Capuchos, La
Ramada,
La
Según las autoridades, en los
últimos 13 meses las Auc, los Cap
y las Farc son los grupos más
fortalecidos en la ciudad. El
conflicto de las zonas rurales es
ahora urbano.
14
Documentos
Quica, Los Mecatos, La 91, El
Loco Uribe, Los Enanos, Los
Magníficos o Los Nachos, que
hicieron parte del antiguo cartel de Medellín, fueron desplazados por otros grupos armad
o
s
.
”Ahora es más difícil la situación porque, aparte de contar
con un arsenal que les heredó
el narcotráfico, los grupos armados (Farc, Eln y Auc), bajo
la premisa de absorberlos los
están dotando de verdaderos
arsenales que superan en sofisticación a los que poseen los
organismos de seguridad del
Estado.
Se habla ya no de bandas,
sino de organizaciones criminales. La Terraza y La de
Frank poseen AK47, Galil,
subametralladoras, entre otras
armas, utilizadas en trabajos
como el atraco a gran escala a
los carros de valores y el secuestro”. indica el informe oficial.
Advierten que en los últimos
13 meses las Autodefensas, los
Cap y las Farc son los grupos
más fortalecidos en la ciudad.
“Los Cap están trabajando más
con las Milicias Bolivarianas y
actúan en Robledo, Blanquizal,
Vallejuelos, 20 de julio, La Independencia y Belencito”.
Los habitantes de los barrios tienen su propia historia:
“Con la muerte de ‘Nano’ -el
jefe-, otro loco de la gallada
quiso coger el mando. Me tocó
encenderme con él y mostrarle quién mandaba. Por ponerse de picao (hostil) anda cargando tierra con el pecho”, expresa un joven de 24 años, del
nororiente de Medellín, quien
desde hace diez años empuñó
las armas. El muchacho mató
a sueldo en la época de Pablo
Escobar (por aquello de “mata,
que Dios perdona”, como dice
la canción) y, posteriormente,
se incorporó a una banda para
defender su territorio de un
grupo de milicias.
“Otros muchachos empezaron a ir de para atrás desde
que la Policía les tumbó el jefe.
Hasta ahí fue que duró el combo. Cada quien quería mandar
y eso así no funciona. A la final cada uno cogió por su lado.
Ahora la cosa está peor porque
las Autodefensas son los nuevos patrones y la banda que no
se les adhiera tiende a desaparecer. Por eso es que son los
combates ahora”, advierte
“No es sino que usted pase
por Medellín y pregunte: ¿esa
banda de quién es? Entonces,
dicen, es la banda de tal... Y,
¿a quién le sirve esa banda? A
los Castaño. ¿Y qué más hace
esa banda? Mantiene el control
de los barrios y, a su vez, acaba lo que sea diferente al régimen”, agrega.
Sin que los efectos del
narcotráfico hayan desaparecido, las bandas tienen altos niveles de especialización y organización que les garantizan
mejores condiciones de ingresos económicos, mayor capacidad de acceso a diferentes tipos de armas y más facilidad
para encubrir sus acciones.
Las Autodefensas, indica el
informe de inteligencia, controlan el 70% de los barrios en disputa en Medellín. “Cuentan con
centros de operaciones en
Manrique, la nororiental (parte
baja), Santa Cruz, la
Noroccidental
y
la
Suroccidental. Les falta parte de
la Centroriental y por eso los
combates con la Terraza, Frank
y las milicias. La banda de Los
Triana, en cambio, está en proceso de incorporación a las Auc”,
explica el texto.
No obstante, “si en algún
momento, en tal o cual barrio
estuvieron estos o aquellos,
pues mutaron y cambiaron de
nombre”, indica un líder comunitario.
“Lo más significativo – dice
– son los barrios París y La
Maruchenga donde uno puede
hacer una historia de personas
que han estado en estructuras
de muerte desde hace mucho
tiempo, verdaderos clanes, familias que han cambiado su
obrar o su ‘chapa’ que en algún
momento fueron más cercanas
al narcotráfico y después pasaron a otro tipo de estructura”.
Pero de alguna manera son
los mismos: los hijos de los hijos que han pervivido en una estructura de guerra.
Tasa de muer
tes
muertes
Medellín tuvo la estadística más alta
de homicidios en 1991,
como consecuencia del narcotráfico.
La ciudad no deja de ser la más
violenta de América Latina
y de Colombia, en proporción del
número de habitantes y
de asesinatos.
Mientras en Santiago de Chile hay
tres muertos por cada
100.000 habitantes, en ciudad de
México 14, en Buenos Aires 34 y en
Bogotá 36; en Medellín,
en el año 2001, fue de 220 (promedio
de 12 muertes diarias).
15
Documentos
16
Documentos
Poblaciones del Aburrá,
encerradas por
el miedo
•Paras y milicianos llegaron a actuar a su modo en poblaciones.
•Algunos habitantes prefieren partir o dejar negocios antes que someterse.
•Municipios como Caldas viven “auto-toque de queda” después de las diez.
S
León Jairo Saldarriaga L.
Entrega No. 4 sobre
CONFLICTO URBANO del
miércoles 1º de mayo de 2002
i su hijo es sano, acuéstelo temprano; si es caliente, nosotros se lo
enfriamos”. La notificación, con rigor de
sentencia, estaba contenida en un panfleto que circuló en Copacabana, en algunos de cuyos barrios se retrata la aparición de nuevos grupos armados que hoy padece la
mayoría de poblaciones del Valle del Aburrá.
Los autores han pasado de las
amenazas a los hechos con una
secuela de acciones criminales
impunes, que las comunidades
atribuyen a una arremetida de
las autodefensas y de las milicias
urbanas de la guerrilla en sus territorios.
Los vecinos de Medellín que
hacían alarde de disfrutar de
una tranquilidad con problemas de orden público manejables, hoy son escenario vivo del
conflicto armado, en especial
poblaciones como La Estrella,
Caldas,
Itagüí,
Bello,
Copacabana y Barbosa. En todos los casos, las consecuencias
son una alteración de la convivencia cotidiana, que pasa por
las amenazas, el boleteo, las
muertes selectivas, las desapariciones y, pocas veces,
enfrentamientos entre milicias
y autodefensas.
En lo inmediato causan una
ruptura de lo elemental, como
quiera que el encierro forzado
de sus habitantes ha llevado al
alcalde de Caldas, Saúl Posada, a admitir que “prácticamente a las diez de la noche el
municipio está en auto-toque
de queda, porque la gente tiene miedo”.
Una de las explicaciones, argumentada por el Asesor de
Paz de Bello, Owaldo Arango,
es que “todo es producto de un
ciclo donde el campo ya no es
tan atractivo para la guerra”.
Voces desde el temor
El miedo ejerce un dominio
mayor que las armas, los testigos de los hechos, y hasta las
víctimas, prefieren callar. La
situación es patética de pueblo
en pueblo. “He oído el comentario de comerciantes que se
van a tener que ir. Uno dijo que
no se va a poner a luchar para
otros, me dio a entender que
lo habían boletiado”, cuenta un
empleado de La Estrella.
“En las noches me quedaba
jugando billar, pero ya madrugo para la casa porque esto está
muy maluco”, agrega, al querer
explicar que cuando la Policía se
guarda en los cuarteles, desconocidos hacen rondas urbanas.
“Después de la media noche se
ve gente rara”, dice. El temor
aumentó por los grafitis que
17
Documentos
dejaron en sectores como los
moteles, que anunciaban la
presencia de las AUC.
Para algunos habitantes, la
aparición de nuevos grupos armados en La Estrella sería la
respuesta a hechos ocurridos
entre febrero y marzo como el
intento de secuestro de un comerciante a una cuadra del
parque, que dejó un muerto,
otro en la calle 5ª, y un tercero
en la zona rural, además de
otro atentado contra un ex congresista liberal.
Un estudiante cuenta que la
presencia es más evidente en
la parte baja, en La
Inmaculada, Ancón y Caquetá
(donde una incursión de las
autodefensas dejó varios heridos), y en el sector rural de
Pueblo Viejo.
Un abogado estima que esos
episodios, que muchos atribuyen a grupos de milicias, fueron
aprovechados como pretexto por
las
autodefensas
para
incursionar. “Algunos, incluso,
lo ven como una forma de protección ante la falta efectiva de
autoridad”, dice sorprendido.
En su momento, se queja un
funcionario, se hizo un consejo
de seguridad con los comandantes de la Policía Metropolitana
y de la Cuarta Brigada, hubo
mucho pie de fuerza al comienzo, pero después desapareció.
El pueblo se calienta
La contundencia de los hechos
muestra la existencia de una
supra-autoridad que da órdenes y conmina a que se cumplan. Las historias se repiten
aquí y allá. En los primeros
días de abril un grupo de universitarios departía en las calles de Caldas cuando a la una
de la mañana los abordaron
desconocidos, todos de sombrero, que se movilizaban en una
camioneta. “Tienen media
hora para que se pierdan, y
agradezcan que están con cuadernos”, les dijeron.
Ya en el Norte, en Bello, los
campesinos se quejan que por
cada mula que bajan con revuelto (pan coger) a la plaza de mercado, tienen que pagar un “impuesto” de $1.000 a las milicias.
Las acciones se suceden con
cambio de escenario. En el parque principal de Copacabana
dos jubilados comparten que
“esto siempre está calientico.
La gente está pilas ante cualquier movimiento sospechoso”.
En un barrio próximo, un
grupo de jóvenes cuenta que
después de las siete de la noche no se ve a nadie en la calle, sobre todo por efecto de un
panfleto que les decía que “sanos y buenos van pa’l piso sino
se acuestan temprano” y que
notificaba “muerte a cuatreros,
milicianos y viciosos”, respaldado por las Accu.
La advertencia tiene antecedentes violentos como la desaparición de “el poli”, desde noviembre del año pasado, cuando resistió a dejarse llevar por
hombres armados. Al muchacho le pegaron dos tiros delante de la mamá y de todas formas se lo llevaron.
Después, los ocupantes de la
que el pueblo conoce como la
“camioneta de la muerte”, asesinaron una noche de marzo a
Richard y a los primos Andrés
Felipe y Arley, cuando compartían en una tienda del barrio
Cristo Rey.
A los veintidós
días, también de
noche, bajaron de
un colectivo a los
hermanos Julián,
de 33 años, y Julio, de 16, cuando
iban con el mercado para la casa, y
los mataron.
“Como era este
barrio de sano y
ver como está por
esa camioneta.
Ahora uno tiene
que encerrarse
Los municipios del Valle del Aburrá
ya no son el remanso de paz que
fueron. Sus pobladores padecen la
llegada de una supra-autoridad armada que da órdenes y, en algunos
sectores, manda al encierro.
18
Documentos
con los hijos después de las
siete”, dice una señora, quien
anota que hace poco, a pleno
día, armados de fusiles, también estuvieron “pidiendo papeles” junto al Hospital Santa Margarita.
La comunidad dice que están en su furor. “Ya pasan de
día y de noche, a veces hacen
rondas en taxi”, añade un joven
que sabe de su presencia en sectores
como
Yarumito,
Camboya, La Pedrera, Barrio
Obrero, Miraflores, Cristo Rey
y Cabuyal. “Claro que esos manes no se meten a los barrios
con calentura, porque allá si les
aflojan”, relata un adulto.
Una habitante del sector exclama que los muertos “eran jóvenes sin ninguna maña, pues si
fueran malos hasta uno hubiera
dicho siquiera descansamos”.
De nuevo en el Sur del Valle del Aburrá las historias se
parecen. “Circularon panfletos
con nombres de muchachos, a
quienes pedían no dar papaya
y muchos las atribuían a las
Auc o a grupos de limpieza”,
cuenta un funcionario de Caldas. La comunidad advierte su
presencia en sectores como La
Planta, La Chuscala, La
Inmaculada, Los Cerezos, La
Miel y en la vereda La Clara.
Según la personera, Ruth
Estela Monsalve, el municipio
no escapa a esas acciones y admite que muchas muertes son
producto del conflicto, pero no
por enfrentamientos entre
aquellos. Por su condición de
corredor geográfico, observa
que la guerra les ha traído población desplazada de Carmen
de Atrato, Granada, Segovia,
San Carlos, Tapartó, Salgar,
Urrao y hasta del departamento de Caquetá.
El sacerdote Orlando
Arango, de Pastoral Social de
la Diócesis de Caldas, concreta que el Frente Metrosur de
las autodefensas ha pretendido operar en la población, pero
encontró el rechazo de las autoridades civiles y de Policía.
Cuenta que su accionar se
mira desde la simpatía de
quienes creen que van a arreglar los problemas de seguridad hasta el rechazo total, la
confrontación verbal o los que
prefieren salir del municipio y
dejar sus negocios. Con aquellos, también identifica el accionar de milicias cercanas a
la guerrilla y de bandas que
atizan el conflicto.
De la mano de la impotencia de las autoridades, la confusión deja una secuelo de
luto. Doña Oliva, la abuela de
Arley y Felipe, expresa que es
una infamia que le quiten la
vida a muchachos buenos y reclama a los asesinos que “no
dejen más madres llorando”.
19
Documentos
Ejército y Policía quieren
frenar desangre
de la ciudad
•Han realizado seis operativos contra milicias, Cap, Auc y bandas.
•Cerca de 140 personas capturadas. 15 policías y un mayor del Ejército muertos.
•Dicen que presencia de Procuraduría en operativos garantiza respeto a los derechos
fundamentales.
os generales Mario
Montoya, comandante
de la IV Brigada, y
Leonardo Gallego, de la
Policía Metropolitana,
son dos viejos zorros
que se conocen desde su juventud en el Valle y, por azares del
destino, se volvieron a encontrar en Medellín a finales del
año pasado.
Desde entonces es común
verlos en ruedas de prensa conjuntas donde anuncian los resultados de operativos contra
las milicias de las Farc, el Eln,
los Cap (Comandos Armados
del Pueblo), las autodefensas y
los grupos de delincuencia común, que libran su guerra territorial en las laderas orientales y occidentales de la ciudad. Hasta la fecha han realizado seis operativos conjuntos
en los que han aprehendido a
cerca de 140 personas, buena
parte de ellas con órdenes de
captura.
A pesar de tener estilos diferentes, son amigos, muy buenos amigos. Eso les ha facilitado la articulación de
operativos, los cuales se han
incrementado durante el primer trimestre del año, con ayuda del DAS y la Fiscalía. Esta
estrategia, aseguran, les ha
permitido evitar ataques terroristas en la ciudad y golpear a
L
Clara Isabel Vélez Rincón
Entrega No. 5 sobre
CONFLICTO URBANO del
jueves 2 de mayo de 2002
los grupos armados ilegales
que combaten en las zonas
nororiental y occidental.
El general Montoya es un
hombre acostumbrado al mando de tropa, con voz fuerte, que
siempre va al grano y no le
gusta dar vueltas para decir
las cosas. El general Gallego es
más reposado, desde hace mucho tiempo está acostumbrado
a los medios de comunicación
y sabe cómo manejarlos.
Ambos conocen el impacto
del narcotráfico en la ciudad y
la influencia de éste en la creación de bandas de delincuencia común, muchas de las cuales se pusieron al servicio de
los actores armados.
Ambos han visto caer a sus
hombres en las mismas calles
donde los civiles son víctimas
de la confrontación de los grupos ilegales, por eso les molestan las críticas sobre la falta
de presencia de sus instituciones en las zonas de conflicto.
En lo que va del año su cuota
de sangre la constituyen un
mayor del Ejército y 15 miembros de la Policía.
También insisten en que su
interés es respetar a la población civil, evitar que sufra las
consecuencias de la guerra y,
como garantes de los
operativos que adelantan en
las zonas de conflicto, siempre
20
Documentos
está presente la Procuraduría.
Su visión sobre el conflicto
en Medellín es clara. Saben que
hay una guerra territorial que
libran los actores armados con
el respaldo de grupos
delincuenciales que cambian de
bando según su conveniencia,
de ahí el gran daño que está sufriendo la población civil. Sin
embargo, están convencidos de
que cuentan con los elementos
para frenar el desangre y evitar el terrorismo urbano.
Ilegales están en sitios
estratégicos
¿Cómo percibe la Policía el
conflicto que se vive en los
barrios con la presencia de
bandas de delincuencia común, grupos de milicias y
autodefensas?
“Los actores armados ilegalmente tienen ramificaciones en diferentes sectores del área metropolitana, especialmente al oriente y al occidente de Medellín que
es donde más se concentran estas expresiones de conflicto”.
¿Por qué han escogido estos
sectores específicamente?
“De acuerdo a lo que se ha conocido, esos sectores se encuentran en corredores que
son de interés para los diferentes grupos. En el área oriental
de Medellín hay integrantes de
milicias de las Farc, del Eln y
hay grupos de autodefensa.
Hacia el occidente hay indicios
de que existen milicias del Eln,
las Farc, los Cap (Comandos
Armados del Pueblo) y las
autodefensas. Pero contra todas estas expresiones del conflicto la Policía Metropolitana,
la IV Brigada del Ejército, la
Fuerza Aérea Colombiana, la
Fiscalía, el CTI, el DAS, están
adelantando permanentemente labores de inteligencia, procesos judiciales y operaciones
especiales para afrontar los diferentes delitos que cometen y
buscar la desarticulación de
estas agrupaciones armadas”.
¿A qué se debe
el incremento
de las actividades de estos
grupos desde
mediados del
año pasado y
principio de
este?
“Desde comienzos
de este año se están intensificando las actividades por parte
de la fuerza pública y los organismos judiciales. Persisten los
enfrentamientos entre los grupos armados ilegales y los de éstos con algunas redes de delincuencia organizada. Lo que en
realidad registra un aumento es
el enfrentamiento de los organismos de seguridad con esas
estructuras ilegales.
Hay sectores donde los
enfrentamientos entre los grupos ilegales tienen tendencia a
disminuir porque hay más presencia y acciones de la fuerza
pública y los organismos de seguridad. La confrontación se
está dando entre los grupos ilegales y las fuerzas del Estado.
Si hay otros sectores donde
la situación es igual que antes o se considera que hay
mayor intensidad de conflicto
se debe a que no hay medios
suficientes para estar actuando en todos los focos. Pero el
propósito de las operaciones
es seguir afrontando esas manifestaciones de conflicto y
disminuir la intensidad de
temporadas anteriores”.
¿En cuáles zonas dice usted
que ha disminuido?
“En Belencito Corazón, hasta
finales del año pasado eran frecuentes los enfrentamientos entre los mismos grupos ilegales
y de éstos con algunas redes de
delincuencia organizada. Desde comienzos de este año los
choques se presentan con más
Los comandantes de la IV Brigada,
general Mario Montoya Uribe (a la
izquierda), y de la Policía
Metropolitana, general Leonardo
Gallego Castrillón, han ordenado la
realización de seis operativos
conjuntos en las zonas nororiental
y occidental de Medellín, en los
cuales han sido aprehendidas 140
personas. Buena parte de las
acciones parten de la expedición de
órdenes de captura contra personas que están siendo investigadas
o procesadas por la Fiscalía.
21
Documentos
frecuencia entre la fuerza pública ingresando a este sector y
los grupos ilegales que tienen
ramificaciones ahí.
Las operaciones conjuntas en
esa área han arrojado resultados muy positivos: capturas de
milicianos, de integrantes de
grupos de autodefensas y miembros de delincuencia común, incautaciones de armas de fuego
y artefactos explosivos.
Hay sectores donde la presencia de la fuerza pública se ha
incrementado y el servicio de vigilancia es mayor y, en la medida que se pueda disponer de más
recursos, esto podrá mejorar”.
¿De qué depende esto, necesita aumentar el pie de
fuerza?
“Lo único que necesitamos ahora es una base para la Policía
Metropolitana, porque no existe en esa zona, pues la más cercana es la de Belén. Esas instalaciones están siendo solicitadas
a la administración municipal,
nos han manifestado que la adquisición del terreno y la construcción del edificio están en
proceso. Estamos preparados
para establecernos permanentemente y servirle a los residentes, los que trabajan en ese sector o quienes transitan por allí”.
Hace 15 días fueron asesinadas tres personas en la terminal de El Salado y los familiares tuvieron que recoger a las
víctimas porque no fue posible
que los agentes llegaran a la
zona pues el hecho se presentó
en la madrugada. ¿Qué restricciones tienen sus hombres para
movilizarse por estas zonas?
“Eso depende de las circunstancias. La Policía Metropolitana está prestando en estos sectores un servicio de vigilancia
en la mañana y la tarde, pero
como no tenemos instalaciones
en esa zona no es posible tener
unidades durante la noche, porque no hay condiciones apropiadas para ello. Eso es bien cono-
cido por la administración municipal y los habitantes de esos
sectores lo reconocen”.
¿Lo que está sucediendo en
los barrios de Medellín
puede asimilarse a lo que
sucedió
en
Barrancabermeja cuando
las autodefensas llegaron a
los barrios a disputarle el
terreno a las Farc y al Eln?
“El fenómeno es diferente. La
acciones de las milicias del
Eln, de las Farc y de los Cap
han llevado a acciones por parte de las autodefensas que no
sólo se han enfrentado a ellos
sino a otros grupos armados.
La fuerza pública está enfrentando esas expresiones de conflicto armado, a las redes del
crimen organizado y a la delincuencia común”.
¿Qué tan peligrosa puede
ser la alianza de los grupos
de delincuencia común que
prestan sus servicios al actor armado que mejor les
pague?
“Pueden ocasionar un mayor
impacto, especialmente en la
misma población que rechaza de
manera rotunda esas acciones
criminales que ellos adelantan
porque las víctimas mayores son
las mismas comunidades”.
La guerra urbana no ha
prosperado
El enfrentamiento entre
milicias de la guerrilla,
autodefensas y
bandas de delincuencia común en ciertos
sectores de la
ciudad se está
intensificando
y toma dimensiones críticas.
¿Qué está pasando
en
Medellín?
“Este no es un fenómeno nuevo
La Policía Metropolitana le propuso
a las administraciones de Medellín y
Bello la creación de tres estaciones
en barrios azotados por el conflicto
urbano, iniciativa que está siendo
estudiada por ambas alcaldías. En
Belencito, donde fue captada esta
imagen, los uniformados no cuentan
con instalaciones y, en ocasiones,
deben recurrir a las casas que han
sido abandonadas a causa ce la
confrontación.
22
Documentos
sino algo que se venía de tiempo atrás. Es la herencia del
narcotráfico de la década de los
80 y 90 donde muchos de los
grupos se armaron para apoyar a los narcotraficantes.
Ellos se las vendieron, en algunos casos, se las regalaron,
y las bandas empezaron a hacer secuestros y extorsiones.
Con la muerte de Pablo Escobar estas bandas quedaron
con las armas y empezaron a
trabajar de forma independiente. Así nació La Terraza, las milicias del 8 de Marzo. Es gente
que tiene 23, 25, 28 años y que
empezó a organizarse, trabajando independiente.
Entre 1992 y 1993 empezaron a llegar las Milicias Populares del Eln y las
Bolivarianas de las Farc. Comenzaron a buscar personas
que trabajen con ellos. En algunos casos optaron por la
persuasión directa y en otros
por los asesinatos de los líderes de las bandas. En 1996
hacen su aparición las
autodefensas de Carlos Castaño, entran a la Universidad de
Antioquia.
Entre 1996 y 1997 aparecen
los Comandos Armados del Pueblo (Cap), que se organizan en
los barrios porque dicen que
quieren proteger sus zonas, pero
son delincuentes que secuestran, chantajean y asesinan.
Los muchachos entre 16 y
25 años son obligados a entrar
a estos grupos bien sea de forma activa o brindando colaboración. Los que están en forma activa son aquellos que empuñan las armas pero están los
que dan información sobre los
movimientos de la gente, rutas
de buses, etc.
La presencia de todos estos
grupos ha ido evolucionando
al punto que ya se presenta la
confrontación entre las Farc y
el Eln contra las Auc y los
Cap, que quieren extenderse
y llegar a otras zonas.
¿Cuáles son los sectores
críticos?
“En Medellín: todo Robledo,
Santo Domingo Savio, Popular
1 y 2, Belencito, 20 de Julio,
las Independencias. En fin,
todo lo que es la parte alta de
las zonas nororiental y
noroccidental. También se han
detectado en Bello. Los grupos
buscan partes altas, donde
puedan replegarse fácilmente
hacia la zona rural”.
¿Al posicionarse en estos
sectores los grupos armados están buscando crear
corredores estratégicos?
“Las milicias de las Farc y el
Eln tienen varias misiones: reclutar combatientes para los
grupos rurales, recaudar fondos mediante la extorsión y el
secuestro para financiar los
comandos rurales; establecer
núcleos de propaganda para la
organización; servir como retaguardia para los combatientes
enfermos porque muchos de
ellos están llegando a reponerse a Medellín”.
A
raíz
de
estos
enfrentamientos se está
presentando un fenómeno
de desplazamiento interno
porque muchas personas
están dejando sus viviendas
por amenazas o por miedo...
“Hay algo que es evidente, la
gente prefiere abandonar las
casas que quedar sometida a
la dictadura de estos grupos
armados y entregarle a sus hijos. Por eso es que se habla de
las casas abandonadas, pero
tampoco podemos hablar de
algo en masa”.
¿Qué tan grave es el problema del reclutamiento
forzado?
“Estos grupos hacen una presión fuerte y están obligando
a los muchachos a vincularse
a ellos de forma activa, portando las armas, o pasiva, dándo-
les información que ellos pueden usar para actividades
delictivas”.
¿Hasta qué punto la participación de bandas de delincuencia común que se
alquilan al mejor postor
contribuye a la degradación del conflicto?
“Tanto las Farc, como el Eln y
las autodefensas están acudiendo a estas bandas. Les
brindan entrenamiento militar, mejoran su capacidad de
combate y, en algunos casos,
mejoran su armamento”.
En junio de 2001, Jorge
Briceño Suárez (a. Mono
Jojoy) dijo que la guerra
sería en las ciudades ¿El
objetivo de estos grupos ilegales sería hacer ataques a
gran escala en Medellín?
“Ningún grupo guerrillero en
Colombia ha prosperado a
nivel urbano. Eso pasó con el
M-19 y hasta el momento no
lo han podido hacer ni las
Farc ni el Eln. Tenemos la
experiencia y la preparación
para evitar que se presenten
este tipo de acciones y hasta
el momento se ha logrado
frenar acciones terroristas
en la ciudad”.
Un grupo de habitantes de
la zona suroccidental de
Medellín elaboró un documento en el que piden la
presencia de organismos
defensores de los Derechos
Humanos y, entre otras cosas, denuncian atropellos
de las fuerzas del Estado.
¿Qué dice de esto?
“Todos los operativos que hacemos cuentan con presencia
de la Procuraduría para que
verifiquen que todo se está
haciendo dentro de las normas legales y se le están respetando los derechos a la gente. También se hacen con presencia del CTI de la Fiscalía”.
23
Documentos
Viudas y huérfanos arrastran
la historia del conflicto
•Solas, pobres y endeudadas, madres de víctimas describen su dolor.
•El Estado, casi indiferente, poco las asiste; mientras, el miedo las acosa.
•Los niños, en sus dibujos, repiten las historias del drama de sus padres.
E
Gustavo Ospina Zapata
Entrega No. 6 sobre CONFLICTO
URBANO del viernes 3 de mayo de 2002
l sábado pasado,
Adelaida Ossa no quiso
ir al cementerio a visitar la tumba de su esposo, que cumplía un
año de muerto. “Para
qué agregarle un dolor más al
que tengo desde que me lo mataron, ¿no ve que cada que pienso en él se me parte el alma?”,
comenta, lleva sus manos al rostro y hunde su cabeza hasta tocar las rodillas. Se le siente un
leve gemido de dolor que su hija
Daisy Yanova, de cuatro años,
logra espantar preguntándole si
puede mirar el álbum de las fotos de su padre.
La madre accede y empieza
a recordar las circunstancias
que rodearon el crimen de
Nolberto Betancur, asesinado
hace un año cuando arreció el
enfrentamiento entre la Banda de Frank y un comando de
las autodefensas por el control
del barrio París, territorio en
disputa y que dejó como consecuencia el incendio del sector
de invasión El Esfuerzo.
“Estábamos en el velorio
cuando quemaron los ranchos.
Tres días antes, reunieron a la
gente y prohibieron pasar de
un barrio a otro... mi esposo no
debía nada y por eso salió confiado. Él era ajeno a los problemas, trabajaba construcción,
pero como eso estaba muy malo
montó una mazamorrería, le
dio empleo a varios muchachos. Ese día salió a vender la
mazamorra, pero pasaba el
tiempo y no llegaba. A la una
de la tarde me empecé a preocupar, llegó la noche y tampoco, lo buscamos por toda parte, pero no apareció”.
Adelaida, a ratos, para de
contar la historia. De religión
evangélica, como era Nolberto,
lleva una falda color caqui que
le llega hasta los tobillos. Emana una dulzura que se refleja
en el trato respetuoso y cálido
que les da a sus hijos, Diego
Alejandro y Daisy Yanova, en
quienes, dice, siembra todos
los días una semilla de amor
para espantar cualquier venganza. Retoma el relato:
“Esa noche no dormí. Al otro
día madrugamos a buscarlo,
hasta que apareció en la
morgue de Bello. Quedó tan
desfigurado el rostro, que un
hermano entró primero y no
lo reconoció. Nos fuimos pero,
como no aparecía, volvimos
allá. Yo tenía un presentimiento, pedí que me dejaran
entrar. Ahí fue cuando lo reconocí... no sé porque, tal vez
por tantos años de vivir juntos (7), eso se siente”.
Desde entonces, Adelaida
añora al único hombre que ha
amado en sus treinta y siete
años de vida, al moreno tierno
que un día llegó de Medellín a
trabajar en una finca en
Ibagué, donde se conocieron, se
enamoraron y a los dos meses
decidieron unir sus vidas.
“El rancho que teníamos en
El Esfuerzo era muy organizado, hecho por él mismo en
tablilla, pero muy bonito, con
24
Para Gisela Londoño, olvidar a su
esposo asesinado es casi un
imposible. En su armario aun
guarda el uniforme de policía, que
usaba en el momento de morir.
La prenda no la atormenta sino
que le sirve de consuelo.
Documentos
piso de baldosa y todo. Allá
se quemó todo, los electrodomésticos, la ropa. Créame
que lo más duro no fue haber
perdido eso, sino a él. Nadie
se explica que lo mataran y
menos así, porque él se pasaba el tiempo trabajando y contemplando a su Gogú, como le
decía a Daisy Yanova”.
La niña corretea de un lado
a otro y, a ratos, se refugia en
sus brazos. Adelaida dice que
los niños lo recuerdan todo el
tiempo y que ella misma no intenta espantarlo de su mente.
“¿Sabe cómo le decía al niño?...
que Dios lo había premiado con
dos reinas muy lindas”.
Olvidada por el Estado y viviendo en casa de un familiar,
intenta reconstruir su vida.
Trabaja en una empresa de
confecciones, donde gana un
salario insuficiente para sufragar los gastos del hogar. Dice
que le da muy duro vivir de caridad, cuando tuvo a un hombre que le dio todo y siempre
estuvo acompañándola. “Eso
nos deja la violencia: desplazados, miseria y hombres buenos que se
van para siempre”.
Afuera de su casa,
lejos del sitio donde tejió su proyecto de
amor con Nolberto, se
siente la tensión. Decenas de miradas sigilosas escarban minuciosamente todo vehículo y persona que
pasa. En las lomas que
bordean la montaña,
la guerra acecha, acosa. Los muros, con sus
letreros de “fuera sapos” y “Auc presentes”
imponen una ley de
miedo que les impide
a las personas contar
su tragedia. Por eso,
varias viudas cancelan la cita en el último momento. “Les tienen prohibido hablar”,
anota un líder de uno de los barrios en conflicto.
Una y mil historias
Pero la ciudad está llena de
historias similares a la de
Adelaida. En medio del fuego
cruzado entre bandas, guerrilla y autodefensas, está la población civil, que paga con sus
vidas el pecado de ver la comisión de un ilícito o simplemente de quedar en medio de un
enfrentamiento.
Esto último le pasó a Efraín
Rodríguez*, esposo de Clara Angélica* y padre de tres niños de
cinco, cuatro y dos años. Empujado por la necesidad, el hombre se le midió a un trabajo duro,
de ésos en los que el riesgo de
morir es una constante.
“Efraín
vigilaba
un
parqueadero de buses, lo cuidaba de noche. Mantenía miedo,
el sector donde trabajaba era
muy caliente, cada rato
balaceras. Un día hubo un enfrentamiento, él se subió a un
bus y ahí se quedó un rato. Como
pensó que todo había acabado,
se bajó y, entonces, le pegaron
un tiro por la espalda”.
Clara Angélica* baja la voz,
como si temiera que las paredes escucharan. El 8 de julio
del año pasado lo tiene fijo en
su memoria. “Con la herida, lo
llevaron al centro de salud,
pero no lo atendieron porque
le faltaban los papeles, lo mandaron para la Unidad de Belén y el médico dijo que allá llegaban las personas que no tenían esperanzas... me lo dejaron desangrar y se murió. Quedé sola, como estoy ahora, sin
trabajo, con los tres niños y en
un rancho en el que me mojo
cada que llueve”.
Acosada por las deudas,
Clara no se explica cómo no le
han cortado los servicios, que
no paga desde la misma fecha
en que enterró a Efraín. Sin seguridad social ni un ahorro
para sobrellevar el peso de
25
Documentos
quedarse sola, se defiende lavando ropas en las casas vecinas. Dice que la única herencia que le dejó el compañero fue un rancho a medio
construir, “porque no pudimos cumplir el sueño de hacerlo en material y ni siquiera alcanzamos a bautizar a
los niños, nunca logramos
reunir para la fiestecita, porque él ganaba muy poco...”.
La zozobra de la confrontación, que en su barrio camina
silenciosa, adormecida, como
un ser de capa oscura y nocturno, del que todos se esconden
porque saben que ahí está, agazapado
en
patrullajes,
camuflados y pasamontañas,
no le ha dado tiempo de pensar
en reconstruir su vida.
“Sin él no hay proyecto que
valga. El gobierno no le ayuda a uno en nada, ni con un
trabajo, y así es muy difícil...”.
“En esa misma situación están casi todas estas mujeres.
Uno las recibe, las escucha,
pero es muy poco lo que puede
ayudarlas. Y como la autoridad no se ve, la situación se
agrava. Por aquí usted ve las
cosas tranquilas, pero es algo
aparente. Sigue habiendo negocios de droga, presiones. La
gente vive muerta de miedo, y
la paz con miedo es una guerra reprimida, contenida”,
anota un sacerdote.
En la memoria
En estas circunstancias, el
conflicto se vuelve una memoria, casi el referente de los niños, que en lugar de pintar
sueños y personajes de fantasía, dibujan cementerios, cruces y paisajes de guerra.
“Cuando mataron al papá
yo se los oculté, les dije que se
había muerto, pero los niños
escucharon a la gente comentar y se hicieron concientes de
que le pegaron un tiro. Mi
niña, en el jardín, pintó dos cajitas y una cruz y le explicó a
la profesora que en la primera estaba metido el papá, la
otra estaba metida en el cementerio y la cruz la pintaron en la tumba. La profesora se puso a llorar”.
A Clara le toca luchar para
que en sus hijos no crezcan
más esos recuerdos de guerra.
Una madre comunitaria
anota que estos comportamientos están altamente
arraigados en los niños. Precisa que cada que hay una
balacera ella hace sonar canciones infantiles a alto volumen, hace rondas y los pone a
jugar, “pero ellos ya son muy
concientes y corren a esconderse, la mayoría ven un policía o
un camuflado y dejan ver el
miedo, además porque hay
muchos huérfanos o con hermanos muertos”.
Al recordar a sus allegados
caídos por culpa del conflicto,
en la gente se mezclan miedo,
ternura y resignación. La presidenta de una acción comunal
dice entender el temor que acosa a las viudas, sobre todo porque, al quedar solas, son presa fácil de los violentos. Anota
que muchas temen ser expulsadas del barrio.
“Son jóvenes, y así sus esposos hagan parte de los grupos,
ellas, muchas veces, ni lo saben,
como no lo sabe uno tampoco.
Pero gran parte de los que mueren son civiles”.
La situación de derechos humanos es tan crítica que en un
sector de la ciudad un hombre
fue asesinado por descubrir
una fosa común, lo acribillaron
antes de que saliera a contar
el hallazgo. Hace dos meses un
grupo armado bajó de un colectivo a un ciudadano y le dio
muerte. Aunque la familia se
tragó el dolor sola, guardó silencio, este redactor conoció
que cuando estaban en el velorio, a la casa de la víctima
llegó una carta del grupo que
lo asesinó en la cual presentó
26
Documentos
disculpas porque todo fue una
confusión.
Si bien hay civiles que caen,
un alto porcentaje de las víctimas integra los grupos en conflicto. Los miembros de los organismos de seguridad, como
policías, soldados, agentes e
investigadores, también hacen
parte de los acribillados.
“Uno se va preparando,
porque como papá no es bobo
y sabe más o menos en qué
andan los muchachos”, comenta un padre de familia, a
quien hace cuatro meses le
asesinaron a su hijo, que integraba un grupo paramilitar
y días antes, como si presintiera el acoso de la muerte,
había dicho en qué camposanto debían sepultarlo.
Este año, hasta el ocho de
abril, en Medellín habían sido
acribilladas 1.257 personas.
En todo el año pasado la cifra
llegó a las 3.445, casi similar a
las de 2000, 1999 y 1998, que
se treparon a las 3.150, 3.258
y 3.027, respectivamente. En
total, 14.137 ausencias, 14.137
vidas que se fueron dejando,
mínimo, a un número igual de
dolientes, como si la población
de un municipio entero hubiera sido borrada de un tajo.
“¿Cuánto vive el hombre por
fin?/¿vive mil años o uno solo?/
¿vive una semana o varios siglos?/¿por cuánto tiempo muere el hombre?/¿qué quiere decir para siempre?”, preguntaba el poeta Pablo Neruda. En
Medellín la respuesta está en
los objetos y detalles guardados en la memoria, en el corazón de cada viuda, huérfano,
hermano.
Viudas conser
van unifor
mes
conservan
uniformes
Jacqueline Córdoba
relatan que les es
imposible, y tampoco lo
intentan, olvidar las
fechas de las muertes o
los detalles que las
hicieron amarlos. “A mi
esposo lo asesinaron el
22 de enero de 1993.
Acababa de venir del
turno y estaba en la sala
escuchando música
cuando entraron unos
tipos y le dispararon. No
supe quiénes fueron, pero
no guardo rencor y lo recuerdo en todo
momento”.
A veces, saca del armario el uniforme
de policía y lo aprieta contra su pecho,
como un conjuro para espantar la
angustia de la ausencia. Igual
costumbre tiene Jacqueline, a quien le
mataron a su esposo, Duberney Pérez
López, el 7 de noviembre del 92. “Ese
día mataron a otros diez policías,
pagaban dos millones por cada uno y
así cayó él. Me dejó una niña, Carmen
El conflicto urbano que vive Medellín
tiene antecedentes recientes, que se
remontan específicamente al
narcoterrorismo y al sicariato, a
principios de la década de los
noventa, en tiempos de Pablo
Escobar.
Esos años dejaron tantos muertos
como viudas y huérfanos. La Policía
puso una alta cuota de cerca de 290
efectivos porque, según se decía, el
capo pagaba $2´000.000 por cada
uniformado muerto.
La situación fue tan dramática que en
Bello, con apoyo de varias Ong y
esfuerzos propios de cada familia, se
construyó el Barrio Villa María, para
brindarles vivienda a las viudas y
lisiados de la institución y otros
organismos de seguridad. De eso
hace unos siete años y las mujeres,
con sus hijos, siguen aferradas al
recuerdo de sus esposos y
compañeros.
Omilsa Moreno Moreno, María
Cristina Muñoz, Gisela Londoño y
*Nombres cambiados por
petición de las fuentes
Elizabeth, que ha sido mi consuelo”.
Contemplando las fotos, algunas
colgadas en los muros de su casa,
Jacqueline se queja de que la única
ayuda recibida ha sido la media
pensión, porque su esposo murió en
servicio, pero es un sueldo insuficiente,
“porque cuando él estaba conmigo
teníamos una vida sin angustias”.
Este año, las autoridades confirman que
han muerto trece uniformados víctimas
de disparos con arma de fuego.
27
Documentos
¿Conflicto urbano? Ah si,
eso pasa en las comunas
•Jóvenes de estratos altos sienten distante la guerra en los barrios.
•Sin embargo, el asunto los afecta por la angustia de sus papás.
•Muchos tienen prohibido hacer amigos de barrios populares.
l profesor de introducción a la sociología en
una de las universidades privadas más prestigiosas de la ciudad les
pidió a sus alumnos un
trabajo de campo sobre la ausencia del Estado en alguno de
los barrios marginados del Valle del Aburrá. Debía ser un informe de, mínimo, tres páginas, y un par de fotos sobre
algún aspecto relevante que
los estudiantes descubrieran
en las comunidades. Se armó
un zafarrancho:
Aunque a la mayoría de los
muchachos le sonó la idea, a
sus papás no. Algunos, incluso, llamaron a la rectoría a
quejarse, a pedir que no los
expusieran de esa manera, al
riesgo de un atraco, una
balacera o, peor aún, un secuestro. A pesar de las presiones, el profesor no quiso ceder.
Dijo que, sencillamente, la
formación de un profesional
debía liberarse de prejuicios y
temores y que si los universitarios no estaban dispuestos
a asumir con criterio independiente el ejercicio de su educación, debían regresarse al
colegio. El rector citó a una reunión entre padres, alumnos
y directivas.
Después de tres horas, en
las que se habló de economía,
políticas de mercadeo, estrategias soterradas de ciertos educadores para incubar ideas revolucionarias en los jóvenes y
técnicas de evasión en caso de
E
José Alejandro Castaño Hoyos
Entrega No. 7 sobre
CONFLICTO URBANO del
sábado 4 de mayo de 2002
un tiroteo, los acudientes propusieron que se alquilara un
documental sobre la pobreza
en América Latina y se hiciera un foro al respecto, en el que
los muchachos pudieran hablar del fenómeno de la miseria sin necesidad de exponerse a ella. Todos, menos el profesor del curso, estuvieron de
acuerdo.
Al final, asegura el profesional, los muchachos se privaron
de una experiencia que hubiera enriquecido la visión de la
ciudad que habitan y, lo más importante en su opinión, que les
hubiera puesto rostro humano
a los conceptos teóricos que discuten en clase como violencia,
marginalidad, estigmatización,
conflicto armado...
Muy poco
Catalina, de 17 años, una de
las estudiantes del curso, admite que nunca ha viajado en
metro más allá de la Estación
Poblado y que sus papás le tienen prohibido pasar de allí.
Una vez, cuenta, fue al Centro
con su hermano mayor y caminó hasta la oficina de un tío por
lo lados de la carrera Junín.
Fue una cosa de locos. No pudieron detenerse en ningún
lado, ni mirar vitrinas, sólo
caminar a toda, como si los siguieran.
Cuando se le pregunta por
el conflicto armado que padecen los barrios de las periferias, la joven dice que sólo sabe
lo que dicen las noticias: que
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Documentos
allá hay gente armada, que algunos usan capuchas, que cobran impuestos a los carros de
gaseosas, que hay muchos
expendios de vicio y que la gente se mata por nada.
Oyéndola, Valentín, un amigo suyo, recuerda que la empleada de su casa vivía en Santo Domingo Savio, en un lugar
llamado comunas, y que le habían matado el esposo, dos hijos y una hermana. Y lo más
teso, advierte el muchacho, es
que muchas veces Yolanda,
que así se llamaba la señora,
tenía que quedarse a amanecer en la casa porque no podía
llegar de noche al barrio, plagado de milicianos y
paramilitares.
El asunto de sus quedadas
llegó a ser tan repetido que los
papás de Valentín decidieron
despedirla por miedo, según dijeron, a que los tipos armados a
los que le temía la utilizaran
como señuelo para secuestrar a
alguien de la familia.
Error
En opinión del psicólogo
Mauricio Castrillón, el esfuerzo de algunos padres de familia por evitar que sus hijos se
expongan a la guerra que se
libra en algunos barrios, prohibiéndoles incluso que consigan amigos de esos sectores, es
lógico, aunque discutible.
De acuerdo con el profesional, está claro que los grupos
de milicianos se lucran de la
industria del secuestro y que
cualquier muchacho de clase
alta representa la posibilidad
de una extorsión segura. Por
eso, dice, es entendible que los
papás les nieguen permisos,
aun cuando se trata de actividades de la universidad.
Sin embargo, advierte el terapeuta, la actitud de taparles
los ojos frente al conflicto es
una torpeza que puede salir
muy cara, pues un joven
desinformado es mucho más
vulnerable. Por eso le parece
inadmisible que algunos padres les tengan prohibido a
sus hijos montar en bus, caminar por la calle o simplemente usar un teléfono público. ¿Y el día que tengan que
hacer algo de eso quién los va
ayudar si no saben?
Mónica, de 17 años, sólo conoce las transversales de El Poblado, y se mueve por ellas con
una destreza que envidiaría
cualquier taxista, sin embargo,
fuera de esa ruta, su habilidad
desaparece y se llena de pánico.
Es, dice, como si cruzara un lindero invisible hacia una dimensión desconocida, plagada de
seres peligrosos, come carne y
tira fuego. Y lo cree de verdad.
Según le explica su mamá,
en el Centro y los barrios altos
se cometen diez de los doce asesinatos que hay en la ciudad
al día, esconden el 90% de los
carros hurtados y se enfrentan
los guerrilleros y las
autodefensas igualito que en el
monte: con fusiles, cortando
cabezas y poniendo bombas.
Por eso, le repite con insistencia, no debe acercarse nunca
allá, ni por error.
El caso de Paula es parecido, aunque a punta de insistencia logró que sus papás le
permitieran estudiar en la Universidad de Antioquia. Claro
que le pusieron condiciones:
debe ir a clase con ropa sencilla,
sin alhajas, reloj, buscapersonas
o celular. Nunca, por ningún motivo, puede salir del campus,
aceptar invitaciones a casa de
compañeros ni hablarles de cómo
vive. Sobre eso, los
papás y la chica llegaron a un acuerdo.
Ella, siempre
que le pregunten,
debe decir que
vive en La Floresta, un barrio de
clase media; no
puede contar que
conoce Europa ni Estados Unidos ni que sus hermanos estudian en Londres. De lo demás,
con cuidado, puede hablar,
eso sí, evitando dar detalles
de su casa. Las razones, según le explicaron, es que en
la universidad hay presencia
de milicianos y que verse de
una clase social muy alta la
pone en riesgo.
La menor intenta pasar inadvertida manteniéndose excluida de las discusiones que se
suscitan en algunas materias,
en particular sobre aquellos
asuntos del conflicto armado, de
los que piensa que es preferible
oír que opinar. Ninguno de sus
amigos sabe por las que pasa la
joven, ni lo mucho que pesa ese
“camuflado” que usa cuando se
presenta.
En La Honda, al nororiente, militan
grupos armados. Desde sus faldas,
el Centro se ve chiquito, distante,
como el corazón de otra ciudad,
una que parece no percatarse del
drama de sus habitantes.
29
Documentos
El cuerpo médico,
testigo del desangre
. NO HAY día sin lesionados de balaen hospitales de San Javier.
. EN SANTA Cruz, a diario hay menores que intentan suicidarse.
. CIVILES HERIDOS en medio de combates urbanos, la otra cara.
as seis de la tarde es la
hora en que comienza el
desangre en los barrios
de Medellín.
Los médicos de las salas de urgencias de los
hospitales
y
centrosasistenciales de los sectores en disputa se preparan
porque saben que, de un momento a otro, tocarán la puerta con insistencia e ingresarán
uno o varios jóvenes con heridas de bala para ser atendidos,
ya sean integrantes de los grupos armados o civiles que quedaron atrapados en el fuego
cruzado.
Desde hace seis meses, advierten, aumentaron los lesionados con disparos de fusil,
mutilaciones por granadas y
bombas y destrozos graves por
la utilización de armas de alta
velocidad en las calles de la
ciudad.
“Entre las 6:00 y las 7:00 de
la noche comienzan a llegar.
Los últimos días están madrugando a combatir porque los
heridos ingresan desde las
nueve de la mañana.
Enpromedio, es uno diario
pero hay días más difíciles.
El problema es cuando los
‘parceros’ de las bandas entran
a mirar cómo estamos atendiendo a sus compañeros y están encima diciéndole a uno
que se los salve”, explica el médico Fernando Muñoz, de la
Unidad de Atención Hospitalaria de San Javier, occidente
de la ciudad.
L
Elizabeth Yarce
Entrega No. 8 sobre
CONFLICTO URBANO del
domingo 5 de mayo de 2002
Y mayor dificultad cuando
las bandas, milicias y
autodefensas se atrincheran
en los centros hospitalarios
para combatir o para rematar a
sus enemigos. Hace quince días
en el centro de atención de La
Loma se enfrentaron dos bandas, una de ellas se metió al hospital y comenzó la balacera. El
personal médico y administrativo salió ileso. Muchos se escondieron debajo de las camillas y
en los baños.
Minutos después, cuando
acabaron las ráfagas, los
galenos se aprestaron a atender a los heridos, muchachos
entre los 15 y los 20 años, con
las piernas, el tórax y, en el
peor de los casos, su cabeza
destrozada.
“El 20 de abril se enfrentaron la fuerza pública y una
banda, al frente del hospital de
San Javier. Se escucharon disparos durante más de media
hora, después petardos e impactos más fuertes. Al rato
trajeron al primer muerto, los
heridos los llevaron a otras
unidades. Después de tanta
bala pensamos que esto se iba
a llenar de lesionados”, precisa el médico Álvaro García,
director del centro médico.
Respiro de vida
A la unidad de San Javier están adscritos los centros de
salud de Villa Laura, La Loma,
La Quiebra, Santa Rosa de
Lima y Estadio, donde es llevada la mayoría de los heridos
30
Documentos
de Belencito, Independencias,
20 de Julio, Blanquizal, entre
otros, donde se registran feroces combates.
“Las heridas con las que llegan esos muchachos (la mayoría entre 15 y 18 años) son
gravísimas, son prácticamente
cadáveres con algún respiro de
vida. La mayoría de lesiones
son mortales, las más comunes
son en la cabeza, tórax y columna. Esa gente dice que si no
mata al enemigo lo deja paralizado”, indica el médico Muñoz.
Los galenos trabajan con un
alto nivel de estrés, porque
aparte de tener que atender
entre 70 y 100 consultas diarias en urgencias, la mayoría
por enfermedades respiratorias, cardiacas, digestivas y
neurológicas, cuando lleganlos
“heridos de guerra” el ambiente del lugar cambia. “Con los
muchachos desangrándose llegan papás que amenazan con
volverse malos o matones.
Mientras que los ‘parceros’ ingresan agresivos, acelerados,
muchas veces drogados y
mientras uno está tratando de
salvar una vida ellos están ahí,
gritando ¡qué hubo gonorrea
hijueputa!, no lo vaya a dejar
morir”, expresa un galeno.
“A veces llegan ya muertos
y los ‘parceros’ ahí, parados al
lado. Me tocó remitir un cadáver en una ambulancia a otro
centro asistencial porque de lo
contrario me mataban.
No creían ellos que ya estaba muerto y pretendían que lo
reviviera. Otras veces llegan
los cadáveres, y cuando uno
menos piensa, se levanta uno
de ellos y resulta ser uno de los
muchachos que se hizo el
muerto para que la Policía no
lo cogiera”.
Los suicidas
La unidad de atención de Santa Cruz, nororiente de la ciudad, atiende heridos de Villa
del Socorro, Populares, Santa
Lucía, La Francia, Aranjuez,
M o r a v i a ,
Zamora, Santo
D o m i n g o ,
Granizal, El Bosque, El Oasis,
San Isidro, Andalucía y El Playón.
Allí los médicos
saben que la jornada
es
agotadora, en
espe cial viernes y sábado: entre las 5:00 de la tarde y las
10:00 de la noche se atienden
a diario entre cinco y nueve
heridos por arma de fuego. “Por
acá pasa algo muy grave y es
que, después de las 12:00 de la
noche, nadie puede salir y no
hay transporte. Entonces, al
que hieren después de esa hora
rara vez alcanza a ser atendido y muere en la calle”, explica
uno de los médicos.
La confrontación urbana
obligó a Metrosalud a reforzar
la seguridad en Santa Cruz
donde hace ocho meses bandas
armadas derribaron la puerta
de urgencias.
“Además, desde que se acentuó este conflicto, no hay ambulancia ni otro vehículo que suba
a un barrio de estos a recoger heridos”, agrega.
Desde comienzo del año
losgalenos tienen que enfrentarse con una situación que,
pese a no estar relacionada con
las heridas de armas de alta velocidad, es más difícil en su tratamiento.
“Diariamente ingresan en-
Un conflicto que limita y deja profundas cicatrices
Ciegos, sordos, sentados para siempre en una silla de ruedas, sin un dedo, una
mano o una pierna. Es la marca de un conflicto de calle a calle, de barrio a
barrio, o como en el caso de Diana Maritza Ruiz, de terraza a terraza.
La joven de 23 años recuerda que los muchachos de las bandas El Plan y Santa
Cecilia se enfrentaron desde los techos del sector de Guadalupe en Manrique.
“Ese día muchos de mis amigos quedaron heridos. Al día siguiente la que pagué
los platos rotos fui yo. Sin saber que era cogí un petardo que dejaron en una
matera. Perdí la mano izquierda y se me desfiguró la cara”.
El trauma marcó a Diana a los 16 años y hoy siente que no está exenta de
repetirlo.
“Otra vez se están dando en las “planchas”. Al frente del colegio de San Pablo,
donde hay tanto niño, hay enfrentamientos. Por la noche Manrique parece un
cementerio en este lado, porque volvió el miedo de salir a la calle, regresaron
las noches de uno acostarse preocupado sin saber qué pasa”.
Un informe de la Fundación Medellín Sin Barreras indica que la mayoría de
discapacitados en la ciudad no son por accidentes de tránsito, laborales o
enfermedades congénitas. “La guerra está limitando a muchos jóvenes”, advierte.
Y no sólo en combates barriales. Los atracos, venganzas personales, aportan
un alto porcentaje a este listado de víctimas del conflicto. “Me dispararon para
quitarme la moto y desde eso quedé ciego. No sólo fue el daño físico. También
lo que me quedó después, el deseo de hacer una carrera, imaginarme a toda
hora la ciudad por no poderla ver... Por una moto, eso es lo que más me
enverraca”, sostiene Robert Hinestroza, de 28 años.
31
Documentos
tre dos y tres menores, con
edades entre los 13 y 16 años,
a punto de morirse por intento de suicidio.
Se cortan, toman veneno,
tratan de ahorcarse o ingieren
drogas. Nunca antes habíamos
tenido esta situación a estos
niveles. Se incrementó la atención sicológica porque es inconcebible que muchos niños en
este sector no quieren vivir. No
hay oportunidades, no ven futuro”, indica el médico Julio
Arbeláez.
Desde el año pasado el personal de salud de Santa Cruz
tuvo que reforzar su seguridad: los actores armados entraban y amenazaban no sólo
a los médicos sino al personal
administrativo.
‘‘Hace ocho meses nos tumbaron la puerta. Se metieron
y entraron a sus heridos. En
otras ocasiones llegan y los tiran y salen a seguir dándose
bala o puñaladas.
Uno trabaja escuchando
balaceras y aunque es tan cotidiano no se acostumbra”, explican.
Los médicos están preocupados porque el uso de armas
cada vez más poderosas, en los
barrios, provoca más muertes
y lesiones gravísimas.
“La herida de pistola o arma
de corto alcance deja un hueco. Los fusiles destrozan completamente la parte del cuerpo que impactan”, precisa Julio Arbeláez.
De acuerdo con informes de
las autoridades, cerca del 70%
de los jóvenes alcanzados por
explosiones o disparos, en las
calles de Medellín, mueren por
la gravedad de sus heridas. Del
30% restante, la mayoría queda de por vida con cicatrices,
mutilaciones y discapacidades.
Luego van a parar a las
cárceles, marcados para siempre por la bala o el petardo
equivocado.
Hospitales en paz
Con banderas blancas en sus zonas visibles se armaron los 48 puntos de atención
de Metrosalud en los barrios de Medellín dentro deuna campaña para concientizar
a los actores armados urbanos sobre el repeto al Derecho Internacional
Humanitario.
El director de Metrosalud, Carlos Mario Rivera, indicó que si bien es cierto existen
presiones sobre los centros asistenciales y el personal de la salud, las amenazas
no son directas.
“No nos están atacando por ser médicos y atentados directos contra los hospitales
no ha habido. Lo que ocurre es el reflejo de lo que está pasando en la ciudad y
por eso el personal trabaja con altos niveles de estrés”, sostiene.
Por esta razón las unidades de sevicios, centros asistenciales y puestos de salud
fueron declarados “territorios de paz” para que las balaceras de las zonas aledañas
no alcancen las instalaciones y se evite el riesgo para los pacientes y el personal
médico.
La iniciativa dio resultado en la Unidad de Atención Doce de Octubre donde,
según sus directivas desde hace 15 días, no ingresa un herido por arma de fuego
y no se registrán combates cerca de las instalaciones. “Durante tres meses
permaneció cerrado porque las bandas de Frank y El Triunfo se posicionaron de
la parte trasera de la edificación y la convirtieron en una trinchera para sus
combates. Esto nos llevó al cierre porque era un riesgo y después de una decisión
concertada y de explicarles nuestro condición, se pudo reabrir el centro de salud
desde hace dos semanas”, expresó María Cano, directora de la unidad.
32
Documentos
Violencia en Medellín
equivalea borrar
del mapa a Sabaneta
•Entre 1992-2002 se registraron 42.393 muertes violentas en la ciudad.
•Desigualdad + violencia, peligrosos ingredientes de una bomba social.
•La urbe tiene el 0.6% del territorio antioqueño y el 36.6% de la gente.
N
Germán Jiménez Morales
Entrega No. 9 sobre
CONFLICTO URBANO del
lunes 6 de mayo de 2002
acer en Antioquia es un
privilegio que cuesta.
La región es de las más
ricas del país, pero tiene el corazón partido
por diversas formas de
violencia. Eso convierte en pesadilla el sueño de morir de viejo. Cada mortal que nace aquí
tiene la expectativa de vivir 68
años, cuando el promedio para
un colombiano es de 70 años.
La brecha es mayor tratándose de los hombres. El
antioqueño llega con dificultad
a los 62 años de existencia,
frente a un colombiano que supera los 67. Por supuesto, en
la realidad hay gente que pasa
la frontera de un siglo de vida.
Sin embargo, en las estadísticas hasta un pakistaní o un boliviano tienen un horizonte
más promisorio que el paisa en
esta materia.
El reto de salvar el pellejo y
morir anciano o víctima de una
enfermedad es bien difícil de
afrontar en Medellín, su capital.
La urbe es un hervidero de gente. Sus 382 kilómetros cuadrados de extensión equivalen al
0.6% del territorio departamental, y aún así alberga al 36.6%
de la población de Antioquia. La
desproporción suena a hacinamiento urbano: en la región hay
88 habitantes por kilómetro cuadrado y en la capital 5.305.
Semejante
tendencia
concentradora le facilita el trabajo a la misma muerte. De
cada 100 personas que en el
2000 murieron en el departamento por agresiones personales, casi 40 cayeron en
Medellín.
Esa violencia pesa mucho
como pasaporte al otro mundo.
De los 12.298 muertos registrados en la ciudad en el 2000, el
23.6% fueron víctimas de agresiones. Tal porcentaje ni siquiera se alcanza sumando las tres
primeras causas de muerte natural, como fueron los ataques
al corazón (10.5%), las enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (6.2%) y las
cerebrovasculares (5.9%).
Decir que por la ciudad ha
corrido un río de sangre es una
exageración que raya en lo
real. Entre el 1° de enero de
1992 y el 6 de abril del 2002
un total de 42.393 personas
perdieron la vida en forma violenta en Medellín.
¡Bárbaro! Eso equivale al exterminio de una población como
la de Sabaneta o de Girardota.
O, si se prefiere, es como si sólo
el polvo y el olvido hubieran sobrevivido en siete municipios
antioqueños, como Montebello,
Yalí, Belmira, Abriaquí,
Alejandría, Hispania y Murindó.
Por eso no es gratuito el tí-
33
Documentos
tulo de Medellín, la ciudad,
como campeona mundial en
violencia. Aquí mueren violentamente 220 personas por
cada 1.000 habitantes, cuando Buenos Aires tiene 34, Bogotá 36 y México 14. Con un
agravante: a nivel local prima
la “plomonía”. El 88% de los
homicidios se cometieron con
arma de fuego. Así mismo, en
el 31% de los casos el alcohol
fue invitado de honor, mientras que en el 69% de los delitos las drogas también oficiaron como actores de reparto.
Ninguna zona tiene el monopolio de los muertos. Aunque sí hay comunas, como la
Centroriental, que acapara 30
de cada 100 homicidios. Le siguen la Nororiental, con el
28%, y la Noroccidental, con el
20%. Eso resulta doblemente
tenaz para los residentes en
estos barrios. Primero, por el
nivel de riesgo al que están
expuestos. Y segundo, por el
estigma de violentos que recae
sobre su población joven y que
se vuelve una barrera a la
hora de buscar empleo.
Congruente con lo anterior,
el Instituto Popular de Capacitación (IPC) hace notar que
tanto los homicidios como la
presencia de actores armados
en la ciudad son más graves
en donde hay limitaciones de
espacios públicos, mayor pobreza, más desempleo, carencia de educación, déficit de vivienda y dificultades para el
acceso a la justicia formal.
Mejor dicho, “en donde son
más claras las consecuencias
producidas por la desigualdad
y la exclusión social”.
¿Qué desequilibrios?
El coctel de la violencia tiene
un asiento marcado por la desigualdad en el reparto del
bienestar y de las oportunidades de progreso.
En Medellín el índice de
calidad de vida es del 83.8, su-
perior al 75.7 de
Antioquia y al 78.7
de Colombia. Este
es un indicador de
bienestar, que se
construye a partir
de 12 variables relacionadas con la
educación, la vivienda, los servicios públicos y el
tamaño y composición de los hogares.
Lo anterior no
quiere decir que
esto sea el Paraíso.
De hecho, 16 de
cada 100 habitantes de Medellín tienen necesidades
básicas insatisfechas y un 3.5% de
la población vive
en la miseria.
Por sus calles también
deambula un ejército de
200.000 infantes, cuota local
que está incluida en los tres millones de niños que trabajan en
el país.
Muchos de ellos forman parte de los hogares de los 253.000
desempleados que hay en
Medellín y el Área Metropolitana o pertenecen al seno familiar de los 372.000
subempleados que no alcanzan
a devengar un salario mínimo.
Esa falta de empleo golpea de
manera especial a los jóvenes.
Entre ellos la tasa de desocupación oscila entre el 28.9% y
el 49.3%. Y, cuando trabajan,
40 de cada 100 “sardinos” lo
hacen a través de contratos
temporales.
El campo educativo no está
exento de problemas. Por lo
menos 25.000 niños y jóvenes
no encuentran cupo en la educación básica. De cada 100 que
entran a cursar primaria, 6
terminan como desertores, un
nivel que es muy similar en la
secundaria. En la formación
media, el 44.3% de los mucha-
El subempleo, las crisis del
modelo económico regional, el
desempleo y otros fenómenos
asociados con la capacidad
productiva y de desarrollo social
de Medellín constituyen una
bomba social y un factor que
agudiza los conflictos.
34
Documentos
chos se queda por fuera de las
aulas. Adicionalmente, educarse ya no parece un derecho,
sino un privilegio, pues la
oferta que más aumenta es la
privada, de mayor costo para
las familias.
No es cuento. El Observatorio para la Equidad y la Integración Social, afirma que en
Medellín y el Área Metropolitana una persona perteneciente al 10% más rico de la población puede aspirar a culminar
bachillerato y a continuar en la
universidad. En cambio, quien
pertenece al 10% más pobre
sólo puede aspirar, en promedio, a terminar la primaria.
En cuanto a la seguridad social, allí se ha ido desdibujando
el logro de un departamento que
aumentó la cobertura de 1.1 a
3.2 millones de personas entre
el 94 y el 98. Razones: el salto
de la pobreza, que medida por
los ingresos de la gente supera
el 54% en Antioquia, y el alto
desempleo provocado por la
Se estima que del 1’700.000
desplazados que hay en el país, en
Medellín habitan unos 100.000. La
ciudad concentra cada vez más
dificultades para asistir a esos
migrantes de la violencia y la
pobreza.
Otras violencias
• Según datos del IPC, Medellín y
el Área Metropolitana tienen 45
asentamientos de desplazados
forzados, de los cuales el 40% está
en las zonas Centroriental y
Nororiental. En los últimos diez años
ese fenómeno ha afectado en el país
a 1.7 millones de personas y se
estima que en la capital antioqueña
hay 100.000 de ellos. A esa lista
habría que agregar los que llegan
presionados por la miseria, el
desempleo, los desastres naturales
y “los protagonistas de inéditos
conflictos que se están incubando en
los nuevos escenarios urbanos”.
• Cada día desaparece más de una
persona en Medellín. Del 43.85% no
se conoce el paradero ni se encuentra
su cuerpo, por lo cual se presume
que se esfumaron contra su propia
voluntad. El 43% de los desaparecidos
retorna vivo.
• El hogar también es un escenario de
conflicto. Datos de Medicina Legal y el
Observatorio de Violencia Intrafamiliar,
dan cuenta de 16 violaciones diarias en
el Área Metropolitana. Sólo 4 se
denuncian. El IPC anota que “la
violación y el acoso sexual a las mujeres
vienen siendo utilizados como una
estrategia de los grupos armados en
retaliación o provocación hacia los
contendores de los grupos enfrentados,
según testimonios recogidos entre
habitantes de los barrios populares.
Estos datos, sin embargo, no aparecen
en las estadísticas claramente
identificados porque regularmente no
se denuncian y porque cuando
eventualmente se presenta un
homicidio el acceso carnal como hecho
pasa a un segundo plano”.
35
Documentos
crisis económica. En Medellín,
de más de un millón de personas que en el 2000 calificaban
para el Sisbén, apenas estaban
afiliadas 224.868, o sea el 21%.
Las carencias son extensivas a la vivienda. Con todo y lo
esencial que es, se calcula que
el déficit cuantitativo en la capital es del 24%. Fuera de ello,
Medellín concentra el 45% de
las 52.029 viviendas que en el
departamento están ubicadas
en zonas de alto riesgo y el mismo porcentaje de las 256.911
personas que se mueren de
miedo cada vez que llueve o
tiembla la tierra.
Todo esto ocurre en una ciudad,
urbanizada en un 95%, y en la que
por cada rico del estrato 6 hay 13
pobres de los estratos 1 y 2.
Hasta los ricos se han empobrecido:Alcalde
El diagnóstico
• El 57%de los ciudadanos de Medellín son de estrato 1 y 2.Estas personas
viven con menos de $250.000 mensuales.
• Apenas el 5%de la gente es estrato 5 y 6,lo cual,dice el alcalde de la
ciudad,Luis Pérez,demuestra que el empobrecimiento es colectivo.
• En los últimos tres años los ingresos reales de los ciudadanos del estrato 1
al 6 bajaron 50%,mientras que el costo de los servicios públicos creció 100%.
• Antes,estos servicios se comían del 4%al 8%de los ingresos familiares y
ahora se acercan al 30%.
• Hace 20 años la economía de la ciudad dependía en un 70%del sector privado
y en un 30%del sector público.Hoy se han invertido los porcentajes,pero como
consecuencia del debilitamiento de la empresa privada.
La respuesta
• Pasar del asistencialismo paternalista al asistencialismo productivo.
• EPM y sus filiales invertirán en la región $800.000 millones en la creación
de más sector productivo.
• Volver a Medellín la capital hispanoamericana de los Call Center, con la
mira puesta en la generación de 80.000 empleos.
• Construir de 20.000 a 25.000 viviendas populares,que generarían 30.000
empleos directos a corto plazo.
• Montar el Banco de los Pobres y hacer una revolución de los microcréditos.
• Formar buenos ciudadanos,como secreto del éxito de la política social.
• Revolución educativa,con formación gratuita para los niños y jóvenes.
Fuente:Observar.Informe de coyuntura social N ° 2..Marzo de 2001.
36
Documentos
Empresarios, en medio
del fuego
•Cada mes mueren hasta 4 famiempresarios víctimas de violencia.
•El miedo a ser secuestrado marchita el deseo de hacer empresa.
•Antes de prestar, banqueros miran el mapa del conflicto armado.
A
Germán Jiménez Morales
Entrega No. 10 sobre
CONFLICTO URBANO del
martes 7 de mayo de 2002
David (*) lo está matando el miedo al progreso. Su empresa,
que le da empleo a 18
trabajadores y sustento a unas 90 personas, tiene controlado su crecimiento cual si fuera un
bonsái. Para él, expandirse es
sinónimo de riesgo, porque los
bandidos pueden pensar que
está forrado en billete. Y de ahí
a repetir el secuestro extorsivo
que padeció en el 2001... no
habría sino un paso.
La experiencia le dejó la
mirada triste, rayando en la
amargura, y la voz con tono de
enfado. A sus 37 años de edad
ya no muestra el afán de superación que lo llevó a pasar de
la ganadería al oficio de supervisor y de allí a su estreno
como patrono, hace cuatro
años. Su compañía, ubicada en
un sector residencial clase
media, en la comuna 15 de
Medellín, vale de $90 a $100
millones. Sin embargo, estaría
dispuesto a venderla por $30 ó
$40 millones, con tal de disfrutar de una vida familiar más
segura y apacible.
La desazón le nació en los
días que pasó secuestrado por
los “elenos”, agrupación a la
que las autoridades le atribuyen el 20% de los secuestros
del país y que escolta a las
Farc, cuya participación en “el
negocio” es del 32%. Al comienzo, David les dijo que podía
pagar de $3 a $4 millones, pero
los guerrilleros le arrancaron
$30 millones. De esa cifra, $10
millones recién le habían llegado por la vía de un préstamo, que aún está pagando.
Otros $10 millones se los había facilitado un familiar y los
restantes 10 paquetes eran
ahorro. Una vez liberado, el
empresario cerró la fábrica.
Los trabajadores, proveedores,
amigos y clientes lo animaron
para que siguiera adelante y a
los 20 días la reabrió.
Volver a levantarse no ha
sido fácil. Primero, porque juntar un capital de $30 millones
puede tomarle de cuatro a cinco años. Y segundo, porque él
piensa que “como está el país
no provoca crecer la compañía.
Esto va para una guerra. Al
que tiene, no lo dejan trabajar
y al que no tiene, lo están volviendo malo”. En la cabeza le
ronda la idea de vender y montar un pequeño negocio, a ver
si de esa manera no le piden
plata o no lo secuestran por el
hecho de ser empresario.
Otros ya lo hicieron
¿Cuántos de los 8.820 capitalistas antioqueños que disolvieron sus negocios entre 1990
y el 2001, habrán pensado
igual que David? ¿En dónde
estarán los $340.604 millones
que tenían invertidos en sus
sociedades?
El dato no existe. Sin embargo, una tajada se debe haber transferido violentamente
a los bolsillos de la guerrilla,
los paramilitares y la delin-
37
Documentos
cuencia común. Pagar por la
libertad fue una exigencia que
el año pasado les hicieron los
captores a 891 de los 3.042 secuestrados que registraron las
autoridades en el país. Hace
seis años esa llegó a ser la motivación del 92% de los plagios,
pero ha bajado a medida que
el flagelo se multiplica. De
1996 a enero del 2002 se conocieron 15.992 secuestros, de los
cuales el 52.3% eran extorsivos
con fines económicos.
Los empresarios, como David,
son las víctimas predilectas. De
hecho, pesaron el 30% dentro de
los 183 secuestros de enero del
2002. En ese período cayeron 29
comerciantes, 13 ganaderos, 5
agricultores, 4 gerentes, 3 administradores y 1 contratista.
David no denunció su caso.
Si lo hubiera hecho, habría ayudado a consolidar a Antioquia
como una de las regiones más
golpeadas con el secuestro, con
una participación que varía
entre el 18% y el 20%.
El empresario no es el único que adopta una actitud temerosa frente al efecto que sobre sus negocios tiene la violencia y el conflicto armado. La
última Encuesta de Calidad de
Vida para Medellín encontró
que de 2.340 delitos padecidos
por los entrevistados, sólo 912,
equivalentes al 39%, fueron
notificados a las autoridades.
De 61 extorsiones o chantajes
no se denunciaron 31. De 84
desalojos no fueron informados
46. De 1.811 atracos o robos no
se reportaron 1.142. De 6 violaciones no se denunciaron 5.
Curiosamente, el mejor indicador está en el caso del secuestro o la desaparición: de 22 casos, 19 fueron informados a los
organismos oficiales.
Los más expuestos a esa
amalgama de inseguridad son
los pequeños y medianos hombres de negocios que residen en
los barrios populares de
Medellín. Cifras del Instituto
Popular de Capacitación (IPC),
con fuente en Decypol, revelan
que entre el año 99 y el 2001 se
presentaron en esta ciudad
9.515 homicidios, de los cuales
el 13.5% se concentró en la zona
de la Candelaria, el 11% en los
Populares, el 8% en el Doce de
Octubre y el 7.5% en Aranjuez.
En un marco como ese una
entidad de asesoría y crédito
afirma que en los últimos meses ha visto morir en forma violenta a un promedio mensual
de cuatro famiempresarios. Los
asesores de estos industriales
y comerciantes ubicados en
zonas de candela del conflicto
armado se han convertido en
sus confesores. Las historias se
repiten. Los dueños de los negocios caseros viven enjaulados. En las noches tienen que
cerrar temprano y no pueden
prender las luces de la sala o
del frente de la vivienda-empresa. Algunas esposas cuentan
que el marido tuvo que salir a
surtir, porque el entable se agotaba, y no se volvió a saber nada
de él... hasta el día en que lo
encontraron como un NN.
Aún
queriendo,
los
famiempresarios
y
microempresarios no pueden
salir de su barrio para ponerse al día en su crédito. Los
cambios de domicilio
también van en aumento, pues muchos
no aguantan el hostigamiento de los actores armados y buscan
zonas de la ciudad
más apacibles, para
evitar que sus hijos
jóvenes
sean
enrolados por las bandas organizadas, los
milicianos, los guerrilleros o los paras.
La situación se ha
tornado más aguda
desde mediados del
año anterior. Las
ventas de pequeños y
medianos empresa-
La inseguridad es hoy uno de los
principales factores que impiden la
renovación, el crecimiento y la
creación de nuevos proyectos
empresariales. El secuestro y la
extorsión, asociados con grupos
armados ilegales, son una “peste”
para la industria urbana.
38
Documentos
rios caen. Los proveedores se
niegan a surtir directamente
los negocios. Quienes le trabajan a terceros, como los
confeccionistas o los productores de calzado, tienen que ir a
recoger la mercancía. Y hasta
las
peticiones
de
refinanciación de los préstamos se han disparado.
Los financistas, cuya función
tiene un sentido más social, se
han vuelto “realistas” a la hora
de conceder créditos a estos
hombres de empresa. Tanto,
que cuando se sientan con ellos
a revisar el balance de entradas y salidas de dinero, se disfrazan las vacunas y extorsiones en una cuenta llamada
“otros gastos fijos”. Allí queda
asentada la mordida de $80.000
ó $100.000 mensuales que se
pagan a diversos actores armados a cambio de protección.
Conflicto por doquier
Entre las zonas duras para el
desempeño empresarial sobresale la comuna 13, aunque
también hay problemas serios
en sectores como Itagüí, especialmente en los que comunican con San Antonio de Prado
y La Estrella. Otro tanto ocurre con Bello, París, 12 de Octubre, La Maruchenga,
Santander, los populares 1 y 2,
Santa Cruz y Villa del Socorro.
Eso sugiere una cierta
focalización de los problemas,
que no es compartida por Isaac
Gaviria,
director
de
Metroseguridad. Su criterio es
que “toda la ciudad está afectada por la urbanización del
conflicto armado”.
En su concepto, en comunas
como la 13, el fenómeno es estruendoso y visible por los
enfrentamientos entre los actores. En otras zonas la expresión
es más silenciosa, a través de
la extorsión, el secuestro, el
boleteo o el robo de carros.
Gaviria manifiesta que en
estos últimos casos el que tie-
ne con qué paga la vacuna, creyendo que de esta forma se libera del asunto. Falso. El éxito de la operación persuade al
delincuente de que esa acción
se puede replicar contra el mismo ciudadano, contra sus familiares, contra los vecinos del
sector o contra el gremio del
extorsionado.
El funcionario anota que los
actores armados han venido
cambiando de estrategia. Ahora, por ejemplo, infiltran a sus
hombres como empleados de familias de estratos altos, lo cual
les permite un conocimiento
detallado de los movimientos de
potenciales “peces gordos”.
También se infiltran en compañías de vigilancia privada, para
acceder a datos de primera
mano sobre la jugosa actividad
del transporte de valores. Otro
tanto ocurre con la banca y los
sectores comerciales.
Dado que los grandes empresarios no abundan y además tienen sus cercos de vigilancia institucional y personal,
los actores armados han dirigido su atención a los de menor talla, a los ejecutivos y
empleados de buen nivel.
Así mismo, a la hora de reclutar personal encuentran un
mercado pulpito en los
“sardinos” que ni estudian ni
trabajan. Los niveles de rentabilidad conocidos por
Metroseguridad indican que
un joven puede percibir hasta
$1.5 millones por el robo de
cada vehículo. Tampoco es raro
que lleguen a tener ingresos de
$3 ó $4 millones, al realizar
trabajos tan refinados como la
venta de secuestrados a los
actores armados. En un medio
avaro en oportunidades para
ellos, los jóvenes mercenarios
le apuestan a una fuente rápida de enriquecimiento ilícito,
así ello implique un brutal recorte de su esperanza de vida.
(*) Nombre ficticio para proteger a la fuente.
Las estadísticas,
una negra factura
• Medellín encabeza la lista de las
ciudades que son más golpeadas por
la piratería terrestre. Según
Defencarga, en el 2001 se registraron
en Colombia 1.921 casos en los que
se hurtaron mercancías valoradas en
$110.209 millones. A esto se añaden
los vehículos robados, cuyo valor se
tasó en $47.061 millones. El 25.6%
de las mercancías hurtadas son
abarrotes. Dinero y joyas equivalen
al 5.48%, los textiles el 4.97%, las
carnes y pollos el 3.63% y los
lácteos y huevos el 3.59%. A nivel
local, buena parte de estos delitos se
cometen en el peaje de Guarne, la
Plaza Minorista, la Avenida
Guayabal, Hatillo, Solla, Centro
Internacional del Mueble y la
Variante de Caldas.
• Según Metroseguridad, de 3.445
víctimas de homicidio en el 2001 el
26.4% eran desempleados. El segundo
lugar lo ocuparon los comerciantes,
con una participación del 3.5%.
• A los grandes industriales del país
el clima de inseguridad les preocupa,
pero no tanto como la ausencia de
compradores. En la última Encuesta
de Opinión que lideran gremios como
la Andi, la falta de demanda aparece
como el principal factor que frena el
desarrollo de los negocios, con un
peso del 35.9%. El segundo escollo
es la inseguridad, con el 16.4%.
• Pese a ello, la inquietud frente al
deterioro del orden público es
creciente. En octubre del 98, por
ejemplo, la inseguridad sólo era un
escollo para el 3% de los
entrevistados.
39
Documentos
La violencia se paga con
más atraso social
L
a agudización del conflicto armado en una
ciudad como Medellín se
está convirtiendo en un
factor adicional de atraso y desigualdad social.
Entre otras cosas porque la inversión privada teme llegar a
las zonas de mayor perturbación y a veces hasta las firmas
estatales se ven a gatas para
prestar sus servicios, como ha
sido documentado en el caso de
las Empresas Públicas de
Medellín.
Los empresarios no son ciegos a la realidad de una ciudad que registra promedios
anuales de hasta 5.000 homicidios. O que concentra el 12%
de los secuestros denunciados
en Antioquia. O que tiene
9.000 “sardinos” metidos en
210 bandas, pandillas y combos, con cerca de 4.000 armas.
Los hombres de negocios tampoco son indiferentes a las disputas territoriales que libran
los actores armados, con esferas de dominio que el Instituto Popular de Capacitación discrimina así: las Farc reinan en
San Cristóbal, San Pedro, La
Tablaza, San Javier y Santo
Domingo. El Eln hace lo propio en Copacabana, San Antonio de Prado, Belencito y 20 de
Julio. Los Comandos Armados
del Pueblo (CAP) brillan en
Robledo,
Blanquizal,
Vallejuelos, 20 de Julio, La
Independencia y Belencito.
Las Auc están en Bello,
Zamora, Prado, Caldas,
Barbosa, Manrique, Popular,
Campo Valdés, Belencito, El
Corazón y gran parte de los
barrios
de
las
zonas
Noroccidental, comunas 5, 6 y
7, correspondientes a los barrios Castilla, 12 de octubre y
Robledo.
Y mal podrían los empresarios ser ciegos ante esa realidad, cuando ellos también son
víctimas del flagelo. Los constructores, por ejemplo, saben
que los banqueros manejan
mapas del conflicto y no prestan para proyectos situados en
zonas controladas por los actores armados. Allí un inmueble, que es su garantía, puede
quedar “valiendo huevo” como
consecuencia del desplazamiento forzado de las familias
o por el deterioro de la calidad
de vida del sector.
Cuando el edificador logra
llegar a este tipo de zonas, es
porque previamente ha pedido
permiso a quienes allí ejercen
la autoridad. El costo es alto.
Generalmente lo obligan a que
contrate mano de obra del barrio, a la cual toca tratar con
guante de seda. Fuera de eso,
en un fin de semana puede llegar un camión para desmantelar el almacén de la obra o
para cargar parte de la maquinaria del empresario.
Proveedores como los
ladrilleros también viven situaciones complejas. Algunos
son visitados hasta dos veces
en el año y en cada una de
ellos debe aportar $10 o más
millones. El pago no es para
que los protejan, sino para que
no los toquen.
A los contratistas de obras
públicas que laboran en barrios de la periferia también
les imponen parte de la mano
de obra. El personal no es calificado, no cumple horario y el
proyecto no avanza al ritmo
planeado. Igual ocurre con la
seguridad, y al pasar de cierta
área se tiene que contratar con
otro grupo.
Pese a ello, es frecuente el
robo de materiales, como cemento, arena y triturado. Un
empresario llegó a ver cómo
con sus materiales le echaron
el piso a las casas ubicadas a
lo largo de dos cuadras.
En otras oportunidades la
maquinaria es retenida para
presionar un pago, o es usada en otras labores. También
secuestran por días los camiones, y cuando los devuelven nadie sabe para qué los
utilizaron.
Todo eso cuesta. En un contrato de $1.500 millones un
empresario llegó a perder
$400 millones. En otros casos,
asegurar la maquinaria y los
equipos resulta más costoso.
De hecho, las tasas han pasado del 7 por mil a 20 por mil.
El comercio tampoco está a
salvo. En el centro de la ciudad se cobran vacunas que
pueden oscilar entre $4.000 y
$30.000 semanales, dependiendo del tipo de negocio.
Además, hay todo un mercado negro que surten los piratas terrestres, quienes en un
año se llegan a robar en este
municipio hasta 100 camiones cargados. Algunas firmas
que transportan esas mercancías a los barrios fácilmente
pueden perder un camión al
mes. GJM
40
Documentos
Se fue don Antonio, el
tendero del barrio
•Por la violencia urbana sigue resentida la actividad comercial en las comunas.
•Alrededor de 45.000 tenderos existen en el Medellín y están afectados por el conflicto.
•En algunas comunas se registran pactos de no agresión y prospera el comercio.
ace apenas dos días,
don Antonio*, el tendero del sector limítrofe entre los barrios
Juan Pablo II y el 8 de
Marzo, no aguantó
más tanta zozobra, cerró su negocio y se fue con sus mujer y
sus cuatro hijos a otro municipio donde no tuviera que soportar tanta violencia.
“Era muy formalito y vendía
de todo. Le iba bien y no tenía
problemas con nadie, pero se
aburrió. Como él, la gente se
está yendo del barrio”, dice
doña Esperanza*, una residente del sector quien encontró el
negocio con las rejas abajo.
Don Antonio, uno de los
45.000 tenderos de Medellín,
vivió en el barrio más de 20
años y era apreciado por los
vecinos. Sin embargo, no
aguantó tanto miedo acumulado ni que la gente se le metiera en la tienda para protegerse de los tiroteos desatados
entre las bandas ajenas al sector. Allí, como en otras comunas de la ciudad, los establecimientos comerciales cierran
temprano, mientras los niños
han dejado de jugar en las noches. En algunos áreas, los
negocios están enrejados y parecen verdaderos búnkeres.
En los dos últimos años, la
señora Esperanza experimenta una profunda tristeza y una
enorme impotencia al sentir
cómo se desmorona el barrio
donde ha visto caer abaleados
a muchos jóvenes que crecieron
H
Gustavo León Ramírez O.
Entrega No. 11 sobre
CONFLICTO URBANO del
miércoles 8 de mayo de 2002
y corretearon con sus hijos. Ella
llegó a la cañada alta de Villa
Tina y Caicedo hace 32 años,
cuando Los Caunces se iniciaba como zona de invasión.
Hace sólo dos semanas, a
doña Esperanza se le murió
entre los brazos un muchacho,
dedicado al transporte de escolares, que no se metía con
nadie. Como otros tres de la
ruta 096 de Buenos Aires, los
Caunces y 8 de Marzo, fue tiroteado porque se opuso a ser
“vacunado” por la delincuencia
que se pelea el dominio de las
zonas. Son los mismos casos
que se registran en la
Maruchenga, París, los populares 1 y 2, Belén Rincón y la
parte alta de San Javier, para
sólo mencionar algunos.
En estos barrios, sobre todo
en los periféricos, ha cambiado
el sistema de distribución de
mercancías y alimentos y son
pocos los furgones que se movilizan por sus calles. Sin embargo, todavía se ven los vendedores puerta a puerta de cuadros
y biblias y pequeños camiones
de expendedores de verduras
con su perifoneo a pleno pulmón. El transporte urbano de
pasajeros tampoco es ajeno a
este conflicto, lo mismo que las
grandes compañías fabricantes
de gaseosas y de artículos básicos de la canasta familiar.
Acomodo táctico
“Hay unos barrios que ponen
problema, pero los distribuidores los han venido manejando
41
Documentos
bien, pues unas veces les pagan
a las milicias en plata y otras
en especies, sea leche, cárnicos
o arroz. En otros, definitivamente no nos dejan entrar”,
dice una empresa lechera.
Ante los remanentes de las
ventas de media mañana,
una de las procesadoras de
lácteos optó por la estrategia
de donar unas 2.500 unidades
diarias de sus productos perecederos que son repartidos
entre los niños pobres.
“Eso ha ayudado a que no
volvieran a poner problemas
con la leche casi en ningún barrio”, dice un ejecutivo del sector comercial. “Eso implica que
hay darles a diario. Por el trabajo social es que hemos podido con ellos y no nos han molestado tanto; pero hace tres
años el problema era más grave. Han sido muchos los distribuidores que han matado”.
Regularmente, las milicias
aparecen en las esquinas, exigen “la liga” en artículos o en
dinero -como cuota semanal,
mensual o semestral- y sólo
admiten el ingreso de los carros y de los distribuidores conocidos. Las vacunas son un
hecho normal y están ya incluidas en el presupuesto de algunas empresas.
Fernando, un trabajador
con más de diez años en el
ramo de las ventas y el mercadeo, acepta que su compañía
no ha sufrido restricción en
sus áreas de influencia y asegura que, al donar sus productos, no está haciendo nada al
margen de la ley. La compañía lleva donaciones, por
ejemplo, a Carambolas, parte
alta de Manrique, por medio
del distribuidor.
Sacrificio financiero
Los problemas disminuyen
cuando el negociante se aleja
de la periferia. El ritmo y el
estilo de las ventas, incluso,
han registrado variantes.
“Muchos dan trabajo a los
muchachos para que hagan la
distribución en su zona. La
empresa disminuye el riesgo y
sigue vendiendo igual. Lo que
pasa es que merma un poquito
su utilidad. Los tenderos y las
amas de casa sirven de mediadores con los muchachos”.
Una distribuidora de alimentos no volvió a entrar desde hace
un año a una parte de la Comuna Noroccidental donde tienen
presencia el Eln, las Farc y los
paramilitares. En otras sólo va
cuando le dejan entrar a los vendedores, como ocurre en
Belencito y el 20 de Julio.
“Este año fuimos una vez y
nos dijeron que si no pagábamos la vacuna no podíamos
volver y nosotros no estamos
para pagarla”, dice un vocero
de la empresa, quien pidió el
anonimato tanto para la identificación de la fábrica como de
su nombre.
Ante tanta inseguridad, cerca de 60 compañías crearon
hace dos años el Frente de Unidad Empresarial, cuyos miembros se comunican para
alertarse entre sí. Este sistema
ha permitido que, con el apoyo
de la Sijin, disminuyan en 40%
los asaltos de las bandas.
En Castilla y sus alrededores los vendedores también
acordaron darle la distribución
a un residente, que pierde poco
cuando lo despojan de lo que reparte en una moto.
Una comuna
atípica
No obstante los
constantes ataques, el ambiente en las
barriadas ha
mejorado gracias a la labor
de las juntas de
Acción Comunal y de los comerciantes.
Luis Alfonso
Muchos de los 45.000 tenderos
que hay en Medellín han tenido que
encerrar sus pequeños negocios
para disminuir los riesgos de tanta
inseguridad que ronda por sus
barrios. En algunos sectores ellos
tienen que pagar la “vacuna”.
42
Documentos
Echavarría Posada, director
del Grupo Comunitario de
Aranjuez-San Cayetano, ha
sido parte de esta transformación social.
“Desde el 95, la economía de
nuestro sector crece. A través
de actividades y convenios del
Comité Comercial se acabó con
la vacuna a tiendas, graneros,
casas de chance, heladerías y
supermercados”, dice el líder
comunitario. En la Comuna
hay 98 tenderos cuando en el
94 sólo estaban registrados 31.
Por causa del conflicto urbano
cerraban tres al mes.
“A algunos negocios les va
mal por cuestiones económicas
y por la competencia, pero ese
es un mal nacional. Frente a
otras comunas, la nuestra es
buena y tiene una economía estable. Es en la única donde desde 1994 no se ven plomaceras”,
confiesa Echavarría, uno de los
100 líderes que trabajan por el
bienestar de la zona.
Según Luis Alfonso, allí se
logró socializar el proceso con
las bandas y otros grupos al
margen de la ley y se empezaron a generar proyectos productivos como celadurías, lavadas de carro, limpieza de quebradas y reciclaje, con la ayuda del comercio y de entidades
estatales.
“Yo les dije a todos los proveedores que era bueno que se
tocarán el corazoncito. Desde
1998 comenzaron a financiar
los tablados populares y a dar
degustaciones. No nos dieron
ni les pedimos plata porque en
el momento en que lo hiciéramos se dañaría el proyecto”.
La estrategia de los negociantes y de la comunidad dio
como resultado en los últimos
siete años una reactivación de
la economía no vista, pues las
casas arrendadas recobraron
su valor y aparecieron nuevos
establecimientos como farmacias, talleres, almacenes,
ebanisterías, ferreterías, ven-
tas de helados y empanadas. Se
recibió el respaldo de empresas
como Cervunión, Coltabaco,
Cementos Argos y Noel y la
gente volvió a disfrutar de la
vida nocturna.
“Ya pasó por aquí la época de
la violencia brava. La crisis del
barrio es una etapa superada en
un 90%. No tenemos el problema de antes cuando se robaban
los carros de los proveedores”,
sostiene Guillermo Vélez, gerente de Mercados Vélez. Reconoce
que el éxito está basado en el
pacto de no agresión y en el compromiso de trabajar por el crecimiento del barrio.
El director Ejecutivo de la
Seccional de Fenalco, Antonio
Picón Amaya, considera que el
problema no obedece tanto a
una tipología sino a un clima
general de incertidumbre y de
inseguridad.
“No es sólo en Medellín sino
en todo el país. Un conflicto que
era rural se volvió urbano”, afirma el dirigente gremial. Señala que esta situación afecta al
comercio, al turismo y al aseguramiento de vehículos, lo
cual ha hecho que los propietarios tengan que soportar el pago
de extraprimas. Asimismo, las
compañías de seguros tampoco
están amparando el transporte de mercancías en la ciudad,
lo que constituye un enorme
riesgo para el comerciante.
“Ese clima está afectando a
todos ya que no puede señalarse un barrio determinado”,
anota Picón Amaya. Como
afectó a don Antonio, el tendero, cuya vida no se hubiera descuadernado si las bandas de
los barrios aledaños al oriente
de la ciudad le hubieran permitido trabajar en paz y permanecer en el lugar donde vio
crecer a sus cuatros hijos.
* Nombres cambiados por
solicitud de las fuentes.
Una cooperativa piloto
Fernando Gómez Montoya*
“Uno de los problemas más bravos
que tiene el transporte urbano es el
conflicto armado, bien sea por guerrilla o por combos.
Teóricamente todas las empresas de
Medellín tienen una “vacuna”, en una
forma o en otra. El problema que
encontré en la empresa es que había
una “vacuna” que estaba en ese
momento a casi $6 millones
mensuales por la ruta. Se montaban
a los carros y cobraban la plata.
Chofer que no tuviera la plata... nos
mataron a seis en dos años y medio.
Por cada bus era una vacuna de cerca
de $150.000 mensuales. Empezamos
a hablar con ellos (los grupos) y les
hicimos ver que eso no era tan rentable y estaban acabando con la
juventud del barrio, porque los que
no estaban muertos estaban en la
cárcel. Les dijimos que cogieran la
lavada de los vehículos.
En casi todas las empresas de
Medellín hay que lavar a diario el
carro y dentro de su presupuesto está
su lavada. Hicimos una cooperativa
que lleva año y medio. Se acabó la
vacuna y los pusimos a trabajar. La
cooperativa se llama Asociación de
Paz (Asocipaz) que tiene unas 70
personas del Vergel, Eterna
Primavera, Quinta Linda y Serranías.
Ellos se responsabilizan del aseo y
de la vigilancia de los 50 vehículos
diarios incluidos los microbuses.
Teóricamente estamos en paz, porque
hay una banda en Caunces de
Oriente, manejada por un tipo que la
policía lo tiene identificado y de vez
en cuando les sale a los carros y les
quita la plata. Las milicias del 8 de
Marzo nos han matado dos
conductores y tres celadores en el
último mes, porque quieren tomarse
de nuevo la zona. Estamos con un
pedazo vacunado y otro no”.
* Gerente de la Corporación de
Transporte Urbano (CTU), que afilia
a 21 de las 25 empresas
metropolitanas. Unos 3.600 buses
de 4.000.
43
Documentos
Campos de juego y
enfrentamientos
•En un solo campeonato de fútbol mataron a cinco jóvenes.
•Inder intenta recuperar unidades deportivas de Castilla y Miraflores.
•Líderes piden presencia del Estado con recursos y programas.
E
Wilson Díaz Sánchez
Oswaldo Bustamante E.
Entrega No. 12 sobre
CONFLICTO URBANO del
jueves 9 de mayo de 2002
n muchos barrios populares de Medellín las
canchas y placas
polideportivas dejaron
de ser campos para la
lúdica y la recreación, y
se convirtieron en “oficinas” de
bandas y sitios de ajusticiamiento preferidos por los actores del conflicto armado.
Muchachos de la Zona
Nororiental cuentan que jugar
un partido resulta tan arriesgado a cualquier hora del día,
que han visto caer heridos y
muertos a sus amigos, “víctimas del fuego cruzado entre
pandillas”.
Pero en medio de la intolerancia de algunos, la creatividad y el deseo de ofrecerles
otras alternativas a hijos, hermanos y familiares, surgen movimientos que, “armados de
balones y uniformes, sembramos vida en la comunidad.
Creemos que el deporte es el
mejor vehículo para hacer la
paz, pero es necesario que el
Estado acompañe nuestros procesos. No se trata de entregar
porterías y volquetadas de arenilla por parte del Instituto de
Recreación y Deporte de
Medellín (Inder), aquí hay que
generar participación social”,
dice Fredy*, un líder que nació,
creció y su forjó en las laderas.
Cuanto tenía 15 años ya
hacía parte de la acción comunal. Siempre “gomoso” de la
actividad deportiva, promovió
un grupo de trabajo hasta conseguir un espacio para organi-
zar torneos en el barrio y su
labor no resultó fácil, pues en
1995 debió cancelar el campeonato “porque ya iban cinco
muertos por peleas entre combos. Ahora no es como en otras
épocas, cuando nos agarrábamos a golpes y de ahí no pasaba. Hoy es a bala y por cualquier bobada”, relata mientras
apoya la cabeza en sus manos.
Fredy, que alguna vez hizo
un receso en su trabajo comunitario y se integró a una banda, asegura que volver a la normalidad le costó demasiado. Por
su cabeza aún rondan los hechos
lamentables e irreparables que
debió soportar para salirse del
combo, por allá en los años 90
cuando “hubo un desarraigo social impresionante”.
A los 36 años y padre de familia, ahora es el motor del Comité de Deportes del sector,
después de rescatar de la maleza y la basura la cancha que
estuvo abandonada por mucho
tiempo. Orgulloso muestra las
tribunas limpias y el parque
ecológico que construyó con un
grupo de jóvenes, con el visto
bueno de otros pelaos (jóvenes
miembros de pandillas) que
“saben que esta labor nos favorece a todos”.
Sin miedos
“A mí deme un morral lleno de
balones y unos conos para los
entrenamientos y me le meto
a cualquier barrio por caliente
que sea”. John Jaime * conoce
bien el terreno que pisa, pues
44
Documentos
Los niños miran el entrenamiento
de una de las escuelas de la zona
Noroccidental de Medellín. Ellos
son los más perjudicados por el
conflicto armado en los sectores
populares.
allí creció y se forjó como
hombre del deporte.
Al fondo se divisa la
ciudad opacada por la
bruma, y la Unidad Deportiva de Castilla empieza a llenarse con los
niños de las escuelas de
fútbol, creadas por personas del barrio. Tres
canchas de fútbol, tres
placas múltiples, un salón comunal y un sendero para caminantes conforman el complejo que
en su aspecto delata
abandono, pues hace
dos años y medio el
Inder retiró de allí al
administrador y a los
vigilantes por problemas de seguridad.
John Jaime dice que lo
poco que se ha hecho es
por cuenta de la comunidad y lamenta la poca presencia de mujeres, temerosas de los violentos.
“Los colinos (marihuaneros) vigilan y cuidan el escenario.
Cuando se logra recolectar algún dinero, ellos desyerban.
Por su propia iniciativa sembraron una huerta con árboles
frutales en un espacio que estaba convertido en matorral”.
Las llaves del salón comunal las tienen los pelaos de una
banda y las facilitan cuando alguien lo requiere, no sin antes
dar el visto bueno.
Hace dos años los vecinos
del sector recuperaron este espacio, otrora famoso por ser el
centro de operaciones de la
banda de La Quica, lugarteniente del capo del narcotráfico
Pablo Escobar Gaviria. Allí, la
comunidad impulsó un pacto
de paz entre las pandillas
Carruseles y Mondongueros.
John Jaime tuvo la fortuna de jugar bien al fútbol y
de recibir el respaldo de la
familia. Hoy, se pregunta:
“¿qué hubiera sido de mí en
otras circunstancias?
Los torneos de éste y los
barrios aledaños normalmente
son vigilados por las bandas,
que impiden desórdenes. Un
amigo suyo se dejó llevar por
el calor del partido, intentó
agredir al árbitro y jamás pudo
volver por esos lugares.
Libres de barreras
En El Salado, sector de San
Javier, al occidente de
Medellín, asegura Felipe*, no
hay problemas para jugar en
la cancha, ubicada en el centro del barrio. El temor es que
mientras se desarrollan los
partidos puede presentarse un
enfrentamiento entre milicias
y autodefensas “y lo coronan a
uno, como le sucedió estos días
a un muchacho”.
En el sitio conocido como
Cuatro
Esquinas,
los
milicianos bajan a jugar
microfútbol. Inclusivo, tienen
equipo en el torneo. El escenario con mayores problemas, y
al que temen ir los deportistas,
es la cancha de Zonitas, “donde ha muerto mucha gente”.
Una escuelita de fútbol de
Belencito, que el año pasado
entrenaba de noche por los
compromisos de los entrenadores en el día, debió cambiar de
horario por petición de los padres de familia. Intentaron
exiliarse en otro barrio, pero
los entrenadores fueron llamados para que retomaran la labor con casi 90 niños.
Al otro lado de la ciudad, en
el barrio Pablo Escobar, el
futbolito se juega en la calle
porque no hay canchas. Un comité logró que el Inder financiara la construcción de un
parque infantil, pero cuando
llegó el momento de hacer las
diligencias, apareció el capo de
una banda y manifestó que el
terreno ya estaba vendido.
A pesar de las presiones,
John Bahos, promotor del programa Fútbol por la paz y juego limpio, cree que el deporte
es la única garantía de llegar-
45
Documentos
les a los muchachos. En un
campeonato de Manrique Las
Granjas, como organizador,
debió intervenir, cuando al árbitro le pusieron una pistola en
la cabeza. En otra ocasión estaba pitando y decretó un
penalti en el último minuto.
“Casi me matan, por fortuna
cerca de mí había un amigo y
me ayudó a salir del lío”.
El susto pasó y continuó en
su labor. Actualmente promueve un campeonato con participación de combos de Las Nieves,
Santa Inés y Guayabal, dispuestas a establecer diálogos y convivencia. “Lo único que motiva
a los combos es el deporte, porque allí encuentran neutralidad
y respeto entre ellos”, dice.
Orgulloso recuerda su asistencia, como entrenador y delegado, a la Copa Juego Limpio en
Alemania, en el 2000, donde
Medellín estuvo representada
por un elenco del barrio Las Esmeraldas, tras ganar el torneo
local frente a 554 aspirantes.
Allí, después de recibir elogios por el comportamiento de
los jugadores, sintió aún más
la necesidad de luchar por un
deporte
formativo,
sin
estigmatizaciones y presiones
políticas. Él, como los líderes
anónimos de las comunas de la
ciudad, quieren las canchas libres para sembrar, con la actividad física, semillas de paz.
*Nombres cambiados por petición de las fuentes.
Se perdió el manejo
Entres las funciones del Inder está la
adecuación, mantenimiento y
construcción de escenarios
deportivos en barrios y
corregimientos de la ciudad,
ubicados en espacios públicos.
Las canchas normalmente son
administradas por las acciones
comunales o comités, pero el Inder
tiene el manejo de las Unidades
Satélites, entre las que se destacan la
de Castilla, Doce de Octubre, Belén,
Miraflores, La Floresta y Los Alcázares,
con presupuesto anual para cada una.
Sin embargo, grupos al margen de
la ley se apropiaron de las unidades
deportivas de Castilla y Miraflores.
Actualmente, el Inder intenta
recuperarlas con programas como las
Escuelas Populares del Deporte.
Para Miraflores, según el gerente Francisco Javier Zabala, hay destinada una
inversión de $200 millones, de los
cuales ya se hicieron efectivos $50
millones en adecuaciones. Los
habitantes de Castilla, entre tanto,
esperan que la Administración Municipal concrete acciones.
En el 2001, según el funcionario, la
inversión en escenarios fue de $1.200
millones. Zabala hizo un llamado a los
actores del conflicto para que dejen
entrar sin problemas a sus delegados,
pues denunció secuestros, amenazas y
“vacunas” a trabajadores de la entidad
que él representa, lo que dificulta la labor por el deporte.
46
Documentos
Jóvenes sóftbolistas,
desplazadas y confundidas
Medellín
Una mañana fría de hace seis
años, un grupo de jóvenes muchachas, cuyas edades no superaban los 14 años, estudiantes del Liceo Villa del Socorro,
llegaron, como ya era costumbre, a la vieja cancha de arenilla del sector, dispuestas a
practicar su deporte preferido,
el sóftbol.
Eran las 7:30 y aunque por
obligación debían madrugar,
ese día alguien se les había
adelantado y ocupaba el campo. La figura menuda y algo
escuálida de un desconocido,
de escasos 18 años, con pantalones amplios y gorra que
apenas le dejaba ver parte del
rostro, cumplía una labor inusual: una a una iba clavando estacas cerca de uno de los
arcos donde generalmente las
chicas se ubicaban para empezar el trabajo.
Sin cruzar palabra alguna,
el sujeto cercó el sitio con una
pita gruesa que amarraba entre cada palo e impidió que las
niñas siquiera pudieran ejercitarse. “Aquí entrenamos,
¿por qué nos estás quitando el
espacio?”, fue la pregunta que
apenas inquietó al sujeto.
“Esta es una cancha para
fútbol y no para sóftbol; y si no
le gustó, póngala como quiera,
se escuchó decir en tono amenazante al interlocutor. La impotencia era grande y mucho
más cuando algunas muchachas me decían con señales disimuladas que me quedara callado”, recuerda José Aníbal
Castañeda Correa, en aquel
momento profesor del Liceo y
quien, en compañía de Francisco De Latorre Hill y luego
de Alfonso Agudelo Marín, se
dieron a la tarea, contra viento y marea, de rescatar el deporte en la zona Nororiental de
Medellín.
A la postre, fue De Latorre
Hill, un desvelado del sóftbol
quien más luchó por evitar que
los combos del sector acabaran
de tajo con el espíritu deportivo de las jóvenes de barrios
como Santa Cruz, Santo Domingo, Granizal y hasta los
populares 1 y 2.
Ese día, como tantas otras
veces, se había perdido el “madrugón” para utilizar la cancha. Ni siquiera el haber llegado muchas horas antes que
los muchachos -practicantes de
fútbol- había servido. Los morrales volvieron a su lugar de
origen, las espaldas y, “con el
rabo entre las patas”, las jóvenes softbolistas debieron dar
marcha atrás, y quedarse con
las ganas de entrenar.
“Fueron muchas las jornadas en las que a pesar de llegar bien temprano ya habían
personas jugando fútbol desde
hacía mucho rato. Con los que
conocía, los cuales eran o habían sido mis alumnos, no tenía ‘mucho problema’. El lío
era con los que no conocíamos,
por lo general, todos. No les
importaba si habíamos llegado antes que ellos. Se metían
a jugar en mitad de cancha
donde estábamos practicando
y uno de ellos se ubicaba en el
arco de fútbol y tapaba los pocos balones que realmente le
pateaban ya que, casi todos se
dedicaban a tirar balonazos que
se estrellaban contra vientres,
pechos y rostros de las muchachas”, agrega Castañeda, quien
no obstante, con el paso de los
días, logró aplacar en algo la
tensa situación que incluso llegó a extremos tan peligrosos
como los de enfrentamientos,
a bala, de grupos armados.
Luz Delly Paso, apodada
Salcerín, fue una de esas jóvenes que vivió en carne propia
este proceso de “desplazamiento deportivo”. Sin embargo, con
esfuerzo superó obstáculos hasta llegar a integrar la Selección
de Antioquia en varios torneos
nacionales e internacionales.
Hoy, más de 300 deportistas, en su mayoría estudiantes del Liceo de Villa del Socorro, están a órdenes de Alfonso Agudelo, un benefactor
y pensionado de la Caja Agraria, quien apoya, en la medida de sus capacidades, la
práctica deportiva para que
no se “pierdan en el vicio o la
vagancia”.
Yadira Conrado, una morocha
de categoría, buen brazo y gran
proyección, o Durley Natalia
Giraldo, también Selección
Antioquia, surgieron en la
cancha de arenilla de Villa
del Socorro. Le hicieron el
quite a una situación que
ellas en principio no comprendían, pero que poco a
poco se hizo inherente: jugar
bajo la presión de lo que pudiera ocurrir, de lo desconocido. OBE y WDS.
47
Documentos
“Nuestro método no es el
pedagógico sino el del temor”
• Durante este año han asesinado a cinco maestros en Medellín.
• De los 418 amenazados en Antioquia, 174 son del municipio.
• La violencia ha ocasionado que los educadores cambien rutinas.
H
Paola A. Cardona Tobón.
Entrega No. 13 sobre
CONFLICTO URBANO del
viernes 10 de mayo de 2002
ace poco más de un
mes, Odila* se sentó a
observar una de las
imágenes que marcaron su carrera como
educadora. Había un
círculo, lleno de pequeños ruidosos, jugaban a que eran
encapuchados y a que luchaban
con armas que, algunos, en realidad tenían en sus mochilas.
Esta escena ya normal y
hasta cotidiana en muchas
instituciones, fue la que terminó por llenarla más de rabia,
temor e impotencia. No quería
seguir educando niños para
que, aunque ella no quisiera,
terminaran en el conflicto como
protagonistas o víctimas.
Decidió salir del plantel
ubicado en Belencito. Solloza
mientras cuenta su historia y
repite una y otra vez que no
se publique su nombre. Apenas se distinguía su respiración agitada y se podía entrever un rostro desconcertado,
que no es posible describir con
certeza, porque quiso, como
muchos, que la entrevista fuera telefónica.
Iba a completar su primer
año en medio de una comunidad educativa que la acogió
por su calidez y buen trabajo.
Dice que era un colegio lleno
de profesores comprometidos,
de esos a los que se les olvida
la hora de irse y con las agallas para soportar las
balaceras y poner su cuerpo
para cubrir a los niños.
“Los alumnos llegaban a la
escuela, después de sortear
las dificultades del camino, a
veces en medio de las balas.
Después, no podíamos exigirles atención y concentración
en las clases”.
Sin tregua
Tenía muchos niños enfermos
sicológicamente. Estaban nerviosos y temerosos de la muerte. “A veces salía a la cocina e
iba a prepararles agua aromática y por el camino me expresaban que les habían prometido a sus mamás ir al colegio
pero que les daba miedo, que
el patio era tan inmenso que se
sentían inseguros”.
Pero algunos de sus alumnos
no eran sólo espectadores de
la confrontación. Varias veces encontraron balas en las
pertenencias de los niños,
“porque ellos mismos son hijos de miembros de los grupos armados”.
Mientras estuvo allí, unos
150 pequeños salieron de la
escuela porque sus familias
se iban por las amenazas o
cansados de tanta violencia.
“Nos tocó ver muchos
muertos. Usted llega allá y le
cuentan, pero vivirlo es terrible. Le doy gracias a Dios que
fui, hice lo que tenía que hacer y estoy viva”.
Según la Asociación de
Institutores de Antioquia
(Adida) durante este año han
asesinado cinco profesores en la
ciudad, el último de ellos el lunes pasado, perteneciente al
Liceo Santa Rosa de Lima, y
unos 42 han sido amenazados.
48
Documentos
Esfuerzos por educar
Donaldo Zuluaga
Profesores y estudiantes sufren
la angustia de terminar el día en
medio de las balas pues las
confrontaciones se libran
muy cerca de las escuelas y
colegios.Los
educadores
intentan implementar proyectos
de convivencia para disminuir
el nivel de agresividad y de estrés
de los niños y jóvenes.
Dos años y tres meses. Eso fue
lo que permaneció Lucía* como
educadora de una institución
de Robledo, parte alta. Cuando llegó a su nueva escuela encontró malas referencias pero
decidió arriesgarse y tratar de
acomodarse.
Recuerda que un día al principio de este año al entrar a la
escuela encontraron las chapas
de las oficinas dañadas, salones
abiertos, ventanas quebradas
con esquirlas de vidrio en el piso
y sangre en el corredor. Un grupo armado había utilizado el
colegio como escenario para librar un enfrentamiento.
Al otro día, volvieron a las clases, pero “unos encapuchados se
pararon cerca de la ventana en
la calle. Se oyeron unos disparos y nosotros nos tiramos al
piso, porque por allá hay que
vivir en el piso”.
El jueves siguiente a la incursión en la escuela, una vez
finalizado el descanso, se escuchó una fuerte explosión en la
parte de atrás. Según los alumnos era una «papa» bomba y,
luego, intercambios de disparos dentro en las instalaciones.
“Parecía el fin del mundo”.
Así, con la situación más
tensa que de costumbre, Laura
se aguantó un mes más. Un
día, al bajarse del bus, se encontró con dos cadáveres, “sin
embargo, iniciamos clases,
muy intranquilos, pero a las
8:00 a.m. los alumnos nos dijeron: profe que manden a la gente para la casa que ya estaban
para llegar a realizar el levantamiento y que ahora sí se iba
a prender el barrio”.
Desocuparon la escuela.
“Toda esa semana trabajamos
no con un método pedagógico
sino con el método del temor
porque esperábamos lo peor.
Todos estos días la escuela estuvo rodeada de grupos armados, porque éramos el sitio
para las confrontaciones”.
Decidió retirarse cuando llegó un ultimátum: Si ellos atacan tendremos que responder,
decían y “la escuela será la primera en sufrir las consecuencias”. Ese día ya no lo pensó
más y se fue.
Se hace lo que se puede
Campañas de valores, convivencia y diálogo, es lo que los
maestros pueden ofrecerle a
sus estudiantes como una salida, pero como dice Lucía, en
casi todos los salones había
niños de las milicias, “los llaman carritos. Por evitar problemas nos dejábamos decir
de todo porque nos daba miedo decir algo”
Antes de llegar a la dirección de una de las instituciones de la comuna Uno, a Jorge* le contaron que habían
nombrado tres educadores
que no aceptaron. Cuando
uno de ellos llamó al colegio
para reportarse el vigilante
le dijo que se comunicara
más tarde porque estaban en
medio de una balacera.
Aún sabiendo esto asumió
el reto. Durante más de 20
años ha sido testigo de la situación de la zona, que ha
alejado a unos 1.300 niños de
las aulas. Continuamente
hacen campañas para reiterar que son territorios de
paz, “pero la violencia no respeta si es niño o estudiante”.
49
Documentos
Los conflictos de su institución no se generan por problemas internos, pero los muchachos están influenciados
por el ambiente. La concentración se ve afectada.
Cuenta que cuando están
en clase y suena algún intercambio de disparos se preocupan por sus familias y la
única línea que tienen se congestiona porque todos quieren llamar para averiguar
por su gente.
Entre los profesores tiene
cuatro que han tenido que
consultar a sicólogos y están
con medicamentos. “En los
estudiantes esa agresividad
que sienten en su barrio, la
transmiten en la misma institución y se identifican como
un brazo del pulpo: yo pertenezco a esta parte o a la
otra”.
En el actual contexto, los
maestros son psicólogos, padres, médicos y hasta protectores y héroes. Muchos sacan
fuerzas para estirar sus brazos y cubrir a la mayor cantidad de niños que puedan
para salvaguardarlos de las
balas.
A sus 29 años en la docencia, Odila nunca pasó por una
situación como la que vivió
en Belencito. Dice que no importa si se es un maestro recién graduado o uno con experiencia. El sentimiento de
angustia es el mismo.
A veces toca contraer el corazón, afirma, para hablar de
la vida, del futuro y de la esperanza, cuando al finalizar
la clase hay un muerto tirado a unos metros de los salones. “Nunca pensé que lo diría pero de lo único que estoy segura es de que no quiero volver. Estar allí es convivir con la muerte, tenerla demasiado cerca”.
•Nombres ficticios a petición
de las fuentes.
“Hay que buscar alternativas
Celina Calderón *
“Tenemos instituciones donde hay un
alto índice de violencia como en Santo
Domingo,Popular 1 y 2,Granizal,El
Playón, Aures, Moravia y hacia el sur
en El Limonar.Los proyectos que
hacemos especialmente desde el
trabajo con jóvenes por fuera de la
academia,desde la regional,va muy
encaminado hacia la prevención y
promoción,porque no tenemos los
medios de ir más allá.Prevención en presentarles otras
posibilidades de vida,alternativas para
utilizar su tiempo libre y para ello
trabajamos en la consolidación de
grupos juveniles,alrededor de
prácticas como el arte,la cultura,el
deporte,la ecología.Se tiene el
proyecto para la participación y la
democracia,que es el trabajo que se
cumple
con
consejos
estudiantiles,personeros y demás,y se
tiene un proyecto de escuela de líderes
juveniles comunitarios.Pensamos que
esa es una de las formas de prevenir y
promocionar las aptitudes y
capacidades de nuestros muchachos.
Una de las grandes dificultades y que
puede ser un detonante de la violencia
en los barrios es la falta de
oportunidades.Un muchacho termina
un bachillerato,¿y?Si la familia no tiene
cómo pagarle un estudio
complementario o si no cuenta con
buena suerte y consigue un empleo,se
queda en la casa en el mejor de los
casos.En los que
no,llega al “parche ” de la esquina.
Hemos tenido muchos estudiantes que
han sido víctimas de laviolencia o que
han sido victimarios.Que se han
tenido que salir,
cancelar matrículas.Es una realidad ”
*Coordinadora de movimientos
infantiles y juveniles de Fe y Alegría.
50
Documentos
Violencia transformó
las prácticas escolares
Medellín
“Allá no se puede dar perdido un
año”. Así lo afirma Rosa*, una
maestra del sector de Granizal,
que salió de su institución ante
la falta de garantías para ejercer
la profesión.
La deserción era de un 50%.
Durante varios años programaron las actividades anuales sólo
hasta septiembre, pues sabían
que en los últimos meses las cosas se agudizaban en el sector y
no sabían qué podía pasar.
Debieron acoplar sus prácticas
pedagógicas a la realidad del entorno y a la actitud de sus alumnos. “Muchos de esos pelados no
están sino por guardar un puesto. No les podemos llamar la atención, porque incluso las niñas son
compañeras de los de bandas”.
Los profesores seguían buscando que los jóvenes investigaran en
otros lugares, pero la limitante era
que no podían movilizarse con libertad por las calles del barrio.
A pesar de la complejidad, los
educadores se las ingenian para
llevar conocimientos y crear
proyectos de aula que motiven
a los estudiantes. Están conscientes de que la agresividad
que manifiestan es producto del
ambiente familiar y social, que
llegan con hambre y que se les
hace más difícil poner atención.
Para Jorge Muriel, rector del
Colegio La Candelaria, lo importante es darles participación a
todos los miembros de la comunidad educativa. “Venimos planteando proyectos de convivencia.
Hay uno de prevención temprana de la agresividad y acompañados también por la Universidad de Antioquia, hicimos un foro
para mirar políticas de acción
para buscar el mejoramiento”.
Quieren cambiar la agresividad por otras estrategias como
campeonatos deportivos. Para
mejorar el ambiente en la institución modificaron metodologías
de trabajo, estructura curricular,
administrativa y de participación.
Qué se hace
El departamento cuenta con un
comité de amenazados. Allí les
brindan un apoyo y les buscan alternativas para el traslado, aunque de acuerdo con Elkin
Ramírez, abogado asesor de derechos humanos de la Asociación de
Institutores de Antioquia (Adida),
dada la magnitud de los hechos,
esta iniciativa se queda corta.
Comenta que el proceso pedagógico y de enseñanza se ha visto seriamente afectado con el problema de violencia que se vive en
los barrios de la ciudad. “En algunos establecimientos, los educadores prácticamente se han
dedicado a desarrollar proyectos
de convivencia y de armonía que
permitan que las relaciones entre estudiantes y docentes se desarrollen en términos más o menos pacíficos. Lo que implica que
el proyecto de desarrollo pedagógico y educativo que se debe dar,
a veces quede atrasado”.
En noviembre del año pasado, la mesa de trabajo por la Paz
en Bellavista presentó una carta en la que rechaza “todo tipo
de hechos que atenten contra el
derecho constitucional de la educación, como los robos y saqueo
a los planteles educativos, el
chantaje, la extorsión, el boleteo
y los atentados contra estudiantes, educadores, directivos escolares y comunidad educativa”.
Reconocieron que todos las
escuelas son espacios sociales de
paz y convocaron a los actores del
conflicto social en Medellín a acoger su declaración. Sin embargo,
la violencia continúa.
Adida denuncia que la situación se agudizó en las comunas
12 y 13 a las cuales están adscritos unos 30 planteles. En las zonas 9, 7 y 1 hay denuncias en
barrios como Villa Liliana, San
Antonio, Villatina, Villa Turbay,
La Sierra, Juan Pablo II, Santa
Lucía, Las Estancias, Robledo,
Vallejuelos, Blanquizal, Las Margaritas, entre otros.
Enrique Batista, secretario
de Educación y Cultura de
Medellín, expresa que se han
adelantado acciones como “nuevas y continuas conversaciones
con la mesa de paz de Bellavista
y con otras personas de los grupos en conflicto, frente al cual
insistimos en la necesidad de
proteger a los niños y jóvenes,
sus maestros y directivos”.
Adelantan reuniones con las
comunidades educativas afectadas, preparan un video sobre valores que circulará en los barrios;
los planteles públicos y privados
izarán la bandera del derecho
internacional humanitario; y, en
convenio con Metrosalud, diseñarán una estrategia para apoyar las personas y organizaciones que están sufriendo como
consecuencia del conflicto.
El futuro de las escuelas que
están en medio del conflicto es
muy incierto, afirma Rosa. Ella lo
ve así, pues alega que por más que
les ayuden a esos muchachos, están resentidos socialmente. “Su
rebeldía es porque viven con el
hambre, la violencia. Nuestra táctica es hablarles o callar cuando
la cosa se pone maluca”. PAC
51
Documentos
Antioquia,en riesgo
de repetir la tragedia
•Alerta por cerco en Argelia, Oriente,y Murindó, en Urabá.
•Piden visita de comisiones humanitarias e ingreso de víveres.
•Esperanza en Oriente por anuncio del Eln para facilitar transporte.
l cerco que las Farc y
las autodefensas tienden a las poblaciones
de Argelia,en el Oriente antioqueño, en
Urabá, podría dar lugar a que en ambas localidades sus habitantes queden en
medio del fuego cruzado,
como sucedió la semana pasada en Bojayá, Chocó.
La alerta fue presentada
por miembros de la Colonia
de Argelia y la Gerencia de
las Negritudes de la Gobernación de Antioquia, que pidieron a los grupos armados
facilitar el ingreso de alimentos y medicamentos a ambas
poblaciones y la visita de organismos internacionales
que evalúen la situación de
la población civil.
En el caso de Argelia, las
Farc hacen presencia continua
desde 1999, luego de que los
continuos ataques llevaron a
la Policía a tomar la decisión
de abandonar la localidad.
Hace varias semanas las Auc
tendieron un cerco a los insurgentes y pretenden obligarlos
a abandonar la zona.
De acuerdo con un comunicado de la Colonia, se ha
incrementado el desplazamiento desde las veredas hacia el casco urbano por temor
a una confrontación entre las
Farc y las Auc. Además, la
destrucción de dos puentes
(Río Arriba y Tasajo) ocasionó la escasez de víveres.
Una situación se presenta
E
Clara Isabel Vélez.
Entrega No. 14 sobre
CONFLICTO URBANO del
sábado 11 de mayo de 2002
en los poblados de la ribera
del río Atrato, especialmente en Murindó, “cuya población está sitiada y no se le ha
permitido el ingreso de alimentos ni medicamentos”,
señala un informe de la Gerencia de Negritudes.
En medio del miedo, las
autoridades del Oriente
antioqueño anunciaron que se
han presentado señales positivas para el desescalamiento
del conflicto.
El Eln facilitará el funcionamiento de las administraciones municipales, posibilitar el transporte en la región
y en la autopista MedellínBogotá. Las Autodefensas del
Magdalena Medio exploran la
posibilidad de levantar el bloqueo en las vías de la región.
Alternativas noviolentas
Desde septiembre del año pasado, las
comunidades del oriente del
departamento, encabezadas por sus
alcaldes, iniciaron un proceso
tendiente a buscar el desescalamiento
del conflicto mediante acercamientos
humanitarios con los actores armados
y la difusión de la filosofía de la
Noviolencia. Este ha contado con el
apoyo del gobernador de Antioquia,
Guillermo Gaviria, y el asesor de Paz,
Gilberto Echeverri, ambos convertidos
en rehenes de las Farc.
52
Documentos
Opinión
especial
Sacerdotes, entre
Buscamos
cambio de vida violentos y
La Iglesia no
búsqueda de
es neutral,
reconciliación
Marta González*
le apuesta a la
“La filosofía de la
vida
Noviolencia es la que -La labor que adelantan
impulsa la Iglesia con pretende, por lo menos, el
los habitantes de los respeto a los civiles. -Es la institución con
sectores más
más credibilidad y
respeto en barrios de
conflicto.
-Ha trabajado más
53
Documentos
54
Documentos
Medellín, laboratorio del
conflicto urbano en el país
• Por su complejidad, el de la ciudad es caso aparte, dicen expertos.
• Ubicación geográfica incide en fortalecimiento de grupos armados.
• Inicia investigación para estudiar causas-efectos de la confrontación.
ientras en Bogotá,
la ciudad más
grande del país, el
número de asesinatos diarios son menos de la mitad de
las que aquí se registran y la tasa de homicidios
va en descenso, en Medellín, en
2002, se está a punto de ostentar una marca que avergüenza: el mayor número de muertos por día con armas de corto
y largo alcance que, según cifras de Medicina Legal, está
entre 10 y 25 en semana y 25 y
50 los viernes, sábados y domingos.
Surgen varias preguntas:
¿por qué Medellín? ¿Por qué
tanto desangre? ¿Por qué los
grupos armados ilegales se vinieron del campo a matarse
aquí en las calles? ¿Por qué dicen que hay muchachos armados por todos lados? ¿Por qué
las comunas? ¿Por qué Farc,
Eln y Auc crecen y se refuerzan en este territorio urbano?
Las hipótesis son aún más
difíciles de probar: “ese es un
tema de investigación que no
tiene todavía una respuesta satisfactoria desde el punto de
vista académico, todo lo que se
diga no es más que aproximaciones e hipótesis, no se puede
limitar a decir que es una ciudad estratégica a nivel
geopolítico”, explica el
politólogo Pablo Emilio
Angarita, coordinador del Grupo Interdisciplinario de In-
M
Elizabeth Yarce
Entrega No. 16 sobre
CONFLICTO URBANO del
miércoles 15 de mayo de 2002
vestigación Sobre Violencia que
conforman académicos de distintas universidades de la ciudad.
Sin embargo, estas aproximaciones sirvieron para que
empresarios, académicos y gobernantes coincidieran en que
a Medellín se le cumple el refrán, pero al contrario: “no hay
bien que por mal no venga”.
“El problema es que es una
ciudad demasiado buena: bien
ubicada, desarrollada, con vías
de acceso y llegada bien definidas, con facilidad de acceso a
los puertos, a los ríos, con una
geografía y climas únicos, lo
que si bien es cierto son atractivos para un turista, también
lo son para los grupos armados
ilegales que saben que el control territorial de la ciudad es
clave para sus objetivos políticos y militares frente al resto
del país”, expresa el sociólogo
Luis Guillermo Pardo Cardona.
En contraste, en la periferia
de las zonas Nororiental y
Noroccidental se desbordan la
marginalidad, la pobreza, la
ausencia de Estado y es allí
donde los grupos armados están fortaleciéndose en sus acciones políticas y militares y
donde a diario combaten jóvenes en las calles.
“El hecho de ser una ciudad
industrial, comercial y de servicios y no tener suficientes
puestos para toda esta mano de
obra, es otra dificultad. Hay un
desbalance grande que lleva a
esta gente a apoyarse en el de-
55
Documentos
lito. También hay rezagos de
otras formas de violencia como el
narcotráfico”, dice Antonio Picón
Amaya, dirigente del gremio de
comerciantes de la ciudad.
Esas estructuras organizativas
y criminales, y sus prácticas y
métodos, se mezclaron en la creciente ampliación del conflicto armado guerrilla-paramilitares.
Megaproyectos
Donaldo Zuluaga
En los últimos diez años,los barrios periféricos se convirtieron en
un fortín para los distintos grupos
armados que capitalizaron a su
servicio las bandas y redes
delincuenciales creadas por el
narcotráfico,para desarrollar su
proyecto político y militar.
Varios factores convierten a la
ciudad en una “trinchera estratégica” en el conflicto: su infraestructura vial, geografía, diversidad e hidrología (dada su cercanía a las carreteras al Mar, a
la Costa Atlántica, al Magdalena Medio y a los ríos Atrato,
Cauca y Magdalena) que facilitan el narcotráfico y el tráfico de
armas, lo cual desata, en parte,
la lucha por el control político y
militar en los barrios de la periferia, aledaños a esas rutas naturales o trazadas.
”Ubicarse en estos barrios del
Nororiente y Noroccidente los
fortalece para sus actividades
ilícitas, dado que son zonas limítrofes con las subregiones de
Antioquia, donde están localizados megaproyectos como el túnel de Oriente y el de Occidente”, indica un informe oficial.
En el Occidente se trata de
una disputa que se prolonga hacia La Estrella, Caldas,
Sabaneta, San Antonio de Prado, Vallejuelos, San Félix y de
ahí hasta Santa Fe de Antioquia.
En el Oriente, que además es
una zona agraria, de producción
de energía eléctrica y un corredor hacia el eje cafetero, se consolidan estructuras del Eln, las
Farc y las Auc, en los barrios
Ocho de Marzo, La Sierra, San
Pablo, Carpinello y otros limítrofes con Bello.
Entre tanto, hay sectores
que sirven de canales para
desplazarse hacia el Nordeste, Urabá antioqueño y
Chocó y al centro del país.
“El dominio de estos barrios
es fundamental. No se trata de
muchachos que se están matando simplemente por reivindicar
los derechos de sus comunidades. Es un conflicto que se incorpora al ámbito nacional”, explica Pardo Cardona.
Armas y droga
Medellín es la segunda ciudad
en habitantes de Colombia,
pero la primera en dinámicas
en generación de procesos industriales y empresariales. La
cultura de la ilegalidad es un
lastre amarrado a esos procesos de desarrollo.
La década de los ochenta fue
decisiva en tal sentido y el
narcotráfico, el tráfico de armas,
el contrabando, la piratería terrestre, son el nuevo modelo de
economía que se impone en los
barrios marginales.
”Hay una cultura de la ilegalidad muy marcada. El dinero fácil contrasta con el desempleo,
la falta de inversión social y de
autoridad policial. Aquí se trafica desde repuestos de carros
hasta toda clase de armas, en
una estructura barrial que hace
muy difícil el control policial, el
control militar y territorial y favorece pequeños poderes políticos y militares, sumados a la
ausencia de Estado”, indica Pablo Angarita.
Según una investigación de la
desaparecida Asesoría de Paz y
Convivencia, en la ciudad puede circular el 70% de las armas
56
Documentos
que se distribuye en Colombia.
El número de armas ilegales, que según la Personería
de Medellín podría superar
las 300.000, da cuenta de la
conformación de fuertes estructuras militares al margen
de la ley.
Son amplios los sectores
semirrurales y barriales de las
zonas nororiental, centroriental,
noroccidental y centroccidental,
donde los actores armados ilegales intentan mantener o ampliar su control.
“Eso tiene un impacto sobre
la ciudad, en la cual se conforman grupos de expertos en la
venta clandestina de armas, lo
que facilita un mercado negro
que se fortalece a medida que
el conflicto se radicaliza”, indica el personero Jorge Rojas.
“Lo que pasa es pavoroso,
con efectos desastrosos sobre la
población civil. No hay respuestas contundentes sobre los por
qué de este conflicto, pero es
claro que el proceso de exclusión de amplias capas de la
población, por parte de las ad-
Medellín: centro estratégico para grupos armados ilegales
La pregunta sobre por qué la capital antioqueña es el territorio
de mayor confrontación urbana del país en la actualidad, no ha
sido resuelta en su totalidad por los expertos. No obstante,
varias hipótesis apuntan a la ubicación geopolítica estratégica, a
la cultura de la ilegalidad que se acrecentó con el narcotráfico y
a los niveles de marginalidad.
Río Cauca
Urabá
Planeta Rica
Turbo
Caucasia
Chigorodó
Bajo Cauca
Tarazá
Nordeste
Ituango
Dabeiba
Carretera al mar
Túnel de Occidente
Medellín
Segovia
Oriente antioqueño
(Infraestructura eléctrica)
Túnel de
Oriente
Yondó
Zonas estratégicas
Pto. Berrío
San Rafael
Para Auc, Farc y Eln
Medellín es estratégico para
sus acciones militares y
políticas. La cercanía de los
megaproyectos, túneles de
Oriente y Occidente, que
permiten una comunicación
rápida con las otras
subregiones del
departamento y movilidad
por los ríos Atrato, Cauca y
Magdalena, así como la
facilidad para el tráfico de
armas desde Centroamérica
y Ecuador, a través de
corredores por la selva del
Darién, Urabá y el sur del
país, la hacen un territorio
de disputa.
El narcotráfico, el
contrabando, el secuestro y
la piratería terrestre se
fortalecen con la ubicación
geográfica de la ciudad.
Movimientos de Eln y Farc
Movimientos de Auc y Farc
Río Magdalena
Movimientos de Auc
Río Atrato
La Pintada
Andes
Vía Medellín-Bogotá
Pto. Boyacá
Lugares por donde ingresan
armas ilegales
N
Gráfico: Ricardo Ramírez
ministraciones municipales, no
sólo en términos económicos y
sociales sino de participación,
intercambio de opiniones y permanentes debates, ha hecho
que las políticas sean
desacertadas y poco eficaces”,
puntualiza Luis Guillermo
Pardo Cardona.
Los barrios de la periferia
Zona Nororiental:desde los barrios de
esta zona se accede a la vieja carretera
a Guarne y al Oriente.Cerca cruzan la
Autopista Medellín-Bogotá y carretera
a Santa Elena.Los vecindarios donde
hay choques son:
Populares :entre milicias de Eln y Farc
con Auc y entre las bandas El
Hueco,Los Patillones,Los Triana,San
Pablo y Cañada Negra.
Santa Cruz:entre las bandas La 100
(apoyada por integrantes de las
milicias populares de El Bosque y
Moravia) y la 103.
Zona Noroccidental:desde allí se accede al Llano de Ovejas y se bordea,a
través de la zona rural de Bello,la
troncal a la Costa y la salida al
Nordeste.
Doce de Octubre-París :Banda de
Frank y las Auc, estos últimos
asumieron el cobro de las vacunas.
En Bello hay control de las Auc.
Zona Centroccidental: Robledo :Entre Auc y milicias. En la Cuchilla,
vecino a Blanquizal, se armaron
bandas para evitar ataques de las
milicias.
También se afecta a Santa Margarita
y Vallejuelos.Presencia de armados
ilegales en área de influencia del Túnel
de Occidente y la Vía al Mar.
San Javier-20 de Julio-La
Independencia-El Corazón: Es la zona
más preocupante. Enfrentamientos
entre Auc y milicias de Farc y
Eln.Corredor a Urabá y Occidente de
Antioquia.
Belén: En los sectores Belén Zafra, Las
Mercedes, Las Violetas, Altavista,
Aguas Frías.Choques entre Auc y
milicias guerrilleras. Se conecta con
el corregimiento San Antonio de
Prado y el Suroeste cercano.
57
Documentos
La voluntad de paz no se pierde,
pero los procesos no arrancan
• Reinserción de milicias dejó a la vista debilidad del Estado.
• Desaparición de Asesoría de Paz y Convivencia aún levanta ampolla.
• Programa de Convivencia, con apoyo BID, respira pero no despega.
C
Clara Isabel Vélez.
Entrega No. 17 sobre
CONFLICTO URBANO del
jueves 16 de mayo de 2002
omo si se tratara de camaleones que alteran
su apariencia para sobrevivir ante las adversidades del medio ambiente, los grupos armados ilegales que operan en
Medellín desde finales de la década de los ochenta, y sus miembros, optaron por cambiar de
bando y asegurar su existencia.
En este lapso, sus integrantes no se han movido de un lado
a otro de forma caprichosa. Los
cambios han obedecido a una dinámica propia de la confrontación armada en medio de la cual
se dan períodos en los que asoma la posibilidad de un proceso
de reinserción a la vida civil, con
alternativas de proyectos productivos y desarrollo para las comunidades donde los actores armados operan.
Sin embargo, el entusiasmo
que ha acompañado algunas de
estas iniciativas se ha tornado
en decepción recordando el refrán popular según el cual a veces la cura resulta más mala que
la enfermedad. Esto sucedió en
1994 cuando las Milicias Populares del Pueblo y las Milicias
Populares del Valle de Aburrá
decidieron desmovilizarse, a instancias del Gobierno Nacional y
conformar la Cooperativa de Vigilancia y Servicios Comunitarios (Coosercom).
Otros procesos, como las 26
mediaciones y los 25 pactos de
no agresión acordados entre
1998 y 2000 por la Asesoría de
Paz y Convivencia de la Alcaldía de Medellín, aunque recibieron críticas y no dieron los resultados que la comunidad y la
misma Administración esperaban, constituyen un derrotero
sobre el cual se puede trabajar
en el futuro.
El actual gobierno municipal
cerró la Asesoría de Paz y Convivencia, en una decisión que
aún genera polémica: tanto la
Personería Municipal como varias Ong consideran que la ciudad quedó sin políticas en la materia. Así mismo, decidió revisar
el programa de Convivencia Ciudadana que se adelanta con un
empréstito del BID.
No obstante, las alternativas
a procesos de paz están abiertas
mediante las Mesas de Trabajo
Barriales, 21 de las cuales hacen parte de un convenio entre
la Alcaldía y el Centro
Arquidiocesano de Reconciliación. Otras operan como iniciativas de algunas parroquias.
Experiencia coja
Al comenzar la década de los 90
los grupos de milicias aseguraron no tener nexos con la guerrilla o las autodefensas ni adelantar acciones de “limpieza social” o realizar actividades ilegales como el secuestro y la extorsión. Poco a poco cambiaron su
forma de operar.
El caso más evidente es el de
las Milicias Populares del Pueblo y para el Pueblo y de las Milicias Populares del Valle de
58
Documentos
Aburrá, que el 25 de febrero de
1994 empezaron un proceso de
reinserción con respaldo del Gobierno Nacional y tres meses
después, el 26 de mayo, firmaron un compromiso que facilitó
la formación de Coosercom.
El gran error, reconocido en
1996 por el propio director nacional de Reinserción, Tomás
Concha, fue abrir a particulares
el monopolio de las armas, que
debe ser estatal: Coosercon conservó sus armas para adelantar
“labores de vigilancia” en algunos barrios y establecimientos
educativos de la zona nororiental
de Medellín.
En mayo de 1995, un año después de firmarse el proceso, cerca de 100 miembros de la cooperativa murieron como consecuencia de disputas intestinas o
entre ellos y ex militantes de las
milicias. Luego denunciaron una
campaña de exterminio. En
1997, el alcalde de Medellín,
Sergio Naranjo, decidió poner
freno al asunto y exigió el desarme de Coosercom. Con el tiempo, algunos desmovilizados se
unieron a milicias insurgentes.
Muchos otros, poco a poco, terminaron al servicio de las
autodefensas.
Otros pactos
Entre 1998 y 2000 la Asesoría
de Paz y Convivencia de
Medellín, a cargo de Luis
Guillermo Pardo, impulsó los
pactos de no agresión y las mediaciones en los barrios. Estas
acciones hacían parte de un trabajo a mayor escala que
involucraba un componente educativo, mediante jornadas y talleres de paz; la creación de un
Las “mutaciones ”
Para 1994,época en la que comenzaron
los acercamientos entre Gobierno
Nacional y milicias que operaban en
Medellín,los informes de la Policía
Metropolitana señalaban la existencia de
diez grupos que,según el DAS,contaban
con 5.000 a 8.000 integrantes.
El 26 de mayo de 1994,se concretó el
proceso de desmovilización de 650
integrantes de las milicias Populares del
Pueblo y para el Pueblo y las milicias
Populares del Valle de Aburrá.Así nació
la Cooperativa de Vigilancia y Servicios
Comunitarios (Coosercom)que luego de
múltiples tropiezos y críticas por su
accionar,tuvo que disolverse.
Numerosos miembros de los grupos que
se acogieron al programa de reinserción
y otros que no lo hicieron cambiaron su
accionar y se unieron,luego, a otros
grupos ilegales.Sólo las Milicias
Bolivarianas de las Farc son las mismas
desde entonces.
Milicias Populares del Pueblo y para
el Pueblo
Populares, La Isla, Santo Domingo y
otros barrios de la zona nororiental. En
1994 participaron en un
proceso de desmovilización que dio
lugar a la creación de Coosercom.Parte
de sus miembros integraron luego
bandas de delincuencia común.
Algunos militantes se unieron al Eln y
otros se sumaron a los Núcleos
Revolucionarios 6 y 7, absorbidos este
año por las Auc.La mayoría de sus
líderes murió en guerras intestinas por
el poder.
Milicias Popular
alle de
Popularee s del VValle
Aburrá
Villa del Socorro, Moravia, La Milagrosa,
Santa Cruz, parte de la zona centrooriental.También se desmovilizaron en
1994 y participaron en la formación de
Coosercom. Algunos de sus miembros
se unieron a las Auc y a bandas de
delincuencia organizada.
Milicias 6 y 7 de noviembre
Villa Turbay y Villa Lilian, Llanaditas,
13 de noviembre.Después de haberse
desmovilizado, sus miembros se
unieron a las Auc.
Milicias América Libre
San Javier, 20 de Julio, La
Independencia y parte alta de la
América, Guayabal, Belén, El Rincón,12
de Octubre, Aures y El Picachito.Parte
de sus integrantes pasaron a las filas
del Eln, otros a los Comandos Armados
del Pueblo (Cap).Muchos de sus
miembros en el 12 de Octubre, Aures y
El Picachito, se unieron a las Auc.
Milicias Populares de Occidente
San Javier, 20 de Julio, La
Independencia y parte alta de La
América, Guayabal, Belén, El Rincón,
12 de Octubre y El Picachito.
Rompieron sus nexos con las Milicias
Populares del Valle de Aburrá y el
Bloque Popular Miliciano y
evolucionaron, en parte, hasta
integrarse a los Comandos Armados del
Pueblo (Cap).
Milicias Populares Revolucionarias
Parte alta de la zona centroriental, barrios Versalles y Manrique.Tenían
vínculos con la Corriente de Renovación
Socialista.Una parte pasó a las Auc y
las que operaban en el barrio 8 de marzo
mantienen la influencia del Eln.
Comandos Obreros Populares
(Milicias Populares de Liberación)
Castilla. Surgieron como disidencia del
Epl. Algunos de sus integrantes se unieron
a bandas de delincuencia común,otros a
las Auc y otros a la guerrilla.
Milicias Bolivarianas de las Farc
La Iguaná y algunos sectores de la zona
centroccidental. Son orgánicas de las
Farc.
59
Documentos
observatorio de los pactos de no
agresión y la búsqueda de alianzas entre organismos municipales y gremios económicos, tendientes a fomentar proyectos
productivos.
Los jóvenes que se acogieron
a los pactos de no agresión se beneficiaron con empleo de choque
(por ejemplo, contratos de limpieza de quebradas para el Instituto Mi Río).
A finales de 2000, algunos de
los firmantes de los pactos, consideraron que el apoyo estatal
era escaso, que el empleo ofrecido duraba poco o que no era para
la totalidad de los miembros de
las bandas involucradas.
Desde otros sectores, las críticas se hicieron más fuertes.
Las más delicadas tuvieron que
ver con la compra de armas por
parte de las bandas con dinero
que estaría destinado a la inversión social en barrios y con el
excesivo protagonismo que tomó
la Mesa de Trabajo de la Cárcel
de Bellavista, al punto que se
dijo que eran los reclusos, y no
la administración municipal, los
que trazaban las directrices de
paz al Municipio.
Para Luis Guillermo Pardo
Cardona, ex asesor de Paz y Convivencia, las críticas son infundadas. En el caso del empleo, reconoce que si bien se trató de empleo de choque la idea era buscar la participación de la empresa privada para crear proyectos
productivos.
Respecto de la compra de armas asegura que no se han abierto investigaciones sobre el tema.
En cuanto al protagonismo de los
reclusos de Bellavista sostiene
que esta mesa de trabajo era tan
importante como todas las que se
crearon en la ciudad y que las
directrices de convivencia siempre las dictó el Municipio.
“Sabemos que todo proceso se
puede mejorar pero los logros
fueron palpables, tanto que el
mismo BID hizo una validación
mundial de la metodología desa-
rrollada por la Asesoría de Paz
y Convivencia de Medellín, para
la atención del conflicto urbano.
De ahí surgió el empréstito con
el que se iba a poner en marcha
el Programa de Convivencia de
la ciudad y que ahora está estancado”, asegura Pardo Cardona.
Cuerda floja
El año pasado, el alcalde Luis
Pérez Gutiérrez consideró que el
manejo de las políticas de convivencia debía replantearse. Con
tal fin ordenó el cierre de la Asesoría de Paz y Convivencia y la
revisión del Programa de Convivencia Ciudadana, que se financia con un empréstito de
US$15 millones pactado entre el
BID y su antecesor, Juan Gómez
Martínez.
Uno de los más duros críticos
de la decisión fue el personero
de Medellín, Jorge Rojas
Otálvaro, quien en el balance de
2001 cuestionó la falta de una
política oficial para la atención
del conflicto urbano y las consecuencias que ésta traería a la
ciudad.
Jesús Balbín, investigador del
Instituto Popular de Capacitación (IPC), aseguró durante la
presentación del informe anual
de esa Ong que el incremento de
un 10% en las muertes violentas en la ciudad, respecto de
Foto Archivo
El 26 de mayo de 1994,650
milicianos abandonaron a
instancias de un proceso liderado
por el Programa de Reinserción del
Gobierno Nacional. Dos años
después el proceso fracasó en
medio de un baño de sangre.Varios
de los reinsertados se unieron a la
guerrilla,las Auc o a bandas de
delincuencia común.
60
Documentos
2000, se debía a la falta de compromiso de la administración
municipal en la búsqueda de
estrategias de convivencia.
Según Jorge Enrique Vélez,
secretario de Gobierno del Municipio, el cierre de la oficina
de Paz y Convivencia no tiene
ninguna incidencia negativa
en la ciudad pues el Plan de
Desarrollo del Municipio, se
fundamenta en la búsqueda
de la paz, mediante la inversión social.
En torno al programa de
Convivencia Ciudadana, mediante recursos BID, la
reformulación está en marcha y contempla siete proyectos que deberán ser evaluados por el organismo internacional: Capacitación para el
trabajo, que beneficiará a
cerca de 50.000 jóvenes, con
edades entre los 16 y 15 años,
por valor de $10.000 millones; II Fase de prevención
temprana de la agresión, por
$999 millones; prácticas universitarias, por $6.000 millones y que aún no está definido; creación de catorce escuelas y catorce bandas de música, por $3.700 millones;
creación de once escuelas de
deporte y recreación, por
$3.207 millones; constitución
de 40 mesas barriales para la
resolución pacífica de conflictos, $2.288 millones y Observatorio de la Violencia, por
$3.000 millones.
Para la actual administración
el problema de violencia en
Medellín está sobrediagnosticado
y por lo tanto es necesario pasar
de las palabras a los hechos.
Mientras estos se concretan los
habitantes de los sectores populares esperan que los programas sociales que, en parte, sacarían a sus hijos de la
guerra comiencen lo más
pronto posible.
Ellos poco entienden de la
elaboración de términos de
referencia de un proyecto o
de las exigencias planteadas
por la banca multilateral
para el desembolso de recursos de cofinanciación.
Los efectos de la guerra en
las calles son notorios: 3.141 homicidios y catorce masacres, entre el 1º. de enero y el 30 de noviembre de 2001. La voz y las
iniciativas ciudadanas son acalladas por el ruido de las armas
y los atropellos de los ilegales,
crecientes, día a día, en las laderas de la ciudad.
Voces que no se apagan
La voz de la comunidad para buscar salida a sus problemas, en medio de las
balas y la confrontación, no ha cesado. Las mesas barriales que operan en
diferentes sectores de la ciudad son muestra de ello.
Esta iniciativa opera en 21 barrios, por medio de un convenio entre el Centro
Arquidiocesano de Reconciliación y la Alcaldía de Medellín, pero en otras zonas funcionan de forma autónoma, lideradas por los sacerdotes en sus
parroquias.
Su propósito es fortalecer el tejido social de los barrios, acercar a sus líderes
naturales, buscar alternativas de convivencia y buscar soluciones a la crisis
desde la misma comunidad y no desde sectores ajenos a ella.
Los párrocos son los líderes, para lo cual buscan la participación de maestros,
madres comunitarias, directores de grupos juveniles y de la Tercera Edad, personal del sector de la salud y padres de familia, a quienes brindan capacitación.
“No se trata de partir de cero sino de recuperar otros espacios que ya se tenían
en las comunidades, recoger experiencias pasadas y buscar alternativas entre
quienes realmente conocen el conflicto”, explica un vocero del Centro
Arquidiocesano de Reconciliación.
Según dice, el éxito del programa consiste en que no se han creado falsas
expectativas a la comunidad sobre los alcances del mismo. “No hemos hablado
de repartir plata ni de crear empleos, sólo que la gente se comprometa con su
barrio”.
Por eso desvirtua afirmaciones según las cuales el Centro Arquidiocesano de
Reconciliación se convertiría en ejecutor del proyecto de Mesas Barriales
presentado por el municipio dentro del empréstito del BID y que tiene un valor
de $2.228 millones. “Brindamos asesoría a la Alcaldía en lo referente a la
presentación del proyecto, pero nuestro interés no es ser contratistas. Vamos
a seguir participando de las iniciativas de paz y convivencia en la ciudad, pero
no de esa forma”, aclara el sacerdote.
61
Documentos
La ciudad, en riesgo
de crisis humanitaria
• Transición de conflicto rural a urbano alerta a entidades de socorro.
• Aumento de choques armados, como en Medellín, expone más a civiles.
• Solución debe ser integral y no puntual, dicen entidades humanitarias.
E
Javier Arboleda García.
Entrega No. 18 sobre
CONFLICTO URBANO del
sábado 11 de mayo de 2002
n Medellín y el Valle
del burrá hay barrios
sitiados por los actores
armados. Existen corredores estratégicos
para sus intereses, restricciones para la movilización y posicionamiento de
esos grupos. Allí, la confrontación armada es abierta y va
de la mano de la intensificación y degradación de ese
conflicto y la forma como
afecta a la población civil.
“Las características del
conflicto rural se están trasladando a la zona urbana,
con mayores consecuencias y
con el agravante de que pueden afectar a más personas”,
dice un directivo de un organismo humanitario con sede
en Medellín.
Y agrega que los síntomas
de la degradación son evidentes: a Carlos Andrés, de 21
años, un estudiante del barrio
Popular 1, del nororiente, un
grupo armado lo persiguió
varias cuadras. Al aprehenderlo, lo decapitó... María,
una joven mamá, del barrio
La Divisa, en el extremo
centroccidental, murió atravesada por una bala. En su
residencia, detrás de un viejo escaparate que, pensó, le
serviría de escudo para protegerse de la balacera que
grupos armados protagonizaron en su sector... hace me-
nos de un mes, también en el
centroccidente, un grupo de
milicias amarró una granada
de fragmentación a un cadáver que tiró en una vía pública. La trampa explotó
cuando las autoridades practicaban las diligencias de inspección judicial...
“Son apenas ejemplos, reportados, y demuestran la
verdadera dimensión del problema”, dice la defensora del
Pueblo para Antioquia, María Girlesa Villegas Muñoz,
al explicar que esa situación
prendió las alarmas de los organismos humanitarios.
Expectativas
Aunque el trabajo en relación
con el conflicto urbano no es
del todo representativo, esos
organismos empiezan a vislumbrar una coyuntura complicada, pese a que el consenso general es que la solución
debe ser nacional y global.
Villegas Muñoz explica
que su despacho empieza a
recibir quejas frecuentes sobre actuaciones de los actores armados en los barrios
populares, enfocadas a violaciones flagrantes de los derechos humanos o infracciones
a las normas del Derecho Internacional Humanitario
(DIH).
“Es muy crítica la situación porque la comunidad
62
Documentos
está sufriendo con la confrontación”, al punto que siente
vulneradas sus garantías
fundamentales cuando le restringen la movilización o la
obligan a desplazarse a otro
barrio, o le reclutan a uno de
sus miembros, sobre todo a
los jóvenes o, en el caso extremo, cuando es testigo de
un juicio sumario, en el que
se irrespeta el derecho a la
vida o al debido proceso.
“Esas quejas las hemos
puesto en conocimiento de
las autoridades competentes
para que actúen de conformidad”, pero llegan a través de
muchos filtros, debido al temor general que existe para
denunciar o poner en conocimiento público tales atropellos. “A veces es tan grave la
situación, que mucha gente
es capaz de enfrentar su propio miedo y hablar”, indica la
defensora.
La educación
Donaldo Zuluaga
La Cruz Roja de Antioquia llamó la
atención sobre la necesidad de que
exista una reglamentación muy
clara frente al uso del emblema
universal del organismo
humanitario para evitar
confusiones en situaciones de
conflicto.
Le preocupa, sobre todo, lo que
viene sucediendo con los establecimientos educativos en sectores críticos de la ciudad, donde algunos enfrentamientos armados se dan con una escuela
o un colegio de por medio.
Para la funcionaria, la solución debe ser integral, par-
tiendo del respeto a los derechos humanos, de un Estado
que sea capaz de garantizarlo, pero también de la voluntad
política de los actores armados
de entender la necesidad de acatar las normas del DIH, que protegen a los no combatientes y,
de paso, regulan y limitan el uso
de la fuerza.
Villegas Muñoz jalona un
proyecto para la realización
de un gran cabildo abierto en
el que todas las entidades y
personas que tengan que ver
con el tema puedan discutirlo y lanzar sus propuestas.
“También recopilamos información para preparar una
resolución defensorial”, que
llame la atención de las autoridades sobre esa realidad.
La Oficina en Colombia del
Alto Comisionado de Naciones Unidas (NU) para los Derecho Humanos conoce el
problema. Advierte que su
actuación, como en el resto
del país, es la de observar y
recopilar información para
asesorar a las autoridades en
la formulación y aplicación de
políticas, programas y medidas
de promoción y protección de
esas garantías fundamentales.
Reitera su propuesta: el
Acuerdo Global en Derecho
Humanos y Derecho Internacional Humanitario, que permita proteger a la población
civil de los riesgos de una
confrontación y que, de paso,
allane el camino para una solución definitiva.
La propuesta
En opinión del despacho, el
Acuerdo es fundamental porque refuerza el compromiso
del Estado por la protección
y promoción de los derechos
humanos y les recuerda a los
actores armados la importancia de acatar en toda su extensión las normas del DIH.
Pese a esa visión, muchos
analistas piensan que la
63
Documentos
confrontación será cada vez
peor en las grandes ciudades
por la dinámica que viene adquiriendo el conflicto armado
en el país, por lo que auguran
un trabajo más a fondo de todos los organismos humanitarios, nacionales y extranjeros.
La crudeza de la guerra
urbana, agrega otro directivo de una Ong de derechos
humanos, hará que muchas
entidades de este orden cambien el enfoque de sus actuaciones y miren más a las urbes, porque tendrán que destinar muchos de sus recursos
en el manejo de una situación que, de recrudecerse,
“traerá más y mayores consecuencias de las que hoy
vemos en nuestros campos”.
Infracciones contra personal de socorro
El personal médico y sanitario de los
hospitales en Medellín ha padecido
en algunas ocasiones el irrespeto de
su inmunidad como misión médica.
En Belencito,una ambulancia fue
atacada hace dos meses.En San
Javier,el 20 de abril se enfrentaron la
fuerza pública y las bandas frente a la
Unidad de Atención Hospitalaria.
A esto se suman amenazas y
desplazamiento forzado de
funcionarios del sector salud; personal
obligado a la prestación de servicios;
muerte de enfer mos y de heridos bajo
protección del personal sanitario;
ataque a unidades y medios de
transporte, que llegan incluso a su
destrucción total; conversión de
unidades o medios de transporte en
objetivos militares; afectación
secundaria de personal de salud y de
heridos y enfermos que se hallan en
las ambulancias o en los hospitales;
robo o restricción del tránsito de
medicamentos,alimentos y equipos
médicos, prohibición de la oferta de
servicios de salud de manera directa o
con la implantación de “toque de
queda”,retenes,etc.
En la unidad hospitalaria del barrio
Doce de octubre, las directivas tuvieron
que concertar con las bandas del sector el respeto a la misión médica puesto
que durante varios meses utilizaron la
parte posterior
de las instalaciones como trinchera, lo
que obligó al cierre del hospital durante
varios meses.
En la actualidad se encuentra en
servicio.
“También hay vulneración del derecho
y deber del personal de salud de guardar
silencio frente a la información que
conoce por causa o con ocasión de sus
labores humanitarias ”, expresó un
médico afectado por los ataques.
64
Documentos
Cruz Roja aboga por la
misión médica
La Cruz Roja de Antioquia
es uno de los organismos humanitarios que se ha percatado de la realidad del conflicto
urbano en el Valle del Aburrá
y,por lo tanto, se viene preparando para asumir el papel que
le corresponde en situaciones
como ésta.
Peter Weil, su presidente,
advierte que hasta ahora han
podido cumplir su misión sin
ningún
tipo
de
restricciones,debido a la credibilidad que inspira el organismo y a que sus funcionarios conocen al detalle la normativa
del DIH y acatan los siete
principios básicos de la
entidad,entre ellos el de neutralidad.
Weil recalca que el avance
del conflicto a nivel urbano es
evidente y se manifiesta de diversas formas: “por ejemplo,
hay situaciones concretas en
las que se requiere la asistencia humanitaria de la Cruz
Roja y, para realizarla, se ha
tenido que acudir al ‘aval ’ de
los grupos armados ”, con presencia en el sector donde ocurre el hecho.
Advierte que son medidas de
seguridad que para nada afectan su neutralidad, pero que
deben adoptarse en función de
una labor humanitaria en favor de las víctimas de un conflicto o de un siniestro.
Explica que otra evidencia
es que tanto la entidad como el
Comité Internacional de la
Cruz Roja no evacuan combatientes heridos
de zonas de conflicto, por falta de garantías. Lo paradójico
es que esa directriz incluye algunos sectores del Valle del
Aburrá
donde,
con
frecuencia,se
presentan
enfrentamientos entre grupos
al margen de la ley o entre éstos y la fuerza pública. “No hablamos de simples heridos sino
de combatientes heridos,que
tienen otra connotación ”.
Medidas “Estamos tan preparados que dentro de la ciudad tomamos las mismas medidas de seguridad que tomamos cuando vamos a realizar
un trabajo en el campo ”; es
decir,en zona rural.
Weil también llama la atención sobre la necesidad de que
se haga un uso adecuado de las
ambulancias, por considerar
que muchas instituciones, varias de ellas de carácter privado y con ánimo de lucro, utilizan el emblema de la Cruz Roja
sin ningún distingo.
Para el directivo, es necesario aclarar qué organismos hacen una labor humanitaria y
cuáles están dedicados a otros
menesteres. A su juicio, no hay
control,con el agravante de que
un error o una mala utilización
de ese emblema es una condena para toda la misión médica,
que también ha sido golpeada
y ha sufrido los embates del
conflicto urbano.
Finalmente, sostiene que
esta aclaración es importante
y podría salvar muchas vidas
humanas en sitios o barrios
donde la presencia de los actores armados es evidente y marca
la
vida
de
esas
comunidades.JAG
65
Documentos
Jovencitas, bajo encierro y
con los derechos perdidos
• En algunos barrios, las jóvenes sufren las consecuencias del conflicto.
• Muchas deben huir dejando a sus familias para protegerse del acoso.
• La tasa de homicidios contra las jovencitas ha crecido en los últimos años.
indy Edilma* es una
niña y manifiesta un
escepticismo total frente a la autoridad legalmente constituida: “estoy de acuerdo con que
haya ley, pero que la impongan
las bandas, porque son del mismo barrio, lo conocen a uno y hay
más diálogo con la gente, que
puede participar en esa justicia...
en mi sector (Moravia) no hay
enfrentamientos, pero sí matan
gente, el que las debe las paga...”.
A sus trece años, la muerte la
acosa mientras duerme, “¡es
como un miedo!... lo sentimos mi
mamá y yo, siento que muero
ahogada, pero me salvo a última hora, nos abrazamos”, relata. Su pesadilla explica un fenómeno que ocurre en algunos barrios que padecen la agudización
del conflicto armado, donde las
jóvenes sienten cada vez más
reducidas sus esperanzas de
vida.
“Conocimos el caso de una jovencita que en tres años se veía
muerta... para ellas, la muerte
es sinónimo de homicidio, la vida
la dibujan como la naturaleza,
un paisaje sin personas, pero
pintan la muerte con
camuflados, botas y fusiles, nunca una muerte por enfermedad;
en un taller una joven dibujó que
asesinaba a un hombre, como si
quisiera vengarse”, cuenta una
tallerista de la corporación Vamos Mujer, colectivo que trabaja en la promoción de valores de
vida y amor entre las adolescentes.
C
CGustavo Ospina Zapata.
Entrega No. 19 sobre
CONFLICTO URBANO del
sábado 18 de mayo de 2002
En los últimos meses, la
muerte de jovencitas a manos
criminales ha dejado de ser la
excepción para convertirse en un
hecho común. Hace sólo diez
días, dos hermanas de 18 y 24
años fueron acribilladas en el
barrio Popular I y el hecho no
mereció ni un registro en la
prensa.
Fuentes de Medicina Legal
confirman que en años pasados,
por cada catorce hombres asesinados se mataba a una mujer,
pero en los dos últimos años la
proporción está en 12/1. Esto
quiere decir que de los 1.257 homicidios cometidos en el Área
Metropolitana hasta el 8 de
abril, en más de cien casos las
víctimas fueron mujeres, en su
mayoría jóvenes.
La lucha entre los grupos armados (bandas, guerrilla y
autodefensas) las ha dejado en
medio del fuego y no importa si
son o no combatientes para ser
perseguidas.
El acoso impuesto por los actores enfrentados las somete a
un régimen de terror que las
obliga a huir de sus barrios,
muchas veces dejando a sus padres para preservar la vida. “Estoy en un paraíso, vivía en el
Popular I y nunca me amenazaron, pero me tenía que quedar
encerrada. A veces no iba al colegio porque no podía pasar por
donde ellos (los grupos armados)
dijeran, tampoco dejaban pasar
carros... varios colegios cerraron,
a lo último me fui y allá quedaron mi mamá y mi papá, ellos
66
Documentos
me dijeron que me fuera... de vez
en cuando subo y los visito, pero
dicen que el que se va no puede
volver a vivir”.
Lady Paola* tiene doce años
y es consciente de que en muy
poco tiempo madurará como
mujer y empezará a ser asediada por los muchachos del barrio,
los civiles y los que están en algún bando; como a estos últimos
les teme, prefirió el exilio.
Curiosamente, Elcy Amelia*,
de 18 años, siente una especial
atracción por los combatientes.
Confiesa que entre sus novios
tuvo al jefe de un grupo porque,
dice, así se siente protegida y
respetada. “Sé que les importa
es lo suyo, pero me siento bien
con ellos, también he tenido novios serios... si sé que él, siendo
mi novio, va a matar una persona no me meto, le digo algo pero
es cosa de él, además ¿uno qué
va a hacer? Mientras no toquen
con amigos o familiares uno no
se preocupa...”.
En la guerra
En los barrios donde se ha
polarizado el conflicto, la
degradación y el irrespeto por los
derechos humanos ha llegado a
tal extremo, que incluso las
jovencitas perdieron el derecho a
vestirse a la moda. En algunos
sitios, lucir ombliguera y
descaderado puede significar la
humillación, la tortura y, en casos
extremos, la muerte. Jaime Pérez
Para la Ruta Pacífica, colectivo
que agrupa a varias Ong de Colombia, los actores armados en
Medellín convirtieron a las jóvenes en botín de guerra. Ellas llegan a ellos buscando amor pero,
sin pretenderlo, terminan metidas en el conflicto, porque se convierten en objetivo del grupo
enemigo.
“Es un fenómeno en crecimiento en la medida en que la
guerra crece y nadie la detiene”,
admite una líder de esta organización.
Para Vamos Mujer, el jefe de
una banda se puede convertir en
el ideal de muchas jóvenes, porque él “representa un paradigma social en la medida en que
tiene un poder que se lo dan las
armas y el dinero”.
Estas asociaciones han detectado que no hay una ideología
que empuje a las muchachas a
unirse a los grupos... a éstos lle-
gan atraídas sentimentalmente
por los hombres.
Como una opción de vida frente a esos referentes de guerra,
la Asociación de Comunicación
de Mujeres Populares Hacia el
Futuro promueve talleres artísticos entre las adolescentes. A
algunas se les dificulta la asistencia porque no tienen pasajes
o el encierro a que son sometidas les impide el desplazamiento. Unas confiesan que han sido
vecinas de toda la vida de los
militantes de los grupos y eso,
en otra época, casi les daba inmunidad, pero en los últimos
años no les ha garantizado una
vida normal. “Muchas han pedido protección o alojamiento en
casas de familiares en otros barrios” generándose una fragmentación familiar que crea conflictos de índole social y sentimental, “porque uno necesita
estar con los padres, y verlos sólo
de vez en cuando es muy duro”,
anota Yésica Andrea*, de catorce años y quien siente temor de
vestirse con ombligueras,
descaderados y minifaldas porque sabe que pesan amenazas
graves.
“Yo no quiero que me paseen
por todo el barrio desnuda, como
han hecho con otras, porque me
moriría de la pena, o que me
hagan el champú (le echen
pegante en el cabello)”.
Esta denuncia, que parece
sacada de un libro de ficción, figura en el último informe de la
relatoría especial sobre la violencia contra la mujer en Colombia,
sus causas y sus consecuencias,
realizado por Naciones Unidas,
UN, entre el 1º y el 7 de noviembre de 2001.
Según esta relatoría, los actores armados “imponen límites
territoriales a la libertad de circulación y toques de queda; si se
quebrantan estos últimos se viola y mata a las mujeres. Imponen regímenes rigurosos de comportamiento social que entrañan
67
Documentos
restricciones en lo que pueden o
no pueden ponerse las mujeres,
y castigos por mala conducta...
No se les permite llevar minifalda, vaqueros por las caderas o
camisetas que dejen al descubierto la cintura, y a la que desobedezca esas normas se la traslada a los cuarteles (...) y se la
obliga a cocinar y lavar la ropa”.
Poca autoestima
El colectivo Mujeres que crean,
que realiza labores pedagógicas
para promover alternativas de
vida y respeto a los derechos
humanos, la sexualidad y ejercicio de la ciudadanía, destaca que
un común denominador de las
jóvenes es la poca autoestima. La
mayoría, dice, no se sienten reconocidas como mujeres. “Muchas rechazan sus cuerpos, reflejo de que han sido víctimas de
abusos, violaciones, atropellos”.
Los entornos familiares tampoco son ideales. La autoridad
ejercida por la fuerza en sus hogares les crea resentimientos
sociales. “Conocemos una joven
que se fue para la guerrilla, al
tiempo volvió y encaró a su padre, en plena calle lo amenazó
con el fusil y le propinó un castigo físico... ahora la que tiene el
poder soy yo, le dijo”, relata una
integrante de una Ong de mujeres.
Elcy Amelia*, la joven que
siente atracción por los hombres
armados, confiesa que la autoridad que intentan imponer sus
padres no tiene mucho impacto.
“Ellos sí me dicen que no me junte con tipos así, pero en las cosas del corazón mando yo, no les
hago caso”.
Un testimonio da cuenta de
que una joven que no cedió a los
coqueteos de un integrante de
un grupo armado recibió un ultimátum: “si no sos para mí vas
a ser para siete”. Ella no lo creyó y, algún día, la encerraron en
una casa y fue violada por siete
hombres.
Otra historia dice que una
estudiante tuvo un altercado con
una compañera novia del líder
de un grupo. Como fue imposible resolverlo a las buenas, la
última le tendió una trampa, le
hizo una invitación a una fiesta
y cuando llegó la esperaban varios hombres que le practicaron
acceso carnal violento.
Testimonios similares son
narrados en el informe de NU.
El deterioro de la situación de
las mujeres en Medellín ha llegado a tal extremo, que en uno
de los barrios en conflicto, cada
viernes, uno de los grupos llega
en un vehículo, sube a la fuerza
a un grupo de jovencitas y se las
lleva para que desempeñen labores domésticas y les sirvan a
sus miembros de compañeras
sexuales. Una práctica que antes era propia de las zonas rurales, tal cual la detalla la relatora
especial de NU:
“A veces sucede que hombres
armados secuestran a las mujeres, las retienen cierto tiempo en
esclavitud sexual, las violan y las
obligan a desempeñar tareas
domésticas”.
La imposición de límites a la
libertad de circulación, los toques de queda y los atropellos a
la personalidad figuran entre los
derechos perdidos. A la vez, pa-
decen aislamiento, pues el contacto con personas de otros sectores queda vetado. “Tengo un
amigo en Robledo, pero una vez
que subió lo hicieron desvestir y
caminar en calzoncillos hasta mi
casa, fuera de eso le tocó una
balacera, ni que fuera bobo para
volver”, relata una jovencita.
“Hemos vivido bajo un terror
sin límites. El barrio sólo tiene
una salida... En las dos últimas
semanas han matado a seis mujeres. A una muchacha la violaron antes de matarla, le sacaron
los ojos, le arrancaron las uñas
y le cortaron los senos. Constantemente se producen tiroteos
entre distintos grupos armados.
No podemos dormir. Tememos
salir de casa para ir a trabajar o
mandar a los niños a la escuela.
Necesitamos paz. El Gobierno
tiene que hacer algo”.
Esta historia figura en la
relatoría de NU, una radiografía
de un escenario en deterioro y,
por lo que se siente, sin soluciones estatales. Un círculo vicioso
que ni la mismas niñas entienden, como lo confiesa Cindy
Edilma*: “¿violencia? Uy, yo ya
ni sé qué es eso, la corrupción es
la culpable, nadie hace nada...”.
*Nombres cambiados por
protección de las fuentes.
Reclamo
Acogiendo el clamor de varias organizaciones de derechos humanos, la Ruta
Pacífica expidió una reclamación formal al alcalde, Luis Pérez Gutiérrez, en la
que hace una radiografía de la situación de violencia en Medellín y pide acciones
concretas para la solución. El documento señala que “la violencia de las armas
ha invadido nuestros barrios, nuestros hogares y nuestras vidas. Nos duelen
los asesinatos diarios de cientos de jóvenes, la violación de las jóvenes y mujeres
de todas las edades, las amenazas, el chantaje, las vacunas, los enfrentamientos,
los territorios de todos y de nadie, los encierros, los desplazamientos forzados,
la ocupación de algunas viviendas por los grupos armados como espacio de
guerra... estos barrios viven diariamente enfrentamientos armados, sin transporte,
familias enteras durmiendo debajo de camas, sin derecho a circular y salir para
los trabajos, asesinatos selectivos de mujeres catalogándolas como auxiliadoras
de uno u otro bando... prohibición de recoger, velar y enterrar sus muertos, entre
otros tantos son los derechos que se han venido vulnerando”.
La carta le pide al alcalde “respuestas civilistas. El conflicto armado urbano
requiere atención real y efectiva... voluntad de las autoridades, no más dilaciones,
no más diagnósticos, no más cartillas. No más guerra”.
68
Documentos
“¿Quién nos defiende de las
agresiones?”: líderes barriales
• Dirigentes comunitarios denuncian fuerte control de “paras” sobre jóvenes.
• Al tiempo, reclaman que organismos judiciales investiguen atropellos.
• Gente de barrios populares demanda atención de organismos de D.H.
Carlos Alberto Giraldo M.
Entrega No. 20 sobre
CONFLICTO URBANO del
dmingoo 19 de mayo de 2002
La escuela del barrio
Vallejuelos, una de las pocas
construcciones en material que
hay en el sector –el resto son
ranchos de madera-, está convertida en trinchera en medio
de los combates que sostienen
la Policía y las milicias urbanas de la guerrilla desde que
comenzó este año.
“Allí, en plena jornada escolar, se han ocultado los agentes en varias ocasiones porque
no tienen ninguna otra estructura de ladrillos o material
para protegerse en los
enfrentamientos”, confirman
dos líderes y habitantes de este
vecindario del centroccidente
de Medellín ocupado, en parte,
por desplazados del Urabá
chocoano y antioqueño.
Ambos ciudadanos participan en el Precabildo de Comunidades Barriales y Organizaciones Sociales que se realiza
en un auditorio del centro de
la ciudad, con motivo del acercamiento a la problemática de
violencia urbana en el Valle del
Aburrá.
Ellos, igual que los demás
representantes de otras zonas
y comunas de Medellín y los
municipios aledaños del Área
Metropolitana presentes en el
encuentro, coinciden en denunciar el “crecimiento del control
paramilitar sobre las bandas
de delincuencia común y juveniles, ante la pasividad y connivencia” de algunos integrantes de los organismos de seguridad oficiales.
Hay voceros de casi todas las
comunas, en especial de aquellas que conforman la periferia
urbana, un cinturón de
asentamientos pobres construidos durante los últimos 40
años de historia de la ciudad,
varios levantados sobre palos,
latas y plásticos y habitados
por los desterrados de la violencia reciente en el campo y
las calles.
Cabe recordar que en el desarrollo de esta serie periodística, los comandantes de la IV
Brigada, general Mario
Montoya, y de la Policía Metropolitana, general Leonardo
Gallego, han señalado que sus
tropas y unidades tienen una
firme actitud de combate a todos los grupos ilegales de la
ciudad y que sus operativos
están respaldados por la Fiscalía General de la Nación, como
garantía de que se procede de
acuerdo con la ley.
Mensajes de terror
“En los barrios Santo Domingo I y II y Popular I y II se enfrentan varias bandas, que trabajan para los paramilitares,
contra grupos de milicias insurgentes. Los pillos, contra
quienes la estación de Policía
de San Blas no hace nada, integran los grupos La 38, La
Caseta, El Hueco, La 100, Los
Costales, Los Patiamarillos,
Los Triana, Estrella Roja y El
Sanduche”, denuncia un habitante del sector La Galera, en
el nororiente de la ciudad.
Según la dama, que no pudo
volver a trabajar ante la posi-
69
Documentos
bilidad de transportarse a los
barrios céntricos de la ciudad
para cumplir labores de aseo
doméstico, esas organizaciones
criminales montan retenes en
la mayor parte de las vías de
acceso.
“Se suben a los automotores
de servicio colectivo, echan ojo,
y bajan a los pasajeros que consideran enemigos, a veces gente que no tiene nada qué ver, y
la matan. En varias ocasiones
no volvimos a saber de las víctimas, las desaparecen. Desde
el 7 de abril de 2001, a hoy, se
cuentan más de 150 asesinatos”.
Uno de los casos más aterradores de la violencia en esta
parte de Medellín, según la
vocera comunitaria, se presentó el pasado 30 de octubre:
“La Policía persiguió al joven Carlos Andrés Pino
Mosquera, de 17 años. Al parecer fue herido. Al final no
supimos si huyó o qué pasó. Lo
buscamos en el Hospital San
Vicente de Paúl, pero no apareció. Casi a la medianoche, la
banda de La 38 envió su cabeza en un vehículo de servicio
colectivo hasta la puerta de la
casa, envuelta en una bolsa.
Tenía heridas de machete”.
Solos
“Hay una voz que está hablando duro”, dice un líder civil
para referirse al creciente control que sobre “las bandas
delincuenciales tienen hoy los
grupos paramilitares”.
Otro asistente al foro revela, por ejemplo, que en el barrio El Playón de Los Comuneros, en el nororiente de
Medellín se vive una calma
aparente, superficial, debido a
que es resultado de un severo
control social por parte de grupos ilegales.
“Allí está el centro de operaciones de una banda denominada Los Triana, que vende
sus
servicios
a
los
paramilitares. Ese y otros grupos ilegales del área se están
expandiendo a los barrios Popular I y II, pero desde allá
también hay respuesta de grupos milicianos, entonces el temor permanente es que estalle una violencia mayor”.
En el turno para que hablen
los líderes de la Comuna 13 de
Medellín se insiste en que la
presencia del Estado en los
barrios que la conforman es
represiva. “Hay allanamientos
ilegales y en esos procedimientos son hurtados objetos de valor y otros son destruidos porque, supuestamente, son propiedad de auxiliadores de la
guerrilla. Varios maestros y
alumnos de nuestros vecindarios son señalados como
milicianos”.
El costado occidental de
Medellín es hoy uno de los más
sacudidos por los choques armados entre ilegales. Allí tienen asiento milicias del Eln, de
las Farc, los Comandos Armados del Pueblo, Cap, y es permanente la incursión de grupos de autodefensas.
“A ello se suman los excesos
de algunos miembros de los
organismos de seguridad –según denuncian los líderes presentes en el encuentro-: toman
fotos a la gente, ha habido ejecuciones sumarias e incluso
han caído menores de edad en
las balaceras indiscriminadas.
70
Documentos
“El pasado 11 de mayo un
helicóptero de la Fuerza Aérea
Colombiana, FAC, realizó
ametrallamientos en nuestra
comuna”. Este relato de una
líder comunitaria coincide con
el de un periodista que, mientras acompañaba a su hijo
escultista, vivió el hecho y remitió a este diario la siguiente
descripción de lo sucedido:
“Hora: 4:30 p.m. Lugar: Iglesia María Madre del Redentor
de Belén, Santa Mónica #2, a
20 cuadras del barrio
Belencito. Las calles son bloqueadas por tanquetas y no se
permite el ingreso de la comunidad. Desciende uno de los
helicópteros, queda suspendido en el aire, y, de un momento a otro, hace varios disparos.
“Todos corríamos debajo del
atrio de la iglesia. Unos se desmayaron, otros lloraron y otros
gritaban”. De acuerdo con ese
testimonio, luego que un grupo de jóvenes escultistas
(scouts) ondeó una bandera
que los identificaba como tales, “el artillado elevó su vuelo y desapareció”.
Frente a estos hechos y
otros ocurridos en la Comuna 13 durante los últimos
seis meses, además de los denunciados por los líderes de
otras barriadas pobres de la
ciudad, se cuestiona “la apatía de los organismos humanitarios oficiales y no gubernamentales, del país y del
extranjero, que no responden, como deberían, frente al
agravamiento del conflicto urbano. Están ausentes”.
Otra visión del problema
El aumento de la violencia armada en Medellín y el Valle del Aburrá ha suscitado
diversas hipótesis y lecturas sobre las causas y efectos de la confrontación que
protagonizan hoy bandas de delincuencia, comandos de autodefensas,milicias
guerrilleras y organismos de seguridad oficiales.
Para algunos se trata de la “urbanización del conflicto armado ”; es decir, del
incremento de las acciones de los actores de la guerra interna en la ciudad.
Otros indican que son apenas repercusiones de la lucha contra el crimen
organizado.
Durante el encuentro de líderes sociales de las comunas de Medellín, el viernes
pasado,se señaló que el centro del problema “no es la lucha territorial entre
guerrilla y paramilitares sino que la violencia tiene origen, en buena medida, en
las políticas de exclusión y represión del Estado local contra las masas de
pobladores pobres de las laderas de Medellín”.
El asunto de fondo, se dijo, es que hay dos modelos de ciudad: uno para las
clases medias y altas, que para ejecutarse requiere seguridad a toda costa. Y
otro, el de miles de personas que demandan atención en asuntos elementales de
infraestructura y bienestar social: escuelas y servicios básicos. A esos sectores,
hoy, se les margina y desconoce dentro de los planes de desarrollo municipal.
71
Documentos
Comflicto urbano: soluciones
no se verán en el corto plazo
• Habría que restituir el estado de derecho en la ciudad, dicen analistas.
• Además, se requieren políticas públicas claras sobre convivencia.
• Última entrega de la serie. Discusión del tema continúa en la ciudad.
¿Estoy solo en la búsqueda de alternativas
para enfrentar a los
grupos armados que llegan al barrio?, ¿hay
otros que también están
en lo mismo?, ¿dónde están?, ¿es
posible encontrarnos para, juntos, buscar la salida y lograr el
apoyo del Estado, la Iglesia, la
empresa privada, las organizaciones sociales y de las universidades?, ¿se podrá hacer algo
para frenar tanta barbarie?”
Preguntas como esas le rondan en la cabeza a la ama de
casa, al obrero, al empleado, al
estudiante, al líder comunitario, al estudioso del tema o al
ciudadano desprevenido que
día a día sienten como el conflicto armado urbano que golpea sin contemplaciones en los
barrios limita sus libertades
individuales y colectivas.
No hay soluciones fáciles ni
a corto plazo, sobre todo si se
tiene en cuenta que la violencia en la ciudad ha sido un
método de “solución” de conflictos que se incrustó en la cultura. Sin embargo, los especialistas reconocen que salidas sí
hay y proponen como punto de
partida vencer el miedo, la soledad y la desconfianza para
desembocar en un plan estratégico que contenga acciones de
corto, mediano y largo plazo
Jesús Balbín, coordinador
del programa Conflicto y Derechos Humanos, del Instituto
Popular de Capacitación (IPC),
plantea que empezar a derro-
“
Juan Diego Restrepo E.
Entrega No. 14 sobre
CONFLICTO URBANO del
sábado 11 de mayo de 2002
tar el miedo es el punto de entrada para buscar soluciones
colectivas. “En los barrios, en
las organizaciones comunitarias, en las instituciones y hasta en el mismo Estado hay miedo de denunciar, de hablar sobre lo que está pasando, de decir la verdad”.
Pero el académico va más
allá y plantea que luego de vencer el miedo se debe derrotar
la soledad. “¿Soy el único en
buscar salidas?, ¿estoy solo o
hay más? Son muchas las personas que piensan en rechazar
el sometimiento a los grupos
armados, lo que pasa es que
hay que buscarlas y construir
lazos de solidaridad”.
No obstante, se requiere de
un tercer elemento para allanar el camino de salida al conflicto y es la confianza. En los
barrios, la ausencia del Estado o su presencia tan sólo policial o militar, vulnerando derechos humanos y libertades
individuales y en algunas circunstancias actuando de manera conjunta con grupos armados ilegales, según lo denuncian voceros barriales, ha
generado una profunda desconfianza de los pobladores.
Por ello el grupo de trabajo
sobre Paz y Derechos Humanos
de la Red Viva de Antioquia
considera que hoy más que
nunca se requiere de la ciudadanía una posición política clara y contundente contra la guerra y los autoritarismos, de
derecha y de izquierda, sin va-
72
Documentos
cilaciones, sin justificaciones
de ninguna índole. “Desechemos la noción de las guerras
justas y adoptemos un discurso político sin fisuras sobre
nuestra opción por el pacifismo, por la no violencia, por la
resistencia a la guerra y el autoritarismo”, propone esa organización.
Plan estratégico
Pero superados los miedos, las
soledades y las desconfianzas,
lo que se requiere entonces es
un plan estratégico específico
que le dé continuidad a las políticas de convivencia ciudadana y permita hallar salidas a
la situación de violencia que
afronta la ciudad. A continuación presentamos los puntos en
los que coinciden expertos de
la Corporación Región, el IPC,
las universidades Nacional y
Antioquia, para la construcción
de salidas al conflicto urbano
armado:
Cultura ciudadana
Coinciden los expertos en la necesidad de cambiar la cultura
ciudadana, aquella que nos ha
impulsado a solucionar, hasta
con nuestras propias manos,
cualquier problema. Tiene que
haber un esfuerzo grande de la
familia, la escuela, la educación y el Estado para modificar la cultura que tenemos.
Para ello es indispensable fortalecer la educación.
Participación política
Para pocos es desconocido que
la ciudadanía se sienta excluida en las decisiones del gobierno municipal. Muestra de ello
es la representación de la comunidad en el Concejo. Todos provienen de los partidos tradicionales, no hay ninguno que represente sectores comunitarios
Algunos insisten en señalar
que un ciudadano común y corriente no tiene mayor peso
ante las instancias de poder, en-
tre otras razones porque hasta el
momento no se ha consolidado
una actitud ciudadana amplia
para combatir, desde las posibilidades legales, las injusticias y
los olvidos de los dirigentes.
Señalan algunos académicos
que el poder político se acostumbró a decidir sobre su criterio,
no siempre confiable, en asuntos de ciudad y se olvidó de que
los ciudadanos son algo más que
votos cada cierto tiempo.
Políticas de reinserción
El número de bandas en la ciudad, que algunos cálculos conservadores tasan en 300, y la
presencia de milicias de la guerrilla y de las autodefensas,
exige una política especial que
aborde el tema de la incorporación de sus miembros a la
vida ciudadana.
En esa búsqueda hay que
contemplar programas de
reinserción urbana que recojan
experiencias de otros años
como los pactos de convivencia
y desarme aplicados a grupos
alzados en armas. En ese marco de referencia debe haber un
componente ineludible de sometimiento a la justicia, como
el aplicado al narcotráfico.
Inversión social
La ciudad requiere construir
equidad y eso sólo es posible a
través de la inversión social. En
principio, es necesario, advierten analistas económicos, superar la exclusión económica.
La dinámica de la ciudad,
que fue corazón industrial y
ahora no sabe si aún lo es o si
ya es turística, de servicios, de
eventos o tecnológica, no cobija a todos los medellinenses. El
desempleo aumentó, superando de manera oficial el 20%,
pero por causas como el desplazamiento pasó del 50% en algunos sectores.
Fortalecimiento de la Policía Comunitaria
En este programa es necesario
avanzar porque a criterio de
algunos observadores sociales,
no ha logrado los niveles de
protagonismo y de visibilidad
requeridos. Se necesita un
cuerpo policial que tenga como
principios el respeto por las
garantías individuales y colectivas, así como por el respeto a
los derechos humanos. La idea
es que el Estado recupere legitimidad y confianza a través de
un cuerpo se seguridad como
éste.
Presencia de organismos
humanitarios
La ciudad necesita con urgencia la presencia en los barrios
de veedurías internacionales
humanitarias, que provengan
de Naciones Unidas, la Unión
Europea y de Norteamérica,
incluso, para que identifiquen
situaciones especiales y, además de denunciar, propongan
alternativas de solución.
Adicional a ello, sería importante hacer una gran campaña urbana sobre el Derecho
Internacional Humanitario y el
respeto a la población civil, así
como adelantar unas acciones
pedagógicas de señalización de
sitios protegidos por las normas de la guerra; crear corredores humanitarios en los barrios más golpeados por los
grupos ilegales armados para
facilitar el acceso de la gente a
escuelas, colegios y hospitales
y centros de abastecimiento.
El desarme
Por diferencia de criterios es
poco lo que ha avanzado la ciudad en temas como éste, pero los
resultados en la ciudad de Bogotá, que para el año 2001 representaron una disminución
del 8%, han demostrado que es
el mecanismo más eficaz para reducir los índices de criminalidad.
Sobre esta propuesta existen
normas nacionales que es necesario concertar para aplicarlas.
73
Documentos
Donaldo Zuluaga Velilla
El conflicto armado urbano,que
implica tanto la violencia directa
ejercida por las bandas y los combos, como por la urbanización del
conflicto político armado y sus
diversas manifestaciones, se
expresa en pequeños poderes
territoriales que controlan la
economía, la justicia, los
impuestos, la seguridad y hasta
la cultura.
El Estado de Derecho
Lo que revela la vida cotidiana de los habitantes de aquellas comunas más conflictivas es la poca capacidad del
Estado para ejercer el control, el cual fue asumido por
los grupos armados al mar-
gen de la ley.
El Estado, y no sólo en la
ciudad sino en todo el país,
perdió los monopolios de las
armas, de la administración
de justicia, de la seguridad y
hasta el de la tributación.
De ahí que los expertos insistan en la tarea de restituir
el estado de derecho, a través de mecanismos como la
creación de la políticas de resolución de conflictos y de
mecanismos de acceso ciudadano a la justicia, a través de
la justicia comunitaria y los
jueces de paz, así como el fortalecimiento de la capacidad
de los jueces para fallar de
manera oportuna. De esta
manera, aseguran los estudiosos de la materia, se lograría la reconstitución del
estado de derecho.
Alcaldía introdujo cambios
Cuando Luis Pérez Gutiérrez asumió en
enero del 2001 la Alcaldía de Medellín
encontró en materia de convivencia dos
circunstancias que no se acomodaban
al proyecto de pacificación de la ciudad:
unos grupos armados en proceso de
facilitación, que recibían dineros del
Estado,pero que querían seguir viviendo
en la clandestinidad, y un préstamo con
el Banco Interamericano de Desarrollo
(BID) incipiente y lento en su ejecución,
y de poco impacto social.
En ambos aspectos se basa el
mandatario local para advertir que su
administración no heredó un proceso
visible de convivencia.
“Nadie puede mostrar un proceso de
pacificación visible en la ciudad de
Medellín ”, precisa.
Su tarea en este asunto ha sido la de
reorientar las políticas de gobierno y
lograr mayor eficacia e impacto en su
aplicación. Pero a pesar de sus
propuestas diversos sectores sociales
le reclaman un mayor liderazgo esa labor y un debate público donde se
recojan las experiencias que existen en
la ciudad.
“Un programa de paz y convivencia no
se puede quedar en un asunto de
intelectuales sino que tienen que
impactar la sociedad ”, reitera.
“Es imposible que el presupuesto de
Medellín se gaste en proyectos aislados
y se diga que el de paz es uno
más.Creemos que la pacificación
empieza en ideas tan importantes como darle educación a
todos,entre otras razones para acabar
con la violencia en los menores. Por
eso mi primer proyecto de pacificación
está en declarar la educación
obligatoria. En este momento en
Medellín no hay ni una sola persona,
menor o mayor, que quiera estudiar, En
24 horas le tenemos un cupo. Quedan
todavía
algunos niños que no quieren estudiar,
pero muy pronto los vamos a recoger
para llevarlos a unos sitios especiales
que están siendo acondicionados.
“Consideramos
que si recogemos unos 2.000 ya no
habrá nadie en la calle ”,dice.
74
Documentos
Ante la violencia: diálogo
• EL COLOMBIANO fue escenario ayer del foro Conflicto Urbano en Medellín.
• Costos de la guerra en el Valle del Aburrá alcanzan el 6.91% del PIB.
• Alcalde de Medellín propuso diálogos urbanos y desarme de civiles.
• Medellín tiene índice de asesinatos más alto de América Latina, dice Pérez G.
• En Bogotá, en cambio, proyecto de cultura ciudadana reduce las muertes.
• Alcalde mockus advierte que «lo importante es conservar vidas».
n plan de reincorporación a la vida civil
de los alzados en armas a través de un
proceso de diálogos
urbanos o metropolitanos -concertado con el Gobierno Nacional-; el aumento
del pie de fuerza para la ciudad
con 2.000 nuevos policías; y una
consulta popular, tanto en
Medellín como en el departamento, para que se prohiba el
porte de armas a particulares.
Estas son las bases de los
proyectos de acuerdo anunciados ayer por el alcalde de
Medellín, Luis Pérez, en el
Foro sobre Conflicto Urbano
que se realizó en este diario.
La jornada sirvió para conocer varias visiones sobre el problema, que ha cobrado la vida
de más de 4.000 personas en el
último año en la ciudad.
La iniciativa de Pérez
Gutiérrez fue radicada ayer
ante el Concejo de Medellín.
U
Elizabeth Yarce
FORO CONFLICTO URBANO
del martes 27 de agosto de 2002
El alcalde y su homólogo de
Bogotá, Antanas Mockus, presentaron un panorama de sus
ciudades y mientras en la capital del país las propuestas de
cultura ciudadana lograron reducir los índices de criminalidad, en Medellín el conflicto
arreció en los barrios.
La más violenta
Pérez Gutiérrez recordó que
Medellín es la ciudad más violenta de América Latina y por
eso urgió una salida negociada
mediante los diálogos con los
armados ilegales que operan en
esta capital.
El programa, de ser aprobado por el cabildo luego de tres
debates, contempla un proceso
de reeducación de los grupos
armados y de la sociedad. «La
idea es que estos jóvenes recibirán un salario mensual.
Cuando estén listos se les garantizaría una plaza laboral y
padrinos», explico Pérez.
75
Documentos
En este aspecto, se contratará a un grupo de abogados para
que estudie las dificultades jurídicas de los resocializados.
«Este es un proceso de
reinserción social que busca
acabar con el miedo en los barrios para lograr un cese del
fuego en el Valle del Aburrá».
Como segunda medida solicitará el refuerzo del pie de
fuerza de la Policía, que actuará con el apoyo de un comando
urbano del Ejército y estaría
listo en diciembre. «Se busca
que no haya ni un solo espacio
vedado en la ciudad».
De igual manera, se realizaría una consulta popular en
Medellin y Antioquia para que
se prohiba el porte de armas a
particulares.
Según un informe de la
Personería de Medellín, más de
600.000 armas circulan en la
ciudad.
La Alcaldía pretende también abrir una licitación internacional para que todos los vehículos utilicen un sistema especial de identificación electrónica que permita que estos
sean detectados en cualquier
lugar, como mecanismo para
frenar el robo de automotores.
Pérez Gutiérrez enfatizó en
que es conveniente en que el
tema del conflicto urbano se
convierta en un asunto nacional, más aun cuando mediante un informe de inteligencia se
comprobó que la guerrilla solicitó refuerzos a Barranca y
Guaviare para aumentar sus
frentes en Medellín.
Cultura ciudadana
El alcalde de Bogotá,
Antanas Mockus, presentó la
estrategia que sirvió para que
en esa ciudad, con altos índices de delincuencia, se redujera el número de muertes violentas, tanto por homicidios
como por accidentes de tránsito.
A diferencia de Medellín,
«en Bogotá hay presencia de
milicias en algunos sectores, no
existen reportes oficiales de
presencia paramilitar, no hay
dominio de territorios, hay acciones esporádicas de las milicias y terrorismo», precisó.
Mediante un programa denominado Plan Centro, con información estadística de la violencia, un proyecto de cultura
ciudadana y una estrategia de
organización comunitaria, la
tendencia a las muertes y la
inseguridad es a la baja.
«Esto incluye armonización
de ley, moral y cultura, apoyo
a las autoridades y denuncia»,
explicó Mockus.
Estas medidas, advirtió, no
son efectivas si no están acompañadas de una inversión y
presencia institucional en los
sectores más pobres.
Para el alcalde de Bogotá el
terrorismo, aunque no ha tocado con fuerza a la capital, es
uno de los factores que más
debe preocupar a las ciudades
en momentos en que según las
estadísticas del Ejército un
promedio de ocho actos terroristas son cometidos diariamente en Colombia.
«En la ciudad se han registrado seis actos terroristas desde 1989, con un saldo de 220
muertos y 1.047 heridos».
Por eso su prevención es el
mecanismo para reducir el
miedo de los ciudadanos.
«La propuesta es atacar
comportamientos, no personas.
Lo importante es conservar vidas. Hay que fortalecer la regulación cultural y armonizar
las regulaciones legal, moral y
cultural. Más que corregir convicciones, corregir o fortalecer
hábitos», agregó.
La confianza de la sociedad civil en sus autoridades
y su capacidad de denunciar
ha contribuido, según
Mockus, a la resolución pacífica de los conflictos.
Enfatizó que ya no cabe reducir la violencia a un asunto de pobreza.
Los costos económicos de la guerra
El alcalde Luis Pérez expuso un documento en el que se advierte que el conflicto
urbano está generando un costo económico que significa la pérdida de patrimonio
de $110.131 millones en el área metropolitana, entre 1996 y 2000.
Si bien los costos por el Producto Interno Bruto, PIB, que genera en el país el
conflicto armado significaban en el 2000 el 6.2%, en el Valle del Aburrá la cifra
asciende al 6.91%.
«La violencia no implica sólo el impacto doloroso de las pérdidas humanas.
Hay un arrasamiento económico por esta causa», explicó Pérez Gutiérrez.
Entre 1996 y 2001 se registraron en el país 147.500 homicidios. De este total,
29.032 se cometieron en el Valle del Aburrá. Estas cifras, sumadas a la de
2.318.000 desplazados que hay en el territorio nacional -según esta investigacióny al billón de pesos que se está pagando por concepto de secuestros, animan a
las autoridades a lanzar proyectos especiales en Medellín.
Mientras en la capital antioqueña se registran más de 4.000 muertes violentas al
año, en Bogotá, con el triple de la población, se registraron 1.993 homicidios en
el último año. Allí se crearon escuelas de seguridad ciudadana donde fueron
capacitadas 24.320 personas en civismo, participación, medidas preventivas de
seguridad, conocimiento de la Policía y demás autoridades.
76
Documentos
La guerra cambió
• El revólver y el changón fueron reemplazados por los fusiles y la M-60.
• los ilegales «premian» a los combatientes con traslados a Medellín.
• Habrían Pedido refuerzo a Guaviare y Barranca para nueva fase de guerra.
Clara Isabel Vélez.
FORO CONFLICTO URBANO
martes 27 de agosto de 2002
Cada vez que se presenta un
operativo de la fuerza pública
en algún sector de la ciudad
afectado por el conflicto armado reviven viejas discusiones
sobre la conveniencia de aumentar el pie de fuerza en esas
zonas.
Mientras las autoridades
insisten en recordar que la seguridad es un monopolio estatal que no debe ser suplantado
por grupos irregulares, la comunidad considera que la construcción de nuevas estaciones
de Policía sólo contribuirá a
atizar la confrontación porque
la presencia del Estado se limitaría a imponer medidas
cohercitivas y no a generar inversión social.
Para los comandantes de la
Policía Metropolitana, general
Leonardo Gallego Castrillón, y
de la IV Brigada, general
Mario Montoya Uribe, hay un
asunto que no tiene discusión:
la fuerza pública no tiene lugares vedados en la ciudad, ya
que la función del Estado es
brindar seguridad a la comunidad.
Por eso tampoco dudan en
afirmar que los Cap, las Farc,
el Eln y las autodefensas quieren presentarse ante las comunidades como protectores y generadores de empleo e inversión social.
«Cuando llega el Estado a
hacer inversión social ellos
amenazan a los trabajadores y
no permiten hacer las obras.
Cuando llega la empresa privada, no sólo amenazan sino
que extorsionan. Lo que quieren es que las comunidades si-
gan en la miseria. Así tienen
argumentos para justificarse»,
manifestó el general Gallego.
Del campo a la ciudad
Para el general Montoya, en
los últimos meses el conflicto
se ha degradado de una forma
que pocos pensaron. Tanto que
ya no se puede hablar de milicias de las Farc o del Eln sino
de guerrilleros urbanos que
utilizan prácticas terroristas
para amedrentar a la comunidad.
«De las milicias con revólveres y changones ya no queda
nada. Ahora se combate con
fusiles y ametralladoras M-60.
En un operativo realizado la
semana pasada el oficial que lo
estaba comandando me informó que habían cuatro ametralladoras instaladas en las terrazas. También se incautaron
cinco fusiles», explicó el general Montoya.
Este cambio en el armamento dificulta el ingreso de la
fuerza pública cuando va a adelantar los patrullajes. Según el
general Gallego, las armas de
largo alcance utilizadas por los
ilegales permiten dispararle a
los policías desde una distancia de hasta 200 metros. Además, cuentan con miras telescópicas y, en algunos casos, le
han disparado a los uniformados por la espalda. También
han puesto explosivos debajo
de los cuerpos de los cadáveres
para que exploten cuando lleguen las autoridades a realizar
las diligencias judiciales.
Otro punto que complica la
situación es la llegada de refuerzos de otras regiones para
77
Documentos
librar la guerra en Medellín. El
alcalde, Luis Pérez Gutiérrez,
aseguró que los organismos de
seguridad interceptaron comunicaciones de grupos ilegales
que piden refuerzos a Guaviare
y Barrancabermeja.
«Las Farc, el Eln y las
autodefensas incentivan a los
combatientes rurales trasladándolos a Medellín. Es una
especie de premio que les dan
al salir de los campos a las ciudades», explicó el comandante
de la IV Brigada.
Se protege a la población
Otro punto que ha generado
debate es la forma en que la
fuerza pública ha realizado los
operativos.
El comandante de la Policía
Metropolitana explicó que los
operativos adelantados en las
zonas centroccidental y
nororiental de Medellín se han
hecho cumpliendo con todos los
requisitos legales.
«Nunca hemos hecho un operativo encubierto o clandestino.
Siempre le hemos notificado al
alcalde lo que vamos a hacer,
además contamos la presencia
de la Procuraduría que es la
encargada de velar por las actuaciones de los funcionarios
públicos», aseguró el general
Gallego.
Este año, informó el oficial,
se han realizado 18 operaciones especiales en las cuales
han sido capturados 300 miembros de las Farc, el Eln, los Cap
y las autodefensas.
En ellas se ha contado con
el apoyo del Ejército, la Fiscalía y la Procuraduría. Esta última, se encarga de verificar si
se cumplieron todas las normas
y si los miembros de los organismos del Estado respetaron
los derechos fundamentales de
los habitantes. Según el general Gallego, todos los
operativos están precedidos
por una labor de inteligencia
que permita identificar objeti-
vos claros. Posteriormente la
Fiscalía se encarga de emitir
las órdenes de allanamiento y
de captura necesarias.
Sin embargo, para algunas
Ong defensoras de derechos
humanos, en algunos casos, se
hace uso excesivo de la fuerza.
Amérigo Incalcaterra, representante de la oficina del
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos
Humanos, aunque insistió en
la necesidad de que el Estado
haga presencia en las áreas
más vulnerables por la confrontación, manifestó que han
tenido conocimiento de que, en
ocasiones, se ha violado el principio de la Proporcionalidad
que exige cuantificar las consecuencias que para la población civil tienen las acciones de
los combatientes.
Donaldo Zuluaga
Para los comandantes de la Policía Metropolitana, general Leonardo
Gallego, y de la IV Brigada, general Mario Montoya, el conflicto urbano
que se presenta en Medellín es la herencia del narcotráfico, pues en
la década de los 70 y principios de los 80 estas organizaciones crearon
sus ejércitos privados aprovechando el alto desempleo que se
presentaba en ciertos sectores de la ciudad. Para ellos, los motivos
de la confrontación y las fuentes de financiamiento no han cambiado,
pero las armas y la forma de enfrentarse sí. El general Montoya
considera que ya no es posible hablar de milicianos que servían como
redes de apoyo a la guerrilla rural sino de guerrilleros urbanos que
realizan acciones terroristas.
Proporcionalidad, un principio vulnerado
Los civiles que habitan en los sectores donde se presenta la confrontación armada han sido los más afectados por los enfrentamientos que se dan tanto entre
los grupos ilegales como los que ocurren entre éstos y los miembros de la
fuerza pública.
Según el comandante de la Policía Metropolitana, general Leonardo Gallego, el
caso más reciente se presentó el fin de semana en el barrio Caicedo donde
cinco personas que cruzaban una calle resultaron heridas en medio del fuego
cruzado entre grupos al margen de la ley.
El Derecho Internacional Humanitario establece el Principio de Proporcionalidad
que exige que el «efecto de los medios y métodos de guerra utilizados no sea
desproporcionado en relación con la ventaja militar buscada». Los artículos 5I
y 57 del Protocolo I de Ginebra establecen la prohibición de lanzar ataques que
causen víctimas entre la población civil y daños en bienes de carácter civil que
sean excesivos en relación con «la ventaja militar concreta y directa precisa».
Esto implica, por ejemplo, que no pueden realizarse ataques con armas no
convencionales o cualquier enfrentamiento entre combatientes en el cual quede
en medio población civil o puedan sufrir daños sus viviendas.
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Que todo se ajuste al Estado de Derecho
Amerigo Incalcaterra*
«En la medida en que el conflicto
armado urbano de Medellín ha
hecho que las fuerzas del Estado
hagan algunas consideraciones
(...) porque es necesario el uso
legítimo de la fuerza, la otra óptica
es que se cumplan los principios
internacionales de los límites y uso
de la fuerza (...) el Estado no puede
contentarse con observar la
situación y tiene el deber de
recuperar los barrios, recuperación
de lo público, para que la
comunidad pueda desenvolverse y
se garanticen sus derechos (educación,
salud, servicios básicos). Vemos que
hay una ausencia de políticas integrales.
(...) Preocupa la desconfianza creciente
de la población hacia las autoridades.
El acercamiento de las autoridades es
confrontativo
(marginación,
estigmatización, empleo de la fuerza
pública) como primera presencia que
un habitante de esas zonas ve. Por otra
parte, los enfrentamientos entre grupos
armados han agudizado la situación de
las comunas. El irrespeto a las normas
del Derecho Internacional Humanitario
(DIH) hace que la población se
convierta en objetivo militar, causando
numerosos muertos y heridos y
desplazamiento intraurbano. Nos
preocupa una respuesta estatal
represiva (...) algunos operativos en
los que se violarían los principios
de proporcionalidad y el uso
excesivo de la fuerza. (...) Frente a
ese panorama no se puede
solucionar el problema a corto plazo.
Hace falta unir estamentos estatales
y sociales para encontrar políticas
integrales de atención».
*Delegado de Naciones Unidas para los
D.H. en Colombia
Un conflicto con varias causas
Pablo Angarita, investigador de
la U. de A. y el Iner
«Hay que diferenciar el concepto de
conflicto del concepto de violencia.
Los conflictos no sólo no son
negativos sino que son inherentes
a las personas y sociedades y
facilitan el desarrollo de las
mismas.
El problema está en el tratamiento
de los conflictos: la violencia es una
forma de tratarlos, por lo general
cuando se agotan otras formas de
enfrentarlos. Así mismo, como no
existe un orden universal único, no
se puede aceptar la idea de que hay
una parte del mundo que representa
al bien y otra al mal. En una
dialéctica de buenos y malos es
imposible construir una sociedad.
(...) La violencia citadina implica
acciones producidas en el proceso
de construcción de la sociedad urbana. Tomada como un hecho de
carácter histórico, su explicación se
aleja de que sea una especie de
‘maldición’ o ‘herencia genética’. Es
una construcción social, con
tiempos y lugares, como expresión
de múltiples procesos.
(...) El Estado Social de Derecho que
contempla nuestra Constitución
debe promover la prosperidad gen-
eral y la efectividad de los derechos
humanos integralmente (en lo civil, lo
social y lo económico).
Por eso el Estado debe tener el control
y la responsabilidad directa de cuatro
entidades básicas: la fuerza y la
coacción, el control fiscal y tributario,
la ley y la justicia y la seguridad
ciudadana. Eso conduce a la
convivencia pacífica y democrática.
(...) Los conflictos sociales en Medellín
son de diversa naturaleza y nivel. No
los hay sólo económicos, no sólo entre
grupos armados ilegales o de éstos con
la fuerza pública. Hay varios niveles: a
nivel macro, que responden a
organizaciones insurgentes de carácter
nacional, o a nivel micro, que
responden en parte a la violencia
doméstica. En estas relaciones violentas
hay
diferentes
grados
de
responsabilidad de estamentos sociales
públicos y privados, regionales e
internacionales.
(...) En otra hipótesis se señala que hay
una constante histórica en los conflictos
de la ciudad: la inequidad social (sin
reducirla a la idea de que la pobreza
genera violencia), el déficit de
democracia y de ciudadanía, en el
contexto de una cultura autoritaria para
tramitar los conflictos. Además, hay una
constante de tolerancia y casi
fascinación por las vías rápidas para
conseguir poder económico y social, lo
que se consolidó con el narcotráfico.
(...) Los monopolios señalados del
Estado de Derecho hoy en día están
fracturados y sustituidos por poderes
armados ilegales. Desde pequeños
comerciantes hasta grandes
empresarios se quejan de tener que
pagar vacunas a paramilitares, guerrillas y bandas.
(...) Hay, entonces, una suplantación del
Estado y de sus instituciones, una
fragmentación y un enfrentamiento de
poderes, que generan soberanías
múltiples en disputa: por cuadras, por
barrios.
(...) Entre tanto, crece una cultura
autoritaria, a la que no se presta
suficiente atención, que viene desde el
Estado y desde sectores privados. Su
producto son un Estado y unas
instituciones deslegitimadas. Pero el
problema no sólo está en el Estado sino
también en la sociedad: una civilidad
débil, afectada en su tejido social.
(Entre tanto) Los conflictos económicos
y sociales no resueltos o a veces
sofocados se han expresado de manera
violenta».
*Apartes de la intervención en elForo
sobre Conflicto Urbano enEL
COLOMBIANO.
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Líderes llaman a
trato humano
• Demandan pago de deuda social e histórica con sus comunidades.
• Estadísticas de pobreza son claves y revelan parte del origen del conflicto.
• Según su testimonio, la gente está angustiada por creciente desempleo.
ás que medidas de
fuerza para contener el conflicto urbano que se vive en
Medellín, los líderes zonales creen
que la solución a éste pasa
por un trato más humano a
los habitantes de los barrios
afectados.
Tras hacer un repaso estadístico a la situación en la zona
centroccidental de la ciudad, el
padre José Luis Arroyave, ex
gerente social del sector, recordó que hace seis años «comenzamos a trabajar en el sentido
de pertenencia de la comunidad, para crear en torno a estos
barrios un liderazgo que facilitara participación ciudadana».
La zona centroccidental,
compuesta por las comunas 11,
12 y 13, acoge residentes de
todos los estratos, pero es en
ésta última donde se ha concentrado el conflicto en los últimos meses.
«Empezamos a hacer un trabajo de sensibilización, casi que
persona a persona, para despertar el liderazgo e integrarnos en propuestas macro que
llevaran a sacar adelante la
zona, que en ese entonces era
la ‘cenicienta’ de Medellín»,
sostuvo el sacerdote, durante el
foro Conflicto Urbano en
Medellín.
Esto se presentó, según el
padre Arroyave, porque «se suponía que en la Comuna 13 no
se estaban gestando las dificultades que hoy vemos».
M
Carlos Olimpo Restrepo
FORO CONFLICTO URBANO
del martes 27 de agosto de 2002
«Tras sensibilizar a los líderes y trabajar con ellos, es muy
doloroso ver que, hoy, muchos
de ellos se han dispersado por
miedo, o los mataron o se tuvieron que ir», anotó el sacerdote y líder.
Agregó que, debido a las carencias de la mayoría de las
personas que residen allí, «la
Comuna 13 requiere mucha
inversión, mucha entrega y
un viraje en las políticas estatales».
Indicó que en estas políticas
se deben incluir «la capacitación para el empleo y, a la vez,
la posibilidad de que los jóvenes adquieran una experiencia
laboral, pero no en el centro,
sino allá, porque muchas veces
no tienen para el pasaje».
El sacerdote reconoció que la
zona sí ha recibido aportes de
la Administración Municipal,
pero cree que todavía falta
mucho por hacer.
El padre Arroyave aseguró
que «en la Comuna 13 hay
hambre, no sólo de alimentos,
hay hambre de conocimiento,
de razón para vivir, que los ha
llevado a la desesperación».
«La zona requiere de una
inversión social grande y no es
sólo una visión paternalista, es
una visión de justicia social, de
equidad y, por eso, más que
militarizar esta comuna, hay
que humanizarla», dijo el padre Arroyave.
«Veo el miedo, las dificultades de estas personas y me
siento impotente, solo, frente a
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diario, Ana M
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Medellín, Luis P
frente al públic
evento. Panorám
ciudad, con el
fondo.
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un conflicto tan grave, con cuadros cada vez más dantescos»,
puntualizó.
Medidas equivocadas
Humberto Londoño, de la
Red de Acción por la Vida, mostró su preocupación por las
maneras en que se da la intervención del Estado en las zonas de Medellín afectadas por
el conflicto armado.
«Para el diseño del programa de convivencia, a comienzos de los 90, se contrató a expertos internacionales en temas de violencia, quienes señalaron que lo que vivía la ciudad era una epidemia de agresión mortal que debía ser atacada, con lo cual se convirtió el
conflicto social y político, en un
asunto de salud pública», sostuvo Londoño.
Consideró que las políticas
de convivencia impulsadas por
las anteriores administraciones municipales sirvieron, paradójicamente, para fortalecer
a los grupos armados.
«Se puso en marcha el fortalecimiento de la presencia
militar en algunos sectores, se
incrementó el pie de fuerza policial», dijo el dirigente comunal.
Agregó que «en 1995 se
implementó el Programa de
Pedagogía para la Tolerancia y
se impulsaron los pactos de paz
con las bandas de la ciudad».
Sostuvo que con estos grupos
«se
concertó
su
desmovilización, pero sin desarme. Se les entregó el control
de la seguridad en algunos barrios y autonomía para imponer sus códigos de conducta».
Recordó que todos estos programas fueron financiados con
créditos del BID, la banca
multilateral y aportes privados.
Londoño afirmó que «las
bandas se han cualificado y
ahora manejan armas largas y
la inseguridad y la muerte en
la ciudad aumentaron. Y estos
grupos están altamente articulados a la expansión
paramilitar en Medellín».
«Estas políticas e intenciones de los diferentes gobiernos
con el fin de solucionar el conflicto urbano armado en
Medellín, que lleva más de 20
años, no han sido efectivas»,
sostuvo.
Agregó que «esta problemática sólo se podrá resolver con
mayor inversión social, el respeto de los derechos humanos
de los pobladores de las comunas y tomando medidas concretas para disminuir la
inequidad social en Medellín,
no con medidas de fuerza ni
excesos de autoridad».
El líder insistió en que «en
los últimos años se ha visto el
incremento de los atropellos
contra los habitantes de la zona
nororiental, donde se evidencia
no sólo la realidad de pobreza
y exclusión, sino la tragedia del
desplazamiento».
Añadió que «en este sector
es común el abandono estatal
y todas las necesidades básicas
están insatisfechas. El desempleo supera ampliamente los
índices del departamento, hay
carencias en servicios de salud,
educación, recreación y vivienda digna, situación que se
ahonda en las comunidades de
desplazados».
Para Londoño, es necesario
que se tenga en cuenta que «son
estos civiles los que mueren en
los combates que se libran en
las calles y a plena luz del día».
Por tal razón, hizo un llamado para que se respeten los derechos fundamentales, castigo
para sus violadores y resarcimiento estatal por los eventuales daños causados en el contexto de los enfrentamientos.
Los desplazados, dobles víctimas del conflicto armado
Oscar Salazar*
«Lo que ocurre en los barrios de Medellín no es otra cosa que el
empoderamiento de los actores armados sobre la población civil para imponerle
sus reglas de juego, de acuerdo con la intensidad que adquiere el conflicto a
nivel nacional.
Los desplazados somos mirados como bichos raros por los gobernantes de
turno. No hay programas específicos para nosotros. Los comités departamental
y municipal se limitan al asistencialismo.
Nuestra organización agrupa, en Medellín, a 120.000 desplazados de 32
asentamientos. Los desplazados no estamos en la ciudad por voluntad propia,
siempre hemos manifestado nuestra disposición de retornar a nuestras tierras,
pero este retorno debe darse en condiciones dignas».
*Miembro del Movimiento de Desplazados de Antioquia
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Muchas alternativas de
solución
Pagar la deuda social y resolver la confrontación en la ciudad bajo la perspectiva de la
guerra del país, fueron las
principales propuestas de los
asistentes ayer al Foro Conflicto Urbano en Medellín.
Antonio Picón Amaya, director Ejecutivo de Fenalco
Antioquia, dijo que «se debe
pagar esa deuda a plazos, sentarnos con las comunidades
para ver cómo se puede avanzar en resolver sus problemas
de salud, educación, vivienda,
para incluirlos en el desarrollo de la ciudad de hoy».
Agregó que «si se está mirando en una ciudad futura de
servicios, internacional, que
ellos se vean reflejados en esa
ciudad, que se sientan incorporados a ese gran desarrollo
y participen en hacerlo realidad».
Alonso
Cardona,
de
Conciudadanía, sostuvo que
«la situación de guerra de
Medellín se debe a la situación
nacional. Los actores armados
escogieron esta ciudad para
agudizar la guerra y, por eso,
las soluciones no pueden ser
locales».
Aseguró que se debe mirar
«qué es lo que se puede hacer
con políticas locales, qué se
puede hacer con inversión social y qué no se logra con esto».
Jaime Jaramillo Panesso,
integrante de la Comisión
facilitadora de Paz de
Antioquia, indicó que «el conflicto armado es distinto al
conflicto urbano. El primero
debe tratarse policivamente,
pero el segundo debe abordarse distinto».
Añadió que «el conflicto ur-
bano se debe afrontar desde
dos líneas: una de integración
a la ciudad, de solución al problema del campo, porque la ciudad no puede seguir creciendo
con desplazados, porque estos
son unos desarraigados sujetos
a la destrucción de sus familias
y su urdimbre. Este sólo se logra con la solución al problema colombiano».
La otra línea de acción que
propuso Jaramillo Panesso es
«la reincorporación a la civilidad de los jóvenes y las personas que no se encuentran vinculadas a los grupos armados
que, necesariamente, tiene que
contar con la acción fuerte de
un Estado municipal que está
muy débil».
Agregó que «falta un Estado municipal de mayor capacidad en cuanto a la condición de
ciudadanos, que es de fraternidad y de afecto por lo que se
vive en la ciudad».
El sacerdote Francisco Leudo,
del Centro Arquidiocesano para
la Reconciliación, dijo que «lo
más urgente en este momento es
no macroglobalizar el problema.
Intentemos hacer propuestas
concretas y, con base en ellas,
vamos construyendo salidas».
El sociólogo Julio César Escobar sostuvo que «se debe permitir que las comunidades
afectadas por el
problema aporten a la solución
y garantizarles
a las partes que
se sienten a negociar, para discutir no sólo sus
diferencias sino
las alternativas
comunes de solución».
Cristina Gómez, estudiante
de la Universidad de
Antioquia, aseguró que «lo
esencial es compromiso por
parte
de
los
grupos
involucrados en el conflicto,
para llegar a su fin».
Para Lucía de Londoño, de
Comfama, «la clave está en una
real concertación de las acciones de los diferentes actores,
para caminar por la misma vía
de solución». COR
Manuel Saldarriaga
El Foro Conflicto Urbano en
Medellín, llevado cabo ayer en
EL COLOMBIANO, contó con la
presencia de estudiosos del
fenómeno de la violencia en la
ciudad como Pablo Emilio
Angarita, y líderes barriales,
así como con un nutrido público
de diferentes entidades
oficiales y Ong.
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