doctrina del ministerio público 2011

“DOCTRINA DEL MINISTERIO PÚBLICO 2011”
1.- FECHA DE ELABORACIÓN:
2.- DEPENDENCIA:
DIRECCIÓN DE REVISIÓN Y DOCTRINA
3.- TIPO DE DOCTRINA:
DERECHO PENAL SUSTANTIVO
15-03-2011
CALIFICACIÓN JURÍDICA
4.- TEMA:
5.- MÁXIMA
REALIZAR LA ADECUADA SUBSUNCIÓN DE LOS HECHOS ILÍCITOS EN EL DERECHO
IMPLICA NARRAR CÓMO LA CONDUCTA ILÍCITA ASUMIDA POR EL IMPUTADO
ENCUADRA EN CADA UNO DE LOS ELEMENTOS DEL TIPO PENAL ATRIBUIDO,
MEDIANTE LA INDICACIÓN EXPRESA DE LAS CARACTERÍSTICAS PROPIAS DEL DELITO,
PERMITIENDO ELLO EL ADECUADO ENGRANAJE DE LA ACCIÓN TÍPICA, ANTIJURÍDICA
Y CULPABLE EN LOS ELEMENTOS DESCRIPTIVOS DEL TIPO PENAL, RAZONAMIENTOS
ÉSTOS AUSENTES EN EL ESCRITO DE ACUSACIÓN ANALIZADO.
SUBSUMIR DE FORMA CLARA Y PRECISA EL HECHO EN EL DERECHO PERMITIRÁ UN
CORRECTO EJERCICIO DEL DERECHO A LA DEFENSA, PUDIENDO EL IMPUTADO
OPONERSE A LAS CONSIDERACIONES FÁCTICAS Y JURÍDICAS. EL PROCESO DE
SUBSUNCIÓN ES A LOS ÚNICOS EFECTOS DE LA CALIFICACIÓN JURÍDICA DE LA
CONDUCTA COMO DELICTIVA, A FIN DE QUE SE REALICE CORRECTAMENTE LA
IMPUTACIÓN Y OPERE EL DERECHO A LA DEFENSA DEL ENCAUSADO.
6.- CONTENIDO
6.1.- NÚMERO DE ESCRITO
6.2.- FECHA:
DRD-16-083-2011
08-04-2011
6.3.- RESUMEN
“…
En otro orden de ideas, en relación al precepto jurídico aplicable, se observa que la
representante del Ministerio Publico consideró que la conducta desplegada por el acusado, E J H H,
encuadraba dentro del tipo penal de Robo Genérico, establecido en el artículo 455 del Código Penal
y cuyo contenido transcribimos a continuación:
”Quien por medio de violencia o amenazas de graves daños inminentes contra
personas o cosas, haya constreñido al detentor o a otra persona presente en lugar del
delito a que le entregue un objeto mueble o a tolerar que se apodere de éste, será
castigado…”
Sobre la pertinencia de la calificación jurídica, conforme a los hechos descritos en el
Capítulo ll, referente a la relación de los hechos imputados, se indica que la víctima, Y N R V, el día
3 de julio de 2010, cuando se encontraba caminando por el puente las Flores, en la parada de
Boleíta Norte, Municipio Sucre del estado Miranda, el imputado de autos E J H H, en compañía de
otro sujeto, portando un bisturí y bajo amenazas, la conminó a que le entregara su celular; hecho
éste que es corroborado por la víctima en su declaración de fecha 3 de julio de 2010: “Yo me
encontraba caminando por el puente Las Flores en la parada de Boleíta, de repente dos sujetos con
un bisturí en la mano, me amenazan con cortarme la cara si no les entregaba mi celular como yo
iba con mi hijo menor de cinco años, para que no le fueran hacer daño les entregue el celular (…)
unos funcionarios de la Policía de Sucre, quienes los persiguieron, hasta el mercadito de Petare
donde lo detuvieron (…)”.
Del contenido de los recaudos señalados se evidencia que efectivamente el acusado E J H
H, en compañía de otro sujeto, al momento de cometer el hecho punible, amenazó con cortarle la
cara a la víctima con un arma impropia (bisturí).
Ahora bien, en el artículo 458 del Código Penal se señala lo siguiente:
“Cuando alguno de los delitos previstos en los artículos precedentes se haya cometido
por medio de amenazas a la vida, a mano armada, o por varias personas, una de las
cuales hubiere estado manifiestamente armada, o bien por varias personas
ilegítimamente uniformadas (…)”.(Subrayado nuestro).
Como podemos observar en la normativa señalada, existen una serie de circunstancias
agravantes alternativas, cuya verificación trae como consecuencia un cambio en la calificación
jurídica. En la primera de ellas, debe entenderse por arma cualquier objeto destinado al ataque o
defensa de las personas y que aunque sea fabricado con otro fin, resulte idóneo para matar o
lesionar. En cuanto a la segunda, basta con que el robo sea cometido por dos personas, de las
cuales al menos una se encuentre manifiestamente armada para que se configure el robo
agravado1.
En el caso in comento se pueden verificar estas dos circunstancias, tanto en los hechos
narrados por la representación fiscal, como en la declaración de la víctima, pues el acusado portaba
un bisturí (que si bien no es propiamente un arma, utilizada con ese fin podría lesionar o incluso
matar2) y además estaba acompañado de otro sujeto. Por lo tanto, si se adminicula esto con lo
establecido en el artículo 458, debe necesariamente concluirse que la representante del Ministerio
Público debió acusar al ciudadano E. J. H. H. por la comisión del delito de Robo Agravado, previsto
y sancionado en el articulo 458 del Código Penal y no por el delito de Robo Genérico, como en
efecto lo hizo…”
“…
1
GRISANTI Aveledo, Hernando y GRISANTI Franceschi, Andrés (2006). Manual de Derecho Penal. Parte Especial.
Caracas: Vadell Hermanos. pp. 278 y 279.
2
La Doctrina Institucional en Informe Anual del año 1992, Oficio N° DRP, de fecha 29/06/92 ha afirmado en caso
análogo de robo cometido amenazando a la víctima con una hojilla: “(…) que a pesar de ser un arma impropia,
produjo sin embargo el mismo efecto intimidatorio que podría derivarse de un arma verdadera o propia (…) no distingue el
Legislador si el arma utilizada para cometer el hecho es un arma impropia o propia, sino que tan sólo exige que el
instrumento sea capaz de ejercer eficacia intimidatoria sobre el sujeto pasivo. Es decir, que para que se configure esta
agravante, debe existir un nexo entre el uso del arma, como medio intimidante y el apoderamiento como finalidad
perseguida en la ejecución de la acción”.
En cuanto a la calificación jurídica dada a los hechos, tenemos que “la expresión de los
preceptos jurídicos aplicables” ha sido prevista en el numeral 4 del artículo 326 del Código Orgánico
Procesal Penal como un requisito de la acusación. En lo tocante a este punto, ha sido criterio
defendido por el Ministerio Público que:
“En lo relativo al numeral 4 del artículo 326 del Código Orgánico Procesal Penal, referido a
‘la expresión de los preceptos jurídicos aplicables’, es necesaria una correcta adecuación de
los hechos con la norma jurídica aplicable al hecho ilícito que se imputa, toda vez que ello permitirá
proporcionar las razones de derecho que motivan la solicitud de enjuiciamiento de una persona. En
suma, en este capítulo se debe realizar un análisis de las normas cuya aplicación se solicita y su
relación de correspondencia con lo acontecido, conforme a los elementos de convicción obtenidos,
explicando las razones o motivos por los cuales la conducta ilícita ya explanada se subsume en el
tipo penal que se señala, con indicación de ser el caso, de las circunstancias agravantes,
atenuantes, concurso de delitos o cualquier otra que fuere procedente...”3.
Con respecto a la calificación jurídica aplicable en el presente caso, se advierte una
ausencia total de motivación, al no realizar la representante del Ministerio Público una apropiada
adecuación de los hechos en el Derecho, limitándose a señalar lo siguiente: “...que la conducta
desplegada por el ciudadano M A B M, plenamente identificado, se subsume en los delitos de
ROBO AGRAVADO, previsto y sancionado en el artículo 458 del Código Penal Vigente y PORTE
ILICITO DE ARMA DE FUEGO tipificado en el artículo 277 ejusdem, y en cuanto al ciudadano A
J A, en el delito de ROBO AGRAVADO, previsto y sancionado en el artículo 458 del texto adjetivo
penal”.
En el presente caso, se prescindió del análisis y subsunción de la norma citada para su
aplicación conforme los hechos acontecidos, en razón de los elementos de convicción obtenidos,
omitiendo así explicar las razones o motivos por los cuales la conducta punible de los aquí
imputados se adecuó a los tipos penales antes señalados.
Realizar la adecuada subsunción de los hechos ilícitos en el Derecho implica narrar cómo
la conducta ilícita asumida por el imputado encuadra en cada uno de los elementos del tipo penal
atribuido, mediante la indicación expresa de las características propias del delito, permitiendo ello el
adecuado engranaje de la acción típica, antijurídica y culpable en los elementos descriptivos del
tipo penal, razonamientos éstos ausentes en el escrito de acusación analizado.
Al respecto, la Doctrina Institucional ha señalado:4
“(...) Cuando el fiscal del Ministerio Público indica los preceptos jurídicos aplicables,
resulta necesario que ponga de manifiesto en su escrito la estrecha relación existente
entre el hecho imputado y la norma que se pretende aplicar en el caso en concreto
(...)”
Subsumir de forma clara y precisa el hecho en el Derecho permitirá un correcto ejercicio
del derecho a la defensa, pudiendo el imputado oponerse a las consideraciones fácticas y jurídicas.
El proceso de subsunción es a los únicos efectos de la calificación jurídica de la conducta como
3
Circular N° DFGR-DVFGR-DGAJ-DRD-3-2001-004 del Ministerio Público, de fecha 28 de noviembre de 2002.
4
Oficio Nº DRD-16-88-2005, de fecha 4-3-2005, en Informe Anual del Fiscal General de la República, año 2005, pág. 11. En
igual sentido, puede consultarse oficio Nº DRD-25-27-013-2004, de fecha 16-1-2004, publicado en el Informe Anual del
Fiscal General de la República, año 2004, página 16.
delictiva, a fin de que se realice correctamente la imputación y opere el derecho a la defensa del
encausado. La necesaria actividad procesal referida a precisar los hechos, no consiste meramente
en señalar los acontecimientos que informan el supuesto fáctico atribuido al imputado, sino en
subsumir los mismos al supuesto de derecho que configura el tipo de delito que se le imputa.
En vista de lo antes expuesto, podemos afirmar que si bien es cierto que los elementos de
convicción existentes en autos dan cuenta de la comisión de los delitos de Robo Agravado y Porte
Ilícito de Arma de Fuego, previstos y sancionados en los artículos 458 y 277 del Código Penal,
respectivamente, la representación fiscal, en la acusación en cuestión, omitió dar cumplimiento a lo
preceptuado en el artículo 326 numeral 4 del Código Orgánico Procesal Penal5.
En este mismo sentido, la representación fiscal omitió precisar la causa que agravó el
delito. El artículo 458 menciona diversos supuestos de hecho que convierten un robo genérico en
un tipo penal agravado. Es imperativo mencionar cuál de estos supuestos en específico agrava el
robo en el caso concreto (el ataque a la libertad individual), pues luego de ello, el Fiscal del
Ministerio Público tendrá que subsumir esos hechos en la norma jurídica. Dicha omisión, como ya
se explicó ampliamente, determina la inmotivación del acto conclusivo y violenta el derecho a la
defensa del imputado.
Finalmente en cuanto a la calificación jurídica, debemos resaltar que de los hechos
explanados en la Acusación remitida a este Despacho, se puede colegir que el Robo Agravado no
fue consumado, pues no se logró el apoderamiento de la cosa mueble ajena (entendiendo por
apoderamiento la posibilidad del sujeto activo de disponer del bien robado).6
En el camino al crimen (Íter Criminis) existe la posibilidad de que el hecho no se realice
en su totalidad, sin embargo, ello no es impedimento para que bajo ciertas figuras creadas por el
Derecho Penal sustantivo y bajo ciertos supuestos, sea penada dicha conducta. Nos referimos a la
tentativa del delito y al delito frustrado. Se dice que existe tentativa cuando, con el objeto de
cometer un delito, alguien comienza su ejecución por medios apropiados, pero no realiza todo lo
necesario para su consumación por causas independientes de su voluntad. En el caso del segundo,
el Código Penal, en su artículo 80, expresa que hay frustración como forma inacabada del delito,
cuando el sujeto activo del delito ha realizado todo lo necesario para consumar el delito, sin
embargo, no lo ha logrado por circunstancias ajenas a su voluntad.
En el caso in comento, conforme al contenido del escrito de acusación, observamos como,
en criterio de este Despacho, el primer aparte del artículo 80 ejusdem se adecua totalmente a la
actuación de los sujetos imputados, pues éstos comenzaron la ejecución del delito a través de los
medios adecuados (se subieron al auto de la víctima, la apuntaron con un arma y le comunicaron
sus intenciones delictivas); sin embargo, por causas independientes de su voluntad (que la víctima
5
“...La acusación deberá contener: (...) 4. La expresión de los preceptos jurídicos aplicables;...”
Según la teoría de la disponibilidad fáctica del objeto “habrá tentativa (…) en el robo propio, desde que el autor
comienza a usar la violencia contra las personas o cosas, destinada a apoderarse del bien ajeno. Por su parte, en ambos
delitos habrá frustración, desde el momento en que el agente desapodera a la víctima y le quita a ésta el poder de hecho
que tenía sobre la cosa, obteniendo sólo un apoderamiento material sin disponibilidad, al ser sorprendido in fraganti o
seguido de persecución ininterrumpida (cuasi flagrancia); y consumación, cuando tenga aunque sea por breves instantes la
disponibilidad de hecho sobre la res furtiva. En pocas palabras habrá consumación cuando el agente adquiera ese poder de
disposición material sobre la cosa, y esta posibilidad no se materializa mientras ella pueda ser interrumpida”. (SAIN Silveira,
José Tadeo. El iter criminis de los delitos de hurto y robo en la legislación penal venezolana. Disponible en:
6
http://www.bibliotecapenal.com/jose%20tadeo%20iter%20criminis%20en%20delitos%20de%20hurto%20y%20robo.htm.
Consulta: 28/03/11)
lograra detenerse en frente del Comando de la Guardia Nacional para salir del vehículo) no
realizaron todo lo necesario (por lo que tampoco puede considerarse como frustración), y por
tanto, no pudo perfeccionarse el delito.
De este modo, debió la representación fiscal aludir a dicha disposición, ya que la
consecuencia directa de su omisión deriva en la diferencia de la mitad o hasta las dos terceras
partes de la pena que debe disminuirse en el caso de los delitos cometidos en grado de tentativa…”.