Plantilla 23-06-2016 - Ministerio de Infraestructura

Jueves 23 de Junio de 2016
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Los reclamos por los desbordes cloacales siguen a la orden del día. Ahora, los que se quejaron fueron
vecinos de La Cumbre, quienes aseguran que desde hace más de una semana la red está obstruida y
brotan aguas servidas en el interior de las viviendas.
Así lo denunciaron, por caso, frentistas de boulevard 82 entre 34 y 35, desde donde aseguraron que
hicieron múltiples reclamos a la empresa ABSA, sin que vayan operarios a desbloquear los conductos
subterráneos.
“Tengo diez reclamos hechos pero no logro que vengan a arreglar esto, ya no sé qué hacer”, dijeron
desde la vivienda del usuario José Puglisi, donde aseguraron que hay menores que están en contacto
con ese foco infeccioso y calificaron la situación como “muy grave”.
Por otra parte, la propagación de un desborde cloacal y la proliferación de los baches mantienen
preocupados por estos días a los vecinos que viven en las inmediaciones de la esquina de 5 y 41.
“Ahora el olor es insoportable”, indicaron en la cuadra.
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El concejal del Frente para la Victoria Gabriel Bruera pidió a la Justicia en lo Contencioso Administrativa
de La Plata que, además de la convocada en Mar del Plata, se realice en la Ciudad una audiencia pública
para discutir aumentos en el servicio de la empresa Edelap.
El planteo fue presentado ante el Juzgado 1 en lo Contencioso Administrativo, a cargo del juez Luis
Arias. Allí, Bruera pide que se llame a audiencia pública por cada una de las empresas, y en particular
para el ámbito de la concesión de Edelap en la ciudad de La Plata.
Como se informó, el juzgado de Arias ordenó frenar el aumento dispuesto en la tarifa eléctrica a través
de las empresas y cooperativas que prestar el servicio en territorio bonaerense hasta tanto se realice,
como lo determina la ley, una audiencia pública, que fue convocada por el Oceba para el próximo 18 de
julio en el estado José María Minella de Mar del Plata, a más de 300 kilómetros de La Plata.
“Esta ampliación que presentamos solicita una audiencia pública en La Plata, con el objetivo de que se
cumplan con los requisitos que exige la ley para modificar tarifas de luz y que los vecinos tengan la
oportunidad de participar y oponerse al aumento que pretende el gobierno Nacional, en este tema”,
expresó el concejal Bruera.
El escrito también objeta y pone en duda la participación de los usuarios platenses, ya que la actual
convocatoria será en Mar del Plata, a más de 300 kilómetros de La Plata y durante el receso invernal.
Además, el concejal Bruera plantea que “la región donde se lleva a cabo, nada tiene que ver con la
empresa Edelap”
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Miembros de las Asambleas de Inundados de La Plata se reunieron ayer con autoridades comunales
para analizar el estado de las obras y de las acciones necesarias para evitar las inundaciones. Pese a
que esperaban entrevistarse con integrantes del área de Hidráulica del Ministerio de Infraestructura,
esos funcionarios faltaron al encuentro.
“Se iba a avanzar en el financiamiento de las obras necesarias para no volver a inundarnos porque el
terreno de las palabras debe dar lugar a los hechos”, indicó Hugo Gutiérrez, integrante de la Asamblea.
En el encuentro también se pensaba plantear a representantes del Instituto de la Vivienda, el impacto
del complejo habitacional de la zona del barrio Mercadito. Otro de los temas en los que no se pudo
avanzar fue en el referido al viaducto de Tolosa y las obras complementarias.
“Con la Municipalidad se acordó tiempo atrás realizar foros de planificación, de obras y de plan de
contingencia; pero todo eso está paralizado”, agregó Gutiérrez.
Precisamente fue ese uno de los motivos de reparos entre los representantes de las distintas asambleas
de inundados, quienes coincidieron en que si se produjera un evento climático similar al ocurrido el 2 de
abril de 2013, nadie sabría cuál es el plan de alerta, ni cuál es el plan de contingencia de la
Municipalidad.
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“La gente no fue informada de cómo actuar, nadie conoce el plan de contingencia del Municipio”, agregó
uno de los asambleístas.
Además se presentó un documento en el que se denunció que las obras estructurales se hacen a un
“ritmo mínimo” y la falta de funcionamiento de la comisión bicameral de seguimiento creada por la Ley
14.527.
Según relevamientos de los asambleístas, de 65 obras proyectadas en toda la región, hay 28
paralizadas “por imprevisión”; 21 están sin licitar o sin contrato; 8 están en ejecución y 8, finalizadas.
Se evaluó que el avance real de todas las obras se dio en el 42 por ciento y que el avance de las tareas
en el arroyo El Gato se produjo en el 34,2 por ciento.
En relación a las obras paralizadas por imprevisiones se comunicó que eso se debe a interferencias con
conductos de diferentes servicios, falta de mensuras en terreno, falta de proyecto ejecutivo, falta de
permisos municipales, oposición vecinal. “En conjunto esas obras tienen un avance del 70 por ciento,
pero están así desde hace 9 meses. De este modo no pueden cumplir ninguna función. Se supones que
la falta de fondos impide resolver muchos de los conflictos”, se indicó en el comunicado.
Los asambleístas consignaron que, de acuerdo a los convenios de financiamiento firmados, las obras
registran “un atraso del 46 por ciento en general, y del 56 por ciento para las del arroyo Del Gato”. Se
informó que además sigue sin disponerse del dinero para licitar obras que no habían sido previstas o
que no se alcanzaron a hacer como: el derivador de calle 31; el derivador de calle 143, arroyo
Maldonado y 7 puentes sobre el arroyo Del Gato, entre 9 y 12.
“Por tercera vez consecutiva se frustró una reunión de los inundados con el subsecretario de
infraestructura Hídrica, Rodrigo Silvosa, para conocer el nuevo cronograma de obras y recibir
explicaciones de todas las cuestiones enumeradas”, se señaló.
En cuanto a la relocalización de las viviendas se indicó que “no se cumplió con ninguno de los
cronogramas de entregas que se habían anunciado en su momento.
Los asambleístas también apuntaron que “no hay medidas concretas para poner freno definitivo a la
urbanización mediante rellenos en lugares que forman parte de los valles de inundación o bañados”. Se
denunció que en los últimos años ni siquiera se cumplieron las “insuficientes” normas del código de
ordenamiento urbano sobre “protección de arroyos y bañados”. Uno de los asambleístas pidió que se
haga un reservorio y parque recreativo en 137 de 70 a 72.
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Hace ya muchos años que el servicio de colectivos que atiende a la población de nuestra ciudad incurre
en diversos incumplimientos, no respondiendo en tiempo y forma a las necesidades de los usuarios que,
en las últimas jornadas, volvieron a reclamar por la irregular frecuencia con que circulan las unidades y
por las largas esperas que deben enfrentar para poder concretar el viaje, especialmente en los horarios
centrales.
Tal como se informó, viajar en viajar en micro en la Ciudad durante las horas pico se vuelve cada vez
más complicado. Y el malestar se deriva de las largas esperas en la parada y de las incomodidades que
se padecen una vez arriba de la unidad, pues cuando el colectivo pasa y se detiene en las paradas suele
estar repleto y así el servicio se torna muy molesto.
Los peores momentos del día para tomar el micro son entre las 7.30 y las 8.30, durante el mediodía y
entre las 17 y las 18, es decir, mientras corren los horarios en los que la mayor parte de la gente entra
o sale de estudiar o trabajar. En el casco céntrico es donde más se advierten los desbordes de usuarios
por la escasez de frecuencias de los colectivo, en especial en las paradas de las plazas Rocha y San
Martín, la Legislatura, las más cercanas a la Estación de Trenes, la plaza Paso, la Terminal y en las
paradas de 7 entre 48 y 49.
Tales problemas fueron denunciados por los usuarios ante los concejales platenses quienes, de esa
forma, cuentan con un relevamiento más certero sobre las condiciones de funcionamiento de las
distintas líneas.
Se puso de relieve allí que un 43 por ciento de los usuarios protestó por la actitud de algunos choferes
que siguen de largo en las paradas, sin detener las unidades. Una síntesis de las protestas es la que
señala que los micros tardan mucho en pasar y que, muchas veces, cuando pasan, lo hacen repletos y
por eso no levantan pasajeros. Pero también existen numerosas quejas por el hecho de que se suele
viajar de pie, en unidades saturadas de usuarios.
Justamente, hace dos meses un grupo de estudiantes universitarios pidió la intervención de la
Defensoría del Pueblo de la Provincia. En ese caso, puntualmente, el reclamo giró en torno a la cantidad
de pasajeros que viajan parados en las diferentes líneas de micros. Brindaron un ejemplo puntual: el
caso de las entre 30 y 50 personas que van paradas desde City Bell a La Plata, todas las mañanas,
cuando la gente va al trabajo y lleva a los chicos a las escuelas.
Frente a un servicio de características públicas, como lo es el del transporte de pasajeros, se debería
dar por descontado que los usuarios no deben sufrir estos o cualquier otro tipo de perjuicios. Ninguna
razón empresarial puede alegarse a la hora de presentar explicaciones sobre las falencias en el servicio.
Son, entonces, las propias líneas de ómnibus y las autoridades municipales o provinciales los que deben
garantizar prestaciones suficientes, atentas a las cambiantes circunstancias de la dinámica urbana.
Lo que está en juego es la necesaria excelencia de un servicio público, imprescindible para garantizar
una buena calidad de vida de la población. Es imperioso, por consiguiente, que se asegure el
cumplimiento de una prestación confiable y eficiente, tanto en lo que se refiere a los horarios como a la
certeza de los recorridos programados.
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“Tenemos una gran disponibilidad de agua, pero falencias en su transporte, potabilización y distribución.
Ante este panorama, pensar hoy en un acueducto desde el río Colorado es similar al caso de tener una
pérdida de agua en un caño de nuestra vivienda y para solucionar el problema compramos un tanque
más grande”.
De esta manera se pronunció ayer el ingeniero Juan Carlos Schefer, al reafirmar su negativa a la
concreción del proyecto dispuesto por la Provincia para “solucionar” el problema local del agua.
“Se ha dicho, con razón, que tanto el río Colorado como Paso de las Piedras son fuentes alternativas
válidas de abastecimiento, pero mientras el abastecimiento desde la cuenca del Sauce es una realidad,
el del acueducto del Colorado es hoy una probabilidad, no siempre adecuadamente fundamentada.
Debería agregarse además, que la potencialidad del embalse Paso de las Piedras no es aún bien
conocida por muchos”.
Schefer, quien durante varios años fue responsable del dique y miembro de la Autoridad del Agua, dijo
disentir con el ingeniero Francisco Nardelli, extitular del Colegio de Ingenieros, quien afirmó que Paso
de las Piedras es complementaria del Colorado por que tiene sus crecidas en invierno, mientras que el
río, en verano.
“Esto no es lo que se infiere del estudio hidrológico del Sauce Grande, que abarcó mediciones desde
1910 a 1947 y por lo que he observado desde 1974 a 2009, período en el que participé en la
construcción y operación de la obra.
“Los períodos de lluvia –agregó-, son octubre-noviembre y marzo-abril. El invierno es más seco. Lo
mismo sucede en otros cauces de la zona sud-oriental del cordón serrano. En el caso del Napostá
Grande, las inundaciones más importantes de Bahía ocurrieron en marzo de 1933 y abril de 1944”.
Schefer dijo concordar con el Coirco en que el agua del río Colorado es susceptible de ser potabilizada,
sobre todo porque hoy existen tecnologías que así lo permiten, con mayores costos a medida que
disminuye su calidad o aumenta su contaminación.
“De hecho, se puede potabilizar hasta el agua del mar. La Pampa toma el agua del Colorado, pero ellos
no tienen otras alternativas, al igual que las poblaciones que se encuentran entre Pedro Luro y
Médanos. Estas poblaciones sí necesitan el agua del Colorado y se podría haber resuelto hace muchos
años con un pequeño acueducto hasta Médanos.
“Sin embargo –agregó- nuestra ciudad tiene otras alternativas de abastecimiento que no requieren
costosos equipos de bombeo para llegar hasta la cota 70 en Bahía Blanca, con un gran consumo de
energía que va incidir en el costo del metro cubico de agua potable, tarifa que luego pagaremos todos”.
El Dique, la fuente de abastecimiento más importante
Para Schefer, está claro que Paso de las Piedras es y será la principal fuente de abastecimiento de agua
potable de Bahía Blanca y Punta Alta.
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Cuando se le preguntó por qué la potencialidad del dique no es percibida por el bahiense, el especialista
dijo que esto sucede porque no se han hecho aquí las inversiones necesarias para que así sea, por caso
un segundo acueducto desde el dique y la construcción del tercer módulo de potabilización en la planta
Patagonia.
“El acueducto principal no recibe tareas de mantenimiento desde que fuera traspasado, primero a
Azurix y luego a ABSA. Los dos incidentes ocurridos este año deben ser un alerta. El primero, una
pérdida, cuya reparación se complicó y dejó tres días sin agua a la ciudad.
“El segundo, por una obstrucción; el acueducto tiene 1,50 metro de diámetro, ¿una obstrucción? Llama
la atención que no se pidiesen más explicaciones. ¿Y su mantenimiento?”
¿No sería más útil un nuevo acueducto desde Paso de las Piedras, que daría más seguridad y mayor
capacidad de transporte, al existir nuevos pozos que captan el agua?
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El dictamen del fiscal federal Fernando Domínguez afirma: “Se ha demostrado que la construcción de
barrios cerrados no sólo han afectado al medio ambiente, sino que han producido graves estragos y,
consecuentemente, incalculables daños a la propiedad pública y privada, provocando también la pérdida
de vidas humanas”. Es uno de los motivos por los que solicitó la paralización de nuevos countries en la
cuenca del río Luján y el Paraná. Pero desde hace cuatro meses que no obtiene respuesta de la jueza
Sandra Arroyo Salgado, por lo cual acaba de aportar nuevas pruebas al expediente: resoluciones de la
Defensoría del Pueblo de la Nación, ordenanzas municipales y un informe de la Cátedra Libre de
Ingeniería Comunitaria de la UBA. El martes hubo una audiencia pública por un nuevo barrio cerrado
(“Remeros Beach”, del banquero Jorge Brito), donde se explicitó un rotundo rechazo al nuevo country.
La causa fue iniciada en 2012 por organizaciones sociales, ambientes y vecinales de la cuenca del río
Luján y Delta del Paraná, que apuntó a la ilegalidad de los emprendimientos inmobiliarios, muchos
construidos sobre “dominio público natural” (como son los cauces de ríos) y sin evaluación de impacto
ambiental. Las graves inundaciones de los últimos años, en zonas que antaño no se anegaban, fueron
una prueba palpable de las advertencias de los vecinos.
Luego de un largo periodo de recolección de pruebas, Domínguez solicitó (el 19 de febrero) a la jueza
Sandra Arroyo Salgado la paralización precautoria de “toda obra que se lleve acabo en los barrios
cerrados y clubes privados emplazados en la planicie de inundación del Río Luján y en el Delta del
Paraná”. Abarca los partidos de Campana, Chacabuco, Escobar, Exaltación de La Cruz, General
Rodríguez, José C. Paz, Luján, Malvinas Argentinas, Mercedes, Moreno, Pilar, San Andrés de Giles, San
Fernando, Suipacha y Tigre.
El fiscal afirmó que está probada la relación entre los countries y las inundaciones. Y advirtió: “Las
gravísimas consecuencias muy probablemente volverán a repetirse si no se adoptan medidas urgentes
para paliar la situación, en tanto se adoptan por las autoridades competentes soluciones de fondo”. Los
principales empresarios del sector son Eduardo Constantini (empresa Consultatio) y Jorge O’Reilly,
asesor de Sergio Massa (y dueño de la compañía Eidico).
Entre las nuevas pruebas, el fiscal Domínguez aportó el dictamen de la Defensoría del Pueblo de la
Nación que señaló que el relleno de humedales (como sucede para nuevos barrios) “implica un tipo de
agresión al medio ambiente, a la naturaleza y a la vida humana” y llamó a que el Estado tome “una
actitud preventiva”. Se refirió puntualmente a los municipios de Zárate, Campana, Escobar, Tigre y San
Fernando. Y solicitó a que “sólo se autoricen emprendimientos residenciales, industriales o
agropecuarios en humedales cuando su necesidad se encuentre fundada en imperiosas razones de
estricto interés público y no existan opciones menos perjudiciales”.
También tomó como argumento el trabajo de la Cátedra Libre de Ingeniería Comunitaria de la
Universidad de Buenos Aires. “Las llanuras de inundación y los humedales fueron progresivamente
ocupados por desarrollos inmobiliarios suntuosos, generando el estrangulamiento y taponamiento de los
cauces principales”, explica el escrito. Propone una serie de medidas que fueron analizadas y discutidas
entre vecinos, organizaciones sociales y docentes de la Facultad de Ingeniería.
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Entre las propuestas de la cátedra figuran “detener los proyectos de urbanizaciones en humedales y
planicies de inundación de la cuenca media y baja”, reforestar con especies nativas las zonas
impactadas, evitar obras de infraestructura que generen estrangulamientos (y acumulación de agua) y
eliminar los canales clandestinos, entre otras. Consideran fundamental desarrollar un “plan maestro
integral” para la cuenca del río que “incorpore los diagnósticos, miradas y soluciones de los diferentes
actores sociales involucrados”.
El 18 de mayo, vecinos y organizaciones sociales realizaron una caravana hasta el Juzgado Federal de
San Isidro para pedir la paralización de los megaemprendimientos inmobiliarios. Se le entregó un
petitorio a la jueza Arroyo Salgado, en el que se le pidió una reunión donde pueda explicar por qué de la
demora en su fallo y se le recordó que “la Justicia que llega tarde no es Justicia”.
El martes se realizó una audiencia pública por un nuevo barrio privado, llamado “remeros beach”, en
Tigre. Se inscribieron más de 180 expositores (vecinos, organizaciones sociales, docentes,
investigadores, empresarios). La audiencia duró más de cinco horas y fue rotundo el rechazo al country
(se expusieron decenas de irregularidades técnicas y legales del proyecto). Una patota de la Uocra
(sindicato de la construcción) amedrentó a quienes cuestionaron la iniciativa.
Remeros Beach se publicita como un “emprendimiento que aúna todas las comodidades de la vida
urbana frente a playas de arenas blancas y aguas cristalinas”. Las fotos muestran una imagen más
cercana al Caribe que a Tigre. Es impulsado por la empresa Vizora, del Banco Macro (del empresario
Jorge Brito). Pretende ocupar 18 hectáreas, construir torres de 22 pisos para un total de 7000
personas.
El fiscal federal Domínguez sostuvo en su presentación que los delitos (de empresarios y funcionarios)
serían “daño agravado, estrago seguido de muerte (consecuencia de las inundaciones) e
incumplimientos de los funcionarios públicos”.
Los countries avanzaron de manera sistemática sobre los humedales. En los últimos 20 años, aumentó
geométricamente la cantidad de barrios privados en las afueras de las grandes ciudades (Buenos Aires,
Rosario, Córdoba, Mendoza, entre otros). Sólo en Pilar hay 152 barrios cerrados, que ocupan el 24 por
ciento de la superficie del partido.
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Autoridades del área de Hábitat de la Provincia se reunirán mañana con técnicos de la secretaría de
Obras y Servicios Públicos de Patagones para avanzar en la urbanización de las tierras recientemente
recuperadas en la zona norte de Carmen de Patagones, frente al ex club Hípico.
El proyecto contempla la creación de entre 600 y 800 lotes en el lugar, que podrían destinarse a la
construcción de un barrio, proyectos en conjunto con los vecinos de la ciudad o la entrega de los
terrenos.
"No se descarta ninguna opción", manifestó el intendente de Patagones, José Luis Zara.
“Una vez que puedan concretarse las obras, y se pueda llegar a los distintos sectores con los servicios
básicos, estaremos en condiciones de lotear y brindar una solución habitacional a muchas familias”,
añadió.
El jefe comunal también señaló que “recuperar esas tierras fue un avance muy importante, ya que hacía
años que venía trabajando y no avanzaba".
"Después, gracias a las gestiones nuestras y el apoyo del Concejo Deliberante, que unánimemente votó
a favor del proyecto, pudimos lograrlo", remarcó.
Zara reconoció que el municipio no está capacitado financieramente para llevar adelante esta
urbanización, y que por ello es necesaria la colaboración de la Provincia.
"Hasta ahora no hemos tenido inconvenientes con nuestra gobernadora, María Eugenia Vidal, al
momento de solicitar colaboración, ya sea administrativa o económica”, reconoció.
Del encuentro de mañana también asistirán referentes del Consejo del Hábitat municipal, recientemente
creado.
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Las Aguilas. Con maquinarias provistas por el municipio de Coronel Pringles, desde ayer se están
desarrollando distintos trabajos de mejoras en la calzada de la ruta provincial 51, en cercanías de esa
ciudad, sobre el sector del ingreso a la estancia Las Aguilas. Las tareas se llevan a cabo luego de
diversas gestiones llevadas a cabo ante esa repartición. Por tal razón, desde la comuna pringlense se
ruega circular con precaución en la zona entre El Despeñadero y Paraje Frapal, para evitar accidentes
con las máquinas que se encuentran trabajando. El martes se había retirado una camioneta accidentada
en el puente del dique Paso de las Piedras, en esa ruta.
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Dos muertos y tres heridos fue el saldo de un trágico ocurrido durante la tarde de este lunes en la ruta
2 cuando por motivos que se desconocen un auto se despistó el volcó.
Aún no trascendió la identidad de las víctimas y los heridos, entre ellos un bebé, se encuentran
internados en estado reservado.
El trágico accidente ocurrió hoy pasadas las 17 a la altura del kilómetro 144, juridiscción del partido de
Lezama. Por cuestiones que se tratan de establecer, el auto en el que viajaba una familia de Villa Gesell
que circulaba en dirección hacia la Ciudad de Buenos Aires se despitó y volcó. Dos de los ocupantes
salieron despedidos del vehículo y fallecieron en el acto. En tanto, los otros tres ocupantes fueron
trasladados de urgencia a la Unidad de Pronta Atención de Lezama con heridas de distintas
consideración. Según trascendió, entre los heridos hay un bebé.
En el lugar del accidente, los bomberos debieron trabajar con herramientas de corte para retirar del
interior del auto a dos mujer y el menor.
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emergencias.
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Desconocidos ingresaron durante la madrugada de ayer en la residencia del ministro de Gobierno
bonaerense, Federico Salvai, revolvieron sus pertenencias, abrieron la heladera y tiraron papeles que
tenía guardados en un placard, aunque no robaron nada y hasta el momento no se encontraron
huellas de los autores.
El extraño episodio se registró en la casona de calle 54 entre 7 y 8, que Salvai usa ocasionalmente y
que no cuenta con custodia policial, según dijeron fuentes de la Gobernación. El hecho disparó
inmediatamente especulaciones sobre un presunto mensaje intimidatorio a la gobernadora María
Eugenia Vidal.
Cerca de la mandataria enlazaban este hecho con el que se registró hace dos semanas en el
despacho de Vidal en Casa de Gobierno donde se encontró a dos policías de la custodia revolviendo
cajones.
SOSPECHAS
Los funcionarios no descartan que el extraño episodio sea un acto intimidatorio. Y las sospechas
apuntan a sectores de la Policía.
“Desde que María Eugenia decidió obligar de subcomisario para arriba a presentar las declaraciones
juradas de bienes, se han producido algunas cuestiones llamativas”, dicen fuentes oficiales.
Salvai se mostró preocupado por lo que sucedió en la residencia oficial. “Dieron vuelta la casa sin
llevarse nada”, indicó.
Y al poner una vez más la lupa sobre un posible hecho intimidatorio, afirmó que “no sabemos hasta
dónde puede llegar esta locura”.
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“Lamentamos mucho esto. Tenemos chicos chicos y es lo que más me preocupa”, agregó el ministro
de Gobierno, quien está casado con la ministra de Desarrollo Social de la Nación, Carolina Stanley.
“Violentaron la puerta delantera, no pudieron abrirla. Tengo entendido que subieron al techo,
violentaron la puerta trasera e ingresaron. Dejaron toda la casa dada vuelta. No habrían encontrado
huellas”, precisó. Tampoco habrían dejado marcas de pisadas.
El hecho fue denunciado por el personal doméstico que no pudo entrar a la residencia a raíz de los
daños. “No podemos descartar que haya sido un acto intimidatorio”, dijo Salvai.
“Estamos viviendo tiempos muy fuertes. Desde lo político y lo policial”, agregó el ministro, quien
mencionó que habló por teléfono con Vidal y el ministro de Seguridad de la Provincia, Cristian
Ritondo.
“Lo único que tenemos que hacer es seguir trabajando en lo que queremos. Y hacer una provincia lo
más sana posible para la gente. Esperemos que no pase más que esto”, expresó.
Por el hecho, interviene la UFI número 9 de autores ignorados que está a cargo del fiscal Fernando
Cartasegna; mientras que el juzgado que está de turno es el número 2 de César Melazo.
Cartasegna realizó una inspección ocular a la residencia de Salvai y aseguró que “no se puede
descartar ningún tipo de hipótesis”.
“Estoy investigando y hasta que no tenga una conclusión no puedo decir nada. Cuando tengamos las
declaraciones de todos los empleados de la casa vamos a saber si hubo faltantes”, graficó.
Además de las declaraciones testimoniales el fiscal adelantó que pedirá los registros de las cámaras
de seguridad que existen en la zona.
El extraño episodio generó la condena de distintos sectores políticos. La titular del bloque del FpV en
el Senado, Magdalena Sierra, expresó en su cuenta de Twitter: “Quiero expresar mi preocupación
por lo ocurrido en la residencia del ministro Salvai. Esperemos que el hecho se esclarezca
rápidamente”.
En esa línea, la bancada de diputados del massista Frente Renovador repudió el incidente y expresó
su preocupación ante otro hecho delictivo “dudoso” que sufriera semanas atrás la gobernadora María
Eugenia Vidal en su despacho.
Además, presentó un proyecto de declaración para repudiar el episodio y solicitar el esclarecimiento.
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“La tenemos controlada la situación", admitía ayer uno de los hombres de confianza de María
Eugenia Vidal. Atenuado, el diagnóstico se repitió en otros despachos de La Plata, luego de la
irrupción que sufrió la residencia oficial del ministro de Gobierno y mano derecha de Vidal, Federico
Salvai, y que terminó de confirmar lo que hasta ahora -y en una seguidilla de casos similares- había
sido minimizado desde la gobernación: que se trata de advertencias de la policía bonaerense.
Pero la nube más preocupante para los funcionarios que deben controlar -pero a la vez confían su
seguridad personal y familiar en ese ejército de casi 100.000 hombres- era otra: que sobran los
sospechosos. "Hay tantos frentes abiertos con la policía que ahora no sabemos de qué sector
sospechar y en quién confiar", señaló un ministro.
El veredicto, consensuado o no, coincidió entre los consultados. "Si la idea era amedrentar a Vidal, el
efecto es el contrario. Vidal quiere dar todas las batallas a la vez", resumió otro miembro del
gabinete. Tampoco faltó quien interpretara el hecho de ayer como "ganancia pura" para la
gobernadora: la prueba de que está enfrentando las mafias, propusieron.
Otro sospechoso episodio en el entorno de Vidal: desconocidos entraron en la casa de Salvai
¿Cuáles son los frentes abiertos? Una purga constante de la fuerza, con casi mil policías exonerados
en seis meses. En muchos casos, por sumarios que estuvieron cajoneados durante la gestión
anterior. No faltaron hechos "nuevos": el más resonante fueron los 36 sobres con $ 150.000 hallados
en la Jefatura Departamental de La Plata.
También la cúpula se resintió: las superintendencias generales y, con ellas, los comisarios generales,
cayeron de 44 a 26. Las jefaturas departamentales, de 74 a 32.
Se les exigió la declaración jurada a policías y penitenciarios, con el grado de subcomisario en
adelante, para conocer su patrimonio. Unos 7000 hombres. Un 10% todavía no presentó los papeles.
En Cambiemos se ufanan de haber cortado el circuito de financiamiento de la política por el juego, la
droga o la prostitución. Por ahora, la evidencia más clara de eso fueron las mesas de juego
clandestino detectadas en Bolívar, este mes.
Se afectó otra caja, también millonaria pero legal: la de los adicionales que ministerios y entidades
provinciales pagaban por coberturas extras de la policía.
De toda esa madeja de entuertos, Vidal, su ministro de Seguridad, Cristian Ritondo, y el jefe de la
policía bonaerense, Pablo Bressi, deberán descifrar quiénes estuvieron detrás de la fuga de los
autores del triple crimen en diciembre o si hubo intencionalidad en los robos casi simultáneos, de
marzo, a los intendentes Julio Garro (La Plata), José Luis Salomón (Saladillo) y Gonzalo Peluso
(Magdalena).
Pero también las tres amenazas de bomba al Ministerio de Seguridad, en marzo; que dos policías
hayan sido descubiertos revisando el despacho de la secretaria de Vidal, Soledad Borsani, hace dos
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semanas; y la irrupción sin robo de anteayer en la residencia de Salvai. Borsani maneja la agenda
personal de Vidal. Salvai, la agenda política.
La lectura de estos hechos es totalmente opuesta entre quienes condujeron la bonaerense en el
pasado. Dicen que la "cadena de la felicidad" no se cortó, sino que sólo quedó acéfala. Que eso
desató una interna descontrolada en la fuerza por las cajas, pero que también se multiplicaron
entraderas, secuestros y asesinatos, ante un jefe policial "sin espaldas", un ministro que "no
conduce" y una gobernadora que "vive en una base militar".
Invitan a pensar que la bonaerense peronista era corrupta, "pero controlada". Que con Vidal sólo se
perdió esto último. Pero ellos no sufrieron amenazas.
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El gobierno de María Eugenia Vidal y los gremios que nuclean a los trabajadores estatales de la ley
10.430 ya preparan la segunda instancia de negociación salarial del año, que los volverá a sentar en
una mesa de paritarias a partir del mes próximo.
En efecto, según quedó establecido, la reapertura de la discusión por mejoras salariales y en
condiciones laborales será el próximo jueves 14 de julio, una fecha que ya generó algunas chispazos
entre las partes.
Se trata del segundo tramo de la paritaria, luego de la primera negociación del año, en la que los
estatales obtuvieron un 15,06 por ciento de incremento más el compromiso de que se reabriría la
discusión por un segundo aumento a partir del 1º de julio.
El acuerdo paritario para los empleados de la ley 10.430 fue firmado por los gremios UPCN y
Fegeppba, mientras que la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y otros recurrieron a la
Justicia, lo que derivó en un cruce de fallos y apelaciones entre el juzgado en lo Contencioso
Administrativo de La Plata y el ministerio de Trabajo de la Provincia.
PORCENTAJES
En ese marco, trascendió en las últimas horas que los gremios acudirán a la mesa de negociaciones
con planteos salariales que no bajarán del 20 por ciento de aumento para lo que resta del año.
Aunque la cifra es compartida por todos los gremios, algunos debaten internamente la posibilidad de
pedir un porcentaje mejor si el Ejecutivo acepta incluir una cláusula para reabrir la pulseada salarial
en octubre ante una eventual disparada de la inflación.
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En tanto, en el gobierno de Vidal reconocen fuera de micrófono por estas horas que el incremento
que se otorgará a los estatales superará los 15 puntos. Eso, porque se entiende que el nivel de
inflación está a ese nivel y, además, por la intención de enviar una señal hacia los gremios que
aceptaron firmar el primer acuerdo paritario a principios de año, UPCN y Fegeppba.
Con todo, las negociaciones ya arrancaron con algún cortocircuito, que se disparó en torno a la fecha
de convocatoria para la primera reunión. En principio, los gremios habían planteado la necesidad de
que el encuentro se realice antes de que termine el mes de junio.
Pero luego, habían acordado con la Provincia que la fecha sea el 4 de julio. Finalmente, será el
jueves 12 del próximo mes, lo que generó algún malestar por la demora en el reinicio de las
negociaciones que determinarán el incremento para la última parte del año.
DECRETO
Pero, además, el reencuentro estará cruzado por otra polémica, ya que, trascendió, el gobierno de
María Eugenia Vidal tiene decidido publicar en las próximas horas en el Boletín Oficial que congela
por un año las contrataciones y los pases a planta permanente en el Estado. Según las versiones, el
decreto con la firma de Vidal será publicado mañana viernes, lo que podría derivar en presentaciones
ante la Justicia por parte de los gremios, como se anticipó.
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Mientras la gobernadora María Eugenia Vidal no descuida su pose ante la opinión pública y sus
equipos de colaboradores hacen andar la rueda de la gestión en el día a día, en un segundo plano
aparecen "los aliados", que empiezan, en algunos casos, a encontrar sus roles y plantear sus
objetivos.
Los "aliados" con los que cuenta la gobernadora son grupos no siempre identificables en su estado
puro. En principio aparecen los radicales y los cívicos como los que formalmente integraron
Cambiemos. Pero hay de los otros.
Hay matices visibles en la alianza parlamentaria que Cambiemos entabló con el Frente Renovador;
algunos massistas encuentran más comodidad en profundizar ese entendimiento que en buscar
protección política en el paraguas que, más temprano que tarde, tendrá que empezar a desplegar el
peronista mejor visto por la sociedad para las futuras elecciones: el diputado nacional Sergio Massa.
Pero así como pueden acercarse nuevos actores que no estaban contabilizados, también hay
"amigos" que, en la práctica, permiten prescindir de "enemigos". Tal es el caso de la actitud que
empiezan a esbozar algunos sectores del propio PRO para hacer pesar sus pareceres.
Por último, hay que ponderar también el juego que organizaciones políticas preexistentes, de
identidad difusa, que tienen que ver con lo territorial empiezan a conformar su propia agenda
paralela sobre cuestiones puntuales.
Los despliegues de unos y otros, en algunos casos, están en línea con ciertas acciones del gobierno
que encabeza Vidal, en otros no. Así el contador general realiza operaciones de sumas y también de
restas.
Por caso, la gobernadora Vidal fidelizó su relación política con el intendente de Vicente López, Jorge
Macri, al respaldar prácticamente su candidatura a senador en la próximas elecciones, al parecer un
compromiso de la mandataria luego de que el intendente desistiera de su candidatura a gobernador
en 2015.
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Pero ese gesto puso incómodo al presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Emilio Monzó,
que, raudo y sin disimulos, aceleró a fondo en su estrategia de crecer y solidificar con peronismo,
que ante la posible incorporación del intendente de San Miguel, Joaquín De la Torre, quiso sumarse
al cartel. Si el aporte de Monzó posibilita recuperar el Fondo del Conurbano, habrá que crear una
Unidad de Ejecución, que tendrá que tener un titular, parece haber sido el razonamiento que hizo
llegar el diputado nacional al actual intendente. "Bueno, por lo menos no nos mandó alguien del
'equipo de Boudou'", se consolaba un vidalista de calle 6.
Pero hasta aquí estamos hablando de cuentas entre republicanos; otro talante tiene la jugada que
los cívicos vienen desplegando en búsqueda de transparencia, apurando el paso que Vidal eligió en
planos entrelazados entre sí: Justicia, Organismos de Control y Seguridad.
El gobierno evalúa posibles cambios en la Procuración General, en el Tribunal de Cuentas y en la
propia Suprema Corte de Justicia, porque entiende que el problema de la Seguridad y la corrupción
tiene terminales en esos organismos constitucionales.
Si bien no está en los planes inmediatos -ni siquiera mediatos- de Vidal avanzar en un juicio político
que permita desplazamientos; los cívicos y aliados territoriales hacen su juego y se meten en la
cuestión visibilizando el rol clave que la Secretaría Permanente del Sistema de Enjuiciamiento de
Magistrados y Funcionarios tiene en esos procesos.
Un senador lilito, Andrés De Leo, prepara una solicitud de informes "picante" sobre este organismo
que instruye en los procesos de los juicios políticos, en lo que constituye un tiro por elevación para el
actual presidente de la Suprema Corte, Luis Esteban Genoud.
El pedido de informes llega justo cuando el actual presidente de la Suprema Corte sea recordado, en
estos días, al cumplirse un nuevo aniversario de la muerte de Kosteki y Santillán, pues por esos años
Genoud comandaba los efectivos policiales que terminaron con la vida de los militantes, en su
carácter de ministro de Seguridad bonaerense.
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REUNIÓN DE BAJO PERFIL PERO CON FIGURAS DE PESO
Los protagonistas del encuentro decidieron mantener el perfil bajo, pero era difícil que lo
consiguieran. La discreta reunión tuvo lugar el martes pasado en el despacho del juez federal de
Morón Jorge Rodríguez. Hasta allí llegaron un ministro de María Eugenia Vidal, dos obispos de la
Iglesia católica, siete intendentes del Conurbano y cinco fiscales. Todos ellos manifestaron su
preocupación por el aumento de los secuestros y por el narcotráfico. El funcionario bonaerense que
escuchó las demandas en forma directa fue Gustavo Ferrari, nuevo titular de Justicia. Entre los
intendentes estuvo el anfitrión Ramiro Tagliaferro (Morón), el único oficialista en medio de colegas
peronistas como Alberto Descalzo (Ituzaingó), Gustavo Menéndez (Merlo), Juan Zabaleta
(Hurlingham), Verónica Magario (La Matanza) y Walter Festa (Moreno). También participó Ricardo
Curuchet (Marcos Paz). Pero la novedad es que también se involucraron los obispos Luis Eichhorn
(Morón) y Gabriel Barba (Laferrere), quienes ratificaron así el Pacto de San Antonio de Padua,
firmado por jefes comunales bonaerenses a instancias del Papa Francisco.
UN VIEJO DEBATE POR LA MATANZA QUE VUELVE A ABRIRSE
Se trata, en rigor, de un viejo planteo que, por diferentes motivos, nunca logró avanzar en la
Legislatura bonaerense. Sin embargo, las propuestas que apuntan a avanzar en la división geográfica
del distrito de La Matanza encontrarían ahora un escenario más favorable. Eso, de acuerdo a una
versión que circuló con fuerza en las últimas horas y que señala la decisión del presidente Mauricio
Macri y de la gobernadora María Eugenia Vidal de avanzar en ese sentido. La movida tiene un claro
trasfondo político: hoy gobernada por el PJ a nivel local, La Matanza es un histórico bastión electoral
del peronismo. Su división podría modificar de plano el mapa político del Conurbano. Entre los
proyectos en danza hay uno de Marcelo Díaz que propone dividir al distrito en cuatro: Tapiales,
Gregorio de Laferrere, Juan Manuel de Rosas y La Matanza.
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La caída del jerarca kirchnerista José López, atrapado in fraganti buscando ocultar casi 9 millones de
dólares en el monasterio de General Rodríguez, fue decisiva para avanzar con la ley del arrepentido de
corrupción, que tras una negociación exprés obtuvo ayer dictamen en comisiones y hoy tendrá media
sanción en la Cámara de Diputados.
El arrepentido de corrupción es un desafío para la clase política, ya que incorpora esta figura para los
“delitos contra la administración pública” previstos en el Título XI del Código Penal. Pero las trabas que
se mencionaron tanto tiempo en los pasillos frente a un proyecto de estas características no aparecerán
en Diputados (habrá que ver qué pasa en el Senado), donde la norma será aprobada por abrumadora
mayoría. La votarán el oficialismo de Cambiemos y el Frente Renovador de Sergio Massa y sus aliados,
pero también, entre otros, el peronismo disidente del Bloque Justicialista; el interbloque FAP de
Margarita Stolbizer, los socialistas y Libres del Sur; y la sorpresa, el conmocionado bloque del Frente
para la Victoria, que confirmó a través de la diputada Diana Conti que acompañará en general tras
haberse aceptado varias modificaciones que propusieron.
La sesión especial está convocada para las 11 y el comienzo se anticipa muy caliente, ya que
Cambiemos llevará al recinto el proyecto de resolución del macrista Pablo Tonelli para, en el marco de
la ley de fueros, habilitar el allanamiento que no pudo hacerse al diputado Julio de Vido en una causa
por enriquecimiento ilícito. De Vido reapareció ayer en el Congreso, participó de la reunión del bloque
del FpV donde dio algunas explicaciones y al irse, interceptado por TN, se desmarcó de López, dijo no
saber “nada” de la corrupción y declaró estar “consternado” (ver aparte).
Además del arrepentido, Diputados votará otro proyecto que va de la mano en la lucha contra la
corrupción, el de extinción de dominio que permite recuperar por el Estado dinero y bienes obtenidos de
manera ilícita (ver aparte).
El dictamen de mayoría de la ley del arrepentido se discutió en las comisiones de Seguridad y de
Legislación Penal que presiden los radicales Luis Petri y Gabriela Burgos. Igual que extinción de
dominio, se avanzó por un acuerdo del oficialismo con el massismo. Después se sumaron otras
bancadas.
La figura del arrepentido ya estaba contemplada para varios delitos, como la trata o el lavado de
activos, caso este último al que se acogió como arrepentido el ex contador de Lázaro báez, Leonardo
Fariña. Pero el proyecto actual sistematiza y regula el arrepentido en una sola ley, para los delitos
vinculados con tráfico de drogas; aterrorizar a la población; la corrupción de menores y promoción de la
prostitución; el secuestro; la trata; la asociación ilícita; y los delitos económicos y financieros.
Y crea el arrepentido de corrupción, que en Brasil, por ejemplo, permitió avanzar con los dos grandes
escándalos de corrupción, el “Mensalao” (el pago de sobornos a legisladores para aprobar leyes) y el
“Petrolao”, una gigantesca red de corrupción pública y privada.
Los delitos de corrupción donde podrá haber arrepentido son la administración fraudulenta; cohecho y
trafico de influencias; malversación de caudales públicos; negociaciones incompatibles con el ejercicio
de funciones públicas; exacciones ilegales (hacerse pagar contribuciones o dádivas); enriquecimiento
ilícito; y prevaricato para el caso de jueces y funcionarios judiciales.
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Consultado por la aplicación de la ley en casos actuales de corrupción, el radical Luis Petri, presidente
de la comisión de Seguridad, afirmó que “es fundamental. Podrán acogerse al arrepentido incluso los
imputados en delitos que hoy se investigan”.
El proyecto establece que el acuerdo con el colaborador o arrepentido “podrá realizarse antes del inicio
de la causa en su contra, durante la sustanciación del proceso o, luego de la sentencia condenatoria,
durante la ejecución de la pena”. El acuerdo debe hacerse por escrito con el fiscal, y ser homologado
por el juez.
Entre los cambios que acordaron en el debate en comisiones, se quitó el beneficio de la eximición de
penas: sólo podrá haber una reducción de un tercio de la mínima y la mitad de la pena máxima. Y se
dejó fuera de la posibilidad de convertirse en arrepentidos a todos los funcionarios sujetos a juicio
político en el presente o pasado: presidente y vice, ministros, miembros de la Corte Suprema.
Por pedido del kirchnerismo y de Libres del Sur, se excluyó el arrepentido para casos de lesa
humanidad. El FpV, indicó Conti, logró incorporar penas para el “arrepentido falaz” pero lamentó que no
sucediera lo mismo con el “instigador”, el que alienta a mentir para desviar las investigaciones, como
sucedió en la causa AMIA.
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A una semana exacta de lograr un aplastante triunfo político en el Senado con la aprobación de los
pliegos de los dos nuevos ministros de la Corte Suprema de Justicia, el oficialismo logró ayer avanzar
con un paso clave en esa misma Cámara con el megaproyecto de pago a jubilados y blanqueo de
capitales. La extensa iniciativa obtuvo ayer a la tarde dictamen favorable en un plenario de cuatro
comisiones presididas por senadores de la oposición y será votada en una sesión convocada para el
próximo miércoles. Todo indica que ese día la Casa Rosada volverá a llevarse otra enorme victoria del
Senado, donde cuenta con apenas 15 legisladores propios sobre un total de 72.
Aunque reunió las firmas necesarias para el dictamen, es improbable que el megaproyecto sea
aprobado en el recinto por unanimidad. Se espera que al menos el sector cristinista de la bancada del
FpV votará en contra de la iniciativa, que ya tiene media sanción de la Cámara de Diputados.
El megaproyecto también incluye la ratificación de la devolución del 15% de los fondos coparticipables a
las provincias. Ese es un factor que resultó determinante para que parte importante de los senadores
decidieran acompañar la norma.
"Hubo tarea política de senadores y gobernadores para conseguir que se incluyera en la ley el programa
de restitución de coparticipación y de financiamiento. Vamos a votar a favor porque este paquete es
conveniente para los intereses de nuestras provincias y nosotros representamos a las provincias",
anticipó en el plenario de comisiones el presidente del bloque del FpV, el rionegrino Miguel Ángel
Pichetto.
La que salió enseguida a contestarle fue su compañera de bloque, la ultra K santacruceña Ester Labado.
"También representamos a la gente no sólo a las provincias. Acá estamos tratando cuestiones muy
sensibles como el problema de los jubilados. Flaco favor le hacemos a los jubilados con este proyecto
porque los estamos perjudicando", sostuvo. Labado elaboró un dictamen de minoría.
También presentó otro dictamen de minoría la senadora del "Bloque Misiones" Sandra Giménez, quien
se alejó la semana pasada del FpV. En el caso de la senadora misionera se especula con que podría
votar a favor de la ley en general pero en contra de algunos artículos en la particular.
El pampeano Daniel Lovera, quien juega aliado del FpV y presidió el plenario de comisiones, reconoció
durante el debate que tenía alguna "mirada crítica sobre la ley ómnibus, pero que prefería apostar aque
"al Gobierno le vaya bien con esta ley porque eso significa que le irá bien al país".
La puntana Liliana Negre de Alonso anticipó que también votará a favor de la ley, aunque subrayó
nunca estuvo a favor de los blanqueos. "A diferencia de los anteriores blanqueos, en este hay una
asignación específica de los recursos dedicado al pago de este régimen de emergencia previsional", dijo
a Clarín.
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Después de varios anuncios presidenciales, el Gobierno dejó asentados finalmente por escrito, en un
documento público, los lineamientos de un ambicioso plan de inversiones en rutas y trenes; el
soterramiento del Sarmiento; la construcción del sistema Metrobus en varias provincias, y obras de
agua potable y cloacas por casi 100.000 millones de pesos.
La iniciativa se desarrollará en todo el país y se prolongará incluso más allá de la administración de
Mauricio Macri, aunque el grueso de las obras se concretará el próximo año. Se trata de una de las
mayores apuestas concretas que haya realizado hasta ahora el Gobierno con vistas a estimular la
marcha de la economía, estancada desde hace al menos cuatro años. El responsable de atraer los
fondos para las obras es el Estado, según surge del decreto de necesidad y urgencia (DNU) que se
publicó ayer en el Boletín Oficial y que fue elaborado el jueves de la semana pasada. Sin embargo, no
hay precisiones sobre la manera en que se financiará cada uno de los proyectos propuestos.
Pese a su trascendencia, la norma no lleva la firma de Macri sino la de la vicepresidenta Gabriela
Michetti y de 14 ministros, incluido el jefe de Gabinete, Marcos Peña. "La norma se hizo porque nos
permite definir obras que no se pudieron agregar al Presupuesto, porque estaba cerrado, y permite
transparentar las obras del nuevo gobierno", explicó a LA NACION Ricardo Delgado, subsecretario de
Coordinación de la Obra Pública Federal.
De los $ 98.674 millones previstos para los próximos cuatro años, $ 83.114 millones se destinarán a
proyectos ferroviarios y $ 5090 millones a la reparación y el tendido de rutas, tarea a cargo de la
Dirección Nacionalidad de Vialidad (DNV), el organismo que quedó envuelto en la polémica tras la
gestión de José López al frente de la Secretaría de Obras Públicas. El grueso del presupuesto, entonces,
quedará bajo la órbita del Ministerio de Transporte, que dirige Guillermo Dietrich.
La inversión en lo que resta de este año será de $ 3513 millones. Aunque es un número menor,
permitirá poner en marcha las licitaciones. Esa cifra escalará hasta $ 31.072 millones el año próximo y
a $ 24.000 millones en 2018. Para los próximos períodos quedarán algo más de $ 40.000 millones,
aunque puede ocurrir que no todos los desembolsos se hagan en 2019, el último año del mandato de
Mauricio Macri.
Según el plan, en total se harán 66 obras, que en la mayor parte de los casos registrarán un avance
físico importante el año próximo. El proyecto más ambicioso es el soterramiento del ferrocarril
Sarmiento, una obra que las gestiones de Néstor y Cristina Kirchner anunciaron al menos 10 veces
hasta 2014. Macri espera destinar $ 45.000 millones a esa tarea, que en 2018 debería estar avanzado
en un 63 por ciento.
También habrá dinero para extender el sistema de Metrobus al distrito que gobierna María Eugenia
Vidal. Lo tendrán, según los números que publicó ayer el Gobierno, los partidos de Lanús, Morón, Tres
de Febrero y Mar del Plata, distritos cuya gestión municipal pertenece a integrantes de Cambiemos. En
total recibirán $ 1000 millones. Las ciudades de Córdoba, Rosario, Neuquén y Corrientes también
tendrán Metrobus. En total, costará unos $ 500 millones. La mayor parte se hará el año próximo.
El plan de agua, otra de las banderas que agita el macrismo para diferenciarse de sus antecesores,
también será asistido con fondos ingentes. Por caso, se destinarán casi $ 1000 millones a hacer cloacas
en Mendoza, $ 145 millones en Pinamar, $ 115 millones en Villa La Angostura y casi $ 611 millones a
hacer un acueducto para Mar del Plata, por caso. El plan estará a cargo del secretario de Obras
Públicas, Daniel Chaín, que funciona en la órbita del Ministerio del Interior, a cargo de Rogelio Frigerio.
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El Gobierno espera también construir estaciones de trenes subterráneas en Constitución, Retiro, la
Avenida 9 de Julio, la estación central Obelisco y la terminal Correo Central para las líneas Mitre y
Sarmiento.
Visto bueno legislativo
"Esto no es una modificación presupuestaria. Lo que hizo el Gobierno es incorporar una serie de obras
que tienen impacto en ejercicios futuros y, por eso mismo, tienen que tener autorización legislativa",
explicó Rafael Flores, presidente de la Asociación Argentina de Presupuesto (ASAP). Y agregó: "Si el
Congreso no rechaza el DNU, quedarán incorporadas".
La administración de Macri tiene diversas alternativas para obtener los fondos. Una de ellas es que el
Gobierno reasigne partidas para atender esos gastos o proponga un incremento del presupuesto para
este año. Tampoco se especificó si los fondos vendrán de organismos multilaterales de crédito, una de
las opciones que mejor caen en el Gobierno.
23/06/2016
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El juez Sebastián Ramos procesó a Julio De Vido y a Ricardo Jaime por "incumplimiento de los deberes
de funcionario público" y "negociaciones incompatibles", en la causa que investiga la renegociación de
contratos ferroviarios. Además, el Magistrado ordenó un embargo de $ 500 millones a cada uno de los
ex funcionarios.
La decisión del juez Ramos complica aún más a De Vido, ex ministro de Planificación, y a Jaime, ex
titular de Transporte. Con un nuevo embargo millonario, fueron procesados en la causa en la que se
investiga por qué no se renegociaron los contratos ferroviarios entre 2003 y 2009, donde nunca fueron
integrados los equipos de la Unidad de Renegociación y Análisis de Contratos de Servicios Públicos
(UNIREN).
Los investigadores sostuvieron que al no haberse renegociado esos contratos, se abrió una etapa de
discrecionalidad en la asignación de los subsidios millonarios al transporte, además de laxitud en el
control de las concesionarias, y de la falta de ejecución de las penalidades que debían sufrir las
empresas cuando incumplían las normas y de otorgamiento de contratos de obras sin licitación.
El procesamiento publicado por el Centro de Información Judicial (CIJ) consta de 164 páginas donde
decidió además, un embargo de $ 500 millones sobre los bienes de cada uno de los dos ex funcionarios
kirchneristas.
23/06/2016
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El ex vicepresidente Amado Boudou quedó a un paso del juicio oral en el marco de la causa Ciccone
luego de que el juez a cargo de la instrucción considerara que la investigación estaba completa.
El juez federal Ariel Lijo solicitó al fiscal Jorge Di Lello que requiera la elevación a juicio oral de la casa
en la que se investiga al ex vicepresidente por los delitos de coecho y negociaciones incompatibles con
los deberes de funcionario público.
De acuerdo a la investigación, el ex funcionario y el empresario José María Nuñez Carmona adquirieron
la empresa con capacidad para imprimir billetes cuando se encontraba quebrada y Boudou era ministro
de Economía.
La adquisición, según se determinó en la pesquisa, se habría producido a través del amigo de Boudou,
Alejandro Paul Vandenbroele, y de la firma The Old Fund, de la que este era titular.
El objetivo de la adquisición de Cicciones Calcográfica -siempre según la investigación- era el de
contratar luego a esa empresa para que imprimiera los billetes y documentación oficiales.
"En la causa se constató que Amado Boudou, aprovechando su condición de funcionario público, y
Núñez Carmona, habían acordado con Nicolás y Héctor Ciccone, y Guillermo Reinwick la cesión del 70
por ciento de la empresa", informó el Centro de Información Judicial (CIJ), que difundió la decisión de
Lijo.
El acuerdo contemplaba también que se realizaran los actos necesarios para que la firma pudiera volver
a operar y contratar con la Administración Pública, algo de lo que estaba imposibilitada como
consecuencia de su quebranto.
"Amado Boudou tuvo injerencia, de forma directa, presenciando las reuniones para la adquisición, y,
junto a Resnick Brenner -Jefe de asesores de la AFIP- y César Guido Forcieri -Jefe de Gabinete de
Asesores del Ministerio de Economía- en el trámite de un plan de pagos ilegal en AFIP", reconstruyó el
CIJ, que depende de la Corte Suprema de Justicia.
Boudou, Nuñez Carmona y Vandenbroele, Nicolás Ciccone, Reinwick, Resnick Brenner y César Guido
Forcieri, fueron y sus bienes fueron embargados hasta cubrir la suma de 200.000 pesos.
Todos los procesamientos, menos el de Reinwick, fueron confirmados por la Sala I de la Cámara
Nacional en lo Criminal y Correccional Federal y por la Sala IV de la Cámara de Casación Penal.
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Molesto y algo dolorido, pero dispuesto a atravesar el mal trago. Así vieron distintos testigos al
presidente Mauricio Macri, que hoy, a las 11.30, ingresará al quirófano de la clínica Agote para operarse
los meniscos de la rodilla derecha, lastimada el lunes durante un partido de paddle en la quinta
presidencial.
Poco dispuesto a alterar su rutina de trabajo, el Presidente tuvo ayer distintas reuniones en Olivos,
aunque sin demasiado movimiento físico: debió usar muletas por la mañana durante sus encuentros con
deportistas olímpicos, y por la tarde, en reuniones de seguimiento de gestión con el titular de la Anses,
Emilio Basavilbaso, y las autoridades de la Sedronar, encabezadas por Roberto Moro. También lo vieron
los ministros Alfonso Prat-Gay (Hacienda) y Hernán Lombardi (Medios).
"Estuvo bien, algo dolorido, poniéndose cada tanto un gel para que le calmara el dolor, pero de buen
ánimo", lo describió uno de sus voceros. "Está dolorido, pero muy contento de recibir a los deportistas.
Está con muletas, pero está muy bien", dijo al salir de la reunión Carlos Mac Allister, secretario de
Deportes, que acompañó a jóvenes representantes argentinos que estarán en los Juegos Olímpicos de
Río de Janeiro. Como muestra de fortaleza, Macri se fotografió sonriente y en pose de boxeador junto a
Yamil Peralta, una de las promesas del boxeo argentino, que buscará una medalla en Río.
El que también dio detalles de la dolencia del Presidente fue el titular de la Unidad Médica Presidencial,
Simón Salszberg. "Lo que se va a hacer es una artroscopia: se mira la rodilla y si hay algo para sacar o
corregir se lo hace en el momento", dijo Salszberg en declaraciones radiales. Con respecto al
posoperatorio, el médico negó que Macri deba hacer reposo luego de la intervención, que estará a cargo
del médico de Boca Juniors, Jorge Batista.
Minutos antes de la operación de los meniscos -y veinte días después de la arritmia que lo obligó a una
breve internación-, el Presidente estará en el Centro Cultural Kirchner para presentar el paquete de
proyectos de reforma política que el Gobierno prometió durante la campaña y que enviará por la tarde
al Congreso (ver aparte). Luego de algunas horas de descanso, retomará su agenda, informaron en
Balcarce 50.
El esfuerzo por mostrar "normalidad" es tal que la agenda de mañana ya se hizo pública. Macri recibirá
a la cúpula de la DAIA, de tirante relación con la administración kirchnerista tras el memorándum con
Irán. El optimismo sobre su recuperación es tal que en la Casa Rosada no descartaban un viaje del
Presidente a Nueva Jersey, el domingo, para la final de la Copa América que los encabezados por Lionel
Messi jugarán con Colombia o Chile. "Es lo que le prometió al presidente Juan Manuel Santos cuando se
reunieron", recordaron cerca del Presidente.
También está en pie la gira que Macri iniciará el jueves 30, que lo llevará a Chile (reunión de la Alianza
del Pacífico), Bélgica (visita a la sede de la Unión Europea), Alemania (bilateral con Angela Merkel) y
Estados Unidos, para regresar la noche del 8 del mes próximo. Allí recibirá el bicentenario en Jujuy y el
mismo día irá por la mañana a Tucumán.
23/06/2016
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Con el impulso político de los escándalos de corrupción que golpean al kirchnerismo, el presidente
Mauricio Macri anunciará hoy, a las 10, una reforma política, que instrumentará un nuevo sistema
electoral de boleta única electrónica para todas las elecciones nacionales; eliminará las listas colectoras
y las candidaturas múltiples, y aplicará nuevos controles y duras sanciones para los ilícitos electorales.
Según pudo saber LA NACION de fuentes del Gobierno, dentro de los proyectos de ley que hoy se
enviarán al Congreso se instituirá por ley el debate presidencial obligatorio y se legislará un nuevo
mecanismo de transición entre un gobierno saliente y otro entrante.
El propósito de esto último es evitar una crisis como la ocurrida en diciembre pasado, cuando la
entonces presidenta Cristina Kirchner ordenó a sus ministros no informar sobre sus áreas a sus
reemplazantes macristas y hasta se negó a traspasar al presidente electo el bastón de mando.
Aún molesto por su esguince de rodilla, con aplicaciones de gel frío y con muletas, Macri presentará el
nuevo paquete de leyes hoy, a las 9.45, en el Centro Cultural Kirchner. Luego, a las 11.30, será
trasladado al Sanatorio Agote para someterse a una artroscopia.
"El proyecto de reforma política apunta a darle agilidad, transparencia y equidad al sistema electoral
nacional", señaló ayer un comunicado oficial de la Presidencia de la Nación.
Del anuncio participarán también el ministro del Interior, Rogelio Frigerio; el secretario de Asuntos
Políticos, Adrián Pérez, que coordinó los proyectos de ley; gobernadores; magistrados; representantes
de partidos políticos, y académicos, entre otros.
Como novedad principal habrá nuevos mecanismos para fortalecer el control del financiamiento político,
que está en el centro de las miradas luego de los escándalos de lavado de dinero del kirchnerismo, y un
procedimiento electoral con sanciones penales.
El sistema de boleta única electrónica (BUE) será estrenado en las elecciones legislativas de 2017 y el
Gobierno tiene previsto desarrollar un sistema propio, con software y hardware, para no tener que
licitarlo a terceros contratistas. Según anticiparon a LA NACION fuentes oficiales, será similar al sistema
utilizado en las elecciones porteñas de 2015, provisto por la empresa MSA, con un dispositivo de
pantalla que a su vez imprime una boleta y registra el voto en forma digital.
Se buscarán así celeridad en el escrutinio y transparencia, al impedir el robo de boletas y el "voto
cadena", entre otras prácticas delictivas. Se establecerán auditorías antes y después de la jornada
electoral.
También se eliminarán las listas colectoras, las candidaturas múltiples y que un mismo candidato
participe en elecciones nacionales y provinciales en forma simultánea.
Funcionarios cercanos a Frigerio adelantaron que se legislará un procedimiento electoral sancionador de
delitos, faltas y todo ilícito electoral. Se aumentará el cuerpo de auditores contadores de ocho a 24
miembros, para controlar el financiamiento electoral de las distintas fuerzas políticas.
Por otra parte, se creará la figura de un fiscal general ante la Cámara Nacional Electoral (CNE), que
estará especializado en la materia. En la actualidad funciona con el fiscal que actúa ante el Juzgado
Federal N° 1, de la jueza María Servini de Cubría.
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Las PASO, obligatorias
Finalmente, se descartó la idea del voto optativo en las elecciones primarias abiertas y se mantendrá el
sistema de voto obligatorio en las PASO: todos los ciudadanos deberán participar de la selección de los
candidatos de todos los partidos políticos o bien votar en blanco. El único cambio será que el votante
deberá elegir un solo partido en el cual sufragará.
En buen romance, no podrá elegir un candidato a presidente del partido A y un candidato a gobernador,
senador o diputado del partido B.
La Dirección Nacional Electoral, que controla el proceso, permanecerá finalmente bajo la órbita del
Ministerio del Interior hasta que se debata la segunda etapa de la reforma política, entre 2017 y 2019.
Sólo entonces se discutirá si pasará a ser un órgano independiente y multipartidario o si pasará a la
Cámara Nacional Electoral.
Además, se modificará la integración de la Junta Electoral de la Capital Federal, a la que se incorporará
el presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad.
Corte: firman los decretos
Tras el acuerdo otorgado por el Senado, el presidente Mauricio Macri firmó ayer los decretos de los
nombramientos de Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz para completar las vacantes en la Corte
Suprema de Justicia. Ambos decretos son los primeros que Macri firmó bajo el Sistema de Gestión
Documental Electrónico (GDE), que forma parte del Plan de Modernización del Estado y cuya finalidad
es hacer las tramitaciones "más ágiles y transparentes", según informó la Presidencia de la Nación en
un comunicado oficial.
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Duramente cuestionado por varios sectores de la sociedad por los recientes (y elevados) aumentos en
las tarifas de luz y de gas, el ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren, rindió cuentas en el
Senado y ante las críticas de legisladores de la oposición, defendió las medidas.
Al exponer en el plenario de las comisiones de Energía, Presupuesto y Hacienda, y Derechos y Garantías
de la Cámara Alta, el funcionario sostuvo que ese incremento se tomó "para mantener el
abastecimiento" de esos servicios y no por cuestiones fiscales, a la vez que aseguró que las tarifas
eléctricas tienen un subsidio en la actualidad del 65%. El ministro detalló que "en este invierno, el costo
estimado de producir energía eléctrica está en $ 1000 por MW/h y los usuarios estamos remunerando
este costo por $ 320 por MW/h".
Ante el cuestionamiento del senador kirchnerista Juan Abal Medina sobre la implementación de las
políticas, el ministro reconoció: "la tarifa social es un concepto móvil. Estamos aprendiendo sobre la
marcha y vamos a adecuar criterios tanto de inclusión como de exclusión" de ese beneficio. En esta
línea, anticipó que está trabajando con Desarrollo Social para sumar a sectores, considerados indigentes
o muy pobres, que por trabajar en negro, no entran en los criterios para recibir tarifa social. "Un 75%
tendría que estar incluido", admitió y adelantó también que las pequeñas y medianas empresas
electrointensivas "van a tener una disminución de las tarifas eléctricas del 20%".
El ministro destacó también el alcance de los beneficios llegan hoy a "3,4 millones de hogares en el caso
de la electricidad y de 1,3 millones de hogares en el del gas" a lo que sumó el subsidio a la adquisición
de garrafas que comprende a "2,6 millones de hogares". También consideró a los incrementos como
"transitorios" y destacó que "los cuadros tarifarios se revisarán antes de fin de año" con la realización
de "audiencias públicas", que recordó que "no son vinculantes".
Al ser interpelado por la importación de gas a Chile a un precio superior al que se le compra a Bolivia, el
funcionario justificó que se debe a que el país de Evo Morales "no puede garantizar los 19,9 millones de
m3 por día" que se había comprometido a suministrarle a la Argentina. También se defendió de las
acusaciones de una supuesta incompatibilidad por ser accionista de la petrolera Shell.
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La paritaria del Sindicato de Choferes de Camiones (SICHOCA) no pudo cerrarse ayer y el gremio que
conducen los Moyano anunció que desde hoy habrá paros sorpresivos y asambleas con parates en la
jornada laboral de hasta cuatro horas diarias. Los sindicalistas no bajaron una moneda su reclamo de
un aumento salarial del 42% mientras que la Federación Argentina de Entidades Empresarias del
Autotransporte de Cargas (FADEEAC) ofreció 30,5% de suba, es decir un punto más que lo ofertado la
semana pasada.
Pese a estar vigente hasta el viernes la conciliación obligatoria, desde hoy habrá paros y los primeros
que llevarán adelante la medida de fuerza son los choferes de las empresas transportadoras de
caudales. Sobre el cierre de esta edición, desde la FADEEAC denunciaron que "empresas que trabajan
con la rama de Aguas y Gaseosas denunciaron que también habrá medidas de fuerza por el estilo desde
hoy". El SICHOCA tiene 18 ramas en total y Aguas y Gaseosas es la más voluminosa.
Durante la hora que duró la reunión hubo batucada en la puerta del Ministerio de Trabajo, en Callao al
100, arteria que estaba cortada desde la avenida Belgrano (a esa altura Entre Ríos) hasta Juan D. Perón
y caos total en la zona del Congreso."Siga siga el baile si no hay arreglo les paramos el país", cantaban
los miles de camioneros mientras los petardos tres tiros explotaban a la altura del segundo piso, lugar
donde se discutía acaloradamente la paritaria camionera.
A la salida del cónclave, y ante el no acuerdo, Pablo Moyano, secretario general adjunto, llamó a parar
"el país jueves y viernes de la semana que viene". Sin embargo, antes de llegar a esa medida de fuerza
final, este miércoles 29 habrá una nueva reunión paritaria. En su discurso, Moyano atendió a todos por
igual: a los empresarios los llamó "irracionales" y "caraduras"; a Mauricio Macri lo trató de "insensible"
y al ministro de Trabajo, Jorge Triaca, le enrostró el mote del "gran ausente" por haber ido "a Ginebra a
hablar de derechos laborales y a nosotros nos quieren sacar el sueldo con el impuesto a las Ganancias".
Sobre este último punto, el gremio pide un bono de compensación a los empresarios porque considera
que se les licuará un 40% el aguinaldo. A este punto, FADEEAC directamente lo saca de la discusión.
Desde el sector empresarial lanzaron un comunicado en el que señalaron que "la actividad se encuentra
en un momento muy delicado, con un total estancamiento y con pérdidas significativas de la
rentabilidad". Y señalaron que "los volúmenes transportados fueron reducidos, en lo que va del año,
entre un 30 y 50 por ciento, al compararlo con 2015. Todo esto sumado a los aumentos que venimos
sufriendo sostenidamente que resultan imposibles de trasladar”.
Frente al abismo existente entre ambas partes, este diario consultó a FADEEAC si hay posibilidad de
ofertar un número mayor al 30,5% en un solo pago en vez de llegar al 42% en tres cuotas. "Imposible",
fue la respuesta "ya que fue muy difícil llegar a este número que ofrecimos ayer ya que se encuadra a
toda la actividad del país y hay ciertas empresas que no han podido pagar el sueldo de junio y mucho
menos el aguinaldo".
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El esperado encuentro entre jueces, fiscales, defensores oficiales y trabajadores judiciales para debatir
la inclusión de ese sector en el pago del impuesto a las Ganancias generó una fuerte protesta de los
empleados en la planta baja del palacio de Tribunales. Así, en medio de la tensión en el lugar, se
desarrolló la audiencia, en la que se acordó la formación de una comisión especial que se reúna con
representantes de los Ministerios de Justicia y de Hacienda y Finanzas para profundizar las charlas sobre
el tema.
Por una legislación reactualizada en 1996 por la Corte , los funcionarios judiciales están exentos del
pago de Ganancias y, en ese contexto, los empleados judiciales quedaron asimilados y equiparados con
ese beneficio, bajo el argumento de la "intangibilidad de los salarios" del Poder Judicial y la
independencia de los magistrados. En la reunión de ayer, por unanimidad, los distintos sectores de la
actividad judicial plantearon la necesidad de continuar con el régimen de exención de ese gravamen.
"Tenemos que separar lo jurídico de lo personal. Desde lo jurídico, es imposible apartarse de lo
dispuesto por el artículo 110 de la Constitución Nacional", sostuvo una de las partes involucradas en la
cita de ayer, que pidió no dar su nombre. En esa línea, consideró que el privilegio se debe mantener,
aunque sostuvo que "hay que buscar la manera de darle una explicación a la sociedad de por qué" los
jueces deben estar exentos.
El artículo 110 de la Constitución detalla que "los jueces de la Corte Suprema y de los tribunales
inferiores de la Nación conservarán sus empleos mientras dure su buena conducta, y recibirán por sus
servicios una compensación que determinará la ley, y que no podrá ser disminuida en manera alguna,
mientras permaneciesen en sus funciones". La fuente consultada por El Cronista resaltó incluso que el
texto nacional es mucho más contundente que el estadounidense. Y citó, por ejemplo, que en Estados
Unidos se cambió el sistema y se incluyó en el pago de impuestos a los jueces ingresantes,
manteniéndose al margen a los que ya estaban dentro del sistema. Consideró "muy difícil" trasladar ello
a la realidad judicial nacional, ya que generaría disparidades en cargos iguales.
Los salarios de los jueces podrían sufrir un fuerte impacto si se los incluye en Ganancias. En la
actualidad, a sus sueldos netos se les debe agregar el 25% que se les paga por el título y el valor fijo de
antigüedad. Según fuentes del sector, los jueces federales cobran entre $ 100.000 y $ 120.000 en
mano por mes, de acuerdo a que sean de primera instancia o de Casación. No obstante, destacan, no
todo ese dinero es remunerativo.
En las provincias, la situación es diferente, argumentan muchos jueces que rechazan el pago de
Ganancias. "Hay camaristas que con 20 años de antigüedad, ganan menos de $ 40.000 por mes y una
quita importante en sus haberes provocaría que abandonen sus cargos", advirtió Rafael Gutiérrez,
presidente de Junta Federal de Cortes y del máximo tribunal de Santa Fe.
La Corte Suprema, encabezada por su presidente Ricardo Lorenzetti, convocó a discutir la cuestión a
representantes de la Procuración General; de la Defensoría General; del Consejo de la Magistratura; de
la Asociación de Magistrados, de la Junta Federal de Cortes; de la Federación Argentina de la
Magistratura y de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación.
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El presidente del Banco Nación, Carlos Melconian, fue uno de los bonistas que inició juicio contra la
Argentina en el juzgado de Thomas Griesa. Demandó al país por más de 770 mil dólares en títulos
públicos, de los cuales la mayor parte los había adquirido a fines de 2001, en plena timba financiera.
Melconian siguió en ese momento el camino de Paul Singer, según él mismo admitió ayer en Twitter,
aunque aclaró que en 2010 de- sistió de la demanda porque ingresó al segundo canje de la deuda
externa. Luego, el funcionario formó parte de la negociación para cerrar el acuerdo con los buitres por
parte del Gobierno de Mauricio Macri. Melconian calificó en 2013 a los fondos buitre como “tipos de
buena voluntad” y recomendó en 2014 “ir al juez (Griesa) y decirle, bueno, ¿cuánto es esto?” en
relación al litigio en contra de la Argentina.
El 6 de febrero de 2009 en el Distrito Sur de la ciudad de Nueva York el juez Thomas Griesa aceptó la
demanda 10.656 que un grupo de bonistas iniciaba en contra de la Argentina. Entre los inversores
demandantes figuraban Michael Heeb, Roberto Claudio Pitronaci, Alberto Guillermo Hillcoat, Elena
Graciela Martínez, Enrique Sebastián Palacio Minetti y Carlos Alberto Melconian. El actual presidente del
Banco Nación y candidato hasta último momento del macrismo para ocupar el Ministerio de Hacienda
adquirió a finales de 2001, en plena timba financiera previa a la explosión de la convertibilidad, 647.268
dólares en bonos externos globales bajo el código US040114GF14 emitidos en junio de ese año y con
vencimiento el 19 de diciembre de 2008. También compró 125 mil dólares en bonos externos globales
emitidos en 1997 con vencimiento en 2007 bajo el código US040114AR16. Esta información fue
difundida ayer por el portal de noticias nuestrasvoces.com.
“Al momento del default tenía títulos de la deuda pública e inicié gestiones judiciales en los juzgados
correspondientes. Terminé obteniendo sentencia favorable en la Corte Federal de Nueva York”, admitió
ayer Melconian a través de su cuenta de Twitter. Aunque aclaró que “allá por 2010, en oportunidad del
canje ofrecido por el gobierno anterior, sentí que era momento de dar por terminado este capítulo.
Ingresé al mismo y en simultáneo desistí de la demanda en cuestión, como exigía la propuesta oficial”.
Sin embargo, el economista no ofrecía esta información vinculada a su actuación judicial en contra de la
Argentina cuando tenía que referirse públicamente a la cuestión de los fondos buitre. Por ejemplo, en
agosto de 2013 decía que “los fondos buitre son tipos que de buena voluntad compraron títulos para
ahorrar”, y agregó que “la Argentina tuvo históricamente una actitud garca con los acreedores. Es que
si un amigo te debe guita y no te paga es un garca. El país ha hecho eso muchos años con distintos
gobiernos”. Melconian no aclaraba que lo de los “tipos de buena voluntad” era en realidad una
autorreferencia.
En 2014, Melconian cometió un furcio que ahora cobra otra entidad. En relación a la sentencia emitida
por la Corte Suprema de los Estados Unidos, dijo que “hay un juicio ganado –en lugar de un juicio
perdido– y tiene precio” y agregó que “en el himno al pragmatismo hay ir y decir, bueno, ¿cuánto es
esto?”.
El funcionario, que en su momento compró bonos en un contexto de fenomenal especulación financiera
para aprovechar rendimientos desorbitantes, que rechazó el canje de 2005 y que litigó en contra del
país hasta 2010, según su propia versión, fue uno de los elegidos por el macrismo para negociar con los
fondos buitre el acuerdo para cancelar los juicios. Tampoco Melconian sugirió dar un paso al costado de
esas gestiones teniendo en cuenta su pasado reciente. En octubre de 2015 trascendió que Macri envió a
Melconian a los Estados Unidos para mantener una reunión con Paul Singer y avanzar en un acuerdo.
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En abril de este año el Gobierno cerró el arreglo con los fondos buitre a través de un pago por 16.500
millones de dólares. La inversión de NML Capital, de Singer, fue en su momento de 177 millones de
dólares y luego recibió 2426,6 millones. Argentina pagó el costo de los honorarios de sus asesores
legales y de juicios que el fondo había perdido, como el embargo de la Fragata Libertad.
En su declaración jurada patrimonial de 2015, Carlos Melconian dijo poseer activos por 77,6 millones de
pesos, de los cuales unos 65,8 millones están depositados en el exterior. Dijo que solo traerá una parte
de ese capital y que “resguardará una parte” para sus hijos fuera del país. Posee acciones de grandes
empresas con cotización en Nueva York, como Petrobras, YPF, Banco Macro, Cresud, BBVA Banco
Francés, Tenaris, Basf, Sanofi, Apple, Google y Starbucks, entre otras. Las tenencias de bonos
argentinos con vencimiento en 2017, 2024 y 2027 fueron incorporadas al patrimonio recién en
diciembre de 2015, en ningún caso figuran bonos comprados en 2010 con el canje, lo que no significa
que no haya participado de la operación, porque los pudo haber vendido.
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“Las delegaciones del Gobierno Nacional y de las Fuerzas Armadas de Colombia informamos a la opinión
pública que hemos llegado con éxito al Acuerdo para el Cese al Fuego y de Hostilidades Bilateral y
Definitivo; la dejación de las armas”. Con esas palabras, la jefa de prensa del Comisionado de Paz
anunció, desde La Habana, el histórico acuerdo que pondrá fin a un conflicto armado de más de 50 años
en Colombia, un paso indispensable para sellar la paz.
Durante tres años y medio, en Cuba se tejió un complejo acuerdo que debería empezar a extinguir el
último enfrentamiento bélico en América, que dejó 260.000 muertos. La fallida lucha por el poder que
sostuvo durante décadas esa guerrilla de origen campesino y orientación comunista, está tocando su fin
gracias al proceso iniciado en noviembre de 2012.
El compromiso firmado hoy consagra por primera vez un alto al fuego de forma definitiva y el desarme
de la organización, imprescindibles para dar el último paso hacia la paz. Así, gobierno y rebeldes han
convenido cinco de los seis puntos que se definieron para terminar con la guerra interna. Esos son el fin
del enfrentamiento, la reparación de las víctimas, el desarme, el narcotráfico y el problema agrario.
Queda por acordar el mecanismo de refrendación de todo lo pactado y sub puntos de temas ya
acordados. Más allá del procedimiento (un plebiscito), los colombianos serán quienes deberán respaldar
o rechazar en las urnas los compromisos de La Habana.
“Mañana será un gran día! Trabajamos por una Colombia en paz, un sueño que comienza a ser realidad.
#SíALaPaz”, escribió en su cuenta de Twitter el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, quien
había advertido ayer que muy posiblemente se acordaría el cese del fuego esta semana.
También la delegación de paz de la guerrilla informó su parecer sobre el histórico paso. “Estamos en un
momento histórico hoy es #ElÚltimoDíaDeLaGuerra, la paz nos engrandece como especie”, escribieron
en su cuenta oficial de la misma red social.
El documento anuncia que mañana se realizará un acto para presentar el acuerdo hacia el mundo.
Estarán en la ceremonia Santos y el jefe de las FARC, Timoleón Jiménez, alias Timochenko. Por los
países garantes participarán el presidente de Cuba Raúl Castro, y por Noruega, el Canciller, Borge
Brende. También asistirían el secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon y los países
garantes de la negociación, y de Chile y Venezuela, que oficiaron de acompañantes.
En tregua no oficial desde julio de 2015, las FARC y el gobierno se comprometen a bajar las armas. El
punto sobre el fin del enfrentamiento incluye además el desarme de los rebeldes bajo verificación de la
ONU, garantías de seguridad para los ex combatientes y el compromiso del gobierno de combatir a las
bandas armadas de origen paramilitar.
En septiembre de 2015, las partes anunciaron uno de los acuerdos más complejos de la negociación,
que es el paso de los guerrilleros y paramilitares por la justicia transicional, conformada por jueces
colombianos y extranjeros. Buscan así sancionar a los responsables de delitos graves y garantizar que
nunca más se repetirá el enfrentamiento. Como parte de ese acuerdo, habrá amnistía para los
combatientes de las FARC que apenas se hayan alzado en armas, y los que estén acusados de delitos
de lesa humanidad recibirán penas alternativas de presión si confiesan sus crímenes.
En diciembre del año pasado también se firmó otro acuerdo clave, que tiene que ver con la reparación
de víctimas. El conflicto colombiano deja además de los 260.000 muertos, 45.000 desaparecidos y 6,6
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millones de desplazados, según cifras oficiales. Esta parte trabajó sobre el acercamiento para que las
heridas puedan cicatrizarse y que los conflictos no se extiendan esta sociedad lastimada por la guerra
interna.
Históricamente, las FARC justificaron su lucha armada en la defensa de los campesinos pobres y
víctimas de la violencia estatal, y en la redistribución de la propiedad agrícola altamente concentrada.
En mayo de 2013 anunciaron un acuerdo con el gobierno que prevé la concesión de tierras, acceso al
crédito y la instalación de servicios básicos en zonas de conflicto.
Las FARC depondrán las armas para convertirse en un partido político, uno de sus principales
requerimientos durante los años de conversaciones en La Habana. En noviembre de 2013, suscribieron
un pacto que les otorga garantías legales y de seguridad para que puedan competir en elecciones e
incorporarse a una vida política que nunca transitaron y que durante mucho tiempo repudiaron por
tratarse de lo que supieron llamar el “circo de la burguesía”.
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El virtual candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump, arremetió hoy
contra su rival demócrata Hillary Clinton, a la que llamó "mentirosa de primera categoría" que persigue
sus propios intereses y se está beneficiando personalmente de sus poderosos contactos políticos.
"Ella se hace rica haciéndoles a ustedes pobres", dijo Trump en un discurso en Nueva York, donde
expuso sus ataques contra Clinton en momentos en los que los candidatos están dejando atrás la larga
carrera de primarias y comienzan a centrarse en las elecciones presidenciales de noviembre.
Trump atacó a Clinton por apoyar acuerdos comerciales como el Tratado de Libre Comercio con Canadá
y México, que entró en vigor durante la presidencia de su marido Bill Clinton y el Acuerdo Transpacífico
de Cooperación Económica (TPP), aprobado por 12 naciones el año pasado.
Desestabilizadora
A pesar de que Clinton se ha distanciado del TPP, Trump señaló que será ella quien lo ponga en marcha
y eso costará millones de empleos en Estados Unidos. El aspirante republicano también arremetió
contra la labor como secretaria de Estado de Clinton y dijo que "casi por su propia cuenta" desestabilizó
todo Oriente Medio.
Y en ese sentido señaló su apoyo como senadora a la invasión de Irak en 2003 y su defensa como
secretaria de Estado de la campaña aérea internacional en Libia, así como los ataques de milicianos
contra el consulado estadounidense en Bengasi, que costó la vida a cuatro ciudadanos de Estados
Unidos.
"Resumiendo, dijo Trump, la prueba de Hillary Clinton para la presidencia ha generado una letal politica
exterior y un desastre tras otro".
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