Novena Época Registro: 161623 Instancia: Primera Sala Tesis

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Novena Época
Registro: 161623
Instancia: Primera Sala
Tesis Aislada
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
XXXIV, Julio de 2011
Materia(s): Constitucional
Tesis: 1a. CXXVI/2011
Página: 293
FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA. EL ARTÍCULO 19-A DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN QUE
LA PREVÉ COMO MEDIO PARA QUE LAS PERSONAS MORALES CUMPLAN CON SUS OBLIGACIONES
FISCALES, NO VIOLA EL PRINCIPIO DE EXACTA APLICACIÓN DE LA LEY PENAL.
La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que el principio de
exacta aplicación de la ley penal está dirigido a prohibir la imposición de penas que no estén
establecidas por una ley exactamente aplicable al delito de que se trate. Por otra parte, el artículo
19-A del Código Fiscal de la Federación, establece la forma en que las personas morales deben
cumplir con sus obligaciones fiscales, ya sea a través de su firma electrónica avanzada, o bien, la
de su representante legal, así como las cuestiones atinentes a la tramitación de los datos de
creación de la firma. En ese sentido, dicho precepto, al no establecer una conducta de acción u
omisión típica y antijurídica sancionada con pena de prisión y/o una multa, no puede analizarse a
la luz del principio de exacta aplicación de la ley penal contenido en el artículo 14 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, por ende, no lo viola.
Amparo en revisión 226/2011. 11 de mayo de 2011. Cinco votos. Ponente: José Ramón Cossío
Díaz. Secretaria: Rosalba Rodríguez Mireles.
Amparo en revisión 57/2011. 1o. de junio de 2011. Cinco votos. Ponente: Guillermo I. Ortiz
Mayagoitia. Secretario: Jorge Antonio Medina Gaona.
Novena Época
Registro: 161857
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Tesis Aislada
XXXIII, Junio de 2011
Materia(s): Común
Tesis: I.7o.A.781 A
Página: 1367
EMBARGO DE CUENTAS BANCARIAS CON MOTIVO DE UN CRÉDITO FISCAL EXIGIBLE. PARA QUE
SURTA EFECTOS LA SUSPENSIÓN ES INNECESARIO SATISFACER EL REQUISITO DE EFECTIVIDAD
PREVISTO EN EL ARTÍCULO 135 DE LA LEY DE AMPARO, SI A JUICIO DEL JUEZ DE DISTRITO EL
INTERÉS FISCAL ESTÁ SUFICIENTEMENTE GARANTIZADO MEDIANTE AQUÉL (APLICACIÓN
ANALÓGICA DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 167/2009).
De conformidad con el artículo 135 de la Ley de Amparo, el otorgamiento de la suspensión contra
el cobro de contribuciones y aprovechamientos surtirá efectos previo depósito del total de la
cantidad, en efectivo, a nombre de la Tesorería de la Federación o la de la entidad federativa o del
Municipio que corresponda, el cual tendrá que cubrir el monto de las contribuciones,
aprovechamientos, multas y accesorios que se lleguen a causar, asegurando con ello el interés
fiscal. En otro aspecto, el artículo 145 del Código Fiscal de la Federación dispone que las
autoridades fiscales se encuentran facultadas para exigir el pago de los créditos fiscales que no
hubieran sido cubiertos o garantizados dentro de los plazos legales, a través del procedimiento
administrativo de ejecución, esto es, el crédito se torna exigible, cuando su pago no ha sido
cubierto o garantizado dentro de los plazos legales. Ahora bien, en relación con el embargo de la
negociación mediante su intervención con cargo a la caja, la Segunda Sala de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a./J. 167/2009, publicada en el Semanario Judicial de la
Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXX, octubre de 2009, página 73, de rubro:
"GARANTÍA DEL INTERÉS FISCAL. ES INNECESARIO EL DEPÓSITO DEL TOTAL EN EFECTIVO DEL
CRÉDITO FISCAL Y SUS ACCESORIOS ANTE LA TESORERÍA CORRESPONDIENTE, PARA QUE SURTA
EFECTOS LA SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 135 DE LA LEY DE
AMPARO, SI LA AUTORIDAD PREVIAMENTE PRACTICÓ EMBARGO SOBRE LA NEGOCIACIÓN CON
INTERVENCIÓN CON CARGO A LA CAJA, SIEMPRE QUE A JUICIO DEL JUEZ DE AMPARO EL INTERÉS
FISCAL DEL CRÉDITO EXIGIBLE ESTÉ SUFICIENTEMENTE GARANTIZADO.", determinó que es
innecesario el depósito del total en efectivo del crédito fiscal y sus accesorios ante la tesorería que
corresponda, para que surta efectos la suspensión del acto reclamado en términos del precepto
inicialmente citado, siempre que en opinión del Juez de amparo el interés fiscal del crédito exigible
se encuentre suficientemente garantizado, considerando que el embargo es una de las formas
autorizadas en la fracción V del artículo 141 del mencionado código para garantizarlo. En estas
condiciones, el pronunciamiento del Alto Tribunal resulta aplicable, por analogía, tratándose del
embargo de cuentas bancarias practicado con motivo de un crédito fiscal exigible. Por tanto, para
que surta efectos la suspensión contra el cobro de contribuciones (embargo de cuentas bancarias),
es innecesario que el quejoso satisfaga el requisito de efectividad previsto en el artículo 135 de la
Ley de Amparo, si a juicio del Juez de Distrito el interés fiscal se encuentra suficientemente
garantizado mediante el embargo de las aludidas cuentas.
SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.
Incidente de suspensión (revisión) 125/2011. Roberto Flores Rangel. 9 de marzo de 2011.
Unanimidad de votos. Ponente: F. Javier Mijangos Navarro. Secretario: Juan Daniel Torres Arreola.
Novena Época
Registro: 161811
Tesis Aislada
Materia(s): Administrativa
Tesis: I.7o.A.773 A
Página: 1509
MULTA IMPUESTA POR LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES. LA HIPÓTESIS
PREVISTA EN EL QUINTO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 88 DE LA LEY GENERAL DE ORGANIZACIONES Y
ACTIVIDADES AUXILIARES DEL CRÉDITO, EN CUANTO A QUE SU IMPORTE DEBERÁ SER CUBIERTO
DE INMEDIATO, SE ACTUALIZA UNA VEZ QUE QUEDE FIRME LA RESOLUCIÓN DEL JUICIO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO QUE SE PROMUEVA CONTRA LA RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE
REVOCACIÓN EN QUE SE IMPUGNÓ DICHA SANCIÓN.
El artículo 88 de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito establece
que el incumplimiento o la violación a sus normas y a las disposiciones que emanen de ella, serán
sancionadas con una multa que impondrá administrativamente la Comisión Nacional Bancaria y de
Valores, que se hará efectiva por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y en su quinto
párrafo indica que en caso de que el infractor promueva cualquier medio de defensa legal contra
la multa que se le hubiere aplicado y ésta resulte confirmada, total o parcialmente, su importe
deberá ser cubierto de inmediato, una vez que se notifique al infractor la resolución
correspondiente, lo cual, bajo ninguna circunstancia, otorga libertad de elegir el medio de defensa
que más convenga al infractor, ya que el sexto párrafo de la propia disposición establece que el
medio de defensa procedente para impugnar las indicadas sanciones es el recurso de revocación,
el cual debe promoverse dentro de los quince días hábiles siguientes al de su notificación, y
precisa que éste debe agotarse antes de proceder al ejercicio de cualquier otro medio de
impugnación que, en el caso, es el juicio contencioso administrativo, de conformidad con el
artículo 8o., fracción II de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, en relación
con el diverso precepto 14 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y
Administrativa. Por tanto, la hipótesis prevista en el quinto párrafo del citado artículo 88, en
cuanto a que el importe de las multas deberá cubrirse de inmediato, se actualiza una vez que
quede firme la resolución del señalado juicio que se promueva contra la resolución del recurso de
revocación.
Amparo directo 797/2010. Argo Almacenadora, S.A. de C.V. 23 de febrero de 2011. Unanimidad de
votos. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretaria: Karen Patiño Ortiz.
Novena Época
Registro: 161763
Tesis Aislada
Tesis: XVI.1o.A.T.67 A
Página: 1576
REVISIÓN FISCAL. ES IMPROCEDENTE DICHO RECURSO CONTRA SENTENCIAS DEL TRIBUNAL
FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA QUE DECLAREN LA NULIDAD DE UNA MULTA
FISCAL POR CARECER DE LA DEBIDA MOTIVACIÓN EN CUANTO A SU ACTUALIZACIÓN.
La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis
que dio origen a la jurisprudencia 2a./J. 150/2010, publicada en el Semanario Judicial de la
Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXII, diciembre de 2010, página 694, de rubro:
"REVISIÓN FISCAL. ES IMPROCEDENTE CONTRA LAS SENTENCIAS DEL TRIBUNAL FEDERAL DE
JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA QUE SÓLO DECLAREN LA NULIDAD DEL ACTO
ADMINISTRATIVO IMPUGNADO POR FALTA DE FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN.", se basó en la
diversa jurisprudencia 2a./J. 220/2007, difundida en los mencionados medio y Época, Tomo XXVI,
diciembre de 2007, página 217, intitulada: "REVISIÓN FISCAL. ES IMPROCEDENTE DICHO RECURSO
CONTRA LAS SENTENCIAS DE LAS SALAS REGIONALES DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y
ADMINISTRATIVA QUE DECLAREN LA NULIDAD POR VICIOS FORMALES DE LA RESOLUCIÓN DEL
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL RELATIVA AL GRADO DE RIESGO DE LAS EMPRESAS.", y
concluyó que la intención del legislador al instaurar el recurso de revisión fiscal previsto en el
artículo 63 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, fue dotarlo de un
carácter excepcional en cuanto a su procedencia, por lo que cuando se declare la nulidad de un
acto por falta de fundamentación y motivación, dicho medio de impugnación es improcedente,
pues "en ese tipo de sentencias", acotó el Alto Tribunal, no se emite pronunciamiento alguno que
implique la declaración de un derecho ni la exigibilidad de una obligación, sino que solamente se
limitan al análisis de la posible carencia de determinadas formalidades elementales que debe
revestir todo acto o procedimiento administrativo para ser legal. Por tanto, el mencionado recurso
es improcedente contra sentencias del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa que
declaren la nulidad de una multa fiscal por carecer de la debida motivación en cuanto a su
actualización, porque ello sólo se contrae al análisis de formalidades -falta de razonamientos- no
cumplidas al actualizar tal sanción.
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO DEL DÉCIMO SEXTO
CIRCUITO.
Revisión fiscal 169/2010. Administradora Local Jurídica de Celaya. 10 de diciembre de 2010.
Unanimidad de votos. Ponente: Jesús de Ávila Huerta. Secretario: Rogelio Zamora Menchaca.
Revisión fiscal 184/2010. Administradora Local Jurídica de Celaya. 13 de enero de 2011.
Unanimidad de votos. Ponente: Víctor Manuel Estrada Jungo. Secretario: Erubiel Ernesto Gutiérrez
Castillo.
Revisión fiscal 195/2010. Administradora Local Jurídica de Celaya. 13 de enero de 2011.
Unanimidad de votos. Ponente: Jesús de Ávila Huerta. Secretario: Salvador Ortiz Conde.
Novena Época
Registro: 161979
Tesis Aislada
XXXIII, Mayo de 2011
Tesis: I.16o.A.16 A
Página: 1288
REVISIÓN FISCAL. ES IMPROCEDENTE DICHO RECURSO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 63, FRACCIÓN
III, DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, CONTRA
SENTENCIAS DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA RELATIVAS A MULTAS
IMPUESTAS POR LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN.
La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a./J. 50/2003,
publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVII, junio
de 2003, página 252, con el rubro: "MULTAS IMPUESTAS POR EL PODER JUDICIAL DE LA
FEDERACIÓN. SON APROVECHAMIENTOS QUE CONSTITUYEN UN CRÉDITO FISCAL.", estableció,
esencialmente, que las multas que impone el Poder Judicial de la Federación, no están
comprendidas dentro de la clasificación que el artículo 2o. del Código Fiscal de la Federación hace
de las contribuciones, dado que no son impuestos, aportaciones de seguridad social,
contribuciones de mejoras, derechos, ni accesorios de las contribuciones, ya que su imposición no
tiene origen en el ejercicio de la potestad tributaria, sino en facultades admonitorias y
sancionatorias, establecidas legalmente por la inobservancia, violación o abuso de deberes
relacionados con el acceso, procuración y administración de justicia, por lo que deben catalogarse
como multas no fiscales. En estas condiciones, si el artículo 63, fracción III, de la Ley Federal de
Procedimiento Contencioso Administrativo dispone diversos casos de procedencia del recurso de
revisión fiscal contra las resoluciones dictadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el
Servicio de Administración Tributaria o por autoridades fiscales de las entidades federativas
coordinadas en ingresos federales, es indispensable que se refieran a la materia tributaria. Por
tanto, es improcedente el recurso de revisión fiscal en términos de dicha porción normativa,
contra sentencias del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa relativas a multas
impuestas por los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, pues aun cuando
para hacer efectiva la sanción la autoridad fiscal ejerza sus facultades exactoras, siguiendo el
procedimiento administrativo de ejecución, no por ello varía la naturaleza del crédito cuyo pago se
requiere.
DÉCIMO SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.
Revisión fiscal 597/2009. Administrador Local Jurídico del Oriente del Distrito Federal, unidad
administrativa encargada de la defensa jurídica del Secretario de Hacienda y Crédito Público y de
la autoridad demandada, Administrador Local de Recaudación del Oriente del Distrito Federal. 17
de febrero de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: Carlos Amado Yáñez. Secretaria: María Elena
Bautista Cuéllar.
Revisión fiscal 605/2010. Administrador Local Jurídico del Centro del Distrito Federal, unidad
administrativa encargada de la defensa jurídica del Secretario de Hacienda y Crédito Público y de
la autoridad demandada, Administrador Local de Recaudación del Centro del Distrito Federal. 12
de enero de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: María Guadalupe Molina Covarrubias.
Secretaria: Nélida Murguía Soto.
Novena Época
Registro: 162745
Tesis Aislada
XXXIII, Febrero de 2011
Tesis: III.2o.T.Aux.22 A
Página: 2381
RECONSIDERACIÓN DE LA MULTA IMPUESTA CON MOTIVO DE LA INSPECCIÓN EN MATERIA
AMBIENTAL PREVISTA EN EL PENÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 169 DE LA LEY GENERAL DEL
EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE. LA DETERMINACIÓN RELATIVA ES
IMPUGNABLE MEDIANTE EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL, ÚNICAMENTE
PARA ANALIZARLA EN CUANTO AL MONTO FIJADO.
De acuerdo con el citado numeral, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente puede
revocar o modificar la multa impuesta con motivo de la inspección en materia ambiental, en los
casos en que el infractor realice las medidas correctivas o de urgente aplicación, o subsane las
irregularidades detectadas en los plazos ordenados. Así, la determinación relativa refleja la
voluntad definitiva de dicha autoridad respecto del quántum de la sanción impuesta, por lo que en
su contra procede el juicio contencioso administrativo, de conformidad con el artículo 14, fracción
XI, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, únicamente para
analizar la resolución en cuanto al monto fijado, ya que los motivos que la autoridad tuvo para
imponerla no son materia de la reconsideración.
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO AUXILIAR, CON RESIDENCIA EN GUADALAJARA, JALISCO.
Amparo directo 690/2010. Soluciones Ambientales para la Industria, S.C. 23 de septiembre de
2010. Unanimidad de votos. Ponente: Juan Manuel Rochín Guevara. Secretario: Juan Carlos
Sánchez Cabral.
Novena Época
Registro: 163001
Jurisprudencia
XXXIII, Enero de 2011
Materia(s): Penal
Tesis: 1a./J. 87/2010
Página: 423
SANCIÓN PECUNIARIA TRATÁNDOSE DE DELITOS FISCALES. EL ARTÍCULO 94 DEL CÓDIGO FISCAL
DE LA FEDERACIÓN, DEROGADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA
FEDERACIÓN EL 28 DE JUNIO DE 2006, AL PREVER QUE LA AUTORIDAD JUDICIAL NO IMPONDRÁ
AQUÉLLA, CONTIENE UN DERECHO SUSTANTIVO QUE DEBE APLICARSE ULTRACTIVAMENTE A
FAVOR DEL GOBERNADO, EN CUMPLIMIENTO AL PRINCIPIO DE EXACTA APLICACIÓN DE LA LEY.
Si se tiene en cuenta que la disposición de no imponer sanciones pecuniarias en los delitos fiscales,
prevista en el artículo 94 del Código Fiscal de la Federación, derogado mediante Decreto publicado
en el Diario Oficial de la Federación el 28 de junio de 2006, es un derecho sustantivo del
gobernado y no una cuestión meramente adjetiva o procesal, al involucrar una prohibición a la
facultad de la autoridad judicial de imponer sanciones, que conforme a los artículos 24 y 29 del
Código Penal Federal, constituyen las penas y medidas de seguridad que incluyen la multa y la
reparación del daño, es indudable que al artículo primeramente citado le es aplicable el principio
de exacta aplicación de la ley vigente en el momento de cometerse el hecho delictivo, que emana
del segundo párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en
cuanto a la aplicación ultractiva de la ley a favor del indiciado, procesado, acusado o
sentenciado. Lo anterior significa que al resolver sobre el particular debe aplicarse la ley más
benéfica, de manera que si el delito fiscal se cometió durante la vigencia del precepto derogado,
éste debe aplicarse ultractivamente a favor del gobernado, dado que otorga el beneficio a no ser
sancionado pecuniariamente por la autoridad judicial. Lo anterior sin conceder que en aplicación
ultractiva del artículo derogado, las autoridades administrativas, con arreglo a las leyes fiscales,
podrán hacer efectivas las contribuciones omitidas, los recargos y las sanciones administrativas
correspondientes, sin que ello afecte el procedimiento penal.
Contradicción de tesis 65/2010. Entre las sustentadas por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia
Penal del Primer Circuito y el Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Segundo Circuito. 8 de
septiembre de 2010. Cinco votos. Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Secretario: Rogelio
Alberto Montoya Rodríguez.
Tesis de jurisprudencia 87/2010. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de
fecha veintisiete de octubre de dos mil diez.
Novena Época
Registro: 163181
Instancia: Segunda Sala
Jurisprudencia
XXXIII, Enero de 2011
Tesis: 2a./J. 201/2010
Página: 662
DECLARACIÓN COMPLEMENTARIA. SU PRESENTACIÓN NO EXIME LA IMPOSICIÓN DE LA MULTA
CORRESPONDIENTE DERIVADA DE UNA DECLARACIÓN ANTERIOR EN LA QUE SE EFECTUÓ UNA
COMPENSACIÓN Y SE OMITIÓ DAR EL AVISO RESPECTIVO EN EL PLAZO ESTABLECIDO EN EL
ARTÍCULO 23 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN.
El artículo 32 del Código Fiscal de la Federación faculta al contribuyente, a través de las
declaraciones complementarias, a modificar las declaraciones presentadas con anterioridad, en las
cuales puede asentar nuevos datos o modificar la autoliquidación efectuada en las declaraciones
precedentes. Ahora bien, la presentación de declaraciones complementarias no conlleva a dejar
insubsistente la multa impuesta por la autoridad en caso de que el contribuyente en una
declaración anterior hubiere efectuado una compensación y no hubiere presentado el aviso
respectivo dentro de los cinco días siguientes acorde con el artículo 23 del mismo Código Fiscal,
pues conforme a la teoría de los componentes de la norma, los efectos de los actos jurídicos se
proyectan hacia el futuro, sin que puedan destruir los producidos con anterioridad por otro acto
jurídico válido, por lo cual, conforme al análisis de la norma que regula el aviso de compensación,
si se omite presentarlo se produce la sanción correspondiente; en ese sentido, las declaraciones
complementarias no destruyen los efectos jurídicos definitivos producidos por la declaración
primigenia. Por ello, la declaración complementaria puede subsanar omisiones o errores de la
declaración anterior, sin que esto signifique dejar insubsistentes las consecuencias producidas con
anterioridad. No es óbice a lo anterior la reforma al artículo 32 del código tributario mediante
decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 4 de junio de 2009, que estableció que las
declaraciones complementarias sustituyen a la anterior, ya que en atención a la exposición de
motivos relativa, la reforma únicamente tuvo por efecto simplificar las obligaciones tributarias y
no modificar el esquema del aviso de compensación ni la imposición de la multa correspondiente.
Contradicción de tesis 328/2010. Entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado en
Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito y el entonces Tribunal Colegiado en
Materia Administrativa del Sexto Circuito, actual Primero en la misma materia y circuito. 24 de
noviembre de 2010. Cinco votos. Ponente: Sergio A. Valls Hernández. Secretaria: Paola Yaber
Coronado.
Tesis de jurisprudencia 201/2010. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión
privada del uno de diciembre de dos mil diez.
Novena Época
Registro: 163466
Tesis Aislada
XXXII, Noviembre de 2010
Tesis: III.2o.A.242 A
Página: 1449
JEFES DE LAS OFICINAS DE RECAUDACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN METROPOLITANA
DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO. PUEDEN REQUERIR LA
PRESENTACIÓN DE DECLARACIONES, EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES OMITIDAS E IMPONER
MULTAS EN MATERIA FISCAL FEDERAL A UN CONTRIBUYENTE CUYO DOMICILIO SE ENCUENTRE EN
LOS MUNICIPIOS DE GUADALAJARA, TLAQUEPAQUE, TONALÁ O ZAPOPAN, AUN CUANDO LA
OFICINA CORRESPONDIENTE ESTÉ EN EL PRIMERO DE ÉSTOS, SIN QUE DEBAN DEMOSTRAR QUE
LES FUERON DELEGADAS TALES FACULTADES.
Conforme al Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Jalisco
en sus artículos 19, primer párrafo, fracción LI, numerales 2), 15), 27), 32) y 33) y último párrafo,
20, primer párrafo, fracción IV, inciso 2), 21, segundo párrafo y 27, primer párrafo, fracción XXII,
los jefes de las oficinas de recaudación de la Dirección de Recaudación Metropolitana de la
mencionada dependencia, ejercerán sus facultades en toda la Zona Metropolitana de Guadalajara,
la cual abarca los Municipios de Guadalajara, Tlaquepaque, Tonalá y Zapopan. Ahora bien, entre
las facultades con las que cuentan los mencionados servidores públicos está la de requerir la
presentación de declaraciones, el cumplimiento de obligaciones omitidas e imponer multas en
materia fiscal federal, por lo que aun cuando una de esas oficinas esté en el primero de los
referidos Municipios, su titular puede ejercer las indicadas atribuciones respecto de un
contribuyente cuyo domicilio se encuentre en cualquiera de los señalados y, por ende, debe
considerarse que actuó legalmente dentro de su circunscripción territorial, sin que deba
demostrar que le fueron delegadas tales facultades.
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO.
Revisión fiscal 498/2009. Jefe del Servicio de Administración Tributaria. 3 de junio de 2010.
Unanimidad de votos. Ponente: Tomás Gómez Verónica. Secretario: Guillermo García Tapia.
Novena Época
Registro: 163459
Tesis Aislada
XXXII, Noviembre de 2010
Tesis: I.9o.A.122 A
Página: 1454
MULTAS IMPUESTAS POR LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES DEL PODER JUDICIAL DE LA
FEDERACIÓN. EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA SÓLO PUEDE
EXAMINAR LAS ACTUACIONES DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO PARA HACERLAS
EFECTIVAS, PERO NO AQUÉLLAS EN SÍ MISMAS CONSIDERADAS, POR SUS FUNDAMENTOS Y
MOTIVOS.
En términos del artículo 14 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y
Administrativa, dicho órgano puede analizar la legalidad de los actos de la autoridad
administrativa, entre otros, los créditos fiscales; no obstante, tratándose de las multas impuestas
por los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, sólo puede examinar las
actuaciones del procedimiento administrativo para hacerlas efectivas, pero no aquéllas en sí
mismas consideradas, por sus fundamentos y motivos, sin que ello implique que se divida la
continencia de la causa en el juicio contencioso administrativo federal o se rompan aspectos
procesales, en tanto que se trata de actos distintos e independientes, uno jurisdiccional y otro
administrativo. Lo anterior es así, porque no existe fundamento para que el indicado tribunal
examine la legalidad de los actos de un Juez de Distrito, pues para ello existen otros medios de
defensa, ya sea en el proceso o fuera de él, a través de los cuales pudieran someterse a escrutinio
las actuaciones de dicho juzgador.
NOVENO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.
Amparo directo 258/2010. Marisol Beltrán Onofre. 3 de junio de 2010. Unanimidad de votos.
Ponente: Osmar Armando Cruz Quiroz. Secretaria: María del Carmen Vega Sánchez.
Novena Época
Registro: 163603
Jurisprudencia
XXXII, Octubre de 2010
Tesis: XVI.1o.A.T. J/19
Página: 2785
MULTAS DERIVADAS DE LA VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES DE LOS
CONTRIBUYENTES. SU NULIDAD POR VICIOS FORMALES DEBE SER LISA Y LLANA, AL HABERSE
ORIGINADO CON MOTIVO DEL EJERCICIO DE FACULTADES DISCRECIONALES DE LA AUTORIDAD.
La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis
158/2005-SS, de la que derivó la jurisprudencia 2a./J. 149/2005, de rubro: "MULTAS FISCALES QUE
NO CUMPLEN CON LA FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. DEBE ATENDERSE A LA GÉNESIS DE LA
RESOLUCIÓN IMPUGNADA Y DECRETAR LA NULIDAD PREVISTA EN EL ARTÍCULO 239, FRACCIÓN III,
Y ÚLTIMO PÁRRAFO, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, POR DERIVAR AQUÉLLAS DEL
EJERCICIO DE FACULTADES DISCRECIONALES.", consultable en el Tomo XXII, diciembre de 2005,
página 366, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, reiteró lo
considerado por el Pleno del propio Alto Tribunal en la diversa contradicción de tesis 2/97, en el
sentido de que para determinar cuándo la sentencia de nulidad obliga a la autoridad
administrativa a dictar una nueva resolución y cuándo no debe tener tales efectos, debe acudirse a
la génesis de la resolución impugnada para saber si se originó con motivo de un trámite o
procedimiento de pronunciamiento forzoso o con motivo del ejercicio de una facultad
discrecional. Así, en el primer caso, la reparación de la violación no se colma con la simple
declaración de nulidad, sino que es preciso que se obligue a la autoridad a dictar otra para no
dejar incierta la situación jurídica del administrado. En cambio, en el segundo, si el tribunal declara
la nulidad de la resolución no puede, válidamente, obligar a la autoridad administrativa a que dicte
nueva resolución ante la discrecionalidad que la ley le otorga para decidir si debe obrar o debe
abstenerse y para determinar cuándo y cómo debe hacerlo, pues ello perjudicaría al administrado
en vez de beneficiarlo, al obligar a la autoridad a actuar cuando ésta pudiera abstenerse de
hacerlo, pero tampoco puede impedir que la autoridad administrativa pronuncie nueva resolución
porque, con tal efecto, le estaría coartando su poder de elección. En esa virtud, la nulidad por
vicios formales de las multas derivadas de la verificación del cumplimiento de obligaciones fiscales
de los contribuyentes, al haberse originado con motivo del ejercicio de facultades discrecionales
de la autoridad, pues no provienen de una instancia, recurso o petición del gobernado, es decir, de
un trámite o procedimiento de pronunciamiento forzoso, debe ser lisa y llana, como lo estatuye la
fracción II del artículo 52 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.
CIRCUITO.
Amparo directo 241/2010. Diseño Electrónico y Automatización, S.A. de C.V. 18 de junio de 2010.
Unanimidad de votos. Ponente: Víctor Manuel Estrada Jungo. Secretario: José Juan Múzquiz
Gómez.
Amparo directo 246/2010. Manuel de Jesús Barrera Cervantes. 18 de junio de 2010. Unanimidad
de votos. Ponente: Ariel Alberto Rojas Caballero. Secretario: Juan Carlos Nava Garnica.
Amparo directo 263/2010. José Arreguín Rodríguez. 25 de junio de 2010. Unanimidad de votos.
Ponente: Ariel Alberto Rojas Caballero. Secretaria: Silvia Vidal Vidal.
Amparo directo 289/2010. Jaime Norberto Bautista Estrada. 2 de julio de 2010. Unanimidad de
votos. Ponente: Jesús de Ávila Huerta. Secretario: Rogelio Zamora Menchaca.
Amparo directo 287/2010. **********. 9 de julio de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: Víctor
Manuel Estrada Jungo. Secretario: Juan Carlos Nava Garnica.
Nota: La parte conducente de las ejecutorias relativas a las contradicciones de tesis 158/2005-SS y
2/97 citadas, aparecen publicadas en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena
Época, Tomos XXIII, enero de 2006 y VIII, septiembre de 2008, páginas 1529 y 7, respectivamente.
Novena Época
Registro: 163670
Tesis Aislada
Tesis: I.7o.A.737 A
Página: 2915
COMPETENCIA TERRITORIAL DEL JEFE DE LA UNIDAD DE REVISIÓN Y LIQUIDACIÓN FISCAL DE LA
COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA. PARA FUNDARLA DEBIDAMENTE AL DETERMINAR UN CRÉDITO
FISCAL, BASTA CON QUE ÉSTE CITE LOS PRECEPTOS QUE LO FACULTEN PARA ELLO, ATENTO A QUE
LA NORMATIVA CORRESPONDIENTE NO CIRCUNSCRIBE EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES A UN
ÁMBITO ESPACIAL DETERMINADO, SINO QUE LO AUTORIZA A NIVEL NACIONAL.
De los artículos 45, fracción XI y 55, fracciones IV, V, VI, IX y XIV, del Reglamento Interior de la
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, se advierte que la Comisión Nacional del
Agua contará, entre otras unidades, con la Unidad de Revisión y Liquidación Fiscal, con facultades
para revisar la situación fiscal de los usuarios y contribuyentes y, en su caso, proceder a la
determinación, liquidación, notificación, cobro y recaudación de los créditos fiscales, así como
para imponer las sanciones y multas que, en su caso, correspondan; potestades que también se
encuentran establecidas en los diversos numerales 4o. y 9o., fracción X, de la Ley de Aguas
Nacionales, en su texto vigente hasta el 29 de abril de 2004 y 9o., fracciones VIII, IX y X, de su
reglamento, de los cuales se colige además, que la mencionada comisión es un órgano del
Ejecutivo Federal que ejerce sus funciones a nivel nacional. En esas condiciones, para fundar
debidamente la competencia territorial del jefe de la señalada unidad al determinar un crédito
fiscal, basta con que cite los indicados preceptos que lo facultan para ello, atento a que, se reitera,
la invocada normativa no circunscribe el ejercicio de sus funciones a un ámbito espacial
determinado.
Revisión fiscal 153/2010. Gerente de lo Contencioso de la Subdirección General Jurídica de la
Comisión Nacional del Agua, encargado de la defensa jurídica del Subdirector General Jurídico de
esa Comisión. 18 de agosto de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: F. Javier Mijangos Navarro.
Secretario: Juan Daniel Torres Arreola.
Novena Época
Registro: 163644
Tesis Aislada
Tesis: III.1o.T.Aux.13 A
Página: 2988
DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 95 BIS DE LA LEY GENERAL
DE ORGANIZACIONES Y ACTIVIDADES AUXILIARES DEL CRÉDITO, APLICABLES A LAS PERSONAS QUE
REALICEN LAS OPERACIONES A QUE ALUDE EL ARTÍCULO 81-A DEL MISMO ORDENAMIENTO. LA
REGLA TRIGÉSIMA TERCERA DE LA RESOLUCIÓN POR LA QUE SE EXPIDEN, PUBLICADA EN EL
DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 14 DE MAYO DE 2004, AL PREVER QUE EL SERVICIO DE
ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA VIGILARÁ QUE LOS SUJETOS OBLIGADOS INCLUYENDO, EN SU
CASO, SUS OFICINAS, SUCURSALES, AGENCIAS, FILIALES, LOCALES O ESTABLECIMIENTOS, TANTO
EN TERRITORIO NACIONAL COMO EN EL EXTRANJERO, CUMPLAN CON LAS OBLIGACIONES QUE
AQUÉLLAS ESTABLECEN, IMPLÍCITAMENTE ESTATUYE UNA FACULTAD DE INTROMISIÓN EN EL
DOMICILIO DE LOS SUJETOS INSPECCIONADOS.
De los artículos 81, 81-A y 95 Bis de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del
Crédito, así como 17, fracción XXIX y 19, apartado A, fracción I, del Reglamento Interior del
Servicio de Administración Tributaria se advierte, entre otras cosas, lo siguiente: a) se requiere
autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para realizar, en forma habitual y
profesional, operaciones de compra, venta y cambio de divisas, incluyendo las que se lleven a cabo
mediante transferencia o transmisión de fondos dentro del territorio nacional, salvo las
excepciones legalmente previstas; b) las sociedades financieras de objeto múltiple, las personas
que realicen las actividades a que se refiere el numeral 81-A y los transmisores de dinero, en
términos de las disposiciones de carácter general que emita la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público, escuchando la previa opinión del Servicio de Administración Tributaria, estarán obligadas,
adicionalmente, a cumplir con las obligaciones contempladas en el invocado precepto 95 Bis; c) La
violación a esas disposiciones será sancionada por el Servicio de Administración Tributaria, con
multa de hasta cien mil días de salario mínimo general diario vigente en el Distrito Federal, que
podrán imponerse a las sociedades financieras de objeto múltiple, a las personas que realicen las
actividades a que se refiere el anotado numeral 81-A y a los transmisores de dinero, entre otros; y,
d) el Servicio de Administración Tributaria, a través de sus Administraciones General y Local de
Auditoría Fiscal, tendrá la facultad de supervisar, vigilar e inspeccionar el cumplimiento y
observancia de lo establecido en el citado numeral 95 Bis, así como por las señaladas disposiciones
de carácter general. Ahora bien, la regla trigésima tercera de la Resolución por la que se expiden
las disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 95 Bis de la Ley General de
Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, aplicables a las personas que realicen las
operaciones a que alude el numeral 81-A del mismo ordenamiento, publicada en el Diario Oficial
de la Federación el 14 de mayo de 2004, al prever que el Servicio de Administración Tributaria, en
ejercicio de sus facultades de supervisión, vigilará que los sujetos obligados incluyendo, en su caso,
sus oficinas, sucursales, agencias, filiales, locales o establecimientos, tanto en territorio nacional
como en el extranjero, cumplan con las obligaciones que tales disposiciones establecen,
implícitamente estatuye una facultad de intromisión en el domicilio de los sujetos inspeccionados,
pues de otra forma no podría cumplir con dichas facultades de supervisión y, en su caso, imponer
las sanciones correspondientes por falta de su observancia.
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO AUXILIAR, CON RESIDENCIA EN GUADALAJARA, JALISCO.
Revisión fiscal 541/2010. Administrador Local Jurídico de Guadalajara Sur. 8 de julio de 2010.
Unanimidad de votos. Ponente: Miguel Lobato Martínez. Secretario: Humberto Quiroz Mares.
Nota: Esta tesis fue objeto de la denuncia relativa a la contradicción de tesis 232/2011, resuelta
por la Segunda Sala el 13 de julio de 2011.
Novena Época
Registro: 163778
Jurisprudencia
XXXII, Septiembre de 2010
Tesis: XIV.C.A. J/26
Página: 1097
MULTA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 304 DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL. PARA CONSIDERARLA
DEBIDAMENTE FUNDADA Y MOTIVADA ES INNECESARIO DESGLOSAR EN LA CÉDULA DE
LIQUIDACIÓN RELATIVA, LOS CONCEPTOS DEL DOCUMENTO QUE CONTIENE EL CRÉDITO FISCAL
DETERMINADO, OPORTUNAMENTE NOTIFICADO, CUYO INCUMPLIMIENTO DE PAGO SE
SANCIONÓ.
Cuando los obligados al pago de cuotas obrero patronales al Instituto Mexicano del Seguro Social
omitan su pago en términos de ley, a pesar de la notificación oportuna de los cargos resultantes y,
por ello, les sea impuesta la multa prevista en el artículo 304 de la Ley del Seguro Social, basta la
descripción de los créditos notificados no pagados y su importe, la mención del incumplimiento, el
porcentaje que se aplica sobre el monto del concepto fiscal omitido, así como el de la multa, para
que ésta se considere debidamente fundada y motivada, por lo que para tal efecto es innecesario
que en las cédulas de liquidación por concepto de dicha sanción se desglose por ejemplo, de qué
manera se determinaron los seguros, cuántas cuotas se dejaron de cubrir, respecto de qué
trabajadores y en qué cantidades, porque tales conceptos forman parte del documento que
contiene el crédito fiscal determinado (cédula de liquidación de cuotas obrero patronales), cuyo
incumplimiento de pago se sancionó.
TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS CIVIL Y ADMINISTRATIVA DEL DÉCIMO CUARTO CIRCUITO.
Amparo directo 593/2009. Construcciones y Proyectos Brisa, S.A. de C.V. 9 de diciembre de 2009.
Unanimidad de votos. Ponente: Elvira Concepción Pasos Magaña. Secretario: Leopoldo de Jesús
Cortés Esponda.
Amparo directo 558/2009. Construcciones y Servicios Navales, S.A. de C.V. 13 de enero de 2010.
Unanimidad de votos. Ponente: Luis Armando Cortés Escalante. Secretario: José Emilio Montalvo
Osorio.
Amparo directo 663/2009. Construcciones y Proyectos Brisa, S.A. de C.V. 20 de enero de 2010.
Unanimidad de votos. Ponente: Gabriel Alfonso Ayala Quiñones. Secretario: Germán Alberto
Escalante Aguilar.
Amparo directo 158/2010. Soportes y Servicios Brisa, S.A. de C.V. 19 de mayo de 2010.
Unanimidad de votos. Ponente: Gabriel Alfonso Ayala Quiñones. Secretario: Germán Alberto
Escalante Aguilar.
Amparo directo 217/2010. **********. 7 de julio de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: Elvira
Concepción Pasos Magaña. Secretaria: Concepción II Loeza Güemez.
Novena Época
Registro: 163868
Tesis Aislada
XXXII, Septiembre de 2010
Página: 1192
COMPETENCIA EN AMPARO INDIRECTO PARA CONOCER DE LA NEGATIVA DE CONDONACIÓN DE
UNA MULTA FISCAL. SE SURTE EN FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO QUE EJERZA JURISDICCIÓN EN EL
LUGAR DONDE TIENE SU DOMICILIO FISCAL EL CONTRIBUYENTE.
Si bien es cierto que la negativa de la autoridad de condonar una multa fiscal no requiere de
ejecución material directa, pues ésta se despliega respecto del acto que, de origen, impuso el
gravamen, también lo es que al implicar el rechazo de dar curso a una solicitud para que esa
afectación preexistente (multa primigenia) se modifique, se traduce en un efecto positivo que
condiciona esa ejecución y posibilita la actuación material del ente hacendario, porque de no
enterarse la cantidad establecida, el procedimiento administrativo de ejecución continuará hasta
lograr su recuperación. En esa virtud, es competente para conocer de dicha determinación
administrativa el Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el lugar en donde se hará efectiva la
multa, con fundamento en el primer párrafo del artículo 36 de la Ley de Amparo, es decir, aquel
donde tiene su domicilio fiscal el contribuyente.
CIRCUITO.
Competencia 8/2010. Suscitada entre los Juzgados Primero y Octavo de Distrito en el Estado de
Guanajuato, con residencia en Guanajuato y Celaya, respectivamente. 25 de junio de 2010.
Unanimidad de votos. Ponente: Ariel Alberto Rojas Caballero. Secretario: Miguel Ángel González
Escalante.
Novena Época
Registro: 164036
Tesis Aislada
XXXII, Agosto de 2010
Tesis: VI.1o.A.293 A
Página: 2295
ÍNDICE NACIONAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR. POR SEGURIDAD JURÍDICA LA AUTORIDAD
EXACTORA ESTÁ OBLIGADA A SEÑALAR EN EL ACTO ADMINISTRATIVO LA FECHA DE PUBLICACIÓN
EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, DE LOS ELEMENTOS DE COTIZACIÓN SEÑALADOS EN
LAS FRACCIONES I Y II DEL ARTÍCULO 20 BIS DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, POR SER
INTEGRANTES DE AQUÉL.
Si de conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del mencionado artículo 20 Bis del Código
Fiscal de la Federación, los elementos de cotización señalados en las fracciones I y II del citado
numeral, deben ser publicados en el Diario Oficial de la Federación, por ser integrantes de los
propios índices Nacionales de Precios al Consumidor, y ser estos actos de observancia general por
formar parte del sistema previsto por el legislador para la determinación, entre otros, de las
actualizaciones de crédito, recargos y multas, entonces, las autoridades fiscalizadoras, al imponer
una cantidad actualizada con base en esos índices, deben citar la fecha de publicación en el Diario
Oficial de la Federación de éstos (INPC) y de los elementos utilizados para su cotización, lo anterior
a fin de salvaguardar la seguridad jurídica y las defensas del contribuyente afectado, pues de este
modo se proporciona certidumbre acerca de todos los elementos utilizados por la autoridad para
determinar las actualizaciones, y así el afectado estará, si así conviene a sus intereses, en
posibilidad de impugnar los referidos índices y sus elementos de cotización.
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEXTO CIRCUITO.
Revisión fiscal 62/2010. Administrador Local Jurídico de Puebla Sur y otras. 9 de junio de 2010.
Unanimidad de votos. Ponente: Francisco Javier Cárdenas Ramírez. Secretaria: Angélica Torres
Fuentes.
Nota: Esta tesis fue objeto de la denuncia relativa a la contradicción de tesis 59/2011, de la que
derivó la tesis jurisprudencial 2a./J. 66/2011 de rubro: "ÍNDICE NACIONAL DE PRECIOS AL
CONSUMIDOR. FUNDAMENTACIÓN DE UNA RESOLUCIÓN DETERMINANTE DE UN CRÉDITO FISCAL
ACTUALIZADO."
Novena Época
Registro: 163901
Tesis Aislada
XXXII, Agosto de 2010
Página: 2424
VISITA DOMICILIARIA A GASOLINERAS. AL PRECISARSE EN LA ORDEN RELATIVA COMO SU OBJETO
LA FISCALIZACIÓN EN MATERIA DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, LA AUTORIDAD ESTÁ
FACULTADA PARA REVISAR LA CONTABILIDAD DEL CONTRIBUYENTE Y, EN SU CASO, PARA
IMPONER LA MULTA CORRESPONDIENTE POR INCUMPLIR CON LA OBLIGACIÓN DE CONTAR CON
CONTROLES VOLUMÉTRICOS Y MANTENERLOS EN TODO MOMENTO EN OPERACIÓN.
Al precisarse en la orden de visita domiciliaria como su objeto la fiscalización en materia del
impuesto al valor agregado, la autoridad está facultada para revisar la contabilidad del
contribuyente que en términos del artículo 32, fracción I, de la Ley del Impuesto al Valor
Agregado, se encuentra obligado a llevar conforme al Código Fiscal de la Federación y, en su caso,
para imponer la multa correspondiente por incumplir el artículo 28, fracción V, del mencionado
código, que señala la obligación a las personas que enajenen gasolina, diesel, gas natural para
combustión automotriz o gas licuado de petróleo para combustión automotriz, en
establecimientos abiertos al público en general, de contar con controles volumétricos y
mantenerlos en todo momento en operación, los que formarán parte de su contabilidad. Así, la
revisión de estos equipos -controles volumétricos- debe entenderse como el examen de
contabilidad, es decir, de una obligación formal estrechamente vinculada con la de pago del
tributo, pues aquéllos son un medio de control en la recaudación, para que la autoridad
hacendaria pueda llevar una adecuada vigilancia y comprobar el cumplimiento de requisitos
conforme a los cuales los gobernados deben contribuir al gasto público.
Revisión fiscal 9/2010. Administrador Local Jurídico de Guadalajara. 22 de abril de 2010.
Revisión fiscal 325/2009. Administrador Local Jurídico de Guadalajara. 22 de abril de 2010.
Novena Época
Registro: 164375
Jurisprudencia
XXXII, Julio de 2010
Tesis: XIX.1o.A.C. J/22
Página: 1738
COMPETENCIA MATERIAL DE LA AUTORIDAD FISCAL. PARA QUE SE CONSIDERE DEBIDAMENTE
FUNDADA TRATÁNDOSE DE LA RESOLUCIÓN QUE IMPONE UNA MULTA ANTE EL
INCUMPLIMIENTO DE UN REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN, ES
INNECESARIO QUE SE REITERE EL FUNDAMENTO DE ÉSTE, SI EL CONTRIBUYENTE LO CONOCÍA
DESDE QUE SE LE REQUIRIÓ.
Si mediante el requerimiento de información y documentación que se le formuló, el contribuyente
se enteró del fundamento de la competencia material de la autoridad fiscal para ejercer esa
facultad, es innecesario que ésta lo reitere en la resolución que impone una multa ante el
incumplimiento de tal solicitud, para que aquélla se considere debidamente fundada, pues es
evidente que con antelación el particular tuvo la posibilidad de corroborar si la autoridad actuó en
el ámbito de sus atribuciones para, en su caso, realizar la objeción respectiva, máxime si en la
determinación sancionadora se vinculan ambos actos, es decir, se asienta que se impuso la multa
por el incumplimiento al indicado requerimiento.
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y CIVIL DEL DÉCIMO NOVENO
CIRCUITO.
Revisión fiscal 4/2010. Administrador Local Jurídico de Ciudad Victoria, Tamaulipas, unidad
administrativa encargada de la defensa jurídica del Secretario de Hacienda y Crédito Público, del
Jefe del Servicio de Administración Tributaria y del Administrador Local de Auditoría Fiscal de
Tampico, Tamaulipas. 25 de marzo de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: Pedro Guillermo Siller
González Pico. Secretaria: Leticia Razo Osejo.
Jefe del Servicio de Administración Tributaria y de la Administración Local de Auditoría Fiscal de
Ciudad Victoria, Tamaulipas. 21 de abril de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: Antonio Soto
Martínez. Secretario: Pedro Gutiérrez Muñoz.
Tampico, Tamaulipas. 28 de abril de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: Pedro Guillermo Siller
González Pico. Secretario: Arturo Ramírez Ramírez.
Tampico, Tamaulipas. 6 de mayo de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: José Manuel Blanco
Quihuis. Secretaria: María Inés Hernández Compeán
Tampico, Tamaulipas. 6 de mayo de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: Pedro Guillermo Siller
González Pico. Secretario: Arturo Ramírez Ramírez.
Nota: Esta tesis contendió en la contradicción 316/2010 que fue declarada sin materia por la
Segunda Sala, toda vez que sobre el tema tratado existe la tesis 2a./J. 188/2010, que aparece
publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIII,
enero de 2011, página 762, con el rubro: "FUNDAMENTACIÓN DE LA COMPETENCIA DE LA
AUTORIDAD PARA IMPONER SANCIONES RELACIONADAS CON UNA VISITA DOMICILIARIA. ES
INNECESARIO INVOCAR NUEVAMENTE LOS PRECEPTOS QUE LA FACULTAN PARA ORDENAR LA
VISITA."
Novena Época
Registro: 165085
Tesis Aislada
XXXI, Marzo de 2010
Tesis: I.7o.A.690 A
Página: 2925
CONDONACIÓN DE CRÉDITOS FISCALES. PARA REVOCAR DICHO BENEFICIO OTORGADO
CONFORME AL ARTÍCULO SÉPTIMO TRANSITORIO DE LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN
PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2007, LA AUTORIDAD DEBE PROMOVER EL JUICIO DE LESIVIDAD
PREVISTO EN EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 36 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN.
El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis P. XXXVI/2007, publicada en el
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVI, diciembre de 2007,
página 27, de rubro: "RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS FAVORABLES A LOS PARTICULARES A QUE
SE REFIERE EL ARTÍCULO 36 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. SU NATURALEZA JURÍDICA.",
estableció que la resolución administrativa de carácter individual favorable a un particular es el
acto de autoridad que precisa una situación jurídica favorable a una persona específica, que
indudablemente vincula a la autoridad, la que no puede revocarla o modificarla por sí y ante sí, ya
que aquélla goza del principio de presunción de legalidad, por lo que, en su caso, debe impugnar
su validez mediante el juicio de lesividad ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y
Administrativa, de conformidad con el primer párrafo del artículo 36 del Código Fiscal de la
Federación. Así, la condonación de créditos fiscales goza de las características de una resolución
administrativa como la señalada, en tanto que dispensa de pago al contribuyente, total o
parcialmente, por lo que se considera que éste cuenta con un derecho que le es reconocido por el
Estado al momento de que se acuerda la condonación. En ese orden de ideas, si el artículo
séptimo transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2007 prevé la
facultad de las autoridades fiscales para condonar total o parcialmente los créditos fiscales
consistentes en contribuciones federales, cuotas compensatorias, actualizaciones y accesorios de
ambas, así como las multas por incumplimiento de las obligaciones fiscales federales distintas a las
obligaciones de pago, condonación que concederán si se cumplen los requisitos fijados en el
propio precepto, sin que el legislador hubiera dado facultades amplias a la autoridad hacendaria
para revocar discrecional y unilateralmente la resolución que emita al respecto, es inconcuso que
en la hipótesis de que el fisco otorgue dicho beneficio en términos de este último precepto y
después considere que tal actuación es lesiva para él, no puede revocarlo válidamente por sí y
ante sí, sino que para ello debe promover el señalado juicio, en razón de que debe prevalecer la
certeza jurídica de que esa determinación no sea modificada arbitrariamente.
Amparo en revisión 413/2009. Administradora Local de Recaudación del Norte del Distrito Federal,
firma en suplencia por ausencia el Subadministrador. 20 de enero de 2010. Unanimidad de votos.
Ponente: F. Javier Mijangos Navarro. Secretario: Juan Daniel Torres Arreola.
Novena Época
Registro: 164892
Tesis Aislada
XXXI, Marzo de 2010
Tesis: I.7o.A.689 A
Página: 3075
SUBTESORERO DE FISCALIZACIÓN DE LA TESORERÍA DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL. NO
ESTÁ OBLIGADO A CITAR LA PARTE ESPECÍFICA DEL ARTÍCULO 9 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL PARA FUNDAR CORRECTAMENTE SU COMPETENCIA
TERRITORIAL, CUANDO EJERCE FACULTADES CONFORME AL CONVENIO DE COLABORACIÓN
ADMINISTRATIVA EN MATERIA FISCAL FEDERAL, CELEBRADO POR EL GOBIERNO FEDERAL POR
CONDUCTO DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, Y EL GOBIERNO DEL DISTRITO
FEDERAL.
En términos de las cláusulas segunda, fracciones I a IV, IX y XI, inciso a), tercera, cuarta, octava,
fracción I, incisos a), b) y d), novena, fracción IV y decimotercera, fracciones I, inciso b) y II, inciso
a), del aludido convenio, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 5 de agosto de 2003, la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público pactó con el Gobierno del Distrito Federal la coordinación
en materia de diversas contribuciones, para que el segundo de los nombrados ejerciera por sus
autoridades fiscales las facultades para verificar el cumplimiento de esas cargas tributarias
respecto a los obligados directos, responsables solidarios y terceros relacionados con ellos, así
como para determinar los impuestos omitidos motivo del pacto, su actualización y accesorios e
imponer las multas correspondientes. En consecuencia, el subtesorero de fiscalización de la
Tesorería del Gobierno del Distrito Federal no está obligado a citar la parte específica del artículo 9
de la Ley Orgánica de la Administración Pública local para fundar correctamente su competencia
territorial cuando ejerce facultades conforme al referido convenio, en tanto que dicha disposición
establece únicamente los límites territoriales de la propia entidad; máxime que la citada cláusula
tercera prevé expresamente que las facultades derivadas del propio pacto, pueden ejercerse en
relación con las personas cuyos domicilios se ubiquen dentro del territorio del Distrito Federal.
Revisión fiscal 554/2009. Jefe del Servicio de Administración Tributaria, firma en su ausencia y de
los Administradores Generales de Grandes Contribuyentes, Jurídico, de Recaudación, de Auditoría
Fiscal, de Aduanas, de Servicios al Contribuyente y del Administrador Central de Amparo e
Instancias Judiciales, el Administrador Central de lo Contencioso. 20 de enero de 2010.
Unanimidad de votos. Ponente: F. Javier Mijangos Navarro. Secretario: Gustavo Naranjo Espinosa.
Novena Época
Registro: 165334
Tesis Aislada
XXXI, Febrero de 2010
Tesis: I.1o.A.179 A
Página: 2795
AUTORIDAD EJECUTORA. NO TIENE ESA CATEGORÍA LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN POR EL
HECHO DE QUE UNA SALA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA EN EL
ACTO EN QUE IMPUSO UNA MULTA ORDENE GIRARLE OFICIO PARA QUE LA HAGA EFECTIVA.
La jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 2a./J. 49/2003
estableció que a partir del uno de julio de mil novecientos noventa y siete, en que entró en vigor la
Ley del Servicio de Administración Tributaria, corresponde al órgano desconcentrado de la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público denominado Servicio de Administración Tributaria, entre
otras cosas, determinar, liquidar y recaudar las contribuciones, aprovechamientos y accesorios
que establezcan las leyes federales, mientras que la Tesorería de la Federación funge únicamente
como asesor y auxiliar de ese órgano; de ahí que, en la actualidad, corresponde a ese Servicio de
Administración Tributaria hacer efectivas las multas que impongan los órganos del Poder Judicial
de la Federación, y a la mencionada tesorería concentrar los fondos recaudados. Por tanto, cuando
se reclama en el juicio de garantías la resolución de una Sala del Tribunal Federal de Justicia Fiscal
y Administrativa en la que impone a alguna de las partes una multa, la referida tesorería no tiene
la categoría de autoridad ejecutora para efectos del juicio de amparo, porque, como ya se explicó,
esa facultad la tiene el Servicio de Administración Tributaria, aun cuando la Sala incorrectamente
hubiera solicitado a la tesorería la ejecución.
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.
Amparo en revisión 406/2009. Tesorera de la Federación. 11 de noviembre de 2009. Unanimidad
de votos. Ponente: José Luis Cruz Álvarez, secretario de tribunal autorizado por el Pleno del
Consejo de la Judicatura Federal para desempeñar las funciones de Magistrado. Secretaria:
Michelle Lowenberg López.
Nota: La jurisprudencia 2a./J. 49/2003 citada, aparece publicada en el Semanario Judicial de la
Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVII, junio de 2003, página 226, con el rubro:
"MULTAS IMPUESTAS POR EL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. COMPETE HACERLAS
EFECTIVAS A LA ADMINISTRACIÓN LOCAL DE RECAUDACIÓN DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN
TRIBUTARIA CORRESPONDIENTE."
Novena Época
Registro: 165209
Tesis Aislada
Tesis: I.17o.A.17 A
Página: 2875
PAGO EN PARCIALIDADES DE CRÉDITOS FISCALES PROVENIENTES DE MULTAS ADMINISTRATIVAS.
EL ARTÍCULO 67, SEGUNDO PÁRRAFO, DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL AL
PROHIBIRLO DE ANTEMANO, VIOLA LOS ARTÍCULOS 1o. Y 31, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN
FEDERAL (LEGISLACIÓN VIGENTE EN 2008).
El artículo 67, segundo párrafo, del Código Financiero del Distrito Federal vigente en 2008, al
prohibir de antemano el pago en parcialidades de créditos fiscales provenientes de multas
administrativas, establece una categoría discriminatoria y, por tanto, viola los artículos 1o. y 31,
fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque de la exposición
de motivos que dio origen a dicha hipótesis no se advierte una finalidad legítima, objetiva y
constitucionalmente válida para establecer dicho impedimento, no obstante que tanto los créditos
de origen tributario, como los que derivan de una multa administrativa, son adeudos con el Estado
y, en ambos casos su cobro se realiza a través del procedimiento administrativo de ejecución. En
ese mismo orden de ideas la legislación penal prevé la posibilidad de pagar las multas impuestas
como pena en pagos parciales, por lo que si en el caso de un ilícito penal se autoriza dicho pago en
los términos indicados, no hay razón para prohibirlo tratándose de multas derivadas de un ilícito
administrativo; refuerza el argumento de inconstitucionalidad que el artículo 35 del mencionado
código establece que serán créditos fiscales los que tenga derecho a percibir el Distrito Federal o
sus organismos descentralizados que provengan de contribuciones, de aprovechamientos, de sus
accesorios, así como aquellos que las leyes les den ese carácter y demás que tenga derecho a
percibir por cuenta ajena la propia entidad, por lo que en dicho supuesto se incluyen las multas
fiscales y las no fiscales, sin que exista una distinción en ese aspecto de su naturaleza.
DÉCIMO SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.
Amparo directo 134/2009. Vladimir Emmanuel López Velásquez. 10 de agosto de 2009.
Unanimidad de votos. Ponente: Amanda Roberta García González. Secretario: Ricardo Antonio
Silva Díaz.
Nota: El criterio contenido en esta tesis no es obligatorio ni apto para integrar jurisprudencia en
términos del punto 11 del capítulo primero del título cuarto del Acuerdo Número 5/2003 del
Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de veinticinco de marzo de dos mil
tres, relativo a las Reglas para la elaboración, envío y publicación de las tesis que emiten los
órganos del Poder Judicial de la Federación, y para la verificación de la existencia y aplicabilidad de
la jurisprudencia emitida por la Suprema Corte.
Novena Época
Registro: 165208
Tesis Aislada
Tesis: I.17o.A.18 A
Página: 2876
PAGO EN PARCIALIDADES DE CRÉDITOS FISCALES PROVENIENTES DE MULTAS ADMINISTRATIVAS.
LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL ARTÍCULO 67, SEGUNDO PÁRRAFO, DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL
DISTRITO FEDERAL QUE LO PROHÍBE DE ANTEMANO, NO OBLIGA A LA AUTORIDAD A OTORGAR EN
TODO CASO DICHO BENEFICIO (LEGISLACIÓN VIGENTE EN 2008).
La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado la jurisprudencia 2a./J.
72/2003, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo
XVIII, septiembre de 2003, página 358, cuyo rubro es: "CRÉDITO FISCAL. SU PAGO EN
PARCIALIDADES, CONFORME AL ARTÍCULO 66 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, REQUIERE
LA AUTORIZACIÓN EXPRESA DE LAS AUTORIDADES HACENDARIAS.". Acorde con ese criterio,
aplicable por analogía, no obstante que el artículo 67, segundo párrafo, del Código Financiero del
Distrito Federal vigente en 2008, viole los artículos 1o. y 31, fracción IV, de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, al establecer una categoría discriminatoria al prohibir de
antemano el pago en parcialidades de créditos fiscales provenientes de multas administrativas, su
inconstitucionalidad no obliga a la autoridad a otorgar en todo caso dicho beneficio, pues es una
facultad discrecional cuyo ejercicio depende del cumplimiento de los requisitos que impone la ley
al respecto; de ahí que no se trate de un derecho del particular y que la inconstitucionalidad del
referido precepto sólo implique que la autoridad administrativa no niegue anticipadamente el
señalado pago en parcialidades por tratarse de un crédito fiscal derivado de una multa
administrativa, sino que analice los requisitos de la solicitud respectiva y determine lo que en el
caso concreto corresponda.
DÉCIMO SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.
Amparo directo 134/2009. Vladimir Emmanuel López Velásquez. 10 de agosto de 2009.
Unanimidad de votos. Ponente: Amanda Roberta García González. Secretario: Ricardo Antonio
Silva Díaz.
Novena Época
Registro: 165743
Tesis Aislada
XXX, Diciembre de 2009
Página: 1558
MULTA FISCAL MÍNIMA ACTUALIZADA. PARA EFECTOS DE SU ADECUADA MOTIVACIÓN LA
AUTORIDAD HACENDARIA DEBE OBSERVAR EL MONTO VIGENTE EN EL CÓDIGO FISCAL DE LA
FEDERACIÓN Y RAZONAR LA ACTUALIZACIÓN DE ESA CANTIDAD QUE CORRESPONDA CONFORME
A LA RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL.
De acuerdo con el artículo 17-A del Código Fiscal de la Federación, la autoridad exactora tiene la
facultad de calcular el factor de actualización de las cantidades en moneda nacional que aparecen
en ese ordenamiento de manera periódica, basándose en el Índice Nacional de Precios al
Consumidor y publicar los resultados en el Diario Oficial de la Federación. Con base en esa regla,
diversas reproducciones de ese código, suprimen la multa original aprobada por el legislador e
insertan en su lugar la cantidad actualizada que se publica en la Resolución Miscelánea Fiscal del
ejercicio respectivo, por ejemplo, la emitida por "Ediciones Isef", Sociedad Anónima, para el año
dos mil siete, en el artículo 82, fracción I, inciso a), aparecen impresas las cantidades de
ochocientos sesenta a diez mil setecientos veinte pesos para dicho inciso, fracción y artículo,
cuando las vigentes son cuatrocientos y cinco mil pesos, respectivamente. Ahora, teniendo en
cuenta que la tesis de jurisprudencia 95/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación, de rubro: "MULTA FISCAL MÍNIMA ACTUALIZADA. LA AUTORIDAD QUE LA
IMPONE CON BASE EN LA RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL, DEBE MOTIVAR LA SANCIÓN, SÓLO
EN CUANTO A LA PARTE ACTUALIZADA.", exige de la autoridad fiscal que, al imponer una multa
mínima, motive la parte actualizada de ésta, en tanto que el cálculo que realiza el Servicio de
Administración Tributaria para determinarla, es un acto administrativo que, por sí mismo, no
modifica ni deroga los montos establecidos en el Código Fiscal de la Federación, sino que sólo los
actualiza, motivación que, por cierto, debe satisfacerse mediante la explicación pormenorizada
tanto del factor de actualización, como de la parte actualizada de la multa, a fin de que el
gobernado esté en posibilidades de conocer el procedimiento de determinación respectivo y, en
su caso, pueda impugnarlo por vicios propios. Por ello, cuando la autoridad fiscal impone alguna
de las sanciones previstas en el código tributario y, en lugar de proceder en los términos que fijó la
Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el criterio citado, se limita a observar
y aplicar la cantidad publicada en diferentes ediciones del Código Fiscal de la Federación como
"actualizada" (la cual no corresponde al monto decidido por el legislador), su actuación es ilegal,
pues la cita de ese monto no sustituye a las operaciones aritméticas que den como resultado la
cantidad actualizada de la multa, aunque así se difunda en las ediciones mencionadas por razones
de practicidad en la consulta de ordenamientos fiscales.
CIRCUITO.
Amparo directo 406/2009. Plásticos y Tecnología de México, S.A. de C.V. 2 de octubre de 2009.
Unanimidad de votos. Ponente: Víctor Manuel Estrada Jungo. Secretario: Ramón Lozano Bernal.
Nota: La jurisprudencia 2a./J. 95/2003 citada, aparece publicada en el Semanario Judicial de la
Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVIII, noviembre de 2003, página 153.
Novena Época
Registro: 166151
Jurisprudencia
XXX, Octubre de 2009
Tesis: 2a./J. 167/2009
Página: 73
GARANTÍA DEL INTERÉS FISCAL. ES INNECESARIO EL DEPÓSITO DEL TOTAL EN EFECTIVO DEL
CRÉDITO FISCAL Y SUS ACCESORIOS ANTE LA TESORERÍA CORRESPONDIENTE, PARA QUE SURTA
EFECTOS LA SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 135 DE LA LEY DE
AMPARO, SI LA AUTORIDAD PREVIAMENTE PRACTICÓ EMBARGO SOBRE LA NEGOCIACIÓN CON
INTERVENCIÓN CON CARGO A LA CAJA, SIEMPRE QUE A JUICIO DEL JUEZ DE AMPARO EL INTERÉS
FISCAL DEL CRÉDITO EXIGIBLE ESTÉ SUFICIENTEMENTE GARANTIZADO.
El citado precepto establece que cuando el amparo se pida contra el cobro de contribuciones y
aprovechamientos podrá concederse discrecionalmente la suspensión del acto reclamado, que
surtirá efectos previo depósito del total de la cantidad, en efectivo, a nombre de la Tesorería de la
Federación o la de la entidad federativa o del Municipio que corresponda, depósito que tendrá
que cubrir el monto de las contribuciones, aprovechamientos, multas y accesorios que se lleguen a
causar, asegurando con ello el interés fiscal. Sin embargo, cuando la autoridad fiscal, con motivo
del procedimiento administrativo de ejecución proceda conforme al artículo 151, fracción II, del
Código Fiscal de la Federación, a embargar la negociación con todo lo que de hecho y por derecho
le corresponda, a fin de obtener, mediante su intervención, los ingresos necesarios para satisfacer
el crédito fiscal y los accesorios legales, para que surta efectos la suspensión del acto reclamado es
innecesario que el quejoso cumpla con lo dispuesto en el artículo 135 de la Ley de Amparo,
siempre que a juicio del juez de amparo el interés fiscal del crédito exigible esté suficientemente
garantizado, toda vez que el embargo es una de las formas autorizadas por el artículo 141, fracción
V, del Código Fiscal de la Federación para garantizarlo. Lo anterior es así, ya que inobservar el
referido embargo conllevaría al extremo de que la quejosa contribuyente tuviera que garantizar
dos veces un mismo crédito fiscal, lo que sería contrario al principio de derecho consistente en
que la garantía, como acto accesorio, es hasta por el monto de la obligación principal.
Contradicción de tesis 266/2009. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero y
Segundo, ambos en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito y los Tribunales
Colegiados Séptimo y Décimo Sexto, ambos en Materia Administrativa del Primer Circuito. 2 de
septiembre de 2009. Mayoría de tres votos. Ausente Mariano Azuela Güitrón. Disidente: Margarita
Beatriz Luna Ramos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretario: Bertín Vázquez
González.
privada del siete de octubre de dos mil nueve.
Novena Época
Registro: 166434
Tesis Aislada
XXX, Septiembre de 2009
Tesis: IV.2o.A.259 A
Página: 3132
EMBARGO PRECAUTORIO O ASEGURAMIENTO DE CUENTAS BANCARIAS. PROCEDE CONCEDER LA
SUSPENSIÓN EN SU CONTRA CUANDO EXISTE UN CRÉDITO FISCAL LÍQUIDO Y EXIGIBLE, PARA QUE
SE PERMITA AL CONTRIBUYENTE MANEJARLAS LIBREMENTE, SIEMPRE QUE OTORGUE GARANTÍA
EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 135 DE LA LEY DE AMPARO.
De conformidad con los principios de la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora en
que descansa toda medida cautelar, con el artículo 124 de la Ley de Amparo y, entendida a
contrario sensu, con la jurisprudencia 2a./J. 26/2007 emitida por la Segunda Sala de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta,
Novena Época, Tomo XXV, marzo de 2007, página 299, de rubro: "CUENTAS BANCARIAS. LA
SUSPENSIÓN CONTRA SU EMBARGO PRECAUTORIO SURTE EFECTOS SIN GARANTÍA ALGUNA.",
procede la suspensión cuando en el juicio de garantías se impugna el embargo precautorio o
aseguramiento de cuentas bancarias y existe un crédito fiscal líquido y exigible, para que se
permita al contribuyente manejarlas libremente, siempre que otorgue garantía en términos del
artículo 135 de la Ley de Amparo, sin que con ello se estén dando efectos restitutorios a dicha
medida. Lo anterior es así, porque llegado el momento de resolver el juicio de amparo en lo
principal, habrá de analizarse la legalidad o ilegalidad de dicho embargo y porque el depósito del
total en efectivo de la cantidad (crédito fiscal), a nombre de la Tesorería de la Federación lo
sustituye, de tal suerte que en el supuesto de que se niegue el amparo al estimar legal tal
embargo, el monto del crédito fiscal habrá quedado garantizado, máxime porque el mencionado
depósito también debe cubrir multas, accesorios, entre otros, que se lleguen a causar, lo que
evidencia que el libre manejo de las cuentas otorgado en función de la medida suspensional, no
causa perjuicio alguno al fisco.
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO.
Incidente de suspensión (revisión) 86/2009. Consejero Jurídico de la Secretaría de Finanzas y
Tesorería General del Estado de Nuevo León. 28 de mayo de 2009. Ponente: José Carlos Rodríguez
Navarro. Secretaria: Yolanda Naranjo Márquez.
Novena Época
Registro: 166562
Tesis Aislada
XXX, Agosto de 2009
Tesis: I.7o.A.646 A
Página: 1720
REVISIÓN FISCAL. ES IMPROCEDENTE EN TÉRMINOS DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 63 DE LA
LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, CONTRA LAS SENTENCIAS
QUE DECLAREN LA NULIDAD DE UNA RESOLUCIÓN DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE
AHORRO PARA EL RETIRO EN LA QUE IMPONE UNA MULTA ADMINISTRATIVA.
Las sentencias susceptibles de ser impugnadas a través del recurso de revisión fiscal, en términos
de la fracción III del artículo 63 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo,
son aquellas que se refieren a las resoluciones dictadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público, incluidos, desde luego, sus órganos desconcentrados, en los casos que se describen en sus
distintas hipótesis, entre otros, a la determinación del alcance de los elementos esenciales de las
contribuciones, a la competencia de la autoridad en el ejercicio de sus facultades de
comprobación, así como a los asuntos que afecten el interés fiscal de la Federación; de lo que se
advierte que su procedencia no depende exclusivamente de la autoridad que hubiere emitido la
resolución impugnada en el juicio contencioso administrativo federal, sino que existe un elemento
adicional que debe tomarse en consideración, consistente en que la resolución de que se trate se
encuentre necesariamente relacionada con la materia fiscal. Por tanto, dicho recurso es
improcedente contra las sentencias que declaren la nulidad de una resolución de la Comisión
Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro en la que impone una multa administrativa.
Revisión fiscal 144/2009. Vicepresidente Jurídico de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro
para el Retiro, titular de la unidad administrativa encargada de la defensa jurídica de dicho órgano
desconcentrado. 3 de junio de 2009. Unanimidad de votos. Ponente: Alberto Pérez Dayán.
Secretaria: María del Carmen Alejandra Hernández Jiménez.
Novena Época
Registro: 166547
Tesis Aislada
XXX, Agosto de 2009
Tesis: I.4o.A.687 A
Página: 1729
SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL ACTO IMPUGNADO OBTENIDA VÍA AFIRMATIVA FICTA AL
INTERPONER EL RECURSO DE REVISIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 83 DE LA LEY FEDERAL DE
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO. SI DICHO MEDIO DE IMPUGNACIÓN SE DESECHA Y TAL
DECISIÓN SE IMPUGNA A TRAVÉS DE JUICIO CONTENCIOSO, LA MEDIDA CAUTELAR SURTIRÁ SUS
EFECTOS HASTA EN TANTO LA DETERMINACIÓN DE LA AUTORIDAD CONSTITUYA COSA JUZGADA.
El artículo 87 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo establece que la interposición
ante la autoridad administrativa del recurso de revisión previsto en el artículo 83 del mismo
ordenamiento, suspende la ejecución del acto impugnado, siempre y cuando lo solicite el
recurrente, sea procedente el medio de defensa, no se siga perjuicio al interés social, no se
contravengan disposiciones de orden público ni se ocasionen daños o perjuicios a terceros, a
menos que se garanticen éstos para el caso de no obtener resolución favorable y, tratándose de
multas, se garantice el crédito fiscal en cualquiera de las formas previstas en el Código Fiscal de la
Federación y, en su último párrafo señala que al interponerse ese medio de impugnación la
autoridad debe acordar lo relativo a la solicitud de la medida cautelar, concediéndola o negándola,
dentro de los cinco días siguientes a su interposición, ya que de lo contrario se entenderá otorgada
vía afirmativa ficta. De ahí que tratándose de esta ficción legal, debe imperar la garantía de certeza
jurídica para el gobernado en el sentido de que transcurrido el referido plazo sin que se haya
emitido la resolución correspondiente, dicha medida cautelar ha operado en su favor, por lo que
en el supuesto de que el recurso de revisión sea desechado y que tal decisión unilateral sea
impugnada a través de juicio contencioso administrativo, aquélla surtirá sus efectos hasta en tanto
la determinación de la autoridad constituya cosa juzgada.
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.
Amparo en revisión 456/2008. Teléfonos de México, S.A. de C.V. 17 de junio de 2009. Unanimidad
de votos. Ponente: Jesús Antonio Nazar Sevilla. Secretario: Ernesto González González.
Novena Época
Registro: 167135
Jurisprudencia
XXIX, Junio de 2009
Materia(s): Constitucional, Administrativa
Tesis: 2a./J. 77/2009
Página: 294
CONDONACIÓN DE CRÉDITOS FISCALES. EL ARTÍCULO SÉPTIMO TRANSITORIO, FRACCIÓN I,
INCISOS A) Y B), DE LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2007,
QUE OTORGA AL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA LA FACULTAD PARA CONCEDERLA,
RESPETA EL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA.
El Estado tiene a su cargo la rectoría económica y el desarrollo nacional, el cual deberá ser integral
y sustentable, y uno de los instrumentos de política financiera, económica y social lo constituyen
las disposiciones con fines extrafiscales, las cuales podrán hacerse patentes en cualquiera de los
elementos del diseño impositivo, como puede suceder en el establecimiento de beneficios como la
condonación. Así, esta figura se identifica como un beneficio fiscal concedido por el Estado a
través de un acto voluntario, esencialmente unilateral, excepcional y discrecional, por virtud del
cual se exime al deudor del pago de la carga tributaria, lo que necesariamente debe responder a
criterios de equidad, conveniencia o política económica, conforme a los artículos 25 y 73,
fracciones VII y XXX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En ese sentido, el
artículo séptimo transitorio, fracción I, incisos a) y b), de la Ley de Ingresos de la Federación para el
Ejercicio Fiscal de 2007, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de diciembre de 2006,
al establecer la facultad concedida al Servicio de Administración Tributaria para condonar: a)
Créditos fiscales consistentes en contribuciones federales, cuotas compensatorias y multas por
incumplimiento de las obligaciones fiscales federales distintas a las obligaciones de pago causadas
antes del 1o. de enero de 2003; b) Recargos, multas y gastos de ejecución derivados de dichos
créditos fiscales y recargos; y, c) Recargos y multas derivados de créditos fiscales respecto de
cuotas compensatorias y contribuciones federales distintas a las que el particular debía retener,
trasladar o recaudar, causados entre el 1o. de enero de 2003 y el 31 de diciembre de 2005,
respeta el principio de equidad tributaria contenido en el artículo 31, fracción IV, constitucional, ya
que su establecimiento tuvo por objeto captar recursos en las condiciones más favorables
posibles, en un nivel de riesgo prudente, que conllevaran un sano desarrollo de los mercados y
regularizar la situación de los contribuyentes que tenían adeudos a su cargo. Además, la distinción
de los contribuyentes para obtener el referido beneficio fiscal atiende a fines extrafiscales y
encuentra su fundamento en los artículos 31, fracción IV, 25 y 73, fracciones VII y XXX, de la
Constitución, constituyendo un medio apto y adecuado para conducir al objetivo que pretende
alcanzar el legislador con tal medida.
Amparo en revisión 966/2008. Acor, S.A. de C.V. 26 de noviembre de 2008. Unanimidad de cuatro
votos; votó con salvedad Margarita Beatriz Luna Ramos. Ausente: Genaro David Góngora
Pimentel. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: Jesicca Villafuerte Alemán.
Amparo en revisión 1225/2008. Tecnoval de México, S.A. de C.V. 28 de enero de 2009. Cinco
votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretario: Rolando Javier García Martínez.
Amparo en revisión 1248/2008. Autotransportes Tufesa, S.A. de C.V. 25 de febrero de 2009. Cinco
votos; votó con salvedad Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos.
Secretaria: Paula María García Villegas.
Amparo en revisión 82/2009. Fri Aire, S.A. de C.V. 4 de marzo de 2009. Cinco votos; votó con
salvedad Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretaria: Paula
María García Villegas.
Amparo en revisión 217/2009. Compañía Mexicana de Traslado de Valores, S.A. de C.V. 22 de abril
de 2009. Unanimidad de cuatro votos; votó con salvedad Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente:
Genaro David Góngora Pimentel; en su ausencia hizo suyo el asunto Mariano Azuela Güitrón.
Secretario: Alfredo Aragón Jiménez Castro.
privada del veintisiete de mayo de dos mil nueve.
Novena Época
Registro: 167065
Jurisprudencia
XXIX, Junio de 2009
Tesis: XVI.1o.A.T. J/8
Página: 991
REVISIÓN FISCAL. ES IMPROCEDENTE DICHO RECURSO CUANDO PARA IMPUGNAR LA SENTENCIA
QUE DECLARÓ LA NULIDAD DE UNA MULTA IMPUESTA POR VIOLACIÓN AL REGLAMENTO SOBRE
EL PESO, DIMENSIONES Y CAPACIDAD DE LOS VEHÍCULOS DE AUTOTRANSPORTE QUE TRANSITAN
EN LOS CAMINOS Y PUENTES DE JURISDICCIÓN FEDERAL, EN TÉRMINOS DE LA FRACCIÓN II DEL
ARTÍCULO 63 DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SE
ARGUMENTA QUE EL ASUNTO ES IMPORTANTE Y TRASCENDENTE POR EL SOLO HECHO DE QUE
DICHO REGLAMENTO SEA UNA DISPOSICIÓN DE ORDEN PÚBLICO.
El recurso de revisión fiscal que prevé el artículo 63 de la Ley Federal de Procedimiento
Contencioso Administrativo es un medio excepcional de defensa al que pueden acceder las
autoridades demandadas en el juicio de nulidad y esa excepcionalidad radica en que sólo es
procedente en los casos específicos que señala ese precepto y además, en el carácter definitivo e
inatacable de la resolución que en aquél se dicte, conforme lo ordena el artículo 104, fracción I-B,
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por tanto, es improcedente dicho
recurso cuando para impugnar la sentencia que declaró la nulidad de una multa impuesta por
violación al Reglamento sobre el Peso, Dimensiones y Capacidad de los Vehículos de
Autotransporte que Transitan en los Caminos y Puentes de Jurisdicción Federal, no se colman los
supuestos previstos en las fracciones I y III a IX del referido artículo 63 y en términos de la fracción
II del propio precepto, se argumenta que el asunto es importante y trascendente por el solo hecho
de que dicho reglamento sea una disposición de orden público pues, por una parte, todo acto
administrativo tiene como sustento un ordenamiento con ese carácter, por encontrarse dirigido a
una colectividad agrupada dentro de un territorio y, por la otra, la resolución administrativa
anulada no es un acto que pudiera acarrear consecuencias graves para la economía nacional o
para la población en general, pues se trata de un aprovechamiento del que no depende
directamente la ejecución de un servicio público y el hecho de que sea sancionado o no el infractor
por la irregularidad que se le atribuye, no puede incidir en que se altere el bienestar social.
CIRCUITO.
Revisión fiscal 308/2008. Director General del Centro SCT Guanajuato, por sí y en representación
del Jefe del Departamento de Autotransporte Federal 67 en Celaya y del Secretario de
Comunicaciones y Transportes. 29 de agosto de 2008. Unanimidad de votos. Ponente: Lorenzo
Palma Hidalgo. Secretario: Rogelio Zamora Menchaca.
Revisión fiscal 344/2008. Director General del Centro SCT Guanajuato, en representación del Jefe
del Departamento de Autotransporte Federal 67 en Celaya. 14 de noviembre de 2008. Unanimidad
de votos. Ponente: Ariel Alberto Rojas Caballero. Secretario: Jorge Eduardo Ramírez Téllez.
del Jefe del Departamento de Autotransporte Federal 67 en Celaya. 5 de diciembre de 2008.
Unanimidad de votos. Ponente: Ariel Alberto Rojas Caballero. Secretario: Jorge Eduardo Ramírez
Téllez.
Revisión fiscal 379/2008. Director General del Centro SCT Guanajuato, en representación del Jefe
del Departamento de Autotransporte Federal en León. 19 de diciembre de 2008. Unanimidad de
votos. Ponente: Ariel Alberto Rojas Caballero. Secretario: Jorge Eduardo Ramírez Téllez.
del Jefe del Departamento de Autotransporte Federal 67 en Celaya y del Secretario de
Comunicaciones y Transportes. 19 de diciembre de 2008. Unanimidad de votos. Ponente: Ariel
Alberto Rojas Caballero. Secretario: Jorge Eduardo Ramírez Téllez.
Novena Época
Registro: 167487
Tesis Aislada
XXIX, Abril de 2009
Tesis: 2a. XXVIII/2009
Página: 1482
INCENTIVOS ECONÓMICOS. CONSTITUYEN UN CONCEPTO DIVERSO A LOS INGRESOS
EXTRAORDINARIOS PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 6, FRACCIÓN VII, DE LA LEY DE COORDINACIÓN
HACENDARIA DEL ESTADO DE MORELOS.
El precepto legal citado establece que a los Municipios de dicha entidad les corresponde percibir
ingresos por concepto de las participaciones federales que reciba el Gobierno del Estado, entre
otros, por los ingresos extraordinarios que la Federación participe al Gobierno Local, por cualquier
otro concepto que no establezca la forma de repartirlo, a diferencia de los que ordinariamente
recibe y distribuye entre los Municipios, como son los conceptos mencionados en las demás
fracciones del artículo 6 de la Ley de Coordinación Hacendaria de la entidad. Ahora bien, de las
leyes de Coordinación Fiscal y de Coordinación Hacendaria del Estado de Morelos, así como del
convenio de colaboración administrativa en materia fiscal federal celebrado entre el Gobierno
Federal por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Gobierno del Estado de
Morelos se advierte que los incentivos económicos no son propiamente participaciones federales,
pues no se enteran a cambio de que los Estados se abstengan de imponer gravámenes sobre las
materias que también prevén las leyes federales, sino por las actividades de administración fiscal
que éstos realicen, incluso los propios ordenamientos aplicables separan los conceptos de que se
trata. Además, los incentivos económicos tampoco pueden considerarse como un concepto
extraordinario, pues dados los rubros que los integran, no constituyen ingresos excepcionales o
que no sean comúnmente recibidos por las entidades federativas, ni se trata de conceptos
respecto de los cuales no se establezca la forma de repartirlos, pues la cláusula decimacuarta del
convenio referido prevé que se enteren a los Municipios únicamente los relativos a las multas
impuestas por autoridades federales no fiscales a que se refiere la cláusula décima del propio
convenio, y que serán destinados en un 90% a los Municipios, siempre y cuando ellos efectúen la
recaudación.
Controversia constitucional 8/2007. Municipio de Jiutepec, Estado de Morelos. 11 de marzo de
2009. Cinco votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: Tania María Herrera Ríos.
Novena Época
Registro: 167737
Tesis Aislada
XXIX, Marzo de 2009
Página: 2738
CUMPLIMIENTO EXTEMPORÁNEO DE OBLIGACIONES FISCALES. NO PUEDE CONSIDERARSE
ESPONTÁNEO CUANDO SE REALIZA CON MOTIVO DEL REQUERIMIENTO DE LA AUTORIDAD, AUN
CUANDO NO HAYA SURTIDO EFECTOS LA NOTIFICACIÓN DE ÉSTE.
El cumplimiento extemporáneo pero espontáneo de las obligaciones fiscales es aquel que tiene
lugar fuera de los plazos legalmente establecidos, pero que deriva de la voluntad per se del
contribuyente. Así, cuando la autoridad notifica un crédito fiscal por concepto de multa, derivado
de la omisión de satisfacer una obligación tributaria, al tiempo que requiere su cumplimiento en
un plazo determinado y el causante subsana la deficiencia al día siguiente, este acto no puede
considerarse espontáneo, porque la conducta no responde a su libre albedrío, sino a la coacción
de la autoridad, sin que obste que al momento de atenderse la obligación omitida aún no haya
surtido efectos la notificación de la indicada determinación, porque ese aspecto es irrelevante en
el caso particular, pues no determina que la autoridad tuviera conocimiento del incumplimiento
de la obligación en fecha posterior al día en que se atendió por el contribuyente y, en todo caso,
trasciende al plazo que se otorgó para observar la disposición ignorada. Más aún, el proceder del
contribuyente da certeza de que conocía la irregularidad en que incurrió y de que no la corrigió
sino hasta que se le hizo saber la sanción respectiva.
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEXTO CIRCUITO.
Amparo en revisión 335/2008. Constructora Precci, S.A. de C.V. 29 de enero de 2009. Unanimidad
de votos. Ponente: Enrique Zayas Roldán. Secretario: Gerardo Flores Báez.
Novena Época
Registro: 167849
Tesis Aislada
XXIX, Febrero de 2009
Materia(s): Penal
Tesis: I.4o.P.41 P
Página: 2036
REPARACIÓN DEL DAÑO EN DELITOS FISCALES. LA AUTORIDAD JUDICIAL NO DEBE LIMITARSE A
ANALIZAR SU PROCEDENCIA, SINO TAMBIÉN DEBE PRONUNCIARSE EN TORNO A LA LEGALIDAD DE
SU CUANTIFICACIÓN, CONFORME A LAS DISPOSICIONES FISCALES APLICABLES Y EN CABAL
CUMPLIMIENTO A LA GARANTÍA DE SEGURIDAD JURÍDICA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 16 DE LA
CONSTITUCIÓN FEDERAL.
El 28 de junio de 2006 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, el decreto por virtud del
cual fue derogado el artículo 94 del Código Fiscal de la Federación; dispositivo legal que, en su
momento, impedía a la autoridad judicial imponer sanción pecuniaria alguna al responsable de un
delito fiscal, ya que dicha atribución se encontraba delegada a las autoridades de naturaleza
administrativa; situación que ha cambiado a partir de la citada reforma, pues la autoridad judicial
se encuentra facultada para imponer directamente aquella pena pública. Ahora bien, a fin de que
el juzgador de instancia cumpla cabalmente con la garantía de seguridad jurídica consagrada en el
artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es necesario que al
momento de condenar al inculpado al pago de la reparación del daño material, no sólo se limite a
analizar la procedencia de dicha figura, sino también debe pronunciarse en torno a la legalidad de
su cuantificación conforme a las disposiciones fiscales aplicables. Esto es, a fin de cumplir con una
premisa de suficiente motivación y fundamentación, es indispensable que la autoridad judicial
precise las razones particulares, motivos o circunstancias legales a través de las cuales,
inicialmente, tuvo por acreditado un perjuicio patrimonial para la parte ofendida, así como el
monto histórico a que ascendió, para después exponer detalladamente las razones o motivos
particulares, a través de los cuales estime, en cada caso concreto, si resulta procedente la
"actualización" del monto inicial, así como el pago de los "recargos" y "multas fiscales" generados;
razón por la cual deberá precisar en cada caso concreto las disposiciones fiscales que estime
aplicables, así como los parámetros o factores que tomó en consideración para dicha
cuantificación. Lo anterior es así, en virtud de que la figura de la reparación del daño se erige como
una "pena pública" para el responsable de cualquier antisocial, por lo que su imposición debe
realizarse de manera fundada y motivada conforme a la garantía constitucional invocada, y no
limitarse a tomar como base de cuantificación el contenido de los dictámenes periciales contables
remitidos por la autoridad hacendaria, sin hacer mayores consideraciones en torno a su contenido
y/o conclusiones emitidas.
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO.
Amparo directo 124/2008. 18 de junio de 2008. Unanimidad de votos. Ponente: Fernando Andrés
Ortiz Cruz. Secretario: José Díaz de León Cruz.
Novena Época
Registro: 167840
Tesis Aislada
XXIX, Febrero de 2009
Tesis: VIII.3o.88 A
Página: 2040
REVISIÓN FISCAL. ES IMPROCEDENTE CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE DECLARA LA NULIDAD DE
MULTAS FORMALES, SI SE INTERPONE CON FUNDAMENTO EN LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 63
DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, AUN CUANDO ÉSTAS
SEAN EMITIDAS POR UNA UNIDAD ADMINISTRATIVA DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN
TRIBUTARIA, PUES TIENEN EL CARÁCTER DE APROVECHAMIENTOS.
Del artículo 63, fracción III, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo se
advierte que la procedencia del recurso de revisión fiscal, en ese supuesto, no depende
exclusivamente de que la resolución impugnada en el juicio de nulidad haya sido emitida por la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por el Servicio de Administración Tributaria o por las
autoridades fiscales de las entidades federativas coordinadas en ingresos federales, sino que
existe un elemento adicional que debe tomarse en consideración, consistente en que esté referida
a contribuciones y sus accesorios. Lo anterior deriva de que la señalada hipótesis de procedencia
del medio de impugnación está sujeta, además de que se trate de una resolución dictada por
alguna de las indicadas autoridades, a que el asunto verse sobre: interpretación de leyes o
reglamentos (inciso a); determinación del alcance de los elementos esenciales de las
contribuciones (inciso b); competencia en materia de facultades de comprobación (inciso c);
violaciones procesales durante el juicio que afecten las defensas del recurrente y trasciendan al
resultado del fallo (inciso d); violaciones cometidas en las propias resoluciones o sentencias (inciso
e); y, afectación del interés fiscal (inciso f). En ese sentido, es improcedente la revisión fiscal contra
la resolución que declara la nulidad de multas formales, si se interpone con fundamento en la
señalada fracción III, aun cuando éstas sean emitidas por una unidad administrativa del Servicio de
Administración Tributaria, pues tienen el carácter de aprovechamientos, por lo que es
incuestionable que, a pesar de que constituyen un crédito fiscal y el Estado está facultado para
cobrarlo, inclusive a través del procedimiento administrativo de ejecución previsto en el capítulo
tercero del título quinto del Código Fiscal de la Federación, la sentencia que declare su nulidad no
puede ser revisada en los términos analizados, pues, se reitera, la procedencia del recurso está
restringida para aquellas resoluciones que se encuentren relacionadas con la determinación de
contribuciones y sus accesorios.
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL OCTAVO CIRCUITO.
Revisión fiscal 243/2008. Administrador Local Jurídico de Torreón. 4 de diciembre de 2008.
Unanimidad de votos. Ponente: Alfonso Soto Martínez. Secretaria: Alma Patricia Loza Pérez.
Revisión fiscal 237/2008. Administrador Local Jurídico de Torreón. 4 de diciembre de 2008.
Unanimidad de votos. Ponente: Isidro Avelar Gutiérrez. Secretario: José Enrique Guerrero Torres.
Nota: Esta tesis contendió en la contradicción 1/2009 resuelta por la Segunda Sala, de la que
derivó la tesis 2a./J. 54/2009, que aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su
Gaceta, Novena Época, Tomo XXIX, mayo de 2009, página 261, con el rubro: "REVISIÓN FISCAL.
PROCEDE EN CONTRA DE LAS SENTENCIAS DICTADAS POR LAS SALAS DEL TRIBUNAL FEDERAL DE
JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA QUE HAYAN DECLARADO LA NULIDAD DE RESOLUCIONES
EMITIDAS POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, EL SERVICIO DE
ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA O AUTORIDADES LOCALES COORDINADAS EN INGRESOS
FEDERALES, QUE IMPONGAN MULTA POR INCUMPLIMIENTO A OBLIGACIONES FORMALES DE
CARÁCTER FISCAL."
Novena Época
Registro: 168210
Jurisprudencia
XXIX, Enero de 2009
Tesis: 2a./J. 193/2008
Página: 604
AUMENTO DE OBLIGACIONES FISCALES. SI UNA ASOCIACIÓN CIVIL NIEGA LISA Y LLANAMENTE
HABER PRESENTADO EL AVISO RESPECTIVO, CORRESPONDE A LA AUTORIDAD FISCAL DEMOSTRAR
EL HECHO RELATIVO EN QUE APOYA LA DETERMINACIÓN DEL CRÉDITO FISCAL.
Si la autoridad impone una multa a una asociación civil inscrita en el régimen de las personas
morales con fines no lucrativos, conforme al cual debe tributar, y dicha autoridad lo sustenta en
que de acuerdo con sus registros, aquélla incumplió con la obligación de haber presentado el aviso
de aumento de obligaciones a que se refieren los artículos 27 del Código Fiscal de la Federación y
14, fracción III, de su reglamento, y la asociación lo niega lisa y llanamente, ésta queda liberada de
la carga de la prueba, pues el artículo 68 del mencionado ordenamiento legal, sólo establece la
presunción de legalidad de las resoluciones y no de los hechos que la motivaron si son
desconocidos sin reserva alguna por el contribuyente, como ocurre en el supuesto descrito, del
cual no se infiere la afirmación de algún otro hecho.
Contradicción de tesis 162/2008-SS. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Tercero y
Segundo, ambos en Materia Administrativa del Cuarto Circuito. 19 de noviembre de 2008. Cinco
votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretario: Javier Arnaud Viñas.
privada del veintiséis de noviembre de dos mil ocho.
Novena Época
Registro: 168021
Tesis Aislada
XXIX, Enero de 2009
Tesis: I.7o.A.605 A
Página: 2835
SENTENCIA DE AMPARO QUE CONCEDE LA PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL CONTRA LA
RESOLUCIÓN QUE NIEGA LA CONDONACIÓN DE MULTAS FISCALES POR INCONSTITUCIONALIDAD
DE LA DISPOSICIÓN EN QUE SE FUNDAN. NO DEBEN IMPRIMIRSE EN ELLA EFECTOS ENCAMINADOS
A LA CONCESIÓN DE DICHO BENEFICIO.
Los efectos de la concesión de la protección constitucional contra la resolución de una autoridad
administrativa que determina negar la condonación de multas fiscales con fundamento en una
disposición de carácter general declarada inconstitucional en el propio fallo protector, no pueden
tener el alcance de autorizar la dispensa de mérito, en razón de que la autoridad fiscal competente
es quien deberá verificar su procedencia, la cual podría estar limitada por algún impedimento que
conforme a las leyes que rigen los créditos fiscales que originaron la sanción pecuniaria
imposibilitaría su concesión, o bien, el beneficio podría estar sujeto a la satisfacción de los
requisitos previstos en las normas que lo regulen. Bajo ese contexto, en la ejecutoria de garantías
no deben imprimirse efectos encaminados a la concesión del comentado beneficio, pues el
juzgador se sustituiría a la autoridad fiscal en una determinación que no le corresponde, ya que
ésta es la única facultada para establecer, entre otros aspectos, si la solicitud se realizó en tiempo,
si procede en el monto requerido, o bien, si las circunstancias del caso o los motivos que tuvo la
autoridad que impuso la sanción lo permiten. En ese orden de ideas, conforme al artículo 80 de la
Ley de Amparo, los alcances restitutorios del fallo protector constitucional deberán limitarse a que
la responsable se abstenga de aplicar nuevamente la disposición declarada inconstitucional, pues
de otra manera se contravendrían la ley y el orden público.
Amparo en revisión 408/2008. Laboratorios Columbia, S.A. de C.V. 12 de noviembre de 2008.
Unanimidad de votos. Ponente: F. Javier Mijangos Navarro. Secretario: José Arturo González Vite.
Novena Época
Registro: 168356
Tesis Aislada
XXVIII, Diciembre de 2008
Tesis: 2a. CLII/2008
Página: 299
CONTADORES PÚBLICOS DICTAMINADORES DE ESTADOS FINANCIEROS. EL ARTÍCULO 52, PÁRRAFO
TERCERO, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, RESPETA EL PRINCIPIO DE EXACTA APLICACIÓN
DE LAS LEYES (LEGISLACIÓN VIGENTE EN 2006).
El citado numeral, aunque no contemple un mínimo para la suspensión del registro a contadores
públicos dictaminadores, y utilice la preposición "hasta" para precisar el máximo de dos años por
el que podrá aplicarse dicha sanción, respeta el principio de exacta aplicación de las leyes,
contenido en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ello es así,
pues acorde con la tesis 2a. CXXV/99, publicada con el rubro: "MULTAS FIJAS. LAS LEYES QUE
EMPLEAN LA PREPOSICIÓN ‘HASTA’ NO SON INCONSTITUCIONALES.", la circunstancia de que el
artículo 52, párrafo tercero, del Código Fiscal de la Federación, no contemple un mínimo para la
referida suspensión de los contadores públicos dictaminadores, no puede estimarse
inconstitucional por dejar al arbitrio de la autoridad su determinación, pues del contenido de la
norma se desprende implícitamente que el mínimo a imponer, no puede ser otro que un día y el
máximo el que el propio precepto señala, de lo que se sigue que la disposición indicada prevé un
sistema flexible al contemplar un mínimo y un máximo para que la autoridad haga uso de su
arbitrio e individualice la suspensión fijando su plazo.
Amparo en revisión 921/2008. J. Edmundo Bermudez Jiménez. 12 de noviembre de 2008. Cinco
votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretario: Rolando Javier García Martínez.
Nota: La tesis 2a. CXXV/99 citada, aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su
Gaceta, Novena Época, Tomo X, octubre de 1999, página 586.
Novena Época
Registro: 168494
Tesis Aislada
XXVIII, Noviembre de 2008
Tesis: I.4o.A.656 A
Página: 1336
COMPETENCIA ECONÓMICA. SI UNA EMPRESA QUE FORMA PARTE DE UN GRUPO DE INTERÉS
ECONÓMICO A LA QUE SE IMPUSO LA MULTA MÁXIMA LEGALMENTE PREVISTA, AL HABERSE
DETERMINADO PRESUNTIVAMENTE SU CAPACIDAD ECONÓMICA ANTE SU OMISIÓN DE EXHIBIR
LOS ELEMENTOS OBJETIVOS REQUERIDOS POR LA AUTORIDAD, PROMUEVE JUICIO DE AMPARO
INDIRECTO CONTRA DICHA RESOLUCIÓN, A ELLA CORRESPONDE ACREDITAR CON ALGÚN MEDIO
DE PRUEBA QUE LA SANCIÓN IMPUESTA, COMPARATIVAMENTE CON SUS INGRESOS, ES
DESMEDIDA O MATERIALMENTE IMPOSIBLE O DIFÍCIL DE CUBRIR.
Durante la etapa de investigación de prácticas monopólicas atribuidas a una empresa que forma
parte de un grupo de interés económico, la Comisión Federal de Competencia puede requerir a
aquélla la exhibición de diversa documentación atinente a conocer su situación económica para
graduar la sanción, por ejemplo, los estados financieros auditados al ejercicio fiscal
correspondiente. Luego, en el supuesto de que no fuera atendido ese requerimiento, llegado el
momento de emitir la resolución correspondiente e imponer la multa máxima legalmente prevista,
al examinar el requisito de la capacidad económica del infractor en términos del artículo 36 de la
Ley Federal de Competencia Económica, dicha autoridad puede determinarlo presuntivamente,
motivando su decisión en el contexto del comportamiento y daño que el grupo económico
produce, y ante la falta material de elementos objetivos (como los estados financieros indicados),
es factible que valore otros aspectos, tales como la relación entre la población de una ciudad y el
consumo per cápita a nivel nacional de un producto o servicio. De ahí que en el juicio de amparo
indirecto que se promueva contra aquella resolución administrativa, corresponde al agente
económico afectado, en términos de los artículos 81 y 82 del Código Federal de Procedimientos
Civiles de aplicación supletoria, acreditar con algún medio de prueba que la sanción impuesta,
comparativamente con sus ingresos, es desmedida o materialmente imposible o difícil de cubrir,
tomando en consideración además, que la mencionada comisión es un órgano especializado y con
experiencia en la materia, lo que le permite suponer que el monto de la multa desalentará el
comportamiento desarrollado por el grupo de interés económico al que pertenece el infractor.
Amparo en revisión 479/2006. Yoli de Acapulco, S.A. de C.V. 18 de junio de 2008. Mayoría de
votos. Disidente: Patricio González-Loyola Pérez. Ponente: Jean Claude Tron Petit. Secretario:
Alfredo A. Martínez Jiménez.
Amparo en revisión 394/2006. Embotelladora La Victoria, S.A. de C.V. y otra. 18 de junio de 2008.
Mayoría de votos. Disidente: Patricio González-Loyola Pérez. Ponente: Jean Claude Tron Petit.
Secretario: Alfredo A. Martínez Jiménez.
Novena Época
Registro: 168403
Tesis Aislada
XXVIII, Noviembre de 2008
Tesis: XX.2o.55 A
Página: 1421
VISITA DOMICILIARIA PARA VERIFICAR LA EXPEDICIÓN DE COMPROBANTES FISCALES POR
CONCEPTO DE HOSPEDAJE. CORRESPONDE A LA AUTORIDAD LA CARGA DE LA PRUEBA, CUANDO
AFIRMA QUE EL PAGO POR DICHO SERVICIO SE REALIZÓ EN FECHA DISTINTA A LA QUE APARECE
EN LA FACTURA CORRESPONDIENTE.
Tomando en cuenta que no existe una regla uniforme en cuanto al momento en que se efectúa el
pago por concepto de hospedaje, ya que depende de las políticas del prestador del servicio, será
hasta que aquél se realice cuando nazca la obligación de expedir el comprobante fiscal relativo. En
esas condiciones, si en la visita domiciliaria para verificar la expedición de ese tipo de justificantes
se advierte que el contribuyente registró a un huésped en determinada fecha y expidió la factura
con posterioridad, el día consignado en este documento genera la presunción de que el deudor
satisfizo la obligación de pago en esa data; por tanto, corresponderá a la autoridad hacendaria la
carga de la prueba a efecto de desvirtuarla, cuando afirma que el estipendio se efectuó en fecha
distinta a la que aparece en dicha factura, por ejemplo, al momento del registro, e impone una
multa con base en que se infringió la fracción II del artículo 86 de la Ley del Impuesto sobre la
Renta, en relación con los preceptos 29 y 83, fracción VII, del Código Fiscal de la Federación pues,
se reitera, la obligación del contribuyente de expedir comprobantes fiscales se genera cuando
obtiene un ingreso derivado del pago que por adquisición de bienes o uso de servicios realiza un
cliente.
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO CIRCUITO.
Revisión fiscal 66/2007. Administrador Local Jurídico de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, del Servicio de
Administración Tributaría. 19 de septiembre de 2008. Unanimidad de votos. Ponente: Carlos
Arteaga Álvarez. Secretario: Jorge Alberto Camacho Pérez.
Novena Época
Registro: 168607
Jurisprudencia
XXVIII, Octubre de 2008
Tesis: 2a./J. 138/2008
Página: 445
MULTAS ADMINISTRATIVAS, SON APROVECHAMIENTOS Y LA SUSPENSIÓN CONTRA SU COBRO
DEBE GARANTIZARSE CONFORME AL ARTÍCULO 135 DE LA LEY DE AMPARO.
El precepto en cita dispone que cuando se pida amparo contra el cobro de contribuciones y
aprovechamientos, podrá concederse discrecionalmente la suspensión del acto reclamado, la cual
surtirá sus efectos previo depósito del total en efectivo de la cantidad a nombre de la Tesorería de
la Federación o de la Entidad Federativa o Municipio correspondiente, debiendo cubrir el monto
de las contribuciones, aprovechamientos, multas y accesorios que se lleguen a causar, a fin de
asegurar el interés fiscal. Ahora bien, no obstante que las multas administrativas constituyen
aprovechamientos, en términos de lo dispuesto en el artículo 3o. del Código Fiscal de la
Federación, lo cierto es que adquieren la naturaleza de créditos fiscales, exigibles por ende
mediante el procedimiento administrativo de ejecución, conforme a los artículos 4o. y 145 del
indicado Código, a modo tal que al solicitarse la suspensión al promoverse el juicio de amparo
contra su cobro, el interés fiscal debe garantizarse como lo señala el artículo 135 de la Ley de
Amparo, con excepción de los recargos que, en términos del artículo 21, párrafo noveno del
Código Fiscal de la Federación, no se generan. Esta regla es la aplicable en estos casos, con
independencia de lo dispuesto por otros preceptos de la Ley de Amparo que regulan formas
distintas de garantía.
Contradicción de tesis 115/2008-SS. Entre las sustentadas por el Tribunal Colegiado del Décimo
Séptimo Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito. 17
de septiembre de 2008. Cinco votos. Ponente: José Fernando Franco González Salas. Secretario:
Roberto Rodríguez Maldonado.
privada del veinticuatro de septiembre de dos mil ocho.
Novena Época
Registro: 168544
Tesis Aislada
Materia(s): Común
Tesis: XVII.21 A
Página: 2447
SUSPENSIÓN CONTRA LAS SANCIONES ECONÓMICAS QUE IMPONE EL ESTADO A LOS SERVIDORES
PÚBLICOS A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA. AL NO TENER ÉSTAS EL
CARÁCTER DE "APROVECHAMIENTOS" PARA EFECTOS DEL ARTÍCULO 135 DE LA LEY DE AMPARO,
LA MEDIDA CAUTELAR QUE EN SU CASO SE CONCEDA DEBE REGIRSE POR LA REGLA GENERAL
PREVISTA EN LOS ARTÍCULOS 122, 124 Y 130 DE LA CITADA LEY.
Las sanciones económicas que impone el Estado a los servidores públicos a través de la Secretaría
de la Función Pública, de acuerdo con la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los
Servidores Públicos, pertenecen al rubro de aprovechamientos federales, según el artículo 3o. del
Código Fiscal de la Federación, ya que constituyen ingresos que percibe el Estado por funciones de
derecho público (resultante de un procedimiento administrativo de responsabilidad), distintos de
los que obtienen los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, lo que se
corrobora por el hecho de que dentro de la clasificación que el artículo 2o. del propio código hace
de las contribuciones en impuestos, aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras y
derechos, no están comprendidas aquellas sanciones ni tampoco como accesorios de las
contribuciones, ya que su imposición no tiene origen en el ejercicio de la potestad tributaria, sino
en facultades admonitorias y sancionadoras establecidas legalmente en la referida ley. En ese
sentido, las mencionadas sanciones económicas estrictamente deben conceptuarse como multas
no fiscales, porque únicamente podrá entenderse por multas fiscales las sanciones económicas
relacionadas con la materia tributaria y, en consecuencia, serán no fiscales todas las demás. Por su
parte, el artículo 135 de la Ley de Amparo al mencionar los actos contra los que se solicita la
suspensión, no alude al cobro de créditos fiscales en general, sino a dos de sus especies, las
contribuciones y los aprovechamientos, por lo que quedarían por elucidar si las sanciones
económicas pueden conceptuarse como aprovechamientos a los que se refirió el legislador federal
en la iniciativa, discusión, dictamen y aprobación de la reforma de dicho precepto,
específicamente la contenida en el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el
veinticuatro de abril de dos mil seis. Así, de la exposición de motivos (compuesto por tres
iniciativas de diversas fechas), de las actas de discusión y de los dictámenes de dicho proceso
legislativo ante las Cámaras de Diputados y de Senadores, se advierte que la intención del
legislador en la citada reforma fue impedir que el juicio de amparo se utilizara como un medio
legal para evadir, en diversas situaciones, el pago de las contribuciones y aprovechamientos o para
incumplir diversas normas relacionadas con regulaciones y restricciones no arancelarias, en razón
de que la Ley de Amparo también prevé que las autoridades deben acatar los mandamientos
judiciales que en su caso suspenden la ejecución o aplicación de aranceles y cuotas
compensatorias, o ambos, cuando se concede la suspensión en el juicio constitucional, a fin de que
el fisco federal tenga la posibilidad jurídica de poder exigir el pago de los ingresos fiscales
correspondientes sin afectar los derechos de los quejosos que acudan al propio juicio de garantías.
Lo narrado pone de manifiesto que si el legislador quiso asegurar al fisco federal la posibilidad
jurídica de exigir el pago de los ingresos fiscales que correspondan, es evidente que al referirse en
el señalado artículo 135 a los aprovechamientos, quiso hacerlo en forma exclusiva a aquellos que
deban ser considerados por la ley como ingresos fiscales, concretamente, los derivados de las
cuotas compensatorias, por haber sido también finalidad de dicha reforma la protección de la
industria nacional contra las prácticas desleales en comercio internacional. Por tanto, resulta
inconcuso que las sanciones económicas que impone el Estado a los servidores públicos a través
de la Secretaría de la Función Pública no pueden considerarse como aprovechamientos para
efectos de la suspensión prevista en el referido artículo 135, pues el suspender el cobro de aquella
sanción nada tiene que ver con la evasión del pago de cuotas compensatorias ni con la protección
a la industria nacional. De ahí que la suspensión que, en su caso, proceda contra la imposición o el
cobro de las sanciones económicas en mención debe regirse por la regla general contemplada en
los artículos 122, 124 y 130 de la Ley de Amparo.
TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO SÉPTIMO CIRCUITO.
Queja 66/2008. Gerardo del Real Aguilar. 10 de junio de 2008. Unanimidad de votos. Ponente:
Jesús de Ávila Huerta. Secretario: Héctor Manuel Flores Lara.
Nota: El criterio contenido en esta tesis contendió en la contradicción de tesis 115/2008-SS,
resuelta por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en su sesión celebrada el
diecisiete de septiembre de dos mil ocho, en la cual se determinó que no existe la contradicción de
criterios sustentados, por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto
Circuito, al resolver el incidente en revisión 84/2007-II y el Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo
Circuito, al resolver el amparo en revisión 339/2006 (incidente), por el contrario que sí existe
contradicción de tesis entre los criterios sustentados por el Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo
Circuito, al resolver el recurso de queja administrativo 66/2008, y el Segundo Tribunal Colegiado
en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, al resolver el incidente en revisión 84/2007-II. De
esta contradicción de tesis derivó la tesis 2a./J. 138/2008, que aparece publicada en el Semanario
Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVIII, octubre de 2008, página 445,
con el rubro: "MULTAS ADMINISTRATIVAS, SON APROVECHAMIENTOS Y LA SUSPENSIÓN CONTRA
SU COBRO DEBE GARANTIZARSE CONFORME AL ARTÍCULO 135 DE LA LEY DE AMPARO."
Novena Época
Registro: 168541
Tesis Aislada
Página: 2448
SUSPENSIÓN EN EL AMPARO CONTRA EL COBRO DE CONTRIBUCIONES Y APROVECHAMIENTOS.
CUANDO SE RECLAME LA INCONSTITUCIONALIDAD DE UNA NORMA TRIBUTARIA QUE SE
PRETENDE DEJAR SIN EFECTOS A FUTURO, LA GARANTÍA QUE SE OTORGUE EN TÉRMINOS DEL
ARTÍCULO 135 DE LA LEY RELATIVA NO DEBE INCLUIR MULTAS Y ACCESORIOS SI ÉSTOS NO SE HAN
DETERMINADO.
Del artículo 135 de la Ley de Amparo se colige que el interés fiscal debe garantizarse con la
cantidad correspondiente a la contribución o aprovechamiento cuyo cobro se reclama, y que se
incluirán las multas y accesorios sólo cuando se hubieren determinado previamente. Lo anterior,
merced a que del análisis de los supuestos jurídicos descritos en la citada norma, se dilucida que el
legislador preconcibió que si el amparo se pide contra la liquidación de algún crédito fiscal más
accesorios, procede exigir como requisito de efectividad de la suspensión, el depósito de la
cantidad correspondiente al adeudo principal (la contribución o el aprovechamiento), así como al
accesorio (multas, recargos, etcétera). Sin embargo, en caso de que se reclame la
inconstitucionalidad de una norma tributaria que se pretende dejar sin efectos a futuro,
traduciéndose en el no entero formal y material del impuesto, la garantía que se otorgue en
términos del aludido precepto no debe incluir multas o accesorios, si éstos no se han
determinado.
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO.
Queja 44/2008. Sognitek, S.A. de C.V. 24 de abril de 2008. Unanimidad de votos. Ponente: Jorge
Meza Pérez. Secretaria: Elsa Berenice Vidrio Weiske.
Novena Época
Registro: 169000
Tesis Aislada
XXVIII, Septiembre de 2008
Página: 1176
AMPARO DIRECTO CONTRA LEYES TRIBUTARIAS. EL EFECTO DE LA DECLARATORIA DE
INCONSTITUCIONALIDAD DEL PRECEPTO QUE ESTABLECE EL PAGO DE UNA CONTRIBUCIÓN ASÍ
COMO DIVERSAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS DE CARÁCTER FORMAL, ALCANZA INCLUSO A LAS
SANCIONES CORRESPONDIENTES, CON INDEPENDENCIA DE LA DISTINCIÓN ENTRE LAS NOCIONES
DE MULTA DE FONDO Y MULTA FORMAL, APLICABLE SÓLO AL ÁMBITO DE LEGALIDAD.
La distinción entre multas de fondo y multas formales (realizada por este tribunal en la
jurisprudencia VI.1o.A. J/21 de rubro: "MULTA DE FONDO Y MULTA FORMAL. DISTINCIÓN ENTRE
LAS PREVISTAS EN LOS ARTÍCULOS 76, FRACCIÓN II, Y 81, FRACCIÓN IV, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA
FEDERACIÓN VIGENTE EN 1993, 1994 Y 1995.", consultable en la página 1224 del tomo XIV,
septiembre de 2001, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta), es
aplicable sólo al ámbito de legalidad. Sin embargo, cuando la obligación tributaria de carácter
formal cuyo incumplimiento genera la sanción respectiva, se encuentra establecida en un
precepto declarado inconstitucional por jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación, entonces es claro que en hipótesis como ésta, los efectos de dicha declaratoria de
inconstitucionalidad alcanzan también a las sanciones correspondientes impuestas por
incumplimiento a aquella obligación formal, en el terreno de legalidad que es competencia de la
autoridad hacendaria, pues evidentemente prevalece esa declaratoria de inconstitucionalidad de
la norma que contiene la obligación tributaria formal, sobre cualquier aspecto de legalidad de la
multa de mérito.
Amparo directo 276/2008. Servicio Revolución de Puebla, S.A. de C.V. 28 de agosto de 2008.
Unanimidad de votos. Ponente: Francisco Javier Cárdenas Ramírez. Secretaria: Luz Idalia Osorio
Rojas.
Novena Época
Registro: 169031
Tesis Aislada
XXVIII, Agosto de 2008
Tesis: XXI.2o.P.A.83 A
Página: 1205
SUSPENSIÓN CONTRA EL COBRO DE CONTRIBUCIONES Y APROVECHAMIENTOS. PARA
CONCEDERLA ES INNECESARIO EXIGIR AL QUEJOSO LA EXHIBICIÓN DEL DEPÓSITO DEL TOTAL EN
EFECTIVO DE LA CANTIDAD POR EL MONTO DE AQUÉLLOS, ASÍ COMO DE LAS MULTAS Y
ACCESORIOS QUE SE LLEGUEN A CAUSAR, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 135 DE LA LEY DE
AMPARO, SI EN EL INFORME PREVIO LA AUTORIDAD RECONOCIÓ LA FINALIDAD DE LA DILIGENCIA
DE AMPLIACIÓN DE EMBARGO QUE PRACTICÓ, CONSISTENTE EN ASEGURAR EL INTERÉS FISCAL.
Si la autoridad exactora al rendir su informe previo reconoció la existencia y naturaleza de la
diligencia de ampliación de embargo que practicó, cuya orden fue decretada con fundamento en
el artículo 154 del Código Fiscal de la Federación, así como la finalidad perseguida por dicha
medida precautoria, consistente en asegurar el interés fiscal dentro del procedimiento
administrativo de ejecución, el Juez de Distrito debe considerarlo satisfecho y, por consiguiente,
para que surta efectos la suspensión en el juicio de garantías contra el cobro de contribuciones y
aprovechamientos, no es necesario que exija al quejoso la exhibición del depósito del total en
efectivo de la cantidad a nombre de la Tesorería de la Federación o la de la entidad federativa o
Municipio que corresponda por el monto de aquéllos, así como de las multas y accesorios que se
lleguen a causar, en términos del artículo 135 de la Ley de Amparo, pues ello implicaría que el
mencionado interés se satisfaga doblemente, es decir, uno en el procedimiento administrativo de
donde proviene el acto reclamado, y otro en el incidente de suspensión.
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL VIGÉSIMO PRIMER
CIRCUITO.
Incidente de suspensión (revisión) 72/2008. Administrador Local de Recaudación de Iguala. 3 de
abril de 2008. Unanimidad de votos. Ponente: Martiniano Bautista Espinosa. Secretario: Mario
Alejandro Nogueda Radilla.
Nota: Por ejecutoria de fecha 2 de septiembre de 2009, la Segunda Sala declaró inexistente la
contradicción de tesis 266/2009 en que participó el presente criterio.
Novena Época
Registro: 169180
Tesis Aislada
XXVIII, Julio de 2008
Tesis: I.16o.A.11 A
Página: 1900
SUSPENSIÓN CONTRA EL COBRO DE CONTRIBUCIONES Y APROVECHAMIENTOS. PARA QUE SURTA
EFECTOS, NO DEBE EXIGIRSE AL QUEJOSO QUE EXHIBA EL DEPÓSITO TOTAL EN EFECTIVO DE
AQUÉLLOS NI DEL MONTO DE LAS MULTAS Y ACCESORIOS QUE SE LLEGUEN A CAUSAR, SI
PREVIAMENTE SE GARANTIZÓ EL INTERÉS FISCAL A TRAVÉS DEL EMBARGO EN LA VÍA
ADMINISTRATIVA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 135 DE LA LEY DE AMPARO, REFORMADO
MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 24 DE ABRIL DE
2006).
El artículo 135 de la Ley de Amparo, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de
la Federación el 24 de abril de 2006, establece que cuando se pida amparo no sólo contra el cobro
de contribuciones, sino también en el caso de aprovechamientos, a que se refiere el artículo 3o.
del Código Fiscal de la Federación, el juzgador federal podrá otorgar la suspensión,
condicionándola para que surta efectos, al previo depósito del total en efectivo de la cantidad a
cargo del quejoso, a nombre de la autoridad tributaria que corresponda, para cubrir además, el
monto de las multas y accesorios que se lleguen a causar, asegurando con ello el interés fiscal. Así,
el legislador al reformar dicho precepto derogó su segundo párrafo, que contemplaba como
excepciones para exigir el referido depósito, las siguientes: a) cuando el monto de las
contribuciones excediera la posibilidad económica del quejoso, según apreciación del Juez; b)
cuando previamente se hubiere constituido la garantía del interés fiscal ante la autoridad
exactora; y, c) cuando se tratara de persona distinta del causante obligado directamente al pago,
pudiendo el quejoso en este último supuesto, asegurar el interés fiscal por cualquiera de los
medios de garantía permitidos por las leyes fiscales aplicables. Ahora bien, para lograr una recta
interpretación del aludido precepto 135, debe ponderarse que de la exposición de motivos de la
comentada reforma se obtiene que ésta obedeció fundamentalmente a la necesidad de impedir
que ciertos individuos utilizaran la suspensión en el juicio de garantías como mecanismo para
evadir fraudulentamente el pago de contribuciones y cuotas compensatorias, que tienen, estas
últimas, la naturaleza de aprovechamientos, en términos del artículo 63 de la Ley de Comercio
Exterior y para efectos de cobro se les aplica el procedimiento administrativo de ejecución. En esta
tesitura, pudiera pensarse que el indicado dispositivo ya no prevé excepción alguna al depósito
total en efectivo de las contribuciones y aprovechamientos para que surta efectos la medida
cautelar; sin embargo, este requisito de efectividad sólo debe cumplirse cuando el interés fiscal
que implica el adeudo controvertido no se hubiere garantizado, es decir, excepto cuando el
quejoso ya lo aseguró ante la propia autoridad, de conformidad con la legislación tributaria
aplicable. Lo anterior es así, pues de la interpretación de los artículos 141, fracción V, 143 y 151 del
citado código, se obtiene que una de las formas de asegurar el interés de la hacienda pública es el
embargo en la vía administrativa, el que puede incluir las negociaciones del contribuyente, con
todo lo que de hecho y por derecho le corresponda a la autoridad, a fin de obtener, mediante su
intervención, los ingresos necesarios que permitan satisfacer el crédito fiscal y los accesorios
legales. Por tanto, para que surta efectos la medida cautelar, no debe exigirse al quejoso que
exhiba la constancia de depósito en efectivo a favor de la autoridad exactora respectiva, en
relación con los créditos fiscales determinados en su contra, si éstos se aseguraron a través del
señalado embargo, ya que en esa hipótesis la autoridad ya efectuó las gestiones tendientes a
obtener, mediante la intervención de la referida negociación, los ingresos necesarios que permitan
satisfacer los adeudos fiscales y sus accesorios legales, habida cuenta que no fue la intención del
legislador requerir dicho depósito en todos los casos, es decir, sin contemplar alguna excepción
sino sólo en los que el interés fiscal no se hubiere protegido.
DÉCIMO SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.
Incidente de suspensión (revisión) 63/2007. Torcon, S.A. de C.V. 7 de marzo de 2007. Unanimidad
de votos. Ponente: Carlos Amado Yáñez. Secretario: Abel Méndez Corona.
Incidente de suspensión (revisión) 46/2008. Construcciones Metálicas Tor, S.A. de C.V. 30 de enero
de 2008. Unanimidad de votos. Ponente: Carlos Amado Yáñez. Secretario: Abel Méndez Corona.
Nota: El criterio contenido en esta tesis contendió en la contradicción de tesis 266/2009, resuelta
por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en su sesión celebrada el dos de
septiembre de dos mil nueve, en la cual se determinó que no existe la contradicción de criterios
sustentados, por los Tribunales Colegiados Décimo Sexto en Materia Administrativa del Primer
Circuito al resolver el incidente en revisión 63/2007 y el Segundo en Materias Penal y
Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, y por la otra, con el criterio sustentado por el Séptimo
Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito y el Primer Tribunal Colegiado en
Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, por el contrario que sí existe
contradicción de tesis entre los criterios sustentados por los Tribunales Colegiados Primero en
Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito y Séptimo en Materia Administrativa
del Primer Circuito contra el sustentado por el Décimo Sexto Tribunal Colegiado en Materia
Administrativa del Primer Circuito, este último al resolver el incidente en revisión 46/2008, el
incidente en revisión 236/2008 y el amparo en revisión 224/2009 (incidente de suspensión). De
Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXX, octubre de 2009, página 73, con el
rubro: "GARANTÍA DEL INTERÉS FISCAL. ES INNECESARIO EL DEPÓSITO DEL TOTAL EN EFECTIVO
DEL CRÉDITO FISCAL Y SUS ACCESORIOS ANTE LA TESORERÍA CORRESPONDIENTE, PARA QUE
SURTA EFECTOS LA SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 135 DE LA
LEY DE AMPARO, SI LA AUTORIDAD PREVIAMENTE PRACTICÓ EMBARGO SOBRE LA NEGOCIACIÓN
CON INTERVENCIÓN CON CARGO A LA CAJA, SIEMPRE QUE A JUICIO DEL JUEZ DE AMPARO EL
INTERÉS FISCAL DEL CRÉDITO EXIGIBLE ESTÉ SUFICIENTEMENTE GARANTIZADO."
Novena Época
Registro: 169720
Tesis Aislada
XXVII, Mayo de 2008
Tesis: 2a. L/2008
Página: 226
CONDONACIÓN DE MULTAS FISCALES. EL ARTÍCULO SÉPTIMO TRANSITORIO, FRACCIÓN I, INCISO
A), DE LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2007, NO
TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA.
La condonación, como instrumento de índole excepcional, se ha empleado no sólo para hacer más
equitativo el sistema tributario, sino que además se ha instituido en casos en que la autoridad
hacendaria ya no podrá ejercer sus facultades de cobro coactivo o estaría sujeta a otros factores
de carácter legal o material que impedirían hacer efectiva la deuda fiscal, con la única finalidad de
regularizar la situación del contribuyente, porque desde la óptica de los principios fiscales de
comodidad y buena fe se presupone que la falta de pago de la obligación pecuniaria obedeció a la
desaparición de la capacidad contributiva del gobernado. Por tanto, el artículo séptimo transitorio,
fracción I, inciso a), de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007, que
permite la condonación de multas derivadas del incumplimiento de obligaciones distintas al pago
causadas en 2002 o antes, no así las que tuvieran origen en las mismas obligaciones, pero
generadas en 2003 o después, no transgrede el principio de equidad tributaria contenido en el
artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues ese trato
diferenciado obedece a una situación objetiva, porque en el ejercicio fiscal de 2007 la autoridad
fiscal probablemente no podrá ejercer sus facultades para realizar el cobro relativo en relación con
las multas derivadas de obligaciones causadas en 2002 o antes, mientras que respecto de las
generadas en 2003 o posteriormente no sucede lo mismo, habida cuenta que para 2007 aún no
transcurren los 5 años para que se surta la caducidad y la autoridad conserva sus atribuciones para
exigir el pago fiscal, de modo que si la deuda fiscal todavía puede cobrarse jurídica y
materialmente, no se está en un mismo plano de igualdad respecto de las que existe poca o nula
posibilidad de lograr ese cobro, por lo que los contribuyentes se encuentran en una situación
diversa.
Amparo en revisión 156/2008. Servicios Profesionales y Maquinados BGH, S.A. de C.V. 16 de abril
de 2008. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Genaro David Góngora Pimentel. Ponente: José
Fernando Franco González Salas. Secretario: Israel Flores Rodríguez.
Novena Época
Registro: 169674
Tesis Aislada
XXVII, Mayo de 2008
Página: 1060
MULTA FISCAL MÍNIMA. PARA LA DEBIDA FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LA IMPUESTA EN
TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 86, FRACCIÓN I, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, A PARTIR DE
LA REFORMA PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 5 DE ENERO DE 2004, ES
NECESARIO CITAR EL ARTÍCULO SEGUNDO, FRACCIÓN III, DEL DECRETO DE ÉSTA Y TRANSCRIBIR LA
PARTE CONDUCENTE DE LA RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL QUE ACTUALIZÓ LAS CANTIDADES
DE AQUEL NUMERAL.
De la evolución histórica legislativa del artículo 86, fracción I, del Código Fiscal de la Federación,
concretamente de la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 5 de enero de 2004
se advierte que el citado precepto no se incluyó en alguno de los apartados de reformas, adiciones
o derogaciones del decreto respectivo, sino en su artículo segundo, fracción III, que alude a las
disposiciones transitorias del citado ordenamiento, en donde se establece expresamente que las
cantidades a que se refieren, entre otros preceptos, el mencionado en primer término, serían las
establecidas en el anexo 5 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2003, publicado en el Diario
Oficial de la Federación el 21 de noviembre de 2003, que habían sido actualizadas de conformidad
con el artículo 17-B del propio código, vigente hasta el 31 de diciembre de 2003. En estas
condiciones, a fin de cumplir con los requisitos formales de la debida fundamentación y
motivación que para su legalidad exigen los artículos 16 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos y 38, fracción III, del multialudido código, en vigor hasta el 28 de junio de 2006,
en la resolución por la que se imponga una sanción con base en el numeral 86, fracción I, del
código tributario federal, la autoridad debe citar, además del referido artículo segundo, fracción
III, la parte relativa del anexo 5 de la Resolución Miscelánea Fiscal que haga referencia al artículo
en que sustenta la sanción, así como a la multa actualizada que corresponda en términos del
referido decreto, porque sólo de esta manera el contribuyente podrá tener certeza respecto a la
forma en que se obtuvo el monto de la multa impuesta, en tanto que es dicho numeral segundo el
que remite al anexo 5 de referencia, que no tuvo su origen en un acto legislativo, sino en uno
administrativo que no puede por sí mismo sustituir o modificar los montos aprobados mediante el
proceso legislativo pues, si bien es cierto que para cumplir con el propósito tutelar de la garantía
de legalidad consagrada en la señalada norma constitucional es requisito indispensable que la
fundamentación y motivación conste en el cuerpo mismo de la resolución y no en documento
distinto, también lo es que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de
que la falta de expresión de los motivos que llevaron a la autoridad administrativa a imponer el
monto mínimo de una sanción pecuniaria no puede considerarse como un vicio formal que
amerite la concesión del amparo por transgresión a la garantía de seguridad jurídica prevista en el
artículo 16 constitucional, dado que una vez acreditada la existencia de la conducta infractora el
monto de aquélla no podrá ser inferior, lo cual sólo se actualiza cuando la multa impuesta es la
mínima establecida en la ley; no obstante, si la autoridad fiscal impone una multa mínima en
cantidad actualizada con base en una resolución miscelánea fiscal, debe explicar
pormenorizadamente el procedimiento para determinar la parte actualizada de la multa a fin de
que el gobernado esté en posibilidad de conocer dicho procedimiento y, en su caso, impugnarlo
por vicios propios.
CIRCUITO.
Revisión fiscal 17/2007. Administrador Local Jurídico de Acapulco, en representación del
Secretario de Hacienda y Crédito Público y de otro. 29 de marzo de 2007. Unanimidad de votos.
Ponente: Jesús Rafael Aragón. Secretaria: Silvia Galindo Andrade.
Secretario de Hacienda y Crédito Público y de otros. 7 de junio de 2007. Unanimidad de votos.
Ponente: Jesús Rafael Aragón. Secretaria: Silvia Galindo Andrade.
Secretario de Hacienda y Crédito público y de otros. 27 de septiembre de 2007. Unanimidad de
votos. Ponente: Jesús Rafael Aragón. Secretaria: Ma. Guadalupe Gutiérrez Pessina.
Secretario de Hacienda y Crédito Público y de otros. 26 de noviembre de 2007. Unanimidad de
votos. Ponente: Zeus Hernández Zamora, secretario de tribunal autorizado por la Comisión de
Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal para desempeñar las funciones de
Magistrado. Secretaria: Martha Alicia López Hernández.
Novena Época
Registro: 169664
Tesis Aislada
XXVII, Mayo de 2008
Tesis: VIII.3o.81 A
Página: 1102
OFICIO DE OBSERVACIONES EMITIDO CON MOTIVO DE LA REVISIÓN DE ESCRITORIO O DE
GABINETE. SU CIRCUNSTANCIACIÓN DEBE LIMITARSE A HECHOS U OMISIONES QUE ENTRAÑEN EL
INCUMPLIMIENTO A LAS DISPOSICIONES FISCALES, SIN COMPRENDER LA DETERMINACIÓN DE
CONTRIBUCIONES O APROVECHAMIENTOS OMITIDOS, ACCESORIOS Y MULTAS A QUE HAYA
LUGAR.
De la interpretación armónica de las fracciones IV, VI, VIII y IX del artículo 48 del Código Fiscal de la
Federación, se colige que la circunstanciación del oficio de observaciones debe limitarse a los
hechos u omisiones detectados en la revisión de escritorio o de gabinete, que entrañen el
incumplimiento a las disposiciones fiscales, sin que comprenda la determinación de contribuciones
o aprovechamientos omitidos, accesorios y multas a que haya lugar, pues el propósito de dicho
documento es que el contribuyente se entere de lo advertido por la autoridad para que, dentro
del plazo de veinte días, contados a partir del siguiente a aquel en que surta efectos la notificación
correspondiente, presente los documentos, libros o registros que desvirtúen los hechos u
omisiones asentados en él, así como para optar por corregir su situación fiscal, mediante la
presentación de la forma correspondiente, de la cual proporcionará copia a la autoridad revisora;
resultando que si el contribuyente no corrige totalmente su situación fiscal conforme al oficio de
observaciones, o no desvirtúa los hechos u omisiones que éste consigna, se emitirá la resolución
que determine las contribuciones o aprovechamientos omitidos, la cual también deberá serle
notificada. Considerar lo contrario implicaría que el oficio de observaciones fuera también
liquidatorio, lo cual atenta contra su naturaleza jurídica.
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL OCTAVO CIRCUITO.
Amparo directo 25/2008. Lluvia Martínez Martínez. 13 de marzo de 2008. Unanimidad de votos.
Ponente: Ezequiel Neri Osorio. Secretario: Luis González Bardán.
Amparo directo 73/2008. Guadalupe Jiménez García. 10 de abril de 2008. Unanimidad de votos.
Ponente: Ezequiel Neri Osorio. Secretario: Víctor Hugo Zamora Elizondo.
Amparo directo 93/2008. Evaristo Américo Cadena González. 10 de abril de 2008. Unanimidad de
votos. Ponente: Isidro Avelar Gutiérrez. Secretaria: María del Pilar Aspiazu Gómez.
Novena Época
Registro: 169623
Tesis Aislada
XXVII, Mayo de 2008
Página: 1130
RENTA. LA OMISIÓN DE LAS PERSONAS MORALES O ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO
DE INFORMAR EN SU DECLARACIÓN ANUAL SOBRE SUS INGRESOS, DA LUGAR A CONSIDERARLOS
COMO REMANENTE DISTRIBUIBLE EN TÉRMINOS DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, NO
OBSTANTE QUE SE PRESENTE DECLARACIÓN COMPLEMENTARIA UNA VEZ INICIADAS LAS
FACULTADES DE REVISIÓN DE LA AUTORIDAD Y, POR TANTO, A QUE SE DETERMINE EL CRÉDITO Y
SUS ACCESORIOS.
Conforme a los artículos 95, segundo párrafo y 101, quinto párrafo, de la Ley del Impuesto sobre la
Renta, las personas morales o asociaciones civiles sin fines de lucro tienen la obligación de
informar mediante declaración anual todos sus ingresos, incluyendo donaciones en efectivo o en
especie, a más tardar el quince de febrero de cada año, y en caso de incumplir con esa obligación,
el importe de lo omitido se considerará remanente distribuible, entendido éste como utilidad
fiscal, aun cuando no lo hayan entregado a sus integrantes o socios, lo que dará lugar a la
determinación del crédito por dicho gravamen con todos sus accesorios, como son recargos y
multas. Por tanto, el hecho de que una de las contribuyentes señaladas, mediante declaración
complementaria informe sobre los ingresos omitidos, ya iniciadas las facultades de revisión por la
autoridad competente, no impide que sean considerados remanente distribuible y que, por tanto,
se determine el crédito con sus accesorios.
Revisión fiscal 257/2007. Administrador Local Jurídico de Puebla Sur. 21 de febrero de 2008.
Unanimidad de votos. Ponente: Jaime Raúl Oropeza García. Secretario: Clemente Delgado Salgado.
Novena Época
Registro: 170004
Tesis Aislada
XXVII, Marzo de 2008
Tesis: I.7o.A.553 A
Página: 1824
SUSPENSIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 87 DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO. LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD DE PRONUNCIARSE SOBRE ELLA NO
CONFIGURA LA NEGATIVA FICTA RESPECTO DE SU OTORGAMIENTO.
El artículo 87 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo prevé la suspensión del acto
administrativo impugnado mediante el recurso de revisión que contempla el diverso precepto 83
de la propia ley, cuando se surtan las hipótesis siguientes: a) lo solicite expresamente el
recurrente; b) sea procedente el recurso; c) no se siga perjuicio al interés social o se contravengan
disposiciones de orden público; d) no se ocasionen daños o perjuicios a terceros, a menos que
éstos se garanticen para el caso de no obtener resolución favorable; y, e) tratándose de multas, el
recurrente garantice el crédito fiscal en cualesquiera de las formas previstas en el Código Fiscal de
la Federación. Por su parte, el último párrafo de la disposición citada en primer término señala que
al interponerse el mencionado recurso, la autoridad debe acordar lo relativo a la solicitud de la
medida cautelar, otorgándola o negándola, dentro de los cinco días siguientes a su interposición,
ya que de lo contrario, se entenderá otorgada. En esas condiciones, la falta de pronunciamiento
respecto a la suspensión solicitada al interponerse el aludido medio de defensa, no configura la
negativa ficta respecto de su otorgamiento.
Amparo en revisión 440/2007. Productos Internacionales Mabe, S.A. de C.V. 23 de enero de 2008.
Novena Época
Registro: 170198
Tesis Aislada
XXVII, Febrero de 2008
Tesis: XI.2o.32 A
Página: 2377
REQUERIMIENTO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES. NO CONSTITUYE UNA
RESOLUCIÓN DEFINITIVA QUE CAUSE UN PERJUICIO INMINENTE Y DIRECTO EN LA ESFERA
JURÍDICA Y PATRIMONIAL DE UN CONTRIBUYENTE SI NO LE FIJA EN CANTIDAD LÍQUIDA UNA
OBLIGACIÓN O LE DA BASES PARA SU LIQUIDACIÓN.
Para que un acto administrativo se considere definitivo es necesario atender a su naturaleza
jurídica, ya sea expresa o ficta, la cual debe constituir el producto final o la voluntad terminante de
la autoridad administrativa, que suele ser de dos formas: a) como última resolución dictada para
poner fin a un procedimiento, o b) como manifestación aislada que no requiere de un
procedimiento que le anteceda para poder reflejar la última voluntad oficial. En esa tesitura, si la
autoridad hace un requerimiento de cumplimiento de obligaciones fiscales a un contribuyente sin
imponerle multa alguna ni apercibirlo en determinado sentido para el caso de incumplimiento,
jurídicamente no puede sostenerse que tal requerimiento sea una resolución definitiva que le
cause un perjuicio inminente y directo en su esfera jurídica y patrimonial, ya que no contiene en sí
una obligación fiscal impuesta por una autoridad, sino sólo una exhortación para que cumpla con
ciertas disposiciones legales; pero sin que le fije en cantidad líquida una obligación o le dé las
bases para su liquidación.
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO PRIMER CIRCUITO.
Amparo directo 528/2007. Salvador González Silva. 26 de septiembre de 2007. Unanimidad de
votos. Ponente: Libertad Rodríguez Verduzco, secretaria de tribunal autorizada por la Comisión de
Magistrada. Secretario: Juan Ramón Barreto López.
Amparo directo 589/2007. Rogelio Urincho Pérez. 14 de noviembre de 2007. Unanimidad de
votos. Ponente: Raúl Murillo Delgado. Secretario: Juan Ramón Barreto López.
Novena Época
Registro: 170682
Tesis Aislada
XXVI, Diciembre de 2007
Tesis: XIII.1o.30 A
Página: 1757
OBLIGACIÓN Y RESPONSABILIDAD SOLIDARIAS EN MATERIA FISCAL. SON FIGURAS JURÍDICAS
DIFERENTES, EN ATENCIÓN A QUE SUS CAUSAS GENERADORAS SON DISTINTAS.
Cuando un tercero que comprueba su idoneidad y solvencia garantiza voluntariamente el interés
fiscal respecto de un crédito autodeterminado por un contribuyente, se constituye como un
obligado solidario en términos del artículo 141, fracción IV y segundo párrafo, del Código Fiscal de
la Federación, supuesto en el cual la garantía deberá comprender, además de las contribuciones
adeudadas actualizadas, los accesorios causados, así como de los que se causen en los doce meses
siguientes a su otorgamiento; hipótesis diversa a la responsabilidad solidaria a que se contrae el
numeral 26, fracción VIII y párrafo final, del citado código, que comprende los accesorios, con
excepción de las multas. Así, la diferencia esencial radica en las causas generadoras de ambas
figuras jurídicas, pues mientras en la primera se regula una de las formas en que podrá
garantizarse el interés fiscal, en la segunda se contempla el caso de las personas que resultan
responsables solidarias con los contribuyentes, motivo por el cual reciben tratamiento diverso.
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO TERCER CIRCUITO.
Revisión fiscal 29/2007. Administradora Local Jurídica de Oaxaca. 19 de septiembre de 2007.
Unanimidad de votos. Ponente: Jaime Allier Campuzano. Secretaria: Sylvia Adriana Sarmiento
Jiménez.
Novena Época
Registro: 170982
Jurisprudencia
XXVI, Noviembre de 2007
Tesis: 2a./J. 208/2007
Página: 189
AGENTE ADUANAL. LA NOTIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN POR LA QUE SE LE IMPONE UNA MULTA
POR EL INDEBIDO CUMPLIMIENTO U OMISIÓN DE LAS FORMALIDADES RELATIVAS AL DESPACHO
ADUANERO DE MERCANCÍAS, ES LEGAL AUN CUANDO NO SE REALICE AL IMPORTADOR O
EXPORTADOR.
Si en términos del artículo 41 de la Ley Aduanera el agente aduanal asume el carácter de
representante legal del importador o exportador tratándose de: a) las actuaciones derivadas del
despacho aduanero siempre que se celebren dentro del recinto fiscal; b) las notificaciones
derivadas del despacho aduanero de mercancías, es decir, aquellas que se refieren a los trámites
administrativos inherentes a las formalidades relativas a la entrada o salida de mercancías al
territorio nacional; c) el acta de inicio del procedimiento administrativo en materia aduanera,
cuando con motivo del reconocimiento aduanero, segundo reconocimiento, verificación de
mercancías en transporte o por el ejercicio de facultades de comprobación se embarguen
precautoriamente mercancías, en términos del artículo 150 de la Ley citada; y, d) el escrito por el
que la autoridad aduanera haga del conocimiento del interesado los hechos u omisiones que
impliquen la omisión de contribuciones a que se refiere el artículo 152 de la propia Ley, es
evidente que la notificación de la resolución por la que se le impone una multa por el indebido
cumplimiento u omisión de las formalidades relativas al despacho aduanero de mercancías deberá
entenderse sólo con el agente aduanal, en tanto que cualquier error o vicio que en tal aspecto se
advierta únicamente repercute en el ámbito de su actuación y representación, sin afectar los
intereses del importador o exportador, ya que la obligación de notificar tanto al agente aduanal
como al importador o exportador sólo existe al inicio de cualquier procedimiento posterior al
despacho aduanero, y porque a la única persona a quien agravia el acta circunstanciada de
hechos, donde se dan a conocer las irregularidades referidas, es al agente aduanal, pues a partir
de la práctica del reconocimiento de la mercancía correspondiente al pedimento que éste elabora,
en la que se detectan clasificaciones arancelarias erróneas, es cuando la autoridad
correspondiente determina imponerle una multa, no al importador o exportador, de tal suerte que
si no se afecta la esfera jurídica de estos últimos, es innecesario que se les notifique el acta de
irregularidades.
Contradicción de tesis 204/2007-SS. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado en
Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito y el Primer Tribunal Colegiado en
Materia Administrativa del Cuarto Circuito. 17 de octubre de 2007. Mayoría de cuatro votos.
Disidente: Genaro David Góngora Pimentel. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretaria:
Claudia Mendoza Polanco.
privada del diecisiete de octubre de dos mil siete.
Novena Época
Registro: 171057
Jurisprudencia
XXVI, Octubre de 2007
Página: 3063
RESPONSABILIDAD SOLIDARIA EN MATERIA FISCAL. PARA QUE SE CONFIGURE RESPECTO DE LOS
GERENTES, DIRECTORES, ADMINISTRADORES, SOCIOS O ACCIONISTAS DE LA PERSONA MORAL
CONTRIBUYENTE, POR EL HECHO DE QUE ÉSTA CAMBIE DE DOMICILIO SIN PRESENTAR EL AVISO
CORRESPONDIENTE, ES INNECESARIO EXIGIR A LA AUTORIDAD QUE DEMUESTRE DÓNDE SE
LOCALIZA EL NUEVO.
Una interpretación teleológica del artículo 26 del Código Fiscal de la Federación, basada en los
procesos legislativos que dieron origen tanto a la adición de su fracción X, como a la reforma al
inciso b) de su fracción III, cuyos decretos se publicaron en el Diario Oficial de la Federación el 28
de diciembre de 1989 y el 31 de diciembre de 2000, respectivamente, en relación con los
contribuyentes y responsables solidarios, permite establecer que la intención del legislador es
impedir la evasión fiscal de las empresas a quienes se les ha fincado un crédito y pretenden evitar
su pago cambiando de domicilio sin hacer del conocimiento de la autoridad el nuevo lugar donde
desarrollan sus actividades, con lo cual aquélla se ve imposibilitada para cumplir con uno de sus
objetivos, que es la recaudación. En esa medida, para que se configure la responsabilidad solidaria
de los gerentes, directores, administradores, socios o accionistas ante el cambio de domicilio de la
persona moral contribuyente sin presentar el aviso correspondiente, es innecesario exigir a la
autoridad exactora que demuestre dónde se localiza el nuevo, precisando la calle, número,
colonia, código postal y ciudad, ya que ello es contrario al fin mencionado, pues no debe perderse
de vista que de conocer la autoridad el nuevo domicilio de la empresa requerida, aun cuando ésta
no lo manifestara, podría exigirle el pago del crédito y multarla por dicha omisión, en términos del
diverso precepto 81, fracción VI, del citado código.
CIRCUITO.
Tampico, Tamaulipas. 24 de mayo de 2006. Unanimidad de votos. Ponente: Guillermo Loreto
Martínez. Secretario: Arturo Ramírez Ramírez.
Tampico, Tamaulipas. 24 de enero de 2007. Unanimidad de votos. Ponente: Guillermo Loreto
Tampico, Tamaulipas. 21 de febrero de 2007. Unanimidad de votos. Ponente: José Ángel
Hernández Huízar. Secretaria: Dafne Barraza García.
Jefe del Servicio de Administración Tributaria y de la Administración Local Jurídica de Tampico,
Tamaulipas. 23 de mayo de 2007. Unanimidad de votos. Ponente: Antonio Ceja Ochoa. Secretario:
David Israel Domínguez.
Tampico, Tamaulipas. 13 de septiembre de 2007. Unanimidad de votos. Ponente: José Ángel
Hernández Huízar. Secretaria: Gabriela Maldonado Esquivel.
Novena Época
Registro: 171011
Tesis Aislada
Tesis: I.7o.A.545 A
Página: 3333
PARA QUE SURTA EFECTOS, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE VERIFICAR QUE SE HAYA DEPOSITADO
PREVIAMENTE ANTE LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN O LA DE LA ENTIDAD FEDERATIVA O
MUNICIPIO QUE CORRESPONDA EL TOTAL EN EFECTIVO DE ESOS CONCEPTOS Y DE LAS MULTAS Y
ACCESORIOS QUE SE LLEGUEN A CAUSAR, SIN TOMAR EN CUENTA LAS EXCEPCIONES CONTENIDAS
EN EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 135 DE LA LEY DE LA MATERIA ANTES DE SU REFORMA
PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 24 DE ABRIL DE 2006.
El artículo 135 de la Ley de Amparo, antes de su reforma publicada en el Diario Oficial de la
Federación el 24 de abril de 2006, establecía que en la hipótesis de que el amparo se solicitara
contra el cobro de contribuciones, el Juez de Distrito tenía atribuciones para conceder
discrecionalmente la suspensión del acto reclamado, la que surtía efectos previo depósito ante la
Tesorería de la Federación o la de la entidad federativa o Municipio que corresponda, de la
cantidad que se cobraba. Además, preveía que el depósito no era exigible cuando el cobro excedía
las posibilidades del quejoso, según apreciación del juzgador en la hipótesis de que previamente
se hubiera constituido garantía del interés fiscal ante la autoridad exactora, o en caso de que se
tratara de persona distinta del causante obligado directamente al pago; en este último supuesto
se aseguraba el interés tributario por cualquiera de los medios de garantía permitidos por las leyes
fiscales aplicables. No obstante, de la consulta de la exposición de motivos presentada por la
Cámara de Diputados para la reforma de la referida disposición normativa, se advierte que su
objeto principal fue que la hacienda federal estuviera en posibilidad de exigir el pago de los
ingresos fiscales, así como de crear mayor certeza jurídica para conceder la suspensión del acto
reclamado, por lo que era necesario precisar la manera en que debía realizarse el depósito de la
cantidad requerida por la autoridad fiscal; con ese mismo fin, se consideró indispensable derogar
el párrafo segundo del precepto legal. Así, el artículo examinado, en su nueva redacción, establece
sustancialmente que en el supuesto de que el amparo se pida contra el cobro de contribuciones y
aprovechamientos, la medida suspensional se concederá discrecionalmente y surtirá efectos
previo depósito del total en efectivo de la cantidad a nombre de la Tesorería de la Federación o la
de la entidad federativa o Municipio correspondiente, cubriendo el monto por esos conceptos, las
contribuciones, aprovechamientos, multas y accesorios que se lleguen a causar. En esas
condiciones y de conformidad con la redacción actual del precepto legal, no existe posibilidad de
que el juzgador tome en cuenta los supuestos de excepción previstos en el texto anterior de la
disposición legal examinada, ya que lo único que debe considerar es si en el juicio de amparo se
encuentra involucrado algún crédito tributario y, de ser así, conceder la medida suspensional
cuyos efectos están sujetos a la realización del depósito en las condiciones anotadas.
Incidente de suspensión (revisión) 241/2007. Compañía Operadora de Estacionamientos
Mexicanos, S.A. de C.V. 29 de agosto de 2007. Unanimidad de votos. Ponente: F. Javier Mijangos
Navarro. Secretario: Gustavo Naranjo Espinosa.
Novena Época
Registro: 171427
Jurisprudencia
XXVI, Septiembre de 2007
Tesis: 2a./J. 174/2007
Página: 510
MULTA FISCAL. TRATÁNDOSE DE LA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 76, FRACCIÓN II, DEL CÓDIGO
FISCAL DE LA FEDERACIÓN, VIGENTE HASTA EL 28 DE JUNIO DE 2006, LA GARANTÍA DE AUDIENCIA
PUEDE OTORGARSE CON POSTERIORIDAD A SU IMPOSICIÓN.
Si se toma en consideración que conforme a la jurisprudencia del Tribunal en Pleno de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época,
Volumen 66, Primera Parte, página 77, con el rubro: "AUDIENCIA, GARANTÍA DE, EN MATERIA
IMPOSITIVA. NO ES NECESARIO QUE SEA PREVIA.", cuando la autoridad hacendaria determina un
crédito fiscal derivado del incumplimiento en el pago de una contribución, la garantía de audiencia
contenida en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos puede
otorgarse a los gobernados con posterioridad al dictado de la liquidación, resulta inconcuso que
tratándose de la sanción prevista en el artículo 76, fracción II, del Código Fiscal de la Federación,
vigente hasta el 28 de junio de 2006, el derecho de audiencia puede otorgarse con posterioridad a
la emisión de la resolución respectiva, en virtud de que el crédito fiscal que deriva de la imposición
de aquélla tiene su origen en la omisión del pago de una contribución y, por ende, al tenor del
artículo 2o., último párrafo, del propio ordenamiento, constituye un accesorio del tributo
respectivo que participa de su naturaleza, tornándose en un crédito fiscal tributario. En
consecuencia, la oportunidad otorgada al gobernado que sea sancionado conforme al indicado
artículo 76, fracción II, para impugnar la resolución respectiva, en la parte referida a la existencia
de la conducta infractora, así como en la relativa a la individualización de la sanción aplicable,
mediante el recurso de revocación en sede administrativa, en términos de los artículos 116 y 117
del citado Código tributario, o a través del juicio contencioso administrativo, conforme al título
sexto del propio ordenamiento, es suficiente para cumplir con la mencionada garantía
constitucional.
Amparo directo en revisión 406/2001. Promotora Villavera, S.A. de C.V. 15 de junio de 2001. Cinco
votos. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Rafael Coello Cetina.
Amparo directo en revisión 774/2002. Turismo las Hamacas, S.A. de C.V. 28 de junio de 2002.
Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Ponente: Guillermo I. Ortiz
Mayagoitia; en su ausencia hizo suyo el asunto Juan Díaz Romero. Secretaria: Lourdes Margarita
García Galicia.
Amparo directo en revisión 984/2004. Plavicom, S.A. de C.V. 15 de octubre de 2004. Cinco votos.
Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: Georgina Laso de la Vega Romero.
Amparo directo en revisión 1874/2004. Manuel Díaz Romero. 14 de febrero de 2005. Cinco votos.
Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: María del Consuelo Núñez Martínez.
Amparo directo en revisión 1691/2005. Rubén Riquelme Zúñiga. 18 de noviembre de 2005. Cinco
votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: Juan Fernando Mendoza Rodríguez.
privada del veintinueve de agosto de dos mil siete.
Novena Época
Registro: 171644
Jurisprudencia
XXVI, Agosto de 2007
Tesis: 2a./J. 124/2007
Página: 567
RECURSO DE REVISIÓN CONTRA ACTOS EMITIDOS POR LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA. NO ES
NECESARIO AGOTARLO PREVIAMENTE AL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.
El artículo 124 de la Ley de Aguas Nacionales establece que los interesados afectados por los actos
y resoluciones de las autoridades del agua, podrán interponer recurso de revisión dentro del plazo
de quince días hábiles siguientes a la fecha de su notificación, salvo que se trate de recursos
contra actos o resoluciones que se emitan en materia fiscal; lo que revela que el medio de
impugnación contra la imposición de multas por parte de la Comisión Nacional del Agua, puede
interponerse a elección del afectado, o bien intentar directamente la vía jurisdiccional que
corresponda, que en la especie es el juicio contencioso administrativo, ya que la interpretación de
tal norma debe hacerse partiendo del término "podrá" que implica la posibilidad para el particular
de optar por la instancia procedente sin necesidad de agotar previamente el recurso de revisión.
De acuerdo con ello, indefectiblemente debe ser admitida y tramitada la vía jurisdiccional
intentada por el interesado afectado con una resolución pronunciada por la autoridad
mencionada, sin que pueda cuestionarse que debió haberse interpuesto previamente el citado
recurso.
Contradicción de tesis 129/2007-SS. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero y
Segundo, ambos en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Sexto Circuito. 20 de junio de
2007. Cinco votos. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretaria: Claudia Mendoza Polanco.
privada del cuatro de julio de dos mil siete.
Nota: Por ejecutoria de fecha 5 de enero de 2010, el Tribunal Pleno declaró inexistente la
contradicción de tesis 45/2007-PL en que participó el presente criterio.
Novena Época
Registro: 171865
Tesis Aislada
Tesis: 2a. CX/2007
Página: 630
AGRAVIOS QUE EL TERCERO PERJUDICADO EXPRESA CONTRA LA SENTENCIA QUE CONCEDIÓ EL
AMPARO A LA AUTORIDAD DEMANDADA CUANDO EL ACTO RECLAMADO SE HACE CONSISTIR EN
UNA MULTA, EN APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 239 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN A PESAR
DE QUE ACATÓ EL FALLO DE NULIDAD. SON INATENDIBLES POR CARECER DE INTERÉS EN
RELACIÓN CON DICHO FALLO.
El artículo 5o., fracción III, de la Ley de Amparo tiene como objetivo dar participación en el juicio
de amparo a todos los que puedan resultar afectados en sus derechos con la resolución que en él
se dicte. En todos los supuestos que este precepto contempla, es requisito indispensable que el
tercero perjudicado sea titular de un derecho protegido por la ley, del cual puede resultar privado
o afectado por virtud de la insubsistencia de la resolución o acto reclamado que favorecía a sus
intereses en el juicio natural del que proviene con motivo de la concesión del amparo, lo que lo
legitima para combatir la sentencia protectora a través del recurso de revisión.
Consecuentemente si la Sala responsable considera que la autoridad demandada en el juicio de
nulidad ya dio cumplimiento a la sentencia que en él se pronunció, pero impone una multa
estimando que se acató fuera del plazo de cuatro meses que concede el artículo 239 del Código
Fiscal de la Federación, esta medida, como cualquiera que sancione a una autoridad por no ceñirse
al marco de las normas que regulan su actuación, sólo tiene como objetivo garantizar a la
colectividad en general el desarrollo correcto y normal de la función pública, y en esa medida si el
funcionario sancionado promueve amparo en contra de la resolución que le impuso la multa y se
le concede, el gobernado que obtuvo sentencia favorable en el juicio de amparo anterior,
interpone revisión, no obstante encontrarse legitimado por habérsele reconocido el carácter de
tercero perjudicado, sus agravios deben considerarse inoperantes por no afectársele ningún
interés respecto de la protección mencionada.
Amparo en revisión 1879/2006. Leticia Acosta Fernández, por derecho propio y como titular de la
Administración Local de Recaudación de Celaya del Servicio de Administración Tributaria de la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 27 de junio de 2007. Cinco votos. Ponente: Mariano
Azuela Güitrón. Secretaria: Oliva Escudero Contreras.
Novena Época
Registro: 171588
Tesis Aislada
Página: 1859
SUSPENSIÓN EN EL AMPARO CONTRA EL COBRO DE MULTAS ADMINISTRATIVAS NO FISCALES.
PARA QUE SURTA EFECTOS, LA ÚNICA FORMA DE GARANTIZAR EL INTERÉS FISCAL ES EL DEPÓSITO
EN EFECTIVO ANTE LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN O DE LA ENTIDAD FEDERATIVA O MUNICIPIO
QUE CORRESPONDA (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 25 DE ABRIL DE 2006).
Previo a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 24 de abril de 2006, que entró
en vigor al día siguiente, el artículo 135 de la Ley de Amparo establecía que cuando se pidiera el
amparo contra el cobro de contribuciones, la suspensión podría concederse de manera
discrecional y surtiría efectos previo depósito de la cantidad que se cobra ante la tesorería que
corresponda, pero que tal depósito no se exigiría si el monto reclamado excedía de la capacidad
económica del quejoso, si se había previamente constituido la garantía del interés fiscal ante la
autoridad exactora o cuando se tratara de persona distinta del causante obligado directamente al
pago, caso este último en el cual el precepto en cuestión permitía que la garantía del interés fiscal
se otorgara por cualquiera de los medios previstos en las leyes fiscales aplicables. No obstante, el
efecto de la reforma indicada fue establecer que tanto respecto de contribuciones como de
aprovechamientos (fiscales o no) la única forma de garantizar el interés fiscal es a través de
depósito de la cantidad total en efectivo a nombre de la Tesorería de la Federación o de la entidad
federativa o Municipio que corresponda y que dicho depósito deberá cubrir tanto las
contribuciones y aprovechamientos, como las multas y accesorios que se lleguen a causar,
asegurando así el interés fiscal. De esta forma, el precepto en vigor eliminó la posibilidad de que
no se exija garantía al quejoso en los casos de excepción que contemplaba antes de su
modificación. Por tanto, acorde con el contenido actual del artículo 135 de la Ley de Amparo, la
única manera de garantizar el interés fiscal cuando se pretenda la suspensión respecto del cobro
de multas administrativas no fiscales, es a través del depósito de la cantidad total en efectivo ante
la tesorería que corresponda. Cabe señalar que esta regla, por ser específica, excluye la aplicación
de la general que contemplan los artículos 125 y 126 de la Ley de Amparo, que prevén la
posibilidad de garantizar por cualquier medio previsto en la ley, los daños y perjuicios que
pudieran ocasionarse al tercero perjudicado con el otorgamiento de la suspensión.
Incidente de suspensión (revisión) 84/2007. Auto Tanques Flores, S.A. de C.V. 17 de mayo de 2007.
Unanimidad de votos. Ponente: José Elías Gallegos Benítez. Secretario: Martín Ubaldo Mariscal
Rojas.
Novena Época
Registro: 172074
Tesis Aislada
XXVI, Julio de 2007
Tesis: I.7o.A.523 A
Página: 2466
COMPETENCIA DE LAS ADMINISTRACIONES LOCALES DE RECAUDACIÓN DEL SERVICIO DE
ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA. EL ACUERDO JG-SAT-IO-5-2006 QUE ESTABLECE LOS CASOS,
SUPUESTOS Y REQUISITOS PARA QUE PROCEDA LA CONDONACIÓN TOTAL O PARCIAL DE LAS
MULTAS Y RECARGOS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO SÉPTIMO TRANSITORIO DE LA LEY DE
INGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2006, ES UNA NORMA COMPLEJA,
POR LO QUE CUANDO AQUÉLLAS EMITAN ACTOS ADMINISTRATIVOS CON BASE EN ELLA, DEBEN
CITAR Y TRANSCRIBIR LA PARTE ESPECÍFICA QUE PREVEA SUS FACULTADES AL RESPECTO.
La disposición general aludida, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 8 de junio de 2006,
se compone de seis fracciones: La primera dividida en cinco puntos, con tres incisos y cuatro
subincisos en el primero de ellos; la segunda en cuatro puntos y tres incisos para el último; la
tercera formada por tres puntos, subdivididos en dos, tres, y seis incisos, respectivamente; la
cuarta integrada por tres puntos, con tres incisos para los dos primeros, subdividiéndose a su vez
el primero en tres subincisos; la quinta con seis puntos, de los cuales, el cuarto se divide a su vez
en seis incisos y el primero de éstos en ocho subincisos; y, finalmente, en la fracción sexta se
encuentra el único transitorio del ordenamiento normativo. En ese orden de ideas, el acuerdo de
que se trata tiene las características de una norma compleja y, por esa razón, en el supuesto de
que las Administraciones Locales de Recaudación del Servicio de Administración Tributaria funden
su competencia para emitir actos de autoridad en esa disposición, deben citar y transcribir en ellos
la parte específica que les otorgue atribuciones al respecto, ya que sólo de esa forma se da
cumplimiento al principio de seguridad jurídica establecido en el artículo 16 de la Constitución
Federal, así como a la jurisprudencia 2a./J. 115/2005, publicada en el Semanario Judicial de la
Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXII, septiembre de 2005, página 310, de rubro:
"COMPETENCIA DE LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. EL MANDAMIENTO ESCRITO QUE
CONTIENE EL ACTO DE MOLESTIA A PARTICULARES DEBE FUNDARSE EN EL PRECEPTO LEGAL QUE
LES OTORGUE LA ATRIBUCIÓN EJERCIDA, CITANDO EL APARTADO, FRACCIÓN, INCISO O
SUBINCISO, Y EN CASO DE QUE NO LOS CONTENGA, SI SE TRATA DE UNA NORMA COMPLEJA,
HABRÁ DE TRANSCRIBIRSE LA PARTE CORRESPONDIENTE."
Amparo en revisión 88/2007. Administrador Local de Recaudación del Centro del Distrito Federal.
28 de marzo de 2007. Unanimidad de votos. Ponente: F. Javier Mijangos Navarro. Secretario:
Gustavo Naranjo Espinosa.
Novena Época
Registro: 171984
Tesis Aislada
XXVI, Julio de 2007
Página: 2657
DE AQUEL NUMERAL.
amerite la concesión del amparo por trasgresión a la garantía de seguridad jurídica prevista en el
por vicios propios.
CIRCUITO.
Revisión fiscal 96/2006. Administrador Local Jurídico de Acapulco, por sí y en representación del
Secretario de Hacienda y Crédito Público. 28 de septiembre de 2006. Unanimidad de votos.
Ponente: Jesús Rafael Aragón. Secretaria: Ma. Guadalupe Gutiérrez Pessina.
Secretario de Hacienda y Crédito Público. 25 de enero de 2007. Unanimidad de votos. Ponente:
Maximiliano Toral Pérez. Secretario: Zéus Hernández Zamora.
Secretario de Hacienda y Crédito Público. 15 de marzo de 2007. Unanimidad de votos. Ponente:
Martiniano Bautista Espinosa. Secretario: Mario Alejandro Nogueda Radilla.
Secretario de Hacienda y Crédito Público. 26 de abril de 2007. Unanimidad de votos. Ponente:
Martiniano Bautista Espinosa. Secretario: J. Ascención Goicochea Antúnez.
Novena Época
Registro: 172270
Tesis Aislada
XXV, Junio de 2007
Tesis: 2a. LXV/2007
Página: 339
AGENTES ADUANALES. TIENEN LEGITIMACIÓN PARA PROMOVER EN CONTRA DE LA SENTENCIA
DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA JUICIO DE AMPARO DIRECTO,
CUANDO EN EL ACTO DE ORIGEN LA AUTORIDAD IMPONE UN CRÉDITO FISCAL POR CUYO PAGO
LOS DECLARA RESPONSABLES SOLIDARIOS.
Conforme a la fracción II y al último párrafo del artículo 53 de la Ley Aduanera, los agentes
aduanales son responsables solidarios en el pago de los impuestos al comercio exterior y de las
demás contribuciones, así como de las cuotas compensatorias causadas con motivo de la
introducción o extracción de mercancías al territorio nacional y sus accesorios, con excepción de
las multas, originados a causa de las importaciones o exportaciones en cuyo despacho aduanero
intervengan. Luego, si el acto administrativo de origen impone un crédito fiscal, por cuyo pago
declara responsable solidario al agente aduanal con el sujeto directamente obligado, ello afecta su
interés jurídico y, por ende, tiene legitimación para promover juicio de amparo directo, pues de
serle favorable la sentencia, quedaría insubsistente el acto de aplicación de la norma que
controvirtió en los conceptos de violación, en términos del artículo 166, fracción IV, párrafo
segundo, de la Ley de Amparo.
Amparo directo en revisión 413/2007. Sergio Pérez Aguilar. 9 de mayo de 2007. Cinco votos.
Ponente: José Fernando Franco González Salas. Secretario: Roberto Rodríguez Maldonado.
Novena Época
Registro: 172185
Tesis Aislada
XXV, Junio de 2007
Tesis: XIX.2o.A.C.41 A
Página: 1121
MULTA FISCAL MÍNIMA AGRAVADA EN IGUAL MONTO. AL PARTICIPAR EL AUMENTO EN SU
CUANTÍA DE LAS MISMAS CARACTERÍSTICAS QUE LA SANCIÓN BÁSICA DE LA QUE DERIVA, SU
IMPOSICIÓN NO ATENTA CONTRA EL PRINCIPIO CONSTITUCIONAL DE MOTIVACIÓN (LEGISLACIÓN
VIGENTE EN 2005).
En términos del artículo 77, fracción I, inciso c), del Código Fiscal de la Federación, vigente en
2005, en los casos referidos por el numeral 76 de dicho código y vigencia, las multas se
aumentarán de un 50% (cincuenta por ciento) a un 75% (setenta y cinco por ciento) del importe de
las contribuciones retenidas o recaudadas y no enteradas, cuando se incurra en la agravante a que
se refiere la fracción III del artículo 75 del mismo ordenamiento (omisión en el entero de
contribuciones retenidas o recaudadas de los contribuyentes); por tanto, si la multa se impuso en
cantidad mínima y el aumento por la agravante también, sin hacerse más motivación que la
relativa a la adecuación del proceder del gobernado al supuesto jurídico previsto en la norma, ello
no atenta contra el principio de motivación contenido en el artículo 16 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, porque en tal hipótesis es innecesario razonar el aumento de la
sanción, ya que no podría imponerse una menor; es decir, como se trata de una sanción
subsidiaria o circunstancial que depende de una principal, al imponerse en la mínima, en
concordancia con la individualización así definida para la multa básica, no requiere mayor
explicación por ser ese aumento, como agravante, el mínimo señalado en la ley. Cuestión distinta
acontecería si, pese a que la multa básica se establezca en la mínima prevista en la ley, el monto
por agravación no tuviera ese parámetro mínimo, sino que se impusiera un monto mayor a él,
pues en este caso la autoridad sí estaría obligada a explicar el porqué del aumento.
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y CIVIL DEL DÉCIMO NOVENO
CIRCUITO.
Revisión fiscal 75/2005. Administrador Local Jurídico de Ciudad Victoria, Tamaulipas, en
representación del Jefe del Servicio de Administración Tributaria y de la Administración Local de
Auditoría Fiscal de Matamoros, en el mismo Estado. 2 de septiembre de 2005. Unanimidad de
votos. Ponente: Jorge Sebastián Martínez García. Secretario: Guillermo Cuautle Vargas.
representación del Secretario de Hacienda y Crédito Público y otras. 22 de septiembre de 2005.
Unanimidad de votos. Ponente: José Luis Mendoza Pérez. Secretario: Jesús Martínez Vanoye.
Novena Época
Registro: 172472
Jurisprudencia
XXV, Mayo de 2007
Tesis: VI.1o.A. J/39
Página: 1812
MULTA FISCAL MÍNIMA. CUANDO LA PARTE ACTUALIZADA SE ENCUENTRA INCORPORADA AL
TEXTO DEL PRECEPTO CORRESPONDIENTE A TRAVÉS DE UN DECRETO LEGISLATIVO, LA
AUTORIDAD NO ESTÁ OBLIGADA A EXPRESAR LOS MOTIVOS QUE LA CONDUJERON A IMPONER
ESE MONTO.
La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 95/2003,
publicada en las páginas 153 y 154 del tomo XVIII, noviembre de 2003, Novena Época del
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el rubro: "MULTA FISCAL MÍNIMA
ACTUALIZADA. LA AUTORIDAD QUE LA IMPONE CON BASE EN LA RESOLUCIÓN MISCELÁNEA
FISCAL, DEBE MOTIVAR LA SANCIÓN, SÓLO EN CUANTO A LA PARTE ACTUALIZADA.", ha señalado
que cuando la autoridad hacendaria impone una multa fiscal mínima actualizada, aun cuando
sigue siendo la mínima, aplica una cantidad diversa a la prevista en el Código Fiscal de la
Federación, por lo que al ser la actualización de las multas un acto administrativo proveniente de
la autoridad fiscal competente, el cual, por sí mismo, no modifica ni deroga los montos
establecidos en aquel ordenamiento, pues únicamente los actualiza, en esos supuestos la
autoridad debe fundar su acto tanto en las disposiciones aplicables del Código Tributario Federal,
como en la Resolución Miscelánea Fiscal y motivar la parte actualizada de la sanción. Sin embargo,
cuando dicha actualización, originalmente contenida en una Resolución Miscelánea Fiscal, se
encuentra incorporada al texto del precepto respectivo, mediante un decreto del legislador, en
hipótesis como ésta la autoridad hacendaria no se halla obligada a expresar los motivos que la
condujeron a imponer ese monto mínimo que ya no es actualizado, toda vez que el principio de
seguridad jurídica se encuentra salvaguardado en la medida en que el gobernado no tiene más
que acudir al texto legal correspondiente, no así a una Resolución Miscelánea Fiscal, a fin de
constatar que la autoridad le impuso la sanción de que se trate, en el monto mínimo previsto en la
ley.
Amparo directo 449/2006. Bugocom, S.A. de C.V. 7 de diciembre de 2006. Unanimidad de votos.
Ponente: Francisco Javier Cárdenas Ramírez. Secretaria: Luz Idalia Osorio Rojas.
Revisión fiscal 295/2006. Administrador Local Jurídico de Puebla Norte. 17 de enero de 2007.
Unanimidad de votos. Ponente: José Eduardo Téllez Espinoza. Secretario: Enrique Cabañas
Rodríguez.
Amparo directo 473/2006. Antonio Sánchez Argudo. 14 de febrero de 2007. Unanimidad de votos.
Ponente: Francisco Javier Cárdenas Ramírez. Secretario: Alejandro Andraca Carrera.
Revisión fiscal 27/2007. Administrador Local Jurídico de Puebla Norte. 21 de febrero de 2007.
Unanimidad de votos. Ponente: José Eduardo Téllez Espinoza. Secretaria: María Elena Gómez
Aguirre.
Revisión fiscal 85/2007. Administrador Local Jurídico de Puebla Sur. 23 de abril de 2007.
Rodríguez.
Novena Época
Registro: 172467
Jurisprudencia
XXV, Mayo de 2007
Tesis: III.4o.A. J/1
Página: 1823
NULIDAD EN EL JUICIO FISCAL. SI SE CONTROVIERTE UNA RESOLUCIÓN QUE NACE DEL EJERCICIO
DE LAS FACULTADES DISCRECIONALES DE LA AUTORIDAD ALEGANDO DEFICIENTE
FUNDAMENTACIÓN DE SU COMPETENCIA TERRITORIAL, DEBE DECRETARSE EN TÉRMINOS DEL
SUPUESTO EXCEPCIONAL PREVISTO EN EL ARTÍCULO 239, FRACCIÓN III, ÚLTIMA PARTE Y ÚLTIMO
PÁRRAFO, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 31 DE
DICIEMBRE DE 2005).
De los artículos 238, fracción II y 239, fracción III, última parte y último párrafo, del Código Fiscal
de la Federación, vigente hasta el 31 de diciembre de 2005, así como de la jurisprudencia 2a./J.
149/2005, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en
el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXII, diciembre de 2005,
página 366, de rubro: "MULTAS FISCALES QUE NO CUMPLEN CON LA FUNDAMENTACIÓN Y
MOTIVACIÓN. DEBE ATENDERSE A LA GÉNESIS DE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA Y DECRETAR LA
NULIDAD PREVISTA EN EL ARTÍCULO 239, FRACCIÓN III, Y ÚLTIMO PÁRRAFO, DEL CÓDIGO FISCAL
DE LA FEDERACIÓN, POR DERIVAR AQUÉLLAS DEL EJERCICIO DE FACULTADES DISCRECIONALES.",
se concluye que cuando en un juicio de nulidad seguido ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y
Administrativa se controvierte una resolución que nace del ejercicio de una facultad discrecional
de la autoridad por deficiente fundamentación de la competencia territorial de la autoridad
demandada, el tribunal no puede imponer la obligación de emitir otra actuación tendente a
sustituir aquella tildada de nula, pues ese proceder podría obligar a un ente sin facultades a emitir
un pronunciamiento ilegal, así como tampoco puede fijar directrices a la autoridad respecto de sus
atribuciones discrecionales, ya que se coartaría su poder de elección; por tanto, sólo procederá
decretar su nulidad en términos del supuesto excepcional contenido en el artículo 239, fracción III,
última parte y último párrafo, del Código Fiscal de la Federación, vigente hasta el 31 de diciembre
de 2005, y la autoridad a quien le fue anulado tendrá libertad para ejercer sus facultades.
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO.
Revisión fiscal 34/2006. Administración Local Jurídica de Guadalajara, Jalisco. 27 de septiembre de
2006. Unanimidad de votos. Ponente: Hugo Gómez Ávila. Secretario: Miguel Mora Pérez.
Revisión fiscal 70/2006. Administrador Local Jurídico de Zapopan, en representación del Secretario
de Hacienda y Crédito Público, del Jefe del Servicio de Administración Tributaria y de la autoridad
demandada. 15 de noviembre de 2006. Unanimidad de votos. Ponente: Hortencia María Emilia
Molina de la Puente, secretaria de tribunal autorizada por la Comisión de Carrera Judicial del
Consejo de la Judicatura Federal para desempeñar las funciones de Magistrada. Secretario: Abel
Ascencio López.
Revisión fiscal 88/2006. Administrador Local Jurídico de Guadalajara, unidad administrativa
encargada de la defensa jurídica del Secretario de Hacienda y Crédito Público, del Jefe del Servicio
de Administración Tributaria y de la autoridad demandada. 15 de noviembre de 2006. Unanimidad
de votos. Ponente: Hortencia María Emilia Molina de la Puente, secretaria de tribunal autorizada
por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal para desempeñar las
funciones de Magistrada. Secretario: Abel Ascencio López.
Revisión fiscal 227/2006. Administrador Local Jurídico de Guadalajara, Jalisco. 14 de febrero de
2007. Unanimidad de votos. Ponente: Julio Ramos Salas. Secretario: Isac González García.
Revisión fiscal 165/2006. Administrador Local Jurídico de Guadalajara Sur. 21 de febrero de 2007.
Unanimidad de votos. Ponente: Hugo Gómez Ávila. Secretario: Miguel Mora Pérez.
Nota: Esta tesis contendió en la contradicción 163/2007-SS resuelta por la Segunda Sala, de la que
derivó la tesis 2a./J. 240/2007, que aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y
su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVII, enero de 2008, página 433, con el rubro: "NULIDAD. LA
DECRETADA POR INDEBIDA FUNDAMENTACIÓN DE LA COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD QUE
EMITE EL CRÉDITO FISCAL O UNO DE LOS ACTOS INTEGRANTES DEL PROCESO DE FISCALIZACIÓN,
NO PUEDE SER PARA EFECTOS, CUANDO SE IMPUGNAN SIMULTÁNEAMENTE LA RESOLUCIÓN
DETERMINANTE DEL CRÉDITO FISCAL Y LA DICTADA EN EL RECURSO ADMINISTRATIVO DE
REVOCACIÓN."
Novena Época
Registro: 172520
Tesis Aislada
XXV, Mayo de 2007
Tesis: XX.1o.87 A
Página: 2097
FACULTADES DE COMPROBACIÓN DE LA AUTORIDAD HACENDARIA. LAS PREVISTAS EN EL
ARTÍCULO 42, FRACCIONES II Y III, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, AUNQUE EN PRINCIPIO
SON DISCRECIONALES, SE CONVIERTEN EN REGLADAS CUANDO SE OTORGA AL CONTRIBUYENTE EL
PLAZO A QUE ALUDE EL NUMERAL 46, FRACCIÓN IV, DEL PROPIO ORDENAMIENTO PARA QUE
DESVIRTÚE LOS HECHOS U OMISIONES QUE CONSTEN EN LA ÚLTIMA ACTA PARCIAL DE VISITA.
Si bien es cierto que el artículo 42, fracciones II y III, del Código Fiscal de la Federación, establece
como facultades discrecionales de la autoridad hacendaria requerir a los contribuyentes,
responsables solidarios o terceros con ellos relacionados, para que exhiban en su domicilio,
establecimientos o en las oficinas de las propias autoridades la contabilidad, datos, documentos o
informes, así como de practicarles visitas y revisar su contabilidad, bienes o mercancías; también
lo es que el artículo 46, fracción IV, de la referida legislación prevé que en la última acta parcial
que se levante en la visita domiciliaria se hará mención expresa de los hechos u omisiones que
pudieran entrañar incumplimiento a las disposiciones fiscales relacionadas con el contribuyente
visitado o inclusive con terceros, y que entre ésta y la final deberán transcurrir cuando menos
veinte días, durante los cuales el contribuyente podrá presentar los documentos, libros o registros
que desvirtúen esos hechos u omisiones, o bien, señalar el lugar en que éstos se encuentren,
porque de lo contrario se tendrán por consentidos los hechos consignados en ella. En esa tesitura,
cuando dentro del plazo mencionado el contribuyente visitado solicita a la autoridad fiscalizadora
que requiera a un tercero la entrega de diversas constancias para desvirtuar las inconsistencias
señaladas en el acta parcial, la autoridad se encuentra constreñida a realizar lo pedido, y por ello
las facultades de la autoridad a que se refiere el primer artículo, en principio potestativas, se
convierten en regladas, porque de no ser así, se podría fincar al contribuyente un crédito fiscal con
base en lo indicado en el acta parcial e incluso determinar en su perjuicio recargos, multas y las
actualizaciones respectivas, sin que previamente se le haya otorgado la oportunidad de justificar
las inconsistencias destacadas en la última acta parcial de la visita domiciliaria.
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO CIRCUITO.
Amparo directo 728/2005. Embotellados y Distribuciones Borsa, S.A. de C.V. 16 de octubre de
2006. Unanimidad de votos. Ponente: José Pérez Troncoso. Secretario: Jorge Arturo Chávez Mejía.
Novena Época
Registro: 172815
Tesis Aislada
XXV, Abril de 2007
Página: 1669
CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. AL PREVER SU ARTÍCULO 41, FRACCIÓN III, DOS HIPÓTESIS
DISTINTAS, POR LA NO ACTUALIZADA EL CONCEPTO DE VIOLACIÓN FORMULADO EN SU CONTRA
ES INOPERANTE (LEGISLACIÓN VIGENTE EN 2005).
Cuando dicho precepto legal se tacha de inconstitucional por violar la garantía de audiencia, como
si únicamente estableciera una sola hipótesis referente a la simultaneidad tanto del requerimiento
de obligaciones relativo a la presentación del documento respectivo, como a la imposición de la
multa, siendo que, además de la simultaneidad, prevé la diversa hipótesis consistente en la
actuación de la autoridad fiscalizadora de manera sucesiva, en la que primero requiere la
presentación del documento de que se trate, otorgándole a la contribuyente un primer plazo de
quince días, transcurrido el cual en caso de incumplimiento es hasta entonces cuando le impone la
multa; de ahí que resulta inconcuso que actualizado este último supuesto normativo, el concepto
de violación formulado en contra de la hipótesis de simultaneidad deviene inoperante, en virtud
de que no existe el acto de aplicación.
Amparo directo 15/2007. Equipos y Representaciones Mecánicas y Eléctricas, S.A. de C.V. 14 de
febrero de 2007. Unanimidad de votos. Ponente: Jorge Higuera Corona. Secretaria: María de
Lourdes de la Cruz Mendoza.
Novena Época
Registro: 172903
Tesis Aislada
XXV, Marzo de 2007
Página: 1786
REVISIÓN FISCAL. LOS ADMINISTRADORES LOCALES JURÍDICOS CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA
INTERPONER ESE RECURSO CONTRA LAS SENTENCIAS DEFINITIVAS DICTADAS EN LOS JUICIOS QUE
VERSEN SOBRE RESOLUCIONES DE LAS AUTORIDADES FISCALES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS
COORDINADAS EN INGRESOS FEDERALES.
Del artículo 248 del Código Fiscal de la Federación, vigente hasta el 31 de diciembre de 2005, se
advierte que el recurso de revisión fiscal, por regla general, deberá interponerse por la unidad
administrativa encargada de la defensa jurídica de la autoridad demandada en el juicio de nulidad,
salvo que la resolución impugnada haya sido emitida por autoridades fiscales de las entidades
federativas coordinadas en ingresos federales pues, en estos supuestos, únicamente deberá
promoverse por el secretario de Hacienda y Crédito Público o por quien deba suplirlo en los casos
de ausencia; por ende, si un administrador local jurídico impugna la sentencia definitiva dictada en
el juicio contencioso en que se demanda la nulidad de la resolución a través de la cual el secretario
de finanzas y administración del Gobierno del Estado de Guerrero, con fundamento en el Convenio
de colaboración administrativa en materia fiscal federal celebrado entre el Gobierno Federal por
conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Gobierno del Estado de Guerrero,
determinó un crédito fiscal por concepto de impuesto sobre la renta e impuesto al valor agregado,
omitidos al valor nominal, más actualización, recargos y multas, se concluye que dicho servidor
público carece de legitimación para interponer el recurso de mérito, pues de acuerdo con el
artículo 105, párrafo primero, del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público, vigente hasta el 6 de junio de 2005, el titular de ésta, será suplido en sus ausencias, en su
orden, por los subsecretarios de Hacienda y Crédito Público, de Ingresos, de Egresos, por el oficial
mayor, por el procurador fiscal de la Federación, por el subprocurador fiscal federal de Amparos,
por el subprocurador fiscal federal de Legislación y Consulta o por el subprocurador fiscal federal
de Asuntos Financieros, precepto del que se advierte no se otorgan facultades a los
administradores locales jurídicos para ello.
CIRCUITO.
Novena Época
Registro: 173163
Tesis Aislada
XXV, Febrero de 2007
Tesis: I.1o.A.140 A
Página: 1898
SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL ACTO IMPUGNADO EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO.
LA GARANTÍA PREVISTA EN LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 87 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA DEBE
FIJARSE Y REQUERIR SU EXHIBICIÓN POR LA AUTORIDAD ANTE LA QUE SE SOLICITA AQUÉLLA.
El artículo en cita dispone que la interposición del recurso de revisión ante la autoridad
administrativa suspende la ejecución del acto impugnado, siempre y cuando la solicite el
contravengan disposiciones de orden público, ni se ocasionen daños o perjuicios a terceros, a
Federación. Sin embargo, el texto legal citado no establece la mecánica a seguir para que el
recurrente exhiba la garantía correspondiente cuando con la suspensión pudieran ocasionarse
daños o perjuicios a terceros; por tanto, por razones lógico jurídicas, una vez que se interpone el
recurso de revisión, si el asunto lo amerita y si lo estima necesario para satisfacer el presupuesto
de la fracción IV del artículo 87 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, la autoridad
ante la que se solicita la suspensión está obligada a señalar al recurrente cuál es la garantía con la
que, de ser el caso, se satisfarían los daños o perjuicios causados a terceros, y a requerir a tal
persona su exhibición con el objeto de decretar la suspensión del acto combatido sólo si se
satisficieron los restantes requisitos que prevé el artículo mencionado.
Amparo en revisión 93/2004. Boiron, S.A. 21 de junio de 2004. Unanimidad de votos. Ponente: Luis
María Aguilar Morales. Secretario: José Antonio Montoya García.
Amparo en revisión 94/2004. Sergio Martínez Espinola. 21 de junio de 2004. Unanimidad de votos.
Ponente: Luis María Aguilar Morales. Secretario: José Antonio Montoya García.
Novena Época
Registro: 173844
Tesis Aislada
XXIV, Diciembre de 2006
Tesis: 1a. CLXXX/2006
Página: 178
APLICACIÓN RETROACTIVA EN BENEFICIO DEL GOBERNADO. EXCEPCIONES A LA REGLA GENERAL
EN MATERIA FISCAL.
La regla general en materia tributaria enuncia que, en principio, no hay obligación de aplicar la ley
de manera retroactiva en beneficio del causante; sin embargo, acorde a pronunciamientos
emitidos por este Alto Tribunal, pueden existir excepciones, como cuando se utilizan criterios
propios del derecho penal respecto de multas fiscales. Aunado a lo anterior, esta Primera Sala de
la Suprema Corte de Justicia de la Nación advierte otro supuesto que configura una excepción a
dicha regla, consistente en la existencia de circunstancias en las que, de no realizar una aplicación
retroactiva en beneficio del sujeto, se mantendría una situación jurídica contraria al orden
constitucional, como por ejemplo cuando un precepto es reformado o adicionado a fin de
salvaguardar principios constitucionales (existiendo inclusive precedentes que declaren
inconstitucional la norma que fue aplicada al sujeto) y, simultáneamente, de modo injustificado se
limita -bajo algún mecanismo legal- la aplicación de la norma reformada o adicionada, de tal
manera que la causa que motivó la modificación legal o la declaratoria de inconstitucionalidad
permanece, afectándose así el principio de supremacía constitucional cuya finalidad es
salvaguardar la jerarquía de la Constitución Federal sobre las normas inferiores, inaplicando
disposiciones que son contrarias a ella. En relación con lo anterior, debe distinguirse el supuesto
de aplicación del texto posterior considerado más favorable por el operador jurídico -caso en el
cual no existe un mandato constitucional de aplicación obligatoria, porque el carácter benéfico no
deja de descansar en apreciaciones subjetivas-, de aquel en el que existen pronunciamientos por
parte del Poder Judicial, pues en este último la inaplicación del texto posterior no conlleva a la
simple negación de un beneficio -económico o jurídico-, sino a la permanencia de un perjuicio
jurídico ya observado por la autoridad judicial y sobre el cual existen pronunciamientos
específicos. Además, otra razón para apoyar esta excepción es que la única prohibición expresa en
la Constitución Federal es la de aplicar disposiciones retroactivas en perjuicio, sin que exista una
limitación en el sentido contrario, por lo cual no se está frente a un caso de colisión entre
principios que exigiera una ponderación por parte del juzgador. Así, la excepción no se materializa
simplemente por considerar una posibilidad de beneficio para el gobernado, sino que es el medio
idóneo para otorgar plena vigencia a la garantía de seguridad jurídica, de conformidad con el
principio de supremacía constitucional, y con el propósito de evitar un estado de cosas que
implique el mantenimiento de circunstancias equivalentes a las que han sido motivo de
pronunciamiento por parte de este Alto Tribunal, en asuntos en los que se concedió la protección
constitucional.
Amparo directo en revisión 1379/2006. Francisca Viveros Barradas. 4 de octubre de 2006. Cinco
votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Juan Carlos Roa Jacobo.
Novena Época
Registro: 173658
Jurisprudencia
Tesis: 2a./J. 195/2006
Página: 224
SUSPENSIÓN EN AMPARO CONTRA EL COBRO DE CONTRIBUCIONES RECAUDADAS
PERIÓDICAMENTE. NO ES OBSTÁCULO PARA CONCEDERLA QUE NO SE PUEDA DETERMINAR EL
MONTO DEL DEPÓSITO A CUYA SATISFACCIÓN ESTARÁ CONDICIONADO EL SURTIMIENTO DE SUS
EFECTOS.
El artículo 135 de la Ley de Amparo prevé un requisito para hacer efectiva la suspensión concedida
contra el cobro de contribuciones, consistente en el depósito del total en efectivo de la cantidad a
nombre de la Tesorería de la Federación o la de la entidad federativa o Municipio que
corresponda, el cual tendrá que cubrir el monto de las contribuciones, aprovechamientos, multas
y accesorios que se lleguen a causar, asegurando con ello el interés fiscal. Ahora bien, en los casos
en que se reclama una ley que prevé la causación de contribuciones cuyo entero debe efectuarse
periódicamente, resulta evidente que el juzgador de amparo está imposibilitado para determinar
de antemano el monto del depósito a cuya satisfacción estará condicionado el surtimiento de
efectos de la suspensión, sin que ello sea obstáculo para conceder la providencia cautelar, pues el
requisito de efectividad consistente en la garantía a que se refiere el indicado artículo 135, se
surte mediante el depósito inicial a nombre de la Tesorería que corresponda por el monto al que
asciende la cantidad a pagar derivada del acto concreto de aplicación que motiva el juicio de
amparo, condicionando la efectividad de la suspensión al depósito relativo cada vez que se genere
la obligación de enterar la contribución, en el entendido de que dicha medida dejará de surtir
efectos si la quejosa no exhibe ante el Juez de Distrito del conocimiento la garantía respectiva
dentro del plazo de 5 días conforme al artículo 139 de la Ley de Amparo.
Contradicción de tesis 184/2006-SS. Entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado en
Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito y el Décimo Tercer Tribunal
Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. 24 de noviembre de 2006. Cinco votos.
Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretario: David Rodríguez Matha.
privada del veintinueve de noviembre de dos mil seis.
Novena Época
Registro: 173739
Tesis Aislada
Página: 1368
MULTA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 239-B DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. AUN CUANDO
NO ESTÉ DIRIGIDA A UNA PERSONA DETERMINADA, SU LIQUIDACIÓN CORRESPONDE AL SERVIDOR
PÚBLICO QUE CON SU CONDUCTA LA MOTIVÓ Y NO A AQUEL QUE LO SUSTITUYA EN EL CARGO
(LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2005).
Si con motivo de una queja que es declarada fundada, la Sala Regional del Tribunal Federal de
Justicia Fiscal y Administrativa, con fundamento en el artículo 239-B, fracción V, del Código Fiscal,
vigente hasta el 31 de diciembre de 2005, impone una multa a un servidor público -administrador
local de recaudación- por no haber cumplimentado dentro del término de cuatro meses la
sentencia en donde se le ordenó devolver los cobros indebidos al contribuyente, es claro que aun
cuando la sanción no esté dirigida a una persona determinada, sino al titular de la dependencia
respectiva, su liquidación, de conformidad con el aludido precepto, corresponde al servidor
público que con su conducta la motivó, y no a quien actualmente desempeña el cargo, que resulta
ser ajeno a los hechos en que se produjo la responsabilidad administrativa que generó la sanción.
CIRCUITO.
Amparo en revisión 202/2006. Administradora Local de Recaudación de Tampico, Tamaulipas, de
la Administración General de Recaudación del Servicio de Administración Tributaria, órgano
desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 30 de agosto de 2006. Unanimidad
de votos. Ponente: José Ángel Hernández Huízar. Secretario: Rubén Darío Silva Saldívar.
Novena Época
Registro: 174065
Jurisprudencia
XXIV, Octubre de 2006
Tesis: 2a./J. 140/2006
Página: 366
MULTAS. EL ARTÍCULO 76, FRACCIÓN II, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, NO TRANSGREDE
EL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 28 DE JUNIO DE 2006).
El citado precepto, en su fracción I, establece una multa por el equivalente al 40% de las
contribuciones omitidas si el infractor las paga con sus accesorios antes de que se le notifique la
resolución que determine el crédito fiscal correspondiente; y en su fracción II, prevé una sanción
en un porcentaje que va del 50% al 100% de las contribuciones omitidas si el infractor no lo hace
de aquella manera, pero la diferencia de trato no lleva a considerar que dicha fracción II, vigente
hasta el 28 de junio de 2006, transgrede el principio de equidad tributaria contenido en el artículo
31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que el aumento en
la sanción se justifica en la medida en que la conducta del infractor que no entera las
contribuciones omitidas voluntariamente ocasiona mayor perjuicio al fisco federal, al tener éste
que disponer de mayores recursos humanos y económicos para obtener el pago respectivo.
Contradicción de tesis 97/2006-SS. Entre las sustentadas por el Cuarto Tribunal Colegiado del
Décimo Quinto Circuito, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto
Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, actualmente Primer
Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito. 30 de agosto
de 2006. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Genaro David Góngora Pimentel. Ponente:
Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretaria: Ma. de la Luz Pineda Pineda.
privada del veintinueve de septiembre de dos mil seis.
Novena Época
Registro: 174015
Tesis Aislada
Tesis: VII.2o.C.13 A
Página: 1516
REQUERIMIENTO EN MATERIA FISCAL. LAS REIMPRESIONES QUE DE ÉL EXHIBA LA AUTORIDAD,
ANTE LA NEGATIVA LISA Y LLANA DE SU NOTIFICACIÓN DEBEN SER COPIA FIEL DEL ORIGINAL, PUES
DE LO CONTRARIO CARECEN DE VALOR.
La negativa lisa y llana formulada en términos del artículo 68 del Código Fiscal de la Federación,
respecto de la notificación al contribuyente de los requerimientos fiscales que originaron las
multas impugnadas en el juicio de nulidad, obliga a la autoridad administrativa a que las
reimpresiones de ellos que exhiba para desvirtuarla sean una copia fiel de los emitidos en relación
con las aludidas sanciones. Ello es así, porque reimprimir significa "Volver a imprimir, o repetir la
impresión de una obra o escrito.", definición tomada de la obra titulada Diccionario para Juristas,
cuyo autor es Juan Palomar de Miguel, Mayo Ediciones, Sociedad de Responsabilidad Limitada,
México 1981, primera edición. De ahí que, si las reimpresiones aportadas a juicio por la autoridad
demandada ostentan una fecha distante (como puede ser un año ocho meses) de aquella en que
debieron emitirse los originales, y la certificación que de ellos hace dicha autoridad resulta
incongruente, por ser de una fecha anterior a la que consta en los citados requerimientos resulta
evidente la ilegalidad de esos documentos, por lo que carecen de valor.
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SÉPTIMO CIRCUITO.
Amparo directo 274/2006. Constructora Dos Mil Dos, S.A. 22 de junio de 2006. Unanimidad de
votos. Ponente: Isidro Pedro Alcántara Valdés. Secretaria: María Concepción Morán Herrera.
Novena Época
Registro: 174379
Tesis Aislada
XXIV, Agosto de 2006
Tesis: 2a. LXX/2006
Página: 404
RECARGOS POR MORA. EL ARTÍCULO 21 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN QUE LOS PREVÉ,
NO TRANSGREDE EL PRECEPTO 22 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.
Las multas a que se refiere el precepto constitucional citado corresponden a las sanciones; en
cambio, los recargos por mora son una indemnización al fisco federal por el retraso del
contribuyente en el cumplimiento oportuno del pago de sus obligaciones tributarias, de ahí que
los recargos no participan de la naturaleza de las multas, distingo que además se advierte del
último párrafo del artículo 2o. del Código Fiscal de la Federación. En consecuencia, al tener
naturaleza jurídica diversa las multas de los recargos por mora, el artículo 21 del Código citado,
que prevé el cálculo de estos últimos, no transgrede el diverso artículo 22 constitucional.
Amparo directo en revisión 897/2006. Vitro Corporativo, S.A. de C.V. 7 de julio de 2006. Cinco
votos. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretaria: Paula María García Villegas.
Novena Época
Registro: 174521
Tesis Aislada
Página: 2155
CONDONACIÓN DE CRÉDITOS FISCALES. ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE NULIDAD EN CONTRA DE
LA RESOLUCIÓN QUE LA NIEGA, INDEPENDIENTEMENTE DEL PRECEPTO LEGAL QUE SIRVIÓ DE
FUNDAMENTO A LA SOLICITUD RESPECTIVA.
Del párrafo segundo del artículo 74 del Código Fiscal de la Federación se desprende que la
solicitud de condonación no constituye instancia y las resoluciones que recaigan a dichas
solicitudes no pueden ser impugnadas a través de los medios de defensa que establece dicho
ordenamiento legal; lo anterior, independientemente de que dicha solicitud se presentara en
términos del artículo 16 de la Ley de Ingresos de la Federación para el año dos mil dos, que
establece que se condonarán los créditos derivados de contribuciones o aprovechamientos, cuyo
cobro tenga encomendado el Servicio de Administración Tributaria, cuando el importe del crédito
al treinta y uno de diciembre de dos mil uno, sea inferior o igual al equivalente en moneda
nacional, a dos mil quinientas unidades de inversión, pues dicha disposición no debe interpretarse
como un derecho absoluto del gobernado a que se condonen las multas impuestas y a que, por
ende, en estos casos específicos se encuentre en posibilidad de acudir al juicio de nulidad; toda
vez que el primero de tales preceptos es claro al establecer que la resolución recaída a una
solicitud de condonación no puede ser impugnada a través de los medios de defensa que
establece el ordenamiento citado, sin hacer excepción alguna en cuanto a la forma y términos en
que se realice la solicitud, de tal manera que si la ley no distingue, no le es dable al juzgador hacer
distinción alguna.
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEXTO CIRCUITO.
Amparo directo 92/2005. Multimuebles Cristal, S.A. de C.V. 14 de abril de 2005. Unanimidad de
votos. Ponente: Jorge Alberto González Álvarez. Secretaria: Dolores Rosalía Peña Martínez.
Amparo directo 247/2005. Elásticos de Puebla, S.A. de C.V. 12 de agosto de 2005. Unanimidad de
Nota: Por ejecutoria de fecha 12 de mayo de 2010, la Segunda Sala declaró inexistente la
Novena Época
Registro: 174341
Tesis Aislada
Página: 2343
SUSPENSIÓN CONTRA EL COBRO DE CONTRIBUCIONES. TRATÁNDOSE DE MULTAS QUE TENGAN EL
CARÁCTER DE ACCESORIOS DE AQUÉLLAS NO SE REQUIERE EL PREVIO DEPÓSITO A QUE SE REFIERE
EL ARTÍCULO 208-BIS, FRACCIÓN VII, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN.
Atento al artículo 2o. del Código Fiscal de la Federación que señala que siempre que en el código
tributario se haga referencia únicamente a contribuciones no se entenderán incluidos los
accesorios, con excepción de lo dispuesto por el artículo 1o. del citado ordenamiento, cabe
determinar que, si el diverso 208-Bis, fracción VII, del ordenamiento en consulta únicamente hace
referencia a que en tratándose de la solicitud de suspensión de la ejecución contra el cobro de
contribuciones ésta resulta procedente, previo depósito de la cantidad que se adeude ante la
Tesorería de la Federación o de la entidad federativa que corresponda, con excepción de las
hipótesis que se precisan en él, sin incluir a los accesorios, se concluye que cuando se trate de
multas que son accesorios de las contribuciones omitidas, no puede obligarse al contribuyente a
realizar el depósito para que se le conceda la suspensión del acto, al no contemplar el citado
artículo 208-Bis, a los accesorios de las contribuciones, pues únicamente hace referencia a las
contribuciones, por consiguiente, aquéllos no pueden participar del supuesto normativo, al ser
preciso el invocado artículo 2o. en establecer que siempre que se haga referencia únicamente a
contribuciones no se entenderán incluidos los accesorios, y si el multicitado artículo 208-Bis, sólo
hace alusión a las contribuciones y no a sus accesorios, respecto de éstos no puede tener
aplicación dicho dispositivo legal.
Amparo en revisión 125/2006. Mario Martínez Córdoba. 7 de abril de 2006. Unanimidad de votos.
Ponente: Isidro Pedro Álcantara Valdés. Secretario: Pedro Carranza Ochoa.
Novena Época
Registro: 174631
Tesis Aislada
XXIV, Julio de 2006
Tesis: 2a. LIII/2006
Página: 437
QUEJA. EL ARTÍCULO 239-B DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN VIGENTE HASTA EL 31 DE
DICIEMBRE DE 2005, AL PREVER SU DESECHAMIENTO POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE,
RESPETA LAS GARANTÍAS DE AUDIENCIA Y DEFENSA.
El desechamiento de la queja que prevé el mencionado precepto, en caso de interponerse contra
una resolución no definitiva y considerarse por ello notoriamente improcedente, no constituye un
acto privativo que niegue al afectado la oportunidad de ser oído y vencido antes de sancionársele
por esa impugnación prematura, ni que lo prive del derecho de aportar las pruebas que estime
conducentes para su defensa, pues la Sala del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa
no puede tomar una determinación sobre la notoria improcedencia de la queja y la consecuente
imposición de la multa al promovente, sin oírlo previamente a través del escrito en el que señale
los motivos por los cuales considera incumplida la sentencia firme dictada por ese órgano
jurisdiccional, así como el informe que al respecto presente la autoridad a quien se impute tal
incumplimiento, en el que deberá justificar el acto o la omisión que dio lugar a la queja,
circunstancias con las que se preservan las formalidades esenciales del procedimiento y que
conllevan el respeto de las garantías de audiencia y defensa del particular en términos del artículo
14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Amparo en revisión 798/2006. Teodosio Antonio Íñiguez Ávalos. 19 de mayo de 2006. Unanimidad
de cuatro votos. Ausente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Ponente: Genaro David Góngora
Pimentel. Secretaria: Blanca Lobo Domínguez.
Novena Época
Registro: 174625
Tesis Aislada
XXIV, Julio de 2006
Tesis: 2a. LV/2006
Página: 439
QUEJA. SU DESECHAMIENTO POR RESULTAR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE JUSTIFICA LA
IMPOSICIÓN DE LA MULTA PREVISTA EN EL SEGUNDO PÁRRAFO DE LA FRACCIÓN VI DEL ARTÍCULO
239-B DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, VIGENTE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2005.
Si la resolución de cumplimiento que dicte la autoridad no es definitiva, ello justifica que la queja
interpuesta en su contra sea considerada como notoriamente improcedente y que por tal razón se
sancione a quien la promovió con la multa prevista en el segundo párrafo de la fracción VI del
artículo 239-B del Código Fiscal de la Federación. Es decir, la falta de definitividad de la resolución
de cumplimiento es lo que da lugar al desechamiento en esos términos y a la indicada sanción,
pues constituye un abuso de ese medio de defensa que obstaculiza el cumplimiento efectivo de la
sentencia dictada en el juicio contencioso administrativo, con el consecuente retraso en la
impartición de justicia. Lo anterior sin perjuicio de que la queja pueda resultar improcedente por
otras causas y ello lleve a su desechamiento, pero sin sancionar al promovente; incluso existe la
posibilidad de que si la resolución de cumplimiento es definitiva, aunque la queja no proceda, la
Sala puede ordenar que se instruya como juicio, conforme al párrafo inicial del artículo 11 de la
Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.
Novena Época
Registro: 175886
Jurisprudencia
XXIII, Febrero de 2006
Tesis: 1a./J. 2/2006
Página: 383
MULTAS FISCALES. EL AMPARO QUE SE CONCEDE POR RESULTAR INCONSTITUCIONAL LA
ACTUALIZACIÓN DE UNA CONTRIBUCIÓN OMITIDA, NO LIBERA AL QUEJOSO DE LA IMPOSICIÓN DE
AQUELLAS PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 76, FRACCIÓN II, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN,
PUES SÓLO CONSTRIÑE A LA AUTORIDAD A NO CONSIDERAR DICHA VARIABLE AL FIJAR SU
MONTO.
El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que existen normas
tributarias que establecen los elementos esenciales de las contribuciones, y otras que prevén
variables aplicables a dichos elementos. En el caso de las primeras, de concederse el amparo su
efecto será que el gobernado no se encuentre obligado a cubrir el tributo al afectarse el
mecanismo impositivo esencial, cuya transgresión por el legislador no permite que sus elementos
puedan subsistir, porque al estar viciado uno de ellos, todo el sistema se torna inconstitucional;
mientras que tratándose de las segundas, el efecto del amparo no incide en el mecanismo esencial
del tributo, ya que se limitará a remediar el vicio de la variable de que se trata para incluirla de una
manera congruente con los demás elementos del impuesto, sin que se afecte su sistema. En esa
tesitura, el amparo que se concede por resultar inconstitucional la actualización de una
contribución omitida no afecta el mecanismo esencial de la multa que prevé el artículo 76,
fracción II, del Código Fiscal de la Federación; de ahí que la restitución de la garantía individual se
colma con la desvinculación de la porción normativa estimada inconstitucional, a fin de que no se
considere la actualización de la contribución omitida al determinarse la sanción.
Amparo directo en revisión 653/2004. Biomateriales Sistemas y Equipos Universales, S.A. de C.V.
30 de junio de 2004. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: Luis
Fernando Angulo Jacobo.
Amparo directo en revisión 1646/2004. Asher Medical, S.A. de C.V. 25 de mayo de 2005. Cinco
votos. Ponente: Sergio A. Valls Hernández. Secretaria: Miriam Flores Aguilar.
Amparo directo en revisión 484/2005. Proveedora Electrónica Industrial, S.A. de C.V. 15 de junio
de 2005. Cinco votos. Ponente: Sergio A. Valls Hernández. Secretaria: Paola Yaber Coronado.
Amparo directo en revisión 1163/2005. Juan Machado Arce. 24 de agosto de 2005. Cinco votos.
Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretaria: Leticia Flores Díaz.
Amparo directo en revisión 1236/2005. Distribuidora Havre, S.A. de C.V. 7 de septiembre de 2005.
Cinco votos. Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Secretaria: Andrea Nava Fernández del Campo.
veinticinco de enero de dos mil seis.
Novena Época
Registro: 175957
Jurisprudencia
Tesis: 2a./J. 13/2006
Página: 659
DEVOLUCIÓN DE PAGOS INDEBIDOS. LAS ADMINISTRACIONES LOCALES DE RECAUDACIÓN Y NO
LAS LOCALES DE AUDITORÍA FISCAL FEDERAL, SON LAS COMPETENTES PARA VERIFICAR SU
PROCEDENCIA (REGLAMENTO INTERIOR DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA,
PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 6 DE JUNIO DE 2005).
Conforme al artículo 25, fracción XXXII, del citado ordenamiento, corresponde a las
Administraciones Locales de Recaudación tramitar y resolver las solicitudes de devolución de
cantidades pagadas indebidamente al fisco federal o cuando legalmente proceda, así como
verificar, determinar y cobrar las diferencias por devoluciones improcedentes e imponer las
multas correspondientes, y solicitar documentación para verificar su procedencia. Ahora bien, en
atención al principio relativo a que las autoridades sólo pueden hacer lo que la ley les permite,
dichas Administraciones Locales de Recaudación son las competentes para verificar la procedencia
de la devolución de las cantidades pagadas indebidamente al Fisco por los contribuyentes, por lo
que en ese sentido, las diversas Administraciones Locales de Auditoría Fiscal no pueden
desempeñar las anteriores atribuciones con motivo del ejercicio de sus facultades comprendidas
en el artículo 16, fracciones VII y XIX, del propio Reglamento, consistentes en ordenar y practicar
visitas domiciliarias, auditorías, inspecciones, actos de vigilancia, verificaciones y demás actos que
establezcan las disposiciones fiscales y aduaneras, para comprobar el cumplimiento de las
obligaciones que los contribuyentes, responsables solidarios y demás obligados en materia de
contribuciones y determinar los impuestos y sus accesorios.
Contradicción de tesis 149/2005-SS. Entre las sustentadas por el Tercer Tribunal Colegiado del
Vigésimo Tercer Circuito y el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer
Circuito. 3 de febrero de 2006. Cinco votos. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria:
Verónica Nava Ramírez.
privada del diez de febrero de dos mil seis.
Novena Época
Registro: 175958
Tesis Aislada
Tesis: 2a. VI/2006
Página: 845
DEVOLUCIÓN DE PAGOS INDEBIDOS. LAS ADMINISTRACIONES LOCALES DE AUDITORÍA FISCAL
FEDERAL TIENEN FACULTADES DE COMPROBACIÓN (REGLAMENTO INTERIOR DEL SERVICIO DE
ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 6 DE
JUNIO DE 2005).
De la interpretación integral y sistemática del artículo 22 del Código Fiscal de la Federación se
advierte que la determinación sobre devolución de cantidades pagadas en exceso tiene su fuente
en dos géneros diferentes: saldos a favor en las declaraciones presentadas por los contribuyentes,
cuya orden es provisional, ya que no constituye resolución favorable al particular, y pagos
indebidos, cuya resolución, a contrario sensu, es definitiva. Ahora bien, si conforme a la fracción
XXXII del artículo 25 del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria vigente a
partir del 7 de junio de 2005, a las Administraciones Locales de Recaudación compete tramitar y
resolver las solicitudes de devolución de cantidades pagadas indebidamente al fisco federal o
cuando legalmente proceda, así como verificar, determinar y cobrar las diferencias por
devoluciones improcedentes e imponer las multas correspondientes, y solicitar documentación
para verificar su procedencia, atribución que se reduce a la verificación sobre la aptitud jurídica de
la documentación relativa de la que se deduce el monto a devolver en el caso de saldos a favor, y a
la decisión sobre la existencia y legalidad del exceso, en el evento de pagos indebidos, sin incluir el
despliegue de la facultad de imperio consistente en la comprobación del cumplimiento de las
obligaciones del contribuyente, atribución que compete a las Administraciones Locales de
Auditoría Fiscal Federal, en términos del artículo 16, fracciones VII y XIX, del mismo Reglamento,
se concluye que éstas tienen facultad de comprobación tanto en materia de devolución de
cantidades pagadas indebidamente como de saldos a favor; sin embargo, si del ejercicio de las
facultades de comprobación se percatan que la devolución de cantidades pagadas indebidamente
es, a su parecer, injustificada y lesiva para el fisco federal, ello no puede dar lugar a la
determinación de crédito fiscal a cargo del contribuyente, ya que esa resolución benéfica al
particular no puede ser revocada por sí y ante sí, ni tampoco hacer gestión directa ante el
particular para exigirle el reembolso que resulte, sino que para ello deben acudir al juicio
contencioso administrativo de anulación por lesividad ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y
Administrativa en términos del artículo 207 del Código Fiscal de la Federación.
Nota: Esta tesis no constituye jurisprudencia, pues no se refiere al tema de fondo que se resolvió.
Novena Época
Registro: 175887
Tesis Aislada
Tesis: XIII.3o.10 A
Página: 1840
MULTA. LA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 76, FRACCIÓN II, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN,
NO VIOLA EL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA, AL CASTIGAR LA ACTUACIÓN DEL
CONTRIBUYENTE RENUENTE.
La citada fracción II del artículo 76 del Código Fiscal de la Federación, no puede estimarse
violatoria del principio de equidad tributaria, puesto que su finalidad es sancionar la resistencia del
obligado a pagar las contribuciones que le corresponden, que implica una singular mala fe del
infractor, que dándose cuenta de la violación en que incurrió, se abstiene de hacerlo, esperando
que no se le descubra, castigando la actuación específica del contribuyente que es renuente a
cumplir con su obligación tributaria, dando así un trato igual a los iguales.
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO TERCER CIRCUITO.
Amparo directo 390/2005. Inmobiliaria y Operadora de Servicios Turísticos Zaashila, S.A. de C.V. 24
de octubre de 2005. Unanimidad de votos. Ponente: María de Fátima Isabel Sámano Hernández.
Secretario: Rolando Salvador Cruz Santaella.
Novena Época
Registro: 176060
Jurisprudencia
XXIII, Enero de 2006
Tesis: 1a./J. 178/2005
Página: 696
VISITAS DOMICILIARIAS PARA VERIFICAR LA EXPEDICIÓN DE COMPROBANTES FISCALES. EL
ARTÍCULO 49, FRACCIÓN VI, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, QUE IMPIDE A LOS
GOBERNADOS DESVIRTUAR LOS HECHOS U OMISIONES PLASMADOS EN EL ACTA RESPECTIVA,
ANTES DE QUE SE EMITA LA RESOLUCIÓN EN LA QUE SE LES IMPONGA UNA MULTA, TRANSGREDE
LA GARANTÍA DE PREVIA AUDIENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 14, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA
CONSTITUCIÓN FEDERAL (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA 2003).
Conforme a la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la garantía de audiencia
previa, tutelada en el artículo 14, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, implica que la emisión de un acto materialmente administrativo, cuyo efecto
es desincorporar algún derecho de la esfera jurídica de los gobernados, generalmente esté
precedida de un procedimiento en el que se permita a éstos desarrollar plenamente sus defensas.
En tal virtud, si al tenor de los artículos 42, fracción V; 49, fracción VI; 83, fracción VII y 84, fracción
VI, del Código Fiscal de la Federación, vigente hasta 2003, la autoridad que califica los hechos u
omisiones relacionados con el incumplimiento de los requisitos que rigen la expedición de
comprobantes fiscales, puede imponer una multa al sujeto visitado sin que previamente se le
permita ofrecer prueba alguna con el fin de desvirtuar los referidos hechos u omisiones -los que
constan en el acta levantada con motivo de la visita correspondiente-, es indudable que el citado
artículo 49, fracción VI, transgrede la mencionada garantía constitucional, pues injustificadamente
impide a los gobernados ejercer sus defensas antes de la emisión de un acto privativo; máxime
que la referida multa constituye un crédito fiscal no tributario, en tanto que no deriva de la falta
de pago de una contribución, sino del incumplimiento de una obligación accesoria, cuyo
acatamiento no implica el pago de una contribución, por lo que respecto de su imposición no rige
la jurisprudencia de este Alto Tribunal publicada con el número 110 en la página 141 del Tomo I,
Materia Constitucional, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, de rubro:
"AUDIENCIA, GARANTÍA DE. EN MATERIA IMPOSITIVA, NO ES NECESARIO QUE SEA PREVIA."
Amparo directo en revisión 1855/2003. José María Ramírez Villalobos. 25 de febrero de 2004.
Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: Olga Sánchez
Cordero de García Villegas. Secretario: Carlos Mena Adame.
Amparo directo en revisión 1927/2004. Roberto Rodríguez Lefort. 16 de febrero de 2005. Cinco
votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Carlos Mena Adame.
Amparo directo en revisión 80/2005. Copysistemas Empresariales, S.A. de C.V. 23 de febrero de
2005. Cinco votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretaria: Dolores Rueda Aguilar.
Amparo directo en revisión 564/2005. Virginia Lucía Benavidez Polo. 25 de mayo de 2005. Cinco
votos. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: Roberto Ávila Ornelas.
Amparo directo en revisión 912/2005. Jody Lee Edwards. 6 de julio de 2005. Unanimidad de cuatro
votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo; en su
ausencia hizo suyo el asunto José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Miguel Bonilla López.
treinta de noviembre de dos mil cinco.
Novena Época
Registro: 176059
Jurisprudencia
Tesis: 1a./J. 177/2005
Página: 708
VISITAS DOMICILIARIAS PARA VERIFICAR LA EXPEDICIÓN DE COMPROBANTES FISCALES. LA
RESOLUCIÓN DE LA AUTORIDAD QUE CALIFIQUE LOS HECHOS U OMISIONES QUE SE HAGAN
CONSTAR EN EL ACTA RESPECTIVA, MEDIANTE LA CUAL SE IMPONE UNA MULTA, CONSTITUYE UN
ACTO PRIVATIVO QUE SE RIGE POR LA GARANTÍA DE AUDIENCIA PREVIA (LEGISLACIÓN VIGENTE
HASTA 2003).
previa, tutelada en el párrafo segundo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, únicamente rige respecto de los actos privativos, entendiéndose por éstos,
aquellos que en sí mismos constituyen un fin, con existencia independiente, cuyos efectos de
privación son definitivos y no provisionales o accesorios. En atención a lo anterior, se concluye que
la multa impuesta por la autoridad que califica los hechos u omisiones que se hicieron constar en
el acta levantada con motivo de la visita para verificar la expedición de comprobantes fiscales
constituye un acto privativo y, por ende, se rige por la referida garantía constitucional, pues
acorde con los artículos 42, fracción V; 49, fracción VI; 83, fracción VII y 84, fracción VI, del Código
Fiscal de la Federación, vigente hasta 2003, tiene por objeto desincorporar en forma definitiva de
la esfera jurídica del sujeto visitado una parte de su patrimonio, por lo que no se impone como
una medida cautelar o provisional, sino como una sanción que pone fin al respectivo
procedimiento investigatorio.
Novena Época
Registro: 176238
Tesis Aislada
Tesis: 2a. CXLVI/2005
Página: 1296
MULTA. EL ARTÍCULO 239-B, FRACCIONES III, SEGUNDO PÁRRAFO Y V, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA
FEDERACIÓN, QUE PREVÉ SU IMPOSICIÓN PARA LA AUTORIDAD QUE INCUMPLA UNA SENTENCIA
DICTADA POR EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA, NO VIOLA LA
GARANTÍA DE AUDIENCIA.
Las fracciones I, inciso b) y II, del precepto citado, establecen que cuando habiendo transcurrido el
plazo previsto en la ley, la autoridad omita dar cumplimiento a la sentencia de nulidad, el afectado
podrá interponer queja, siempre y cuando no haya prescrito su derecho, mediante escrito que
presentará ante el Magistrado instructor o ponente, debiendo expresar las razones por las que
considera que hubo exceso o defecto en el cumplimiento de la sentencia, repetición de la
resolución anulada, o la omisión en el cumplimiento de la sentencia de que se trate; y una vez
admitida la queja, el Magistrado solicitará un informe a la autoridad a quien se impute el
incumplimiento de la sentencia, el cual deberá rendirse dentro del plazo de 5 días, y en él la
autoridad justificará el acto u omisión que provocó la queja; vencido ese plazo, con informe o sin
él, el Magistrado dará cuenta a la Sala o sección que corresponda, la que resolverá dentro de 5
días. Ahora bien, de la interpretación de esas disposiciones se advierte que la intención del
legislador fue la de que la autoridad demandada en un juicio contencioso administrativo tuviera
conocimiento oportuno de que se le atribuye el incumplimiento de una sentencia de nulidad, para
estar en condiciones de, a través de su informe, demostrar que no existió tal incumplimiento y
alegar lo que a su derecho convenga; es decir, que antes de la imposición de la multa establecida
en las fracciones III, segundo párrafo y V, del artículo 239-B del Código Fiscal de la Federación, la
autoridad pueda justificar el acto o la omisión que provocó la queja, lo que implica que el propio
ordenamiento legal garantiza que antes de la emisión de ese acto privativo, el gobernado tenga la
oportunidad de ser oído en su defensa, pues la Sala del Tribunal indicado no puede tomar una
determinación sobre la multa que le ha de imponer por incumplir una sentencia de nulidad, sin
preservar las formalidades esenciales del procedimiento que conllevan el respeto de la garantía de
audiencia contenida en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Amparo en revisión 770/2004. Juan Raúl Islas Hernández. 3 de septiembre de 2004. Cinco votos.
Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: Mara Gómez Pérez.
Amparo en revisión 1345/2005. Jimmy Sánchez Willy. 30 de septiembre de 2005. Cinco votos.
Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretaria: Blanca Lobo Domínguez.
Novena Época
Registro: 176234
Tesis Aislada
Tesis: 2a. CXLV/2005
Página: 1297
MULTA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 239-B, FRACCIONES III, SEGUNDO PÁRRAFO Y V, DEL CÓDIGO
FISCAL DE LA FEDERACIÓN. PUEDE IMPONERSE AL TITULAR DE LA DEPENDENCIA QUE INCUMPLA
UNA SENTENCIA DE NULIDAD, AUN CUANDO ÉSTE NO SEA CONSIDERADO COMO PARTE EN EL
JUICIO CONTENCIOSO.
La multa que prevé el mencionado precepto es por el incumplimiento a una sentencia dictada por
el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, desacato que -a través del funcionario que la
representa- realiza una autoridad, a la cual dicho órgano jurisdiccional expresamente le ordenó
hacer, dejar de hacer o permitir algún acto al particular; por tanto, ésta puede imponerse al titular
de la dependencia que incurra en tal desacato, aun cuando no haya sido parte en el juicio
contencioso.
Novena Época
Registro: 176523
Jurisprudencia
XXII, Diciembre de 2005
Tesis: 2a./J. 148/2005
Página: 365
MULTAS ADMINISTRATIVAS NO FISCALES. PARA QUE SURTA EFECTOS LA SUSPENSIÓN CONTRA SU
COBRO, EL QUEJOSO DEBE GARANTIZAR EL INTERÉS FISCAL ANTE LA AUTORIDAD EXACTORA O
ACREDITAR HABERLO HECHO.
La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis de jurisprudencia 2a./J.
8/97, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo V,
marzo de 1997, página 395, con el rubro: "MULTAS ADMINISTRATIVAS O NO FISCALES. PRINCIPIO
DE DEFINITIVIDAD EN EL AMPARO CONTRA LAS.", sostuvo que conforme a los artículos 124, 125 y
139 de la Ley de Amparo, para la suspensión que en su caso proceda contra el cobro de multas
administrativas no fiscales debe exigirse garantía bastante para reparar el daño e indemnizar los
perjuicios que con la suspensión se causaren a algún tercero. Sin embargo, este órgano colegiado
considera pertinente abandonar parcialmente tal criterio, para determinar que cuando se
impugne el cobro de una multa administrativa no fiscal a través del juicio de amparo, deberá
concederse la suspensión del acto reclamado siempre que se reúnan los requisitos señalados por
el citado artículo 124, pero condicionada su efectividad a que el quejoso garantice el interés fiscal
ante la autoridad exactora o en todo caso acredite que ya lo hizo, pues en términos de los artículos
125 y 130 de la Ley indicada, el Juez de Distrito deberá resguardar los derechos de terceros y de
las propias partes, hasta donde sea posible, por lo que la garantía del interés fiscal tendrá
precisamente ese efecto, tanto en la suspensión provisional como en la definitiva.
Contradicción de tesis 150/2005-SS. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Cuarto y
Séptimo, ambos en Materia Administrativa del Primer Circuito y el Primer Tribunal Colegiado del
Décimo Cuarto Circuito. 28 de octubre de 2005. Cinco votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre
Anguiano. Secretario: Arnulfo Moreno Flores.
privada del veintitrés de noviembre de dos mil cinco.
Novena Época
Registro: 177289
Tesis Aislada
XXII, Septiembre de 2005
Tesis: XXIII.3o.16 A
Página: 1473
IMPUESTOS. LAS ADMINISTRACIONES LOCALES DE RECAUDACIÓN SON LAS COMPETENTES PARA
REVISAR LAS SOLICITUDES DE DEVOLUCIÓN DE SALDOS A FAVOR RESPECTO DE AQUELLOS
PAGADOS INDEBIDAMENTE, ASÍ COMO PARA DETERMINAR Y COBRAR DIFERENCIAS DE ESA
DEVOLUCIÓN CUANDO ÉSTA HUBIERA RESULTADO IMPROCEDENTE, Y DE SER EL CASO, IMPONER
LAS SANCIONES CORRESPONDIENTES.
De conformidad con lo dispuesto por los artículos 20, fracción XXXII, 22, fracción II, 23, fracciones
VII, XIX y XXII, y 25, fracción II, del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria
publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintidós de marzo de dos mil uno, así como sus
correlativos del reglamento publicado el tres de diciembre de mil novecientos noventa y nueve, las
administraciones locales de recaudación son las competentes para resolver respecto de solicitudes
de devolución de cantidades pagadas indebidamente por los contribuyentes, así como para
verificar, determinar y cobrar las diferencias por devoluciones improcedentes y también para
imponer las multas que en su caso procedan por ese motivo, sin que tal atribución pueda
considerarse implícita en la competencia genérica que los indicados preceptos conceden a las
administraciones locales de Auditoría Fiscal para ordenar la práctica de visitas domiciliarias
tendentes a comprobar el cumplimiento de las obligaciones fiscales de los contribuyentes,
obligados solidarios y demás obligados en materia de impuestos, ya que si el legislador, en los
numerales citados, precisó el ámbito de competencia en el que cada una de las autoridades
administrativas mencionadas puede ejercer sus facultades de comprobación, concediendo a las
primeras la atribución especial de que se trata, con ello excluyó a estas últimas del conocimiento
de este tipo de asuntos. Lo anterior se pone aún más en evidencia si se considera que en los
reglamentos invocados se separó el caso en el que debía practicarse la visita al contribuyente, caso
en el que concedió esa facultad a las administraciones locales de Auditoría Fiscal, de aquel en el
que procede la verificación por considerar que el fisco le efectuó una devolución improcedente,
atribución conferida a las administraciones locales de recaudación, pero no señaló que fuera el
mismo tipo de actuaciones para las dos recaudadoras, de ahí que no puede existir concurrencia de
facultades en una misma autoridad puesto que se trata de dos atribuciones desligadas una de la
otra, por tener naturaleza jurídica y propósitos distintos.
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO TERCER CIRCUITO.
Revisión fiscal 1/2005. Administrador Local Jurídico de Aguascalientes, como autoridad
demandada y en representación del Administrador Local de Auditoría Fiscal de Aguascalientes, del
Secretario de Hacienda y Crédito Público y del Jefe del Servicio de Administración Tributaria. 3 de
febrero de 2005. Unanimidad de votos. Ponente: Lucila Castelán Rueda. Secretaria: Ydolina Chávez
Orona.
Revisión fiscal 42/2005. Administrador Local Jurídico de Aguascalientes, en representación del
Administrador Local de Auditoría Fiscal de Aguascalientes, del Secretario de Hacienda y Crédito
Público y del Jefe del Servicio de Administración Tributaria. 30 de junio de 2005. Unanimidad de
votos. Ponente: Herminio Huerta Díaz. Secretario: Roberto Charcas León.
Público y del Jefe del Servicio de Administración Tributaria. 14 de julio de 2005. Unanimidad de
votos. Ponente: Álvaro Ovalle Álvarez. Secretario: Guillermo Esquivel Rodarte.
Gaceta, Novena Época, Tomo XXIII, febrero de 2006, página 659, con el rubro: "DEVOLUCIÓN DE
PAGOS INDEBIDOS. LAS ADMINISTRACIONES LOCALES DE RECAUDACIÓN Y NO LAS LOCALES DE
AUDITORÍA FISCAL FEDERAL, SON LAS COMPETENTES PARA VERIFICAR SU PROCEDENCIA
(REGLAMENTO INTERIOR DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, PUBLICADO EN EL
DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 6 DE JUNIO DE 2005)."
Novena Época
Registro: 177396
Jurisprudencia
XXII, Agosto de 2005
Tesis: 2a./J. 89/2005
Página: 330
PROCEDIMIENTO RELATIVO QUE IMPIDE A LOS GOBERNADOS DESVIRTUAR LOS HECHOS U
OMISIONES PLASMADOS EN EL ACTA RESPECTIVA, ANTES DE QUE SE EMITA LA RESOLUCIÓN QUE
IMPONE UNA MULTA, TRANSGREDE LA GARANTÍA DE PREVIA AUDIENCIA.
Los artículos 42, fracción V, 49, fracción VI, 83, fracción VII y 84, fracción VI, del Código Fiscal de la
Federación, que establecen el procedimiento a través del cual en un acta de visita la autoridad
competente al calificar hechos u omisiones relacionados con el incumplimiento de los requisitos
que rigen la expedición de comprobantes fiscales, puede imponer multa al visitado sin necesidad
de que previamente se le permita a éste ofrecer pruebas para desvirtuar la falta que se le
atribuye, transgrede la garantía de previa audiencia que implica que antes de afectar un derecho
del gobernado, se le permita ejercer plenamente su defensa, ya que la referida multa constituye
un crédito fiscal no tributario, al no derivar de falta de pago oportuno de una contribución, sino
del incumplimiento de una obligación accesoria; por tanto, es inconcuso que previamente a la
imposición de una multa impuesta por los motivos señalados, debe permitirse al interesado
ofrecer pruebas para desvirtuar los hechos u omisiones que se le atribuyen.
Amparo directo en revisión 645/2003. María del Carmen Sánchez Araujo. 30 de mayo de 2003.
Mayoría de cuatro votos. Disidente: Juan Díaz Romero. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia.
Secretaria: María del Consuelo Núñez Martínez.
Amparo directo en revisión 981/2003. Diego Estanislao Ruiz. 14 de noviembre de 2003. Cinco
votos. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretaria: Maura Angélica Sanabria Martínez.
Amparo directo en revisión 1369/2003. Restaurantes de México, S.A. 14 de noviembre de 2003.
Mayoría de cuatro votos. Disidente y Ponente: Juan Díaz Romero. Secretaria: Maura Angélica
Sanabria Martínez.
Amparo directo en revisión 369/2004. Tracto Camionera Diesel, S.A. de C.V. 23 de abril de 2004.
Cinco votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: Alma Delia Aguilar Chávez
Nava.
Amparo directo en revisión 210/2005. Grace & Joy, S.A. de C.V. 18 de marzo de 2005. Mayoría de
cuatro votos. Disidente: Juan Díaz Romero. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretario:
Bertín Vázquez González.
privada del ocho de julio de dos mil cinco.
Nota: Los artículos 42, fracción V, 49, fracción VI y 84, fracción VI, del Código Fiscal de la
Federación a que se refiere esta tesis estuvieron vigentes hasta el 31 de diciembre de 2003.
Novena Época
Registro: 177622
Tesis Aislada
Tesis: I.7o.A.391 A
Página: 1901
DICTAMEN DE ESTADOS FINANCIEROS POR CONTADOR PÚBLICO AUTORIZADO. EL ARTÍCULO 49,
PÁRRAFO ÚLTIMO, DEL REGLAMENTO DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, QUE SEÑALA QUE
LOS DICTÁMENES RENDIDOS FUERA DEL TÉRMINO LEGAL NO SURTIRÁN EFECTOS, NO ES
VIOLATORIO DEL ARTÍCULO 23 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.
El precepto constitucional invocado consagra el principio jurídico non bis in idem, conforme al cual
nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito, ya sea que en el juicio se le absuelva o se
le condene. Al respecto, el artículo 49, párrafo último, del Reglamento del Código Fiscal de la
Federación al establecer: "La presentación del dictamen y los documentos citados fuera de los
plazos que prevé este reglamento, no surtirá efecto legal alguno.", no contraviene tal mandato
constitucional, ya que no implica la imposición de una doble pena o sanción por los mismos
hechos. Si bien es cierto que los artículos 83, fracción X y 84, fracción IX, del Código Fiscal de la
Federación prevén una multa y la cancelación de la autorización para recibir donativos deducibles
a quienes no dictaminen sus estados financieros, o no los presenten en término estando obligados
a ello por el artículo 32-A de tal ordenamiento tributario, también lo es que la disposición
reglamentaria en estudio no contempla una sanción, entendida como la acción coactiva del Estado
contra el infractor de la norma, sino simplemente un supuesto en el que debe tenerse por no
presentado, al no surtir efectos legales un dictamen de estados financieros, con motivo de su
extemporaneidad.
Amparo en revisión 223/2005. Grupo Inmobiliario y Comercial, S.A. de C.V. 15 de junio de 2005.
Unanimidad de votos. Ponente: F. Javier Mijangos Navarro. Secretario: Carlos Alfredo Soto
Morales.
Novena Época
Registro: 177464
Tesis Aislada
Tesis: I.13o.A.116 A
Página: 2014
RETROACTIVIDAD. NO ES APLICABLE ESE PRINCIPIO QUE RIGE COMO EXCEPCIÓN EN MATERIA
PENAL A LAS SANCIONES ADMINISTRATIVAS, CUANDO LAS RESOLUCIONES QUE LAS IMPONGAN
CONSTITUYEN COSA JUZGADA, YA QUE ELLO CONTRAVENDRÍA EL PRINCIPIO DE SEGURIDAD
JURÍDICA CONTENIDO EN EL ARTÍCULO 14 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido la equiparación de las multas fiscales con
las normas que imponen sanciones penales, para permitir la aplicación retroactiva de la norma
más benéfica para el particular, de allí la determinación de que el principio de retroactividad que
como garantía individual prevé el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, resulte aplicable tanto a las multas fiscales como a las sanciones administrativas. Sin
embargo, no debe considerarse que de igual manera resulta aplicable el principio de derecho
penal de que la ley más benigna debe aplicarse con efectos retroactivos a favor del infractor,
cuando se esté ante la presencia de otro tipo de sanciones administrativas como lo son las que
deriven de una resolución que constituye cosa juzgada o que se encuentra en la etapa de
ejecución, pues en este supuesto el bien jurídico tutelado no es la libertad del individuo sino su
seguridad jurídica, por lo que al aplicarse el principio de retroactividad a sanciones administrativas
como lo son las derivadas de una resolución que constituye cosa juzgada o que se encuentra en la
etapa de ejecución se contravendría el principio de seguridad jurídica contenido en el citado
precepto constitucional, pues debe considerarse que la aplicación retroactiva en materia
administrativa es aplicable al emitirse la resolución que defina la situación del gobernado,
inclusive, al resolverse los medios de impugnación interpuestos en su contra, pero no así cuando la
resolución haya adquirido el carácter de cosa juzgada o se encuentre pendiente de ejecución, toda
vez que la cosa juzgada es una institución que debe de entenderse como la inmutabilidad de lo
resuelto en las sentencias o resoluciones firmes, la cual precisamente fue establecida por razones
de seguridad jurídica. Consecuentemente, el principio de retroactividad que hasta ahora, rige
como excepción en materia penal, no debe considerarse procedente en cuanto a las resoluciones
en las que se impongan sanciones administrativas que constituyen cosa juzgada, pues de aplicarse
dicho principio se contravendría el citado de seguridad jurídica contenido en el artículo 14 de la
Constitución Federal.
DÉCIMO TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.
Amparo en revisión 371/2004. Francisco Tomás Braniff Suinaga. 28 de enero de 2005. Unanimidad
de votos. Ponente: Luz Cueto Martínez. Secretario: José Antonio García Ochoa.
Novena Época
Registro: 177461
Tesis Aislada
Tesis: I.5o.A.34 A
Página: 2015
REVISIÓN CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA. NO SE ACTUALIZA LA HIPÓTESIS DE PROCEDENCIA
PREVISTA EN EL INCISO A) DEL ARTÍCULO 88 DE LA LEY RELATIVA, SI LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA
IMPONE AL ACTOR UNA MULTA ADMINISTRATIVA.
El artículo 88, inciso A), de la Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito
Federal, determina una hipótesis de procedencia del recurso de revisión cuando la resolución que
se dicte afecte el interés fiscal o el patrimonio del Distrito Federal. Estos conceptos no deben
entenderse como sinónimos ya que el primero (interés fiscal), hace referencia a la materia fiscal
cuya connotación se inclina al manejo y obtención de recursos para el gasto público, entendiendo
el interés fiscal del Gobierno del Distrito Federal, como las cantidades que tiene derecho a recibir
el Distrito Federal por concepto del pago de contribuciones; en tanto que el segundo (patrimonio
del Distrito Federal), se refiere a los bienes del dominio público y los bienes del dominio privado,
atento al contenido del artículo 137 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal.
Consecuentemente, la nulidad de la resolución que impone una multa administrativa al actor no
afecta el interés del fisco local, pues no es una contribución, sino un aprovechamiento y, tampoco
afecta el patrimonio del Distrito Federal, dado que no se involucran bienes del dominio público o
bienes del dominio privado.
QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.
Revisión contenciosa administrativa 136/2004. Director de Cuenta Pública de la Dirección General
de Legalidad y Responsabilidades de la Contraloría General del Distrito Federal. 7 de marzo de
2005. Unanimidad de votos. Ponente: Urbano Martínez Hernández. Secretaria: Erika Francesca
Luce Carral.
Novena Época
Registro: 177912
Tesis Aislada
XXII, Julio de 2005
Tesis: 1a. LXVIII/2005
Página: 438
AQUELLAS PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 76, FRACCIÓN I, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN,
MONTO.
El Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que existen normas
tributarias que establecen los elementos esenciales de las contribuciones y otras que prevén
mientras que, tratándose de las segundas, el efecto del amparo no incide en el mecanismo
esencial del tributo, ya que se limitará a remediar el vicio de la variable de que se trata para
incluirla de una manera congruente con los demás elementos del impuesto, sin que se afecte su
sistema. En esa tesitura, el amparo que se concede por resultar inconstitucional la actualización de
una contribución omitida no afecta el mecanismo esencial de la multa que prevé el artículo 76,
fracción I, del Código Fiscal de la Federación; de ahí que la restitución de la garantía individual se
Amparo en revisión 1944/2004. Aeroquip Servicios, S.A. de C.V. 4 de mayo de 2005. Unanimidad
de cuatro votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: Sergio A. Valls Hernández.
Secretario: Gustavo Ruiz Padilla.
Novena Época
Registro: 177913
Tesis Aislada
XXII, Julio de 2005
Tesis: XXI.3o.28 A
Página: 1466
MULTA FISCAL. PROCEDE SU IMPOSICIÓN CUANDO EL CONTRIBUYENTE MODIFICA SU SITUACIÓN
MEDIANTE UNA DECLARACIÓN COMPLEMENTARIA SIN CONOCIMIENTO DE LA AUTORIDAD QUE
PREVIAMENTE LE FORMULÓ UN REQUERIMIENTO.
De conformidad con el artículo 73, fracción II, del Código Fiscal de la Federación no se entenderá
que un contribuyente actúa en forma espontánea cuando corrija una omisión después de que las
autoridades fiscales le hayan notificado una orden de visita domiciliaria o medie requerimiento o
cualquier otra gestión tendientes a la comprobación del cumplimiento de sus obligaciones
tributarias. Además, el diverso artículo 48, fracción VIII, de la misma codificación es categórico al
señalar que el derecho de autocorrección sólo puede ejercerse dentro del plazo señalado para
desvirtuar los hechos u omisiones asentados en el oficio de observaciones y precisamente
mediante la presentación de una forma especial, de la que debe proporcionarse copia a la
autoridad revisora. Por tal motivo, cuando un causante a quien previamente se ha notificado un
requerimiento, en lugar de atenderlo intenta modificar su situación fiscal presentando una
declaración complementaria, y además, sin informárselo a la autoridad que le revisa,
evidentemente no puede librarse de la multa correspondiente, prevista en el artículo 82, fracción
I, inciso c), del ordenamiento legal referido, ya que no actúa dentro del cauce establecido en la
legislación de la materia, dada la modificación no permitida por la ley. Entenderlo de otro modo
implicaría franquear la posibilidad de que el contribuyente, una vez que se ha descubierto su
conducta infractora, enmiende su situación fiscal variando la opción que originalmente ejerció en
forma incorrecta, lo que infringiría el principio de inmutabilidad de las declaraciones inmerso en el
artículo 32 del código tributario federal, el cual, si bien permite presentar declaraciones
complementarias, también limita su presentación hasta antes del inicio de las facultades de
comprobación.
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO PRIMER CIRCUITO.
Revisión fiscal 136/2004. Administrador Local Jurídico de Acapulco, Guerrero y otros. 20 de enero
de 2005. Unanimidad de votos. Ponente: Xóchitl Guido Guzmán. Secretario: Miguel Ángel
González Escalante.
Nota: La denominación actual del órgano emisor es la de Primer Tribunal Colegiado en Materias
Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito.
Novena Época
Registro: 177800
Tesis Aislada
XXII, Julio de 2005
Página: 1533
SEGURO SOCIAL. EL ARTÍCULO 304 DE LA LEY RELATIVA, VIGENTE A PARTIR DEL 21 DE DICIEMBRE
DE 2001, QUE SANCIONA LA OMISIÓN EN EL PAGO DE CRÉDITOS FISCALES, NO VIOLA EL PRINCIPIO
DE EQUIDAD TRIBUTARIA, PREVISTO EN EL ARTÍCULO 31, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN
FEDERAL.
El artículo 304 de la Ley del Seguro Social dispone que en caso de que los patrones y demás
sujetos obligados realicen actos u omisiones, que impliquen el incumplimiento del pago de los
conceptos fiscales que establece el artículo 287 de la propia ley, serán sancionados con multa del
40 al 100% del concepto omitido; y éste establece que, entre otros, las cuotas, los capitales
constitutivos, su actualización y los recargos, tienen el carácter de crédito fiscal. Del referido
artículo 304 se evidencia que la conducta objeto de la sanción que prevé es la omisión en el pago
de créditos fiscales, específicamente los que se refieren a las contribuciones de aportaciones de
seguridad social, entre las que se encuentran las cuotas obrero-patronales y los capitales
constitutivos, que en términos del diverso artículo 287 tienen el carácter de crédito fiscal; siendo
así, el artículo 304 de la Ley del Seguro Social no contraviene el principio de equidad tributaria
contenido en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución, ya que aun cuando la naturaleza de las
cuotas patronales y de los capitales constitutivos sea distinta, ello no implica que se dé un
tratamiento igual a desiguales, porque la sanción establecida en el artículo 304 parte de un mismo
supuesto que es el omitir el pago de créditos fiscales en materia de aportaciones de seguridad
social y, por tanto, los conceptos de cuotas patronales y de capitales constitutivos no deben
apreciarse en forma aislada, sino atender al elemento común que es precisamente el sancionar la
omisión en el pago de esa clase de créditos fiscales; de ahí que el referido precepto no resulte
violatorio de la garantía de equidad, puesto que trata igual a los iguales al sancionar a todos
aquellos sujetos que se ubican en una misma situación, es decir, a los que encontrándose
obligados a realizar los pagos de los créditos fiscales en materia de aportaciones de seguridad
social, omitan cubrirlos.
Amparo directo 97/2005. Industrias Politex, S.A. de C.V. 4 de mayo de 2005. Unanimidad de votos.
Ponente: Jorge Higuera Corona. Secretaria: Isabel Iliana Reyes Muñiz.
Novena Época
Registro: 178521
Tesis Aislada
XXI, Mayo de 2005
Materia(s): Laboral
Tesis: I.13o.T.115 L
Página: 1424
CERTIFICADO DE DERECHOS. CUANDO EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ACTÚA CON
EL CARÁCTER DE ÓRGANO ASEGURADOR Y LO EXHIBE EN COPIA SIMPLE, PUEDE SOLICITAR SU
COTEJO CON EL ORIGINAL PARA QUE HAGA FE EN EL JUICIO.
Cuando en juicio se demanda del Instituto Mexicano del Seguro Social el pago de prestaciones
consignadas en la ley que lo rige, y éste en su carácter de órgano asegurador exhibe copia del
certificado de derechos para acreditar el promedio de las aportaciones obrero-patronales, ésta
surtirá efectos si se coteja con el original; porque si bien de conformidad con los artículos 797 y
798 de la Ley Federal del Trabajo los documentos privados deben ser presentados en original, con
excepción de los que formen parte de un libro, expediente o legajo, esa obligación debe
entenderse ligada a una relación de trabajo, en cuya virtud el espíritu del legislador fue enlazar
dicha norma con los documentos que el patrón se encuentra obligado a conservar y exhibir en el
juicio cuando exista controversia respecto de las condiciones o hechos atinentes a la relación
laboral, en términos de los numerales 784 y 805 de la citada legislación; sin embargo, en los casos
en que el patrón es relevado por el Instituto Mexicano del Seguro Social del cumplimiento de las
obligaciones sobre responsabilidad de riesgos de trabajo, el certificado de derechos que este
organismo exhiba queda fuera de una relación de trabajo, dado que los preceptos 287 y 304 de la
Ley del Seguro Social contemplan que el instituto tiene un doble carácter, de ente asegurador y
como autoridad fiscal en relación con la exigencia del pago de cuotas, de los capitales
constitutivos, de su actualización, la de fijar los recargos, de las multas impuestas en términos de
la ley, de los gastos realizados por inscripciones improcedentes y los que se exijan a las personas
no derechohabientes, que al compartir el carácter de créditos fiscales, participan de las
características de una relación jurídica tributaria; de ahí que si de acuerdo con los artículos 17 y
18, inciso i), del abrogado Reglamento de Organización Interna de las Delegaciones Regionales y
Estatales del Instituto Mexicano del Seguro Social, el certificado de derechos que expide la sección
de "afiliación-vigencia de derechos", donde concentra la información para hacer constar los
derechos reconocidos a los asegurados, constituye el documento oficial de control utilizado para
determinar el número de semanas que un derechohabiente ha cotizado tanto en el régimen
obligatorio como en el voluntario, que hace difícil que los datos registrados sean alterados, no
existe impedimento legal para que se exhiba en copia y se solicite su cotejo para hacer fe en el
juicio.
DÉCIMO TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO.
Amparo directo 2313/2005. Francisco Sánchez Chávez. 24 de febrero de 2005. Mayoría de votos.
Disidente: María del Rosario Mota Cienfuegos. Ponente: Héctor Landa Razo. Secretario: José Luis
Rivas Becerril.
Novena Época
Registro: 179078
Tesis Aislada
XXI, Marzo de 2005
Página: 1095
CONDONACIÓN DE MULTAS. EN LA RESOLUCIÓN RECAÍDA A LA SOLICITUD RELATIVA DEBE REGIR
EN CUALQUIER CASO EL PRINCIPIO DE INIMPUGNABILIDAD.
El artículo 74 del Código Fiscal de la Federación prevé una facultad genérica en favor de la
autoridad hacendaria consistente en la posibilidad de condonar las multas que en materia fiscal
hubiesen quedado firmes con base en la apreciación discrecional de las circunstancias particulares
de cada caso y las causas que originaron la imposición de la sanción, asimismo, establece que las
resoluciones que dicte la Secretaría de Hacienda y Crédito Público al respecto no podrán ser
impugnadas por los medios de defensa que establece el propio código. Ahora bien, la razón
esencial de que el legislador haya establecido la inimpugnabilidad en materia de condonaciones,
radica en que la resolución desfavorable recaída a toda solicitud de condonación de multa no
reviste las características de un acto privativo de derechos, pues la resolución a dicha petición,
aunque fuese adversa a los intereses del particular, no puede producirle menoscabo en su
patrimonio o derechos, dado que el acto de privación relativo se llevó a cabo con anterioridad,
mediante la imposición de la multa que pretende dejarse sin efecto; por consiguiente, resulta
irrelevante que una solicitud de tal naturaleza pretenda acogerse a los supuestos previstos en el
artículo 16 de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2003, que obligan a la
autoridad fiscal a condonar los créditos derivados de contribuciones o aprovechamientos bajo
ciertos criterios cuantitativos (cuando el importe del crédito al 31 de diciembre de 2002 sea
inferior o igual al equivalente en moneda nacional a 2500 unidades de inversión) y a que dicho
numeral se interprete como un derecho del gobernado a que en estos casos específicos se
encuentre en posibilidad de acudir al juicio de nulidad cuando la resolución recaída a su petición
sea desfavorable a sus intereses, pues con independencia de las razones que hayan motivado al
legislador a establecer tal disposición, la condonación no deja de ser una facultad discrecional de
la autoridad hacendaria, además de que el mencionado artículo 16 no puede interpretarse en
forma desvinculada del citado artículo 74, sino únicamente como una adición o complemento de
éste, al prever en qué casos la autoridad fiscal está autorizada para condonar créditos, y la
interpretación de este último debe prevalecer y abarcar en forma general a todas aquellas
solicitudes que se realicen a la autoridad hacendaria.
Amparo directo 360/2004. Fundidora San Rafael, S.A. de C.V. 9 de diciembre de 2004. Unanimidad
de votos. Ponente: Jaime Raúl Oropeza García. Secretario: Alejandro Ramos García.
Véase: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo III, mayo de 1996,
página 658, tesis I.4o.A.103 A, de rubro: "MULTA, LA NEGATIVA DE SU CONDONACIÓN NO ES
IMPUGNABLE A TRAVÉS DEL JUICIO DE NULIDAD."
Novena Época
Registro: 178975
Tesis Aislada
XXI, Marzo de 2005
Página: 1175
MULTA ADMINISTRATIVA. PREVIO A LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS,
PROCEDE EL JUICIO DE NULIDAD.
De la interpretación armónica de los artículos 11, fracción III, de la Ley Orgánica del Tribunal
Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, 3o. y 4o. del Código Fiscal de la Federación se concluye
que la multa administrativa impuesta en términos del artículo 1o., fracción VI, punto 1, de la Ley
de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de dos mil tres tiene el carácter de
aprovechamiento y constituye un crédito fiscal respecto del cual, el Estado está facultado para
proceder a su cobro, inclusive, a través del procedimiento administrativo de ejecución previsto en
el capítulo tercero del título quinto del Código Fiscal de la Federación. Por consiguiente, al estar
regulado tal procedimiento de ejecución en ordenamientos legales de naturaleza fiscal, la aludida
multa constituye un agravio en esa materia frente al cual, previo a la presentación de la demanda
de garantías, procede el juicio de nulidad en términos de la fracción IV del artículo 11 de la Ley
Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO.
Amparo en revisión 396/2004. Sixto Vázquez Huerta. 9 de noviembre de 2004. Unanimidad de
votos. Ponente: Elías H. Banda Aguilar. Secretario: Luis Alfonso Hernández Núñez.
Véase: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo X, octubre de 1999,
página 385, tesis 2a./J. 117/99, de rubro: "PROPIEDAD INDUSTRIAL. EL JUICIO DE NULIDAD ANTE
EL TRIBUNAL FISCAL DE LA FEDERACIÓN DEBE AGOTARSE PREVIAMENTE AL AMPARO, CUANDO SE
IMPUGNEN RESOLUCIONES QUE ÚNICAMENTE IMPONGAN MULTAS POR INFRACCIONES A
DISPOSICIONES EN ESA MATERIA."
Novena Época
Registro: 179264
Tesis Aislada
XXI, Febrero de 2005
Tesis: I.5o.A.12 A
Página: 1721
MULTAS ADMINISTRATIVAS. LAS IMPUESTAS POR LA PROCURADURÍA FEDERAL DEL CONSUMIDOR
NO CONSTITUYEN RESOLUCIONES DEFINITIVAS PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE
NULIDAD, POR LO QUE PREVIO A ÉSTE DEBE AGOTARSE EL RECURSO DE REVISIÓN ESTABLECIDO
EN LA LEY DE LA MATERIA.
Las multas administrativas impuestas como medida de apremio por la Procuraduría Federal del
Consumidor no constituyen resoluciones definitivas que puedan impugnarse ante el Tribunal
Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, sin agotar previamente el recurso de revisión previsto
en el artículo 135 de la Ley Federal de Protección al Consumidor. Ello es así, dado que el vocablo
"definitivo" a que alude el artículo 11 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y
Administrativa se refiere a todas aquellas resoluciones que ponen fin a un procedimiento en lo
principal, que reflejen la voluntad de la administración pública en un asunto de su competencia;
de igual manera, deben entenderse definitivas aquellas resoluciones que sin poner fin al
procedimiento afectan derechos sustantivos de los gobernados no procesales o adjetivos.
Entonces, si se demanda la nulidad de una determinación emitida por la citada procuraduría, que
impone una multa como medida de apremio dentro de un procedimiento por no comparecer a
diversas audiencias, no se está en presencia de una resolución definitiva, de manera que,
previamente a su impugnación ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, debe
agotarse el recurso de revisión que prevé el artículo 135 de la Ley Federal de Protección al
Consumidor.
Amparo directo 248/2004. Elektra del Milenio, S.A. de C.V. 18 de noviembre de 2004. Unanimidad
de votos. Ponente: Osmar Armando Cruz Quiroz. Secretaria: María del Carmen Vega Sánchez.
Véase: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XV, abril de 2002,
página 1289, tesis I.9o.A.41 A, de rubro: "MEDIDAS DE APREMIO. PROCEDEN CONFORME A LO
ESTABLECIDO POR EL ARTÍCULO 25 DE LA LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR Y ES
PROCEDENTE EL RECURSO DE REVISIÓN ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 135 DE LA LEY
MENCIONADA PARA IMPUGNAR LA IMPUESTA CONSISTENTE EN UNA MULTA."
Novena Época
Registro: 170198
Tesis Aislada
XXVII, Febrero de 2008
Tesis: XI.2o.32 A
Página: 2377
REQUERIMIENTO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES. NO CONSTITUYE UNA
RESOLUCIÓN DEFINITIVA QUE CAUSE UN PERJUICIO INMINENTE Y DIRECTO EN LA ESFERA
JURÍDICA Y PATRIMONIAL DE UN CONTRIBUYENTE SI NO LE FIJA EN CANTIDAD LÍQUIDA UNA
OBLIGACIÓN O LE DA BASES PARA SU LIQUIDACIÓN.
Para que un acto administrativo se considere definitivo es necesario atender a su naturaleza
jurídica, ya sea expresa o ficta, la cual debe constituir el producto final o la voluntad terminante de
la autoridad administrativa, que suele ser de dos formas: a) como última resolución dictada para
poner fin a un procedimiento, o b) como manifestación aislada que no requiere de un
procedimiento que le anteceda para poder reflejar la última voluntad oficial. En esa tesitura, si la
autoridad hace un requerimiento de cumplimiento de obligaciones fiscales a un contribuyente sin
imponerle multa alguna ni apercibirlo en determinado sentido para el caso de incumplimiento,
jurídicamente no puede sostenerse que tal requerimiento sea una resolución definitiva que le
cause un perjuicio inminente y directo en su esfera jurídica y patrimonial, ya que no contiene en sí
una obligación fiscal impuesta por una autoridad, sino sólo una exhortación para que cumpla con
ciertas disposiciones legales; pero sin que le fije en cantidad líquida una obligación o le dé las
bases para su liquidación.
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO PRIMER CIRCUITO.
Amparo directo 528/2007. Salvador González Silva. 26 de septiembre de 2007. Unanimidad de
votos. Ponente: Libertad Rodríguez Verduzco, secretaria de tribunal autorizada por la Comisión de
Magistrada. Secretario: Juan Ramón Barreto López.
Amparo directo 589/2007. Rogelio Urincho Pérez. 14 de noviembre de 2007. Unanimidad de
votos. Ponente: Raúl Murillo Delgado. Secretario: Juan Ramón Barreto López.
Novena Época
Registro: 170682
Tesis Aislada
XXVI, Diciembre de 2007
Tesis: XIII.1o.30 A
Página: 1757
OBLIGACIÓN Y RESPONSABILIDAD SOLIDARIAS EN MATERIA FISCAL. SON FIGURAS JURÍDICAS
DIFERENTES, EN ATENCIÓN A QUE SUS CAUSAS GENERADORAS SON DISTINTAS.
Cuando un tercero que comprueba su idoneidad y solvencia garantiza voluntariamente el interés
fiscal respecto de un crédito autodeterminado por un contribuyente, se constituye como un
obligado solidario en términos del artículo 141, fracción IV y segundo párrafo, del Código Fiscal de
la Federación, supuesto en el cual la garantía deberá comprender, además de las contribuciones
adeudadas actualizadas, los accesorios causados, así como de los que se causen en los doce meses
siguientes a su otorgamiento; hipótesis diversa a la responsabilidad solidaria a que se contrae el
numeral 26, fracción VIII y párrafo final, del citado código, que comprende los accesorios, con
excepción de las multas. Así, la diferencia esencial radica en las causas generadoras de ambas
figuras jurídicas, pues mientras en la primera se regula una de las formas en que podrá
garantizarse el interés fiscal, en la segunda se contempla el caso de las personas que resultan
responsables solidarias con los contribuyentes, motivo por el cual reciben tratamiento diverso.
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO TERCER CIRCUITO.
Revisión fiscal 29/2007. Administradora Local Jurídica de Oaxaca. 19 de septiembre de 2007.
Unanimidad de votos. Ponente: Jaime Allier Campuzano. Secretaria: Sylvia Adriana Sarmiento
Jiménez.
Novena Época
Registro: 170982
Jurisprudencia
XXVI, Noviembre de 2007
Tesis: 2a./J. 208/2007
Página: 189
AGENTE ADUANAL. LA NOTIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN POR LA QUE SE LE IMPONE UNA MULTA
POR EL INDEBIDO CUMPLIMIENTO U OMISIÓN DE LAS FORMALIDADES RELATIVAS AL DESPACHO
ADUANERO DE MERCANCÍAS, ES LEGAL AUN CUANDO NO SE REALICE AL IMPORTADOR O
EXPORTADOR.
Si en términos del artículo 41 de la Ley Aduanera el agente aduanal asume el carácter de
representante legal del importador o exportador tratándose de: a) las actuaciones derivadas del
despacho aduanero siempre que se celebren dentro del recinto fiscal; b) las notificaciones
derivadas del despacho aduanero de mercancías, es decir, aquellas que se refieren a los trámites
administrativos inherentes a las formalidades relativas a la entrada o salida de mercancías al
territorio nacional; c) el acta de inicio del procedimiento administrativo en materia aduanera,
cuando con motivo del reconocimiento aduanero, segundo reconocimiento, verificación de
mercancías en transporte o por el ejercicio de facultades de comprobación se embarguen
precautoriamente mercancías, en términos del artículo 150 de la Ley citada; y, d) el escrito por el
que la autoridad aduanera haga del conocimiento del interesado los hechos u omisiones que
impliquen la omisión de contribuciones a que se refiere el artículo 152 de la propia Ley, es
evidente que la notificación de la resolución por la que se le impone una multa por el indebido
cumplimiento u omisión de las formalidades relativas al despacho aduanero de mercancías deberá
entenderse sólo con el agente aduanal, en tanto que cualquier error o vicio que en tal aspecto se
advierta únicamente repercute en el ámbito de su actuación y representación, sin afectar los
intereses del importador o exportador, ya que la obligación de notificar tanto al agente aduanal
como al importador o exportador sólo existe al inicio de cualquier procedimiento posterior al
despacho aduanero, y porque a la única persona a quien agravia el acta circunstanciada de
hechos, donde se dan a conocer las irregularidades referidas, es al agente aduanal, pues a partir
de la práctica del reconocimiento de la mercancía correspondiente al pedimento que éste elabora,
en la que se detectan clasificaciones arancelarias erróneas, es cuando la autoridad
correspondiente determina imponerle una multa, no al importador o exportador, de tal suerte que
si no se afecta la esfera jurídica de estos últimos, es innecesario que se les notifique el acta de
irregularidades.
Contradicción de tesis 204/2007-SS. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado en
Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito y el Primer Tribunal Colegiado en
Materia Administrativa del Cuarto Circuito. 17 de octubre de 2007. Mayoría de cuatro votos.
Disidente: Genaro David Góngora Pimentel. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretaria:
Claudia Mendoza Polanco.
privada del diecisiete de octubre de dos mil siete.
Novena Época
Registro: 171057
Jurisprudencia
Página: 3063
RESPONSABILIDAD SOLIDARIA EN MATERIA FISCAL. PARA QUE SE CONFIGURE RESPECTO DE LOS
GERENTES, DIRECTORES, ADMINISTRADORES, SOCIOS O ACCIONISTAS DE LA PERSONA MORAL
CONTRIBUYENTE, POR EL HECHO DE QUE ÉSTA CAMBIE DE DOMICILIO SIN PRESENTAR EL AVISO
CORRESPONDIENTE, ES INNECESARIO EXIGIR A LA AUTORIDAD QUE DEMUESTRE DÓNDE SE
LOCALIZA EL NUEVO.
Una interpretación teleológica del artículo 26 del Código Fiscal de la Federación, basada en los
procesos legislativos que dieron origen tanto a la adición de su fracción X, como a la reforma al
inciso b) de su fracción III, cuyos decretos se publicaron en el Diario Oficial de la Federación el 28
de diciembre de 1989 y el 31 de diciembre de 2000, respectivamente, en relación con los
contribuyentes y responsables solidarios, permite establecer que la intención del legislador es
impedir la evasión fiscal de las empresas a quienes se les ha fincado un crédito y pretenden evitar
su pago cambiando de domicilio sin hacer del conocimiento de la autoridad el nuevo lugar donde
desarrollan sus actividades, con lo cual aquélla se ve imposibilitada para cumplir con uno de sus
objetivos, que es la recaudación. En esa medida, para que se configure la responsabilidad solidaria
de los gerentes, directores, administradores, socios o accionistas ante el cambio de domicilio de la
persona moral contribuyente sin presentar el aviso correspondiente, es innecesario exigir a la
autoridad exactora que demuestre dónde se localiza el nuevo, precisando la calle, número,
colonia, código postal y ciudad, ya que ello es contrario al fin mencionado, pues no debe perderse
de vista que de conocer la autoridad el nuevo domicilio de la empresa requerida, aun cuando ésta
no lo manifestara, podría exigirle el pago del crédito y multarla por dicha omisión, en términos del
diverso precepto 81, fracción VI, del citado código.
CIRCUITO.
Tampico, Tamaulipas. 24 de mayo de 2006. Unanimidad de votos. Ponente: Guillermo Loreto
Tampico, Tamaulipas. 24 de enero de 2007. Unanimidad de votos. Ponente: Guillermo Loreto
Tampico, Tamaulipas. 21 de febrero de 2007. Unanimidad de votos. Ponente: José Ángel
Hernández Huízar. Secretaria: Dafne Barraza García.
Jefe del Servicio de Administración Tributaria y de la Administración Local Jurídica de Tampico,
Tamaulipas. 23 de mayo de 2007. Unanimidad de votos. Ponente: Antonio Ceja Ochoa. Secretario:
David Israel Domínguez.
Tampico, Tamaulipas. 13 de septiembre de 2007. Unanimidad de votos. Ponente: José Ángel
Hernández Huízar. Secretaria: Gabriela Maldonado Esquivel.
Novena Época
Registro: 171011
Tesis Aislada
Tesis: I.7o.A.545 A
Página: 3333
PARA QUE SURTA EFECTOS, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE VERIFICAR QUE SE HAYA DEPOSITADO
PREVIAMENTE ANTE LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN O LA DE LA ENTIDAD FEDERATIVA O
MUNICIPIO QUE CORRESPONDA EL TOTAL EN EFECTIVO DE ESOS CONCEPTOS Y DE LAS MULTAS Y
ACCESORIOS QUE SE LLEGUEN A CAUSAR, SIN TOMAR EN CUENTA LAS EXCEPCIONES CONTENIDAS
EN EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 135 DE LA LEY DE LA MATERIA ANTES DE SU REFORMA
PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 24 DE ABRIL DE 2006.
El artículo 135 de la Ley de Amparo, antes de su reforma publicada en el Diario Oficial de la
Federación el 24 de abril de 2006, establecía que en la hipótesis de que el amparo se solicitara
contra el cobro de contribuciones, el Juez de Distrito tenía atribuciones para conceder
discrecionalmente la suspensión del acto reclamado, la que surtía efectos previo depósito ante la
Tesorería de la Federación o la de la entidad federativa o Municipio que corresponda, de la
cantidad que se cobraba. Además, preveía que el depósito no era exigible cuando el cobro excedía
las posibilidades del quejoso, según apreciación del juzgador en la hipótesis de que previamente
se hubiera constituido garantía del interés fiscal ante la autoridad exactora, o en caso de que se
tratara de persona distinta del causante obligado directamente al pago; en este último supuesto
se aseguraba el interés tributario por cualquiera de los medios de garantía permitidos por las leyes
fiscales aplicables. No obstante, de la consulta de la exposición de motivos presentada por la
Cámara de Diputados para la reforma de la referida disposición normativa, se advierte que su
objeto principal fue que la hacienda federal estuviera en posibilidad de exigir el pago de los
ingresos fiscales, así como de crear mayor certeza jurídica para conceder la suspensión del acto
reclamado, por lo que era necesario precisar la manera en que debía realizarse el depósito de la
cantidad requerida por la autoridad fiscal; con ese mismo fin, se consideró indispensable derogar
el párrafo segundo del precepto legal. Así, el artículo examinado, en su nueva redacción, establece
sustancialmente que en el supuesto de que el amparo se pida contra el cobro de contribuciones y
aprovechamientos, la medida suspensional se concederá discrecionalmente y surtirá efectos
previo depósito del total en efectivo de la cantidad a nombre de la Tesorería de la Federación o la
de la entidad federativa o Municipio correspondiente, cubriendo el monto por esos conceptos, las
contribuciones, aprovechamientos, multas y accesorios que se lleguen a causar. En esas
condiciones y de conformidad con la redacción actual del precepto legal, no existe posibilidad de
que el juzgador tome en cuenta los supuestos de excepción previstos en el texto anterior de la
disposición legal examinada, ya que lo único que debe considerar es si en el juicio de amparo se
encuentra involucrado algún crédito tributario y, de ser así, conceder la medida suspensional
cuyos efectos están sujetos a la realización del depósito en las condiciones anotadas.
Incidente de suspensión (revisión) 241/2007. Compañía Operadora de Estacionamientos
Mexicanos, S.A. de C.V. 29 de agosto de 2007. Unanimidad de votos. Ponente: F. Javier Mijangos
Navarro. Secretario: Gustavo Naranjo Espinosa.
Novena Época
Registro: 171427
Jurisprudencia
XXVI, Septiembre de 2007
Tesis: 2a./J. 174/2007
Página: 510
MULTA FISCAL. TRATÁNDOSE DE LA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 76, FRACCIÓN II, DEL CÓDIGO
FISCAL DE LA FEDERACIÓN, VIGENTE HASTA EL 28 DE JUNIO DE 2006, LA GARANTÍA DE AUDIENCIA
PUEDE OTORGARSE CON POSTERIORIDAD A SU IMPOSICIÓN.
Si se toma en consideración que conforme a la jurisprudencia del Tribunal en Pleno de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época,
Volumen 66, Primera Parte, página 77, con el rubro: "AUDIENCIA, GARANTÍA DE, EN MATERIA
IMPOSITIVA. NO ES NECESARIO QUE SEA PREVIA.", cuando la autoridad hacendaria determina un
crédito fiscal derivado del incumplimiento en el pago de una contribución, la garantía de audiencia
contenida en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos puede
otorgarse a los gobernados con posterioridad al dictado de la liquidación, resulta inconcuso que
tratándose de la sanción prevista en el artículo 76, fracción II, del Código Fiscal de la Federación,
vigente hasta el 28 de junio de 2006, el derecho de audiencia puede otorgarse con posterioridad a
la emisión de la resolución respectiva, en virtud de que el crédito fiscal que deriva de la imposición
de aquélla tiene su origen en la omisión del pago de una contribución y, por ende, al tenor del
artículo 2o., último párrafo, del propio ordenamiento, constituye un accesorio del tributo
respectivo que participa de su naturaleza, tornándose en un crédito fiscal tributario. En
consecuencia, la oportunidad otorgada al gobernado que sea sancionado conforme al indicado
artículo 76, fracción II, para impugnar la resolución respectiva, en la parte referida a la existencia
de la conducta infractora, así como en la relativa a la individualización de la sanción aplicable,
mediante el recurso de revocación en sede administrativa, en términos de los artículos 116 y 117
del citado Código tributario, o a través del juicio contencioso administrativo, conforme al título
sexto del propio ordenamiento, es suficiente para cumplir con la mencionada garantía
constitucional.
Amparo directo en revisión 774/2002. Turismo las Hamacas, S.A. de C.V. 28 de junio de 2002.
Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Ponente: Guillermo I. Ortiz
Mayagoitia; en su ausencia hizo suyo el asunto Juan Díaz Romero. Secretaria: Lourdes Margarita
García Galicia.
Amparo directo en revisión 984/2004. Plavicom, S.A. de C.V. 15 de octubre de 2004. Cinco votos.
Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: Georgina Laso de la Vega Romero.
Amparo directo en revisión 1874/2004. Manuel Díaz Romero. 14 de febrero de 2005. Cinco votos.
Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: María del Consuelo Núñez Martínez.
Amparo directo en revisión 1691/2005. Rubén Riquelme Zúñiga. 18 de noviembre de 2005. Cinco
votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: Juan Fernando Mendoza Rodríguez.
privada del veintinueve de agosto de dos mil siete.
Novena Época
Registro: 171644
Jurisprudencia
Tesis: 2a./J. 124/2007
Página: 567
RECURSO DE REVISIÓN CONTRA ACTOS EMITIDOS POR LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA. NO ES
NECESARIO AGOTARLO PREVIAMENTE AL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.
El artículo 124 de la Ley de Aguas Nacionales establece que los interesados afectados por los actos
y resoluciones de las autoridades del agua, podrán interponer recurso de revisión dentro del plazo
de quince días hábiles siguientes a la fecha de su notificación, salvo que se trate de recursos
contra actos o resoluciones que se emitan en materia fiscal; lo que revela que el medio de
impugnación contra la imposición de multas por parte de la Comisión Nacional del Agua, puede
interponerse a elección del afectado, o bien intentar directamente la vía jurisdiccional que
corresponda, que en la especie es el juicio contencioso administrativo, ya que la interpretación de
tal norma debe hacerse partiendo del término "podrá" que implica la posibilidad para el particular
de optar por la instancia procedente sin necesidad de agotar previamente el recurso de revisión.
De acuerdo con ello, indefectiblemente debe ser admitida y tramitada la vía jurisdiccional
intentada por el interesado afectado con una resolución pronunciada por la autoridad
mencionada, sin que pueda cuestionarse que debió haberse interpuesto previamente el citado
recurso.
Segundo, ambos en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Sexto Circuito. 20 de junio de
2007. Cinco votos. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretaria: Claudia Mendoza Polanco.
privada del cuatro de julio de dos mil siete.
Nota: Por ejecutoria de fecha 5 de enero de 2010, el Tribunal Pleno declaró inexistente la
contradicción de tesis 45/2007-PL en que participó el presente criterio.
Novena Época
Registro: 171865
Tesis Aislada
Tesis: 2a. CX/2007
Página: 630
AGRAVIOS QUE EL TERCERO PERJUDICADO EXPRESA CONTRA LA SENTENCIA QUE CONCEDIÓ EL
AMPARO A LA AUTORIDAD DEMANDADA CUANDO EL ACTO RECLAMADO SE HACE CONSISTIR EN
UNA MULTA, EN APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 239 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN A PESAR
DE QUE ACATÓ EL FALLO DE NULIDAD. SON INATENDIBLES POR CARECER DE INTERÉS EN
RELACIÓN CON DICHO FALLO.
El artículo 5o., fracción III, de la Ley de Amparo tiene como objetivo dar participación en el juicio
de amparo a todos los que puedan resultar afectados en sus derechos con la resolución que en él
se dicte. En todos los supuestos que este precepto contempla, es requisito indispensable que el
tercero perjudicado sea titular de un derecho protegido por la ley, del cual puede resultar privado
o afectado por virtud de la insubsistencia de la resolución o acto reclamado que favorecía a sus
intereses en el juicio natural del que proviene con motivo de la concesión del amparo, lo que lo
legitima para combatir la sentencia protectora a través del recurso de revisión.
Consecuentemente si la Sala responsable considera que la autoridad demandada en el juicio de
nulidad ya dio cumplimiento a la sentencia que en él se pronunció, pero impone una multa
estimando que se acató fuera del plazo de cuatro meses que concede el artículo 239 del Código
Fiscal de la Federación, esta medida, como cualquiera que sancione a una autoridad por no ceñirse
al marco de las normas que regulan su actuación, sólo tiene como objetivo garantizar a la
colectividad en general el desarrollo correcto y normal de la función pública, y en esa medida si el
funcionario sancionado promueve amparo en contra de la resolución que le impuso la multa y se
le concede, el gobernado que obtuvo sentencia favorable en el juicio de amparo anterior,
interpone revisión, no obstante encontrarse legitimado por habérsele reconocido el carácter de
tercero perjudicado, sus agravios deben considerarse inoperantes por no afectársele ningún
interés respecto de la protección mencionada.
Amparo en revisión 1879/2006. Leticia Acosta Fernández, por derecho propio y como titular de la
Administración Local de Recaudación de Celaya del Servicio de Administración Tributaria de la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 27 de junio de 2007. Cinco votos. Ponente: Mariano
Azuela Güitrón. Secretaria: Oliva Escudero Contreras.
Novena Época
Registro: 171588
Tesis Aislada
Página: 1859
SUSPENSIÓN EN EL AMPARO CONTRA EL COBRO DE MULTAS ADMINISTRATIVAS NO FISCALES.
PARA QUE SURTA EFECTOS, LA ÚNICA FORMA DE GARANTIZAR EL INTERÉS FISCAL ES EL DEPÓSITO
EN EFECTIVO ANTE LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN O DE LA ENTIDAD FEDERATIVA O MUNICIPIO
QUE CORRESPONDA (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 25 DE ABRIL DE 2006).
Previo a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 24 de abril de 2006, que entró
en vigor al día siguiente, el artículo 135 de la Ley de Amparo establecía que cuando se pidiera el
amparo contra el cobro de contribuciones, la suspensión podría concederse de manera
discrecional y surtiría efectos previo depósito de la cantidad que se cobra ante la tesorería que
corresponda, pero que tal depósito no se exigiría si el monto reclamado excedía de la capacidad
económica del quejoso, si se había previamente constituido la garantía del interés fiscal ante la
autoridad exactora o cuando se tratara de persona distinta del causante obligado directamente al
pago, caso este último en el cual el precepto en cuestión permitía que la garantía del interés fiscal
se otorgara por cualquiera de los medios previstos en las leyes fiscales aplicables. No obstante, el
efecto de la reforma indicada fue establecer que tanto respecto de contribuciones como de
aprovechamientos (fiscales o no) la única forma de garantizar el interés fiscal es a través de
depósito de la cantidad total en efectivo a nombre de la Tesorería de la Federación o de la entidad
federativa o Municipio que corresponda y que dicho depósito deberá cubrir tanto las
contribuciones y aprovechamientos, como las multas y accesorios que se lleguen a causar,
asegurando así el interés fiscal. De esta forma, el precepto en vigor eliminó la posibilidad de que
no se exija garantía al quejoso en los casos de excepción que contemplaba antes de su
modificación. Por tanto, acorde con el contenido actual del artículo 135 de la Ley de Amparo, la
única manera de garantizar el interés fiscal cuando se pretenda la suspensión respecto del cobro
de multas administrativas no fiscales, es a través del depósito de la cantidad total en efectivo ante
la tesorería que corresponda. Cabe señalar que esta regla, por ser específica, excluye la aplicación
de la general que contemplan los artículos 125 y 126 de la Ley de Amparo, que prevén la
posibilidad de garantizar por cualquier medio previsto en la ley, los daños y perjuicios que
pudieran ocasionarse al tercero perjudicado con el otorgamiento de la suspensión.
Incidente de suspensión (revisión) 84/2007. Auto Tanques Flores, S.A. de C.V. 17 de mayo de 2007.
Unanimidad de votos. Ponente: José Elías Gallegos Benítez. Secretario: Martín Ubaldo Mariscal
Rojas.
Novena Época
Registro: 172074
Tesis Aislada
XXVI, Julio de 2007
Tesis: I.7o.A.523 A
Página: 2466
COMPETENCIA DE LAS ADMINISTRACIONES LOCALES DE RECAUDACIÓN DEL SERVICIO DE
ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA. EL ACUERDO JG-SAT-IO-5-2006 QUE ESTABLECE LOS CASOS,
SUPUESTOS Y REQUISITOS PARA QUE PROCEDA LA CONDONACIÓN TOTAL O PARCIAL DE LAS
MULTAS Y RECARGOS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO SÉPTIMO TRANSITORIO DE LA LEY DE
INGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2006, ES UNA NORMA COMPLEJA,
POR LO QUE CUANDO AQUÉLLAS EMITAN ACTOS ADMINISTRATIVOS CON BASE EN ELLA, DEBEN
CITAR Y TRANSCRIBIR LA PARTE ESPECÍFICA QUE PREVEA SUS FACULTADES AL RESPECTO.
La disposición general aludida, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 8 de junio de 2006,
se compone de seis fracciones: La primera dividida en cinco puntos, con tres incisos y cuatro
subincisos en el primero de ellos; la segunda en cuatro puntos y tres incisos para el último; la
tercera formada por tres puntos, subdivididos en dos, tres, y seis incisos, respectivamente; la
cuarta integrada por tres puntos, con tres incisos para los dos primeros, subdividiéndose a su vez
el primero en tres subincisos; la quinta con seis puntos, de los cuales, el cuarto se divide a su vez
en seis incisos y el primero de éstos en ocho subincisos; y, finalmente, en la fracción sexta se
encuentra el único transitorio del ordenamiento normativo. En ese orden de ideas, el acuerdo de
que se trata tiene las características de una norma compleja y, por esa razón, en el supuesto de
que las Administraciones Locales de Recaudación del Servicio de Administración Tributaria funden
su competencia para emitir actos de autoridad en esa disposición, deben citar y transcribir en ellos
la parte específica que les otorgue atribuciones al respecto, ya que sólo de esa forma se da
cumplimiento al principio de seguridad jurídica establecido en el artículo 16 de la Constitución
Federal, así como a la jurisprudencia 2a./J. 115/2005, publicada en el Semanario Judicial de la
Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXII, septiembre de 2005, página 310, de rubro:
"COMPETENCIA DE LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. EL MANDAMIENTO ESCRITO QUE
CONTIENE EL ACTO DE MOLESTIA A PARTICULARES DEBE FUNDARSE EN EL PRECEPTO LEGAL QUE
LES OTORGUE LA ATRIBUCIÓN EJERCIDA, CITANDO EL APARTADO, FRACCIÓN, INCISO O
SUBINCISO, Y EN CASO DE QUE NO LOS CONTENGA, SI SE TRATA DE UNA NORMA COMPLEJA,
HABRÁ DE TRANSCRIBIRSE LA PARTE CORRESPONDIENTE."
Amparo en revisión 88/2007. Administrador Local de Recaudación del Centro del Distrito Federal.
28 de marzo de 2007. Unanimidad de votos. Ponente: F. Javier Mijangos Navarro. Secretario:
Gustavo Naranjo Espinosa.
Novena Época
Registro: 171984
Tesis Aislada
XXVI, Julio de 2007
Página: 2657
DE AQUEL NUMERAL.
amerite la concesión del amparo por trasgresión a la garantía de seguridad jurídica prevista en el
por vicios propios.
CIRCUITO.
Secretario de Hacienda y Crédito Público. 25 de enero de 2007. Unanimidad de votos. Ponente:
Maximiliano Toral Pérez. Secretario: Zéus Hernández Zamora.
Secretario de Hacienda y Crédito Público. 15 de marzo de 2007. Unanimidad de votos. Ponente:
Martiniano Bautista Espinosa. Secretario: Mario Alejandro Nogueda Radilla.
Secretario de Hacienda y Crédito Público. 26 de abril de 2007. Unanimidad de votos. Ponente:
Martiniano Bautista Espinosa. Secretario: J. Ascención Goicochea Antúnez.
Novena Época
Registro: 172270
Tesis Aislada
XXV, Junio de 2007
Tesis: 2a. LXV/2007
Página: 339
AGENTES ADUANALES. TIENEN LEGITIMACIÓN PARA PROMOVER EN CONTRA DE LA SENTENCIA
DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA JUICIO DE AMPARO DIRECTO,
CUANDO EN EL ACTO DE ORIGEN LA AUTORIDAD IMPONE UN CRÉDITO FISCAL POR CUYO PAGO
LOS DECLARA RESPONSABLES SOLIDARIOS.
Conforme a la fracción II y al último párrafo del artículo 53 de la Ley Aduanera, los agentes
aduanales son responsables solidarios en el pago de los impuestos al comercio exterior y de las
demás contribuciones, así como de las cuotas compensatorias causadas con motivo de la
introducción o extracción de mercancías al territorio nacional y sus accesorios, con excepción de
las multas, originados a causa de las importaciones o exportaciones en cuyo despacho aduanero
intervengan. Luego, si el acto administrativo de origen impone un crédito fiscal, por cuyo pago
declara responsable solidario al agente aduanal con el sujeto directamente obligado, ello afecta su
interés jurídico y, por ende, tiene legitimación para promover juicio de amparo directo, pues de
serle favorable la sentencia, quedaría insubsistente el acto de aplicación de la norma que
controvirtió en los conceptos de violación, en términos del artículo 166, fracción IV, párrafo
segundo, de la Ley de Amparo.
Amparo directo en revisión 413/2007. Sergio Pérez Aguilar. 9 de mayo de 2007. Cinco votos.
Ponente: José Fernando Franco González Salas. Secretario: Roberto Rodríguez Maldonado.
Novena Época
Registro: 172185
Tesis Aislada
XXV, Junio de 2007
Página: 1121
MULTA FISCAL MÍNIMA AGRAVADA EN IGUAL MONTO. AL PARTICIPAR EL AUMENTO EN SU
CUANTÍA DE LAS MISMAS CARACTERÍSTICAS QUE LA SANCIÓN BÁSICA DE LA QUE DERIVA, SU
IMPOSICIÓN NO ATENTA CONTRA EL PRINCIPIO CONSTITUCIONAL DE MOTIVACIÓN (LEGISLACIÓN
VIGENTE EN 2005).
En términos del artículo 77, fracción I, inciso c), del Código Fiscal de la Federación, vigente en
2005, en los casos referidos por el numeral 76 de dicho código y vigencia, las multas se
aumentarán de un 50% (cincuenta por ciento) a un 75% (setenta y cinco por ciento) del importe de
las contribuciones retenidas o recaudadas y no enteradas, cuando se incurra en la agravante a que
se refiere la fracción III del artículo 75 del mismo ordenamiento (omisión en el entero de
contribuciones retenidas o recaudadas de los contribuyentes); por tanto, si la multa se impuso en
cantidad mínima y el aumento por la agravante también, sin hacerse más motivación que la
relativa a la adecuación del proceder del gobernado al supuesto jurídico previsto en la norma, ello
no atenta contra el principio de motivación contenido en el artículo 16 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, porque en tal hipótesis es innecesario razonar el aumento de la
sanción, ya que no podría imponerse una menor; es decir, como se trata de una sanción
subsidiaria o circunstancial que depende de una principal, al imponerse en la mínima, en
concordancia con la individualización así definida para la multa básica, no requiere mayor
explicación por ser ese aumento, como agravante, el mínimo señalado en la ley. Cuestión distinta
acontecería si, pese a que la multa básica se establezca en la mínima prevista en la ley, el monto
por agravación no tuviera ese parámetro mínimo, sino que se impusiera un monto mayor a él,
pues en este caso la autoridad sí estaría obligada a explicar el porqué del aumento.
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y CIVIL DEL DÉCIMO NOVENO
CIRCUITO.
representación del Jefe del Servicio de Administración Tributaria y de la Administración Local de
Auditoría Fiscal de Matamoros, en el mismo Estado. 2 de septiembre de 2005. Unanimidad de
votos. Ponente: Jorge Sebastián Martínez García. Secretario: Guillermo Cuautle Vargas.
representación del Secretario de Hacienda y Crédito Público y otras. 22 de septiembre de 2005.
Unanimidad de votos. Ponente: José Luis Mendoza Pérez. Secretario: Jesús Martínez Vanoye.
Novena Época
Registro: 172472
Jurisprudencia
XXV, Mayo de 2007
Página: 1812
MULTA FISCAL MÍNIMA. CUANDO LA PARTE ACTUALIZADA SE ENCUENTRA INCORPORADA AL
TEXTO DEL PRECEPTO CORRESPONDIENTE A TRAVÉS DE UN DECRETO LEGISLATIVO, LA
AUTORIDAD NO ESTÁ OBLIGADA A EXPRESAR LOS MOTIVOS QUE LA CONDUJERON A IMPONER
ESE MONTO.
La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 95/2003,
publicada en las páginas 153 y 154 del tomo XVIII, noviembre de 2003, Novena Época del
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el rubro: "MULTA FISCAL MÍNIMA
ACTUALIZADA. LA AUTORIDAD QUE LA IMPONE CON BASE EN LA RESOLUCIÓN MISCELÁNEA
FISCAL, DEBE MOTIVAR LA SANCIÓN, SÓLO EN CUANTO A LA PARTE ACTUALIZADA.", ha señalado
que cuando la autoridad hacendaria impone una multa fiscal mínima actualizada, aun cuando
sigue siendo la mínima, aplica una cantidad diversa a la prevista en el Código Fiscal de la
Federación, por lo que al ser la actualización de las multas un acto administrativo proveniente de
la autoridad fiscal competente, el cual, por sí mismo, no modifica ni deroga los montos
establecidos en aquel ordenamiento, pues únicamente los actualiza, en esos supuestos la
autoridad debe fundar su acto tanto en las disposiciones aplicables del Código Tributario Federal,
como en la Resolución Miscelánea Fiscal y motivar la parte actualizada de la sanción. Sin embargo,
cuando dicha actualización, originalmente contenida en una Resolución Miscelánea Fiscal, se
encuentra incorporada al texto del precepto respectivo, mediante un decreto del legislador, en
hipótesis como ésta la autoridad hacendaria no se halla obligada a expresar los motivos que la
condujeron a imponer ese monto mínimo que ya no es actualizado, toda vez que el principio de
seguridad jurídica se encuentra salvaguardado en la medida en que el gobernado no tiene más
que acudir al texto legal correspondiente, no así a una Resolución Miscelánea Fiscal, a fin de
constatar que la autoridad le impuso la sanción de que se trate, en el monto mínimo previsto en la
ley.
Amparo directo 449/2006. Bugocom, S.A. de C.V. 7 de diciembre de 2006. Unanimidad de votos.
Ponente: Francisco Javier Cárdenas Ramírez. Secretaria: Luz Idalia Osorio Rojas.
Revisión fiscal 295/2006. Administrador Local Jurídico de Puebla Norte. 17 de enero de 2007.
Rodríguez.
Amparo directo 473/2006. Antonio Sánchez Argudo. 14 de febrero de 2007. Unanimidad de votos.
Ponente: Francisco Javier Cárdenas Ramírez. Secretario: Alejandro Andraca Carrera.
Revisión fiscal 27/2007. Administrador Local Jurídico de Puebla Norte. 21 de febrero de 2007.
Unanimidad de votos. Ponente: José Eduardo Téllez Espinoza. Secretaria: María Elena Gómez
Aguirre.
Revisión fiscal 85/2007. Administrador Local Jurídico de Puebla Sur. 23 de abril de 2007.
Rodríguez.
Novena Época
Registro: 172467
Jurisprudencia
XXV, Mayo de 2007
Página: 1823
NULIDAD EN EL JUICIO FISCAL. SI SE CONTROVIERTE UNA RESOLUCIÓN QUE NACE DEL EJERCICIO
DE LAS FACULTADES DISCRECIONALES DE LA AUTORIDAD ALEGANDO DEFICIENTE
FUNDAMENTACIÓN DE SU COMPETENCIA TERRITORIAL, DEBE DECRETARSE EN TÉRMINOS DEL
SUPUESTO EXCEPCIONAL PREVISTO EN EL ARTÍCULO 239, FRACCIÓN III, ÚLTIMA PARTE Y ÚLTIMO
PÁRRAFO, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 31 DE
DICIEMBRE DE 2005).
De los artículos 238, fracción II y 239, fracción III, última parte y último párrafo, del Código Fiscal
de la Federación, vigente hasta el 31 de diciembre de 2005, así como de la jurisprudencia 2a./J.
149/2005, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en
el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXII, diciembre de 2005,
página 366, de rubro: "MULTAS FISCALES QUE NO CUMPLEN CON LA FUNDAMENTACIÓN Y
MOTIVACIÓN. DEBE ATENDERSE A LA GÉNESIS DE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA Y DECRETAR LA
NULIDAD PREVISTA EN EL ARTÍCULO 239, FRACCIÓN III, Y ÚLTIMO PÁRRAFO, DEL CÓDIGO FISCAL
DE LA FEDERACIÓN, POR DERIVAR AQUÉLLAS DEL EJERCICIO DE FACULTADES DISCRECIONALES.",
se concluye que cuando en un juicio de nulidad seguido ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y
Administrativa se controvierte una resolución que nace del ejercicio de una facultad discrecional
de la autoridad por deficiente fundamentación de la competencia territorial de la autoridad
demandada, el tribunal no puede imponer la obligación de emitir otra actuación tendente a
sustituir aquella tildada de nula, pues ese proceder podría obligar a un ente sin facultades a emitir
un pronunciamiento ilegal, así como tampoco puede fijar directrices a la autoridad respecto de sus
atribuciones discrecionales, ya que se coartaría su poder de elección; por tanto, sólo procederá
decretar su nulidad en términos del supuesto excepcional contenido en el artículo 239, fracción III,
última parte y último párrafo, del Código Fiscal de la Federación, vigente hasta el 31 de diciembre
de 2005, y la autoridad a quien le fue anulado tendrá libertad para ejercer sus facultades.
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO.
Revisión fiscal 34/2006. Administración Local Jurídica de Guadalajara, Jalisco. 27 de septiembre de
2006. Unanimidad de votos. Ponente: Hugo Gómez Ávila. Secretario: Miguel Mora Pérez.
Revisión fiscal 70/2006. Administrador Local Jurídico de Zapopan, en representación del Secretario
de Hacienda y Crédito Público, del Jefe del Servicio de Administración Tributaria y de la autoridad
demandada. 15 de noviembre de 2006. Unanimidad de votos. Ponente: Hortencia María Emilia
Molina de la Puente, secretaria de tribunal autorizada por la Comisión de Carrera Judicial del
Consejo de la Judicatura Federal para desempeñar las funciones de Magistrada. Secretario: Abel
Ascencio López.
Revisión fiscal 88/2006. Administrador Local Jurídico de Guadalajara, unidad administrativa
encargada de la defensa jurídica del Secretario de Hacienda y Crédito Público, del Jefe del Servicio
de Administración Tributaria y de la autoridad demandada. 15 de noviembre de 2006. Unanimidad
de votos. Ponente: Hortencia María Emilia Molina de la Puente, secretaria de tribunal autorizada
por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal para desempeñar las
funciones de Magistrada. Secretario: Abel Ascencio López.
Revisión fiscal 227/2006. Administrador Local Jurídico de Guadalajara, Jalisco. 14 de febrero de
2007. Unanimidad de votos. Ponente: Julio Ramos Salas. Secretario: Isac González García.
Revisión fiscal 165/2006. Administrador Local Jurídico de Guadalajara Sur. 21 de febrero de 2007.
Unanimidad de votos. Ponente: Hugo Gómez Ávila. Secretario: Miguel Mora Pérez.
su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVII, enero de 2008, página 433, con el rubro: "NULIDAD. LA
DECRETADA POR INDEBIDA FUNDAMENTACIÓN DE LA COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD QUE
EMITE EL CRÉDITO FISCAL O UNO DE LOS ACTOS INTEGRANTES DEL PROCESO DE FISCALIZACIÓN,
NO PUEDE SER PARA EFECTOS, CUANDO SE IMPUGNAN SIMULTÁNEAMENTE LA RESOLUCIÓN
DETERMINANTE DEL CRÉDITO FISCAL Y LA DICTADA EN EL RECURSO ADMINISTRATIVO DE
REVOCACIÓN."
Novena Época
Registro: 172520
Tesis Aislada
XXV, Mayo de 2007
Tesis: XX.1o.87 A
Página: 2097
FACULTADES DE COMPROBACIÓN DE LA AUTORIDAD HACENDARIA. LAS PREVISTAS EN EL
ARTÍCULO 42, FRACCIONES II Y III, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, AUNQUE EN PRINCIPIO
SON DISCRECIONALES, SE CONVIERTEN EN REGLADAS CUANDO SE OTORGA AL CONTRIBUYENTE EL
PLAZO A QUE ALUDE EL NUMERAL 46, FRACCIÓN IV, DEL PROPIO ORDENAMIENTO PARA QUE
DESVIRTÚE LOS HECHOS U OMISIONES QUE CONSTEN EN LA ÚLTIMA ACTA PARCIAL DE VISITA.
Si bien es cierto que el artículo 42, fracciones II y III, del Código Fiscal de la Federación, establece
como facultades discrecionales de la autoridad hacendaria requerir a los contribuyentes,
responsables solidarios o terceros con ellos relacionados, para que exhiban en su domicilio,
establecimientos o en las oficinas de las propias autoridades la contabilidad, datos, documentos o
informes, así como de practicarles visitas y revisar su contabilidad, bienes o mercancías; también
lo es que el artículo 46, fracción IV, de la referida legislación prevé que en la última acta parcial
que se levante en la visita domiciliaria se hará mención expresa de los hechos u omisiones que
pudieran entrañar incumplimiento a las disposiciones fiscales relacionadas con el contribuyente
visitado o inclusive con terceros, y que entre ésta y la final deberán transcurrir cuando menos
veinte días, durante los cuales el contribuyente podrá presentar los documentos, libros o registros
que desvirtúen esos hechos u omisiones, o bien, señalar el lugar en que éstos se encuentren,
porque de lo contrario se tendrán por consentidos los hechos consignados en ella. En esa tesitura,
cuando dentro del plazo mencionado el contribuyente visitado solicita a la autoridad fiscalizadora
que requiera a un tercero la entrega de diversas constancias para desvirtuar las inconsistencias
señaladas en el acta parcial, la autoridad se encuentra constreñida a realizar lo pedido, y por ello
las facultades de la autoridad a que se refiere el primer artículo, en principio potestativas, se
convierten en regladas, porque de no ser así, se podría fincar al contribuyente un crédito fiscal con
base en lo indicado en el acta parcial e incluso determinar en su perjuicio recargos, multas y las
actualizaciones respectivas, sin que previamente se le haya otorgado la oportunidad de justificar
las inconsistencias destacadas en la última acta parcial de la visita domiciliaria.
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO CIRCUITO.
Amparo directo 728/2005. Embotellados y Distribuciones Borsa, S.A. de C.V. 16 de octubre de
2006. Unanimidad de votos. Ponente: José Pérez Troncoso. Secretario: Jorge Arturo Chávez Mejía.
Novena Época
Registro: 172815
Tesis Aislada
XXV, Abril de 2007
Página: 1669
CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. AL PREVER SU ARTÍCULO 41, FRACCIÓN III, DOS HIPÓTESIS
DISTINTAS, POR LA NO ACTUALIZADA EL CONCEPTO DE VIOLACIÓN FORMULADO EN SU CONTRA
ES INOPERANTE (LEGISLACIÓN VIGENTE EN 2005).
Cuando dicho precepto legal se tacha de inconstitucional por violar la garantía de audiencia, como
si únicamente estableciera una sola hipótesis referente a la simultaneidad tanto del requerimiento
de obligaciones relativo a la presentación del documento respectivo, como a la imposición de la
multa, siendo que, además de la simultaneidad, prevé la diversa hipótesis consistente en la
actuación de la autoridad fiscalizadora de manera sucesiva, en la que primero requiere la
presentación del documento de que se trate, otorgándole a la contribuyente un primer plazo de
quince días, transcurrido el cual en caso de incumplimiento es hasta entonces cuando le impone la
multa; de ahí que resulta inconcuso que actualizado este último supuesto normativo, el concepto
de violación formulado en contra de la hipótesis de simultaneidad deviene inoperante, en virtud
de que no existe el acto de aplicación.
Amparo directo 15/2007. Equipos y Representaciones Mecánicas y Eléctricas, S.A. de C.V. 14 de
febrero de 2007. Unanimidad de votos. Ponente: Jorge Higuera Corona. Secretaria: María de
Lourdes de la Cruz Mendoza.
Novena Época
Registro: 172903
Tesis Aislada
XXV, Marzo de 2007
Página: 1786
REVISIÓN FISCAL. LOS ADMINISTRADORES LOCALES JURÍDICOS CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA
INTERPONER ESE RECURSO CONTRA LAS SENTENCIAS DEFINITIVAS DICTADAS EN LOS JUICIOS QUE
VERSEN SOBRE RESOLUCIONES DE LAS AUTORIDADES FISCALES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS
COORDINADAS EN INGRESOS FEDERALES.
Del artículo 248 del Código Fiscal de la Federación, vigente hasta el 31 de diciembre de 2005, se
advierte que el recurso de revisión fiscal, por regla general, deberá interponerse por la unidad
administrativa encargada de la defensa jurídica de la autoridad demandada en el juicio de nulidad,
salvo que la resolución impugnada haya sido emitida por autoridades fiscales de las entidades
federativas coordinadas en ingresos federales pues, en estos supuestos, únicamente deberá
promoverse por el secretario de Hacienda y Crédito Público o por quien deba suplirlo en los casos
de ausencia; por ende, si un administrador local jurídico impugna la sentencia definitiva dictada en
el juicio contencioso en que se demanda la nulidad de la resolución a través de la cual el secretario
de finanzas y administración del Gobierno del Estado de Guerrero, con fundamento en el Convenio
de colaboración administrativa en materia fiscal federal celebrado entre el Gobierno Federal por
conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Gobierno del Estado de Guerrero,
determinó un crédito fiscal por concepto de impuesto sobre la renta e impuesto al valor agregado,
omitidos al valor nominal, más actualización, recargos y multas, se concluye que dicho servidor
público carece de legitimación para interponer el recurso de mérito, pues de acuerdo con el
artículo 105, párrafo primero, del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público, vigente hasta el 6 de junio de 2005, el titular de ésta, será suplido en sus ausencias, en su
orden, por los subsecretarios de Hacienda y Crédito Público, de Ingresos, de Egresos, por el oficial
mayor, por el procurador fiscal de la Federación, por el subprocurador fiscal federal de Amparos,
por el subprocurador fiscal federal de Legislación y Consulta o por el subprocurador fiscal federal
de Asuntos Financieros, precepto del que se advierte no se otorgan facultades a los
administradores locales jurídicos para ello.
CIRCUITO.
Novena Época
Registro: 173163
Tesis Aislada
XXV, Febrero de 2007
Tesis: I.1o.A.140 A
Página: 1898
SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL ACTO IMPUGNADO EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO.
LA GARANTÍA PREVISTA EN LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 87 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA DEBE
FIJARSE Y REQUERIR SU EXHIBICIÓN POR LA AUTORIDAD ANTE LA QUE SE SOLICITA AQUÉLLA.
El artículo en cita dispone que la interposición del recurso de revisión ante la autoridad
administrativa suspende la ejecución del acto impugnado, siempre y cuando la solicite el
contravengan disposiciones de orden público, ni se ocasionen daños o perjuicios a terceros, a
Federación. Sin embargo, el texto legal citado no establece la mecánica a seguir para que el
recurrente exhiba la garantía correspondiente cuando con la suspensión pudieran ocasionarse
daños o perjuicios a terceros; por tanto, por razones lógico jurídicas, una vez que se interpone el
recurso de revisión, si el asunto lo amerita y si lo estima necesario para satisfacer el presupuesto
de la fracción IV del artículo 87 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, la autoridad
ante la que se solicita la suspensión está obligada a señalar al recurrente cuál es la garantía con la
que, de ser el caso, se satisfarían los daños o perjuicios causados a terceros, y a requerir a tal
persona su exhibición con el objeto de decretar la suspensión del acto combatido sólo si se
satisficieron los restantes requisitos que prevé el artículo mencionado.
Amparo en revisión 93/2004. Boiron, S.A. 21 de junio de 2004. Unanimidad de votos. Ponente: Luis
María Aguilar Morales. Secretario: José Antonio Montoya García.
Amparo en revisión 94/2004. Sergio Martínez Espinola. 21 de junio de 2004. Unanimidad de votos.
Ponente: Luis María Aguilar Morales. Secretario: José Antonio Montoya García.
Novena Época
Registro: 173844
Tesis Aislada
Tesis: 1a. CLXXX/2006
Página: 178
APLICACIÓN RETROACTIVA EN BENEFICIO DEL GOBERNADO. EXCEPCIONES A LA REGLA GENERAL
EN MATERIA FISCAL.
La regla general en materia tributaria enuncia que, en principio, no hay obligación de aplicar la ley
de manera retroactiva en beneficio del causante; sin embargo, acorde a pronunciamientos
emitidos por este Alto Tribunal, pueden existir excepciones, como cuando se utilizan criterios
propios del derecho penal respecto de multas fiscales. Aunado a lo anterior, esta Primera Sala de
la Suprema Corte de Justicia de la Nación advierte otro supuesto que configura una excepción a
dicha regla, consistente en la existencia de circunstancias en las que, de no realizar una aplicación
retroactiva en beneficio del sujeto, se mantendría una situación jurídica contraria al orden
constitucional, como por ejemplo cuando un precepto es reformado o adicionado a fin de
salvaguardar principios constitucionales (existiendo inclusive precedentes que declaren
inconstitucional la norma que fue aplicada al sujeto) y, simultáneamente, de modo injustificado se
limita -bajo algún mecanismo legal- la aplicación de la norma reformada o adicionada, de tal
manera que la causa que motivó la modificación legal o la declaratoria de inconstitucionalidad
permanece, afectándose así el principio de supremacía constitucional cuya finalidad es
salvaguardar la jerarquía de la Constitución Federal sobre las normas inferiores, inaplicando
disposiciones que son contrarias a ella. En relación con lo anterior, debe distinguirse el supuesto
de aplicación del texto posterior considerado más favorable por el operador jurídico -caso en el
cual no existe un mandato constitucional de aplicación obligatoria, porque el carácter benéfico no
deja de descansar en apreciaciones subjetivas-, de aquel en el que existen pronunciamientos por
parte del Poder Judicial, pues en este último la inaplicación del texto posterior no conlleva a la
simple negación de un beneficio -económico o jurídico-, sino a la permanencia de un perjuicio
jurídico ya observado por la autoridad judicial y sobre el cual existen pronunciamientos
específicos. Además, otra razón para apoyar esta excepción es que la única prohibición expresa en
la Constitución Federal es la de aplicar disposiciones retroactivas en perjuicio, sin que exista una
limitación en el sentido contrario, por lo cual no se está frente a un caso de colisión entre
principios que exigiera una ponderación por parte del juzgador. Así, la excepción no se materializa
simplemente por considerar una posibilidad de beneficio para el gobernado, sino que es el medio
idóneo para otorgar plena vigencia a la garantía de seguridad jurídica, de conformidad con el
principio de supremacía constitucional, y con el propósito de evitar un estado de cosas que
implique el mantenimiento de circunstancias equivalentes a las que han sido motivo de
pronunciamiento por parte de este Alto Tribunal, en asuntos en los que se concedió la protección
constitucional.
Amparo directo en revisión 1379/2006. Francisca Viveros Barradas. 4 de octubre de 2006. Cinco
votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Juan Carlos Roa Jacobo.
Novena Época
Registro: 173658
Jurisprudencia
Tesis: 2a./J. 195/2006
Página: 224
SUSPENSIÓN EN AMPARO CONTRA EL COBRO DE CONTRIBUCIONES RECAUDADAS
PERIÓDICAMENTE. NO ES OBSTÁCULO PARA CONCEDERLA QUE NO SE PUEDA DETERMINAR EL
MONTO DEL DEPÓSITO A CUYA SATISFACCIÓN ESTARÁ CONDICIONADO EL SURTIMIENTO DE SUS
EFECTOS.
El artículo 135 de la Ley de Amparo prevé un requisito para hacer efectiva la suspensión concedida
contra el cobro de contribuciones, consistente en el depósito del total en efectivo de la cantidad a
nombre de la Tesorería de la Federación o la de la entidad federativa o Municipio que
corresponda, el cual tendrá que cubrir el monto de las contribuciones, aprovechamientos, multas
y accesorios que se lleguen a causar, asegurando con ello el interés fiscal. Ahora bien, en los casos
en que se reclama una ley que prevé la causación de contribuciones cuyo entero debe efectuarse
periódicamente, resulta evidente que el juzgador de amparo está imposibilitado para determinar
de antemano el monto del depósito a cuya satisfacción estará condicionado el surtimiento de
efectos de la suspensión, sin que ello sea obstáculo para conceder la providencia cautelar, pues el
requisito de efectividad consistente en la garantía a que se refiere el indicado artículo 135, se
surte mediante el depósito inicial a nombre de la Tesorería que corresponda por el monto al que
asciende la cantidad a pagar derivada del acto concreto de aplicación que motiva el juicio de
amparo, condicionando la efectividad de la suspensión al depósito relativo cada vez que se genere
la obligación de enterar la contribución, en el entendido de que dicha medida dejará de surtir
efectos si la quejosa no exhibe ante el Juez de Distrito del conocimiento la garantía respectiva
dentro del plazo de 5 días conforme al artículo 139 de la Ley de Amparo.
Contradicción de tesis 184/2006-SS. Entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado en
Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito y el Décimo Tercer Tribunal
Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. 24 de noviembre de 2006. Cinco votos.
Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretario: David Rodríguez Matha.
privada del veintinueve de noviembre de dos mil seis.
Novena Época
Registro: 173739
Tesis Aislada
Página: 1368
MULTA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 239-B DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. AUN CUANDO
NO ESTÉ DIRIGIDA A UNA PERSONA DETERMINADA, SU LIQUIDACIÓN CORRESPONDE AL SERVIDOR
PÚBLICO QUE CON SU CONDUCTA LA MOTIVÓ Y NO A AQUEL QUE LO SUSTITUYA EN EL CARGO
(LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2005).
Si con motivo de una queja que es declarada fundada, la Sala Regional del Tribunal Federal de
Justicia Fiscal y Administrativa, con fundamento en el artículo 239-B, fracción V, del Código Fiscal,
vigente hasta el 31 de diciembre de 2005, impone una multa a un servidor público -administrador
local de recaudación- por no haber cumplimentado dentro del término de cuatro meses la
sentencia en donde se le ordenó devolver los cobros indebidos al contribuyente, es claro que aun
cuando la sanción no esté dirigida a una persona determinada, sino al titular de la dependencia
respectiva, su liquidación, de conformidad con el aludido precepto, corresponde al servidor
público que con su conducta la motivó, y no a quien actualmente desempeña el cargo, que resulta
ser ajeno a los hechos en que se produjo la responsabilidad administrativa que generó la sanción.
CIRCUITO.
Amparo en revisión 202/2006. Administradora Local de Recaudación de Tampico, Tamaulipas, de
la Administración General de Recaudación del Servicio de Administración Tributaria, órgano
desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 30 de agosto de 2006. Unanimidad
de votos. Ponente: José Ángel Hernández Huízar. Secretario: Rubén Darío Silva Saldívar.
Novena Época
Registro: 174065
Jurisprudencia
Tesis: 2a./J. 140/2006
Página: 366
MULTAS. EL ARTÍCULO 76, FRACCIÓN II, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, NO TRANSGREDE
EL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 28 DE JUNIO DE 2006).
El citado precepto, en su fracción I, establece una multa por el equivalente al 40% de las
contribuciones omitidas si el infractor las paga con sus accesorios antes de que se le notifique la
resolución que determine el crédito fiscal correspondiente; y en su fracción II, prevé una sanción
en un porcentaje que va del 50% al 100% de las contribuciones omitidas si el infractor no lo hace
de aquella manera, pero la diferencia de trato no lleva a considerar que dicha fracción II, vigente
hasta el 28 de junio de 2006, transgrede el principio de equidad tributaria contenido en el artículo
31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que el aumento en
la sanción se justifica en la medida en que la conducta del infractor que no entera las
contribuciones omitidas voluntariamente ocasiona mayor perjuicio al fisco federal, al tener éste
que disponer de mayores recursos humanos y económicos para obtener el pago respectivo.
Contradicción de tesis 97/2006-SS. Entre las sustentadas por el Cuarto Tribunal Colegiado del
Décimo Quinto Circuito, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto
Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, actualmente Primer
Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito. 30 de agosto
de 2006. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Genaro David Góngora Pimentel. Ponente:
Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretaria: Ma. de la Luz Pineda Pineda.
privada del veintinueve de septiembre de dos mil seis.
Novena Época
Registro: 174015
Tesis Aislada
Página: 1516
REQUERIMIENTO EN MATERIA FISCAL. LAS REIMPRESIONES QUE DE ÉL EXHIBA LA AUTORIDAD,
ANTE LA NEGATIVA LISA Y LLANA DE SU NOTIFICACIÓN DEBEN SER COPIA FIEL DEL ORIGINAL, PUES
DE LO CONTRARIO CARECEN DE VALOR.
La negativa lisa y llana formulada en términos del artículo 68 del Código Fiscal de la Federación,
respecto de la notificación al contribuyente de los requerimientos fiscales que originaron las
multas impugnadas en el juicio de nulidad, obliga a la autoridad administrativa a que las
reimpresiones de ellos que exhiba para desvirtuarla sean una copia fiel de los emitidos en relación
con las aludidas sanciones. Ello es así, porque reimprimir significa "Volver a imprimir, o repetir la
impresión de una obra o escrito.", definición tomada de la obra titulada Diccionario para Juristas,
cuyo autor es Juan Palomar de Miguel, Mayo Ediciones, Sociedad de Responsabilidad Limitada,
México 1981, primera edición. De ahí que, si las reimpresiones aportadas a juicio por la autoridad
demandada ostentan una fecha distante (como puede ser un año ocho meses) de aquella en que
debieron emitirse los originales, y la certificación que de ellos hace dicha autoridad resulta
incongruente, por ser de una fecha anterior a la que consta en los citados requerimientos resulta
evidente la ilegalidad de esos documentos, por lo que carecen de valor.
Amparo directo 274/2006. Constructora Dos Mil Dos, S.A. 22 de junio de 2006. Unanimidad de
votos. Ponente: Isidro Pedro Alcántara Valdés. Secretaria: María Concepción Morán Herrera.
Novena Época
Registro: 174379
Tesis Aislada
Tesis: 2a. LXX/2006
Página: 404
RECARGOS POR MORA. EL ARTÍCULO 21 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN QUE LOS PREVÉ,
NO TRANSGREDE EL PRECEPTO 22 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.
Las multas a que se refiere el precepto constitucional citado corresponden a las sanciones; en
cambio, los recargos por mora son una indemnización al fisco federal por el retraso del
contribuyente en el cumplimiento oportuno del pago de sus obligaciones tributarias, de ahí que
los recargos no participan de la naturaleza de las multas, distingo que además se advierte del
último párrafo del artículo 2o. del Código Fiscal de la Federación. En consecuencia, al tener
naturaleza jurídica diversa las multas de los recargos por mora, el artículo 21 del Código citado,
que prevé el cálculo de estos últimos, no transgrede el diverso artículo 22 constitucional.
Amparo directo en revisión 897/2006. Vitro Corporativo, S.A. de C.V. 7 de julio de 2006. Cinco
votos. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretaria: Paula María García Villegas.
Novena Época
Registro: 174521
Tesis Aislada
Página: 2155
CONDONACIÓN DE CRÉDITOS FISCALES. ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE NULIDAD EN CONTRA DE
LA RESOLUCIÓN QUE LA NIEGA, INDEPENDIENTEMENTE DEL PRECEPTO LEGAL QUE SIRVIÓ DE
FUNDAMENTO A LA SOLICITUD RESPECTIVA.
Del párrafo segundo del artículo 74 del Código Fiscal de la Federación se desprende que la
solicitud de condonación no constituye instancia y las resoluciones que recaigan a dichas
solicitudes no pueden ser impugnadas a través de los medios de defensa que establece dicho
ordenamiento legal; lo anterior, independientemente de que dicha solicitud se presentara en
términos del artículo 16 de la Ley de Ingresos de la Federación para el año dos mil dos, que
establece que se condonarán los créditos derivados de contribuciones o aprovechamientos, cuyo
cobro tenga encomendado el Servicio de Administración Tributaria, cuando el importe del crédito
al treinta y uno de diciembre de dos mil uno, sea inferior o igual al equivalente en moneda
nacional, a dos mil quinientas unidades de inversión, pues dicha disposición no debe interpretarse
como un derecho absoluto del gobernado a que se condonen las multas impuestas y a que, por
ende, en estos casos específicos se encuentre en posibilidad de acudir al juicio de nulidad; toda
vez que el primero de tales preceptos es claro al establecer que la resolución recaída a una
solicitud de condonación no puede ser impugnada a través de los medios de defensa que
establece el ordenamiento citado, sin hacer excepción alguna en cuanto a la forma y términos en
que se realice la solicitud, de tal manera que si la ley no distingue, no le es dable al juzgador hacer
distinción alguna.
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEXTO CIRCUITO.
Amparo directo 92/2005. Multimuebles Cristal, S.A. de C.V. 14 de abril de 2005. Unanimidad de
Amparo directo 247/2005. Elásticos de Puebla, S.A. de C.V. 12 de agosto de 2005. Unanimidad de
Nota: Por ejecutoria de fecha 12 de mayo de 2010, la Segunda Sala declaró inexistente la
Novena Época
Registro: 174341
Tesis Aislada
Página: 2343
SUSPENSIÓN CONTRA EL COBRO DE CONTRIBUCIONES. TRATÁNDOSE DE MULTAS QUE TENGAN EL
CARÁCTER DE ACCESORIOS DE AQUÉLLAS NO SE REQUIERE EL PREVIO DEPÓSITO A QUE SE REFIERE
EL ARTÍCULO 208-BIS, FRACCIÓN VII, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN.
Atento al artículo 2o. del Código Fiscal de la Federación que señala que siempre que en el código
tributario se haga referencia únicamente a contribuciones no se entenderán incluidos los
accesorios, con excepción de lo dispuesto por el artículo 1o. del citado ordenamiento, cabe
determinar que, si el diverso 208-Bis, fracción VII, del ordenamiento en consulta únicamente hace
referencia a que en tratándose de la solicitud de suspensión de la ejecución contra el cobro de
contribuciones ésta resulta procedente, previo depósito de la cantidad que se adeude ante la
Tesorería de la Federación o de la entidad federativa que corresponda, con excepción de las
hipótesis que se precisan en él, sin incluir a los accesorios, se concluye que cuando se trate de
multas que son accesorios de las contribuciones omitidas, no puede obligarse al contribuyente a
realizar el depósito para que se le conceda la suspensión del acto, al no contemplar el citado
artículo 208-Bis, a los accesorios de las contribuciones, pues únicamente hace referencia a las
contribuciones, por consiguiente, aquéllos no pueden participar del supuesto normativo, al ser
preciso el invocado artículo 2o. en establecer que siempre que se haga referencia únicamente a
contribuciones no se entenderán incluidos los accesorios, y si el multicitado artículo 208-Bis, sólo
hace alusión a las contribuciones y no a sus accesorios, respecto de éstos no puede tener
aplicación dicho dispositivo legal.
Amparo en revisión 125/2006. Mario Martínez Córdoba. 7 de abril de 2006. Unanimidad de votos.
Ponente: Isidro Pedro Álcantara Valdés. Secretario: Pedro Carranza Ochoa.
Novena Época
Registro: 174631
Tesis Aislada
XXIV, Julio de 2006
Tesis: 2a. LIII/2006
Página: 437
QUEJA. EL ARTÍCULO 239-B DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN VIGENTE HASTA EL 31 DE
DICIEMBRE DE 2005, AL PREVER SU DESECHAMIENTO POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE,
RESPETA LAS GARANTÍAS DE AUDIENCIA Y DEFENSA.
El desechamiento de la queja que prevé el mencionado precepto, en caso de interponerse contra
una resolución no definitiva y considerarse por ello notoriamente improcedente, no constituye un
acto privativo que niegue al afectado la oportunidad de ser oído y vencido antes de sancionársele
por esa impugnación prematura, ni que lo prive del derecho de aportar las pruebas que estime
conducentes para su defensa, pues la Sala del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa
no puede tomar una determinación sobre la notoria improcedencia de la queja y la consecuente
imposición de la multa al promovente, sin oírlo previamente a través del escrito en el que señale
los motivos por los cuales considera incumplida la sentencia firme dictada por ese órgano
jurisdiccional, así como el informe que al respecto presente la autoridad a quien se impute tal
incumplimiento, en el que deberá justificar el acto o la omisión que dio lugar a la queja,
circunstancias con las que se preservan las formalidades esenciales del procedimiento y que
conllevan el respeto de las garantías de audiencia y defensa del particular en términos del artículo
14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Novena Época
Registro: 174625
Tesis Aislada
XXIV, Julio de 2006
Tesis: 2a. LV/2006
Página: 439
QUEJA. SU DESECHAMIENTO POR RESULTAR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE JUSTIFICA LA
IMPOSICIÓN DE LA MULTA PREVISTA EN EL SEGUNDO PÁRRAFO DE LA FRACCIÓN VI DEL ARTÍCULO
239-B DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, VIGENTE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2005.
Si la resolución de cumplimiento que dicte la autoridad no es definitiva, ello justifica que la queja
interpuesta en su contra sea considerada como notoriamente improcedente y que por tal razón se
sancione a quien la promovió con la multa prevista en el segundo párrafo de la fracción VI del
artículo 239-B del Código Fiscal de la Federación. Es decir, la falta de definitividad de la resolución
de cumplimiento es lo que da lugar al desechamiento en esos términos y a la indicada sanción,
pues constituye un abuso de ese medio de defensa que obstaculiza el cumplimiento efectivo de la
sentencia dictada en el juicio contencioso administrativo, con el consecuente retraso en la
impartición de justicia. Lo anterior sin perjuicio de que la queja pueda resultar improcedente por
otras causas y ello lleve a su desechamiento, pero sin sancionar al promovente; incluso existe la
posibilidad de que si la resolución de cumplimiento es definitiva, aunque la queja no proceda, la
Sala puede ordenar que se instruya como juicio, conforme al párrafo inicial del artículo 11 de la
Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.
Novena Época
Registro: 175886
Jurisprudencia
Tesis: 1a./J. 2/2006
Página: 383
AQUELLAS PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 76, FRACCIÓN II, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN,
MONTO.
El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que existen normas
tributarias que establecen los elementos esenciales de las contribuciones, y otras que prevén
mientras que tratándose de las segundas, el efecto del amparo no incide en el mecanismo esencial
del tributo, ya que se limitará a remediar el vicio de la variable de que se trata para incluirla de una
manera congruente con los demás elementos del impuesto, sin que se afecte su sistema. En esa
tesitura, el amparo que se concede por resultar inconstitucional la actualización de una
contribución omitida no afecta el mecanismo esencial de la multa que prevé el artículo 76,
fracción II, del Código Fiscal de la Federación; de ahí que la restitución de la garantía individual se
Amparo directo en revisión 653/2004. Biomateriales Sistemas y Equipos Universales, S.A. de C.V.
30 de junio de 2004. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: Luis
Fernando Angulo Jacobo.
Amparo directo en revisión 1646/2004. Asher Medical, S.A. de C.V. 25 de mayo de 2005. Cinco
votos. Ponente: Sergio A. Valls Hernández. Secretaria: Miriam Flores Aguilar.
Amparo directo en revisión 484/2005. Proveedora Electrónica Industrial, S.A. de C.V. 15 de junio
de 2005. Cinco votos. Ponente: Sergio A. Valls Hernández. Secretaria: Paola Yaber Coronado.
Amparo directo en revisión 1163/2005. Juan Machado Arce. 24 de agosto de 2005. Cinco votos.
Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretaria: Leticia Flores Díaz.
Amparo directo en revisión 1236/2005. Distribuidora Havre, S.A. de C.V. 7 de septiembre de 2005.
Cinco votos. Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Secretaria: Andrea Nava Fernández del Campo.
veinticinco de enero de dos mil seis.
Novena Época
Registro: 175957
Jurisprudencia
Tesis: 2a./J. 13/2006
Página: 659
DEVOLUCIÓN DE PAGOS INDEBIDOS. LAS ADMINISTRACIONES LOCALES DE RECAUDACIÓN Y NO
LAS LOCALES DE AUDITORÍA FISCAL FEDERAL, SON LAS COMPETENTES PARA VERIFICAR SU
PROCEDENCIA (REGLAMENTO INTERIOR DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA,
PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 6 DE JUNIO DE 2005).
Conforme al artículo 25, fracción XXXII, del citado ordenamiento, corresponde a las
Administraciones Locales de Recaudación tramitar y resolver las solicitudes de devolución de
cantidades pagadas indebidamente al fisco federal o cuando legalmente proceda, así como
verificar, determinar y cobrar las diferencias por devoluciones improcedentes e imponer las
multas correspondientes, y solicitar documentación para verificar su procedencia. Ahora bien, en
atención al principio relativo a que las autoridades sólo pueden hacer lo que la ley les permite,
dichas Administraciones Locales de Recaudación son las competentes para verificar la procedencia
de la devolución de las cantidades pagadas indebidamente al Fisco por los contribuyentes, por lo
que en ese sentido, las diversas Administraciones Locales de Auditoría Fiscal no pueden
desempeñar las anteriores atribuciones con motivo del ejercicio de sus facultades comprendidas
en el artículo 16, fracciones VII y XIX, del propio Reglamento, consistentes en ordenar y practicar
visitas domiciliarias, auditorías, inspecciones, actos de vigilancia, verificaciones y demás actos que
establezcan las disposiciones fiscales y aduaneras, para comprobar el cumplimiento de las
obligaciones que los contribuyentes, responsables solidarios y demás obligados en materia de
contribuciones y determinar los impuestos y sus accesorios.
privada del diez de febrero de dos mil seis.
Novena Época
Registro: 175958
Tesis Aislada
Tesis: 2a. VI/2006
Página: 845
DEVOLUCIÓN DE PAGOS INDEBIDOS. LAS ADMINISTRACIONES LOCALES DE AUDITORÍA FISCAL
FEDERAL TIENEN FACULTADES DE COMPROBACIÓN (REGLAMENTO INTERIOR DEL SERVICIO DE
ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 6 DE
JUNIO DE 2005).
De la interpretación integral y sistemática del artículo 22 del Código Fiscal de la Federación se
advierte que la determinación sobre devolución de cantidades pagadas en exceso tiene su fuente
en dos géneros diferentes: saldos a favor en las declaraciones presentadas por los contribuyentes,
cuya orden es provisional, ya que no constituye resolución favorable al particular, y pagos
indebidos, cuya resolución, a contrario sensu, es definitiva. Ahora bien, si conforme a la fracción
XXXII del artículo 25 del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria vigente a
partir del 7 de junio de 2005, a las Administraciones Locales de Recaudación compete tramitar y
resolver las solicitudes de devolución de cantidades pagadas indebidamente al fisco federal o
cuando legalmente proceda, así como verificar, determinar y cobrar las diferencias por
devoluciones improcedentes e imponer las multas correspondientes, y solicitar documentación
para verificar su procedencia, atribución que se reduce a la verificación sobre la aptitud jurídica de
la documentación relativa de la que se deduce el monto a devolver en el caso de saldos a favor, y a
la decisión sobre la existencia y legalidad del exceso, en el evento de pagos indebidos, sin incluir el
despliegue de la facultad de imperio consistente en la comprobación del cumplimiento de las
obligaciones del contribuyente, atribución que compete a las Administraciones Locales de
Auditoría Fiscal Federal, en términos del artículo 16, fracciones VII y XIX, del mismo Reglamento,
se concluye que éstas tienen facultad de comprobación tanto en materia de devolución de
cantidades pagadas indebidamente como de saldos a favor; sin embargo, si del ejercicio de las
facultades de comprobación se percatan que la devolución de cantidades pagadas indebidamente
es, a su parecer, injustificada y lesiva para el fisco federal, ello no puede dar lugar a la
determinación de crédito fiscal a cargo del contribuyente, ya que esa resolución benéfica al
particular no puede ser revocada por sí y ante sí, ni tampoco hacer gestión directa ante el
particular para exigirle el reembolso que resulte, sino que para ello deben acudir al juicio
contencioso administrativo de anulación por lesividad ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y
Administrativa en términos del artículo 207 del Código Fiscal de la Federación.
Nota: Esta tesis no constituye jurisprudencia, pues no se refiere al tema de fondo que se resolvió.
Novena Época
Registro: 175887
Tesis Aislada
Tesis: XIII.3o.10 A
Página: 1840
MULTA. LA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 76, FRACCIÓN II, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN,
NO VIOLA EL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA, AL CASTIGAR LA ACTUACIÓN DEL
CONTRIBUYENTE RENUENTE.
La citada fracción II del artículo 76 del Código Fiscal de la Federación, no puede estimarse
violatoria del principio de equidad tributaria, puesto que su finalidad es sancionar la resistencia del
obligado a pagar las contribuciones que le corresponden, que implica una singular mala fe del
infractor, que dándose cuenta de la violación en que incurrió, se abstiene de hacerlo, esperando
que no se le descubra, castigando la actuación específica del contribuyente que es renuente a
cumplir con su obligación tributaria, dando así un trato igual a los iguales.
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO TERCER CIRCUITO.
Amparo directo 390/2005. Inmobiliaria y Operadora de Servicios Turísticos Zaashila, S.A. de C.V. 24
de octubre de 2005. Unanimidad de votos. Ponente: María de Fátima Isabel Sámano Hernández.
Secretario: Rolando Salvador Cruz Santaella.
Novena Época
Registro: 176060
Jurisprudencia
Tesis: 1a./J. 178/2005
Página: 696
CONSTITUCIÓN FEDERAL (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA 2003).
previa, tutelada en el artículo 14, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, implica que la emisión de un acto materialmente administrativo, cuyo efecto
es desincorporar algún derecho de la esfera jurídica de los gobernados, generalmente esté
En tal virtud, si al tenor de los artículos 42, fracción V; 49, fracción VI; 83, fracción VII y 84, fracción
VI, del Código Fiscal de la Federación, vigente hasta 2003, la autoridad que califica los hechos u
omisiones relacionados con el incumplimiento de los requisitos que rigen la expedición de
constan en el acta levantada con motivo de la visita correspondiente-, es indudable que el citado
artículo 49, fracción VI, transgrede la mencionada garantía constitucional, pues injustificadamente
impide a los gobernados ejercer sus defensas antes de la emisión de un acto privativo; máxime
que la referida multa constituye un crédito fiscal no tributario, en tanto que no deriva de la falta
de pago de una contribución, sino del incumplimiento de una obligación accesoria, cuyo
acatamiento no implica el pago de una contribución, por lo que respecto de su imposición no rige
la jurisprudencia de este Alto Tribunal publicada con el número 110 en la página 141 del Tomo I,
Materia Constitucional, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, de rubro:
"AUDIENCIA, GARANTÍA DE. EN MATERIA IMPOSITIVA, NO ES NECESARIO QUE SEA PREVIA."
Novena Época
Registro: 176059
Jurisprudencia
Tesis: 1a./J. 177/2005
Página: 708
ACTO PRIVATIVO QUE SE RIGE POR LA GARANTÍA DE AUDIENCIA PREVIA (LEGISLACIÓN VIGENTE
HASTA 2003).
previa, tutelada en el párrafo segundo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, únicamente rige respecto de los actos privativos, entendiéndose por éstos,
aquellos que en sí mismos constituyen un fin, con existencia independiente, cuyos efectos de
privación son definitivos y no provisionales o accesorios. En atención a lo anterior, se concluye que
la multa impuesta por la autoridad que califica los hechos u omisiones que se hicieron constar en
el acta levantada con motivo de la visita para verificar la expedición de comprobantes fiscales
constituye un acto privativo y, por ende, se rige por la referida garantía constitucional, pues
acorde con los artículos 42, fracción V; 49, fracción VI; 83, fracción VII y 84, fracción VI, del Código
Fiscal de la Federación, vigente hasta 2003, tiene por objeto desincorporar en forma definitiva de
la esfera jurídica del sujeto visitado una parte de su patrimonio, por lo que no se impone como
una medida cautelar o provisional, sino como una sanción que pone fin al respectivo
procedimiento investigatorio.
Novena Época
Registro: 176238
Tesis Aislada
Página: 1296
MULTA. EL ARTÍCULO 239-B, FRACCIONES III, SEGUNDO PÁRRAFO Y V, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA
FEDERACIÓN, QUE PREVÉ SU IMPOSICIÓN PARA LA AUTORIDAD QUE INCUMPLA UNA SENTENCIA
DICTADA POR EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA, NO VIOLA LA
GARANTÍA DE AUDIENCIA.
Las fracciones I, inciso b) y II, del precepto citado, establecen que cuando habiendo transcurrido el
plazo previsto en la ley, la autoridad omita dar cumplimiento a la sentencia de nulidad, el afectado
podrá interponer queja, siempre y cuando no haya prescrito su derecho, mediante escrito que
presentará ante el Magistrado instructor o ponente, debiendo expresar las razones por las que
considera que hubo exceso o defecto en el cumplimiento de la sentencia, repetición de la
resolución anulada, o la omisión en el cumplimiento de la sentencia de que se trate; y una vez
admitida la queja, el Magistrado solicitará un informe a la autoridad a quien se impute el
incumplimiento de la sentencia, el cual deberá rendirse dentro del plazo de 5 días, y en él la
autoridad justificará el acto u omisión que provocó la queja; vencido ese plazo, con informe o sin
él, el Magistrado dará cuenta a la Sala o sección que corresponda, la que resolverá dentro de 5
días. Ahora bien, de la interpretación de esas disposiciones se advierte que la intención del
legislador fue la de que la autoridad demandada en un juicio contencioso administrativo tuviera
conocimiento oportuno de que se le atribuye el incumplimiento de una sentencia de nulidad, para
estar en condiciones de, a través de su informe, demostrar que no existió tal incumplimiento y
alegar lo que a su derecho convenga; es decir, que antes de la imposición de la multa establecida
en las fracciones III, segundo párrafo y V, del artículo 239-B del Código Fiscal de la Federación, la
autoridad pueda justificar el acto o la omisión que provocó la queja, lo que implica que el propio
ordenamiento legal garantiza que antes de la emisión de ese acto privativo, el gobernado tenga la
oportunidad de ser oído en su defensa, pues la Sala del Tribunal indicado no puede tomar una
determinación sobre la multa que le ha de imponer por incumplir una sentencia de nulidad, sin
preservar las formalidades esenciales del procedimiento que conllevan el respeto de la garantía de
audiencia contenida en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Amparo en revisión 770/2004. Juan Raúl Islas Hernández. 3 de septiembre de 2004. Cinco votos.
Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: Mara Gómez Pérez.
Novena Época
Registro: 176234
Tesis Aislada
Página: 1297
MULTA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 239-B, FRACCIONES III, SEGUNDO PÁRRAFO Y V, DEL CÓDIGO
FISCAL DE LA FEDERACIÓN. PUEDE IMPONERSE AL TITULAR DE LA DEPENDENCIA QUE INCUMPLA
UNA SENTENCIA DE NULIDAD, AUN CUANDO ÉSTE NO SEA CONSIDERADO COMO PARTE EN EL
JUICIO CONTENCIOSO.
La multa que prevé el mencionado precepto es por el incumplimiento a una sentencia dictada por
el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, desacato que -a través del funcionario que la
representa- realiza una autoridad, a la cual dicho órgano jurisdiccional expresamente le ordenó
hacer, dejar de hacer o permitir algún acto al particular; por tanto, ésta puede imponerse al titular
de la dependencia que incurra en tal desacato, aun cuando no haya sido parte en el juicio
contencioso.
Novena Época
Registro: 176523
Jurisprudencia
XXII, Diciembre de 2005
Tesis: 2a./J. 148/2005
Página: 365
MULTAS ADMINISTRATIVAS NO FISCALES. PARA QUE SURTA EFECTOS LA SUSPENSIÓN CONTRA SU
COBRO, EL QUEJOSO DEBE GARANTIZAR EL INTERÉS FISCAL ANTE LA AUTORIDAD EXACTORA O
ACREDITAR HABERLO HECHO.
La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis de jurisprudencia 2a./J.
8/97, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo V,
marzo de 1997, página 395, con el rubro: "MULTAS ADMINISTRATIVAS O NO FISCALES. PRINCIPIO
DE DEFINITIVIDAD EN EL AMPARO CONTRA LAS.", sostuvo que conforme a los artículos 124, 125 y
139 de la Ley de Amparo, para la suspensión que en su caso proceda contra el cobro de multas
administrativas no fiscales debe exigirse garantía bastante para reparar el daño e indemnizar los
perjuicios que con la suspensión se causaren a algún tercero. Sin embargo, este órgano colegiado
considera pertinente abandonar parcialmente tal criterio, para determinar que cuando se
impugne el cobro de una multa administrativa no fiscal a través del juicio de amparo, deberá
concederse la suspensión del acto reclamado siempre que se reúnan los requisitos señalados por
el citado artículo 124, pero condicionada su efectividad a que el quejoso garantice el interés fiscal
ante la autoridad exactora o en todo caso acredite que ya lo hizo, pues en términos de los artículos
125 y 130 de la Ley indicada, el Juez de Distrito deberá resguardar los derechos de terceros y de
las propias partes, hasta donde sea posible, por lo que la garantía del interés fiscal tendrá
precisamente ese efecto, tanto en la suspensión provisional como en la definitiva.
Contradicción de tesis 150/2005-SS. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Cuarto y
Séptimo, ambos en Materia Administrativa del Primer Circuito y el Primer Tribunal Colegiado del
Décimo Cuarto Circuito. 28 de octubre de 2005. Cinco votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre
Anguiano. Secretario: Arnulfo Moreno Flores.
privada del veintitrés de noviembre de dos mil cinco.
Novena Época
Registro: 177289
Tesis Aislada
XXII, Septiembre de 2005
Tesis: XXIII.3o.16 A
Página: 1473
IMPUESTOS. LAS ADMINISTRACIONES LOCALES DE RECAUDACIÓN SON LAS COMPETENTES PARA
REVISAR LAS SOLICITUDES DE DEVOLUCIÓN DE SALDOS A FAVOR RESPECTO DE AQUELLOS
PAGADOS INDEBIDAMENTE, ASÍ COMO PARA DETERMINAR Y COBRAR DIFERENCIAS DE ESA
DEVOLUCIÓN CUANDO ÉSTA HUBIERA RESULTADO IMPROCEDENTE, Y DE SER EL CASO, IMPONER
LAS SANCIONES CORRESPONDIENTES.
De conformidad con lo dispuesto por los artículos 20, fracción XXXII, 22, fracción II, 23, fracciones
VII, XIX y XXII, y 25, fracción II, del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria
publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintidós de marzo de dos mil uno, así como sus
correlativos del reglamento publicado el tres de diciembre de mil novecientos noventa y nueve, las
administraciones locales de recaudación son las competentes para resolver respecto de solicitudes
de devolución de cantidades pagadas indebidamente por los contribuyentes, así como para
verificar, determinar y cobrar las diferencias por devoluciones improcedentes y también para
imponer las multas que en su caso procedan por ese motivo, sin que tal atribución pueda
considerarse implícita en la competencia genérica que los indicados preceptos conceden a las
administraciones locales de Auditoría Fiscal para ordenar la práctica de visitas domiciliarias
tendentes a comprobar el cumplimiento de las obligaciones fiscales de los contribuyentes,
obligados solidarios y demás obligados en materia de impuestos, ya que si el legislador, en los
numerales citados, precisó el ámbito de competencia en el que cada una de las autoridades
administrativas mencionadas puede ejercer sus facultades de comprobación, concediendo a las
primeras la atribución especial de que se trata, con ello excluyó a estas últimas del conocimiento
de este tipo de asuntos. Lo anterior se pone aún más en evidencia si se considera que en los
reglamentos invocados se separó el caso en el que debía practicarse la visita al contribuyente, caso
en el que concedió esa facultad a las administraciones locales de Auditoría Fiscal, de aquel en el
que procede la verificación por considerar que el fisco le efectuó una devolución improcedente,
atribución conferida a las administraciones locales de recaudación, pero no señaló que fuera el
mismo tipo de actuaciones para las dos recaudadoras, de ahí que no puede existir concurrencia de
facultades en una misma autoridad puesto que se trata de dos atribuciones desligadas una de la
otra, por tener naturaleza jurídica y propósitos distintos.
Revisión fiscal 1/2005. Administrador Local Jurídico de Aguascalientes, como autoridad
demandada y en representación del Administrador Local de Auditoría Fiscal de Aguascalientes, del
Secretario de Hacienda y Crédito Público y del Jefe del Servicio de Administración Tributaria. 3 de
febrero de 2005. Unanimidad de votos. Ponente: Lucila Castelán Rueda. Secretaria: Ydolina Chávez
Orona.
Público y del Jefe del Servicio de Administración Tributaria. 30 de junio de 2005. Unanimidad de
votos. Ponente: Herminio Huerta Díaz. Secretario: Roberto Charcas León.
Público y del Jefe del Servicio de Administración Tributaria. 14 de julio de 2005. Unanimidad de
votos. Ponente: Álvaro Ovalle Álvarez. Secretario: Guillermo Esquivel Rodarte.
Gaceta, Novena Época, Tomo XXIII, febrero de 2006, página 659, con el rubro: "DEVOLUCIÓN DE
PAGOS INDEBIDOS. LAS ADMINISTRACIONES LOCALES DE RECAUDACIÓN Y NO LAS LOCALES DE
AUDITORÍA FISCAL FEDERAL, SON LAS COMPETENTES PARA VERIFICAR SU PROCEDENCIA
(REGLAMENTO INTERIOR DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, PUBLICADO EN EL
DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 6 DE JUNIO DE 2005)."
Novena Época
Registro: 177396
Jurisprudencia
Tesis: 2a./J. 89/2005
Página: 330
PROCEDIMIENTO RELATIVO QUE IMPIDE A LOS GOBERNADOS DESVIRTUAR LOS HECHOS U
OMISIONES PLASMADOS EN EL ACTA RESPECTIVA, ANTES DE QUE SE EMITA LA RESOLUCIÓN QUE
IMPONE UNA MULTA, TRANSGREDE LA GARANTÍA DE PREVIA AUDIENCIA.
Los artículos 42, fracción V, 49, fracción VI, 83, fracción VII y 84, fracción VI, del Código Fiscal de la
Federación, que establecen el procedimiento a través del cual en un acta de visita la autoridad
competente al calificar hechos u omisiones relacionados con el incumplimiento de los requisitos
que rigen la expedición de comprobantes fiscales, puede imponer multa al visitado sin necesidad
de que previamente se le permita a éste ofrecer pruebas para desvirtuar la falta que se le
atribuye, transgrede la garantía de previa audiencia que implica que antes de afectar un derecho
del gobernado, se le permita ejercer plenamente su defensa, ya que la referida multa constituye
un crédito fiscal no tributario, al no derivar de falta de pago oportuno de una contribución, sino
del incumplimiento de una obligación accesoria; por tanto, es inconcuso que previamente a la
imposición de una multa impuesta por los motivos señalados, debe permitirse al interesado
ofrecer pruebas para desvirtuar los hechos u omisiones que se le atribuyen.
Amparo directo en revisión 645/2003. María del Carmen Sánchez Araujo. 30 de mayo de 2003.
Mayoría de cuatro votos. Disidente: Juan Díaz Romero. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia.
Secretaria: María del Consuelo Núñez Martínez.
Amparo directo en revisión 981/2003. Diego Estanislao Ruiz. 14 de noviembre de 2003. Cinco
votos. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretaria: Maura Angélica Sanabria Martínez.
Amparo directo en revisión 1369/2003. Restaurantes de México, S.A. 14 de noviembre de 2003.
Mayoría de cuatro votos. Disidente y Ponente: Juan Díaz Romero. Secretaria: Maura Angélica
Sanabria Martínez.
Amparo directo en revisión 369/2004. Tracto Camionera Diesel, S.A. de C.V. 23 de abril de 2004.
Cinco votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: Alma Delia Aguilar Chávez
Nava.
Amparo directo en revisión 210/2005. Grace & Joy, S.A. de C.V. 18 de marzo de 2005. Mayoría de
cuatro votos. Disidente: Juan Díaz Romero. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretario:
Bertín Vázquez González.
privada del ocho de julio de dos mil cinco.
Nota: Los artículos 42, fracción V, 49, fracción VI y 84, fracción VI, del Código Fiscal de la
Federación a que se refiere esta tesis estuvieron vigentes hasta el 31 de diciembre de 2003.
Novena Época
Registro: 177622
Tesis Aislada
Tesis: I.7o.A.391 A
Página: 1901
DICTAMEN DE ESTADOS FINANCIEROS POR CONTADOR PÚBLICO AUTORIZADO. EL ARTÍCULO 49,
PÁRRAFO ÚLTIMO, DEL REGLAMENTO DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, QUE SEÑALA QUE
LOS DICTÁMENES RENDIDOS FUERA DEL TÉRMINO LEGAL NO SURTIRÁN EFECTOS, NO ES
VIOLATORIO DEL ARTÍCULO 23 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.
El precepto constitucional invocado consagra el principio jurídico non bis in idem, conforme al cual
nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito, ya sea que en el juicio se le absuelva o se
le condene. Al respecto, el artículo 49, párrafo último, del Reglamento del Código Fiscal de la
Federación al establecer: "La presentación del dictamen y los documentos citados fuera de los
plazos que prevé este reglamento, no surtirá efecto legal alguno.", no contraviene tal mandato
constitucional, ya que no implica la imposición de una doble pena o sanción por los mismos
hechos. Si bien es cierto que los artículos 83, fracción X y 84, fracción IX, del Código Fiscal de la
Federación prevén una multa y la cancelación de la autorización para recibir donativos deducibles
a quienes no dictaminen sus estados financieros, o no los presenten en término estando obligados
a ello por el artículo 32-A de tal ordenamiento tributario, también lo es que la disposición
reglamentaria en estudio no contempla una sanción, entendida como la acción coactiva del Estado
contra el infractor de la norma, sino simplemente un supuesto en el que debe tenerse por no
presentado, al no surtir efectos legales un dictamen de estados financieros, con motivo de su
extemporaneidad.
Amparo en revisión 223/2005. Grupo Inmobiliario y Comercial, S.A. de C.V. 15 de junio de 2005.
Unanimidad de votos. Ponente: F. Javier Mijangos Navarro. Secretario: Carlos Alfredo Soto
Morales.
Novena Época
Registro: 177464
Tesis Aislada
Tesis: I.13o.A.116 A
Página: 2014
RETROACTIVIDAD. NO ES APLICABLE ESE PRINCIPIO QUE RIGE COMO EXCEPCIÓN EN MATERIA
PENAL A LAS SANCIONES ADMINISTRATIVAS, CUANDO LAS RESOLUCIONES QUE LAS IMPONGAN
CONSTITUYEN COSA JUZGADA, YA QUE ELLO CONTRAVENDRÍA EL PRINCIPIO DE SEGURIDAD
JURÍDICA CONTENIDO EN EL ARTÍCULO 14 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido la equiparación de las multas fiscales con
las normas que imponen sanciones penales, para permitir la aplicación retroactiva de la norma
más benéfica para el particular, de allí la determinación de que el principio de retroactividad que
como garantía individual prevé el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, resulte aplicable tanto a las multas fiscales como a las sanciones administrativas. Sin
embargo, no debe considerarse que de igual manera resulta aplicable el principio de derecho
penal de que la ley más benigna debe aplicarse con efectos retroactivos a favor del infractor,
cuando se esté ante la presencia de otro tipo de sanciones administrativas como lo son las que
deriven de una resolución que constituye cosa juzgada o que se encuentra en la etapa de
ejecución, pues en este supuesto el bien jurídico tutelado no es la libertad del individuo sino su
seguridad jurídica, por lo que al aplicarse el principio de retroactividad a sanciones administrativas
como lo son las derivadas de una resolución que constituye cosa juzgada o que se encuentra en la
etapa de ejecución se contravendría el principio de seguridad jurídica contenido en el citado
precepto constitucional, pues debe considerarse que la aplicación retroactiva en materia
administrativa es aplicable al emitirse la resolución que defina la situación del gobernado,
inclusive, al resolverse los medios de impugnación interpuestos en su contra, pero no así cuando la
resolución haya adquirido el carácter de cosa juzgada o se encuentre pendiente de ejecución, toda
vez que la cosa juzgada es una institución que debe de entenderse como la inmutabilidad de lo
resuelto en las sentencias o resoluciones firmes, la cual precisamente fue establecida por razones
de seguridad jurídica. Consecuentemente, el principio de retroactividad que hasta ahora, rige
como excepción en materia penal, no debe considerarse procedente en cuanto a las resoluciones
en las que se impongan sanciones administrativas que constituyen cosa juzgada, pues de aplicarse
dicho principio se contravendría el citado de seguridad jurídica contenido en el artículo 14 de la
Constitución Federal.
DÉCIMO TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.
Amparo en revisión 371/2004. Francisco Tomás Braniff Suinaga. 28 de enero de 2005. Unanimidad
de votos. Ponente: Luz Cueto Martínez. Secretario: José Antonio García Ochoa.
Novena Época
Registro: 177461
Tesis Aislada
Tesis: I.5o.A.34 A
Página: 2015
REVISIÓN CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA. NO SE ACTUALIZA LA HIPÓTESIS DE PROCEDENCIA
PREVISTA EN EL INCISO A) DEL ARTÍCULO 88 DE LA LEY RELATIVA, SI LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA
IMPONE AL ACTOR UNA MULTA ADMINISTRATIVA.
El artículo 88, inciso A), de la Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito
Federal, determina una hipótesis de procedencia del recurso de revisión cuando la resolución que
se dicte afecte el interés fiscal o el patrimonio del Distrito Federal. Estos conceptos no deben
entenderse como sinónimos ya que el primero (interés fiscal), hace referencia a la materia fiscal
cuya connotación se inclina al manejo y obtención de recursos para el gasto público, entendiendo
el interés fiscal del Gobierno del Distrito Federal, como las cantidades que tiene derecho a recibir
el Distrito Federal por concepto del pago de contribuciones; en tanto que el segundo (patrimonio
del Distrito Federal), se refiere a los bienes del dominio público y los bienes del dominio privado,
atento al contenido del artículo 137 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal.
Consecuentemente, la nulidad de la resolución que impone una multa administrativa al actor no
afecta el interés del fisco local, pues no es una contribución, sino un aprovechamiento y, tampoco
afecta el patrimonio del Distrito Federal, dado que no se involucran bienes del dominio público o
bienes del dominio privado.
Revisión contenciosa administrativa 136/2004. Director de Cuenta Pública de la Dirección General
de Legalidad y Responsabilidades de la Contraloría General del Distrito Federal. 7 de marzo de
2005. Unanimidad de votos. Ponente: Urbano Martínez Hernández. Secretaria: Erika Francesca
Luce Carral.
Novena Época
Registro: 177912
Tesis Aislada
XXII, Julio de 2005
Tesis: 1a. LXVIII/2005
Página: 438
AQUELLAS PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 76, FRACCIÓN I, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN,
MONTO.
El Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que existen normas
tributarias que establecen los elementos esenciales de las contribuciones y otras que prevén
mientras que, tratándose de las segundas, el efecto del amparo no incide en el mecanismo
esencial del tributo, ya que se limitará a remediar el vicio de la variable de que se trata para
incluirla de una manera congruente con los demás elementos del impuesto, sin que se afecte su
sistema. En esa tesitura, el amparo que se concede por resultar inconstitucional la actualización de
una contribución omitida no afecta el mecanismo esencial de la multa que prevé el artículo 76,
fracción I, del Código Fiscal de la Federación; de ahí que la restitución de la garantía individual se
Amparo en revisión 1944/2004. Aeroquip Servicios, S.A. de C.V. 4 de mayo de 2005. Unanimidad
de cuatro votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: Sergio A. Valls Hernández.
Secretario: Gustavo Ruiz Padilla.
Novena Época
Registro: 177913
Tesis Aislada
XXII, Julio de 2005
Tesis: XXI.3o.28 A
Página: 1466
MULTA FISCAL. PROCEDE SU IMPOSICIÓN CUANDO EL CONTRIBUYENTE MODIFICA SU SITUACIÓN
MEDIANTE UNA DECLARACIÓN COMPLEMENTARIA SIN CONOCIMIENTO DE LA AUTORIDAD QUE
PREVIAMENTE LE FORMULÓ UN REQUERIMIENTO.
De conformidad con el artículo 73, fracción II, del Código Fiscal de la Federación no se entenderá
que un contribuyente actúa en forma espontánea cuando corrija una omisión después de que las
autoridades fiscales le hayan notificado una orden de visita domiciliaria o medie requerimiento o
cualquier otra gestión tendientes a la comprobación del cumplimiento de sus obligaciones
tributarias. Además, el diverso artículo 48, fracción VIII, de la misma codificación es categórico al
señalar que el derecho de autocorrección sólo puede ejercerse dentro del plazo señalado para
desvirtuar los hechos u omisiones asentados en el oficio de observaciones y precisamente
mediante la presentación de una forma especial, de la que debe proporcionarse copia a la
autoridad revisora. Por tal motivo, cuando un causante a quien previamente se ha notificado un
requerimiento, en lugar de atenderlo intenta modificar su situación fiscal presentando una
declaración complementaria, y además, sin informárselo a la autoridad que le revisa,
evidentemente no puede librarse de la multa correspondiente, prevista en el artículo 82, fracción
I, inciso c), del ordenamiento legal referido, ya que no actúa dentro del cauce establecido en la
legislación de la materia, dada la modificación no permitida por la ley. Entenderlo de otro modo
implicaría franquear la posibilidad de que el contribuyente, una vez que se ha descubierto su
conducta infractora, enmiende su situación fiscal variando la opción que originalmente ejerció en
forma incorrecta, lo que infringiría el principio de inmutabilidad de las declaraciones inmerso en el
artículo 32 del código tributario federal, el cual, si bien permite presentar declaraciones
complementarias, también limita su presentación hasta antes del inicio de las facultades de
comprobación.
Revisión fiscal 136/2004. Administrador Local Jurídico de Acapulco, Guerrero y otros. 20 de enero
de 2005. Unanimidad de votos. Ponente: Xóchitl Guido Guzmán. Secretario: Miguel Ángel
González Escalante.
Nota: La denominación actual del órgano emisor es la de Primer Tribunal Colegiado en Materias
Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito.
Novena Época
Registro: 177800
Tesis Aislada
XXII, Julio de 2005
Página: 1533
SEGURO SOCIAL. EL ARTÍCULO 304 DE LA LEY RELATIVA, VIGENTE A PARTIR DEL 21 DE DICIEMBRE
DE 2001, QUE SANCIONA LA OMISIÓN EN EL PAGO DE CRÉDITOS FISCALES, NO VIOLA EL PRINCIPIO
DE EQUIDAD TRIBUTARIA, PREVISTO EN EL ARTÍCULO 31, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN
FEDERAL.
El artículo 304 de la Ley del Seguro Social dispone que en caso de que los patrones y demás
sujetos obligados realicen actos u omisiones, que impliquen el incumplimiento del pago de los
conceptos fiscales que establece el artículo 287 de la propia ley, serán sancionados con multa del
40 al 100% del concepto omitido; y éste establece que, entre otros, las cuotas, los capitales
constitutivos, su actualización y los recargos, tienen el carácter de crédito fiscal. Del referido
artículo 304 se evidencia que la conducta objeto de la sanción que prevé es la omisión en el pago
de créditos fiscales, específicamente los que se refieren a las contribuciones de aportaciones de
seguridad social, entre las que se encuentran las cuotas obrero-patronales y los capitales
constitutivos, que en términos del diverso artículo 287 tienen el carácter de crédito fiscal; siendo
así, el artículo 304 de la Ley del Seguro Social no contraviene el principio de equidad tributaria
contenido en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución, ya que aun cuando la naturaleza de las
cuotas patronales y de los capitales constitutivos sea distinta, ello no implica que se dé un
tratamiento igual a desiguales, porque la sanción establecida en el artículo 304 parte de un mismo
supuesto que es el omitir el pago de créditos fiscales en materia de aportaciones de seguridad
social y, por tanto, los conceptos de cuotas patronales y de capitales constitutivos no deben
apreciarse en forma aislada, sino atender al elemento común que es precisamente el sancionar la
omisión en el pago de esa clase de créditos fiscales; de ahí que el referido precepto no resulte
violatorio de la garantía de equidad, puesto que trata igual a los iguales al sancionar a todos
aquellos sujetos que se ubican en una misma situación, es decir, a los que encontrándose
obligados a realizar los pagos de los créditos fiscales en materia de aportaciones de seguridad
social, omitan cubrirlos.
Amparo directo 97/2005. Industrias Politex, S.A. de C.V. 4 de mayo de 2005. Unanimidad de votos.
Ponente: Jorge Higuera Corona. Secretaria: Isabel Iliana Reyes Muñiz.
Novena Época
Registro: 178521
Tesis Aislada
XXI, Mayo de 2005
Materia(s): Laboral
Tesis: I.13o.T.115 L
Página: 1424
CERTIFICADO DE DERECHOS. CUANDO EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ACTÚA CON
EL CARÁCTER DE ÓRGANO ASEGURADOR Y LO EXHIBE EN COPIA SIMPLE, PUEDE SOLICITAR SU
COTEJO CON EL ORIGINAL PARA QUE HAGA FE EN EL JUICIO.
Cuando en juicio se demanda del Instituto Mexicano del Seguro Social el pago de prestaciones
consignadas en la ley que lo rige, y éste en su carácter de órgano asegurador exhibe copia del
certificado de derechos para acreditar el promedio de las aportaciones obrero-patronales, ésta
surtirá efectos si se coteja con el original; porque si bien de conformidad con los artículos 797 y
798 de la Ley Federal del Trabajo los documentos privados deben ser presentados en original, con
excepción de los que formen parte de un libro, expediente o legajo, esa obligación debe
entenderse ligada a una relación de trabajo, en cuya virtud el espíritu del legislador fue enlazar
dicha norma con los documentos que el patrón se encuentra obligado a conservar y exhibir en el
juicio cuando exista controversia respecto de las condiciones o hechos atinentes a la relación
laboral, en términos de los numerales 784 y 805 de la citada legislación; sin embargo, en los casos
en que el patrón es relevado por el Instituto Mexicano del Seguro Social del cumplimiento de las
obligaciones sobre responsabilidad de riesgos de trabajo, el certificado de derechos que este
organismo exhiba queda fuera de una relación de trabajo, dado que los preceptos 287 y 304 de la
Ley del Seguro Social contemplan que el instituto tiene un doble carácter, de ente asegurador y
como autoridad fiscal en relación con la exigencia del pago de cuotas, de los capitales
constitutivos, de su actualización, la de fijar los recargos, de las multas impuestas en términos de
la ley, de los gastos realizados por inscripciones improcedentes y los que se exijan a las personas
no derechohabientes, que al compartir el carácter de créditos fiscales, participan de las
características de una relación jurídica tributaria; de ahí que si de acuerdo con los artículos 17 y
18, inciso i), del abrogado Reglamento de Organización Interna de las Delegaciones Regionales y
Estatales del Instituto Mexicano del Seguro Social, el certificado de derechos que expide la sección
de "afiliación-vigencia de derechos", donde concentra la información para hacer constar los
derechos reconocidos a los asegurados, constituye el documento oficial de control utilizado para
determinar el número de semanas que un derechohabiente ha cotizado tanto en el régimen
obligatorio como en el voluntario, que hace difícil que los datos registrados sean alterados, no
existe impedimento legal para que se exhiba en copia y se solicite su cotejo para hacer fe en el
juicio.
DÉCIMO TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO.
Amparo directo 2313/2005. Francisco Sánchez Chávez. 24 de febrero de 2005. Mayoría de votos.
Disidente: María del Rosario Mota Cienfuegos. Ponente: Héctor Landa Razo. Secretario: José Luis
Rivas Becerril.
Novena Época
Registro: 179078
Tesis Aislada
XXI, Marzo de 2005
Página: 1095
CONDONACIÓN DE MULTAS. EN LA RESOLUCIÓN RECAÍDA A LA SOLICITUD RELATIVA DEBE REGIR
EN CUALQUIER CASO EL PRINCIPIO DE INIMPUGNABILIDAD.
El artículo 74 del Código Fiscal de la Federación prevé una facultad genérica en favor de la
autoridad hacendaria consistente en la posibilidad de condonar las multas que en materia fiscal
hubiesen quedado firmes con base en la apreciación discrecional de las circunstancias particulares
de cada caso y las causas que originaron la imposición de la sanción, asimismo, establece que las
resoluciones que dicte la Secretaría de Hacienda y Crédito Público al respecto no podrán ser
impugnadas por los medios de defensa que establece el propio código. Ahora bien, la razón
esencial de que el legislador haya establecido la inimpugnabilidad en materia de condonaciones,
radica en que la resolución desfavorable recaída a toda solicitud de condonación de multa no
reviste las características de un acto privativo de derechos, pues la resolución a dicha petición,
aunque fuese adversa a los intereses del particular, no puede producirle menoscabo en su
patrimonio o derechos, dado que el acto de privación relativo se llevó a cabo con anterioridad,
mediante la imposición de la multa que pretende dejarse sin efecto; por consiguiente, resulta
irrelevante que una solicitud de tal naturaleza pretenda acogerse a los supuestos previstos en el
artículo 16 de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2003, que obligan a la
autoridad fiscal a condonar los créditos derivados de contribuciones o aprovechamientos bajo
ciertos criterios cuantitativos (cuando el importe del crédito al 31 de diciembre de 2002 sea
inferior o igual al equivalente en moneda nacional a 2500 unidades de inversión) y a que dicho
numeral se interprete como un derecho del gobernado a que en estos casos específicos se
encuentre en posibilidad de acudir al juicio de nulidad cuando la resolución recaída a su petición
sea desfavorable a sus intereses, pues con independencia de las razones que hayan motivado al
legislador a establecer tal disposición, la condonación no deja de ser una facultad discrecional de
la autoridad hacendaria, además de que el mencionado artículo 16 no puede interpretarse en
forma desvinculada del citado artículo 74, sino únicamente como una adición o complemento de
éste, al prever en qué casos la autoridad fiscal está autorizada para condonar créditos, y la
interpretación de este último debe prevalecer y abarcar en forma general a todas aquellas
solicitudes que se realicen a la autoridad hacendaria.
Amparo directo 360/2004. Fundidora San Rafael, S.A. de C.V. 9 de diciembre de 2004. Unanimidad
de votos. Ponente: Jaime Raúl Oropeza García. Secretario: Alejandro Ramos García.
Véase: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo III, mayo de 1996,
página 658, tesis I.4o.A.103 A, de rubro: "MULTA, LA NEGATIVA DE SU CONDONACIÓN NO ES
IMPUGNABLE A TRAVÉS DEL JUICIO DE NULIDAD."
Novena Época
Registro: 178975
Tesis Aislada
XXI, Marzo de 2005
Página: 1175
MULTA ADMINISTRATIVA. PREVIO A LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS,
PROCEDE EL JUICIO DE NULIDAD.
De la interpretación armónica de los artículos 11, fracción III, de la Ley Orgánica del Tribunal
Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, 3o. y 4o. del Código Fiscal de la Federación se concluye
que la multa administrativa impuesta en términos del artículo 1o., fracción VI, punto 1, de la Ley
de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de dos mil tres tiene el carácter de
aprovechamiento y constituye un crédito fiscal respecto del cual, el Estado está facultado para
proceder a su cobro, inclusive, a través del procedimiento administrativo de ejecución previsto en
el capítulo tercero del título quinto del Código Fiscal de la Federación. Por consiguiente, al estar
regulado tal procedimiento de ejecución en ordenamientos legales de naturaleza fiscal, la aludida
multa constituye un agravio en esa materia frente al cual, previo a la presentación de la demanda
de garantías, procede el juicio de nulidad en términos de la fracción IV del artículo 11 de la Ley
Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO.
Amparo en revisión 396/2004. Sixto Vázquez Huerta. 9 de noviembre de 2004. Unanimidad de
votos. Ponente: Elías H. Banda Aguilar. Secretario: Luis Alfonso Hernández Núñez.
Véase: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo X, octubre de 1999,
página 385, tesis 2a./J. 117/99, de rubro: "PROPIEDAD INDUSTRIAL. EL JUICIO DE NULIDAD ANTE
EL TRIBUNAL FISCAL DE LA FEDERACIÓN DEBE AGOTARSE PREVIAMENTE AL AMPARO, CUANDO SE
IMPUGNEN RESOLUCIONES QUE ÚNICAMENTE IMPONGAN MULTAS POR INFRACCIONES A
DISPOSICIONES EN ESA MATERIA."
Novena Época
Registro: 179264
Tesis Aislada
Tesis: I.5o.A.12 A
Página: 1721
MULTAS ADMINISTRATIVAS. LAS IMPUESTAS POR LA PROCURADURÍA FEDERAL DEL CONSUMIDOR
NO CONSTITUYEN RESOLUCIONES DEFINITIVAS PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE
NULIDAD, POR LO QUE PREVIO A ÉSTE DEBE AGOTARSE EL RECURSO DE REVISIÓN ESTABLECIDO
EN LA LEY DE LA MATERIA.
Las multas administrativas impuestas como medida de apremio por la Procuraduría Federal del
Consumidor no constituyen resoluciones definitivas que puedan impugnarse ante el Tribunal
Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, sin agotar previamente el recurso de revisión previsto
en el artículo 135 de la Ley Federal de Protección al Consumidor. Ello es así, dado que el vocablo
"definitivo" a que alude el artículo 11 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y
Administrativa se refiere a todas aquellas resoluciones que ponen fin a un procedimiento en lo
principal, que reflejen la voluntad de la administración pública en un asunto de su competencia;
de igual manera, deben entenderse definitivas aquellas resoluciones que sin poner fin al
procedimiento afectan derechos sustantivos de los gobernados no procesales o adjetivos.
Entonces, si se demanda la nulidad de una determinación emitida por la citada procuraduría, que
impone una multa como medida de apremio dentro de un procedimiento por no comparecer a
diversas audiencias, no se está en presencia de una resolución definitiva, de manera que,
previamente a su impugnación ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, debe
agotarse el recurso de revisión que prevé el artículo 135 de la Ley Federal de Protección al
Consumidor.
Amparo directo 248/2004. Elektra del Milenio, S.A. de C.V. 18 de noviembre de 2004. Unanimidad
de votos. Ponente: Osmar Armando Cruz Quiroz. Secretaria: María del Carmen Vega Sánchez.
Véase: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XV, abril de 2002,
página 1289, tesis I.9o.A.41 A, de rubro: "MEDIDAS DE APREMIO. PROCEDEN CONFORME A LO
ESTABLECIDO POR EL ARTÍCULO 25 DE LA LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR Y ES
PROCEDENTE EL RECURSO DE REVISIÓN ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 135 DE LA LEY
MENCIONADA PARA IMPUGNAR LA IMPUESTA CONSISTENTE EN UNA MULTA."
Novena Época
Registro: 179263
Tesis Aislada
Página: 1722
MULTAS JUDICIALES. LOS CRÉDITOS FISCALES RELATIVOS NACEN CUANDO LA SENTENCIA CAUSA
EJECUTORIA, PERO PARA HACERLAS EFECTIVAS ES NECESARIO EL REQUERIMIENTO DE PAGO DE LA
AUTORIDAD EXACTORA, QUE PUEDE SER IMPUGNADO EN EL JUICIO DE NULIDAD.
De acuerdo con los artículos 35, último párrafo y 37 del Código Penal Federal, la multa impuesta
como sanción por la autoridad judicial en la sentencia de condena, se mandará hacer efectiva a
través de la autoridad fiscal una vez que la sentencia que la imponga cause ejecutoria, para lo cual
se remitirá de inmediato copia certificada de tal resolución a la ejecutora, y ésta, dentro de los tres
días siguientes a la recepción de esa información, iniciará el procedimiento económico coactivo;
por tanto, tratándose de dichas multas, surge la facultad de hacerlas efectivas una vez que la
sentencia ha causado ejecutoria, es decir, la multa judicial se convierte en un crédito fiscal exigible
desde el momento en que la sentencia relativa queda firme, sin que ello implique estado de
indefensión para el sujeto pasivo, pues es claro que para el momento en que el crédito fiscal
derivado de la multa nace y se hace exigible, el particular ha contado con la oportunidad de
defenderse a través de los medios de impugnación que la ley le concede tanto dentro del proceso
penal respectivo, como mediante el juicio de amparo. Ahora bien, el procedimiento administrativo
encaminado al cobro de la multa es de naturaleza ejecutiva, en términos de los artículos 145 a 151
del Código Fiscal de la Federación, ya que se integra con una serie de actos administrativos que
buscan hacer efectivo un derecho a favor del fisco, cuya existencia esté demostrada en un
documento auténtico o título ejecutivo, por lo que éste es indispensable para que se intente la vía
en cuestión; dicho título se encuentra constituido necesariamente por una resolución de la
autoridad fiscal, pues sus actos cuentan con la presunción de legalidad y certeza en términos del
artículo 68 del citado código, de ahí que la legitimen para hacer exigible el crédito;
consecuentemente, la resolución administrativa de que se trata (título que trae aparejada
ejecución), no se constriñe a la que da nacimiento al crédito fiscal, representada por la sentencia
en que se impuso la multa por cantidad determinada, sino que se integra por el acto de la
autoridad exactora que da certeza o define una situación legal o administrativa, esto es, la que
determina la existencia de un crédito fiscal y da inicio al procedimiento administrativo de
ejecución, la cual se configura a través del requerimiento de pago que debe notificarse al
contribuyente, como requisito formal previo al referido procedimiento y conforme al artículo 151
del ordenamiento tributario federal. Así, si conforme al artículo 11 de la Ley Orgánica del Tribunal
Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el juicio de nulidad de que conoce tal órgano, procede
contra las resoluciones de las autoridades fiscales federales que determinen la existencia de una
obligación fiscal, como lo es el requerimiento de pago, dicho acto puede ser impugnado en el
juicio de nulidad, sin que sea óbice para ello que se relacione con un crédito fiscal surgido de la
imposición de una multa judicial; sin embargo, si bien dentro del juicio de nulidad pueden ser
objeto de impugnación y, por ende, tema de estudio para dicho tribunal, todos los actos que se
realicen dentro del procedimiento administrativo de ejecución, encaminado al cobro de un crédito
fiscal derivado de la imposición de una multa judicial, desde la actuación de la autoridad exactora
que determina la existencia del crédito (requerimiento de pago), hasta la resolución que finque el
remate de bienes embargados y ordene la aplicación del producto de la enajenación a favor del
fisco federal; en ningún caso podrá ser punto de análisis por parte de la Sala Fiscal, el acto que
representa el nacimiento del crédito (que no su determinación fiscal), constituido por la resolución
judicial que impuso la multa en cantidad líquida al gobernado, dado que ésta no es discutible
dentro del juicio de nulidad.
Amparo directo 256/2004. Nicolás Pitones Terrazas. 8 de diciembre de 2004. Unanimidad de
votos. Ponente: José Carlos Rodríguez Navarro. Secretario: Edmundo Adame Pérez.
Novena Época
Registro: 179438
Jurisprudencia
XXI, Enero de 2005
Tesis: XII.3o. J/3
Página: 1633
SUSPENSIÓN PROVISIONAL. DEBE NEGARSE CONTRA LA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 237, EN
RELACIÓN CON EL DIVERSO 12, FRACCIÓN I, AMBOS DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL, EN VIGOR A
PARTIR DEL UNO DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE, POR NO CUMPLIRSE EL
REQUISITO PREVISTO POR LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 124 DE LA LEY DE AMPARO.
La fracción II del artículo 124 de la Ley de Amparo exige como uno de los requisitos necesarios
para la concesión de la suspensión del acto reclamado, que no se siga perjuicio al interés social, ni
se contravengan disposiciones de orden público, aspectos que los artículos 1o., 2o. y 3o. de la Ley
del Seguro Social contemplan, pues establecen que las normas del citado ordenamiento son de
carácter general en toda la República, además de puntualizar que la seguridad social incluye el
derecho a la salud, la asistencia médica, la protección de los medios de subsistencia y los servicios
sociales necesarios para el bienestar individual y colectivo, y definen como el instrumento básico
para lograrlo, precisamente, al Instituto Mexicano del Seguro Social. Luego, si el objetivo de las
reformas a la Ley del Seguro Social, vigentes a partir del uno de julio de mil novecientos noventa y
siete, es el de brindar protección a toda la población como uno de los mayores retos para la
seguridad social en México; mejorar la calidad de los servicios y garantizar los recursos financieros
y materiales para hacer frente a las necesidades cambiantes de la atención médica y
particularmente respecto a los trabajadores eventuales del campo se pretende que accedan a la
seguridad social en los términos que la propia ley señale y no se restrinjan o se limiten sus
derechos, es claro que la determinación de conceder la suspensión provisional para efecto de que
no se aplique en perjuicio de la quejosa el citado artículo 237, en los términos del artículo 12,
fracción I, trastoca el orden público y el interés social, al permitirle por exclusión, por un lado, que
siga realizando las aportaciones obrero-patronales al Instituto Mexicano del Seguro Social, en la
forma y porcentaje en que lo venía realizando hasta el treinta de junio de dos mil cuatro y, por
otro, al impedir que se le aseguren cuentas bancarias; se le practiquen auditorías y se le impongan
multas por parte del instituto; toda vez que ello es, sin duda, en perjuicio de las facultades legales
de revisión y fiscalización con que cuenta la mencionada institución para la obtención de fondos
derivados de las aportaciones obrero-patronales, necesarios para lograr sus funciones
asistenciales, por lo cual no podría realizar plenamente sus objetivos; además, se impediría que los
trabajadores eventuales del campo gozaran de los beneficios que la norma señala, todo ello en
merma del fin de las reformas, encaminado a emprender acciones para sanear y fortalecer las
finanzas de la mencionada institución y, por ende, la sociedad resentiría mayor perjuicio que el
interés particular de la agraviada.
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO SEGUNDO CIRCUITO.
Queja 50/2004. Director de Incorporación y Recaudación del Seguro Social, por sí y en ausencia del
Director General del Instituto Mexicano del Seguro Social. 9 de septiembre de 2004. Unanimidad
de votos. Ponente: Raymundo Veloz Segura. Secretaria: Araceli Álvarez Cañedo.
Queja 55/2004. Coordinadora de Asuntos Contenciosos, en ausencia del Director General del
Instituto Mexicano del Seguro Social, así como del Secretario General del propio instituto, y de los
Directores de Incorporación y Recaudación del Seguro Social, de Planeación y Finanzas, de
Administración y Calidad, y del Director Jurídico del Instituto Mexicano del Seguro Social. 24 de
septiembre de 2004. Unanimidad de votos. Ponente: Raymundo Veloz Segura. Secretario: Jorge
Moreno Miramontes.
Queja 56/2004. Director de Incorporación y Recaudación del Instituto Mexicano del Seguro Social,
por sí y en ausencia del Director General del Instituto Mexicano del Seguro Social y del Secretario
General del propio instituto. 24 de septiembre de 2004. Unanimidad de votos. Ponente: Silverio
Rodríguez Carrillo. Secretario: Alejandro Jiménez López.
Queja 67/2004. Subdelegado, Jefe de Departamento de Afiliación y Vigencia, y Jefe de Oficina para
cobros del Instituto Mexicano del Seguro Social, residentes en la ciudad de Guasave, Sinaloa. 8 de
octubre de 2004. Unanimidad de votos. Ponente: Raymundo Veloz Segura. Secretario: Jorge
Moreno Miramontes.
Queja 71/2004. Titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, por ausencia del Delegado del Instituto
Mexicano del Seguro Social en Sinaloa y otras autoridades. 13 de octubre de 2004. Unanimidad de
votos. Ponente: Silverio Rodríguez Carrillo. Secretario: Alejandro Jiménez López.
Gaceta, Novena Época, Tomo XXII, julio de 2005, página 495, con el rubro: "SUSPENSIÓN EN
MATERIA DE COBRO DE CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL. SU CONCESIÓN RESPECTO DE LAS QUE
DERIVAN DE LA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 237 DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL, VIGENTE A PARTIR
DEL 1o. DE JULIO DE 1997, SE RIGE POR EL ARTÍCULO 135 DE LA LEY DE AMPARO."
Novena Época
Registro: 179537
Tesis Aislada
XXI, Enero de 2005
Página: 1801
MULTAS. ES CORRECTO AJUSTARSE A UN MÉTODO DE INTERPRETACIÓN NO REGLADO PARA
SALVAGUARDAR LAS GARANTÍAS DE LOS GOBERNADOS (INCONSTITUCIONALIDAD DEL ARTÍCULO
76, FRACCIÓN II, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN).
La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a./J. 133/2002,
publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVI,
diciembre de 2002, página 238, con el rubro: "CONTRIBUCIONES. LAS DISPOSICIONES REFERENTES
A SUS ELEMENTOS ESENCIALES, AUNQUE SON DE APLICACIÓN ESTRICTA, ADMITEN DIVERSOS
MÉTODOS DE INTERPRETACIÓN PARA DESENTRAÑAR SU SENTIDO.", estableció que aunque las
disposiciones fiscales que prevén elementos esenciales de los tributos son de aplicación estricta,
no significa que el intérprete no pueda acudir a los diversos métodos que permitan conocer la
verdadera intención del legislador, cuando de su análisis literal se genere incertidumbre sobre su
significado. En esos términos, para el estudio del artículo 76, fracción II, del Código Fiscal de la
Federación, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis P. CII/98, arribó a la
conclusión de que tal dispositivo legal no contraría el principio de equidad contenido en el artículo
31, fracción IV, de la Constitución Federal, pues lo que hace es tratar a los iguales en forma igual, y
a los desiguales en forma desigual, atendiendo a su resistencia y mala fe en relación con el pago
de contribuciones; empero, si se atiende a un método de interpretación no reglado, definido como
"interpretación evolutiva" o "interpretación histórica progresiva", consistente en que un precepto
por su redacción permite la adecuación de su sentido a determinadas circunstancias para fijar su
alcance, y a través de la aplicación de dicho método se concluye que ese ordinal resulta
inconstitucional al transgredir el artículo 31, fracción IV, de la Carta Magna, al otorgar un trato
igual a sujetos que no se ubican en igual circunstancia, ante la diferencia de su conducta,
consistente en la voluntad de cubrir las contribuciones omitidas con aquel contribuyente que
evade su obligación de cubrirlas, es correcto ajustar el criterio a ese método de interpretación,
para así velar por la salvaguarda de la garantías de los gobernados pues, de lo contrario, si se
pretendiera adoptar la interpretación que, técnicamente no contradice la Constitución, se
soslayaría la verdadera problemática jurídica planteada en el supuesto específico al que
corresponde el asunto en análisis, lo cual significaría una denegación de justicia por olvido del
cuestionamiento formulado por el quejoso. En consecuencia, de acuerdo con lo anterior, es
correcto adoptar el criterio más favorable al contribuyente, por ser ese el sentido del juicio
constitucional.
Amparo directo 132/2003. Servicios Corporativos Integrales Finsa, S.C. 25 de marzo de 2004.
Mayoría de votos. Disidente: José Elías Gallegos Benítez. Ponente: Sergio Eduardo Alvarado
Puente. Secretaria: Blanca Patricia Pérez Pérez.
Véase: Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo VII, abril de 1991, página 24, tesis
3a./J. 18/91, de rubro: "LEYES FISCALES. LA INTERPRETACIÓN SISTEMÁTICA DE SUS NORMAS NO
CONTRAVIENE LOS PRINCIPIOS DE INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN ESTRICTA Y DE LEGALIDAD QUE
RIGEN EN DICHA MATERIA." y Séptima Época, Volumen 82, Tercera Parte, página 31, tesis de
rubro: "LEYES FISCALES QUE IMPONEN CARGAS A LOS PARTICULARES, INTERPRETACIÓN DE."
Nota: La tesis P. CII/98 citada, aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su
Gaceta, Novena Época, Tomo VIII, diciembre de 1998, página 252, con el rubro: "MULTAS. LAS
HIPÓTESIS PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 76, FRACCIONES I Y II, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA
FEDERACIÓN, QUE SEÑALAN DIVERSOS MONTOS DE SANCIÓN, ATENDIENDO A LA DIFERENTE
FECHA DE PAGO DE CONTRIBUCIONES OMITIDAS, NO VIOLAN LA GARANTÍA DE EQUIDAD."
Novena Época
Registro: 180578
Tesis Aislada
XX, Septiembre de 2004
Tesis: I.7o.A.315 A
Página: 1809
MULTAS. LAS IMPUESTAS POR LA COMISIÓN NACIONAL DE SEGUROS Y FIANZAS A LAS
INSTITUCIONES DE SEGUROS DEBEN SER IMPUGNADAS A TRAVÉS DEL RECURSO DE REVOCACIÓN
PREVISTO EN EL ARTÍCULO 108, FRACCIÓN III, PÁRRAFO QUINTO, DE LA LEY GENERAL DE
INSTITUCIONES Y SOCIEDADES MUTUALISTAS DE SEGUROS, PREVIAMENTE A LA INTERPOSICIÓN
DEL JUICIO ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA.
El precepto legal invocado establece que en contra de las sanciones impuestas por la Comisión
Nacional de Seguros y Fianzas procede el recurso de revocación, el cual deberá agotarse antes de
ejercer cualquier otro medio de impugnación; por ende, para los efectos de la procedencia del
juicio ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, de conformidad con el artículo 11
de su ley orgánica, en relación con el numeral 202, fracción VI, del Código Fiscal de la Federación,
si la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas impone una multa a una institución de seguros, aquel
medio de impugnación en sede administrativa debe agotarse obligatoriamente antes de ocurrir al
proceso contencioso administrativo, sin que en el caso en concreto operen las reglas del recurso
de revisión previsto en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, pues por disposición
expresa de su artículo 1o., tercer párrafo, la materia financiera está parcialmente excluida de la
aplicación de esta última norma, debiendo destacar, para efectos de calificación de la materia, que
el artículo 2o., fracción IV, de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros,
señala que las instituciones de seguros son instituciones financieras.
Amparo directo 2187/2004. Plan Seguro, S.A. de C.V. 29 de junio de 2004. Unanimidad de votos.
Ponente: F. Javier Mijangos Navarro. Secretario: Carlos Alfredo Soto Morales.
Nota: Sobre el tema tratado, la Segunda Sala resolvió la contradicción de tesis 158/2003-SS, de la
que derivó la tesis 2a./J. 123/2004, que aparece publicada en el Semanario Judicial de la
Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XX, septiembre de 2004, página 308, con el rubro:
"SEGUROS Y FIANZAS. EN CONTRA DE LAS MULTAS IMPUESTAS POR LA COMISIÓN RELATIVA, DEBE
AGOTARSE EL RECURSO DE REVOCACIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 108, FRACCIÓN III, DE LA LEY
GENERAL DE INSTITUCIONES Y SOCIEDADES MUTUALISTAS DE SEGUROS, PREVIAMENTE AL JUICIO
DE NULIDAD ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA."
Novena Época
Registro: 181089
Tesis Aislada
XX, Julio de 2004
Página: 1754
OFICINAS RECAUDADORAS DEPENDIENTES DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA. CUANDO FUNGEN COMO COORDINADORAS DE LA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO EN EL COBRO DE INGRESOS FEDERALES, DEBEN
CITAR EL FUNDAMENTO DE SU COMPETENCIA TERRITORIAL.
La actuación de las autoridades fiscales locales, cuando fungen como coordinadoras en el cobro de
impuestos federales, se funda en el convenio de coordinación administrativa celebrado entre la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Gobierno del Estado (publicado en el Diario Oficial de
la Federación el dieciocho de diciembre de mil novecientos noventa y seis), del cual se desprende
la facultad material de las autoridades del Estado de Puebla para ejercer las facultades de
comprobación de impuestos federales, específicamente del impuesto al valor agregado e
impuesto sobre la renta, respecto de los cuales podrán emitir requerimientos, notificarlos e
imponer las multas previstas en el Código Fiscal de la Federación, empero, del Reglamento Interior
de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado, en el artículo 8o., fracciones XIV y XXXV, se
advierte que el titular de dicha secretaría definirá la circunscripción territorial de las oficinas
recaudadoras, asignando la competencia territorial para ejercer sus facultades de comprobación
en el cobro de impuestos federales; por tanto, es requisito necesario para la actuación de dichas
autoridades la emisión del acuerdo respectivo en el que se establezca la delimitación territorial y
se asigne su circunscripción, de manera que en tanto no se expida dicho acuerdo, no tendrán
competencia territorial para que en forma coordinada tengan facultad de hacer el cobro de
impuestos federales.
Revisión fiscal 51/2004. Secretario de Hacienda y Crédito Público. 29 de abril de 2004. Unanimidad
de votos. Ponente: Jaime Raúl Oropeza García. Secretario: Roberto Carlos Moreno Zamorano.
Novena Época
Registro: 181897
Jurisprudencia
XIX, Marzo de 2004
Tesis: IX.1o. J/13
Página: 1414
PROCURADURÍA FEDERAL DEL CONSUMIDOR. LA RESOLUCIÓN RECAÍDA AL RECURSO DE REVISIÓN
QUE CONFIRMA LA IMPOSICIÓN DE UNA MULTA ADMINISTRATIVA DEBE IMPUGNARSE A TRAVÉS
DEL JUICIO DE NULIDAD PREVIAMENTE AL AMPARO.
De lo dispuesto por el artículo 73, fracción XV, de la Ley de Amparo, deriva la improcedencia del
juicio de amparo indirecto en contra de la resolución recaída al recurso de revisión en el que se
impugnó la imposición de una multa administrativa, impuesta por la Procuraduría Federal del
Consumidor, toda vez que lo que procede en su contra es el juicio de nulidad en términos de lo
dispuesto por el artículo 11, fracciones III y XIV, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia
Fiscal y Administrativa. No obsta a lo anterior que el artículo 143 de la Ley Federal de Protección al
Consumidor establezca que en contra de la resolución emitida para resolver un recurso no
procederá otro, toda vez que el juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y
Administrativa no puede considerarse como un recurso; ni tampoco que el artículo 83 de la Ley
Federal de Procedimiento Administrativo disponga que los interesados afectados por los actos y
resoluciones de las autoridades administrativas que pongan fin al procedimiento administrativo, a
una instancia o resuelvan un expediente, podrán interponer el recurso de revisión o, cuando
proceda, intentar la vía jurisdiccional que corresponda, ya que dicha vía corresponde al juicio de
nulidad, pues en atención al principio de definitividad, la vía jurisdiccional que corresponda no
puede entenderse jamás como el juicio de amparo.
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL NOVENO CIRCUITO.
Amparo en revisión (improcedencia) 568/2003. José Roberto Hernández González, por su propio
derecho y como administrador único de Hercasa Bienes Raíces, S.A. de C.V. 4 de diciembre de
2003. Unanimidad de votos. Ponente: F. Guillermo Baltazar Alvear. Secretario: Esteban Oviedo
Rangel.
2003. Unanimidad de votos. Ponente: F. Guillermo Baltazar Alvear. Secretario: Artemio Zavala
Córdova.
Rangel.
2003. Unanimidad de votos. Ponente: F. Guillermo Baltazar Alvear. Secretario: Artemio Zavala
Córdova.
Rangel.
su Gaceta, Novena Época, Tomo XX, agosto de 2004, página 415, con el rubro: "PROCURADURÍA
FEDERAL DEL CONSUMIDOR. LAS RESOLUCIONES QUE DICTA PARA RESOLVER EL RECURSO DE
REVISIÓN DEBEN IMPUGNARSE MEDIANTE EL JUICIO DE NULIDAD ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE
JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA, PREVIAMENTE AL JUICIO DE GARANTÍAS."
Novena Época
Registro: 182813
Jurisprudencia
XVIII, Noviembre de 2003
Tesis: 2a./J. 95/2003
Página: 153
MULTA FISCAL MÍNIMA ACTUALIZADA. LA AUTORIDAD QUE LA IMPONE CON BASE EN LA
RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL, DEBE MOTIVAR LA SANCIÓN, SÓLO EN CUANTO A LA PARTE
ACTUALIZADA.
Si bien es cierto que conforme al criterio sostenido por esta Segunda Sala de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia 2a./J. 127/99, visible en la página 219 del Tomo
X del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a diciembre de 1999, la
circunstancia de que cuando la autoridad administrativa no exprese los motivos que la llevaron a
imponer el monto mínimo por el que pueda establecerse una sanción pecuniaria, no puede
considerarse como un vicio formal que amerite la concesión del amparo por transgresión a la
garantía de seguridad jurídica prevista en el artículo 16 de la Constitución Federal, dado que una
vez acreditada la existencia de la conducta infractora el monto de aquélla no podrá ser inferior,
también lo es que cuando la autoridad imponga una multa fiscal mínima actualizada, con base en
la Resolución Miscelánea Fiscal, dicha autoridad debe explicar pormenorizadamente el
procedimiento para determinar, tanto el factor de actualización, como la parte actualizada de la
multa, a fin de que el gobernado esté en posibilidades de conocer dicho procedimiento y, en su
caso, pueda impugnarlo por vicios propios. Lo anterior es así, toda vez que la autoridad fiscal
cuando impone una multa fiscal mínima actualizada, aun cuando sigue siendo la mínima, aplica
una cantidad diversa a la prevista en el Código Fiscal de la Federación, y dado que la actualización
de las multas es un acto administrativo que emana de la autoridad fiscal competente, el cual, por
si mismo, no modifica ni deroga los montos establecidos en dicho Código Tributario Federal, sino
sólo los actualiza, es de concluir que para que la autoridad salvaguarde los principios de seguridad
jurídica y reserva de ley, debe fundar su acto, tanto en las disposiciones aplicables del Código
Fiscal de la Federación, como de la Resolución Miscelánea Fiscal, así como motivar la parte
actualizada de la sanción que consiste en la diferencia entre la multa mínima prevista en la norma
aplicable y el monto mínimo actualizado a que se refiere la Resolución Miscelánea Fiscal.
Contradicción de tesis 170/2002-SS. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado del
Décimo Tercer Circuito y el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito.
17 de octubre de 2003. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán.
Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretario: Bertín Vázquez González.
privada del veinticuatro de octubre de dos mil tres.
Novena Época
Registro: 182894
Tesis Aislada
XVIII, Noviembre de 2003
Página: 929
AMPARO CONTRA LEYES. NO SE DEMUESTRA EL PRIMER ACTO DE APLICACIÓN CUANDO LA PARTE
QUEJOSA AGOTA EL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA PERO EN ÉSTE NO SE ESTUDIA EL FONDO.
Cuando en contra de la resolución fiscal que le impone una multa con fundamento en un precepto
que se tacha de inconstitucional, el quejoso opta por hacer valer el medio de defensa respectivo
previamente al juicio de amparo y aquél se tiene por no interpuesto por falta de personalidad del
promovente, es improcedente el amparo que se haga valer en contra de la norma en que se
sustenta la multa, señalando como acto de aplicación la resolución que recayó al recurso
intentado, en tanto que esta última, por su naturaleza adjetiva, no reitera la aplicación primigenia
del precepto. Es decir, ante la falta de personalidad del promovente del recurso, en dicho medio
de defensa se dejó de examinar la legalidad de la sanción impuesta y, por consiguiente, la quejosa
ya no puede impugnar el precepto legal reclamado de inconstitucional a pesar de que optó por
agotar un medio de defensa previo, toda vez que la resolución que recayó al mismo, aun cuando le
es desfavorable, carece de vinculación con el aludido precepto legal en razón de que por su
sentido no analizó el fondo del problema principal debatido que es justamente el relacionado con
la imposición de la multa. En este sentido, es correcto considerar que el precepto legal reclamado
en el juicio de garantías no le fue aplicado al quejoso en la resolución que recayó al medio de
defensa hecho valer, por lo que se actualiza, respecto de la norma, la causal de improcedencia
prevista en la fracción VI del artículo 73 de la Ley de Amparo.
Amparo en revisión 193/2003. Exel, S.A. de C.V. 11 de septiembre de 2003. Unanimidad de votos.
Ponente: Jaime Raúl Oropeza García. Secretario: Salvador Morales Moreno.
Novena Época
Registro: 183281
Jurisprudencia
XVIII, Septiembre de 2003
Tesis: 2a./J. 75/2003
Página: 359
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES DE MEJORAS, DERECHOS, PRODUCTOS, APROVECHAMIENTOS
FEDERALES Y SUS ACCESORIOS. SU DETERMINACIÓN, LIQUIDACIÓN Y RECAUDACIÓN
CORRESPONDEN EN EXCLUSIVA AL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA.
Si se toma en consideración, por un lado, que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación, en la tesis de jurisprudencia 2a./J. 49/2003 sostuvo que, del examen de los artículos 1o.,
2o., 3o., 6o., 7o., fracciones I, IV y XIII, y tercero transitorio de la Ley del Servicio de
Administración Tributaria, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 15 de diciembre de
1995, el Servicio de Administración Tributaria se creó como un órgano desconcentrado de la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con carácter de autoridad fiscal, encargado en forma
exclusiva y especial de determinar, liquidar y recaudar las contribuciones, aprovechamientos
federales y sus accesorios, reservándose a la Tesorería de la Federación el carácter de asesor y
auxiliar gratuito de ese órgano y, por otro, que en las ejecutorias que dieron lugar a la integración
de la jurisprudencia mencionada se especificó que las multas constituyen créditos fiscales que
forman parte de los aprovechamientos que puede percibir el Estado y que éstas deben hacerse
efectivas por el referido Servicio de Administración Tributaria; y, toda vez que los artículos 2o. y
7o. de la ley de la materia disponen que el Servicio de Administración Tributaria tiene por objeto la
realización de una actividad estratégica del Estado consistente en la determinación, liquidación y
recaudación de impuestos, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos
federales y sus accesorios para el gasto público; en consecuencia, resulta claro que toca de
manera exclusiva al mencionado órgano desconcentrado efectuar los actos encaminados a la
determinación, liquidación y recaudación de las cargas tributarias de referencia, a fin de dar
cumplimiento a la actividad estratégica del Estado para la que fue creado.
Contradicción de tesis 14/2003-SS. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado del
Décimo Primer Circuito y el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito. 15 de agosto de
2003. Cinco votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: Eduardo Delgado
Durán.
Tesis de jurisprudencia 75/2003. Aprobada por la Segunda Sala de esta Alto Tribunal, en sesión
privada del veintidós de agosto de dos mil tres.
Nota: La tesis de jurisprudencia 2a./J. 49/2003 citada, aparece publicada en el Semanario Judicial
de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVII, junio de 2003, página 226, con el rubro:
"MULTAS IMPUESTAS POR EL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. COMPETE HACERLAS
EFECTIVAS A LA ADMINISTRACIÓN LOCAL DE RECAUDACIÓN DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN
TRIBUTARIA CORRESPONDIENTE."
Novena Época
Registro: 183251
Jurisprudencia
Tesis: 2a./J. 67/2003
Página: 392
MULTAS FISCALES IMPUESTAS EN CANTIDADES ACTUALIZADAS. REQUISITOS PARA SU DEBIDA
FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN.
La actualización de las multas establecidas en el Código Fiscal de la Federación no pagadas en las
fechas previstas en las disposiciones legales aplicables, tiene su fundamento en el artículo 70, en
relación con los numerales 17-A y 17-B de ese ordenamiento y, generalmente, es calculada de
conformidad con lineamientos contenidos en resoluciones misceláneas fiscales o sus anexos, que
se hacen del conocimiento de los contribuyentes por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público,
mediante su publicación en el Diario Oficial de la Federación, considerando que dichas
disposiciones legales y reglas de observancia general forman parte del sistema previsto por el
legislador federal para la imposición de sanciones a los infractores de las disposiciones fiscales, es
necesario que las autoridades fiscalizadoras, al imponerlas, no sólo motiven la conducta infractora,
sino que también especifiquen si las cantidades corresponden a las actualizadas en términos de los
preceptos referidos, así como la fecha en que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el
factor de actualización correspondiente, con lo que se salvaguardan las garantías de seguridad
jurídica y defensa del contribuyente, pues de ese modo existirá certidumbre acerca de si la multa
impuesta corresponde a la norma de actualización o no, y el afectado estará en posibilidad de
impugnar la sanción o la resolución miscelánea fiscal.
Vigésimo Primer Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Tercer Circuito. 8 de agosto
de 2003. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Genaro
David Góngora Pimentel. Secretario: José de Jesús Murrieta López.
privada del quince de agosto de dos mil tres.
Novena Época
Registro: 183250
Jurisprudencia
Tesis: 2a./J. 68/2003
Página: 421
MULTAS FISCALES. LAS ESTABLECIDAS EN CANTIDAD MÍNIMA, NO PIERDEN ESE CARÁCTER AL
ACTUALIZARSE CONFORME AL PROCEDIMIENTO PREVISTO EN LOS ARTÍCULOS 17-A Y 17-B DEL
CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN.
La actualización del monto de las multas establecidas en el Código Fiscal de la Federación cuando
no se paguen en las fechas indicadas en las disposiciones fiscales, se encuentra prevista en su
artículo 70, y debe llevarse a cabo conforme al procedimiento indicado en los artículos 17-A y 17-B
de ese ordenamiento, el cual, además, impone a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la
obligación de realizar operaciones aritméticas para la determinación del factor de actualización y
publicarlo en el Diario Oficial de la Federación; dicha actualización, que generalmente se calcula de
conformidad con lineamientos contenidos en resoluciones misceláneas fiscales o en sus anexos,
implica darle a las multas su valor real al momento en que se efectúa su pago para que el fisco
reciba una suma equivalente a la que hubiera percibido dentro del plazo legal. Las cantidades
actualizadas, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 17-A de la codificación en cita, conservan
la naturaleza jurídica que tenían antes de la actualización y, en consecuencia, las multas mínimas
previstas en el Código Fiscal de la Federación, actualizadas conforme a lo establecido en los
artículos 17-A y 17-B referidos, mediante la aplicación del factor de actualización determinado por
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y publicado en el Diario Oficial de la Federación no
pierden ese carácter, pues no constituyen multas diversas o independientes de las que se
actualizan, sino que se trata de la propia multa mínima impuesta no cubierta en tiempo y a la que
se le ha dado el valor real que le corresponde.
Vigésimo Primer Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Tercer Circuito. 8 de agosto
de 2003. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Genaro
David Góngora Pimentel. Secretario: José de Jesús Murrieta López.
privada del quince de agosto de dos mil tres.
Novena Época
Registro: 183495
Instancia: Pleno
Tesis Aislada
XVIII, Agosto de 2003
Materia(s): Común
Tesis: P. VIII/2003
Página: 50
MULTAS IMPUESTAS POR EL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN COMO MEDIDA DE APREMIO.
NO DEBEN CANCELARSE O CONDONARSE POR LA AUTORIDAD HACENDARIA.
El hecho de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público esté autorizada para cancelar o
condonar el pago de determinados créditos fiscales, como los señalados en los artículos 16 de la
Ley de Ingresos de la Federación, tanto para el ejercicio fiscal del 2002 como para el del 2003, y
146-A del Código Fiscal de la Federación, no significa que dentro de ellos estén comprendidas las
multas que, como medida de apremio, imponen los órganos jurisdiccionales de carácter federal,
en ejercicio de facultades relacionadas con el acceso, procuración y administración de justicia en
términos del artículo 59, fracción I, del Código Federal de Procedimientos Civiles, pues de lo
contrario se haría nugatoria la facultad sancionadora del Poder Judicial de la Federación para
hacer cumplir sus determinaciones. Lo anterior es así, porque la imposición de ese tipo de multas
no tiene su origen en el ejercicio de la potestad tributaria, ya que su finalidad consiste no sólo en
sancionar al infractor y realizar la consecuente recaudación tributaria, sino precisamente en hacer
que se cumplan aquellas determinaciones, con el objeto de agilizar los procesos del orden judicial
y cumplir con el deber que a todo órgano jurisdiccional le impone el artículo 17, párrafo segundo,
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de administrar justicia de manera
pronta, completa e imparcial, por lo que la citada Secretaría deberá hacer efectivas las
mencionadas multas, en términos de lo dispuesto en el artículo 31, fracción IX, de la Ley Orgánica
de la Administración Pública Federal e informar al órgano jurisdiccional sancionador sobre su
ejecución.
Varios 7/2001. Consulta a fin de determinar las medidas a tomar en relación con la cancelación
que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público llevó a cabo de las multas que como medida de
apremio se imponen en la tramitación de las controversias constitucionales. 8 de abril de 2003.
Once votos. Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán. Secretario: Pedro Alberto Nava Malagón.
El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy catorce de julio en curso, aprobó, con el
número VIII/2003, la tesis aislada que antecede; y determinó que la votación es idónea para
integrar tesis jurisprudencial. México, Distrito Federal, a catorce de julio de dos mil tres.
Novena Época
Registro: 183869
Tesis Aislada
XVIII, Julio de 2003
Página: 1066
CRÉDITO FISCAL. EL ARTÍCULO 4o. DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN QUE ESTABLECE LO QUE
DEBE ENTENDERSE POR ESE CONCEPTO, NO TRANSGREDE LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 16 Y
31, FRACCIÓN IV, CONSTITUCIONALES, AL NO ESPECIFICAR LOS ELEMENTOS QUE LO INTEGRAN, NI
LA FORMA Y PERSONA QUE LO DEBE EMITIR.
Por técnica legislativa el legislador se refirió en el artículo 4o. del Código Fiscal de la Federación,
exclusivamente a lo que debe entenderse por crédito fiscal, sin que estuviera obligado a señalar
ahí mismo de manera indefectible los elementos que lo constituyen o cómo y quién lo debe emitir,
sino que válidamente se concretó a verter un concepto de crédito fiscal sustentado en las
cantidades que tiene derecho a percibir el Estado o sus organismos descentralizados por concepto
de contribuciones, de aprovechamientos o de sus accesorios, debido a lo cual la circunstancia de
que en dicho precepto legal no se haya hecho alusión a los elementos que lo pueden integrar, la
forma en que se constituye y quién lo emite, no implica que viole el principio de legalidad previsto
en el artículo 16 y el de legalidad tributaria contenido en el artículo 31, fracción IV, ambos de la
Constitución General de la República, puesto que tales elementos derivan de los conceptos que
incluye la propia legislación de la materia en forma amplia y particularizada para cada tributo, los
cuales obviamente no podrían estar enumerados de manera casuista en un solo dispositivo legal,
como lo es el citado artículo 4o. del Código Fiscal de la Federación, en virtud de que se encuentran
comprendidos en toda la legislación fiscal vigente que regula las distintas contribuciones, como
acontece por ejemplo en relación con el impuesto sobre la renta en tratándose de personas
morales y el impuesto al valor agregado, siendo que por lo que hace al primero, el crédito fiscal se
obtiene a partir de la aplicación de la tasa correspondiente al resultado fiscal que se obtenga de
restar a los ingresos acumulables las deducciones autorizadas por la Ley del Impuesto sobre la
Renta, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 10 y del 17 al 31 de dicha ley, cuyo monto
debe actualizarse conforme lo previsto por el artículo 17-A del Código Fiscal de la Federación,
respecto del cual el mencionado código tributario señala el pago de recargos, multas y gastos de
ejecución como accesorios ante el incumplimiento de la obligación de pagar esa contribución y,
por lo que toca al impuesto al valor agregado, el crédito fiscal se determina aplicando al valor de
los actos o actividades que grava la ley que regula dicho impuesto, de conformidad con su artículo
1o. las tasas que al efecto se establecen en los diversos artículos 2o. y 2o.-A de ese mismo
ordenamiento, cuyos montos son igualmente susceptibles de ser actualizados y a los cuales se
pueden agregar las cantidades correspondientes por el pago de recargos, multas y gastos de
ejecución, cuando el retenedor o sujeto indirecto de la obligación tributaria no las entere al fisco
federal en cumplimiento de lo preceptuado por el artículo 1o.-A de la aludida Ley del Impuesto al
Valor Agregado; lo que evidencia que no se deja al arbitrio de las autoridades la manera en cómo
se integra el crédito fiscal, pues éstas se encuentran obligadas a fiscalizar los créditos fiscales por
los conceptos y en la forma que lo disponen las leyes y en contra de los particulares que se
ubiquen en los supuestos legales que en éstas se prevén, de ahí que no resulta inconstitucional el
artículo 4o. del Código Fiscal de la Federación, por no especificar quién y cómo se emite el crédito
fiscal, puesto que ello está regulado para cada tributo en particular como ha quedado antes
precisado.
Amparo directo 59/2003. Secursa Construcciones, S.A. de C.V. 13 de marzo de 2003. Unanimidad
de votos. Ponente: Jorge Higuera Corona. Secretaria: Sandra Carolina Arellano González.
Novena Época
Registro: 183675
Tesis Aislada
XVIII, Julio de 2003
Tesis: XIV.1o.14 A
Página: 1229
SUSPENSIÓN DEFINITIVA. NO SE REQUIERE OTORGAR GARANTÍA PARA CONCEDERLA SI POR LA
NATURALEZA DEL ACTO RECLAMADO DERIVADO DEL EJERCICIO OFICIOSO DE FACULTADES DE LA
AUTORIDAD ADMINISTRATIVA NO ES JURÍDICAMENTE POSIBLE DESPRENDER LA EXISTENCIA DE
TERCERO, COMO CUANDO SE IMPUGNA LA RESOLUCIÓN QUE CONFIRMA UNA MULTA
ADMINISTRATIVA O NO FISCAL.
Aun cuando el artículo 125 de la Ley de Amparo dispone que en los casos en que fuere procedente
la suspensión se concederá si el quejoso otorga garantía bastante para reparar el daño e
indemnizar los perjuicios que con aquélla se pudieren causar a terceros, si no se obtiene sentencia
favorable en el juicio de amparo, tal requisito de efectividad sólo es exigible en el supuesto en
que, de acuerdo con ese mismo precepto, pueda ocasionarse algún daño o perjuicio a terceros, lo
que no ocurre cuando el acto reclamado lo constituye una resolución de índole administrativa que
por derivar de un ejercicio oficioso de facultades conferidas a una autoridad para sancionar
violaciones a la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, no permite atribuir
a ésta dicho carácter ni admitir jurídicamente la existencia de persona o personas que en términos
de lo previsto por el artículo 5o., fracción III, inciso c), de la Ley de Amparo tuvieran interés directo
en la subsistencia del acto reclamado. En esos casos, la concesión de la suspensión del acto
reclamado procede sin el otorgamiento de una garantía, ya que éste deriva de una resolución
dictada en un procedimiento de índole administrativo de carácter oficioso, donde generalmente
no es jurídicamente posible desprender la existencia de persona alguna con carácter de tercero,
como sucede cuando se impugna la resolución de un recurso administrativo que confirma la
imposición de una multa administrativa o no fiscal.
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO CUARTO CIRCUITO.
Incidente de suspensión (revisión) 53/2003. Módulo de Salud Hampolol, dependiente del Instituto
de Servicios Descentralizados de Salud Pública del Estado (Indesalud). 19 de marzo de 2003.
Unanimidad de votos. Ponente: José Carlos Rodríguez Navarro. Secretario: José Emilio Montalvo
Osorio.
su Gaceta, Novena Época, Tomo XXII, diciembre de 2005, página 365, con el rubro: "MULTAS
ADMINISTRATIVAS NO FISCALES. PARA QUE SURTA EFECTOS LA SUSPENSIÓN CONTRA SU COBRO,
EL QUEJOSO DEBE GARANTIZAR EL INTERÉS FISCAL ANTE LA AUTORIDAD EXACTORA O ACREDITAR
HABERLO HECHO."
Novena Época
Registro: 184177
Tesis Aislada
XVII, Junio de 2003
Tesis: 1a. XXXI/2003
Página: 195
CONTRIBUCIONES. EL ARTÍCULO 66 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, AL SER OMISO EN
PRECISAR LA FORMA EN QUE SE HAN DE APLICAR LOS PAGOS EFECTUADOS POR LOS
CONTRIBUYENTES CON MOTIVO DE LA ACTUALIZACIÓN DE AQUÉLLAS, NO VIOLA LAS GARANTÍAS
DE LEGALIDAD Y SEGURIDAD JURÍDICA.
El artículo 66 del Código Fiscal de la Federación al no señalar de qué manera se aplicarán los pagos
efectuados por los contribuyentes, es decir, qué cantidad se aplica a los gastos de ejecución, a los
recargos, a las multas y a la propia contribución, con motivo de la actualización del monto de las
contribuciones a través de las unidades de inversión (Udis), no viola las garantías de legalidad y
seguridad jurídica consagradas en los artículos 31, fracción IV y 16 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, ya que a la cantidad actualizada, al conservar la naturaleza jurídica de
contribución por provenir del incumplimiento en su pago, le es aplicable el artículo 20 del propio
código, que señala el orden de aplicación de los pagos de las contribuciones.
Amparo directo en revisión 1446/2002. La Calma Raqueta Club, A.C. 19 de marzo de 2003. Cinco
votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Heriberto Pérez Reyes.
Novena Época
Registro: 184086
Jurisprudencia
XVII, Junio de 2003
Tesis: 2a./J. 49/2003
Página: 226
MULTAS IMPUESTAS POR EL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. COMPETE HACERLAS EFECTIVAS
A LA ADMINISTRACIÓN LOCAL DE RECAUDACIÓN DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
CORRESPONDIENTE.
Del examen sistemático de lo dispuesto en los artículos 1o., 2o., 3o., 6o., 7o., fracciones I, IV y XIII,
y tercero transitorio de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, publicada en el Diario
Oficial de la Federación el quince de diciembre de mil novecientos noventa y cinco, en vigor a
partir del primero de julio de mil novecientos noventa y siete, se advierte que con el
establecimiento del Servicio de Administración Tributaria se creó un órgano desconcentrado de la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público con el carácter de autoridad fiscal, encargado de manera
especial y exclusiva, entre otras funciones, de las concernientes a la determinación, liquidación y
recaudación de las contribuciones, aprovechamientos federales y sus accesorios, y se reservó a la
Tesorería de la Federación el carácter de asesor y auxiliar gratuito del mencionado órgano. Por
otro lado, conforme a lo establecido en los artículos 2o., 20, fracciones XVI, XVII, XXIII, LII, párrafos
tercero y penúltimo, y 22 del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria en
vigor, la Administración General de Recaudación es la unidad administrativa encargada de
recaudar directamente o a través de sus oficinas autorizadas, las contribuciones, los
aprovechamientos, las cuotas compensatorias, así como los productos federales, y de
concentrarlos en la unidad administrativa competente de la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público, que es la Tesorería de la Federación, de acuerdo con los artículos 11, fracción V, del
Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y 30 de la Ley del Servicio de
Tesorería de la Federación; dicha Administración cuenta con facultades para llevar a cabo el
procedimiento administrativo de ejecución que respecto del cobro de créditos fiscales derivados
de aprovechamientos federales establece el artículo 145 del Código Fiscal de la Federación, al igual
que cuenta con los servicios de las Administraciones Locales de Recaudación que ejercen esas
facultades dentro de una circunscripción determinada territorialmente. Atento lo anterior,
corresponde a la Administración Local de Recaudación del Servicio de Administración Tributaria,
que tenga competencia territorial en el domicilio del infractor o en aquel en el que pueden
cobrársele, hacer efectivas las multas impuestas por el Poder Judicial de la Federación.
Reclamación 225/2002-PL. 25 de septiembre de 2002. Unanimidad de cuatro votos. Ausente:
Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán. Secretaria: Claudia
Mendoza Polanco.
Reclamación 268/2002-PL. 11 de octubre de 2002. Cinco votos. Ponente: José Vicente Aguinaco
Alemán. Secretario: Fernando Mendoza Rodríguez.
Reclamación 306/2002-PL. 22 de noviembre de 2002. Unanimidad de cuatro votos. Ausente:
Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretario: José de Jesús
Murrieta López.
Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán. Secretaria: Claudia
Mendoza Polanco.
Reclamación 380/2002-PL. Americana de Inmuebles, S.A. de C.V. 31 de enero de 2003. Cinco
votos. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: Georgina Laso de la Vega Romero.
privada del seis de junio de dos mil tres.
Novena Época
Registro: 184085
Jurisprudencia
XVII, Junio de 2003
Tesis: 2a./J. 50/2003
Página: 252
MULTAS IMPUESTAS POR EL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. SON APROVECHAMIENTOS QUE
CONSTITUYEN UN CRÉDITO FISCAL.
Las multas que impone el Poder Judicial de la Federación pertenecen al rubro de
aprovechamientos federales, según lo dispuesto en el artículo 3o. del Código Fiscal de la
Federación, ya que constituyen ingresos que percibe el Estado por funciones de derecho público,
distintos de los que obtiene por contribuciones o ingresos derivados de financiamientos y de los
que obtienen los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, lo que se
corrobora por el hecho de que dentro de la clasificación que el artículo 2o. del propio Código hace
de las contribuciones en impuestos, aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras y
derechos, no están comprendidas aquellas multas, ni tampoco como accesorios de las
contribuciones, ya que su imposición no tiene origen en el ejercicio de la potestad tributaria, sino
en facultades admonitorias y sancionatorias, establecidas legalmente por la inobservancia,
violación o abuso de deberes relacionados con el acceso, procuración y administración de justicia,
a cargo de los gobernados y de las autoridades. En ese sentido, estrictamente deben conceptuarse
como multas no fiscales, pero que dan lugar a un crédito fiscal, pues los créditos fiscales que el
Estado o sus organismos descentralizados tienen derecho a percibir, pueden provenir, entre otros
rubros, de los aprovechamientos, según lo señala el numeral 4o. de dicho Código; por tanto, si las
multas impuestas por el Poder Judicial de la Federación tienen carácter de aprovechamientos, es
incuestionable que, determinadas en cantidad líquida, constituyen un crédito fiscal y el Estado
está facultado para proceder a su cobro, inclusive a través del procedimiento administrativo de
ejecución previsto en el capítulo tercero del título quinto del referido Código.
Reclamación 225/2002-PL. 25 de septiembre de 2002. Unanimidad de cuatro votos. Ausente:
Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán. Secretaria: Claudia
Mendoza Polanco.
Reclamación 268/2002-PL. 11 de octubre de 2002. Cinco votos. Ponente: José Vicente Aguinaco
Alemán. Secretario: Fernando Mendoza Rodríguez.
Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretario: José de Jesús
Murrieta López.
Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán. Secretaria: Claudia
Mendoza Polanco.
Reclamación 380/2002-PL. Americana de Inmuebles, S.A. de C.V. 31 de enero de 2003. Cinco
votos. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: Georgina Laso de la Vega Romero.
privada del seis de junio de dos mil tres.
Novena Época
Registro: 184088
Tesis Aislada
XVII, Junio de 2003
Tesis: 2a. LXXVII/2003
Página: 293
MULTA FISCAL. EL PENÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 76 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA
FEDERACIÓN, VIGENTE EN 1997, AL ESTABLECER QUE LA DECLARACIÓN DE PÉRDIDAS MAYORES A
LAS REALMENTE SUFRIDAS SE SANCIONE CON UNA MULTA MÍNIMA DEL 30% DE LA DIFERENCIA
ENTRE AMBAS, NO VIOLA EL ARTÍCULO 22 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.
Al disponer el citado precepto que cuando se declaren pérdidas fiscales mayores a las realmente
sufridas, la multa mínima será del 30% de la diferencia que resulte entre la declarada y la que
efectivamente corresponda, no viola el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, toda vez que dicha multa no es excesiva, pues no sobrepasa ni va más allá de lo lícito,
ya que el legislador al instituirla atendió al bien jurídico protegido por la norma consistente en la
necesidad social de recaudar íntegra y oportunamente los impuestos necesarios para cubrir el
gasto público, como medio de lograr la seguridad y la prosperidad de la sociedad, además de que
está en proporción con la culpabilidad del infractor y con su capacidad económica, en virtud de
que la declaración de donde deriva la multa, guarda relación con las condiciones económicas del
contribuyente, porque entre más elevadas sean las pérdidas declaradas incorrectamente, mayor
será la multa con la cual se sancionen.
Amparo directo en revisión 1735/2002. Servicios Aéreos Avándaro, S.A. de C.V. 14 de marzo de
2003. Mayoría de cuatro votos. Disidente: Genaro David Góngora Pimentel. Ponente: Sergio
Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: Alberto Miguel Ruiz Matías.
Novena Época
Registro: 184314
Tesis Aislada
XVII, Mayo de 2003
Tesis: 1a. XVII/2003
Página: 241
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO. A LAS CUOTAS QUE DEBEN CUBRIRLE
LAS INSTITUCIONES DE BANCA MÚLTIPLE, NO LES SON APLICABLES EXTENSIVAMENTE LOS
PRINCIPIOS DE PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD PROPIOS DE LAS CARGAS TRIBUTARIAS.
De lo dispuesto en los artículos 31, fracción IV, 74, fracción IV, y 126 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos; 20 a 22, 90, fracción III, y 91, fracción II, de la Ley de Protección al
Ahorro Bancario; 46, fracciones I y II, de la Ley de Instituciones de Crédito; así como 6o. y 21 del
Código Fiscal de la Federación, se desprenden los siguientes puntos distintivos entre el pago de las
contribuciones al fisco federal y el pago de las cuotas ordinarias y extraordinarias por parte de las
instituciones de banca múltiple al Instituto para la Protección al Ahorro Bancario: 1. El pago de las
contribuciones corre a cargo del particular, en general, y en favor del Estado; en cambio,
únicamente las instituciones de banca múltiple deben efectuar el pago de las cuotas ordinarias y
extraordinarias previstas en la Ley de Protección al Ahorro Bancario, en favor del referido
instituto; 2. El pago de contribuciones tiene por objeto sufragar los gastos públicos del Estado, por
lo que se decretan para cubrir el presupuesto de egresos, y no puede realizarse pago alguno a
cargo del erario federal que no esté previsto en el citado presupuesto o en ley posterior; con el
pago de las cuotas al referido instituto se pretende que éste cumpla con el objeto de proteger al
ahorro bancario, y que regule los apoyos financieros que se otorguen a los propios bancos; 3. Las
contribuciones se causan conforme se realizan las situaciones jurídicas o de hecho previstas en las
leyes fiscales durante el lapso en que ocurran; mientras que el pago de las cuotas citadas deben
hacerlo siempre las instituciones de banca múltiple por el simple hecho de tener esa calidad, con
independencia de que realicen o no las operaciones garantizadas; 4. La falta de pago del monto de
las contribuciones en la fecha o dentro del plazo fijado por las disposiciones fiscales, motiva su
actualización desde el mes en que debió hacerse el pago, y hasta que éste se efectúe, así como el
pago de recargos en concepto de indemnización al fisco federal por la falta de pago oportuno; por
su parte, la falta de pago de las mencionadas cuotas, en tiempo y forma, hace merecedora a la
institución bancaria infractora a una multa por el equivalente a un tanto de la cuota omitida. De lo
anterior se concluye que el pago de contribuciones y el pago de las cuotas referidas son de
naturaleza diferente, por lo que, al establecerse estas últimas, no se está en presencia de un caso
análogo que justifique la aplicación extensiva de los principios de proporcionalidad y equidad
tributaria consagrados en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal.
Amparo en revisión 272/2001. Banco Inbursa, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo
Financiero Inbursa, y coagraviadas. 8 de enero de 2003. Cinco votos. Ponente: Juan N. Silva Meza.
Secretario: Manuel González Díaz.
Novena Época
Registro: 184458
Tesis Aislada
XVII, Abril de 2003
Página: 1104
MULTAS. LA SUSPENSIÓN QUE DE ÉSTAS SE SOLICITE EN EL JUICIO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO, COMPARTE LA NATURALEZA JURÍDICA DE LA MEDIDA CAUTELAR TENDENTE A
PARALIZAR, TEMPORALMENTE, EL PROCEDIMIENTO COACTIVO DE EJECUCIÓN QUE SUSTANCIAN
LAS AUTORIDADES FISCALES.
No obstante que el artículo 208-Bis del Código Fiscal de la Federación, en su fracción VI, prevé que
la garantía deberá otorgarse cuando con la suspensión sea factible ocasionar daños o perjuicios a
la otra parte o a terceros, lo que pudiera dar pie a pensar, prima facie, que queda fuera la
necesidad de satisfacer el interés fiscal en la suspensión del cobro de multas, empero, esa fracción
debe interpretarse armoniosa e integralmente con los artículos 141 (sólo en lo que regula las
formas de garantizar el interés fiscal), 142, fracción I y 144 del código impositivo federal, pues el
artículo 208-Bis no excluye la aplicación de esos preceptos, porque si en el procedimiento
administrativo de ejecución la exactora debe exigir la satisfacción del interés fiscal para proceder a
suspender la fase coactiva, resulta lógico y natural, al regir la misma razón legal, que en el juicio
contencioso administrativo las Salas del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa
también deban exigir que se colme el interés fiscal, ya que se persigue la misma finalidad con la
medida cautelar que eventualmente llegue a dictarse en el juicio de nulidad, con aquella que se
busca en el procedimiento coactivo, al tener idénticas repercusiones legales y fácticas, al
afectarse, en ambos casos, las medidas tendentes a concretar las consecuencias jurídicas y
materiales del acto administrativo. Así, si en la suspensión que regula el aludido artículo 144 está
imbíbito el mismo espíritu que en la diversa medida que norma el mencionado numeral 208-Bis,
ya que en ambos supuestos queda detenido el cobro del provecho que el Estado tiene derecho a
percibir por concepto de un crédito fiscal, al retardarse su ejecución, es claro que resulta necesaria
la satisfacción del interés fiscal como requisito de procedencia para la suspensión del cobro de una
multa en el juicio de nulidad, con independencia de que la garantía se otorgue previamente o
como requisito de eficacia para la suspensión.
Amparo en revisión 316/2002. Coviprint, S.A. de C.V. 20 de febrero de 2003. Unanimidad de votos.
Ponente: Manuel Rojas Fonseca. Secretario: Jorge Arturo Porras Gutiérrez.
Novena Época
Registro: 184849
Tesis Aislada
XVII, Febrero de 2003
Tesis: 2a. XIX/2003
Página: 328
MULTA FISCAL MÍNIMA. LA DEL MONTO EQUIVALENTE AL 70% DE LAS CONTRIBUCIONES
OMITIDAS ACTUALIZADAS, ESTABLECIDA EN EL NUMERAL 76, FRACCIÓN II, DEL CÓDIGO FISCAL DE
LA FEDERACIÓN, NO VIOLA EL ARTÍCULO 22 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.
La circunstancia de que el legislador en el artículo 76, fracción II, del Código Fiscal de la
Federación, haya fijado como monto mínimo de la multa el 70% de las contribuciones omitidas
actualizadas, no viola el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
pues, es al propio creador de la norma a quien corresponde, en principio, determinar en qué
medida una conducta infractora afecta al orden público y al interés social y cuál es el monto
suficiente de la sanción pecuniaria para desalentar su comisión. La finalidad de la multa relativa es
la de castigar la conducta infractora y procurar que los sujetos pasivos de la obligación tributaria
no vuelvan a incurrir en la omisión de su cumplimiento, por tanto, el monto equivalente al 70% de
las contribuciones omitidas actualizadas no puede considerarse por sí mismo excesivo, ya que la
cuantía de la sanción guardará una estrecha relación con el monto de la obligación incumplida,
razón por la cual resultará mayor en la medida en que sea superior el adeudo descubierto;
asimismo, la omisión en su pago genera una grave afectación al Estado, al impedirle desarrollar
con la debida oportunidad sus funciones.
Amparo directo en revisión 1167/2000. Banco Nacional de Comercio Interior, S.N.C. 4 de octubre
de 2002. Cinco votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: Alberto Miguel Ruiz
Matías.
Véase: Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo I, Materia
Constitucional, página 439, tesis 382, de rubro: "MULTAS. EL ARTÍCULO 76, FRACCIÓN II, DEL
CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, REFORMADO POR DECRETO DE FECHA 20 DE JULIO DE 1992
QUE LAS ESTABLECE, NO VIOLA EL ARTÍCULO 22 CONSTITUCIONAL (APLICACIÓN DE LA
JURISPRUDENCIA P./J. 10/95).".
Novena Época
Registro: 184848
Tesis Aislada
Tesis: I.9o.A.63 A
Página: 1092
MULTAS FISCALES. CASO EN QUE DEBE CONSIDERARSE INSUFICIENTE LA MOTIVACIÓN PARA
IMPONER EL MONTO MÁXIMO.
Cuando la autoridad hacendaria utiliza a título de motivación de la multa, circunstancias que no
son propias y exclusivas del sancionado respecto de otros contribuyentes morosos, como pueden
ser la distracción de recursos que requiere el Estado para sufragar el gasto público, el pago
extemporáneo de la contribución, la ventaja del contribuyente en relación con otros que sí
enteran en tiempo los tributos, así como el hecho de tratarse de contribuciones retenidas, debe
estimarse que tales argumentos son insuficientes para tener por debidamente motivado el monto
máximo de la multa, por tratarse de meras generalidades y no de aspectos que atienden al caso
particular, lo que se traduce en un estado de inseguridad jurídica del gobernado y,
consecuentemente, de indefensión.
Revisión fiscal 2049/2002. Administrador Central de lo Contencioso de la Administración Jurídica,
en representación del Secretario de Hacienda y Crédito Público, y de las autoridades demandadas.
27 de junio de 2002. Unanimidad de votos. Ponente: Óscar Germán Cendejas Gleason. Secretario:
Omar Pérez García.
Novena Época
Registro: 184846
Tesis Aislada
Tesis: II.1o.A.103 A
Página: 1093
MULTAS FISCALES. LA IMPOSICIÓN DE LAS SANCIONES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 76, FRACCIÓN
II, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, NO DERIVA DE UNA FACULTAD DISCRECIONAL, SINO
REGLADA Y, POR ENDE, CUANDO LA RESOLUCIÓN EN QUE SE IMPONEN CARECE DE LOS
REQUISITOS DE FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN, SE ACTUALIZA LA HIPÓTESIS DE NULIDAD
PARA EFECTOS, PREVISTA EN EL ARTÍCULO 238, FRACCIÓN II, EN CORRELACIÓN CON EL ARTÍCULO
239, FRACCIÓN III, DE ESE ORDENAMIENTO.
La interpretación sistemática del artículo 76 del Código Fiscal de la Federación, permite concluir
que contiene una facultad reglada, en virtud de que en la disposición aludida se ha de considerar
que al utilizar el legislador la inflexión verbal "aplicarán", lo hace con un sentido de obligatoriedad
condicional al cumplimiento de requisitos, dado que en el caso específico se supone que la
omisión en el pago de contribuciones fue descubierta por la autoridad en el ejercicio de sus
facultades de comprobación. Así pues, si la autoridad hacendaria descubre durante el ejercicio de
alguna de las facultades de comprobación a que se refiere el artículo 42 del propio código
tributario federal, que la contribuyente omitió total o parcialmente el entero de los impuestos
sujetos a revisión, deberá de imponerse una sanción aplicando para ello los porcentajes a que se
aluden en el dispositivo en estudio, según sea el supuesto en que se ubique el infractor, pues se
está en presencia de una facultad reglada para la autoridad administrativa. Por tanto, si en el caso
se admite que la imposición carece de la fundamentación y motivación legal a que se contrae el
artículo 16 constitucional, en correlación con el artículo 38, fracción III, del código tributario
federal, por consecuencia se actualiza el supuesto de anulación previsto en el artículo 238,
fracción II, de ese código y, por ende, ha lugar a declarar la nulidad de la sanción en comentario,
en los términos y para los efectos de que se dicte otra, en la que se cumpla con los requisitos
omitidos, al amparo de la fracción III del artículo 239 de esa legislación federal, y no como lo
pretende indebidamente la quejosa, en el sentido de que la nulidad decretada debe ser en forma
lisa y llana.
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEGUNDO CIRCUITO.
Amparo directo 64/2002. Orión Productos Industriales, S.A. de C.V. 5 de septiembre de 2002.
Unanimidad de votos. Ponente: Darío Carlos Contreras Reyes. Secretaria: Julia María del Carmen
González García.
su Gaceta, Novena Época, Tomo XXII, diciembre de 2005, página 366, con el rubro: "MULTAS
FISCALES QUE NO CUMPLEN CON LA FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. DEBE ATENDERSE A LA
GÉNESIS DE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA Y DECRETAR LA NULIDAD PREVISTA EN EL ARTÍCULO
239, FRACCIÓN III, Y ÚLTIMO PÁRRAFO, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, POR DERIVAR
AQUÉLLAS DEL EJERCICIO DE FACULTADES DISCRECIONALES."
Novena Época
Registro: 185156
Jurisprudencia
XVII, Enero de 2003
Tesis: VIII.2o. J/40
Página: 1650
INFORMACIÓN O DATOS REQUERIDOS POR LAS AUTORIDADES FISCALES. HIPÓTESIS DE
PROCEDENCIA DE LA SANCIÓN POR OMITIR PROPORCIONARLOS.
Para que se actualice el supuesto previsto en la fracción I del artículo 85 del Código Fiscal de la
Federación, consistente en no suministrar los datos e informes que legalmente exijan las
autoridades fiscales, pueden operar los siguientes supuestos: a) Que en el lapso otorgado por la
autoridad fiscal, no se proporcione la documentación o los informes requeridos por la autoridad y
aquélla, concluido el plazo y ejerciendo sus facultades legales, impone la multa correspondiente;
b) Que una vez transcurrido el plazo otorgado por la autoridad, pero antes de que ésta ejerza
dichas facultades e imponga la sanción respectiva, el particular suministre la documentación o
informes requeridos. En el primer caso, la imposición de la multa es legal, aun cuando el infractor
presente la información o documentación requerida, al haber operado en su perjuicio la figura
jurídica de la preclusión por inoperación. En cambio, en el caso del inciso b), no puede la autoridad
fiscal sancionar al particular, a pesar de haberse presentado la documentación o información fuera
del plazo de quince días, toda vez que al no hacer uso de sus facultades legales e imponer la multa
respectiva, una vez transcurrido dicho lapso, permitiendo a la vez con su proceder que el
particular dé cumplimiento al requerimiento en forma extemporánea, pero antes de que se
sancione su conducta, porque precluye su derecho para hacerlo, puesto que el artículo 85,
fracción I, de que se trata, el cual es de aplicación estricta, en términos del artículo 5o. del código
tributario federal, no sanciona la presentación extemporánea, sino únicamente la omisión total;
máxime que el lapso otorgado por la autoridad únicamente tiene como finalidad establecer un
parámetro legal, a partir del cual la autoridad fiscalizadora está en aptitud legal de sancionar la
omisión del particular.
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL OCTAVO CIRCUITO.
Amparo directo 558/98. Carlos Romo Vázquez. 25 de marzo de 1999. Unanimidad de votos.
Ponente: Elías H. Banda Aguilar. Secretario: Rodolfo Castro León.
Amparo directo 445/2000. Luis Arenal Mijares. 22 de febrero de 2001. Unanimidad de votos.
Ponente: Jesús R. Sandoval Pinzón. Secretario: Alberto Caldera Macías.
Revisión fiscal 71/2002. Administrador Local Jurídico de Torreón, en el Estado de Coahuila, en
representación del Secretario de Hacienda y Crédito Público, del Presidente del Servicio de
Administración Tributaria y otras. 6 de junio de 2002. Unanimidad de votos. Ponente: Héctor
Gálvez Tánchez. Secretario: Jorge Salvador Álvarez Cano.
Amparo directo 629/2002. San Ángel Administración, S.C. 7 de noviembre de 2002. Unanimidad de
votos. Ponente: Jesús R. Sandoval Pinzón. Secretaria: Laura Julia Villarreal Martínez.
Revisión fiscal 84/2002. Administrador de la Administración Local Jurídica de Torreón, en el Estado
de Coahuila, unidad administrativa encargada de la defensa jurídica del Secretario de Hacienda y
Crédito Público, y otras. 28 de noviembre de 2002. Unanimidad de votos. Ponente: Jesús R.
Sandoval Pinzón. Secretario: Enrique Domínguez Ramos.
Véase: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIII, mayo de 2001, página 1121,
tesis III.2o.A.69 A, de rubro: "DATOS E INFORMES QUE EXIJAN LAS AUTORIDADES FISCALES EN EL
EJERCICIO DE SUS FACULTADES, CONFORME AL ARTÍCULO 53, INCISO B), DEL CÓDIGO FISCAL DE
LA FEDERACIÓN. SU PRESENTACIÓN EN FORMA EXTEMPORÁNEA NO ES SANCIONABLE.".
Notas:
Esta tesis contendió en la contradicción 23/2006-PL resuelta por la Segunda Sala, de la que derivó
la tesis 2a./J. 196/2006, que aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su
Gaceta, Novena Época, Tomo XXIV, diciembre de 2006, página 200, con el rubro: "INFRACCIÓN
FISCAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 85, FRACCIÓN I, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. SE
ACTUALIZA POR EL CUMPLIMIENTO EXTEMPORÁNEO DEL REQUERIMIENTO DE LA AUTORIDAD
TRIBUTARIA, AUNQUE SE DÉ ANTES DE LA IMPOSICIÓN DE LA MULTA CORRESPONDIENTE, SIN
PERJUICIO DE QUE EL TIEMPO DE RETRASO EN DICHO CUMPLIMIENTO SE TOME EN CUENTA PARA
CUANTIFICAR SU MONTO."
Esta tesis contendió en la contradicción 183/2006-SS que fue declarada sin materia por la Segunda
Sala, toda vez que sobre el tema tratado existe la tesis 2a./J. 196/2006.
Novena Época
Registro: 185107
Tesis Aislada
XVII, Enero de 2003
Página: 1832
PRODUCTOS MUNICIPALES. NO TIENEN EL CARÁCTER DE CONTRIBUCIONES Y POR CONSIGUIENTE
NO LES SON APLICABLES LAS GARANTÍAS DE LEGALIDAD Y PROPORCIONALIDAD EN MATERIA
TRIBUTARIA.
En materia federal, las contribuciones se dividen en impuestos, aportaciones de seguridad social,
contribuciones de mejoras y derechos; así, a pesar de que los productos y aprovechamientos no
tienen el carácter de contribuciones, lo cierto es que los créditos determinados por este último
concepto sí se consideran créditos fiscales. Por otro lado, conforme a las disposiciones legales
locales, en el Estado de Tlaxcala los ingresos ordinarios se clasifican en impuestos, derechos,
productos, aprovechamientos y participaciones federales. En este punto es importante resaltar
que la definición legal correspondiente a los productos y aprovechamientos varía en relación con
el ámbito federal, toda vez que en éste se considera a los primeros como aquellas
contraprestaciones por los servicios prestados por el Estado en sus funciones de derecho privado,
así como por el uso, aprovechamiento o enajenación de bienes del dominio privado, y a los
segundos como los ingresos que percibe el Estado por funciones de derecho público, distintos de
las contribuciones, de los ingresos derivados de financiamientos y de los que obtengan los
organismos descentralizados y las empresas de participación estatal; en tanto que a nivel local se
consideran productos a los ingresos captados por el Estado, por actividades que no correspondan
al desarrollo de sus funciones propias de derecho público, o bien, por la explotación de sus bienes
patrimoniales, y aprovechamientos a los recargos, multas y demás ingresos de derecho público, no
clasificables como impuestos, derechos o productos. Sin embargo, en el ámbito municipal tienen
el carácter de productos aquellos ingresos obtenidos por la explotación de los bienes de dominio
público y privado de los Municipios. Entre esos bienes de dominio público se encuentran los de
uso común, esto es, los parques, jardines, calles, avenidas, banquetas, por citar sólo algunos. Por
ello, de lo señalado en el artículo 29, fracción III, de la Ley de Ingresos del Municipio de Tlaxcala
para el ejercicio fiscal del dos mil dos, en relación con lo previsto en el artículo 73, fracción II, de la
Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Tlaxcala, se advierte que en la primera de esas
disposiciones se fija una cuota a cargo de los particulares por el uso o aprovechamiento de la vía
pública mediante la instalación de casetas telefónicas, es decir, no se establece una contribución
(impuesto o derecho), sino la percepción de un producto; así, el Municipio obtiene productos
como consecuencia del arrendamiento y explotación de bienes propios, ocupación de la vía
pública, etcétera, de donde resulta inconcuso que el marco jurídico regulatorio de las
contribuciones en general, no es aplicable a los productos municipales, pues unas y otros son de
naturaleza esencialmente distinta, lo cual significa que las disposiciones concernientes a este
último tipo de ingresos no pueden ser analizadas como si se tratara de contribuciones que deban
establecer el sujeto, objeto, base, tasa o tarifa, y época de pago, cumpliendo con las garantías de
legalidad y proporcionalidad en materia tributaria, en la medida en que dichos ingresos (productos
municipales y contribuciones, en general) presentan características sustancialmente diversas
debido a las cuales no pueden aplicarse a unos los principios rectores de las otras, ni efectuar el
análisis correspondiente a la luz de los preceptos constitucionales referentes a la legalidad y
proporcionalidad tributarias.
Amparo en revisión 220/2002. Teléfonos de México, S.A. de C.V. 30 de octubre de 2002. Mayoría
de votos. Disidente: Miguel Ángel Zelonka Vela. Ponente: Francisco Javier Cárdenas Ramírez.
Secretaria: Luz Idalia Osorio Rojas.
Novena Época
Registro: 185614
Jurisprudencia
XVI, Octubre de 2002
Tesis: 2a./J. 113/2002
Página: 334
VALOR AGREGADO. LAS AUTORIDADES HACENDARIAS ESTÁN FACULTADAS PARA VERIFICAR EL
CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES FISCALES EN MATERIA DE PAGOS PROVISIONALES DEL
IMPUESTO RELATIVO, AUN CUANDO NO HUBIERA FINALIZADO EL EJERCICIO FISCAL, EL SUJETO
PASIVO NO HUBIERA PRESENTADO LA DECLARACIÓN DEL EJERCICIO O, EN SU DEFECTO, NO
HUBIERA TRANSCURRIDO EL PLAZO PARA SU PRESENTACIÓN, NO ASÍ PARA DETERMINAR, EN ESOS
SUPUESTOS, CRÉDITOS FISCALES POR CONCEPTO DE DICHO TRIBUTO, YA QUE EL CÁLCULO DEL
GRAVAMEN ES POR EJERCICIOS FISCALES COMPLETOS.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 42 del Código Fiscal de la Federación, las
autoridades hacendarias pueden ejercitar las facultades de comprobación que establece dicho
numeral, de manera conjunta, indistinta o separadamente, a fin de verificar que los
contribuyentes, responsables solidarios o terceros con ellos relacionados han cumplido con las
disposiciones fiscales, sin que se establezca alguna limitante en cuanto a los periodos que puede
abarcar dicha revisión, con excepción de lo que establece el artículo 67 del ordenamiento legal en
cita, en el sentido de que las facultades de comprobación se extinguen en el plazo de cinco años
contados a partir del día siguiente a aquel en que se presentó la declaración del ejercicio, cuando
se tenga obligación de hacerlo o se presentó o debió haberse presentado la declaración o aviso
que corresponda a una contribución que no se calcule por ejercicios o a partir de que se causaron
las contribuciones cuando no exista la obligación de pagarla mediante declaración. Ahora bien,
dicha situación pone de manifiesto que las autoridades fiscales pueden, válidamente, en ejercicio
de sus facultades de comprobación, revisar el cumplimiento a las disposiciones fiscales en materia
de pagos provisionales respecto al impuesto al valor agregado, aun cuando el ejercicio fiscal
respectivo no haya concluido, el contribuyente no haya presentado la declaración del ejercicio o,
en su defecto, no haya transcurrido el plazo para su presentación; sin embargo, en esos supuestos,
las autoridades fiscales deben ajustar su actuación a lo previsto en el artículo 41 del Código citado,
esto es, sólo pueden exigir la presentación de las declaraciones respectivas ante las oficinas
correspondientes, procediendo en forma simultánea o sucesiva a realizar uno o varios de los
siguientes actos: a) hacer efectiva al contribuyente o responsable solidario que haya incurrido en
la omisión de presentar la declaración provisional, una cantidad igual a la contribución que
hubiera determinado en la última o en cualquiera de las seis últimas declaraciones de que se trate,
la que resulte para dichos periodos de la determinación formulada por la autoridad o la que se
conozca de manera fehaciente con motivo de la aplicación de las tasas a los actos o actividades
realizados por el contribuyente, como pago provisional, sin que ello lo libere de presentar la
declaración omitida; b) embargar precautoriamente los bienes o la negociación cuando el
contribuyente haya omitido presentar declaraciones en los últimos tres ejercicios; y c) imponer las
multas que correspondan en términos de lo dispuesto por el propio código, por lo que sólo se
encuentran facultadas para determinar créditos fiscales por esas cuestiones, pero no por concepto
de impuesto al valor agregado, ya que dada la mecánica que prevé la ley que lo regula, el cálculo
del gravamen es por ejercicios fiscales completos.
Segundo en Materia Administrativa del Sexto Circuito. 18 de septiembre de 2002. Cinco votos.
Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretario: Jorge Luis Revilla de la Torre.
privada del veinticinco de septiembre de dos mil dos.
Novena Época
Registro: 185705
Tesis Aislada
XVI, Octubre de 2002
Tesis: I.4o.A.359 A
Página: 1408
MULTA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 77, FRACCIÓN I, INCISO C), DEL CÓDIGO FISCAL DE LA
FEDERACIÓN. ES INCONSTITUCIONAL.
El Poder Judicial de la Federación se ha pronunciado en el sentido de que las multas fijas son
inconstitucionales; por tanto, el artículo 77, fracción I, inciso c), del Código Fiscal de la Federación
merece tal calificativo al prever como sanción por la agravante (en el numeral consignada
expresamente) un incremento de 50% sobre el importe de las contribuciones retenidas y no
enteradas, convirtiéndola en una multa fija, en virtud de que ese porcentaje es un monto rígido
que no admite ser flexibilizado en razón de circunstancias particulares del supuesto infractor. En
efecto, el precepto considera un incremento de un 50% de las contribuciones omitidas que se
adiciona a la multa previamente impuesta, para cuya determinación la autoridad pudo atender a
las circunstancias especiales del caso, eligiendo la pertinente entre un porcentaje mínimo y uno
máximo, sin embargo, el incremento aludido se determina a partir del total de las contribuciones
retenidas y no enteradas, resultando autónomo en relación con la cuantificación de la multa
impuesta al contribuyente, en términos del artículo 76 del propio código, pues aunque el aumento
se adiciona a la multa, su origen se sustenta en el artículo 75, fracción III. Es así que el total de la
sanción, ya integrada, se compone de dos conceptos, esto es, la multa impuesta por una conducta
base, que eventualmente es susceptible de satisfacer los principios de proporcionalidad y equidad
tributaria, y la conducta agravada que genera una sanción fija que no cumple con tales principios.
Revisión fiscal 87/2002. Administradora Local Jurídica del Sur del Distrito Federal, Titular de la
Unidad Jurídica encargada de la Defensa Jurídica del Secretario de Hacienda y Crédito Público, del
Presidente del Servicio de Administración Tributaria y de las autoridades demandadas. 15 de mayo
de 2002. Unanimidad de votos. Ponente: Jean Claude Tron Petit. Secretaria: Claudia Patricia
Peraza Espinoza.
Véase: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, enero de 2001,
página 1749, tesis XIV.3o.2 A, de rubro: "MULTAS FISCALES. EL ARTÍCULO 77, FRACCIÓN I, INCISO
C), DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN QUE PREVÉ SU AMPLIACIÓN, VIOLA LOS ARTÍCULOS 22
Y 31, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN (APLICACIÓN ANALÓGICA DE LA JURISPRUDENCIA P./J.
10/95).".
Novena Época
Registro: 185968
Tesis Aislada
XVI, Septiembre de 2002
Tesis: I.9o.A.62 A
Página: 1399
MULTAS. HIPÓTESIS PREVISTA EN EL ARTÍCULO 76, FRACCIÓN II, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA
FEDERACIÓN.
El contribuyente al no enterar al fisco las contribuciones omitidas actualizadas antes de que la
autoridad lleve a cabo la notificación de la resolución que determinó el monto de la contribución
omitida y, por ende, no hacer un pago espontáneo de dichas contribuciones, se ubica en la
hipótesis prevista en el artículo 76, fracción II, del Código Fiscal de la Federación. En consecuencia,
la autoridad hacendaria, al emitir la resolución, debe tomar en cuenta los pagos provisionales
efectuados por el contribuyente y determinar así la multa sobre las contribuciones omitidas.
Amparo directo 219/2002. Grupo Hivima, S.A. de C.V. 3 de julio de 2002. Unanimidad de votos.
Ponente: José Ángel Mandujano Gordillo. Secretaria: María del Pilar Meza Fonseca.
Novena Época
Registro: 185967
Tesis Aislada
Tesis: I.6o.A.35 A
Página: 1399
MULTAS. SON FISCALES CUANDO SU ORIGEN ES UNA RESOLUCIÓN DE NATURALEZA FISCAL.
De conformidad con el artículo 2o., en relación con el diverso 1o., ambos del Código Fiscal de la
Federación, debe estimarse que las multas que se imponen a un particular con motivo del
incumplimiento de una obligación fiscal, necesariamente participan de la naturaleza de la
resolución que le dio origen y al referirse a una cuestión de carácter fiscal, también tiene ese
carácter la multa, pues por crédito fiscal debe entenderse todo lo que pueda percibir el Estado que
provenga de contribuciones, aprovechamientos o de sus accesorios, razón por la cual la multa
impuesta al quejoso, al derivar del incumplimiento de una obligación, sólo puede atenderse como
un accesorio de naturaleza fiscal y, por ende, como un crédito de tal carácter.
SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.
Amparo en revisión 126/2002. Consupharma, S.A. de C.V. 21 de junio de 2002. Unanimidad de
votos. Ponente: José Alejandro Luna Ramos. Secretaria: Guadalupe de Jesús Hernández Velázquez.
Novena Época
Registro: 185875
Tesis Aislada
Materia(s): Administrativa, Común
Tesis: I.7o.A.188 A
Página: 1456
SUSPENSIÓN DEFINITIVA. PARA QUE SURTA EFECTOS LA QUE SE CONCEDE CONTRA EL COBRO DE
MULTAS, NO ES NECESARIO QUE EL JUEZ DE DISTRITO FIJE COMO CONDICIÓN GARANTÍA ALGUNA.
De la clasificación de contribuciones que hace el artículo 2o. del Código Fiscal de la Federación,
particularmente de la definición de cada una de ellas, se advierte que las multas no se encuentran
incluidas, es decir, que no son contribuciones; por tanto, si el artículo 135 de la Ley de Amparo
establece como requisito para que surta efectos la suspensión cuando el amparo se pida contra el
cobro de contribuciones, el depósito de la cantidad que se cobra ante la Tesorería de la Federación
o la de la entidad federativa o Municipio que corresponda, es de concluirse que tal requisito no
debe satisfacerse cuando entre los actos reclamados se señala como tal la determinación de una
sanción consistente en multa, puesto que ésta es de naturaleza distinta de las contribuciones, en
términos del citado artículo 2o. del código tributario federal. Luego, es correcta la determinación
que se dicte en el sentido de conceder la suspensión definitiva al quejoso para el efecto de que no
se haga efectiva la sanción económica que se le impuso, sin que se fije alguna garantía.
Incidente de suspensión (revisión) 1027/2002. Director de Responsabilidades y Sanciones de la
Dirección General de Legalidad y Responsabilidades de la Contraloría General del Distrito Federal y
otro. 2 de mayo de 2002. Unanimidad de votos. Ponente: F. Javier Mijangos Navarro. Secretario:
Salvador Flores Carmona.
Novena Época
Registro: 186226
Tesis Aislada
XVI, Agosto de 2002
Materia(s): Penal
Tesis: XVI.4o.8 P
Página: 1319
LIBERTAD PROVISIONAL. MONTO DE LA CAUCIÓN, TRATÁNDOSE DE LOS DELITOS FISCALES.
De la recta interpretación de los artículos 24 y 29 del Código Penal Federal se advierte que las
penas pecuniarias contempladas en ese ordenamiento son la multa y la reparación del daño, en
tanto que del diverso artículo 94 del Código Fiscal de la Federación se desprende que en
tratándose de delitos relacionados con la materia fiscal, el juzgador se encuentra legalmente
imposibilitado para imponer pena pecuniaria alguna, lo cual evidencia que no existe pena de
reparación del daño para los delitos tributarios consignados en este último cuerpo de normas. Así,
a efecto de cuantificar el monto de la caución para gozar de la libertad provisional, cuando se
instruya la causa penal por un delito de aquella naturaleza, el numeral 92 del Código Fiscal de la
Federación debe interpretarse a la luz de los ordinales previamente aludidos, esto es, si en la
materia no existe la posibilidad de condenar a la reparación del daño, la garantía a que se refiere
este último precepto legal es exclusivamente para responder de las obligaciones imputables al
sujeto con motivo de la instauración del procedimiento penal y no para asegurar el pago de la
reparación del daño, pues, como ya se dijo, tal pena no existe para los delitos fiscales. Igualmente,
del referido numeral 92 del Código Fiscal de la Federación, por lo que concierne a la fijación de la
cuantía de la caución para gozar de la libertad provisional, debe comprenderse que el monto
resultante de la aplicación de tales normas es el mínimo a que debe ascender la aludida garantía y
las circunstancias que al efecto contemplan los distintos artículos 399 y 402 del Código Federal de
Procedimientos Penales deberán tenerse en consideración para aumentar o no dicha caución.
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO SEXTO CIRCUITO.
Amparo en revisión 60/2002. 26 de abril de 2002. Unanimidad de votos. Ponente: Juan Manuel
Arredondo Elías. Secretario: Salvador Álvarez Villanueva.
Véase: Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo XIII, febrero de 1994, página 351,
tesis I.2o.P.275 P, de rubro: "LIBERTAD PROVISIONAL, CAUCIÓN EN LA. CRITERIO QUE DEBE
SEGUIRSE PARA SU FIJACIÓN EN TRATÁNDOSE DE DELITOS FISCALES.".
Novena Época
Registro: 186209
Tesis Aislada
XVI, Agosto de 2002
Tesis: I.4o.A.354 A
Página: 1333
NULIDAD EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. DEBE DECLARARSE PARA EFECTOS
CUANDO LA RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA IMPUGNADA ES INCONGRUENTE.
De manera análoga a lo que sucede con las sentencias, una resolución administrativa que tenga la
pretensión de privar a un gobernado debe satisfacer los requisitos y formalidades respectivos, lo
que implica la congruencia, exhaustividad y motivación en relación con todos los antecedentes,
presupuestos y circunstancias que puedan y deban provenir de un regular procedimiento
administrativo, en los casos que sea necesario para dictar la resolución administrativa, en términos
de lo que disponen los artículos 14 constitucional, 38 y 238 del Código Fiscal de la Federación, así
como 222 y 352 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria al
procedimiento fiscal seguido ante las autoridades exactoras. Por tanto, si la Sala Fiscal no pudo
realizar el estudio de fondo de la resolución que se impugnó ante ella, debido a la violación formal
que advirtió, consistente en que la autoridad fiscal demandada al momento de emitir la decisión
que determinó contribuciones, recargos y multas a cargo de la opositora, lo hizo de manera
incongruente (ya que no tomó en consideración el convenio para pago en parcialidades suscrito
por dicha parte), esta situación deja en estado de indefensión a la promovente, al no permitirle
conocer si al momento de dictar la resolución de mérito le fue tomada en cuenta o no la solicitud
de pago en parcialidades, así como los respectivos pagos que aduce haber efectuado. Luego
entonces, es correcta la determinación de la Sala de dictar una nulidad para efectos debido a la
violación advertida, precisamente y con motivo de no haber atendido el principio de congruencia,
pues es obvio que el convenio de pago en parcialidades debe conceptuarse, razonablemente,
como un presupuesto y antecedente que merece ser reflejado y estimado en la resolución
liquidatoria, y al no haber sucedido así, es claro que no quedaron satisfechos los elementos
previos para asumir, válidamente, la decisión respectiva. Así las cosas, dicha violación encuadra en
lo que dispone el numeral 238, fracción II, del código multialudido, por tratarse de una omisión
que afectó las defensas del particular y trascendió al sentido de la resolución impugnada y no en la
causa de ilegalidad prevista en la fracción IV del invocado numeral, pues es inconcuso que en el
caso no se estudió el fondo de la cuestión planteada por haberse advertido una violación formal
que impidió su examen, precisamente y en virtud de esa ilegalidad de naturaleza formal, lo que
sólo da motivo a decretar una nulidad para efectos.
Amparo directo 66/2002. Monte del Carmen, S.A. 17 de abril de 2002. Unanimidad de votos.
Ponente: Jean Claude Tron Petit. Secretaria: Alma Margarita Flores Rodríguez.
Novena Época
Registro: 186144
Tesis Aislada
XVI, Agosto de 2002
Tesis: XXIII.3o.2 A
Página: 1372
RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA. EL CUMPLIMIENTO FUERA DEL TÉRMINO LEGAL DE CUATRO
MESES, PREVISTO EN EL ARTÍCULO 133 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, NO ES CAUSA DE
NULIDAD DE LA DETERMINACIÓN DICTADA EN ACATAMIENTO DE ELLA.
El cumplimiento extemporáneo de la resolución dictada por una autoridad administrativa, que
ordena realizar determinado acto o la reposición del procedimiento dentro del término de cuatro
meses a que alude el artículo 133 del Código Fiscal de la Federación, no es motivo para declarar la
nulidad de la determinación dictada en acatamiento de ella, pues aun cuando la inobservancia de
la ley constituye una irregularidad en la que la autoridad no debería incurrir, dicha omisión no
puede considerarse causa de anulación, ya que esto implicaría, por una parte, otorgar legitimidad
a la omisión del funcionario, de cumplir con la obligación emanada de una resolución anterior que
lo vincule a realizar un acto o a reforzar un procedimiento y, por otra, al considerar nula la
resolución, por el hecho de no haberse cumplimentado el procedimiento o haberse realizado el
acto dentro del término de cuatro meses, se exoneraría a la autoridad administrativa del
cumplimiento de la resolución antecedente y de la ley, al dejar de obedecer la determinación
recaída a un recurso o medio de defensa, lo que implicaría una contravención a la garantía de
plena ejecución de las resoluciones, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, conforme a la cual, tanto los tribunales judiciales como las autoridades
administrativas en el ejercicio de sus funciones materialmente jurisdiccionales, tienen la obligación
de emitir las resoluciones correspondientes en los litigios planteados ante su jurisdicción, así como
dar vigencia y efectividad a dichas resoluciones, procurando su debido cumplimiento, cuestión
esta última que, de conformidad con la garantía señalada, es de orden público y de carácter
obligatorio. Además, la simple declaración de nulidad no implica que se satisfagan las pretensiones
del contribuyente, toda vez que el orden jurídico exige de la autoridad la reparación de la violación
detectada y ésta no se colma con la declaración de nulidad, sino que requiere de un nuevo
pronunciamiento para no dejar incierta la seguridad jurídica del administrado. Por último, el hecho
de que el citado artículo 133 no prevenga algún medio de defensa por el cual se obligue a la
autoridad administrativa a cumplir dentro del plazo legal las resoluciones emitidas por ésta y se le
imponga una multa o diversa sanción, no es razón jurídica para exonerarla del cumplimiento de
sus propias resoluciones, pues la falta de previsión en la ley de un recurso o medio de defensa que
contemple la posibilidad de exigir la responsabilidad de un funcionario y la imposición de una
sanción, no justifica, de ninguna manera, la declaración de ilegalidad de la resolución
cumplimentada en forma extemporánea.
Revisión fiscal 11/2002. Administrador Local Jurídico de Aguascalientes, por su propio derecho y
en representación del Administrador Local de Auditoría Fiscal de Aguascalientes, del Secretario de
Hacienda y Crédito Público y del Presidente del Servicio de Administración Tributaria. 7 de marzo
de 2002. Unanimidad de votos. Ponente: Herminio Huerta Díaz. Secretaria: Beatriz Eugenia Álvarez
Rodríguez.
Gaceta, Novena Época, Tomo XVII, febrero de 2003, página 277, con el rubro: "REVOCACIÓN. EL
CUMPLIMIENTO EXTEMPORÁNEO DE LO DETERMINADO EN ESE RECURSO, NO PUEDE LLEVAR,
POR ESTA ÚNICA CIRCUNSTANCIA, A SOSTENER LA INVALIDEZ DE LOS ACTOS QUE EMITAN LAS
AUTORIDADES FISCALES EN ACATAMIENTO DE AQUÉL."
Novena Época
Registro: 186388
Tesis Aislada
XVI, Julio de 2002
Tesis: 2a. LXXIII/2002
Página: 463
CONSTITUCIÓN FEDERAL.
De conformidad con la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la garantía de
audiencia previa, tutelada en el artículo 14, párrafo segundo, de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, implica que la emisión de un acto materialmente administrativo, cuyo
efecto es desincorporar algún derecho de la esfera jurídica de los gobernados, generalmente esté
En tal virtud, si al tenor de lo establecido en los artículos 42, fracción V; 49, fracción VI; 83,
fracción VII y 84, fracción VI, del Código Fiscal de la Federación, la autoridad que califica los hechos
u omisiones relacionados con el incumplimiento de los requisitos que rigen la expedición de
constan en el acta levantada con motivo de la visita correspondiente-, es indudable que lo
dispuesto en el citado artículo 49, fracción VI, transgrede la mencionada garantía constitucional,
pues con ello, sin justificación alguna, se impide a los gobernados ejercer sus defensas antes de la
emisión de un acto privativo; máxime que la referida multa constituye un crédito fiscal no
tributario, en tanto que no deriva de la falta de pago de una contribución, sino del incumplimiento
de una obligación accesoria, cuyo acatamiento no implica el pago de una contribución, por lo que
respecto de su imposición no rige la jurisprudencia de este Alto Tribunal publicada con el número
110 en la página 141 del Tomo I, Materia Constitucional, del Apéndice al Semanario Judicial de la
Federación 1917-2000, de rubro: "AUDIENCIA, GARANTÍA DE. EN MATERIA IMPOSITIVA, NO ES
NECESARIO QUE SEA PREVIA.".
Amparo directo en revisión 21/2001. Super Panificadora y Abarrotes La Viana, S.A. 12 de abril de
2002. Mayoría de tres votos. Disidentes: Mariano Azuela Güitrón y Juan Díaz Romero. Ponente:
Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Rafael Coello Cetina.
Nota: Conforme al artículo 192, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, esta tesis no es apta para
integrar jurisprudencia.
Novena Época
Registro: 186387
Tesis Aislada
XVI, Julio de 2002
Tesis: 2a. LXXIV/2002
Página: 464
ACTO PRIVATIVO QUE SE RIGE POR LA GARANTÍA DE AUDIENCIA PREVIA.
De conformidad con la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la garantía de
audiencia previa, tutelada en el párrafo segundo del artículo 14 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, únicamente rige respecto de los actos privativos, entendiéndose por
éstos, aquellos que en sí mismos constituyen un fin, con existencia independiente, cuyos efectos
de privación son definitivos y no provisionales o accesorios. En atención a lo antes expuesto, se
concluye que la multa impuesta por la autoridad que califica los hechos u omisiones que se
hicieron constar en el acta levantada con motivo de la visita para verificar la expedición de
comprobantes fiscales constituye un acto privativo y, por ende, se rige por la referida garantía
constitucional, ya que conforme a lo dispuesto en los artículos 42, fracción V; 49, fracción VI; 83,
fracción VII y 84, fracción VI, del Código Fiscal de la Federación, tiene por objeto desincorporar en
forma definitiva de la esfera jurídica del sujeto visitado una parte de su patrimonio, por lo que no
se impone como una medida cautelar o provisional, sino como una sanción que pone fin al
respectivo procedimiento investigatorio.
Amparo directo en revisión 21/2001. Super Panificadora y Abarrotes La Viana, S.A. 12 de abril de
2002. Mayoría de tres votos. Disidentes: Mariano Azuela Güitrón y Juan Díaz Romero. Ponente:
Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Rafael Coello Cetina.
Nota: Conforme al artículo 192, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, esta tesis no es apta para
integrar jurisprudencia.
Novena Época
Registro: 186420
Tesis Aislada
XVI, Julio de 2002
Tesis: VII.3o.C.7 A
Página: 1405
SENTENCIA DE NULIDAD. PROCEDE EL AMPARO DIRECTO CUANDO SE ATACA LA DESATENCIÓN O
DESESTIMACIÓN DE UNA CAUSA DE ANULACIÓN CUYO ESTUDIO DEBIÓ SER PREFERENTE PARA
LOGRAR LA NULIDAD LISA Y LLANA (TOTAL Y NO PARCIAL) DE LA RESOLUCIÓN COMBATIDA QUE,
DERIVADA DE UN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO, SE CONSIDERA VICIADA DESDE SU ORIGEN.
Cuando en un juicio de amparo directo se reclama la sentencia definitiva dictada por el Tribunal
Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, que resulta favorable a los quejosos por haber
declarado la nulidad del acto impugnado, ha sido criterio reiterado el que, como regla general, no
se surte la procedencia del juicio de garantías por no afectarse el interés jurídico del quejoso.
Reiterado también ha sido que atendiendo a la naturaleza de los conceptos de nulidad hechos
valer, existen casos de excepción a esa regla (cuando su pretensión es obtener un beneficio mayor
al obtenido en esa sentencia anulatoria); tal es el caso de las sentencias en que se haya declarado
la nulidad para efectos, pero desatendiendo o desestimando conceptos de anulación que pudieran
conllevar a la declaración lisa y llana de nulidad de la resolución administrativa combatida, o bien,
que declarando fundados los agravios que acarrean una nulidad lisa y llana se declare para
efectos. Una distinta excepción a la regla general consiste en que si derivado de un procedimiento
administrativo se combate una resolución que determinó un crédito fiscal por diversos motivos
(contribuciones omitidas respecto de varios impuestos, actualizaciones, recargos, multas, etc.),
aun cuando respecto de alguno de ellos se haya declarado la nulidad lisa y llana, debe
considerarse que pervive ese interés jurídico para promover el juicio de amparo directo, si se ataca
la desatención o desestimación, por parte de la Sala, de algún concepto de nulidad cuyo estudio
debió ser preferente al enderezarse contra un acto dentro de ese procedimiento que, de ser
fundado porque se haya dictado en contravención a las disposiciones aplicadas o dejó de aplicar
las debidas, traería como consecuencia la nulidad lisa y llana (total y no parcial) de la resolución
combatida, al estar viciada desde su origen.
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SÉPTIMO CIRCUITO.
Amparo directo 668/2001. Transporte Hermanos Pérez Vián, S.A. de C.V. 22 de febrero de 2002.
Unanimidad de votos. Ponente: Mario A. Flores García. Secretaria: María Isabel Morales González.
Novena Época
Registro: 186907
Tesis Aislada
XV, Mayo de 2002
Tesis: I.7o.A.167 A
Página: 1248
MULTA FISCAL. CUANDO LA AUTORIDAD HACENDARIA REVISA LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL
CONTRIBUYENTE Y SE PERCATA QUE SE MANIFESTÓ LA OMISIÓN DE IMPUESTOS, SIN QUE SE
DEMUESTRE SU PAGO, ES CORRECTA LA APLICACIÓN DE LA SANCIÓN PECUNIARIA PREVISTA POR
EL ARTÍCULO 76, EN RELACIÓN CON EL NUMERAL 73, FRACCIÓN I, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA
FEDERACIÓN.
El artículo 32-A del código en cita enumera las personas físicas y colectivas obligadas a dictaminar
sus estados financieros por contador público autorizado. Asimismo, el precepto legal prevé que las
personas físicas con actividades empresariales, las personas morales y los residentes en el
extranjero con establecimiento permanente o base fija en el país, que no están obligadas a
dictaminar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, pueden optar por hacerlo en términos de
las reglas generales que al efecto expida la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Conforme a la
fracción IV del artículo 42 del código consultado, las autoridades hacendarias, a fin de comprobar
el cumplimiento de las disposiciones fiscales y, en su caso, para determinar las contribuciones
omitidas o los créditos fiscales, tienen atribuciones para revisar esos dictámenes. Por su parte, la
fracción I del artículo 73 del código tributario regula dos hipótesis, la primera, consistente en que
no se aplican sanciones pecuniarias a los particulares cuando cumplan en forma espontánea sus
obligaciones fiscales fuera de los plazos señalados por las disposiciones fiscales y, la segunda, que
el cumplimiento no se da de esa manera en caso de que la omisión sea descubierta por las
autoridades administrativas. Ahora bien, cuando dicha autoridad, en ejercicio de la facultad
aludida, se percata de que el particular manifestó en sus estados financieros que omitió el pago de
impuestos y lo requiere para que defina su situación tributaria, mediante la presentación de
documentos e información, sin respuesta alguna y, con posterioridad, dicte el oficio de
observaciones, respecto del cual el sujeto pasivo de la relación tributaria realiza diversos
señalamientos, sin acreditar que cubrió la deuda, es correcto que se determine el crédito fiscal
correspondiente incluyendo la imposición de una multa en términos del artículo 76 de dicha
legislación, puesto que no se surten los supuestos que liberan al contribuyente de la aplicación de
una sanción pecuniaria, previstos en la fracción I del artículo 73 del Código Fiscal de la Federación,
en la medida en que la omisión fue descubierta a través de la manifestación que se efectuó en los
estados financieros al proceder a su revisión y, sobre todo, porque no se demuestra que se
hubiese satisfecho el adeudo fiscal.
Revisión fiscal 2787/2001. Administrador Local Jurídico del Norte del Distrito Federal, en
representación del Secretario de Hacienda y Crédito Público, del Presidente del Servicio de
Administración Tributaria y de la autoridad demandada. 23 de enero de 2002. Unanimidad de
votos. Ponente: F. Javier Mijangos Navarro. Secretario: Gustavo Naranjo Espinosa.
Novena Época
Registro: 187514
Tesis Aislada
XV, Marzo de 2002
Tesis: XXI.3o.8 A
Página: 1361
INCONSTITUCIONALIDAD DE UN ARTÍCULO DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. NO ES
PROCEDENTE EL ESTUDIO DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN TENDIENTES A COMBATIRLA SI SE
CONCEDE EL AMPARO POR VICIOS DE LEGALIDAD QUE DEJAN SIN EFECTO EL ACTO CONCRETO DE
APLICACIÓN.
Si en un juicio de amparo directo administrativo, el quejoso hace valer como conceptos de
violación, además de los que se dirigen a cuestionar de inconstitucionales preceptos del Código
Fiscal de la Federación, cuestiones relativas a vicios de legalidad del procedimiento administrativo
de fiscalización, que indebidamente desestimó la autoridad responsable en la sentencia
impugnada, al prosperar los argumentos expuestos por la parte quejosa respecto a las violaciones
a las formalidades del procedimiento, que se traducen en vicios de legalidad que trascienden al
procedimiento administrativo que concluyó con la determinación de un crédito fiscal que
comprende, entre otros conceptos, multas y actualizaciones impuestas con fundamento en
preceptos del código tributario, procede conceder el amparo y protección de la Justicia Federal
para el efecto de que se declare la nulidad lisa y llana de la resolución que determina el crédito
fiscal, por ser fruto de un acto viciado de origen; por tanto, siendo las multas y actualizaciones
impuestas, como en general el crédito fincado, consecuencia de un acto viciado que deberá
quedar sin efecto legal alguno, y que constituye la aplicación de los artículos tildados de
inconstitucionales, es inconcuso que, al desaparecer el acto concreto de aplicación, que es una
conditio sine qua non para analizar el tema de constitucionalidad de leyes, no existe materia para
estudiar la inconstitucionalidad que invoca la parte peticionaria de garantías, por haber
desaparecido del mundo jurídico el referido acto concreto de aplicación; por ende, no se deben
estudiar los conceptos de violación que sobre el tema de inconstitucionalidad hizo valer el
accionante del juicio de garantías.
Amparo directo 180/2001. Inmobiliaria Miramar, S.A. de C.V. 5 de julio de 2001. Unanimidad de
votos. Ponente: Isidro Avelar Gutiérrez. Secretaria: Gloria Avecia Solano.
Véase: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IX, junio de 1999,
página 869, tesis XXI.2o. J/2, de rubro: "INCONSTITUCIONALIDAD DE UN PRECEPTO DEL CÓDIGO
FISCAL DE LA FEDERACIÓN, SUSTENTO DE UNA MULTA IMPUESTA AL QUEJOSO. CASOS EN QUE NO
ES PROCEDENTE EL ESTUDIO DE LOS CONCEPTOS VIOLATORIOS TENDIENTES A COMBATIRLA.".
Novena Época
Registro: 187485
Tesis Aislada
XV, Marzo de 2002
Tesis: VI.3o.A.69 A
Página: 1380
MULTA. PARA IMPONER LA QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 85, FRACCIÓN I, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA
FEDERACIÓN, NO ES NECESARIO QUE TRANSCURRA EL TÉRMINO DE VEINTE DÍAS QUE ESTABLECE
EL DIVERSO 46, FRACCIÓN IV, PÁRRAFO SEGUNDO, DEL MISMO CÓDIGO.
El artículo 42, fracción II, del Código Fiscal de la Federación establece la facultad de las autoridades
fiscales para requerir al contribuyente la exhibición de su contabilidad, y si no lo hace de manera
oportuna el numeral 85, fracción I, sanciona la omisión con multa, para cuya imposición no es
necesario que transcurra el término de veinte días que establece el diverso 46, fracción IV,
segundo párrafo, dado que con ella no se castiga el incumplimiento de pago de contribuciones, o
sus obligaciones inherentes, para lo cual sí es menester dar oportunidad de desvirtuar los hechos
conocidos durante la visita, sino la contumacia de exhibir a los auditores la documentación
necesaria para practicarla, conducta que de persistir la entorpecería gravemente.
Amparo directo 347/2001. Estancia Infantil Ixchel, A.C. 15 de noviembre de 2001. Unanimidad de
votos. Ponente: Víctor Antonio Pescador Cano. Secretario: José Guerrero Durán.
Novena Época
Registro: 187824
Tesis Aislada
XV, Febrero de 2002
Tesis: I.7o.A.166 A
Página: 791
DEFINITIVIDAD. ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO DEBE AGOTARSE EL JUICIO DE NULIDAD,
CUANDO SE COMBATE EL ACTA DE VISITA DE VERIFICACIÓN Y LA RESOLUCIÓN QUE IMPONE UNA
SANCIÓN PECUNIARIA, EMITIDAS POR AUTORIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL
DISTRITO FEDERAL.
Conforme al artículo 108 de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, las
personas afectadas por actos y resoluciones de dichas autoridades pueden interponer el recurso
de inconformidad establecido en la propia ley, o bien, promover el juicio de nulidad en el Tribunal
de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal. Por su parte, el artículo 60 de la ley de ese
tribunal dispone que para obtener la suspensión de actos que impongan multas y determinen
créditos fiscales se requiere, para quien la solicite, garantizar el importe correspondiente en
alguna de las formas establecidas en el propio numeral. Los anteriores requisitos no son mayores a
los exigidos en el artículo 135 de la Ley de Amparo, en atención a que ese numeral prevé que en
caso de que el amparo se pida contra cobros de contribuciones, procede otorgar la medida
cautelar, la que surtirá efectos previo depósito que se haga de la cantidad que se cobre en la
oficina correspondiente. Así pues, en ambos casos se debe garantizar el monto de la multa o de la
contribución de que se trate. En consecuencia, en la hipótesis narrada no se actualiza la excepción
prevista en la fracción XV del artículo 73 de la Ley de Amparo y, por ello, previamente a la
promoción del juicio constitucional, debe agotarse el juicio de nulidad ante el Tribunal de lo
Contencioso Administrativo del Distrito Federal, con el fin de respetar el principio de definitividad
que rige al juicio constitucional.
Amparo en revisión 3367/2001. Gastronómica La Viña, S.A. de C.V. 12 de septiembre de 2001.
Novena Época
Registro: 188572
Tesis Aislada
XIV, Octubre de 2001
Página: 1143
MULTA FIJA. ES DE TAL NATURALEZA EL INCREMENTO DE LAS MULTAS IMPUESTAS CONFORME AL
ARTÍCULO 76 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN QUE DETERMINA EL DIVERSO ARTÍCULO 77,
FRACCIÓN I, INCISO C), VIGENTE EN EL AÑO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE.
La multa impuesta con base en el artículo 77, fracción I, inciso c), del Código Fiscal de la
Federación, vigente en el año de mil novecientos noventa y siete, al fijarse en una cantidad igual al
50% del importe de las contribuciones retenidas o recaudadas y no enteradas, cuando se incurra
en la agravante a que se refiere la fracción III del artículo 75 de ese código, reviste el carácter de
fija. Lo anterior es conforme con lo resuelto por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación, en el amparo en revisión número 1199/98, en sesión del día veinticuatro de noviembre de
mil novecientos noventa y ocho, en que se declaró que tal artículo es inconstitucional, porque el
aumento del 50% se calcula tomando en cuenta el importe de las contribuciones retenidas y no
enteradas, mas no el importe en sí de la multa impuesta por haber retenido y no enterado
contribuciones. Considerando las razones expuestas, este tribunal federal abandona el criterio
sostenido al resolver el recurso de revisión fiscal número 77/99, que dio lugar a la tesis III.2o.A.64
A, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo X,
noviembre de 1999, página 998, intitulada: "MULTAS AGRAVADAS A QUE ALUDE EL ARTÍCULO 77,
FRACCIÓN I, INCISO C), DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, VIGENTE EN EL AÑO DE MIL
NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO. PARA INCREMENTARLAS NO DEBE INTERPRETARSE EN FORMA
AISLADA, SINO EN CONCORDANCIA CON EL ARTÍCULO 76, FRACCIÓN II DEL PROPIO CÓDIGO
TRIBUTARIO FEDERAL, CUANDO AL ACTOR LE FUE IMPUESTA LA MULTA, A QUE ALUDE ESTE
ÚLTIMO NUMERAL, TOMANDO EN CUENTA LOS ELEMENTOS QUE SE REQUIEREN PARA SU
CUANTIFICACIÓN.".
Amparo directo 394/2000. Zulueta Hermanos, S.A. de C.V. 8 de junio de 2001. Unanimidad de
votos. Ponente: Tomás Gómez Verónica. Secretario: Miguel Rojas Sánchez.
Nota: Esta tesis se aparta del criterio sostenido por el propio tribunal, publicado en el Semanario
Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo X, noviembre de 1999, página 998.
Novena Época
Registro: 188854
Jurisprudencia
XIV, Septiembre de 2001
Tesis: XV.1o. J/8
Página: 1159
CRÉDITOS FISCALES, CANCELACIÓN. ES UNA FACULTAD DISCRECIONAL DE LA SECRETARÍA DE
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO (ARTÍCULO 14 DE LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL
EJERCICIO DE 1999).
El artículo 14 de la ley en cita, establece: "Se faculta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
para cancelar por incosteabilidad los créditos cuyo importe al 30 de junio de 1998, hubiera sido
inferior o igual al equivalente en moneda nacional a 2,500 unidades de inversión. La cancelación
de dichos créditos por única vez libera al contribuyente de su pago.". Así, de tal disposición se
advierte que no impone a la autoridad la obligación de cancelar la totalidad de las multas, pues lo
que contempla es una facultad discrecional, además de que por la naturaleza misma de la
condonación, en cuanto que recae sobre multas que han quedado firmes y que por tanto su
importe pertenece al erario público, es por lo que el Estado no puede disponer del mismo en
beneficio de los particulares, salvo los casos en que excepcionalmente se justifique; de ahí que el
citado numeral contemple aplicable dicha facultad únicamente cuando resulten incosteables los
créditos, por lo que si un contribuyente se ve favorecido con la cancelación de diversos créditos,
ello no puede interpretarse como un derecho absoluto del gobernado, sino como consecuencia
del ejercicio de la facultad discrecional de la autoridad, en los supuestos en que lo estime factible,
tomando en consideración el multicitado precepto legal.
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO QUINTO CIRCUITO.
Amparo directo 158/2001. Aram H. Hodoyan Navarro. 5 de abril de 2001. Unanimidad de votos.
Ponente: Miguel Ángel Morales Hernández. Secretaria: Migdalia Celaya Bejarano.
Ponente: Miguel Ángel Morales Hernández. Secretario: Sergio Javier Coss Trueba.
Ponente: Pedro Fernando Reyes Colín. Secretario: Ángel Rodríguez Rico.
Ponente: Pedro Fernando Reyes Colín. Secretaria: Karla Gisel Martínez Martínez.
Ponente: Miguel Ángel Morales Hernández. Secretario: Sergio Javier Coss Trueba.
Novena Época
Registro: 189047
Tesis Aislada
XIV, Agosto de 2001
Página: 241
MULTA FISCAL. LAS CONSIDERACIONES QUE EXPRESA O IMPLÍCITAMENTE SUSTENTAN SU
INDIVIDUALIZACIÓN, CUANDO SE IMPONE EL MONTO MÍNIMO DE LA PREVISTA EN EL ARTÍCULO
76, FRACCIÓN II, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, NO PRIVAN A LOS SANCIONADOS DE
DERECHO ALGUNO, POR LO QUE RESULTA INNECESARIO QUE SOBRE TAL CUESTIÓN SE OTORGUE
LA GARANTÍA DE AUDIENCIA.
Los gobernados a los que se les haya impuesto la sanción pecuniaria prevista en el referido
precepto por un monto equivalente al mínimo legal, es decir, el 70% de las contribuciones
omitidas, no resultan agraviados con la valoración que llevó a cabo la autoridad administrativa
para individualizar la multa, en virtud de que una vez acreditada la comisión de la respectiva
conducta infractora se hacen merecedores a la sanción correspondiente, cuando menos en ese
monto, por lo que si dentro de su esfera jurídica no pueden ser sancionados con una multa
inferior, la valoración correspondiente, en sí misma considerada, no los priva de prerrogativa
alguna, ya que la privación tendrá su origen, en la propia resolución, en la medida en que concluya
sobre la existencia de la conducta infractora, de ahí que resulte innecesario que respecto de tal
cuestión se les otorgue la garantía de audiencia.
Novena Época
Registro: 189046
Tesis Aislada
XIV, Agosto de 2001
Página: 242
MULTA FISCAL MÍNIMA. SI BIEN SU FALTA DE MOTIVACIÓN EN CUANTO AL MONTO DE LA
CUANTÍA IMPUESTA NO AMERITA LA CONCESIÓN DEL AMPARO, ELLO NO IMPLICA QUE LA
AUTORIDAD RESPECTIVA SE ABSTENGA DE VALORAR LAS CIRCUNSTANCIAS QUE PERMITEN
INDIVIDUALIZAR LA SANCIÓN.
Si bien es cierto que conforme al criterio sostenido por esta Segunda Sala de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia 2a./J. 127/99, visible en la página 219 del Tomo
X del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a diciembre de 1999, la
circunstancia de que la autoridad administrativa no exprese los motivos que la llevaron a imponer
el monto mínimo por el que puede establecerse una sanción pecuniaria, no puede considerarse
como un vicio formal que amerite la concesión del amparo por transgresión a la garantía de
seguridad jurídica prevista en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, dado que una vez acreditada la existencia de la conducta infractora el monto de
aquélla no podrá ser inferior, también lo es que tal criterio no implica que las autoridades
administrativas, cuando impongan una sanción pecuniaria por el monto mínimo que la ley prevé,
puedan abstenerse de valorar las circunstancias de hecho que permiten individualizar la multa
respectiva. Lo anterior es así, porque en caso de que la sanción se imponga por ese monto, tal
conclusión deberá tener su origen, necesariamente, en el hecho de que se advierta la inexistencia
de agravantes que justifiquen una sanción más elevada.
Nota: La tesis de jurisprudencia 2a./J. 127/99 citada, aparece publicada con el rubro: "MULTA
FISCAL MÍNIMA. LA CIRCUNSTANCIA DE QUE NO SE MOTIVE SU IMPOSICIÓN, NO AMERITA LA
CONCESIÓN DEL AMPARO POR VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL.".
Novena Época
Registro: 189044
Tesis Aislada
XIV, Agosto de 2001
Tesis: 2a. CXLIX/2001
Página: 244
MULTAS FIJAS. EL ARTÍCULO 239-B, FRACCIÓN III, SEGUNDO PÁRRAFO, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA
FEDERACIÓN, QUE LAS AUTORIZA, ES VIOLATORIO DEL ARTÍCULO 22 CONSTITUCIONAL
(LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA ANTES DE LA REFORMA PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA
FEDERACIÓN EL TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DE DOS MIL).
Si se toma en consideración que conforme al criterio sostenido por el Pleno de la Suprema Corte
de Justicia de la Nación en la tesis de jurisprudencia P./J. 10/95, publicada en el Semanario Judicial
de la Federación y su Gaceta, Tomo II, julio de 1995, página 19, las leyes que prevén multas fijas,
son contrarias al artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al
propiciar excesos autoritarios, resulta inconcuso que el artículo 239-B, fracción III, segundo
párrafo, del Código Fiscal de la Federación, que establece que cuando los funcionarios obligados
omitan totalmente el cumplimiento de la sentencia o incurran en la repetición de una resolución
anulada por las Salas Fiscales, se les sancionará con una multa equivalente a quince días de su
salario, transgrede el referido precepto constitucional. Ello es así, en razón de que la proporción
fija que se prevé en el artículo primeramente citado no da oportunidad a quien la impone, de
individualizar la sanción que corresponda en cada caso concreto, mediante una adecuada
valoración de todas las circunstancias que concurran, como pueden ser: a) la capacidad económica
del infractor, pues no todos los funcionarios perciben un mismo salario; b) la gravedad o levedad
de la falta, ya que ésta puede ser una omisión total o la repetición de la resolución anulada, que
además, atendiendo al grado de preparación del infractor, puede considerarse cometida en forma
deliberada, o bien, por un simple error de apreciación; c) la reincidencia o no de quien la cometió;
y, d) cualquier otra, como puede ser el monto del negocio, el ostensible ánimo adverso respecto
de alguna persona en particular o un grupo determinado de causantes, así como la manifiesta
actitud de no acatar lo ordenado por las Salas del Tribunal Fiscal.
Amparo en revisión 119/2001. José Guzmán Montalvo. 27 de abril de 2001. Unanimidad de cuatro
votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Pablo
Rabanal Arroyo.
Amparo en revisión 1215/2000. Josefina del Orbe Valdivieso. 15 de junio de 2001. Cinco votos.
Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán. Secretario: Emmanuel Rosales Guerrero.
Nota: La tesis de jurisprudencia P./J. 10/95 citada, aparece publicada con el rubro: "MULTAS FIJAS.
LAS LEYES QUE LAS ESTABLECEN SON INCONSTITUCIONALES.".
Novena Época
Registro: 189043
Tesis Aislada
XIV, Agosto de 2001
Página: 1364
MULTAS FISCALES. LA APLICACIÓN DE NORMAS QUE ENTRARON EN VIGOR CON POSTERIORIDAD
AL HECHO, POR CONTEMPLAR HIPÓTESIS MÁS BENÉFICAS, VIOLA EL PRINCIPIO DE
IRRETROACTIVIDAD DE LA LEY CUANDO SE LESIONA EL DERECHO DE DEFENSA, ADQUIRIDO BAJO
EL AMPARO DE UNA LEY ANTERIOR, PARA IMPUGNAR ÉSTA POR PREVER UNA MULTA
CUANTIFICADA EN MONTO FIJO.
Es cierto que la aplicación en forma retroactiva de normas relativas a multas fiscales, que beneficie
al particular, se apega a lo dispuesto por el artículo 14 constitucional, según lo estableció la
jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación número 303, visible
en la página número trescientos veintiuno del Tomo III, Materia Administrativa, del Apéndice al
Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, de rubro: "MULTAS FISCALES. DEBEN APLICARSE
EN FORMA RETROACTIVA LAS NORMAS QUE RESULTEN BENÉFICAS AL PARTICULAR.". Sin
embargo, cuando al particular se le aplica la norma que establece una sanción menor,
sosteniéndose que tal aplicación es en su beneficio porque la establecida en la ley anterior,
vigente cuando aconteció el hecho, que disponía una multa fija, era superior a la actual, debe
convenirse en que se viola en su perjuicio la garantía de irretroactividad de las normas, en tanto
que se le lesiona el derecho de defensa, adquirido bajo el amparo de una ley anterior, para
impugnar el precepto legal vigente en la fecha en que acontecieron los hechos, por contemplar
una multa cuantificada en monto fijo.
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO.
Amparo directo 42/2001. La Casa Wagner de Guadalajara, S.A. de C.V. 3 de abril de 2001.
Unanimidad de votos. Ponente: Jorge Alfonso Álvarez Escoto. Secretario: Joel Fernando Tinajero
Jiménez.
Novena Época
Registro: 189042
Tesis Aislada
XIV, Agosto de 2001
Página: 1365
MULTAS FISCALES QUE FLUCTÚAN ENTRE UN MÍNIMO Y UN MÁXIMO. NO SON VIOLATORIAS DE
GARANTÍAS CUANDO EL LÍMITE NO SE HAYA ESTABLECIDO EN CANTIDAD ÍNFIMA.
Se debe considerar como de orden público y de interés social regular el debido cumplimiento de la
obligación ciudadana de contribuir de manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes,
conforme a lo dispuesto por el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, pues de no ser así, se permitiría la evasión de las aportaciones requeridas para
que el Estado cuente con recursos suficientes para la satisfacción de los servicios públicos. Las
multas constituyen uno de los medios con los que cuenta la autoridad para disuadir al
contribuyente de incurrir en conductas de omisión a las obligaciones fiscales, medida que además
tiene como efecto constituirse en ejemplar para el causante incumplido. Por consiguiente, la
pretensión de que el límite inferior del parámetro de mínimo a máximo de la multa deba ser en
cantidad irrisoria propiciaría impedir cristalizar el objetivo teleológico esencial de la sanción
pecuniaria, puesto que se anularía el propósito de disuasión y ejemplaridad para el causante que
incumple un importante deber ciudadano. De ahí que se deba estimar acertado que el legislador
establezca un límite inferior de sanción en un monto que provoque un impacto tal que haga
conciencia de lo delicado del incumplimiento, así sea en el caso más atenuado.
Amparo directo 326/2000. Embotelladora Aga de México, S.A. de C.V. 5 de abril de 2001.
Unanimidad de votos. Ponente: Tomás Gómez Verónica. Secretario: Gustavo de León Márquez.
Novena Época
Registro: 189335
Jurisprudencia
XIV, Julio de 2001
Página: 962
CONCEPTOS DE NULIDAD DEL ACTO O ACTOS IMPUGNADOS, ESTUDIO DE LOS. EXCEPCIÓN A LO
DISPUESTO EN EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 237 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN.
En el numeral citado se encuentra contenido el principio de exhaustividad de las sentencias en
materia tributaria, el cual impone a las Salas del Tribunal Fiscal de la Federación la obligación de
examinar todos y cada uno de los puntos controvertidos del acto impugnado, iniciando por
aquellos que puedan llevar a declarar la nulidad lisa y llana, y después por los que se refieran a la
omisión de requisitos formales o vicios del procedimiento en su caso. Ahora bien, cuando la Sala
Fiscal declara la nulidad del acto impugnado consistente en una resolución determinante de un
crédito fiscal por diversos conceptos, como pueden ser la omisión en el pago de distintos
impuestos, su actualización, recargos y multas, para los efectos previstos en la última parte de la
fracción III del artículo 239 del Código Fiscal de la Federación, esto es, para que se anule la
resolución impugnada así como el procedimiento de fiscalización que le dio origen, a partir de que
se cometió la violación formal analizada en la sentencia, sin perjuicio de que si así lo estima
conveniente y se encuentre en posibilidad de hacerlo, la autoridad exactora continúe con el
procedimiento de fiscalización, se da la excepción a la norma citada y es innecesario el examen de
los conceptos de nulidad de fondo que pudieran dar origen a la declaratoria de nulidad lisa y llana
de la resolución impugnada, sólo por cuanto hace a una parte de la misma, como pudiera ser, por
ejemplo, la multa de fondo impuesta, toda vez que en ese supuesto, la autoridad demandada
puede ejercer nuevamente sus facultades fiscalizadoras por cuanto hace a los restantes conceptos
por los que se determinó el crédito fiscal, pues a diferencia de lo que sucede cuando se declara la
nulidad para efectos del acto o actos impugnados, en donde la Sala Fiscal actúa como tribunal de
plena jurisdicción indicando a la autoridad hacendaria la forma en que debe actuar nuevamente
respetando las garantías del gobernado, en este caso, no es posible determinar si la multa de
fondo se va a volver a aplicar a la contribuyente por tratarse de facultades discrecionales y haber
actuado la Sala Fiscal como un tribunal de mera anulación, dejando al arbitrio de las autoridades
demandadas decidir si ejercen o no sus facultades discrecionales, continuando con el
procedimiento de fiscalización, en donde el contribuyente estaría en aptitud de ejercer
plenamente su derecho de defensa impidiendo que se vuelva a aplicar la citada multa de fondo y
los demás conceptos determinantes del crédito fiscal; por lo tanto, al desconocerse si va a existir
una nueva resolución liquidatoria en perjuicio del contribuyente, en este caso se hace innecesario
el estudio de los conceptos de anulación de fondo relacionados sólo en parte del acto impugnado,
el cual quedó invalidado en los términos de la nulidad declarada por la Sala Fiscal.
Amparo directo 92/2000. Nacional de Focos, S.A. de C.V. 23 de noviembre de 2000. Unanimidad
de votos. Ponente: Francisco Javier Cárdenas Ramírez. Secretario: Gerardo Manuel Villar Castillo.
Amparo directo 163/2000. Elsa María Garza Ablanedo. 5 de abril de 2001. Unanimidad de votos.
Ponente: José Alberto Arriaga Farías, secretario de tribunal autorizado por la Comisión de Carrera
Judicial del Consejo de la Judicatura Federal para desempeñar las funciones de Magistrado.
Secretario: Sergio Armando Ruz Andrade.
Revisión fiscal 303/2000. Subadministrador de lo Contencioso "2" de la Administración Local
Jurídica de Ingresos de Puebla. 9 de mayo de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: Jorge Higuera
Corona. Secretaria: Sandra Carolina Arellano González.
Corona. Secretaria: Isabel Iliana Reyes Muñiz.
Corona. Secretaria: Mayra González Solís.
Nota: Por ejecutoria de fecha 26 de marzo de 2004, la Segunda Sala declaró inexistente la
contradicción de tesis 136/2003-SS en que participó el presente criterio.
Novena Época
Registro: 189741
Tesis Aislada
XIII, Mayo de 2001
Página: 1121
DATOS E INFORMES QUE EXIJAN LAS AUTORIDADES FISCALES EN EL EJERCICIO DE SUS
FACULTADES, CONFORME AL ARTÍCULO 53, INCISO B), DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. SU
PRESENTACIÓN EN FORMA EXTEMPORÁNEA NO ES SANCIONABLE.
En los casos en que el contribuyente presente la documentación que le fue requerida por las
autoridades fiscales fuera del término o plazo a que se refiere el artículo 53, inciso b), del Código
Fiscal de la Federación, y no haya sido multado, no conduce a tener por incumplido el
requerimiento relativo, lisa y llanamente, toda vez que el artículo 85, fracción I, del código
tributario federal, no prevé la presentación extemporánea de los datos e informes que requieran
las autoridades fiscales en el ejercicio de sus facultades de comprobación, sino la falta de
presentación de estos documentos; por tanto, tampoco es procedente la imposición de la sanción
a que se refiere el diverso numeral 86, fracción I, del referido ordenamiento jurídico.
Revisión fiscal 261/2000. Administradora Local Jurídica de Ingresos de Guadalajara Sur, en
representación del Secretario de Hacienda y Crédito Público y otras autoridades. 7 de marzo de
2001. Unanimidad de votos. Ponente: Luis Francisco González Torres. Secretario: Antonio Luis
Betancourt Sánchez.
Nota: Esta tesis contendió en la contradicción 23/2006-PL resuelta por la Segunda Sala, de la que
su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIV, diciembre de 2006, página 200, con el rubro: "INFRACCIÓN
FISCAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 85, FRACCIÓN I, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. SE
ACTUALIZA POR EL CUMPLIMIENTO EXTEMPORÁNEO DEL REQUERIMIENTO DE LA AUTORIDAD
TRIBUTARIA, AUNQUE SE DÉ ANTES DE LA IMPOSICIÓN DE LA MULTA CORRESPONDIENTE, SIN
PERJUICIO DE QUE EL TIEMPO DE RETRASO EN DICHO CUMPLIMIENTO SE TOME EN CUENTA PARA
CUANTIFICAR SU MONTO."
Novena Época
Registro: 190045
Tesis Aislada
XIII, Abril de 2001
Tesis: VII.1o.A.T.38 A
Página: 1026
ADMINISTRACIÓN LOCAL DE RECAUDACIÓN DE XALAPA. TIENE FACULTADES PARA DETERMINAR
LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DE LAS COMPENSACIONES REALIZADAS POR EL
CONTRIBUYENTE, SIN CONSTREÑIRSE A VERIFICAR ARITMÉTICAMENTE EL SALDO A FAVOR A
COMPENSAR.
De lo dispuesto en el artículo 41, apartado A, del Reglamento Interior del Servicio de
Administración Tributaria en vigor en el año dos mil, se desprende que la autoridad fiscal
denominada Administración Local de Recaudación de Xalapa, cuenta con facultades de
comprobación del cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de compensaciones, pues en
términos del artículo 23 del Código Fiscal de la Federación, su actividad comprende no sólo el
chequeo numérico, sino la aplicación de disposiciones tributarias tendentes a acreditar el debido
cumplimiento de obligaciones fiscales a cargo de los contribuyentes, ya que si bien, en la fracción
XV de dicho precepto y apartado, no se señala en forma textual que las Administraciones Locales
de Recaudación podrán determinar la procedencia o improcedencia de las compensaciones
propuestas y, en su caso, determinar créditos fiscales, la conclusión a la que se arriba no contraría
el sistema de facultades expresas que impera en el régimen jurídico mexicano, pues las normas
jurídicas deben interpretarse en forma armónica con el afán de desentrañar su esencia, de tal
manera que si el legislador confirió en forma expresa a dichas unidades administrativas la facultad
de verificar aritméticamente el saldo a favor a compensar, determinar y cobrar las cantidades
compensadas indebidamente y, en su caso, imponer las multas correspondientes, es evidente que
dentro de dicha concesión se incluyen las que, aunque no se mencionan en forma expresa,
resultan inherentes o necesarias para hacer cumplir aquéllas, esto es, para que las unidades
administrativas de que se trata puedan ejercer de modo efectivo las facultades que les otorgan las
disposiciones legales o reglamentarias aplicables.
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO DEL SÉPTIMO
CIRCUITO.
Revisión fiscal 60/2000. Secretaría de Hacienda y Crédito Público y otras. 12 de diciembre de 2000.
Unanimidad de votos. Ponente: Graciela Guadalupe Alejo Luna. Secretaria: Eva Elena Martínez de
la Vega.
Véase: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IX, mayo de 1999,
página 421, tesis 2a./J. 44/99, de rubro: "COMPENSACIONES. LAS ADMINISTRACIONES LOCALES DE
RECAUDACIÓN TIENEN FACULTADES DE COMPROBACIÓN EN ESA MATERIA (REGLAMENTO
INTERIOR DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE
LA FEDERACIÓN EL DÍA TREINTA DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE, EN VIGOR A
PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE).".
Novena Época
Registro: 190346
Jurisprudencia
XIII, Febrero de 2001
Tesis: 2a./J. 3/2001
Página: 110
AMPARO. LA PERSONA FÍSICA O TITULAR QUE ACTUANDO COMO AUTORIDAD FUE MULTADA POR
EL TRIBUNAL FISCAL DE LA FEDERACIÓN (ACTUALMENTE TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y
ADMINISTRATIVA), ESTÁ LEGITIMADA PARA PROMOVER EL JUICIO CORRESPONDIENTE.
El artículo 239-B del Código Fiscal de la Federación, en sus fracciones III y V, establece que las Salas
del Tribunal Fiscal de la Federación, al resolver el recurso de queja, si estiman que se incurrió en
omisión total en el cumplimiento de la sentencia o en repetición de la resolución anulada, deberán
imponer al funcionario responsable una multa equivalente a quince días de su salario. Por tanto,
independientemente de que la Sala respectiva, al imponer la multa referida, lo haga mencionando
el nombre del funcionario responsable de la omisión total o de la repetición aludidas, o bien,
refiriéndose al titular de la dirección o dependencia del gobierno o del organismo descentralizado,
se entiende que aquélla se impone a la persona física o funcionario que en su actuar como
autoridad omite totalmente cumplir con la sentencia o repite la resolución anulada en la
sentencia, y no a la dirección, dependencia u organismo descentralizado. Tan es así que esa multa
se impone en el equivalente a quince días del salario del funcionario responsable, quien debe
cubrirla con su peculio y no con el presupuesto de la dirección o dependencia del gobierno o con
el patrimonio del organismo descentralizado. En consecuencia, como la multa así impuesta es
susceptible de violar los derechos fundamentales de la persona física mencionada, afectando su
esfera jurídica, se concluye que tal persona, por derecho propio, está legitimada para promover el
juicio de amparo.
Contradicción de tesis 89/2000-SS. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Séptimo y
Décimo en Materia Administrativa del Primer Circuito. 12 de enero de 2001. Cinco votos. Ponente:
Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: María Estela Ferrer Mac Gregor Poisot.
privada del diecinueve de enero de dos mil uno.
Novena Época
Registro: 190345
Jurisprudencia
Tesis: 2a./J. 4/2001
Página: 124
APERCIBIMIENTO GENÉRICO CONTENIDO EN UNA ORDEN DE VISITA. VIOLA LA GARANTÍA DE
LEGALIDAD, EN ESTE ASPECTO, LO QUE PRODUCE LA NULIDAD DE LA MULTA IMPUESTA, SIN
AFECTAR POR ESE MOTIVO LA VALIDEZ DE DICHA ORDEN Y DE SUS CONSECUENCIAS.
El apercibimiento genérico contenido en una orden de visita, para el supuesto de que el
contribuyente se oponga a la auditoría, la entorpezca o no proporcione la información o la
documentación solicitadas, en el sentido de que "se le impondrán las sanciones que procedan de
conformidad con el Código Fiscal de la Federación" no cumple con los presupuestos de
fundamentación y motivación; en consecuencia, si la autoridad hacendaria decide sancionar al
visitado, con base, únicamente, en el requerimiento efectuado en la orden de auditoría, dicha
sanción carece de sustento, toda vez que el requerimiento genérico en el que se apoya, constituye
un acto de autoridad (porque constriñe al gobernado a cumplir con un mandato), que infringe la
garantía de legalidad prevista en el primer párrafo del artículo 16 constitucional, en la medida en
que la autoridad no le previno ni le hizo saber al particular, cuál era el precepto o los artículos
específicos del Código Fiscal de la Federación que regulan las consecuencias o sanciones aplicables
en el caso de desobediencia o incumplimiento a lo requerido, sin que por tal motivo resulte ilegal
la propia orden en sus demás aspectos ni por lo mismo la práctica y las consecuencias de la visita
domiciliaria.
Octavo Circuito y los Tribunales Colegiados Segundo del Octavo Circuito y Tercero en Materia
Administrativa del Primer Circuito. 8 de diciembre del año 2000. Cinco votos. Ponente: Sergio
Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: Alma Delia Aguilar Chávez Nava.
privada del veintiséis de enero de dos mil uno.
Novena Época
Registro: 190476
Tesis Aislada
XIII, Enero de 2001
Tesis: XIV.2o.48 A
Página: 1693
COMPETENCIA. PARA QUE SE SURTA EN FAVOR DE LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL FISCAL DE LA
FEDERACIÓN, TRATÁNDOSE DE CUOTAS COMPENSATORIAS, ES NECESARIO AGOTAR EL RECURSO
ADMINISTRATIVO DE REVOCACIÓN Y QUE EN ÉSTE SE HAYA IMPUGNADO LA DETERMINACIÓN
DEFINITIVA O APLICACIÓN DE AQUÉLLAS.
El artículo 20, fracción I, inciso a), de la Ley Orgánica del Tribunal Fiscal de la Federación, en vigor a
partir del primero de enero de mil novecientos noventa y seis, dispone que compete a las
secciones de la Sala Superior resolver los casos que traten las materias señaladas en el artículo 94
de la Ley de Comercio Exterior, el cual establece en su fracción V, que el recurso administrativo de
revocación podrá ser interpuesto contra las resoluciones que determinen cuotas compensatorias
definitivas o los actos que las apliquen; por su parte el diverso 95, segundo párrafo del mismo
ordenamiento jurídico dispone que dicho recurso se tramitará y resolverá conforme a lo dispuesto
por el Código Fiscal de la Federación, y que es necesario agotarlo para la procedencia del juicio
ante la Sala Superior del Tribunal Fiscal de la Federación; en tanto que el artículo 132 del referido
ordenamiento señala que no se podrán revocar o modificar los actos administrativos en la parte
no impugnada por el recurrente. De la interpretación sistemática de los preceptos aludidos se
entiende que para que se surta la competencia de la Sala Superior del Tribunal Fiscal de la
Federación, en materia de determinación y aplicación de cuotas compensatorias, es necesario que
se trate de un juicio instaurado en contra de una resolución recaída a un recurso de revocación,
cuya materia de controversia haya sido la determinación por parte de la Secretaría de Comercio y
Fomento Industrial, o aplicación por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de cuotas
compensatorias. Por ello, si los motivos de agravio expuestos por la recurrente al interponer el
recurso, fundamentalmente controvierten la ilegalidad del procedimiento de investigación llevado
a cabo por la autoridad hacendaria, a través de una visita domiciliaria de carácter aduanal, cuyos
resultados sirvieron de base para emitir los créditos fiscales, así como la legalidad de las multas,
sin que exista impugnación directa o argumentos tendientes a desvirtuar la determinación
definitiva o aplicación de cuotas compensatorias, debe entenderse que no se agotó el recurso de
revocación por estos actos y en consecuencia no es factible que se dé la competencia de la Sala
Superior del Tribunal Fiscal de la Federación para resolver el juicio.
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO CUARTO CIRCUITO.
Amparo directo 589/99. El Gran Samurai, S.A. de C.V. 26 de mayo de 2000. Unanimidad de votos.
Ponente: Luisa García Romero. Secretario: Alfonso Gabriel García Lanz.
Novena Época
Registro: 190417
Tesis Aislada
XIII, Enero de 2001
Tesis: XV.2o.20 A
Página: 1755
NULIDAD LISA Y LLANA. PROCEDE DECRETARLA, CUANDO LA RESOLUCIÓN QUE PONE FIN AL
RECURSO DE REVOCACIÓN SE CUMPLIMENTA FUERA DEL PLAZO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO
133 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN.
El cumplimiento de la sentencia dictada en la revocación que declara insubsistente una resolución
administrativa, debe sujetarse al plazo perentorio de cuatro meses conforme al artículo 133 del
Código Fiscal de la Federación, so pena de su nulidad lisa y llana, cuando se haga valer el juicio
correspondiente por el particular afectado, sin que ello pugne con el criterio jurisprudencial
número 2a./J. 41/2000, sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación, al resolver la contradicción de tesis 86/99-SS, publicada en las páginas 226 y 227, del
Tomo XI, mayo de 2000, Pleno y Salas, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su
Gaceta, bajo el rubro: "SENTENCIA DE NULIDAD FISCAL PARA EFECTOS. EL CUMPLIMIENTO FUERA
DEL TÉRMINO LEGAL DE CUATRO MESES PREVISTO EN EL ARTÍCULO 239, ANTEPENÚLTIMO
PÁRRAFO, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, NO OCASIONA LA ILEGALIDAD DE LA
RESOLUCIÓN DICTADA POR LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA EN ACATAMIENTO DE ELLA.", toda
vez que tal criterio deriva de un supuesto distinto, previsto en el artículo 239 del Código Fiscal de
la Federación, que no es el mismo que contempla el numeral 133 del propio ordenamiento legal,
aplicable al caso concreto, pues aun cuando la redacción de los preceptos en cita resulta muy
similar e incluso parecen una reproducción literal, cada uno se refiere a situaciones distintas, con
consecuencias también diferentes, pues el artículo 239 se refiere a los efectos de las sentencias
definitivas dictadas por el Tribunal Fiscal de la Federación dentro del procedimiento contencioso
administrativo o juicio de nulidad, especificando en su antepenúltimo párrafo que: "Si la sentencia
obliga a la autoridad a realizar un determinado acto o iniciar un procedimiento, deberá cumplirse
en un plazo de cuatro meses contados a partir de que la sentencia quede firme. Dentro del mismo
término deberá emitir la resolución definitiva, aun cuando hayan transcurrido los plazos señalados
en los artículos 46-A y 67 de este código.", y cuando la autoridad incumpla con el plazo perentorio
de referencia, el artículo 239-B, del propio código, prevé el recurso de queja, y en caso de
declararse procedente por omisión total de cumplimiento, se concederán al funcionario
responsable veinte días para que dé cumplimiento al fallo, procediendo también a imponerle una
multa equivalente a quince días de su salario y a notificar a su superior para que proceda
jerárquicamente. Ahora bien, el artículo 133 del ordenamiento legal en cita, se refiere a los efectos
de las resoluciones que ponen fin al recurso de revocación, determinando expresamente que: "Si
la resolución ordena realizar un determinado acto o iniciar la reposición del procedimiento,
deberá cumplirse en un plazo de cuatro meses, contados a partir de la fecha en que dicha
resolución se encuentre firme, aun cuando hayan transcurrido los plazos que señalan los artículos
46-A y 67 de este código."; sin que al efecto se prevea recurso alguno para el particular, en caso de
que la autoridad incumpla con el plazo perentorio de mérito, ya que en contra del incumplimiento
de la resolución recaída en la revocación no procede el recurso de queja, pues del dispositivo que
regula su trámite se desprende que dicho medio de impugnación procede por una sola vez, contra
sentencias definitivas dictadas por la Sala del Tribunal Fiscal de la Federación que hubiere dictado
la sentencia cuyo incumplimiento se impugna, lo que no resulta aplicable tratándose de las
resoluciones relativas al recurso de revocación; y sin que, por otra parte, proceda el juicio de
amparo, pues de promover tal medio de impugnación teniendo expedito el juicio de nulidad, se
incumpliría con el principio de definitividad y por tanto el aludido juicio de garantías sería
improcedente.
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO QUINTO CIRCUITO.
Revisión fiscal 25/2000. Secretario de Hacienda y Crédito Público. 26 de octubre de 2000.
Unanimidad de votos. Ponente: Jorge Martínez Aragón. Secretaria: Magaly Herrera Olaiz.
Notas:
Por ejecutoria de fecha 12 de abril de 2002, la Segunda Sala, declaró inexistente la contradicción
de tesis 7/2002-SS en que participó el presente criterio.
Por ejecutoria de fecha 26 de abril de 2002, la Segunda Sala, declaró inexistente la contradicción
de tesis 26/2002-SS en que participó el presente criterio.
Esta tesis contendió en la contradicción 100/2002-SS resuelta por la Segunda Sala, de la que derivó
la tesis 2a./J. 8/2003, que aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta,
Novena Época, Tomo XVII, febrero de 2003, página 277, con el rubro: "REVOCACIÓN. EL
CUMPLIMIENTO EXTEMPORÁNEO DE LO DETERMINADO EN ESE RECURSO, NO PUEDE LLEVAR,
POR ESTA ÚNICA CIRCUNSTANCIA, A SOSTENER LA INVALIDEZ DE LOS ACTOS QUE EMITAN LAS
AUTORIDADES FISCALES EN ACATAMIENTO DE AQUÉL."
Novena Época
Registro: 190890
Jurisprudencia
XII, Noviembre de 2000
Tesis: II.1o.A. J/16
Página: 826
FORMULARIOS MÚLTIPLES DE PAGO. ES IMPROCEDENTE EN SU CONTRA EL JUICIO DE NULIDAD
PORQUE NO CONSTITUYEN RESOLUCIONES DEFINITIVAS.
Los formularios múltiples de pago al tener por objeto exclusivamente dar a conocer a los
contribuyentes la composición de adeudos a su cargo, con base en el Programa de Apoyo a
Deudores del Fisco, es evidente que no constituyen resoluciones definitivas de las precisadas en el
artículo 11 de la Ley Orgánica del Tribunal Fiscal de la Federación, toda vez que no contienen una
obligación de hacer, en la que se estuviera determinando un crédito fiscal, dando las bases para su
liquidación, o en su caso negando una devolución o imponiendo una multa; por consiguiente, no
afectan el interés jurídico del accionante en el juicio de nulidad.
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEGUNDO CIRCUITO.
Amparo directo 64/98. María García Venegas. 5 de marzo de 1998. Unanimidad de votos.
Ponente: Manuel Baraibar Constantino. Secretaria: Sara Olimpia Reyes García.
Revisión fiscal 217/98. Administrador Local Jurídico de Ingresos de Naucalpan, en representación
del Secretario de Hacienda y Crédito Público y otras. 8 de octubre de 1998. Unanimidad de votos.
Ponente: Darío Carlos Contreras Reyes. Secretaria: América Elizabeth Trejo de la Luz.
Amparo directo 43/99. Surtind, S.A. de C.V. 6 de mayo de 1999. Unanimidad de votos. Ponente:
Darío Carlos Contreras Reyes. Secretaria: América Elizabeth Trejo de la Luz.
Amparo directo 191/99. Negociación Alvi, S.A. de C.V. 17 de junio de 1999. Unanimidad de votos.
Ponente: Darío Carlos Contreras Reyes. Secretaria: América Elizabeth Trejo de la Luz.
Amparo directo 523/99. Internacional Hosiery de México, S.A. de C.V. 3 de febrero de 2000.
Unanimidad de votos. Ponente: Manuel Baraibar Constantino. Secretaria: Sara Olimpia Reyes
García.
Novena Época
Registro: 191055
Jurisprudencia
XII, Octubre de 2000
Materia(s): Penal
Tesis: XIX.1o. J/13
Página: 1126
CONDENA CONDICIONAL, PROCEDENCIA DE LA. DELITOS FISCALES.
Una interpretación armónica de los artículos 101, 94 y 17-A del Código Fiscal de la Federación en
relación con el 45 de la Ley Aduanera, permite establecer que, tratándose de delitos fiscales, para
que proceda la condena condicional es necesario justificar, además de los requisitos señalados en
el artículo 90 del Código Penal Federal, que los adeudos fiscales estén cubiertos o garantizados a
satisfacción de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; por lo que los Jueces Federales no
pueden sustituirse a la opinión de dicha dependencia del Ejecutivo que es la única facultada para
ello e incluso para otorgar el perdón al inculpado. Lo anterior es así porque, en estos casos, no
procede la condena a la reparación del daño ni tampoco la imposición de multas, lo que queda
bajo el resorte competencial de las autoridades exactoras (artículo 94), quienes en términos del
diverso 17-A ya citado, están facultadas para determinar el monto de las contribuciones omitidas,
los recargos y las sanciones administrativas correspondientes, tomando en cuenta el tiempo
transcurrido y los cambios de precios que hubiere sufrido la mercancía en el país de acuerdo con
el procedimiento allí detallado; por lo que no basta que la mercadería secuestrada quede afecta
directamente al cumplimiento de las obligaciones y créditos fiscales, para considerar que ha
quedado cubierto el interés fiscal, pues se reitera que es necesario calcular el importe de cada uno
de los conceptos regulados por el artículo 94 del Código Fiscal de la Federación; lo que de ninguna
manera podrían hacer los Jueces Federales por carecer de competencia para ello. De sostener el
criterio del promovente, llevándolo al absurdo, tendría que aceptarse que los Jueces Federales
también estarían facultados para fijar las multas que procedan y condenar a la reparación del daño
causado al Estado, previa cuantificación de éste.
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO NOVENO CIRCUITO.
Amparo directo 1005/97. 22 de abril de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Aurelio Sánchez
Cárdenas. Secretario: Javier Valdez Perales.
Amparo directo 20/98. 26 de agosto de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Aurelio Sánchez
Cárdenas. Secretario: Santiago Gallardo Lerma.
Amparo directo 85/98. 26 de agosto de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Aurelio Sánchez
Cárdenas. Secretario: Santiago Gallardo Lerma.
Amparo directo 556/98. 6 de noviembre de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Aurelio Sánchez
Cárdenas. Secretario: Javier Valdez Perales.
Amparo directo 832/98. 13 de octubre de 1999. Unanimidad de votos. Ponente: Alfredo Gómez
Molina. Secretario: Pedro Gutiérrez Muñoz.
Nota: Esta tesis contendió en la contradicción 40/99-PS resuelta por la Primera Sala, de la que
Gaceta, Novena Época, Tomo XV, abril de 2002, página 195, con el rubro: "DELITOS FISCALES.
PARA LA PROCEDENCIA DE LA SUSTITUCIÓN Y CONMUTACIÓN DE SANCIONES O CUALQUIER OTRO
BENEFICIO A LOS SENTENCIADOS POR AQUELLOS ILÍCITOS, SE REQUIERE LA MANIFESTACIÓN DE LA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO DE QUE EL INTERÉS FISCAL SE ENCUENTRA
GARANTIZADO."
Novena Época
Registro: 191697
Instancia: Pleno
Tesis Aislada
XI, Junio de 2000
Tesis: P. LXXXII/2000
Página: 20
CONDONACIÓN DE MULTAS FISCALES. LAS RESOLUCIONES RECAÍDAS A LAS SOLICITUDES
RELATIVAS, SON IMPUGNABLES A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO.
Si bien la condonación de multas a que se refiere el artículo 74 del Código Fiscal de la Federación,
no es un derecho que sea susceptible de exigirse coactivamente por el solicitante, sino un
beneficio concedido por la autoridad hacendaria consistente en la remisión parcial o total de la
multa fiscal impuesta al particular, en atención a las específicas circunstancias de cada caso y a las
causas que originaron la imposición de la sanción, ello no impide que la resolución recaída a la
solicitud de condonación pueda ser impugnada a través del juicio de amparo, porque será a través
de este medio extraordinario de defensa como se determinará si la apreciación de los hechos
realizada por la autoridad se ajusta a las reglas de la lógica y la razón, mediante el análisis de los
motivos y fundamentos expresados como sustento de su decisión, máxime que el referido artículo
dispone que la resolución recaída a tal solicitud de condonación no puede impugnarse a través de
los medios de defensa establecidos en dicho ordenamiento.
Amparo en revisión 973/97. Lotes, S.A. de C.V. 18 de noviembre de 1997. Unanimidad de diez
votos. Ausente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Ponente: Mariano Azuela Güitrón.
Secretario: Humberto Suárez Camacho.
Amparo en revisión 1034/97. Inversiones Lomas, S.A. 4 de noviembre de 1999. Unanimidad de
ocho votos. Ausentes: Presidente Genaro David Góngora Pimentel, Humberto Román Palacios y
Juan N. Silva Meza. Ponente: Humberto Román Palacios; en su ausencia hizo suyo el proyecto José
de Jesús Gudiño Pelayo. Secretario: Antonio Espinoza Rangel.
El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy veintinueve de mayo en curso, aprobó, con
el número LXXXII/2000, la tesis aislada que antecede; y determinó que la votación es idónea para
integrar tesis jurisprudencial. México, Distrito Federal, a veintinueve de mayo de dos mil.
Véase: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo X, julio de 1999,
página 144, tesis 2a./J. 86/99, de rubro: "CONDONACIÓN DE MULTAS FISCALES. EL PARTICULAR
AFECTADO CON LA RESOLUCIÓN QUE LA NIEGA, POSEE INTERÉS JURÍDICO PARA PROMOVER EL
JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN SU CONTRA.".
Novena Época
Registro: 191886
Jurisprudencia
XI, Mayo de 2000
Tesis: 2a./J. 41/2000
Página: 226
SENTENCIA DE NULIDAD FISCAL PARA EFECTOS. EL CUMPLIMIENTO FUERA DEL TÉRMINO LEGAL
DE CUATRO MESES PREVISTO EN EL ARTÍCULO 239, ANTEPENÚLTIMO PÁRRAFO, DEL CÓDIGO
FISCAL DE LA FEDERACIÓN, NO OCASIONA LA ILEGALIDAD DE LA RESOLUCIÓN DICTADA POR LA
AUTORIDAD ADMINISTRATIVA EN ACATAMIENTO DE ELLA.
Conforme a las jurisprudencias 44/98 y 45/98 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia, que llevan
por rubros "SENTENCIAS DE NULIDAD FISCAL PARA EFECTOS. LA FACULTAD QUE EL ARTÍCULO 239,
FRACCIÓN III, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, OTORGA AL TRIBUNAL FISCAL PARA
DETERMINARLAS, PRESERVA LA GARANTÍA DE SEGURIDAD JURÍDICA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 16
CONSTITUCIONAL." y "SENTENCIAS DE NULIDAD FISCAL PARA EFECTOS. EL ARTÍCULO 239,
FRACCIÓN III, ÚLTIMO PÁRRAFO, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, QUE ESTABLECE ESE
SENTIDO ANTE LA ACTUALIZACIÓN DE LA AUSENCIA DE FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LA
RESOLUCIÓN IMPUGNADA, NO VIOLA LA GARANTÍA DE LEGALIDAD CONSAGRADA EN EL ARTÍCULO
16 CONSTITUCIONAL.", nuestro modelo de jurisdicción contencioso administrativo es mixto, pues
dada la especial y heterogénea jurisdicción de que está dotado legalmente el Tribunal Fiscal de la
Federación, en relación a ciertos actos sólo actuará como tribunal de mera anulación al tener
como finalidad la de controlar la legalidad del acto y tutelar el derecho objetivo y, en cuanto a
otros actos, como de plena jurisdicción para reparar el derecho subjetivo lesionado, siendo el
alcance de la sentencia de nulidad no sólo el de anular el acto sino también el de fijar los derechos
del recurrente, condenando a la administración a su restablecimiento, por lo que para determinar
cuándo una sentencia de nulidad debe ser para efectos es necesario acudir a la génesis de la
resolución impugnada a efecto de saber si se originó con motivo de un trámite o procedimiento de
pronunciamiento forzoso, en el que el orden jurídico exige de la autoridad la reparación de la
violación detectada que no se colma con la simple declaración de nulidad de la autoridad, sino que
requiere de un nuevo pronunciamiento para no dejar incierta la seguridad jurídica del
administrado, o con motivo del ejercicio de una facultad discrecional en la que el tribunal no
puede sustituir a la autoridad en la libre apreciación de las circunstancias y oportunidad para
actuar que le otorgan las leyes. De las anteriores determinaciones se desprende que el
cumplimiento fuera del término legal de cuatro meses previsto en el artículo 239, antepenúltimo
párrafo, del Código Fiscal de la Federación, que realice la autoridad administrativa de la sentencia
de nulidad para efectos no puede ocasionar la ilegalidad de la resolución en que tal sentencia se
acate, concretamente la causal de ilegalidad prevista en el artículo 238, fracción IV, del Código
Fiscal Federal por haberse dejado de aplicar las disposiciones legales debidas, porque ello
contrariaría el fin perseguido por el legislador al atribuir al Tribunal Fiscal plena jurisdicción para
tutelar el derecho subjetivo del administrado en los casos en que la nulidad lisa y llana sea
insuficiente para restaurar el orden jurídico violado, afectándose al administrado por una
actuación que le es ajena y dejándose al arbitrio de la autoridad administrativa el cumplimiento de
la sentencia mediante su decisión de cumplir dentro del plazo legal o fuera de él, pues a través de
la ilegalidad de la resolución con la que diera cumplimiento podría evadir la reparación de la
resolución cometida. Corrobora lo anterior el que mediante decreto publicado en el Diario Oficial
de la Federación el quince de diciembre de mil novecientos noventa y cinco, en vigor a partir del
primero de enero de mil novecientos noventa y seis, se haya modificado el anterior artículo 239-
Ter que pasó a ser 239-B, del Código Fiscal para establecerse como supuesto de procedencia del
recurso de queja, la omisión de la autoridad de dar cumplimiento a la sentencia de nulidad si
transcurrió el plazo legal, caso en el cual si la Sala resuelve que hubo omisión total concederá al
funcionario responsable veinte días para que dé cumplimiento al fallo, procediendo también a
imponerle una multa equivalente a quince días de su salario y a notificar a su superior para que
proceda jerárquicamente, pues carecería de sentido que se otorgara un término de veinte días a la
autoridad para que diera cumplimiento a la sentencia de nulidad para efectos, si se considerara
que la resolución relativa estaría afectada de ilegalidad, independientemente de la
responsabilidad administrativa en que pudiera incurrir la autoridad demandada.
Contradicción de tesis 86/99-SS. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Segundo y
Cuarto en Materia Administrativa del Primer Circuito. 14 de abril del año 2000. Unanimidad de
cuatro votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Mariano Azuela Güitrón.
Secretaria: Lourdes Ferrer Mac Gregor Poisot.
pública del catorce de abril del año dos mil.
Novena Época
Registro: 192120
Tesis Aislada
XI, Abril de 2000
Tesis: IV.2o.A.T.49 A
Página: 960
JUSTICIA ADMINISTRATIVA. ARTÍCULOS 197 Y 237 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. CASO
PARTICULAR DE ARGUMENTOS NOVEDOSOS Y PRUEBA DIRECTA PARA JUSTIFICARLOS.
Los artículos 197 y 237 del Código Fiscal de la Federación imponen a las Salas Fiscales la obligación
de estudiar y considerar en el juicio de nulidad, conceptos de agravio que no fueron materia de la
litis en el procedimiento natural tal como si se atacara directamente el acto que se controvirtió en
ese enjuiciamiento. Por otra parte, la teleología de la reforma constitucional que permitió la
creación de los tribunales administrativos, fue la de instaurar un sistema integral de justicia que
permitiera fortalecer el estado de derecho, de tal manera que, frente a los actos de autoridades
administrativas, los particulares afectados cuenten con verdaderos órganos jurisdiccionales
intermedios, con autonomía, independencia y patrimonio propios que sean garantes de la
legalidad administrativa, dando así oportunidad a las autoridades de que corrijan su actuación
ajustándola a la ley, lo que no se lograría con rigorismos formales a ultranza que, en casos
particulares, deben ceder ante la prioridad de la justicia. En ese contexto, si en el juicio de nulidad
se alega un nuevo argumento, exhibiendo pruebas para justificar el mismo, que no son ajenas a la
controversia planteada, entonces la Sala responsable, de acuerdo con la teleología de la precisada
reforma constitucional, en estricta justicia administrativa, no debió limitarse a estudiar el
argumento novedoso, sino también justipreciar la aludida probanza, no para resolver en definitiva
sobre la procedencia o improcedencia del crédito fiscal, recargos y multas a cargo del actor,
porque ello no es de su resorte competencial, pero sí para obligar a la autoridad administrativa a
que la pondere dándole opción así a que corrija un posible error. Por ejemplo si en el juicio de
nulidad se alega como nuevo argumento, que se enteró ante la autoridad demandada el impuesto
al valor agregado que motivó el crédito fiscal controvertido, exhibiendo el pedimento de
importación para justificar dicho pago, derivado de la importación de mercancía extranjera, si esa
probanza no es ajena a la controversia planteada, la Sala Fiscal, en estricta justicia administrativa,
a fin de evitar una doble tributación derivada de una misma situación jurídica, debe declarar la
nulidad de la resolución controvertida, para el efecto de que la autoridad aduanera proceda al
examen de la citada probanza.
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO DEL CUARTO
CIRCUITO.
Amparo directo 826/99. Industria Química Automotriz, S.A. de C.V. 23 de febrero de 2000.
Unanimidad de votos. Ponente: Aurelio Sánchez Cárdenas. Secretaria: Carmen Leticia Hernández
Guerrero.
Véase: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo X, septiembre de
1999, página 835, tesis VI.A.15 A, de rubro: "PRUEBAS EN EL JUICIO DE NULIDAD. DEBEN
ADMITIRSE Y VALORARSE EN LA SENTENCIA QUE SE DICTE, AUN CUANDO NO SE HUBIERAN
OFRECIDO EN LA INSTANCIA ADMINISTRATIVA PREVIA.".
Gaceta, Novena Época, Tomo XIV, diciembre de 2001, página 223, con el rubro: "CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO. LAS PRUEBAS DEBEN ADMITIRSE EN EL JUICIO Y VALORARSE EN LA SENTENCIA,
AUN CUANDO NO SE HUBIERAN OFRECIDO EN EL PROCEDIMIENTO."
Novena Época
Registro: 192263
Jurisprudencia
XI, Marzo de 2000
Página: 896
ORDEN DE VERIFICACIÓN FISCAL. APERCIBIMIENTO GENÉRICO. MULTA QUE NO SE ORIGINA CON
MOTIVO DE ÉSTE.
El apercibimiento genérico contenido en una orden de visita, sin especificar qué medidas de
apremio son las que se impondrían en caso de que el visitado no otorgara las facilidades
necesarias para el desarrollo de la misma, o se opusiera, no se considera violatorio de garantías
por no citar el precepto del ordenamiento legal que prevé tales medidas de apremio, ni puede tal
consideración llevar a determinar, que la multa que se imponga al contribuyente por el
incumplimiento de diversas obligaciones verificadas durante la visita, carece de sustento jurídico,
si no existe una relación entre ese apercibimiento y la multa impuesta; tampoco puede estimarse
como una consecuencia directa y necesaria del apercibimiento señalado, si ésta se impuso con
fundamento en situaciones y hechos derivados del ejercicio de las facultades de comprobación de
las autoridades hacendarias, consistentes en que el contribuyente no expidió los comprobantes
fiscales a que estaba obligado en su negocio, conducta que se encuentra sancionada por el artículo
83 del Código Fiscal de la Federación, y que constituye una hipótesis diversa que no guarda
vinculación con el apercibimiento genérico.
Revisión fiscal 153/98. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15 de Torreón, Coahuila,
en representación del Secretario de Hacienda y Crédito Público y otras autoridades. 20 de agosto
de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Elías H. Banda Aguilar. Secretaria: Elda Mericia Franco
Mariscal.
Revisión fiscal 285/98. Administrador Local Jurídico de Ingresos de Torreón, Coahuila, en
representación del Secretario de Hacienda y Crédito Público y otras autoridades. 20 de agosto de
1998. Unanimidad de votos. Ponente: José Martín Hernández Simental, secretario de tribunal
autorizado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal para desempeñar las funciones de
Magistrado. Secretario: Alberto Caldera Macías.
Revisión fiscal 350/98. Administrador Local Jurídico de Ingresos de Torreón, Coahuila. 22 de
octubre de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Elías Álvarez Torres. Secretario: Antonio López
Padilla.
Revisión fiscal 898/98. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15 de Torreón, Coahuila,
en representación del Secretario de Hacienda y Crédito Público y otras autoridades. 30 de abril de
1999. Unanimidad de votos. Ponente: Elías Álvarez Torres. Secretario: Antonio López Padilla.
Revisión fiscal 182/99. Administrador Local Jurídico de Ingresos de Torreón, Coahuila, en
representación del Secretario de Hacienda y Crédito Público y otras autoridades. 18 de noviembre
de 1999. Unanimidad de votos. Ponente: Hugo Arnoldo Aguilar Espinosa, secretario de tribunal
autorizado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal para desempeñar las funciones de
Magistrado. Secretaria: Blanca Silvia Mata Balderas.
Véase: Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo XIII, marzo de 1994, página 310,
tesis I.3o.A.534 A, de rubro: "APERCIBIMIENTO. DISTINCIÓN ENTRE EL APERCIBIMIENTO COMO
ACTO DE MOLESTIA Y EL APERCIBIMIENTO COMO SIMPLE ADVERTENCIA O INFORMACIÓN DE
OBLIGACIONES QUE IMPONE LA LEY A LOS CONTRIBUYENTES.".
Nota: El criterio contenido en esta tesis contendió en la contradicción de tesis 39/2000-SS resuelta
por la Segunda Sala, de la que derivó la tesis 2a./J. 4/2001, que aparece publicada en el Semanario
Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, febrero de 2001, página 124, con
el rubro: "APERCIBIMIENTO GENÉRICO CONTENIDO EN UNA ORDEN DE VISITA. VIOLA LA
GARANTÍA DE LEGALIDAD, EN ESTE ASPECTO, LO QUE PRODUCE LA NULIDAD DE LA MULTA
IMPUESTA, SIN AFECTAR POR ESE MOTIVO LA VALIDEZ DE DICHA ORDEN Y DE SUS
CONSECUENCIAS."
Novena Época
Registro: 192358
Jurisprudencia
XI, Febrero de 2000
Tesis: 2a./J. 15/2000
Página: 159
PRESCRIPCIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 146 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. EL PLAZO
PARA QUE SE INICIE ES LA FECHA EN QUE EL PAGO DE UN CRÉDITO DETERMINADO PUDO SER
LEGALMENTE EXIGIBLE.
Conforme al mencionado artículo 146, el crédito fiscal se extingue por prescripción en el término
de cinco años. Ese término inicia a partir de la fecha en que el pago pudo ser legalmente exigido.
Por ello, para que pueda iniciar el término de la prescripción, es necesario que exista resolución
firme, debidamente notificada, que determine un crédito fiscal a cargo del contribuyente, y no
puede sostenerse válidamente que cuando el contribuyente no presenta su declaración estando
obligado a ello, el término para la "prescripción" empieza a correr al día siguiente en que concluyó
el plazo para presentarla, pretendiendo que desde entonces resulta exigible por la autoridad el
crédito fiscal, ya que en tal supuesto lo que opera es la caducidad de las facultades que tiene el
fisco para determinar el crédito y la multa correspondiente. De otra manera no se entendería que
el mencionado ordenamiento legal distinguiera entre caducidad y prescripción y que el citado
artículo 146 aludiera al crédito fiscal y al pago que pueda ser legalmente exigido.
Contradicción de tesis 11/99. Entre las sustentadas por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia
Administrativa del Primer Circuito y las emitidas por los Tribunales Colegiados Segundo en
Materias Penal y Administrativa del Segundo Circuito (ahora Segundo en Materia Penal) y Tercero
en Materia Administrativa del Primer Circuito. 28 de enero del año 2000. Cinco votos. Ponente:
Juan Díaz Romero. Secretario: Silverio Rodríguez Carrillo.
pública del veintiocho de enero del año dos mil.
Novena Época
Registro: 192832
Tesis Aislada
X, Noviembre de 1999
Tesis: VIII.1o.42 A
Página: 997
MULTA POR LA OMISIÓN EN EL PAGO DE IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR. DEBE IMPONERSE
SOBRE EL TOTAL DE LAS CONTRIBUCIONES OMITIDAS NO ACTUALIZADAS (ARTÍCULO 178,
FRACCIÓN I DE LA LEY ADUANERA).
El artículo 178, fracción I de la Ley Aduanera (vigente en 1997), no establece que la multa por la
omisión en el pago de impuestos al comercio exterior, se deba realizar con base en la contribución
omitida actualizada, en virtud de que el legislador no lo dispuso así, pues de haberlo querido, lo
hubiera establecido de manera categórica, como así lo hizo y se puede constatar de la lectura
practicada al artículo 76, fracciones I y II del Código Fiscal de la Federación, que disponen de
manera expresa que la aplicación de las multas allí reguladas serán sobre las contribuciones
omitidas actualizadas. Bajo este orden de ideas, y atento a lo que dispone el artículo 5o., párrafo
primero del Código Fiscal de la Federación, de aplicación supletoria a la Ley Aduanera, por
disposición expresa de su artículo primero, se sigue que al no establecerse en el artículo 178,
fracción I de la Ley Aduanera que la sanción en éste prevista será sobre contribuciones omitidas
actualizadas, resulta entonces, que la autoridad hacendaria debe de aplicar la sanción
correspondiente regulada en el precepto legal citado, sólo sobre la contribución omitida no
actualizada, en razón de que al tratarse de una sanción, ésta debe ser aplicada de manera estricta
conforme lo disponga el ordenamiento legal aplicable bajo el principio constitucional que rige en
materia penal, aplicable analógicamente al caso, que versa: "... queda prohibido imponer, por
simple analogía y aun por mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada por una ley
exactamente aplicable al delito de que se trata".
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL OCTAVO CIRCUITO.
Revisión fiscal 961/98. Administrador Local Jurídico de Ingresos de Torreón, en representación del
Secretario de Hacienda y Crédito Público y otras autoridades. 14 de octubre de 1999. Unanimidad
de votos. Ponente: Jean Claude Tron Petit. Secretario: Alfredo A. Martínez Jiménez.
Novena Época
Registro: 192875
Tesis Aislada
X, Noviembre de 1999
Página: 998
MULTAS AGRAVADAS A QUE ALUDE EL ARTÍCULO 77, FRACCIÓN I, INCISO C), DEL CÓDIGO FISCAL
DE LA FEDERACIÓN, VIGENTE EN EL AÑO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO. PARA
INCREMENTARLAS NO DEBE INTERPRETARSE EN FORMA AISLADA, SINO EN CONCORDANCIA CON
EL ARTÍCULO 76, FRACCIÓN II DEL PROPIO CÓDIGO TRIBUTARIO FEDERAL, CUANDO AL ACTOR LE
FUE IMPUESTA LA MULTA, A QUE ALUDE ESTE ÚLTIMO NUMERAL, TOMANDO EN CUENTA LOS
ELEMENTOS QUE SE REQUIEREN PARA SU CUANTIFICACIÓN.
El numeral 77, fracción I, inciso c), del Código Fiscal de la Federación, establece que en los casos a
que se refiere el artículo 76 del propio código, las multas aumentarán o disminuirán conforme a
las reglas ahí mencionadas; que aumentarán -las multas-, en una cantidad igual al 50 por ciento de
las contribuciones retenidas o recaudadas y no enteradas, cuando se incurra en el agravante
aludido en el artículo 75, fracción III, del código en cita; luego, si de acuerdo a la imposición de la
multa a que alude el artículo 76, fracción II, de la referida ley, se tomaron en cuenta los elementos
que se requieren para la cuantificación de la sanción, al haberse fijado al actor el monto mínimo
que éste establece, como lo aseveró la Sala Fiscal en la sentencia recurrida, es evidente que el
agravante del 50 por ciento que precisa aquel artículo, no tiene por qué observar -para su
aplicación-, las mismas reglas que para la imposición de las multas señala el anotado artículo 76,
fracción II, justo, porque se trata de incrementar el monto de la multa impuesta, insístese, en la
que ya se tuvieron en cuenta los elementos requeridos para su cuantificación. De ahí que el
numeral 77, fracción I, inciso c), no debe interpretarse en forma aislada, sino en concordancia con
el diverso 76, fracción II, puesto que éste se refiere al monto de las multas que deben imponerse
al infractor y aquél al aumento o disminución de la multa, según se trate.
Revisión fiscal 77/99. Administración Local Jurídica de Ingresos de Zapopan. 7 de octubre de 1999.
Unanimidad de votos. Ponente: Tomás Gómez Verónica. Secretario: Gustavo de León Márquez.
Notas:
El Tribunal Colegiado se apartó del criterio sostenido en esta tesis, según se desprende de la que
con el número III.2o.A.74 A, aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su
Gaceta, Novena Época, Tomo XIV, octubre de 2001, página 1143, de rubro "MULTA FIJA. ES DE TAL
NATURALEZA EL INCREMENTO DE LAS MULTAS IMPUESTAS CONFORME AL ARTÍCULO 76 DEL
CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN QUE DETERMINA EL DIVERSO ARTÍCULO 77, FRACCIÓN I,
INCISO C), VIGENTE EN EL AÑO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE.".
Por ejecutoria de fecha 7 de junio de 2002, la Segunda Sala declaró inexistente la contradicción de
tesis 50/2002 en que participó el presente criterio.
Novena Época
Registro: 193100
Tesis Aislada
X, Octubre de 1999
Tesis: VI.A.12 A
Página: 1251
COMPETENCIA DE LA ADMINISTRACIÓN ESPECIAL DE RECAUDACIÓN DE LA SECRETARÍA DE
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO PARA TRAMITAR Y RESOLVER UNA SOLICITUD DE ACLARACIÓN DE
DECLARACIÓN FISCAL.
De conformidad con el artículo 29 fracción XIV del Reglamento Interior del Servicio de
Administración Tributaria, la Administración Especial de Recaudación, dependiente de la
Administración General de Recaudación, respecto de los contribuyentes señalados en el apartado
D del artículo 41 del mencionado reglamento, tiene facultades para tramitar y resolver las
solicitudes de aclaración que presenten los contribuyentes sobre problemas relacionados con la
presentación de declaraciones, imposición de multas, requerimientos, solicitudes y avisos al
Registro Federal de Contribuyentes. Por tanto, cuando una sociedad mercantil que cuenta con
autorización para operar como controlada en términos del capítulo IV, del título II de la Ley del
Impuesto sobre la Renta, presenta una solicitud relacionada con un problema relativo a la
presentación de una declaración, es inconcuso que la Administración Especial de Recaudación está
facultada para resolver respecto de tal solicitud y, por ende, no tenía que justificar la existencia del
acuerdo delegatorio de facultades de conformidad con lo estatuido en el artículo 4o. del citado
reglamento.
TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEXTO CIRCUITO.
Revisión fiscal 25/99. Administradora Local Jurídica de Ingresos de Puebla. 8 de julio de 1999.
Unanimidad de votos. Ponente: Luz del Carmen Herrera Calderón, secretaria de tribunal
autorizada por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal para desempeñar las funciones de
Magistrada. Secretario: Javier Bernardo Gómez Cortés.
Novena Época
Registro: 193133
Tesis Aislada
X, Octubre de 1999
Tesis: XXI.2o.14 A
Página: 1354
TRIBUNAL FISCAL DE LA FEDERACIÓN. NO INVADE LAS FACULTADES DE LOS TRIBUNALES DE
AMPARO, CUANDO SE PRONUNCIE SOBRE LA LEGALIDAD DE MULTAS, CUYOS PRECEPTOS DEL
CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN HAN SIDO DECLARADOS INCONSTITUCIONALES, POR
JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA.
Si el planteamiento de los conceptos de nulidad que hace valer el actor, ante la Sala Regional del
Tribunal Fiscal de la Federación versa sobre la legalidad de multas, fundadas en preceptos del
Código Fiscal de la Federación que han sido declarados inconstitucionales por la Suprema Corte de
Justicia, la Sala responsable no invade las facultades de los tribunales de amparo, puesto que al
resolver, lo hace acatando las jurisprudencias emitidas por el más Alto Tribunal de la Federación
aplicables al caso, en términos de lo dispuesto por el artículo 192 de la Ley Reglamentaria de los
Artículos 103 y 107 Constitucionales.
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO PRIMER CIRCUITO.
Amparo directo 349/99. Javier Bernaldez Flores. 25 de agosto de 1999. Unanimidad de votos.
Ponente: Agustín Raúl Juárez Herrera. Secretario: José René Roberto Corona Bermúdez.
Amparo directo 493/99. Inmobiliaria Gava, S.A. de C.V. 8 de septiembre de 1999. Unanimidad de
votos. Ponente: Agustín Raúl Juárez Herrera. Secretaria: María T. Ortega Zamora.
Nota: Esta tesis contendió en la contradicción 6/2002-PL resuelta por el Tribunal Pleno, de la que
derivó la tesis P./J. 38/2002, que aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su
Gaceta, Novena Época, Tomo XVI, agosto de 2002, página 5, con el rubro: "JURISPRUDENCIA
SOBRE INCONSTITUCIONALIDAD DE UNA LEY. EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y
ADMINISTRATIVA SE ENCUENTRA OBLIGADO A APLICARLA, SIEMPRE QUE SEA PROCEDENTE, AL
JUZGAR LA LEGALIDAD DE UN ACTO O RESOLUCIÓN FUNDADOS EN ESA LEY.".
Novena Época
Registro: 193418
Jurisprudencia
X, Agosto de 1999
Tesis: XII.1o. J/2
Página: 637
CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, ARTÍCULOS 91-A Y 91-B ADICIONADOS, EN EL. NO SON DE
NATURALEZA AUTOAPLICATIVA (DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE TREINTA Y UNO DE
DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO).
Los artículos 91-A y 91-B adicionados al Código Fiscal de la Federación, no constituyen
disposiciones autoaplicativas porque no obligan a la quejosa, por su sola entrada en vigor a hacer
o dejar de hacer, ni le causa perjuicio en forma inmediata por dictaminar estados financieros, ya
que para que se actualicen los presupuestos contenidos en las normas, se requiere de actos de
aplicación posteriores al inicio de la vigencia de la misma, como lo son: a) Que el contador público
dictamine estados financieros; b) Que éste no observe la omisión de contribuciones recaudadas,
retenidas, trasladadas o propias del contribuyente en el informe sobre la situación fiscal del
mismo; c) Que las autoridades fiscales, en ejercicio de sus facultades de comprobación,
determinen dicha omisión mediante resolución firme; d) Que la omisión supere el 20% de las
contribuciones recaudadas, retenidas o trasladadas, o el 30% tratándose de contribuciones
propias del contribuyente; y, e) Que dicha autoridad le imponga la multa correspondiente, la cual
no podrá exceder del doble de los honorarios cobrados por la elaboración del dictamen.
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO SEGUNDO CIRCUITO.
Amparo en revisión (improcedencia) 152/99. Adán Hernández López. 11 de mayo de 1999.
Unanimidad de votos. Ponente: José Manuel de Alba de Alba. Secretario: Federico García Millán.
Amparo en revisión (improcedencia) 155/99. Francisco Gámez Ponce. 11 de mayo de 1999.
Unanimidad de votos. Ponente: José Manuel de Alba de Alba. Secretario: Federico García Millán.
Amparo en revisión (improcedencia) 56/99. Roberto Antonio Domínguez Thomas. 11 de mayo de
1999. Unanimidad de votos. Ponente: José Manuel de Alba de Alba. Secretario: Jorge Leopoldo
Monárrez Franco.
Amparo en revisión (improcedencia) 150/99. María Graciela Gómez Félix. 11 de mayo de 1999.
Unanimidad de votos. Ponente: Luis Francisco González Torres. Secretario: Juan Martín Ramírez
Ibarra.
Amparo en revisión (improcedencia) 151/99. Román Martín Apodaca Lugo. 11 de mayo de 1999.
Unanimidad de votos. Ponente: Enriqueta del Carmen Vega Rivera, secretaria de tribunal en
funciones de Magistrada por ministerio de ley, en términos del artículo 26 de la Ley Orgánica del
Poder Judicial de la Federación. Secretaria: Mireya Ibarra Michel.
Nota: Esta tesis aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena
Época, Tomo X, julio de 1999, página 708, con el número XII.1o. J/7; se publica nuevamente con el
número de tesis correcto.
Novena Época
Registro: 193429
Jurisprudencia
X, Agosto de 1999
Tesis: XXI.2o. J/3
Página: 652
CONCEPTOS DE VIOLACIÓN EN AMPARO DIRECTO. SON INATENDIBLES CUANDO EN ELLOS SE
PLANTEAN CUESTIONES DE INCONSTITUCIONALIDAD, EN RELACIÓN CON SENTENCIAS QUE
DECRETAN EL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO FISCAL.
Son inatendibles los conceptos de violación que proponen la inconstitucionalidad, de un precepto
de ley, en amparo directo, toda vez que al sobreseerse en el juicio de origen, no se resuelve el
fondo de la nulidad planteada sobre la legalidad o ilegalidad de la multa impuesta; en
consecuencia, ésta se encuentra sub júdice, al quedar intocado el tema de fondo propuesto ante
el Tribunal Fiscal de la Federación, conditio sine qua non para que se actualice el acto concreto de
aplicación del dispositivo tildado de inconstitucional, siendo relevante destacar que en la vía de
amparo directo, la autoridad que aplicó el mencionado precepto impugnado, es la demandada en
el juicio de nulidad fiscal y tercera perjudicada en la contienda constitucional; luego, al no existir
resolución de la autoridad responsable que haya decidido respecto de la legalidad o ilegalidad de
la multa, no se actualiza la hipótesis para que el Tribunal Colegiado proceda al análisis del tema de
inconstitucionalidad planteado.
Amparo directo 176/99. Faviola Jaramillo Jiménez. 16 de junio de 1999. Unanimidad de votos.
Ponente: Agustín Raúl Juárez Herrera. Secretaria: Griselda Guadalupe Sánchez Guzmán.
Amparo directo 273/99. Nicolás Flores Pérez. 16 de junio de 1999. Unanimidad de votos. Ponente:
Agustín Raúl Juárez Herrera. Secretario: José René Roberto Corona Bermúdez.
Amparo directo 274/99. Gloria Hernández Díaz. 16 de junio de 1999. Unanimidad de votos.
Ponente: Martiniano Bautista Espinosa. Secretario: J. José Martínez Martínez.
Amparo directo 287/99. María Julita Peralta Bravo. 13 de julio de 1999. Unanimidad de votos.
Ponente: Martiniano Bautista Espinosa. Secretario: J. José Martínez Martínez.
Amparo directo 354/99. Araceli Damián Aguirre. 13 de julio de 1999. Unanimidad de votos.
Ponente: José Luis García Vasco. Secretario: Isael Bello Cuevas.
Novena Época
Registro: 193827
Tesis Aislada
IX, Junio de 1999
Tesis: 2a. LXXXVIII/99
Página: 374
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN. NO LE RESULTAN APLICABLES LAS
PRERROGATIVAS PROCESALES QUE ESTABLECE LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 22 DE LA LEY DE
AMPARO, EN RELACIÓN CON LOS ACTOS PROHIBIDOS POR EL ARTÍCULO 22 CONSTITUCIONAL.
El artículo 22 de la Carta Magna prohíbe las penas inusitadas y trascendentales, específicamente,
las de mutilación y de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento, la confiscación de
bienes y la multa excesiva. Por otra parte, la Ley de Amparo otorga ciertas prerrogativas
procesales a quienes reclaman actos prohibidos por dicho precepto constitucional, y así, el artículo
22, fracción II, de la mencionada ley, prevé que la demanda de garantías puede promoverse en
cualquier tiempo. Estas y otras prerrogativas procesales dentro del juicio de garantías, rigen para
todos los actos prohibidos por el artículo 22 constitucional, pues esta disposición establece una
tutela privilegiada a la vida, la libertad, la integridad física y la dignidad de la persona, pero no
tratándose de actos derivados del procedimiento administrativo de ejecución previsto en el
artículo 145 del Código Fiscal de la Federación, como el embargo precautorio y la designación de
un interventor con cargo a la caja, en virtud de que con tales actos no se ponen en peligro aquellos
derechos fundamentales.
Amparo en revisión 2768/98. Jorge Fausto Calles Broca. 7 de mayo de 1999. Unanimidad de cuatro
votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria:
María Elena Rosas López.
Novena Época
Registro: 193860
Jurisprudencia
IX, Junio de 1999
Tesis: XXI.2o. J/2
Página: 869
INCONSTITUCIONALIDAD DE UN PRECEPTO DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, SUSTENTO DE
UNA MULTA IMPUESTA AL QUEJOSO. CASOS EN QUE NO ES PROCEDENTE EL ESTUDIO DE LOS
CONCEPTOS VIOLATORIOS TENDIENTES A COMBATIRLA.
Si en un juicio de amparo directo administrativo, el quejoso hace valer como conceptos de
violación, aparte de los que se dirigen a cuestionar de inconstitucional un precepto de la ley
sustantiva aplicable en la especie, cuestiones relativas a vicios de legalidad contenidas en la
sentencia impugnada, referentes a la omisión, por parte de la autoridad demandada en el juicio
de nulidad, de señalar el periodo de duración de visita domiciliaria, con el objeto de verificarse la
expedición de comprobantes por las actividades mercantiles que realiza el quejoso, lo que asevera
lo dejó en estado de indefensión, por no tener la posibilidad de preparar adecuadamente su
defensa, quedando al arbitrio de los visitadores dicho lapso de duración, tal vicio de legalidad, al
trascender al procedimiento administrativo, que culminó con la resolución que impuso la multa
tildada también de inconstitucionalidad, a través de cuestionar el precepto que la establece y al
proceder las violaciones de legalidad, se debe conceder el amparo y la protección constitucional al
impetrante; esta concesión debe abarcar tanto la orden de visita, como la imposición de la multa,
por ser esta última una consecuencia necesaria del actuar ilegal de los visitadores. Por tanto, al
quedar sin efecto legal alguno la aplicación en la especie del artículo sustento de la multa, ergo,
desaparece el acto concreto de aplicación, que constituye una condición sine qua non, para que
sea procedente el análisis del tema de constitucionalidad de leyes planteado, de donde es
concluyente, que al no existir materia para estudiar la presunta inconstitucionalidad, por haber
desaparecido del mundo jurídico el acto concreto de aplicación, no se deben estudiar los
conceptos de violación hechos valer al respecto por el quejoso.
Amparo directo 130/98. Catalina Pacheco Talavera. 25 de marzo de 1998. Unanimidad de votos.
Amparo directo 134/98. José Ocampo González. 7 de abril de 1998. Unanimidad de votos.
Ponente: Martiniano Bautista Espinosa. Secretaria: Beatriz Adame Muñoz.
Amparo directo 170/98. Marco Antonio Hernández Martínez, por conducto de su apoderado Óscar
Faustino Olmos González. 16 de abril de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Martiniano Bautista
Espinosa. Secretario: Juan Manuel Cárcamo Castillo.
Amparo directo 732/98. Miguel Ángel Cortez Torreblanca. 6 de enero de 1999. Unanimidad de
votos. Ponente: Martiniano Bautista Espinosa. Secretario: Eusebio Ávila López.
Amparo directo 23/99. Club de Golf de Acapulco, A.C. 12 de mayo de 1999. Unanimidad de votos.
Novena Época
Registro: 193852
Tesis Aislada
IX, Junio de 1999
Tesis: I.6o.A.11 A
Página: 958
MULTA POR INTERPONER AMPARO DIRECTO CONTRA UNA RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL FISCAL DE
LA FEDERACIÓN QUE FAVORECE AL QUEJOSO.
Es de considerarse que se hace un ejercicio abusivo del juicio de amparo cuando se interpone sin
motivo alguno, como sucede cuando se promueve contra la sentencia de una de las Salas del
Tribunal Fiscal de la Federación, mediante la que ya se obtuvo la nulidad lisa y llana de la
resolución impugnada, toda vez que sólo ocasiona el retraso en la impartición de justicia de los
asuntos que justificadamente lo requieren, motivo por el cual, con fundamento en el artículo 81
de la Ley de Amparo procede imponer multa a la quejosa.
Amparo directo 1236/98. Afianzadora Mexicana, S.A. 5 de noviembre de 1998. Unanimidad de
votos. Ponente: José Antonio García Guillén. Secretaria: Lorena Circe Daniela Ortega Terán.
Novena Época
Registro: 193871
Jurisprudencia
IX, Mayo de 1999
Tesis: 2a./J. 44/99
Página: 421
COMPENSACIONES. LAS ADMINISTRACIONES LOCALES DE RECAUDACIÓN TIENEN FACULTADES DE
COMPROBACIÓN EN ESA MATERIA (REGLAMENTO INTERIOR DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN
TRIBUTARIA, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL DÍA TREINTA DE JUNIO DE
MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE, EN VIGOR A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE).
Del análisis integral del artículo 41, apartado A, del Reglamento Interior del Servicio de
Administración Tributaria, contenido en el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación
el día treinta de junio de mil novecientos noventa y siete, en vigor a partir del día siguiente, que
reproduce en lo esencial el contenido del artículo 95, apartado A, fracción XV del Reglamento
Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que estuvo en vigor a partir del doce de
septiembre de mil novecientos noventa y seis y que fue derogado por el aludido decreto; se
desprende que a las Administraciones Locales de Recaudación se les ha encomendado no sólo la
fase de la administración tributaria consistente en la recaudación propiamente dicha, sino
también la de fiscalización, en razón de que en términos del artículo 23 del Código Fiscal de la
Federación, su actividad comprende no sólo el chequeo numérico en esa materia, sino la
aplicación de disposiciones tributarias tendientes a acreditar el debido cumplimiento de
obligaciones fiscales a cargo de los contribuyentes, desplegando su facultad de imperio a través de
la comprobación sobre la procedencia de éstas y, en su caso, de la determinación en cantidad
líquida del crédito a cargo del contribuyente por cantidades compensadas indebidamente, así
como la imposición de multas y recargos actualizados en términos de la legislación fiscal.
Contradicción de tesis 109/98. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo
Cuarto Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito. 5 de marzo de 1999.
Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Ponente: Juan Díaz
Romero. Secretaria: Maura Angélica Sanabria Martínez.
pública del cinco de marzo de mil novecientos noventa y nueve.
Novena Época
Registro: 194408
Tesis Aislada
IX, Marzo de 1999
Tesis: VIII.1o.25 A
Página: 1421
MULTAS FISCALES. AUN SIENDO LA MÍNIMA, NO ES ABSOLUTA NI IRRESTRICTA LA FACULTAD DE
LA AUTORIDAD PARA IMPONERLAS.
Sostener el criterio de que cuando se aplique el porcentaje mínimo de una multa, no deban
especificarse las razones de su proporcionalidad y justicia, especialmente en el caso de que el
monto sea de un 70%, sería tanto como pretender encubrir y justificar la aparente
constitucionalidad de una multa de una magnitud significativa, para cuya imposición no se atiende
al elemento subjetivo del actor, corriendo el riesgo de ser excesiva y desproporcional a las
circunstancias del particular en el caso concreto, pues el hecho de que el artículo 76 fracción II del
Código Fiscal de la Federación, no reproduzca los requisitos constitucionales de fundamentación y
motivación que exige el artículo 16, no significa que la autoridad no debe observar ese mandato
constitucional y solamente atender a la ley secundaria, porque ante todo y por encima de
cualquier ley se encuentra el principio de supremacía constitucional previsto en el artículo 133 de
nuestra Carta Magna, lo que implica que la autoridad sancionadora por imperativo jerárquico
debe, al imponer una multa, tomar en consideración tanto el elemento objetivo como el subjetivo
del infractor, pues basta la existencia de esos mandatos para que la obligación subsista para
cualquier autoridad, y así salvaguardar las garantías individuales previstas en los artículos 16 y 22,
párrafos primeros, de nuestra Carta Fundamental.
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL OCTAVO CIRCUITO.
Revisión fiscal 86/98. Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Administrador Local Jurídico de
Ingresos de Durango. 13 de enero de 1999. Unanimidad de votos. Ponente: René Silva de los
Santos. Secretario: Miguel Rafael Mendiola Rocha.
Nota: Esta tesis contendió en la contradicción 26/99-SS que fue declarada sin materia por la
Segunda Sala, toda vez que sobre el tema tratado existe la tesis 2a./J. 127/99, que aparece
publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo X, diciembre
de 1999, página 219, con el rubro: "MULTA FISCAL MÍNIMA. LA CIRCUNSTANCIA DE QUE NO SE
MOTIVE SU IMPOSICIÓN, NO AMERITA LA CONCESIÓN DEL AMPARO POR VIOLACIÓN AL ARTÍCULO
16 CONSTITUCIONAL."
Novena Época
Registro: 194664
Jurisprudencia
IX, Febrero de 1999
Página: 455
SENTENCIAS DEL TRIBUNAL FISCAL DE LA FEDERACIÓN, CUANDO LA VIOLACIÓN ADUCIDA IMPLICA
UN ESTUDIO DE FONDO, LA NULIDAD SERÁ LISA Y LLANA, EN CAMBIO, CUANDO SE TRATA DE
VICIOS FORMALES, LA NULIDAD SERÁ PARA EFECTOS.
En términos de lo dispuesto por los artículos 238 y 239 del Código Fiscal de la Federación, las
sentencias del Tribunal Fiscal de la Federación pueden declarar la nulidad lisa y llana del acto
impugnado o para efectos. La nulidad lisa y llana, que se deriva de las fracciones I y IV del artículo
238 invocado, se actualiza cuando existe incompetencia de la autoridad, que puede suscitarse
tanto en la resolución impugnada como en el procedimiento del que deriva; y cuando los hechos
que motivaron el acto no se realizaron, fueron distintos o se apreciaron en forma equivocada, o
bien, se dictó en contravención de las disposiciones aplicables o dejó de aplicar las debidas. En
ambos casos, implica, en principio, que la Sala Fiscal realizó el examen de fondo de la controversia.
En cambio, las hipótesis previstas en las fracciones II, III y V del precepto legal de que se trata,
conllevan a determinar la nulidad para efectos, al establecer vicios formales que contrarían el
principio de legalidad, pero mientras que la fracción II se refiere a la omisión de formalidades en la
resolución administrativa impugnada, inclusive la ausencia de fundamentación y motivación en su
caso, la fracción III contempla los vicios en el procedimiento del cual derivó dicha resolución, vicios
que bien pueden implicar también la omisión de formalidades establecidas en las leyes, violatorias
de las garantías de legalidad, pero que se actualizaron en el procedimiento, es decir, en los
antecedentes o presupuestos de la resolución impugnada. En el caso de la fracción V, que se
refiere a lo que la doctrina reconoce como "desvío de poder", la sentencia tendrá dos
pronunciamientos, por una parte implica el reconocimiento de validez del proveído sancionado y
por otra supone la anulación del proveído sólo en cuanto a la cuantificación de la multa que fue
realizada con abuso de poder, por lo que la autoridad puede imponer un nuevo proveído
imponiendo una nueva sanción. Así, de actualizarse los supuestos previstos en las fracciones I y IV
del artículo 238 del Código Fiscal de la Federación, que implica el estudio de fondo del asunto, la
nulidad debe declararse en forma lisa y llana, lo que impide cualquier actuación posterior de la
autoridad; en cambio, si se trata de los casos contenidos en las fracciones II y III y en su caso V del
artículo en comento, que contemplan violaciones de carácter formal, la nulidad debe ser para
efectos, la cual no impide que la autoridad pueda ejercer nuevamente sus facultades, subsanando
las irregularidades y dentro del término que para el ejercicio de dichas facultades establece la ley.
Secretario de Hacienda y Crédito Público y otras. 14 de mayo de 1998. Unanimidad de votos.
Revisión fiscal 1017/97. Administrador Local Jurídico de Ingresos No. 15 de Torreón. 18 de junio de
1998. Unanimidad de votos. Ponente: Elías Álvarez Torres. Secretario: Hugo Arnoldo Aguilar
Espinosa.
Revisión fiscal 57/98. Administrador Local Jurídico de Ingresos No. 15 de Torreón. 25 de junio de
Revisión fiscal 350/98. Administrador Local Jurídico de Ingresos de Torreón. 22 de octubre de
Secretario de Hacienda y Crédito Público y otras. 12 de noviembre de 1998. Unanimidad de votos.
Nota: Por ejecutoria de fecha 17 de octubre de 2001, la Segunda Sala declaró inexistente la
contradicción de tesis 92/2000-SS en que participó el presente criterio.
Novena Época
Registro: 194942
Instancia: Pleno
Tesis Aislada
VIII, Diciembre de 1998
Tesis: P. CI/98
Página: 220
ACTUALIZACIÓN DEL MONTO DE CONTRIBUCIONES. LA CIRCUNSTANCIA DE QUE SIRVA DE BASE
PARA CALCULAR LOS RECARGOS Y LAS MULTAS, NO REVELA UNA DOBLE O TRIPLE SANCIÓN.
La actualización del monto de las contribuciones implica darles su valor real al momento en que se
efectúa su pago, para que el fisco reciba una suma equivalente a la que hubiera percibido de
haberse cubierto dentro del plazo legal, mas con ello no se le resarcen los perjuicios ocasionados
por la falta de pago oportuno, concretamente, por no haber podido disponer en su momento de
las cantidades de dinero derivadas del pago puntual de las contribuciones, a fin de sufragar los
gastos públicos, ni tampoco sanciona al infractor, aspectos que distinguen a la actualización tanto
de los recargos, como de las multas. Además, conforme al último párrafo del artículo 17-A del
Código Fiscal de la Federación, las cantidades actualizadas conservan la naturaleza jurídica que
tenían antes de la actualización, es decir, se trata de contribuciones, a diferencia de los recargos y
las sanciones, que aunque participan de la naturaleza de aquéllas, son accesorios. Por
consiguiente, la circunstancia de que las contribuciones deban actualizarse y, sobre la cantidad
obtenida, calcularse los recargos y las multas, no revela una doble o triple sanción, ya que son
rubros diversos que nacen a la vida jurídica por diferentes conceptos.
Amparo en revisión 2353/96. Instituto de Estudios Fiscales y Administrativos, A.C. 6 de julio de
1998. Once votos. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: Armando Cortés Galván.
El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el diecinueve de noviembre en curso, aprobó,
con el número CI/1998, la tesis aislada que antecede; y determinó que la votación es idónea para
integrar tesis jurisprudencial. México, Distrito Federal, a diecinueve de noviembre de mil
novecientos noventa y ocho.
Novena Época
Registro: 195950
Tesis Aislada
VIII, Julio de 1998
Tesis: IV.2o.28 A
Página: 335
ADMINISTRACIONES LOCALES DE RECAUDACIÓN. SON INCOMPETENTES PARA ESTIMAR
IMPROCEDENTES LAS COMPENSACIONES EFECTUADAS POR LOS CONTRIBUYENTES Y DETERMINAR
UNA CONTRIBUCIÓN OMITIDA DERIVADA DE ALGUNA COMPENSACIÓN.
El artículo 95, apartado A, fracción XV, del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público, otorga diversas facultades a las Administraciones Locales de Recaudación, pero
ninguno de los supuestos que contiene les confiere la atribución de estimar improcedentes las
compensaciones efectuadas por los contribuyentes y determinar una contribución omitida al
hacer alguna compensación, pues dichas facultades, conforme el apartado B, fracciones XII y XVI,
del invocado numeral, corresponden a otras autoridades, como son las Administraciones Locales
de Auditoría Fiscal. En efecto, al establecer la fracción supracitada que las Administraciones
Locales de Recaudación pueden "verificar aritméticamente el saldo a favor a compensar", esto
debe interpretarse como la revisión matemática en cuanto al correcto señalamiento de las
cantidades a compensar por el contribuyente; "determinar y cobrar las cantidades compensadas
indebidamente", debe entenderse como la conducta de la autoridad de señalar o cuantificar la
cantidad indebidamente compensada y exigir su pago; y finalmente, por "imponer las multas
correspondientes", debe considerarse como la facultad de sancionar al causante por llevar a cabo
una conducta ilegal. De tal suerte que el concepto "determinación", no debe interpretarse en el
sentido de fincar créditos fiscales, sino que se refiere a la cuantificación de las cantidades
compensadas indebidamente, que sean producto o resultado de la verificación aritmética que
hubiera advertido la autoridad fiscal revisora.
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL CUARTO CIRCUITO.
Revisión fiscal 20/97. Secretario de Hacienda y Crédito Público. 8 de mayo de 1998. Unanimidad
de votos. Ponente: Rodolfo R. Ríos Vázquez. Secretario: Marco Tulio Morales Cavazos.
Gaceta, Novena Época, Tomo IX, mayo de 1999, página 421, con el rubro: "COMPENSACIONES. LAS
ADMINISTRACIONES LOCALES DE RECAUDACIÓN TIENEN FACULTADES DE COMPROBACIÓN EN ESA
MATERIA (REGLAMENTO INTERIOR DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, PUBLICADO
EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL DÍA TREINTA DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS
NOVENTA Y SIETE, EN VIGOR A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE)."
Novena Época
Registro: 196248
Tesis Aislada
VII, Mayo de 1998
Tesis: XIV.2o.35 A
Página: 1091
VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE DISPOSICIONES FISCALES FEDERALES. EL DIRECTOR DE
TRÁNSITO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO Y EL DIRECTOR DE TRÁNSITO MUNICIPAL, NO TIENEN
FACULTADES PARA LA.
El artículo 14 de la Ley de Coordinación Fiscal establece que las autoridades fiscales de las
entidades federativas y los Municipios que se encuentren adheridas al sistema de coordinación
fiscal, serán consideradas como autoridades fiscales federales, en el ejercicio de las facultades a
que se refieren los convenios o acuerdos de colaboración administrativa en materia fiscal federal.
Asimismo, el convenio de colaboración administrativa en materia fiscal federal celebrado entre el
Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Estado de
Quintana Roo, establece facultades en materia fiscal, como son el de comprobar y exigir el
cumplimiento de disposiciones en esa materia, recaudar el pago de impuestos, instaurar el
procedimiento administrativo de ejecución e inclusive imponer multas, recayendo dichas
facultades expresamente en las autoridades hacendarias del Estado, siendo claro que este
carácter no lo tienen el director de Tránsito del Estado de Quintana Roo ni el director de Tránsito
Municipal del Ayuntamiento Benito Juárez. En consecuencia, estas últimas autoridades carecen de
facultades para verificar el cumplimiento de disposiciones fiscales federales, específicamente el
pago del impuesto sobre tenencia de vehículos.
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO CUARTO CIRCUITO.
Amparo en revisión 805/97. José Luis Rivas Gidonez. 16 de abril de 1998. Unanimidad de votos.
Ponente: Pablo V. Monroy Gómez. Secretario: José Guadalupe Orta Méndez.
Novena Época
Registro: 197105
Tesis Aislada
VII, Enero de 1998
Tesis: II.A.3 A
Página: 1112
INCONSTITUCIONALIDAD DEL ARTÍCULO 86, FRACCIÓN III, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN,
AL VULNERAR EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA, CONTENIDO EN EL ARTÍCULO
31, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.
El artículo 86, fracción III, del Código Fiscal de la Federación vigente en el año de 1994, establecía
una multa fija del 4 al millar sobre el monto de los ingresos provenientes de la actividad
preponderante que tenga el contribuyente en el ejercicio inmediato anterior, lo cual impide la
individualización de la multa, obligando a que su imposición sea la misma en todos los casos; de
ahí que dicha disposición viola el principio de proporcionalidad tributaria establecido en el artículo
31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que es
imprescindible que en todo gravamen exista congruencia entre el impuesto creado por el Estado y
la capacidad contributiva de los causantes, aun tratándose de multas fiscales.
TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEGUNDO CIRCUITO.
Amparo directo 27/97. Plásticos del Futuro, S.A. de C.V. 10 de julio de 1997. Unanimidad de votos.
Ponente: Manuel Baraibar Constantino. Secretaria: Blanca Isabel González Medrano.
Véase: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo III-Abril, tesis
II.1o.P.A.16 A, página 401, de rubro: "INCONSTITUCIONALIDAD DEL ARTÍCULO 86 FRACCIÓN III DEL
CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN." y Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo
XIII-Mayo, tesis I.3o.A.543 A, página 412, de rubro: "CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, EL
ARTÍCULO 86, FRACCIÓN III, ES INCONSTITUCIONAL AL ESTABLECER UN PORCENTAJE ÚNICO
COMO MULTA.".
Novena Época
Registro: 197285
Jurisprudencia
VI, Diciembre de 1997
Página: 605
ORDEN DE VISITA. LA NULIDAD DEBE SER PARA EFECTOS Y NO LISA Y LLANA CUANDO CONTIENE
VICIOS FORMALES.
Cuando se declara la nulidad de una resolución fiscal porque se consideró que la orden de visita
que la antecedió contiene vicios, al no cumplirse con las formalidades que señala el artículo 38,
fracción III, del Código Fiscal de la Federación, en relación con el artículo 16 de la Constitución
Federal, la nulidad no debe ser lisa y llana por no estarse en la hipótesis de la fracción IV del
artículo 238, pues no es que los hechos que la motivaron no se realizaron, que fueran distintos o
se apreciaran en forma equivocada, o bien, que la resolución administrativa se dictó en
contravención de las disposiciones aplicadas o se dejaron de aplicar las debidas, sino que se está
en el supuesto de la fracción II del mismo artículo, porque se trata de la omisión de los requisitos
formales exigidos por las leyes que afectan las defensas del particular y trascienden al sentido de
la resolución impugnada. Lo anterior se confirma si se atiende a que la actual integración de la
Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al decidir sobre la contradicción de
tesis 17/93, en concreto estableció "que la visita domiciliaria es un acto autoritario de naturaleza
administrativa y encuentra su fundamento constitucional en el artículo 16"; que este artículo, en
su octavo párrafo, establece las formalidades a que deben sujetarse las órdenes de cateo y, en lo
conducente, que esas formalidades deben cumplirse en las órdenes de la "autoridad fiscal" "para
practicar visitas domiciliarias", y que "de ahí que pueda afirmarse que la inobservancia de dichas
formalidades produce vicios en el acto de autoridad por violaciones formales.". Si la orden de
visita es ilegal, desde luego que vicia todo el procedimiento, pero ello no implica que el aludido
proceso de fiscalización no se haya iniciado. Esto es, el que las facultades de comprobación se
hubieren iniciado ilegalmente, no quiere decir que éstas no se iniciaran, sino únicamente que el
procedimiento de fiscalización es ilegal por estar sustentado en una orden de visita que también
es ilegal. Cierto es que el artículo 42, último párrafo, del Código Fiscal de la Federación, dispone
que las facultades de comprobación (de que los contribuyentes o responsables solidarios han
cumplido con las disposiciones fiscales) se inician con el primer acto que se notifica al
contribuyente; empero, esta disposición debe analizarse con referencia a la forma en que las
autoridades fiscales deben ejercitar sus facultades de comprobación "respecto de contribuciones
que se pagan mediante declaración periódica formulada por los contribuyentes" (artículo 64); a la
interrupción de las facultades de comprobación que prevé el artículo 67 del mismo Código Fiscal
de la Federación, tocante a la extinción de esas facultades; y a las reglas que establece el artículo
73 del citado ordenamiento, respecto al cumplimiento espontáneo de obligaciones fiscales fuera
de los plazos señalados por las disposiciones legales, a fin de no imponer multas. Mas lo
preceptuado en el mencionado artículo 42 no debe interpretarse en el sentido de que si la orden
de visita es ilegal, ello implique que la autoridad fiscal no ha iniciado sus facultades de
comprobación.
Revisión fiscal 24/95. Secretario de Hacienda y Crédito Público y otra. 13 de septiembre de 1995.
Unanimidad de votos. Ponente: José Manuel Mojica Hernández. Secretario: Silverio Rodríguez
Carrillo.
Revisión fiscal 11/97. Administrador Local Jurídico de Ingresos de Zapopan, Jalisco. 14 de agosto
de 1997. Unanimidad de votos. Ponente: Tomás Gómez Verónica. Secretario: Moisés Muñoz
Padilla.
Revisión fiscal 13/97. Administradora Local Jurídica de Ingresos de Guadalajara, en representación
de las autoridades demandadas. 14 de agosto de 1997. Unanimidad de votos. Ponente: Filemón
Haro Solís. Secretaria: Emma Ramos Salas.
de las autoridades demandadas. 21 de agosto de 1997. Unanimidad de votos. Ponente: Filemón
Haro Solís. Secretario: Luis Enrique Vizcarra González.
de las autoridades demandadas. 2 de octubre de 1997. Unanimidad de votos. Ponente: Filemón
Haro Solís. Secretaria: Emma Ramos Salas.
Véase: Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo III, Materia
Administrativa, Tesis 507, página 365, de rubro: "NULIDAD. EFECTOS DE LA SENTENCIA DEL
TRIBUNAL FISCAL DE LA FEDERACIÓN, CUANDO EXISTA INDEBIDA IDENTIFICACIÓN DE LOS
VISITADORES DENTRO DEL PROCEDIMIENTO FISCALIZADOR.".
derivaron las tesis 2a./J. 88/99 y 2a./J. 89/99, que aparecen publicadas en el Semanario Judicial de
la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo X, agosto de 1999, páginas 132 y 185, con los
rubros: "ÓRDENES DE VISITAS DOMICILIARIAS, LA FALTA DE ALGÚN REQUISITO FORMAL EN LA
EMISIÓN DE LA, ENCUADRA EN LA VIOLACIÓN PREVISTA EN LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 238 DEL
CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN." y "ÓRDENES DE VISITAS DOMICILIARIA. LA NULIDAD
DECRETADA POR VICIOS FORMALES EN SU EMISIÓN, DEBE SER DECLARADA CON FUNDAMENTO
EN LA PARTE FINAL DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 239 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA
FEDERACIÓN.", respectivamente.
Novena Época
Registro: 197983
Tesis Aislada
VI, Agosto de 1997
Materia(s): Común
Tesis: XV.1o.12 K
Página: 674
AUTORIDADES RESPONSABLES, MULTAS A LAS. DEBE REQUERIRSE SU CUMPLIMIENTO A TRAVÉS
DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO.
Cuando en una sentencia de amparo indirecto, el Juez de Distrito impone una multa a una de las
autoridades responsables por haber omitido rendir su informe justificado, multa que ordenó se
hiciera efectiva por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por ser ésta la
autoridad a quien corresponde hacer efectivos los créditos fiscales en favor del Estado, como lo
establecen los artículos 4o. y 151 del Código Fiscal de la Federación, resulta incorrecto el
requerimiento que el Juez de Distrito haga directamente a dicha autoridad responsable por el
pago de la multa impuesta, puesto que debe hacerse, como quedó establecido, a través de la
autoridad hacendaria citada.
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO QUINTO CIRCUITO.
Queja 34/97. Director de Regularización de la Propiedad Rural de la Secretaría de la Reforma
Agraria. 14 de mayo de 1997. Unanimidad de votos. Ponente: Raúl Molina Torres. Secretaria:
Oralia Barba Ramírez.
Novena Época
Registro: 198230
Tesis Aislada
VI, Julio de 1997
Tesis: 2a. LXXX/97
Página: 168
REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO. PROCEDE AUN CUANDO SE HAYA CONCEDIDO EL AMPARO
RESPECTO DE UNA MULTA POR INCONSTITUCIONALIDAD DE LOS PRECEPTOS EN LOS QUE SE
FUNDÓ, SI SE OMITIÓ EL EXAMEN DE OTRA CUESTIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD QUE, DE SER
FUNDADA, PRODUCIRÍA MAYORES BENEFICIOS AL QUEJOSO.
Si éste aduce que el Tribunal Colegiado sólo concedió el amparo por estimar inconstitucional el
precepto en el que se apoyó la multa impuesta, además de que no analizó la cuestión de
inconstitucionalidad de los artículos en que se fundó el crédito fiscal, debe considerarse que
procede el recurso de revisión, pues la concesión de amparo que pudiera otorgarse si los otros
preceptos resultaran inconstitucionales, tendría como resultado el que los oficios impugnados
quedaran sin efectos no sólo en cuanto a las multas impuestas, sino también en relación con los
créditos determinados, lo que se traduciría en un mayor alcance de la sentencia protectora y, por
tanto, en un mayor beneficio para el quejoso.
Amparo directo en revisión 2202/96. Empaques Modernos San Pablo, S.A. de C.V. 7 de febrero de
1997. Cinco votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretario: José Ángel Máttar Oliva.
Novena Época
Registro: 201098
Tesis Aislada
IV, Octubre de 1996
Tesis: XXI.1o.21 A
Página: 501
AUTORIDADES MUNICIPALES. PARA LA RECAUDACION DE CREDITOS FISCALES FEDERALES DEBEN
CITAR COMO FUNDAMENTO EN EL OFICIO RESPECTIVO EL CONVENIO O ACUERDO POR EL CUAL
ACTUAN EN FUNCION DE UNA ORDEN FEDERAL (ARTICULO 14 DE LA LEY DE COORDINACION
FISCAL).
El artículo 14 de la Ley de Coordinación Fiscal establece: "Las autoridades fiscales de las entidades
que se encuentren adheridas al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal y las de sus Municipios,
en su caso, serán consideradas, en el ejercicio de las facultades a que se refieren los convenios o
acuerdos respectivos, como autoridades fiscales federales. En contra de los actos que realicen
cuando actúen de conformidad con este precepto, sólo procederán los recursos y medios de
defensa que establezcan las leyes federales...". Ahora bien, del precepto antes transcrito, se sigue
que el oficio de requerimiento de pago que emita una autoridad municipal, debe señalar como
fundamento, cuál es el convenio o acuerdo en virtud del que ejecuta el cobro; en tal circunstancia,
al omitir lo anterior aquélla, no puede ser considerada como autoridad fiscal federal, ya que, en
primer lugar, se desconoce qué autoridad impuso la multa que se pretende hacer efectiva, y en
segundo término, se ignora si la autoridad municipal hizo tal requerimiento en virtud de algún
acuerdo o convenio con la Federación para la recaudación de créditos fiscales federales.
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGESIMO PRIMER CIRCUITO.
Amparo directo 56/96. Complejo Turístico Real Acapulco, S.A. de C.V. 14 de marzo de 1996.
Unanimidad de votos. Ponente: José Refugio Raya Arredondo. Secretario: Ignacio Cuenca Zamora.
Novena Época
Registro: 201455
Tesis Aislada
IV, Septiembre de 1996
Tesis: XXI.1o.16 A
Página: 674
MULTA POR CONTRIBUCIONES OMITIDAS. EL CONTRIBUYENTE PUEDE DETERMINARLA.
Del contenido de los párrafos segundo, quinto y sexto del artículo 76 del Código Fiscal de la
Federación, se aprecia que el propio contribuyente sí puede determinar la multa que le
corresponde pagar por contribuciones omitidas, cuando dicha omisión sea descubierta por las
autoridades fiscales mediante el ejercicio de sus facultades de comprobación, pero antes de que
se le notifique la resolución que determine el monto de la contribución que omitió, o sea, el
crédito fiscal; beneficio que otorga el cuerpo legal referido, a fin de que éstos se autocorrijan
obteniendo por consiguiente que la multa prevista por aquél sea más baja que la que les
correspondería, si la autoridad fiscal determina mediante resolución, el monto de las
contribuciones omitidas.
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGESIMO PRIMER CIRCUITO.
Amparo directo 158/96. Complejo Turístico Real Acapulco, S.A. de C.V. 11 de abril de 1996.
Unanimidad de votos. Ponente: Joaquín Dzib Núñez. Secretario: José Luis Vázquez Camacho.
Novena Época
Registro: 201663
Tesis Aislada
IV, Agosto de 1996
Tesis: XIII.1o.7 A
Página: 644
CONFISCACION. ACTOS QUE NO LA CONSTITUYEN.
El hecho de que un interventor retire el diez por ciento de los ingresos de la caja de una empresa,
para recaudar un crédito fiscal proveniente de impuestos y accesorios, no implica un acto de
confiscación de bienes prohibido por el artículo 22 constitucional, en razón de que la confiscación,
desde el punto de vista jurídico, se define como la pérdida total del patrimonio del culpable como
sanción al delito cometido y, por tanto, lo típico de dicha figura consiste en que el penado pierde
la totalidad de sus bienes en razón del delito cometido. Si pierde sólo parte de ellos se estará en
presencia de la llamada confiscación parcial, que en derecho mexicano se traduce en el decomiso
de los efectos o instrumentos del delito. Además, el párrafo segundo del indicado normativo
constitucional, expresamente prevé que no debe considerarse como confiscación de bienes la
aplicación total o parcial de los bienes de una persona para el pago de impuestos o multas. Por
consiguiente, el Juez de Distrito a quo indebidamente suspendió de plano dicho acto.
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DECIMO TERCER CIRCUITO.
Suspensión de plano en revisión 218/96. Administrador Local de Recaudación de Oaxaca. 23 de
mayo de 1996. Unanimidad de votos. Ponente: Alvaro Ovalle Alvarez. Secretaria: Araceli Cuéllar
Mancera.
Novena Época
Registro: 201818
Tesis Aislada
IV, Agosto de 1996
Tesis: I.4o.A.136 A
Página: 741
SUSPENSION. PARA OBTENERLA EN CONTRA DE LA IMPOSICION DE UNA MULTA, DEBE
OBSERVARSE LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 125 DE LA LEY DE AMPARO.
Si el acto reclamado respecto del cual se solicita la suspensión, se refiere a la imposición de una
multa como sanción administrativa en contra del gobernado, para que surta efectos la medida
cautelar, es necesario que el quejoso otorgue garantía bastante para reparar el daño e indemnizar
los perjuicios que pudieran ocasionarse de no obtener sentencia favorable en el juicio de amparo,
con fundamento en lo dispuesto en el artículo 125 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y
107 Constitucionales; resultando ilegal el acuerdo del Juez de Distrito por medio del cual con
fundamento en el artículo 135 del ordenamiento legal citado, determina que procede la
suspensión previo depósito del monto total de la multa, en virtud de que ésta no puede estimarse
como contribución en términos de lo dispuesto por el artículo 2o. del Código Fiscal de la
Federación, característica a la que se refiere el artículo 135 aludido.
Amparo en revisión 754/96. La Peninsular, Compañía General de Seguros, S.A. 17 de abril de 1996.
Unanimidad de votos. Ponente: Jaime C. Ramos Carreón. Secretaria: Mayra Villafuerte Coello.
Amparo en revisión 624/96. Automotriz Internacional, S.A. de C.V. 10 de abril de 1996.
Unanimidad de votos. Ponente: Jaime C. Ramos Carreón. Secretario: Luis Enrique Ramos Bustillos.
Novena Época
Registro: 202453
Tesis Aislada
III, Mayo de 1996
Tesis: I.4o.A.103 A
Página: 658
MULTA, LA NEGATIVA DE SU CONDONACION NO ES IMPUGNABLE A TRAVES DEL JUICIO DE
NULIDAD.
El artículo 74 del Código Fiscal de la Federación establece entre otros que "... la solicitud de
condonación de multas en los términos de este artículo, no constituirá instancia y las resoluciones
que dicte la Secretaría de Hacienda y Crédito Público al respecto no podrán ser impugnadas por
los medios de defensa que establece este Código...", por lo que si la Sala con fundamento en ello,
determinó que no procedía el juicio de nulidad, contra la negativa a condonar la multa, y el
particular considera que tal disposición viola la garantía de audiencia, debió impugnar la
inconstitucionalidad del referido precepto por lo que a este aspecto atañe; pues la Sala Fiscal está
obligada a acatar la legislación aplicable, en el caso, el Código Fiscal de la Federación, y por ende,
cualquier aspecto relativo a la condonación de multa, incluida su fundamentación y motivación, no
puede impugnarse mediante los medios de defensa previstos en el referido ordenamiento legal.
Amparo directo 3364/95. Almacenes Nacionales de Depósito, S.A. 22 de noviembre de 1995.
Unanimidad de votos. Ponente: Jaime C. Ramos Carreón. Secretario: Luis Enrique Ramos Bustillos.
Novena Época
Registro: 202589
Tesis Aislada
III, Abril de 1996
Materia(s): Penal
Tesis: IV.2o.11 P
Página: 338
ARMAS DE FUEGO Y EXPLOSIVOS. INTRODUCCION DE. DELITO PREVISTO EN LA LEY FEDERAL DE.
El artículo 84, fracción I, de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, establece que se
impondrá de cinco a treinta años de prisión y de veinte a quinientos días de multa, al que
introduzca en la República, en forma clandestina, armas, municiones, explosivos y materiales de
uso exclusivo de las fuerzas armadas o sujetos a control, de acuerdo con dicha Ley; asimismo, al
que participe en la introducción. De lo expuesto con anterioridad se desprende que uno de los
elementos de dicho delito, consiste en que la internación de municiones a este país sea en forma
clandestina. Por consiguiente, si en el caso a estudio lo que está demostrado es que en una
determinada fecha se presentó el quejoso, quien venía de pasajero en un autobús, en el puente
internacional de la ciudad de Nuevo Laredo, Tamaulipas y habiéndole tocado revisión (rojo), un
policía fiscal le encontró entre sus pertenencias varias cajas que contenían los cartuchos de
diferentes calibres afectos a la causa, es evidente que tales cartuchos se hallaban en un lugar
visible, esto es, en un sitio sujeto a revisión, aunque las municiones hubieran venido en cajas o en
calcetines, lo que no implica, de ninguna manera, que los hechos delictuosos los haya realizado en
forma clandestina, ya que dicho término es sinónimo de oculto y para darse ese supuesto se debió
haber preparado exprofeso un lugar para ocultarlas, con el objeto de que los agentes de la Policía
Fiscal no los encontraran, caso en el cual sí se podría establecer que el inculpado actuó
clandestinamente, pero al no existir ese elemento, es indudable que no se configura el delito de
referencia.
Amparo en revisión 81/96. Víctor Avila Bocanegra. 27 de marzo de 1996. Unanimidad de votos.
Ponente: Arturo Barocio Villalobos. Secretario: Eduardo Ochoa Torres.
Nota: Esta tesis contendió en la contradicción 78/97 resuelta por la Primera Sala, de la que derivó
la tesis 1a./J. 19/99, que aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta,
Novena Época, Tomo IX, mayo de 1999, página 66, con el rubro: "ARMAS, MUNICIONES,
EXPLOSIVOS Y MATERIALES DE USO EXCLUSIVO DE LAS FUERZAS ARMADAS O SUJETOS A
CONTROL, DELITO DE INTRODUCCION CLANDESTINA EN LA REPUBLICA. ES DETERMINANTE EL
MODO Y EL LUGAR EN QUE SE INTERNAN LOS OBJETOS DEL ILICITO."
Novena Época
Registro: 202700
Tesis Aislada
III, Abril de 1996
Tesis: IV.3o.8 A
Página: 418
MULTAS EXCESIVAS. (ARTICULO 22 CONSTITUCIONAL).
El artículo 22 de la Constitución General constriñe a la autoridad con determinadas prohibiciones
entre las que se encuentra la multa excesiva, debiéndose entender por esto, todas aquellas
sanciones pecuniarias que rebasen el límite de lo ordinario y razonable; esté en desproporción con
la gravedad del ilícito fiscal, ya sea por sus consecuencias, como por las condiciones en que se
cometió o por el monto de la cantidad cuya contribución se omitió; que resulten
desproporcionadas con el monto del negocio; y por último, que esté en desproporción con la
capacidad económica del multado. Lo anterior es lógico si se toma en cuenta que la finalidad que
persigue este tipo de sanciones es además de intimidatoria, la de evitar la reincidencia de los
infractores, mas no la de terminar con sus patrimonios, a lo cual se llegaría de aceptarse la
imposición de multas que rebasen la capacidad económica. Ahora bien, la única forma de evitar la
imposición de sanciones pecuniarias irrazonables o desproporcionadas, que contraríen la
disposición constitucional, es otorgándole a la autoridad pleno arbitrio para valorar la gravedad
del ilícito, el monto del negocio y las condiciones económicas del infractor, además para imponer
las sanciones que considere justas, dentro de un mínimo y un máximo, por lo que debe concluirse
que todas aquellas leyes o preceptos legales que no concedan a las autoridades esas facultades,
aunque sea implícitamente, y a menos, claro está, que la multa autorizada sea mínima como las
contempladas en el artículo 21 constitucional o sus equivalentes en tratándose de personas
morales, violan la garantía contenida en el artículo 22 constitucional.
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL CUARTO CIRCUITO.
Amparo directo 629/95. Fraccionadora Industrial del Norte, S.A. de C.V. 10 de enero de 1996.
Unanimidad de votos. Ponente: Enrique Cerdán Lira. Secretario: Alberto Alejandro Herrera Lugo.
Amparo directo 856/95. Combustibles de Oriente, S.A. de C.V. 5 de diciembre de 1995.
Unanimidad de votos. Ponente: Juan Miguel García Salazar. Secretario: Angel Torres Zamarrón.
Amparo directo 691/95. Francisco J. Hinojosa Gutiérrez. 14 de noviembre de 1995. Unanimidad de
votos. Ponente: Juan Miguel García Salazar. Secretario: Angel Torres Zamarrón.
Véase: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Epoca, Tomo II-Julio, Pleno, tesis
9/95, página 5.
Novena Época
Registro: 202873
Tesis Aislada
III, Marzo de 1996
Página: 881
AMPARO CONTRA LEYES. PROCEDENCIA DEL. CUANDO SE RECLAMA LA INCONSTITUCIONALIDAD
DE UN PRECEPTO LEGAL QUE FUNDAMENTO UNA MULTA POR OMISION DE CONTRIBUCIONES, NO
ES NECESARIO QUE EN EL JUICIO ORDINARIO SE ARGUMENTEN CUESTIONES DE LEGALIDAD
CONTRA LA MULTA.
Cuando una autoridad fiscal, con base en el resultado de una auditoría, emite una resolución de
liquidación de créditos por concepto de contribuciones omitidas, recargos, actualización, multas
por no proporcionar datos a la autoridad fiscalizadora y multas por las contribuciones omitidas, y
estas últimas se fundamentan en algún precepto legal que el contribuyente estima
inconstitucional, el propio particular tiene la opción de reclamar la inconstitucionalidad de ese
precepto legal con motivo de esa liquidación que constituye el primer acto de aplicación, o bien
agotar el juicio ordinario (de nulidad) que tiene por objeto modificar, revocar o anular la citada
liquidación, y si la resolución del juicio ordinario le resulta adversa, entonces promover el juicio de
amparo directo, en el cual, vía conceptos de violación, deberá impugnar la inconstitucionalidad del
precepto legal relativo, pero sin que para ello se requiera que en la demanda de nulidad se hagan
valer agravios en contra de la multa impuesta por la omisión de contribuciones. Esto es así porque
el particular puede alegar en el juicio ordinario violaciones de mera legalidad, ya sea de
procedimiento, de forma o inclusive de fondo, que de ser fundadas podrían anular la liquidación
total o parcialmente, quedando de esta manera sin efecto el primer acto de aplicación de las
multas que se impusieron como consecuencia de las contribuciones omitidas. Pero esas multas
podrían no contener, a juicio del contribuyente, un vicio propio de legalidad, de manera que la
inconstitucionalidad de su fundamento no sería competencia del tribunal común. Además, para la
procedencia del juicio de amparo en estos casos, la ley no establece que contra la parte de la
resolución impugnada en nulidad que constituye el primer acto de aplicación de la ley que se
tacha de inconstitucional, se formule algún concepto de anulación. Por lo contrario, el tercer
párrafo de la fracción XII del artículo 73 de la Ley de Amparo dispone que cuando el interesado
opte por hacer valer contra el primer acto de aplicación algún recurso o medio de defensa legal
por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, sólo se entenderá consentida la
ley si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir de la fecha en
que se haya notificado la resolución recaída al recurso o medio de defensa, aun cuando para
fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Esto implica que ese fundamento
se refiere a las cuestiones de ilegalidad propuestas por el inconforme, y si como se dijo, éste no
considera que el acto de aplicación tenga vicios propios de legalidad, de obligarlo a formular
impugnaciones de esta índole se haría nugatoria la opción que le otorga la ley, ya que es obvio que
la resolución recaída al medio ordinario es la que hace que el acto de aplicación sea definitivo y
que le cause al quejoso un agravio actual y directo.
Amparo directo 164/95. José Ramón Loza Franco. 31 de enero de 1996. Unanimidad de votos.
Ponente: José Manuel Mojica Hernández. Secretario: Silverio Rodríguez Carrillo.
Véanse: Semanario Judicial de la Federación, Séptima Epoca, Volumen 51, Sexta Parte, pág. 35;
Semanario Judicial de la Federación, Séptima Epoca, Volúmenes 115-120, Primera Parte, pág. 127;
Semanario Judicial de la Federación, Octava Epoca, Tomo I, Primera Parte-1, pág. 31; Semanario
Judicial de la Federación, Octava Epoca, Tomo VI, Segunda Parte-1, pág. 193; Semanario Judicial de
la Federación y su Gaceta, Novena Epoca, Tomo I-Junio, pág. 223.
Novena Época
Registro: 203102
Tesis Aislada
III, Marzo de 1996
Tesis: I.2o.A.7 A
Página: 1030
SUSPENSION. TRATANDOSE DE MULTAS ADMINISTRATIVAS NO DEBE EXIGIRSE LA GARANTIA
SEÑALADA EN EL ARTICULO 135, DE LA LEY DE AMPARO.
De conformidad con lo que establece el artículo 3o., del Código Fiscal de la Federación, los
aprovechamientos son los ingresos que percibe el Estado por sus funciones de derecho público,
entre los que se encuentran comprendidos las "multas administrativas". Por tanto, si el artículo
135, de la Ley de Amparo, señala como requisito para que surta efectos la suspensión cuando el
amparo se pide contra el cobro de "contribuciones", el depósito de la cantidad que se cobra ante
la Tesorería de la Federación, entidad federativa o municipio correspondiente; debe concluirse
que, tal requisito no debe satisfacerse cuando el acto reclamado lo es "una multa administrativa",
pues éstas son de naturaleza distinta de las contribuciones, en términos del artículo 2o., del código
tributario federal.
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.
Amparo en revisión 632/96. Automotriz Internacional, S.A. de C.V. 7 de marzo de 1996.
Unanimidad de votos. Ponente: Carlos Amado Yáñez. Secretario: Jorge Arturo Camero Ocampo.
Novena Época
Registro: 203758
Tesis Aislada
II, Noviembre de 1995
Tesis: XIX.2o.7 A
Página: 521
DEFINITIVIDAD. PRINCIPIO DE, EN LOS JUICIOS DE AMPARO EN MATERIA FISCAL.
En términos de lo dispuesto por el artículo 73, fracción XV, de la Ley de Amparo, no es necesario
agotar los medios ordinarios de defensa en materia administrativa cuando éstos no concedan la
suspensión del acto impugnado, o exijan mayores requisitos que la Ley de Amparo para ello. Ahora
bien, cuando en el juicio de garantías se impugna una multa impuesta por autoridades
administrativas federales, en principio (salvo casos de excepción), sí es necesario acudir
previamente ante el Tribunal Fiscal, puesto que las leyes tributarias otorgan la suspensión de la
ejecución de tal multa sin exigir mayores requisitos a los previstos en la ley reglamentaria del juicio
constitucional, lo cual queda evidenciado de acuerdo con lo siguiente: a). El artículo 135 de la ley
de la materia señala: "Cuando el amparo se pida contra el cobro de contribuciones, podrá
concederse discrecionalmente la suspensión del acto reclamado..."; lo anterior significa que no
necesariamente se encuentra obligado el juzgador federal a otorgar la suspensión en estos casos,
pudiendo actuar según su prudente arbitrio, fundando y motivando su determinación. En cambio,
ante las autoridades tributarias no existe tal discrecionalidad, ya que en todo caso deberán
abstenerse de ejecutar los actos administrativos cuando se garantice el interés fiscal, según lo
ordena el artículo 144 del Código Fiscal de la Federación, sin que haya lugar a discrecionalidad
alguna. b). En materia de amparo necesariamente debe depositarse la cantidad que se cobra, lo
cual no sucede tratándose del juicio de nulidad, pues en términos de lo ordenado por el artículo
141 del código tributario federal, además del depósito se permite: la prenda o hipoteca, fianza,
obligación solidaria asumida por un tercero, e incluso el embargo por vía administrativa. c). En lo
correspondiente al monto de la garantía, existe igualdad de condiciones tanto en el juicio de
amparo como ante la autoridad fiscal, pues si bien el artículo 141 del Código Fiscal de la
Federación analiza los renglones que debe abarcar la misma, contemplando la suerte principal, los
accesorios causados, así como los que se causen en los doce meses siguientes de su otorgamiento;
cuando la ley rectora del juicio constitucional ordena que el depósito deberá comprender "la
cantidad que se cobra", ello debe entenderse, como la suerte principal y todos los accesorios
(multas y recargos) que por ley debe liquidar y hacer efectivos en favor del Fisco la autoridad
tributaria correspondiente; pues la pretensión hacendaria no se modifica en razón al medio de
defensa que elija el contribuyente para impugnar el cobro fiscal, ya sea el medio ordinario de
defensa o el juicio constitucional. Por último en cuanto a la parte del artículo 135 de la Ley de
Amparo que se analiza, en la cual se indica "el depósito no se exigirá cuando se trate del cobro de
sumas que excedan de la posibilidad del quejoso, según apreciación del juez"; se trata de una
hipótesis muy específica que debe demostrarse en cada caso.
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DECIMO NOVENO CIRCUITO.
Improcedencia 301/95. Ana Bella Rodríguez Méndez. 6 de septiembre de 1995. Mayoría de votos.
Ponente: Roberto Terrazas Salgado. Disidente: Lucio Antonio Castillo González. Secretario: Sergio
Arturo López Servín.
Gaceta, Novena Época, Tomo V, marzo de 1997, página 395, con el rubro: "MULTAS
ADMINISTRATIVAS O NO FISCALES. PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD EN EL AMPARO CONTRA LAS."
Novena Época
Registro: 203803
Tesis Aislada
II, Noviembre de 1995
Tesis: VI.2o.25 A
Página: 559
LEY DE AGUAS NACIONALES, NOTIFICACION DE RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS DICTADAS POR
LA COMISION NACIONAL DEL AGUA, DEBEN SER PERSONALES A LOS INTERESADOS,
SUPLETORIEDAD DEL CODIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES, SIEMPRE Y CUANDO NO
CORRESPONDA A LA MATERIA FISCAL.
De la interpretación armónica de los artículos 183 fracciones IX y X, 190 y 197 del Reglamento de
la Ley de Aguas Nacionales, se sigue que las resoluciones administrativas que pronuncie la
Comisión Nacional del Agua, deben notificarse en forma personal a los interesados, conforme a las
disposiciones relativas, previstas en el Código Federal de Procedimientos Civiles que es el
ordenamiento legal que debe de aplicarse supletoriamente a la Ley de Aguas Nacionales y su
Reglamento, y que en contra de la falta o ilegalidad de la notificación que deba efectuarse,
procede el incidente de nulidad de notificaciones, en términos del precitado código adjetivo civil
federal, siempre y cuando la resolución que debe notificarse no corresponda a la materia fiscal,
como sería la imposición de multas, en cuyo caso, el recurso que en contra de la misma se
interponga deberá ser resuelto conforme a lo establecido en el Código Fiscal de la Federación en
su parte relativa.
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO.
Amparo en revisión 405/95. Enrique López Molina. 25 de octubre de 1995. Unanimidad de votos.
Ponente: María Eugenia Estela Martínez Cardiel. Secretario: Enrique Baigts Muñoz.
Novena Época
Registro: 203945
Tesis Aislada
II, Octubre de 1995
Materia(s): Común
Tesis: I.4o.A.10 K
Página: 479
AMPARO. ES IMPROCEDENTE EL PROMOVIDO EN CONTRA DE UNA SENTENCIA EMITIDA EN
CUMPLIMIENTO A OTRA EN UN JUICIO CONSTITUCIONAL.
Las sentencias del Tribunal Fiscal de la Federación que son emitidas en cumplimiento de una
ejecutoria de amparo, no pueden ser materia nuevamente de otro juicio constitucional, siempre y
cuando los argumentos esgrimidos en éste, se dirijan a controvertir razonamientos sobre los
cuales un Tribunal Colegiado ya externó criterio, pues de ser así se actualiza la causal de
improcedencia a que se refiere el artículo 73, fracción II, de la Ley de Amparo y en consecuencia
debe sobreseerse en el juicio de garantías; lo anterior al margen de imponer multa al quejoso y su
representante en su caso, de conformidad con los artículos 3o. bis y 81 de la Ley de Amparo.
Amparo directo 124/95. Arturo Filio Rubio. 15 de marzo de 1995. Unanimidad de votos. Ponente:
Hilario Bárcenas Chávez. Secretario: Emilio Hassey Domínguez.
Novena Época
Registro: 200348
Instancia: Pleno
Jurisprudencia
II, Julio de 1995
Materia(s): Constitucional, Común
Tesis: P./J. 7/95
Página: 18
MULTA EXCESIVA PREVISTA POR EL ARTICULO 22 CONSTITUCIONAL. NO ES EXCLUSIVAMENTE
PENAL.
Es inexacto que la "multa excesiva", incluida como una de las penas prohibidas por el artículo 22
constitucional, deba entenderse limitada al ámbito penal y, por tanto, que sólo opere la
prohibición cuando se aplica por la comisión de ilícitos penales. Por lo contrario, la interpretación
extensiva del precepto constitucional mencionado permite deducir que si prohíbe la "multa
excesiva" como sanción dentro del derecho represivo, que es el más drástico y radical dentro de
las conductas prohibidas normativamente, por extensión y mayoría de razón debe estimarse que
también está prohibida tratándose de ilícitos administrativos y fiscales, pues la multa no es una
sanción que sólo pueda aplicarse en lo penal, sino que es común en otras ramas del derecho, por
lo que para superar criterios de exclusividad penal que contrarían la naturaleza de las sanciones,
debe decretarse que las multas son prohibidas, bajo mandato constitucional, cuando son
excesivas, independientemente del campo normativo en que se produzcan.
Amparo en revisión 2071/93. Grupo de Consultores Metropolitanos, S.A. de C.V. 24 de abril de
1995. Unanimidad de once votos. Ponente: Juventino V. Castro y Castro. Secretario: Indalfer
Infante González.
Amparo directo en revisión 1763/93. Club 202, S.A. de C.V. 22 de mayo de 1995. Unanimidad de
nueve votos. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretaria: Angelina Hernández Hernández.
Amparo directo en revisión 866/94. Amado Ugarte Loyola. 22 de mayo de 1995. Unanimidad de
nueve votos. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: Enrique Escobar Angeles.
Amparo en revisión 900/94. Jovita González Santana. 22 de mayo de 1995. Unanimidad de nueve
votos. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: Salvador Castro Zavaleta.
Amparo en revisión 928/94. Comerkin, S.A. de C.V. 29 de mayo de 1995. Unanimidad de nueve
votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretario: Francisco de Jesús Arreola Chávez.
El Tribunal Pleno en su sesión privada celebrada el veinte de junio en curso, por unanimidad de
diez votos de los señores Ministros Presidente en funciones Juventino V. Castro y Castro, Sergio
Salvador Aguirre Anguiano, Mariano Azuela Güitrón, Juan Díaz Romero, Genaro David Góngora
Pimentel, José de Jesús Gudiño Pelayo, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, Humberto Román Palacios,
Olga María Sánchez Cordero y Juan N. Silva Meza; aprobó, con el número 7/1995 (9a.) la tesis de
jurisprudencia que antecede; y determinó que las votaciones de los precedentes son idóneas para
integrarla. México, D.F., a veinte de junio de mil novecientos noventa y cinco.
Novena Época
Registro: 200350
Instancia: Pleno
Jurisprudencia
II, Julio de 1995
Materia(s): Constitucional, Administrativa, Común
Tesis: P./J. 8/95
Página: 20
MULTAS FISCALES Y ADMINISTRATIVAS. NO RIGEN PARA ELLAS LAS PRERROGATIVAS PROCESALES
QUE ESTABLECE LA LEY DE AMPARO EN RELACION CON LOS ACTOS PROHIBIDOS POR EL ARTICULO
22 CONSTITUCIONAL.
El artículo 22 de la Carta Magna prohíbe penas inusitadas y trascendentales y, específicamente, las
de mutilación y de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento, la confiscación de bienes y
la multa excesiva; por otra parte, la Ley de Amparo otorga ciertas prerrogativas procesales a
quienes reclaman actos prohibidos por dicho precepto constitucional, y así, el artículo 22, fracción
II, de la mencionada ley, prevé que la demanda de garantías puede promoverse en cualquier
tiempo; igualmente, el artículo 123, fracción I, establece la suspensión de oficio. Estas y otras
prerrogativas procesales dentro del juicio de garantías, rigen para todos los actos prohibidos por el
artículo 22 constitucional, pero no respecto de actos reclamados consistentes en multas fiscales o
administrativas que se califiquen de excesivas, en virtud de que tales actos, por no poner en
peligro la vida, la libertad personal, la integridad física y la dignidad de las personas, no ameritan la
misma tutela jurídica que los demás que sí afectan aquellos derechos fundamentales.
Amparo en revisión 2071/93. Grupo de Consultores Metropolitanos, S.A. de C.V. 24 de abril de
1995. Unanimidad de once votos. Ponente: Juventino V. Castro y Castro. Secretario: Indalfer
Infante González.
Amparo directo en revisión 1763/93. Club 202, S.A. de C.V. 22 de mayo de 1995. Unanimidad de
nueve votos. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretaria: Angelina Hernández Hernández.
Amparo directo en revisión 866/94. Amado Ugarte Loyola. 22 de mayo de 1995. Unanimidad de
nueve votos. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: Enrique Escobar Angeles.
Amparo en revisión 900/94. Jovita González Santana. 22 de mayo de 1995. Unanimidad de nueve
votos. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: Salvador Castro Zavaleta.
Amparo en revisión 928/94. Comerkin, S.A. de C.V. 29 de mayo de 1995. Unanimidad de nueve
votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretario: Francisco de Jesús Arreola Chávez.
El Tribunal Pleno en su sesión privada celebrada el veinte de junio en curso, por unanimidad de
diez votos de los señores Ministros Presidente en funciones Juventino V. Castro y Castro, Sergio
Salvador Aguirre Anguiano, Mariano Azuela Güitrón, Juan Díaz Romero, Genaro David Góngora
Pimentel, José de Jesús Gudiño Pelayo, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, Humberto Román Palacios,
Olga María Sánchez Cordero y Juan N. Silva Meza; aprobó, con el número 8/1995 (9a.) la tesis de
jurisprudencia que antecede; y determinó que las votaciones de los precedentes son idóneas para
integrarla. México, D.F., a veinte de junio de mil novecientos noventa y cinco.
Novena Época
Registro: 204939
Tesis Aislada
I, Junio de 1995
Tesis: IV.2o.3 A
Página: 413
CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION. INCONSTITUCIONALIDAD DE SU ARTICULO 76, FRACCION III,
VIGENTE EN EL AÑO DE 1988.
El artículo 22 de la Constitución General de la República, proscribe la imposición excesiva. Aunque
dicho numeral no lo explica, por multa excesiva debe entenderse la acepción gramatical del
término "excesiva" y de las interpretaciones realizadas por la doctrina y jurisprudencia, todas
aquellas sanciones pecuniarias que rebasen el límite de lo ordinario o razonable; estén en
desproporción con la gravedad del ilícito fiscal, ya sea por sus consecuencias, por las condiciones
en que se cometió o por el monto de la cantidad cuya contribución se omitió si éste es el caso; que
resulten desproporcionados con el monto del negocio; y por último que estén en desproporción
con la capacidad económica del multado. Lo anterior es lógico, si se toma en cuenta que la
finalidad que persigue este tipo de sanciones, es, además de intimidatoria, la de evitar la
reincidencia de los infractores, mas no la de terminar con sus patrimonios, a lo cual
inevitablemente se llegaría de aceptarse la imposición de multas que rebasen su capacidad
económica, circunstancia ésta que adquiere mayor relevancia en tratándose de sociedades o
empresas, pues acabaría con fuentes de empleo y se dejarían de percibir los impuestos generados
tanto por ella como por sus empleados, con el correspondiente perjuicio para la sociedad y el
propio Estado. Ahora bien, como es evidente que la única forma de evitar la imposición de
sanciones pecuniarias irrazonables o desproporcionadas y por tanto excesivas que contraríen la
disposición constitucional comentada, es otorgándole a la autoridad pleno arbitrio para valorar la
gravedad del ilícito en los términos ya anotados, el monto del negocio y las condiciones
económicas del infractor, y además para imponer las sanciones que consideren justas dentro de
un término mínimo y un máximo, necesariamente habrá de concluir que todas aquellas leyes o
preceptos que no concedan a la autoridad estas facultades, aunque sea implícitamente y a menos,
claro está, que la multa autorizada sea indiscutiblemente mínima como las contempladas en el
artículo 21 de nuestra Carta Magna o sus equivalentes en tratándose de personas morales, riñen
directamente con la garantía consagrada en el artículo 22 de este mismo cuerpo de leyes. En tales
condiciones, si el artículo 76, fracción III, del Código Fiscal de la Federación (vigente en el año de
1988), en que se apoyó la Sala Fiscal responsable para confirmar la multa que reclama la sociedad
quejosa, que autoriza la imposición de una multa fija, por la cantidad de tres mil quinientos
cuarenta pesos, equivalente al ciento cincuenta por ciento del impuesto que omitió pagar, debe
concluirse entonces que el referido artículo 76, fracción III, del Código Fiscal de la Federación, es
inconstitucional por no permitir la aplicación de una multa acorde con los extremos de que se
trata y por ende, con el mandato contenido en el artículo 22 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos.
Amparo directo 159/95. Grupo Electrón, S. A. de C. V. 19 de abril de 1995. Unanimidad de votos.
Ponente: Arturo Barocio Villalobos. Secretario: Eduardo Ochoa Torres.
Novena Época
Registro: 205127
Tesis Aislada
I, Junio de 1995
Tesis: I.4o.A.10 A
Página: 549
SUSPENSION PROVISIONAL. PARA OTORGARLA EN CONTRA DEL EMBARGO PRECAUTORIO
TRABADO EN UN VEHICULO EXTRANJERO NO ES NECESARIO GARANTIZAR EL INTERES FISCAL.
En contra del acto reclamado consistente en un embargo precautorio trabado en un vehículo de
procedencia extranjera, hasta en tanto se acredita la legal importación, tenencia y estancia en el
país, no procede exigir al particular que garantice el interés fiscal, con fundamento en lo dispuesto
en el artículo 135 de la Ley de Amparo, en virtud de que este precepto se refiere a los casos en
que el amparo se pida contra el cobro de contribuciones. Por otra parte, no es necesario otorgar
alguna garantía ya que el interés fiscal se salvaguarda con el vehículo embargado
precautoriamente, el cual, evidentemente se encuentra en su poder, y pretender que se otorgue
diversa garantía para proteger otros aspectos como impuestos, recargos, multas, actualizaciones,
se traduciría en una exigencia mayor de la necesaria para obtener la medida cautelar solicitada del
acto reclamado.
Queja 44/95. Administrador de Auditoría de Comercio Exterior de la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público. 15 de febrero de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: Jaime C. Ramos Carreón.
Secretario: Luis Enrique Ramos Bustillos.
Octava Época
Registro: 205604
Instancia: Pleno
Jurisprudencia
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación
59, Noviembre de 1992
Tesis: P./J. 41/92
Página: 15
PAGO EXTEMPORANEO DE UNA CONTRIBUCION FISCAL. LA ACTUALIZACION DE SU MONTO Y LOS
RECARGOS PREVISTOS EN EL ARTICULO 21 DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION VIGENTE EN
1990, NO VIOLAN EL ARTICULO 22 CONSTITUCIONAL.
La actualización del monto de la contribución que se cubre fuera del plazo legal y los recargos
respectivos previstos por el artículo 21 del Código Fiscal de la Federación vigente en 1990, no
constituyen multas o sanciones de aquéllas a que alude el artículo 22 constitucional, en virtud de
que provienen de procedimientos que tienen por objeto la determinación del valor real del monto
de la contribución y el cálculo de una indemnización por la falta de pago oportuno de la misma,
respectivamente; y, por tanto, el precepto legal citado no viola el artículo 22 constitucional.
Amparo en revisión 6464/90. Herramientas Técnicas Mexicanas, S. A. 22 de abril de 1992.
Unanimidad de diecisiete votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: María Estela Ferrer
Mac Gregor Poisot.
Amparo en revisión 281/92. Limpieza y Papel, S.A. 23 de septiembre de 1992. Mayoría de catorce
votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: Ethel Lizette del C. Rodríguez Arcovedo.
Amparo en revisión 5984/90. Densímetros Robsan, S.A. de C.V. 23 de septiembre de 1992.
Mayoría de catorce votos. Ponente: Fausta Moreno Flores. Secretario: Juan Carlos Cruz Razo.
Amparo en revisión 69/92. Servicios Técnicos de Ingeniería e Instalaciones, S.A. de C.V. 23 de
septiembre de 1992. Mayoría de catorce votos. Ponente: Fausta Moreno Flores. Secretario: Juan
Carlos Cruz Razo.
Amparo en revisión 363/91. Productora del Bajío, S.A. de C.V. 8 de octubre de 1992. Mayoría de
catorce votos. Ponente: Fausta Moreno Flores. Secretario: Juan Carlos Cruz Razo.
El Tribunal Pleno en su sesión privada celebrada el martes diez de noviembre en curso, por
unanimidad de dieciséis votos de los señores ministros Presidente Ulises Schmill Ordóñez, Carlos
de Silva Nava, Ignacio Magaña Cárdenas, José Trinidad Lanz Cárdenas, Miguel Montes García, Noé
Castañón León, Felipe López Contreras, Luis Fernández Doblado, Victoria Adato Green, Samuel
Alba Leyva, Ignacio Moisés Cal y Mayor Gutiérrez, José Manuel Villagordoa Lozano, Fausta Moreno
Flores, Mariano Azuela Güitrón, Juan Díaz Romero y Sergio Hugo Chapital Gutiérrez: aprobó, con el
número 41/1992, la tesis de jurisprudencia que antecede; y determinó que las votaciones de los
precedentes son idóneas para integrarla. Ausentes: José Antonio Llanos Duarte, Clementina Gil de
Lester, Atanasio González Martínez y Carlos García Vázquez. México, Distrito Federal, a doce de
noviembre de mil novecientos noventa y dos.
Octava Época
Registro: 205625
Instancia: Pleno
Tesis Aislada
58, Octubre de 1992
Tesis: P. LXXXV/92
Página: 36
ACTUALIZACION DEL PAGO DE CONTRIBUCIONES. CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION, SU
ARTICULO 21 NO ES VIOLATORIO DEL ARTICULO 22 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.
La norma contenida en el artículo 21 del citado Código Fiscal de la Federación en el sentido de
que: "Cuando no se cubran las contribuciones en la fecha o dentro del plazo fijado por las
disposiciones fiscales, el monto de las mismas se actualizará desde el mes en que debió hacerse el
pago y hasta que el mismo se efectúe, además deberán pagarse recargos en concepto de
indemnización al fisco federal por la falta de pago oportuno"..., de manera alguna constituye una
pena y por tanto no viola el artículo 22 constitucional, pues la consecuencia relativa al pago de
recargos por concepto de indemnización al fisco federal por falta de pago oportuno, no se
encuentra comprendida dentro de las sanciones que prohibe este último precepto, en cambio, en
el mismo se dispone que no se considera como una confiscación de bienes la aplicación total o
parcial de los bienes de una persona hecha por la autoridad judicial, para el pago de impuestos o
multas. Por otra parte, no puede afirmarse que el invocado artículo 21 viole el precepto
constitucional de mérito, ya que en aquel no se prevé doble imposición de sanciones, sino que a
través de la disposición en él contenida sólo se obliga al contribuyente a cubrir sus créditos
oportunamente, previniéndolo con actualizar el adeudo no cubierto en tiempo conforme al valor
monetario que corresponda, y de imponerle como única consecuencia por la mora en el pago, la
de cubrir recargos por concepto de indemnización al fisco federal por falta de pago oportuno.
Amparo en revisión 6194/90. Termoformas, S.A. de C.V. 10 de junio de 1992. Mayoría de trece
votos. Ponente: Sergio Hugo Chapital Gutiérrez. Secretario: E. Gustavo Núñez Rivera.
El Tribunal Pleno en su sesión privada celebrada el martes trece de octubre en curso, por
unanimidad de dieciocho votos de los señores ministros Presidente Ulises Schmill Ordóñez, Carlos
de Silva Nava, Ignacio Magaña Cárdenas, José Trinidad Lanz Cárdenas, Miguel Montes García,
Felipe López Contreras, Luis Fernández Doblado, José Antonio Llanos Duarte, Ignacio Moisés Cal y
Mayor Gutiérrez, Clementina Gil de Lester, Atanasio González Martínez, José Manuel Villagordoa
Lozano, Fausta Moreno Flores, Carlos García Vázquez, Mariano Azuela Güitrón, Juan Díaz Romero,
Sergio Hugo Chapital Gutiérrez y Victoria Adato Green: aprobó, con el número LXXXV/92, la tesis
que antecede; y determinó que la votación no es idónea para integrar tesis de jurisprudencia.
Ausentes: Samuel Alba Leyva y Noé Castañón León. México, Distrito Federal, a quince de octubre
de mil novecientos noventa y dos.
Octava Época
Registro: 206480
Tesis Aislada
Fuente: Semanario Judicial de la Federación
V, Primera Parte, Enero a Junio de 1990
Tesis:
Página: 137
Genealogía:
Informe 1988, Segunda Parte, Segunda Sala, tesis 13, página 34.
MULTAS ADMINISTRATIVAS EN MATERIA LABORAL. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL FISCAL DE LA
FEDERACION PARA CONOCER DE LAS, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LA AUTORIDAD QUE
IMPONGA LA SANCION SEA LOCAL O FEDERAL.
Si la controversia motivo del juicio de nulidad se refiere a una multa impuesta por violación a una
norma administrativa federal, contenida en la Ley Federal del Trabajo y el artículo 23, fracción III,
de la Ley Orgánica del Tribunal Fiscal de la Federación, no distingue el carácter de local o federal
de la autoridad que impone la sanción, debe resolverse que es legalmente competente para
conocer del juicio de nulidad el Tribunal Fiscal de la Federación.
Competencia 32/88. Suscitada entre la Tercera Sala Regional Metropolitana del Tribunal Fiscal de
la Federación y la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal.
16 de enero de 1989. Unanimidad de 4 votos. Ausente: Manuel Gutiérrez de Velasco. Ponente:
Carlos de Silva Nava. Secretario: Jesús Antonio Nazar Sevilla.
Competencia 40/88. Tercera Sala Regional Metropolitana del Tribunal Fiscal de la Federación y
Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo en el Distrito Federal. 28 de
septiembre de 1988. 5 votos. Ponente: Fausta Moreno Flores. Secretario: Roberto Avendaño.
Competencia 14/88. Tercera Sala Regional Metropolitana del Tribunal Fiscal de la Federación y
Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo en el Distrito Federal. 10 de agosto de
1988. 5 votos. Ponente: Atanasio González Martínez. Secretaria: Amanda R. García González.
Octava Epoca, Tomo II, Primera Parte, página 179 (2 asuntos).
Octava Época
Registro: 206856
Instancia: Tercera Sala
Tesis Aislada
IX, Marzo de 1992
Tesis: 3a. XIX/92
Página: 22
REPETICION DE ACTO RECLAMADO. NO LO CONSTITUYE UNA RESOLUCION QUE IMPONE MULTAS
CON BASE EN UNA LIQUIDACION RESPECTO DE LA CUAL SE OTORGO EL AMPARO.
Debe declararse infundado el incidente de inejecución por repetición de acto reclamado, cuando
de autos se desprende que se hizo valer en contra del proveído mediante el cual la autoridad fiscal
impuso a la parte quejosa determinadas multas, fundándose para ello en la liquidación que fue
impugnada en el juicio de garantías y por la que se concedió el amparo a la parte agraviada, pues
tales actos administrativos son de naturaleza jurídica distinta, los que se emiten con fundamento
en preceptos legales diversos, ya que en la resolución liquidadora se materializa la facultad de
liquidación impositiva o determinación oficiosa de la autoridad fiscal, y en el proveído, la facultad
sancionadora de la propia autoridad, todo ello con independencia de que en contra de este último
pudiera hacerse valer una vía defensa distinta.
Incidente de Inejecución por Repetición de Acto Reclamado 16/91. Supertienda el Emporio
Mercantil, S.A. 2 de marzo de 1992. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Sergio Hugo Chapital
Gutiérrez. Secretario: E. Gustavo Núñez Rivera.
Octava Época
Registro: 209709
Tesis Aislada
XIV, Diciembre de 1994
Tesis: IV. 3o. 43 A
Página: 361
CREDITO FISCAL, EXIGIBILIDAD DEL. CUANDO NO SE CUMPLE CON TODOS LOS REQUISITOS QUE
MARCA EL INCISO A) DEL ARTICULO 143 DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION.
Si en la especie la póliza de fianza fue expedida para garantizar los impuestos y las probables
multas, correspondientes a las mercancías amparadas en el pedimento de importación temporal,
misma que sería exigible en caso de que la mercancía no retornara al extranjero en un cierto
plazo; es necesario que, para hacerla efectiva a la compañía afianzadora, se cumpla con el
contenido del artículo 143, inciso a) del Código Fiscal de la Federación, ya que si se acompañaron
los documentos que justificaban el crédito garantizado, como sería la fianza, el acta de
incumplimiento del fiado, la liquidación por el monto del crédito exigible y el pedimento de
importación temporal, pero no se allegó aquel documento que justificaba la exigibilidad del
mismo, o sea, el oficio a través del cual se le concedió a su fiado una prórroga, es claro que se le
deja en estado de indefensión en virtud de que la exigibilidad de un crédito fiscal inicia a partir del
día siguiente a aquél en que concluye el plazo que se le otorgó, el cual únicamente podía saberlo a
través de la prórroga indicada.
Amparo directo 101/93. Afianzadora Insurgentes, S. A. 23 de junio de 1993. Unanimidad de votos.
Ponente: Ramiro Barajas Plasencia. Secretaria: Gloria Fuerte Cortés.
Octava Época
Registro: 210447
Tesis Aislada
XIV, Septiembre de 1994
Tesis: XIX. 2o. 11 A
Página: 298
CREDITO FISCAL. EL PAGO DEL. NO IMPLICA SU CONSENTIMIENTO.
La circunstancia de que el contribuyente haya cubierto el impuesto omitido por el exceso de
mercancía que le resultó durante el reconocimiento aduanero, no implica su consentimiento, toda
vez que, el pago del crédito fiscal que por el excedente de mercancía hace el particular, tiene
como única finalidad el que no se sigan generando recargos o multas durante el tiempo que dure
el procedimiento administrativo, sin que puedan estimarse como consentidos para los efectos del
amparo, el crédito fiscal ni el procedimiento del cual deriva, por ese solo hecho.
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DECIMO NOVENO CIRCUITO.
Amparo en revisión 88/94. Administrador General de Aduanas. 8 de junio de 1994. Unanimidad de
votos. Ponente: Lucio Antonio Castillo González. Secretario: Arturo Ortegón Garza.
Octava Época
Registro: 212699
Tesis Aislada
XIII, Mayo de 1994
Tesis: I.3o.A.545 A
Página: 531
REVISION FISCAL, SI UNA AUTORIDAD AL DEFENDERSE DE MULTAS QUE LE FUERON IMPUESTAS
ESTA ACTUANDO NO COMO TAL, SINO COMO PARTICULAR EN EL JUICIO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO, ENTONCES CARECE DE LEGITIMACION PARA INTERPONER DICHO RECURSO,
PUES ESTE HA SIDO ESTABLECIDO UNICAMENTE EN FAVOR DE TODA AUTORIDAD QUE CON ESE
CARACTER INTERVENGA EN EL CITADO JUICIO.
El término de autoridad a la que se refiere el artículo 248 del Código Fiscal de la Federación, para
impugnar determinadas resoluciones por medio del recurso de revisión que prevé, debe
entenderse referido, única y exclusivamente a aquellas autoridades que en el juicio de que se trate
tengan la finalidad de defender la legalidad de la resolución cuya nulidad se esté demandando, si
el actor es un gobernado. Al respecto, es de tomarse en cuenta que la gran mayoría de los asuntos
de que conoce el Tribunal Fiscal de la Federación, involucra a un particular, quien por lo regular
hace las veces de parte actora, y a una o más autoridades, mismas que en su carácter de
demandadas usualmente pretenden que prevalezca la resolución objeto de controversia. Además,
de la lectura de la fracción XXIX-H del artículo 73 constitucional, se advierte que los Tribunales de
lo Contencioso Administrativo han sido creados con la finalidad de que diriman las controversias
que surjan entre la Administración Pública y los particulares, respecto de las cuales cabe
mencionar que frecuentemente se generan con motivo de la inconformidad de los particulares
hacia las resoluciones provenientes de tales administraciones. De esta manera, cabe señalar que
en el juicio contencioso administrativo, materialmente intervienen sólo dos partes, que son: la que
demanda la nulidad de una determinada resolución, que por lo general se concreta en la persona
de algún gobernado cuya inconformidad con la resolución de que se trate lo conduce a promover
el juicio; y la que defiende la legalidad de la resolución que se esté controvirtiendo, que
frecuentemente es la autoridad emisora de la propia resolución, así como las demás que estén
vinculadas directamente con su origen y su ejecución. En consecuencia, la interpretación del
artículo 248 del citado Código, en cuanto concierne al término "autoridad", debe precisarse en
función de la dinámica que por razones naturales corresponde a la gran mayoría de los juicios de
carácter contencioso-administrativo, en los que intervienen un gobernado, como actor, y una o
más autoridades, con el carácter de parte demandada. En esta tesitura, si una autoridad no está
actuando como tal, sino como un particular que impugna diversos actos provenientes de la
Administración Pública Federal, en razón de estar defendiéndose contra un acto proveniente de la
Administración Pública Federal, mismo que estima lesivo para sus intereses, como son las multas
impuestas por una autoridad, en tal virtud cabe concluir que el hecho de que la recurrente tenga
el carácter de autoridad, no basta para considerar que está legitimada para agotar el recurso de
revisión previsto en el multicitado artículo 248 del Código Fiscal de la Federación, por ende, el
interpuesto así debe ser desechado en razón de provenir de quien no tiene legitimación para
interponerlo.
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.
Revisión fiscal 243/94. Director General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Comunicaciones y
Transportes. 10 de marzo de 1994. Unanimidad de votos. Ponente: Genaro David Góngora
Pimentel. Secretario: Jesús García Vilchis.
Octava Época
Registro: 213540
Tesis Aislada
Tesis: II.3o.83 A
Página: 383
NULIDAD, EFECTOS PARA LOS QUE SE DECRETA. ARTICULO 238, FRACCION II, DEL CODIGO FISCAL
DE LA FEDERACION.
La nulidad que se decrete respecto de las multas combatidas con base en la fracción II del artículo
238 del código tributario, tiene como efecto la emisión de una nueva resolución a fin de subsanar
la omisión de los requisitos formales exigidos, pues así lo establece el numeral 239, fracción III,
último párrafo, del ordenamiento legal invocado.
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEGUNDO CIRCUITO.
Revisión fiscal 19/93. Secretario de Hacienda y Crédito Público. 2 de diciembre de 1993.
Unanimidad de votos. Ponente: José Angel Mandujano Gordillo. Secretaria: Lidia López Villa.
Octava Época
Registro: 214108
Tesis Aislada
XII, Diciembre de 1993
Tesis:
Página: 908
MULTA, NOTIFICACION DE LA. NO ES UN ACTO DE COBRO.
La sola notificación de las multas no constituye necesariamente el inicio del procedimiento de
cobro de las mismas, debido a que es simplemente un acto de comunicación al particular, en el
que se hace de su conocimiento la existencia de un crédito fincado por la autoridad a fin de que
sea cubierto o garantizado (en el caso de que se impugne), y será hasta cuando tal crédito no sea
cubierto ni garantizado cuando se proceda a su cobro a través del procedimiento administrativo
de ejecución, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 145 del Código Fiscal de la Federación.
Amparo directo 1781/93. Compañía Operadora de Teatros, S. A. de C. V. 18 de agosto de 1993.
Unanimidad de votos. Ponente: Julio Humberto Hernández Fonseca. Secretario: Teódulo Angeles
Espino.
Octava Época
Registro: 214109
Tesis Aislada
Tesis: XXI.2o.11 A
Página: 908
MULTAS. CONSTITUYEN UN CREDITO FISCAL LAS IMPUESTAS CON MOTIVO DEL INCUMPLIMIENTO
DE UNA OBLIGACION FISCAL.
De conformidad con los artículos 2o. y 3o. del Código Fiscal de la Federación, los ingresos que el
Estado tiene derecho a percibir, son esencialmente: a) contribuciones, clasificadas a su vez en
impuestos, aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras y derechos; b)
aprovechamientos y c) productos. De la definición que de cada uno de estos ingresos otorgan los
propios preceptos legales, se advierte que solamente las contribuciones y los aprovechamientos
son debidos a la calidad de entidad de derecho público del Estado, en tanto que los productos
derivan de la actividad del propio Estado, pero como entidad de derecho privado. Por tal razón,
solamente respecto a las contribuciones y los aprovechamientos la ley ha establecido la causación
de recargos, sanciones, gastos de ejecución e indemnización por falta de pago oportuno,
atribuyéndoles el carácter de accesorios de aquellos ingresos en que tienen su origen y
haciéndoles partícipes de su naturaleza. Por otra parte, el artículo 4o. del citado ordenamiento
legal, define que son créditos fiscales, "...los que tenga derecho a percibir el Estado o sus
organismos descentralizados que provengan de contribuciones, de aprovechamientos o de sus
accesorios,...". En ese orden de ideas, la multa impuesta al quejoso "con motivo del
incumplimiento de una obligación fiscal", sólo puede entenderse como accesorio de una
contribución o de un aprovechamiento, y por ende, como un crédito fiscal.
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGESIMO PRIMER CIRCUITO.
Incidente en revisión 236/93. Operadora Hotelsa, S.A. de C.V. (Recurrente: Administrador Local
Jurídico de Ingresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en Iguala, Guerrero). 7 de
octubre de 1993. Unanimidad de votos. Ponente: Martiniano Bautista Espinosa. Secretario: Javier
Cardoso Chávez.
Octava Época
Registro: 214143
Tesis Aislada
Tesis:
Página: 933
PROCEDIMIENTO DE REVISION FISCAL "DE ESCRITORIO" INEXISTENCIA DEL. (ARTICULO 42 DEL
CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION).
Si la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para determinar un crédito fiscal a cargo del quejoso
por concepto de impuestos sobre la renta al ingreso de personas físicas, así como la multa
respectiva, llevó a efecto el procedimiento de revisión, el cual la Sala denomina "de escritorio", es
claro que la actuación de la autoridad exactora no está debidamente fundada, ya que el
procedimiento de revisión fiscal empleado no está contemplado dentro de alguna de las hipótesis
del artículo 42 del Código Fiscal de la Federación, además de que el mismo no constituye ninguna
facultad de comprobación a la autoridad hacendaria. Por tanto, es contrario a derecho el que la
Sala resolutora haya tenido por debidamente fundada la actuación de la autoridad hacendaria.
Amparo directo 278/92. José de Jesús Gómez Márquez. 14 de julio de 1992. Unanimidad de votos.
Ponente: Ramiro Barajas Plasencia. Secretaria: Gloria Fuerte Cortés.
Octava Época
Registro: 214771
Tesis Aislada
XII, Octubre de 1993
Tesis:
Página: 479
REVOCACION, RECURSO DE. NO PROCEDE EN CONTRA DE LA MULTA IMPUESTA COMO MEDIDA
DE APREMIO.
Conforme a lo dispuesto por el artículo 2o., último párrafo, del Código Fiscal de la Federación, los
recargos, las sanciones, los gastos de ejecución y la indemnización, son accesorios de las
contribuciones y participan de la naturaleza de éstas; por su parte, el artículo 117, fracción I, del
citado código tributario, establece la procedencia del recurso de revocación cuando en la
resolución definitiva se determinen contribuciones o accesorios. De los preceptos en cita se
advierte que procede el recurso de revocación en contra de las multas de carácter fiscal; sin
embargo, la multa que se impone en vía de apremio no resulta ser un accesorio de las
contribuciones y, por ello, no tiene el carácter de fiscal, aun y cuando se haya impuesto en un
procedimiento de esta naturaleza y más aún si al momento de emitirse no se había determinado
crédito fiscal alguno a cargo del contribuyente. En consecuencia, la multa como medida de
apremio no encuadra en los supuestos de la fracción I del artículo 117 del Código Fiscal de la
Federación y, por ende, no procede en su contra el recurso de revocación que en dicho numeral se
prevé.
Amparo directo 3081/93. ICA Industrial, S. A. de C. V. 18 de mayo de 1993. Unanimidad de votos.
Ponente: Samuel Hernández Viazcán. Secretario: Angel Corona Ortiz.
Octava Época
Registro: 214994
Tesis Aislada
XII, Septiembre de 1993
Tesis:
Página: 259
MULTAS. RECONOCIDA SU LEGALIDAD EN EL JUICIO DE NULIDAD, NO ES POSIBLE REEXAMINARLAS
EN UNO NUEVO.
Si en la ejecutoria que el Tribunal Colegiado pronunció en la revisión fiscal se reconoció la validez
de una multa; entonces, bajo ningún supuesto es posible reexaminar la legalidad de dicha sanción
en un nuevo juicio de nulidad, pese a que se esgriman nuevos conceptos de agravio, pues lo
establecido al respecto en la señalada ejecutoria, constituye cosa juzgada y consecuentemente, no
puede ser objeto de controversia, conforme a lo dispuesto por la fracción I-B del artículo 104
constitucional. Por tanto, deben declararse infundados los conceptos de violación consistentes en
que la Sala responsable rehusó examinar los agravios del inconforme, tocante a la ilegalidad de la
multa en cuestión.
Amparo directo 263/93. Productos y Especialidades Lobral, S.A. de C.V. 12 de mayo de 1993.
Unanimidad de votos. Ponente: Arturo Barocio Villalobos. Secretario: Carlos Rafael Domínguez
Avilán.
Octava Época
Registro: 215769
Jurisprudencia
67, Julio de 1993
Tesis: V.1o. J/21
Página: 48
Genealogía:
Apéndice 1917-1995, Tomo III, Segunda Parte, Materia Administrativa, tesis 871, página 667.
MULTAS FIJAS. INCONSTITUCIONALIDAD DEL ARTICULO 76, FRACCION III DEL CODIGO FISCAL DE
LA FEDERACION, QUE LAS AUTORIZA.
El artículo 22 de la Constitución General de la República, proscribe la imposición excesiva. Aunque
dicho numeral no lo explica, por multa excesiva debe entenderse según la acepción gramatical del
término "excesivo" y de las interpretaciones realizadas por la doctrina y jurisprudencia, todas
aquellas sanciones pecuniarias que rebasen el límite de lo ordinario o razonable; estén en
desproporción con la gravedad del ilícito fiscal, ya sea por sus consecuencias, por las condiciones
en que se cometió o por el monto de la cantidad cuya contribución se omitió si éste es el caso; que
resulten desproporcionadas con el monto del negocio; y por último, que estén en desproporción
con la capacidad económica del multado. Lo anterior es lógico, si se toma en cuenta que la
finalidad que persigue este tipo de sanciones es, además de intimidatoria, la de evitar la
reincidencia de los infractores, mas no la de terminar con sus patrimonios, a lo cual
inevitablemente se llegaría de aceptarse la imposición de multas que rebasen su capacidad
económica, circunstancia ésta que adquiere mayor relevancia en tratándose de sociedades o
empresas, pues se acabaría con fuentes de empleo y se dejarían de percibir los impuestos
generados tanto por ella como por sus empleados, con el correspondiente perjuicio para la
sociedad y el propio Estado. Ahora bien, como es evidente que la única forma de evitar la
imposición de sanciones pecuniarias irrazonables o desproporcionadas, y por tanto excesivas que
contraríen la disposición constitucional comentada, es otorgándole a la autoridad pleno arbitrio
para valorar la gravedad del ilícito en los términos ya anotados, el monto del negocio y las
condiciones económicas del infractor, y además para imponer las sanciones que consideren justas
dentro de un mínimo y un máximo, necesariamente habrá de concluir que todas aquellas leyes o
preceptos que no concedan a la autoridad estas facultades, aunque sea implícitamente, y a
menos, claro está, que la multa autorizada sea indiscutiblemente mínima como las contempladas
en el artículo 21 de nuestra Carta Magna o sus equivalentes en tratándose de personas morales,
riñen directamente con la garantía consagrada en el artículo 22 de este mismo cuerpo de leyes. En
tal orden de ideas, si el artículo 76, fracción III, del Código Fiscal de la Federación, en que se apoyó,
la Sala Fiscal responsable para confirmar la multa que reclama la sociedad quejosa, autoriza la
imposición de una multa fija, equivalente al 150 % sobre la contribución omitida, debe concluirse
entonces que dicho precepto resulta inconstitucional por no permitir la aplicación de una multa
acorde con los extremos de que se trata y, por ende, con el mandato contenido en el artículo 22,
de nuestra Carta Fundamental.
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL QUINTO CIRCUITO.
Amparo directo 248/88. Ley, S.A. 8 de marzo de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: Enrique R.
García Vasco. Secretario: Humberto Bernal Escalante.
Amparo directo 25/90. Gonhermex, S.A. de C.V. 6 de septiembre de 1990. Unanimidad de votos.
Ponente: Hugo Ricardo Ramos Carreón. Secretario: Humberto Bernal Escalante.
Amparo directo 410/91. Salvador González López. 20 de agosto de 1992. Unanimidad de votos.
Ponente: José R. Cuevas Zavala. Secretario: José Luis Borrego Verdín.
Amparo directo 295/91. Cristahielo, S.A. de C.V. 27 de agosto de 1992. Unanimidad de votos.
Ponente: José R. Cuevas Zavala. Secretaria: Carmen Alicia Bustos Carrillo.
Amparo directo 273/92. Distribuidora V. del Noroeste, S.A. 4 de febrero de 1993. Unanimidad de
votos. Ponente: José R. Cuevas Zavala. Secretaria: Carmen Alicia Bustos Carrillo.
Octava Época
Registro: 216558
Tesis Aislada
XI, Abril de 1993
Tesis:
Página: 202
ACTAS DE VISITA. DECLARACIONES COMPLEMENTARIAS. SU PRESENTACION NO SIGNIFICA
CONSENTIMIENTO TACITO DE VICIOS FORMALES.
El artículo 32 del Código Fiscal de la Federación vigente en 1988, establece que las personas
obligadas tienen el derecho de presentar declaraciones complementarias sustituyendo los datos
de la original; dentro de los cinco años siguientes a la fecha en que se formuló la primera, y para el
caso de haberse iniciado el ejercicio de las facultades comprobatorias de la autoridad fiscal,
dispone que deben utilizarse las formas especiales que refieren los artículos 58 (relativo a las
facultades de la autoridad para determinar presuntivamente la utilidad fiscal del contribuyente) y
76 (acerca de la aplicación de multas fiscales), precisando el aludido numeral los términos para
pagar multas y recargos; lo anterior significa que ese actuar del contribuyente puede traducirse en
un consentimiento de los hechos asentados por los auditores al efectuar la visita domiciliaria, pero
no ocurre lo mismo en lo que concierne a los vicios u omisiones contenidos en el acta
correspondiente, ya que no se establece de ese modo en el numeral invocado, además,
tratándose de requisitos consustanciales a la validez del acto de autoridad, dado que su
observancia deriva del artículo 16 de la Constitución Federal, el cual establece que la práctica de la
visita domiciliaria se sujetará a las formalidades prescritas para los cateos, lo que ha sido
contemplado por los artículos 13 y 46 del Código Fiscal de la Federación, no puede sostenerse que
la presentación de las referidas declaraciones complementarias signifiquen el consentimiento
tácito de los vicios formales u omisiones contenidos en las actas de auditoría, pues aun cuando el
contribuyente llega a consentir los hechos asentados por los visitadores al formular declaraciones
complementarias con base en esos hechos cuando la autoridad ha iniciado el ejercicio de sus
facultades comprobatorias, ese consentimiento no puede llevarse al extremo de tenerlo por
conforme con los vicios formales de las actas de visita, toda vez que los requisitos que exige el
artículo 16 constitucional tanto para emitir una orden de esa naturaleza como para practicarla,
son aspectos no meramente formales sino substanciales e ineludibles en la actuación de la
autoridad administrativa, que por lo mismo constituyen elementos sin los cuales dichos actos no
pueden estimarse jurídicamente válidos.
TRIBUNAL COLEGIADO DEL DECIMO CUARTO CIRCUITO.
Revisión fiscal 21/91. Secretaría de Hacienda y Crédito Público y otro. 11 de septiembre de 1992.
Unanimidad de votos. Ponente: Juan Manuel Martínez Martínez. Secretario: José Guadalupe Orta
Méndez.
Octava Época
Registro: 217554
Tesis Aislada
XI, Enero de 1993
Tesis:
Página: 280
LEY DE AMPARO. MAQUINAS REGISTRADORAS DE COMPROBACION FISCAL. LA SUSPENSION
DEFINITIVA QUE SE OTORGA PARA QUE NO SE HAGA EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO DE MULTA,
POR NO CUMPLIR CON EL REQUERIMIENTO PARA SU INSTALACION NO INFRINGE LA FRACCION II
DEL ARTICULO 124 DE LA.
Al concederse la suspensión definitiva para el efecto de que no se haga efectivo el apercibimiento
de multa formulado a la quejosa, en caso de incumplimiento al requerimiento para la instalación
de una caja registradora en su negociación, ello no implica en manera alguna que con tal
determinación se infrinja la fracción II del artículo 124 de la Ley de Amparo, ya que con dicha
medida no se impide el cumplimiento de las obligaciones fiscales de la quejosa ni tampoco se
impide el fin recaudador del fisco federal; pues la instalación de máquinas registradoras sólo es un
medio para constatar las operaciones del contribuyente, lo que significa que conforme al sistema
tradicional la autoridad cuenta con otros medios establecidos por la ley para verificar el fiel
cumplimiento de obligaciones fiscales.
Revisión incidental 1514/92. Rosalinda Durán Ruiz. 20 de agosto de 1992. Unanimidad de votos.
Ponente: José Méndez Calderón. Secretario: Benito Alva Zenteno.
Octava Época
Registro: 217622
Tesis Aislada
XI, Enero de 1993
Tesis:
Página: 342
SUSPENSION DEFINITIVA. MAQUINAS REGISTRADORAS DE COMPROBACION FISCAL. LA
CONCEDIDA CONTRA EL APERCIBIMIENTO DE MULTA POR NO CUMPLIR CON EL REQUERIMIENTO
PARA SU INSTALACION, NO DEJA EN ESTADO DE INDEFENSION A LA AUTORIDAD FISCAL.
No es verdad que para la instalación de una caja registradora en su negocio, se deja en estado de
indefensión a la autoridad recurrente, en virtud de que al haberse tachado de inconstitucional el
oficio que lo contiene, es obvio que, los efectos de éste se paralizan a través de la referida medida
cautelar hasta en tanto se resuelva en definitiva el fondo del amparo, y en caso de que se concluya
que el acto reclamado no es violatorio de garantías individuales, queda expedito el derecho de la
autoridad responsable para hacer efectivo el requerimiento en el formulado, de donde resulta que
con la suspensión definitiva decretada por el juez del conocimiento, como se dijo, no se deja a la
autoridad recurrente en estado de indefensión.
Revisión incidental 1514/92. Rosalinda Durán Ruiz. 20 de agosto de 1992. Unanimidad de votos.
Ponente: José Méndez Calderón. Secretario: Benito Alva Zenteno.
Octava Época
Registro: 217736
Tesis Aislada
X, Diciembre de 1992
Materia(s): Administrativa, Común
Tesis: I.4o.A.59 K
Página: 291
DEMANDA DE AMPARO DIRECTO, EXTEMPORANEIDAD DE LA, AL PRESENTARSE ANTE UN JUEZ DE
DISTRITO Y NO ANTE LA AUTORIDAD RESPONSABLE. ANALISIS DEL ARTICULO 49 DE LA LEY DE
AMPARO Y DEL DECRETO DE 29 DE DICIEMBRE DE 1986 EXPEDIDO POR EL PRESIDENTE DE LA
REPUBLICA.
El artículo 158 de la Ley de Amparo, establece que el juicio de garantías en la vía directa, es
competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito, y procede, entre otros, contra resoluciones
que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto
de las cuales no proceda ningún recurso ordinario por el que puedan ser modificadas o revocadas.
Ahora bien, cuando el acto reclamado lo constituye una resolución que sobresee en el juicio de
nulidad ante el Tribunal Fiscal de la Federación, y por ende le pone fin, resulta claro que en
términos del citado numeral, y al no proceder recurso ordinario alguno, sólo puede impugnarse a
través del juicio de amparo directo, por ser una resolución definitiva dictada por un tribunal
administrativo. Luego entonces, la demanda de garantías respectiva, debe presentare por
conducto de la autoridad responsable que emitió la resolución de cuenta, ya que el artículo 163 de
la ley de la materia señala que la demanda de amparo contra una sentencia definitiva, laudo o
resolución que ponga fin al juicio, dictado por los tribunales judiciales, administrativos o del
trabajo, deberá presentarse por conducto de la autoridad responsable que la emitió, y conforme al
artículo 165 de la misma ley, la presentación de la demanda en forma directa, ante autoridad
distinta de la responsable, no interrumpe el término a que se refiere el artículo 21 de la citada Ley
de Amparo. Por tanto, al no cumplirse con lo dispuesto por los dispositivos indicados con
antelación, la demanda de garantías debe considerarse presentada en forma extemporánea.
Además, el artículo 49 de la Ley de Amparo, que regula el procedimiento que se debe seguir
cuando se presenta ante un Juez de Distrito una demanda de amparo contra alguno de los actos
expresados en el artículo 44, prevé que cuando se dé este caso éste se declarará incompetente de
plano y mandará remitir dicha demanda al Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda quien
sin trámite alguno confirmará o revocará la resolución del Juez; y en el primer caso, podrá imponer
al promovente una multa y mandará a tramitar el expediente. Esta disposición legal pudiera
inducir cierta duda sobre si interrumpe el plazo preclusivo previsto por el artículo 165 de la
invocada Ley de Amparo, y por lo tanto, no operaría la causal de improcedencia prevista por el
artículo 73, fracción XII, y consecuentemente el sobreseimiento que contempla el artículo 74,
fracción III. Sin embargo, ello no es así, porque el artículo 49 no debe conducir a aceptar que el
juicio es procedente aun cuando se hubiera incumplido con lo dispuesto en los artículos 163 y 165
de la Ley de Amparo, por las siguientes razones: en primer lugar, no debe confundirse la existencia
de dos instituciones distintas como son la competencia de las autoridades y la procedencia de la
acción constitucional. Es correcto el artículo 49 mencionado pues no es necesario establecer el
procedimiento competencial y en caso de no observar su cumplimiento por el Juez de Distrito, el
artículo 94 instituye que cuando la Suprema Corte de Justicia o alguno de los Tribunales
Colegiados que conozca de la revisión contra la sentencia dictada en un juicio de amparo del que
debió conocer en única instancia un Tribunal Colegiado de Circuito conforme al artículo 44,
declarará insubsistente la sentencia recurrida y lo remitirá al correspondiente Tribunal Colegiado
de Circuito quien se avocará al conocimiento del amparo, dictando las resoluciones que procedan.
En el dictamen de la Cámara de Senadores del decreto del presidente de la República de
veintinueve de diciembre de mil novecientos ochenta y seis, entre otras cosas se asentó: "Dentro
del propósito establecido de imprimir mayor celeridad y seguridad en el procedimiento del juicio
de amparo, se inscriben las siguientes reformas: En el artículo 167 se propone que la demanda de
amparo sólo pueda presentarse por conducto de la autoridad responsable (suprimiendo la
alternativa que permita su presentación ante la Suprema Corte de Justicia o ante el Tribunal
Colegiado de Circuito que corresponda), en virtud de que a la autoridad responsable le asiste
decidir sobre la suspensión del acto reclamado, emplazar a juicio a las partes, consignar la fecha
de notificación y remitir el expediente al órgano competente para conocer del juicio de amparo.
Igualmente, respecto del artículo 86 que regula el recurso de revisión, se establece que debe
presentarse por conducto del Juez de Distrito, o de la autoridad que hubiere conocido del juicio,
suprimiéndose la posibilidad de que se presente ante el órgano revisor; con el mismo propósito se
modifican el segundo párrafo del mismo artículo y el artículo 165, para establecer que la
interposición directa del recurso o la demanda ante la Suprema Corte en los Tribunales
Colegiados, no interrumpen el plazo preclusivo correspondiente.". Como se podrá advertir el
propósito del legislador fue evitar que la demanda de amparo se presentara ante la Suprema
Corte de Justicia o ante del Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente, o ante cualquier
autoridad distinta de la responsable incluyendo a los Juzgados de Distrito, en cuyos casos dicha
presentación de la demanda no interrumpirán los términos a que se refieren los artículos 21 y 22,
de acuerdo con los artículos 163 (que reformó el artículo 176) y 165 de la Ley de Amparo, de modo
que el artículo 49 no constituye una excepción a aquellos artículos. Por tanto, en los casos como el
que se examina, al declarar su incompetencia, el Juez de Distrito y ser esta legal, el tribunal debe
admitir su competencia, tal y como se viene haciendo, y admitida queda al tribunal resolver sobre
la procedencia del juicio y es entonces cuando debe aplicarse lo dispuesto por los artículos 163 y
165 ya mencionados, de los cuales se desprende una obligación ineludible para el quejoso y otra
que el tribunal debe tomar en consideración al resolver sobre la procedencia; primero, que la
demanda de amparo contra una sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio
deberá presentarse por conducto de la autoridad responsable que la emitió y, segundo, que la
presentación de la demanda en forma directa ante autoridad distinta de la responsable, no
interrumpirá los términos a que se refieren los artículos 21 y 22 de la ley. El desconocimiento del
quejoso de la obligación que le impone el artículo 163 no puede ser causa para que el tribunal
omita aplicar la disposición del artículo 165, y si la demanda de amparo ostenta el sello de
recibido, del Tribunal Fiscal de la Federación u otra autoridad responsable, si es distinta a aquel
posterior a los quince días hábiles que impone el artículo 21 o de alguna de las excepciones que
establece el artículo 22, debe considerarse extemporánea la demanda y por consiguiente
sobreseer en el juicio. La forma de la demanda de amparo no puede influir en la determinación de
la aplicación del artículo 165. En el supuesto de que el error del quejoso lo llevó al extremo de
satisfacer los requisitos de la demanda de amparo indirecto, no necesariamente ha de conducir a
sostener el error, pues puede ser que lo que podría presumirse es la mala fe ya que conociendo los
litigantes el hecho de que promovida la demanda en los términos expuestos se admitirá por el
tribunal, cualquiera que sea la fecha de presentación ante la autoridad responsable, lo harán así
para retardar el cumplimiento de algunas obligaciones legales, pues, además no puede quedar a
una situación subjetiva de quien promueve el amparo para resolver sobre la procedencia del
juicio.
Amparo directo 1724/91. José Blanco Alvarez. 14 de mayo de 1992. Mayoría de votos. Ponente:
José Méndez Calderón. Disidente: David Delgadillo Guerrero. Secretaria: Silvia Martínez Saavedra.
Amparo directo 924/92. Línea Infantil, S.A. de C.V. 18 de junio de 1992. Mayoría de votos.
Ponente: José Méndez Calderón. Disidente: David Delgadillo Guerrero. Secretaria: Silvia Martínez
Saavedra.
Amparo directo 54/92. Omnibus de México, S.A. de C.V. 18 de junio de 1992. Mayoría de votos.
Ponente: Hilario Bárcenas Chávez. Disidente: David Delgadillo Guerrero. Secretaria: Elsa Fernández
Martínez.
Amparo directo 544/92. Instituto Mexicano del Seguro Social. 18 de junio de 1992. Mayoría de
votos. Ponente: José Méndez Calderón. Disidente: David Delgadillo Guerrero. Secretaria: Silvia
Martínez Saavedra.
Amparo directo 1654/92. Compañía de Luz y Fuerza del Centro, S.A. 13 de agosto de 1992.
Mayoría de votos. Ponente: Hilario Bárcenas Chávez. Disidente: David Delgadillo Guerrero.
Secretaria: Elsa Fernández Martínez.
Véase el voto particular del magistrado David Delgadillo Guerrero publicado en la pág. 289.
(Semanario Judicial de la Federación, Octava Epoca, Tomo X, diciembre de 1992)
Octava Época
Registro: 218247
Tesis Aislada
X, Octubre de 1992
Tesis:
Página: 379
MULTAS, MONTO FIJO DETERMINADO POR LA LEY. CONSTITUCIONALIDAD DE LA. (ARTICULO 76
FRACCION III, DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION).
La determinación de las multas tiene dos supuestos según el sistema que emplee la ley respectiva.
Así cuando la ley establece la multa pero para su cuantificación fija un mínimo y un máximo, que
permite a la autoridad que la impone, determinar su monto dentro de esos parámetros, será la
autoridad administrativa la que en el acto de autoridad respectivo adecue la conducta generadora
de la sanción, tomando en cuenta la gravedad de la conducta, el daño ocasionado y la capacidad
económica del sancionado. En otros casos es la propia ley la que al mismo tiempo que crea la
norma, determina en forma fija su monto; y entonces la autoridad administrativa al aplicar esa
norma tiene que imponer ese monto, pues carece de facultades para determinar un monto
diferente al expresado en la ley. En esta hipótesis es la propia ley la que debe establecer las
conductas que originan la imposición de la multa. Por tanto, tan constitucional es la creación de
normas que contienen multas con parámetros entre los cuales la autoridad administrativa debe
aplicarla determinando su monto, como la creación de normas que contienen multas cuyo monto
fijo es determinado por la propia ley, pues ambos sistemas son ajenos a la garantía de seguridad
jurídica consagrada en el artículo 22 constitucional, dado que lo único que es la materia de tutela
constitucional estriba en que no sea excesiva y tal adjetivo no puede derivarse del sistema
empleado por el legislador para determinar su monto.
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEGUNDO CIRCUITO.
Amparo directo 133/92. Aquanálisis, S.A. 17 de marzo de 1992. Unanimidad de votos. Ponente:
Enrique Pérez González. Secretario: Nicolás Castillo Martínez.
Octava Época
Registro: 218355
Tesis Aislada
X, Octubre de 1992
Tesis:
Página: 440
SEGURO SOCIAL. REQUERIMIENTOS, NO SON ACTOS DEFINITIVOS.
Los requerimientos por medios de los cuales la demandada exhorta a la actora para que cumpla
con la obligación de pagar las cuotas obrero patronales, con el apercibimiento de emitir la
liquidación provisional y de informar a la Secretaría del Trabajo sobre la omisión, para la
imposición de la multa correspondiente, no son actos definitivos, porque a través de ellos no se
fincó ningún crédito fiscal a la quejosa, ni se le causó un perjuicio irreparable.
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEGUNDO CIRCUITO.
Amparo directo 1031/92. Máquinas y Herramientas Especiales, S.A. de C.V. 20 de agosto de 1992.
Unanimidad de votos. Ponente: Víctor Ceja Villaseñor. Secretario: José Luis Flores González.
Octava Época
Registro: 218798
Tesis Aislada
X, Agosto de 1992
Tesis:
Página: 539
CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION. LA CONCESION DEL AMPARO CONTRA LAS MULTAS
IMPUESTAS CON FUNDAMENTO EN SU ARTICULO 76 FRACCION III, DEBE HACERSE EXTENSIVA A
LOS INCREMENTOS QUE EN RELACION CON AQUELLAS DETERMINE LA AUTORIDAD FISCAL
RESPECTIVA.
La sanción económica prevista en la fracción III del artículo 76 del Código Fiscal de la Federación,
consiste en imponer al infractor una multa equivalente al 150% de las contribuciones omitidas.
Ahora bien, de conformidad con lo establecido en el artículo 77 fracción I, inciso c), del citado
código tributario "en los casos a que se refiere el artículo 76 de este Código, las multas se
aumentarán o disminuirán conforme a las siguientes reglas: 1 Se aumentarán:... c) en una cantidad
igual al 50% del importe de las contribuciones retenidas o recaudadas y no enteradas, cuando se
incurra en la agravante a que se refiere la fracción III del artículo 75 de este Código". Así las cosas,
se advierte que ese incremento de la sanción económica prevista en el antes invocado artículo 76,
fracción III, no constituye una multa independiente de la prevista en dicha disposición legal, sino
que se trata de un complemento de la misma; en tal virtud, la existencia y razón de ser del referido
incremento de la multa en cuestión, se explica en función de la imposición de la sanción prevista
en tal precepto, habida cuenta que únicamente puede incrementarse o disminuirse aquello que
existe; consecuentemente, al concederse el amparo contra la sentencia reclamada, por considerar
que es inconstitucional la fracción III del indicado artículo 76, la concesión del amparo debe
hacerse extensiva, a fin de que comprenda también el complemento de la multa en cuestión, pues
al resultar inconstitucional ésta, aquél carece de todo sustento jurídico por ser dicha sanción
pecuniaria el punto de referencia para que se dé el incremento a la misma, en los términos arriba
señalados, conclusión que encuentra apoyo en el principio jurídico conforme al cual lo accesorio
sigue la suerte de lo principal.
Amparo directo 1563/91. Kafka Tavel, S.C. 30 de octubre de 1991. Mayoría de votos. Ponente:
Genaro David Góngora Pimentel. Disidente: Carlos Alfredo Soto Villaseñor. Secretario: Jesús García
Vilchis.
Octava Época
Registro: 218982
Tesis Aislada
X, Julio de 1992
Tesis:
Página: 395
PETROLEOS MEXICANOS. DEBE OTORGAR DEPOSITO PARA LOS EFECTOS DE LA SUSPENSION.
La empresa Petróleos Mexicanos es por disposición de su propia Ley, un organismo público
descentralizado, de carácter técnico industrial y comercial, con personalidad jurídica y patrimonio
propios, por lo que tratándose específicamente de la suspensión de los actos reclamados en
materia tributaria, la facultad discrecional con que cuenta el juez de Distrito está condicionada al
previo depósito de las cantidades materia de crédito fiscal, ya que el espíritu inmerso en el artículo
135 de la Ley de Amparo es que la suspensión no se concede contra el cobro de impuestos, multas
y pagos fiscales, sino que los intereses del Fisco se aseguren o estén asegurados.
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DECIMO NOVENO CIRCUITO.
Queja 25/91. Petróleos Mexicanos. 11 de octubre de 1991. Unanimidad de votos. Ponente: Héctor
A. Arias Murueta.
Octava Época
Registro: 220309
Tesis Aislada
IX, Marzo de 1992
Tesis:
Página: 301
SEGURO SOCIAL. EN LOS CONFLICTOS CON SUS DERECHOHABIENTES, NO ES AUTORIDAD.
De la lectura de los artículos 267, 268, 274 y 275, de la Ley del Seguro Social, se desprende que los
negocios relativos al régimen del Seguro Social, se dividen en dos grupos: los primeros son los
relacionados con la obligación de pagar aportes monetarios, los cuales tienen carácter fiscal. Los
segundos, son los que están relacionados con el derecho de obtener del Instituto Mexicano del
Seguro Social, alguna prestación, en los cuales ese mismo organismo aparece como deudor. Por lo
tanto, si conforme a lo dispuesto por el artículo 275, de la Ley del Instituto Mexicano del Seguro
Social, surgen controversias sobre prestaciones que la ley de dicho Instituto otorga, y si también,
de dicho precepto se desprende, que las controversias en cuestión, deberán tramitarse ante la
Junta Federal de Conciliación y Arbitraje que corresponda, de ello debe inferirse que el Instituto
Mexicano del Seguro Social, en tratándose de controversias con sus derechohabientes, tiene el
carácter de ente moral y no es autoridad, pues esto último sólo se le confiere cuando actúa
imponiendo multas o fincando créditos.
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL NOVENO CIRCUITO.
Amparo en revisión 267/91. Herculano Martínez Flores. 10 de diciembre de 1991. Unanimidad de
votos. Ponente: Fernando Reza Saldaña. Secretario: Ramón Sandoval Hernández.
Amparo en revisión 275/91. Gabriel Guillén Marroquín. 7 de noviembre de 1991. Unanimidad de
votos. Ponente: Carlos Chowell Zepeda. Secretario: Juan Castillo Duque.
Octava Epoca, Tomo IX-Febrero, página 264.
Octava Época
Registro: 220646
Tesis Aislada
IX, Febrero de 1992
Tesis:
Página: 257
REVISION, RECURSO DE, PREVISTO EN LA LEY FEDERAL DE PROTECCION AL CONSUMIDOR, DEBE
AGOTARSE ANTES DE ACUDIR AL AMPARO.
Si el artículo 91 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, substancialmente señala que las
personas afectadas por resoluciones dictadas con apoyo en esa Ley y demás disposiciones
derivadas de ella, podrán impugnarlas a través del recurso de revisión ante el superior inmediato
de la autoridad responsable, y su interposición, conforme al artículo 98 de la citada Ley, suspende
la ejecución de la resolución impugnada, sin exigir mayores requisitos de los previstos por la Ley
de Amparo, ya que tratándose del pago de multas, el interesado deberá garantizar el importe de
las mismas en cualquiera de las formas que señala el Código Fiscal de la Federación; resulta
evidente, que si no se agota el citado recurso, previamente a la interposición del juicio de
garantías, éste resulta improcedente y debe sobreseerse, con apoyo en los artículos 73, fracción
XV y 74, fracción III, de la ley de la materia.
Amparo en revisión 2402/91. Comunicación Técnica Integrada, S.A. de C.V. 10 de octubre de 1991.
Unanimidad de votos. Ponente: Carlos Amado Yáñez. Secretario: Miguel Angel Cruz Hernández.
Octava Época
Registro: 221732
Tesis Aislada
VIII, Octubre de 1991
Tesis:
Página: 216
MULTAS FISCALES, PROCEDIMIENTO PARA CUANTIFICAR LAS.
El artículo 76 del Código Fiscal de la Federación contempla varios tipos de multas, pero determina
cuando debe imponerse una y cuando otra. Así tenemos que establece que se aplicará una multa
equivalente al 50% de las contribuciones omitidas cuando el infractor pague éstas, con sus
accesorios, antes del cierre del acta final de visita; al 100%, cuando las contribuciones se paguen
después del cierre del acta fina citada; y al 150%, en los demás casos; es decir, el citado numeral
fija el procedimiento específico para cuantificar la multa en cada caso concreto, por lo que la
autoridad sancionadora no tiene la obligación de tomar en cuenta la capacidad económica del
infractor.
Amparo directo 491/91. Afianzadora Cossío, S. A. 6 de junio de 1991. Unanimidad de votos.
Ponente: Samuel Hernádez Viazcán. Secretario: Salvador Mondragón Reyes.
Amparo directo 1141/90. Ditearq de México, S. A. de C. V. 10 de octubre de 1990. Unanimidad de
votos. Ponente: Julio Humberto Hernández Fonseca. Secretaria: Martha Elba Hurtado Ferrer.
Octava Época
Registro: 223231
Tesis Aislada
VII, Abril de 1991
Tesis:
Página: 203
MULTAS. ALCANCE DE LA EXIGENCIA PARA QUE LAS AUTORIDADES LAS RAZONEN.
Si bien, las autoridades al multar a los particulares deben razonar el por qué en uso de su arbitrio
sancionador imponen determinada sanción, excepto cuando se trate de la mínima permitida,
dicho criterio no debe llevarse al extremo de exigirles pasar el límite de lo razonable, al grado de
hacer punto menos que imposible el cumplimiento de su cometido; pues, en ese supuesto,
fácilmente se convertiría al juicio de amparo en baluarte de los infractores fiscales.
Amparo directo 1702/90. Distribuidora Internacional de Productos Agrícolas, S.A. de C.V. 16 de
enero de 1991. Unanimidad de votos. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: Angelina
Hernández Hernández.
Amparo directo 852/87. Tampico Armas, S.A. de C.V. 14 de julio de 1988. Unanimidad de votos.
Ponente: Carlos Amado Yáñez. Secretario: Francisco Paniagua Amézquita.
Amparo directo 1572/87. La Pantera Rosa, S.A. 6 de abril de 1988. Unanimidad de votos. Ponente:
Ma. Antonieta Azuela de Ramírez. Secretario: Francisco de Jesús Arreola Chávez.
Tomo I, Segunda Parte-1, página 418.
Octava Época
Registro: 223969
Tesis Aislada
VII, Enero de 1991
Tesis:
Página: 316
MULTAS ADMINISTRATIVAS, IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO SIN AGOTAR PREVIAMENTE
EL JUICIO DE NULIDAD FISCAL CONTRA LAS.
Es improcedente el juicio de garantías, contra multas administrativas impuestas con base en una
ley federal en razón de que debe agotarse previamente el juicio de nulidad conforme a lo
dispuesto por la fracción III del artículo 23 de la Ley Orgánica del Tribunal Fiscal de la Federación,
siempre que en la demanda de garantías no se aleguen exclusivamente violaciones directas a la
Constitución.
TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGESIMO CIRCUITO.
Amparo en revisión 29/90. Industrial Llantera, S.A. de C.V. 20 de febrero de 1990. Unanimidad de
votos. Ponente: Mariano Hernández Torres. Secretario: Jorge Farrera Villalobos.
Octava Época
Registro: 224186
Tesis Aislada
VII, Enero de 1991
Tesis:
Página: 448
REVOCACION, RECURSO DE. DEBE AGOTARSE PREVIAMENTE AL JUICIO DE NULIDAD.
El recurso de revocación establecido en el artículo 19, fracción III, penúltimo párrafo, de la Ley
Orgánica del Banco de México, para impugnar las violaciones administrativas que impongan
multas, debe agotarse necesariamente antes de promover el juicio fiscal, pues aunque esta Ley
señala que, para la interposición, substanciación y resolución del referido recurso, deberá estarse
a lo que dispone el Código Fiscal de la Federación respecto del recurso de revocación en ella
establecido, sin embargo, no puede considerarse que ese recurso sea optativo para el interesado,
en términos del artículo 120 del Código Fiscal, pues el propio artículo 19 establece expresamente
que el recurso de revocación deberá agotarse previamente a la interposición de cualquier otro
medio de defensa, y es a este dispositivo al que debe estarse si se atiende al principio de que la
Ley supletoria no puede ir más allá de lo que expresamente dispone la Ley suplida.
Amparo directo 71/90. Formulatorios Litmexsa, S. A. de C. V. 21 de febrero de 1990. Unanimidad
de votos. Ponente: Luis María Aguilar Morales. Secretaria: Rosa Elena Rivera Barbosa.
Amparo directo 1591/90. Lomas Verdes, S. A. de C. V. 29 de noviembre de 1990. Unanimidad de
votos. Ponente: Luis María Aguilar Morales. Secretario: Antolín Hiram González Cruz.
Octava Época
Registro: 225830
Tesis Aislada
V, Segunda Parte-1, Enero a Junio de 1990
Tesis:
Página: 300
MULTAS FISCALES. SU PAGO JUNTO CON LAS CONTRIBUCIONES OMITIDAS, NO ES CONDICION
INELUDIBLE PARA APLICAR SANCIONES INFERIORES AL 150% DE DICHAS CONTRIBUCIONES.
Si bien es cierto que el artículo 76 del Código Fiscal de la Federación vigente en los años de 1987 y
1988 condiciona la aplicación de sanciones inferiores al 150%, a que el infractor entere las
contribuciones omitidas junto con sus accesorios, antes del cierre del acta final de visita, o antes
de que se le notifique la resolución que determine el monto de dichas contribuciones; y que en
términos del artículo 2o. de dicho ordenamiento, las multas son accesorias de las contribuciones,
también lo es que para efectos del numeral invocado en primer término, las multas no pueden
quedar comprendidas dentro de ese concepto, según las siguientes consideraciones: el numeral
en comento, al establecer reglas para la aplicación de las multas, está en principio dirigido a la
autoridad, porque es en ella en quien de manera primigenia reside la facultad sancionadora, ya
que de acuerdo con la tradicional concepción de esta facultad, la multa es un castigo que
necesariamente proviene del gobernante, como reproche a la conducta negligente o dolosa del
gobernado; de ahí que no puede existir base sólida para suponer que para obtener las más
benignas multas previstas en las fracciones I y II del artículo aludido, el particular tenga que pagar
esas multas como si ya se le hubieran impuesto. El hecho de que el citado numeral prevea el
supuesto de que antes de que se emita la resolución podrá el particular pagar multas, sólo permite
concluir que el legislador plantea dicha conducta como una opción del causante que quiera, en su
propio beneficio y en el del fisco, agilizar las cosas; pero no puede interpretarse esa disposición
como si, vinculada con las fracciones I y II del precepto, indicara que éstas no son aplicables si no
se pagan también las posibles multas; esto es inadmisible porque la relación del párrafo en
comento con las citadas fracciones es sólo indirecta y porque el empleo del verbo "podrá",
claramente indica lo ya apuntado en el sentido de que se trata de una posibilidad legal a la que el
causante puede plegarse o no.
Revisión fiscal 292/90. Varian, S.A. 8 de mayo de 1990. Unanimidad de votos. Ponente: Ma.
Antonieta Azuela de Ramírez. Secretario: Marcos García José.
Amparo directo 2202/89. Grom de México, S.A. 13 de marzo de 1990. Unanimidad de votos.
Ponente: Ma. Antonieta Azuela de Ramírez. Secretario: Marcos García José.
Amparo en revisión 1182/88. Carolina Leticia Bulman Morales, (recurre el Procurador Fiscal de la
Federación). 28 de febrero de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: Ma. Antonieta Azuela de
Ramírez. Secretario: Marcos García José.
Octava Época
Registro: 225832
Tesis Aislada
Materia(s): Administrativa, Laboral
Tesis:
Página: 301
MULTAS POR VIOLACIONES A LAS NORMAS LABORALES. NO RESULTAN APLICABLES A LAS MISMAS
LAS DISPOSICIONES DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION.
En las multas por violaciones a las normas de trabajo no tienen aplicación alguna las disposiciones
del Código Fiscal de la Federación, puesto que en la propia Ley Federal del Trabajo se establece
cuáles son las circunstancias que la autoridad sancionadora debe tomar en cuenta al aplicar dichas
multas.
Amparo directo 442/90. Vidrio Plano de México, S.A. 8 de mayo de 1990. Unanimidad de votos.
Ponente: Ma. Antonieta Azuela de Ramírez. Secretario: Francisco de Jesús Arreola Chávez.
Octava Época
Registro: 226085
Tesis Aislada
Tesis:
Página: 437
REVISION CONTRA RESOLUCIONES DEL TRIBUNAL FISCAL DE LA FEDERACION. CUANTIA DEL
ASUNTO PARA SU PROCEDENCIA.
Es inexacto que la cuantía del asunto, para los efectos de la procedencia del recurso, en los
términos del primer párrafo del artículo 248 del Código Fiscal de la Federación, siempre sea el
importe total de los créditos impugnados en el juicio contencioso administrativo, sino sólo el
monto que corresponda a la declaratoria de nulidad que sea impugnada en los agravios, por ser
ésta la materia de la litis en el recurso. Por tanto, si en los agravios se combate la declaratoria de
nulidad que hace la Sala Fiscal de diversas partidas, de la multa y de la resolución que determina
un reparto adicional de utilidades, se satisface el requisito de procedencia del recurso a que alude
la disposición anteriormente citada si la suma del importe de las partidas, de la multa y de la
resolución que determina el reparto adicional de utilidades excede de tres mil quinientas veces el
salario mínimo del área geográfica correspondiente al Distrito Federal en la fecha de la emisión de
la sentencia recurrida.
Revisión fiscal 111/90. Quimivan, S. A. de C. V. 15 de marzo de 1990. Unanimidad de votos.
Ponente: Julio Humberto Hernández Fonseca. Secretario: Teódulo Angeles Espino.
Octava Época
Registro: 226281
Tesis Aislada
Tesis:
Página: 558
CONFISCACION, ACTOS DE LAS AUTORIDADES FISCALES QUE NO LA CONSTITUYEN.
Cuando se reclaman de las autoridades fiscales, actos consistentes en la incautación de bienes
decretada dentro de un procedimiento seguido ante dichas autoridades, como tal incautación
tendrá como fin el pago de impuestos o multas, es evidente que no constituye la confiscación que
prohíbe el artículo 22 constitucional.
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO.
Improcedencia 6/89. Benjamín Miano Moschella. 29 de agosto de 1989. Unanimidad de votos.
Ponente: Ramón Medina de la Torre. Secretaria: Silvia Irina Yayoe Shibya Soto.
Octava Época
Registro: 226468
Jurisprudencia
Tesis: VI. 2o. J/80
Página: 695
Genealogía:
Gaceta número 28, Abril de 1990, página 65.
MULTA FISCAL NULA (FACULTADES DE COMPROBACION).
Las facultades de comprobación son distintas de la atribución que tienen las autoridades fiscales
de revisar los expedientes o documentos que lleven o tengan en su poder, por lo tanto, si esta
atribución contemplada en el segundo supuesto del artículo 63 del Código Fiscal de la Federación,
no es una facultad de comprobación, es incuestionable que dicho precepto no puede justificar
legalmente la aplicación del artículo 76 del Código referido.
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO.
Amparo directo 405/88. Podadoras de Puebla, S. A. de C. V. 14 de febrero de 1989. Unanimidad de
votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto González Alvarez.
Amparo directo 24/89. Impulsora Doméstica de Puebla, S. A. de C. V. 9 de marzo de 1989.
Unanimidad de votos. Ponente: Arnoldo Nájera Virgen. Secretario: Guillermo Báez Pérez.
Amparo directo 27/90. Centro de Distribución Urrea, S. A. de C. V. 6 de marzo de 1990.
Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto González
Alvarez.
Amparo directo 78/90. Evelia Muñoz Acevedo. 22 de marzo de 1990. Unanimidad de votos.
Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto González Alvarez.
Amparo directo 90/90. María Eugenia Valerdi Méndez. 3 de abril de 1990. Unanimidad de votos.
Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto González Alvarez.
Octava Época
Registro: 226815
Tesis Aislada
IV, Segunda Parte-1, Julio a Diciembre de 1989
Tesis:
Página: 157
CONCEPTOS DE NULIDAD, DEBEN ANALIZARSE AUN CUANDO NO SE HUBIESEN INVOCADO EN EL
RECURSO ADMINISTRATIVO.
Asiste razón a la parte quejosa, al sostener que la autoridad responsable, indebidamente, omitió el
estudio de los agravios que fueron expuestos, con el propósito de evidenciar la carencia de
motivación y fundamentación de la resolución impugnada, en lo que atañe a las multas impuestas
a la empresa quejosa, pues, efectivamente, el juicio de nulidad fiscal no constituye la segunda
instancia de la etapa oficiosa o del recurso, sino la inauguración de una nueva fase donde el
enjuiciante está en aptitud legal de realizar su defensa a plenitud, es decir, sin los limítrofes de
índole técnico jurídico que rigen, por ejemplo, en los juicios de amparo.
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL QUINTO CIRCUITO.
Amparo directo 120/88. Maquinaria y Camiones, S.A. 22 de septiembre de 1989. Unanimidad de
votos. Ponente: Pablo Antonio Ibarra Fernández. Secretario: Mario Octavio Vázquez Padilla.
Octava Época
Registro: 227108
Tesis Aislada
Tesis:
Página: 328
MULTAS.
Si el contribuyente reconoció mediante el dictamen del contador público, la existencia de
diferencias a su cargo en el pago del impuesto al Valor Agregado, que omitió en su declaración
anual correspondiente, y como consecuencia de ello se llevó a cabo la verificación fiscal, en la que
se encontraron diferencias entre el monto declarado por la contribuyente y el determinado por la
fiscalizadora, ello no permite que la multa impuesta sea sobre el importe total de los impuestos
omitidos, pues, antes de la verificación, la contribuyente reconoció su omisión, hipótesis que, de
conformidad con el artículo 73 del Código Fiscal de la Federación, no merece sanción alguna.
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL CUARTO CIRCUITO.
Revisión fiscal 250/89. Subprocurador Fiscal Regional del Noreste. 3 de noviembre de 1989.
Unanimidad de votos Ponente: Arturo Sánchez Fitta. Secretario: Guillermo Loreto Martínez.
Octava Época
Registro: 227109
Tesis Aislada
Tesis:
Página: 328
MULTAS ADMINISTRATIVAS. NO TIENEN EL CARACTER DE PENA TRASCENDENTAL.
De la interpretación sistemática de los artículos 1284, 1288, 1705, 1706, fracción V, y 1760, del
Código Civil para el Distrito Federal, en materia común, y para toda la República en materia
federal, se desprende que la sucesión tiene la obligación de solventar las deudas hereditarias
adquiridas en vida por el autor de la herencia, hasta donde alcance la cuantía de los bienes que
hereda. Por tanto si la autoridad hacendaria cobra a la sucesión del contribuyente una multa
derivada de la omisión de impuestos en que incurrió aquél, no se está en la hipótesis de la pena
trascendental que prohíbe el artículo 22 de la Constitución General de la República, pues mientras
que ésta se refiere a las que se imponen por actos u omisiones que sancionan las leyes penales, de
las cuales sólo puede responder en forma personal y directa el reo, por lo que sería
inconstitucional exigirla a un tercero; aquélla consiste en una sanción administrativa en favor del
fisco, que no puede considerarse que trascienda de una persona a otra, supuesto que, en todo
caso, son los propios bienes del autor de la sucesión los que van a responder de la obligación
fiscal.
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL QUINTO CIRCUITO.
Amparo directo 190/89. Sucesión de Roberto Ortiz Romo. 25 de octubre de 1989. Unanimidad de
votos. Ponente: Adrián Avendaño Constantino. Secretario: Manuel García Valdez.
Octava Época
Registro: 227431
Tesis Aislada
Tesis:
Página: 502
SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO, EFECTOS DE LA INAPLICABILIDAD DEL PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO SANCIONADOR PREVISTO EN EL REGLAMENTO GENERAL DE.
Si en la resolución emitida por un funcionario de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social por
medio de la cual se impone una multa, no se sigue el procedimiento sancionador contenido en el
Reglamento General de Seguridad e Higiene en el Trabajo, que determina el momento de las
sanciones por violación al mismo, los particulares no se encuentran obligados a agotar el recurso
ordinario previsto en el artículo 266 del ordenamiento invocado. Ahora bien, si la sanción
decretada se funda en el diverso reglamento que establece el procedimiento para la aplicación de
sanciones administrativas por violación a la Ley Federal del Trabajo, el cual no contempla recurso
previo a la interposición del juicio de nulidad, debe entenderse que la resolución combatida es
impugnable a través de este medio, de conformidad con el artículo 23, fracción III, de la Ley
Orgánica del Tribunal Fiscal de la Federación.
Amparo directo 904/89, Productos de Estireno, S. A. de C. V. 20 de julio de 1989. Unanimidad de
votos. Ponente David Delgadillo Guerrero. Secretario: José Luis Fuentes Reyes.
Octava Época
Registro: 227644
Jurisprudencia
Tesis: XVI. J/5.
Página: 634
Genealogía:
Gaceta número 22-24, Octubre-Diciembre de 1989, página 299.
MULTAS FISCALES. ARTICULO 76 DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION, FRACCIONES I, II Y III, NO
PUEDEN SER CONSIDERADAS COMO ACCESORIOS.
Resulta cierto que conforme al artículo 2o. del Código Fiscal de la Federación, las multas tienen el
carácter de accesorios de la contribución; sin embargo, una exégesis correcta del artículo 76 del
ordenamiento legal invocado, lleva a determinar que las multas que en distintos porcentajes sobre
las contribuciones omitidas establecen las fracciones I, II y III, del referido precepto, no pueden ser
consideradas como accesorios que el particular deba cubrir al momento de enterar la contribución
omitida, junto con los otros accesorios que conforme a la misma ley se generen, toda vez que el
legislador estableció la aplicación de esas multas en forma independiente a los otros accesorios
que genere la contribución, al señalar expresamente en las fracciones I y II del numeral citado, que
las multas se cuantificarán en un 50% o 100% de las contribuciones omitidas, cuando el obligado
las cubra junto con sus accesorios, antes o después de que se cierre el acta final de visita o de que
se le notifique el oficio de observaciones, respectivamente, pero antes de que las autoridades le
notifiquen la resolución que determine el monto de las contribuciones que omitió, y el mismo
artículo, en ninguna forma obliga a que se cubran al momento de enterar la contribución omitida y
sus accesorios, las multas a que se refieren las fracciones del multicitado precepto.
TRIBUNAL COLEGIADO DEL DECIMO SEXTO CIRCUITO.
Amparo directo 1102/87. Olga Otero Martínez. 21 de junio de 1988. Unanimidad de votos.
Ponente: Gloria Tello Cuevas. Secretario: Roberto Hernández Pérez.
Amparo directo 369/88. Yeso Unico, S. A. de C. V. 5 de julio de 1988. Unanimidad de votos.
Ponente: Juan Solórzano Zavala. Secretario: Guillermo Salazar Trejo.
Amparo directo 314/88. Promotora de Abarrotes del Bajío, S. A. de C. V. 23 de agosto de 1988.
Unanimidad de votos. Ponente: Ignacio Patlán Romero. Secretario: Paulino Lorea Hernández.
Amparo directo 634/88. Express Pátzcuaro División Golfo, S. A. de C. V. 30 de mayo de 1989.
Unanimidad de votos. Ponente: Gloria Tello Cuevas. Secretario: J. Jesús Luis Lerma Macías.
Revisión fiscal 42/88. Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 12 de julio de 1989. Unanimidad de
votos. Ponente: José Trinidad Jiménez Romo. Secretario: Sergio Rafael Barba Crosby.
Notas:
La presente tesis no fue reiterada como vigente para los efectos de la publicación del Apéndice
1917-1995, según los acuerdos a que llegó la Comisión encargada de su integración, quedando a
salvo las atribuciones de los órganos judiciales federales para aplicarla, reiterarla, interrumpirla o
modificarla en los términos que establecen las disposiciones constitucionales y legales.
Esta tesis contendió en la contradicción 146/2007-SS resuelta por la Segunda Sala, de la que derivó
la tesis 2a./J. 232/2007, que aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su
Gaceta, Novena Época, Tomo XXVI, diciembre de 2007, página 206, con el rubro: "MULTA
REDUCIDA. PARA GOZAR DEL BENEFICIO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 76, FRACCIÓN I, DEL
CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, AQUÉLLA DEBE PAGARSE JUNTO CON LAS CONTRIBUCIONES
OMITIDAS (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL VEINTIOCHO DE JUNIO DE DOS MIL SEIS)."
Octava Época
Registro: 227749
Tesis Aislada
Tesis:
Página: 732
LEY FEDERAL DE PROTECCION AL CONSUMIDOR. DESECHAMIENTO DE RECURSO. DEBE HACERSE
VALER JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO ANTES DE EJERCITAR ACCION DE AMPARO.
A través del recurso administrativo, el recurrente, en ejercicio de su potestad impugnativa busca la
modificación o nulificación del acto que lo agravia; y es obvio que si se desecha el recurso
interpuesto, tal desechamiento pone fin a la instancia de impugnación y deja firme la resolución
recurrida. En tal virtud, cabe destacar, que si en el supuesto de que el recurso hubiera sido
admitido y la resolución declarase infundada la impugnación, procedería, el juicio contencioso
administrativo en los términos del artículo 23, fracción III, de la Ley Orgánica del Tribunal Fiscal de
la Federación y se suspendería la ejecución con menores requisitos que los exigidos por la Ley de
Amparo acorde a lo previsto en los numerales 141 y 144 del Código Fiscal de la Federación, por lo
que es evidente que tal juicio procede también, contra el acuerdo definitivo que desechó el
recurso y dejó firme la multa impuesta; y, por tanto, al no hacerlo valer el quejoso, no cumplió con
el principio de definitividad que constituye un principio fundamental del juicio de amparo.
TRIBUNAL COLEGIADO DEL DECIMO CUARTO CIRCUITO.
Amparo en revisión 39/89. Accesorios de Riego, S.A. de C.V. 16 de marzo de 1989. Unanimidad de
votos. Ponente: Renato Sales Gasque. Secretaria: María Elena Valencia Solís.
Octava Época
Registro: 228507
Tesis Aislada
III, Segunda Parte-1, Enero a Junio de 1989
Tesis:
Página: 381
IMPUESTO AL ACTIVO DE LAS EMPRESAS. PROCEDE LA SUSPENSION DEFINITIVA EN CONTRA DE SU
COBRO POR SER INMINENTE.
Aun cuando en el juicio de amparo promovido en la vía autoaplicativa en contra de la Ley del
Impuesto al Activo de las Empresas, las autoridades fiscales en sus informes nieguen la existencia
de los actos de liquidación y cobro del impuesto en cita, negativa no desvirtuada por el quejoso,
deben estimarse esos actos como inminentes para efectos de la suspensión, pues si bien es cierto
que conforme a los artículos 2, 7 y 8 de la ley reclamada la determinación del gravamen corre a
cargo del contribuyente tratándose tanto del entero anual como de los provisionales (el primero
trimestral con vencimiento al día diecisiete de abril de mil novecientos ochenta y nueve y los
siguientes mensuales en el día señalado), también lo es que la resistencia del contribuyente a
someterse a un tributo que estima inconstitucional lo coloca en una situación irregular cuya
consecuencia legal e inmediata (no incierta) es hacerlo merecedor desde luego del tratamiento
concebido por el legislador para contribuyentes morosos. Si el grado de certidumbre de esos
efectos perjudiciales bien puede manifestarse en la liquidación y cobro de créditos fiscales
insolutos o de las multas y recargos correspondientes, lo procedente es conceder la suspensión
definitiva en su contra, previa garantía del interés fiscal en términos del artículo 135 de la Ley de
Amparo.
Amparo en revisión 843/89. Nautas, S. A. de C. V. 3 de mayo de 1989. Unanimidad de votos.
Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretaria: Adriana Leticia Campuzano Gallegos.
Octava Época
Registro: 228744
Tesis Aislada
Tesis:
Página: 506
OFICINAS FEDERALES DE HACIENDA. FACULTADES PARA DETERMINAR CONTRIBUCIONES E
IMPONER MULTAS.
De conformidad con lo establecido en el artículo 64, fracción II, inciso c) del Código Fiscal de la
Federación, las autoridades fiscales, como son las Oficinas Federales de Hacienda, cuentan con
facultades de comprobación respecto de contribuciones que se pagan mediante declaración
periódica que se formulen por los contribuyentes, de ahí que para la determinación de
contribuciones omitidas, basta que compruebe la omisión en la presentación de la declaración del
ejercicio de alguna contribución, o bien que demuestren que los contribuyentes incurren en
alguna irregularidad, pudiéndose determinar, en el mismo acto o con posterioridad,
contribuciones omitidas correspondientes a ejercicios anteriores. Debiéndose entender por el
término de "irregularidad", conforme a la fracción y precepto citado, a la omisión en el pago de
contribuciones, por más del 3% sobre el total de declaraciones por adeudo propio. Además, en el
acuerdo delegatorio número 101-620, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 12 de
julio de 1984, se autorizó a las oficinas federales para la emisión de liquidaciones por diferencias
que resulten por errores aritméticos habidos en las declaraciones de los contribuyentes. De igual
manera, dichas autoridades están facultadas para imponer multas en caso de que se incurra en
este tipo de omisiones, de acuerdo en lo establecido en el artículo 78, del propio Código Fiscal de
la Federación.
Amparo directo 605/89. Filor, S. de R.L. 12 de mayo de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: Ma.
de Fátima I. Sámano Hernández. Secretaria: Ma. Rocio Ruiz Rodríguez.
Octava Época
Registro: 228893
Tesis Aislada
Tesis:
Página: 583
PROCURADURIA FEDERAL DEL CONSUMIDOR, SUSPENSION DE LA EJECUCION DE LAS MULTAS
IMPUESTAS POR LA.
Es inexacto que el artículo 98 de la Ley Federal de Protección al Consumidor exija mayores
requisitos que los que la Ley de Amparo establece para conceder la suspensión definitiva, pues lo
cierto es que ambos ordenamientos fijan iguales condiciones para obtener tal medida. Por otra
parte, si el mencionado precepto es claro respecto de que la interposición del recurso de revisión
suspende la ejecución de la resolución impugnada por cuanto al pago de multas, siempre que se
garantice su importe, la remisión que el mismo numeral hace al Código Fiscal de la Federación,
sólo puede entenderse referida a las formas de garantizar el pago de las multas impuestas por la
Procuraduría, mas no a otras particularidades que pudiera señalar el propio Código Tributario para
obtener la suspensión del procedimiento de ejecución, pues ello equivaldría a agregar otros
requisitos que no exige la ley del acto, lo cual no sería lógico ni jurídico.
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO.
Amparo en revisión 135/89. Pilar Gutiérrez Jiménez. 9 de mayo de 1989. Unanimidad de votos.
Ponente: Jaime Manuel Marroquín Zaleta. Secretario: Othón Manuel Ríos Flores.
Amparo en revisión 58/82. Raúl Ortega Mendoza. 3 de marzo de 1983. Unanimidad de votos.
Ponente: Juan Gómez Díaz.
Séptima Epoca: Volúmenes 169-174, Sexta Parte, página 147.
Octava Época
Registro: 229037
Tesis Aislada
Tesis:
Página: 648
RECURSOS ORDINARIOS, DEBEN AGOTARSE LOS, PREVIO AL JUICIO DE GARANTIAS AUN Y CUANDO
SE ALEGUEN VIOLACIONES A PRECEPTOS CONSTITUCIONALES.
Aun y cuando en la demanda de amparo se aleguen violaciones a los artículos 14 y 16 de la
Constitución Federal, por falta de fundamentación y motivación en el acto reclamado, lo cierto es
que, substancialmente se impugnan violaciones a las leyes ordinarias e indirectamente los de la
garantía de legalidad que contemplan los preceptos supraindicados, esto es, al lado de las
violaciones directas a la Constitución, se alegan violaciones al procedimiento seguido por la
responsable para imponer multas, por no cumplir con los requisitos de seguridad e higiene, así
como no instalar comisión mixta de capacitación en la empresa y pretende también que no le sea
aplicable la Ley Federal del Trabajo, sino "un reglamento de aplicación federal", por tratarse de
una empresa minera; de lo anterior, es claro que contrario a lo alegado, sí estaba obligado el hoy
recurrente a intentar, previo al juicio de garantías el recurso que establece el artículo 23 fracción
III de la Ley Orgánica del Tribunal Fiscal de la Federación; en consecuencia, no hay razón para
pretender, que por el hecho de que en la demanda de garantías se aduzca, al lado de violaciones
de garantías de legalidad por estimar que se vulneran preceptos de leyes secundarias violación a la
garantía de audiencia, no debe agotarse el recurso ordinario, puesto que, mediante éste, cuya
interposición priva de definitividad al acto recurrido, el afectado puede ser oído con la amplitud
que la garantía de audiencia persigue, ya que tiene la oportunidad de expresar sus defensas y de
aportar las pruebas legalmente procedentes; lo contrario, esto es, de estimar procedente el juicio
de amparo por el simple hecho de hacer referencia a violaciones de preceptos constitucionales, sin
que el afectado cumpla la obligación de agotar, en los casos en que proceda, los recursos que
establece la ley ordinaria que estima infringida, haría imperativo el criterio del quejoso para optar,
entre acudir directamente al juicio de amparo o agotar los medios ordinarios de defensa que la ley
secundaria establezca.
TRIBUNAL COLEGIADO DEL DECIMO TERCER CIRCUITO.
Amparo en revisión 638/88. José Eduardo Lara Barba. 28 de febrero de 1989. Unanimidad de
votos. Ponente: Agustín Romero Montalvo. Secretaria: María Guadalupe Gama Casas.
Octava Época
Registro: 229042
Tesis Aislada
Tesis:
Página: 651
RECURSOS ORDINARIOS. OBLIGATORIEDAD DE LOS.
Aunque de acuerdo con el criterio sustentado por este Tribunal Colegiado de Circuito, en la tesis
pendiente de publicación, con el rubro: "Recursos administrativos". Sólo es obligatorio agotarlo en
forma previa al juicio de nulidad cuando se encuentren establecidos en leyes, el Tribunal Fiscal
comete en contra de la quejosa una violación manifiesta de la ley que la ha dejado sin defensa, si
la obliga a agotar en contra de la resolución sancionadora, el recurso previsto en el Reglamento de
Seguridad e Higiene en el Trabajo. (El Tribunal Colegiado aplica lo dispuesto en el artículo 76 Bis,
fracción VI, de la Ley de Amparo.). Para que el agotamiento de un recurso sea obligatorio, es
condición indispensable que el mismo se encuentre establecido en una ley y no únicamente en un
reglamento de ejecución; cabe decir que dicho criterio no debe regir en los casos que, como en el
presente, el quejoso interpuso simultáneamente el juicio de nulidad y el recurso de inconformidad
previsto en el artículo 226 del Reglamento de Higiene del Trabajo, en contra de la multa que le fue
impuesta por violación a diversas disposiciones a la Ley Federal del Trabajo y del citado
reglamento, pues interpuesto dicho recurso, el referido quejoso está obligado a esperar que se
resuelva el mismo para combatir la resolución correspondiente, si le afecta, ya que a virtud del
indicado recurso puede revocarse o modificarse la sanción combatida y en consecuencia la misma
no puede considerarse como definitiva en los términos del artículo 23, fracción III de la Ley
Orgánica del Tribunal Fiscal de la Federación, para que proceda en su contra el juicio de nulidad.
Amparo directo 1033/89. Omnibus de México, S.A. de C.V. 27 de junio de 1989. Unanimidad de
votos. Ponente: Carlos Alfredo Soto Villaseñor. Secretaria: Atzimba Martínez Nolasco.
Amparo directo 1113/89. Compañía Operadora de Teatros, S.A. 8 de agosto de 1989. Unanimidad
de votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretaria: María Guadalupe Saucedo Zavala.
Octava Época
Registro: 229440
Tesis Aislada
Tesis:
Página: 991
CAMARA DE COMERCIO, PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO CONTRA ACTOS QUE OBLIGAN LA
INSCRIPCION EN LA, E IMPONE MULTA EN VIA DE CONSECUENCIA Y NO AUTONOMA.
Contra los actos que obligan al quejoso a inscribirse en la Cámara de Comercio y al pago de multa
reclamada en vía de consecuencia y no en forma autónoma, procede el juicio de amparo indirecto,
toda vez que el Tribunal Fiscal de la Federación carece de facultades para decidir sobre la legalidad
o ilegalidad de dichos actos.
Amparo en revisión 337/88. Alma Delgado Barrios. 8 de noviembre de 1988. Unanimidad de votos.
Ponente: Francisco A. Velasco Santiago. Secretario: Noé Gutiérrez Díaz.
Amparo en revisión 3/87. Angeles Dolores Sumuano Ramírez. 23 de febrero de 1988. Unanimidad
de votos. Ponente: Francisco A. Velasco Santiago. Secretario: Carlos S. Suárez Díaz.
Amparo en revisión 22/87. Jorge Pérez Trujillo. 16 de febrero de 1988. Unanimidad de votos.
Ponente: Marcos Arturo Nazar Sevilla. Secretario: Manuel Francisco Antonio Pariente Gavito.
Octava Época
Registro: 230214
Tesis Aislada
II, Segunda Parte-1, Julio a Diciembre de 1988
Tesis:
Página: 339
MULTAS ADMINISTRATIVAS, SUSPENSION PROCEDENTE CONTRA LA EJECUCION DE.
El artículo 135 de la Ley de Amparo, vigente hasta el 14 de enero de 1988 aludía
enumerativamente a impuestos, multas y otros pagos fiscales, es decir, a créditos fiscales,
concepto genérico contenido en la expresión pagos fiscales. Dentro de los que se encuentran, por
supuesto las multas administrativas en su calidad de aprovechamientos, según el artículo 3o. del
Código Fiscal de la Federación. Sin embargo, en el artículo 135 de la propia ley, reformado por
decreto que se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el cinco de enero de mil novecientos
ochenta y ocho, que entró en vigor el quince del mismo mes y año, ya no se habla de créditos
fiscales en general, sino de una de sus especies: las contribuciones, excluyéndose por tanto, de su
contenido los aprovechamientos, es decir, las multas administrativas que tienen una naturaleza
diversa a las de las contribuciones. Ciertamente el artículo 2o. del Código Fiscal de la Federación,
dispone que son contribuciones, los impuestos, las aportaciones de seguridad social, las
contribuciones de mejoras y los derechos, no incluyéndose en esa enumeración a las multas
administrativas o aprovechamientos, que son definidos por el artículo 3o. del propio
ordenamiento, como los ingresos que perciben el Estado por funciones de derecho público
distintos de las contribuciones, de los ingresos derivados de financiamientos y de los que obtengan
los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal. En estas condiciones, no
siendo las multas administrativas contribuciones, sino aprovechamientos, el juez de los autos, al
solicitársele la suspensión en contra de su cobro, debe aplicar la regla general contenida en el
artículo 125 de la Ley de Amparo, relativa a la garantía bastante y no la regla especial contenida en
el artículo 135 del propio ordenamiento, que sí se refiere a una garantía concreta para el
otorgamiento de la suspensión en contra de los cobros de prestaciones exigidas por el Estado a los
particulares, que es el depósito de su monto total y por lo mismo, al constreñir el otorgamiento de
la medida cautelar a una garantía determinada, su aplicación sólo debe realizarse cuando se
actualicen sus supuestos, es decir, cuando los actos reclamados, tengan la naturaleza de cobro de
contribuciones o de sus accesorios, pero no cuando se trate de multas administrativas o
aprovechamientos. Interpretar de otra suerte el artículo 135 que se comenta, haría nugatoria su
reforma ya que antes de la misma, el numeral en cuestión sí aludía expresamente a créditos
fiscales en general, incluyéndose por supuesto las multas administrativas que, en su carácter de
aprovechamientos, tienen esa naturaleza, pero con la reforma se restringió su aplicación a una
especie de los créditos fiscales, como son las contribuciones. Lo anterior se robustece con la
lectura del dictamen respecto a la reforma del artículo 135 de la Ley de Amparo, Diario de los
Debates, Senado número 29, 8 de diciembre de mil novecientos ochenta y siete, página 27, que
dice en la conducente: g) el artículo 135 de la Ley de Amparo cuya reforma propone la iniciativa en
el artículo primero de la misma establece cuándo podrá concederse, de manera discrecional, la
suspensión del acto reclamado, tratándose del cobro de contribuciones, hay casos en que resulta
necesario exigir el depósito de la cantidad que se pretende cobrar, para poder otorgar la
suspensión y otros en que por equidad, atendiendo a las circunstancias concretas, no debe
exigirse tal depósito. Para cubrir estos extremos, las comisiones proponen el siguiente texto para
el artículo 135. Del dictamen transcrito, se desprende la intención del legislador de restringir a los
casos necesarios, la exigencia del depósito previo para el disfrute de la suspensión de los cobros
fiscales. Casos necesarios que estimó únicamente por lo que hace a las contribuciones, es decir,
por equidad consideró no exigir dicho depósito tratándose de los aprovechamientos, puesto que
ya observamos son distintos estos créditos fiscales de las contribuciones.
Queja 453/88. Aceite Casa, S. A.. de C.V. . 3 de noviembre de 1988. Unanimidad de votos.
Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretaria: María Guadalupe Saucedo Zavala.
Octava Época
Registro: 230215
Tesis Aislada
II, Segunda Parte-1, Julio a Diciembre de 1988
Tesis:
Página: 339
MULTAS ADMINISTRATIVAS, SUSPENSION, ES INNECESARIO SU DEPOSITO PARA OBTENER LA.
Cuando el acto reclamado no tiene el carácter de contribución, sino que se trata de una multa
administrativa que no encuadra en ninguna de las fracciones del artículo 2o. del Código Fiscal de la
Federación, que señala las especies de contribuciones que percibe el Estado, esto es razón
suficiente para estimar que no se ubica en el supuesto contemplado por el artículo 135 de la Ley
de Amparo y, por tanto, el otorgamiento de la suspensión en contra del cobro de la multa
reclamada puede garantizarse en términos del artículo 125 de dicha ley.
Queja 476/88. Aceite Casa, S. A.. de C.V. . 18 de octubre de 1988. Unanimidad de votos. Ponente:
José Alejandro Luna Ramos. Secretario: Ricardo Barbosa Alanís.
Octava Época
Registro: 231089
Tesis Aislada
I, Segunda Parte-1, Enero a Junio de 1988
Tesis:
Página: 162
CAMARA DE COMERCIO. PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO CONTRA EL ACTO QUE OBLIGA LA
INSCRIPCION E IMPONE MULTA.
Es procedente el juicio de garantías promovido ante el juez de Distrito, contra el acto de autoridad
por el que se obliga al quejoso a inscribirse en la Cámara de Comercio, así como al pago de la
multa correspondiente si ésta es reclamada en vía de consecuencia y no en forma autónoma, en
razón de que el Tribunal Fiscal de la Federación carece de facultad para decidir sobre la legalidad o
ilegalidad del acto de autoridad de referencia.
Amparo en revisión 22/87. Jorge Pérez Trujillo. 16 de febrero de 1988. Unanimidad de votos.
Ponente: Marcos Arturo Nazar Sevilla. Secretario: Manuel Francisco Antonio Pariente Gavito.
Octava Época
Registro: 231183
Tesis Aislada
Materia(s): Penal
Tesis:
Página: 202
CONMUTACION DE SANCIONES, EL TRIBUNAL RESPONSABLE ESTA OBLIGADO A RESOLVER LA
PETICION SOBRE LA .
Si de autos aparece que el defensor del acusado, al contestar las conclusiones del fiscal federal en
la audiencia del procedimiento sumario relativa al proceso instruido en contra del quejoso solicitó
se le conmutara la sanción corporal por una multa, en términos de lo que dispone el artículo 70
del Código Penal Federal, sin que el juzgado de la causa ni el tribunal responsable hayan resuelto
lo que al respecto procediere en derecho, es claro que tal omisión resulta violatoria de garantías
en perjuicio del amparista y por ello, procede conceder a éste la protección constitucional
solicitada para el efecto de que el citado tribunal resuelva fundamentalmente lo que en derecho
proceda sobre la petición aludida.
TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL TERCER CIRCUITO.
Amparo directo 123/88. Rafael Navarro Sánchez. 17 de junio de 1988. Unanimidad de votos.
Ponente: J. Guadalupe Torres Morales. Secretario: José Montes Quintero.
Octava Época
Registro: 231203
Tesis Aislada
Tesis:
Página: 211
COORDINACION FISCAL. NO EXISTE DELEGACION DE FACULTADES DE LA SECRETARIA DE
HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, AL DEPARTAMENTO DEL DISTRITO FEDERAL, EN LOS TERMINOS DE
LOS ARTICULOS VIGESIMOPRIMERO Y TRIGESIMO DEL ACUERDO A AMBAS AUTORIDADES PARA LA
COLABORACION ADMINISTRATIVA DE LA SEGUNDA EN MATERIA FISCAL FEDERAL. (DIARIO OFICIAL
DE LA FEDERACION DE 21 DE DICIEMBRE DE 1983).
Los artículos vigesimoprimero y trigésimo del acuerdo de colaboración de 21 de diciembre de
1983, no deben confundirse en su interpretación, como si se tratase de una misma disposición
jurídica, porque esos preceptos contemplan dos situaciones de derecho diversas entre sí. En
efecto, el artículo vigesimoprimero previene la concurrencia de facultades entre la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público y el Departamento del Distrito Federal, para llevar a cabo los actos de
administración tributaria que se precisan en los artículos segundo y tercero de dicho acuerdo, lo
que se desprende de la lectura de ese numeral. Pues de conformidad con el mismo, los órganos
centralizados supraindicados, pueden realizar en forma separada, cada uno por su lado, las
funciones operativas de administración de los impuestos y derechos federales a que se alude en el
artículo segundo (al valor agregado, sobre tenencia o uso de vehículos excepto aeronaves, sobre la
renta, sobre las erogaciones por remuneración al trabajo personal prestado bajo la dirección y
dependencia de un patrón, etc.), o bien colaborar en dichas funciones que consisten, según el
artículo segundo, en el registro federal de contribuyentes, en la recaudación, notificación,
cobranza, informática, asistencia al contribuyente, en la realización de consultas y autorizaciones,
fiscalización, liquidación, imposición y condonación de multas, resolución de recursos
administrativos e intervención en juicio. Dicho en otro giro: respecto a un mismo contribuyente,
una sola de las entidades centralizadas, puede realizar todos esos actos de administración en
torno a un impuesto o derecho determinado, hasta el surgimiento de la cosa juzgada en cuanto al
mismo; o bien, ambas autoridades pueden colaborar en esa determinación, bien sea, realizando
una los actos de fiscalización y otra los actos de liquidación, etc., pues no de otra suerte puede
interpretarse esa disposición cuando prescribe: "la Secretaría podrá en cualquier tiempo ejercer
las atribuciones a que se refiere este acuerdo, aunque hayan sido conferidas expresamente al
Departamento, pudiendo hacerlo en forma separada o conjunta con este último". En estas
condiciones, a la luz de ese precepto, es insostenible que en el acuerdo de colaboración exista, en
absoluto, una delegación de las facultades que corresponden a la Secretaria de Hacienda, en
términos de las leyes federales reguladoras de tales impuestos y derechos, hacia el Departamento
del Distrito Federal, y si resulta claro que lo que el legislador previno en ese acuerdo, fue una
colaboración entre ambos, en las funciones operativas inherentes a los mismos. Esto es, no se
estableció una competencia exclusiva para el Departamento, sino una concurrencia de facultades,
lo que se robustece con la definición del sustantivo "colaboración" que forma parte de la
denominación del acuerdo de marras: Colaboración. F. Acción y efecto de colaborar"/"Colaborar.
Intr. Trabajar con otra u otras personas..." (Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia,
Decimonovena Edición). Ahora bien, en el artículo trigésimo en forma alguna se condición a la
competencia de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a los supuestos que lo conforman, al
contrario, el legislador prescribió la exclusión de determinadas facultades conferidas al
Departamento, como sanción por el incumplimiento de las obligaciones que en ese acuerdo se le
atribuyen; así como la facultad de dicho órgano para dejar de ejercer alguna o varias de las
funciones, mismas que se reasignan en forma exclusiva a la autoridad federal a quien pertenecen,
lo que se demuestra con la copia textual de ese artículo: "Trigésimo. La Secretaría podrá tornar a
su cargo exclusivo cualquiera de las atribuciones que conforme a este acuerdo ejerza el
Departamento, cuando este incurra en el incumplimiento de alguna de las obligaciones señaladas
en el mismo y mediante aviso por escrito efectuado con anticipación. El Departamento podrá
dejar de ejercer alguna o varias de esas atribuciones, en cuyo caso, dará aviso previo por escrito a
la Secretaría...". Lo anterior porque la coordinación fiscal no significa perdida de atribuciones por
parte de la autoridad a la que le corresponden, sino una armonización en su ejercicio, cuyo objeto
fundamental es la participación de las entidades federativas, municipios y Distrito Federal, en el
rendimiento de determinados gravámenes, bien que estos correspondan en forma exclusiva a la
Federación, como lo determina el artículo 73, fracción XXIX, de la Carta Magna; o bien en los
gravámenes en los que exista coincidencia tributaria, porque constitucionalmente pueden ser
establecidos tanto por la Federación, como por las entidades federativas (artículo 73, fracción VII,
117 y 124 del Código Político), como sucede, entre otros, con el Impuesto al Valor Agregado. Así
pues, interpretando el artículo vigesimoprimero del acuerdo en comento, en concordancia con la
exposición de motivos preinserta, resulta claro que la coordinación de facultades no es una
delegación, sino una armonía, un concierto o colaboración de dichas facultades, tanto en la
participación de los ingresos, como en su administración, con el objeto fundamental de evitar la
doble o triple tributación, pues las entidades que los celebren deben renunciar a legislar sobre
dichos impuestos y derechos o a mantener en suspenso la vigencia de esa legislación, si la hubiere,
en tanto dura el convenio.
Revisión fiscal 8/88. Contrucciones Urbanas Nacionales, S.A. 12 de abril de 1988. Unanimidad de
votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretaria: María Guadalupe Saucedo Zavala.
Octava Época
Registro: 231502
Tesis Aislada
Tesis:
Página: 373
JUICIO FISCAL. IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EXAMEN DE LAS, POR LA SALA SUPERIOR DEL
TRIBUNAL FISCAL DE LA FEDERACION.
La solicitud de condonación de multas, no constituye instancia, en términos del artículo 74 del
Código Fiscal de la Federación, y las resoluciones que dicta la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público al respecto, no podrán ser impugnadas por los medios de defensa que establece dicho
código y aun cuando en la contestación de demanda, no se planteó la causal de improcedencia del
juicio de nulidad, lo cierto es que al tratarse la procedencia de la acción de una cuestión de orden
público, la Sala Superior, en su carácter de órgano de segundo grado, está obligada a analizar, aun
de oficio cualquier causal de improcedencia que determine el sobreseimiento del juicio.
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEGUNDO CIRCUITO.
Amparo directo 37/88. Rafael Luis Norberto. 24 de febrero de 1988. Unanimidad de votos.
Ponente: José Angel Mandujano Gordillo. Secretaria: Julieta Anguas Carrasco.
Séptima Época
Registro: 237131
Tesis Aislada
217-228 Tercera Parte
Tesis:
Página: 106
RENTA, PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA. NO PRODUCE PRESUNCION DE CONFORMIDAD CON LA
LEGITIMIDAD DEL CREDITO.
En el sistema establecido por el Código Fiscal de la Federación vigente a partir del 1o. de marzo de
1983 desaparece la figura del pago bajo protesta, por lo que los créditos fiscales pueden y deben
cubrirse antes de la fecha en que se hagan exigibles, sea porque se los determine el causante, sea
porque se los liquide y notifique la autoridad, ya que, aun pagando el gravamen, si el afectado
promueve en el plazo legal respectivo el medio de defensa procedente, no se estimará consentido
el crédito según disposición expresa del artículo 242, fracción IV, del ordenamiento en cita. Así el
pago oportuno del gravamen, aunque posteriormente se impugne, impide que se inicie el
procedimiento administrativo de ejecución en perjuicio del contribuyente, evitándose asimismo la
causación de recargos o imposición de multas, y puede, de obtener una sentencia definitiva
favorable, solicitar la devolución del impuesto indebidamente pagado, como lo prevé el artículo 22
del Código Fiscal.
Amparo en revisión 3578/85. Sergio Miguel Autrey Maza. 13 de mayo de 1987. Cinco votos.
Ponente: Noé Castañón León.
Séptima Época
Registro: 247121
Tesis Aislada
217-228 Sexta Parte
Materia(s): Común
Tesis:
Página: 457
Genealogía:
Informe 1987, Tercera Parte, Tribunales Colegiados de Circuito, tesis 20, página 123.
PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD DEL JUICIO DE AMPARO EN MATERIA ADMINISTRATIVA.
INTERPRETACION DE LA FRACCION XV DEL ARTICULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. SIGNIFICADO DE
LA EXPRESION: "LA LEY DEL ACTO".
Ha sido tradición de los tribunales y autoridades que conocen del juicio de amparo, interpretar la
fracción XV del artículo 73 de la Ley de Amparo, en el sentido de que el particular solamente está
obligado a agotar previamente al juicio de garantías los recursos o medios de defensa, cuando
éstos se prevean en la "ley del acto". A falta de una noción unánimemente aceptada acerca de lo
que significa la "ley del acto", es criterio de este Tribunal Colegiado que por ella debe entenderse
cualquier norma jurídica o conjunto normativo (ley en sentido material con independencia de su
categoría formal) que resulte aplicable o que regule por algún título al acto reclamado; desde
luego, para estar en presencia de este supuesto es menester que la ley se refiera expresamente al
acto de que se trate, sin que esté por tanto autorizado hacer extensiva por analogía o por mayoría
de razón la eficacia de cualquier ordenamiento a casos no previstos claramente en el mismo. Por
lo demás, la circunstancia de que un ordenamiento regulador del acto no aparezca citado como
fundamento del mismo, no es obstáculo en modo alguno para considerarlo como la "ley del acto"
toda vez que no existe norma constitucional u ordinaria, o principio que autorice una
interpretación de este género. Por el contrario, de la lectura del propio artículo 73 en la fracción
en estudio, se desprende sin lugar a dudas que no estuvo en la mente del legislador restringir la
operancia del principio de definitividad en materia administrativa a la observancia de un requisito
como el señalado, según puede advertirse de la expresión empleada por aquél al decir que el
juicio es improcedente cuando los actos puedan ser reparados "conforme a la ley que los rija". De
ser otro el propósito perseguido con la norma, en el texto se consignaría claramente que los actos
debían ser revisados "conforme a la ley que los funde", situación que no acontece según antes se
expuso. En adición a lo anterior, conviene notar que el texto constitucional del cual deriva la regla
de procedencia del juicio de garantías objeto de análisis, tampoco conduce a una interpretación
distinta de la aceptada por este tribunal, dado que prescribe simplemente que en contra del acto
reclamado deben agotarse los recursos, juicios o medios ordinarios de defensa que en su contra
otorguen las leyes, al decir: "ARTICULO 107. Todas las controversias de que habla el artículo 103,
se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo con
las bases siguientes: IV. En materia administrativa el amparo procede, además, contra
resoluciones que causen agravio no reparable mediante algún recurso, juicio o medio de defensa
legal. No será necesario agotar éstos cuando la ley que los establezca exija, para otorgar la
suspensión del acto reclamado, mayores requisitos de lo que la ley reglamentaria del juicio de
amparo requiera como condición para decretar esa suspensión". De modo que es de concluir que
para la operancia de la regla consignada en la fracción XV del artículo 73 de la Ley de Amparo,
basta que en alguna ley aplicable en forma directa e inmediata al acto reclamado, se prevenga la
procedencia de algún recurso, juicio o medio de defensa, por virtud del cual pueda ser modificado,
revocado o anulado aquél, siempre que con su tramitación se suspendan los efectos del acto
reclamado en las condiciones precisadas en el propio numeral con independencia de que esa ley
aparezca o no como fundamento de la actuación de la autoridad. De otra manera, aceptar que por
la "ley de el acto debe entenderse al ordenamiento que aparezca como fundamento de la
resolución reclamada, implicaría no sólo atribuir al precepto respectivo un sentido que riñe
notoriamente con su texto, sino también condicionar la observancia de las leyes (en la parte de los
recursos) a la actuación de las autoridades, pues la tramitación de los medios ordinarios de
defensa dependería en todo caso de que aquéllas citaran en la resolución la disposición aplicable
al respecto. En la especie, las razones antes expuestas conducen a tener a la Ley Orgánica del
Tribunal Fiscal de la Federación y al Código Fiscal de la Federación (en lo relativo a la sustanciación
y resolución del juicio de nulidad) como la "ley del acto" reclamado, para los efectos de la fracción
XV del artículo 73 de la Ley de Amparo, pues aunque no fueron citados en la fundamentación de la
resolución impugnada, le son aplicables porque se trata de una multa impuesta por violaciones a
normas administrativas federales.
Amparo en revisión 2007/87. Alto Carbono, S. A. 18 de noviembre de 1987. Unanimidad de votos.
Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretaria: Adriana Leticia Campuzano Gallegos.
Nota: Esta tesis contendió en la contradicción 43/98 resuelta por el Tribunal Pleno, de la que
derivó la tesis P./J. 3/2001, que aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su
Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, enero de 2001, página 8, con el rubro: "DEFINITIVIDAD EN EL
JUICIO DE AMPARO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESION 'LEYES QUE RIGEN LOS ACTOS' A QUE SE
REFIERE EL ARTICULO 73, FRACCION XV, DE LA LEY DE LA MATERIA."
Séptima Época
Registro: 247927
Tesis Aislada
205-216 Sexta Parte
Tesis:
Página: 316
Genealogía:
MULTAS FISCALES, VALIDEZ DE LAS.
Debe declarase la validez de las multas impuestas, cuando no existiendo los vicios formales
alegados en las actas de visitas, que dieron base a la determinación de impuestos omitidos no se
haya controvertido en el juicio de anulación correspondiente la falta de motivación de la sanción
por omisión de las formalidades que legalmente debía contener, o que hubiera habido desvío de
poder en la fijación de su monto, pues la responsable no pudo ocuparse del estudio
correspondiente.
TRIBUNAL COLEGIADO DEL DECIMO TERCER CIRCUITO.
Amparo directo 20/85. Mario Larrazábal Forte. 5 de junio de 1986. Unanimidad de votos. Ponente:
Robustiano Ruiz Martínez. Secretaria: Ruth Ramírez Núñez.
Séptima Época
Registro: 247956
Tesis Aislada
205-216 Sexta Parte
Tesis:
Página: 336
NULIDAD FISCAL. CONSTITUCIONALIDAD DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION DE 1o. DE ABRIL
DE 1983, ARTICULO 239, FRACCION III, PARRAFO ULTIMO.
El artículo 239 fracción III, párrafo último, del Código Fiscal de la Federación de 1983, estable que
"El Tribunal Fiscal de la Federación declarará la nulidad para el efecto de que se emita nueva
resolución cuando se esté en alguno de los supuestos previstos en las fracciones II y III, y en su
caso, V del artículo 238 de este Código"; ahora bien, la fracción II de este último precepto
contempla la casual que amerita la nulidad de una resolución administrativa cuando en ésta se
cometa una "omisión de los requisitos formales exigidos en leyes, que afecte las defensas del
particular, inclusive la ausencia de fundamentación o motivación, en su caso". En la especie, la Sala
Fiscal declaró la nulidad de la multa combatida porque no se motivó debidamente en cuanto a su
monto, por lo que al decretarse la nulidad para efectos de que dicha multa se motive
correctamente en aplicación del artículo 239, fracción III, párrafo último, del Código Fiscal de la
Federación, no contraría la garantía de igualdad que tutela el artículo 13 constitucional porque no
restringe los derechos de defensa del actor ni crea privilegio alguno a favor de la autoridad
demandada, o sea, no contempla distinción alguna entre las partes dentro del procedimiento
contencioso administrativo ante el Tribunal Fiscal de la Federación, en cuanto que dicho precepto
es aplicable a todas las situaciones que encuadren en la hipótesis normativa que contempla, sin
distinciones o privilegios, sin dar un tratamiento desigual a los iguales; porque encontrando
configurado un vicio en las formalidades exigidas por la ley o de carácter procedimental, la Sala del
conocimiento deberá declarar, en todos los casos iguales la nulidad del acto para un determinado
efecto. La norma fiscal tampoco constituye una ley privativa, en la medida en que no está dirigida
de manera concreta a la persona de la quejosa o un grupo de personas, ni su vigencia está limitada
a la sola aplicación hacia las mismas, sino que por el contrario, está destinada a ser aplicada a un
número indeterminado de situaciones jurídicas presentes o por el contrario, dicho órgano
conserva sus funciones decisorias y la posibilidad de tener injerencia válidamente en un número
indeterminado de negocios que encajen dentro de su ámbito de competencia, esto es, sus
atribuciones no se agotan con el conocimiento de uno o varios asuntos concretos, sino que se
extiende a todos los casos presente y futuro que se sometan o que puedan someterse a su
consideración.
Amparo directo 977/ 85. Jardines de Tlalnepantla, S.A. 28 de enero de 1986. Unanimidad de votos.
Ponente: Samuel Hernández Viazcán.
Séptima Época
Registro: 248101
Tesis Aislada
205-216 Sexta Parte
Materia(s): Laboral
Tesis:
Página: 435
Genealogía:
REPARTO DE UTILIDADES ADICIONAL. INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION DE PAGARLO O EN SU
CASO, DE GARANTIZAR EL INTERES DE LOS TRABAJADORES POR ENCONTRARSE SUBJUDICE LA
RESOLUCION QUE LO ORDENA. ES PROCEDENTE LA MULTA QUE POR TAL MOTIVO SE IMPONE AL
PATRON INFRACTOR.
De conformidad con los artículos 122, segundo párrafo, 132, fracción I, 992 y 994, fracción II de la
Ley Federal del Trabajo, en relación con el artículo 25 del reglamento de los artículos 121 y 122 de
la propia ley, se desprende que es obligación de los patrones cumplir con las disposiciones de las
normas de trabajo aplicables a sus empresas o establecimientos, entre las cuales se encuentra
comprendida la obligación de pagar el reparto adicional de utilidades que en su caso determine la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público dentro del plazo señalado por la Ley Federal del Trabajo,
es decir, dentro de los sesenta días siguientes a la fecha de notificación de la resolución de la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Como excepción a la obligación en comento se establece
que sólo se suspenderá el pago del reparto adicional de utilidades, cuando el patrón impugne la
resolución dictada por la mencionada Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y garantice el
interés de los trabajadores por cualquiera de las formas previstas por las leyes, subsistiendo esa
suspensión hasta que dicha resolución quede firme. Asimismo, se previene que las violaciones a
las normas de trabajo cometidas por los patrones se sancionarán conforme al título dieciséis de la
ley de la materia; especificándose de igual manera que el patrón que no cumpla con las
obligaciones que le impone el capítulo VIII del título tercero de la referida ley, dentro de las que se
encuentra la de pagar el reparto adicional de utilidades, se le sancionará con una multa
equivalente de 15 a 315 veces el salario mínimo general, cuantificada en los términos del artículo
992 citado. Ahora bien, si en la resolución impugnada de nula emitida por el director general de
Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, se sostiene que se impone la multa
a la quejosa en virtud de que a pesar de los requerimientos que le formuló dicha autoridad para
que acreditara que pagó a sus trabajadores el reparto adicional de utilidades determinado por la
Administración Fiscal Regional del Centro del Distrito Federal, no demostró haber cumplido con tal
obligación, ni que hubiera garantizado el interés de los trabajadores, y en la demanda de nulidad
la quejosa alegó que la multa era improcedente porque la resolución en que se ordenó el reparto
adicional de utilidades se encontraba subjudice debido a que la combatió en diverso juicio ante el
Tribunal Fiscal de la Federación, y porque en todo caso, se le debieron imponer multas de apremio
y no una multa como la de la especie, debe concluirse que es válida la resolución sancionadora y
que la responsable se ajustó a derecho al determinarlo de esta manera, ya que en el juicio de
nulidad de donde emana el acto reclamado la quejosa no acreditó haber pagado dentro del plazo
previsto para ello el reparto adicional de utilidades ordenado por la Administración Fiscal Regional,
sin que sea óbice para ello el que de autos aparezca que impugnó el oficio emitido por la
mencionada Administración Fiscal Regional, puesto que tampoco probó que hubiera obtenido de
la autoridad la suspensión del pago de reparto adicional de utilidades y que haya garantizado
debidamente el interés de los trabajadores en cualquiera de las formas que establecen las leyes
según lo exigen los dispositivos legales invocados, y por otro lado, cabe agregar que tales
numerales no contemplan la imposición de multas de apremio.
Amparo directo 1284/85. Cines de Guanajuato, S. A. 30 de octubre de 1986. Unanimidad de votos.
Ponente: José Méndez Calderón. Secretario: Raúl Armando Pallares Valdez.
Nota: En el Informe de 1986, la tesis aparece bajo el rubro "REPARTO ADICIONAL DE UTILIDADES.
INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION DE PAGARLO O EN SU CASO, DE GARANTIZAR EL INTERES DE
LOS TRABAJADORES POR ENCONTRARSE SUBJUDICE LA RESOLUCION QUE LO ORDENA. ES
PROCEDENTE LA MULTA QUE POR TAL MOTIVO SE IMPONE AL PATRON INFRACTOR.".
Séptima Época
Registro: 248187
Tesis Aislada
205-216 Sexta Parte
Tesis:
Página: 504
Genealogía:
SUSPENSION CONTRA EL COBRO DE IMPUESTOS. LA GARANTIA QUE SE EXIGE DEBE SUJETARSE A
LO ESTABLECIDO POR LA LEY DE AMPARO Y NO POR EL CODIGO FISCAL FEDERAL.
Cuando los actos reclamados importan el cobro de impuestos, multas u otros pagos fiscales, a
efecto de que la medida que se concede adquiera plena eficacia, requiere del otorgamiento de la
garantía del interés fiscal mediante depósito de dinero que ampare la cantidad a que asciende el
crédito combatido, como única forma legalmente prevista por el artículo 135 de la Ley de Amparo,
salvo los casos de excepción que el propio precepto contempla. Sin embargo, aun cuando dentro
de estos supuestos de excepción se permite el aseguramiento del interés fiscal sin constituir
depósito en dinero, en cualquier caso esa otra forma debe estar contemplada por la Ley de
Amparo y para ello debe acreditarse ante el Juez por el quejoso que se encuentra precisamente
dentro de tales supuestos, esto es, que se trate del cobro de sumas que exceden sus posibilidades,
o bien que se trate de persona distinta al sujeto pasivo directo de la relación tributaria, o que la
garantía se hubiese constituido, ante la autoridad exactora, previamente a la petición de
suspensión ante el Juez de Distrito, pero no demostrándose ninguna de dichas excepciones, la
garantía del interés fiscal se deberá hacer conforme a lo previsto por el aludido artículo 135 de la
Ley de Amparo (y no conforme a las disposiciones del Código Fiscal de la Federación, como lo
pretende la quejosa), considerando que la garantía se constituye dentro del procedimiento
constitucional y no dentro del procedimiento administrativo respectivo.
Incidente en revisión 1907/85. Cablevisión, S. A. 4 de marzo de 1986. Unanimidad de votos.
Ponente: Samuel Hernández Viazcán. Secretario: Jaime Raúl Oropeza García.
Nota: En el Informe de 1986, la tesis aparece bajo el rubro "SUSPENSION. TRATANDOSE DEL
COBRO DE IMPUESTOS. LA GARANTIA QUE SE EXIGE DEBE SUJETARSE A LO ESTABLECIDO POR LA
LEY DE AMPARO Y NO POR EL CODIGO FISCAL FEDERAL.".
Séptima Época
Registro: 248188
Tesis Aislada
205-216 Sexta Parte
Tesis:
Página: 505
Genealogía:
SUSPENSION CONTRA EL COBRO DE IMPUESTOS, MULTAS U OTROS PAGOS FISCALES.
Por disposición expresa del artículo 135 de la Ley de Amparo, cuando se trata del cobro de pagos
fiscales, la suspensión del acto reclamado surtirá efectos previo depósito de la cantidad que se
cobra en la Nacional Financiera, S. A. Por ello no resulta erróneo que el C. Juez de Distrito al
conceder la suspensión definitiva, establezca como condición, el depósito del importe de las
diferencias existentes, ante la mencionada institución financiera. Además la afirmación de la
quejosa en el sentido de que los pagos derivados del incremento de derechos, exceden de sus
posibilidades económicas debe probarse. En efecto, cuando la parte quejosa considera que no
debe exigirse el depósito de la cantidad que se le cobra en términos del precepto citado, se
encuentra obligada a acreditar ante el C. Juez de Distrito que los cobros reclamados exceden de
sus posibilidades económicas. No basta pues, el sólo dicho de la peticionaria en el sentido de que
sus condiciones económicas no le permiten depositar la cantidad cobrada.
Amparo en revisión 55/85. Cablevisión, S. A. 19 de marzo de 1986. Unanimidad de votos. Ponente:
J. S. Eduardo Aguilar Cota. Secretario: Ricardo Rivas Pérez.
Séptima Época
Registro: 248990
Tesis Aislada
187-192 Sexta Parte
Tesis:
Página: 156
Genealogía:
SEGURO SOCIAL, SUSPENSION IMPROCEDENTE CONTRA EL COBRO DE CUOTAS PARA EL.
Las cuotas para el Seguro Social tiene carácter fiscal y la suspensión que se pide contra su cobro se
rige por el artículo 135 de la Ley de Amparo, que preceptúa que cuando el amparo se pide contra
el cobro de impuestos, multas u otros pagos fiscales, podrá concederse discrecionalmente la
suspensión del acto reclamado; y aplicando el prudente arbitrio y la discreción de que habla la ley,
debe negarse la suspensión, porque con ella se producirían graves perjuicios al Instituto Mexicano
del Seguro Social, colocándolo en el peligro de no poder proporcionar sus servicios, que son de
interés público.
TRIBUNAL COLEGIADO DEL NOVENO CIRCUITO.
Amparo en revisión 270/84. Constructora del Altiplano, S.A. 5 de julio de 1984. Unanimidad de
votos. Ponente: Guillermo Baltazar Alvear. Secretario: Ricardo Díaz Chávez.
Nota: En el Informe de 1984, la tesis aparece bajo el rubro "SEGURO SOCIAL, SUSPENSION
CONTRA EL COBRO DE CUOTAS PARA EL.".
Séptima Época
Registro: 248999
Tesis Aislada
187-192 Sexta Parte
Tesis:
Página: 161
Genealogía:
SUSPENSION CONTRA COBROS FISCALES, DEPOSITO DE LA SUMA EXIGIDA, PARA QUE SURTA
EFECTOS LA.
Con arreglo al artículo 135 de la Ley de Amparo, para que surta efectos la suspensión concedida
contra impuestos, multas u otros pagos fiscales, es necesario previamente constituir depósito por
la suma que se reclama, y como dicha ley es reglamentaria del artículo 107 de la Carta Magna y es
la norma específicamente aplicable al caso, debe prevalecer sobre lo que dispongan otras leyes.
Por tanto no quedan exentos de este requisito, aunque otra cosa prevengan distintos
ordenamientos, ni los organismos públicos descentralizados ni las instituciones de crédito.
Incidente en revisión 1278/84. Comisión Federal de Electricidad. 25 de octubre de 1984.
Unanimidad de votos. Ponente: Adolfo O. Aragón Mendía. Secretario: Benjamín Soto Cardona.
Séptima Epoca, Sexta Parte:
Volumen 85, página 89. Amparo en revisión (incidente) 750/75. Petróleos Mexicanos. 8 de enero
de 1975. Unanimidad de votos. Ponente: Jesús Toral Moreno. Secretaria: Leonor Fuentes
Gutiérrez.
Notas:
Esta tesis contendió en la contradicción 2/85 resuelta por la Segunda Sala, de la que derivó la tesis
2a./J. 4/91, que aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Epoca, Tomo
VII, junio de 1991, página 85, con el rubro: "ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS. DEBEN
OTORGAR GARANTIA PARA QUE SURTA EFECTOS LA SUSPENSION."
En la publicación original, la tesis del asunto 750/75 aparece bajo el rubro "SUSPENSION CONTRA
COBROS FISCALES, DEPOSITO DE LA SUMA EXIGIDA PARA QUE SURTA EFECTOS LA. ORGANISMOS
DESCENTRALIZADOS E INSTITUCIONES DE CREDITO.".
Séptima Época
Registro: 245462
Instancia: Sala Auxiliar
Tesis Aislada
181-186 Séptima Parte
Tesis:
Página: 255
Genealogía:
Informe 1984, Segunda Parte, Sala Auxiliar, tesis 30, página 37.
MULTAS FISCALES. PROCEDE DEJARLAS SIN EFECTOS CUANDO PROVIENEN DE DETERMINACIONES
DE CREDITOS DECLARADAS NULAS.
Si en un juicio se pide la nulidad de los proveídos en que se impusieron sendas multas a la actora,
por estimarse que infringió disposiciones fiscales con motivo de la omisión en el pago del
impuesto cuya liquidación fue materia de anulación en diverso juicio, es de considerarse que
aquéllos, ciertamente, deben anularse, habida cuenta que, si dichas multas tienen su origen en
una resolución conexa que ha sido declarada nula, también deben anularse las indicadas multas
para que exista congruencia con tal resolución .
Revisión fiscal 60/80. Constructora Tab, S.A. 1o. de marzo de 1984. Cinco votos. Ponente: Víctor
Manuel Franco Pérez. Secretario: Omar Losson Ovando.
Nota: En el Informe de 1984, la tesis aparece bajo el rubro "MULTAS FISCALES. CUANDO SU
NACIMIENTO PROVIENE DE UNA RESOLUCION CONEXA QUE SE DECLARO NULA, PROCEDE
DEJARLAS SIN EFECTO.".
Séptima Época
Registro: 232400
Instancia: Pleno
Tesis Aislada
175-180 Primera Parte
Tesis:
Página: 202
PAGO LISO Y LLANO DE OBLIGACIONES FISCALES NO HACE IMPROCEDENTE EL AMPARO.
La preclusión lógica opera por la incompatibilidad de la actividad no ejercitada o ejercitada
indebidamente, con la nueva actividad, de modo que son opuestas, contradictorias, y no obstante
que pudiera entenderse que el pago liso y llano de un crédito fiscal es un consentimiento de la ley,
que haría improcedente su impugnación posterior; sin embargo, dada la naturaleza de las leyes
fiscales, no puede estimarse el pago liso y llano de una carga fiscal como un cumplimiento
voluntario porque en estos casos los causantes se ven compelidos a cumplir con sus obligaciones
fiscales, a pagar los créditos fiscales que le son fijados, pues en caso contrario se colocarían en una
situación ilegal que ante la mora en el pago de sus cargas fiscales los hará acreedores a pagar
recargos, multas o gastos de ejecución y estarán ante la posibilidad de la apertura de un
procedimiento económico coactivo que podría llevarlos hasta el remate de sus bienes, por lo que
debe considerarse que en el caso de los pagos de créditos fiscales, no obstante que se hayan
efectuado lisa y llanamente, no puede estimarse como un acto de cumplimiento voluntario con la
ley que lo fijó, sino un cumplimiento coactivo y por ende no existe una preclusión lógica que haga
improcedente el amparo.No es pues un acto espontáneo sino con la amenaza cierta, inminente de
las sanciones legales.
Amparo en revisión 1183/82. Kodak Mexicana, S.A. de C.V. 23 de agosto de 1983. Mayoría de
catorce votos. Ponente: J. Ramón Palacios Vargas.
Séptima Época
Registro: 249531
Tesis Aislada
175-180 Sexta Parte
Tesis:
Página: 134
Genealogía:
MONOPOLIOS, LEY ORGANICA EN MATERIA DE. CASOS EN QUE NO PROCEDE IMPONER MULTAS.
Si en autos únicamente quedó acreditado que la causa por la cual se impuso la multa, fue porque
una empresa estableció de manera arbitraria el precio a uno de los productos que expende, sin
que hubiese concurrido ningún otro elemento señalado por el artículo 1o.de la Ley Orgánica del
Artículo 28 Constitucional en Materia de Monopolios, es claro que esa conducta no encuadra
dentro de los presupuestos a que se refiere dicho precepto legal, en el cual se fundaron las
autoridades fiscales para imponer la sanción a la quejosa, en virtud de que en el caso no se dieron
los presupuestos de presunción de monopolio a que se contrae además la fracción II del artículo
4o. del ordenamiento legal citado.
Amparo directo 367/83. Librería Gacela, S.A. 13 de octubre de 1983. Unanimidad de votos.
Ponente: Fernando Lanz Cárdenas. Secretario: Rigoberto Calleja López.
Séptima Época
Registro: 249532
Tesis Aislada
175-180 Sexta Parte
Tesis:
Página: 135
Genealogía:
MULTA POR VIOLACION A LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, NATURALEZA DE LA.
La resolución mediante la cual se impone una multa por violaciones a la Ley Federal del Trabajo es
de naturaleza administrativa, en tanto origina exclusivamente una controversia entre la autoridad
administrativa laboral que la impuso y el patrón; por tanto, dicha resolución es recurrible
conforme a lo previsto en el Código Fiscal de la Federación.
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO.
Amparo en revisión 233/83. Hilados de México, S.A. 3 de noviembre de 1983. Unanimidad de
votos. Ponente: José de Jesús Rodríguez Martínez. Secretario: Alfonso Hernández Suárez.
Séptima Época
Registro: 249568
Tesis Aislada
175-180 Sexta Parte
Tesis:
Página: 160
PROCURADURIA FEDERAL DEL CONSUMIDOR. RECURSO DE REVISION PREVISTO EN EL ARTICULO
91 DE LA LEY DE LA MATERIA. DEBE AGOTARSE ANTES DE ACUDIR AL AMPARO.
Si bien es cierto, que el artículo 73, fracción XV, de la Ley de Amparo, establece la obligación de
agotar los recursos ordinarios que, en materia administrativa, puedan modificar, revocar o
nulificar el acto reclamado, so pena de la declaración de improcedencia del juicio de garantías que
se promueva, sin cumplir con esta exigencia, también se permite que tales medios ordinarios de
impugnación no sean agotados, cuando el recurso no suspenda la ejecución del acto
administrativo o exija mayores requisitos para ello que la Ley de Amparo. Ahora bien, el recurso
de revisión establecido por el artículo 91 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, no exige
mayores requisitos que la Ley de Amparo para conceder la suspensión de la ejecución de los actos
administrativos que mediante él se recurran. En efecto, el artículo 98 de la misma ley
textualmente señala: "Artículo 98. La interposición del recurso, suspenderá la ejecución de la
resolución impugnada por cuanto al pago de multas, siempre que se garantice su importe, en los
términos del Código Fiscal de la Federación ante la oficina exactora correspondiente. Respecto de
cualquier otra clase de resoluciones administrativas, y de sanciones que no sean multas, la
suspensión sólo se otorgará si concurren los siguientes requisitos: I. Que la solicite el recurrente; II.
Que el recurso sea procedente, atento a lo dispuesto en el artículo 91; III. Que de otorgarse la
suspensión, no tenga por efectos la consumación o continuación de actos u omisiones que
impliquen perjuicios al interés social o al orden público, de acuerdo a lo dispuesto en esta ley y las
disposiciones que deriven de ella; IV. Que no se ocasionen daños o perjuicios a terceros, a menos
que se garanticen éstos para el caso de no obtener resolución favorable, en el monto que fije
discrecionalmente la autoridad administrativa, bajo su responsabilidad; V. Que la ejecución de la
resolución recurrida, produzca daños o perjuicios de difícil reparación en contra del recurrente".
Aun y cuando la revisionista no manifieste porqué estima que el recurso administrativo exige
mayores requisitos que la Ley de Amparo para conceder la suspensión, resulta evidente que tal
aseveración es incorrecta como se pasa a demostrar: a) En primer lugar debe decirse que si el
oficio reclamado no es una multa ni una sanción de otra especie, entonces la concesión de la
suspensión en el recurso ordinario, debe sujetarse a lo dispuesto en la segunda parte del artículo
98 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, b) Respecto del primer requisito que señala la
ley ordinaria, y que se hace consistir en la solicitud de suspensión formulada por el recurrente, tal
exigencia también se encuentra prevista en materia de amparo por el artículo 124, fracción I, de la
ley rectora del juicio de garantías, c) Por lo que toca al requisito administrativo de que el recurso
sea procedente para que pueda otorgarse la suspensión, debe decirse que, en materia de amparo,
también existe, pues si la demanda es notoriamente improcedente, será desechada de plano, sin
suspender el acto reclamado, según lo ordena el artículo 145 de la Ley Reglamentaria de los
Artículos 103 y 107 Constitucionales, d) En lo correspondiente a la exigencia del recurso ordinario,
consistente en que de otorgarse la suspensión no tenga por efecto la continuación o consumación
de actos u omisiones que impliquen perjuicios al interés social o al orden público, de acuerdo con
el artículo 124, fracción II, de la Ley de Amparo, igualmente es impedimento para conceder la
suspensión definitiva, el que con la misma se siga perjuicio al interés social o se contravengan
disposiciones de orden público, e) En lo que respecta al cuarto requisito exigido por el recurso
ordinario, que consiste en no ocasionar daños o perjuicios a terceros con el otorgamiento de la
suspensión, a menos que éstos se garanticen, igualmente está previsto perfectamente en los
artículos 125 y 129 de la Ley de Amparo, f) Por último, en lo tocante a que la ejecución de la
resolución recurrida produzca daños o perjuicios de imposible o de difícil reparación al recurrente,
tal exigencia también se presenta en materia de amparo, según lo ordena el artículo 124, fracción
III, de la ley relativa. De lo anterior debemos concluir que no es cierto que el recurso ordinario de
revisión previsto por los artículos 91 y 98 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, exija
mayores requisitos que la Ley de Amparo para conceder la suspensión de la ejecución de los actos
materia de impugnación, pues como ya ha quedado expuesto, los mismos requisitos se exigen en
la ley ordinaria y en la reglamentaria del juicio constitucional, por lo que no se actualiza la
hipótesis prevista por el artículo 73, fracción XV, última parte, de la referida ley, y el caso no se
encuentra entre las excepciones al principio de definitividad reguladas por los ordenamientos
aplicables. De la manera anterior, y toda vez que el recurso ordinario exige los mismos requisitos
que la Ley de Amparo para conceder la suspensión definitiva, la quejosa debió agotar primero el
medio ordinario de impugnación, y al no hacerlo así, se configura una causa de improcedencia,
como correctamente lo apreció el Juez de primera instancia, debiendo declararse infundado el
agravio a estudio, y confirmarse el sobreseimiento dictado por el Juez de Distrito.
Amparo en revisión 1060/83. Gráfica Industrial Mexicana, S.A. de C.V. 15 de noviembre de 1983.
Unanimidad de votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel.
Séptima Época
Registro: 237510
Tesis Aislada
Tesis:
Página: 57
Genealogía:
MULTAS FISCALES. QUEDAN SIN EFECTO CUANDO OCURRE LA NULIDAD DE LA RESOLUCION DE
DONDE SE IMPONEN.
Si determinadas multas fiscales tienen su razón de ser en una resolución conexa, y ésta ha sido
declarada nula, para ser congruente con tal resolución también deben anularse las multas
respectivas.
Revisión fiscal 114/81. Mercantil de Sahuayo, Sociedad Anónima. 19 de enero de 1983.
Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Manuel Gutiérrez de Velasco.
Véase: Semanario Judicial de la Federación, Séptima Epoca, Volúmenes 151-156, Tercera Parte,
página 225, jurisprudencia de rubro "MULTAS FISCALES.".
Séptima Época
Registro: 249853
Tesis Aislada
169-174 Sexta Parte
Tesis:
Página: 147
Genealogía:
PROCURADURIA FEDERAL DEL CONSUMIDOR, SUSPENSION DE LA EJECUCION DE LAS MULTAS
IMPUESTAS POR LA.
Es inexacto que el artículo 98 de la Ley Federal de Protección al Consumidor exija mayores
requisitos que los que la Ley de Amparo establece para conceder la suspensión definitiva, pues lo
cierto es que ambos ordenamientos fijan iguales condiciones para obtener tal medida. Por otra
parte, si el mencionado precepto es claro respecto de que la interposición del recurso de revisión,
suspende la ejecución de la resolución impugnada por cuanto al pago de multas, siempre que se
garantice su importe, la remisión que el mismo numeral hace al Código Fiscal de la Federación sólo
puede entenderse referida a las formas de garantizar el pago de las multas impuestas por la
procuraduría, más no a otras particularidades que pudiera señalar el propio código tributario para
obtener la suspensión del procedimiento de ejecución, pues ello equivaldría a agregar otros
requisitos que no exige la ley del acto, lo cual no sería lógico ni jurídico.
Amparo en revisión 782/82. Innovaciones de Desarrollos y Espacios Habitacionales, S.A. de C.V. 17
de febrero de 1983. Unanimidad de votos. Ponente: Juan Gómez Díaz. Secretario: Adrián
Avendaño Constantino.
Séptima Época
Registro: 245606
Instancia: Sala Auxiliar
Tesis Aislada
169-174 Séptima Parte
Tesis:
Página: 213
MULTAS. DEFINITIVIDAD ADMINISTRATIVA DEL CREDITO QUE LES DIO ORIGEN.
Mientras la autoridad fiscal encargada de fincar o liquidar el crédito principal no lo haga en forma
definitiva en el orden administrativo, no es posible imponer multas al causante por haber omitido
el impuesto cuya omisión misma está administrativamente pendiente de definición. No es
legalmente posible que las autoridades hagan efectiva la multa derivada de una omisión de pago
de impuesto mientras está subjúdice ante las propias autoridades fiscales, la validez de la
resolución que fincó el crédito principal, de cuya validez dependerá también la de la multa; pues
ésta, como cosa derivada, no debe hacerse efectiva entre tanto no haya absoluta definitividad
administrativa en la resolución principal. Y es de notarse que la dilación en la resolución del
recurso administrativo interpuesto ante la autoridad que fincó el crédito principal o ante el
superior jerárquico, es imputable sólo a las propias autoridades fiscales, por lo que en su mano
esta remover el obstáculo para hacer efectiva la multa, resolviendo el recurso, cuando proceda
hacerlo en forma desfavorable al causante. Por lo demás, solo cuando el crédito principal ya sea
absolutamente definitivo en el orden administrativo, y esté sub júdice ante una autoridad judicial,
podrá ya la autoridad fiscal intentar hacer efectiva la multa que haya impuesto por la omisión del
pago de aquel crédito. Y para evitar el pago de la multa antes de que se resuelva el juicio de
impugnación, habrá que acudir a los juicios o medios de defensa pertinentes y, en su caso, obtener
la suspensión del cobro de la multa, mediante la garantía procedente, ya que en esa nueva
situación la dilación en resolver los juicios que versan sobre el crédito principal y la multa, ya no
será imputable a las autoridades, sino a la acción judicial intentada por el causante y a la
capacidad de fallar de los tribunales. Y todo lo anterior se justifica porque si bien sería absurdo
legalmente que las autoridades fiscales pudieran pretender hacer efectiva una multa mientras
haya la posibilidad legal de que las propias autoridades (una u otra dependencia del órgano fiscal)
declaren ilegal el fincamiento del crédito fiscal por impuestos, cuya falta dio origen a la multa,
también sería ilógico que cuando el crédito principal ha adquirido firmeza en el orden
administrativo, la impugnación judicial del mismo impidiese automáticamente el cobro de la multa
derivada de la falta de pago oportuno de dicho crédito.
Amparo directo 4379/80. Proveedora Automotriz, S.A. 7 de febrero de 1983. Unanimidad de
cuatro votos. Ponente: Guillermo Guzmán Orozco.
Séptima Época
Registro: 250093
Tesis Aislada
163-168 Sexta Parte
Tesis:
Página: 102
MULTAS, IMPUGNACION DE LAS. DEBE REFERIRSE UNICAMENTE A LOS VICIOS PROPIOS DEL
OFICIO SANCIONADOR, Y NO A VICIOS QUE ATAÑAN A LA VISITA DOMICILIARIA O A LA
LIQUIDACION.
Las personas afectadas por una visita domiciliaria pueden impugnarla, ya sea desde el momento
en que la misma se practica, cuando se considera que su propio levantamiento es ilegal, o bien,
cuando con base en dicha visita domiciliaria, se determina una obligación fiscal en su contra; pero
si no se ataca la visita domiciliaria en cualquiera de esos dos momentos, sino que por el contrario,
determinada una liquidación en contra de la quejosa, la paga, y es hasta el momento en que se
emite una sanción con base en dicha liquidación, cuando pretende combatir tanto la visita
domiciliaria como la liquidación, esto es incorrecto, pues en este instante ya precluyó el derecho
para hacerlo; por lo que la impugnación de la multa se deberá de referirse únicamente a los vicios
propios del oficio sancionador, y no a vicios que atañan a la visita domiciliaria o a la liquidación.
Amparo directo 269/82. Azucena Pérez de Benítez. 28 de septiembre de 1982. Unanimidad de
votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel.
Séptima Época
Registro: 250094
Tesis Aislada
163-168 Sexta Parte
Tesis:
Página: 103
Genealogía:
MULTAS NO FISCALES. LA OMISION DE RESOLVER LAS INSTANCIAS QUE SE FORMULEN EN
RELACION A ELLAS, NO CONSTITUYE UNA NEGATIVA FICTA.
El artículo 92 del Código Fiscal de la Federación establece: "Las instancias o peticiones que se
formulen a las autoridades fiscales deberán ser resueltas en el término que la ley fija o, a falta de
término establecido, en noventa días. El silencio de las autoridades fiscales se considerará como
resolución negativa ficta cuando no den respuesta en el término que corresponda". De la lectura
de este precepto se advierte que la negativa ficta únicamente se configura cuando las peticiones o
instancias relativas se formulen a las autoridades fiscales. Por tanto, si la instancia no atendida
consiste en la reconsideración interpuesta ante el director general de Precios de la Secretaría de
Comercio, cabe concluir que no se está en presencia de una resolución negativa ficta, ya que dicho
director no tiene carácter de autoridad fiscal, sino que es un funcionario de carácter
administrativo y, en todo caso, la multa en contra de la que se hizo valer el recurso es de
naturaleza administrativa, ya que fue impuesta por violación a precios oficiales de la Secretaría de
Comercio.
Amparo en revisión 532/82. Martín Ramos Valencia. 26 de agosto de 1982. Unanimidad de votos.
Ponente: Carlos de Silva Nava. Secretaria: María de Fátima I. Sámano Hernández.
su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVI, diciembre de 2007, página 208, con el rubro: "NEGATIVA
FICTA. SE CONFIGURA RESPECTO DE LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS FEDERALES SOMETIDAS
A LA COMPETENCIA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA."
Séptima Época
Registro: 250338
Tesis Aislada
157-162 Sexta Parte
Tesis:
Página: 110
Genealogía:
MULTAS POR VIOLACIONES A LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO. TIENEN CARACTER DE ACTOS
ADMINISTRATIVOS Y DEBE AGOTARSE EN SU CONTRA EL JUICIO DE NULIDAD ANTE EL TRIBUNAL
FISCAL.
Debe sobreseerse el juicio de amparo, si el quejoso reclama una multa impuesta por el director
general de Asuntos Jurídicos de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, por violaciones a la Ley
Federal del Trabajo, toda vez que debió agotarse el juicio de nulidad ante el Tribunal Fiscal de la
Federación. Lo anterior, porque el acto reclamado no es de naturaleza laboral, sino administrativa,
habida cuenta de que su origen es precisamente el incumplimiento o violación a las normas
laborales por parte del patrón, que si bien pueden dar origen a un conflicto laboral con los
trabajadores, en el caso sólo originaron conflicto con las autoridades encargadas de la vigilancia de
tales normas, las que administrativamente tienen la facultad de hacerlas cumplir.
TRIBUNAL COLEGIADO DEL NOVENO CIRCUITO.
Amparo en revisión 479/81. Guillermo Ayala Calvillo. 22 de abril de 1982. Unanimidad de votos.
Ponente: Enrique Arizpe Narro. Secretario: Juan Castillo Duque.
Séptima Época
Registro: 237707
Tesis Aislada
Tesis:
Página: 180
Genealogía:
SUSPENSION DEL PROCEDIMIENTO DEL JUICIO FISCAL. NO LA PRODUCE UN INCIDENTE DE
NULIDAD DE NOTIFICACIONES EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN QUE SE DETERMINA
EL CREDITO COMBATIDO.
No es procedente la suspensión del procedimiento en el juicio de nulidad fiscal, conforme lo
establece el segundo párrafo del artículo 221 del Código Fiscal de la Federación, reformado por
decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de veintinueve de diciembre de mil
novecientos setenta y ocho, como consecuencia del incidente de nulidad de notificaciones
promovidas en contra de la notificación del crédito que origina la multa impuesta en el proveído
impugnado, porque no es instancia propia del juicio fiscal.
Revisión fiscal 112/80. María García Fragoso. 26 de agosto de 1981. Unanimidad de cuatro votos.
Ponente: Carlos del Río Rodríguez. Secretario: José Angel Mandujano Gordillo.
Séptima Época
Registro: 237717
Jurisprudencia
Tesis:
Página: 225
Genealogía:
Apéndice 1917-1985, Tercera Parte, Segunda Sala, tesis 279, página 464.
MULTAS FISCALES.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 35 del Código Fiscal de la Federación, la aplicación
de las sanciones administrativas procede sin perjuicio de que se exija el pago de las prestaciones
fiscales respectivas y de los recargos, en su caso, así como de las penas que impongan las
autoridades judiciales cuando se incurra en responsabilidad penal. Sin embargo, cuando la multa
es accesoria de un crédito fiscal (en virtud del estado de dependencia que guarda aquélla respecto
de éste) que se encuentra subjudice, es claro que jurídicamente no se puede reconocer la validez
de la sanción hasta en tanto no sea resuelta en definitiva la situación legal del crédito que la
originó, ya que, evidentemente, la posibilidad lógica de que llegue a declararse la insubsistencia de
dicho crédito, que entrañaría que la multa perdiera su razón de ser, impide reconocer la legalidad
de ésta.
Séptima Epoca, Tercera Parte:
Volúmenes 139-144, página 99. Revisión fiscal 116/79. Cubetas Monterrey, S.A. 28 de agosto de
1980. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Jorge Iñárritu.
Volúmenes 139-144, página 99. Revisión fiscal 15/80. Industria Automotriz, S.A. 11 de septiembre
de 1980. Cinco votos. Ponente: Jorge Iñárritu.
Volúmenes 139-144, página 99. Revisión fiscal 75/80. Panamericana de Válvulas, S.A. de C.V. 27 de
noviembre 1980. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Carlos del Río Rodríguez.
Volúmenes 145-150, página 79. Revisión fiscal 47/79. Panam de México, S.A. (acumulados). 9 de
abril de 1981. Mayoría de cuatro votos. Disidente: Eduardo Langle Martínez. Ponente: Carlos del
Río Rodríguez.
Volúmenes 151-156, página 133. Revisión fiscal 112/80. María García Fragoso. 26 de agosto de
1981. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Carlos del Río Rodríguez.
Séptima Época
Registro: 250470
Tesis Aislada
151-156 Sexta Parte
Tesis:
Página: 14
Genealogía:
ACTIVO FIJO DE UNA EMPRESA, SECUESTRO ADMINISTRATIVO DEL.
El hecho de que el artículo 6o. del Código Aduanero establezca que las mercancías responden
directa y preferentemente ante el fisco por el importe de sus derechos e impuestos, así como de
las multas y gastos a que dieren lugar, y asimismo, faculte a las autoridades fiscales para retener
las mercancías si obran en su poder, o perseguirlas y secuestrarlas en caso contrario, no debe
entenderse en el sentido de que para resguardar los intereses del erario público, únicamente
pueda practicarse el secuestro de mercancías, pues, interpretando dicho numeral en concordancia
con el artículo 588 del propio ordenamiento indicado (el cual también se cita como apoyo del acto
reclamado), da pauta a concluir que si es legal el secuestro administrativo del activo fijo de una
empresa, ya que este último precepto, por lo que ve al aseguramiento del interés fiscal no es
limitativo sino enunciativo, y por otra parte, la intención de ambos dispositivos esta encaminada
fundamentalmente al resguardo de tal interés.
Amparo en revisión 462/80. Plásticos Panamericanos, S.A. de C.V. 19 de octubre de 1981.
Unanimidad de votos. Ponente: Juan Gómez Díaz. Secretario: Adrián Avendaño Constantino.
Séptima Época
Registro: 237757
Tesis Aislada
Tesis:
Página: 64
Genealogía:
Informe 1981, Seguda Parte, Segunda Sala, tesis 136, página 117.
CUANTIA INDETERMINADA. NEGATIVA A DAR TRAMITE A UN RECURSO DE REVOCACION.
Cuando la Sala Superior del Tribunal Fiscal de la Federación, al revocar la sentencia dictada por
alguna de sus Salas, no resuelve acerca de la legalidad o ilegalidad de una multa impuesta, sino
exclusivamente lo relativo a si es fundada la determinación de la autoridad demandada en juicio
fiscal referente a no dar trámite al recurso de revocación que se hizo valer en contra de las multas
impuestas, el asunto es de cuantía indeterminada y quien resulta competente para conocer del
juicio de garantías es un Tribunal Colegiado de Circuito, conforme a lo dispuesto por los artículos
107, fracción V, inciso b), de la Constitución General de la República, 158 de la Ley de Amparo y
7o. bis, fracción I, inciso b), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
Amparo directo 7983/80. Trailers de Monterrey, S.A. 25 de marzo de 1981. Cinco votos. Ponente:
Carlos del Río Rodríguez.
Véase Semanario Judicial de la Federación, Séptima Epoca, Tercera Parte:
Volúmenes 133-138, página 63, tesis de rubro "CUANTIA INDETERMINADA DEL NEGOCIO EN
AMPARO SI SE TRATA DE UNA CUESTION DE PROCEDIMIENTO Y NO DE LA LEGITIMIDAD DEL
CREDITO.".
Volumen 69, página 57, tesis de rubro "REVISION FISCAL. CUANTIA DEL NEGOCIO. ES
INDETERMINADA CUANDO SE TRATA SOLO DE UNA CUESTION DE DERECHO.".
Volúmenes 121-126, página 48, tesis de rubro "CUANTIA INDETERMINADA DEL NEGOCIO EN
AMPARO, SI SE TRATA SOLO DE UNA CUESTION DE DERECHO.".
Observaciones
Nota: En el Semanario Judicial de la Federación, Volúmenes 145-150, página 64, se señala que los
Volúmenes 133-138, página 63, corresponde a un precedente de esta tesis; sin embargo, de su
contenido se desprende que es un criterio relativo al mismo tema, pero con un tratamiento
diverso, por lo que en este registro se coloca bajo la leyenda "Véase".
Séptima Época
Registro: 237758
Tesis Aislada
Tesis:
Página: 66
Genealogía:
CUANTIA INDETERMINADA. VIOLACIONES PROCESALES Y RECONOCIMIENTO DE VALIDEZ DE
SANCIONES SIN DETERMINAR SU MONTO.
Si en el juicio de amparo se reclaman violaciones procesales consistentes en la falta de notificación
del auto por el cual se señaló la fecha de la audiencia en el juicio fiscal y en las determinaciones
tomadas en esa audiencia, así como el reconocimiento en la sentencia de la validez de la
determinación de imponer una multa, se trata de un negocio de cuantía indeterminada, si en la
sentencia reclamada se reconoce únicamente la facultad de la autoridad demandada de imponer a
la quejosa la sanción correspondiente, sin precisar el monto de la misma.
Amparo directo 6978/78. Clínica y Maternidad Conchita, A.C. 26 de marzo de 1981. Cinco votos.
Ponente: Jorge Iñárritu.
Séptima Época
Registro: 250981
Tesis Aislada
145-150 Sexta Parte
Tesis:
Página: 228
RECARGOS. NO SE CAUSAN SOBRE LAS MULTAS.
Los recargos fiscales que establece el artículo 22 del Código Fiscal de la Federación son los
intereses moratorios, o los daños y perjuicios que se cobran a los causantes por la falta de
cumplimiento oportuno de su obligación de pagar los créditos fiscales que les corresponden, o sea
por la falta de pago puntual de los impuestos y derechos a su cargo. Y las multas fiscales son
sanciones o penas que se imponen a los causantes por la falta de cumplimiento de sus
obligaciones fiscales, en los términos señalados en la ley. Ahora bien, conforme al artículo 1840
del Código Civil aplicable en materia federal, es principio legal de equidad que, cuando se cobra
una pena, no podrán reclamarse, además, daños y perjuicios. O sea que el cobro de una pena por
incumplimiento trae como consecuencia la imposibilidad legal de cobrar intereses moratorios por
la misma falta de cumplimiento. Ahora bien, si la legislación fiscal autoriza simultáneamente el
cobro de desproporcionados intereses moratorios (36% y eventualmente más, contra el 9% en
materia civil y el 6% en materia mercantil), esto hace que las disposiciones relativas sean
contrarias a equidad y, por ende, inconstitucionales, en términos del artículo 31, fracción IV, de la
Constitución Federal. Pero independientemente de que tal cuestión se haya planteado o no, es de
verse que pretender cobrar recargos sobre la multa es aún más inequitativo y contrario al
precepto constitucional señalado, pues si no se debieran cobrar recargos y multas, o sea daños y
perjuicios y multas, menos aún podrían cargarse daños y perjuicios sobre los créditos derivados
consistentes en las multas cobradas por la falta de pago del crédito principal, así como tampoco
podrían cobrarse recargos sobre recargos (artículo 2397 del Código Civil), ni multas por la falta de
pago oportuno de los recargos. Y como los preceptos de ley deben interpretarse, cuando ello sea
posible, de la manera que los haga más adecuados a los principios de la Constitución Federal, debe
concluirse que la recta interpretación del artículo 22 del Código Fiscal es que los recargos que
establece sólo se pueden cobrar sobre los créditos principales no pagados oportunamente, pero
sin que se puedan extender a las multas, que son créditos derivados impuestos como pena por el
cumplimiento mismo de la obligación principal. Estimar lo contrario sería duplicar las sanciones y
obligaciones derivadas del incumplimiento, con grave violación de la equidad.
Amparo directo 1097/80. Compañía Papelera Maldonado, S.A. 28 de enero de 1981. Unanimidad
de votos. Ponente: Guillermo Guzmán Orozco.
Séptima Época
Registro: 237841
Tesis Aislada
Tesis:
Página: 80
Genealogía:
INGRESOS EXENTOS Y GRAVADOS. NO CONSTITUYE SANCION O MULTA FISCAL LA APLICACION DE
LA TASA MAS ALTA CUANDO SE OMITE REGISTRARLOS SEPARADAMENTE.
El artículo 49 de la Ley Federal del Impuesto sobre Ingresos Mercantiles no establece ninguna
sanción o multa fiscal cuando señala que en el caso de que los causantes no lleven la separación
de sus ingresos exentos y gravados, como lo señala el artículo 48, el impuesto se causará con la
tasa más alta que causen sus ingresos gravables, incluyendo las percepciones que pudieran estar
exentas, puesto que si la autoridad se encuentra sin posibilidad de determinar los impuestos
correspondientes ante la omisión del causante, la ley sólo proporciona al fisco una base para hacer
efectiva la prestación tributaria relativa.
Amparo directo 5872/79. Panificadora Coapa, S.A. 24 de septiembre de 1980. Cinco votos.
Ponente: Atanasio González Martínez.
Séptima Época
Registro: 237847
Tesis Aislada
Tesis:
Página: 99
Genealogía:
Apéndice 1917-1985, Tercera Parte, Segunda Sala, segunda tesis relacionada con la jurisprudencia
325, página 552.
MULTAS FISCALES. EL TRIBUNAL FISCAL DE LA FEDERACION CARECE DE FACULTADES PARA
DETERMINARLAS EN SUS SENTENCIAS.
Lo dispuesto por el artículo 230 del Código Fiscal de la Federación en el sentido de que el Tribunal
Fiscal sólo tiene facultades para señalar en sus resoluciones la forma o manera según la cual la
autoridad fiscal debe dictar su nueva resolución, no implica que dicho tribunal tenga facultades
para fijar en cantidad líquida la sanción que esa autoridad deba imponer al causante, ya que la
imposición de multas es atribución privativa de las autoridades fiscales, de donde se concluye que
el Tribunal Fiscal se excede de los límites que le señala el mencionado artículo 230 del Código
Fiscal al establecer el monto de una multa, porque fue instituido como tribunal de simple
anulación.
Revisión fiscal 72/79. Medicamentos La Comercial, S.A. 11 de agosto de 1980. Cinco votos.
Ponente: Arturo Serrano Robles. Secretario: Arnoldo Nájera Virgen.
Séptima Época
Registro: 237871
Jurisprudencia
Tesis:
Página: 203
Genealogía:
MULTAS FISCALES. SON ACCESORIAS DEL CREDITO FISCAL EN QUE TIENEN ORIGEN,
GENERALMENTE.
Si la multa que impone la Procuraduría Fiscal de la Federación al actor en proveído que éste
impugna, tiene como base la resolución fiscal en que se determina a cargo del citado actor un
crédito, la cual fue nulificada, lógico es que el proveído sancionador quede sin efectos también,
toda vez que el mismo carece de sustentación causal.
Volumen 75, página 29. Amparo directo 4402/74. Mercantil Ildefonso Real Mora, extinta
negociación. 10 de marzo de 1975. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Antonio Rocha Cordero.
Volúmenes 109-114, página 79. Amparo directo 6721/77. Fincas y Urbanizaciones, S.A. 15 de junio
de 1978. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Jorge Iñárritu.
Volúmenes 121-126, página 62. Revisión fiscal 68/78. Mar-Hino, S.A. 14 de marzo de 1979. Cinco
votos. Ponente: Carlos del Río Rodríguez.
Volúmenes 121-126, página 62. Revisión fiscal 149/78. The Sidney Ross Co., S.A. 7 de junio de
1979. Cinco votos. Ponente: Arturo Serrano Robles.
Volúmenes 139-144, página 100. Revisión fiscal 69/79. Miguel Icaza Contreras. 7 de agosto de
1980. Cinco votos. Ponente: Eduardo Langle Martínez.
Nota: En el Apéndice 1917-1985, página 465, la tesis aparece bajo el rubro "MULTAS FISCALES.
SON ACCESORIAS DEL CREDITO FISCAL EN QUE TIENEN ORIGEN, GENERALMENTE.".
Séptima Época
Registro: 237872
Jurisprudencia
Tesis:
Página: 205
Genealogía:
Apéndice 1917-1995, Tomo III, Primera Parte, tesis 530, página 382.
RENTA, DISTINCION ENTRE DEDUCCIONES INDEBIDAS Y FALSAS PARA EFECTOS DEL IMPUESTO
SOBRE LA.
Las deducciones efectuadas por los contribuyentes sin autorización legal no conducen a
determinar que son deducciones falsas ni que se omitió la declaración del ingreso total percibido
en un ejercicio fiscal, en razón de que las deducciones indebidas en la declaración del impuesto al
ingreso global de las empresas derivan del hecho de descontar partidas contables por conceptos
no autorizados legalmente, que dan lugar, conforme al artículo 13 de la Ley del Impuesto sobre la
Renta, a que en la revisión que efectúe la autoridad se determinen las diferencias omitidas y sus
recargos correspondientes, en tanto que las deducciones falsas provienen de simulación o
maniobras fraudulentas encaminadas a eludir el impuesto y se sancionan con la imposición de una
multa; tanto más que las deducciones indebidas no traen como consecuencia que se omita la
manifestación del ingreso total percibido, sino, en todo caso que se cubra un impuesto menor, que
puede ser corregido por la autoridad competente.
Volúmenes 115-120, página 81. Revisión fiscal 21/78. Banco de Nuevo León, S.A. 27 de septiembre
de 1978. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Atanasio González Martínez. Secretario: José I.
Cantú Hernández.
Volúmenes 133-138, página 88. Revisión fiscal 71/79. Mar-Hino, S.A. 21 de abril de 1980. Cinco
Volúmenes 139-144, página 130. Revisión fiscal 111/79. Banco Monterrey, S.A. 6 de agosto de
1980. Cinco votos. Ponente: Carlos del Río Rodríguez.
Volúmenes 139-144, página 130. Revisión fiscal 85/79. Concretos Tolteca, S.A. 13 de agosto de
Volúmenes 139-144, página 130. Revisión fiscal 19/80. Representaciones Generales, S.A. 25 de
septiembre de 1980. Cinco votos. Ponente: Carlos del Río Rodríguez.
Nota: En el Informe de 1980, la tesis aparece bajo el rubro "RENTA. DISTINCION ENTRE
DEDUCCIONES INDEBIDAS Y FALSAS.".
Séptima Época
Registro: 251303
Tesis Aislada
139-144 Sexta Parte
Tesis:
Página: 173
Genealogía:
VISITAS DOMICILIARIAS. SUSTRACCION DE DOCUMENTOS Y CLAUSURAS. SUSPENSION.
Conforme al artículo 16 constitucional, la autoridad administrativa podrá practicar visitas
domiciliarias únicamente para cerciorarse de que se han cumplido los reglamentos sanitarios y de
policía; y exigir la exhibición de los libros y papeles indispensables para comprobar que se han
acatado las disposiciones fiscales, sujetándose en estos casos a las leyes respectivas y, además, a
las formalidades prescritas para los cateos. Y entre esas formalidades se encuentra, en primer
lugar, una orden de autoridad judicial, sin la cual ninguna orden de cateo podrá expedirse, orden
que deberá ser escrita, y en la que se exprese el lugar que ha de inspeccionarse y los objetos que
se buscan, a lo que únicamente deberá limitarse la diligencia, levantándose al concluirla una acta
circunstanciada en presencia de dos testigos propuestos por el ocupante del lugar visitado o, en su
ausencia o negativa, por la autoridad que practique la diligencia. Ahora bien, si la suspensión se
concede para que la autoridad fiscal no exija la entrega de expedientes, ni la sustracción de
documentación alguna del despacho jurídico del quejoso, ni se clausure ese despacho, ni se le
imponga multas en relación con esos actos, no se puede decir que se haya violado la fracción II del
artículo 24 de la Ley de Amparo porque se haya contravenido el orden público con la suspensión,
pues independientemente de lo que se resuelva en cuanto al fondo del negocio, si la Constitución
prohibe las visitas domiciliarias administrativas sin orden judicial, y si en materia fiscal sólo
autoriza que se exija la exhibición de papeles y documentos para vigilar el cumplimiento de las
disposiciones fiscales, no se ve que el impedir que se practique una visita en la que se sustraigan o
decomisen expedientes y documentación, cuestiones no autorizadas en la Constitución, o en la
que se clausure un despacho y se impongan multas a su propietario, sea contraria al interés
público, ni que estorbe injustificadamente procedimientos de investigación, pues si se negase la
suspensión en tales condiciones, la garantía constitucional sería parcialmente derogada, puesto
que la privacía de los ciudadanos, que es el valor tutelado por dicha garantía, sería afectada y
menoscabada por actos de autoridad administrativa en forma que sería irreparable en la
sentencia, pues la intrusión a la privacía no se remedia en forma total con la concesión del amparo
en contra de los actos que la constituyeron. Y el objeto de la garantía no es facilitar la labor de las
autoridades administrativas, sino poner un límite razonable, determinado por un Juez, entre el
derecho de los particulares a su privacía y la posible actuación autárquica de las autoridades.
Luego la concesión de la suspensión sí procede, dejando a salvo lo que en el fondo del negocio se
resuelva sobre la constitucionalidad de los actos reclamados (sin prejuzgar sobre esto), y sobre la
posibilidad de insistir en ellos si se niega el amparo. Por otro lado, el clausurar y multar no son
procedimientos de investigación, sino sanciones que deben seguir a la conclusión de tales
procedimientos. Por otra parte, el elemento sorpresa, que puede ser fundamental para encontrar
irregularidades fácilmente corregibles u ocultables, se puede proteger al pedir la orden de cateo,
ya que en este procedimiento no se da intervención al visitado, y en el caso en que se pidió el
amparo contra esa orden y se concedió la suspensión, malamente podría decirse que procede
revocarla en revisión para salvar la eficacia del elemento sorpresa. Por último , incidentalmente
puede añadirse que el requisito de orden judicial, que es la principal formalidad de los cateos,
opera para las visitas administrativas por mandato expreso del artículo 16 constitucional. Y no
podría ser de otro modo, pues si lo que se protege es la privacía de los particulares contra las
intrusiones excesivas o indebidas de las autoridades administrativas o policiacas, sería absurdo
proteger más la privacía del aquel que es sospechoso de haber cometido un delito, que la de quien
no es sospechoso de tal cosa.
Incidente en revisión 1001/79. Eduardo Hale Penansky. 9 de julio de 1980. Unanimidad de votos.
Ponente: Guillermo Guzmán Orozco. Secretario: Yolanda Bastida Cárdenas.
Nota: En el Informe de 1980, la tesis aparece bajo el rubro "SUSPENSION. VISITAS DOMICILIARIAS.
SUSTRACCION DE DOCUMENTOS Y CLAUSURAS.".
Séptima Época
Registro: 237920
Tesis Aislada
Tesis:
Página: 94
Genealogía:
SENTENCIAS FISCALES. SON DEFINITIVAS LAS PRONUNCIADAS POR LA SALA SUPERIOR AL
RESOLVER EL RECURSO DE REVISION.
El artículo 104, fracción I, párrafo tercero, de la Constitución Federal establece con claridad que
son definitivas las resoluciones pronunciadas por los tribunales administrativos que "hayan sido
dictadas como consecuencia de un recurso interpuesto dentro de la jurisdicción contencioso
administrativa", como acaece con las pronunciadas por la Sala Superior del Tribunal Fiscal de la
Federación con motivo de los recursos de revisión que hace valer la autoridad fiscal en los
términos del artículo 240 del Código Fiscal de la Federación. En consecuencia, si conforme al
mandato constitucional de referencia es definitiva la sentencia que la Sala Superior pronuncia en
la revisión confirmando la nulidad de la liquidación de impuestos impugnada en un primer juicio
fiscal, cabe concluir que la sola posibilidad legal de que se intente el recurso de revisión fiscal
contra el fallo definitivo referido, aun en el supuesto de que el mismo no se haya notificado a la
autoridad demandada, no puede obligar jurídicamente a la propia Sala Superior a decretar la
suspensión del procedimiento en el juicio de nulidad de una multa derivada de esa liquidación
hasta que se resuelva la revisión fiscal que pueda intentarse.
Revisión fiscal 118/79. Corona y Pacífico de Hermosillo, S.A. 14 de abril de 1980. Unanimidad de
cuatro votos. Ponente: Jorge Iñárritu. Secretario: José Tena Ramírez.
Séptima Época
Registro: 237947
Jurisprudencia
Tesis:
Página: 139
Genealogía:
Informe 1979, Segunda Parte, Segunda Sala, página 107.
MULTAS FISCALES IMPROCEDENTES. DISTINCION ENTRE DEDUCCIONES INDEBIDAS Y
DECLARACION DE INGRESOS MENORES DE LOS PERCIBIDOS POR PARTE DEL CAUSANTE.
Es inexacto que el haber efectuado deducciones indebidas traiga como consecuencia que la
empresa haya declarado ingresos menores de los percibidos, ya que los ingresos siguen siendo los
mismos, independientemente de las deducciones realizadas y de que éstas resulten o no
legalmente justificadas, en virtud de que el monto de las deducciones no afecta el de los ingresos
percibidos, pues aquéllas son las que efectivamente se han realizado, autorizadas o no por la ley,
en tanto que el declarar ingresos menores de los percibidos se apoya en la manifestación de
hechos falsos. Consecuentemente, si la multa al causante obedece a la consideración de que se
han efectuado deducciones indebidas, no puede encajar legalmente en la hipótesis distinta,
prevista en el artículo 38, fracción XXIV, del Código Fiscal de la Federación, de haber declarado
ingresos menores de los realmente percibidos, y, por tanto, tal multa resulta improcedente.
Volúmenes 109-114, página 79. Revisión fiscal 68/77. Banco de Nuevo León, S.A. 7 de junio de
1978. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Arturo Serrano Robles. Secretario: Carlos Amado
Yáñez.
Volúmenes 121-126, página 61. Revisión fiscal 66/78. Banco General de Sinaloa, S.A. 11 de enero
de 1979. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Jorge Iñárritu. Secretario: José Tena Ramírez.
Volúmenes 127-132, página 59. Amparo directo 5403/78. Laboratorios Infan, S.A. 16 de agosto de
1979. Cinco votos. Ponente: Atanasio González Martínez. Secretario: Sergio Torres Eyras.
Volúmenes 133-138, página 73. Revisión fiscal 122/78. Constructora Agropecuaria, S.A. 14 de
enero de 1980. Mayoría de cuatro votos. Disidente: Atanasio González Martínez. Ponente:
Eduardo Langle Martínez.
Volúmenes 133-138, página 73. Revisión fiscal 71/79. Mar-Hino, S.A. 21 de abril de 1980. Cinco
Séptima Época
Registro: 251337
Tesis Aislada
133-138 Sexta Parte
Tesis:
Página: 34
CONEXIDAD DE CREDITOS FISCALES.
Cuando el artículo 161 del Código Fiscal de la Federación, en su texto actual, exige que los créditos
conexos sean combatidos en la misma vía, la imprecisión en la definición de conexidad no se debe
traducir en una denegación de justicia contraria al artículo 14 constitucional, por lo que no basta
una relación cualquiera entre dos resoluciones fiscales para que sean conexas en términos de ese
precepto, sino que para definir con precisión conexidad hay que acudir a la analogía y a los
principios generales del Derecho. Ahora bien, para sostener que dos resoluciones deben
impugnarse en un recurso administrativo ambas, o ambas en un juicio fiscal, se puede atender al
texto del artículo 208 del Código Fiscal de la Federación, que establece que la acumulación
procede cuando ambas controversias versan sobre el mismo acto, o contra varios puntos
decisorios de una misma resolución, o contra actos que, aunque diversos, sean unos antecedentes
o consecuencia de otros. Y en este último caso, habrá que volver a evitar la imprecisión al
determinar cuándo debe entenderse que unos actos son antecedentes o consecuencia de los
otros, ya que tomar esto letrísticamente podría también ser contrario al debido proceso legal. Y
así, cuando un acto es consecuencia de otro en cuanto se apoya en él o deriva de él, la conexidad
sólo puede existir cuando la impugnación de ambos actos es de tal naturaleza que las resoluciones
dictadas por separado pudieran llegar a una contradicción en la cosa juzgada. Cuando, por
ejemplo, un crédito impugnado se finca por omisión de impuestos encontrada en una auditoría, y
la multa impuesta por la omisión se impugna, al igual que el crédito anterior, por los mismos vicios
atribuidos a la auditoría que fue el antecedente de ambas resoluciones, sí se trata de resoluciones
conexas. Pero si el crédito por omisión se impugna por unos vicios, y la multa por otros propios del
procedimiento sancionador, y sin que pueda haber contradicción de cosa juzgada, sería contrario a
derecho estimar que hay una conexidad tal que se pueda denegar justicia a la impugnación hecha
por vías diversas. Por lo demás, si los actos diversos, y consecuentes, que podrán ser o no, de la
misma autoridad, son impugnados en forma tal que la cosa juzgada en uno podría contradecir la
cosa juzgada en el otro, sí debe estimarse que hay conexidad. Y, por último, para que haya tal
conexidad que permita desechar una impugnación sin denegar justicia, se requiere que la
impugnación de una resolución se encuentre en tal estadio procesal que permita la acumulación
de los recursos o de los juicios fiscales, pues de lo contrario, la exigencia de que por conexidad se
acuda a una misma vía carecería de toda finalidad y sería sólo una trampa procesal falta de
equidad, contraria al espíritu del artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal, por lo que tal
interpretación volvería inconstitucional el artículo, y las reglas de la hermenéutica exigen que en lo
posible se eviten tales interpretaciones.
Amparo directo 124/80. Angélica María Hartman Ortíz. 14 de mayo de 1980. Unanimidad de
votos. Ponente: Guillermo Guzmán Orozco.
Séptima Época
Registro: 251421
Tesis Aislada
133-138 Sexta Parte
Tesis:
Página: 108
Genealogía:
MULTAS POR OMISION IMPUESTOS. NO PRECISAN PREVIA AUDIENCIA.
Para determinar los créditos fiscales no se precisa la previa audiencia y ese principio también
opera tratándose de multas por omisión en el pago del impuesto, pues el hecho motivador es
conocido por el causante y para la autoridad tiene el carácter de negativo, por lo que la prueba el
hecho positivo contrario, o sea, el pago, pesa sobre el causante, quien fácilmente puede desvirtuar
el motivo, con sólo presentar el recibo de pago, en caso de haberlo efectuado.
Amparo directo 92/80. Efraín Góngora Reyes. 8 de mayo de 1980. Unanimidad de votos. Ponente:
Manuel Castro Reyes. Secretario: José Javier Morales Martínez.
Séptima Época
Registro: 251480
Tesis Aislada
133-138 Sexta Parte
Tesis:
Página: 149
Genealogía:
SEGURO SOCIAL, EL INSTITUTO MEXICANO DEL, ESTA OBLIGADO A OTORGAR GARANTIA PARA LA
CONCESION DE LA SUSPENSION.
Si bien es cierto que el artículo 244 de la Ley del Seguro Social establece que el Instituto Mexicano
del Seguro Social se considera de acreditada solvencia y no estará obligado a constituir depósitos o
fianzas legales, ni aun tratándose del juicio de amparo, dicho precepto no puede excluir el
acatamiento de lo prevenido por los artículos 2o. y 135 de la Ley de Amparo, reglamentaria de los
artículos 103 y 107 constitucionales, según los cuales, respectivamente, el juicio de amparo se
substanciará y decidirá con arreglo a las formas y procedimientos establecidos por la Ley de
Amparo, y la suspensión del acto reclamado, cuando el amparo se pida contra el cobro de
impuestos, multas u otros pagos fiscales, sólo surtirá efectos previo depósito de la cantidad que se
cobra en el Banco de México o en la institución de crédito que el Juez señale dentro de su
jurisdicción. En otros términos dichos preceptos no consignan excepción alguna, por razón de la
solvencia del quejoso en el amparo, y como consecuencia, quien quiera que éste sea, está
obligado a otorgar la caución o garantía requerida por la ley, sin que obste lo dispuesto en el
citado artículo 244 de la Ley del Seguro Social, ya que entre dos leyes en contradicción deben
prevalecer las disposiciones de la ley especial que rige el acto, y éste con tanta mayor razón
cuando que en el caso dicha ley especial es la Ley de Amparo, cuya observancia es forzosa, a pesar
de lo que en contrario establezca otra ley. Por tanto, rigiendo la Ley de Amparo en materia de
suspensión del acto reclamado en el juicio constitucional, y previniendo esta ley que la suspensión
sólo surtirá efectos, tratándose del amparo contra el cobro de impuestos, multas u otros pagos
fiscales, previo depósito que se haga de la cantidad que se cobra, sin consignar excepción de
ninguna especie por razón de la solvencia del quejoso, cabe afirmar que no está exento de la
observancia de ese requisito el Instituto Mexicano del Seguro Social.
Incidente en revisión 299/80. Instituto Mexicano del Seguro Social. 8 de mayo de 1980.
Unanimidad de votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretario: Guillermo Antonio
Muñoz Jiménez.
Nota: En el Informe de 1980, la tesis aparece bajo el rubro "SUSPENSION, EL INSTITUTO
MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ESTA OBLIGADO A OTORGAR GARANTIA PARA LA CONCESION DE
LA.".
Séptima Época
Registro: 251555
Tesis Aislada
133-138 Sexta Parte
Tesis:
Página: 229
MULTAS. NULIDAD DEL CREDITO. PRUEBA SUPERVENIENTE.
Si la actora en el juicio fiscal del que deriva la sentencia reclamada impugna una multa que se le
impuso con base en el acta que determinó una omisión de pago de impuestos, y como causa de
nulidad alegó que estaban subjúdice esa acta y la liquidación correspondiente; y si la sentencia
reclamada declaró la validez de la multa aduciendo que la imposición de sanciones es totalmente
independiente del cobro de los impuestos omitidos y que la presunción de legalidad del acta no ha
sido destruida, y con posterioridad a dicha sentencia reclamada se dicta otra, por otra Sala del
Tribunal Fiscal, en la que ejecutoriadamente declara la nulidad de las resoluciones que apoyaron la
imposición de la multa, el tribunal de amparo no podría ignorar esa prueba superveniente sin una
indebida violación al debido proceso legal establecido en el artículo 14 constitucional, pues se
dejaría en estado de indefensión a la causante al no tomarle en cuenta una prueba superveniente
que de ninguna manera pudo haber ofrecido en el juicio fiscal, ni podría cerrar los ojos ante el
cobro de una multa manifiestamente contraria a equidad, al apoyarse en una resolución que fincó
diferencias de impuestos y que fue declarada ejecutoriadamente nula, ya que esto sería contrario
al texto del artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal. Por lo que, ante el imperativo
primordial de respetar las garantías constitucionales sobre cualquier disposición secundaria que
pudiera establecer otra cosa, procede en ese caso conceder el amparo contra la sentencia que
declaró la validez de la multa impuesta. Sería incorrecto, ilegal y contrario a todo el espíritu de la
Ley de Amparo, estimar que una resolución que deja a la quejosa en estado de indefensión y que
le finca un crédito manifiestamente falto de equidad debe prevalecer por lagunas en la ley
respecto de la posibilidad de tomar en cuenta, en el amparo directo, pruebas supervenientes
como la antes señala. Ni podría decirse que el espíritu de la Constitución y de la Ley de Amparo es
que por algunas como la señalada prevalezcan créditos fiscales manifiestamente faltos de
fundamento legal y contrarios a la equidad.
Amparo directo 737/78. Impulsora de Zihuatanejo, S.A. 6 de diciembre de 1979. Unanimidad de
Séptima Época
Registro: 237991
Jurisprudencia
Tesis:
Página: 145
Genealogía:
MULTAS FISCALES.
La aplicación de las sanciones administrativas es sin perjuicio de que se exija el pago de las
prestaciones fiscales respectivas y de los recargos, en su caso, así como las penas que impongan
las autoridades judiciales cuando se incurra en responsabilidad penal, según lo determina el
artículo 35 del Código Fiscal de la Federación. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que cuando la
multa es accesoria del crédito fiscal, porque depende de la existencia de éste, para la validez de
aquélla se requiere que el crédito que la origina no se encuentre subjudice, ya que, de quedar el
mismo insubsistente, la multa carecería de sustento.
Volúmenes 109-114, página 79. Amparo directo 6721/77. Fincas y Urbanizaciones, S.A. 15 de junio
de 1978. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Jorge Iñárritu. Secretario: Marcos Arturo Nazar
Sevilla.
Volúmenes 121-126, página 62. Revisión fiscal 65/78. Mar-Hino, S.A. 14 de marzo de 1979. Cinco
Volúmenes 127-132, página 123. Revisión fiscal 76/78. Ferretería El Gallo, S.A. 26 de marzo de
1979. Cinco votos. Ponente: Atanasio González Martínez.
Volúmenes 127-132, página 123. Revisión fiscal 98/78. Fernando Pacheco Murguía. 4 de abril de
Volúmenes 121-126, página 62. Revisión fiscal 149/78. The Sidney Ross Co., S.A. 7 de junio de
1979. Cinco votos. Ponente: Arturo Serrano Robles.
Séptima Época
Registro: 251668
Tesis Aislada
127-132 Sexta Parte
Tesis:
Página: 56
DOCUMENTOS. SOLICITUD DE LOS ENTREGADOS A UNA AUTORIDAD. PERSONALIDAD. DISPENSA
DE GARANTIA.
Si una empresa causante se dirigió a las autoridades para solicitar la dispensa de la garantía de una
multa que le fue impuesta, y ello con motivo de la suspensión solicitada por haberse impugnado
esa multa en un juicio fiscal, la tesorería no puede exigirle que le exhibiera los documentos que
ofreció como prueba y que obran en poder de las dependencias de la Secretaría de Hacienda que
determinaron la omisión que motivó la multa, o de las exactoras que han procedido a efectuar el
cobro. Pues si las autoridades exactoras forman una unidad formalmente, no pueden alegar que
una ignora lo que hace la otra ni los documentos que obran en su poder, ya que tal cosa sólo
vendría a entorpecer indebidamente el derecho de defensa de la causante afectada, con
detrimento de la garantía de audiencia que establece el artículo 14 constitucional. Si los
documentos obrasen en poder de autoridades de una secretaría diversa, podría pedirse a la
quejosa que recabase y exigiese copias certificadas de los mismos, de ser posible. Pero tratándose
de las diversas dependencias que están fincando, fundando y motivando el crédito, y resolviendo
sobre la suspensión de su cobro, los documentos exhibidos ante una tienen eficacia ante todas las
que intervengan en el proceso de liquidación, cobro y suspensión, pues lo contrario vendría a
dejar en estado de indefensión a la quejosa, sin justificación legal de ninguna especie. Las
autoridades deben actuar más con deseo de componer legalmente el conflicto, que de obtener el
cobro de las prestaciones que pretenden poniendo obstáculos bizantinos a las pretensiones de los
particulares, y haciendo engorrosa su defensa. Y si la autoridad estimó que quien pedía la dispensa
no acreditó su personalidad como representante de la empresa, las reglas del debido proceso
legal, incluidas en la garantía de audiencia del artículo 14 constitucional, señalan que dicha
autoridad debió en todo caso requerir al promovente para que acreditase su personalidad, pero
no por falta de ella privar de su derecho a la empresa representada. Si no tuvo como
representante, no debió dictar resolución perjudicial a la representada, pues de hacerlo, violó su
garantía de audiencia sin haberla oído. Por lo demás, las conclusiones anteriores están
corroboradas con el contenido de los artículos 195 y 196 del Código Fiscal, cuyo espíritu coincide
con la conclusión alcanzada.
Amparo en revisión 510/77. Refrescos Purificados de Hermosillo, S.A. 5 de julio de 1979.
Unanimidad de votos. Ponente: Guillermo Guzmán Orozco.
Séptima Época
Registro: 251719
Tesis Aislada
127-132 Sexta Parte
Tesis:
Página: 100
Genealogía:
MULTA IMPUESTA POR PAGO NO ESPONTANEO DE IMPUESTOS. EL PAGO NO SE CONSIDERARA
ESPONTANEO SI MEDIO REQUERIMIENTO PARA PRESENTACION DE DOCUMENTACION.
El pago del impuesto no puede considerarse espontáneo, si se tiene en consideración que
previamente a que se cubriera, la autoridad formuló dos requerimientos a la actora para que
exhibiera diversas documentales y el artículo 37, fracción X, del Código Fiscal de la Federación,
claramente dispone que no se considerará que el pago de los créditos fiscales es espontáneo
cuando la omisión sea descubierta por las autoridades hacendarias, o medie requerimiento, visita,
excitativa o cualquiera otra gestión, como la que medió en la especie, encaminada a recabar
determinada documentación a través de la cual se descubrió la omisión en el pago del impuesto.
Amparo directo 361/79. Moteles Cincuenta y Siete, S.A. 9 de agosto de 1979. Unanimidad de
votos. Ponente: Renato Sales Gasque. Secretaria: Magdalena Córdoba Rojas.
Séptima Época
Registro: 251742
Tesis Aislada
127-132 Sexta Parte
Tesis:
Página: 120
Genealogía:
PRECIOS. MULTA POR ALTERARLOS. RECURSO QUE DEBE AGOTARSE PREVIAMENTE AL AMPARO.
Tratándose de una multa por alteración de precios, el quejoso previamente al amparo debió
interponer el juicio de nulidad en los términos del artículo 22, fracción IV, de la Ley Orgánica del
Tribunal Fiscal de la Federación, porque si lo que se reclama es una multa y sabido es que una
multa impuesta no genera recargos, independientemente de que en principio la suspensión en ese
juicio fiscal exija o no mayores requisitos que en el amparo, no puede decirse que en este caso en
el juicio de oposición la suspensión de los actos reclamados se otorga con mayores requisitos que
los fijados por la Ley de Amparo, puesto que tanto en el juicio de nulidad, como en el juicio de
amparo, sólo tendría que garantizarse el importe de la multa.
Amparo en revisión 1170/77. David Somera Gómez. 5 de julio de 1979. Unanimidad de votos.
Ponente: Abelardo Vázquez Cruz. Secretario: Rubén Pedrero Rodríguez.
Séptima Época
Registro: 251763
Tesis Aislada
127-132 Sexta Parte
Tesis:
Página: 141
Genealogía:
RECURSOS QUE DEBEN AGOTARSE PREVIAMENTE AL AMPARO.
Si contra el acto de ejecución que se reclama, consistente en el cobro de una multa impuesta por
la Delegación de la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos en el Estado de Chiapas,
procede el recurso a que se refiere el artículo 157 del Código Fiscal de la Federación, debe
sobreseerse el juicio, atento a que el artículo 73 fracción XV de la Ley de Amparo, condiciona la
procedencia del juicio de garantías, a que no proceda contra el acto que se reclama, algún recurso,
juicio o medio de defensa legal ordinario.
TRIBUNAL COLEGIADO DEL DECIMO CIRCUITO.
Amparo en revisión 304/79. Arturo Toscano Escobedo. 9 de octubre de 1979. Unanimidad de
votos. Ponente: Víctor Carrillo Ocampo. Secretario: Luis Quevedo Angel.
Nota: En el Informe de 1979, la tesis aparece bajo el rubro "SOBRESEIMIENTO. SI NO SE AGOTO EL
RECURSO ORDINARIO PROCEDE EL.".
Séptima Época
Registro: 238012
Tesis Aislada
Tesis:
Página: 48
CUANTIA INDETERMINADA DEL NEGOCIO EN REVISION FISCAL QUE TRATA DE LA RESOLUCION
QUE DESECHA EL RECURSO DE NULIDAD DE NOTIFICACION DEL CREDITO Y NO DE LA LEGALIDAD
DEL MISMO.
Se considera de cuantía indeterminada el negocio en revisión fiscal en que se ataca la legalidad del
mandamiento que desecha el recurso de nulidad de notificación de una multa a cargo del actor en
el juicio fiscal, como sanción en materia de impuesto sobre la renta. Es intrascendente, para fijar la
cuantía del negocio, la cantidad a que ascienda la multa, porque no se encuentra sujeta a debate
la legalidad del crédito a cargo del actor, sino sólo el desechamiento del recurso de nulidad de la
notificación del mismo, que es una cuestión de derecho que carece de cuantía.
Revisión fiscal 53/77. Corporación Nacional Industrial, S.A. 21 de febrero de 1979. Unanimidad de
cuatro votos. La publicación no menciona el nombre del ponente.
Revisión fiscal 27/78. Guillermo Baca Chávez. 12 de febrero de 1979. Cinco votos. Ponente: Arturo
Serrano Robles.
Véase: Semanario Judicial de la Federación, Séptima Epoca, Volumen 69, Tercera Parte, página 57,
tesis de rubro "REVISION FISCAL. CUANTIA DEL NEGOCIO SE DETERMINA POR EL VALOR DE LAS
PRESTACIONES EXIGIDAS EN LA DEMANDA.".
Séptima Época
Registro: 252004
Tesis Aislada
121-126 Sexta Parte
Tesis:
Página: 163
Genealogía:
PRIMER SUBPROCURADOR FISCAL DE LA FEDERACION. SU FACULTAD PARA IMPONER SANCIONES
POR TRANSGRESION A DIVERSAS DISPOSICIONES FISCALES, ESTANDO VIGENTE LA LEY ORGANICA
DE LA PROCURADURIA FISCAL DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO.
El primer subprocurador fiscal de la Federación, para imponer sanciones por transgresión a
diversas disposiciones fiscales federales, durante la vigencia de la Ley Orgánica de la Procuraduría
Fiscal de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, publicada en el Diario Oficial el 31 de
diciembre de 1949 y vigente hasta el 31 de diciembre de 1977, debe apoyarse en el artículo 5o. de
la indicada ley orgánica y, en acatamiento a dicho precepto, está obligado a precisar, en los oficios
en los que se contienen las resoluciones por las que se imponen multas, si esas determinaciones
las emite "por ausencia", o bien "por acuerdo" del procurador fiscal; y al no hacerlo así, debe
entenderse que las resoluciones reclamadas las dicta por su propia iniciativa, para lo cual carece
de facultades legales, y no por ausencia o por acuerdo del procurador fiscal de la Federación.
Amparo directo 692/78. Multipak, S.A. 25 de enero de 1979. Unanimidad de votos. Ponente: Juan
Gómez Díaz. Secretario: Salvador Flores Carmona.
Séptima Época
Registro: 234989
Tesis Aislada
115-120 Segunda Parte
Materia(s): Penal
Tesis:
Página: 40
CONTRABANDO, CONDENA CONDICIONAL SUJETA A GARANTIZAR EL INTERES FISCAL EN EL DELITO
DE (CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION).
No es aceptable el argumento relativo a que por haber sido decomisada la mercancía de
procedencia extranjera, en el momento de la detención del inculpado, se encuentre con aquélla
garantizado el interés fiscal y por consiguiente proceda la concesión de la condena condicional,
conforme al artículo 44 del Código Fiscal de la Federación, si a dicho inculpado se le impuso
administrativamente también, una multa por los impuestos omitidos y no se prueba que el valor
de éstos y de la multa queden satisfechos con la mercancía secuestrada.
Amparo directo 3443/78. Alfredo Espinoza Guadarrama. 18 de septiembre de 1978. Unanimidad
de cuatro votos. Ponente: Manuel Rivera Silva.
Séptima Época
Registro: 235017
Tesis Aislada
115-120 Segunda Parte
Materia(s): Penal
Tesis:
Página: 109
Genealogía:
Informe 1978, Segunda Parte, Primera Sala, tesis 50, página 29.
SUSTITUCION DE SANCIONES, NATURALEZA DE LA.
Es un error generalizado interpretar que la sustitución de la pena de prisión por multa, implica que
de no cubrirse ésta en un plazo determinado, nuevamente podrá cambiarse la naturaleza de la
sanción, convirtiéndola otra vez en privativa de la libertad. Efectivamente, la palabra sustituir, no
solamente en el lenguaje jurídico, significa cambiar una cosa por otra; es decir, tratándose de la
pena, se refiere al cambio de la naturaleza de una sanción privativa de la libertad por una de tipo
económico y esta transmutación lleva consigo forzosamente la desaparición de la pena original.
Ahora bien, si la pena de prisión ha desaparecido, no existe ningún dispositivo ni institución
jurídica a virtud de la cual pueda volver a cobrar vida, aun cuando el reo no llegue a pagar la multa
impuesta, en cuyo caso la ley prevé la forma en que las autoridades fiscales correspondientes
pueden utilizar los procedimientos adecuados para hacerla efectiva en favor del Estado.
Amparo directo 886/78. Rafael Villanueva Rodríguez. 13 de noviembre de 1978. Unanimidad de
cuatro votos. Ponente: Antonio Rocha Cordero. Secretario: Víctor Ceja Villaseñor.
Nota: En el Informe de 1978, la tesis aparece bajo el rubro "SUSTITUCION DE SANCIONES,
CORRECTA INTERPRETACION DE LA".
Séptima Época
Registro: 252210
Tesis Aislada
115-120 Sexta Parte
Tesis:
Página: 83
Genealogía:
IMPUESTO SOBRE LA RENTA, MULTAS POR FALTA DE PAGO DEL. IMPROCEDENCIA CUANDO SE
IMPONE CON POSTERIORIDAD A LA AUTORIZACION PARA EFECTUAR PAGOS PARCIALES.
Si las multas por falta de pago del impuesto sobre la renta se impusieron con posterioridad a la
autorización concedida por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que la quejosa
liquidara en parcialidades el crédito fiscal que se le fincó y la Sala Fiscal responsable estima que la
entonces actora gestionó el pago de parcialidades con posterioridad a los recordatorios que le
dirigió la autoridad demandada, así como la multa de apremio, tal proceder de la Sala responsable
conculca en perjuicio de la quejosa sus garantías individuales, máxime si la entonces actora
acreditó que la gestión de pagos parciales fue anterior a la imposición de las multas, sin que se
advierta de autos la existencia de los recordatorios que afirma la Sala responsable le dirigieron a la
quejosa las autoridades demandadas.
Amparo directo 519/78. Estación de Servicios Jet, S.A. 10 de agosto de 1978. Unanimidad de votos.
Ponente: Angel Suárez Torres. Secretario: Hugo G. Lara Hernández.
Séptima Época
Registro: 238087
Tesis Aislada
Tesis:
Página: 66
Genealogía:
Apéndice 1917-1985, Tercera Parte, Segunda Sala, primera tesis relacionada con la jurisprudencia
213, página 390.
CUANTIA INDETERMINADA DEL NEGOCIO EN AMPARO, DE NO FINCARSE CREDITO ALGUNO A
CARGO DEL RECLAMANTE, AUN CUANDO SE IMPUGNE LA NEGATIVA DE DISPENSA DE OTORGAR
UNA GARANTIA.
No puede servir de base para fijar la cuantía del negocio en amparo el monto de multa impuesta al
quejoso en el caso en que la litis en el juicio de garantías no esté encaminada a determinar la
constitucionalidad o inconstitucionalidad de la citada multa o de la resolución que sobre validez de
la misma hubiese dictado la Sala del Tribunal Fiscal de la Federación responsable, sino la simple
negativa de dispensa de otorgar la garantía para suspender el cobro de ella, que no constituye una
resolución que determine o fije a cargo del particular una cantidad por la que sea gravado en su
patrimonio, lo que lleva a establecer que el acto reclamado es de cuantía indeterminada. Por lo
anterior cabe concluir que, por tratarse de un juicio de amparo en un asunto de cuantía no
determinada, la Segunda Sala carece de competencia legal para conocer del recurso de revisión, y
que su conocimiento compete a un Tribunal Colegiado de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 107, fracción VIII, último párrafo, de la Constitución Federal, 85, fracción II, de la Ley de
Amparo, y 7o. bis, fracción III, inciso a), del capítulo tercero bis, de la Ley Orgánica del Poder
Judicial de la Federación.
Amparo en revisión 6178/77. Refrescos Purificados de Obregón, S.A. 26 de abril de 1978.
Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Arturo Serrano Robles.
Séptima Época
Registro: 818532
Tesis Aislada
Tesis:
Página: 79
MULTAS FISCALES.
La aplicación de las sanciones administrativas es sin perjuicio de que se exija el pago de las
prestaciones fiscales respectivas y de los recargos, en su caso, así como las penas que impongan
las autoridades judiciales cuando se incurra en responsabilidad penal, según lo determina el
artículo 35 del Código Fiscal de la Federación. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que cuando la
multa es accesoria del crédito fiscal, porque su legal imposición depende de la existencia de éste,
para la validez de aquélla se requiere que el crédito que la origine no se encuentre sudjudice, ya
que, de quedar el mismo insubsistente, la multa carecería de sustento.
Amparo directo 6721/77. Fincas y Urbanizaciones, S.A. 15 de junio de 1978. Unanimidad de cuatro
votos. Ponente: Jorge Iñárritu.
Séptima Época
Registro: 252401
Tesis Aislada
109-114 Sexta Parte
Tesis:
Página: 55
Genealogía:
CREDITO FISCAL SUBJUDICE E IMPOSICION DE MULTAS. SON FACULTADES DISTINTAS.
Las facultades de la autoridad que determina los créditos fiscales y las de la que impone sanciones
por violación a la ley, son distintas, por lo que no puede estimarse que las facultades de la segunda
queden condicionadas a que los créditos fiscales se tornen definitivos.
Amparo directo 229/78. Gustavo García Treviño. 13 de abril de 1978. Unanimidad de votos.
Ponente: Gilberto Liévana Palma. Secretario: Ricardo Flores Martínez.
Volúmenes 109-114, página 245. Amparo directo 613/76. Jugos Naturales, S.A. 13 de enero de
1977. Unanimidad de votos. Ponente: Angel Suárez Torres.
Séptima Época
Registro: 252768
Tesis Aislada
103-108 Sexta Parte
Tesis:
Página: 115
INFORMES, PETICION DE, EN MATERIA ADMINISTRATIVA.
Todas las obligaciones de los gobernados que se pueden traducir, por su incumplimiento, en
multas susceptibles de ser cobradas por la vía económico-coactiva, son obligaciones cuya sanción
encuentra fundamento en el artículo 31 fracción IV, de la Constitución Federal, lo que impone un
absoluto respeto a las reglas de la equidad. Y por lo demás, los informes que las autoridades tiene
derecho a exigir de los gobernados, para fines de control fiscal o administrativo, y cuya falta puede
traducirse en sanciones, constituyen claramente, en nuestro sistema constitucional, elementos de
una obligación de los gobernados de cumplir con las normas fiscales y administrativas, y del
derecho de las autoridades a vigilar ese cumplimiento. Luego tales cuestiones deben estimarse
regidas por las garantías que contiene el artículo 16 constitucional en relación con tal vigilancia. Y
de la misma manera que las ordenes de visita, administrativas y fiscales, deben precisar las
obligaciones cuyo cumplimiento se trata de vigilar o de comprobar, de la misma manera cuando
las autoridades piden a los gobernados informes sobre actividades concesionadas, con el fin de
comprobar o controlar el cumplimiento de normas administrativas o fiscales, deben precisar
cuáles son las disposiciones cuyo cumplimiento se trata de comprobar, a fin de que el gobernado
esté en plena capacidad de rendir su informe sin incurrir en omisiones o imprecisiones que puedan
luego pararle perjuicio. En un sistema de derecho, tanto la autoridad como el gobernado deben
saber cabalmente a qué atenerse respecto de sus mutuas pretensiones, de tal manera que ambos
actúen sabiendo qué hechos se buscan, y en relación con qué preceptos a los que debieron
ajustarse. Una actitud contraria sería, sin duda, más cómoda para las autoridades, y les daría más
oportunidad de fincar sanciones, pero ello sería a costa de menoscabar el derecho de defensa de
los particulares. En fin de cuentas, el debido proceso legal es uno de los precios de la democracia.
En consecuencia, si bien los artículos 80 y 101 del Reglamento para la Distribución de Gas obligan
a los titulares de autorizaciones y permisos a dar toda clase de informes sobre sus actividades
autorizadas, y a proporcionar los documentos que se les señalen, es manifiesto que para no dar a
la interpretación de esos preceptos un contenido contrario a los artículos 16 y 31, fracción IV, de la
Constitución Federal, las autoridades deben, al solicitar datos, documentos o informes, precisar
cuáles son los preceptos con cuyo cumplimiento, o con el control de cuyo cumplimiento, está
relacionada la solicitud. Y si no cumplen este requisito, su requerimiento resulta inconstitucional,
como lo será también la sanción que por su incumplimiento se imponga, y así debe declararse,
aunque dejando a salvo las facultades de las autoridades competentes para dictar uno nuevo,
ajustado a derecho.
Amparo directo 557/77. Gas la Piedad, S.A. 13 de septiembre de 1977. Unanimidad de votos.
Ponente: Guillermo Guzmán Orozco.
Séptima Época
Registro: 252798
Tesis Aislada
103-108 Sexta Parte
Tesis:
Página: 144
MULTAS. NO DEBEN IMPONERSE MIENTRAS LA RESOLUCION QUE LAS ORIGINA ESTA PENDIENTE
DE UN RECURSO ADMINISTRATIVO.
Si bien el artículo 88 del Código Fiscal establece que la caducidad de las facultades de la autoridad
fiscal para imponer multas no está sujeta a suspensión ni interrupción, ello no justifica que esa
autoridad imponga a los causantes multas por omisión en el pago de impuestos cuando esta
cuestión está subjúdice, ante las propias autoridades fiscales, en un recurso administrativo, pues
ello daría lugar a imponer sanciones por responsabilidades que aún no están definitivamente
fincadas, lo que sería contrario a la equidad y, por tanto, al artículo 31, fracción IV, de la
Constitución Federal. Y, en todo caso, el remedio para evitar que opere la caducidad será que las
propias autoridades resuelvan los recursos que se les planteen y que finquen y notifiquen sus
créditos dentro del término de cinco años que la ley les otorga, y que resulta más que suficiente.
Sobre todo, si se toma en cuenta que los términos de que los causantes disponen para impugnar
las resoluciones fiscales son demasiado estrechos y angustiosos (normalmente, quince días contra
los cinco años mencionados), a más de que la dilación en los trámites administrativos de los
recursos causa indebidos perjuicios al causante, en beneficio del fisco, ya que éste por su tardanza
obtiene unos desmedidos intereses moratorios (que normalmente son del 48% anual, contra el 6%
en materia mercantil y el 9% en materia civil). Y también resultaría totalmente contrario a la
equidad obligar al causante a pagar multas por impuestos no pagados correctamente, para luego,
si obtiene resolución favorable en el recurso administrativo, obligarlo a solicitar la condonación de
la multa, en términos del artículo 31 del Código Fiscal. A más de que aun cuando el pago de la
multa se hiciera bajo protesta, se le obligaría a los muy complicado y dilatados trámites de la
devolución, y sin que a él se le pagara, en tales casos, en forma equitativa, el mismo interés
moratorio del 48% anual.
Amparo directo 604/77. Embotelladora de Celaya, S.A. de C.V. 16 de agosto de 1977. Unanimidad
Séptima Época
Registro: 252799
Tesis Aislada
103-108 Sexta Parte
Tesis:
Página: 146
Genealogía:
MULTAS, SUSPENSION DEL COBRO DE LAS. NO CAUSA PERJUICIO AL INTERES SOCIAL.
Aun cuando la parte quejosa tuviera la oportunidad de solicitar la devolución de la cantidad que
por concepto de multa se le haya hecho efectiva de manera indebida, con ello no desaparecen los
daños y perjuicios que se le hubieran ocasionado a la agraviada al llevar al cabo el entero de la
suma equivalente a la multa. Además, casos como el presente se regulan por lo dispuesto por el
artículo 135 de la Ley de Amparo, precepto que al admitir la procedencia de la suspensión contra
el cobro de créditos fiscales, también admite indirectamente que en tales casos, al concederse la
suspensión solicitada, no se afecta el interés social; por lo que resulta infundado el argumento en
el sentido de que de concederse la suspensión respecto del cobro de una multa se lesionaría el
interés social "ya que se impide que el Estado, por medio de sus dependencias competentes,
reciba en forma oportuna el ingreso que junto con otros le permitirá hacer frente a sus
necesidades".
Amparo en revisión 576/77. Fashion Star de México. 28 de julio de 1977. Unanimidad de votos.
Ponente: Sergio Hugo Chapital Gutiérrez. Secretaria: Atzimba Martínez Nolasco.
Séptima Época
Registro: 253126
Tesis Aislada
97-102 Sexta Parte
Tesis:
Página: 160
Genealogía:
MULTAS POR OMISION EN EL PAGO DEL IMPUESTO, ILEGALIDAD DE LAS, SI EL GRAVAMEN NO
ESTA DETERMINADO.
Carece de justificación la multa que se decrete sobre la base de que hubo omisión en el pago del
gravamen (máxime si el monto de aquélla está en proporción directa con la suma a la que se
estima que asciende el impuesto que se supone omitido), cuando se hallan pendientes de
resolución, en un recurso o instancia, los temas relativos a la existencia o a la cuantía del tributo,
pues no es legalmente posible fincar una multa mientras no se haya establecido previamente, de
modo definitivo, el impuesto, ni en el caso de que no se hubiere notificado, en debida forma, la
decisión que determinó la existencia y el monto de la omisión fiscal.
Amparo directo 20/77. Regia Productos de Calidad, S.A. 28 de abril de 1977. Unanimidad de votos.
Ponente: Jesús Toral Moreno. Secretario: Raúl Ortiz Estrada.
Volúmenes 91-96, página 142. Amparo directo 250/76. 1o. de julio de 1976. La publicación no
menciona el nombre del promovente, el sentido de la votación ni el nombre del ponente.
Volúmenes 91-96, página 142. Amparo directo 535/76. 25 de noviembre de 1976. La publicación
no menciona el nombre del promovente, el sentido de la votación ni el nombre del ponente.
Nota: En el Informe de 1977, la tesis aparece bajo el rubro "MULTAS POR OMISION EN EL PAGO
DEL IMPUESTO, LEGALIDAD DE LAS.".
Séptima Época
Registro: 253133
Tesis Aislada
97-102 Sexta Parte
Tesis:
Página: 165
Genealogía:
NOTARIOS. PAGO OPORTUNO DEL IMPUESTO DEL TIMBRE. MULTA INDEBIDA.
Si la escritura se otorgó el "16 de abril de 1974" y la nota del impuesto se presentó y pago el "23
de abril de 1974", en la que aparece la siguiente anotación: "LIQUIDACION: 2% sobre $ 503.87: $
10.07 diez pesos, 07/100 (Si el avalúo bancario resulta mayor que el valor fiscal, se pagará nota
complementaria)", es de reconocerse que el impuesto del timbre se cubrió dentro del plazo
establecido por la ley de la materia, pues el avalúo bancario en el que resultó una diferencia de $
13.93 con respecto al mismo impuesto, se entregó hasta el 15 de julio siguiente y el 17 de ese
mismo mes se presentó la nota complementaria de pago de esa diferencia; en estas condiciones,
dada la fecha hasta la que el ahora quejoso conoció el avalúo bancario, procede concluir,
independientemente de que la nota para el pago de la indicada diferencia se hubiera presentado o
no dentro del término de 30 días, que el reclamante no estuvo en aptitud de pagar dicha
diferencia hasta en tanto no conoció el resultado del aludido avalúo bancario; esto es, antes del 15
de julio de 1974 estuvo impedido de hacer el pago de la diferencia resultante, precisamente por
desconocer su monto, siendo por ello que en la especie no se configura la hipótesis prevista en el
segundo párrafo del artículo 87 de la Ley General del Timbre aplicable, pues, dicho precepto legal
claramente establece: "Artículo 87. ... Transcurridos los 30 días, si por el error aritmético o de
cuota no se ha pagado íntegramente el impuesto, se revalidará la escritura, mediante pago del
impuesto omitido, y se aplicará al notario la sanción correspondiente en los términos del Código
Fiscal"; y en el caso no aparece "error aritmético o de cuota" que hubiera ocasionado omisión para
el pago íntegro del impuesto. Consecuentemente, no habiéndolo estimado así la Sala Fiscal
responsable, procede conceder el amparo solicitado, para el efecto de que en un nuevo fallo se
declare la nulidad de la resolución impugnada que confirmó la multa impuesta al quejoso, a fin de
que se deje sin efecto la misma.
Amparo directo 234/77. Horacio Mota Aburto. 7 de junio de 1977. Unanimidad de votos. Ponente:
Abelardo Vázquez Cruz. Secretaria: Raquel Ramírez Sandoval.
Séptima Época
Registro: 253290
Tesis Aislada
97-102 Sexta Parte
Tesis:
Página: 301
VISITAS. OPORTUNIDAD PARA IMPUGNARLAS.
Es cierto que conforme al artículo 84 del Código Fiscal de la Federación las actas de las visitas
domiciliarias no son resoluciones definitivas, y que contra las mismas puede expresarse la
inconformidad a que se refiere la fracción VIII del precepto citado. Pero esto hará improcedente el
juicio fiscal que se promueva contra una visita por lo que hace a los resultados encontrados en la
misma, ya que no serán sino opiniones de los visitadores, cuya evaluación corresponde a otras
autoridades, o si se impugna sólo el posible fincamiento de responsabilidades o créditos fiscales
futuros con base a las propias actas. Pero esa situación no impide que se impugne ante el Tribunal
Fiscal una visita cuando no se trata de atacar a los resultados de la misma, o la determinación de
hechos encontrados, sino que se aduce que la práctica misma de la visita está viciada,
independientemente de cuáles sean sus resultados. Es claro que una visita domiciliaria implica,
por sí sola, molestias para los gobernados en sus bienes, posesiones y domicilio, y dichos
gobernados tienen pleno derecho a evitar esa molestia por sí misma, cuando es ilegal,
independientemente que los resultados de la visita arrojen o no, posteriormente, una resolución
fiscal que les finque un crédito. En este sentido debe entenderse que conforme a los artículos 190,
fracción IV, del Código Fiscal de la Federación y 22 de la Ley Orgánica del Tribunal Fiscal de la
Federación, si se impugna una visita por cuanto a los hechos encontrados en ella, antes de que se
dicte resolución fiscal alguna, se trata de un juicio improcedente, porque se ha promovido contra
resolución que no es definitiva en el orden fiscal. Pero si la visita se impugna por vicios propios de
la práctica de la visita, y por las molestias ilegales que en sí misma causa, se trata ya de una
situación definitiva en el orden administrativo que no requiere ulterior resolución para causar el
daño que se está reclamando. Y la inconformidad de que antes se ha hecho mención no es
obstáculo para llegar a la conclusión anterior, por dos razones: en primer lugar no resulta claro,
prima facie, que en la inconformidad de que se trata puedan hacerse objeciones a la legalidad de
la práctica misma de la visita; y, en segundo lugar, no resulta claro tampoco, prima facie, que se
trate de un verdadero recurso fiscal de los comprendidos en el capítulo V del título tercero del
Código Fiscal (artículos 158 y siguientes), por lo que la existencia de la posibilidad de expresar esa
inconformidad no basta para hacer improcedente el juicio fiscal. Es decir, si en el acta no hay
resoluciones, sino sólo opiniones, es opinable que deba agotarse esa inconformidad contra el acta,
tanto cuando se trata de impugnar la práctica misma de la visita, como cuando se trata de
impugnar su contenido con motivo de la resolución fiscal posterior que en ese contenido se haya
basado para fincar un crédito. No se ve que sea necesario agotar un recurso contra una opinión,
aun cuando esa opinión si pueda legalmente combatirse paralelamente a la resolución posterior
que en ella se haya basado. La conclusión alcanzada se corrobora, a mayor abundamiento, con el
razonamiento de que sería injusto obligar a los causantes a litigar, una vez dictada la posible
resolución futura con base en una visita ilegalmente practicada, viciada en sí misma, y hacerlo
arrastrando posibles multas y contra los posibles elevadísimos recargos que como intereses
moratorios finca la legislación fiscal, además de las multas por incumplimiento de las disposiciones
relativas y del uso de la facultad económico-coactiva. Siendo de notarse que aquellos intereses
son extremadamente desproporcionados, si se les compara con los intereses moratorios, civiles y
mercantiles, y con los que el propio fisco debería pagar cuando lo hace.
Amparo en revisión 621/76. "Romex Vega". 15 de marzo de 1977. Unanimidad de votos. Ponente:
Guillermo Guzmán Orozco.
Séptima Época
Registro: 238244
Tesis Aislada
91-96 Tercera Parte
Tesis:
Página: 89
Genealogía:
Apéndice 1917-1985, Tercera Parte, Segunda Sala, tesis relacionada con la jurisprudencia 279,
página 465.
MULTAS FISCALES. QUEDAN SIN EFECTO CUANDO OCURRE LA NULIDAD DE LA RESOLUCION
DONDE SE IMPONEN. REPOSICION DEL PROCEDIMIENTO FISCAL. CONSECUENCIAS.
Cuando se decreta la reposición del procedimiento fiscal por violaciones cometidas en el mismo,
ello trae consigo la nulidad de la resolución impugnada, y quedan sin efecto las multas que en ella
se hubiesen impuesto. Por lo tanto, una vez repuesto el procedimiento, si la autoridad demandada
estimare que el causante está obligado al pago de determinada prestación al fisco y le impone las
multas que a su juicio son procedentes, no lo está sancionando dos veces por la misma falta u
omisión, sobre todo cuando la Sala Fiscal responsable ha dejado a salvo los derechos de la
demandante para combatir, si a sus intereses conviniere, la nueva resolución que en el caso
pronunciare la propia autoridad demanda.
Amparo directo 2368/76. Plásticos FIV, S.A. 5 de agosto de 1976. Unanimidad de cuatro votos.
Ponente: Antonio Rocha Cordero. Secretario: Marcelo Salles Bergés y Chapital.
Nota: En el Informe de 1976, la tesis aparece bajo el rubro "MULTAS FISCALES. QUEDAN SIN
EFECTO CUANDO OCURRE LA NULIDAD DE LA RESOLUCION DONDE SE IMPONEN. REPOSICION DEL
PROCEDIMIENTO FISCAL.".
Séptima Época
Registro: 253351
Tesis Aislada
91-96 Sexta Parte
Tesis:
Página: 33
AMPARO Y JUICIO FISCAL. PROCEDENCIA. REQUISITOS PARA LA SUSPENSION.
Conforme al artículo 73, fracción V, de la Ley de Amparo, el juicio es improcedente contra actos de
autoridades administrativas cuando contra ellos proceda algún recurso, conforme a la ley que los
rija, siempre que conforme a la misma ley se suspendan los efectos de dichos actos mediante la
interposición del recurso o medio de defensa legal, sin exigir mayores requisitos que los que la Ley
de Amparo consigna para conceder la suspensión definitiva. De este texto se desprende que la
procedencia del juicio de amparo queda determinada objetivamente por las exigencias que los
textos de la ley del acto y la de amparo señalan para la suspensión, independientemente de que
en un momento dado el Juez de amparo pudiera señalar, usando su arbitrio para determinar el
monto de la garantía, una mayor e igual a la exigida por la autoridad que tuviera que tramitar el
recurso. Es decir, si el Juez de amparo puede o debe, al usar su arbitrio para fijar la garantía,
señalar una igual a la establecida en el recurso, éste no determina la exigencia de agotar el
recurso: para esto habrá que acudir a los textos legales en sí mismos, es decir, a las exigencias que
objetivamente señalan, sin acudir a posibles razonamientos del juzgador para señalar la garantía, a
menos que esos razonamientos estén gobernados en forma expresa y clara por la ley de que se
trate. En estas condiciones, el artículo 135 de la Ley de Amparo establece que cuando el amparo
se pida contra cobros fiscales, podrá concederse la suspensión discrecionalmente, previo depósito
de la cantidad que se cobra (salvo casos especiales). Y el artículo 157 del Código Fiscal de la
Federación señala que se suspenderá el procedimiento de ejecución durante la tramitación de los
recursos administrativos o juicios de nulidad, cuando, entre otras cosas se garanticen el crédito
fiscal y los posibles recargos. Como se ve, la Ley de Amparo sólo habla explícitamente de
garantizar "la cantidad que se cobra", mientras que el Código Fiscal habla de garantizar "el crédito
fiscal ... y los posibles recargos", los que pueden llegar a un cien por ciento. Luego es evidente que
considerados estos textos en sí mismos, el Código Fiscal tiene exigencias mayores que la Ley de
Amparo, ya que ésta no habla de garantizar sino la cantidad que se cobra, mientras que aquél
también habla de garantizar los posibles recargos. Es claro que, considerados los textos en
abstracto, prescindiendo el arbitrio del juzgador para fijar el monto de la garantía, la Ley de
Amparo señala requisitos menores, pues cuando el cobro no lleve liquidados los recargos hasta el
100% del crédito, "la cantidad que se cobra" no incluirá todos los "posibles recargos", los que, en
cambio, expresamente deberán garantizarse conforme al Código Fiscal. Y tomando los preceptos
en sí mismos se tiene que concluir, prescindiendo de peculiaridades del caso y del uso del arbitrio
del Juez de amparo, que el Código Fiscal exige mayores requisitos que la Ley de Amparo, para
suspender los efectos de los actos fiscales impugnados. Luego, en principio, el afectado por un
crédito que no haya sido cobrado en cantidad líquida con inclusión de recargos hasta el cien por
ciento del crédito, no está obligado a agotar el juicio fiscal antes de acudir al amparo. Esto puede
explicarse si se considera que la demora en el cobro de los créditos y en la tramitación de los
conflictos fiscales causa graves perjuicios a los afectados, ya que mientras en un caso civil se verán
obligados, en su caso, a pagar intereses moratorios del 9% anual, o del 6% en un caso mercantil,
en materia fiscal los recargos, que no son en realidad multas, sino intereses moratorios, llegan a
las exageradas sumas del 24% anual y aún más, en algunos casos. Luego puede pensarse que el
legislador de amparo sí ha permitido que, en los casos señalados, los causantes se eviten el pago
de tan excesivos intereses moratorios, si a su derecho conviene acudir desde luego al juicio de
amparo, en vez de optar por agotar previamente el juicio fiscal, para mayor seguridad procesal o
para cualquier otra razón.
Amparo en revisión 237/76. Compañía Operadora de Teatros, S.A. 27 de octubre de 1976.
Séptima Época
Registro: 253447
Tesis Aislada
91-96 Sexta Parte
Tesis:
Página: 109
Genealogía:
IMPUESTOS. GARANTIA DE AUDIENCIA.
Cuando el impuesto que deba pagar el causante está determinado en la ley con todos sus
elementos, sin apreciaciones, ni arbitrio de las autoridades fiscales, no tiene que ser respetada la
garantía de previa audiencia, ya que conforme al artículo 31, fracción IV, los elementos del
impuesto están determinados en la ley. Pero cuando el pago de un impuesto depende de
apreciaciones, avalúos, ejercicio del arbitrio de autoridades, o en general de algún elemento que
el legislador ha determinado y que debe determinar la autoridad fiscal conforme a los
lineamientos precisos y específicos que le señale dicho legislador sin dejar nada al capricho, ni a la
discreción, ni a su voluntad administrativa unilateral, en estos casos, la obligación de contribuir a
los gastos públicos ya no está determinada del todo en la ley misma, y las autoridades deben
respetar la garantía de previa audiencia a los causantes. Pues no hay fundamento legal para que
las autoridades fiscales ejerciten la facultad económico-coactiva fuera del control legislativo
absoluto, fijando impuestos cuyo monto no deriva del solo texto legal, sino que viene a quedar
precisado también por un acto de autoridad fiscal. O sea que cuando el impuesto está
determinado en todos sus elementos por el Poder Legislativo, y la autoridad se limita a aplicar la
ley al cobrarlo, sin que su conducta determine en modo alguno el monto del impuesto, la
seguridad jurídica del causante ya está protegida. Pero cuando el monto del impuesto viene a
depender no de la sola voluntad del legislador, sino de actos administrativos (que deben siempre
estar fundados estrictamente en lineamientos legales, conforme al precepto constitucional antes
citado), ya no se justifica la afectación a los particulares sin el debido respecto de la garantía de
audiencia, que debe ser previa. Pues no hay razón legal para obligar a los causantes a litigar en
situación de desventaja, con la amenaza de multas y recargos, siendo de tomarse en cuenta que
éstos son extremadamente elevados (24% anual), mientras que las propias autoridades no suelen
pagar intereses moratorios por sus cobros indebidos y, en todo caso, los pagan en una tasa
notablemente inferior (sin que aquí proceda examinar la constitucionalidad de este sistema legal).
Amparo directo 247/76. Inmobiliaria "Roal", S.A. 20 de julio de 1976. Unanimidad de votos.
Ponente: Guillermo Guzmán Orozco. Secretario: Mario Pérez de León E.
Séptima Época
Registro: 253488
Tesis Aislada
91-96 Sexta Parte
Tesis:
Página: 143
MULTAS POR VIOLACION A LA LEY GENERAL DE NORMAS Y DE PESAS Y MEDIDAS, PRESCRIPCION
DE.
Si el artículo 32 del Código Fiscal de la Federación, en su párrafo final, establece: "Artículo 32... La
prescripción se inicia a partir de la fecha en que el crédito o el cumplimiento de la obligación
pudieron ser legalmente exigidos y será reconocida o declarada por la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público, a petición de cualquier interesado.", es de admitirse que correctamente la parte
quejosa, en su recurso de oposición contra el cobro de la multa por violación a la Ley General de
Normas y de Pesas y Medidas, pudo solicitar que se reconociera por las autoridades demandadas
la prescripción que corrió en su favor, pues el artículo 32 no establece que tal reconocimiento o
declaración de la prescripción por parte de la autoridad deba hacerse a petición de la parte
interesada en cuanto el término estatuido haya transcurrido y que de no hacerse, por esa causa,
se interrumpa ese término.
Amparo directo 324/76. Maquinaria Agrícola de Puebla, S.A. 27 de octubre de 1976. Unanimidad
de votos. Ponente: Abelardo Vázquez Cruz.
Séptima Época
Registro: 253511
Tesis Aislada
91-96 Sexta Parte
Tesis:
Página: 165
PREDIAL, RECARGOS POR IMPUESTO. OBLIGACIONES DEL ADQUIRENTE.
Conforme al artículo 33 de la Ley de Hacienda del Departamento del Distrito Federal, son sujetos
por deuda ajena y responsabilidad objetiva "del impuesto predial", los adquirentes, por cualquier
título, de predios urbanos o rústicos. De acuerdo con ese precepto, quien adquiere un predio, sea
cual fuere el título, incluida por ende la adquisición en remate, es responsable de los adeudos que
ese predio reporte por concepto de impuesto predial. Pero como se trata de un precepto que
impone cargas fiscales, que no se cobran acudiendo a los tribunales en términos del artículo 14
constitucional, sino por la vía económico coactiva con fundamento en el artículo 31, fracción IV, de
ese ordenamiento máximo, la carga del adquirente o causahabiente no puede ir más allá de lo
fijado en la ley, condición ésta que explícitamente impone el texto constitucional que se acaba de
citar, y que a mayor abundamiento repite el artículo 11 del Código Fiscal de la Federación,
supletorio de la Ley de Hacienda del Departamento del Distrito Federal. Luego se tiene que
concluir que la responsabilidad solidaria mencionada en ese precepto no alcanza a los recargos,
multas, gastos de ejecución, etcetera, que pudieran ser a cargo de los propietarios anteriores,
pues ello equivaldría a ampliar el contenido del precepto por extensión lógica, por analogía o por
mayoría de razón, lo cual está vedado en materia fiscal. De donde se concluye que el adquirente
de un predio sólo puede estar obligado al pago de recargos del impuesto predial, en relación con
ese predio, a partir del momento de la adquisición y hasta el momento en que tenga conocimiento
legal del adeudo, pues si los recargos no son sino la indemnización de daños y perjuicios por falta
de pago oportuno del impuesto, sería contrario a la proporción y equidad exigidas en la norma
constitucional, sancionar sin fundamento legal la falta de pago oportuno con intereses moratorios
tan graves (24% anual, contra el 6% anual en materia mercantil y el 9% anual en materia civil). Es
claro que en algunos casos sería inicuo cobrar recargos a quien no ha incurrido voluntariamente
en mora, ni ha podido en realidad, ni material ni legalmente, dejar de incurrir en ella.
Amparo directo 374/76. Salvador del Conde y del Conde. 9 de noviembre de 1976. Unanimidad de
Séptima Época
Registro: 253535
Tesis Aislada
91-96 Sexta Parte
Tesis:
Página: 182
Genealogía:
RECURSOS EN MATERIA FISCAL, FORMULISMOS Y EXIGENCIAS DE EXPRESION DE LOS.
Si el quejoso se inconformó ante la autoridad competente con la multa que le fue impuesta, sin
aludir expresamente a recurso alguno, no puede estimarse que hubiese hecho valer el de
inconformidad cuya improcedencia señala el artículo 158, fracción II, del Código Fiscal de la
Federación, sino el de revocación que prevé el 160, fracción I, del propio código, por ser el
procedente, y el hecho de que así lo haya estimado la Sala respectiva, perito en derecho, no
implica suplencia de la queja, puesto que se limitó a colocar el caso sometido a su decisión en la
hipótesis legal.
Amparo directo 143/76. "La Alpina", S.A de C.V. 19 de agosto de 1976. Unanimidad de votos.
Ponente: Gilberto Liévana Palma. Secretario: Ricardo Flores Martínez.
Séptima Época
Registro: 253686
Tesis Aislada
90 Sexta Parte
Tesis:
Página: 65
PRESUNCIONES EN MATERIA FISCAL. RETROACTIVIDAD (DEPOSITOS EN CUENTA DE CHEQUES).
Como en el artículo 6o. transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación que entró en vigor el 1o.
de enero de 1975 estableció la presunción legal (sin que ahora proceda examinar su validez) de
que los depósitos en cuenta de cheques que no fueron aplicados sirven de base como omisión de
ingresos no declarados, es claro que tal presunción no tiene carácter meramente procesal, sino
más bien sustantivo, al servir de base para concluir en una omisión de declaración de ingresos
gravados y para fincar en ella el cobro de diferencias y de recargos o multas. En consecuencia, tal
presunción de ninguna manera podría aplicarse a depósitos hechos con anterioridad a la vigencia
del precepto legal de que se trata, sin violar el principio de no retroactividad establecido en el
artículo 14 constitucional. En efecto, la Suprema Corte ha admitido la aplicación de normas
procesales a situaciones no consolidadas, aun cuando la norma sea posterior a la iniciación del
procedimiento, pero de ninguna manera podría admitirse la aplicación retroactiva de normas
fiscales que tengan la consecuencia sustantiva de hacer surgir un crédito con base en situaciones
legales anteriores a la norma que las prevé, o con base en presunciones derivadas de hechos
realizados con anterioridad al texto legal que establece la presunción. O sea que cuando la ley
fiscal venga a establecer una presunción como derivada de una hipótesis de hecho, y esa
presunción pueda servir de fundamento para la determinación de créditos fiscales, esa presunción
no puede aplicarse, sin violar el artículo 14 constitucional, a hechos realizados antes de la vigencia
del precepto que establece la propia presunción.
Amparo directo 124/76. Francisco Araujo Franco. 16 de junio de 1976. Unanimidad de votos.
Séptima Época
Registro: 253726
Jurisprudencia
90 Sexta Parte
Tesis:
Página: 147
Genealogía:
FACULTAD ECONOMICOCOACTIVA. SU EJERCICIO NO PUEDE CALIFICARSE DE VIOLENCIA, NI
PUGNA CON LA CONSTITUCION.
La violencia prohibida por el artículo 17 del Código Supremo consiste en el empleo ilegítimo de la
amenaza o de la fuerza, y no puede calificarse de ilegítima la conducta de una autoridad
hacendaria cuando, dentro de los límites de su competencia legal, y apegándose a las normas
jurídicas aplicables, finca un crédito fiscal o tramita el procedimiento para hacerlo efectivo. La
actividad desenvuelta a través del procedimiento económico-coactivo no entraña la confiscación
de bienes que prohibe el artículo 22 de la misma Carta Magna, pues el cobro de los créditos
referentes a impuestos o multas es lícito llevarlo a cabo, sin solicitar el auxilio del órgano
jurisdiccional, mediante disposiciones que tienen carácter ejecutivo, y que si bien, por supuesto,
pueden someterse, a solicitud de los afectados, a revisión judicial, no requieren, para su validez,
de la previa aprobación de los tribunales.
Volumen 85, página 39. Amparo en revisión 602/75. José Cohen Dabbah y coagraviados. 8 de
enero de 1976. Unanimidad de votos. La publicación no menciona el nombre del ponente.
Volumen 85, página 39. Amparo en revisión 605/75. Moisés Michan Zonnana y copropietarios. 11
de marzo de 1976. Unanimidad de votos. La publicación no menciona el nombre del ponente.
Volumen 89, página 23. Amparo en revisión 145/76. Calzado Saeta, S.A. 6 de mayo de 1976.
Unanimidad de votos. La publicación no menciona el nombre del ponente.
Séptima Época
Registro: 253752
Tesis Aislada
89 Sexta Parte
Materia(s): Civil
Tesis:
Página: 19
Genealogía:
CODIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES, SUPLETORIEDAD DEL.
Aunque todas las multas se catalogan dentro de los cobros fiscales, en razón de que, para hacerlas
efectivas, se sigue el procedimiento economicocoactivo, tanto la naturaleza del crédito como los
trámites para interponer recursos contra las sanciones, varían según la materia del ordenamiento
legal que las establece. Entonces, si un recurso se encuentra previsto en un ordenamiento de
carácter netamente administrativo y la sanción tampoco es de naturaleza fiscal, no pertenece al
campo de lo tributario la sustanciación del recurso que contra la multa se interponga, y no existe
razón válida alguna para aplicar el Código Fiscal al trámite del recurso, ya que, salvo disposición
expresa en contrario de la ley especial de la materia, es aplicable, supletoriamente, el Código
Federal de Procedimientos Civiles, en todos los procedimientos administrativos ante autoridades
federales.
Amparo directo 120/76. Super Gas de Juárez, S.A. 6 de mayo de 1976. Unanimidad de votos.
Ponente: Juan Gómez Díaz. Secretaria: María Simona Ramos Ruvalcaba.
Séptima Época
Registro: 253815
Tesis Aislada
88 Sexta Parte
Tesis:
Página: 59
Genealogía:
MULTA. DERECHO DE AUDIENCIA.
El acto consistente en la imposición de una multa, implica privación de derechos y por ende es
necesaria la previa audiencia, de tal manera que se dé oportunidad al agraviado para exponer lo
que considere conveniente en defensa de sus intereses y rendir las pruebas pertinentes. Si se
omiten estas formalidades esenciales del procedimiento, se surte la causal de anulación prevista
por el artículo 228, inciso b, del Código Fiscal de la Federación. La posibilidad de que la agraviada
puede impugnar la multa ante el Tribunal Fiscal, no satisface la garantía de la previa audiencia, la
cual debe ser concedida dentro del mismo procedimiento administrativo de donde dimana el acto.
Amparo directo 148/76. Banco Nacional de México, S.A. 29 de abril de 1976. Mayoría de votos.
Disidente: Juan Gómez Díaz. Ponente: Manuel Castro Reyes. Secretario: José Javier Morales
Martínez.
Séptima Época
Registro: 254009
Tesis Aislada
86 Sexta Parte
Materia(s): Común
Tesis:
Página: 95
Genealogía:
SUSPENSION, GARANTIA PARA QUE SURTA EFECTOS LA. SUSTITUCION DEL DEPOSITO POR FIANZA.
El artículo 135 de la Ley de Amparo, que exige, para que surta efectos la suspensión definitiva
concedida, el previo depósito de la cantidad que se reclama, es aplicable, única y exclusivamente,
al caso en que se pide el beneficio cautelar contra el cobro de impuestos, multas u otros créditos
fiscales. En las demás hipótesis, debe aplicarse la regla general contenida en el artículo 125 del
propio ordenamiento, de la que se infiere que es optativo para el interesado la forma en que
otorgará la "garantía bastante" que se exige con el fin de que surta efectos la suspensión. Por ello,
si se ha constituido depósito, y se solicita sustituir esa garantía por fianza o hipoteca, legalmente
procede tal sustitución.
Queja 145/75. Oliva Navarro y otros. 19 de febrero de 1976 Unanimidad de votos. Ponente: Jesús
Toral Moreno. Secretaria: Leonor Fuentes Gutiérrez.
Véase: Semanario Judicial de la Federación, Quinta Epoca, Tomo LXXIV, página 4207.
Observaciones
Nota: En el Semanario Judicial de la Federación, Volumen 86, página 95, se señala que el Tomo
LXXIV, página 4207, corresponde a un precedente de esta tesis; sin embargo, de su contenido se
desprende que es un criterio relativo al mismo tema, pero con un tratamiento diverso, por lo que
en este registro se coloca bajo la leyenda "Véase".
Séptima Época
Registro: 254128
Tesis Aislada
83 Sexta Parte
Tesis:
Página: 33
FACULTAD ECONOMICOCOACTIVA, CONSTITUCIONALIDAD DE LA.
Conforme a los artículos 14, 17, 21 y 22 de la Constitución Federal, la regla general que establece
que nadie puede hacerse justicia por propia mano, ni desposeer a otro, ni imponerle sanciones,
sino sólo la autoridad judicial, que es la única facultada para realizar esas funciones, es una regla
que la invariante tradición hace inaplicable tratándose del cobro de impuestos, derechos y algunos
aprovechamientos (entre éstos los recargos y las multas), que tienen naturaleza fiscal, en cuanto a
que se pueden hacer efectivos mediante el procedimiento economicocoactivo, cuya
fundamentación constitucional se ha encontrado por la doctrina y la jurisprudencia en la fracción
IV del artículo 31 constitucional. Por lo demás, el cobro de impuestos, multas, etcétera, siempre se
debe hacer, conforme a este precepto, con base en una ley emanada del Poder Legislativo que
determine todos los elementos del cobro, para no dejar ningún elemento del mismo al arbitrio de
la autoridad fiscal, y así puede un deudor saber siempre de antemano a qué pagos está sujeto por
voluntad del legislador, y por qué motivos, y en qué cantidad. Y a cambio de tal seguridad, la
autoridad puede hacer el cobro de impuestos, derechos y recargos, y la imposición de multas, sin
necesidad de acudir previamente a los tribunales, respetando el debido proceso señalado en el
artículo 16 constitucional, o sea, fundando y motivando el cobro, y haciéndolo por medio de
mandamiento escrito de autoridad competente, lo que implica que sea hecho por un órgano
creado por el Congreso, y dotado por él de las facultades fiscales ejercitadas. Y el uso incorrecto de
las facultades economicocoactivas podrá ser, en todo caso, remediado mediante el uso de los
recursos, medios de defensa o juicios que procedan contra los actos de autoridad fiscal. Así se
compagina la seguridad de los gobernados con la necesidad del gobierno de hacer una
recaudación eficiente de los fondos necesarios para los gastos, ya al recaudar esos fondos, ya al
imponer las sanciones que tienden a que sea eficiente su pago. Si se negase a la autoridad fiscal el
derecho a la facultad economicocoactiva, se crearía un caos en la administración, sin tener para
ello un apoyo sólido en nuestro texto ni en nuestra tradición constitucionales. Resulta pertinente
citar la opinión de Vallarta, cuando decía: "Pretender que los Jueces y sólo los Jueces hagan tal
cobro, siempre que el deudor se resista al pago, aun sin alegar excepciones que deban decidirse
judicialmente, es tan inconstitucional y aún más absurdo que querer que los empleados
administrativos califiquen esas excepciones sin someterlas al conocimiento judicial".
Amparo en revisión 371/75. Moisés Sidauy Ch. (ABA, S.A.). 4 de noviembre de 1975. Unanimidad
Séptima Época
Registro: 254141
Tesis Aislada
83 Sexta Parte
Tesis:
Página: 47
MULTAS. IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ARTICULO 7o.). PAGO EXTEMPORANEO.
El artículo 7o. de la Ley del Impuesto sobre la Renta indica en su primer párrafo que el impuesto se
pagará al presentar las declaraciones o manifestaciones exigidas por la ley, entre otro caso, y se
considera que el pago es espontáneo siempre que no haya mediado gestión de autoridad, también
entre otro supuesto, y si la Sala Fiscal estimó que no se está en el caso del último párrafo del
precepto en comento (que prevé la situación en que los pagos no sean espontáneos y en que se
aplicarán sanciones que no excederán del 8% mensual sobre el importe de cada pago), por no
haber demostrado la autoridad que haya habido requerimiento como lo expresan los proveídos,
es indudable que la nulidad de las resoluciones impugnadas debió ser lisa y llana, pues sin
fundamento y motivación alguna y sin que tal cuestión haya formado parte de la litis, deja a salvo
el derecho de las autoridades para imponer sanciones al actor por haber cubierto
extemporáneamente el impuesto de que se trata. En tales condiciones, es indudable que dicha
Sala incurrió en violación del artículo 7o. de la ley impositiva señalada, que no sanciona el pago
espontáneo del impuesto de que se trata.
Amparo directo 347/75. Venancio Almanza Hernández. 4 de noviembre de 1975. Unanimidad de
votos. Ponente: Jesús Ortega Calderón.
Séptima Época
Registro: 254229
Tesis Aislada
82 Sexta Parte
Tesis:
Página: 61
MULTAS. CONDONACION TOTAL.
Para que proceda la condonación total de una multa, en términos del artículo 31 del Código Fiscal
de la Federación, con base en pruebas diversas de las presentadas ante las autoridades
administrativas o jurisdiccionales, es claro que tales pruebas se deben referir a cuestiones de
hecho, pues el derecho no está sujeto a prueba. Luego la formulación de argumentos nuevos
puramente de derecho, o la aparición de un criterio jurisprudencial diferente (que será una
cuestión puramente de interpretación de las mismas normas legales aplicadas), no pueden fundar
la petición de condonación de que se trata.
Amparo directo 531/75. Café Coliseo, S. de R.L. 28 de octubre de 1975. Unanimidad de votos.
Observaciones
Nota: En el Semanario Judicial de la Federación aparece la expresión "… la condenación total de
una multa …", la cual se corrige con el propósito de adecuarla al contenido del criterio, como se
observa en este registro.
Séptima Época
Registro: 254231
Tesis Aislada
82 Sexta Parte
Tesis:
Página: 62
MULTAS FISCALES. IMPROCEDENCIA DEL AMPARO POR NO AGOTAR MEDIOS ORDINARIOS DE
DEFENSA.
La posibilidad de impugnar la multa reclamada ante el Tribunal Fiscal de la Federación, en
términos del artículo 22, fracción IV, de la ley orgánica de dicho tribunal y la de hacer valer el
incidente de nulidad de actuaciones contra la notificación de la misma ante la autoridad fiscal que
la practicó, por aplicación supletoria del artículo 319 del Código Federal de Procedimientos Civiles;
así como el permitir los artículos 165 y 194 del Código Fiscal de la Federación, proponer esa
nulidad de notificaciones ante el Tribunal Fiscal de la Federación por medio de una ampliación de
la demanda, hacen improcedente el amparo que se interponga contra la multa y su notificación;
sin haber agotado los medios de defensa citados.
Amparo en revisión 622/75. Ramón Macías Guillén. 30 de octubre de 1975. Unanimidad de votos.
Ponente: Manuel Castro Reyes.
Séptima Época
Registro: 254266
Tesis Aislada
82 Sexta Parte
Tesis:
Página: 95
Genealogía:
Informe 1975, Tercera Parte, Tribunales Colegiados de Circuito, página 108.
VEHICULOS, IMPORTACION DE. IMPUESTOS PRESCRIPCION DEL CREDITO FISCAL.
Si se probó plenamente que un automóvil importado circulaba en la República en cierta fecha, día
en que se registró en la Dirección de Tránsito del Distrito Federal y obtuvo placas de circulación el
vehículo, es obvio que éste se introdujo en el país con anterioridad, aunque se ignore la fecha
exacta en que aconteció la importación. Desde el momento de la internación, se generaron los
respectivos créditos tributarios, y también desde ese momento eran exigibles tales créditos y, en
consecuencia, se inició el plazo de prescripción. De esta manera, resulta patente que cuando se
solicitó del director del Registro Federal de Automóviles que se declarara la prescripción del cobro
de los impuestos de importación, de los adicionales y de la multa respectiva, si ya había
transcurrido con exceso el lapso de cinco años que establece el artículo 32 del Código Fiscal, el
mencionado funcionario, por tanto, debió acordar favorablemente la solicitud, con arreglo a dicho
precepto y de conformidad con lo que disponen los artículos 57 del anterior código de la materia y
32, fracción VIII, de la Ley del Registro Federal de Automóviles.
Amparo en revisión 508/75. Imeldo Martínez Hernández. 30 de octubre de 1975. Unanimidad de
votos. Ponente: Jesús Toral Moreno.
Nota: En el Informe de 1975, la tesis aparece bajo el rubro "PRESCRIPCION DEL CREDITO FISCAL.".
Séptima Época
Registro: 254314
Tesis Aislada
81 Sexta Parte
Tesis:
Página: 63
PRESCRIPCION DE CREDITOS FISCALES. OMISION DE LA OFICINA EXACTORA EN SU COBRO.
Es indudable que al resolver el oficial mayor de la Secretaría de Economía (hoy de Industria y
Comercio) y remitir copia del oficio correspondiente a la oficina exactora, los créditos que
implicaban las multas fueron exigibles y la omisión de esta última en no realizar su cobro, no
puede perjudicar a la sociedad quejosa; más aún si ese cobro no se hizo por descuido de la oficina
citada, y en las condiciones señaladas, y toda vez que las multas, como aprovechamientos del fisco
federal, quedaron en condiciones de cobro a partir del día siguiente al de la fecha en que se
resolvió la reconsideración, y la prescripción se consumó al transcurrir los cinco años que
prescribía el artículo 59 del Código Fiscal anterior, aplicable en su esencia, de conformidad,
además, con lo que determinaba la segunda parte del artículo 55 de ese código, y lo que expresa
también el artículo 32 del vigente.
Amparo directo 457/75. Compañía Embotelladora Nacional, S.A. 10 de septiembre de 1975.
Unanimidad de votos. Ponente: Jesús Ortega Calderón.
Séptima Época
Registro: 254388
Tesis Aislada
80 Sexta Parte
Tesis:
Página: 50
Genealogía:
MULTAS FISCALES, INCOMPETENCIA DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL
DISTRITO FEDERAL.
Cabe dentro de la materia fiscal el acuerdo que desecha el recurso de revisión intentado contra la
multa que impuso, por violación a la Ley de Hacienda del Departamento del Distrito Federal, una
dependencia de la Tesorería del propio Distrito. En esta situación, el Tribunal de lo Contencioso
Administrativa del D.F., carece de competencia para conocer de la demanda que contra aquel
acuerdo se entable, dado que, de conformidad con el artículo 1o., segundo párrafo, de la ley que
regula dicho órgano, quedan fuera del círculo de sus atribuciones los asuntos de la competencia
del Tribunal Fiscal de la Federación, a quien corresponden los negocios relacionados con multas
por violación a disposiciones fiscales del Distrito Federal, en los términos del artículo 22, fracciones
I, III, IV de su ley orgánica.
Amparo en revisión 405/75. Oscar Jiménez Sierra. 7 de agosto de 1975. Unanimidad de votos.
Ponente: Jesús Toral Moreno. Secretario: Isaías Corona Ortiz.
Séptima Época
Registro: 254389
Tesis Aislada
80 Sexta Parte
Tesis:
Página: 51
MULTAS POR OMISION DE IMPUESTOS. CASO DE PROCEDENCIA DEL JUICIO FISCAL SIN AGOTAR
RECURSOS.
Aun cuando existan recursos administrativos contra la imposición de una multa por omisión en el
pago de impuestos, es claro que si el causante combate en juicio fiscal directamente la resolución
que le fincó el cobro de impuesto y, como consecuencia de ello, la nulidad de la multa, como cosa
accesoria, no tiene obligación de agotar necesariamente ese recurso contra la resolución que le
impuso la multa, cuando en él no podría haber alegado que hubo omisión de impuestos, por ser
ésta una cuestión ajena a la materia legalmente posible de dicho recurso. De obligarlo a agotar
dicho recurso, se le afectarían las garantías de audiencia y de debido proceso legal, con violación
de los artículos 14 y 16 constitucionales, ya que se le obligaría a agotar un recurso en el que no
podría deducir el fundamento primario de su pretensión, lo que lo condenaría irremisiblemente a
litigar en una instancia sin posibilidad plena de defender sus derechos. Luego en estos casos sí se
puede combatir la multa directamente en el juicio fiscal, juntamente con el cobro del impuesto,
aunque subsidiariamente se alegue en dicho juicio, respecto de la multa, cuestiones como el
desvío de poder u otras semejantes que sí hubieran podido alegarse en el recurso administrativo,
ya que en el juicio fiscal hay para el causante una plena oportunidad procesal de defensa. Cuando
un precepto condiciona la procedencia de un juicio a que no haya recursos ordinarios contra la
resolución impugnada, debe interpretarse esa norma en el sentido de que se refiere, lógicamente,
a los casos en que en esos recursos haya oportunidad cabal de defensa de los intereses afectados,
pues las normas deben interpretarse de modo que operen dentro de los marcos constitucionales
y, de interpretar esas normas en otro sentido, resultarían violatorias de las garantías de audiencia
y de debido proceso legal, siendo de notarse que la interpretación que ahora se les da, no choca
con su texto ni con el espíritu de la ley. Por lo demás, en los recursos contra las multas podría la
parte afectada optar por alegar que no se puede cobrar una multa si está subjudice la resolución
que fincó el impuesto cuya omisión fundó la multa pero si en ese recurso no podría alegar que
hubo omisión del impuesto, no se puede privar a dicha parte del derecho de impugnar en el juicio
fiscal la multa juntamente con el cobro del impuesto.
Amparo directo 377/75. El Puerto de Liverpool, S.A. 12 de agosto de 1975. Unanimidad de votos.
Séptima Época
Registro: 232854
Instancia: Pleno
Tesis Aislada
78 Primera Parte
Tesis:
Página: 13
ANUNCIOS DE PROPAGANDA COMERCIAL. EL ARTICULO 40 DE LA LEY DE INGRESOS DE LOS
MUNICIPIOS DEL ESTADO DE SINALOA NO INVADE ESFERAS A LA AUTORIDAD FEDERAL.
Del contenido del apartado tercero de antecedentes del Convenio de Coordinación Fiscal
celebrado por las autoridades del Estado de Sinaloa y la Federación, para el cobro y administración
del impuesto federal sobre ingresos mercantiles, se advierte que las autoridades de aquella
entidad federativa estuvieron conformes en percibir una participación del 45% sobre la
recaudación del impuesto federal sobre ingresos mercantiles, recargos y multas percibidas en su
territorio, en sustitución de los impuestos locales y municipales sobre los ingresos que cause el
impuesto federal sobre ingresos mercantiles. En otras palabras, la renuncia, por parte del Estado
de Sinaloa, en que se traduce lo pactado en el Convenio de Coordinación, se limita a la facultad de
gravar ingresos que causen aquel impuesto federal. Ahora bien, el artículo 40 de la Ley de Ingresos
de los Municipios del Estado, al establecer el impuesto sobre anuncios y propaganda comercial,
establece que el causante de ese tributo es la empresa por cuya cuenta se fijen, exhiban,
distribuyan o propalen anuncios de propaganda comercial, esto es, el objeto del impuesto no es
un ingreso y, por ende, no se encuentra gravado tampoco por la Ley del Impuesto Federal sobre
Ingresos Mercantiles; el costo de los anuncios que la empresa ordena fijar, exhibir o distribuir, no
constituyen para ésta un ingreso, sino en todo caso un egreso que como tal no se encuentra sujeto
al impuesto que establece la ley federal mencionada. En este orden de ideas, si el impuesto que
establece y reglamenta la ley reclamada, no recae sobre ingresos que perciban las personas físicas
o morales dedicadas a la actividad de anunciantes, es indudable que no puede existir la invasión
de esferas a la autoridad federal.
Amparo en revisión 2184/74. Nutrientes Líquidos Mexicanos, S.A. de C.V. 26 de junio de 1975.
Unanimidad de dieciocho votos. Ponente: Enrique Martínez Ulloa.
Séptima Época
Registro: 254535
Tesis Aislada
78 Sexta Parte
Tesis:
Página: 26
CONTESTACION DE LA DEMANDA FISCAL. HECHOS CONFESADOS.
Conforme a los artículos 202, fracción III, y 203, inciso b), del Código Fiscal de la Federación, la
contestación a la demanda deberá referirse concretamente a cada uno de los hechos que el actor
le impute a la demandada de manera expresa, afirmándolos, negándolos, expresando que los
ignora por no ser propios o exponiendo cómo ocurrieron; y se presumirán ciertos, salvo prueba en
contrario, los hechos que el actor imputa de manera precisa al demandado, cuando la
contestación no se refiere concretamente a los hechos afirmados por el actor, que sean propios
del demandado. De esto se sigue, interpretando las normas en su recto sentido, que cuando el
actor afirme hechos sustancialmente relacionados con la resolución reclamada, la autoridad que
conteste la demanda tendrá que referirse concretamente a ellos, y que una autoridad no puede
desconocer como hechos ajenos aquellos que tienen la mencionada vinculación sustancial con la
resolución que dictó. De lo contrario, la interpretación de la norma sería contraria a las normas de
equidad procesal, si se permitiese que la autoridad que contesta la demanda evadiera
ambiguamente el referirse a hechos sustancialmente vinculados con la resolución, o con los
antecedentes de ésta. Y es de notarse que siendo las autoridades fiscales una unidad,
especialmente cuando se trata de cuestiones relacionadas con el mismo impuesto, se rompería el
equilibrio procesal si se obliga al causante a conocer todos los hechos relacionados con la litis,
mientras que se permite a las autoridades manifestarse ignorantes de los hechos sustancialmente
relacionados con sus resoluciones, ya que el fisco, como depositario de la facultad económicocoactiva que le otorga el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal, debe actuar
invariablemente como litigante de la mejor buena fe, lo que obliga a las diversas oficinas de la
misma dependencia a recabar y proporcionarme información, y a tener conocimiento de lo que
hacen respecto de los mismos hechos o de hechos que, sustancialmente vinculados, se refieren a
las mismas cuestiones o a cuestiones vinculadas. Lo contrario sería equivalente a permitir, por
ficciones o formalismos legales, que una dependencia administrativa de la empresa causante
pudiera legalmente manifestarse ignorante de lo hecho por otra, en relación con cuestiones
vinculadas a la litis planteada en un juicio. Así pues, si se levantó una acta en la que se asentó que
la empresa presentó el libro mayor extemporáneamente y con atraso en sus asientos, la
dependencia que contesta la demanda en relación con la multa impuesta por el atraso en los
asientos no podría, con buena fe procesal, manifestarse ignorante del hecho relativo a si se
impuso y se pagó, o no, una multa previa por la presentación extemporánea del libro. Una
actuación tal del fisco no podría tener como fin procesal el obtener una imposición justa y
equitativa de sanciones, sino la posibilidad de duplicar sanciones por razones de interpretación
rigorista de las normas que regulan el procedimiento.
Amparo directo 154/75. Compañía Cubana de Aviación de México, S.A. 17 de junio de 1975.
Séptima Época
Registro: 254559
Tesis Aislada
78 Sexta Parte
Tesis:
Página: 52
MULTAS. REVALIDACION ESPONTANEA Y EXTEMPORANEA.
El artículo 37, fracción X, del Código Fiscal de la Federación, establece que la Secretaría de
Hacienda se abstendrá de imponer sanciones, entre otros casos, cuando se enteren en forma
espontánea los impuestos o derechos no cubiertos dentro de los plazos señalados por las
disposiciones fiscales. Dicho precepto hace clara referencia a derechos, además, de impuestos, y
no hace distingo alguno para los casos en que no se haya hecho oportunamente el pago relativo a
una solicitud de revalidación de licencia. En consecuencia, si el quejoso hizo tal pago
espontáneamente, no hay razón para dejar de aplicar el precepto a comento, aplicando el
principio ubi lex non distinguet, nec non distinguere debemus.
Amparo directo 217/75. Mauro Gelacio Mata García. 10 de junio de 1975. Unanimidad de votos.
Séptima Época
Registro: 254572
Tesis Aislada
78 Sexta Parte
Tesis:
Página: 66
RESOLUCIONES FISCALES. PRESUNCION DE LEGALIDAD. FUNDAMENTACION Y MOTIVACION.
Si la imposición de una multa se basa en que el causante no efectuó determinado acto dentro del
plazo que se le dio en un cierto oficio, para poder imponer esa multa las autoridades tienen la
carga de probar que el oficio fue notificado legalmente, en cuyo caso corresponderá al causante
probar que le dio cumplimiento oportuno. Y la presunción de legalidad que tienen los actos de
autoridad, en términos del artículo 89 del Código Fiscal de la Federación, no puede tener el
alcance de borrar la garantía constitucional que obliga a las autoridades a fundar y motivar sus
actos, ni de eximirlas de la carga de probar el incumplimiento de los particulares, cuando ello sea
la motivación de una sanción. Pues de entenderse así la ley, habría que estimar que las
autoridades quedan, por presunción de la ley secundaria, eximidas de la obligación de fundar y
motivar sus actos, ya que la afirmación dogmática de un hecho cuya carga de prueba corresponde
a la autoridad, no puede satisfacer la garantía constitucional de fundar y motivar las resoluciones
de autoridad, en el sentido material de esa garantía, o sea, en cuanto al fondo de las cuestiones de
que se trata y a la legitimidad material del acto de autoridad.
Amparo directo 131/75. Felipe Stura Picco. 4 de junio de 1975. Unanimidad de votos. Ponente:
Séptima Época
Registro: 254815
Tesis Aislada
74 Sexta Parte
Tesis:
Página: 43
MULTAS POR OMISION DE IMPUESTOS. COMPENSACION DE SALDOS.
Es cierto que las autoridades fiscales no pueden cobrar a un causante multas relativas a omisión
de pago de impuestos cuando dicho causante tiene, a su vez, saldos a su favor y a cargo de la
Secretaría de Hacienda, pues a su acreedor mediante el procedimiento de no haber compensación
de ambos adeudos, a más de que se traduciría en un uso desorbitado de la facultad económicocoactiva que el artículo 31 constitucional, en su fracción IV, otorga al fisco, y que debe ser
ejercitada con la mayor ponderación y legalidad.
Amparo directo 740/74. Semiconductores California, S.A. 11 de febrero de 1975. Unanimidad de
Séptima Época
Registro: 254890
Tesis Aislada
72 Sexta Parte
Tesis:
Página: 15
Genealogía:
AUDIENCIA, GARANTIA DE. COBROS FISCALES.
Si bien el artículo 14 constitucional establece la garantía de audiencia, la finalidad de tal precepto
es que en principio nadie puede ser afectado en sus derechos sin darle oportunidad previa de
defensa, es decir, de probar y alegar lo que a su derecho convenga. Pero cuando se trata de
créditos fiscales, en principio resulta aplicable otro precepto de la misma jerarquía, o sea el
artículo 31, fracción IV, constitucional, en el que se funda el derecho al cobro de impuestos en la
vía económico coactiva. Pues si la Constitución en principio ha querido proteger a los ciudadanos
del desposeimiento arbitrario de sus posesiones y derechos, también ha querido dotar al gobierno
de los medios necesarios para que subsista el orden legal, y se proceda a la aplicación y
observancia del sistema de derecho. Y si el cobro de los impuestos estuviese sujeto a juicio o
procedimientos en forma de juicio, que se siguieran previamente contra los causantes, se estaría
aplicando ilógicamente el artículo 14 a la esfera regulada por el artículo 31, fracción IV, y se estaría
impidiendo a las autoridades el cumplimiento de los fines y obligaciones que la propia
Constitución les impone. Por lo demás, como los impuestos deben estar fijados precisamente en
las leyes, en los elementos que los actualizan y cuantifican, conforme al mandato constitucional,
es claro que no hay lesión a los derechos individuales protegidos por la garantía de audiencia, si
los causantes conocen desde el momento mismo de realizar los actos gravados o sancionados, la
existencia y monto de la obligación fiscal que a su cargo surge de tales actos (lo que no se
desvirtúa por el hecho de que en el caso de multas se dé margen al arbitrio, pues en todo caso es
conocido el límite de la posible sanción, así como los elementos que deben usarse para su
individualización). Y no sería correcta una interpretación del artículo 14, que mutilara o invalidara
las finalidades y obligaciones establecidas en el 31, fracción IV.
Amparo directo 384/74. Compañía Operadora de Teatros, S.A. 10 de Diciembre de 1974.
Unanimidad de votos. Ponente Guillermo Guzmán Orozco.
Nota: En el Informe de 1975, la tesis aparece bajo el rubro "GARANTIA DE AUDIENCIA. COBROS
FISCALES.".
Séptima Época
Registro: 254894
Tesis Aislada
72 Sexta Parte
Tesis:
Página: 22
MULTAS. DEFINITIVIDAD ADMINISTRATIVA DEL CREDITO QUE LES DIO ORIGEN.
No es legalmente posible que las autoridades hagan efectiva la multa derivada de una comisión de
pago de impuesto mientras está subjúdice, ante las propias autoridades fiscales, la validez de la
resolución que fincó el crédito principal, de cuya validez dependerá también la de la multa; pues
ésta, cosa derivada, no debe hacerse efectiva entre tanto no haya absoluta definitividad
administrativa en la resolución principal. Y es de notarse que la dilación en la resolución del
recurso administrativo interpuesto ante la autoridad que fincó el crédito principal o ante su
superior jerárquico, es imputable solo a las propias autoridades fiscales, por lo que en su mano
está remover el obstáculo para hacer efectiva la multa, resolviendo el recurso, cuando proceda
hacerlo en forma desfavorable al causante. Por lo demás, solo cuando el crédito principal ya sea
absolutamente definitivo en el orden administrativo, y está subjúdice ante una autoridad judicial,
podrá ya la autoridad fiscal intentar hacer efectiva la multa que haya impuesto por la omisión del
pago de aquel crédito. Y para evitar el pago de la multa antes de que se resuelva el juicio de
impugnación, habrá que acudir a los juicios o medios de defensa pertinentes y, en su caso, obtener
la suspensión del cobro de la multa, mediante la garantía procedente, ya que en esa nueva
situación la dilación en resolver los juicios que versan sobre el crédito principal y la multa, ya no
será imputable a las autoridades, sino a la acción judicial intentada por el causante y a la
capacidad de fallar de los tribunales. Y todo lo anterior se justifica porque si bien sería absurdo
legalmente que las autoridades fiscales pudieran pretender hacer efectiva una multa mientras
haya la posibilidad legal de que las propias autoridades (una u otra dependencia del órgano fiscal)
declaren ilegal el fincamiento del crédito fiscal por impuestos, cuya falta dio origen a la multa,
también sería ilógico que cuando el crédito principal ha adquirido firmeza en el orden
administrativo, la impugnación judicial del mismo impidiese automáticamente el cobro de la multa
derivada de la falta de pago oportuno de dicho crédito.
Amparo directo 384/74. Compañía Operadora de Teatros, S.A. 10 de diciembre de 1974.
Séptima Época
Registro: 254961
Jurisprudencia
72 Sexta Parte
Tesis:
Página: 164
Genealogía:
MULTAS IMPUESTAS POR LA PROCURADURIA FISCAL, RECURSOS PENDIENTES CONTRA. CARGA DE
LA PRUEBA.
Si la Procuraduría Fiscal de la Federación dicta un proveído en el que impone una multa a un
causante, con fundamento en que omitió el pago de un impuesto, y el afectado eleva una
instancia ante esa procuraduría solicitando en alguna forma que se deje sin efectos la multa, con
base en que la propia afectada ha promovido la revocación o reconsideración de la resolución que
fincó el crédito por omisión del impuesto, no puede legalmente la procuraduría mencionada
desestimar la instancia elevada ante ella, con base en que no se le probó haber iniciado la diversa
instancia ante la dependencia que fincó el crédito por omisión de impuesto, pues como la
Secretaría de Hacienda es una unidad, y la Procuraduría Fiscal de la Federación es un organismo
legal en términos generales, e inclusive para imponer la multa tuvo que tener contacto directo con
la dependencia que fincó el presunto crédito por omisión del impuesto, la exigencia de que se
trata vendría en cierta forma a ser equivalente a exigir a la causante probar hechos que no son
ajenos a la Procuraduría Fiscal, la que para dictar un proveído imponiendo una multa por omisión
del impuesto, deba tener la información necesaria, de la otra dependencia de la misma Secretaría
de Hacienda, respecto de la procedencia y la definitividad del fincamiento del crédito por omisión
del pago del impuesto. Y la pretensión ilegal viene a constituir la exigencia de que se prueben
hechos que no le son ajenos, con violación del principio jurídico contenido en el artículo 329 del
Código Federal de Procedimientos Civiles, conforme al cual las partes en una controversia jurídica
sólo se pueden manifestar ignorantes de los hechos que le son del todo ajenos.
Volumen 48, página 23. Amparo directo 631/72. Compañía Operadora de Teatros, S.A. 12 de
diciembre de 1972. Unanimidad de votos. Ponente: Guillermo Guzmán Orozco.
Volumen 52, página 40. Amparo directo 731/72. Compañía Operadora de Teatros, S.A. 2 de abril
de 1973. Unanimidad de votos. Ponente: Guillermo Guzmán Orozco.
de 1973. Unanimidad de votos. La publicación no menciona el nombre del ponente.
de 1973. Unanimidad de votos. La publicación no menciona el nombre del ponente.
Volumen 72, página 23. Amparo directo 384/74. Compañía Operadora de Teatros, S.A.
Unanimidad de votos. La publicación no menciona la fecha de resolución del asunto ni el nombre
del ponente.
Nota: En el Informe de 1975, la tesis aparece bajo el rubro "CARGA DE LA PRUEBA. RECURSOS
PENDIENTES CONTRA MULTAS IMPUESTAS POR LA PROCURADURIA FISCAL.".
Séptima Época
Registro: 255249
Tesis Aislada
71 Sexta Parte
Tesis:
Página: 41
MULTAS, RECARGOS NO CAUSABLES POR LAS. GARANTIA NO OBLIGATORIA.
Conforme al artículo 157 del Código Federal, se suspenderá el procedimiento administrativo de
ejecución durante la tramitación de los juicios o recursos, cuando lo solicite el interesado y
garantice el crédito fiscal de que se trate y los posibles recargos. Y conforme al artículo 22 del
mismo ordenamiento, cuando no se pague un crédito fiscal en la fecha o dentro del plazo
señalado en las disposiciones respectivas, deberán cubrirse recargos, en concepto de
indemnización al fisco federal por la falta de pago oportuno. Como se ve, la exigibilidad de los
recargos está condicionada a la mora del deudor, es decir, al incumplimiento voluntario de sus
obligaciones. De manera que cuando se trata de una multa, y el afectado la recurre ante la
autoridad administrativa que la impuso o ante sus superiores jerárquicos, la tardanza en la
tramitación y resolución del recurso no será en principio imputable a dicho afectado, sino a las
propias autoridades, por lo que no puede producir el efecto legal de causar recargos, ya que se
estaría indemnizando a la autoridad por su propia morosidad. O sea, que no sería legal que las
autoridades incrementaran sus posibles ingresos con un interés moratorio tan elevado como lo es
el legal (que resulta muy superior al tipo de interés moratorio legal en materia civil o mercantil),
con base en la tardanza para resolver los recursos legalmente interpuestos ante ellas. Y por lo
mismo, durante la tramitación de tales recursos, no puede ser legalmente obligatorio garantizar el
importe de posibles recargos de la multa combatida. Sólo habrá tal obligación cuando la multa sea
impugnada ante los tribunales, porque en ese caso la tardanza en el posible pago ya no será
imputable en principio a la conducta de las autoridades, sino a la acción intentada por el afectado,
si resulta infundada, y a la conducta del juzgador.
Amparo directo 614/74. Derivados de Leche Seleccionados, S.A. 26 de noviembre de 1974.
Séptima Época
Registro: 255299
Tesis Aislada
70 Sexta Parte
Tesis:
Página: 51
PERITO, ACCION DEL, PARA IMPUGNAR LA REVOCACION DE SU NOMBRAMIENTO.
Si una Sala del Tribunal Fiscal indebidamente deja sin efectos el nombramiento del perito de la
parte actora, y le nombra a ésta perito en rebeldía, el perito anterior está legitimado para pedir
amparo contra la indebida multa que se le haya impuesto por no rendir oportunamente su
dictamen, ya que tal multa afecta directamente su patrimonio. Y también estará facultado para
pedir en amparo indirecto que se le restituya en su nombramiento como perito del actor, para el
efecto del cobro de los honorarios profesionales que pactó con él, cuando el procedimiento no ha
sido terminado y los intereses del actor se han manifestado congruentes con los de dicho perito
inicial, ya que en estas condiciones no habrá dentro del juicio fiscal conflicto de intereses entre
quien tiene derecho a rendir la prueba, o sea el actor, y quien debe desahogarla, o sea el perito, ni
se daría a éste una indebida acción procesal sobre el desarrollo de la probanza, acción que
correspondería sustancialmente al actor, independientemente de las responsabilidades u
obligaciones surgidas entre él y el perito, las que no podrían menguar el derecho del actor a ser
dueño de sus pruebas, a fin de no lesionar su garantía de audiencia, y su derecho a rendir las
pruebas que mejor convengan a su derecho. Lo anterior, por supuesto, dejando a salvo los
derechos que el segundo perito pudiera haber llegado a adquirir, en su caso, con motivo del
trabajo que indebidamente hubiere efectuado sin su culpa y por actos indebidos ajenos a él. Y sin
contar también que, si se hubiese ya dictado sentencia en el juicio, para no afectar la situación
jurídica creada por tal sentencia, en términos de la fracción X del artículo 73 de la Ley de Amparo,
sólo la parte actora sería quien hubiera podido plantear la cuestión como violación procesal, en
términos de los artículos 160 y relativos, de la Ley de Amparo.
Amparo en revisión 431/74. Roberto Avila González. 22 de octubre de 1974. Unanimidad de votos.
Séptima Época
Registro: 235802
Tesis Aislada
68 Segunda Parte
Materia(s): Penal
Tesis:
Página: 34
MULTAS, MONTO DE LAS.
El monto de la multa debe guardar proporción y fijarse atendiendo a las condiciones económicas
del obligado a cubrirla, por lo que son éstas las que deben evaluarse al fijarla,
independientemente de las circunstancias a que se contrae el artículo 52 del Código Penal Federal,
las que deben normar el criterio del juzgador en cuanto a la individualización de las penas
privativas de la libertad; la conclusión alcanzada se robustece al examinar los presupuestos que
rigen la diversa sanción pecuniaria, de reparación del daño, la que se gradúa tomando en
consideración, entre otros aspectos, la capacidad económica del obligado a cubrirla, y que dicha
pauta de proporcionalidad es la que sirve como base para la fijación de las cargas en materia fiscal.
Amparo directo 959/74. Carlos Rodríguez Ayala. 21 de agosto de 1974. Unanimidad de cuatro
votos. Ponente: Ernesto Aguilar Alvarez.
Séptima Época
Registro: 255576
Tesis Aislada
64 Sexta Parte
Tesis:
Página: 15
ACTAS INTERNAS DE LA AUTORIDAD.
Si el acta en que se fundó el proveído que impuso una multa no se levantó con citación e
intervención del causante, ni se levantó ante la presencia de dos testigos que se le haya dado
oportunidad de nombrar, sino que se levantó en una oficina de la autoridad fiscal, con motivo de
la revisión de la documentación del causante y, como se dijo, sin citarlo previamente, no se trata
de una verdadera acta levantada en términos del artículo 16 constitucional, ni su contenido puede
tener más valor probatorio en juicio que el que en sí mismos puedan tener los documentos
examinados y aportados como prueba, sin que baste su sola mención en tal acta, cuyo contenido y
resultados no tienen la presunción de legalidad y validez que puede acompañar a un acta
levantada de acuerdo con los requisitos constitucionales, y están sujetos a prueba por parte de
quien quiera prevalerse de ella. De lo contrario, las autoridades podrían eludir la carga de la
prueba con sólo levantar actas internas en las que asentaran sus conclusiones, lo cual es
abiertamente violatorio de la garantía constitucional contenida en el citado artículo 16.
Revisión fiscal 4/74. Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 9 de abril de 1974. Unanimidad de
Séptima Época
Registro: 255602
Tesis Aislada
64 Sexta Parte
Tesis:
Página: 58
Genealogía:
MULTA, MONTO DE LA. ARTICULO 42, FRACCION VI, DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION.
Al establecer el artículo 42, fracción VI, del Código Fiscal de la Federación, como multa, hasta un
tanto de la prestación fiscal en el caso del artículo 38, fracción XXV, no significa que esté
cuantificado su importe, sino simplemente señala el límite máximo de la misma, por lo que al
imponerse la sanción debe graduarse según las circunstancias del caso.
Amparo directo 123/74. Casa Guajardo, S.A. 18 de abril de 1974. Unanimidad de votos. Ponente:
Gilberto Liévana Palma.
Séptima Época
Registro: 255201
Tesis Aislada
63 Sexta Parte
Tesis:
Página: 39
Genealogía:
IMPUESTOS Y CARGAS FISCALES. FACULTADES CONSTITUCIONALES.
Las facultades de las autoridades para fincar créditos por concepto de impuestos, derechos,
multas o cualquier otro tipo de prestaciones fiscales, así como sus facultades para cobrar esos
créditos por la vía económico coactiva, sin acudir previamente a los tribunales establecidos,
derivan de la fracción IV del artículo 31 de la Constitución Federal, en cuanto establece que los
mexicanos están obligados a contribuir para los gastos públicos de la manera proporcional y
equitativa que dispongan las leyes. O sea que las cargas fiscales tienen que estar apoyadas
siempre y necesariamente, en alguna ley, entendiéndose por tal la que lo sea material y
formalmente, o sea, que emane del Poder Legislativo, para que las cargas fiscales impuestas a los
ciudadanos sean votadas, de acuerdo con la filosofía que inspira a la Constitución, por los
representantes elegidos por ellos, y no por el Poder Ejecutivo. Por otra parte, dentro del espíritu
de la propia Constitución, necesaria y lógicamente debe entenderse que cuando la Constitución
otorga facultades al Congreso para imponer cargas fiscales para contribuir a los gastos públicos,
esas facultades incluyen el uso y reglamentación de los medios adecuados para alcanzar ese fin,
siempre que no se trate de medios jurídicamente prohibidos, sino de medios que se adapten al
espíritu de la Constitución y de las leyes. Y así, entre las facultades del legislador quedan las de
establecer impuestos, derechos y multas que sean proporcionales y equitativos, fijando con
exactitud su monto y las hipótesis y motivos de su causación, y las de señalar la forma y los
términos en que deben cumplirse las obligaciones fiscales, evitando siempre la posible
arbitrariedad de las autoridades administrativas en todos esos aspectos.
Amparo directo 61/74. Casa Shultz de Jalisco, S.A. 18 de marzo de 1974. Unanimidad de votos.
Ponente: Guillermo Guzmán Orozco. Secretario: Mario Pérez de León E.
Séptima Época
Registro: 255208
Tesis Aislada
63 Sexta Parte
Tesis:
Página: 48
MULTAS. ERROR EN LA CLASIFICACION ARANCELARIA. CARGA DE LA PRUEBA.
Si conforme a la parte final de la fracción XXIV del artículo 628 del Código Aduanero, no se
impondrán sanciones por inexacta clasificación arancelaria cuando la inexactitud derive de un
auténtico error de apreciación o de criterio, debe concluirse que cuando sea evidente y clara la
inexactitud de la clasificación, corresponderá al responsable acreditar que hubo elementos que lo
pudieron razonablemente inducir a error. Pero cuando la diferencia de clasificación no sea tan
manifiesta en su inexactitud, y no resulte ineludible la conclusión de que hubo mala fe o intención
de omitir el pago de impuestos, la carga de probar estos extremos corresponde a las autoridades
fiscales, ya que en casos dudosos, confusos o que, por lo menos, no sean claros y manifiestos, no
puede suponerse la mala fe de los importadores o sus agentes. Así, en otros casos, la autoridad
deberá aportar elementos de convicción que excluyan la posibilidad del error invocado.
Amparo directo 704/73. Guillermo Solano Garcés. 11 de marzo de 1974. Unanimidad de votos.
Séptima Época
Registro: 255087
Tesis Aislada
56 Sexta Parte
Materia(s): Común
Tesis:
Página: 50
SUSPENSION. APERCIBIMIENTOS. ARTICULO 135 DE LA LEY DE AMPARO.
Si el acto reclamado consiste en el apercibimiento hecho a la quejosa de aplicarle posibles
sanciones futuras en caso de que persista en hacer las bonificaciones de que se trata, no se está en
la situación de que el amparo se pida contra el cobro de multas fiscales, puesto que éstas no
existen aún, por lo que no es aplicable el artículo 135 de la Ley de Amparo.
Incidente en revisión 44/73. Refrescos Unión, S.A. 22 de agosto de 1973. Unanimidad de votos.
Ponente: Abelardo Vázquez Cruz.
Séptima Época
Registro: 255008
Tesis Aislada
55 Sexta Parte
Tesis:
Página: 30
CONSULTAS, RESOLUCIONES EMITIDAS A LAS. NO FINCAN DERECHOS CUANDO SON ABSTRACTAS
O IMPERSONALES (MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS DE PERFUMERIA Y DE BELLEZA).
Si la resolución del subsecretario de ingresos en que fundó sus pretensiones una sociedad, en la
instancia de devolución que elevó a la Dirección de Impuestos Interiores, en su parte medular
indica que se hace del conocimiento de la Cámara Nacional de la Industria de Laboratorios
Químico Farmacéuticos que las disposiciones de la fracción IV del artículo 4o. y artículos 7o. y 8o.
de la ley que establece el pago de derechos por el registro y certificación de medicamentos y
productos de perfumería y de belleza, sólo serán aplicables después de que se expida el
reglamento del mencionado ordenamiento, debe decirse que la comunicación anterior no se
refiere a una situación concreta planteada por un determinado particular en relación con un caso
específico, sino a una consulta que hizo la Cámara citada a la Dirección de Impuestos Interiores,
que por la forma en que se resolvió resulta aplicable a un número indefinido e impersonal de
casos y por un lapso indeterminado, por cuyo motivo se viene a referir a una situación abstracta,
aunque concretada a una hipótesis específica, y no individualizada. Atenta esa condición de la
comunicación del subsecretario de ingresos, el alcance de sus términos no puede eximir a los
causantes, en forma genérica, de la obligación fiscal impuesta por el legislador en la ley de que se
ha hecho mérito, toda vez que de entenderse en tal sentido equivaldría a dar y reconocer
facultades legislativas a la autoridad administrativa, en el caso al fisco, o a estimar que puede
hacer una dispensa de la propia ley privándola de sus efectos propios en los dispositivos que
imponen prestaciones fiscales a los particulares. La consecuencia que podría tener una resolución
como la que se analiza, sólo estribaría en liberar a los causantes que no hubieren cubierto las
prestaciones legales, de multas y recargos originados en una situación que no sería imputable a
ellos, sino a la autoridad que, en tal supuesto, vendría a beneficiar a sus propios actos indebidos.
Amparo directo 331/73. Procter & Gamble de México, S.A. de C.V. 30 de julio de 1973.
Unanimidad de votos. Ponente: Jesús Ortega Calderón.
Séptima Época
Registro: 255883
Tesis Aislada
52 Sexta Parte
Tesis:
Página: 42
MULTAS. LA PROCURADURIA FISCAL NO PUEDE IGNORAR LA SITUACION DEL CREDITO PRINCIPAL
QUE ORIGINO LA MULTA.
Si la Procuraduría Fiscal impone una multa por omisión de impuestos, y ante ella se aduce que los
impuestos fueron correctamente pagados, como se desprende de la instancia formulada ante la
dependencia fiscal que conoce de ese aspecto de la cuestión, la procuraduría no puede
manifestarse ignorante de lo probado o de lo planteado ante esa otra dependencia, que fue la que
fincó el crédito que a su vez dio origen a la multa, pues la Secretaría de Hacienda es una unidad, y
las cuestiones planteadas respecto de la omisión están estrechamente vinculadas, por lo que la
procuraduría debió tener contacto con esa otra dependencia para imponer la multa, pero también
para determinar lo relativo a si el pago fue correcto o no, y a la definitividad del fincamiento del
crédito, pues si está en discusión ante la autoridad que lo fincó si fue o no procedente, la
Procuraduría debió abstenerse de imponer la multa, mientras no se resolviera en definitiva aquella
situación. Por otra parte, la división administrativa de funciones, en las dependencias fiscales, no
justifica legalmente que todas actúen en forma autónoma y con desconocimiento de lo que hacen
las demás, cuando manejan cuestiones vinculadas con la misma causa jurídica o que deben
resolverse en forma que unas se apoyen en las otras, lo que crearía indebidas molestias y
perjuicios a los causantes afectados por la actividad de varias dependencias, que tendrían que
estar probando e informando a cada una de ellas de la actuación de las demás, siendo ésta una
clara obligación interior del Fisco.
Amparo directo 731/72. Compañía Operadora de Teatros, S.A. 2 de abril de 1973. Unanimidad de
Séptima Época
Registro: 255926
Tesis Aislada
51 Sexta Parte
Tesis:
Página: 40
MULTA INFUNDADA, SI SE DECLARA ILEGITIMO EL CREDITO CUYA OMISION LA ORIGINA.
Si al dictarse la sentencia combatida no se había resuelto por este tribunal de amparo promovido
por la quejosa en contra de la sentencia que declaró la validez del crédito principal y esa
circunstancia, en el fondo, fue la que llevó a la Sala responsable a declarar la validez de la diversa
resolución impugnada por la que se impuso multa a esa quejosa por omisión en el impuesto, es
claro que al haberse decidido por sentencia ejecutoria de este tribunal que la quejosa no fue
causante del impuesto, y justamente en su demanda fiscal, como en el amparo, combate también
esa circunstancia, es indudable que si este tribunal llegó a la conclusión de que la quejosa no es
causante del impuesto que se le atribuyó, congruentemente y por las razones que expresó en su
ejecutoria citada, debe concluirse que es indebida la sanción que le impuso la Procuraduría Fiscal
en el proveído impugnado, toda vez que, siendo accesoria la sanción del crédito principal, al
estimarse que éste no fue legítimo, debe concluirse que tampoco lo es la sanción que de la falta de
su pago determinó la autoridad.
Amparo directo 121/72. Laboratorios Hormona, S.A. 5 de marzo de 1973. La publicación no
menciona el sentido de la votación del asunto. Ponente: Jesús Ortega Calderón. Secretario: Luis
Tirado Ledesma.
Séptima Época
Registro: 255962
Tesis Aislada
50 Sexta Parte
Tesis:
Página: 34
IMPUESTO SOBRE LA RENTA. ANTICIPOS.
Conforme al texto aplicable de la fracción VII del artículo 35 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta,
la Secretaría de Hacienda podía modificar la base para calcular los pagos provisionales, previa
solicitud justificada del contribuyente, y en los casos de iniciación de operaciones o de pérdida en
el ejercicio inmediato anterior, no se harían pagos provisionales. En consecuencia, si un causante
formuló solicitud oportuna para que se modificara la base para el cálculo de los pagos
provisionales, cosa a la que tenía derecho expreso, no era legalmente posible imponerle una multa
por no haber hecho el pago en el plazo oportuno, si no se le resolvió previamente sobre su
solicitud, pues la mora en el pago no sería imputable al causante, sino a las autoridades fiscales.
Pero si la solicitud hecha fue en el sentido de que eximiera a la causante de enterar un pago
provisional, con fundamento en una hipótesis diversa a las expresamente previstas en la ley, la
falta de contestación oportuna no puede darle derecho a omitir el pago, puesto que el legislador
no autorizó explícitamente la pretensión. Ello a reserva, claro está, de que el pago se puede hacer
bajo protesta, entre tanto se obtiene resolución respecto de la petición hecha. Ahora bien, si la
quejosa solicitó que se la eximiera de la obligación de enterar el segundo pago provisional con
fundamento en que se calcula que la cantidad pagada por concepto del primer pago provisional
superará el impuesto que corresponde a la utilidad que se estima obtener en todo el año, y tal
pretensión, a primera vista y sin prejuzgar sobre el fondo de la cuestión, ya que ello no
corresponde a la litis planteada, sí puede quedar comprendida entre las que el legislador autorizó
a deducir ante la autoridad fiscal, conforme al precepto a comento, ya que no puede estimarse
que la intención del legislador sea que el fisco recaude, por concepto de pagos anticipados, más de
lo que debe recaudar en el ejercicio fiscal, las autoridades debieron resolver primero sobre la
solicitud de que se les hizo, que por su redacción total no se refería a la pretensión absoluta de no
pagar anticipos, sino a la de que el cálculo de los tres anticipos legales no excediera el monto total
del impuesto anual, y luego en su caso, requerir, con apercibimiento de multa, el pago del anticipo
de que se trate.
Amparo directo 384/72. Fabricación de Máquinas, S.A. 6 de febrero de 1973. Unanimidad de
Séptima Época
Registro: 256021
Tesis Aislada
49 Sexta Parte
Tesis:
Página: 47
MULTAS. TRIBUNAL FISCAL. ADICION A SUS SENTENCIAS OMISAS.
Si la parte actora impugnó en un juicio fiscal la multa que le fue impuesta en proveído provisional
equivalente a dos tanto de un impuesto que se estimó omitido en cierta cantidad y que se
impugnó en diverso juicio fiscal; y si no obstante que fue acumulado aquel juicio de nulidad a éste,
la Sala Fiscal del conocimiento omitió resolver lo conducente con respecto a la mencionada multa,
cabe concluir que habiendo quedado firme la sentencia reclamada porque en el aspecto que
resuelve no fue recurrida por la autoridad ni por la actora, por lo mismo, también quedó firme la
declaración de que en la especie no hubo la supuesta omisión de aquel impuesto, y en tales
condiciones, la indebida multa de dos tantos de ese supuesto crédito fiscal omitido resulta ilegal
como consecuencia de haberse declarado ilegal el cobro del impuesto que le sirvió de base. Por
tanto, procede conceder el amparo para el efecto de que la Sala Fiscal responsable modifique su
sentencia, adicionándole la declaratoria especifica de nulidad de la multa impugnada.
Amparo en revisión 935/70. Carlos Magallanes Castillo. 24 de enero de 1973. Unanimidad de
votos. Ponente Abelardo Vázquez Cruz.
Séptima Época
Registro: 256087
Tesis Aislada
47 Sexta Parte
Tesis:
Página: 28
GAS, RECIPIENTES DE. MULTA INFUNDADA EN TANTO NO SALGAN DE LA PLANTA DE
ALMACENAMIENTO.
Si se reconoce expresamente en la sentencia reclamada que los recipientes, al presentarse los
inspectores, se encontraban en el perímetro de la planta y dentro de la misma se efectuó el
repeso, aun cuando se hubieren entregado a los choferes para su distribución, en tanto no salieran
físicamente de la planta de almacenamiento o bodega de distribución, no es aplicable el artículo
76 del Reglamento de la Distribución de Gas, sin que obste en contrario lo que argumente la
autoridad responsable, toda vez que las normas de derecho tributario que establecen cargas a los
particulares son de aplicación estricta, como lo dispone el artículo 11 del Código Fiscal de la
Federación y, en consecuencia, no surtiéndose los requisitos del artículo 76 del reglamento
invocado, carecen de legalidad las multas impuestas.
Amparo directo 571/72. Gas Ideal, S.A. 13 de noviembre de 1972. Unanimidad de votos. Ponente:
Jesús Ortega Calderón.
Séptima Época
Registro: 256204
Tesis Aislada
45 Sexta Parte
Tesis:
Página: 53
PETROLEO. GAS OIL. SU EXPORTACION DEBE PROBARSE.
La interpretación del artículo 13 de Reglamento para la Fiscalización de Petróleo y Derivados, en
su primera parte, lleva a entender que el mismo se refiere a exportación, importación o manejo
por medio de embarcaciones de petróleo crudo o sus derivados, o sea que resultaría aplicable si la
sanción que se impone se refiriera a la exportación de petróleo o bien por manejar tal producto,
más la multa que correcta o incorrectamente se impone porque a un pailebot se le da gas "para
uso de sus motores", no queda comprendida dentro de lo dispuesto por el precepto en consulta.
Amparo en revisión 874/71. Petróleos Mexicanos. 4 de septiembre de 1972. Unanimidad de votos.
Ponente: Abelardo Vázquez Cruz.
Séptima Época
Registro: 256214
Tesis Aislada
45 Sexta Parte
Tesis:
Página: 64
SUSPENSION, FIANZA PARA LA. MONTO. AGENTES ADUANALES.
Encontrándose señalada como acto reclamado la ley que reforma y adiciona las disposiciones
relativas a diversos impuestos, de 30 de diciembre de 1968, en cuanto reforma los artículos 701 y
706 del Código Aduanero y establece las normas del 3o. transitorio, lo que da lugar a que se pueda
exigir a los agentes aduanales créditos o multas que pueden derivarse de actos de los mandantes y
no de propios del agente, ya que de no otorgarse la fianza de doscientos cincuenta mil pesos se les
cancelará su patente aduanal y se le impedirá el ejercicio de la actividad como agente; si conforme
al artículo 701 del Código Aduanero anterior se estimaba suficiente para la garantía de los
intereses fiscales la suma de veinticinco mil pesos, que debería reconstituirse cuando su cuantía
disminuyera por cualquier causa, y si en cuanto al ejercicio de los agentes aduanales se consideró
por el legislador garantizado el interés de la Hacienda Pública, y la razón que se tuvo en cuenta
para conceder la suspensión de los actos reclamados fue porque se causaban daños de difícil
reparación a los quejosos con la exigencia de la autoridad, no hay razón alguna para que el Juez
del conocimiento, para determinar el importe de la fianza de la suspensión, haga una disminución
en el monto de la nueva garantía fijada por el precepto reformado, en relación con el de la que
exigía el texto anterior, y fije como garantía la diferencia, pues en tal supuesto desvirtúa las
razones consideradas para conceder la suspensión definitiva a los quejosos, en ese aspecto, pues
lo correcto debe ser la estimación de que, garantizado el interés fiscal como lo determinó la ley
anterior, debe fijarse una suma prudente que no rebase el límite de la cantidad fijada por el texto
anterior de la ley, ya que ésta consideraba garantizados los intereses fiscales con el monto de la
suma que fijaba el texto anterior del artículo 701 del Código Aduanero, y lo que se trataba de
garantizar al conceder a los quejosos la suspensión definitiva, son los daños y perjuicios que
pudieran causarse durante la tramitación del amparo, pues de lo contrario se mantendría el
monto íntegro señalado en el precepto reformado, ya que el monto exigido para que surta efectos
la suspensión sumado al de la fianza que tenían otorgada los agentes aduanales equivale al total
que exige la ley en vigor, cuya constitucionalidad se discute en el amparo.
Queja 23/70. Confederación de Asociaciones de Agentes Aduanales de la República Mexicana y
coagraviados. 11 de septiembre de 1972. Unanimidad de votos. Ponente: Jesús Ortega Calderón.
Séptima Época
Registro: 256397
Tesis Aislada
41 Sexta Parte
Tesis:
Página: 76
MULTAS, PRESCRIPCION DE, POR FALTA DE CONTESTACION OPORTUNA A SU IMPUGNACION.
ATRIBUCIONES AL EJECUTIVO FEDERAL EN MATERIA ECONOMICA.
Si un comerciante hizo valer su inconformidad con las diversas multas que le impuso la Dirección
General de Precios de la actual Secretaría de Industria y Comercio en diversas fechas de un año
muy anterior y así aparece de las resoluciones impugnadas, desde cuyas fechas la autoridad
estuvo en la obligación de resolver esas inconformidades en un plazo de 3 días después de
recibidos los documentos correspondientes, conforme lo dispone el artículo 28 del Reglamento de
los artículos 2o., 3o., 4o., 8, 11, 13, 14 y 16 a 20 de la Ley Sobre Atribuciones al Ejecutivo Federal
en Materia Económica, publicado en el Diario Oficial de la Federación de 10 de enero de 1951, por
lo que las instancias de la parte quejosa no pudieron dilatarse en su decisión un prolongado
número de años, al final de los cuales la Dirección General Jurídica de la expresada secretaría dictó
su resolución, en perjuicio de la infractora, pese a que se hubiere garantizado el interés fiscal, que
tuvo entre otros objetos, determinar la procedencia de la instancia, y en tal situación, cuando se
está en presencia de un silencio de las autoridades, no se ve que se supedite a su negligencia la
exigibilidad de las multas impuestas en detrimento de los particulares, pues en tal situación los
créditos fiscales, particularmente las multas como aprovechamientos en favor del fisco, resultarían
imprescriptibles o se dejarían a su arbitrio el que corriera o no la prescripción; de tal manera que
al dejar transcurrir la Dirección General de Precios o la Jurídica, en su caso, de la secretaría que se
menciona, un término de muchos años, no puede decirse que por tal negligencia no hubiere sido
posible exigir el pago de las multas impuestas, mas aún que fueron confirmadas, por lo que
indudablemente al haber transcurrido un término excesivo para la resolución de las
inconformidades sin hacerlo, se extinguió el derecho para efectivar las multas impuestas a la parte
quejosa.
Amparo directo DA-167/72. Los Pirules, S.A. 15 de mayo de 1972. Unanimidad de votos. Ponente:
Jesús Ortega Calderón.
Séptima Época
Registro: 256411
Tesis Aislada
40 Sexta Parte
Tesis:
Página: 21
BEBIDAS ALCOHOLICAS. MULTA IMPROCEDENTE POR FALTA DE REGISTRO.
Si el causante solicitó su registro en el Registro Fiscal Federal de Bebidas Alcohólicas, y tal petición
no le ha sido acordada, en un sentido o en otro, en un tiempo razonable, es claro que las
autoridades no pueden multar a dicho causante aplicándole el artículo 48, fracciones I y II, de la
Ley Federal del Impuesto de Envasamiento de Bebidas Alcohólicas, con base en que no cumplió
con la obligación de inscribirse, pues ello violaría en perjuicio del causante las garantías
consagradas en los artículos 4o., 8o., 14 y 16 constitucionales, ya que lo privarían de dedicarse a
una ocupación que en principio es lícita, sin resolver sus instancias al respecto. Y sin darle
oportunidad de ser oído en caso de resolución desfavorable a su solicitud, lo que viola el debido
proceso legal a que deben sujetarse las autoridades para afectar a los causantes de un impuesto.
O sea, que sólo cuando la solicitud de registro se niega oportunamente, o en todo caso después de
haberla negado, aunque ello no sea oportunamente, podrá legalmente aplicarse una multa a
quien opere o siga operando, sin el registro de que se trata. De lo contrario, por lo demás, se
estaría lesionando al causante por la conducta omisa de las autoridades, y no suya.
Amparo directo DA-497/71 María García Sánchez. 10 de abril de 1972. Unanimidad de votos.
Séptima Época
Registro: 256448
Tesis Aislada
39 Sexta Parte
Tesis:
Página: 32
CONEXIDAD. EXISTE ENTRE LOS AMPARO QUE TRATAN DE LA IMPUGNACION DE IMPUESTOS Y LAS
MULTAS CONSIGUIENTES.
Si la sentencia dictada en los juicios fiscales que declaró la validez de las resoluciones, entre otras,
la dictada por la Dirección General de Impuestos Interiores de la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público, por medio de la cual se decide que las operaciones realizadas por la quejosa están
gravadas por la Ley General del Timbre y por lo tanto le son aplicables, las cuotas
correspondientes, fue combatida mediante amparo directo y en el negocio que se tramita se
debate sustancialmente el proveído que dictó el procurador Fiscal de la Federación imponiendo a
la misma quejosa una multa por omisión del impuesto del timbre, es indudable la conexidad que
existe entre los amparos mediante los cuales se combaten sentencias que declaran por una parte
la validez de las resoluciones que determinaron el impuesto y por la otra las multas consecuentes,
y por ende que se está en el caso de conexidad, in genere, que contempla el artículo 65 de la Ley
de Amparo, y los juicios de amparo relativos deben ser vistos simultáneamente por un mismo
tribunal.
Amparo directo DA 47/71. Panteón Jardín, S. A. 7 de marzo de 1972. Unanimidad de votos.
Ponente: Jesús Ortega Calderón.
Séptima Época
Registro: 256496
Tesis Aislada
38 Sexta Parte
Tesis:
Página: 43
IMPORTACION. FIRMA AUTOGRAFA EN LAS FACTURAS.
Conforme a los artículos 200, fracción VIII, 202 y 206, fracción IV, del Código Aduanero, en el
original o principal que de la factura se exhiba deberá constar la firma autógrafa del vendedor, y
cuando la factura deba ser visada, el cónsul se abstendrá de visarla cuando carezca de dicha firma
autógrafa. Ante todo, es claro que por firma autógrafa debe entenderse la que proviene de la
mano misma del autor. Y, por lo demás, la obligación legal que al respecto se establece no puede
tener otra finalidad que el control fiscal de las operaciones de importación y exportación, en
cuanto a la autenticidad de la factura, a fin de determinar las obligaciones fiscales que derivan de
la operación correspondiente. Pero si la factura requiere visa consular, y si los cónsules no deben
visar facturas que carezcan de firma autógrafa, en principio y salvo prueba adecuada en contrario,
debe estimarse que si el cónsul visó la factura, como se desprende de la fotocopia exhibida por el
interesado, fue porque la factura de la que dicha fotocopia fue tomada, contenía autógrafa la
firma que en la propia fotocopia aparece, ya que en principio debe estimarse que las autoridades
se ajustan a la ley en su actuación (salvo como se dijo, que haya prueba adecuada en contrario). Y
en esas condiciones, no se ve que al exhibirse por el interesado la fotocopia visada, se haya
incurrido por él en una violación legal que amerite que se le aplique una multa por falta de factura,
sobre todo si las autoridades fiscales ni siquiera alegan que la fotocopia sea falsa, o que el cónsul
la haya visado sin que tuviese firma autógrafa el ejemplar fotocopiado, o que se haya lesionado al
fisco en alguna forma, pues ello llevaría a interpretar los preceptos a comento en forma rigorista,
más que en forma literal, y a aplicar sanciones a quienes han satisfecho la esencia de las
disposiciones fiscales y no han causado perjuicio alguno al fisco, olvidando el espíritu de los
preceptos que sólo tratan de proteger los intereses fiscales evitando que se presenten facturas
alteradas o inexactas, pero no de proporcionar una fuente de sanciones, con independencia de
toda conducta dolosa o ilegal de los interesados.
Amparo directo DA-319/70. Acer Mex., S. A. 8 de febrero de 1972. Unanimidad de votos. Ponente:
Séptima Época
Registro: 256516
Tesis Aislada
38 Sexta Parte
Tesis:
Página: 67
PRESCRIPCION. LA PROCURADURIA FISCAL ES COMPETENTE PARA DECLARARLA, CUANDO ELLA
FINCO EL CREDITO.
Si el artículo 168 del Código Fiscal vigente, en relación con los artículos 158 y 160, fracción I,
establece que es competente para declarar la prescripción de un crédito la misma autoridad que
lo fincó, puesto que se admite el recurso de revocación en estos casos, es claro que si la
Procuraduría Fiscal de la Federación fincó el crédito consistente en una multa, y ante ella misma se
solicitó la declaración de prescripción, debe entrar al estudio de fondo de la cuestión planteada,
en vez de obrar de manera formalista y declararse incompetente para declarar la prescripción.
Pues esto sólo podrá hacerlo cuando no sea ella misma la autoridad que finque el crédito. Pues,
por lo demás, los recursos establecidos en las leyes deben ser considerados como medios que el
legislador otorga a las partes afectadas para la mejor y más adecuada defensa de sus derechos, y
para la mejor administración de justicia en el orden administrativo, y no como trampas procesales
que entorpezcan o confundan la defensa de esos derechos.
Amparo directo DA-25/69. Romualdo A. de Segovia. 8 de febrero de 1972. Unanimidad de votos.
Séptima Época
Registro: 256544
Tesis Aislada
37 Sexta Parte
Tesis:
Página: 45
Genealogía:
Informe 1972, Tercera Parte, Tribunales Colegiados de Circuito, pág. 159.
MULTA IMPUESTA POR LA DIRECCION GENERAL DE PREVISION SOCIAL, DEPARTAMENTO DE
SEGUROS. SOBRESEIMIENTO DEL JUICIO DE NULIDAD.
Aunque una multa sea impuesta por la Dirección General de Previsión Social, por consignación que
del presunto infractor haga ante esa Dirección el Instituto Mexicano del Seguro Social, mediante el
oficio relativo, con fundamento en el artículo 140 de la Ley del Seguro Social, para los efectos de la
inconformidad correspondiente, el inconforme debe agotar los medios de defensa que establece
el Reglamento Interior de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, antes de ocurrir ante el
Tribunal Fiscal de la Federación, demandando la nulidad de la resolución que imponga la multa,
con apoyo en el artículo 190, fracción IV, del Código Fiscal de la Federación, en relación con los
artículos 128 y 131 del aludido reglamento. Consecuentemente, el presunto infractor debe ocurrir
ante el oficial mayor de la indicada secretaría, antes de promover el juicio de nulidad, y de hacerlo
así, debe sobreseerse el juicio de nulidad relativo.
TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEGUNDO CIRCUITO.
Amparo en revisión A-383/71. Hotel Caleta Acapulco, S. A. 7 de enero de 1972. Unanimidad de
votos. Ponente: Martín Antonio Ríos.
Nota: En el Informe de 1972, la tesis aparece bajo el rubro "SOBRESEIMIENTO DEL JUICIO DE
NULIDAD DE MULTA IMPUESTA POR LA DIRECCION GENERAL DE PREVISION SOCIAL,
DEPARTAMENTO DE SEGUROS.".
Séptima Época
Registro: 256620
Tesis Aislada
35 Sexta Parte
Tesis:
Página: 51
MULTAS Y RECARGOS, CUANDO SE CONCEDE PRORROGA.
No es cierto que los recargos constituyan sanciones, en sentido estricto. El artículo 5o. del Código
Fiscal de la Federación, al definir los aprovechamientos, hace distingo entre los recargos y las
multas. Por lo demás, una cosa es la indemnización debida por la falta de cumplimiento de una
obligación de pagar, y otra la sanción pecuniaria, que consiste en el pago de una cantidad no
debida como prestación o contraprestación, sino como sanción por la violación de una obligación
legal. El Código Civil aplicable en materia federal distingue entre los intereses moratorios, como
responsabilidad civil, y la pena por el incumplimiento, en sus artículos 1840 y 2117. Y el Código
Fiscal regula en forma especial la situación de los intereses moratorios o recargos, y de las multas
imponibles como pena, en sus artículos 20, 22, 42, 83, fracción VI, inciso a), y demás relativos.
Luego la resolución que establece que no se impondrán sanciones a un causante, no implica
necesariamente que no se le cobren recargos. Ahora bien, conforme a los artículos 20 y 22 del
Código Fiscal de la Federación, en tales condiciones, cuando se concede una prórroga, o se
autoriza hacer el pago en parcialidades, ello implica que ya no serán aplicables sanciones o multas,
por el incumplimiento de la obligación, puesto que se trata de una situación autorizada por el
fisco. Pero en tales casos, si procede, en principio, el pago de intereses moratorios, en la forma
señalada por el artículo 20, desde el momento en que el crédito se hizo exigible, a menos que al
otorgarse la prórroga se haya concedido la condonación de tales intereses, o de los intereses
vencidos, según sea el caso.
Amparo directo DA-483/70. Zahuapan, S.A., Hilados, Tejidos y Acabados. 8 de noviembre de 1971.
Séptima Época
Registro: 256631
Tesis Aislada
35 Sexta Parte
Tesis:
Página: 65
SEGURO SOCIAL, CUOTAS DEL. SUSPENSION.
Las cuotas del Seguro Social tienen carácter fiscal, y la suspensión que se pide contra su cobro se
rige por el artículo 135 de la Ley de Amparo, que preceptúa que cuando el amparo se pide contra
el cobro de impuestos, multas u otros pagos fiscales, podrá concederse discrecionalmente la
suspensión del acto reclamado. Ahora bien, si se estimase que siempre que el acto reclamado
tiende al cobro de cuotas obrero patronales, debiera negarse la suspensión, sin distingos de
ninguna especie, ello sería la supresión de la discrecionalidad de que habla el artículo 135 citado,
pues equivaldría a reformarlo y a declarar siempre improcedente la suspensión en tales casos,
mutilando las facultades que al respecto se otorgan al Juez de amparo. En consecuencia, para el
uso adecuado de las facultades discrecionales que la Ley de Amparo otorga al juzgador, en el caso
en que el acto reclamado tienda al cobro de cuotas del Seguro Social, debe decirse que, en
principio, la suspensión es procedente, previa garantía del interés fiscal, a menos que el Instituto
Mexicano del Seguro Social aporte al ánimo del Juez de amparo elementos de convicción
suficientes para que se estime que, ya por ir de por medio el tratamiento médico de un asegurado,
o el sustento de un incapacitado o de sus beneficiarios, o porque el monto del adeudo implique un
desequilibrio presupuestal grave para el instituto, el que no podría prescindir del cobro durante la
tramitación del juicio de amparo sin resentir muy graves perjuicios en su economía, o por razones
graves análogas, el interés público exige que se niegue la suspensión solicitada. Por lo demás, este
criterio no implica una contradicción abierta con la tesis de jurisprudencia visible con el número
240 en la página 290 de la Tercera Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación
publicado en 1965, ya que esta tesis no prevé sino en forma abstracta el caso en que la suspensión
produjera graves perjuicios al Instituto del Seguro Social, caso en el que la tesis sustentada por
este tribunal también considera improcedente la suspensión, independientemente de que la tesis
de jurisprudencia citada se puede referir a una cuestión que dejó ya de ser de la competencia del
más Alto Tribunal de la República.
Incidente en revisión RA-31/71. Cámara Nacional de la Industria Pesquera. 22 de noviembre de
1971. Unanimidad de votos. Ponente: Guillermo Guzmán Orozco.
Observaciones
Nota: En el Semanario Judicial de la Federación aparece la expresión "sin rescindir muy graves
perjuicios", la cual se corrige con el propósito de adecuar la redacción, como se observa en este
registro.
Séptima Época
Registro: 256643
Tesis Aislada
34 Sexta Parte
Tesis:
Página: 16
Genealogía:
AGRARIO. SUSPENSION. CUANDO PROCEDE, DEBERA OTORGARSE GARANTIA.
Si la suspensión definitiva que se conceda a la quejosa, puede parar perjuicio al tercero
perjudicado, dicha suspensión producirá efectos una vez que se satisfaga el requisito consistente
en la garantía que deberá otorgar ante el Juez de Distrito, a quien se le faculta para que fije el
monto de la misma. No obsta a este respecto, lo que dispone el último párrafo del artículo 135 de
la Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, porque de la lectura integral de dicho precepto se determina que esa
garantía no se exigirá cuando el amparo se pida contra el cobro de impuestos, multas u otros
pagos fiscales y no al caso de posibles daños y perjuicios a tercero, que se rige por lo dispuesto en
el diverso artículo 125 del mismo ordenamiento.
Incidente en revisión 2600/71. Angelina Torres viuda de Tejeda. 25 de octubre de 1971.
Unanimidad de votos. Ponente: Angel Suárez Torres.
Nota: En el Informe de 1971, la tesis aparece bajo el rubro "SUSPENSION EN MATERIA AGRARIA.
CUANDO PROCEDE, DEBERA OTORGARSE GARANTIA.".
Séptima Época
Registro: 256796
Tesis Aislada
31 Sexta Parte
Tesis:
Página: 27
COMPETENCIA DEL TRIBUNAL FISCAL. DISPOSICIONES DE OBSERVANCIA GENERAL. MULTAS.
Si un secretario del despacho o un jefe de departamento, mediante un acuerdo, delega en un
funcionario inferior la facultad de imponer multas administrativas, y si la persona que resultó
afectada por una multa así impuesta impugnó ante el Tribunal Fiscal de la Federación tanto el
acuerdo citado, como la resolución que le impuso la multa por vicios propios de esta resolución,
no resulta manifiesta la improcedencia del juicio de nulidad, pues si conforme al artículo 22 de la
ley orgánica de dicho tribunal se pudo impugnar ante él la resolución del funcionario inferior que
impuso la multa, es claro que también se podrá impugnar ante él el acuerdo del que fundó esa
resolución, y en cuya ilegalidad se hace consistir una causa de nulidad de dicha resolución. Por lo
demás, no puede decirse que el Tribunal Fiscal carezca de facultades legales para examinar la
validez de un acuerdo como el inicialmente descrito, pues si bien desde el punto de vista material
se trata de una disposición que participa de las características de generalidad y abstracción
correspondientes a las leyes, porque se aplica a un número indeterminado de casos y durante un
período indefinido de tiempo, en cambio no participa de la naturaleza formal de una ley, porque
no se trata de una disposición emanada del Poder Legislativo. Y cuando se estima que el Tribunal
Fiscal no puede examinar la constitucionalidad de las leyes, porque ello corresponde al Poder
Judicial Federal, en juicio de amparo, artículo 103, fracción I y 107, fracciones III, VII, IX y demás
relativas, de la Constitución Federal, ello tiene que referirse a las leyes en sentido estricto, o sea, a
las leyes emanadas del Poder Legislativo, y los reglamentos emanados del presidente de la
República, en términos del artículo 89, fracción I, de la Constitución Federal, pero no a los
acuerdos y circulares de naturaleza jerárquicamente inferior, y que deben sujetarse a las leyes y
reglamentos, y cuya legalidad sí puede ser examinada por el Tribunal Fiscal, aunque se trata de
resoluciones que puedan constituir disposiciones de observancia general. Y debe notarse, al
respecto, que los artículos 114, fracción I, 83, fracción V, y 84, fracción I, incisos a) y c), de la Ley de
Amparo, así como los demás preceptos relativos de la misma, se refieren exclusivamente a leyes y
reglamentos, pero no a circulares ni acuerdos generales.
DA-95/71. Laboratorios Drey de México, S. A. 6 de julio de 1971. Unanimidad de votos. Ponente:
Séptima Época
Registro: 257062
Tesis Aislada
23 Sexta Parte
Materia(s): Laboral
Tesis:
Página: 36
Genealogía:
MULTAS POR VIOLACIONES A DISPOSICIONES LABORALES. INCOMPETENCIA DE TRIBUNALES
COLEGIADOS ADMINISTRATIVOS.
Aunque las autoridades del trabajo son todas formalmente administrativas, y aunque no hay
Jueces de Distrito en materia laboral, sí procede diferenciar los asuntos administrativos en sentido
estricto, de los asuntos laborales. En el caso, la ley que se dice violada por la quejosa, al imponerle
las multas, es la Ley Federal del Trabajo, y tanto las inspecciones practicadas como dichas multas,
tienden a regular la situación de la quejosa en relación a sus trabajadores. Por otra parte, las
multas impuestas no se refieren a la observancia de disposiciones relativas a la vida misma del
Estado o de la administración, ni a los fines propios de ésta. Además, las autoridades que
intervinieron en la imposición de la multa son autoridades del trabajo de acuerdo con los artículos
334, fracciones I, II y IV, y demás relativos de la anterior Ley Federal del Trabajo y 523, fracciones I,
III, y VI de la nueva. En consecuencia, el presente negocio es de naturaleza laboral. Ahora bien, el
artículo 7o. bis, fracción I, inciso b), y fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la
Federación, no dice qué Tribunales Colegiados deben conocer del recurso de revisión en amparos
interpuestos contra sentencias laborales dictadas por tribunales administrativos, ni del amparo
directo que contra esas sentencias se promueva. La cuestión debería quedar resuelta por el
artículo 8o. bis del ordenamiento citado, que establece que la competencia, por razón de la
materia, de los Tribunales Colegiados de jurisdicción especial, se regirá en lo que sea aplicable, por
lo dispuesto en los artículos del 24 al 27 de la propia ley. Pero ni el artículo 25 ni el 27 prevén
explícitamente el caso de la competencia para conocer de amparos laborales directos o en
revisión, cuando en el juicio de amparo los actos reclamados se atribuyen a tribunales
administrativos. En consecuencia, acudiendo al espíritu general de la legislación de amparo, debe
concluirse que es un tribunal laboral, especializado en la materia, el que debe conocer de un
amparo en revisión laboral, como el presente. No obsta para llegar a la conclusión alcanzada el
hecho de que la sentencia laboral reclamada haya sido dictada por el Tribunal Fiscal de la
Federación, porque aunque se le conservó el nombre, dicho Tribunal actualmente conoce de
asuntos que de ninguna manera son fiscales, ni son todos administrativos en sentido estricto,
como aparece en las fracciones IV, V, VI, VII y VIII, del artículo 22 de su ley orgánica.
Amparo en revisión 1349/69. (5077/68). Jesús Salvador Valdez Cárdenas. 3 de noviembre de 1970.
Unanimidad de votos.
Nota:
Enviada sin mención del ponente al Semanario Judicial de la Federación.
En el Informe de 1970, la tesis aparece bajo el rubro "MULTAS POR VIOLACIONES A
DISPOSICIONES LABORALES. INCOMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES ADMINISTRATIVOS.".
Séptima Época
Registro: 255147
Tesis Aislada
13 Sexta Parte
Tesis:
Página: 31
REGISTRO FEDERAL DE AUTOMOVILES, JUSTIFICACION DE LA EXISTENCIA DE CREDITOS FISCALES
EN FAVOR DEL.
Resulta intrascendente lo alegado por el subdirector de Vigilancia del Registro Federal de
Automóviles, como fundamento para mandar recoger un vehículo, dizque carente de
documentación aduanal, la posible existencia de un crédito fiscal a cargo del quejoso, si ni de la
demanda de amparo, ni de los informes previos rendidos por las responsables, es posible deducir
que los actos reclamados tengan relación directa con el cobro de impuestos, multas, u otros pagos
fiscales.
TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEGUNDO CIRCUITO.
Amparo 729/69. Incidente Administrativo. Jesús Vargas Martínez. 30 de enero de 1970. Ponente:
Carlos Hidalgo Riestra.
Notas:
Enviada sin votación a la Dirección del Semanario Judicial de la Federación.
En el Informe de 1970, la tesis aparece bajo el rubro "CREDITOS FISCALES, JUSTIFICACION DE LA
EXISTENCIA DE LOS. POR EL REGISTRO FEDERAL DE AUTOMOVILES.".
Séptima Época
Registro: 257410
Tesis Aislada
4 Sexta Parte
Tesis:
Página: 61
NORMAS Y PESAS Y MEDIDAS, MULTAS IMPUESTAS POR VIOLACIONES A LA LEY GENERAL DE.
PROCEDIMIENTO A SEGUIR, ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE GARANTIAS.
Independientemente de que la multa impuesta al quejoso por las autoridades responsables, sea o
no un crédito fiscal, lo cierto es que atento lo dispuesto por los artículos 44 de la Ley General de
Normas y de Pesas y Medidas y 22 de la Ley Orgánica del Tribunal Fiscal de la Federación, el
quejoso no sólo debió agotar, antes de acudir al juicio de garantías en el que reclama la imposición
de la multa, el juicio de nulidad a que se refiere el citado artículo 22 de la Ley Orgánica del Tribunal
Fiscal de la Federación, sino también y antes de dicho juicio, el recurso establecido en el artículo
44 de la Ley General de Normas y de Pesas y Medidas, ya que la interposición del recurso
administrativo y juicio de nulidad señalados, suspenden, respectivamente, los efectos de la
resolución que imponga sanciones por violaciones de la Ley General de Normas y de Pesas y
Medidas.
Amparo en revisión 250/68. La Super Lonja Mercantil, S.A. 18 de abril de 1969. Mayoría de votos.
Ponente: Juan Gómez Díaz. Disidente: Jesús Toral Moreno.
Véase Semanario Judicial de la Federación: Sexta Epoca, Volumen CXXXIV, Tercera Parte, página
57.
Sexta Época
Registro: 264988
Tesis Aislada
Tercera Parte, CXXXIV
Tesis:
Página: 57
MULTAS IMPUESTAS POR VIOLACIONES A LA LEY GENERAL DE NORMAS Y DE PESAS Y MEDIDAS.
PROCEDIMIENTO A SEGUIR ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE GARANTIAS.
Independientemente de que la multa impuesta al quejoso por las autoridades responsables, sea o
no un crédito fiscal, lo cierto es que atento lo dispuesto por los artículos 44 de la Ley General de
Normas y de Pesas y Medidas y 22 de la Ley Orgánica del Tribunal Fiscal de la Federación, el
quejoso no sólo debió agotar antes de acudir al juicio de garantías en que reclama la imposición de
la multa, el juicio de nulidad a que se refiere el citado artículo 22 de la Ley Orgánica del Tribunal
Fiscal de la Federación, sino también y antes de dicho juicio, el recurso establecido en el artículo
44 de la Ley General de Normas y de Pesas y Medidas, ya que la interposición del recurso
administrativo y juicio de nulidad señalados, suspenden, respectivamente, los efectos de la
resolución que imponga sanciones por violaciones a la Ley General de Normas y de Pesas y
Medidas.
Amparo en revisión 3270/68. Edilberto E. Montemayor. 9 de agosto de 1968. Unanimidad de
cuatro votos. Ponente: Jorge Iñárritu.
Sexta Época
Registro: 265035
Tesis Aislada
Tercera Parte, CXXXIII
Tesis:
Página: 84
MULTA ADMINISTRATIVA. ANTES DEL AMPARO. DEBEN AGOTARSE EL RECURSO ADMINISTRATIVO
Y EL JUICIO DE NULIDAD FISCAL.
Tratándose de multas impuestas por autoridades federales, el amparo es improcedente si en
contra de aquéllas no se hizo valer en su oportunidad el recurso administrativo que señale la ley
del acto, y en contra de lo resuelto en dicho recurso, el juicio de nulidad ante el Tribunal Fiscal de
la Federación, conforme a la competencia que para conocer de aquél le da su propia ley orgánica;
ya que el acto último y definitivo contra el cual procede la acción constitucional, no puede ser otro
que el fallo que al respecto pronuncie el Tribunal Fiscal.
Amparo en revisión 1424/68. Planta Pasteurizadora Durango, S. A. de C. V. 10 de julio de 1968.
Cinco votos. Ponente: Alberto Orozco Romero.
Véase: Semanario Judicial de la Federación, Sexta Epoca, Volumen CXX, Tercera Parte, página 156,
tesis de rubro "MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES DEL TRABAJO. ES NECESARIO AGOTAR EL
JUICIO ANULATORIO ANTE EL TRIBUNAL FISCAL. AMPARO IMPROCEDENTE.".
Observaciones
Nota: En el Semanario Judicial de la Federación aparece la expresión "Véase: Jurisprudencia
definida, Volumen CXX, Tercera Parte, página 156", la cual se corrige como se observa en este
registro.
Sexta Época
Registro: 265150
Tesis Aislada
Tercera Parte, CXXIX
Tesis:
Página: 21
FIANZA REFERIDA A MULTA. CUANDO POR SU MONTO SE DEBE REVISAR EL PROVEIDO
PROVISIONAL PARA SU MODIFICACION O CONFIRMACION, NO VARIA EL OBJETO DE LA GARANTIA.
Si se desprende del texto de la póliza de fianza, que se garantizó la multa "impuesta", el hecho de
que en atención al monto de la mencionada multa se deba revisar el proveído provisional, para los
efectos de su modificación o confirmación, no es razón para estimar que varía el objeto de la
garantía, pues en cualquier forma sólo puede referirse a la multa en cuestión, sin que exista razón
para estimar que el contrato se celebró para garantizar una parte de la obligación, o sea lo
referente a la multa contenida en el proveído provisional, pues en este supuesto carecería de
objeto la garantía por no existir posibilidad de ejecutar tal proveído, precisamente por tener el
carácter de provisional, y, en esas condiciones, resultaría ilusorio el aseguramiento del interés
fiscal por la mala fe de la empresa afianzadora.
Amparo en revisión 2871/65. Afianzadora Insurgentes, S. A. 11 de marzo de 1968. Cinco votos.
Ponente: Felipe Tena Ramírez.
Sexta Epoca, Tercera Parte:
Volumen CXVII, página 69. Amparo en revisión 2050/65. Afianzadora Insurgentes, S. A. 3 de marzo
de 1967. Cinco votos. Ponente: Pedro Guerrero Martínez.
Sexta Época
Registro: 265158
Tesis Aislada
Tercera Parte, CXXIX
Tesis:
Página: 29
MULTA. DEMOSTRADO QUE NO EXISTE OMISION DE UN IMPUESTO, SINO PAGO EN EXCESO,
PROCEDE LA NULIDAD.
Si la autoridad fiscal para imponer una sanción, consistente en multa, funda en que ha habido
omisión en el pago de un impuesto, y con posterioridad, en la secuela del procedimiento
contencioso administrativo, se demuestra con prueba idónea, como lo es la pericial contable, que
no solamente no existe omisión, sino que el causante ha pagado en exceso el impuesto, la
consecuencia no puede ser otra que la de declarar inaplicables los preceptos en que se fundó la
autoridad y, por tanto, la nulidad de la multa combatida.
Revisión fiscal 469/59. Johns Manville de México, S. A. 1 de marzo de 1968. Cinco votos. Ponente:
Octavio Mendoza González.
Sexta Época
Registro: 805985
Instancia: Pleno
Jurisprudencia
Primera Parte, CXX
Tesis:
Página: 61
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES PARA FINES ESPECIFICOS. EL ARTICULO 125, FRACCION XII, DE
LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, REFORMADO POR DECRETO DE 30 DE DICIEMBRE DE
1955, NO INFRINGE EL ARTICULO 4o. CONSTITUCIONAL.
No es verdad que el pago de un impuesto restrinja la libertad de contratación o limite las
finalidades a que pueda destinarse un inmueble dado en arrendamiento. Aunque en orden
secundario los impuestos pueden tener fines extrafiscales, en el caso no existe ningún elemento
de convicción que permita afirmar que el propósito del impuesto de que se trata, ni principal ni
secundariamente, sea limitar o reducir los arrendamientos para fines específicos, puesto que en
ninguna forma se limita y ni siquiera se regula la libertad de su convención. Puede advertirse que
tan solo se grava una fuente de incremento patrimonial, como es la percepción de las rentas o
ganancias producidas por la inversión de capitales en inmuebles destinados a los fines previstos en
el multicitado artículo 125 fracción XII. Tampoco se infringe dicho precepto constitucional porque
la facultad de decretar los impuestos no esté sujeta a previa resolución judicial. En efecto, la
obligación a cargo de todos, de contribuir a los gastos públicos en los términos que dispongan las
leyes, establecida por el artículo 31, fracción IV, constitucional, deriva directamente de la
prerrogativa de soberanía, que es calidad inseparable de la esencia y naturaleza de la nación
organizada en Estado; por lo cual se trata de potestad que ejerce unilateralmente, según lo
preconiza el artículo 2o. del Código Fiscal, y por ello sería absurdo pretender que esa obligación
estuviera sujeta a resolución judicial respecto de alguno de los causantes, puesto que estos,
dentro de nuestro sistema democrático, y a través de la representación popular, ya tuvieron
oportunidad de discutir las cargas fiscales, además de que tienen la de discutir su
constitucionalidad y la de impugnar los vicios de aplicación, a través del juicio de amparo. Por todo
ello carece de apoyo legal o jurídico la pretensión de que las cargas fiscales sólo se hagan efectivas
a través de resolución judicial, pues se trata de observancia de leyes, cuya ejecución directa se
encomienda al Ejecutivo de la Unión por el artículo 89, fracción I, constitucional. Por estas mismas
razones, tampoco puede admitirse que el gravamen sea inconstitucional por tener efectos
confiscatorios, ya que, hasta en el evento de que se produjeran, lo libera de tal calificativo el
segundo párrafo del artículo 22 constitucional, que expresamente dispone que tampoco
constituye confiscación de bienes la aplicación total o parcial de los pertenecientes a una persona,
hecha por la autoridad administrativa para el pago de impuestos y multas.
Volumen XCII, Primera Parte, página. 17. Amparo en revisión 5384/56. Inmobiliaria Geme, S. A. y
coagraviados. (Acumulados). 9 de febrero de 1965. Unanimidad de diecinueve votos. Ponente:
José Rivera Pérez Campos.
Volumen CVI, Primera Parte, página 58. Amparo en revisión 1431/59. José Lamas García. 26 de
abril de 1966. Unanimidad de diecinueve votos. Ponente: José Castro Estrada.
Volumen CVIII, Primera Parte, página 13. Amparo en revisión 6114/61. Isaac Bessudo Pérez. 7 de
junio de 1966. Unanimidad de quince votos. Ponente: José Castro Estrada.
Volumen CVIII, Primera Parte, página 13. Amparo en revisión 6774/60. María Luisa García y
coagraviados. 28 de junio de 1966. Unanimidad de dieciocho votos. Ponente: Jorge Inárritu.
Volumen CIX, Primera Parte, página 11. Amparo en revisión 6434/60. Victoria Garcerán de Portilla.
12 de julio de 1966. Unanimidad de dieciocho votos. Ponente: José Castro Estrada.
Sexta Época
Registro: 265353
Tesis Aislada
Tercera Parte, CXX
Tesis:
Página: 15
ASISTENCIA PRIVADA, MULTAS A LAS INSTITUCIONES DE.
Si bien es cierto que el artículo 7o. de la Ley de Instituciones de Asistencia Privada, establece la
exención del pago de impuestos a las instituciones de asistencia privada, también es verdad que
las multas impuestas por concepto de haber hecho uso de un pozo sin la licencia respectiva, no
pueden ser declaradas nulas con fundamento en el precepto citado, pues el concepto de
impuestos difiere del de multas, las cuales castigan autónomamente las acciones u omisiones de la
conducta personal, que desacate disposiciones legales o reglamentarias; y si estas disposiciones
son distintas de la leyes fiscales de cuya observancia están exentas las instituciones de que se
trata, es claro que no pueden ser afectadas por la exención, y no pueden fundamentar la nulidad
de las multas.
Amparo en revisión 5523/65. Asociación Francesa, Suiza y Belga de Beneficencia y Previsión. 15 de
junio de 1967. Cinco votos. Ponente: Pedro Guerrero Martínez.
Sexta Época
Registro: 265407
Tesis Aislada
Tercera Parte, CXVIII
Tesis:
Página: 47
INGRESOS MERCANTILES, IMPUESTO SOBRE. LA REVISION FISCAL, INTERPUESTA POR LA
PROCURADURIA FISCAL DEL DISTRITO FEDERAL, EN NEGOCIOS ENCOMENDADOS A LA TESORERIA
DEL PROPIO DISTRITO, NO REQUIERE, PARA SU PROCEDENCIA, EL ACUERDO EXPRESO DEL
SECRETARIO DE HACIENDA.
Es verdad que las funciones fiscales, que, conforme con la Ley de Hacienda del Departamento del
Distrito Federal, se atribuyen al propio Departamento, quedaron conferidas a la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público por decreto del 31 de diciembre de 1946. Sin embargo, esta
circunstancia no es suficiente para pretender, que el artículo 203 del Código Fiscal de la
Federación, conforme al cual la revisión fiscal "cuando la intente la Procuraduría Fiscal de la
Federación, requerirá para cada caso concreto, acuerdo expreso del secretario de Hacienda y
Crédito Público o de quien legalmente lo sustituya", se aplique al supuesto en que la revisión fiscal
haya sido intentada por el Procurador Fiscal del Distrito Federal. En primer término, el texto
mismo de la ley establece el requisito de la autorización por el secretario de Hacienda, pero no en
todos los casos, sino exclusivamente cuando el recurso sea interpuesto por el Procurador Fiscal de
la Federación. Es inexacto que haya una razón de analogía, pues mientras la Procuraduría Fiscal de
la Federación es, en verdad, un órgano dependiente de la propia Secretaría de Hacienda, por lo
cual está en todas las situaciones estrictamente subordinada al titular de la misma secretaría, en
cambio, la Tesorería del Distrito Federal, aunque en algunos aspectos subordinada a dicha
secretaría, goza de cierta autonomía, en los términos del acuerdo del 1o. de enero de 1965 (Diario
Oficial de 23 de abril del citado año), por el que se delegó en la tesorería que se menciona,
durante el referido año de 1965, la administración del impuesto sobre ingresos mercantiles que se
causará dentro de los límites geográficos del Distrito Federal. Por otra parte, en el mismo acuerdo
de delegación emitido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el 1o. de enero de 1965, se
dice que la tesorería "tiene a su cargo todas las facultades relacionadas con la administración del
impuesto, salvo las que esta secretaría se reserva en la parte final del presente acuerdo". Resulta
indiscutible que es una facultad relacionada con la administración del impuesto la de interponer el
recurso de revisión fiscal contra una sentencia del tribunal de la materia en que se declaró la
nulidad de una resolución de la propia tesorería, por virtud de la cual ésta estableció un crédito y
decretó multas, todo ello dentro de la materia referente al impuesto sobre ingresos mercantiles.
Reclamación en la revisión fiscal 115/67. Industrial Química Pennsalt, S. A. de C. V. 24 de abril de
1967. Cinco votos. Ponente: Jorge Iñárritu.
Observaciones
Nota: En el Semanario Judicial de la Federación, aparece la expresión "INGRESOS MERCANTILES
IMPUESTO SOBRE. REVISION FISCAL. INTERPUESTA ...", la cual se corrige con el propósito de
adecuar la redacción del rubro, como se observa en este registro.
Sexta Época
Registro: 265501
Tesis Aislada
Tercera Parte, CXV
Tesis:
Página: 60
MULTAS FISCALES. RESPONSABILIDAD OBJETIVA EN MATERIA FISCAL.
Los adquirentes de una negociación tienen responsabilidad objetiva para con el fisco federal
solamente por las prestaciones fiscales que hayan quedado insolutas, y si por insoluta ha de
entenderse la prestación que, determinada conforme a derecho, no ha sido pagada, es indiscutible
que cuando unas multas, precisamente por no haber estado determinadas antes del traspaso,
puesto que fueron impuestas con posterioridad a este último, no tengan el carácter de insolutas,
por lo mismo, el nuevo adquirente no tiene respecto de las mismas, responsabilidad objetiva
alguna.
Revisión fiscal 453/64. Banco Nacional de Crédito Agrícola, S. A. 16 de enero de 1967. Unanimidad
de cuatro votos. Ponente: Ezequiel Burguete Farrera.
Sexta Época
Registro: 265536
Tesis Aislada
Tercera Parte, CXIII
Tesis:
Página: 22
MULTA, CONSENTIMIENTO DE UNA, A TRAVES DEL CONSENTIMIENTO DEL CREDITO FISCAL.
Cuando con toda espontaneidad, al presentarse la autoridad a notificar una multa, el interesado
haya manifestado con toda llaneza que reconocía el crédito fiscal y ponía a disposición del fisco
para su pago el bien embargado, el consentimiento del citado crédito por multa, no es otra cosa
que el consentimiento de la multa misma, independientemente de que su fincamiento sea
originario o en confirmación, y es evidente que reconocer un crédito sin hacer salvedad alguna, es
estar de acuerdo en su monto y en su legalidad.
Amparo en revisión 9582/65. Carta Blanca de San Luis S. A. 16 de noviembre de 1966. Cinco votos.
Ponente: José Rivera Pérez Campos.
Sexta Época
Registro: 265628
Tesis Aislada
Tercera Parte, CVIII
Tesis:
Página: 57
MULTAS, CONDONACION DE, POR DESPERFECTOS EN LOS MEDIDORES DE AGUA. CORRECTA
IMPUGNACION DE LA RESOLUCION QUE LA NIEGA.
No puede admitirse que la Sala Fiscal haya emitido dos sentencias contradictorias, si lo que hizo
fue, por una parte, sobreseer en el juicio fiscal por extemporaneidad de la demanda en cuanto a la
impugnación de la multa impuesta a la actora por el Departamento de Control de Emisiones y, por
otra, declarar la nulidad de la resolución del Departamento de Revisión de Multas Fiscales que
negó la condonación de esa multa, acto este para el que si estuvo en tiempo la demanda; esto es,
se trata de dos actos distintos, emitidos por diferentes autoridades, el de la segunda en revisión
del acto de la primera, siendo aquél el que en realidad estuvo obligado a impugnar la reclamante,
por lo que cabe concluir que no puede haber contradicción entre el sobreseimiento decretado por
lo que hace a la impugnación de la multa de que se trata y la declaración de nulidad de la
resolución que negó su condonación, no siendo, por ello, imposible de cumplimentar la sentencia
recurrida que así lo estableció.
Revisión fiscal 691/65. Delfina Laboreiro Antón. 22 de junio de 1966. Unanimidad de cuatro votos.
Ponente: Pedro Guerrero Martínez.
Sexta Época
Registro: 265629
Tesis Aislada
Tercera Parte, CVIII
Tesis:
Página: 62
MULTAS FISCALES. SON IMPROCEDENTES POR OMISIONES QUE SE DESCUBRAN CUANDO EL
CAUSANTE SOLICITA ESPONTANEAMENTE UNA REVISION PARA PRECISAR SU SITUACION REAL.
Si una negociación solicita espontáneamente de la Dirección de Ingresos Mercantiles, que se le
practique una visita para precisar su situación real con respecto del pago de los impuestos
respectivos, y de ella resultan omisiones de pago, se deben cobrar únicamente recargos al 2%
mensual, sin que puedan exceder del 48% del impuesto omitido, según lo establece el artículo 207
del Código Fiscal de la Federación, y no el equivalente a tres tantos de dicho impuesto.
Revisión fiscal 158/60. Fulton, S. A. 27 de junio de 1966. Cinco votos. Ponente: José Rivera Pérez
Campos.
Sexta Época
Registro: 265714
Tesis Aislada
Tercera Parte, CIV
Tesis:
Página: 21
IMPUESTO SOBRE INGRESOS MERCANTILES. CUANDO LA AUTORIDAD PUEDE DETERMINAR LOS
INGRESOS PROBABLES DE UNA NEGOCIACION CON LA CONTABILIDAD Y DOCUMENTACION DEL
CAUSANTE, SON NULAS LAS MULTAS QUE SE IMPONGAN CON BASE EN EL ARTICULO 68 DE LA LEY.
Como en el artículo 68 de la Ley del Impuesto sobre Ingresos Mercantiles, vigente el quince de
febrero de mil novecientos cincuenta y ocho, se disponía que para promediar los ingresos
gravables realmente percibidos, cuando se careciese de los elementos necesarios para ello, se
calcularían promediando los ingresos declarados durante los seis meses anteriores al último pago,
si la autoridad fiscal tuvo a su disposición todos los elementos contables necesarios para
comprobar la situación fiscal del causante, como son los libros de contabilidad y documentación
comprobatoria, y si la autoridad estimó que había atraso en los libros de contabilidad, la
comprobación de los ingresos era posible a través de la documentación comprobatoria, de la cual
se toman los datos que se asientan en los libros de contabilidad, pudiendo precisar por tanto, los
ingresos gravables con esos elementos que le fueron puestos a la vista, resultando por ello nulas
las multas impuestas con base en el citado artículo 68.
Revisión fiscal 277/58. Impulsora Turística, S. A. 2 de febrero de 1966. Cinco votos. Ponente: Pedro
Guerrero Martínez.
Sexta Época
Registro: 265715
Tesis Aislada
Tercera Parte, CIV
Tesis:
Página: 22
INGRESOS MERCANTILES, IMPUESTO SOBRE. MULTAS POR OMISION DE PAGO.
Esta Sala, interpretando los artículos 68 (antes de su reforma) y 38 de la Ley Federal del Impuesto
sobre Ingresos Mercantiles, ha sostenido el criterio de que la sanción que prevé el primero de
dichos preceptos debe ser única y abarcar todo el período de que se trate, y no una multa por
cada mes, dado que el artículo 38 sólo previene, sin hablar de sanción alguna, que el pago del
tributo se hará cada mes, en tanto que el 68 claramente expresa que si el impuesto omitido no
puede precisarse, "en su lugar se impondrá una multa con fundamento en el Código Fiscal de la
Federación de $1.00 a $10,000.00". Además, debe tomarse en consideración, para apoyar este
criterio, que los preceptos que imponen cargas a los particulares son de aplicación restrictiva,
según lo dispone el artículo 11 del código fiscal.
Revisión fiscal 345/58. Clara Regalado Rubfiar. 10 de febrero de 1966. Cinco votos. Ponente: Jorge
Iñárritu.
Sexta Epoca, Tercera Parte:
Volumen LXIX, página 21. Revisión fiscal 261/62. Pinturas y Herramientas, S. A. 27 de marzo de
1963. Cinco votos. Ponente: Rafael Matos Escobedo.
Volumen LX, página 188. Revisión fiscal 45/61. "Hielo Super Puro", S. A. 4 de agosto de 1961.
Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Franco Carreño.
Volumen XLIII, página 71. Revisión fiscal 9/60. Almacenes Mahakian, S. de R. L. 12 de enero de
1961. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Octavio Mendoza González.
Volumen XXXVII, página 111. Revisión fiscal 140/59. Ernesto Arnaud Ricaud. 28 de julio de 1960.
Cinco votos. Ponente: Franco Carreño.
Volumen XXVII, página 76. Revisión fiscal 168/57. Compañía Explotadora de San Manuel y Anexas,
S. A. 21 de septiembre de 1959. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: José Rivera Pérez Campos.
Volumen XXVII, página 76. Amparo en revisión 91/58. Compañía Explotadora de San Manuel y
Anexas, S. A. 21 de septiembre de 1959. Unanimidad de cuatro votos. La publicación no menciona
el nombre del ponente.
Nota: En los Volúmenes XXVII, XXXVII y XLIII, páginas 76, 111 y 71 respectivamente, la tesis
aparece bajo el rubro "MULTAS EN MATERIA FISCAL.".
Observaciones
Nota: En el Semanario Judicial de la Federación, la referencia de la página 187 de la revisión fiscal
45/61 es incorrecta por lo que se corrige, como se observa en este registro.
Sexta Época
Registro: 265878
Tesis Aislada
Tercera Parte, XCVII
Tesis:
Página: 60
NOTARIOS, RESPONSABILIDAD FISCAL POR ACTOS AUTORIZADOS POR LOS. INTERES JURIDICO.
De acuerdo con lo dispuesto por los artículos 28 del Código Fiscal de la Federación y 444, 450, 453,
460, y 461 de la Ley de Hacienda del Distrito Federal, se derivan las siguientes premisas: a). que los
notarios públicos quedan obligados, en forma solidaria, al pago de los créditos fiscales, cuando
autoricen algún acto jurídico sin comprobar que se han cubierto los impuestos o derechos
respectivos; b). que la falta de pago oportuno de los impuestos sobre traslación de dominio de
bienes inmuebles que consten en escritura publica, da lugar a multas tanto a los causantes como a
los notarios que autoricen definitivamente la escritura; c). que los notarios son subsidiariamente
responsables de las multas a que se hagan acreedores los causantes, en su caso, y
consecuentemente sujetos a un posible procedimiento de ejecución fiscal. Por tanto, tratándose
de una resolución que se dirige a un notario y que le ordena que debe cubrirse impuesto sobre la
cantidad de la operación de compraventa que consta en la escritura notarial pasada ante la fe del
mismo y dicho impuesto tiene como base la diferencia que, a juicio de la autoridad, resultó entre
lo pagado y el valor catastral promedio del avalúo bancario, es clara la existencia de interés
jurídico en el notario, pues el acto impugnado demuestra, por sí mismo, la posible actualización de
las premisas antes apuntadas con el consiguiente perjuicio que, en su caso, le acarrearía; ya que si
dicho acto exige el pago de un impuesto parcialmente omitido, quiere decir que en concepto de la
autoridad no se han cubierto los impuestos correspondientes al acto jurídico que autorizó el
notario, sin que sean óbice los argumentos en el sentido de que el hecho base del giro impugnado
en responsabilidad de la institución bancaria que practicó el avalúo que el vendedor y el
comprador del inmueble, verdaderos causantes y responsables del impuesto, han consentido el
giro combatido al no haber interpuesto ningún recurso, pues aun cuando estas estimaciones
fueren correctas, ello no restaría eficacia a las disposiciones legales que permiten fincar la
responsabilidad del pago en el mencionado notario.
Revisión fiscal 692/64. Mario Monroy Estrada. 21 de julio de 1965. Cinco votos. Ponente: Felipe
Tena Ramírez.
Sexta Época
Registro: 265912
Tesis Aislada
Tercera Parte, XCVI
Tesis:
Página: 81
MULTAS, CARACTER DE LAS. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL FISCAL.
Aunque la multa impuesta a la quejosa, originada por una violación a la Ley de Vías Generales de
Comunicación, no tenga, por su propia naturaleza, carácter de sanción fiscal, si aquélla no reclamó
la nulidad de la pena pecuniaria, sino la de la resolución que la Tesorería de la Federación dictó a
la instancia que formuló para que declarase nulos la notificación de esa sanción y el requerimiento
de pago, que le hizo en vía de ejecución fiscal, en tales condiciones debe estimarse que aun
cuando la multa, en sí, no sea de índole fiscal, su cobro y los actos realizados para obtenerlo sí son
de esa naturaleza, por lo cual la impugnación de ilegalidad de la resolución que los declaró válidos,
hacía surtir legalmente la competencia del Tribunal Fiscal de la Federación.
Amparo en revisión 64/65. Ferrocarriles Nacionales de México. 4 de junio de 1965. Unanimidad de
cuatro votos. Ponente: José Luis Gutiérrez Gutiérrez.
Sexta Época
Registro: 266146
Tesis Aislada
Tercera Parte, LXXXVII
Tesis:
Página: 26
IMPUESTOS, INAPLICABILIDAD DE SANCIONES, CUANDO NO SE ES CAUSANTE DE.
Demostrado que una empresa no está afecta al pago de cierto impuesto es claro que no pudo
haber incurrido en la omisión del mismo y como consecuencia, tampoco pudo ser acreedora a la
multa fiscal de ese impuesto que se estimó omitido.
Revisión fiscal 126/60. Lechería Nacional, S. A. 24 de septiembre de 1964. Cinco votos. Ponente:
Pedro Guerrero Martínez.
Sexta Época
Registro: 266242
Tesis Aislada
Tercera Parte, LXXXV
Tesis:
Página: 30
MULTAS MENORES DE CIEN PESOS, SOLIDARIDAD RESPECTO A. RECURSO DE RECONSIDERACION.
Aun cuando una sociedad causante haya celebrado con la Secretaria de Hacienda un convenio de
regularización en el que se le impuso una sanción por todas las irregularidades encontradas por la
Dirección de Auditoría Fiscal y se dispuso expresamente que dicha causante quedaría relevada de
pago de sanciones y recargos, si se le exige responsabilidad solidaria por varias multas cada una
inferior a cien pesos y ante el Tribunal Fiscal en juicio de nulidad impugna el acuerdo aduciendo
que ya no es deudora por ningún concepto para con el Fisco Federal por virtud del convenio de
regularización que había celebrado, su argumentación carece de eficacia, pues estaba obligada a
satisfacer la exigencia legal de la reconsideración administrativa que, para sanciones o multas
menores de cien pesos, establece el artículo 227, párrafo primero, del Código Fiscal de la
Federación ya que en su carácter de solidariamente obligada conforme a lo prevenido por el
artículo 28 fracción IV, del propio ordenamiento legal, tenía la posibilidad legal de hacer valer en
tal recurso las excepciones y defensas que estimare procedentes, atento a que el deudor solidario,
de acuerdo con lo prevenido por el artículo 1995 del Código Civil para el Distrito y Territorios
Federales, de aplicación federal, puede utilizar contra las reclamaciones de su acreedor las
excepciones que se derivan de la naturaleza de la obligación y las que le sean personales. Por lo
que el acto impugnado no tenia el carácter de definitivo.
Amparo en revisión 1509/64. Productos DDT, S. A. 13 de julio de 1964. Cinco votos. Ponente: José
Rivera Pérez Campos.
Sexta Época
Registro: 266291
Tesis Aislada
Tercera Parte, LXXXIV
Tesis:
Página: 39
IMPUESTOS, IMPEDIMENTO LEGAL DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE PARA EL COBRO DE LOS.
Concedida por el Juez de Distrito la suspensión contra el cobro de impuestos, multas u otros pagos
fiscales conforme a lo prevenido por el artículo 135 de la Ley de Amparo, la autoridad responsable,
está legalmente impedida para hacer el cobro de los impuestos que la sociedad quejosa haya
impugnado en el juicio de amparo en donde el importe de los mismos quedó garantizado, por
mandato de la autoridad judicial, ante una institución de crédito a favor de la propia autoridad
exactora que, por lo mismo, puede disponer de aquellos tan pronto como cause ejecutoria la
resolución que en definitiva le niega la protección constitucional a la quejosa; y si dicha autoridad
exactora está impedida legalmente para hacer el cobro de los mismos en tanto que surta efectos
la suspensión decretada al efecto, es evidente que no hay incumplimiento, por parte del
agraviado, de su obligación de enterarlos ante la autoridad fiscal que, por lo mismo, no puede
sancionarlo con multas por el pago extemporáneo de tales impuestos al serle negada en definitiva
la protección constitucional en el juicio de amparo en que los impugnó.
Amparo en revisión 3152/57. Maquiladora de Ropa, S. A. 15 de junio de 1964. Cinco votos.
Ponente: José Rivera Pérez Campos.
Sexta Época
Registro: 266345
Tesis Aislada
Tercera Parte, LXXXII
Tesis:
Página: 23
IMPUESTO DEL TIMBRE, IMPUGNACION DE MULTAS POR CONTRATOS QUE NO CAUSAN EL.
COMPETENCIA DEL TRIBUNAL FISCAL DE LA FEDERACION.
Si prescindiendo del monto de las multas reclamadas, los interesados solicitan su invalidez como
consecuencia inmediata de la nulidad de los proveídos que fincan a su cargo el crédito por
impuesto del timbre, invocando como única causa de sus acciones que los contratos que
celebraron no son objeto de ese gravamen, es indudable que el Tribunal Fiscal de la Federación es
competente, conforme al artículo 160 fracción I, del Código Fiscal, y que al decidir si los
recurrentes son o no causantes de dicho impuesto, también resuelve implícitamente sobre la
facultad de la autoridad fiscal para imponer las multas de referencia, por lo que debe estimarse
que la demanda debió haber sido admitida también por lo que se refiere a dichas multas y no
solamente por lo que respecta al impuesto en sí mismo considerado.
Amparo en revisión 7360/63. José Felipe Villaseñor y coagraviados. 6 de abril de 1964. Unanimidad
de cuatro votos. Ponente: José Rivera Pérez Campos.
Sexta Época
Registro: 266355
Tesis Aislada
Tercera Parte, LXXXII
Tesis:
Página: 30
MULTA, FALTA DE MOTIVACION Y FUNDAMENTACION DEL MONTO DE UNA.
Si el proveído impugnado no razona ni da los motivos por los cuales se le impone a la parte actora
el máximo de la multa que establece el artículo 621 de la Ley de Hacienda del Departamento del
Distrito Federal, la autoridad fiscal viola este precepto y lo dispuesto también por los artículos 117
y 724 del mismo ordenamiento que establecen la obligación de fundar y motivar debidamente
dichas multas. Por tanto, se impone declarar la nulidad de la resolución reclamada para el efecto
de que la Tesorería del Distrito Federal por conducto del jefe del Departamento de Control de
Emisiones, nulifique el proveído impugnado y dicte nueva resolución fundando y motivando
debidamente la sanción que estime pertinente aplicar en los términos que establece el artículo
621 fracción VII inciso b) de la Ley de Hacienda mencionada.
Revisión fiscal 231/63. "La Suiza", S. A. 29 de abril de 1964. Cinco votos. Ponente: Pedro Guerrero
Martínez.
Sexta Época
Registro: 266443
Tesis Aislada
Tercera Parte, LXXIX
Tesis:
Página: 25
MULTAS, CARACTER DE LAS. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL FISCAL.
La circunstancia de que las multas sean un ingreso del Estado no significa que las disposiciones
legales que las autoricen tengan forzosamente el carácter de fiscales, por lo que, si no tienen tal
carácter, el Tribunal Fiscal de la Federación carece de facultades para conocer de los hechos que
se inicien contra los acuerdos que impongan definitivamente y sin ulterior recurso administrativo
tales sanciones, por ser terminante al respecto lo que dispone la fracción III del artículo 160 del
Código Fiscal de la Federación.
Revisión fiscal 3910/63. Pedro Chávez Peña. 10 de enero de 1964. Cinco votos. Ponente: Octavio
Mendoza González.
Sexta Época
Registro: 266488
Tesis Aislada
Tercera Parte, LXXVI
Tesis:
Página: 17
AUDIENCIA, SUSPENSION LEGAL DE LA, EN EL JUICIO DE NULIDAD.
De acuerdo con el artículo 199 del Código Fiscal de la Federación "La audiencia podrá suspenderse
o prorrogarse de oficio a solicitud de alguna de las partes, cuando exista motivo fundado, a juicio
del tribunal"; lo que significa, que si la Sala responsable admite como prueba de parte del
agraviado el expediente administrativo formado con motivo de la multa impuesta, obviamente
debe suspender la audiencia mientras no se reciba esta prueba; además, el artículo 196 del mismo
código, en su fracción III, establece que en la audiencia deben recibirse las pruebas que hayan sido
ofrecidas, de lo que se sigue que si la prueba ofrecida, y aceptada por la responsable, no se había
recibido, existió causa fundada para suspender la celebración de la audiencia del juicio de nulidad.
Amparo en revisión 829/63. Ricardo S. Cordeiro. 30 de octubre de 1963. Mayoría de tres votos.
Disidente: José Rivera Pérez Campos. Ponente: Felipe Tena Ramírez.
Sexta Época
Registro: 266518
Tesis Aislada
Tercera Parte, LXXV
Tesis:
Página: 56
MULTAS FISCALES. MANIOBRAS FRAUDULENTAS. CARGA DE LA PRUEBA.
Los artículos 228, fracción XIII y 233, inciso II, del Código Fiscal, no son aplicables a cualquier
situación en que se haya omitido el pago de los impuestos, sino sólo a aquellos casos en que se
demuestre que el contribuyente tuvo la intención de omitir el cumplimiento de sus obligaciones
fiscales, debiéndose advertir que no pesa sobre éste la necesidad de probar que no existió
maniobra alguna encaminada a eludir el pago, sino que, a la inversa, las autoridades tienen en este
punto la carga de la prueba, con apoyo en los artículos 81 y 82 del Código Federal de
Procedimientos Civiles. La multa que autoriza el artículo 233, fracción II, del citado ordenamiento
fiscal, sólo se justifica cuando existe la intención, plenamente acreditada, de no cubrir el
gravamen, o cuando se demuestra la existencia de hechos positivos que revelan el dolo y la
intención de eludir el pago del tributo.
Amparo en revisión 133/63. María de la Paz Matías Villegas. 13 de septiembre de 1963.
Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Octavio Mendoza González.
Sexta Época
Registro: 802611
Tesis Aislada
Tercera Parte, LXIX
Tesis:
Página:
9
ACCIONES, ACUMULACION DE. COMPETENCIA POR CUANTIA EN MATERIA FISCAL.
Cuando se trata de acumulación de acciones para el efecto de precisar la cuantía del negocio,
conviene distinguir los diversos supuestos que estudia la doctrina: a) Si dos pretensiones se
formulan alternativamente, por ejemplo, reconociéndole al demandado el derecho de elección, o
bien la segunda de ellas se propone sólo en forma subsidiaria para el caso de que la primera
acción sea infundada o improcedente o de que resulte imposible su satisfacción, para fijar el
monto del negocio no se suma el valor de cada una de las pretensiones, sino que se atiende a
aquélla de las dos peticiones que represente el valor más alto; b) En los casos de reconvención o
tercería, tampoco se suma el valor de las respectivas demandas, si no que el interés del asunto se
determina por el monto a que ascienda la petición que tiene mayor valor; c) Si las acciones se
ejercitan de modo simplemente acumulativo, como cuando se formula una pretensión y además,
el propio actor hace también, de manera incondicional, otra petición contra el mismo demandado,
el interés del negocio equivale a la

Novena Época Registro: 161623 Instancia: Primera Sala Tesis

Transcripción

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