El desastre de México

Transcripción

El desastre de México:
violencia, inseguridad e impunidad
José Antonio Ortega Sánchez
Eduardo García Valseca
Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal A. C.
El desafío de Enrique
Peña Nieto
violencia, impunidad e inseguridad
José Antonio Ortega Sánchez
Primera edición 2013
© Derechos Reservados
© José Antonio Ortega Sánchez
Esta obra no debe ser reproducida
sin autorización del autor
Impreso y hecho en México
Printed and Made in Mexico
Índice
Carta abierta.............................................................................................. 7
Introducción............................................................................................ 21
a desastrosa herencia del sexenio
L
de Felipe Calderón Hinojosa................................................................ 31
De lo que Felipe Calderón no es responsable............................. 33
De lo que Felipe Calderón sí es responsable............................... 50
La contribución de los políticos priístas............................................. 71
La herencia del antiguo régimen.................................................. 75
Los gobernadores del PRI:
entre cómplices, negligentes y erráticos...................................... 80
Tamaulipas: trío de impunidad..................................................... 92
Coahuila: zona de confort para los Zetas.................................. 121
Veracruz: montaje de un crimen................................................. 127
Tabasco: un priísta ejemplar........................................................ 141
Chihuahua: paraíso de violencia e impunidad......................... 145
Sinaloa: vínculos más allá de la amistad................................... 161
Nuevo León:
de modelo empresarial a modelo de violencia......................... 167
Durango: el legado de impunidad y el giro.............................. 187
Quintana Roo: paraíso de extorsión y violencia....................... 197
Estado de México:
singulares e inexplicables operadores........................................ 209
Y la contribución de los demás.......................................................... 219
Los políticos del PAN no pueden
arrojar la primera piedra.............................................................. 221
Michoacán: un modelo izquierdista de narco-estado.............. 233
Cómo salir de la pesadilla................................................................... 241
La actual política de seguridad:
el riesgo de un desastre mayor.................................................... 243
Lo que no hay que hacer.............................................................. 269
Lo que sí hay que hacer................................................................ 273
¿Cuántos fueron asesinados
durante el gobierno de Calderón?..................................................... 279
Notas...................................................................................................... 293
Carta abierta
C. Licenciado Enrique Peña Nieto
Presidente Constitucional
de los Estados Unidos Mexicanos:
Soy ciudadano mexicano. Mis antecedentes familiares permitieron arraigar en mí el patriotismo, el valor civil y el amor a la verdad.
Aprendí a entender que el sistema político mexicano tiene factores
positivos al servicio de los mexicanos y negativos al servicio de los
grupos de poder fáctico.
Mi esposa y yo fuimos víctimas de un secuestro cruel y doloroso
que marcó hondamente a ella, quien murió hace meses. Ella me dejó
como ejemplo la valentía, la pasión por la justicia y la verdad; por
ende, este libro surge como si lo hubiéramos escrito los dos.
Después del secuestro investigamos y recurrimos a las autoridades. Pudimos constatar en vivo, con angustia e indignación: la impunidad, la falta de voluntad política, la evasiva o la mentira como
respuesta. También hubo especialistas de las fuerzas armadas que
nos abrieron los ojos para caer en la cuenta de que la técnica utilizada en nuestro secuestro y de otros muy similares –anteriores y posteriores– corresponde al modus operandi del grupo armado de corte
guerrillero TDR-EP Tendencia Democrática Revolucionaria – Ejército del
Pueblo. Aunque cabe la posibilidad de que alguien, conocedor de esa
forma de delinquir la haya clonado con la misma crueldad haciendo
creer que eran guerrilleros.
La experiencia del secuestro, y sobre todo el calvario posterior al
hecho, nos llevó a hacer gestiones no sólo con autoridades de Mé-
carta abierta • 9
xico sino también en el Congreso de los Estados Unidos de Norteamérica para que conocieran la realidad de nuestro país. Mi esposa
y yo dimos seguimiento por meses y meses al problema de la violencia, a la estrategia del Presidente Felipe Calderón Hinojosa y sus
resultados. Por ello decidí publicar este libro, con datos obtenidos
de autoridades, especialistas, académicos, medios de comunicación,
líderes sociales y de otras víctimas, con el propósito fundamental de
contribuir a la solución de estos problemas.
Compromiso con la sociedad
En el proceso electoral del 2012 estuve de acuerdo con todos
aquellos que promovieron el voto útil a favor de usted, Presidente
Enrique Peña Nieto, porque quedé decepcionado del Presidente Felipe Calderón Hinojosa y estaba, y estoy, convencido de que Andrés
Manuel López Obrador siembra el odio y la violencia, la desconfianza y la mentira.
Hoy, en virtud del proceso democrático, que quedó demostrado
fue legítimo (aun cuando no perfecto), usted es el Presidente de todos los mexicanos; sin embargo la credibilidad de su gobierno está
cuestionada, tanto por la acción de varios gobernadores y grupos
políticos del PRI como por la insidiosa campaña promovida por
López Obrador.
Presidente Enrique Peña Nieto: usted tiene una oportunidad
enorme, análoga a la que tuvo el Presidente Vicente Fox Quesada,
porque representa para muchos mexicanos la esperanza de proseguir el cambio del sistema político, de realizar la anhelada reforma
de justicia, de remover el enorme obstáculo de la impunidad. Este
libro está dedicado a usted porque su estrategia de imagen se ha
centrado en ser el que sí cumple los compromisos.
Hoy lo invito a que su compromiso en materia de paz, de seguridad, de justicia, de fortalecimiento de las instituciones y de cumpli-
10 •
carta abierta
miento de la ley, sea claro y contundente para que la sociedad pueda
apoyarlo pero también pueda evaluarlo conforme a este compromiso.
Para cumplir, lo primero es conocer la realidad, por cruda que
sea. En esta carta no puedo sino describir lo más significativo. Los
datos, las cifras, los hechos, están en el libro.
Después de casi tres décadas, cuando comenzaron a generarse
condiciones para desatarla como parte de una aparente estrategia de
control, la violencia criminal en México ha llegado a límites que ponen en riesgo la gobernabilidad que ya se ha visto afectada en algunos lugares, pues son varios los municipios en los que el poder de los
grupos criminales está por encima del poder del ayuntamiento que
acaba plegándose a los criminales, sea por incapacidad, complicidad
o por terror. El caso de Michoacán es elocuente, pero no el único.
Durante el sexenio del Presidente Carlos Salinas de Gortari se
percibió que la estrategia era dejar que los cárteles criminales se eliminaran entre sí aunque hubiera muertos por acciones violentas de
las disputas entre ellos. La amarga realidad reciente es que los muertos no son sólo de los diversos cárteles por el control de los territorios, pues entre las víctimas de la violencia hay cientos de militares,
marinos, policías y también civiles inocentes.
El grado de impunidad ha permitido que personas ligadas a los
cárteles cometan delitos graves de extorsión, secuestro, homicidio
doloso, robo a mano armada, extorsión a empresarios, “cobro” de
impuesto, “derecho de piso”, todo esto con amenazas mortales que
muchas veces han cumplido. También están involucrados en los secuestros, que en el sexenio del Presidente Felipe Calderón llegaron a
la peor cifra de nuestra historia y, sobre todo, en el número de víctimas asesinadas durante éstos.
La impunidad de esa violencia criminal ha contagiado a pandillas
juveniles en todo el territorio nacional, pues han pasado del pleito
callejero a la violencia con armas, al asalto a mano armada y a un
vandalismo cuyos límites ya están fuera de toda definición.
carta abierta • 11
La violencia y el crimen organizado no son esencialmente productos de la pobreza –que es el argumento fácil para darle largas
al problema, pues la solución de la pobreza es de largo plazo–, sino
el resultado de la impunidad, que a su vez es fruto de mecanismos
arraigados de complicidad de numerosos servidores públicos de las
instituciones de seguridad y justicia con los criminales y, sobre todo,
de la protección política a grupos criminales.
FCH: resultados cuestionables
El Presidente Felipe Calderón nunca enfrentó seriamente el problema de fondo, lo que hizo fue multiplicar el presupuesto de seguridad pública para armamento, equipo sofisticado, aumentos salariales sin haber depurado previamente a la Policía Federal y otras
instituciones relacionadas con la justicia y el combate al crimen. Casi no tuvo ningún logro significativo en la denuncia, persecución y
castigo de la protección política de algunos grupos criminales.
El equipamiento y los mayores recursos económicos son necesarios, pero no dieron resultados porque no hay una verdadera Doctrina Policial; no se hizo una estrategia basada en labor de inteligencia;
no se entendió el papel tan importante de las Fuerzas Armadas en la
seguridad interior del país y no se perfeccionó la Ley en orden a la
eficacia, sino para compensar presiones de enemigos tradicionales
del Ejército.
No hay un programa serio para inculcar la ética en la Policía y
en muchas de las filas de las Fuerzas Armadas. No hay transparencia ni auditoría social ni vigilancia ciudadana. Sí hubo muchos
operativos, algunos exitosos, otros fracasados y otros para consumo de la opinión pública a través de escenas planeadas para actuaciones en los medios de comunicación y, cuando fueron exitosos
en la captura de alguna figura clave del crimen, no se procedió al
desmantelamiento.
12 •
carta abierta
Infinidad de casos se quedaron sin resolver por falta de voluntad
política, como el secuestro del que fuimos víctimas mi esposa y yo, a
pesar de que había elementos suficientes de investigación.
Se ha minimizado la labor de los grupos terroristas que han realizado varios secuestros, para no reconocer su existencia y evitar así
la atención mundial sobre México.
Los gobernadores, particularmente algunos del Partido Revolucionario Institucional (PRI), evadieron su responsabilidad legal de
combatir y abatir los delitos del fuero común: homicidio doloso,
extorsión, secuestro, asalto con violencia. Pretextaron que, como se
trataba de crimen organizado, todo le correspondía a la Procuraduría General de la República (PGR).
Por su parte, el Gobierno Federal se olvidó de esos delitos y se
concentró en la guerra contra el narcotráfico, que era el interés prioritario de los Estados Unidos para controlar las crecientes cantidades de tráfico de narcóticos.
La actuación del titular de la Secretaría de Seguridad Pública, ingeniero Genaro García Luna, en muchos casos benefició
claramente a grupos criminales, o se ensañó contra algunas personas. Cuando alguien trató de señalarle sus errores a García
Luna, como lo hizo el comandante Javier Herrera Valles, que
era Jefe de la Policía Territorial a nivel nacional, la reacción de
éste fue encarcelarlo con fundamento en dichos de testigos falsos, dizque testigos protegidos. Afortunadamente un tribunal
federal en segunda instancia –después de cuatro años de cárcel–
dictó sentencia absolutoria y orden de libertad a favor de este
Comandante.
Otros que tuvieron acceso a información sensible fueron asesinados sin que sepamos por quién ni por qué. Y cuando los reflectores
de la desconfianza pública apuntaban a García Luna, como mago inventaba algún acontecimiento espectacular para desviar la atención
y tratar de reivindicarse.
El caso más significativo es la emboscada en Morelos por parte
de policías federales disfrazados de civiles contra funcionarios de la
embajada norteamericana, con el evidente propósito de asesinarlos
con armas de alto poder.
Inmediatamente la dependencia a cargo de García Luna inventó
un supuesto operativo para perseguir a unos secuestradores, y habrían confundido a los vehículos diplomáticos con los delincuentes.
Toda la atención de medios nacionales e internacionales (principalmente los estadounidenses) se centró en unas cuantas horas en ese
hecho, pero al día siguiente, García Luna montó un escenario con su
Policía Federal para distraer la atención: puso en marcha un macro
operativo en Jalisco para, presuntamente, atrapar a Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, presunto jefe del llamado Cártel de Jalisco Nueva Generación.
En los reportes de la Policía Federal hubo muertos, pero no se
detuvo a nadie. Lo que sí ocasionó fueron estallidos de violencia
de bandas criminales que incendiaron vehículos en las carreteras
estatales. Los juegos de pirotecnia desviaron la atención mediática y
en unos días la agresión a los funcionarios norteamericanos pasó a
segundo término.
Por cierto, Señor Presidente Enrique Peña Nieto, yo vivo en Estados Unidos, conozco a varios congresistas, comunicadores y empresarios.
Hice aquí mi vida por temor de regresar a México –como lamentablemente lo han hecho decenas de mexicanos– y puedo afirmarle
que aquí se califica el hecho como muy grave y la expectativa está
dirigida a usted para que el nuevo gobierno sí pueda investigar, esclarecer y castigar este intento de asesinato, y dar una explicación
real no al Presidente de los Estados Unidos, sino a la ciudadanía
americana, en la que millones de mexicanos inmigrantes quieren saber por qué policías federales trataron de matar a funcionarios de
alto rango del Gobierno de los Estados Unidos.
14 •
carta abierta
Su compromiso, nuestro compromiso
Sin embargo, señor Presidente, lo más grave ha sido la protección política deliberada al crimen organizado por parte de algunos
gobernadores del Partido Revolucionario Institucional en varios estados de la República, lo cual ha levantado la percepción entre muchos ciudadanos del pago de sumas enormes de dinero para grupos
y propósitos políticos. Eso contribuyó a generar un estado de ánimo
nacional contra el Gobierno Federal, el cual sí asumió la decisión
de combate a la delincuencia. Y esa inercia permanecerá mientras
la ciudadanía no perciba acciones reales, resultados palpables del
combate a la inseguridad.
Deliberadamente evité publicar este libro antes de las elecciones
presidenciales del 2012, pues hubiera sido utilizado por el Partido
Acción Nacional y la alianza en torno a Andrés Manuel López Obrador. El problema de la seguridad es del Estado. El Gobierno Federal
es cabeza del Estado. Ahora este Gobierno lo encabeza usted y esos
grupos protegidos o coludidos exigirán impunidad.
En medio del escenario de un escenario sin control, también se
dio un esfuerzo singular para frenar esa violencia.
El General Mario Arturo Acosta Chaparro, quien fue asesinado
cobardemente, y cuyo homicidio permanece impune, estaba realizando una importante labor con conocimiento de las más altas autoridades de México: contactar a los más importantes grupos criminales para ir acotando su actividad y para abatir la violencia. Esos
grupos lo respetaban, por temor y por admiración de su valor civil.
Ojalá no contemple su gobierno la falsa estrategia de pactar con
los grupos criminales delimitando sólo los territorios de cada uno
para bajar la violencia cruel y aparatosa, sin disminuir ni el consumo ni el tráfico de drogas, ni otros delitos graves que agravan y
lesionan a la población aunque no salgan en los noticieros. Eso sería
sólo posponer y evadir la solución de fondo.
El caso del General Tomás Ángeles Dauahare, militar con un gran
reconocimiento en las filas castrenses, encarcelado durante meses
sin fundamento alguno, dejó una enorme duda, pues llegó a ser considerado como posible titular de la Secretaría de Seguridad, en lugar
de García Luna. Las autoridades encargadas de investigar delitos
contra el narcotráfico utilizaron, una vez más, dichos de tesigos protegidos para tratar de inculparlo con la delincuencia organizada y
algunos de sus jefes.
Esa estrategia sirvió de pretexto para detener a otros generales y
oficiales. La inocencia del General Ángeles Dauahare se comprobó y
salió libre. Al haber utilizado a los mismos testigos para inculparlos,
se espera que los otros militares también sean liberados.
Este caso, además de desprestigiar internacionalmente a todo el
Ejército mexicano es un reto para su gobierno, esclarecer ese caso
es prioritario en su agenda en materia de justicia. Además, y no se
puede soslayar, usted debe marcar con firmeza el rumbo que debe
seguir el Ejército, hoy parcialmente contaminado, pero en su mayoría confiable para la seguridad interior y para la seguridad nacional.
Presidente Enrique Peña Nieto: usted ha provocado una gran expectativa con la propuesta y posterior iniciativa de creación de la
Comisión Nacional Anticorrupción –en sustitución de la Secretaría
de la Función Pública– como instrumento del Estado para abatir la
opacidad. Créame que me entusiasma su compromiso y pugnaré
porque muchos ciudadanos le den seguimiento.
Sólo me atrevo a preguntarle con respeto ¿El Ejecutivo Federal o
la Comisión Anticorrupción, en su momento, va a investigar a los
ex gobernadores del PRI, mencionados en este libro? ¿Va a perseguir el macro fraude detrás del endeudamiento y la “tolerancia” del
secuestro por parte del ex gobernador de Coahuila y ex dirigente
nacional de ese partido, Humberto Moreira?
¿Va a cuidar la relación con ellos, a pagarles su apoyo y a ayudarle
a limpiar su imagen con investigaciones superficiales o arregladas?
16 •
carta abierta
Enfatizo que lo que esperamos diversos grupos de mexicanos
que se han acercado a usted para proponer, para exigir, para sumar y ayudar, es que ponga fin a la impunidad y se castigue a los
culpables.
Muchos empresarios, líderes sociales, eclesiásticos, políticos de
todos los partidos, que ven la situación con realismo y esperanza,
no están buscando beneficios personales, no son lambiscones, ni
ingenuos: son mexicanos que respetan la institución presidencial y
la democracia y quieren que su gobierno tenga la fuerza, la autoridad, la base social para hacer los cambios pendientes. Esperan que
marque usted su distancia de políticos que no tienen credibilidad
aunque tengan mucho poder y mucho dinero, y que privilegie la
capacidad profesional, la política visionaria de futuro, y el respeto profundo a los anhelos más sentidos y profundos del pueblo
mexicano, como es la gobernabilidad con reforma de la justicia y
abatimiento de la violencia y la impunidad, la construcción de la
paz social.
También anhelamos una reforma educativa real; el desarrollo
económico con empleo y sobre todo con justicia social, pues la mitad de los mexicanos está en la pobreza y de ellos, 25 millones en la
miseria. Ese es un reto urgente, grave e inaplazable.
Su fuerza para ganar estuvo en los votos, su fuerza para gobernar
está en la participación ciudadana; en la capacidad del gobierno de
dar respuestas eficaces a las exigencias de la sociedad, más allá de
las presiones típicas de los políticos.
Presidente Enrique Peña, deseo lo mejor para usted, México requiere de un Presidente fuerte y justo. México es y seguirá siendo mi
compromiso, nuestro compromiso y lo que haga usted por México.
Aquí, en Washington, con todas mis limitaciones, lo reconoceré; y
si algo me parece que perjudica a México, con lealtad y firmeza se
lo diré, aunque mi voz sea débil comparada con la de los poderes
fácticos, que ciertamente no quieren cambios verdaderos.
En síntesis
Las personas de México y de los Estados Unidos con los que he
comentado –vinculados a órganos o dependencias relacionadas con
las leyes, con la justicia y con el combate al crimen– destacan los
siguientes puntos:
1.- Es indispensable mantener el combate al crimen organizado
con toda la fuerza del Estado, dando mayor protección y seguridad
a la ciudadanía. Claro con una mejor estrategia. Por cierto, con todo
respeto señor Presidente, su estrategia no convence.
2.- El nuevo gobierno requiere una estrategia, con labor de inteligencia, depuración a fondo de las instituciones de seguridad y en
especial de las policías con labor preventiva, y cambiar de mentalidad para privilegiar la formación ética y respetar el derecho humano de todos los mexicanos a la paz, la justicia y la seguridad.
3.- Organizar a las dependencias de los gobiernos federal y estatal, Secretarías de Salud, Educación. Desarrollo Social y Sedena; y
organizaciones de la sociedad civil para la prevención efectiva de la
violencia, el delito, la complicidad y las adicciones, especialmente
de los adolescentes y jóvenes de todo el país.
4.- No caer en la tentación de pactar con los grupos criminales y
terroristas. Avanzar sustantivamente, en el abatimiento de la violencia, y por tanto, obligar con ese ejemplo a todos los gobernadores
a cumplir con voluntad política y eficacia su primera responsabilidad, la procuración de justicia y la garantía de la seguridad de la
población, mediante la persecución y castigo de los delitos que más
agravian a la sociedad; con metas públicas para abatir esos delitos
e indicadores medibles y confiables. Para que la ciudadanía pueda
saber qué autoridades –federales y estatales– sí cumplen y cuales
no, con nombre y apellido.
5.- Recuperar la gobernabilidad lo cual exige ejercer el monopolio
legítimo de la fuerza del Estado para recuperar territorios y respal18 •
carta abierta
dar a los gobiernos legítimos municipales. Y por ello las Fuerzas
Armadas deben ser depuradas, respaldadas jurídica, política y socialmente para que vuelvan a recuperar todo su respeto.
6.- Evitar la manipulación y control de la información en los medios, ya que eso lo llevaría al descrédito; tenga en cuenta que la percepción social de los acontecimientos ya no es exclusivamente a través de la prensa, la radio y la televisión.
7.- Coordinarse con el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica y otros del Continente sin menoscabo de la autonomía y
soberanía de México. La futura coordinación tiene una condición
esencial e insustituible, así lo piensan la mayoría de los congresistas
norteamericanos y es el absoluto y total esclarecimiento del evidente
intento de asesinato de funcionarios de la Embajada Norteamericana por parte de la Policía Federal.
Lo invito cordialmente a leer este libro.
Atentamente
Introducción
Enrique Peña Nieto asumió la Presidencia de la República en medio de la mayor crisis de seguridad del país en tiempos de paz y
resolverla es su mayor desafío, lo reconozca o no.
La crisis no es producto del azar, factores externos o pretendidos
“factores sociales”.
El desastre de seguridad pública de México es obra principalmente de elementos de la clase política.
Ni siquiera cabe atribuir la crisis a la prohibición de las drogas o
para ser más precisos, del narcotráfico. La prohibición tiene casi un
siglo en México ¿Por qué antes no se produjo una ola de violencia
como la que está en curso?, ¿por qué no hay una violencia comparable en la gran mayoría de naciones del mundo donde también existe
prohibición?
La ola de violencia sólo puede explicarse por las políticas erróneas de los gobernantes, por la negligencia e incompetencia de casi
todos y la corrupción y la colusión con grupos criminales.
Una justificación del Presidente Felipe Calderón Hinojosa y
miembros de su partido fue que los anteriores gobiernos federales
encabezados por militantes del PRI fueron quienes engendraron y
permitieron el desarrollo de los grupos de delincuencia organizada.
Incluso negó reconocimiento a su antecesor, el Presidente Vicente
Fox Quesada, a pesar de que provenían del mismo partido.
introducción • 23
Aunque sin ser totalmente cierta la premisa, los dos tuvieron el
poder formal para ejercer toda la fuerza del Gobierno y del Estado,
pero no tuvieron el poder real para someter a los grupos del viejo
sistema político priísta, e incluso trataron de negociar con algunos
de ellos.
Por eso, Calderón Hinojosa siempre encontró un discurso para
justificar la herencia de desastre en materia de seguridad que dejó al
Presidente Enrique Peña Nieto.
Es cierto que si bien la responsabilidad central recayó en el titular
del Ejecutivo Federal, también la hubo en otros. También es cierto
que Calderón Hinojosa heredó una pesada carga de problemas, pero
antes que recibirla de los ex presidentes priístas –quienes también
tienen su grave responsabilidad en todo esto– la recibió de manos
su predecesor inmediato en el cargo, de un miembro de su propio
partido político.
Al Presidente Felipe Calderón le estalló en la cara una bomba de
tiempo que le dejó Vicente Fox, quien después para ocultar su grave
responsabilidad tiró una cortina de humo con varias declaraciones
para no reconocer sus omisiones, entre ellas la de la promoción de la
legalización de la mariguana.
La opinión pública de México y muchos observadores extranjeros
han asumido la idea de que Felipe Calderón es culpable de la ola de
violencia porque sin, supuestamente, medir las consecuencias y sin
la debida preparación, declaró una guerra a los grupos criminales.
Esta noción absurda se basa en la falsa suposición de que si Calderón Hinojosa no hubiera desatado la pretendida ofensiva contra
los grupos criminales, estaríamos muy tranquilos, nos habríamos
ahorrado más de 60 mil muertos. Y lo peor es la propuesta implícita:
para estar en paz hay que dejar tranquilos a los grupos criminales,
hay que permitirles hacer cuanto gusten.
Y la noción de la declaración de guerra de Calderón Hinojosa es
absurda por muchas razones: porque la gran mayoría de las muer-
24 •
introducción
tes no son resultado del enfrentamiento entre agentes del orden y
criminales; porque no hay lógica en atribuir la matanza entre grupos
criminales a la represión legal de los mismos y porque es falso que
durante su mandato, Felipe Calderón haya hecho más contra el narcotráfico y los narcotraficantes de lo que hicieron sus predecesores.
Esta crítica, que comparten desde los enemigos políticos acérrimos de Felipe Calderón hasta críticos moderados, es en realidad
complaciente con el ex Presidente. Después de todo, esta versión lo
coloca como alguien que hizo lo que la ley le obligaba, aunque de
manera poco prudente.
La realidad es otra. Los verdaderos errores del Presidente Felipe
Calderón son más graves de lo que los partidarios de este mito le
atribuyen. Sus verdaderos errores fueron:
• El haberse movido contradictoriamente, entre el continuar la
política de dejar que los criminales se masacren entre sí e intervenciones para intentar contener la violencia;
• La continuación de la política de perseguir a unos criminales
y así favorecer a sus rivales, a los que persiguió con mucho
menos denuedo;
• Haber porfiado hasta el final de su mandato en sostener a colaboradores altamente ineficaces y no pocos de ellos sospechosos de graves actos de corrupción y complicidad;
• Haberse negado a asumir plenamente el liderazgo del Sistema
Nacional de Seguridad Pública y a proponer un programa que
obligara a los gobernantes locales a sumarse a la lucha para
frenar la violencia y recuperar las corporaciones policiales capturadas por los grupos criminales;
• No haber actuado consecuentemente contra los gobernantes
locales protectores de los delincuentes y/o negligentes;
• Y, por supuesto, haber encubierto a sus predecesores en el cargo por su grave responsabilidad en la crisis de seguridad, especialmente a Vicente Fox Quesada.
• Haber pactado con algunas las fuerzas de la llamada “familia
revolucionaria” caracterizadas por la impunidad, como el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y el sindicato
petrolero.
Pero con las erróneas políticas de Felipe Calderón, solas, no habría bastado para producir una crisis como la que sigue en curso.
Los demás actores políticos hicieron una contribución decisiva, incluyendo a ciertos poderosos priístas.
Parte de la herencia que los presidentes Vicente Fox y Felipe Calderón recibieron fue la política de dejar que los criminales se maten entre sí. Ésta fue inaugurada por el Presidente Carlos Salinas de
Gortari, con lo que sembró la semilla del “Estado fallido” en México,
pues el poder público empezó a renunciar a su monopolio –irrenunciable– sobre el uso de la fuerza legítima en contra de la violencia. Y
esto es más grave que la bien conocida y vieja práctica corrupta de
proteger a los narcotraficantes, que casi cumple la centuria de vida.
Pero la principal contribución de los políticos priístas a la actual
crisis de seguridad no es esa, cuando disponían de la Presidencia de
la República, sino lo que muchos gobernantes locales del PRI hicieron en los últimos 12 años. Los grupos criminales simplemente no
habrían podido cobrar la fuerza que cobraron sin la protección de
no pocos gobernadores, quienes en algunos casos devinieron en verdaderos socios del hampa organizada, más que meros gobernantes
que reciben sobornos.
Estos gobernadores fueron decisivos en consolidar dos de los
rasgos, hoy por hoy, más perniciosos de los grupos criminales: su
extensión hacia actividades delictivas más allá del narcotráfico
y la captura de algunas estructuras del Estado, en particular las
policíacas.
Todo un mundo se fue abriendo a los capos, originalmente sólo narcotraficantes. Ellos se fueron apoderando de un giro criminal
tras de otro, para –finalmente– entender que su negocio no era el
26 •
introducción
tráfico de drogas, sino la violencia, gracias a la cual pueden obtener
cuanta renta ilegal o legal deseen ¿Para qué limitarse a un negocio
que –pese a todas las exageraciones– no llega ni al 2% del PIB, cuando que es posible obtener una rebanada mucho más generosa de la
renta nacional?
Para los grupos criminales, y sus socios con poder político y económico, no es sólo la extorsión permanente y sistemática –cobro de
“derecho de piso”–, negocio en veloz expansión, sino el uso de la
violencia y la corrupción para incursionar en las actividades económicas legales: el apoderamiento de concesiones y empresas completas, el control monopólico de determinados ramos, la minería ilegal,
el acaparamiento de la venta de bienes y servicios al Estado y de las
licitaciones de obra pública.
El otro mundo que los gobernantes locales le abrieron a los narcos
fue el del control de las policías locales. Ya no se trató, como en el
pasado, de tener a los mandos en la nómina, sino a toda la plantilla.
Tal gasto no es despilfarro: se trata de que cada policía tenga bien
claro quién es el jefe en cada territorio.
No sólo políticos panistas y priístas son responsables del desastre de la seguridad pública. Los políticos del Partido de la Revolución Democrática podrán decir mucho de cómo sería el país si ellos
tomaran el poder, pero las palabras sobran, pues en Michoacán ya
demostraron en la práctica lo que en realidad sucedería: la instauración de un Estado-gángster y no sólo un narco-Estado.
Aunque el proceso inició desde el gobierno de Lázaro Cárdenas
Batel en Michoacán, fue bajo el periodo de Leonel Godoy Rangel y
su primo, cuando el grupo criminal “La Familia” se convirtió primero en un poder paralelo al formal en varios municipios y después en
el poder real en decenas de ellos.
Gobernar un país herido por la violencia y la inseguridad, amenazado por los grupos criminales cada vez más ubicuos, depredadores
y desafiantes, y agraviado por gobernantes negligentes y coludidos
con los peores delincuentes, es el tigre que Enrique Peña se sacó en
la rifa electoral.
Tan pronto ha iniciado su mandato, el Presidente Enrique Peña Nieto se ha tenido que enfrentar con desafíos adicionales,
específicamente con la aparición de grupos de civiles armados que
se autodenominan “autodefensas”, cuyos integrantes dicen haber
tomado las armas para defenderse de los grupos criminales.
Estos “grupos de autodefensa” han proliferado rápidamente, hasta estar presentes en decenas de localidades del país. Su surgimiento
tiene causas verdaderas y sentidas en la mayoría de los casos, pero
muchas de estas agrupaciones han cometido atropellos, incluso asesinatos, no muy distintos a los perpetrados por los grupos criminales de los que dicen defenderse.
Por lo hasta hoy publicado en diversos medios y por las acciones
desarrolladas por algunas de esas organizaciones parecen más una
suerte de fachada de los verdaderos grupos criminales para seguir
encubriendo sus ilícitas actividades.
Ante los problemas ya previstos como ante los imprevistos,
la política de seguridad pública del Presidente Peña Nieto ha
terminado por definirse y, por desgracia, es fundamentalmente
equivocada y su aplicación crea el peligro real de que el problema de inseguridad e ingobernabilidad en México se torne más
grave.
Siete son los ejes de esa política:
1. “Prevención social” de la violencia y el delito.
2. Creación de una Policía nacional.
3. Control de la información para aparentar que el problema se
está resolviendo.
4. Indiferencia ante el decisivo problema de la impunidad.
5. Desdén hacia la política de metas para reducir el crimen.
6. Tácticas dilatorias ante la problemática de las policías locales.
7. Pasividad y claudicación ante los grupos armados ilegales.
28 •
introducción
A continuación vamos a explicar cuál es la herencia que el Presidente Enrique Peña Nieto ha recibido en materia de seguridad y
por qué las políticas que ha elegido para hacerle frente son peligrosamente equivocadas, así como cuáles son las políticas alternativas
que el país requiere.
La desastrosa herencia del sexenio
de Felipe Calderón Hinojosa
De lo que Felipe Calderón no es responsable
Toda evaluación que se haga de la administración del sexenio del
panista Felipe Calderón Hinojosa debe partir de un hecho incuestionable: entregó a su sucesor un país más inseguro del que recibió de
su antecesor; incluso si, como es el caso, a Calderón Hinojosa se le
heredó una bomba de tiempo.
Veamos algunos hechos, según la propia estadística oficial. Entre
2006 y 2012 en el país aumentaron:
• 123% los homicidios dolosos y 414% los atribuibles al crimen
organizado.
• 248% los secuestros.
• 91% las extorsiones.
• 51% los robos con violencia.
Reconocer este empeoramiento de la seguridad no significa que
todo de cuanto se culpa a Felipe Calderón sea cierto. Y aquí no importa si la persona del ex presidente es tratada con justicia por las
críticas. El verdadero problema es que si las críticas más populares
se toman por acertadas y se convierten en la base de la política del
gobierno, la consecuencia práctica será un desastre mucho mayor al
que heredó Felipe Calderón.
No es nuestro propósito defender la política del expresidente,
cuyos aciertos son ampliamente superados por sus errores, según
prueban los resultados. Al mostrar la falsedad de las acusaciones
la desastrosa herencia del sexenio de felipe calderón hinojosa • 33
más frecuentes que se le hacen, buscamos impedir que las mismas
sean la base de las políticas de gobierno.
La acusación falaz más socorrida que se hace al Presidente Felipe Calderón y que proviene de la izquierda –aunque otros actores
políticos la han hecho suya– es que desató una “guerra” contra los
narcotraficantes que cobró más de 66 mil muertes, disparó diversos
delitos e incurrió en graves y generalizadas violaciones a los derechos humanos.
La conclusión lógica de esta acusación es: si Calderón Hinojosa
hubiera dejado tranquilos a los grupos criminales, el país se habría
ahorrado más de 66 mil muertes, así como la escalada delictiva que
lo abruma y los abusos de poder cometidos por las fuerzas armadas y la Policía. Pero sobre todo, de la acusación se infiere que para
poner fin a todos esos males hay que dejar tranquilos a los grupos
criminales, permitirles hacer cuanto gusten.
Hay otras críticas que sostienen que Felipe Calderón en lugar de
la lucha frontal contra los grupos criminales debió: primero haber
reformado a los cuerpos policiales locales que estaban debilitados e
infiltrados por el crimen organizado y/o debió seguir una estrategia
no basada en el uso de la fuerza sino en acciones contra el lavado
de dinero y/o debió haber actuado contra la supuesta causa de raíz
de la violencia (pobreza, marginación, desigualdad en los ingresos).
Ya analizaremos esas críticas también equivocadas; pero, primeramente, cabe refutar la acusación principal, la de la “guerra”. Esta
acusación es falaz por las siguientes razones:
• La gran mayoría de las muertes que cobró la ola de violencia
entre 2007 y 2012 no resultó de confrontaciones entre las fuerzas del orden y los grupos criminales.
• Fueron los grupos criminales los responsables de la casi totalidad de esas muertes. La gran mayoría de los caídos eran personas que participaban en actividades delictivas; sin que ello,
por supuesto, justifique su asesinato.
34 •
la desastrosa herencia del sexenio de felipe calderón hinojosa
• Es absurdo atribuir esa escalada en las disputas entre grupos
criminales a las acciones legales del gobierno, tendientes a tratar –precisamente– de contener la violencia criminal.
• Las acciones del gobierno no apuntaron principalmente a desarticular las actividades de narcotráfico; antes bien, por el contrario, el tráfico de drogas no se vio sustancialmente afectado,
más bien fortalecido.
• Consecuentemente carece de sentido el señalamiento de que
como el gobierno perjudicó a los grupos criminales en su actividad principal, estos derivaron hacia otros giros delictivos en
perjuicio del conjunto de la población.
• Más absurdo aún resulta atribuir la expansión de los grupos
criminales mexicanos más allá de las fronteras nacionales, a
esa inexistente afectación del narcotráfico en el país.
Y no sólo refutamos esta acusación central, sino que sostenemos
que la ola de violencia, cuyos responsables son los criminales, es
resultado también de la combinación de las políticas de los gobiernos anteriores al del Presidente Felipe Calderón, los propios
errores de éste y el papel jugado por los gobiernos locales en los
últimos años. La clase política toda y no sólo Calderón Hinojosa es
la culpable de la grave crisis de violencia e inseguridad que golpea
a México.
Y su responsabilidad no es por haber actuado contra los criminales; sino precisamente por no haberlo hecho o por hacerlo de manera
ineficaz y torcida.
La magnitud de la crisis y sus autores
Respecto a la magnitud y calidad de la violencia, considerar los
datos duros debe ser la base de cualquier juicio que busque la verdad. En tal sentido estos son los datos principales que deben tomarse en cuenta:
• Entre 2007 y 2012 en México se cometieron 104,825 homicidios
dolosos según cifras oficiales del Sistema Nacional de Seguridad Pública1, pero en virtud de la falsificación de datos en
que incurren los gobiernos de algunas entidades federativas,
la cifra real por nosotros estimada es de 131,4042.
• La cifra real de homicidios dolosos entre 2007 y 2012 es un
76.64% superior a la cifra oficial entre 2001 y 2006 durante el
gobierno de Vicente Fox (74,389) y un 46.54% mayor a la habida durante el gobierno de Ernesto Zedillo entre 1995 y 2000
(89,674).
• La diferencia entre el periodo 2007-2012 y el periodo 2001-2006
es de 57,015 homicidios. Pero debe considerarse que desde décadas atrás y particularmente entre 1998 y 2006 había una tendencia declinante en la incidencia de homicidios en México.
De haberse mantenido esa tendencia entre 2007 y 2012, habría
habido una incidencia de 58,218, es decir, 73,186 menos de los
que en realidad hubo. Alrededor del 90% de los homicidios
adicionales corresponden a la ola de violencia desatada por el
crimen organizado (precisamente la cifra de 66,410 por nosotros estimada).
• Según el gobierno de Felipe Calderón entre diciembre de 2006
y diciembre de 2010 se registraron en el país 34,612 homicidios
atribuibles a los grupos criminales, pero oficialmente se designaron por “rivalidad delincuencial”, término poco afortunado
que ha dado lugar a confusiones. Respecto a 2011 el gobierno
reportó 12,903 homicidios de este tipo entre enero y septiembre, pero después se negó a seguir dando información pública
al respecto. Nuestra estimación para todo el sexenio es, cabe
repetir, de 66,410 homicidios atribuibles al crimen organizado.3
• Las primeras cifras del gobierno (34,612 homicidios ocurridos
entre diciembre de 2006 y diciembre de 2010) presentó virtudes y defectos. Las virtudes son dos: primera, reconocía canti-
36 •
dades superiores a las de los conteos realizados por diferentes
medios de comunicación; segunda, estableció tres clasificaciones: ejecuciones, muertes producto de enfrentamientos (ya sea
entre delincuentes o de estos con agentes de las fuerzas del
orden) y muertos en ataques contra autoridades públicas. La
primera categoría acapara el 89.31% de los casos (30,913), la
segunda participa del el 9.11% (3,153) y la tercera del restante
1.58% (546).
• Hay dos errores de método y concepto en este conteo: primero,
no distinguir entre caídos en enfrentamientos entre delincuentes y caídos entre enfrentamientos de delincuentes con agentes
del orden; segundo, se incluyen las muertes de delincuentes
caídos en enfrentamientos con agentes del orden (aunque no
se precisen cuántos son) cuando que según las convenciones
internacionalmente de estadística criminal estas muertes no
pueden considerarse homicidios, a menos que se tratara de
ejecuciones extrajudiciales.
• Pese a esto errores, las cifras son muy reveladoras acerca de que
la gran mayoría de las muertes no son resultado de enfrentamientos entre delincuentes y fuerzas del orden ni de enfrentamientos entre delincuentes, sino de agresiones contra personas,
sean delincuentes o no, que no ofrecieron resistencia armada.
• Por nuestra parte estimamos que de los 66,410 homicidios atribuibles al crimen organizado entre 2007 y 2012, el 4.82% (3,204)
corresponde a policías y soldados asesinados en enfrentamientos y a servidores públicos muertos por atentados de los integrantes de grupos criminales; el 5% (3,320) a personas inocentes (desde familiares de delincuentes hasta individuos sin el
menor vínculo con éstos, como víctimas de secuestro, personas
asesinadas por error, ciudadanos que se negaron a la extorsión
y víctimas de atentados terroristas); el 90.17% (59,882) eran delincuentes, en su gran mayoría dedicados a la venta de drogas
al menudeo y también en su gran mayoría no opusieron resistencia cuando fueron asesinados.4
Por tanto, la idea que el gobierno mató a las más de 60 mil víctimas de la ola de violencia, carece del menor fundamento.
Asimismo, la versión de que muchas de las víctimas –ni siquiera
se estima cuántas– fueron asesinadas por grupos paramilitares del
gobierno con el propósito de “limpieza” social, es fantasiosa y carece de la menor evidencia. Es igualmente falaz señalar que los grupos
que han cometido estos crímenes no son las escuadras de sicarios al
servicio de los cárteles de la droga, sino bandas dedicadas a matar
“pobres” para así acabar con la pobreza. Los grupos de sicarios están bien identificados, no hay nada de misterioso en ellos. El “misterio” es pura fabricación.
Además de los homicidios propiamente dichos, están las muertes
de delincuentes en enfrentamientos con fuerzas del orden. Según
el Eército entre diciembre de 2006 y hasta julio de 2012, había dado
muerte a 2,893 delincuentes en esas circunstancias.5 Además están
los delincuentes caídos en enfrentamientos con elementos de la Secretaría de Marina y de la Policía Federal y de las policías locales.
El total de esta categoría podría llegar a los 4 mil muertos. Si todas
o parte de estas muertes figuran en las cuentas de “rivalidad delincuencial”, entonces la cifra de muertes atribuibles al crimen organizado sería menor a la que hemos calculado, pero por el momento no
hay forma de saber exactamente cuál es, precisamente por la confusión introducida por la PGR.
Al respecto, hay señalamientos de que una parte de estas muertes
no ocurrieron mientras los delincuentes resistían al uso legítimo de
la fuerza por parte de los agentes del orden, sino que fueron ejecutados extrajudicialmente. No dudamos de que haya habido ejecuciones extrajudiciales, pero se desconoce la magnitud de esta violación
muy grave a las garantías individuales, condenable e inadmisible
bajo cualquier circunstancia.
38 •
Asimismo, el ejército reconoce haber dado muerte a 47 civiles
inocentes por confusión o debido a balas perdidas disparadas por
militares durante enfrentamientos con criminales.6 Están también
los civiles inocentes asesinados por marinos y policías federales y
locales.
Si asumimos, hipotéticamente que un tercio de los delincuentes
muertos en enfrentamientos en realidad fueron ejecutados extrajudicialmente y si esa cantidad se suma a la de civiles inocentes asesinados por agentes, la cifra difícilmente representa el 1.5% de los
más de 65 mil muertes que cobró la ola de violencia. No soslayamos
la gravedad de estas muertes, sino que dejamos claro que es falso
atribuir la mayoría de muertes a los agentes del Estado.
Una batalla ficticia
Ahora bien, la acusación más frecuente de quienes culpan a Calderón Hinojosa por la ola de violencia no es que agentes del Estado hayan asesinado a 65 mil personas, sino que, al perseguir las
fuerzas del orden a los cárteles del narcotráfico –por órdenes el ex
Presidente Felipe Calderón–, se provocó que éstos pelearan entre sí,
con el saldo conocido. Específicamente se asegura que la violencia
se desató en ciudades y municipios como consecuencia del despliegue de fuerzas federales, sobre todo militares, y tras de la captura
de capos de las organizaciones criminales; pues ello desata pugnas
por suceder a los jefes capturados o muertos. También se culpa de la
violencia a los grandes decomisos de drogas y dinero, así como las
acciones de destrucción de cultivos ilícitos
Estas críticas son equivocadas por las siguientes razones:
1. No es verdad que el despliegue masivo de policías federales y
soldados preceda las escaladas de violencia en ciudades y municipios. Basta con cotejar en líneas de tiempo la evolución de
la estadística de asesinatos atribuibles a los grupos criminales
con las intervenciones federales, para constatar que no existe la
correlación que se pretende y menos aún la supuesta relación
causa-efecto.7 Cuando se iniciaron las intervenciones, ya fuera
en Michoacán, Chihuahua, Tamaulipas, la zona metropolitana
de Torreón, Coahuila o el puerto de Acapulco, Guerrero la violencia ya tenía tiempo de venir escalando. Casi todos los operativos fueron en reacción ante la violencia criminal. Y si esas
intervenciones no frenaron la escalada de violencia o tardaron
en hacerlo, esa es otra discusión.
2. Quienes presentaron la escalada de violencia casi como una
evidencia de que el gobierno estaba haciendo bien las cosas
contra los narcos, no fueron los críticos sino precisamente los
colaboradores de Calderón Hinojosa, cuyo discurso fue elaborado con enorme torpeza. Pero el que esos voceros gubernamentales hayan sostenido algo, eso no indica que por ese sólo
hecho haya sido verdad.
3. Tampoco es verdad que tras las detenciones o muertes de jefes
criminales o tras de decomisos importantes de drogas y dinero
haya escalado la violencia, lo cual también se puede constatar
con el cotejo en líneas de tiempo entre ejecuciones, por un lado,
y de detención o muerte de capos o bien de aseguramientos,
por el otro.8
4. Pero la idea de que las acciones de represión legal del gobierno al narcotráfico y a la delincuencia en general son las
que provocan la violencia, es bastante absurda e inmoral.
Es absurda porque contradice la lógica y la experiencia, tanto internacional como nacional. Y véase, si no, lo absurdo
del razonamiento: yo narco, enojado como estoy porque el gobierno me decomisó 200 millones de dólares, de puro coraje mando
asesinar –no a los agentes que intervinieron en el decomiso– sino
a 200 narcomenudistas al servicio de un capo que es enemigo mío
¿No es, acaso, este razonamiento un monumental disparate?
40 •
Y quítense 200 millones de dólares y póngase en lugar lo que
se guste (la detención de operadores o capitanes criminales,
aseguramiento de drogas o precursores) y el absurdo sigue
siendo portentoso.
5. Además, la premisa de que cuando los narcos –y en general
los delincuentes– riñen es sólo porque el gobierno los molesta,
se contradice con la experiencia internacional y nacional. Para
empezar, los delincuentes siempre riñen porque, además de
ser criminales carentes de todo escrúpulo, compiten. Y si bien
es cierto que la rivalidad entre empresarios legales se dirime
mediante mejor calidad de bienes y servicios y menores precios, en el mundo del hampa la competencia se hace mediante
las armas. Es cierto que hay pactos y treguas, pero también que
constantemente se violan, sobre todo a partir de la percepción
de que mediante la violencia se puede superar al hampón con
el que se pactó y ahora se busca traicionar.
Bajo el gobierno del Presidente Álvaro Uribe en Colombia,
como también bajo su sucesor Juan Manuel Santos, el gobierno desató la mayor ofensiva contra el narcotráfico habida en
la historia de ese país, con los mayores decomisos de cocaína
¿Acaso eso disparó la violencia en el país sudamericano?9 Todo
lo contrario: mientras más se golpeaba a los narcos en todos
sentidos menor era la incidencia de homicidios, la cual sigue
descendiendo.
En Canadá, en los años noventa la violencia entre narcos, la
llamada “Quebec Biker war”, fue frenada mediante la combinación de una fuerte presión policial que entorpeció el tráfico de drogas y la detención de los principales responsables.
La policía canadiense no siguió otro método para controlar
la violencia que el seguido por policías de distintos puntos
del mundo: entorpecer el narcotráfico, hasta que los narcos
prefieran reducir el nivel de violencia al ver comprometi-
do su negocio. La policía sabe que es imposible erradicar el
narcotráfico, pues éste se sostiene gracias a los consumidores, pero también saben que el mismo interés económico de
los narcos puede ser utilizado para que auto-contengan su
capacidad de violencia. Para los pocos que se resistan, queda al Estado el recurso de encarcelarlos, de hacer efectivo el
monopolio del uso de la fuerza legitima contra la violencia.
En México, la Operación Cóndor lanzada en la segunda mitad de la década de los setenta, fue la mayor operación, hasta ahora, contra el narcotráfico en el mundo, al grado de que
México pasó de proveer el 80% de la heroína consumida en
Estados Unidos al 25%.10 Eso no produjo ninguna matanza entre narcos ni represalias contra gobernantes, policía
o ejército. En noviembre de 1984 en Jiménez, Chihuahua se
dio el mayor decomiso de marihuana en la historia -récord
aún no superado-, se aseguraron 8 mil toneladas. Ciertamente hubo represalias, como fue el asesinato del agente de
la agencia norteamericana contra las drogas (Drug Enforcement Administration, DEA), Enrique “Kiki” Camarena
Salazar, con lo que se provocó un conflicto binacional; pero
salvo, esta reacción que tuvo lógica –atentar contra el principal responsable del decomiso–, no se desató ninguna ola
de violencia entre narcos como la de ahora, ni mucho menos.
En 1975, en un supuesto enfrentamiento con agentes de la Policía Judicial Federal, murió el entonces máximo capo Pedro
Avilés (aunque hay versiones verosímiles que se trató de una
ejecución extrajudicial).11 En consecuencia no se desató una
ola de violencia, como tampoco tras la muerte en un operativo
policial del capo Pablo Acosta en Ojinaga, Chihuahua en 1986.
Tras la captura en 1989 del máximo capo Miguel Ángel Félix Gallardo –más importante de lo que hoy es Joaquín Guzmán Loera,
“El Chapo Guzmán”–, ciertamente se desató una matanza, pero esas
42 •
muertes se podrían haber evitado si gobernantes y jefes policiales lo
hubieran querido.
Eran las épocas cuando jefes policiales controblaban a las bandas
de delincuencia organizada sin ningún pudor.
El narcotráfico no fue golpeado, sino fortalecido
Hay otra premisa completamente falsa en este razonamiento: que
el gobierno de Calderón Hinojosa realizó el mayor esfuerzo hasta
ahora habido contra el narcotráfico en México. La verdad es que términos de aseguramiento de droga y erradicación de cultivos ilícitos,
los resultados de la administración del Presidente Felipe Calderón
está entre los más mediocres de las últimas cuatro administraciones
federales. El negocio del narcotráfico está intacto en México, muy
lejos del drástico debilitamiento logrado en Colombia en los últimos
10 años.12
En México entre 2000 y 2010 la producción de heroína creció en
1,795%. El mercado interno de drogas no sufrió el menor problema
de abasto y hay más puntos de venta en las calles que nunca antes.
Los mercados que son abastecidos por narcos mexicanos no sufrieron ni la más pequeña escasez. De modo ¿que en dónde queda la
gran acción de Calderón Hinojosa contra el narcotráfico que supuestamente habría provocado la violencia?
Tampoco es verdad que los cárteles hayan sufrido un desmantelamiento sin precedentes debido a la muerte y captura de sicarios,
traficantes y capos.
Es un hecho que ningún otro gobierno abatió tantos de esos criminales y que la administración de Felipe Calderón capturó o dio
muerte a importantes capos. Es cierto también nunca antes se extraditó a Estados Unidos a tantas cabezas del narcotráfico y que nunca
habían sido detenidos, consignados, juzgados y condenados tantos
responsables de narcotráfico.
Pero respecto a las detenciones y castigo de delincuentes cuando
se examinan los detalles, el esfuerzo no parece tan extraordinario
como decía la propaganda gubernamental.
Bajo la administración del Presidente Felipe Calderón fueron capturados o muertos varios de los capos más importantes de los seis
principales cárteles: Nazario Moreno “El Más Loco” o “El Chayo” y
Jesús Méndez “El Chango” de “La Familia”; Arturo y Alfredo Beltrán Leyva de la escisión del Cártel de Sinaloa; José Antonio Acosta
Hernández “El Diego” del Cártel de Juárez; Ezequiel Cárdenas Guillén “Tony Tormenta” y Jorge Eduardo Costilla Sánchez del Cártel
del Golfo; Jesús Zambada García ‘El Rey’ del Cártel de Sinaloa y
Heriberto Lazcano, el máximo líder de “Los Zetas”.
Sin embargo, bajo administraciones anteriores a la del Presidente Felipe Calderón hubo golpes semejantes: la detención de Miguel
Ángel Félix Gallardo, Joaquín Guzmán Loera (si bien no tenía entonces el peso de ahora) y Amado Carrillo Fuentes, quien estuvo
presos sólo 9 meses, bajo la administración de Carlos Salinas; la captura y extradición de Juan García Ábrego, máximo líder del Cártel
del Golfo bajo la administración de Ernesto Zedillo; la detención de
Ossiel Cárdenas Guillén, entonces máximo líder del Cártel del Golfo, y de Benjamín Arellano Félix, máximo líder del Cártel de Tijuana,
durante el gobierno de Fox.
Y respecto al número de condenados por narcotráfico, la cifra de
20,101 en 2010 parece muy por encima de la de 2006 al final de la
administración de Fox (12,674) y la de 1999 casi al final de la administración de Zedillo (7,469). Pero este aumento tiene que ver con
la detención de traficantes al menudeo, debido al crecimiento explosivo del mercado interno en los últimos 15 años. Resulta que de
los 20,101 narcotraficantes condenados en 2010 sólo 1,531 recibieron
condenas de 7 o más años, mientras que en 2006 fueron 2,922 y en
1999 fueron 2,303 los narcotraficantes condenados a 7 o más años de
cárcel: hay una baja incluso en cifras absolutas.13
44 •
Pero lo más importante es el resultado neto de las detenciones y
muertes de narcos durante la administración de Calderón Hinojosa.
El tráfico de drogas no se vio trastocado y –lo que es más importante– no se comprometió seriamente la capacidad de violencia de los
grupos criminales.
Por otra parte, el que los narcotraficantes mexicanos hayan extendido sus tentáculos a otras naciones, incluidas las de América Central, no es porque hayan huido despavoridos de México, pues no
han huido. La prueba es que ningún capo ha sido detenido o muerto
fuera del país. En cualquier negocio la expansión es señal de éxito
y muy rara vez resultado de condiciones adversas en el mercado
originalmente conquistado.
Y esta falsa premisa, a su vez, se basa en una premisa mayor y de
pretensiones más universales: la verdadera causa de la ola de violencia en México es la prohibición de las drogas. La cual se mantuvo
durante el sexenio de Calderón Hinojosa.
Esta premisa hace de algo, en principio posible –que las prohibiciones favorezcan la violencia al crear mercados ilegales–, una cosa
ya no digamos probable, sino inexorable y de validez universal: la
prohibición de las drogas siempre conduce a olas de violencia como
las que sufre México. Lo cual es un completo despropósito.
El punto no es siquiera la postura moral que adoptemos sobre el
derecho de los individuos adultos a decidir que producir, vender,
comprar y consumir, sino el determinar si la prohibición siempre y
en todo lugar produce olas de violencia como la que vive México.
Para dilucidar esto cabe hacerse preguntas simples, pero fundamentales: si la prohibición produce olas de violencia como la
de México ¿por qué no las hay en la mayor parte de países del
mundo en las que también hay prohibición? ¿por qué no las hay
en Europa o en Estados Unidos donde existen los mercados más
grandes? ¿por qué la ola desciende en Colombia en lugar de ascender o mantenerse?
La respuesta a las interrogantes es: porque lo que provoca olas
de violencia como en México y en América Central y como antes
en Colombia, no es la prohibición en sí, ni que las naciones sean
productoras de drogas o zonas de tránsito, sino la incapacidad del
Estado para controlar la violencia, incapacidad que suele responder
en primer término a la falta de voluntad política. Por eso, por esa
debilidad, es que los Estados no pueden ni con la violencia de los
cárteles de la droga, ni con el secuestro, la extorsión u otros delitos.
Con prohibición o sin ella, si esos Estados no se fortalecen –en lo
único que su única función legítima: proteger vidas, propiedades y
libertades– la violencia va a seguir.
La falacia del Nirvana
Las otras críticas erróneas contra Calderón Hinojosa no se centran
tanto en culparlo de haber provocado la violencia al haber osado actuar contra los grupos criminales, sino por no haber adoptado otras
estrategias alternativas al choque frontal. Sus argumentaciones son
ejemplos claros de la llamada “falacia del Nirvana”, que es un “error
lógico consistente en comparar situaciones reales contra situaciones
utópicas, irrealizables e idealizadas”.14
La idea de que el Presidente Felipe Calderón antes de actuar contra los grupos criminales debió reformar a las policías locales, es
de una ingenuidad realmente conmovedora. El argumento parece
razonable, dado que uno de los principales motivos aducidos para
recurrir a las fuerzas armadas es que las policías locales, de varios
puntos del país, habían sido capturadas por los grupos criminales.
La idea de que Calderón Hinojosa debió haber dedicado los dos
o tres primeros años de su gobierno para reformar o refundar esas
policías para después, entonces sí, irse con todo contra los grupos
criminales, ignora lo más importante: la existencia misma de esos
grupos criminales.
46 •
Estos dedicaron demasiado tiempo y dinero en capturar corporaciones policiales locales como para contemplar con los brazos cruzados cómo su inversión se iba al bote de la basura. De hecho, desde
los primeros intentos de reformar las policías hubo una violenta reacción de los grupos criminales.
Pero con todo, imaginar soluciones mágicas haciendo abstracción
de los grupos criminales no es lo más importante. Si Calderón Hinojosa en lugar de movilizar al Ejército para intentar someter a los grupos criminales que habían desencadenado una matanza, se hubiera
concentrado en reformar a las policías –aún suponiendo que ante
ello los capos se hubieran quedado con los brazos cruzados– ¿había
que dejar a los sicarios masacrar sin el menor obstáculo? ¿de cuántas decenas de miles de muertos más a la cifra de 65 mil estaríamos
hablando ahora?
Ni Felipe Calderón Hinojosa ni quién hubiera sido Presidente de
la República en lugar de él, habría podido simplemente entrar en
receso mientras el país ardía en llamas. Recurrir al Ejército no era
una opción. Era eso o permitir que el país se convirtiera en infierno
de anarquía y violencia, que tardaría décadas de superar, como precisamente le sucedió a Colombia.
Precisamente en eso consistió la bomba de tiempo que Calderón
Hinojosa recibió de sus predecesores y sobre todo del Presidente
Vicente Fox Quesada. Éste entregó un país en calma, pero sólo en
apariencia. Bajo la delgada y maquillada piel había un cuerpo que
sufría una severa septicemia. Bajo el gobierno de Fox Quesada hubo
alrededor de 10 mil ejecuciones cometidas por los grupos criminales. En 2005 y 2006 hubo decenas de ataques incluso con granadas
contra puestos policiales en Guerrero. En Michoacán se desató una
“guerra” entre grupos criminales y en muchos municipios de ese
estado ya se cobraba “derecho de piso” a miles de personas.
En los últimos 20 años las organizaciones del narcotráfico sufrieron una transformación, cuyo rasgo principal es haber pasado de
bandas toleradas por el gobierno, dedicadas al tráfico de drogas y
con una relativamente baja capacidad de violencia, a grupos que
recurrían a mucha más violencia que en el pasado, que no se limitaban al tráfico de drogas y cuyos jefes ya no se creían sirvientes de los
políticos y policías que los protegían, sino sus amos.
Esto sólo pudo ser posible porque los gobernantes abdicaron a
su facultad de ejercer el monopolio del uso de la fuerza legítima en
contra de la violencia; siguieron la política de dejar que los criminales se mataran entre sí, permitieron que los cárteles de la droga
se fueran apoderando de otros giros criminales y además toleraron
que corporaciones policiales completas fueran cooptadas por el crimen organizado. Y si los capos ya no se conformaron con tener en
su nómina a jefes policiales, sino a miles de sus subalternos, fue para
que a éstos no les quedara duda a quienes tenían que obedecer.
Este proceso se inició bajo el gobierno del Presidente Carlos Salinas de Gortari que primero toleró la violencia, gracias a la cual
obtuvo la hegemonía criminal sobre Tamaulipas el Cártel del Golfo
de Juan García Ábrego y después la sangrienta disputa entre los hermanos Arellano Félix y Joaquín Guzmán. Pero el modelo quedó plenamente establecido cuando el gobierno de Salinas de Gortari permitió que Amado Carrillo Fuentes se apoderara de Ciudad Juárez,
en una “guerra” que se inició en abril de 1993 con el asesinato del
anterior dueño de la “plaza” Rafael Aguilar Guajardo y que culminó
en 1996.
Este proceso perverso prosiguió bajo las administraciones de los
presidentes Ernesto Zedillo Ponce de León y Vicente Fox Qusada,
pero en la segunda llegó a su clímax, cuando los jefes de los grupos
criminales probaron en la práctica que podían conseguir lo que quisieran mediante la violencia y que no debían temer a enfrentarse con
los agentes del orden, incluyendo los militares.
La otra crítica que se hace a Calderón Hinojosa, respecto a que en
lugar de recurrir al Ejército debió haber privilegiado la lucha para
48 •
afectar los activos de los grupos criminales, a fin de “pegarles donde más les duele” –el bolsillo–, no es menos ingenua y fantasiosa.
Ingenua, porque si de veras se les pega a los criminales en donde
más les duele, según la lógica de que pegar provoca una reacción
violenta, entonces la respuesta tendría que haber sido todavía más
violenta; y fantasiosa porque jamás, en ningún lugar del mundo, la
lucha contra el blanqueo de activos de los grupos criminales ha tenido como resultado la desarticulación de éstos o la severa limitación
de su capacidad de violencia.
Y respecto a la crítica de que el Presidente Calderón Hinojosa debió actuar contra las supuestas causas profundas de la violencia y el
narcotráfico que serían la pobreza, el desempleo, la marginación, la
falta de oportunidades y la desigualdad en los ingresos, cabe hacer
las siguientes observaciones:
• La idea de que los aludidos “factores socio-económicos” son
los determinantes del crimen y la violencia es un mito carente
de la menor base científica. A refutar ese mito se dedicó la obra
“¿Pobreza = crimen?”.15
• Aun en el supuesto de que a mayor pobreza, mayor violencia,
una ola como que ahora padece México tendría que haber estallado cuando el país era mucho más pobre.
• Calderón, partidario del mito de pobreza=violencia, gastó más
de mil millones de pesos de los contribuyentes en programas
de supuesta prevención que, como todos los de sus tipo, no
sirvió para nada.
En donde con mayor énfasis se pusieron en práctica estos programas equivocados de regalar dinero y construir canchas deportivas, fue en Ciudad Juárez, sin ningún éxito. La violencia
bajó en esa ciudad tan pronto el gobierno combatió realmente
a los grupos delictivos y capturó a los principales jefes de la
maquinaria de sicarios del cártel que hasta hace poco controlaba la “plaza”.
Derribados los mitos en que se basan los reproches equivocados
hacia las decisiones tomadas po el Presidente Felipe Calderón, pasemos a analizar sus verdaderas y muy graves responsabilidades.
De lo que Felipe Calderón sí es responsable
De lo que Felipe Calderón sí es responsable es de haber sido ineficaz en su obligación de controlar la violencia y restablecer el orden.
Es responsable de haber seguido una política contradictoria, que
se movió entre continuar la política nefasta de sus predecesores de
dejar correr la matanza entre criminales e intentar frenarla.
1. Haber continuado con la política de perseguir a unos criminales y a otros no tanto.
2. Haber porfiado hasta el final de su mandato en sostener a colaboradores altamente ineficaces y algunos de ellos sospechosos
de corrupción y violaciones a los derechos humanos, a pesar
de que en su momento hubo trabajos periodísticos de investigación que alertaron y de reclamos sustentados de ciudadanos
y organizaciones civiles en contra de la actuación de esos funcionarios.
3. Haberse negado a asumir plenamente el liderazgo del Sistema
Nacional de Seguridad Pública y haber propuesto un programa que obligara a los gobernantes locales a sumarse a la lucha
para frenar la violencia y recuperar las corporaciones policiales capturadas por los grupos criminales.
4. No haber actuado contra los gobernantes locales protectores
de los delincuentes y/o negligentes.
5. Haber encubierto a sus predecesores en el cargo por su grave
responsabilidad en la crisis de seguridad, especialmente a Vicente Fox y a sus cómplices.
6. Haber autorizado medidas masivas e indiscriminadas que
violaron garantías individuales del conjunto de la población y
50 •
haber sido negligente para prevenir y frenar los abusos en que
incurrieron militares y policías federales.
7. Haber preferido la política del reproche hacia Estados Unidos
en lugar de construir una alianza eficaz con el país vecino.
8. No haber actuado con decisión contra los grupos terroristas y
la violencia política.
Vamos explicar estas afirmaciones.
Una política contradictoria ante la violencia
del crimen organizado
La causa inicial principal de que estallara la ola de violencia durante el gobierno de Calderón Hinojosa, fue la política de los anteriores gobernantes de haber permitido que operaran milicias privadas ilegales (los “ejércitos” de sicarios), dejar que los delincuentes
se mataran entre sí y haber castigado a un número insignificante de
estos delincuentes altamente peligrosos.
Esa fue la herencia nefasta que el Presidente Vicente Fox y sus
predecesores le heredaron al Presidente Felipe Calderón, quien no
rompió del todo con esa política: unas veces dejó correr la violencia
y otras ordenó intervenciones de fuerzas federales para frenarla.
Los ejemplos más claros y significativos de cómo Calderón Hinojosa dejó correr la violencia y luego intentó frenarla, cuando los
cadáveres se apilaban, son Tijuana y Ciudad Juárez.
Tijuana fue para el capo Joaquín Guzmán no sólo un codiciado
objetivo sino una obsesión, dada su larga disputa con los hermanos
Arellano Félix, dueños de la “plaza”.
Él intentó todo para apoderarse de Tijuana hasta que en 2008
encontró el medio para conseguirlo, cuando la organización de sus
enemigos ya estaba debilitada. Cooptó a Teodoro García Simental,
uno de los principales lugartenientes de los Arellano; a éste le prometió dejarle administrar la plaza si usaba la información que disla desastrosa herencia del sexenio de felipe calderón hinojosa • 51
ponía y a su banda de sicarios para exterminar a sus antiguos amos,
quienes lo habían encumbrado.
García Simental desató entonces una matanza que le dejó a Guzmán Loera el camino casi completamente libre en Tijuana. Una vez
que este carnicero concluyó su macabra misión y cuando era identificado por la opinión pública como el responsable del asesinato de
cientos de personas (y haberlas deshecho en ácido) –información
que el propio Guzmán se encargó en divulgar–, entonces el capo le
indicó a la policía en donde se escondía el sicario y fue capturado.
Así “El chapo Guzmán” mató tres pájaros de un tiro: desmanteló
al Cártel de Tijuana, tomó la plaza y se deshizo de un carnicero poco
fiable que si había traicionado a sus anteriores amos, a quienes todo
les debía, algún día haría lo mismo con él.
Lo que ocurrió después es una historia más conocida: la incidencia criminal y no sólo los asesinatos fueron declinando.
En Tijuana no se impuso el estado de derecho, simplemente un
capo le quitó a otros el control de la plaza. La pregunta obligada es:
¿por qué el gobierno del Presidente Felipe Calderón no paró a García Simental y a sus sicarios cuando la matanza comenzaba, en lugar
de hacerlo cuando estaba concluida? Porque así calculó hacerlo.
Historia parecida es la de Ciudad Juárez. A finales de 2007 Joaquín Guzmán decidió librar una “guerra” para arrebatarle el control
de la ciudad fronteriza a la organización de Vicente Carrillo Fuentes.
Las hostilidades se habían roto entre los dos capos desde 2004, pero debieron pasar tres años para que se iniciara la toma de Ciudad
Juárez que era más complicada que la toma de Tijuana.
La violencia fue creciendo desde finales de 2007 hasta llegar al
clímax en 2011. En los años 2008, 2009 y 2010 Ciudad Juárez se convirtió en la ciudad más violenta del mundo según el estudio comparativo que realizamos. En 2011 pasó del primero al segundo lugar y
en 2012 probablemente pasó hasta el lugar 19 entre las 50 ciudades
más violentas del mundo.
52 •
El punto de inflexión de la violencia en Ciudad Juárez es el mes
de agosto de 2011, cuando fue capturado el máximo jefe de sicarios
del Cártel de Juárez, José Antonio Acosta Hernández “El Diego”.
Aquí hay otra pregunta obligada: ¿por qué no se le detuvo antes? ¿por qué Calderón Hinojosa no paró la violencia que creció en
Ciuad Juárez durante casi cuatro años? Y la respuesta es: porque así
lo decidió.
WikiLeaks difundió un cable en enero de 2009 remitido por el
entonces Cónsul estadounidense en Ciudad Juárez, Raymond Mc
Grath, quien escribió:
Una percepción generalizada es que el Ejército se siente cómodo dejando que los cárteles de Sinaloa y Juárez hagan la guerra entre ellos
por el control de la plaza y minen sus respectivas fuerzas. Como corolario, existe la teoría de que a los militares les gustaría ver que gane
el cártel de Sinaloa.16
En esencia el análisis del cónsul estaba en lo correcto, pero se quedaba corto en la apreciación del hecho. El Ejército en México no se manda
solo; si actuó como actuó fue porque así lo ordenó quien era entonces
su Comandante Supremo: el Presidente Felipe Calderón Hinojosa.
Frente a otros estallidos de violencia, sobre todo en la segunda
mitad de su administración, Calderón Hinojosa fue más oportuno
en ordenar la intervención de las fuerzas federales y mayor el esfuerzo de éstas por contener la violencia, en lugar de sólo contemplarla. Tal fue el caso de Tamaulipas, Nuevo León y Veracruz.
Pero en otros casos la intervención tardó demasiado en producirse, cuando ya habían pasado meses y años de matanza; como fueron
los casos de Guerrero y la región de La Laguna.
Persecución selectiva
Uno de los componentes esenciales del esquema corrupto de protección de los gobernantes hacia los criminales que ha imperado en
México, ha sido simular que se les combatea todos, cuando en realidad se les pega a unos para favorecer a otros. Para hacer más creíble
esta simulación, el grupo favorecido no está exento de golpes, pero
comparativamente esos son menos o provocan menor perjuicio que
los reservados a los rivales, a los no protegidos.
Ejemplo de esto es la persecución legal en contra de los antiguos
jefes del Cártel de Juárez, lo que favoreció a la organización de Amado Carrillo en tiempos del Presidente Carlos Salinas de Gortari. O la
persecución en contra de los Arellano Félix para favorecer a La Federación encabezada por Joaquín Guzmán y los Beltrán Leyva, durante
la administración de Vicente Fox.
Otro componente del esquema ha sido inducir desde el poder
la concentración organizativa del narcotráfico, porque así –se justifican sus artífices– se logra mejor control y hay menos disputas y
menos violencia entre narcos. Tal fue el caso de la creación del Cártel
de Guadalajara entre finales de los setenta y principios de los ochenta,
bajo las administraciones de los presidentes José López Portillo y de
Miguel de la Madrid. Lo mismo ocurrió con la creación de La Federación tras la fuga de Joaquín Guzmán bajo el gobierno de Vicente Fox.
No poseemos evidencia incontrovertible de que Felipe Calderón
haya protegido a Joaquín Guzmán y se haya beneficiado económicamente de manera muy amplia como habría correspondido, de ser
el caso. Pero es obvio que la organización del capo, la más poderosa
del país, ha sido la menos golpeada y que la estrategia selectiva de
Calderón Hinojosa frente a la violencia benefició a Guzmán. Y esto
para no hablar de que no recapturó al capo que Fox Quesada dejó
escapar.
“En corto” o de manera indirecta se trató de justificar la conducta
de Calderón Hinojosa frente al “Chapo Guzmán” aduciendo que la
alianza con éste permitía someter a los grupos criminales más violentos y que más daño causaban a las personas inocentes, como es el
caso de “Los Zetas”. Pero de entrada, el problema es que al final del
54 •
sexenio del Presidente Felipe Calderón esta organización criminal
no había sido desmantelada y la muerte de su principal líder ocurrió
de manera fortuita.
Este tipo de justificaciones, que los gobernantes no se atreven a
hacer en público –pues la política que justificarían es ilegal y criminal– nos recuerdan las justificaciones de conductas análogas de los
gobernantes colombianos y en particular de César Gaviria cuando
era Presidente de la República. Él recurrió a una alianza con el Cártel de Cali y otros enemigos de Pablo Escobar para acabar con él. Se
justifica esto aduciendo que a un criminal como Escobar no se le podía combatir con la fuerza pública solamente y con métodos legales.
Es el máximo desdén a las leyes.
Otro problema de favorecer a un grupo criminal frente a otro, es
que el favorecido –por supuestamente ser menos malo– resulta al
final tan malo como el que más y no respeta los “acuerdos” de no
actuar contra inocentes. Esto no es una posibilidad teórica, es justamente lo que sucedió con la “Familia Michoacana”. En diciembre de
2006 el Presidente Felipe Calderón ordenó su primera intervención
militar en Michoacán, con la cual se buscaba ahuyentar a “Los Zetas” y favorecer a “La Familia”, supuestamente un cártel “bueno”
que era aliado de Joaquín Guzmán.
Poco a poco Calderón Hinojosa se fue dando cuenta que el cártel “bueno” extorsionaba a un número creciente de michoacanos
y cometía secuestros para obtener rescates, con la complicidad del
gobierno estatal. El colmo fue el atentado con granadas en contra
de civiles inocentes el 15 de septiembre de 2008, acción con la cual
“La Familia” buscó inculpar a “Los Zetas”, los cuales al inicio de la
movilización del ejército se habían replegado, pero para mediados
de 2008 estaban de vuelta disputando palmo a palmo el territorio
michoacano.
El problema más importante de esa política nefasta de combatir
a unos criminales y favorecer a otros, es que además de inmoral,
corrupta y criminal es la fuente de la ola de violencia, al hacer que el
Estado permita la existencia de fuerzas armadas distintas a la suya.
Esa política ya costó 65 mil vidas ¿Para qué sirvió entonces? ¿queremos más de eso?
Mantener hasta el final a colaboradores
altamente ineficaces
A la luz de los resultados, ninguno de los colaboradores de primer nivel de Calderón Hinojosa en el área de seguridad tuvo un
desempeño eficaz y quien tuvo el peor desempeño fue el ex Secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, quien no sólo dirigió
la Policía Federal sino que era por ley el responsable de diseñar la
política de seguridad pública del gobierno.
La terquedad del Presidente Felipe Calderón respecto a García
Luna comenzó desde su designación. Pese a la opinión contraria del
gobierno de Estados Unidos, del Ejército y de la Iglesia Católica,
Calderón Hinojosa porfió en nombrar a Genaro García.
Esa fue la peor elección que Calderón podía hacer, pues ya entonces García Luna acumulaba un negro historial:
• Fue señalado como uno de los protectores de bandas secuestradores, entre ellas, la de Daniel Arizmendi, el llamado “mochaorejas”.
• Intentó fabricar delitos en contra de José Antonio Ortega Sánchez –quien lo denunció– y sus familiares, con la complicidad
del entonces Procurador General de la República, Rafael Macedo de la Concha.
• Sus colaboradores fueron señalados como protectores de diversas bandas de plagiarios, entre éstas la que privó de la libertad a las hermanas Ernestina Sodi y Laura Zapata.17
• Fue señalado también de brindar protección al capo Joaquín
Guzmán Loera, entre otros narcotraficantes.
56 •
• Como director de la Agencia Federal de Investigación (AFI)
fue notoriamente incompetente, tanto frente a los secuestros
como ante la ola de violencia del crimen organizado que creció
durante el sexenio del Presidente Vicente Fox Quesada.
• Fabricó evidencia en contra de la ciudadana francesa Florence
Cassez para incriminarla en secuestros que ella no cometió, lo
que dio lugar a un conflicto diplomático entre México y Francia.
Ya como Secretario de Seguridad Pública, el desempeño de Genaro García Luna fue más desastroso:
• Diseñó la política de dejar que los narcos se mataran entre sí y
de propinar golpes selectivos a los enemigos de Joaquín Guzmán. Aunque en teoría uno de los principales objetivos de esta
política era desarticular a “Los Zetas” y capturar a su máximo
líder Heriberto Lazcano, la Policía Federal no estuvo ni cerca
de atraparlo. Funcionarios de la DEA sospechan que García
Luna brindaba protección a Lazcano.
• Mantuvo en puestos claves a corruptos incondicionales suyos,
como Édgar Enrique Bayardo del Villar, comisionado de la Policía Federal, detenido en 2008 por sus ligas con capos del narcotráfico.
• Colaboradores suyos podrían estar implicados en el secuestro
de Eduardo García Valseca que se inició el 13 de junio de 2007
y concluyó el 24 de enero de 2007. Inicialmente se supuso que
los autores del secuestro eran miembros de un grupo terrorista
y aunque esta hipótesis no se descarta, la conducta de los colaboradores de García Luna ha sido muy sospechosa: trataron de
disuadir a la víctima de continuar con su exigencia de investigación y castigo de los responsables y fueron muy negligentes
en la investigación –si es que hicieron alguna– pese a que les
fueron allegadas diversas evidencias.
• Fue absolutamente negligente en responsabilidades que competían exclusivamente al gobierno federal, como combatir el
tráfico y trata de personas y proteger a los migrantes ante los
secuestros masivos perpetrados por “Los Zetas” y otros grupos criminales. Y esto, por lo publicado recientemente, mientras los altos funcionarios de la Policía Federal se enriquecían
inexplicablemente.
No asumir plenamente el liderazgo del
Sistema Nacional de Seguridad Pública
Durante el sexenio anterior, se vivió un juego de mutuas recriminaciones entre el gobierno federal y los gobiernos de las entidades
federativas sobre la responsabilidad en el combate al crimen organizado y la violencia.
Los gobernantes locales se lavaron las manos alegando que el
combatir el narcotráfico era una responsabilidad exclusiva del gobierno federal, mientras que éste respondía que la mayoría de los
delitos cometidos por los grupos criminales eran del fuero común,
homicidios y secuestros. Además, el gobierno del Presidente Felipe
Calderón sostuvo que la acción de los grupos criminales era facilitada porque ellos habían capturado a muchas policías locales, se
entiende que con la complacencia de gobernadores y alcaldes.
En esto, la razón asistía al gobierno federal. Si los gobernantes
locales no hubieran permitido que los grupos criminales se apoderaran de las policías y hubieran cumplido su obligación de prevenir y perseguir los delitos del fuero común, cometidos o no por el
crimen organizado, entonces la desastrosa política de los gobiernos
federales de dejar que los criminales se maten entre sí y de favorecer
a un cártel persiguiendo a sus rivales, no habrían bastado para que
estallara en el país una crisis de seguridad como la que estalló.
Los gobiernos locales no sólo no reaccionaron ante el aumento
de la violencia, sino que se mostraron más negligentes que nunca,
como se constata al observar como se desplomaron no sólo las tasas
58 •
de castigo de los delitos más graves como el homicidio –que es una
parámetro relativo–, sino cómo las condenas descendieron en términos absolutos, sobre todo en muchas entidades federativas gobernadas por el Partido Revolucionario Institucional.
Pero en donde el Presidente Felipe Calderón erró en forma garrafal, fue en no haber actuado como correspondía a la máxima autoridad política del país, en no proponer una política para reaccionar
ante la violencia que involucrara a las autoridades locales, al tiempo
que se acometía con toda la determinación la reforma de las policías
locales, además de las procuradurías de justicia y las administraciones de los penales.
El marco idóneo para un pacto de esta naturaleza era el Sistema
Nacional de Seguridad Pública, creado desde 1996. Si la ley establece que este sistema y las reuniones del Consejo Nacional de Seguridad Pública han de ser presididas por el Presidente de la República
no es para que éste cumpla un papel simbólico u ornamental, sino
para que actuara como líder, con respeto a las competencias de los
distintos niveles de gobierno o lo que se quiera, pero líder al fin y al
cabo.
Calderón Hinojosa tendría que haber propuesto un plan nacional
a partir de objetivos y metas de reducción de la incidencia delictiva
en general y la violencia en particular, así como para abatir la impunidad, todo a cumplirse en plazos perentorios y con sanciones para
quienes no cumplieran. Pero no quiso hacer esto ni tampoco se lo
propuso su Secretario de Seguridad Pública –responsable de diseñar
la política criminal–.
Es cierto que al final de su sexenio el Sistema Nacional de Seguridad
Pública se impuso metas de reducción de la incidencia criminal, como
hemos venido insistiendo desde el año 2000 y también que estableció
un cronograma para la refundación de las policías mediante la creación
de mandos únicos estatales. Pero esto fue en realidad una caricatura de
lo que habíamos propuesto: ante el incumplimiento de la reducción de
la incidencia criminal y ante el incumplimiento del cronograma para
depurar policías, no hubo sanciones para los incumplidos.
¿Qué incentivo puede haber entonces para cumplir? ¿Para qué
cumplir si a los responsables se les premia su incompetencia permitiéndoles continuar en sus puestos, pese a sus negativos resultados?
¿Cómo se iba a resolver entonces la crisis de inseguridad y violencia
incentivando a los que fracasan por ineptitud y/o corrupción? ¿Cómo podría el Presidente Felipe Calderón reclamar el incumplimiento de los gobernadores si él mismo sostuvo hasta el final a un portento de incompetencia e incumplimiento como lo fue su secretario
Genaro García Luna?
No actuar contra los gobernantes locales
protectores de los delincuentes
Cabe insistir en dos hechos que explican en gran medida el desastre de inseguridad que ha sufrido México:
• Primero, con las nefastas políticas de los gobernantes federales, de dejar correr la violencia y pegar a unos criminales para
favorecer a otros, no habría bastado para que hubiera un problema de este tamaño; resultaba indispensable lo que hicieran
o dejaran de hacer los gobernantes locales.
• Segundo, contar con la protección o al menos la indiferencia
de esos gobernantes locales es asunto decisivo para los grupos
criminales, pues de no ser así no habrían gastado tanto esfuerzo y tanto dinero en capturar instituciones locales completas.
En el nuevo esquema del crimen organizado en México, a los
grupos criminales no le basta tener en la nómina a autoridades
federales: las locales son indispensables para el libre operar de
las bandas de sicarios, para apoderarse de otros giros criminales además del narcotráfico y para imponer exacciones a vastos
sectores de la población.
60 •
Además de inducir a las autoridades locales a pactar un plan
nacional para abatir el delito en general, violencia e impunidad,
como el antes referido, el Presidente Felipe Calderón tendría que
haber utilizado los amplios poderes constitucionales y legales de
que disponía para actuar contra los gobernantes que protegían a
los grupos criminales o les dejaban hacer cuanto quisieran, como
también a los ex gobernantes que habían procedido de la misma
manera.
De esto Calderón Hinojosa casi nada hizo, con lo que se tornó
encubridor de la corrupción de esos gobernantes locales.
Calderón Hinojosa no tenía alternativa, tenía que investigar y
perseguir a esos malos gobernantes y ex gobernantes, porque a eso
la ley lo obligaba. Pero prefirió violarla por omisión. En lugar de
investigar y perseguir a los corruptos, prefirió malversar los dineros
de los contribuyentes en espiar a quienes lo criticamos en ejercicio
de nuestros derechos constitucionales.
Es verdad que al final del mandato del Presidente Felipe Calderón la Procuraduría General de la República inició una investigación
contra los ex gobernadores de Tamaulipas, pero una sola gaviota no
hace verano. Además, la intención no era hacer cumplir la ley, sino
usar las averiguaciones para tratar de influir en el proceso electoral
de 2012, ya fuese para beneficiar a un determinado candidato y perjudicar a otro o para intentar negociar impunidades con el futuro
gobierno.
El caso más escandaloso de esta omisión criminal de Calderón
Hinojosa fue respecto a Michoacán. El llamado “michoacanazo”;
esto es, la detención de 11 presidentes municipales y 16 funcionarios estatales en mayo de 2009, podría parecer que sí actuó de
acuerdo a lo que la ley lo obligaba pero fue saboteado por un juez
venal. También podría suponerse que había –al menos en el caso
de Michoacán– la intención de llegar hasta las últimas consecuencias cuando el Ejecutivo Federal solicitó a la Cámara de Diputados
el desafuero del diputado federal por el Partido de la Revolución
Democrática Julio César Godoy, medio hermano del entonces gobernador Leonel Godoy.
Pero no fue así, estas acciones tenían una intencionalidad política
y no la de hacer justicia. Lo más lejos que Calderón Hinojosa quiso
llegar fue acusar a Julio César Godoy por su complicidad con “La
Familia”, lavado de dinero e implicación directa en el asesinato de
14 policías federales.
Pero el Presidente Felipe Calderón no quiso ejecutar la orden de
aprehensión contra el ex diputado perredista, ni quiso acusar penalmente al gobernador Leonel Godoy, pese a que disponía de evidencia suficiente para hacerlo. Se trataba de un constante descrédito
mediático para intentar colocar a su hermana Luisa María Calderón
como gobernadora de esa entidad. También fracasó y arrastró a su
partido.
En el plano federal evitó dañar seriamente la credibilidad del
PRD. ¿Por qué? Porque Calderón Hinojosa no quería malograr la
realización de su más grande sueño: llevar a la Presidencia de la República a Marcelo Ebrard Casaubon, jefe de Gobierno de la Ciudad
de México –entonces principal personero de Hugo Chávez en México– apoyado por una alianza electoral entre el partido del entonces
Presidente, el Partido Acción Nacional y la izquierda. La realidad
es contundente para evidenciar el tamaño del fracaso de Calderón
Hinojosa.
El daño que el Presidente Felipe Calderón hizo al permitir la
impunidad de los gobernantes locales corruptos es mucho mayor
al que a primera vista podía suponerse, pues lo que hizo fue incentivar a todos los corruptos a seguir enriqueciéndose mediante
la venta de protección no sólo a narcotraficantes, sino a secuestradores y extorsionadores. Si estos criminales con poder político
sabían que no serían castigados ¿qué incentivo tendrían para dejar
de delinquir?
62 •
Haber encubierto a sus predecesores,
especialmente a Vicente Fox
Mucho pudo haber hecho Calderón Hinojosa en este terreno para
dejar muy claro que no podría haber ya impunidad de los gobernantes del máximo nivel. Baste citar dos casos: aclarar la matanza
en Ciudad Juárez en los años noventa y aclarar la fuga de Joaquín
Guzmán Loera del penal federal de máxima seguridad de Puente
Grande, Jalisco.
La “guerra” por Ciudad Juárez de la organización criminal de
Amado Carrillo cobró más de mil muertes, entre ejecutados y dos
centenas de desaparecidos. Quienes permitieron esto, desde Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo Ponce de León y sus colaboradores hasta el entonces gobernador de Chihuahua, Francisco
Barrio Terrazas, debieron ser llamados a cuentas. Pero esto, Felipe
Calderón, igual que Vicente Fox, jamás lo intentó. Esa impunidad es
la raíz de la matanza mucho mayor que después se desataría entre
2008 y 2011.
Y ni que decir de la investigación sobre las autoridades involucradas, primero en evadir a Joaquín Guzmán y, después en protegerlo
para que se convirtiera en máximo capo, con la misión de intentar
crear un cártel del narcotráfico realmente merecedor del nombre.
Lejos de hacer justicia, el Presidente Felipe Calderón se rodeó de
varios de los involucrados en estos casos.
Negligencia ante violaciones graves
a derechos humanos
No sobra insistir: recurrir a las fuerzas armadas para hacer frente
a la violencia desatada por los grupos criminales no era para el Presidente Felipe Calderón una opción entre muchas. Era eso o el caos
total, una matanza mucho peor a la habida.
Ciertamente hay un riesgo al recurrir a las fuerzas armadas, dado
su considerable poder letal y a que su papel normal no es el de policía. Pero no es cierto que los militares, por el sólo hecho de serlo,
han de violar derechos humanos.
Siempre es altamente factible evitar que los militares cometan
abusos, si se toman con debida diligencia medidas preventivas y
correctivas. Tampoco es verdad que debido a lo precipitado de las
decisiones de ir movilizando contingentes militares en este punto
del país y luego en aquel, era inevitable que hubiera abusos. Es perfectamente posible aún en esos casos girar las consignas y las reglas
de combate precisas y adecuadas.
Es un hecho que bajo Calderón Hinojosa se vivió la peor situación
de derechos humanos desde la cadena de atrocidades perpetradas
por la Policía Judicial Federal bajo el gobierno de Carlos Salinas de
Gortari y que entonces motivó la creación de la Comisión Nacional
de Derechos Humanos.
Este conjunto de abusos no requieren ser exagerados –como hacen los calumniadores que acusaron a Calderón Hinojosa ante la
Corte Penal Internacional– para ser graves y absolutamente inaceptables. Aunque hubo correcciones y se previnieron mayores abusos
por parte de la Administración federal, el hecho incontrovertible es
que éste fue negligente en el tema.
Pero además hubo directrices del gobierno del Presidente Calderón que de entrada eran ilegales y que favorecieron los abusos,
como fue persistir y profundizar la política de medidas masivas
e indiscriminadas de supuesta “prevención”, como son los retenes y volantas. Estas acciones violan las garantías individuales
al libre tránsito, la inviolabilidad personal y la presunción de
inocencia (al tratarnos a todos como delincuentes). No importa
si quienes hacen los retenes son militares o policías, el abuso es
el mismo. Son además absolutamente ineficaces para prevenir
o perseguir delitos. El que antes ya existieran los retenes, no es
64 •
excusa para que Calderón Hinojosa hubiera continuado con esa
práctica anticonstitucional.
Reproche hacia Estados Unidos en lugar de alianza
Desde hace décadas han sido constantes las mutuas recriminaciones entre el gobierno de México y el de Estados Unidos sobre el
narcotráfico. Hay declaraciones de hace muchos años que, salvo por
una advertencia, se puede creer que son actuales.
Lo novedoso bajo la administración de Felipe Calderón fue que
el gobierno mexicano culpara al estadounidense por la violencia,
debido a que permitió la venta de armas, incluyendo aquellas con
las que los grupos criminales masacran. Además, no faltan los viejos
y anacrónicos reproches al “consumo creciente de drogas en Estados
Unidos”, cuando que la realidad es que se mantiene una larga tendencia declinante del consumo en el país vecino.
El reproche por las armas se dirige específicamente al levantamiento de la prohibición de la venta de fusiles de asalto en 2004, que
estaba vigente desde 1994. Gracias a que en el país vecino se venden
AR-15 y AK-47, los pobres narcos no tuvieron otra que usarlas para
matarse entre sí.
La argumentación de Calderón Hinojosa y otros políticos que culpan a las leyes estadounidenses, son absurdas. Por ejemplo, la prohibición de la venta de fusiles de asalto en Estados Unidos entre 1994 y
2004 no impidió que los grupos criminales cometieran alrededor de
12 mil asesinatos en ese lapso, precisamente con ese tipo de armas.
Antes de 1994 la libre venta de armas de asalto en Estados Unidos no
provocó en México una matanza como la del sexenio calderonista.
Todo este discurso de culpar a Estados Unidos no tenía ningún
fundamento serio, se trató de una cortina de humo para ocultar su
pésima política. Por supuesto que los Estados Unidos y su gobierno,
no son los culpables de la violencia en México.
Un gobierno sensato y responsable, como el de Colombia en los
últimos 11 años, en lugar de hacer recriminaciones a Estados Unidos, habría construido una sólida alianza –no en espera de la caridad del “buen vecino”– apelando, precisamente, al interés propio
estadounidense, a su propia seguridad. De haberse dado esa alianza
México se habría beneficiado ampliamente con información de inteligencia, entrenamiento, recursos y toda suerte de ayuda, mucha
mayor a la casi simbólica de la Iniciativa Mérida.
Si no hubo un Plan México (como el Plan Colombia) es porque
Calderón Hinojosa no quiso.
Con esto México perdió la oportunidad de una ayuda invaluable,
que habría salvado miles de vidas.
Tolerar la violencia política
Los jefes de los grupos criminales fueron aprendiendo a depender casi por entero de su capacidad de violencia para conseguir lo
que deseaban y a no temer al gobierno, pese a la superioridad del
poder de fuego de éste.
Pero la “minoría ridícula” –como el Presidente Felipe Calderón motejó a los grupos criminales responsables de más de 65 mil
muertes– no sólo aprendió de su propia experiencia directa. Los
capos aprendieron también, como lo hace cualquier ser racional,
de la observación y la imitación de las experiencias ajenas. ¿De
dónde sacaron los narcos que la violencia en México sí paga, que
se pueden cometer actos ilegales y violentos impunemente? Pues
de los grupos de izquierda, principalmente, aunque también los
hay priístas que en los últimos años han venido escalando sus acciones de ilegalidad, desorden y violencia, sin que los gobernantes
no izquierdistas los detengan. No podemos esperar que los gobernantes izquierdistas vayan a frenar a sus propios compañeros de
tropelías.
66 •
Esta violencia va desde el extremo del terrorismo simple y puro a un conjunto de acciones que podríamos llamar “terrorismo de
baja intensidad”, mediante el cual, para citar un ejemplo foráneo,
llegó al poder por vía democrática Evo Morales. Ese terrorismo de
baja intensidad consiste en los conocidos bloqueos de vías de comunicación, los allanamientos de instalaciones públicas y privadas, la
privación ilegal de la libertad de servidores públicos y particulares,
la destrucción de propiedad, los enfrentamientos con la Policía, los
motines en forma e incluso el asesinato.
Y si nos referimos a estas acciones como “terrorismo”, es porque
así lo define la ley. El Código Penal Federal en su artículo 139 tipifica
así al terrorismo:
“Se impondrá pena de prisión de seis a cuarenta años y hasta
mil doscientos días de multa, sin perjuicio de las penas que correspondan por los delitos que resulten, al que utilizando sustancias
tóxicas, armas químicas, biológicas o similares, material radioactivo
o instrumentos que emitan radiaciones, explosivos o armas de fuego, o por incendio, inundación o por cualquier otro medio violento,
realice actos en contra de las personas, las cosas o servicios públicos, que produzcan alarma, temor o terror en la población o en un
grupo o sector de ella, para atentar contra la seguridad nacional
o presionar a la autoridad para que tome una determinación” [el
énfasis es nuestro].
Los grupos terroristas izquierdistas de México, los del terrorismo de alta intensidad, han sido los grandes mentores del hampa
sin pretextos ideológicos y políticos. Ellos les enseñaron a los delincuentes sin pretensiones, a cometer asaltos bancarios, cómo secuestrar, cómo maltratar a las víctimas de secuestro, como montar
“muros” y hacer contra-inteligencia y un sinfín de técnicas y triquiñuelas de la operación clandestina. Los terroristas mexicanos, a su
vez, han tenido buenos maestros en las selvas sudamericanas y los
campos de entrenamientos de Cuba donde fueron adiestrados Pero
sobre todo los terroristas mexicanos mostraron a los delincuentes
comunes como salir impunes.
Desde el gobierno de Carlos Salinas hasta el de Felipe Calderón,
los gobernantes han hecho lo que ha estado de su parte para garantizar a los terroristas mexicanos y a sus socios extranjeros impunidad
por sus crímenes.
Al final de su administración el Presidente Carlos Salinas se negó
a aplicar la ley contra el autonombrado Ejército Zapatista de Liberación Nacional y se puso a negociar con estos asesinos. No sólo eso. En
1994 un grupo de investigadores dio con la ubicación de los autores
de atentados con explosivos y de los secuestros de Alfredo Harp
Helú y Ángel Losada, eran los terroristas del Partido Revolucionario
Clandestino Unión del Pueblo que después se convertiría en Ejército
Popular Revolucionario, el EPR. Pero Salinas de Gortari ordenó que
no los detuvieran.
Pese a la violación de la Ley de Amnistía por parte del EZLN, el
Presidente Ernesto Zedillo no se atrevió a cumplir con su obligación
legal, la de ordenar que el Ejército marchara sobre la “zona de conflicto” en Chiapas y desde entonces una parte de esa entidad federativa y del territorio nacional se encuentra sustraída a la soberanía
del Estado mexicano. Zedillo Ponce de León también fue incapaz de
cumplir con su obligación legal de someter a los grupos terroristas
que le declararon la guerra.
El Presidente Vicente Fox hizo un esfuerzo todavía mayor para
beneficiar a los grupos terroristas. Trató, aunque sin éxito, de formalizar la entrega de una parte del territorio nacional al grupo armado
ilegal ELZN; frenó las iniciativas de las áreas de inteligencia y seguridad nacional para detener a los integrantes de los otros grupos
terroristas que seguían cometiendo secuestros y atracos; desató una
persecución contra operadores de la “guerra sucia” de los setentas,
mientras que a los terroristas en receso que aquellos persiguieron
han disfrutado de las mieles de la participación política legal desde
68 •
hace décadas; dejó correr el motín en la ciudad de Oaxaca, que se
prolongó durante los 5 últimos meses de su mandato y era dirigido
por los cuadros de los grupos terroristas, precisamente.
Felipe Calderón no quiso quedar atrás en garantizar la impunidad de los terroristas y al respecto hizo su mayor esfuerzo:
• Se negó a profundizar la investigación sobre un tráfico de armas en favor del Ejército Popular Revolucionario (EPR) que
tuvo lugar en 2005 y en el cual estuvieron involucrados gobernantes del Distrito Federal, Venezuela y Cuba.
• No hizo investigar y detener a los terroristas responsables de
decenas de secuestro bajo su mandato, entre ellos el de Eduardo García Valseca (aunque tampoco se descarta la hipótesis de
que sus plagiarios hayan sido colaboradores de Genaro García
Luna, quienes se habrían hecho pasar por terroristas al saber
que éstos tienen la impunidad garantizada).
• Ordenó no acusar a los terroristas del EPR de los sabotajes
con explosivos contra instalaciones de PEMEX perpetrados en
2007 y que provocaron pérdidas por más de 2 mil millones de
pesos, unos 150 millones de dólares.
• Ordenó no investigar las denuncias que en 2008 y en 2009 presentamos ante la PGR en contra de terroristas mexicanos ligados
a las FARC, entre ellos contra Rogelio Ortega, funcionario de la
Universidad Autónoma de Guerrero, mencionado –en comunicaciones entre los jefes de la organización terrorista colombiana– como socio en la realización de secuestros en México.
• Ordenó no detener a Lucía Morett de las FARC, tras de que en
julio de 2009 la Interpol dictó contra ella una orden internacional de captura por lavado de dinero y terrorismo y le permitió
huir a Venezuela, donde ha permanecido desde entonces protegida por el gobierno de ese país.
• Ordenó no detener a los terroristas responsables del secuestro
del ex candidato presidencial panista (además de señalado en
algunos medios como traficante de influencias y abogado de
personeros de los narcos), Diego Fernández de Cevallos.
Y frente a los terroristas de baja intensidad, Calderón Hinojosa
no fue menos benévolo. Los vándalos izquierdistas cometieron tropelías una y otra vez, sin que se hiciera nada contra ellos durante
su gobierno. Calderón ni siquiera tuvo el valor para detener a Andrés Manuel López Obrador cuando éste, al frente de sus incondicionales, impidió el funcionamiento del Congreso de la Unión, con
el fin de que no se discutiera una iniciativa de reforma en materia
energética. Iniciativa que el propio Presidente Felipe Calderón había
propuesto.
Calderón Hinojosa ordenó no se detuviera e indiciara a los seudo-estudiantes responsables de haber incendiado una gasolinera en
Chilpancingo, Guerrero el 12 de diciembre de 2011 –incidente en el
que perdió la vida un empleado del establecimiento– para no molestar a los terroristas del Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente
(ERPI), con quienes estaban ligados aquellos seudo-estudiantes asesinos.
Con sus omisiones frente a la violencia política, Calderón Hinojosa no sólo dejó impunes crímenes que por sí mismos son muy graves, sino que con ello además contribuyó al clima general de violencia en el país.
En suma, la responsabilidad de Felipe Calderón en la crisis de
inseguridad de México es más grave de la que suelen imputarle sus
amigos izquierdistas.
Pero Calderón no es el único responsable de este desastre. El resto
de la clase política también hizo su parte…
70 •
La contribución de los políticos priístas
Los políticos del Partido Acción Nacional (PAN), no pocas veces,
han dicho que la ola de violencia que azota a México es una herencia del antiguo régimen priista y que corresponde a los políticos del
Partido Revolucionario Institucional (PRI) la responsabilidad central de la actual situación.
Los políticos priistas han respondido que culpar al PRI, partido
que perdió la Presidencia de la República en el año 2000, es mera
excusa para la ineptitud de los políticos panistas que gobernaron el
país entre 2001 y 2012. Además han sostenido que mientras el PRI
gobernó a México no hubo nada parecido a la matanza en curso y,
por tanto, que no se les puede culpar de la misma.
¿Quién tiene la razón? O mejor aún ¿Cuánto hay de cierto o falso
en estas acusaciones cruzadas? ¿Qué importancia tiene dilucidar las
responsabilidades que corresponden a los políticos de las distintas
facciones?
Nosotros sostenemos:
1. La responsabilidad central de no haber impedido y sobre
todo revertido la ola de violencia durante el mandato de
Felipe Calderón corresponde a ese gobierno. Puede entenderse que no hubiera una respuesta eficaz al inicio de la
anterior administración, pero después del segundo o tercer
año de gobierno ya no había lugar para las excusas. Los po-
la contribución de los políticos priístas • 73
2.
3.
4.
5.
74 •
líticos que no disponen del poder se la viven luchando por
obtenerlo a sabiendas de lo que entraña gobernar; llegaron
al poder porque lo anduvieron buscando afanosamente,
nadie los forzó. Y si consideraban que el desafío era muy
grande y los problemas irresolubles, entonces ¿para qué
querían el poder?, ¿para sólo disfrutar de las nada escasas
mieles de mandar?
En estricta lógica, antes que culpar a los regímenes priístas
por la herencia que Calderón Hinojosa recibió, los panistas tendrían que haber culpado al inmediato predecesor, al
también panista Vicente Fox Quesada.
Pero aún cuando en la herencia de violencia, impunidad,
ineptitud y corrupción hay responsabilidad de Fox Quesada, esto no significa que no recaiga también en los anteriores gobiernos federales priístas y en particular en los más
cercanos en el tiempo, los de Carlos Salinas de Gortari y
Ernesto Zedillo Ponce de León, pues bajo ellos se comenzó
a gestar el actual problema.
Por supuesto también hay responsabilidad, aunque comparativamente menor, en los gobiernos anteriores al de
Carlos Salinas, por su extrema corrupción. En descargo de
esos gobiernos debe admitirse que cuando menos no fueron tan insensatos como para seguir la política de tolerar
que los criminales se masacraran entre sí, orientación que
por décadas siguieron, pero no por virtudes cívicas, sino
por el cálculo político y el “principio de autoridad” que fue
la columna vertebral del credo del antiguo régimen (o de la
mayoría de los gobiernos de éste).
Pero la responsabilidad decisiva de los políticos priistas en
la actual ola de violencia y crisis de seguridad no estriba
en el antiguo régimen. Su grave responsabilidad es más actual, en función de que en los últimos 12 años y a pesar de
la contribución de los políticos priístas
haber perdido la Presidencia de la República la mayoría de
los gobiernos locales han sido priístas.
6. La mayoría de entidades federativas con los mayores índices de violencia e inseguridad han sido precisamente las
gobernadas por el PRI durante la mayor parte de los últimos 12 años. Y eso no habría sucedido si esos gobernantes
hubieran actuado con eficacia e integridad, como la ley los
obligaba.
La herencia del antiguo régimen
A partir de mediados de los años treinta cuando la vida política
se estabilizó en el país y hasta mediados de los años setenta del siglo
XX, México disfrutó de un nivel relativamente aceptable de seguridad pública, sin que la situación fuera ideal ni mucho menos.
El hecho es que al iniciar los años setenta el país prácticamente
no sufría secuestros ni asaltos bancarios, ciertamente en la segunda
mitad de los sesenta se dieron los primeros pero en una cantidad
muy escasa. Entonces nadie conocía horrores como el secuestro exprés, los atracos en el transporte urbano de pasajeros, el secuestro
masivo de migrantes, el pago del “derecho de piso” o los atracos en
el transporte público o establecimientos diversos, que devienen en
prolongadas privaciones de la libertad plagadas de atrocidades.
Desde mediados de los treinta se inició una tendencia clara hacia
la declinación de los homicidios dolosos. Si hacia 1935 la tasa era de
70 por cada 100 mil habitantes para 1970 se encontraba en alrededor
de 20 por cada 100 mil habitantes.
La delincuencia distaba de ser sofisticada en todo ese periodo. Pero con la irrupción de los grupos armados clandestinos de ideología
izquierdista, las cosas empezaron a cambiar.
El control del crimen durante los primeros gobiernos del antiguo
régimen combinaba acciones apegadas a la ley con abusos como la
tortura y condiciones atroces en las prisiones. Por supuesto había
policías que protegían delincuentes, como dio cuenta Luis Spota en
su novela “Lo de antes”, publicada en 1968. Pero el problema no era
generalizado ni sistémico, a diferencia de lo vendría a partir de la
segunda mitad de los años setenta.
Por lo que hace al narcotráfico, desde tiempos de la “revolución
mexicana” los hombres del poder vendían protección a los traficantes y siguieron haciéndolo hasta el fin del antiguo régimen. Pero
hasta inicios de los sesenta el narcotráfico era una actividad criminal
de una importancia mucho menor, en comparación con la que tuvo
a partir de los años setenta.
Justamente a inicios de 1960 el narcotráfico se empezó a tornar
en una actividad cada vez más rentable en el mundo. En esa década
se vivió una epidemia de consumo de heroína en Estados Unidos y
luego en Europa, para poco después darse un boom del consumo de
diferentes drogas en el marco de un llamado “movimiento contracultural”.
Como resultado del programa de erradicación del cultivo de
amapola en Turquía a inicios de los setenta y de golpes propinados
a la llamada “conexión francesa”, México se convirtió en el principal
abastecedor de opio, heroína y mariguana para el mercado estadounidense.
Como consecuencia de este proceso, políticos como Leopoldo
Sánchez Celis, ex gobernador de Sinaloa, gestaron la idea de crear
un verdadero cártel de las drogas, es decir, una sola organización
que centralizara todo el narcotráfico con protección estatal. Estos
planes se vieron interrumpidos con la Operación Cóndor lanzada
entre finales del sexenio de Luis Echeverría y principios del de José
López Portillo, que tuvo como resultado una drástica caída en la
producción de goma de opio y heroína. Si hacia 1975 México aportaba el 80% de la heroína consumida en Estados Unidos para 1979, la
contribución de México cayó al 25%.
76 •
Hacia 1979 con la participación de mandos militares y civiles se
retomó la idea del cártel de narcotráfico y así se fundó el Cártel de
Guadalajara. El capo que quedó al mando del Cártel fue Miguel Ángel Félix Gallardo, pero quien realmente controlaba la organización
al tiempo que utilizaba el poder del Estado para proteger a esa gran
empresa del narcotráfico era José Antonio Zorrilla Pérez, a la sazón
máximo jefe de la policía política, de la Dirección Federal de Seguridad (DFS) entre finales del sexenio de José López Portillo y al inicio
de la administración de Miguel de la Madrid. Imposible que ambos
ex presidentes no supieran y aprobaran las actividades de Zorilla.
Con esto se produjo un salto cualitativo en el proceso de corrupción del sistema de justicia penal en México y en particular de la
policía. Con Zorrilla, la policía política, además de cumplir con sus
tareas represivas –legales e ilegales– se transformó en una organización criminal, no sólo en una corporación policial corrompida que
protegía criminales.
Pero no sólo se trataba de la DFS. Desde mediados de los años
setenta diversas corporaciones e instituciones de seguridad pública
entraron en un acelerado proceso de descomposición. Con el arribo
de Arturo Durazo, la policía de la capital del país también se convirtió en una corporación controlada por un grupo de jefes criminales, que después se conocería como “La Hermandad”. Ésta fue la
responsable de la escalada criminal que azotó al Distrito Federal a
partir de 1983. “La Hermandad” organizó al hampa capitalina y la
hizo actuar como una verdadera empresa criminal. Los jefes policiales hicieron que las distintas bandas innovaran y desarrollaran nuevos giros criminales como el robo al transporte de carga, el robo de
vehículos y su comercialización a gran escala, los asaltos y fraudes
contra bancos, la falsificación de documentos y los atracos contra
transeúntes.
La peste rápidamente se propagó al resto del país. A inicios de los
años ochenta integrantes del Batallón de Radio Patrullas del Estado
de México (BARAPEM) cada fin de semana atracaban a miles obreros de las zonas industriales del Valle México, tras de que cobraban
sus sueldos.
Integrantes de esa corporación, creada para supuestamente combatir los atracos bancarios, se volvieron en los asaltabancos más activos del país. Y todo tolerado por los gobernantes. Esa es la “edad
de oro” de la que tanto se ufanan los políticos priistas.
Asimismo, desde inicios de los años setenta, con el ingreso a los
penales de narcotraficantes adinerados, las prisiones transitaron del
viejo esquema de cárceles-basurero, en los que literalmente se arrojaba a los internos como desechos, al esquema de las cárceles-botín,
en los que se impuso la extorsión generalizada de internos y visitantes, la venta de privilegios, los tráficos de drogas, alcohol y el
autogobierno.
En esa época se terminaron de establecer los rasgos esenciales del
esquema de corrupción sistémica de las instituciones de seguridad
y de las policías en particular:
• Reclutamiento de agentes entre los sujetos más inescrupulosos
y no pocas veces auténticos psicópatas y sádicos.
• Bajos sueldos que habrían de ser redondeados mediante la corrupción.
• Pirámide de extorsión en el que se bombea dinero de los niveles bajos de la jerarquía hacia los altos.
• Asignación de los mandos y permanencia en los mismos, no
en función de los resultados para reducir crimen e impunidad, sino de la incondicionalidad hacia los mandos políticos y de participar a éstos los beneficios de la protección al
hampa.
• Persecución de unos delincuentes para favorecer a los rivales
y así simular que “se combate al crimen”, lo cual no excluye
traicionar en algún momento a los delincuentes que por un
tiempo se ha protegido.
78 •
• Participación directa de agentes en delitos graves como asesinatos por encargo, secuestros, tráfico y trata de personas, violaciones, atracos y trasiego de drogas.
• Violación de derechos humanos mediante la tortura y malos
tratos; desapariciones forzadas e involuntarias; ejecuciones extrajudiciales, violación y abuso sexual de detenidos, sobre todo
de detenidas; represalias contra familiares, incomunicación,
retención ilegal, fabricación y “siembra” de evidencia; detenciones arbitrarias, operación de retenes que violan las garantías de libre tránsito, presunción de inocencia e inviolabilidad
personal; allanamientos de morada y saqueo de los lugares cateados.
• Simulación de depuraciones mediante el despido o encarcelamiento de unos policías corruptos para poner en su lugar a
otros iguales o peores.
• Todo esto generó una espiral de impunidad en prácticamente
todo el país.
Es de destacar que ya desde entonces, como hasta ahora, el problema de la inseguridad pública y la corrupción policíaca relativa a
ella en México no se reduce ni mucho menos al narcotráfico y su violencia. De hecho en las últimas cuatro décadas, los principales problemas de inseguridad no son con relación al narcotráfico. Y debe
destacarse esto porque no pocos ingenuos creen que la mera legalización de las drogas resolverá de manera instantánea los problemas
de inseguridad y violencia.
Parte decisiva de la herencia de corrupción y violencia del antiguo régimen priísta es la política de dejar que los criminales se
masacren entre sí. Como ya se indicó, esa política fue inaugurada
por el gobierno de Carlos Salinas. Primero dejó correr las matanzas
en Tamaulipas para que Juan García Ábrego se hiciera del control en
ese estado y la región del Golfo de México. Después fue permisivo
ante la pugna entre Joaquín Guzmán y los hermanos Arellano Félix
y finalmente dejó el camino libre para que Amado Carrillo desatara
una matanza para apoderase de Ciudad Juárez.
Pero según se indicó, esta herencia no es lo peor de la aportación
de los políticos priistas al actual desastre de la seguridad pública en
México, sino la actuación más reciente de sus gobernantes locales.
Los gobernadores del PRI:
entre cómplices, negligentes y erráticos
Las entidades federativas de México que más se han visto afectadas por
la delincuencia y la violencia son aquellas en las que, la mayor parte del
tiempo de los últimos 12 años, han sido gobernadas por el PRI. Asimismo
la mayoría de las ciudades que figuran entre las 50 más violentas del mundo, se encuentran en estados que han sido gobernados por priístas.
Entre 2000 y 2010 (año éste en el cual la mayoría de entidades
federativas tuvo sus cifras más elevadas de homicidios), en la República Mexicana la tasa de homicidios doloso aumentó en 79% en
números redondos. Pero en 10 entidades federativas el incremento
fluctuó entre el 164% (Baja California) y el 1,381% (Chihuahua). De
esas 10 entidades federativas durante la mayor parte del periodo
2000-2010, siete estuvieron gobernadas por el PRI: Chihuahua, Nuevo León, Tamaulipas, Sinaloa, Durango, Nayarit y Coahuila.
Asimismo, en 2011 de las diez entidades federativas con las tasas
de homicidio doloso más elevado, ocho entidades han estado gobernadas por priístas la totalidad o la mayor parte del tiempo del
período 2000-2011: Chihuahua, Sinaloa, Durango, Nayarit, Nuevo
León, Tamaulipas, Coahuila y Colima. Y en 2012, según las cifras del
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública
(que deben tomarse con reserva por el “rasurado” en que incurren
varias procuradurías), igualmente 8 de las 10 entidades federativas
con las mayores tasas de homicidios han sido gobernadas la mayor
parte del tiempo del período 2000-2012 por gobernadores priístas.
80 •
Tabla 1 Variación de la tasa de homicidio (por cada 100 mil
habitantes) en las entidades federativas entre 2000 y 2010
Posición en
variación tasa
Entidad federativa
Tasa 2000
Tasa2010
Variación%
1
Chihuahua
14.31
211.96
1,380.75
2
Nuevo León
3.21
21.41
567.30
3
Tamaulipas
8.03
43.02
435.99
4
Sinaloa
19.75
90.51
358.32
5
Aguascalientes
1.48
6.33
326.92
6
Durango
18.50
73.31
296.26
7
Nayarit
13.15
49.96
279.91
8
Coahuila
4.92
18.16
269.24
9
Sonora
8.75
27.98
219.77
10
Baja California
18.49
48.79
163.84
11
Colima
8.29
19.69
137.41
12
Jalisco
7.69
14.61
90.07
13
Guanajuato
4.70
8.17
73.88
14
Zacatecas
7.09
10.40
46.62
15
Distrito Federal
8.24
11.99
45.54
16
Michoacán
12.22
17.04
39.46
17
Morelos
22.63
31.46
39.01
18
San Luis Potosí
11.05
14.62
32.33
19
Baja California Sur
7.31
8.63
18.09
21
Guerrero
45.43
48.10
5.88
22
Hidalgo
5.14
5.03
-2.25
23
Querétaro
4.41
4.05
-8.31
24
Campeche
25
México
26
27
28
Puebla
29
Quintana Roo
30
Oaxaca
31
Chiapas
7.96
7.18
-9.86
20.81
17.79
-14.51
Veracruz
6.73
5.63
-16.36
Tabasco
11.10
8.93
-19.52
11.29
7.18
-36.38
28.00
17.67
-36.89
37.57
19.25
-48.75
32.39
10.70
-66.96
Posición en
variación tasa
Entidad federativa
Tasa 2000
Tasa2010
Variación%
32
Tlaxcala
29.09
4.87
-83.25
20
Yucatán
1.57
1.84
17.56
14.21
25.40
78.77
Indicador nacional
Nota: Las fuentes de los datos son el Sistema Nacional de Seguridad Pública
(SNSP), el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) y
las procuradurías generales de justicia de los estados. Los cálculos son nuestros.
La Metodología de los cálculos se encuentra en el capítulo final ¿Cuántos fueron
asesinados durante el gobierno de Calderón?.
82 •
Tabla 2 Incidencia del homicidio (por cada 100 mil habitantes)
en 2011 y 2012
Entidad
2011
Tasa
2012
Posición
Aguascalientes
6.65
Baja California
Tasa
Posición
30
3.59
32
25.07
11
17.89
13
Baja California Sur
6.44
31
5.20
29
Campeche
7.08
28
8.16
26
12.68
21
11.64
23
130.83
1
57.45
2
Chiapas
Chihuahua
Coahuila
26.30
9
27.23
9
Colima
25.57
10
39.47
5
Distrito Federal
12.42
22
8.76
25
Durango
65.49
4
37.54
6
Guanajuato
11.28
23
13.85
18
Guerrero
72.08
2
68.04
1
Hidalgo
7.87
26
5.04
30
Jalisco
20.68
12
15.79
15
México
16.97
17
13.65
19
Michoacán
19.80
14
17.40
14
Morelos
31.39
8
48.06
4
Nayarit
51.76
5
22.37
10
Nuevo León
46.41
6
30.58
7
Oaxaca
17.98
16
12.32
22
Puebla
10.61
24
10.91
24
Querétaro
6.72
29
6.71
27
Quintana Roo
16.29
18
14.76
17
San Luis Potosí
15.46
19
15.06
16
Sinaloa
71.73
3
52.39
3
Sonora
20.21
13
18.38
12
Tabasco
10.00
25
5.43
28
Tamaulipas
42.31
7
30.08
8
Tlaxcala
7.41
27
4.88
31
Veracruz
13.18
20
12.58
21
Yucatán
2.68
32
1.89
33
Zacatecas
19.66
15
13.10
20
Indicador nacional
25.11
19.01
Nota: Las fuentes de los datos son el Sistema Nacional de Seguridad Pública
(SNSP), el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) y
las procuradurías generales de justicia de los estados. Los cálculos de 2011 son
nuestros y la Metodología de los cálculos se encuentra en el capítulo final ¿Cuántos fueron asesinados durante el gobierno de Calderón? Los datos de 2012 son del
SNSP.
84 •
Tabla 3 Entidades federativas de México que figuraron
en el ranking de las 50 Jurisdicciones más violentas
del mundo en 2010 y 2011
RANKING 2010
Posición
RANKING 2011
Entidad
Tasa
Partido
gobernante
Posición
1
Chihuahua
172
PRI
5
5
Durango
93
PRI
19
Entidad
Tasa
Partido
gobernante
Chihuahua
94
PRI
Durango
63
PRI
9
Sinaloa
81
PRI
17
Sinaloa
69
PRI
23
Nayarit
49
PRI
28
Nayarit
43
PRI
30
Guerrero
44
PRD
18
Guerrero
66
PRD
40
Morelos
32
PAN
44
Baja
California
30
PAN
46
Tamaulipas
29
PRI
31
Tamaulipas
42
PRI
29
Nuevo León
43
PRI
Fuente: www.seguridadjusticiaypaz.org.mx
Tabla 4 Ciudades de México que figuraron en el ranking
de las 50 urbes más violentas del mundo en 2010 y 2011
RANKING 2010
Posición
Ciudad
Tasa
RANKING 2011
Partido
gobernante
1
Juárez
229
PRI
5
Chihuahua
113
8
Mazatlán
89
9
Culiacán
13
14
Posición
Ciudad
2
Juárez
PRI
8
PRI
15
88
PRI
Tepic
80
Durango
78
17
Torreón
21
Tijuana
23
34
Tasa
Partido
gobernante
148
PRI
Chihuahua
83
PRI
Mazatlán
69
PRI
13
Culiacán
74
PRI
PRI
16
Tepic
68
PRI
PRI
9
Durango
80
PRI
68
PRI
7 Torreón
88
PRI
53
PAN
Acapulco
51
PRD
128
PRD
Reynosa
36
PRI
4 Acapulco
36
Nuevo
Laredo
35
PRI
28
Nuevo
Laredo
49
PRI
38
Cuernavaca
35
PAN
47
Cuernavaca
31
PAN
43
Matamoros
28
PRI
18
Veracruz
60
PRI
38
Monterrey
40
PRI
De acuerdo al ranking que el Consejo Ciudadano para la seguridad Pública y la Justicia Penal, Asociación Civil (CCSPJP), sobre
las 50 las jurisdicciones subnacionales (entidades, estados, departamentos, etcétera) más violentas del orbe, en 2010 figuraron 8 entidades federativas de México y en 2011 figuraron siete. De estas
entidades salvo tres (Baja California y Morelos gobernadas por el
PAN y Guerrero, gobernada por el PRD) las demás tuvieron gobiernos priístas la mayor parte del tiempo del periodo 2000-2011
(y sobre todo en la etapa que va de 2007 a 2010 cuando más creció
la violencia).
Caso similar es el del ranking de las ciudades más violentas del
mundo, también elaborado por el Consejo Ciudadano. En 2010
figuraron 13 urbes de México entre las más violentas del mundo
y una, Ciudad Juárez tuvo el primer lugar mundial De esas 13
ciudades, 10 correspondieron a entidades federativas gobernadas
por el PRI, 2 a gobernadas por el PAN y a una gobernada por el
PRD.
En 2012 hubo 9 ciudades mexicanas en el ranking de las 50 más
violentas del mundo. En los respectivos estados, en los últimos 12
años el PAN ha sido la fuerza gobernante en una urbe y el PRD en
otra, mientras que en las siete restantes la fuerza gobernantes fue el
PRI.
Cabe destacar que algunas, como Durango, desaparecieron de
esta tabla, al ofrecerse ya resultados de las acciones institucionales.
86 •
Tabla 5 Ciudades de México que figuraron en el ranking de las 50
urbes más violentas del mundo en 2012
Posición
Ciudad
Tasa
Partido gobernante
2
Acapulco
142.88
PRD
5
Torreón (metropolitana)
94.72
PRI
8
Nuevo Laredo
72.85
PRI
15
Culiacán
62.06
PRI
18
Cuernavaca (zona metropolitana)
56.08
PAN
19
Juárez
55.91
PRI
32
Chihuahua
43.49
PRI
36
Victoria
37.78
PRI
47
Monterrey (área metropolitana)
30.85
PRI
Y la situación con otros delitos como secuestros, extorsión y robo
no es muy distinta. Pero el que la mayoría de las entidades federativas sean las gobernadas por el PRI no es casualidad. Es resultado
de la negligencia, la impunidad y la corrupción de políticos de ese
partido político.
En México la tasa de homicidio venía descendiendo hasta alcanzar el punto más bajo en la historia entre 2004 y 2007 con tasa de 11
homicidios por cada 100 mil habitantes. Pero la tasa repuntó a partir
de 2008 hasta llegar a 25 en 2010 y 2011.
Gráfica 1 Tasa de homicidio y tasa de castigo de homicidio
en México 2000-2011
Nota: Elaboración propia a partir de cifras estimadas sobre homicidios y la estadística judicial penal del INEGI.
La baja que venía teniendo la tasa de homicidios hasta 2007 respondió en buena medida al aumento de la tasa de castigo de este
delito. Si en 1997 impuso sentencia condenatoria a los responsables
88 •
de 29 de cada 100 homicidios, para 2005 se castigaba ya a 42 de cada
100 homicidios. Pero con el disparo de la violencia a partir de 2008,
la tasa de castigo se desplomó hasta llegar a su punto más bajo en
2010, con apenas 15 sentencias condenatorias por cada 100 homicidios.
Podría suponerse que la baja de la tasa, que es un parámetro relativo, era consecuencia lógica del aumento de los homicidios, mientras que las condenas crecieron lentamente o se mantuvieron en los
mismos números de años anteriores. Pero si tal fuera el caso, los gobernadores y sus procuradores de justicia habrían respondido muy
mal, pues ante una crisis de violencia debieron reaccionar intensificando la persecución de los homicidas, precisamente para contener
la violencia.
Pero la realidad fue peor en comparación con los anteriores supuestos. En cifras absolutas las condenas no crecieron lentamente
y ni siquiera mantuvieron sus cifras de años precedentes, sino que
descendieron. Esto no hizo sino favorecer la violencia al crecer la
impunidad.
Gráfica 2 Evolución de homicidios y condenas por homicidio
en México 2000-2011
Nota: Elaboración propia a partir de cifras estimadas sobre homicidios y la estadística judicial penal del INEGI.
Mas el descenso no fue igual en todas las entidades federativas,
sino –precisamente– la mayoría en las cuales creció más la violencia
homicida los gobernantes… eran priístas.
Como se puede apreciar en la tabla, las entidades federativas
(Chihuahua, Tamaulipas, Sinaloa, Veracruz, Coahuila, Nayarit y
Durango) en las que mayor ha sido el crecimiento de la violencia,
los gobernantes priístas dejaron caer la procuración de justicia
y no sólo no hicieron más por perseguir a los homicidas, como
era su obligación y no sólo no mantuvieron, cuando menos, los
números de condenas de a los anteriores, sino que descendieron
¿Por qué?.
Porque los señores gobernadores y sus procuradores simplemente se lavaron las manos ante la ola de violencia. Y ¿por qué lo hicieron? negligencia, cobardía, corrupción o por las tres juntas.
90 •
Tabla 6 Condenas por homicidio entre 2005 y 2010
ENTIDAD
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Diferencia 20052010 absolutos
Diferencia
2006-2010 %
Chihuahua
326
289
261
224
243
157
-169
-51.84
Oaxaca
252
194
212
182
192
130
-122
-48.41
Tamaulipas
241
237
138
139
95
135
-106
-43.98
Sinaloa
183
138
208
174
183
119
-64
-34.97
Michoacán
263
267
217
189
247
172
-91
-34.60
Veracruz
304
366
310
341
224
201
-103
-33.88
Coahuila
115
95
90
86
93
78
-37
-32.17
Nayarit
92
89
84
94
78
63
-29
-31.52
Zacatecas
50
58
67
58
48
36
-14
-28.00
Durango
77
90
70
67
91
56
-21
-27.27
Guerrero
199
186
165
200
221
145
-54
-27.14
Hidalgo
83
82
102
88
113
61
-22
-26.51
Chiapas
218
250
232
214
250
184
-34
-15.60
Puebla
128
121
100
176
95
112
-16
-12.50
Distrito Federal
563
533
546
557
538
531
-32
-5.68
Querétaro
62
55
71
79
58
60
-2
-3.23
Tabasco
99
88
73
78
100
96
-3
-3.03
Quintana Roo
66
35
45
68
61
66
0
0.00
San Luis Potosí
96
105
102
132
114
102
6
6.25
Nuevo León
151
155
153
162
179
168
17
11.26
Baja California
193
146
191
172
184
218
25
12.95
Morelos
59
78
77
89
60
67
8
13.56
México
345
364
321
353
476
415
70
20.29
Sonora
187
209
274
273
287
231
44
23.53
Tlaxcala
12
11
11
8
16
15
3
25.00
Yucatán
31
30
32
38
25
39
8
25.81
Campeche
23
33
42
21
32
29
6
26.09
Colima
39
58
36
61
33
55
16
41.03
Guanajuato
109
134
132
154
151
157
48
44.04
Jalisco
209
265
251
271
288
333
124
59.33
Aguascalientes
14
21
22
21
18
24
10
71.43
Baja
California Sur
14
16
11
14
23
31
17
121.43
4803
4798
4646
4783
4816
4286
-517
-10.76
Indicador
nacional
Fuente: INEGI
A continuación vamos a dar una panorama de esa realidad de
ineficacia, negligencia y corrupción de los peores gobiernos estales
priístas, basados en información pública, salvo algunos pocos datos
que aquí se revelan.
Tamaulipas: trío de impunidad
En resumen ¿Cuál es la realidad criminal que ha caracterizado a
Tamaulipas en los últimos años? La siguiente:
• Es una de las 10 entidades federativas del país con las tasas
más elevadas de homicidios dolosos.
• Forma parte de las 50 jurisdicciones subnacionales (estados)
• Entre 2000 y 2010 el homicidio doloso aumentó en 436%. En
este delito, Tamaulipas es la tercera entidad federativa con la
mayor alza en el período.
• Tuvo tres de las 50 ciudades más violentas del mundo –Matamoros, Nuevo Laredo y Reynosa– (en 2010).
• Entre 2000 y 2012 han sido asesinados 11 periodistas en el estado. Es la entidad federativa donde más periodistas han sido
asesinados.
92 •
• En 2011 y en 2012 tuvo la tasa de secuestro más alta del país.
• Entre 2000 y 2012 las tasas de secuestro aumentaron en 8846%
según las propias cifras del gobierno estatal, pero considerando las cifras reales, en 2012 hubo 16 veces más secuestros que
los habidos en 2000.
• La tasa real de secuestros en Tamaulipas (66 por cada 100 mil
habitantes) y que incluye el plagio de migrantes, es la tercera
más alta que país, sólo superada por las tasas de Tabasco y
Veracruz, otras entidades federativas gobernadas por el PRI.
• Tamaulipas es uno de los estados más afectados por la extorsión permanente (pago de “derecho de piso”) y el despojo a
cargo de grupos criminales.
• El 42% de los reos que se evadieron durante el sexenio del Presidente Felipe Calderón, lo hicieron de prisiones de Tamaulipas.
• La policía de Tamaulipas es tan corrupta y tan ineptos sus depuradores, que en 7 años han sido despedidos el equivalente a
dos veces la plantilla total.
• Los tres gobernadores priístas anteriores al actual están sujetos a investigación por el gobierno estadounidense, o al menos lo estaban por la PGR hasta noviembre de 2012 por su
contubernio con el crimen organizado. A inmuebles de dos
de esos ex gobernadores priístas (Tomás Yarrington y Eugenio Hernández) ya les fueron practicado cateos y han sido
asegurados diversos bienes hasta que su origen lícito sea demostrado.
• Pero a Tomás Yarrington se le señala, además de su protección
a los grupos criminales, de estar implicado en el asesinato del
candidato del PRI a la gubernatura de Tamaulipas, Rodolfo
Torre Cantú, hermano del actual mandatario estatal y que se
cometió en 2010, poco antes de los comicios, en los que el asesinado parecía ser seguro vencedor.
El 25 de agosto de 2010, las imágenes de 72 migrantes asesinados
y que previamente habían sido secuestrados, dieron vuelta al mundo. De pronto millones de personas de distintos países se enteraron
de una mala manera sobre la existencia de un estado situado en México, llamado Tamaulipas.
De todas las imágenes de violencia que el mundo ya había recibido sobre México, esta era la más sobrecogedora, por la magnitud
de la matanza y la condición de las víctimas: migrantes, principalmente centroamericanos, personas humildes, inocentes y pacíficas,
que sólo transitaban por México con el afán de realizar sus sueños
de progreso en los Estados Unidos.
A los pocos meses, abril de 2011, nuevas imágenes de horror, otra
vez provenientes de Tamaulipas, sacudieron al mundo. Fueron descubiertas fosas clandestinas con un número de cadáveres que fue
creciendo día tras día, hasta llegar a la cifra de 193.
Esta vez, además, el mundo se horrorizó también por la magnitud de la masacre y por el perfil de las víctimas. En su gran mayoría
se trataba de personas inocentes de nacionalidad mexicana que se
transportaban a Tamaulipas en autobuses, con el propósito de intentar cruzar la frontera con Estados Unidos o para realizar pequeños
negocios en el estado fronterizo.
Fueron sucediéndose las denuncias en Guanajuato, Querétaro,
Puebla y Oaxaca sobre la desaparición de familiares que se dirigían
a Tamaulipas o estaban en territorio tamaulipeco. De este modo, Tamaulipas presentaba la imagen de una suerte de “agujero negro”
donde las personas desaparecían y nunca se volvía a saber de ellas.
Pero esta era sólo una faceta de la violencia que se fue apoderando
de Tamaulipas debido a la protección, colaboración activa o disimulo que los grupos criminales obtuvieron de parte de los gobernantes
priístas. Esta tolerancia no es nueva, viene desde finales de los años
ochenta cuando autoridades priístas y policías a su servicio toleraron que la banda de Juan García Ábrego exterminara a sus rivales en
94 •
ciudades fronterizas o las matanzas practicadas por sus sucesores
Osiel Cárdenas Guillén y los que vinieron después de él.
Pero el año de máxima violencia homicida fue 2010, cuando estalló abiertamente la “guerra” por el control del territorio entre el
Cártel del Golfo y Los Zetas, que anteriormente había sido un grupo
de sicarios del primero. En virtud de que el gobierno de Tamaulipas
maquilla cifras, según hemos demostrado, en 2011 nuestra estimación es que las cifras reales de homicidio deben ser muy similares
a las de 2010 y que en 2012 la situación distó de haber mejorado: la
masacre no se detiene. En cualquier caso desde el año 2000 los homicidios se han multiplicado por 5.
Además de que Tamaulipas figura entre las 50 jurisdicciones subnacionales con las tasas más elevadas de homicidios del mundo y
tres de sus ciudades han figurado entre las 50 más violentas del orbe, tiene también primacía en secuestro.
Tamaulipas es una de las 3 capitales mundiales del secuestro,
pues las otras dos (también gobernadas por el PRI) son Veracruz y
Tabasco. Entre 2000 y 2011 los plagios crecieron en 1,578%.
En 2012, de los 20 municipios de más de 100 mil habitantes con
las más elevadas tasas de secuestro en el país, cinco correspondieron
a Tamaulipas, entre ellos Tampico, con el primer lugar y una tasa 22
plagios por cada 100 mil habitantes que fue 20 veces más elevada
que la tasa nacional. Pero estos datos refieren los secuestros denunciados ante la procuraduría estatal: faltan los denunciados ante la
PGR, los resueltos por el Ejército y la Marina mediante operativos
de rescate de las víctimas y la cifra oculta.
En efecto, el drama del secuestro en Tamaulipas es mucho más
grave de lo que revelan estas cifras. Muchos secuestros no son
denunciados, porque la mayoría de los tamaulipecos saben que
gran parte de los funcionarios de la procuraduría local están al
servicio de los grupos criminales que precisamente cometen los
secuestros.
En 2010 el Ejército mexicano rescató en el estado a 173 personas
que habían sido secuestradas y sus casos no figuran ni en los registros de la Procuraduría estatal ni en los de la PGR. En 2011 una cifra
similar de personas fue rescatada por las fuerzas armadas. Considerando la cifra oculta, la cifra real de plagios debe ser del doble de los
secuestros denunciados
Sin embargo, aún esta cifra deja fuera la mayor parte de la realidad del secuestro en Tamaulipas. El estado es uno de los tres donde más migrantes indocumentados son plagiados en forma masiva
(como los 72 asesinados en San Fernando en agosto de 2010), junto
con Tabasco y Veracruz. En 2010 en Tamaulipas fueron secuestrados
2,118 migrantes. Esta sola cifra, aún sin considerar las otras cifras
referidas además de la oficial, lleva la tasa de secuestros por cada
100 mil habitantes hasta los 65.
96 •
Tabla 7 variación de la incidencia de secuestro entre 2000 y 2012
en las entidades federativas (Tasa por 100 mil habitantes)
Entidad
2000
2012
Variación %
Aguascalientes
0.11
0.00
-100.00
Baja California
1.89
1.58
-16.54
Baja California Sur
0.24
0.00
-100.00
Campeche
0.00
0.59
Chiapas
0.71
0.47
-34.56
Chihuahua
0.16
2.30
1,305.29
Coahuila
0.04
1.24
2,755.89
Colima
0.37
1.52
313.51
Distrito Federal
1.55
1.27
-17.80
Durango
0.35
5.29
1,431.32
Guanajuato
0.17
0.38
119.84
Guerrero
1.30
3.83
194.81
Hidalgo
0.27
2.43
805.42
Jalisco
0.43
1.49
247.82
México
0.50
1.46
194.46
Michoacán
0.73
5.48
653.72
Morelos
2.25
5.91
162.64
Nayarit
0.76
3.48
358.01
Nuevo León
0.05
2.22
4,158.99
Oaxaca
1.77
2.53
42.79
Puebla
0.33
0.80
137.77
Querétaro
0.69
0.71
3.32
Quintana Roo
0.21
1.71
700.04
San Luis Potosí
0.04
1.64
3,660.25
Sinaloa
1.18
1.68
42.22
Sonora
1.71
0.37
-78.60
Tabasco
4.42
Tamaulipas
0.44
7.31
1,577.87
Tlaxcala
0.00
0.41
Veracruz
0.06
1.53
Yucatán
0.00
0.00
Zacatecas
0.30
1.88
536.56
Indicador nacional
0.63
1.93
204.00
2,548.13
Nota: Las cifras consideran tanto los secuestros denunciados ante las procuradurías de las entidades federativas como ante la PGR.
98 •
Tabla 8 Municipios con la mayor incidencia de secuestros en 2011
Posición
Municipio
Entidad federativa
Secuestros
Población
Tasa
1
Tampico
Tamaulipas
67
295,006
22.71
2
Victoria
Tamaulipas
36
333,517
10.79
3
Zacatecas
Zacatecas
13
140,632
9.24
4
Morelia
Michoacán
65
747,333
8.70
5
Cuernavaca
Morelos
30
371,594
8.07
6
El Mante
Tamaulipas
7
117,284
5.97
7
Cárdenas
Tabasco
15
260,048
5.77
8
Zitácuaro
Michoacán
9
163,151
5.52
9
Durango
Durango
32
604,510
5.29
10
Acapulco
Guerrero
42
818,853
5.13
11
San Juan Bautista
Tuxtepec
Oaxaca
8
160,250
4.99
12
Uruapan
Michoacán
15
329,798
4.55
13
Tepic
Nayarit
18
397,787
4.53
14
Nuevo Laredo
Tamaulipas
17
395,315
4.30
15
Solidaridad
Quintana Roo
7
168,829
4.15
16
Ciudad Madero
Tamaulipas
8
198,884
4.02
17
Comalcalco
Tabasco
8
200,414
3.99
18
Oaxaca de Juárez
Oaxaca
10
262,697
3.81
19
Hidalgo del Parral
Chihuahua
4
108,478
3.69
20
Centro
Tabasco
24
673,093
3.57
Fuente: Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública
[http://www.estadisticadelictiva.secretariadoejecutivo.gob.mx/mondrian/testpage.jsp]
Para dar una idea de lo absolutamente extraordinario de la incidencia de los secuestros en Tamaulipas (además de Tabasco y Veracruz), quepa comparar con la realidad de los secuestros en Colombia, la nación que hasta hace poco mantenía los máximos récords en
incidencia de este delito. En 2000 Colombia alcanzó la máxima cifra
de su historia –3,572– para una población entonces de 40 millones
de habitantes, lo cual significó una tasa de 9 secuestros por cada 100
mil habitantes, aunque en varios departamentos colombianos la tasa fue muy superior a la nacional.
Gráfica 3 Comparativo de tasas de secuestro entre 10 estados
mexicanos en 2010 y 8 departamentos colombianos en 2000
Fuentes: Datos de secuestros de migrantes son de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH); datos de secuestros en México (salvo los de migrantes)
son del SNSP y datos de Colombia son del Ministerio de Defensa.
Pero como se puede apreciar en la gráfica, en 2000 ocho departamentos tuvieron tasas entre los 13 y los 40 secuestros por cada 100
mil habitantes, pero esto cuando el país vivía una guerra civil no
declarada y el Estado colombiano no tenía el control de al menos
100 •
un cuarto del territorio nacional, debido a la acción de grupos de
guerrilleros, paramilitares y sicarios del narcotráfico, así como delincuentes comunes que aprovechaban la situación. Pero ni en esa
condición tan caótica departamento alguno de Colombia alcanzó la
tasa de secuestros de Tamaulipas –y menos aún las tasas de Veracruz y Tabasco–. De hecho en la historia del mundo no hay nada
como lo ocurrido en los últimos años en esos 3 estados.
Además, entre 2003 y 2011 fueron asesinados en Tamaulipas 81
secuestrados.
Otra faceta de la violencia son las agresiones contra la prensa,
destacadamente el asesinato de periodistas. Entre febrero del año
2000 y octubre de 2012 habían sido asesinados en el país 81 periodistas, 11 de los cuales habían caído en Tamaulipas, estado en
el cual hay otros 3 informadores desaparecidos. Pero aunque elevada esta cifra no da cuenta cabal de la magnitud de la agresión perpetrada por el crimen organizado contra los periodistas,
con la complacencia de los gobernantes priistas de Tamaulipas.
En ocasiones se dice que la prensa en Tamaulipas se autocensura y
no relata la violencia. Pero lo que sucede es que mientras las agresiones contra periodistas se fueron propagando en distintos puntos del
país, en Tamaulipas la mayor parte de ellas tuvieron lugar en apenas
cinco años. Siete de los 11 asesinatos de periodistas en Tamaulipas
sucedieron entre 2000 y 2005 y esos siete representaron la tercera
parte de los periodistas asesinados en México en esos años. Cabe
señalar que entre los 36 periodistas asesinados entre 1983 y 2000,
cuatro perdieron la vida en Tamaulipas.
Entre 2000 y 2006, además de los asesinatos, se perpetraron contra los informadores de Tamaulipas 33 agresiones que fueron desde
amenazas hasta golpizas y atentados a balazos.
Esta cadena de agresiones no fue resultado de la casualidad. Se
trató de una campaña sistemática. Mucho antes de que se iniciara
la ola de violencia en el país en 2008, en Tamaulipas los grupos cri-
minales ya habían acallado a la prensa local, literalmente a sangre y
fuego.
Y en esta violencia como en toda, los gobernantes priístas de Tamaulipas dejaron a los criminales actuar con absoluta impunidad.
Con la complacencia de los gobernantes priístas, Tamaulipas se
ha ido convirtiendo en un territorio donde los grupos criminales
actúan como una autoridad paralela de facto, que impone sus reglas y usa la violencia para hacerlas cumplir, controla caminos y en
algunas zonas ejercen control territorial en forma directa o a través
de corporaciones policiales completas a su servicio y obtienen rentas no sólo mediante tráficos ilegales y delitos patrimoniales, sino
directamente mediante exacciones en perjuicio de la población en
general.
Decenas de miles de personas en Tamaulipas, en su mayoría empresarios y trabajadores por su cuenta, son víctimas de la extorsión
permanente. Pagan “cuotas” o “derecho de piso” como si se tratara
de impuestos, pero la negativa o el retraso puede costar la destrucción de su negocio o la vida. Parte de la extorsión son las formas
sofisticadas y masivas que el secuestro ha adquirido en Tamaulipas.
Mientras que en la mayor parte del país la extorsión masiva y
permanente es relativamente nueva, en Tamaulipas los grupos criminales la practicaban desde hace una década. De Tamaulipas la
peste se propagó a diferentes puntos de la geografía nacional.
Desde al menos 2001, primero miles y después decenas de miles
de habitantes del estado y visitantes se han visto sometidos a extorsión permanente, además de la eventual que cometen hampones
mediante llamadas telefónicas amenazantes, realizadas al azar. Al
principio fueron sometidos delincuentes comunes y personas en actividades ilegales, pero después personas inocentes en su gran mayoría. En 2010, 20 mil personas sólo en Nuevo Laredo manifestaron
haber sido víctimas de extorsión, de acuerdo a la encuesta de victimización levantada por el INEGI en todo el país.
102 •
Algunos ejemplos del alcance de la extorsión en Tamaulipas son:
1. “En la ciudad de México [en 2005], un grupo de 30 tamaulipecos ataviados con pasamontañas pidieron audiencia con el
procurador [Rafael] Macedo de la Concha, para demandarle su
intervención para frenar la ola de violencia. Incluso entregaron
a la PGR un tabulador de la ‘cuota’ impuesta por este grupo de
narcotraficantes a empresarios legalmente establecidos y a los
que tienen actividades ilícitas como los polleros, contrabandistas y hasta vendedores ambulantes. Todos fueron víctimas de
la organización de Osiel Cárdenas Guillen, incluido su brazo
armado Los Zetas, cuyo reinado de terror era parte del legado
que [el ex gobernador Tomás] Yarrington dejó en Tamaulipas”.
2. “Las prácticas de extorsión del hampa asentada en Tamaulipas
generaron que la industria de juegos y sorteos cancelara en forma absoluta su operación en esa entidad [2008], lo que implicó
el cierre de 12 salas, pérdidas por 100 millones de dólares y la
cancelación de 2 mil empleos directos.”
3. “La industria aseguradora en México reconoció que las extorsiones al gremio se incrementaron en el último año y medio,
pero declinaron dar cifras (…) Recaredo Arias, director de la
Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS), dijo
que hay algunas ‘ciudades críticas’, sobre todo en las entidades de la Frontera Norte (…) Los funcionarios de aseguradoras
relataron que hay diversas modalidades de extorsión como el
que los delincuentes citan a los ejecutivos y ‘ofrecen’ protección a ellos, a su familia y a la compañía a cambio de una cuota
mensual; por lo general en dólares (…) Dijeron que las regiones con la mayor cantidad de extorsiones hacia estas empresas
son: Reynosa, Ciudad Juárez y Tampico, Tamaulipas.”
4. “Las compañías aseguradoras están dispuestas a cerrar sus oficinas ante el problema de la inseguridad, sobre todo en aquellas plazas en las que el crimen organizado amenaza y pide
cuotas (…) El director de una aseguradora, que por seguridad
solicitó omitir su nombre, que participó en la 20 Convención
de Aseguradoras, dijo que el problema es en todo México y
afecta no sólo a una compañía sino a varias que reciben amenazas y la exigencia del llamado ‘derecho de piso’ (…) Ante ello,
reconoció, la empresa está considerando cerrar sus oficinas en
aquellas plazas donde se presenta este problema; ‘si me siguen
dando lata como me han estado dando lata, cerramos Tampico’, porque ‘no vamos a pagar’, advirtió.”
5. “Nuevo Laredo, Tamaulipas.- Al menos 7 mil comercios de la
frontera norte de México cancelaron sus afiliaciones a las cámaras de Comercio, debido a las bajas ventas provocadas por
la inseguridad y la difícil situación económica.”
6. “Julieta, tianguista desde hace 15 años, relata que hace tiempo entró al negocio de la venta de ropa estadounidense comprada en Reynosa, Tamaulipas (…) Desde hace año y medio
no son los policías federales, estatales o municipales los que
les cierran el paso y controlan el movimiento en la Jarachina
y en otros tres tianguis de Reynosa. Son los sicarios, la gente
del cártel del Golfo (CDG), los que cobran derecho de piso,
los que cobran por cada tráiler y cada paca cargada y descargada en la Jarachina, los que controlan la entrada de camiones y la salida a carretera de autobuses y tianguistas de todas
partes del país que acuden a surtirse a ese lugar cada semana
“Cuando vas para allá y les compras cinco, 10 ó 20 pacas de
ropa de la buena, o de la que sea, cada paca entre nueve y 15
mil pesos, te comprometes luego a decirles quién eres, de dónde vienes, cómo te pueden localizar y sobre todo, a quién le vas
a vender si es que tu idea es colocar las pacas por tu cuenta, es
decir, revenderlas cerradas para que otro tianguista las compre
y las mueva por su cuenta’, continúa Mariano. ‘Les tienes que
decir a quiénes les vendes las pacas que no vas a usar tú. Ellos
104 •
anotan todo; tus números de teléfono, en dónde te localizan
y también anotan los datos de tus compradores. Así tienen el
control de todo, de lo que te venden y de a quiénes les vendes’,
agrega.”
7. “Hombres armados que dicen formar parte de un poderoso
cártel de las drogas han amenazado con atacar perforaciones
en pozos aislados de gas natural en el norte de México a menos
que paguen el ‘derecho’ para operar, dijeron dos fuentes de la
industria (…) El año pasado, en dos ocasiones, hombres con
armas automáticas manejaron hasta sitios donde se realizaban
trabajos en la cuenca de Burgos, en los estados de Tamaulipas
y Nuevo León, ambos fronterizos con Estados Unidos, donde
serían perforados nuevos pozos de gas (…) En un caso, los sospechosos de pertenecer a cárteles de la droga pidieron el 10 por
ciento de lo que Pemex pagaba por el contrato de gas, precisó
el ejecutivo de la empresa.
8. “En la cuna del cártel del Golfo, los integrantes de la delincuencia organizada no sólo incursionan ya en giros como
la venta de pollo o la invasión de predios urbanos, sino
que la propia sociedad ha empezado a contratarlos como
cobradores de deudas o como ejecutores de venganzas.
“(….) Antonio propietario de un mini súper al sur de Ciudad
Victoria, reconoce que desde mediados de 2008 tiene a los de
‘la maña’ como sus proveedores de pierna y muslo de pollo de
Estados Unidos (…)
Otro empresario confirmó que muchos comercios de la capital
del estado y de los municipios vecinos son obligados a comprar la pierna y el muslo que vende la delincuencia organizada.
“(…) En municipios como Tampico y Reynosa, los taxis piratas
son considerados otro negocio del cártel (…) otra de las actividades del crimen organizado es la ‘protección’ de invasiones
de predios urbanos.”
9. “Empresarios de Monterrey dijeron que el Ejército ya no vigila
la zona aledaña a la capital de Tamaulipas desde que inició el
nuevo gobierno federal, lo cual es aprovechado por el crimen
para cobrar ‘derecho de paso’.”
Pero los grupos criminales no sólo están desarrollando un despojo masivo y sistemático de propiedades urbanas en Tamaulipas,
sino también rurales. El asesinato del empresario Alejo Garza Tamez
hizo evidente en el país y el mundo este drama:
El pasado 13 de noviembre [de 2010], un grupo criminal pidió a Alejo
Garza Tamez, padre de la mujer y dueño de un negocio de madera en
el rancho San José, localizado en la comunidad de Padilla (Tamaulipas), que le entregara la propiedad.
Los criminales le dieron un plazo de 24 horas para cederles la propiedad, y Garza Tamez, aficionado a la caza, se negó.
Optó por decir a sus empleados que no acudieran al día siguiente a
trabajar al rancho, ubicado a unos 15 kilómetros de Ciudad Victoria,
y se apostó en la propiedad fuertemente armado (…) Al parecer, el
empresario murió tras ser atacado con granadas en el interior del
rancho.
Pero Don Alejo no fue la única víctima de despojo:
Calculan en miles las propiedades abandonadas para evitar al crimen
organizado; la semana pasada, el empresario Alejo Garza murió al
enfrentarse con un grupo de sicarios que pretendía apoderarse de su
rancho.
Un funcionario de la Procuraduría General de Justicia de Tamaulipas, que pidió el anonimato reveló que los cárteles de las drogas que
sostienen enfrentamientos desde principios de año se apoderan de las
propiedades para instalar en esos lugares sus centros de operación
(…)
Puso como ejemplo el caso de un rancho ubicado en el municipio
fronterizo de Mier, donde recientemente murieron abatidos por
las fuerzas federales una veintena de sicarios y recordó la muer-
106 •
te de los 72 inmigrantes centroamericanos que fueron asesinados
en una bodega ubicada en una finca cercana al municipio de San
Fernando.
Según una fuente de la Unión Ganadera Regional de Tamaulipas
(URGT), muchos ganaderos han optado por abandonar sus propiedades o cambiar de actividad para evitar ser víctimas de la delincuencia
organizada.
Es un flagelo que a todo mundo está golpeando; los ganaderos han
dejado de ir a los ranchos y se dedican a otra cosa y por tanto la actividad ha venido para abajo. Están abandonando los ranchos”, dijo a
la prensa el dirigente de los ganaderos Alejandro Gil, que cree que las
propiedades abandonadas podrían ser unas cinco mil.
Además, los grupos criminales de Tamaulipas, sobre todo “Los
Zetas”, pusieron en práctica la modalidad especialmente depredadora de secuestro, pues con la misma los hampones no se apoderan
de una parte del patrimonio de la víctima, sino de la totalidad del
mismo. El modus operandi se explica en el reportaje que a continuación se cita:
Los fiscales antidrogas y antisecuestros de la Procuraduría General
de la República (PGR) tienen en la mira a una veintena de abogados
de despachos privados y notarios públicos del noreste del país, que
presuntamente están al servicio del grupo delictivo de “Los Zetas”,
que fue brazo armado del cártel del Golfo.
Los profesionistas, de acuerdo con las investigaciones ministeriales,
realizan las negociaciones con los familiares de las víctimas de algún
secuestro perpetrado por algún sicario de esa organización delictiva
principalmente en el estado de Tamaulipas.
Los notarios se encargan de protocolizar los bienes y las propiedades
de los familiares de las víctimas de un plagio para escriturarlos a
nombre de algún integrante de Los Zetas. Esa es la nueva modalidad
en que se paga el rescate de alguna persona que fue secuestrada por
sicarios de ese grupo criminal.”
El disparo de los secuestros, particularmente de migrantes, es el resultado de que los grupos criminales y no la fuerza pública local tengan el control de los caminos de Tamaulipas:
En las carreteras del estado de Tamaulipas impera la ley del crimen
organizado.
Agentes federales entrevistados por Grupo Reforma señalaron que es
en todo el estado, y no sólo en la región de San Fernando, donde hace
unos días fueron halladas 10 narco fosas con 72 cuerpos, es donde los
cárteles interceptan vehículos para asaltar a sus ocupantes, plagiarlos y hasta para reclutar sicarios.
’La maña’, como se conoce a integrantes del crimen organizado, instala falsos retenes y recorre las carreteras sin ser molestada, todo esto,
gracias a la corrupción y ausencia de vigilancia, según explicaron
policías asignados más de un año en Tamaulipas.
Tras el hallazgo de las fosas en San Fernando, Grupo Reforma publicó
que, desde hace al menos un año, el crimen organizado ha sembrado
el terror en las carreteras de ese municipio.
Según denuncias interpuestas en Guanajuato, Michoacán, Querétaro y San Luis Potosí, a su paso por Tamaulipas, nueve autobuses han
sido interceptados por comandos para plagiar a sus pasajeros con la
intención de incorporarlos a sus filas.
No obstante, según relatos de los federales y de sobrevivientes de hechos similares, muchos parecen terminar en fosas clandestinas porque se han negado a colaborar con el narco.
’La (Policía) municipal no tiene capacidad o están coludidos’, enfatizó ayer un agente federal.
Parte del control territorial ejercido por los grupos criminales les ha
permitido el robo sistemático de combustible de los ductos de PEMEX.
Tamaulipas es la tercera entidad con más tomas clandestinas (todas las
del país causan pérdidas por más de 1,200 millones de dólares al año).
Pero ni los secuestros en sus diferentes variedades, ni las extorsiones permanentes ni los asesinatos –todos ellos delitos del fuero
108 •
común– serían fáciles de cometer para los integrantes de los grupos
criminales si las autoridades de Tamaulipas no les garantizaran impunidad.
En 2011 por cada 100 homicidios sólo se impusieron sentencias
condenatorias a los responsables de 16 en el país, pero en Tamaulipas fue al 9%; se castigó al 6% de los responsables de robo y en el
estado a 4 y en la república, supuestamente, se castigó el 84% de los
secuestros y en Tamaulipas ni al 20%.
Pero la impunidad no para ahí. El que una pequeña parte de
los delincuentes estén presos no es en Tamaulipas garantía de
que compurgarán sus penas. El 42% de los reos que se evadieron durante el sexenio de Calderón Hinojosa, lo hicieron de prisiones de Tamaulipas (397 de 937 hasta septiembre de 2012).
En una sola fuga, se evadieron 151 reos del penal de Nuevo Laredo,
Tamaulipas, en diciembre de 2010.
Pero el desastre de la inseguridad pública en Tamaulipas no es
producto sólo de la negligencia e ineptitud de sus gobernantes, sino
de la corrupción de al menos los tres gobernadores anteriores al que
está en funciones, a su contubernio con los grupos criminales, de
quienes no sólo fueron protectores, sino socios.
Los indicios y evidencias de ello se han ido acumulando con el
paso de los años. Quepa mencionar aquí los hechos más destacados:
1. “Osiel Cárdenas Guillén –quien lideró al cártel del Golfo y
creó su brazo armado, “Los Zetas”– prácticamente controló
Tamaulipas, con base en una intrincada red de complicidades. Ésta alcanzaba al sobrino del gobernador Manuel Cavazos Lerma, Gilberto Lerma Plata y a los principales jefes
policiacos estatales y federales, revela una averiguación previa abierta hasta hoy en día en la Procuraduría General de la
República de más de 1 mil 500 fojas, donde se concentra la
historia de la organización criminal considerada como la más
violenta de México.
“Entre los ‘empleados’ al servicio de La Compañía –como Osiel
identifica al cártel que lideró– se encontraba Humberto García,
entonces director de Seguridad Pública estatal; el ex procurador del estado, José Guadalupe Herrera; Juan Carlos González Sánchez, a la sazón comisionado en la Policía Ministerial
de Matamoros; Armando San Miguel Tienda, exjefe de grupo
de la Policía Ministerial; el ex secretario particular del director
de la Policía Judicial Federal, el Chino, Rodolfo León Aragón;
el comisionado de la Policía Federal de Caminos, Juan César
Casillas Escobar; y los subinspectores Francisco Durán Juárez,
Roberto Estrada Velázquez, Alberto Dueñas Montecillas y los
oficiales Marco Antonio Ochoa Contreras y Luis Rodolfo Rendón Valdez. Todas las corporaciones policiacas incluso tenían
que ‘pedir permiso’ al cártel para salir a divertirse en los bares
tamaulipecos.
“José Luis [‘N’] amplía su declaración el 17 de febrero de 2000
ante los agregados de la PGR en San Antonio, Texas, en la que
dice que por su actividad conoce a las personas de confianza
de Osiel, entre ellos a Gilberto Lerma Plata, sobrino del ex gobernador de Tamaulipas Manuel Cavazos Lerma, quien ‘proporciona información de los movimientos de la policía judicial
del estado y mantiene contacto directo con los comandantes
de la PFP de las ciudades de Miguel Alemán, Camargo, Valle
Hermoso, San Fernando, Victoria’.
“Identifica a Humberto García, ex director de Seguridad Pública en la administración de Cavazos Lerma, y primo hermano
de Juan García Abrego; Rogelio García García, el Roger, Jorge Costilla Sánchez, Juan Carlos González Sánchez, la Torta,
quien fue dado de baja de la policía judicial del estado y regresó a trabajar dándole un billete al licenciado Herrera, hermano
del procurador de Tamaulipas; Juan Carlos González Sánchez,
hermano del narcotraficante Roberto González Sánchez, quien
110 •
comanda a un grupo de la policía municipal comisionado en la
Policía Ministerial que controla a los grameros de Matamoros;
Argelio Treviño Cantú, compadre de Humberto García.
“También a Armando San Miguel Tienda, exjefe de grupo de
la Policía Ministerial; al ex secretario particular del director de
la Judicial Federal, el Chino, Rodolfo León Aragón, cuya función es proteger los cargamentos de cocaína de Matamoros a
Miguel Alemán y Valle Hermoso.
“A Jesús Zacarías Espino López, miembro del escuadrón
encargado de matar gente por órdenes de Osiel Cárdenas;
Mario Alberto Castillón Ruiz, jefe del grupo responsable de la
seguridad de la gente de Osiel, conformado por Mario Armando Ramírez Treviño, Eduardo Varela Cabrera, Saúl González
López, Alejandro Estévez García y Samuel Flores Borrego, éste
último efectivo de la policía municipal que controla las patrullas que vigilan la casa de los familiares de Osiel.
“Alberto Marboni Garza, exjefe de grupo de la policía judicial en Matamoros, responsable de proporcionar información
a Osiel sobre los grupos especiales de investigación sobre el
narcotráfico en la zona de operaciones el cártel del Golfo.
“Martín Cuevas Medrano, ex comandante en Valle Hermoso
testigo del homicidio de los hermanos Treviño perpetrado por
órdenes de Osiel, a quienes ejecutaron por no pagar a tiempo
las cuotas por el derecho de piso.
“Como testigos protegidos que revelan la historia y la estructura del cártel del Golfo se encuentran agentes de la Drug Enforcement Administration (DEA) y del Federal Bureau of Investigation (FBI) que realizaron investigaciones en México.”
2. “[El testigo protegido] Francisco Alberto Vázquez Guzmán,
Rufino, habla respecto de cómo operaba el cártel la corrupción
con funcionarios del gobierno de Tamaulipas. El dinero se repartía a manos llenas, relata, y a cambio se obtenla protección
e impunidad. No escapó de su memoria Guadalupe Herrera
Bustamante, ex procurador del estado de Tamaulipas. De él
afirma en un testimonio fechado en septiembre de 2007 que
Ariel Herrera, el Tigre, miembro del cártel del Golfo, es hermano de Guadalupe, a quien el gobernador Eugenio Hernández
Flores nombró procurador del estado, y después, orgullosamente, su asesor. Elocuente es el testigo Rufino al señalar a
Guadalupe Herrera como pieza del cártel del Golfo desde el
sexenio que encabezó en Tamaulipas Manuel Cavazos Lerma:
“En una conversación en la que conocí a Juan José Muñiz Salinas, alias el Comandante Muñiz, en la que [participaba] Ariel
Herrera Bustamante, alias el Tigre, y Vicente Castillo Sáenz,
alias Mano, escuché que el Chava Gómez le preguntó al Tigre
si ya le habían entregado los treinta mil dólares al ‘procu’, refiriéndose al procurador general de justicia del estado de Tamaulipas, Guadalupe Herrera Bustamante, comentándome
posteriormente Chava Gómez que ese dinero se le mandaba
para que no se realizara ninguna investigación en contra del
cártel del Golfo y les giran órdenes a los comandantes de la
Policía judicial para desviar la investigación relacionada con el
enfrentamiento que tuvieron los hermanos Treviño, a quienes
habían levantado en Valle Hermoso, Tamaulipas, el 2 de agosto de 1998...”
3. “Este crecimiento del narcotráfico empezó a florecer durante
el sexenio de Manuel Cavazos Lerma (1992-1998), pero fue con
Yarrington cuando tuvo el mayor repunte y vivió un proceso
de descomposición sin precedente (…)
“’Es un hecho que el gobernador Yarrington se convirtió en el
brazo político de la organización (del narcotráfico) que opera
en Tamaulipas’, aseguró entonces el diputado federal por el
Partido del Trabajo, Juan Antonio Guajuardo Anzaldúa, quien
presentó un legajo de fotografías de los principales colabora-
112 •
dores de Yarrington en el gobierno estatal como Humberto Zolezzi y Max Cortázar en compañía de narcotraficantes como
Oscar Malherbe, sucesor de Juan García Ábrego, Juan Manuel
Lizardi y Sergio Gómez, un antiguo socio de Osiel Cárdenas
Guillén, a la postre jefe del cártel del Golfo y con quien también
se ha relacionado al gobernador.”
4. “Cuando en 1995 [Tomás Yarrington] arribó a la presidencia
municipal se le empezó a vincular con el narcotráfico. En la revista Vertical, de Matamoros, el periodista Julio Alberto Rubio
publicó el 29 de enero de 1996 que el entonces ex alcalde y en
ese momento dirigente estatal del PRI negaba ‘enfáticamente
tener ligas con los narcotraficantes, pero las evidencias lo hunden’.
“’En esa época el alcalde de Matamoros recibió apoyos de Ia
banda de Juan García Ábrego, entonces jefe del cártel del Golfo (…) En reciprocidad por los apoyos que recibió de esa organización, Yarrington designó como secretario de Seguridad
Pública a Sergio Puig Canales, ‘ampliamente identificado con
grupos de traficantes’, documenta. Y refiere lo publicado por
Eduardo Valle, El Búho, en su libro El segundo disparo (Grijalbo) quien identifica a Puig Canales como amigo de Ricardo
Aguirre Villagómez, lavador del cártel del Golfo, y además
acusado por un subalterno de utilizar las patrullas para el tráfico de drogas por Matamoros.
5. “En 2003 se conoció un reporte del FBI, el cual señala que por lo
menos desde agosto de 2002 tenían informes sobre la relación
de Osiel Cárdenas con varios gobernadores, principalmente el
de Tamaulipas, Tomás Yarrington.”
6. “El semanario Proceso publicó en abril de 2004 que la PGR y
el ejército investigaban al gobernador de Tamaulipas junto con
varios policías, jefes policíacos y funcionarios del gabinete, por
su sorprendente riqueza y sus presuntos nexos con el cártel
del Golfo. El subprocurador Vasconcelos confirmó a la revista
que la investigación estaba ‘a la mitad’, pero que ésta es ‘ascendente’, y aunque dijo que en ese momento Yarrington’ no
tenia carácter de ‘indiciado’, si era una investigación similar a
la que hicieron ‘en Quintana Roo en el caso de Mario Villanueva, quien resultó ser el principal protector del cártel de Juárez’.
“Un mes antes de esa publicación, el 4 de marzo, el ex policía ministerial de Tamaulipas, Rubén Hernández López, envió
una carta desde la prisión de Reynosa donde estuvo recluido,
a Karen Tandy, la administradora general de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA), en la que acusó al entonces
procurador, Francisco Cayuela Villarreal, de ser ‘el recaudador
de dinero del narco para financiar las aspiraciones presidenciales del priísta Tomás Yarrington’.
“Acusado del secuestro y asesinato del empresario regiomontano José Antonio Cervantes Espeleta, Hernández López relató al
semanario Proceso que había acompañado en diversas ocasiones
a Cayuela cuando iba a la frontera ‘a recoger un millón de dólares por semana, de las comandancias de la Policía Ministerial’.
“‘El licenciado Francisco Tomás Cayuela Villarreal me informó
que el dinero provenía de las cuotas que se cobran a los narcos, apara que puedan trabajar en Tamaulipas. Esa cantidad de
dinero supuestamente va a ser utilizada por el gobernador Tomas Yarrington Ruvalcaba en su empaña política para la Presidencia de la República’, explica en la carta cuyo extracto fue
publicado en el semanario.
“El 1 de febrero de 2005, ya de lleno en sus aspiraciones presidenciales y a un mes de abandonar el gobierno de Tamaulipas, Yarrington recibió otro revés. En esta ocasión [a través de un desplegado
publicado a plana completa en Reforma], un empresario, quien dijo
llamarse Rogelio Villa García, señaló que el narcotraficante Osiel
Cárdenas era el patrocinador de la campaña del gobernador.”
114 •
7. “Rubén Hernández López, quien el año pasado acusó al entonces procurador Francisco Cayuela Villarreal, de ser el recaudador de dinero del narco para financiar las aspiraciones
presidenciales del priísta Tomás Yarrington Ruvalcaba, fue
asesinado con arma de fuego este martes al interior del penal
de Reynosa.”
8. “La investigación de la PGR estaba justificada. Desde hacía
tiempo el gobierno de Yarrington es motivo de escándalos, en
parte detonados por sus propios colaboradores. Uno de los
principales protagonistas era Max Castillo, primer procurador
de la administración tamaulipeca.
“Antes de asumir el cargo, Castillo fue secretario del ayuntamiento de Matamoros, cuando Yarrington fungió como presidente municipal de esa jurisdicción. Famoso en la entidad por
su defensa legal de personajes relacionarlos con el narcotráfico,
en su lista de clientes figuró nada menos que Raúl Valladares
del Ángel, conocido lugarteniente del capo Juan García Ábrego. No obstante, acosado por la presión, su paso por la procuraduría fue efímero y tuvo que renunciar a sólo seis meses de
asumir el cargo, pero se refugió en el despacho de Humberto
Zolezzi, quien fungía como secretario general de Gobierno,
Desde ahí continuó operando como asesor jurídico de Yarrington, sin dejar de atender su carrera de clientes especiales.
“Zolezzi no era un funcionario menor. En el responsable de
la política interna del estado; en otras palabras, el más informado después del gobernador. Su nombre fue manchado en
2002, cuando el periódico El Norte de Monterrey lo exhibió al
publicar una fotografía en la que aparecía acompañado de tres
reconocidos miembros del cártel del Golfo (Oscar Malherbe de
León, Sergio Checo Gómez y El Gordo Lizardi.”
9. “En su edición de esta semana, el semanario Proceso (1610)
publicó que [José Guadalupe] Herrera Bustamante recibió costo-
sos regalos del cartel de Juárez –40 mil dólares en efectivo y un
reloj de oro– para facilitar el trasiego de drogas hacia Estados
Unidos cuando era procurador en el sexenio de Manuel Cavazos Lerma (1993-1999).
“Durante su paso por la Procuraduría de Justicia de Tamaulipas, entre sus filas figuraban como agentes de la Policía Ministerial del estado, varios de los actuales líderes de la organización criminal, entre ellos, Juan Carlos de la Cruz Reyna, ‘El JC’,
detenido recientemente en McAllen, Texas.
“Proceso publicó también que Herrera fue fichado en Nuevo
León una ficha penal por daños en propiedad ajena en noviembre de 1983; así mismo, la revista señaló que a principios de
los noventa el procurador mintió sobre su edad para ocupar el
cargo de Juez Federal de Distrito, tenía 28 años y se requería un
mínimo de 30 para acceder a la plaza. Luego de que la noticia
de su engaño saliera en los periódicos, fue removido.
“También dio a conocer que, de acuerdo con la PGR, los dos
hermanos del procurador, Erick y Ariel, forman parte del cartel del Golfo, incluso el segundo, fue señalado por la abogada
Raquenel Villanueva como el pistolero que en el año 2000 intentó asesinarla.”
10. “La detención del secretario de Seguridad Pública de Reynosa, Juan José Muñiz Salinas, es el golpe más reciente a un
grupo de ex policías ministeriales que han sido vinculados con
el cártel del Golfo y que, pese a sus antecedentes, se re posicionaron con la llegada del procurador de Justicia del estado, José
Guadalupe Herrera Bustamante, y con el cambio de gobiernos
municipales el 1 de enero.”
11. Jesús Everardo Villarreal Salinas, es un diputado priísta balconeado vía correo electrónico. Un mes antes de las elecciones del 5 de junio de 2009 se leía en un correo enviado por el
presidente del PRI en Tamaulipas, Ricardo Gamundi: “Juanito,
116 •
por favor hazle llegar esta info a Edmundo. Hay que detener
esta información porque le pega muy gacho a Everardo y ‘los
amigos’ le pueden retirar el recurso para el día ‘D’. Con esto
perdemos Reynosa. Ayúdenme. Lo hablamos”.
12. “Al ex gobernador de Tamaulipas, Eugenio Hernández (PRI),
se le recomendó, al inicio de su gestión, el envío de soldados,
marinos y fuerzas federales al estado, ante el peligroso avance
del narcotráfico. “No”, fue su respuesta invariable. Al final
de su mandato, rebasado por la criminalidad, no tuvo más
remedio que aceptar el apoyo del Ejército.
“Es uno de los priístas que, se tiene la certeza en el gobierno
de Calderón, pactó con el narco.
“Inclusive circula un video del ex gobernador tamaulipeco
acompañado por Jaime González Durán, “El Hummer”, cofundador de “Los Zetas”, operador en Reynosa y capturado en noviembre de 2008.”
13. El 28 de junio de 2010 fue asesinado el candidato del PRI
a gobernador de Tamaulipas, Rodolfo Torre Cantú por un
comando de sicarios fuertemente armados. La identidad del
brazo ejecutor de este magnicidio y de los autores intelectuales no era clara, hasta que a inicios de febrero de 2012, el
Departamento de Justicia y la DEA de Estados Unidos revelaron que acusaban al ex gobernador priista Tomás Yarrington por proteger a organizaciones de narcotraficantes y lavar dinero:
“El ex gobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington, recibió
dinero de grupos del narcotráfico, específicamente de ‘Los Zetas’ y el cártel del Golfo, según consta en una acusación de la
Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA).
“Estos pagos, de acuerdo con el documento presentado en
una corte de Texas, llegaban a manos de Yarrington a través
de Antonio Peña Argüelles, quien enfrenta cargos de lavado
de dinero en EU y fungía como intermediario entre el crimen
organizado y el ex mandatario priísta.
“El diario San Antonio Express señala que Peña fue arrestado
el pasado miércoles en San Antonio y de sus declaraciones se
conoció el vínculo que éste mantenía con ‘Los Zetas’, el cártel
del Golfo, con Tomás Yarrington y con un ex alcalde de Nuevo
Laredo.
“La acusación de la DEA advierte que Peña Argüelles se escondía en Texas desde noviembre pasado, cuando ‘Los Zetas’
mataron a su hermano presuntamente por robar dinero del
cártel.”
Pero en esta investigación no sólo se confirmó lo que ya se sabía sobre la protección del ex gobernador priista Yarrington
al narcotráfico, sino además su implicación en el asesinato de
Rodolfo Torre Cantú, el candidato priista a la gubernatura del
estado:
“El ex gobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington, fue vinculado con el asesinato del ex candidato a la gubernatura, Rodolfo Torre Cantú, ocurrido en junio de 2010.
“Una acusación interpuesta por la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA, en inglés) en la Corte de Texas revela que
Antonio Peña Argüelles, ex colaborador de Yarrington, recibió
el 29 de noviembre de 2011 un mensaje del presunto líder de
‘Los Zetas’, Miguel Ángel Treviño Morales, ‘El Z-40’, que decía: ‘Su hermano (Alfonso) ha estado diciendo que usted y Tomás Yarrington, junto con (Jorge Eduardo) Costilla (líder del
cártel del Golfo), asesinaron al candidato a gobernador Rodolfo Torre Cantú porque afectaba al negocio de la construcción y
estaba patrocinado/ protegido’.
“Alfonso Peña —hermano de Antonio— fue encontrado asesinado el 29 de noviembre de 2011 en Nuevo Laredo; junto al
cuerpo había una manta en el que se acusaba a Antonio de
118 •
supuestamente haber robado cinco millones de dólares de ‘Los
Zetas’.
“La DEA asegura que Antonio Peña se reunió en 2008 con Yarrington en una casa que este último rentó en San Antonio. Ahí discutieron un pleito financiero que existía con Treviño Morales.
“El diario San Antonio Express señala que Antonio Peña Argüelles fue arrestado el miércoles pasado en San Antonio y de
sus declaraciones se conoció el presunto vínculo que mantenía
con ‘Los Zetas’, el cártel del Golfo, con Tomás Yarrington y con
un ex alcalde de Nuevo Laredo.
“El detenido le dijo a la Corte texana —de acuerdo con la
DEA— que trabajó para Yarrington, ‘lavando’ el dinero que
recibía del cártel del Golfo.
“En el documento —cuya copia tiene la agencia de noticias Associated Press (AP) — la DEA refiere que obtuvo libros contables de Peña y su hermano Alfonso correspondientes a 2004 y
2006, en los cuales se establece que recibieron grandes cantidades de dólares presuntamente del narcotráfico para Yarrington y otros colaboradores. La PGR anunció esta semana que
investiga a Yarrington, Manuel Cavazos y Eugenio Hernández
Flores, ex gobernadores de Tamaulipas.”
14. Pero la implicación de Yarrington en el asesinato de Rodolfo
Torre no era una novedad absoluta, pues el 28 de noviembre
de 2011 mediante un narco-mensaje dejado junto al cadáver de
un ejecutado, “Los Zetas” hacían una nada velada imputación:
“México, DF 29-Nov.- El cuerpo de un hombre ejecutado fue
abandonado ayer en Nuevo Laredo, junto con una manta en
la que se acusa al empresario Antonio Peña de ser el autor del
asesinato del ex candidato priísta al Gobierno de Tamaulipas,
Rodolfo Torre Cantú.
“Asimismo, se vincula al ex Gobernador Tomás Yarrington con
negocios ilícitos.
“El hombre, de unos 50 años, presentaba un impacto de bala
en la cabeza; fue encontrado boca arriba y encima de él fue colocada una manta blanca escrita en letras mayúsculas, algunas
remarcadas.
“’No anden diciendo que es un secuestro pinche viejo pitarron
son los 5 millones de dólar que le dimos a alla saves paque
hino cumplio al contrario se fue del país paque se hace pendejo
don Toño Peña si usted mando matar ‘a’ Rodolfo Torres porque afectava los hintereses de las compañías que tiene Osiel
Cárdenas y Tomas Yarrington que tienen sociedad.
“’Como quiera lo mataron diokis porque quedo el hermano y
se las siguieron pelando pinche viejo hipócrita que anda predicando la palabra de dios si tragas santos y caga diablos y
todavía que es un asesino lavador de dinero ai bibe en USA,
bien tranquilo pues no es alla donde combaten el narcotrafico
y el lavado de dinero porque a los meros buenos del lavado de
dinero los tienen alla?’, dice el escrito.
“La de ayer es la primera vez que se vincula en una manta al ex
Gobernador de Tamaulipas con la delincuencia organizada.”
15. El asunto de la sociedad de ex gobernadores priístas con el
crimen organizado para acaparar la obra pública, no es asunto
menor. Cabe señalar que entre 2001 y 2010 (penúltimo año de
mandato del “empresario constructor” Eugenio Hernández),
la obra pública en Tamaulipas creció en un 544%, al pasar de
1,967,305,000 de pesos el primer año a 12,667,932,668 de pesos
el segundo, según datos del INEGI. Entre 2000 y 2011, la obra
pública en Tamaulipas totalizó 67, 787, 322, 741 de pesos.
Si consideramos que entre utilidades de las empresas constructoras (operadas con prestanombres) y el sobreprecio, los
acaparadores de la obra pública se quedaron con un 30% de
lo erogado, eso da la fabulosa cantidad de 20, 336, 196, 822 de
pesos o más de 1,500 millones de dólares.
120 •
16. Finalmente en agosto de 2012 se libró orden de aprehensión
contra el ex gobernador Tomás Yarrington e inmuebles de éste
y de Eugenio Hernández han sido cateados.
Ellos son parte del pesado fardo con el que deben cargar el PRI
y Enrique Peña Nieto.
Coahuila: zona de confort para los Zetas
Pero si es pesada la carga que para Enrique Peña Nieto representan los ex gobernadores de Tamaulipas, lo es más la de Humberto
Moreira Valdés, ex gobernador de Coahuila, pues fue su principal
operador político hasta antes del inicio formal de la campaña electoral presidencial.
Las cuentas que en seguridad pública entregó como gobernador,
entre diciembre de 2005 y el 4 de enero de 2011; aunque de hecho
siguió gobernando el estado hasta finalizarse este último año, son
pésimas:
• El homicidio doloso aumentó en un 377%, según cifras oficiales maquilladas o en un 424% sin maquillar, al pasar de 139
asesinatos en 2005 a 729 en 2011.
• El secuestro aumentó en un 117%, según cifras oficiales maquilladas o en un 871% sin maquillar, al pasar de 6 plagios en 2005
a 136 en 2010.
• El robo aumentó en 131% entre 2005 y 2011 y con violencia
475%. El robo en carreteras se disparó en un 2,067%.
Por otro lado, lo que podría haber sucedido en Coahuila bajo la
dinastía Moreira, es algo muy parecido a lo sucedido en Tamaulipas:
la implantación de un narco-Estado.
En el otoño de 2012 tuvieron lugar en Coahuila dos hechos de
gran importancia:
• El 3 de octubre fue asesinado José Eduardo Moreira Rodríguez,
hijo del primer matrimonio de Humberto y sobrino y ex cola-
borador en el gobierno del actual mandatario Rubén Moreira
Valdés.
• El 7 de octubre, al parecer en un enfrentamiento fortuito con elementos de la Secretaría de Marina, fue abatido el máximo líder
de “Los Zetas”, Heriberto Lazcano Lazcano, alias “El Lazca”.
La violencia que los Moreira Valdés dejaron crecer en Coahuila,
terminó por alcanzarlos: eso es lo que ocurre cuando se apapachan
monstruos.
No es una casualidad que Lazcano Lazcano haya caído en Coahuila. Bajo la dinastía Moreira Valdés “Los Zetas” se sintieron muy
a gusto en el estado, hasta hace muy poco tiempo. ¿No acusaron
mediante mantas a Humberto Moreira de ser “narco mandatario”?
¿No le atacaron a sus policías con granadas (los que los han atacado
son los rivales del Cártel de Sinaloa) e incluso trataron de ocultar
asesinatos mediante desapariciones para “no calentar (demasiado)
la plaza” ni meter en problemas al señor gobernador? Por eso hay
tantos desaparecidos en Coahuila.
1. “De esa maquinaria nadie está a salvo. Ni siquiera el estadounidense experto en medidas de seguridad Félix Batista, quien
el 10 de diciembre de 2008 estaba en Saltillo, Coahuila, porque al día siguiente daría una conferencia a empresarios sobre
como evitar secuestros, compromiso al que ya no llegó. Tampoco regresó a casa.
“Los desaparecedores no discriminan. En las bitácoras de las
organizaciones de familiares de víctimas están anotados jornaleros, taxistas, empresarios, narcomenudistas, estudiantes, periodistas, migrantes, turistas, políticos, policías, amas de casa,
alcaldes y hasta militares. Familias enteras están desaparecidas, incluidos ancianos y niños. El más pequeño es un niño de
tres años, que consta en una lista de Coahuila.”
2. “Promesas a familiares de personas desaparecidas en Coahuila
‘desaparecen’
122 •
“México, D.F. a 7 de enero del 2011
“Inicia un nuevo año donde todo mundo celebra y confía en
que éste puede ser menos peor, tienen esperanza. Sin embargo,
para nosotras las familias de personas desaparecidas en el estado de Coahuila, desde el primer día que nuestros seres queridos no volvieron a casa dejó de haber tiempo para celebrar,
ahora sólo podemos seguir caminando y continuar con nuestra Incansable Búsqueda.
“El día de hoy el ex gobernador Humberto Moreira Valdés está
de manteles largos porque escala un peldaño más en su carrera
política. Hoy será otro día de simulación democrática, se registrará como candidato en su partido el PRI, dejando una agenda pendiente de justicia en el estado de Coahuila y decretada
una línea de acción para la continuidad del gobierno marcada
por la impunidad. Vergüenza le debería de dar postularse para
dirigir al ‘nuevo PRI’, cuando su acción de gobierno se distinguió por el nepotismo, autoritarismo y el control de los poderes estatales, de manera particular de las dependencias encargadas de la seguridad pública, procuración y administración
de justicia, tal como buen dinosaurio del ‘viejo PRI’.
“El 19 de diciembre del 2009, denunciamos 21 casos de desapariciones en el Estado de Coahuila. En diciembre del 2010
contamos con información de 104 casos. Los casos aumentan
día a día y la justicia se aleja.
“Sólo algunos datos de la agenda pendiente que deja el ex gobernador Moreira:
i. De los 104 desaparecidos documentados por FUUNDEC
no hay avances sustantivos en las investigaciones, ni se
propició la coordinación con la Procuraduría General de
la República (PGR) para sumar esfuerzos. La apuesta por
el olvido y la impunidad fue la respuesta del gobierno de
Moreira.
ii. Coahuila ocupa el 3er. Lugar a nivel nacional en denuncia
por desaparición forzada de personas, según declaraciones
públicas de funcionarios de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH)”
3. “Elementos del Ejército Mexicano descubrieron un cementerio
clandestino en la franja fronteriza de Coahuila, escenario en
los últimos meses de hechos violentos entre bandas rivales.
“El hallazgo se realizó la noche del pasado miércoles, cuando los militares localizaron una zona repleta de perforaciones
donde se depositaron restos calcinados de cuerpos humanos,
confirmó el fiscal general del estado, Jesús Torres Charles.
“De acuerdo con el funcionario, el cementerio clandestino también pudo ser utilizado como matadero, pues junto a los restos
se localizaron 61 casquillos percutidos de distintos calibres.
“El lugar se encuentra en un ejido del municipio de Guerrero,
Coahuila, localidad fronteriza de vocación rural.
“Torres Charles dijo a Apro que hasta las 18:00 horas de hoy,
personal pericial realizó trabajos de inspección y recuperación
en la zona, donde encontraron 37 pozos, 20 de los cuales contenían más de mil 300 restos óseos calcinados.”
4. “Saltillo, Coah., 25 de diciembre. La cifra de víctimas de desaparición forzada en Coahuila podría ser hasta cinco veces más
de los casos que se han denunciado, aseguró el gobernador
del estado, Rubén Moreira Valdez, quien detalló: hoy tenemos
reportados 200, pero la cifra puede crecer muchísimo; yo creo
que van a pasar de mil, calculó durante una entrevista con La
Jornada.”
Tan a gusto se sintieron “Los Zetas” bajo la dinastía Moreira, que
su principal santuario no estaba en Nuevo Laredo, Tamaulipas donde se inició su poder criminal, ni en Monterrey, Nuevo León a donde
lo expandieron, sino en Coahuila. Por eso ahí se concentraron los esfuerzos federales para capturar a los líderes de Los Zetas, en primer
124 •
lugar su máximo jefe Heriberto Lazcano Lazcano “El Lazca”: El 14
de octubre de 2011, el diario El Universal publicó un reportaje titulado: “Coahuila, zona estratégica de ‘zetas’”, en el que se afirmaba:
Coahuila se volvió uno de los puntos de refugio de ‘Los Zetas’, cuyos
jefes Heriberto Lazcano Lazcano, ‘El Lazca’, y Miguel Treviño, ‘El
L-40’, han utilizado para reorganizarse y lanzar contraofensivas contra sus ahora enemigos del cártel del Golfo.
Informes de la Secretaría de Marina revelan que a lo largo de la geografía de Coahuila, donde se padecen problemas de violencia e inseguridad, se ha dado seguimiento a las actividades de ambos jefes
criminales, quienes mantienen una constante movilidad.
El rastreo y acciones de inteligencia para capturar a ambos capos han
permitido a comandos especiales estar a punto de detener a ‘El Lazca’
y a su principal lugarteniente, Miguel Treviño, a quien también se
considera el hombre más violento de ‘Los Zetas’.
A ‘El Lazca’ casi se le detiene en Monclova en junio pasado, pero
momentos antes de la llegada de los infantes de Marina escapó de una
residencia en la que fue ubicado. ‘Hasta los cigarros seguían prendidos cuando llegamos’, dijo uno de los oficiales que participó en el
operativo.
Con Miguel Treviño, personal de la Armada ha sostenido enfrentamientos, pero éste ha logrado salir de la zona y romper el cerco que se
ha dispuesto para su arresto.
Las zonas en las que principalmente se mueven son: Torreón, Monclova y Saltillo, sitios desde donde pueden operar para vigilar las rutas naturales que permiten el tráfico de drogas, envío de dinero y
movilidad para llegar a Estados Unidos.
Desde el triángulo que forman esas tres ciudades coahuilenses, el
grupo criminal de ‘Los Zetas’ busca imponer y mantener el control
sobre los accesos a las fronteras situadas en Piedras Negras, Coahuila, así como en Nuevo Laredo y Reynosa, Tamaulipas, según reportes
de inteligencia naval.
Además, les permiten la movilidad hacia Monterrey y su zona metropolitana en Nuevo León, donde mantienen lo que es, quizá en este
momento, el mayor ‘frente de guerra’ contra sus adversarios del cártel del Golfo.
No obstante, en toda la región noroeste donde hay presencia de ‘Los
Zetas’ y del cártel del Golfo, la violencia está afectando a la población
de manera muy importante, ya que ambos grupos criminales mantienen una lucha sin cuartel por el control de las rutas para el trasiego
de enervantes, contrabando de armas y dinero, así como para efectuar
tareas criminales conexas como secuestros y extorsiones, entre otros.”
La protección del gobierno de Coahuila a “Los Zetas” no es mero
rumor ni presunción. El 19 de febrero de 2012, el periódico Reforma
publicó la nota titulada “Deja ex Fiscal Gabinete de Moreira”, en la
que se afirmó:
Un operador de los Zetas en Coahuila declaró ante el MP que el hermano
de Jesús Torres Charles recibía $300 mil pesos al mes de su organización.
Saltillo, Coahuila (19 febrero 2012).- Por los presuntos vínculos de
uno de sus hermanos con el narco, Jesús Torres Charles, quien fuera
Fiscal de Coahuila, pidió licencia para separarse del cargo de Consejero jurídico del Gobernador.
En entrevista, el Gobernador Rubén Moreira informó hoy que Torres
Charles pidió licencia al puesto que ocupaba desde finales de diciembre pasado. Asimismo, anunció que ya designó a su sucesor.
‘Hace dos días yo recibí una solicitud de licencia de Jesús Torres y
procedí a designar al licenciado Raúl Alvarado Castro’, informó.
Torres Charles fue Procurador y Fiscal General durante el sexenio de
Humberto Moreira.
Al crearse la Fiscalía, en 2009, la ley establecía que duraría en su
cargo ocho años, pero fue removido por Rubén Moreira en diciembre
y lo nombró Consejero jurídico del Gobernador.
Grupo Reforma informó que uno de los operadores de los Zetas en
Coahuila, Pedro Toga Lara, ‘El Guacho’, declaró ante el Ministerio
126 •
Público que el hermano de Jesús Torres Charles recibía 300 mil pesos
mensuales de la organización criminal.
Aunque no se reveló el nombre, se cree que se trata de Humberto Torres Charles, quien fuera Director Jurídico de la Secretaría de Salud
durante el sexenio de Humberto Moreira.”
¿No sabía el procurador en lo que andaba su hermano?, ¿no sabían los Moreira en lo que andaba su procurador y asesor jurídico?
Los Moreira hicieron crecer la deuda pública de Coahuila de 420
millones en 2006 a más de 36 mil millones de pesos en 2012; esto es,
de representar el 1.3% del PIB estatal pasó representar en 2012 el
7.87%
La mayor parte de la deuda de Coahuila fue para financiar obra
pública. El gasto en este rubro creció en 692%, al pasar de 2, 344, 884,
277 de pesos en 2005 a 19, 150, 659, 625 en 2011. Lo gastado en obra
pública en esos años, 37, 226, 658, 147 de pesos, equivale a la deuda
estatal.
No nos sorprenda que un día se sepa que –como en Tamaulipas–
entre las empresas beneficiadas por la obra pública estén las de los
capos del crimen organizado, ahora que es ya evidente que Los Zetas y otros están metidos en el negocio de la construcción…
Veracruz: montaje de un crimen
El 26 de febrero de 2007 falleció la señora Ernestina Ascensio Rosario, de 73 años de edad, en la localidad de Tetlatzinga del municipio de Zongolica, Veracruz.
Su muerte fue presentada por la Procuraduría de Justicia de Veracruz como un homicidio provocado por la violación que en su
contra supuestamente habían cometido soldados del Ejército mexicano, quienes -según este relato- la habían sorprendido cuando ella
pastoreaba unos borregos el día anterior a su muerte, el 25 de febrero de 2007.
Para avalar su afirmación del supuesto ataque de los soldados, la
procuraduría presentó una necropsia y diversas pruebas periciales.
Pero además la Procuraduría se encargó de filtrar a los medios de
comunicación el caso (incluso mediante una foto en donde Ernestina Ascensio yace en una plancha del servicio médico forense en
medio de un charco de sangre). La versión causó indignación entre
diferentes actores.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos investigó profundamente el caso, e incluso realizó su propia necropsia y diversos
trabajos periciales que le condujeron a concluir que Ernestina Ascensio no había sido violada, ni asesinada y que su muerte era natural, causada por padecimientos degenerativos crónicos, agravados
por su avanzada edad y condición económica. Es decir, la acusación
de la Procuraduría de Veracruz era una fabricación contra personas
inocentes (los soldados) por hechos que ni siquiera habían tenido
lugar y personal de la institución había creado falsas pruebas por
órdenes superiores.
Lo que sigue es un extracto de las conclusiones de la CNDH:
Durante la exhumación, los peritos médicos de la Comisión Nacional evidenciaron que la causa de muerte establecida en la primera
necropsia como traumatismo cráneo encefálico, fractura y luxación
de vértebras cervicales, no se encontraba debidamente sustentada, esto, en atención a que se omitió en la primera necropsia el estudio de
los órganos anatómicos más importantes, como son cráneo, vértebras
cervicales, pulmones, corazón, hígado, páncreas, bazo, asas intestinales y órganos sexuales.
Destaca que durante la exhumación no se corroboraron los ‘múltiples desgarros en las regiones vaginal y anal ‘ de la occisa a que se
hacían referencia en la primera necropsia; asimismo, no se encontraron equimosis difusas, eritemas y laceraciones, ni se observaron datos
compatibles con la penetración de un objeto romo de mayor diámetro
en los orificios vaginal y anal. Se descartó, igualmente, la existencia
128 •
de una perforación rectal. Igualmente, se evidenció incongruencia en
la descripción anatómica de las alteraciones referidas tanto en el dictamen ginecológico y proctológico, en la necropsia y en los propios
resultados o hallazgos obtenidos en la exhumación, esto es, que estos
tres documentos emitidos por la Procuraduría General de Justicia del
estado de Veracruz no son coincidentes.
A este respecto, la representación social no hizo entrega de las márgenes anales o ano, justificando que de éstas no tomó muestras al
momento de realizar la exhumación, por no considerarlo necesario el
médico que llevó a cabo tal práctica. Asimismo, por lo que hace a los
fluidos vaginales y anales, la Procuraduría negó su entrega con el
argumento de que tales muestras se encontraban en estudio en laboratorio, desde el 9 de marzo del año en curso.
Con los fragmentos de los diferentes órganos que proporcionó la mencionada Procuraduría, la Comisión Nacional realizó los estudios técnico científicos, así como histopatológicos que permiten acreditar la
inexistencia de traumatismo cráneo-encefálico, fractura y luxación
de vértebras cervicales, como causa de muerte. Por el contrario, se
acreditó científicamente que lo que en realidad ocasionó el deceso de
la señora Ernestina Ascencio Rosario fue una anemia aguda por sangrado de tubo digestivo secundario a úlceras gástricas, pépticas, agudas en una persona que cursaba con una neoplasia hepática maligna,
un proceso neumónico en etapa de resolución, isquemia intestinal y
trombosis mesentérica.
2. La perita médica especialista en delitos sexuales y la médica cirujana, concluyeron lo siguiente:
A. No existen alteraciones ginecológicas y proctológicas producidas
por la penetración no consentida de un objeto romo de diámetro mayor a los orificios vaginal y anal.
B. Las alteraciones que se observan en la región anal corresponde a
la manipulación realizada durante la exhumación, para separar los
glúteos y visualizar la región, cuyas características son de haberse
producido postmortem, ya que no se observa reacción vital en sus
bordes.
5. La médica cirujana concluyó lo siguiente:
A. Aun cuando desde el ingreso de la señora Ernestina Ascencio al
Hospital de Regional de Río Blanco, se hace referencia de que fue víctima de un ataque sexual, ninguno de los médicos especialistas de los
tres servicios por quien fue valorada (ginecología, cirugía general y
medicina interna) dan datos o descripción de hallazgos para sustentar este hecho.
6. El perito criminalista concluyó lo siguiente:
A. Contrario a la necropsia en donde se menciona ‘hematoma en región frontal porción central y derecha, así como en temporales‘, éstas
no son observadas en la exhumación de la occisa, ésta corresponde a
una equimosis en región frontal.
B. Contrario a la necropsia, donde se menciona ‘equimosis en antebrazos tercio medio cara anterior‘, éstas no son observadas en la
exhumación.
C. Contrario al dictamen de exhumación emitido por el doctor Ignacio
Gutiérrez Vázquez, de 12 de marzo del 2007, se menciona equimosis
por sujeción en tercio medio cara anterointerna de ambos muslos;
presencia de múltiples zonas petéquiales en tercio medio cara anterior
de pierna izquierda‘, éstas no son observadas en la exhumación.
8. El mismo perito químico forense, después de realizar el estudio de
identificación de semen en las muestras de exudado vaginal (dos hisopos) y exudado anal (un hisopo), rotulados con el nombre de Ernestina Ascencio Rosario que fueron proporcionados en cadena de custodia por la Procuraduría estatal a esta CNDH, concluyó lo siguiente:
A. Los exudados vaginal y anal resultaron negativos en actividad
enzimática de la fosfatasa ácida.
B. En los exudados vaginal y anal no se determinó la presencia de semen.
Finalmente, he de hacer mención especial al informe que a esta Comisión Nacional de los Derechos Humanos rindió el Director del Hos-
130 •
pital Regional de Río Blanco, al que adjuntó el acta suscrita por él y
los seis médicos que intervinieron en la atención que se brindó a la
señora Ernestina Ascencio Rosario durante su estancia en el citado
nosocomio, en la que sustancialmente se afirma lo siguiente.
‘La paciente no presentaba datos de haber sido violada ni por vía vaginal no por vía anal, que había sido traída por el señor René
Huerta representante de una ONG, quien insistía ante los médicos que anotaran en el expediente que la paciente había sido
violada por los soldados destacamentados en la localidad de
donde era originaria la hoy difunta (…) ‘[Énfasis es nuestro]
15. Si para la CNDH no hay evidencia de ataque físico a Ernestina, ¿por qué se ve en una fotografía del cuerpo de la señora
un charco de sangre junto a su cabeza?
R. La fotografía corresponde a un tiempo posterior a la necropsia
y el sangrado es residual a ese estudio. El cadáver de la persona
presenta el cabello mojado, signo de que fue bañada. Se trata de
una fotografía que fue tomada en una instalación de la PGJEV
y que –como muchos otros documentos de ese expediente– fue
entregado a diversos medios de comunicación.” [Énfasis nuestro]
La CNDH y los peritos estamos indignados por el manejo que
la procuraduría del estado ha dado a este caso. Primero filtraron una foto y ahí hay una violación al derecho a la intimidad de las familias; segundo, se ha hecho una manipulación
de las causas de la muerte de una persona de la tercera edad,
mujer e indígena. Se han cometido violaciones al derecho a la
seguridad, legalidad jurídica y protección a la vida. [Énfasis
nuestro]
¿Por qué los empleados de la procuraduría se habrían atrevido
a realizar todas estas fabricaciones? Sólo porque se los ordenaron.
Pero ¿quién? El entonces procurador Emeterio López Márquez (que
en mayo de 2007 debió dimitir y que después fue premiado con una
notaría pública).
Pero Emeterio López no se mandaba solo. Él a su vez no hizo sino
obedecer órdenes del gobernador Fidel Herrera Beltrán (2004-2010).
Y ¿por qué había Herrera ordenado tal fabricación contra el Ejército
mexicano?
Para encontrar la respuesta hay que ver el contexto. En diciembre
de 2006 el Presidente Felipe Calderón ordenó la movilización del
ejército en Michoacán.
En diferentes puntos del país los grupos criminales temieron una
acción similar y en Veracruz, fueron Los Zetas lo más preocupados,
pues bajo el gobierno de Fidel Herrera contaban con la protección
política y policíaca para actuar impunemente.
Con el montaje en contra del Ejército, la llegada de las fuerzas
armadas a Veracruz se retrasó 4 años.
Respecto a la prioridad de impedir un gran operativo del Ejército
en Veracruz, “Los Zetas” no quitaron el dedo del renglón en los meses y años siguientes al incidente de Ernestina Ascensio:
En junio de 2008, aparecieron mantas en ciudades como Xalapa, Veracruz, Córdoba, Orizaba, Coatzacoalcos y Acayucan atribuidas a
“Los Zetas” en las que se exigía la salida del Ejército de tierras veracruzanas.
(…)
Y a mediados de febrero de 2009, un centenar de ‘ciudadanos veracruzanos inconformes se sumaron a una jornada de protesta realizada en varias entidades para exigir la salida del Ejército y para detener ‘los abusos contra la ciudadanía‘. Los manifestantes colocaron
pancartas en las casetas de las autopistas estatales Córdoba-Fortín,
Poza Rica-Tuxpan, Acayucan-Cosoleacaque, Veracruz-Xalapa y Veracruz-Cardel con leyendas en las que acusaban a los soldados de ‘intimidar y causar terror a la población‘, incluso bloquearon autopistas,
federales y carreteras locales. En esa ocasión, los cuerpos policíacos no
actuaron contra ellos, como sí lo hicieron en enero de 2009 contra, los
campesinos de Minatitlán que fueron desalojados con violencia (…)
132 •
Ejemplo de cuan provecho fue para Los Zetas su estancia en Veracruz bajo el gobierno de Fidel Herrera, son los siguientes pasajes
de un reportaje de la revista Proceso:
Con protección institucional, Los Zetas establecieron su dominio en
Veracruz a través de una organización conocida como La Compañía,
en la que participó también el cártel del Golfo y que es investigada en
Estados Unidos.
En México, ex empleados de la administración de Fidel Herrera Beltrán declararon como testigos protegidos sobre los supuestos vínculos
del gobierno estatal con esa organización.
Los informantes, que entre 2005 y 2009 trabajaron al mismo tiempo
para el gobierno veracruzano y para el grupo que se inició como brazo
armado del cártel del Golfo, detallaron a la Procuraduría General de la
República (PGR) cómo se hicieron Los Zetas del control de las actividades delictivas en el estado, al amparo –afirman– de la protección oficial.
En sus declaraciones ministeriales, los testigos revelaron también
cómo funciona la estructura que le ha permitido a Los Zetas controlar prácticamente todas las actividades de delincuencia organizada,
desde venta de drogas hasta el robo de gasolina a Pemex, pasando por
el secuestro, la extorsión y el tráfico de indocumentados.
La Compañía –dicen al referirse a Los Zetas– logró el control de todo
cuanto pasa en el estado: droga, secuestros, extorsiones, tráfico de
centroamericanos, piratería, robo de gasolina… todo; aunque ellos no
siempre actúan directamente.”
Explican: en los secuestros participan policías ya sea como informantes, como muros –encargados de dar protección física a delincuentes– o como responsables directos de los levantones; las extorsiones
las controla La Compañía, y en el caso de robo de gasolina les cobra
a quienes “ordeñan” las tuberías de Pemex. Los vendedores de mercancía pirata también deben pagar su cuota. “Hasta el juguero paga
renta. El que no trabaja para ellos, paga cuota. Por eso, Veracruz
aporta mucho a la organización”, aseguran.
Para dar una idea de las ganancias de La Compañía, señalan que la
nómina quincenal de sobornos a policías va de 500 mil a 600 mil pesos. Es decir, más de un millón de pesos mensuales. Los pagos, dicen,
se hacen los días 5 y 25 de cada mes, en efectivo. Los policías firman
recibos con su nombre por los sobres que reciben.
Los montos varían de acuerdo con el rango de los uniformados dentro de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del estado -a cargo
del general de división retirado Sergio López Ezquer-, de la Policía
Intermunicipal Veracruz-Boca del Río o de las direcciones de policía
municipal.
De acuerdo con su versión, esta es la estructura operativa de La Compañía:
‘Quienes están en el nivel más bajo son los halcones, que se encargan
de dar información sobre los movimientos en las calles’. Entre ellos
hay taxistas y gente común.
Luego están los escoltas, en los que participan policías que dan protección y vigilan las actividades del narcomenudeo con radios de
telecomunicación tipo Nextel proporcionados por la organización
delictiva.
Arriba de ellos están los sicarios y los comandantes de estaca, encargados de grupos operativos. ‘Después vienen los comandantes de
plaza y el comandante del estado’. Los estacas, dicen, siempre acompañan al comandante de la plaza y son los encargados de ordenar los
secuestros y las ejecuciones.
Una vez dentro, cuentan, es muy difícil que los policías estatales o
intermunicipales deserten de La Compañía. Y no es sólo porque están
comprados: tienen información de las relaciones del grupo delictivo
con las corporaciones.
Desde noviembre de 2007, La Compañía es investigada en Estados
Unidos, y para mayo del año pasado el Departamento de Justicia ya
había fincado cargos contra 19 miembros de la organización por operaciones de narcotráfico entre 2006 y 2008.
134 •
Aunque la alianza entre Los Zetas y el cártel del Golfo se rompió,
la justicia estadunidense busca la extradición de siete líderes de Los
Zetas, seis del cártel del Golfo y seis de La Compañía por actividades
realizadas bajo esta organización.
Los encuentros
Pagados ‘por la mafia’ durante los años que coinciden con el gobierno
de Fidel Herrera, los testigos sostienen que la protección a La Compañía en Veracruz no se entiende sin las principales autoridades estatales. Y mencionan varios hechos de esa presunta relación.
El primero, una supuesta reunión de Fidel Herrera y sus principales
jefes de seguridad y justicia con Braulio Arellano Domínguez, conocido como ‘El Zeta-20’, ‘El Gonzo’ o ‘El Verdugo’, muerto el pasado
3 de noviembre en un enfrentamiento con elementos federales e Infantes de Marina en el municipio de Soledad de Doblado, en el centro
de Veracruz.
Los declarantes sostienen que el alegado encuentro con el entonces
jefe Los Zetas en Veracruz ocurrió a fines de 2008 en el Hotel Mabiel,
frente al hospital Valentín Gómez Farías, en Coatzacoalcos.
Aseguran que Herrera Beltrán estuvo acompañado por el entonces subcoordinador de la SSP estatal de la zona conurbada Veracruz-Boca del Río y actual subsecretario B de la dependencia -que
corresponde a la misma zona-, Remigio Ortiz Olivares, quien ha
trabajado en esa área desde finales del gobierno de Miguel Alemán
Velasco.
Los informantes dicen que a esa reunión también asistieron el ex subdirector operativo Lara Montero, y el subprocurador general de Justicia del estado, Jorge Yunes Manzanares.
Agregan que en noviembre de ese mismo año, en la víspera de su IV
Informe de Gobierno, Fidel Herrera acudió a un festejo en una casa
del fraccionamiento Las Ánimas, donde vive el propio gobernador,
su secretario de Gobierno, Reinaldo Escobar Pérez, y los empresarios
más ricos del estado.
Según su versión, en la fiesta estuvieron El Gonzo y Miguel Treviño
Morales, el presunto jefe de Los Zetas en Veracruz. También refieren
otros festejos que tuvieron lugar en el mismo fraccionamiento en diciembre último.
Por su parte el periodista Martín Moreno denunció:
La desgracia en Veracruz llega de la mano del ex gobernador priista,
Fidel Herrera. Sí, el mismo millonario –su última declaración patrimonial sumó más de 150 millones de pesos–, gracias a que, dice, su
esposa heredó una fortuna y es suertudo para sacarse la lotería. Su
biografía no autorizada reporta que tiene 14 casas.
Pero el daño mayor es que, durante su gobierno (2004-2010), Herrera permitió la consolidación de Los Zetas en territorio veracruzano. En niveles federales se tienen registros del florecimiento del
narco en los últimos seis años.
Las excelentes relaciones entre Fidel Herrera tuvieron sus consecuencias, que pagan los veracruzanos y el país:
1. La segunda capital mundial del secuestro:
Fidel Herrera, al igual que su sucesor Javier Duarte, cultivó el arte
de la falsificación de cifras sobre incidencia criminal. Dice un reportaje del periódico Reforma:
En el 2010 el Gobierno de Veracruz reportó al Secretariado Ejecutivo
del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) que en esa
entidad no se registró ningún secuestro; sin embargo, la instancia
federal estima que hubo en ese estado 53 plagios.
De acuerdo con una gráfica comparativa elaborada por el Secretariado Ejecutivo, la Procuraduría General de Justicia de Veracruz reportó
que durante 2010 no inició ninguna averiguación previa por el delito
de secuestro.
Sin embargo, con base en otros datos e indicios, el Secretariado calculó que en esa entidad se cometieron el año pasado una tasa de 0.7
secuestros por cada 100 mil habitantes, que da, en números redondos,
53 plagios.
136 •
Entre esos 53 secuestros estarían los de cinco socios de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) Veracruz, que
fueron privados de su libertad y cuyas familias tuvieron que pagar los
rescates para que fueran liberados.
(…) La propia Procuraduría General de Justicia de Veracruz boletinó
el 24 de noviembre del año pasado el caso de dos presuntos plagiarios
que murieron al enfrentarse a elementos de la Agencia Veracruzana
de Investigación (AVI) durante una balacera registrada en el municipio de Las Minas, localizado en la región montañosa entre las
ciudades de Perote y Xalapa.
‘Este operativo resuelve varios secuestros que se habían perpetrado’,
aseguró en aquel entonces la dependencia.
El Presidente Felipe Calderón señaló el viernes pasado que el Gobierno de Veracruz, durante la administración de Fidel Herrera (20042010), ocultó las cifras de secuestros.
‘Hace poco oí al ex Gobernador (Fidel Herrera) decir que él mismo
pagó el rescate de como 16 personas. Entonces, muy loable de su parte, pero como que no checa con los datos que teníamos. Yo no creo que
no había antes víctimas en Veracruz. Yo creo que las desaparecían’,
indicó.
Además entre 2004 y 2011 un total de 33 víctimas de secuestro
fueron asesinadas.
A estos deben sumarse 10 víctimas más hasta octubre de 2012.Pero
con todo y la gravedad de estos hechos, la expresión más extrema del
secuestro en Veracruz ha sido el plagio masivo de migrantes. Conforme a las investigaciones e informes de la CNDH, en 2010 en Veracruz
fueron privados de la libertad 6,838 migrantes, en su mayoría provenientes de Centroamérica y en 2009 fueron secuestrados 5,888.
En parte alguna del mundo y en momento alguno el secuestro ha
tenido la magnitud de Veracruz, con la única excepción de Tabasco.
Mientras que en el estado vecino la tasa de secuestros por cada 100
mil habitantes fue de 247 en Veracruz fue de 90.
Los informes de la CNDH han identificado los siguientes municipios de Veracruz como los más peligrosos para los migrantes, pues
ahí son capturados por Los Zetas en grupos de decenas por vez:
Las Choapas, Agua Dulce, Carranza, Alemán, Acayucan, Coatzacoalcos, Cosamaloapan, Tierra Blanca, Córdoba, Orizaba, Río Blanco
y Camarón de Tejeda.
Es imposible que Herrera no supiera lo que estaba ocurriendo en el
estado que gobernó. Es impensable que no hubiera podido impedir la
mayoría de secuestros, si esa hubiera sido su decisión.
Por eso tiene toda la razón el padre Alejandro Solalinde, defensor de
migrantes, cuando acusa a Herrera:
Solalinde acusó además que presumen de posibles vínculos del ex gobernador Fidel Herrera Beltrán con bandas dedicadas al secuestro,
extorsión y homicidio de migrantes.
A la pregunta de si Herrera los encubría, expresó: ‘no sólo eso, yo creo
que se va a descubrir algo más’.
Finalmente, lamentó que la justicia en México se encuentre totalmente politizada, razón por la cual no se procede legalmente contra
Herrera Beltrán.
2. “Veracruz es como Chicago en los años 20”:
En el Puerto y en buena parte del estado ninguna hoja se mueve si ‘La
Compañía’, auto denominación local de ‘Los Zetas’, brazo armado del
Cártel del Golfo, no lo autoriza.
Reforma recabó testimonios, que por solicitud de los declarantes se
publican anónimos, en los que se da cuenta del control y las extorsiones realizadas por integrantes de ‘Los Zetas’ o ‘La Compañía’.
‘La Compañía’, explica un abogado bastante conocido en el estado, se
ha hecho del control de todas las actividades delictivas y de aquellos
negocios que están en el límite de lo lícito.
En septiembre pasado, la ejecución de dos líderes del comercio informal dio cuenta de cuáles son las nuevas reglas del crimen organizado
en esa entidad.
138 •
‘La Compañía’ se ha hecho del control de todas las actividades delictivas en el estado.
Alejandro Bacelis Nájera y Juan Salvador Valencia fueron ejecutados
porque denunciaron públicamente que ‘Los Zetas’ les exigían el pago
de dinero para poder seguir desarrollando su actividad.
Antes de ser ejecutado, Bacelis fue ‘levantado’ y torturado.
En Veracruz, autoridades, comerciantes, empresarios y ciudadanos reconocen que los miembros de ‘La Compañía’ son los nuevos patrones del secuestro, del robo de vehículos, de camiones de
carga y de ganado y de la venta callejera de discos y películas
piratas; también cobran rentas a los dueños de table dances, bares
y discotecas.
En el caso de las extorsiones a los antros, problema que ha llegado a
tal nivel, que, en octubre pasado, el Secretario de Gobierno veracruzano, Reynaldo Escobar, convocó a una reunión interinstitucional para
buscar una solución.
urante el encuentro, los dueños de los establecimientos expusieron
que eran víctimas de extorsiones de entre 20 mil y 35 mil pesos mensuales por la presunta protección de ‘La Compañía’. Sin embargo, el
problema continúa.
Jalapa, Ver., 18 de mayo (APRO).- El presidente de la Confederación
Patronal Mexicana (Coparmex) en Veracruz, Luis Martín Capistrán, denunció el incremento de las extorsiones contra empresarios
por parte de presuntos integrantes de la delincuencia organizada.
’Algunos negocios tuvieron que cerrar porque ya no tenían ganancias: sus dueños trabajaban para Los Zetas, y la extorsión o el pago
de piso los dejó en la quiebra”, narró Carlos, taxista por más de 20
años en el puerto.
’Hace algunos años, recomendaba a los turistas lugares para comer o
pasear. Ahora, algunos de esos lugares están cerrados. Para mí esto es
triste porque me demuestra que los delincuentes pudieron más que el
gobierno’, menciona Carlos.
3. El saqueo de PEMEX:
Juan Rodríguez Clara está en la mira de la Procuraduría General de
la República (PGR) y las Fuerzas Armadas.
Ese municipio, a 355 kilómetros al sur de la capital de Veracruz, es
una comunidad tradicional de 35 mil habitantes, saturado de tomas
clandestinas en ductos de Pemex.
De los 2 mil 441 municipios que hay en México, el de Juan Rodríguez
Clara concentra el mayor número de barriles de hidrocarburo robados
a la empresa petrolera.
De acuerdo con datos del Ejército y de la propia paraestatal, en ese
municipio han sido descubiertas 101 tomas clandestinas de 2005 a
2010. Algunas, pese a haber sido selladas, son vueltas a abrir por la
delincuencia organizada, principalmente ‘Los Zetas’.
El número de tomas clandestinas halladas en ese municipio supera
al total detectado en el mismo periodo en los estados de Guanajuato,
Oaxaca, Querétaro, Jalisco y Tabasco, donde los reportes sobre el robo
de combustibles son constantes.
Sólo en febrero de este año, las Fuerzas Armadas y Pemex localizaron
en el País 174 tomas clandestinas, con un volumen sustraído de 215
mil barriles de combustible, 38 por ciento más que en febrero de 2010,
con 155 mil barriles.
4. Ingresando al hoyo negro de la violencia:
Hasta hace poco Veracruz era pacífico. Pero en 2011 la violencia
escaló porque el cártel consentido del gobierno estatal está enfrentando a grupos criminales que quieren despojarle la “plaza”. En
2011 el puerto de Veracruz ingresó al ranking de las 50 ciudades
En 2010 en el Puerto de Veracruz (los municipios de Veracruz y
Boca del Río) se registraron 20 homicidios dolosos y en 2011 al menos
418, un aumento de 1,990% en tan sólo un año. Asimismo, en el Estado
de Veracruz entre 2000 y 2011 la extorsión creció 404%; el homicidio
doloso en 116%; el secuestro en 1,400% y el robo con violencia en 82%.
140 •
Por otra parte, el 27 de enero de 2012, en el aeropuerto de Toluca
fueron asegurados 25 millones de pesos a dos funcionarios del gobierno de Veracruz, quien adujeron que el dinero era para pagarle a
una empresa del Distrito Federal por sus servicios, excusa por lo demás inverosímil. Una investigación del gobierno federal reveló que
el dinero en realidad tenía como destinatario el fondo de campaña
de Enrique Peña y que los 25 millones sólo eran un parte de cuando
menos 700 millones, que el gobernador de Veracruz, Javier Duarte,
había ordenado se entregara al mismo destino.
De acuerdo con un investigador que participó en la pesquisa, sólo
una parte del dinero había sido desviado de fondos públicos, mientras del resto se desconocía el origen. Si todo esto es cierto, ¿de dónde obtuvo el gobernador Javier Duarte el dinero?
Tabasco: un priísta ejemplar
Desde que Andrés Granier Melo inició su mandato como gobernador de Tabasco en enero de 2007, se presentó como un campeón
de la integridad y la lucha contra la inseguridad, como la cara del
“nuevo PRI”.
Hechos al inicio de su mandato, sobre todo el enfrentamiento con
la mafia policíaca conocida como La Hermandad, dieron una supuesta base a esa imagen:
El 6 de marzo de 2007 la escalada de violencia alcanzó al general
Francisco Fernández Solís, titular de Seguridad Pública de Tabasco. Pistoleros atentaron contra su vida en la capital del estado; su
chofer, también militar, murió y el general resultó herido, pero no
de gravedad. La seguridad del gobernador, Andrés Granier Melo
(PRI), y la de su familia fue reforzada. También la del presidente del
Tribunal Superior de justicia del estado, Rodolfo Campos Montejo.
Esta vez, las sospechas más fuertes apuntaban hacia los mandos
de la policía preventiva estatal, un grupo conocido como La Cofra-
día o La Hermandad. Según el secretario de Gobierno Humberto
Mayans, el general, quien había removido a varios de ellos, ‘estaba pisando callos’. De ahí la reacción. Entre los policías vinculados con traficantes fue mencionado Juan Cano Torres, ex titular
de Seguridad Pública, coordinador de la Comisión Especial para la
Transferencia de los Servicios Públicos a los municipios del estado
en la administración de Granier. Soldados y agentes de la PFP tomaron las instalaciones de la SSP del estado y detuvieron a varias
personas, entre las cuales se contaban Cano Torres, presunto líder
de La Hermandad, y altos mandos policíacos. Fueron trasladados
a la ciudad de México y arraigados por 30 días. Habían presuntamente contratado matones de otros estados para el atentado contra
el general Fernández. Pretendían seguir manteniendo el control de
la corporación policíaca. Días antes una cabeza humana había sido
dejada frente a las instalaciones de la SSP. El resto del cuerpo fue
encontrado en Chiapas.
La Hermandad había tenido la capacidad para contener y proteger a
los grupos criminales en años anteriores. El primer grupo protegido
fue el de Amado Carrillo, quien tenía a Alcides Ramón Magaña operando en el estado. Éste fue capturado en 2001. Luego, los policías hicieron lo mismo con el grupo de Tamaulipas, el cual estaba representado por Mateo Díaz López. Había referencias de las presiones ejercidas
por La Hermandad para que uno de sus integrantes fuera nombrado
titular de la SSP. Su estrategia no prosperó y expresaron con balas su
inconformidad. Según el procurador de justicia de Tabasco, Gustavo
Rosario Torres, La Hermandad había impuesto condiciones a los gobernadores anteriores, Roberto Madrazo y Manuel Andrade, y pretendía hacer lo mismo con Granier. En la prensa, conforme pasaban
los días y según el medio, los años de control de la SSP atribuidos a
La Hermandad pasaron de siete a catorce. En la versión del procurador, que exime de responsabilidad a los gobernadores, el poder político
local no aparece sino como víctima de sus propias policías que, mien-
142 •
tras no ven afectados sus intereses particulares, constituido como un
poder aparte, autónomo, ajeno al de la política, e incluso por encima
de ésta, y cada uno de esos grupos hubiera convivido sin interferir en
las actividades del otro, salvo en algunas ocasiones.
En la primera semana de agosto de 2008, Granier siguió con su supuesta cruzada contra el crimen y la corrupción y exigió a los presidentes municipales del estado hacer una depuración total de sus policías.
No pocos tabasqueños creían ver en el gobernador Granier y en sus
colaboradores, los gobernantes íntegros que llevaban tiempo esperando, cuando de pronto…
El 11 de agosto de 2008, José Antonio Ortega Sánchez, Presidente
del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal
AC, en conferencia de prensa dio a conocer grabaciones de conversaciones telefónicas que una fuente anónima le había hecho llegar,
en las cuales se escuchaba al exprocurador de justicia de Tabasco,
Gustavo Rosario Torres (que apenas el 23 de julio de 2008 había renunciado al cargo) y al todavía subprocurador de justicia Alex Álvarez, ponerse de acuerdo con el litigante de narcotraficantes (de Los
Zetas), Francisco Javier Estrada Sánchez, respecto a un soborno para
permitir un trasiego de cocaína.
La primera grabación contiene una conversación entre el ex procurador y el subprocurador donde hablan del pago que recibirían
de 200 mil dólares por permitir un envío de cocaína.
En la segunda conversación participan el subprocurador y el abogado Francisco Javier Estrada.
En una de las conversaciones se escucha el siguiente diálogo:
–Dime…
– ¿Le puedo comentar algo, pero por otro teléfono?
–No, estoy en...
– ¿No tiene el Nextel ahí?
–No, no lo tengo, es que no pude... usarlo…
–Ahorita hablé con Gerald, que estaba por mandar el dinero…
–Sí, espérame, es que… Gerald me ha mandado, ¿ya sabes de lo que
te estoy hablando?
–No, este...
–Este, la cocaína...
–No, ya le avisé y le va a mandar el dinero, ya estamos ahí…
–Ah, bueno, seguramente vamos a tener cola ahí, del Ejército, y ya
acordé con este hombre… todo va bien, ya nos pusimos perfectamente
de acuerdo, te va a llevar 100 mil, más otros 100 mil que te va a dar
dentro de una semana…
–Este, oí que acordaron que hoy va a ser la entrega...
Finaliza el diálogo.
Los involucrados negaron los hechos y el gobernador Granier,
en lugar de iniciar una investigación, salió en defensa del ex procurador y del subprocurador, quien renunciaría en 2009 después de,
supuestamente, sufrir un atentado contra su vida. Sólo el abogado
Javier Estrada Sánchez cayó preso.
En Tabasco se había combatido una Hermandad, para que otra
ocupara su lugar.
Pero no es esto lo único que se puede reprochar al gobernador
priísta Granier Melo con relación al crimen y a la corrupción. En realidad lo peor que hizo este político priísta, es haber permitido que
Tabasco se convirtiera en la capital mundial del secuestro.
Según los informes de la CNDH en 2009 fueron plagiados en Tabasco 4,756 migrantes y en 2010 un total de 5,524 lo cual da una tasa
de 247 por cada 100 mil habitantes. Jamás en la historia del mundo,
jurisdicción alguna ha tenido tal magnitud de secuestros.
Es imposible que el gobernador priísta Andrés Granier Melo
no se haya enterado desde un principio de lo que estaba ocurriendo y es absolutamente inadmisible que no haya hecho nada
para impedirlo.
El proceso judicial bajo el que actualmente se encuentra el ex gobernador Granier Melo tiene otras causas. No se le ha fincado res-
144 •
ponsabilidad por haber permitido este ambiente de impunidad durante su mandato.
Chihuahua: paraíso de violencia e impunidad
Los gobernantes priistas de la última década llevaron a Chihuahua a ser uno de los territorios más violentos del mundo entero
y a romper récords internacionales en asesinatos.
De acuerdo al ranking mundial elaborado por el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, en 2010 Chihuahua no sólo fue la jurisdicción nacional más violenta del mundo
con una tasa de 212 homicidios por cada 100 mil habitantes, sino
que esa tasa estuvo muy por encima del promedio de las 50 jurisdicciones subnacionales más violentas del mundo, el cual fue de 55 por
cada 100 mil habitantes.
De modo que la tasa de homicidios de Chihuahua fue cuatro veces
la tasa promedio de las 50 jurisdicciones más violentas del mundo.
La tasa de homicidio doloso en Chihuahua aumentó en tan sólo
3 años (entre 2007 y 2010), en poco más de 1,381%, cuando que en
el país el incremento fue del 141%. Un aumento tan abrupto de la
incidencia de los asesinatos no tiene precedentes, ni siquiera en naciones afectadas por crisis de violencia. En el caso de Colombia, en
su etapa de máxima violencia que fue de 1983 a 1993, en el Departamento de Valle del Cauca (cuya capital es Cali), la tasa de homicidio creció 166% y en el Departamento de Antioquia (cuya capital es
Medellín) un 225%.
Pero además la tasa de homicidios alcanzada por Chihuahua
en 2010, es equivalente a la tasa más alta alcanzada por el Departamento de Antioquia en el punto máximo de la violencia de Colombia y muy por encima de la tasa máxima alcanzada por el departamento del Valle del Cauca, que fue el segundo más afectado
por la violencia.
Gráfica 4 Los departamentos de Antioquia y Valle del Cauca
(1980-2010) en comparación con el estado de Chihuahua (2010)
Aquí estaba
el estado de
Chihuahua en
2010
Además la tasa de homicidios de Ciudad Juárez ha llegado a ser
tan elevada como la de muy pocas ciudades en el mundo en momentos muy críticos de las historias de sus respectivos países. Sólo
la ciudad colombiana de Medellín en el período 1990-1992 tuvo una
tasa más alta que la de Ciudad Juárez.
146 •
Gráfica 5 Las tasas de homicidio de las ciudades colombianas
de Medellín, Cali y Bogotá (1980-2010), en comparación
con la tasa de Ciudad Juárez (2010)
Aquí estaba
Juárez
en 2010
Entre 2007 y 2010 la capital del estado tuvo el mayor incremento
de homicidio en las urbes del país, del orden del 1,394% y Ciudad
Juárez ocupó el tercer lugar nacional con un aumento del 1,213%.
Estos incrementos tan grandes en períodos tan cortos son muy infrecuentes y no se han producido siquiera en ciudades de naciones
gravemente afectadas por la violencia.
Por ejemplo en Colombia, en la ciudad de Bogotá entre 1983 y
1993 la tasa de homicidios aumentó en un 316%, en Cali 352% y en
Medellín 455%.
Lo acaecido en Chihuahua equivale a que de plano hubiera
carecido de gobierno local. En realidad si ha habido políticos priistas que han cobrado sus sueldos como gobernantes, pero que
han dejado a los grupos criminales matar a tantas personas como
quieran.
Chihuahua no sólo es el estado que alcanzó la más elevada tasa
de homicidios en México, sino además el que tuvo la tasa más alta
de secuestros; 98.56 por cada millón de habitantes en 2009 (332 plagios, tanto los denunciados ante la procuraduría estatal como ante
la PGR). En 2012, cuando este delito ya había descendido considerablemente, la tasa seguía siendo 1,305% superior a la del año 2000.
Mas no es el secuestro la única manera en que los grupos criminales practican la extorsión contra las personas inocentes en Chihuahua. Chihuahua ha rivalizado con Tamaulipas, Veracruz y Quintana Roo por el primer lugar en extorsión, crimen que en el estado
ha presentado algunas de las siguientes expresiones:
• “La ola de extorsiones, amenazas y cobro de cuota por bandas
criminales se extendió de Ciudad Juárez a Chihuahua capital,
lo que llevó a que 180 negocios cerraran este fin de semana y
sostuvieran este lunes una reunión urgente con las autoridades de los tres niveles de gobierno.
“Negocios como cantinas y bares, centros nocturnos, restaurantes y negocios de todo tipo, además de flotillas de taxis, no
laboraron este fin de semana luego que bandas criminales recorrieron prácticamente toda la ciudad de Chihuahua exigiéndoles a los propietarios y encargados una cuota de protección a
cambio de no asesinarlos o incendiar dichas empresas.”18
• “El dirigente de la Central de Abastos de Ciudad Juárez, Chihuahua, Miguel Esaúl Galindo Figueroa, denunció hoy que el
90% de los 10 mil establecimientos comerciales que operan en
esa ciudad fronteriza pagan ‘derechos de piso’ a la delincuencia organizada.”19
• “La pulverización de la economía barrial por causa de los robos, las extorsiones y el desempleo no son exclusivos de esta
colonia ni del deprimido sector poniente de la ciudad (Juárez).
En esta frontera, en dos años 5 mil 900 tiendas de barrio –de un
total de 7 mil– se vieron forzadas a cerrar.
148 •
“Ese es uno de los saldos de la violencia que azota a la ciudad
desde 2008, y no es cosa menor: los cierres de las tiendas de
abarrotes golpean directamente la nutrición de niños y ancianos. Ellos son las primeras víctimas, aunque en los barrios populares todos padecen sus efectos.”20
• “El presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la
Construcción (CMIC), José Eduardo Correa Abreu, informó
este lunes que más de la mitad de empresas afiliadas a ese organismo han emigrado de Ciudad Juárez, Chihuahua, debido
a la inseguridad.
“En conferencia de prensa, luego de dar a conocer el Programa
de Financiamiento para Pymes de la Industria de la Construcción, apoyado por la Secretaría de Economía, Nacional Financiera y la Banca Privada, Correa afirmó que en la ciudad fronteriza ‘había alrededor de 250 constructores establecidos y no
quedan más que 50’.
“Ello, dijo, se debe a que los empresarios son sujetos a extorsiones y deben pagar un ‘derecho de paso’ para realizar obras,
pero como no están de acuerdo con esa medida instrumentada
por el crimen organizado, han optado por cerrar sus negocios.21
• “La pérdida de empleos en comercio, que de acuerdo con datos del Instituto Mexicano del Seguro Social alcanzó en el primer semestre de este año los mil 127, es un reflejo de la forma
en la que ha golpeado a este sector la inseguridad y la falta de
un apoyo decidido de parte de la Federación para incentivar
la inversión.
“Ello, dijo, se debe a que los empresarios son sujetos a extorsiones y deben pagar un ‘derecho de paso’ para realizar obras, pero
como no están de acuerdo con esa medida instrumentada por el
crimen organizado, han optado por cerrar sus negocios.”22
• “Cifras de la Fiscalía General de Chihuahua, difundidas por el
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pú-
blica, indican que en lo que va de 2011 se han presentado 102
denuncias por extorsión en la entidad, básicamente por cobro
del “derecho de piso” o “venta de protección”. En muchos de
estos casos están involucrados policías. “Hemos descubierto
que son ellos quienes cobran la cuota”, dice Daniel Murguía
Lardizábal, presidente de la Canaco en Juárez.”23
• “Los criminales ligados a la extorsión prendieron fuego y dispararon a una tienda de regalos situada en un exclusivo sector
de la capital del Estado. Los hechos ocurrieron esta madrugada en la plaza comercial Tres Vías, ubicada en la Avenida Cantera y Calle Washington.”24
• “Sujetos armados irrumpen en tienda de abarrotes y asesinan
a dos personas, tras negarse a pagar por derecho de piso en la
colonia Independencia, policías ya resguardan el lugar tras el
asesinato.
“En el cruce de las calles Presa de la Amistad y Presa de la
Angostura, gatilleros ingresaron al Súper de abarrotes ‘Max’ y
ante las miradas de los clientes asesinaron a sangre fría a trabajador y a el hijo del propietario.
“Según versiones de los familiares acudieron al negocio el día
de ayer, con motivo de exigir el pago por derecho de piso o
‘cuota’, acción a la cual, los propietarios de la tienda de abarrotes, se negaron.”25
• “Un panadero fue asesinado en el interior de su vivienda habilitada como panadería en la colonia Independencia II.
“Los hechos se reportaron esta mañana en el cruce de las
calles Elisa Griensen y Matilde Romero a donde ingresaron
dos hombres y le dispararon frente a su esposa que está embarazada.
“De acuerdo con versiones extraoficiales el hombre pagaba derecho de piso para poder operar el negocio, pero debido a que
ya no pagó le hicieron los disparos.”26
150 •
En 2010, 123,693 personas fueron víctimas de extorsión en Ciudad Juárez (casi el 10% de los habitantes) y 55,682 en la capital del
estado, de acuerdo a la encuesta de victimización del INEGI.27
Chihuahua además de ser convertido en uno de los mayores territorios de violencia en el mundo, tiene un liderazgo indiscutido
en impunidad. En 2004 por cada 100 homicidios, 75 tuvieron como
consecuencia sentencia condenatoria para los responsables. Pero para 2008 la tasa de castigo había caído al 11%, en 2009 al 8%, en 2010
al 2% y en 2011 al 4%. En Ciudad Juárez el colmo fue que en 2010 ni
siquiera el 1% de los homicidios merecieron sentencia condenatoria.
Esto no fue resultado sólo del disparo de los homicidios, sino
además de la caída de las condenas.
En 2004 se impusieron 332 condenas, pero en 2010 sólo 157,
ni la mitad. Es obvio que la procuradora Patricia González y su,
jefe el gobernador Jorge Reyes Baeza, se lavaron las manos ante
la matanza.
Al igual que en otros estados gobernados por el PRI, en Chihuahua los gobernantes priístas han tolerado que las prisiones bajo
su administración sean lo más confortables posibles para los reos de
los grupos criminales.
El 25 de julio de 2011, en el penal de la capital del estado, un grupo de internos asesinó a 17 reos de una facción rival y utilizó para
la masacre armas de fuego de alto poder. Después se puso al descubierto que en el penal no sólo había armas, sino drogas, alcohol y
prostitutas al gusto de los sicarios “presos”.
¿El gobernador priista César Duarte Jáquez no sabía lo que ocurría en el penal bajo su responsabilidad?
La complacencia de los gobernantes políticos priistas de Chihuahua con los narcos viene de muchos años atrás, pero se tornó
mucho más organizada desde que el ex gobernador y ex procurador
Oscar Flores Sánchez creó un grupo de poder que desde entonces,
salvo por un breve interludio, ha tenido los hilos del estado.
Estas son algunas expresiones públicas acerca de ese contubernio que tantas vidas y perjuicios económicos ha causado a los chihuahuenses:
De esta manera, la DEA y el FBI advirtieron que en la entidad existía
un enorme problema de corrupción. Un agente del FBI consultado
por el semanario Proceso advirtió que ‘las autoridades federales, aunque están haciendo lo que pueden para combatirlo, deberían poner
más atención y sobre todo mirar hacia el procurador de justicia del
Estado (Jesús José Solís Silva) y otras personas cercanas a la oficina
del gobernador’ [Patricio Martínez]. Su aseveración tenía relación
con que los judiciales del estado y policías municipales eran ‘el brazo
ejecutor del cártel de Juárez y con la ruptura del andamiaje institucional por el poder del narcotráfico.
En plena campaña [electoral], los dirigentes del PRD Víctor Quintana y Jaime García Chávez nunca obtuvieron respuesta cuando pidieron que se aclarara la aportación de un millón de dólares que Chito
Solís hizo a la campaña de Reyes Baeza, según lo advirtieron los propios priístas.
El candidato del PAN a la gubernatura, Javier Corral, señaló en forma insistente el crecimiento de la narcopolítica en el régimen de Martínez y una regresión política sin parangón.
Finalmente el 4 de julio [de 2004] José Reyes Baeza obtuvo el triunfo,
como un exponente político joven y carismático. Sin embargo, no logró escalar el proceso de descomposición del narcotráfico, incluso en
la etapa de transición del gobierno, los escándalos continuaron. En
esos días, obligado a renunciar como procurador por sus vínculos con
el narco, Solís Silva fue llevado a la 42 Zona Militar para comparecer
ante el ministerio público, después de un fallido intento por detener
a su sobrino, Ramón Solís Núñez y a su primo Jesús Solís, ambos
implicados en el tráfico de drogas (…)
[Julio] Porras Chávez fue agente de la extinta Policía Judicial Federal, quien utilizó en el pasado el seudónimo de ‘Alejandro Alquicira’,
152 •
de acuerdo con un documento de la Agencia Estatal de Investigaciones de Chihuahua era quien coordinaba el acopio de recursos del
narcotráfico bajo el mando del procurador de Patricio Martínez, Jesús
José Solís Silva, quien ‘ejercía un control absoluto de sus actividades’.
Don Julio, El Ingeniero El Comandante, como le llamaban, cobraba
una comisión del 30% por su desempeño, a decir del documento.
Ya en el gobierno de José Reyes Baeza mantenía un ‘arreglo’ con José
Eduardo Gómez Arriaga, subprocurador general de justicia del estado, quien después del escándalo de Julio Porras fue cambiado de posición. ‘Actualmente Don Julio concentra y administra los recursos
provenientes del narcotráfico y se queda con el 50%’.28
No había transcurrido ni una semana cuando un comando atacó a la
escolta del gobernador José Reyes Baeza la noche del 22 de febrero [de
2009]; un guardaespaldas murió y dos fueron heridos. Horas después
aparecieron dos cartulinas en las que La Línea amenazaba de muerte
a la procuradora, pero fueron retiradas de inmediato. De poco sirvió:
tres días después aparecieron más mensajes en contra de ella y del
gobernador, quien hasta entonces responsabilizó públicamente a La
Línea del ataque a sus escoltas. El fondo de todo apunta a la disputa
por el mercado al menudeo de heroína, cocaína, mariguana y drogas
sintéticas. Fuentes policíacas que solicitaron el anonimato coinciden
en que La Línea pudo establecer redes sólidas en Chihuahua gracias al
consentimiento del gobernador Reyes Baeza y de la procuradora [Patricia] González Rodríguez, lo que explicaría la renuencia de ambos
funcionarios a responsabilizar a estos sicarios del atentado al convoy.
‘Se trata de un evento fortuito’, insistía González Rodríguez. Antes, en una visita a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la
UACH de Ciudad Juárez, Reyes Baeza dijo a los académicos: ‘Las ejecuciones no trastocan a calma de los chihuahuenses’ (Proceso 1663).
El informe atribuye las amenazas contra la procuradora y el gobernador a que La Línea los acusa de ‘tolerar’ estas intromisiones del cártel
de Sinaloa en su plaza; además, ambos tuvieron que ‘desentenderse’
ya que, ante la presencia cada vez mayor del Ejército, un supuesto
‘acuerdo tácito’ resultó insostenible. 29
Tras su gestión como alcalde de Ciudad Juárez, Chihuahua (20042007), Héctor Agustín Murguía Lardizábal, heredó una deuda pública superior a los 200 millones de pesos que la actual administración
aún no termina de saldar.
Candidato a diputado federal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) por el distrito 2, conformado por colonias populosas de esa
ciudad, es señalado por la Agencia Antidrogas de Estados Unidos
(DEA) de tener vínculos con el cártel de Juárez.
Su jefe operativo de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal,
Saulo Reyes Gamboa, fue detenido en enero de 2008 en Texas, por
entregar medio millón de dólares a un supuesto agente aduanal corrupto, que resultó ser un agente encubierto de la corporación.
El empresario Reyes Gamboa, dueño de cadenas de restaurantes,
como Kinn Sui, de comida japonesa; socio de la franquicia Subway
y de un negocio de hamburguesas, enfrenta cargos por narcotráfico.
Una investigación de El Diario de Ciudad Juárez en 2006 reveló que
siete empresas creadas unas semanas antes de que iniciara la administración Murguía habían ganado una tercera parte de la licitaciones públicas municipales.
En dicho reportaje se mencionó que en tres de esas compañías, uno
de los socios era el contador Saulo Reyes, quien años más tarde fue
arrestado por la DEA en una operación encubierta, cuando presuntamente trataba de introducir una tonelada de mariguana a Estados
Unidos. Su detención es considerada el punto de partida de la ola de
violencia en Chihuahua.30
Al resumir su carrera en el cártel de Juárez pone énfasis en la relación
del capo Vicente Carrillo Fuentes con el alcalde de Ciudad Juárez, el
priista Héctor Murguía Lardizábal.
En la parte final del libro, Bowden y Molloy escriben que así respondió El Sicario ‘a la pregunta sobre el resultado de las elecciones (del 4
154 •
de julio de 2010) en el estado de Chihuahua y el subsecuente asesinato de un funcionario en Ciudad de Juárez’.
’Por desgracia la gente de Juárez decidió votar otra vez por el canguro, por no llamarlo como debería llamarlo; una rata que camina en
dos patas...
‘Su grupo sufrió dos o tres golpes antes de que asumiera el poder,
pero eso no fue más que un recordatorio de quién le está pagando y
que será mejor que obedezca. Esto parece ser lo que está ocurriendo,
con esta elección habrá otros tres años de abusos con impunidad total.
Los criminales se estarán reorganizando dentro de la policía, todo en
secreto, igual que antes, cuando él manipuló a la policía municipal de
Juárez’.31
Ramiro Chávez, el testigo clave que acusa de narcogobernador a José
Reyes Baeza durante su gestión en Chihuahua, sostiene que fue la entonces procuradora de justicia, Patricia González Rodríguez, quien le
operó las acciones de protección al Cártel de Juárez o La Línea.
Ella y su hermano Mario González Rodríguez, quien fue plagiado
y ejecutado a finales del 2010, se colocaron en el gabinete de Reyes
Baeza como dos piezas fundamentales que manejaron las relaciones
con Vicente Carrillo Fuentes en aquella entidad.
Patricia, de manera institucional en el cargo de Procuradora, y Mario, sin nombramiento dentro del gobierno, pero con la credencial más
importante: hermano de la titular de la Procuraduría del Estado.
La intervención de Patricia González, y sobre todo de su hermano
Mario, alteró el pacto supuestamente acordado entre el gobierno de
Chihuahua y el Cártel de Juárez, ya que la entonces Procuradora se
rehusaba a aceptar que el único enlace con el capo Vicente Carrillo
fuera Ramiro Chávez.
De ahí que a través de su hermano buscó un contacto directo y sin intermediarios con el principal capo de la droga en el estado de Chihuahua.
Así lo declaró el testigo con nombre clave, Ramiro Chávez en su relato
vertido en la averiguación previa PGR/SIEDO/UEIDCS/313/2010.
Este hombre puso a Patricia González y su entonces jefe, José Reyes
Baeza en el ojo del huracán que los vincula con el narcotráfico.
El testigo, cuya identidad real se presume es el supuesto narcoempresario de Chihuahua, Julio Porras Chávez, los señaló como protectores
del Cártel de Juárez, en julio de 2010, tres meses antes del secuestro
de Mario, el hermano de Patricia, quien también hizo pública la protección de Reyes Baeza y la entonces procuradora a Vicente Carrillo
Fuentes.
Cuando Vicente Carrillo Fuentes aceptó entregar 60 mil dólares mensuales para el pago de la nómina de la policía, se acordó que los enlaces autorizados para la comunicación por parte del Cártel de Juárez
eran Pablo Ríos Rodríguez, alias el ‘JL’, y del gobierno, el hoy testigo
Ramiro Chávez.
‘Quiero señalar que en este trato en ningún momento estuvo de
acuerdo la licenciada Patricia González Rodríguez, procuradora general de Justicia del Estado, en razón de que era por todos sabidos que
Patricia González desde un principio tenía candidatos para ocupar el
cargo de director de la Agencia Estatal de Investigación’.
Razón por la cual, a partir de que fue nombrado Lauro Abelardo Venegas Aguirre al frente de la policía del Estado empezaron las pugnas
al interior del equipo de Reyes Baeza. ‘Se inició una serie de conflictos
entre la Procuradora y el licenciado Venegas, interviniendo en dicho
conflicto el hermano de la Procuradora, el cual nunca supe que cargo
tenía en el gobierno del Estado, sin embargo tenía mucha intervención en las decisiones de su hermana Patricia’.
Al paso de los años, Mario González daría mucho de que hablar no
sólo en Chihuahua sino en todo el país. Aún hoy día su imagen aparece en el canal de video Youtube, flanqueado por un grupo de hombres
encapuchados y armados, mientras él ‘confiesa’ la relación entre el
Cártel de Juárez y el gobernador José Reyes Baeza.
También habla de todos los funcionarios en la administración de Reyes Baeza al servicio del narcotráfico.
156 •
‘Le pido perdón a Dios y a toda la gente por haber matado tantas
personas inocentes. Estamos enfermos de poder yo, mi hermana, el
gobernador y todos los de La Línea’, dice Mario, el hermano de la Procuradora, en la cinta que circula en Youtube, antes de que su cadáver
fuera encontrado.
Mucho de lo que Mario González, el hermano ‘incómodo’ de la entonces Procuradora de Justicia, dice en las cintas que circulan en las
redes sociales, embona con la declaración del testigo clave de la PGR,
que sostiene que Reyes Baeza fue un narcogobernador.
En las grabaciones Mario aclara que su papel dentro del gobierno
estatal fue servir de enlace directo entre los cárteles y su entonces
famosa hermana, la procuradora Patricia.”
Justamente en esas revelaciones que se mantienen en Internet cuenta
que su hermana, el gobernador del Estado de Chihuahua, y el capo de
la zona, Vicente Carrillo Fuentes, así como ‘El profe’ Saúl Hernández
y un general de apellido Espitia, se reunieron tres veces en una finca
en el Fraccionamiento Puerta de Hierro de aquella entidad.
La versión que Mario González da ante la cámara coincide mucho
en lo que Ramiro Chávez, el testigo de la PGR declaró ministerialmente.
Por ejemplo, que el ‘JL’, lugarteniente de Vicente Carrillo, comenzó a
dar instrucciones directas a los comandantes de la policía del Estado,
rompiendo las reglas del pacto en el sentido de que ellos no tendrían
contacto directo con los cuerpos policiacos, sino sólo a través de los
enlaces nombrados para tal efecto.
En una de las grabaciones, los encapuchados le cuestionan a Mario
González qué sabe del crimen de ‘Jagou’, en referencia a la ejecución
de Juan Carlos Jagou, hermano gemelo de José Antonio, el socio del ex
gobernador Reyes Baeza en su despacho de abogados.
El funcionario, que pertenecía al círculo más cercano del entonces
gobernador, fue acribillado en mayo de 2006 por un grupo de hombres
armados que les dispararon cuando circulaba en un auto.
Jagou García era justamente de aquel nicho inicial de seudoempresarios que habrían aportado recursos para llevar a Reyes Baeza a la
gubernatura del Estado.
Al respecto, Mario González relata en uno de los videos que Jagou
falleció en un ataque perpetrado por elementos de la Policía Ministerial, a cargo del comandante Lozano, encargado de la zona centro del
estado.
Refiere que el crimen fue una confusión ya que a quien se pretendía
eliminar era a su hermano, el abogado José Antonio Jagou, ex socio
del gobernador.”32
La Procuraduría General de la República (PGR) se guardó un as bajo
la manga en el caso de los gobernadores priistas relacionados con el
narcotráfico.
José Reyes Baeza, ex gobernador de Chihuahua, es investigado por
brindar protección al Cártel de Juárez durante su administración.
La indagatoria, que tiene la procuradora general Marisela Morales
desde 2010, destaca que Reyes Baeza recibió apoyos económicos de
narcotraficantes desde su gestión como alcalde de la ciudad de Chihuahua.
La investigación PGR/SIEDO/UEIDCS/313/2010 contiene la declaración del testigo protegido cuyo nombre clave confidencial es Ramiro
Chávez, quien fue el contacto entre Vicente Carrillo Fuentes, hermano del desaparecido capo Amado Carrillo Fuentes, ‘El Señor de los
Cielos’, y el ex gobernador priista.
Reyes Baeza se suma a Manuel Cavazos Lerma, Tomás Yarrington
Ruvalcaba y Eugenio Hernández Flores, ex gobernadores priistas de
Tamaulipas que están bajo investigación por sus nexos con organizaciones del narcotráfico.
José Antonio Jagou García, ex socio del gobernador Reyes Baeza en su
despacho de abogados y uno de sus hombres más cercanos, fue quien
contactó al político con un grupo de supuestos empresarios vinculados con el Cártel de Juárez.
158 •
Presuntamente, ellos lo apoyaron en su campaña de 2004, cuando
contendió por la gubernatura de Chihuahua.
En ese grupo estaba el hoy testigo protegido de la PGR, Ramiro Chávez, presunto prestanombres de los hermanos Carrillo Fuentes en la
región.
‘Entre los meses de enero y febrero de 2004, al estar seguros que José
Reyes Baeza buscaría la gubernatura por parte del PRI, acordamos
apoyarlo en su candidatura con la cantidad de tres millones de pesos,
los cuales aportaría yo’, declaró Chávez.
A cambio, le pidieron que cuando fuera gobernador, los dejara –entre
otras cosas– nombrar al jefe de la policía estatal, ya que esto les facilitaría la operación de sus negocios.
El pacto se habría consumado, y una vez electo, Reyes Baeza respetó
la petición de los seudoempresarios. El elegido fue Lauro Abelardo
Venegas Aguirre, quien fue nombrado director de la Agencia Estatal
de Investigación.
El testigo clave Ramiro Chávez, cuya identidad real se presume que
es Julio Porras Chávez, es el supuesto empresario que coordinó la
relación entre el Cártel de Juárez, con Vicente Carrillo Fuentes a la
cabeza, y la Central de Inteligencia (CIPOL) del gobierno de Chihuahua.
Dicho operador explicó que desde 1990 conoció a Amado Carrillo
Fuentes, ‘El Señor de los Cielos’, a través del policía judicial Otoniel
Tarín Chávez, uno de los incondicionales del general Arturo Acosta
Chaparro, quien fue asesinado el 20 de abril pasado.
A partir de esas relaciones con ex judiciales y lugartenientes de capos,
Ramiro Chávez conoció a Vicente Carrillo, a quien años más adelante
le administró los nexos con el gobierno estatal en turno, el de José
Reyes Baeza, a quien conoció cuando éste era presidente municipal
de Chihuahua.
“Chávez dijo que logró que Vicente Carrillo Fuentes le entregara 60
mil dólares mensuales para pagar la nómina de las corporaciones po-
liciacas, fundamentalmente la de los mandos que tenían rango de comandantes.
El arreglo se concretó con la intermediación de Pablo Rodríguez, ‘El
JL’, lugarteniente de Vicente Carrillo en Ciudad Juárez y en toda la
región.
‘Habiéndole puesto al Cártel de Juárez a través del ‘JL’ la condición
de que el único enlace sería yo y que por ningún motivo él ni nadie
del Cártel tendría contacto con ningún comandante ni elemento de la
policía, lo cual tenía conocimiento el Gobernador José Reyes Baeza,
Raúl Grajeda, secretario de Seguridad Pública del estado y Fernando
Rodríguez Moreno, secretario de Gobierno’, precisó el testigo protegido.
Pero el pacto comenzó a fallar. El ‘JL’, lugarteniente de Carrillo Fuentes, dejó de respetar los acuerdos entre el cártel y el gobernador.
‘Quería tomar el control de todo el Estado respecto a la venta de droga
y derecho de piso, esto es evitar que la policía persiguiera delitos de
distribución de droga al menudeo, venta de objetos robados y giros
negros, a efecto de cobrar él, derecho de piso’, explicó Chávez.
La ola de crímenes se disparó en la entidad como resultado de los
ajustes de cuentas entre grupos rivales.
De 2005 a 2007, el estado se bañó de sangre. Fueron abatidos sicarios,
abogados, policías y presuntos hombres de negocios.
En mayo de 2006, la mafia tocó al círculo más íntimo del propio gobernador Reyes Baeza al ser acribillado el director administrativo de
la Junta Municipal de Agua y Saneamiento, Juan Carlos Jagou García, hermano gemelo de José Antonio Jagou, ex socio del gobernador.
José Antonio Jagou pertenecía al nicho inicial de seudoempresarios
que habrían aportado recursos para llevar a Reyes Baeza a la gubernatura de Chihuahua.
En la entidad era bien sabida –y exhibida en la prensa local– la estrecha relación que tenía el ex socio del gobernador con el empresario
Julio Porras Chávez, cuyos negocios apuntaban al narcotráfico.
160 •
Julio Porras Chávez presuntamente es Ramiro Chávez, el testigo protegido de la PGR que ha declarado contra el ex gobernador priista.33
Sinaloa: vínculos más allá de la amistad
Sinaloa no sólo figura entre las 50 jurisdicciones subnacionales
más violentas del mundo. Dos ciudades de Sinaloa, Mazatlán y
Culiacán han formado parte del ranking de las 50 urbes más violentas del mundo.
En Sinaloa hubo entre 1999 y 2011 más de 30 masacres. Entre 2000
y 2010 los homicidios aumentaron en Sinaloa en 358%. En Culiacán
entre 2007 y 2010 los homicidios se incrementaron en 484% y en Mazatlán en un 547%.
Tras la derrota electoral del PRI en 2010 y la asunción del nuevo
gobierno estatal, la incidencia criminal ha empezado a bajar, pero Sinaloa sigue padeciendo una pesada herencia de violencia de décadas.
Los cuerpos policiales han estado al servicio de los capos por décadas. Los gobernadores han estado ligados los narcos desde al menos los años cuarenta del siglo XX.
Contra los dos últimos gobernadores priistas y el candidato a gobernador que perdió la elección en 2010 (Jesús Vizcarra), hay una
gran cantidad de testimonios y evidencias de ligas con el crimen
organizado e incluso de lazos familiares.
“A mi me sorprende profundamente que tomen como un aspecto
rutinario o normal a la gran cantidad de muertes que hay en un año,
en un mes, en un día. Eso debe ser anormal; lo normal debe de ser
que no se presentaran muertos por hechos violentos”.34
Estas palabras fueron las que expresó el general Sergio Aponte
Polito, entonces comandante de la Novena Zona Militar en alusión
directa a la declaración del entonces (2005) gobernador priista de Sinaloa Jesús Aguilar Padilla, quien sostuvo que el nivel de violencia
de la entidad era “normal”.
Pero si un promedio de 600 homicidios le parecía anormal al general Aponte Polito, lo que vendría después le habría indignado
más (y con razón). Y el militar no pudo atestiguarlo directamente
porque a los pocos meses fue removido del mando de la zona militar, por presiones del gobernador Aguilar Padilla.
Como en otros estados que ha gobernado el PRI, en Sinaloa la
violencia tiene como aliento principal la impunidad. En 2010 no se
castigó ni siquiera a los autores del 5% de los homicidios. El entonces gobernador Jesús Aguilar Padilla no quiso estorbar el frenesí
homicida de los capos.
En Sinaloa se encuentra la historia más vieja de la sucia relación
entre políticos priístas y narcos. Esa historia incluye el asesinato de
un gobernador, el intento de un gobernador y cacique en crear un
primer cártel nacional del narcotráfico y un gobernador metido a
secretario de estado y a capo.35 En la etapa más reciente, el de las
dos anteriores administraciones estatales, los políticos priistas son
menos socios y más chalanes de los chacas, como en Sinaloa le dicen
a los jefes del narco. He aquí algunas de las expresiones de esa relación con los dos últimos gobernadores y el frustrado aspirante a la
gubernatura en la elección de 2010, Jesús Vizcarra:
Con registro de dos fechas de nacimiento, según la Coordinación de
Inteligencia de la PFP, los inicios de El Mayo Zambada en el negocio
de las drogas fueron en 1970. Era un agricultor con conocimientos
de botánica y agricultura extensiva, que se convirtió en el hombre
de confianza de Inés Calderón Quintero, un poderoso narcotraficante bajo cuya conducción operaban otros narcotraficantes amigos del
Mayo, como Baltasar Díaz, Manolo Rico Sánchez, Armando López
Esparza, Juan Carlos Gómez, Javier Diu Medina, hijo del Balta, Rodolfo Sánchez y El Lobito.
La suerte de El Mayo cambió al morir Inés Calderón en 1988, durante un enfrentamiento en la zona de Plaza Satélite, en el Estado de
México, con el comandante de la PGR Guillermo González Calderoni
162 •
y su grupo. En Sinaloa es popularmente conocido que tras la muerte
de Inés Calderón surgieron dos emporios a la sombra de su fortuna,
uno fue el de El Mayo Zambada, que heredó la estructura de la organización; y otro seria el de Jesús Vizcarra, propietario de una empresa
multimillonaria de la carne y quien además de ser el secretario de Desarrollo Económico del gobierno de Sinaloa se le señala como posible
candidato del PRI a la gubernatura en 2010. Vizcarra, primo de Inés
Calderón, ha negado que el origen de su fortuna tenga relación con el
narcotráfico y defiende la limpieza de la misma.
(…)
Esa detención y extradición cambió los planes que El Mayo Zambada
tenía para Javier Torres Félix, según un reporte de la Coordinación
de Inteligencia de la PFP. El documento advierte que en un futuro
relevo en las organizaciones de El Mayo y de Juan José Esparragoza, Torres Félix y Héctor Alfredo Beltrán Leyva, estaban llamados a
jugar un papel protagónico. El mismo documento señala que El JT y
Alfredo Beltrán Leyva tenían ‘comprado al jefe de la policía del Estado en la etapa del gobernador Juan S. Millán, Jesús Antonio Aguilar
Iñiguez’. Y a otro jefe policíaco, Leopoldo Lafarga Ramírez, le habían
regalado una camioneta blindada.
(…)
Durante el gobierno de Vicente Fox, la elección de Sinaloa se convirtió en uno de los más claros ejemplos de la implicación del tema del
narcotráfico en las contiendas políticas, pero no fue el único caso, se
repitió en varios estados, como Chihuahua, Tamaulipas y Veracruz,
entre otros.
En Sinaloa el tema atravesaba por completo estos comicios. Era escandalosamente público, aunque en las elecciones de Francisco Labastida
Ochoa, de Renato Vega Alvarado y del propio [Juan S. Millán], también habla trascendido la presencia de dinero sucio, Pablo Tostado, un
hombre que la PGR liga con el capo Juan José Esparragoza, lo dijo así
en una declaración grabada en la cual aseguró que las campañas en
Sinaloa ‘son financiadas por los narcotraficantes’. Eso pasó con Labastida y con Millán. Lo aseguraba con conocimiento de causa ya que
él mismo habla conocido a los principales jefes de las organizaciones
del tráfico de drogas. En el momento más candente del proceso electoral de 2004, los temas del narcotráfico y la narcopolítica emergieron a
la superficie de lo público, pero eran desacreditados o desechados con
pasmosa facilidad, como si sólo representaran una malsana intención
por atacar al enemigo.
En Sinaloa múltiples actores políticos o empresariales advirtieron,
en entrevistas donde piden obviamente el anonimato, que esas acusaciones no son falsas y cuentan con sólidos elementos de certeza. No
consideran comprensible que los principales narcotraficantes mexicanos puedan operar o vivir en la, entidad sin que exista un manto
institucional que los proteja.
Al frente de la Policía Ministerial estaba Jesús Antonio Aguilar Iñiguez, un hombre del círculo más cercano del gobernador. Como consecuencia de esta crisis al jefe policíaco le fue retirado el apoyo del
mandatario estatal y fue destituido, por lo cual huyó y se mantiene
prófugo. Era insostenible: desde la ejecución del jefe del cártel de Tijuana, Ramón Arellano, a manos de agentes ministeriales en Mazatlán, habla sido objetivo de las críticas, pero el gobernador lo sostuvo a
pesar de las exigencias para que lo relevara.
(…)
Luego de un litigio postelectoral, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó el triunfo de Jesús Aguilar Padilla,
pero de inmediato cumplió el plan trazado por su antecesor, el nuevo
gobierno era una extensión del de Millán.
Así lo demostró el nombramiento del gabinete, donde destacó uno
de los financiadores de la campaña estatal de Millán en 1998, Jesús Vizcarra, que fue nombrado secretario de Desarrollo Económico. Primo del narcotraficante Inés Calderón, ultimado en 1988 por
el comandante de la PJF, Guillermo González Calderoni, Vizcarra
164 •
fue promovido durante el mandato de Millán en el Consejo Nacional
Agropecuario.”36
En 2008, el gobernador de Sinaloa, Jesús Aguilar Padilla, nombró
como director de la Policía Ministerial del estado a Hernández Soto,
quien para ese entonces ya tenía el grado de teniente coronel. El militar quedaría bajo las órdenes de Alfredo Higuera Bernal, el polémico
procurador de Sinaloa que ha sido señalado como integrante del reducido grupo de invitados que asistieron a la ‘boda’ de Joaquín Guzmán
Loera, celebrada en 2007. Hernández Soto fue uno de los militares
que interrogó a Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera el 9 de junio de
1993 a bordo del avión que lo trasladó de Chiapas al estado de México
tras ser entregado por elementos del Ejército de Guatemala a funcionarios mexicanos encabezados por Jorge Carrillo Olea en la frontera
de ambos países.
(…)
A la boda del capo también acudió el procurador general de Justicia de
Sinaloa, Alfredo Higuera Bernal, quien después del reportaje publicado por Proceso convocó a una conferencia de prensa el 3 de septiembre
de 2007 para negar el hecho, incluso aseveró que jamás había ido a
Durango, sin embargo los asistentes al enlace aseguran que sí estuvo
ahí. Asimismo El Chapo invitó a Jesús Aguilar Padilla, gobernador
de Sinaloa, quien no le hizo el desaire, como el gobernador de Durango, Ismael Hernández. Dicen que éste fue conminado al festejo pero
que prefirió no ir para evitar controversias. En Durango se comenta
que la relación es un poco masoquista, y que Guzmán Loera ha llegado a esperar a Hernández al interior de su casa sólo para regañarlo y
recordarle que a él le tiene que contestar las llamadas cada vez que lo
busque, que no se le olvide.37
¿Coincidencia o amistad? Con el inicio de las precampañas en Sinaloa, comenzó a circular en ese Estado una fotografía en la que aparecen el Alcalde de Culiacán y precandidato del PRI a la Gubernatura,
Jesús Vizcarra Calderón, y el capo Ismael ‘El Mayo’ Zambada. Los
dos habrían acudido a una celebración religiosa realizada hace unos
20 años en el rancho Puerto Rico, sindicatura de El Salado, del Municipio de Culiacán. Desde ese tiempo y hasta la fecha, en la región es
un rumor constante el ‘compadrazgo’ entre el político y el capo.
- Bernardo Quintana
- Guadalupe de Jesús Vizcarra Calderón (compadre del ‘Mayo’
Zambada)
- Ismael ‘Mayo’ Zambada
- Javier Díaz (Hijo de Baltazar Díaz)
- Don Inés Calderón Godoy (padre de Inés Calderón Quintero)
- Doña Elisa Quintero”38
Aunque al hablar del cártel de Sinaloa se piensa de inmediato en El
Chapo Guzmán, es Ismael Zambada García, El Mayo, el estratega
del grupo de narcotráfico que un estudio de inteligencia estadunidense califica como el ‘dominante’ en México. Otro análisis, de autoría
mexicana, no sólo se refiere a los maestros de El Mayo y a su gran
capacidad de infiltración y corrupción en las instituciones que lo buscan, sino también a la presunta sociedad que desde hace años mantiene con uno de los precandidatos del PRI al gobierno del estado de Sinaloa, el alcalde de Culiacán con licencia Jesús Vizcarra Calderón…
El Mayo Zambada, de 60 años, fue iniciado en el narcotráfico por José
Inés Calderón Quintero, quien entre los años setenta y los ochenta
fue uno de los principales jefes del narcotráfico en Sinaloa y en el país,
dice el mencionado reporte de los servicios de inteligencia mexicanos,
que aborda las actividades empresariales y políticas del precandidato
del PRI al gobierno del estado, Jesús Vizcarra Calderón.
En la investigación sobre el alcalde de Culiacán con licencia se asegura también que, desde los ochenta, El Mayo ha sido socio de Vizcarra
Calderón, quien busca el gobierno de Sinaloa para el periodo 20112016.
En esa época, Ismael Zambada aprendió a operar en el narcotráfico no
sólo por las enseñanzas de Calderón Quintero, sino también de narco-
166 •
traficantes como Rafael Caro Quintero, Baltasar Díaz Vega, Ernesto
Fonseca Carrillo Don Neto y Manuel Salcido Uzueta El Cochiloco.”39
Enrique Mendívil ‘El Gallo’ era vínculo de Ismael ‘El Mayo’ Zambada con el Gobierno de Jesús Aguilar, y a la vez el narcotraficante
es compadre de Jesús Vizcarra Calderón, aseguró ayer Manuel Clouthier Carrillo.
En conferencia con medios de difusión, dijo que el asesinado líder
ganadero y el propio Vizcarra, candidato del PRI, Nueva Alianza y
Verde a la Gubernatura, ejercieron una actitud de jerarquía sobre el
Mandatario sinaloense.
El Diputado federal del PAN advirtió que el crimen de quien fuera
candidato a regidor en la fórmula de Héctor Melesio Cuén para la
Alcaldía, no haya tenido la suficiente atención de medios, por el asesinato de reos en un penal de Mazatlán, ocurridos el mismo día.
‘Primero, en la época de Antonio Toledo Corro con Inés Calderón, era
precisamente el vínculo entre Inés Calderón y el gobierno toledista,
y hoy sabíamos también, que era entre otros, el vínculo del ‘Mayo’
Zambada con el Gobierno de Jesús Aguilar Padilla.
‘No era fortuito pues, que le hablara ‘golpeado’ al Gobernador’, aseveró.40
Nuevo León:
de modelo empresarial a modelo de violencia
En 2011 Nuevo León ingresó en el ranking de las 50 jurisdicciones
más violentas del mundo y Monterrey lo hizo al de las 50 ciudades
con las mayores tasas de homicidios del orbe.
Entre 2000 y 2011 los homicidios dolosos aumentaron en Nuevo
León en un 1,346% y los robos con violencia en 458%; los secuestros
crecieron 8,400% entre 2003 y 2011.
En 2011 se cometieron en Nuevo León dos de las peores masacres
ocurridas en el país: la muerte de 52 personas en un casino incendiado intencionalmente y el asesinato de 27 parroquianos en un bar.
Esas masacres fueron parte de los actos de intimidación de los
grupos criminales mediante los cuales extorsionan de manera permanente a cientos de miles de personas. Por ello miles de negocios
han cerrado sus puertas.
Las policías locales han estado bajo el control de los grupos criminales. Miles de agentes han sido despedidos y cientos detenidos.
El ex gobernador Natividad González y sus ex colaboradores han
sido señalados como protectores de los grupos criminales, según cables secretos de diplomáticos estadounidenses.
Un ex gobernador priísta, Sócrates Rizzo dio a entender que en
sus tiempos el gobierno pactaba con los narcos y “había control”.
Hacia 2003, cuando terminó el mandato del gobernador del PAN
Fernando Elizondo Barragán, quien cumplió un interinato de unos
meses en lugar de Fernando Canales (1997-2003) y tomó posesión el
gobernador priista Natividad González Parás, Monterrey era considerada por expertos en ranking y benchmarking como la ciudad
más atractiva para los negocios de América Latina.
La ciudad de Monterrey parecía llamada convertirse en un imán
universal de inversiones, empresas y talentos al igual que urbes como
New York, Londres, Hong Kong o Singapur. Pero en lugar de eso, en
2011 ingresó al ranking de las 50 ciudades más violentas del orbe.
Este incremento de los asesinatos, sobre todo en 2010 y en 2011, es
tanto resultado de las disputas de los grupos criminales como de la
decisión de uno de ellos de fortalecer su poderío entre el conjunto de
la población mediante el terror. Desde inicios de la década anterior,
Monterrey y en general Nuevo León, fueron objeto de disputa entre
la coalición de grupos criminales cuyo tronco común es Sinaloa y
el Cártel del Golfo. Desde 2008 la disputa se ha centrado entre el
Cártel de Sinaloa, Los Zetas y estos y sus anteriores socios, el Cártel
del Golfo.
Pero además de la disputa por el control del narcotráfico la
violencia responde a la decisión de Los Zetas de apropiarse gran
168 •
parte de las rentas lícitas de los habitantes de Nuevo León, mediante la extorsión y otros delitos practicados en forma sistemática y masiva.
En este aumento sin precedentes de la violencia en Nuevo León
y más allá de los números fríos hay una gran cantidad de historias
de horror, de desapariciones, de centros de tortura y exterminio,
de secuestros masivos y masacres. Los grupos criminales están tan
confiados en su poder criminal que un día (8 de julio de 2011) un
comando asesina a balazos a 21 personas reunidas en bar el Encino
Gordo en Monterrey, que otro día (25 de agosto de 2011) le prenden
fuego al Casino Royale en la misma ciudad y con ello provocan la
muerte de 52 personas.
Esta violencia ya no se enfoca al exterminio o expulsión de los
grupos criminales rivales, sino en aterrorizar a la población para
imponerle el expolio. La extorsión en Nuevo León y sobre todo en
Monterrey es tan extendida y organizada como en Tamaulipas y
Chihuahua. He aquí algunas de sus expresiones:
Juanny tenía un sueño: tener su negocio propio dedicado a algo de belleza femenina (…) En 2009 inició la operación del salón de belleza en
el municipio conurbado de Apodaca; ahí trabajaba mucho, recuerda,
alrededor de 12 horas diarias (…) A finales de 2010 decidió embarazarse otra vez y fue entonces –con cuatro meses de gestación– en
febrero de 2011, cuando llegaron intempestivamente a su domicilio
unos hombres con armas largas (…) Iban por el pago por el “derecho de piso”, recuerda temerosa. Tras su presentación, los hombres le
explicaron que les tendría que dar una cuota de 800 pesos semanales
(…) Juanny los enfrentó. Les dijo no tener efectivo para pagarles, y
que mucho menos les daría algo que no les correspondía cobrar. La
respuesta fue inmediata. La golpearon entre los dos y la dejaron tirada
en medio de un charco de sangre. Ese día perdió a su bebé en gestación
y sus ganas de trabajar, dice. Cerró su negocio y se quedó sin nada.”41
Monterrey, NL. Los elevados índices de inseguridad que enfrenta
Nuevo León le han pegado al sector de los pequeños comercios y al
menos 450 establecimientos han optado por cerrar sus negocios ante
los asaltos y las extorsiones de la delincuencia organizada, aseguró
Catalina Domínguez Estrada, presidenta de la Cámara Nacional de
Comercio en Pequeño.
La Presidenta de la Canacope en Nuevo León afirmó que en el 2010
fueron alrededor de 400 comercios y en lo que va del 2011, el número
de bajas por la inseguridad suman más de 50 establecimientos, que en
total significan alrededor de 9% de los 4,800 pequeños comercios.”42
Desde enero de 2010 a la fecha han cerrado tres mil 477 negocios,
revelaron integrantes de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos (Canirac) en esa entidad.
La presencia de grupos armados mantiene la psicosis entre los habitantes de la zona metropolitana de Monterrey, a esto se le agrega
la delincuencia común que, adjudicándose el nombre de grupos del
crimen organizado como Los Zetas, roban y extorsionan a cualquier
hora del día en restaurantes y negocios de cualquier nivel.
Dueños de diversos comercios, principalmente restauranteros, afirmaron que tras el asedio de grupos del crimen organizado, como son
Los Zetas -quienes les piden cuotas para no quemar sus establecimientos- se han agregado las bandas delincuenciales que no son combatidas por las policías y que atacan a cualquier hora del día.43
Monterrey.— Entre 30 y 40% de total de los comercios del centro histórico de esta ciudad han cerrado por las acciones del crimen organizado,
que obliga a los dueños de los negocios a pagar semanalmente entre 20
y 30% del total de sus ventas, revelaron comerciantes y empresarios.
En un año se calcula que se han perdido alrededor de cinco mil empleos, ya que la vida nocturna está prácticamente cancelada y sólo
permanecen abiertos algunos negocios que gozan de protección del
crimen organizado porque pagan cuotas, aun así, los regios saben
que acudir a un centro nocturno, bar o antro en la noche, es arriesgar la vida.44
170 •
Monterrey, Nuevo León (CNN México).- La violencia en Monterrey,
capital del norteño estado de Nuevo León, silenció la vida nocturna
del Barrio Antiguo, una zona tradicional en el centro de la ciudad
donde abundaban bares y centros nocturnos, ahora en declive ante la
presencia de grupos criminales que extorsionan y atacan a empresarios del sector y sus clientes.
‘Se convirtió en un barrio fantasma’, cuenta Jorge, gerente de un
bar en el barrio, cuyas calles coloniales, antes bulliciosas y donde los
regiomontanos disfrutaban de música y bebidas, ahora están semivacías, con locales a la venta o renta, según constató CNNMéxico en
un recorrido.
Jorge relata que hombres desconocidos que decían ser integrantes del
grupo criminal Los Zetas invadieron paulatinamente el barrio a partir de 2010, cuando comenzaron las extorsiones a dueños de bares,
centros nocturnos y restaurantes a cambio de ‘protección’.”45
Monterrey, Nuevo León.- Más de 500 empresarios de Santa Catarina
pagaron ‘derecho de piso’ a elementos de seguridad pública de esa localidad, denunció Eugenio Clariond Rangel, presidente de la Cámara
de la Industria de la Transformación (Caintra) en Nuevo León. Clariond Rangel reveló una serie de acciones de extorsión que llevaban a
cabo los preventivos de Santa Catarina.46
Monterrey, N.L.- Porque su patrón se negó a pagar derecho de
piso y vender droga en su establecimiento, un empleado de unos
billares ubicados en la colonia Lomas del Pedregal fue ejecutado
por un comando armado […] Los hechos se registraron en los primeros minutos de este viernes, en el negocio denominado “Billares
Pedregal”, ubicado en las calles Kenia y Rhodesia […] El ahora occiso fue identificado como René Villarreal Rivas, de 44 años
de edad, quien tenía su domicilio en la colonia “La Zozayita” en
Guadalupe.47
México, marzo. 8.- Un grupo de sicarios pertenecientes a la organización delictiva ‘Los Zetas’ incendiaron la madrugada de este jueves
una farmacia, ubicada en la avenida Acapulco, colonia Santa Fe, en
San Nicolás de los Garza, Nuevo León.
De acuerdo con las autoridades los hechos se registraron porque presuntamente los dueños del negocio no realizaron el pago por cobro de
piso.
Tras el incendio, los agresores dejaron un mensaje en la pared el cual
señalaba que todos los negocios del centro comercial La Bonita pagan
derecho de piso, por lo que la farmacia fue incendiada por no cumplir
con ese cobro.”48
Monterrey.- Las tiendas de abarrotes y pequeños negocios se han
vuelto en los últimos cuatro años blanco de la delincuencia común y
organizada, con problemas de asaltos, robos, secuestros, extorsión y
al menos dos homicidios.
Por esta situación se estima que un 28 por ciento de comerciantes ha
cerrado o traspasado sus comercios.
Ante el acecho de la delincuencia, propietarios de los negocios familiares tradicionales de barrios optan por vender o traspasar sus comercios, señala Catalina Domínguez Estrada, presidenta de la Cámara
Nacional de Comercio en Pequeño, Servicios y Turismo de Monterrey
(Canacope).49
Monterrey, Nuevo León.- Un grupo de hombres armados rafaguearon y lanzaron dos granadas de fragmentación contra el Casino Revolución ubicado sobre la avenida Morones Prieto y Revolución, al
sur de Monterrey.
El de ayer es el segundo ataque contra este centro de apuestas, ya que
el 4 de abril de 2011,pistoleros lanzaron una granada que detonó en
un auto estacionado cerca de la entrada principal.50
Monterrey.- La ola de violencia que azota a Monterrey y su área metropolitana ha generado que muchos bares del Barrio Antiguo cerraran puertas, y los que quedan abiertos tienen una clientela escasa.
Por lo menos 20 bares decidieron no operar más debido a varios factores: la petición de cuotas por parte de grupos de la delincuencia
172 •
organizada (extorsión), la exigencia de esas mismas bandas delictivas
para que traficaran drogas y la baja clientela derivado del clima de
inseguridad.51
Un vendedor de hotdogs baleado el lunes pasado murió en el Hospital
Universitario de Monterrey, Nuevo León.
El vendedor fue agredido porque se negó a pagar el derecho de piso
que le exigía una célula de la delincuencia organizada.
La víctima fue identificada con el nombre de Enrique Ramírez Rosas,
de 34 años de edad, quien vivía en la colonia Topo Chico.52
En 2010 334,733 habitantes de Monterrey fueron víctimas de extorsión, según la encuesta de victimización de INEGI.53
Otra forma del expolio que los grupos criminales practican contra la población de Nuevo León, consiste en el asalto contra el transporte de carga, entre otros de metales:
NL, primer lugar de robo de acero
Nuevo León se ubica en primer lugar en robo de productos siderúrgicos, seguido por el Distrito Federal, señaló la Cámara de la Industria
del Acero (Canacero).
El organismo explicó que al cierre de 2007, se reportaron 99 robos de tracto camiones en todo el país, con dos mil 977 toneladas de productos de
acero, entre los que destacan rollos de lámina, varilla, alambrón y perfiles.
Canacero firmó en julio pasado un convenio para abatir el robo, cuya
incidencia reportó pérdidas para la industria de 21.25 millones de
pesos en 2007.54
Van 40 mil 200 toneladas de material atracadas; Nuevo León, entidad de mayor riesgo.
En los pasados cinco años la industria acerera nacional registró
mil 247 robos de camiones cargados con productos de acero, un promedio de 20 hurtos al mes, lo que representó pérdidas por alrededor
de 560 millones de pesos.
De acuerdo con datos de la Cámara Nacional de la Industria del Hierro y el Acero (Canacero), entre enero de 2007 y el mes pasado (prác-
ticamente lo que va del sexenio de Felipe Calderón) 42 mil 200 toneladas de material (principalmente rollos de acero, varilla corrugada,
y alambrón) fueron sustraídas en carreteras del territorio nacional.
No obstante, en la actualidad los robos abarcan todo tipo de productos, como perfiles, hojas de acero, placa y alambre.
En 2007 el número total de robos ascendió a 99. Para el año siguiente,
cuando inició la crisis económica, la cifra se disparó a 352 y se mantuvo en un rango similar en los dos años siguientes (312, en 2009, y
309, en 2010).
En los primeros cinco meses de este año (entre enero y mayo) 175
camiones cargados con productos de acero fueron asaltados.
Las rutas más conflictivas pasan o se encuentran en los estados de
Nuevo León, Coahuila, estado de México, Veracruz, Guanajuato,
Querétaro y Michoacán.55
En Nuevo León la policía local no es una fuerza cuya misión sea
prevenir ni perseguir el delito, pues se encuentra corrompida. En
septiembre de 2011 cuando empezaban a arreciar las detenciones de
policías locales por parte de las fuerzas federales, se publicó un nuevo cable por parte de Wikileaks, el cual mereció tratamientos como
éste por parte de la prensa:
Policías municipales y la estatal de Nuevo León están infiltradas en
un 50 por ciento por los cárteles de la droga, informó hace dos años
y medio el consulado general de Estados Unidos en Monterrey al
Departamento de Estado, al FBI, a la DEA, al Departamento de Comercio y a los consulados del vecino país en México, según un cable
diplomático difundido por Wikilleaks.
Las lucrativas rutas del narcotráfico del estado de Nuevo León están
controladas por el cártel del Golfo/Zetas, con excepción del acaudalado
suburbio de San Pedro, que está bajo el control de una rama del cártel
de los Beltrán Leyva’, dice el documento fechado el 4 de marzo de 2009.
Cita a un contacto ‘bien enterado’ que declaró que Aldo Fasci, el entonces secretario de Seguridad Pública de Nuevo León, se encontraba
174 •
aislado dentro de su propia oficina debido a que sus subalternos ya
habían sido corrompidos.
’El secretario de Seguridad Pública de Nuevo León, Aldo Fasci, estimó que 50 por ciento de las fuerzas policíacas del estado y de la ciudad, estaban infiltradas por los cárteles de la droga’, señala.56
Pero el diagnóstico de los diplomáticos estadounidenses en realidad se quedaba corto sobre la gravedad y magnitud de la corrupción de la policía local: En realidad todas las corporaciones locales y
la gran mayoría de sus integrantes fueron capturados por el grupo
criminal Los Zetas. Y los policías corruptos no sólo reciben dinero por dejar hacer a los delincuentes organizados, sino que son sus
empleados, pues cumplen tareas como “halcones” (espías), participan en “levantones”, sesiones de tortura y asesinato, intervienen
directamente el entorpecimiento de las operaciones de las fuerzas
federales (congestionando vías de comunicación para favorecer el
escape de los sicarios o sus jefes) e incluso han sido comisionados
para cobrar “derecho de piso”.
Las acciones de depuración realizadas en los últimos dan una
imagen muy aproximada sobre el grado de extensión de la corrupción de la policía local:
1. “Al menos 44 de los 113 policías arraigados el lunes durante un operativo encabezado por el Ejército en 12 municipios
rurales y semiurbanos de la entidad, confesaron que recibían
dinero de bandas del narcotráfico, informó el subprocurador
de las agencias del Ministerio Público de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) de Nuevo León, Aldo Fasci
Zuazua.57
2. “Arrestan a 32 policías de NL; los acusan de cuidar a narcos
(…) Fuerzas federales y estatales realizan las detenciones tras
desarmar a 3,400 agentes; prevén más capturas (…) La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Policía Federal y la
Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) detuvieron a 32 uni-
formados de corporaciones policiacas de Nuevo León, en cumplimiento de órdenes de aprehensión y de arraigo otorgadas a
la Procuraduría General de Justicia (PGJ).”58
3. “En tanto, el Ejército Mexicano y la Agencia Federal de Investigación detuvieron a 15 policías del municipio de Apodaca,
Nuevo León, y al secretario de Seguridad Pública de esa demarcación, Raymundo Saldaña Contreras, acusados de mantener vínculos con el crimen organizado, y los trasladaron a
las instalaciones de la Procuraduría General de la República
(PGR) en Monterrey.”59
4. “El ‘mando único’ ya existe en las corporaciones policiacas del
estado, y lo tiene el cártel del narcotráfico que controla la plaza, aseguró el ex secretario de Seguridad Pública estatal, Aldo
Fasci Zuazua”60
5. “Más de 50 efectivos militares y oficiales de la Agencia Estatal
de Investigaciones (AEI) sitiaron las instalaciones de la corporación policiaca del Municipio de Guadalupe; se prevé que
continúen las detenciones, ya que en las últimas horas han sido
capturados 13 agentes municipales (…) 10 policías de Guadalupe estaban detenidos por su probable participación en un
atentado con armas de fuego contra unidades de la Agencia
Estatal de Investigaciones.”61
6. El municipio de Salinas Victoria, en el estado norteño de Nuevo León, casi se queda sin policías luego de que militares detuvieran a 68% de su personal por presuntos nexos con el crimen
organizado.
El vocero de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) dijo
que esta mañana los militares, acompañados por policías ministeriales, llegaron a la corporación municipal para detener a
24 de los 35 uniformados en activo.
Los agentes municipales serán investigados por su presunta
colaboración con el cartel del narcotráfico Los Zetas, un grupo
176 •
armado compuesto en su mayoría por ex militares de élite, que
opera en varios estados del norte del país y que lucha por el
control del tráfico de drogas con el cartel del Golfo.62
7. “Un total de 178 elementos de la Policía Regia, entre los que se
incluyen mandos superiores y comandantes, fueron dados de
baja por incurrir en actos de corrupción, abusos de autoridad
y dar positivo en exámenes toxicológicos (…)”63
“Los policías municipales y estatales dieron a Nuevo León un
nuevo liderato nacional: el estado con más agentes detenidos
por presuntos vínculos con el crimen organizado.
“Con 437 policías, Nuevo León es el Estado del País con
más uniformados entre los mil 600 agentes que las fuerzas
federales y estatales detuvieron desde el 2007 al pasado 5
de mayo, según un conteo de Grupo REFORMA basado en
cifras oficiales.
“Es decir, de todos los policías detenidos por presuntos nexos
con el crimen, el 27 por ciento es de Nuevo León, que en el
ranking nacional es seguido por Tamaulipas, Baja California,
Coahuila, San Luis Potosí y Estado de México.
“En el Estado, las capturas a manos del Ejército y las Policías
Federal y estatal se han realizado principalmente en operativos en las sedes policiacas municipales y al sorprender a los
agentes cuando “halconean” para reportar los movimientos de
las fuerzas federales a grupos de la delincuencia.
“De los 437 elementos, 12 pertenecen a la Policía estatal y 425
pertenecen a 14 corporaciones municipales.
“Los municipios con más agentes detenidos son Guadalupe,
con 74; Monterrey, con 72, y Apodaca, con 54.”64
“El municipio metropolitano de Guadalupe, Nuevo León, ha
cesado a más de 575 policías en dos años y pretende sustituirlo
con ex militares, anunció ayer por la tarde la alcaldesa Ivonne
Álvarez.
8. “Álvarez participó en un evento que se realizó en la Macroplaza de Monterrey, Nuevo León, en donde especificó que en los
dos años que lleva su administración se han dado de baja cerca
de 95% de la corporación municipal por pérdida de confianza
y otros motivos.”65
9. Por pérdida de confianza, 261 oficiales de Tránsito y Policía del
municipio de Santa Catarina fueron cesados, anunció el alcalde Gabriel Navarro Rodríguez, de acuerdo con Notimex. 66
10. “En Nuevo León, 250 policías del municipio de Linares fueron
aprehendidos por elementos del Ejército tras varias denuncias de
secuestro y extorsión a empresarios, agricultores y ganaderos.”67
11. “Un grupo de 46 efectivos de Policía y Tránsito del Municipio
de Montemorelos fue detenido y se les realizarán pruebas de
confianza, como parte de un operativo de depuración, informó
una fuente de seguridad (…) De acuerdo con los reportes, 37
elementos pertenecen a la corporación de Policía y nueve son
de Vialidad.”68
12. “El vocero de Seguridad Pública del estado, Jorge Domene
Zambrano, informó que desde septiembre, elementos del Ejército, Policía Federal, Policía Ministerial y Fuerza Civil han realizado al menos 10 operativos mixtos de seguridad que han
derivado en la detención de 373 policías.
“Explicó que entre los agentes retenidos se encuentran algunos
jefes policiales, dos jueces calificadores y personal administrativo de los municipios de Santa Catarina, Ciénega de Flores,
Pesquería, Mina, El Carmen, Hidalgo, Juárez, Zuazua, Cadereyta, Linares y Villaldama.
“En días pasados, el funcionario estatal reveló que al menos
110 de los 373 policías municipales detenidos en estos operativos mixtos de seguridad se encuentran bajo arraigo o en proceso judicial al presumirse que mantienen nexos con células de
la delincuencia organizada.”69
178 •
13. “Por sus presuntos vínculos con la delincuencia organizada,
22 policías de dos municipios quedaron sujetos a proceso en el
Juzgado Tercero Penal de San Nicolás. Alrededor de las 17:00
horas, 11 elementos policiacos del Municipio de Mina fueron
notificados del auto de formal prisión por tres delitos graves
que no les da derecho a salir bajo fianza. La jueza determinó
que todos son probables responsables de los delitos de delincuencia organizada, cohecho, delitos cometidos contra instituciones oficiales y servidores públicos, conocido como halconeo.
Ante el Ministerio Público confesaron recibir de 3 a 6 mil pesos
mensuales por espiar a las fuerzas federales y reportar sus desplazamientos a la delincuencia organizada. Incluso, revelaron
que crearon su propio código de claves para comunicarse con
los delincuentes por radiofrecuencia. Por otra parte, alrededor
de las 20:00 horas otros 11 preventivos del Municipio de Hidalgo quedaron en la misma situación legal y también se les
declaró formalmente presos por dos delitos graves. La jueza
determinó que son presuntos responsables de delitos cometidos contra instituciones oficiales y servidores públicos, y delitos cometidos en la administración y procuración de justicia.
Los 22 acusados están recluidos en el Penal de Topo Chico. El
viernes, la misma jueza decretó auto de formal prisión por halconeo contra los policías de Pesquería Juan Armando Saldaña
Cárdenas y Elías Hernández Granados.”70
14. “Un total de 3.200 policías del estado mexicano de Nuevo
León (norte), sacudido por una ola de violencia, fueron dados
de baja y otros 420 procesados en los dos últimos años para limpiar las corporaciones infiltradas por el crimen organizado, informó hoy el gobernador de ese provincia, Rodrigo Medina.”71
15. “Monterrey NL, 9 de abril. La Procuraduría de Justicia del
estado arraigó a ocho elementos de la Fuerza Civil estatal por
su presunta participación en el abuso sexual contra dos meno-
res detenidas el pasado 17 de marzo, durante un patrullaje de
rutina en el sector norte de Monterrey.”72
16. “Monterrey, México.- Por estar implicados en una extorsión
contra un ciudadano es que se detuvo a dos elementos de Fuerza Civil del área de investigación en Nuevo León.”73
17. “La Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) presentó este
martes a 10 presuntos delincuentes, dos de ellos jefes policiales
y un elemento de Anáhuac, quienes al parecer participaron en
el plagio y muerte de 17 personas.
“Ante medios de comunicación, el vocero de Seguridad en Nuevo León, Jorge Domene Zambrano, informó que el grupo delictivo operaba en el norte de Nuevo León y el municipio de Candela, Coahuila, por lo que para su captura, en días anteriores, se
tuvo la colaboración de elementos del Ejército mexicano.”74
18. “Monterrey, NL.- Un enfrentamiento a balazos en la carretera
a Miguel Alemán, en el municipio de Apodaca dejo un presunto delincuente abatido y a 4 policías municipales detenidos.
“Según declaraciones de autoridades estatales durante los hechos se logró rescatar a una persona que se encontraba privada
de su libertad, y al parecer momentos antes se había cobrado
un rescate.
“El enfrentamiento ocurrió cuando Elementos de Seguridad
de la Agencia Estatal de Investigaciones observaron una camioneta sospechosa ya que estaba siendo protegida por Policías Municipales de Pesquería.”75
19. “Monterrey, Nuevo León.- Tras un operativo de la Policía Ministerial, se logró la captura de 24 personas relacionadas con un
grupo de la delincuencia organizada, entre ellos se encuentra
Irma Valentina Ramos Espinoza, de 35 años, alias “La Comandante Rojo”, señalada como jefa de plaza. Entre los detenidos
se encuentran cinco policías municipales, un ex elemento de la
Marina y cinco menores de edad.”76
180 •
Y el control de “Los Zetas” no se reduce a las policías, también
son suyos los penales. El 20 de febrero de 2012, treinta y siete integrantes de ese grupo criminal que se encontraban “presos” en el
penal de Apodaca se fugaron, no sin antes, asesinar a 44 reos. En sus
declaraciones los custodios y sus jefes admiten haber recibido cuantiosos sobornos para permitir la fuga y la masacre, pero también
antes para que los sicarios pudieran salir a divertirse los fines de
semana o introducir a la cárcel drogas, armas o prostitutas.
Este suceso fue la gota que derramó el vaso de la paciencia de los
empresarios de Nuevo León y de la mayor parte de la opinión pública:
El sector privado de Nuevo León criticó la forma con la que el gobernador Rodrigo Medina de la Cruz ha manejado el problema de la
inseguridad en la entidad.
Los presidentes de la Cámara de la Industria de Transformación
(Caintra), Eugenio Clariond Rangel; del Consejo Cívico de las Instituciones de Nuevo León (Ccinlac), Víctor Zorrilla Vargas, y el director de Coparmex, José Mario Garza Benavides, ofrecieron una conferencia de prensa para exponer su postura al respecto.
Garza Benavides subrayó que ‘al gobernador Rodrigo Medina le manifestamos que debe quedar muy claro que la prioridad en Nuevo
León es la seguridad y no los procesos partidistas’.
‘Le exigimos a ocuparse en el trabajo para el cual fue conferido y
que la ciudadanía le asignó, además de comprometerse de manera que
responda a la gravedad del problema que hoy enfrentamos’, añadió.
‘Por su parte, el representante del Ccinlac dijo que los organismos
intermedios lamentan la pérdida de 44 vidas humanas y condenan a
la vez el grave descontrol que existe al interior del penal de Apodaca.
Consideró que la estrategia oficial de seguridad en el estado ‘sigue
errática y como sociedad- debemos exigir resultados inmediatos’.
‘Urgimos a que el gobierno estatal reconozca públicamente que no
puede hacerlo y de paso a las fuerzas militares y federales para lograrlo’, dijo.
‘De la forma en que el gobierno del estado está actuando en este y
otros casos, es perceptible que la seguridad no es su prioridad número
uno’, refirió.
Por su parte, el director local de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) afirmó que ‘consideramos que el caso
del penal de Apodaca es aún más grave que el del Casino Royale,
desde el punto de vista de responsabilidad, pues se da dentro de un
recinto que en esencia debería estar completamente controlado’.
A su vez, el presidente del grupo Cemex, Lorenzo Zambrano Treviño, afirmó que ‘hay mucha mediocridad en el área de seguridad en el
estado’.
Sostuvo que ‘se percibe falta de capacidad en las corporaciones para
enfrentar la problemática de seguridad y de violencia en el estado. Lo
que está, no está funcionando’.77
Ante estas demandas de la sociedad, en nombre de la dirección
nacional del PRI, Ricardo Aguilar Castillo, delegado regional en la
entidad, respondió:
Que quede claro: reprobamos cualquier expresión que contenga algún
tufo de ultimátum para atacar a las instituciones del Estado mexicano, para atacar al Gobernador de todos los nuevoleoneses.
Tener abundante dinero no otorga ningún derecho para poner ultimátum a las autoridades electas por el pueblo, en Nuevo León quien
manda es la gente y la gente ha delegado en Rodrigo Medina el Poder
Ejecutivo estatal y Rodrigo Medina ejerce ese poder a plenitud y con
toda responsabilidad.78
Todo este proceso de descomposición se gestó bajo la administración del ex gobernador José Natividad González (2003-2009). Resulta inverosímil que no supiera lo que estaba ocurriendo en el estado,
pero las explicaciones sobre sus omisiones van desde el temor a la
corrupción. Pero aun en el caso de que el ex mandatario hubiera
sido paralizado por el miedo, el continuar al frente del gobierno fue
un acto de deshonestidad.
182 •
Sobre uno u otros de los móviles hay una serie de indicios y evidencias públicas que deben repasarse:
Después, sobre el cuerpo de una más de las víctimas de la violencia
fue encontrado un mensaje clavado con un picahielo lo que marcó
otra fase de la estrategia de los agresores, al acusar altos funcionarios del gobierno de Nuevo León de protectores de una banda rival,
señalándolos como blancos de futuros ataques:
’PROCURADOR NO TE HAGAS PENDEJO ESTO VA
SEGUIR HASTA QUE SIGAS PROTEGIENDO A LA
GENTE DE HECTOR HUERTA, AL CHAPO GUSMAN Y
AL MARICON DE LA BARBIE... ESPECIALMENTE TU
ROGELIO CERDA HASTA QUE CAIGAN TODOS TUS
HIJOS Y TAMBIÉN PARA LA GENTE DE LA CHIVA. PD ES
SOLO EL INICIO’ [Sic].
(…) Al día siguiente y casi en el mismo lugar apareció otro cuerpo
con su respectiva nota de advertencia: ‘Mira pen... [sic] con todo y
guardaespaldas:
Rogelio Cerda, tú y toda tu familia y los funcionarios que estén
protegiendo al Cártel de Sinaloa se van a morir. PEN. Esto no va
acabar hasta que entiendas’.
Respecto de los mensajes dejados en los cuerpos de algunos asesinados, el director de Seguridad Pública de Nuevo León, Antonio
Garza Garcia, dijo que eran «trucos y mañas» de los victimarios
para distraer la atención y desacreditar a las autoridades. Aceptó
que agentes de la policía municipal habían renunciado para ingresar
a las bandas de traficantes. Otros habrán cambiado de oficio a petición de sus familiares, por temor. Imposible negar las evidencias.
Las autoridades se desacreditaban solas, sin ayuda de mensajeros
exitosos en su estrategia de sembrar miedo y temor con acciones
que competían en crueldad con las de sus adversarios en el negocio
de las drogas. En abril de 2006, Garza García sustituyó en el cargo
al general José Domingo Ramírez Garrido Abreu, quien lo ocupaba
desde octubre de 2003. Leticia Valdez Martínez, hermana de Jaime,
reclutador al servicio del Chapo Guzmán, dijo haber presentado una
denuncia ante la SIEDO en contra de Garza por presuntos vínculos con «un capo de Sinaloa». Señaló que el funcionario le había
presentado al personaje en un restaurante localizado en los límites
de Coahuila y Nuevo León. Allí estuvo también Francisco Carlos
Esquivel (el Capi), detenido posteriormente junto con José Luis Carrizales (el Tubi), en un restaurante de Garza.79
Las implicaciones de una posible relación entre la esfera política y el
crimen organizado alcanzaron ya a políticos de Nuevo León, según
cables filtrados por WikiLeaks citados por La Jornada.
De acuerdo con la publicación, en documentos clasificados enviados
en mayo de 2007 por el Consulado de Estados Unidos de Monterrey
al Departamento de Estado se hace referencia a un supuesto vínculo
del ex Secretario General de Gobierno, Rogelio Cerda, y de los hermanos del ex Gobernador Natividad González Parás con el Cártel
de Sinaloa.
El cable es atribuido a Luis Moreno, entonces Cónsul en la región.
‘Nuestros contactos señalan que Cerda está involucrado en actividades corruptas en relación con los hermanos del Gobernador González Parás y miembros del Cártel de Sinaloa’, señala la cita del
comunicado.80
WIKILEAKS ENTREGÓ TRES MIL documentos secretos al periódico mexicano La Jornada. Hay conversaciones entre el Cónsul
de Estados Unidos y el general Guillermo Moreno Serrano, comandante regional del Ejército. Bruce Williamson, califica a Monterrey
como territorio ‘zeta’
Y AQUÍ PARECE NATIVIDAD: ‘Nuestros contactos señalan que
Cerda está involucrado en actividades corruptas en relación con los
hermanos del gobernador González Parás y miembros del cártel de
Sinaloa’. Treviño y el director de investigaciones criminales de Nuevo León Héctor Santos no investigan.
184 •
WILLIAMSON HABLA DEL DILEMA de la ciudadanía: ante
una amenaza ¿a quién recurrir en busca de protección? (…) Si las
policías no son confiables y el Ejército no tiene recursos suficientes, ¿qué queda?’. Cuando entra Rodrigo Medina como Gobernador
el Cónsul escribe sobre el hecho de que varios militares retirados
nombrados comandantes de unidades policíacas en Nuevo León son
asesinados. Dice: ‘Es así como el narco saluda la llegada de Rodrigo
Medina a la gubernatura’. es ahí cuando hace exactamente un año,
califica a Monterrey como ‘territorio zeta; una metrópoli que ofrece
refugio seguro, ingresos estables (mediante el cobro de extorsiones)
y abasto de insumos al cártel integrado por ex militares de elite –desertores– que años antes se había desprendido del cártel del Golfo’...
WILLIAMSON SOSTIENE CON ALDO FASCI, quien se había
acercado al consulado ‘pidiendo ayuda a Estados Unidos para evitar
que Nuevo León caiga totalmente bajo control de los cárteles’, a raíz
del asesinato del comandante de la policía estatal, Marcelo Garza
Garza. Según informantes de la misión estadounidense, su sucesor
(Santos) tiene compromisos con la dupla Zetas/Golfo, lo que en parte explica el porqué de las 200 ejecuciones ocurridas en tres años,
40 de ellas de policías, ninguna ha sido aclarada. Un informante
asegura que Fasci está aislado en su oficina, rodeado de subalternos
en los que no puede confiar. Fasci anuncia su retiro. Declara que
padece leucemia...
EN SU DESPEDIDA, EL NEOLEONÉS le dice a Williamson:
‘Hay demasiadas manzanas podridas y muy poco dinero para apoyar a las buenas’. Le cuenta un episodio sorprendente: recién estrenado en el cargo en 2009, él y su equipo recibieron de manera sorpresiva información muy detallada sobre casas de seguridad de las
organizaciones criminales. Después de valorar si esta información
sería una trampa o no, decidió ordenar operativos que resultaron
en decomisos muy importantes de droga, armas y efectivo. Tiempo
después se dio cuenta que la información había sido filtrada por los
mismos cárteles, como ‘regalo’ para que el nuevo funcionario pudiera rendir buenas cuentas en sus primeros meses. Fue un truco para
que pensara que contaba con un equipo de policías confiables. Dos
parientes de Fasci fueron secuestrados durante este periodo y en
ningún caso se interpuso una denuncia pública...
EN 2009 APARECEN LOS NARCO BLOQUEOS, que evidencian el dominio de los cárteles en Monterrey, con una policía estatal
es muy reticente a la hora de disolverlos. Son ‘un desafío al Estado
porque demuestran que el narco puede paralizar la ciudad a su conveniencia’. En mayo, Williamson agrega: si bien el nivel de violencia en Nuevo León no alcanza los niveles virulentos de los estados
vecinos, aquí el narco ‘todavía se mueve como si se sintiera impune’;
EL NUEVO PROCURADOR ALEJANDRO GARZA y Garza
finalmente admitió ante el cónsul que debido a la corrupción policíaca, con el relevo de funcionarios muchos pactos establecidos por
los mandos salientes con los cárteles quedan en el aire. Williamson
se reunió con cuatro alcaldes salientes que hablaron de sus miedos y
las presiones vividas durante sus respectivas gestiones. Destaca un
episodio que refirió el ex alcalde de Santiago, Rafael Paz. Cuando
ordenó un cateo en una casa de seguridad de un secuestrador, en
represalia, los zetas llegaron hasta su oficina y lo amenazaron con
decapitarlo y mandarle la cabeza a su esposa, confinada a una silla
de ruedas...
AL CONSULADO ESTADUNIDENSE ‘le preocupa’ que el
gabinete de Rodrigo Medina, sea una ‘simple repetición de la
administración anterior’. De 16 miembros de su gabinete, 11 estuvieron en el de Natividad González. La única sorpresa fue el
nombramiento del secretario de Seguridad Pública, Carlos Jáuregui Hintze, un outsider en términos de administración pública
que en mayo fue sustituido por el ex procurador Luis Carlos
Treviño, de quien el cónsul había expresado desconfianza
anteriormente...81
186 •
En febrero de 2011, el ex gobernador priísta, Sócrates Rizzo, en una
conferencia en una universidad de Coahuila, hizo el siguiente cínico
reconocimiento de las componendas del “viejo PRI” con el narco:
De alguna manera se tenía resuelto el conflicto del tránsito (de drogas); yo no sé cómo lo hayan resuelto otros gobiernos, pero había un
control y había un estado fuerte y un presidente fuerte y una Procuraduría fuerte, y había un control férreo del Ejército, y entonces
de alguna manera decían ‘tú pasas por aquí, tú por aquí, pero no me
toques aquí estos lugares’; algo pasó”.
Durango: el legado de impunidad y el giro
En Durango se ha hallado casi la tercera parte de los cadáveres
localizados en fosas clandestinas entre 2004 y 2011 en el país. Y en
el estado se ha denunciado la desaparición de más de 200 personas
desde 2007, las cuales siguen sin aparecer pues tampoco han sido
halladas en las fosas descubiertas en 2011.
El Estado de Durango figuró entre las 50 jurisdicciones subnacionales más violentas del mundo y su ciudad capital estuvo entre las
50 urbes más violentas del planeta, sino entre las 10 peores. En 2011,
con 474 homicidios y un tasa de 80 por cada 100 mil habitantes, la
ciudad de Durango se convirtió en la novena urbe más violenta del
mundo.
En la ciudad de Durango entre 2000 y 2011 los homicidios se triplicaron y los secuestros crecieron 2,140%.
En la primavera de 2011, mientras las imágenes aterradoras de las
narco fosas de Tamaulipas recorrían el mundo, otras imágenes consternaron a la opinión pública nacional y mundial: las de las narco fosas en Durango, cuyo número de cadáveres hallados (301) sobrepasó al de los encontrados en las tumbas clandestinas de Tamaulipas.
En ningún otro punto del país se ha hecho un hallazgo semejante.
Y para dar una idea de su magnitud, hay que considerar el conteo
que de cuerpos hallados en fosas clandestinas entre 2004 y mayo de
2011, realizado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos y
que arrojó un total de 1,020 en 177 fosas de 23 entidades federativas.82 Es decir, los cuerpos encontrados en 8 fosas en la capital del
estado, de hecho en zonas céntricas, equivalen a casi la tercera parte
de todos los hallados en todo el país en 7 años.
Pero esas no han sido todas las fosas clandestinas halladas en Durango. A inicios de noviembre de 2011 se encontraron dos más con
siete cadáveres y antes del hallazgo de las fosas en Durango, Durango -que terminarían por ser siete- había habido otros hallazgos que
refiere un recuento realizado por el periódico El Siglo de Durango:
En torno a las fosas clandestinas, El Siglo de Durango tiene documentados hallazgos de 33 cadáveres que han sido exhumados desde
2007 hasta abril de 2011, sin contar los más de 200 localizados en el
último mes.
Entre los primeros cadáveres que fueron sepultados de manera clandestina, y que posteriormente fueron encontrados, se tienen notas informativas del mes de febrero del 2007 que informan sobre el hallazgo
de tres cadáveres en las inmediaciones del paraje Las Ventanas.
Asimismo, entre los meses de febrero, marzo y abril, de 2008, fueron
localizados cuatro cuerpos en fosas clandestinas en el poblado Contreras, municipio de Durango, así como uno más en el kilómetro 11 de la
carretera a Parral, donde se localizó el cuerpo de un joven que había
sido “levantado” en el bar El Bambuz, junto con otros tres amigos.
En mayo y noviembre del 2009 hallaron tres cuerpos enterrados en
Unidos Venceremos, Durango, y en Escobedo, El Oro, respectivamente.
En junio de 2010, se informó del hallazgo de seis cuerpos en 13
fosas clandestinas en Santiago Papasquiaro; cinco meses después
encontraron tres osamentas enterradas en Pueblo Nuevo.
Mientras que en el presente año, en enero encontraron una fosa
con siete cuerpos en el ejido Los Ángeles, municipio de Lerdo, y en
188 •
febrero tres osamentas más en el ejido San Luis del Alto, del mismo
municipio.
En marzo hallaron un cuerpo en Pueblo Nuevo y el 4 de abril otro
más en Santiago Papasquiaro.83
Pero el 27 de febrero de 2012, el gobierno de Durango debió admitir que en diciembre se habían hallado 50 cuerpos más en fosas clandestinas en diciembre de 2011, pero que entonces no se reportaron:
La Fiscalía General de Durango informó este lunes del hallazgo de 50
cadáveres en una fosa clandestina del ejido Cristóbal Colón, ubicado
en este municipio.
Yadira de la Garza Fragoso, responsable de la dependencia, confirmó
que de diciembre del 2011 a enero del presente año fueron exhumados
50 cuerpos en el citado ejido, con lo que se llegaría a 301 los cuerpos
que han sido descubiertos en esta demarcación desde marzo del año
pasado.84
Además, las cifras mismas de desaparecidos siguen creciendo:
La cifra de desaparecidos reportados ante la Comisión de Derechos
Humanos de Durango, ha ido en ascenso de 2008, cuando fueron
denunciadas 37 desapariciones; en 2009, 43; en 2010, 96 y en lo que
va del año asciende a 42, según datos de Carlos García presidente del
organismo estatal.85
Pero además, un rasgo singular de la violencia en el estado que la
gran cantidad de incidentes y víctimas con relación a las prisiones:
• 2 de noviembre de 2008: En el CERESO número 2 (Durango) 8
internos fueron asesinados en dos riñas distintas.
• 8 de marzo de 2009: Un comando que utilizó 10 vehículos para transportarse, tomó por asalto el CERESO Dos (Gómez Palacio) y logró la evasión de cinco internos. Antes secuestró al
director del penal.
• 21 de marzo 2009: Un motín en el Centro Penitenciario de Durango tuvo un saldo de 7 muertos. Además hubo un atentado
contra la vida del director del penal.
• 28 de abril de 2009: Abraham William Ramos Peña, jefe de custodios del CERESO de Gómez Palacio fue “levantado” por un
grupo de hombres armados y desde entonces se encuentra en
calidad de desaparecido.
• 02 de mayo de 2009: Un interno falleció como consecuencia de
una riña en el CERESO de Gómez Palacio.
• 17 de julio de 2009: Una riña en el CERESO No. 2 (Gómez Palacio), dejó un saldo de tres muertos.
• 18 de julio de 2009: Otra riña en el CERESO No. 2 (Gómez Palacio), arrojó un saldo de tres muertos, cuando no habían ni
transcurrido 24 horas de similar evento y resultados.
• 14 de agosto de 2009: En el CERESO de Gómez Palacio se produjo una riña colectiva entre dos grupos antagónicos con un
saldo de 20 muertos. En un cateo posterior al enfrentamiento
fueron halladas y localizadas dentro del penal pistolas de calibres .25, ,32 y .38, además de decenas de armas punzocortantes. Al menos 2 de los internos fueron asesinados a balazos.
• 24 de septiembre: Dos custodios del CERESO de Gómez Palacio fueron baleados en su domicilio.
• 16 de octubre de 2009: Un custodio del CERESO de Gómez
Palacio fue asesinado tras terminar su jornada de trabajo en el
penal.
• 21 de enero de 2010: En el CERESO de Durango integrantes de
dos grupos rivales se enfrentaron con saldo de 24 muertos. Por
lo menos uno de las víctimas fue muerta a balazos. Hasta entonces y en menos de un año 43 internos han sido asesinados
en este penal.
Asimismo, una investigación de la PGR demostró que los autores
de una masacre en Torreón, Coahuila ocurrida el 18 de julio de 2010
y en la que murieron 18 personas, fue cometida por sicarios que eran
internos del Centro de Readaptación Social (Cereso) de Gómez Palacio, Durango, quienes con el permiso de las autoridades carcelarias
190 •
salían por las noches con armas y vehículos oficiales para cumplir
encargos de los jefes del Cártel de Sinaloa. Además de la masacre en
Torreón, este grupo de matones asesinó a 10 personas en un ataque
a un bar perpetrado el 31 de enero de 2010 y a 8 más en el ataque a
otro bar, cometido el 16 de mayo de 2010.
Además a la par de la alta incidencia de los secuestros se ha dado
el de asesinatos de víctimas de secuestro. En 2010 fueron asesinados
6 secuestrados y en 2011 otros 7.
El exgobernador Ismael Hernández ha sido señalado de tener
vínculos con los grupos criminales. El hecho incontrovertible es que
poco o nada hizo para impedir que arrastraran a Durango a un torbellino de violencia.
Si el exgobernador priísta Ismael Hernández Deras permitió la
impunidad de los asesinos por complicidad (y obtuvo con ello un
lucro criminal) o actuó (o más bien dejó de actuar) por temor a los
grupos criminales, el resultado es igualmente perjudicial para la sociedad.
No se trataba de que Hernández Deras combatiera el narcotráfico
ni siquiera el narcomenudeo, sino delitos tales como la privación ilegal de la libertad, la tortura y el homicidio que son del fuero común
y era su obligación ineludible prevenir y perseguir.
Ismael Hernández Deras ha sido objeto de los siguientes señalamientos sobre su presunta relación con el narcotráfico:
• “A la boda del capo también acudió el procurador general de
Justicia de Sinaloa, Alfredo Higuera Bernal, quien después
del reportaje publicado por Proceso convocó a una conferencia de prensa el 3 de septiembre de 2007 para negar el hecho,
incluso aseveró que jamás había ido a Durango, sin embargo
los asistentes al enlace aseguran que sí estuvo ahí. Asimismo
El Chapo invitó a Jesús Aguilar Padilla, gobernador de Sinaloa, quien no le hizo el desaire, como el gobernador de Durango, Ismael Hernández. Dicen que éste fue conminado al
festejo pero que prefirió no ir para evitar controversias. En
Durango se comenta que la relación es un poco masoquista, y que
Guzmán Loera ha llegado a esperar a Hernández al interior de su
casa sólo para regañarlo y recordarle que a él le tiene que contestar las llamadas cada vez que lo busque, que no se le olvide.”86
• “El gobernador saliente de este estado, Ismael Hernández Deras, podría ser sujeto de investigación penal por la Subprocuraduría de Investigaciones en Delincuencia Organizada de la
Procuraduría General de la República (PGR), por supuestos
vínculos con el cártel del Pacífico.
[En efecto se tiene conocimiento que está siendo investigado
por la PGR por operaciones con recursos de procedencia ilícita
o lavado de dinero]
“La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda elaboró un expediente confidencial de las cuentas bancarias del mandatario y las de su familia en México y en el
extranjero; documento que serviría de base para fincarle responsabilidad penal al funcionario.
“Mientras, un testigo protegido habría confirmado a la PGR la
relación de Hernández Deras y de algunos de sus colaboradores con el crimen organizado.”87
• “Las procuradurías General de la República (PGR) y General
de Justicia de Durango (PGJD) investigan el origen y contenido de un video que apareció en la página web blogdelnarco.
com, en el que se menciona que el gobernador de esta entidad,
Ismael Hernández Deras, proporciona armas de fuego a grupos al servicio de Joaquín El Chapo Guzmán Loera, uno de los
líderes del cártel de Sinaloa.
“Ayer, al inicio la investigación, fue eliminado de Internet
blogdelnarco.com, que era uno de los principales canales de
difusión de actividades de los grupos criminales y de videos y
mensajes entre las organizaciones criminales.
192 •
“En las imágenes aparece un sujeto que dice llamarse Florencio Beltrán. Sólo hubo acceso público a ese contenido el 25 de
agosto.
“De acuerdo con la información contenida en el video, este fue
el interrogatorio al que habría sido sometido Florencio Beltrán
por un grupo de hombres armados:
–¿De dónde viene?
–De Topia
–¿Para quién trabaja?
–Para el Chapo Guzmán.
–¿Cuánto te paga?
–Cuatro mil al mes.
–¿Quién te manda?
–El comandante Rosales, de Durango.
–¿Quién manda en Santiago y el Topia?
–Abraham Virrey y el diputado Miguel Jaques.
–¿Dónde se acampa?
–En el rancho de Miguel Jaquez y de Miguel López.
–¿Qué viene a hacer?
–A levantar soldados, mujeres y niños para espantar a la gente
y apoderarnos de la plaza
–¿Quién les da las armas?
–Tengo entendido que es el gobernador Ismael Hernández.”88
Por lo demás, en Durango los señalamientos de que gobernantes priístas han estado involucrados en el narcotráfico, no son
nuevos.
Pablo Tostado Félix, presunto lugarteniente de Juan José Esparragoza, “El Azul” y quien fue asesinado en el penal de Durango en mayo de 2009, señaló en una entrevista antes de su fallecimiento que José
Jorge Campos Murillo, quien fue procurador de justicia de Durango
en el gobierno de Ángel Sergio Guerrero Mier y además subprocurador en la PGR, era abogado del narcotraficante Ignacio Coronel.89
Por cierto Campos Murillo, quien está sujeto a investigación por
la PGR, sufrió un atentando en noviembre de 2008, el cual él niega.
En 2007 fue detenido por la PGR y acusado penalmente Hugo
Armando Reséndiz Martínez, ex Subprocurador de Justicia en la
región Laguna de Durango por delincuencia organizada y participación en el asesinato de 4 personas. Reséndiz estaba al servicio de
Sergio Villarreal (a) “El Grande”, hombre fuerte del Cártel de Sinaloa y luego de los Beltrán Leyva en Durango y Coahuila, que después se convirtió en testigo protegido.
El ex gobernador Ángel Sergio Guerrero Mier aseguró que nada
sabía de los tratos de Hugo Armando Reséndiz con los narcos.
El giro
Herencia obligada para el gobernador Jorge Herrera Caldera
–asumió el 15 de septiembre de 2010– fueron la pésima relación con
el Gobierno del Presidente Felipe Calderón y la violencia desatada
en el estado, principalmente en La Laguna, la cual comprende dos
municipios del estado (Gómez Palacio y Lerdo) y Torreón.
Como señal inequívoca de su prioridad, el Congreso del estado trasladó la sede de los poderes estatales a Gómez Palacio en
donde Herrera Caldera tomó protesta y ahí se reenfocaron las
baterías en coordinación con las autoridades de los tres niveles
de Gobierno.
Tres frentes marcaron el combate a la delincuencia en la región:
el penal regional, las estructuras policiales municipales y el combate
frontal a un grupo local regional, llamado Los Dannys o Cártel del
Poniente.
Civiles, policías, funcionarios públicos municipales, estatales y
federales cayeron en medio de esta cruenta batalla.
Una apretada cronología de estas acciones permite ampliar el panorama de cómo la Comarca Lagunera ha sufrido los últimos años:
194 •
En la madrugada del 17 de diciembre de 2012, con apoyo de la
Policía Federal, elementos del Ejército Mexicano pertenecientes a la
Décima Zona Militar, la Policía Estatal y elementos de la Dirección
Estatal de Investigación, se realizó el traslado de 163 internos del
Centro Estatal de Readaptación Social número 2 de Gómez Palacio.
Del total, 137 internos purgaban por delitos federales y 26 del orden
fuero común.
Los reos federales fueron llevados a los penales de Guadalupe
Victoria y de Sonora, y los del fuero común al Centro Estatal de readaptación Social número 1 ubicado en la capital del estado de Durango.
Se designaron a un nuevo Director y un Jefe de Custodios, con el
fin de cambiar a los anteriores ya que se tenía información que los
que hasta esa fecha fungían como tales, estaban a merced de los internos que dominaban el funcionamiento del Cereso. Para reforzar
la seguridad se trasladaron grupos de cusodios de la capital.
La tarde del día siguiente, el 18 de diciembre de 2012, se desató
un motín al interior del penal de Gómez Palacio. Un grupo de presos había secuestrado a algunos custodios, incluso hubo disparos
de arma de fuego. Perdieron la vida nueve custodios y 13 internos;
otros10 internos y tres custodios más resultaron heridos. Dos de los
internos lesionados murieron al día siguiente.
El 10 de enero de 2013, las corporaciones municipales de Lerdo y
Gomez Palacio, pusieron a disposición el total de las armas asignadas a sus policías para que fueran registradas las huellas balísticas.
El 18 de enero de 2013, fueron trasladados 158 policías de Lerdo
y Gómez Palacio a la ciudad de Durango, ya que se tenían antecedentes documentados de su colaboración con grupos criminales que
operan en esos municipios. Se detuvo al titular de la Secretaria de
Protección y Vialidad de Gómez Palacio Víctor Hugo Cordero Giorgana y al Director Municipal de Lerdo, Andrés Balderas Pérez y tres
elementos más. En su declaración preparatoria confesaron su parti-
cipación en hechos delictivos y apoyo al grupo criminal que opera
en la región, por lo que se les dictó auto de formal prisión.
El 16 de febrero de 2013, fueron privados de su libertad Mario Alberto Landeros Campero (precandidato a la presidencia Municipal
de Lerdo, Durango) y su chofer Cesar Amilkar Valenzuela Morales.
El 18 de febrero de 2013, un grupo de sujetos armados provocaron
incendios en cuatro negociaciones propiedad de la familia de la Presidenta Municipal de Gómez Palacio, Rocío Rebollo. Los comercios
fueron tres madererías y un establecimiento de pinturas COMEX.
El domingo 3 de marzo de 2013, fueron detenidos Federico Aguilar Chaidez alias “El Vicentillo”, Julio César Nájera Rosales alias
“Crazy”, éste último habia sido identificado a través de un video,
utilizando la tarjeta bancaria del secuestrado Mario Landeros. El
Crazy aceptó haber participado en el secuestro y homicidio de Landeros Campero y su chofer.
Con la información proporcionada por estos sujetos se logró detener a 19 personas más, integrantes de la organización criminal denominada “Los Dannys” o “Cartel del Poniente”. Entre los detenidos
figuraban Juan Antonio García Ávila, José Gabriel y Jacobo Zúñiga
Ovalle, considerados como algunos de sus jefes.
El lunes 4 de marzo de 2013, fueron localizados los cuerpos de
Mario Landeros y Almilkar Valenzuela Morales, enterrados en las
faldas del cerro de la Colonia Polvorera en Torreón Coahuila.
El viernes 8 de marzo de 2013, se concedió el arraigo en contra
de 19 de los detenidos y la autorización para el cambio de arraigo
de otros cuatro detenidos el 24 de febrero. Las 23 personas fueron
trasladadas al Centro Federal de Arraigo de la Procuraduría General
de la República, en el Distrito Federal.
En el expediente judicial existen testimonios que señalan a todos
ellos como participantes en casos como el crimen de tres empleados
de la Vicefiscalía; de seis elementos de Vialidad, de elementos de la
Policía Estatal Acreditable, la agresión al periódico El Siglo de To-
196 •
rreón, la muerte de tres trabajadores del Gobierno Federal pertenecientes a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y los atentados que sufrió la alcaldesa de Gómez Palacio tanto en la Presidencia
Municipal como en las propiedades de su familia.
El 19 de abril de 2013, agentes de la Policía Federal detuvieron en
Zacatecas a Daniel García Ávila, jefe del llamado grupo de los Dannys o Cartel del Poniente. Estaba acusado de delitos contra la salud,
homicidio, secuestro y extorsión en La Laguna.
García Ávila contaba con dos órdenes de aprehensión por delitos contra la salud y de acuerdo con datos obtenidos por la Comisión Nacional
de Seguridad (CNS) es presunto responsable de diversos ilícitos registrados en Gómez Palacio y Ciudad Lerdo, Durango, y en Torreón, Coahuila.
La Policía Federal precisó en un comunicado que junto con García Ávila se capturó a José Elías Veloz Barrón en posesión de un vehículo, dos fusiles AK-47, un AR-15, cargadores, equipo de comunicación y un paquete con marihuana.
De acuerdo a las estadísticas, las cifras de evolución de los principales delitos en Durango, ha evolucionado de la siguiente forma:
Delito
2010
2011
2012
2013 (*)
Robo con violencia
2, 913
4,107
2,203
1, 215
Homicidio doloso
1,025
764
618
233
Extorsión
265
108
86
43
Secuestro
79
67
50
12
(*) Cifras hasta el segundo trimestre del año
Quintana Roo: paraíso de extorsión y violencia
Quintana Roo (y en particular Cancún) ha devenido de paraíso
turístico en paraíso de la extorsión, bajo los gobiernos de Félix Arturo González Canto (2006-2011) y Roberto Borge Angulo (2011-2016).
Y por extorsión nos referimos tanto al secuestro como al cobro del
“derecho de piso”, incluso para no ser plagiado.
Dos de los relatos más estremecedores sobre la violencia que
golpea a personas inocentes en México corresponden a víctimas de
secuestro de Quintana Roo. Un primer caso se trata de una mujer
privada de la libertad durante 40 días y quien casi regresó de la
muerte:
A Irene García May, de 33 años de edad, le hicieron creer que la iban a
dejar libre: ‘Cierra los ojos, hasta que escuches que se va el carro’, escuchó que le dijeron sus secuestradores antes de sentir un fuerte golpe en la cabeza. Horas después despertó en medio de lo que creía que
era basura, pero en realidad eran cuerpos en estado de putrefacción.
La sobreviviente fue hallada este lunes en un área de la Región 246 de
Cancún, luego de salir del estrecho cenote en el que la arrojaron sus
victimarios. En ese sitio fueron encontrados tres cadáveres en avanzado estado de putrefacción, dos de los cuales fueron identificados este
miércoles.
Irene relató que el 22 de marzo llegaron a su casa en una camioneta
unos sujetos que se identificaron como agentes judiciales. Le dijeron
que tenían una orden de aprehensión contra su familiar, pero como no
estaba se la llevaron a ella. Estuvo en tres casas de seguridad, en una
de las cuales estaba también una pareja, hombre y mujer. Se llevaron
al señor y ya no supo nada más de él.
Eran constantes las amenazas de muerte en su contra, si no pagaban
el rescate. Nunca llegaron a golpearla durante el tiempo que estuvo
secuestrada.
Relató que estos sujetos pedían por su rescate un millón de pesos,
después le bajaron a 400 mil, pero su familia no tenía tanto dinero.
Tuvo que vender un terreno a 70 mil pesos y entre lo que le prestaron,
llegaron a juntar cerca de los 100 mil.
Pero nunca se dio ese dinero como pago de su rescate.90
Otro relato tiene que ver con el secuestro y asesinato de padre e hija:
198 •
Entre la docena de cadáveres encontrados este viernes por el Ejército
Mexicano y la Policía Judicial de Quintana Roo, figuran los de una
adolescente de 16 años y su padre, quienes fueron secuestrados por
una banda detenida en Cancún.
Su rescate pretendía ser cobrado una semana atrás, en el estacionamiento de una plaza comercial, a donde llegaron dos agentes de la
Judicial, alertados sobre la presencia de personas armadas en el lugar;
ambos fueron atacados por integrantes del grupo secuestrador.
En ese enfrentamiento, que frustró el pago del rescate, murió uno de
los policías y resultó herido uno de los plagiarios, quien escapó y fue
atendido en la Clínica Santa Elena, asegurada el jueves de la semana
pasada, junto con cinco de sus compañeros, la administradora y el
médico que le atendió sin reportarlo a las autoridades.
Los militares y los agentes judiciales iniciaron diversos operativos
a raíz de la aprehensión del grupo la semana pasada, misma que se
enriqueció con las declaraciones de otros seis presuntos sicarios que
presentaron la tarde de ayer, entre los que figuran un ex policía municipal de Cancún, una mujer y un ciudadano guatemalteco.
En ese grupo, que presumiblemente fue asesinado la semana pasada,
se encontraban un hombre y su hija de 16 años, secuestrados hace
cuatro semanas.91
Quintana Roo y Cancún en particular han sido especialmente golpeados por el secuestro y la crueldad de los plagiarios. Entre 2000 y
2011, los plagios crecieron 600% al pasar de 3 a 21 y entre 2008 y 2011
fueron asesinadas 11 víctimas de secuestro.
El miedo por los secuestros es tal en Quintana Roo que una singular forma de extorsión ha prosperado, la de cobrarle a la potencial
víctima una “cuota” para no ser privada de la libertad o la vida:
Cancún .- El jefe de una banda de Zetas aprehendido por la policía
Judicial por el secuestro de dos empresarios madereros, por quienes
las familias pagaron un rescate millonario sin que fuera liberado;
el detenido, Reynaldo Padilla Quintero y/o Naim Díaz Villasana,
alias ‘El Rey’ tenía una lista de personajes que se disponían a
secuestrar.
En esta aparece, entre otros, el hotelero Normal Angulo Mc Liberty,
el presidente de la Cámara de Comercio (Canaco), Luis Ortiz Cardín; el dirigente del Consejo Empresarial, Víctor Zapata Vales; el ex
comisariado ejidal Rodolfo Valle Villaseñor, los magnates cerveceros
Mario Rendón Monforte y Johnny Baroudy Stefano y los madereros
Rigoberto Ramos Alonso y Felipe Martínez Alba, quienes siguen secuestrados.
En sus declaraciones Reynaldo Padilla Quintero, quién también se
hace llamar Naim Díaz Villasana, ‘El Rey’, confesó ser miembro de
los Zetas, y explicó que los empresarios, comerciantes y profesionistas
señalados como secuestrables fueron investigados ampliamente por
los delincuentes.
Según trascendió el comerciante y distribuidor cervecero Johnny Baroudi Estefano, de familia conocida en la entidad, había entregado
800 mil pesos para evitar ser secuestrado y proteger a su familia.92
Mas el secuestro es apenas de una pequeña parte de la extorsión
en Quintana Roo, la cual tiene proporciones masivas en el estado,
sólo comparables con las de Tamaulipas, Michoacán. Nuevo León y
Chihuahua. Y su modus operandi es el siguiente:
La forma como operan Los Zetas [en Cancún] para extorsionar fue
descrita por uno de sus integrantes en un video de un interrogatorio
que distribuyó en 2009 por Internet el grupo “Mata-Zetas” (probablemente ligado al Cártel de Sinaloa):
’A los dueños de los bares se les ubica, se les hace una visita y se les
pide de entrada 100 mil pesos para protección y 20 mil pesos mensuales. A los empresarios de los mercados sobre ruedas, tianguis, se
ubica al encargado del tianguis y por medio de este contacta a todos
los agremiados y se hace un cobro en general. A los que venden discos
pirata, se les cobra 10 mil pesos y aparte se les da el producto, es decir
los discos para que ellos vendan.
200 •
’A ellos [los vendedores de autos usados], depende el lote, si es muy
grande el lote le piden un auto y si es pequeño su lote de autos les
piden 50 mil pesos.
’A ellas [las prostitutas] les piden 15 mil pesos y cinco mil pesos mensuales, 15 mil de entrada y cinco mil mensuales.
’Emilio El Mango, Trujillo, es el encargado del bar La Perla Negra.
Él se encarga de ubicar los bares que extorsionan y él es el encargado
del bar, ahí es donde se acostumbran las reuniones de los jefes de la
célula, toda la célula de líderes de Los Zetas.93
Pero no únicamente los criminales extorsionan a quienes realizan esas actividades. En Cancún, en la zona habitacional, todas las
pequeñas tiendas misceláneas, mini-supers, farmacias, fondas, lavanderías, etcétera están sometidas a extorsión y cientos de estos
negocios han cerrado sus puertas cada año desde 2008.
Hay numerosos testimonios de esta peste que está asolando a
Quintana Roo:
Cancún, Q. Roo.- Pablo optó por dejar Cancún antes que someterse a
pagar a su extorsionador.
El optometrista decidió abrir un par de ópticas en Cancún luego de
que le dijeron que ‘había un buen mercado’ por el turismo.
En 2006 dejó Sonora y trajo a su esposa y cuatro hijos a vivir junto
al mar turquesa. Luego de dos años de bonanza, de apoyar fielmente
a ‘Los Potros’ del Atlante y de cultivar amistades entrañables en la
ciudad, un día recibió una visita desafortunada.
Un hombre entró a su óptica en un mercado ubicado en la avenida
Tulum y sin más preámbulo le expuso su mejor oferta: pagar 30 mil
pesos mensuales para permitirle continuar con su trabajo en ese mismo local.
El argumento que convenció a Pablo de que no se trataba de una broma de mal gusto fue escuchar uno a uno los nombres completos de sus
cuatro hijos, sus edades, el nombre de la escuela a la que asistía cada
uno, el turno y el salón en el que estaban.
A la semana siguiente, Pablo vendió sus propiedades en el estado,
empacó sus lentes, hizo las maletas y se llevó a su familia a vivir fuera
de Quintana Roo.
‘Mi error fue llevar mis lentes en un maletín lujoso, tal vez creyeron
que llevaba mucho dinero’, comentó a sus conocidos más cercanos el
hombre antes de partir.
Esta es la decisión que podrían verse obligados a tomar los más de
200 empresarios que han sufrido algún tipo de extorsión en la zona
norte del estado, y que lo han manifestado a la Comisión de Seguridad Pública de la Confederación Patronal de la República Mexicana
(Coparmex).
‘Podríamos convertirnos en una ciudad desierta si se van los empresarios’, afirmó en entrevista telefónica el presidente de la Comisión de
Seguridad Pública de la Coparmex, Hernán Cordero Galindo.
‘Es muy preocupante cómo se ha extendido el cobro del ‘derecho de
piso’. Eso hace un año era algo que se veía en Playa [Del Carmen],
incluso yo vaticiné que si no se controlaba pronto iba a contaminar
a Cancún también’, añadió el presidente de dicha comisión, Hernán
Cordero Galindo.
El empresario señaló que las denuncias que llegan a la comisión proceden de empresarios de todos los giros y tamaños, sin embargo lo
único que se puede hacer dentro de esta organización es ‘tomar nota’,
asesorarlos sobre cómo denunciar y hacerles recomendaciones para
mantener su seguridad.
‘Nadie quiere denunciar, tienen miedo (…)94
Chetumal, Q. Roo.- El delegado de la Cámara Nacional de Comercio
(Canaco), en la comunidad de Rojo Gómez, Israel Castillo Olivera
advirtió sobre el cierre masivo de negocios cercanos a la ribera del río
Hondo, debido a que existe temor entre los comerciantes por la ola de
robos, extorsiones e incluso homicidios que se han presentado.
Castillo Olivera, delegado de la Canaco en la alcaldía de Rojo Gómez,
indicó que en la zona rural los comerciantes están sufriendo una ola
202 •
de asaltos y extorsiones por parte de delincuentes quienes pasan a
cobrar factura periódicamente alegando ‘protección’.95
Cancún, Q. Roo.- La delincuencia organizada ha sembrado el terror
entre los empresarios de todas las categorías. El cobro de “derecho
de piso” ha llevado a cerrar sus negocios a unos 50 empresarios, y
10 más a manejarlos desde el extranjero, según datos que maneja la
organización civil, Ángel Ciudadano.96
Quintana Roo .- La delegación de la Coparmex, señaló que grupos de
criminales organizados han extendido de manera preocupante las extorsiones en la entidad. Lo mismo atacan a grandes empresarios que
a pollerías, taquerías y salas de belleza, señaló el dirigente, Hernán
Cordero Galindo.
El dirigente informó que las extorsiones han frenado aproximadamente 20 por ciento el desarrollo de nuevas empresas en esta ciudad,
en los últimos cinco años.97
Por muchos años fue un lugar emblemático de Cancún, incluso, se
presume que fue la primer cantina del Caribe Mexicano bajo un concepto tradicional al estilo ‘chilango’ que además, traspasó fronteras
porque fue visitado por un sin número de figuras públicas, entre políticos, actores y deportistas, pero hoy, ‘La Guadalupana’ que operó por
muchos años en la plaza de toros de Cancún, ha cerrado sus puertas
víctimas de las extorsiones del crimen organizado.
Así, la cantina ‘La Guadalupana’ se suma a la larga lista de negocios
importantes que ante la falta de garantías de las autoridades para seguir
operando en Quintana Roo, ha optado por cerrar sus puertas cansados
ya, de pagar el clásico derecho de piso que no cobra, sino que exigen los
miembros de la delincuencia organizada, sobre todo de ‘Los Zetas’.
En las últimas semanas, trascendió que los propietarios de este lugar
que tenía una afluencia anual de 30 mil parroquianos, estuvieron pagando su ‘cuota’ al crimen organizado de hasta 40 mil pesos mensuales, cifra que quizá les aumentaron o de plano, ya no pudieron seguir
pagando y por ello, optaron por mejor ‘bajar las cortinas’.
Cifras extraoficiales, señalan que al menos el año pasado, en Playa del
Carmen alrededor de 100 negocios (de todo tipo), cerraron sus puertas al ser víctimas del crimen organizado. En tanto que en Cancún,
suman poco más de 200 los que se han visto afectados por esta misma
situación.
La extorsión siguió creciendo y poco a poco los dueños de bares, discotecas, cantinas y otros ramos, fueron incluidos en la lista de los
delincuentes que lo mismo amenazan a negocios lucrativos de la zona
turística que en las colonias populares.
Quintana Roo cerró de forma dramática el 2011, al registrarse el cierre de alrededor de 300 establecimientos comerciales y empresariales,
debido a las extorsiones y amenazas de la delincuencia organizada.”98
Toda una gran inversión de muchos años sucumbió ante el crimen
organizado, con el cierre obligado de la discoteca “Bulldog Café”, ubicado en pleno corazón de la Zona Hotelera cuyos inversionistas se
hicieron a un lado y prácticamente huyeron de ese centro de diversión
nocturna, ante la persecución y abierta presión criminal de la delincuencia organizada, por la extorsión directa.
Sin la menor defensa posible, y acorralados por el crimen organizado,
dejó de operar la famosa discoteca y cerró sus puertas ya, el enfrentar
la amenaza de la narco-cuota mensual, es decir la disfrazada venta
de protección bajo la amenaza criminal de padecer las consecuencias
más graves. Y como hubo respuesta, la reacción criminal fue la de
sembrarle numerosos ‘tiradores’ de droga que ofrecían directamente
los estupefacientes a la clientela que acudía a este lugar.99
Más de 40 empresarios en Cancún y 50 en la Riviera Maya han recibido amenazas de extorsión durante los dos primeros meses del año,
reveló el sector empresarial de la zona norte de Quintana Roo.
Lo anterior se suma a la ola de secuestros que se ha incrementado
en la zona norte de Quintana Roo, y en donde el problema se ha recrudecido debido principalmente al aumento de células del crimen
organizado.
204 •
De acuerdo con el sector empresarial, la situación además de ser desesperante es insoportable tanto en Cancún como en la Riviera Maya,
ya que los negocios que han comenzado a ser acosados, no pertenecen
directamente a la industria turística.100
Cancún, MX.- El crimen organizado está extorsionando a los empresarios y nos vamos a reunir con ellos para seguir trabajando en
contra de este mal, afirmó ayer el General de Brigada Diplomado de
Estado Mayor, Manuel Virgilio Morales Herrera, comandante de la
Guarnición Militar de Cancún.
En entrevista con los medios, luego de presidir la Toma de Protesta
de los soldados del Servicio Militar Nacional, informó que durante
el transcurso de la presente semana se reunirán con los empresarios
para atender este flagelo de la extorsión.”101
Cancún, 03 de mayo.- De 15 a 20 mil pesos semanales por “derecho
de piso”, era la suma que cobraban Lucio Retana Peña (a) “El Gordo” y/o “Piña” y José Manuel García González (a) “El Borracho”,
a restaurantes y bares del centro de la ciudad por “derecho de piso”.
Después de desertar como halcones para el Cártel del Golfo por falta
de pago, los dos sujetos fueron re contratados por la misma célula
para trabajar como extorsionadores.”102
En Quintana Roo no cabe duda de que la resistencia a la extorsión se
paga con la destrucción de negocio de la víctima o con la propia vida.
De ello tres casos:
El 23 de septiembre de 2011, dos hermanos que tenían negocios de
máquinas mini-casinos y que habían recibido llamadas exigiendo el
pago del “derecho de piso”, a lo que ellos se rehusaron, fueron secuestrados. Después sus familiares pagaron el rescate exigido por los
secuestradores, pero pese a ello los hermanos fueron asesinados.103
Cancún, MX.- Carlos Barragán Figueroa (a) “El Paletas’, un sujeto
apodado ‘El Semental’ que al parecer es un elemento de Seguridad
Pública y un tipo conocido como ‘Memín’, todos, miembros activos
de ‘Los Zetas’, fueron los autores materiales del narco-ataque regis-
trado en el interior del bar ‘Castillo del Mar’, ubicado en la Región
229 la madrugada del martes pasado como una venganza porque su
propietario se negó a pagar una extorsión que había ido a cobrar Juan
Martín Peña González (a) ‘El Anciano’ a principio de agosto pasado.
Así, quedó asentado en el interrogatorio hecho por la Policía Judicial
del Estado al propietario del bar, quien voluntariamente la tarde de
este miércoles presentó ante la Subprocuraduría de Justicia del Estado a declarar en torno a los hechos.
Por más de tres horas, León Castillo fue interrogado por los judiciales
y en relación a los hechos, señaló que él no se encontraba en el bar y
de todo lo ocurrido, se enteró por su jefe de seguridad y las otras personas que resultaron ilesas.
Dijo que si no había acudido antes a declarar, es porque teme por su
vida, ya que este ataque fue directo y en cumplimiento a la amenaza
que recibió por parte de Juan Martín Peña González (a) ‘El Anciano’
cuando pretendió extorsionarlo con 40 mil pesos a nombre de ‘Los
Zetas’.
En ese sentido, León Castillo asentó en su declaración ante la PJE,
que de acuerdo a lo que su gente (jefe de seguridad y encargado) le
ha reportado, es que este ataque fue perpetrado por un tipo apodado
‘El Paletas’ y que se llama Carlos Barragán Figueroa que llegó con
dos sujetos más que les apodan ‘El Semental’ que al parecer es un
elemento de Seguridad Pública y un tipo conocido como ‘Memín’.”
[Como consecuencia del ataque acaecido el 31 de agosto de 2010, ocho
personas perdieron la vida)104
El crimen organizado en Cancún, Quintana Roo, ha utilizado la industria del taxi como fuente de ingresos a través de la extorsión, revela la consultora en temas geopolíticos Stratfor.
En un análisis, la firma estadounidense detalla que existe evidencia
que sugiere la existencia de fracciones desertoras de Los Zetas, las
cuales tratan de controlar los ingresos de los taxistas que se dedican
al transporte de turistas a través de extorsiones.
206 •
Stratfor recuerda que el 14 de marzo, un grupo de hombres armados
mataron a siete personas e hirieron a otras cinco en un bar de esta
ciudad; tres de los muertos eran líderes de la unión de taxistas de
Quintana Roo.
El 16 de marzo, las autoridades detuvieron a dos sospechosos de estar
involucrados en los tiroteos. De acuerdo con uno de los detenidos,
Héctor Cacique Fernández “El Diablo”, ambos pertenecían a Los Zetas y son responsables de cobrar las cuotas de extorsión en la zona
hotelera de la ciudad.105
La extorsión se ha impuesto en Quintana Roo en gran medida
porque la policía del estado está completamente corrompida. He
aquí dos expresiones reveladoras:
Cancún, MX.- La Secretaría de Seguridad Pública de Cancún es una
sucursal de la delincuencia organizada. Cerca de 600 elementos están relacionados con las células delictivas que operan en la entidad a
pesar de que constantemente se ha manejado desde el gobierno municipal una ‘depuración’ de la corporación policíaca.
Hoy en día, la policía preventiva del principal destino turístico del
país, está inmersa en la corrupción y en la impunidad, sostiene un
informe de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada, SIEDO, sustentada por un trabajo de inteligencia militar realizado en el municipio.
En dicho informe, se habla de que también la Procuraduría de Justicia del
Estado, tiene por lo menos 200 agentes -sobre todo en Chetumal, Cancún
y Playa del Carmen-, involucrados directamente con el crimen organizado.
La información a la cual tuvo acceso los Diarios POR ESTO!, indica
que cada elemento en promedio recibe una cifra de 3 mil a 5 mil pesos
mensuales por parte de la delincuencia -en específico del cártel del
Golfo- para realizar diversas ‘tareas’ y trabajos en beneficio de este
grupo criminal.106
Chetumal.- El titular de la 34 Zona Militar con sede en esta ciudad,
Anastasio García Rodríguez pidió aplicar pruebas de control y con-
fianza a toda la policía de Cancún, pues estimó que aproximadamente
el 90 por ciento de los agentes podría tener vínculos con el crimen.
El funcionario castrense aseguró que de acuerdo con las nóminas y
otros documentos del crimen organizado hallados por el Ejército, se
encontraron datos que involucran a un importante número de agentes policiacos de esa ciudad.
‘Ahí están las nóminas de lo que reciben los policías (de parte del
crimen) empezaron primero con 450 elementos, luego subió a 550,
750 y luego a 850 y si tienen 900 elementos operativos se puede decir
que casi todos tienen algún nexo con la delincuencia, distribuidos en
los catorce sectores (de Cancún) contando a Leona Vicario y Puerto
Morelos’, precisó el jefe militar.
García Rodríguez informó que la infiltración del crimen también
afecta al resto de las corporaciones policíacas del estado pero el principal problema se tiene con los uniformados de Cancún, cabecera municipal de Benito Juárez.107
El comandante de la 34 Zona Militar, Anastasio García Rodríguez,
polémico por declarar que el 90 por ciento de la Policía de Cancún
está infiltrada por el crimen organizado, dejará la titularidad de este
sector del ejército, con bases en Chetumal, Cancún y Cozumel; de
acuerdo a fuentes confiables.108
El presidente municipal de Benito Juárez, Julián Ricalde Magaña,
aceptó tácitamente que su Policía es corrupta, al revelar que mantiene
en la corporación a por lo menos 150 malos elementos que están en
las calles pese a no estar en condiciones de prestar el servicio de Seguridad Pública a la ciudadanía, la justificación del munícipe es que
“no tiene dinero” para liquidarlos, aun cuando apuntó, pueden habar
todavía más elementos en esta misma condición.
La Policía de Cancún fue señalada como un centro de corrupción
hace apenas unos meses por mandos castrenses destacamentados en
Quintana Roo, y esta acusación alcanzó la atención nacional, cuando
el propio Ricalde protestó por las declaraciones de los militares.”109
208 •
La Policía Municipal detuvo a dos sujetos quienes dijeron llamarse
Domingo Árias Pérez, de 23 años, originario de Tabasco, de ocupación
policía preventivo y Carlos Adrian Aguilar Caballero, de 28 años, originario de Quintana Roo, de ocupación policía preventivo, por el delito de
violación, en agravio de la menor I.R.V., de 12 años, en la Supermanzana 72, Manzana 05, de esta ciudad, según un boletín de prensa.110
Es cierto que gran responsabilidad sobre la corrupción de los policías de Cancún recae sobre quienes han sido presidentes municipales
del puerto, pero también la hay responsabilidad en el gobierno local.
¿En dónde estaban Félix González Canto y Roberto Borge Angulo
mientras la extorsión y el secuestro crecían explosivamente en Cancún y otros puntos del Estado? ¿por qué permitieron que se consolidara la corrupción de la policía?
Ambos, González Canto y Borge Angulo, pertenecen a la misma
facción del ex gobernador Mario Villanueva Madrid (1993-2009),
quien estuvo preso 9 años en México y acaba de recibir una sentencia menor en Estados Unidos por su colusión con el Cártel de Juárez,
cuando era mandatario estatal. Él fue quien sembró la podredumbre
de la policía en Quintana Roo y sus más recientes sucesores al parecer tratan de preservar el sucio legado de “El Chueco”.
Así es como se hermanan el “viejo PRI” y el “nuevo PRI”…
Estado de México: singulares e inexplicables operadores
Entre las peores imágenes de la violencia que ha golpeado a México, destaca la de los 24 cadáveres hallados el 12 de septiembre de
2008 en el parque nacional La Marquesa del Estado de México.
No sólo resultaba atroz el que las víctimas fueran personas inocentes (humildes albañiles) ni su número, sino además la manera en
que fueron atormentados y llevadas a la muerte:
El primer domicilio de dos plantas servía también como casa de seguridad y laboratorio clandestino para procesar drogas sintéticas para
la célula de los hermanos Beltrán Leyva que comanda el matón Édgar
Valdez Villarreal, La Barbie. Cuando lo catearon el 20 de octubre,
con una orden del juzgado Tercero de Distrito en materia penal con
residencia en Naucalpan, peritos en balística, fotografía, química, ingeniería, criminalística y arquitectura todavía encontraron trozos de
cinta canela con cabello humano, así como manchas de sangre (que
no resistieron una prueba simple de luminol) en la alfombra y las
paredes de varias habitaciones.
(…)
La conclusión fue simple en este amargo episodio: a los cautivos los
molieron a palos. Les querían quitar la vida lentamente quebrándoles
los huesos y reventándoles el corazón. La sangre, una mancha tras
otra en los pisos o en la alfombra, y los mechones de pelo arrancado
a las víctimas llevaron a casi todas las recámaras. No hubo clemencia para ninguno. Los narcotraficantes favorecían la propagación del
terror.
Fue una orgía de horror. Los tenían de pie, atados de manos, con lo
ojos vendados, amordazados con cinta canela, con los pies amarrados,
pegados a la pared.111
Pero ¿en qué contexto se dio esta masacre?, ¿por qué se dio?, ¿cuál
fue la trama que tuvo tan trágico resultado?
La trama se fue develando pocos días después de la matanza.
Reforma reveló:
Acusan nexos con narco de ex delegado en Edomex
(19-Sep-2008).REFORMA / Staff
El ex delegado de la PGR en el Estado de México, José Manzur Ocaña, fue señalado en declaraciones ministeriales como presunto protector de actividades del narcotráfico por un narcomenudista local
convertido en testigo protegido, confirmaron fuentes federales.
El testigo protegido, de nombre “Noé”, fue asesinado y su cuerpo
apareció en La Marquesa el pasado 21 de agosto junto con otros dos
210 •
agentes federales. [Nota: Esta matanza es distinta de la del 12
de septiembre de 2008]
Según las declaraciones ministeriales Manzur Ocaña y funcionarios
locales del Gobierno del Estado de México estarían involucrados en el
cobro de protección a integrantes de grupos como “Los Zetas” y “La
Familia”, que han repuntado su actividad en el Estado de México en
las últimas semanas.
Manzur Ocaña dejó de ser delegado de la PGR hace dos meses. Había
sido nombrado en agosto de 2007. Según fuentes federales ahora está
ilocalizable. Un mes después de que Manzur Ocaña fuera nombrado
delegado de la PGR en el Estado de México, su medio hermano José
Manzur Quiroga, renunció a su cargo de subsecretario de Gobierno
estatal [Nota: Hasta el 8 de marzo de 2012 en que pidió licencia
como diputado local, Manzur era el Presidente de la Junta de
Coordinación Política del Congreso Local del Estado de México, por decisión de Enrique Peña y Eruviel Ávila y también por
decisión del primero candidato a diputado federal].
Fue sustituido por Luis Miranda, quien ha sido investigado por la
PGR por presuntos delitos cometidos durante la administración del
Gobernador Arturo Montiel y quien tiene además una denuncia ante
la Procuraduría mexiquense acusado de abuso de autoridad y coalición de funcionarios contra la disidencia magisterial.
Los Manzur son conocidos por sus amplias relaciones políticas y personales con personajes mexiquenses, principalmente del denominado
Grupo Atlacomulco. Gozan de gran cercanía con el actual Secretario
de Gobierno, Humberto Benítez Treviño.
Manzur Ocaña fue retirado de la delegación de la PGR el pasado 6
de julio.
De acuerdo con reportes federales, la red de protección federal y estatal
al narcotráfico en el Estado de México, quedó al descubierto cuando
un distribuidor de droga del Valle de Toluca, de nombre ‘Noé’ decidió
colaborar con la PGR y abandonar sus complicidades con el narco.
‘Noé’ era el responsable de cobrar la ‘renta’ a todos los narcomenudistas del Valle de Toluca y, según su dicho asentado ministerialmente,
entregaba el dinero a Manzur Ocaña y a policías y funcionarios locales, cuyos nombres no están revelados.
El testigo protegido dijo también que cuando en agosto de 2007 Manzur llegó a la Delegación de la PGR, repuntó la presencia en Toluca
de Los Zetas.112
Ante la información que lo ligaba con el ex delegado de la PGR,
Enrique Peña Nieto sólo dio evasivas:
Sobre el ex delegado de la PGR, ¿qué nos dice del señor Manzur?, se
le preguntó mientras salía de Palacio Nacional al término del consejo.
‘No tengo nada que comentar’, contestó.
¿Hay alguna cosa de dónde está?, se le insistió.
‘No tengo nada. No conozco nada’, evadió.
¿Y sobre los vínculos de algunos funcionarios en su estado con el
narcotráfico?
‘Bueno, está la investigación en curso y de los avances que se tengan
serán ustedes informados’, atajó.113
Por su parte el entonces Secretario de Gobierno de Enrique Peña
y ex Procurador General de la República, Humberto Benítez Treviño, reaccionó:
Le exijo a la PGR que ahonde en esta investigación hasta que llegue a
sus últimas consecuencias.
Y que una vez que la haya agotado, que acredite si Humberto Benítez
Treviño tiene alguna responsabilidad o no, pero no voy a permitir que
se involucre mi nombre en este tipo de conjeturas”, afirmó Benítez
tajante.
El funcionario, quien dijo ser el único mexicano en el País en haber
sido tres veces procurador, una en el Edomex, otra en el Distrito Federal y una más en la PGR, cuestionó la filtración de una denuncia
en los medios de comunicación, sobre todo viniendo de un delincuente convertido en testigo protegido de la PGR.
212 •
Me molesta que ande circulando una supuesta información de un
testigo protegido que no tiene ninguna veracidad.114
Por su parte El Universal, el 14 de octubre de 2008, arrojó más luz
sobre la maraña en medio de la cual se había dado la masacre:
Fuentes del gobierno estatal y de la Procuraduría de Justicia que pidieron no ser identificadas revelaron que este escenario de violencia se
debe a que “la plaza fue vendida por altos mandos políticos y operativos de seguridad a dos cárteles distintos que se disputan el control, y
la irrupción de un tercero que también busca su tajada: La Familia”.
La venta por autoridades corrompidas habría iniciado hace al menos
dos años, aseguraron.
El testigo protegido cuyo testimonio Humberto Benítez trataba
de desacreditar, literalmente sabía demasiado:
’Antes de ser asesinado, y en su calidad de testigo protegido, Noé
Sánchez escribió una carta que pretendía enviar a Noticieros Televisa: Siendo originarios del Estado de México nos dirigimos respetuosamente a usted para denunciar la problemática del narcotráfico en
la entidad mencionada. [ ... ] Somos un grupo de personas las cuales
nuestros hijos han caído en las promesas (de) gente dentro del gabinete del señor gobernador Enrique Peña Nieto (que) tiene nexos con
el narcomenudeo y además reclutan (a) jóvenes que por la ansiedad
de ganar dinero fácil caen en esa red que ellos controlan y dirigen.
[...] Quienes no se someten o aceptan pagar renta o protección policiaca, llámese ministerial, municipal o federal (AFI, PR PGR), ahora
han coludido sus actividades delictivas uniéndose a otra organización
criminal llamada La Familia Michoacana, quienes se encargan de torturar, secuestrar, matar y amenazar a los demás jóvenes reclutados
que desobedecen a ese grupo delictivo. Hacemos mención de algunos
nombres de ellos: José Manzur (ex delegado de la PGR en Toluca),
Humberto Benítez Treviño, Pedro Guevara, Faustino Piña, comandante Huerta, comandante Ingacs (Ingals)... Todos ellos son algunos
de los que controlan y brindan protección a los narcomenudistas y
distribuidores en las localidades de Metepec, Zinacantepec, Lerma,
San Mateo Ateneo, Calimaya, Lerma, Ixtapan de la Sal y Tenango’:15
En sus declaraciones ministeriales el testigo protegido relató hechos
como estos:
‘Una vez que expliqué a Manzur Ocaña qué hacía con la policía ministerial, me contó que tenla relación con todas las corporaciones policiacas federales, estatales y municipales, que él podía coordinar todo
lo de la venta de droga en tienditas, piratería y el robo en general,
para que me brindaran protección y no fuera molestado.’116
Ante el asesinato de Noé Sánchez sus familiares declararon: “las autoridades del Estado de México no le perdonaron que haya delatado
toda la red de narcotráfico que protege el gobernador Peña Nieto.117
Pero no era Manzur el único personaje turbio relacionado con el
entonces gobernador Enrique Peña:
Ese año, La Familia tomó otra decisión: eliminar a algunos jefes de
las policías mexiquenses relacionados con Los Zetas y que se hablan
dedicado a reventar las tiendas de droga de la Plaza Toluca, que capos
michoacanos hablan comprado en una extraña negociación por varios
millones de pesos a la delegación de la PGR.
El primer objetivo fue un policía pariente del gobernador Enrique
Peña Nieto: el comandante Cuitláltuac Ortiz Lugo, ese momento alto
funcionario de la PGJEM, a quien incluso se habla involucrado en el
robo de un cargamento de precursores para producir drogas sintéticas, armas y tres millones de dólares de la casa de seguridad de un
cártel que operaba en la zona residencial de Ciudad Satélite, Naucalpan, aunque nunca hubo ninguna investigación oficial. El tema
terminó por enterrarse y se acabó de tajo cuando Ortiz Lugo murió
en un muy extraño accidente automovilístico en las primeras horas
de la mañana -como se relató en capítulos anteriores-, saliendo de su
residencia en el municipio de Atlacomulco.
Desde septiembre de 2008, la revista Proceso había investigado: ‘Reportes de inteligencia consultados indican que cuando el gobernador
214 •
Peña Nieto habilitó a Cuitláhuac Ortiz, su sobrino político, como
director de la policía ministerial, en poco tiempo este funcionario comenzó a controlar los puntos de venta de droga. [...] Las investigaciones de la PGR establecen que Ortiz, actualmente en funciones,
operaba al amparo o en complicidad con José Manzur Ocaña, quien
hasta el 6 de julio pasado era delegado de la PGR […] y es ahijado de
Humberto Benítez Treviño’.”
Sin embargo, La Familia modificó sus planes porque, por tratarse de
un personaje cercano a Peña -se enteraron de que era familiar directos-, la seguridad de Ortiz Lugo exigía planear un atentado sobre
otras bases y llevaría más tiempo. Así, los michoacanos decidieron
eliminar al guardaespaldas del comandante Ortiz Lugo, el policía ministerial Braulio Nicolás Hernández Zúñiga.118
Asimismo el 27 de noviembre de 2010 fue detenido Luis Manuel
Becerril Mina, entonces director de seguridad pública en Bahía de
Banderas, pero que había sido director de la policía ministerial en
el gobierno de Enrique Peña Nieto. Becerril era pieza clave de la
amplia red de protección al narcotráfico en el Estado de México para
allegarse fondos para financiar las aspiraciones de “el patrón”:
Becerril fue detenido luego de que el Juzgado Séptimo de Distrito en
Jalisco obsequió una orden de aprehensión en su contra en la causa
penal 350/2010, en la que se acusa al funcionario de tener nexos con
Édgar Valdez Villarreal, La Barbie.
Según la indagatoria ministerial PGR/SIEDO/UEIDCS/302/2008
en la que se basó el juzgado, una testigo de la Procuraduría General
de la República (PGR) a la que se identifica como Claudia asegura
que Becerril estuvo implicado en el multihomicidio cometido el 12 de
septiembre de 2008.
Becerril fue nombrado director general de la Policía Ministerial
mexiquense en mayo de 2008, cargo que ocupó sólo ocho meses. Y fue
precisamente durante su gestión cuando se cometió la matanza en el
paraje mexiquense.
La testigo protegida, quien resultó ser cómplice del cártel de los hermanos Beltrán Leyva, menciona que Becerril y José Manzur Ocaña,
entonces delegado de la PGR en el Estado de México, tenían nexos
con ese grupo criminal. Hasta ahora, Manzur ha logrado evadir a la
justicia.
En su testimonio Claudia relata que La Barbie le pagaba a Becerril
para que protegiera a sus operadores en el Estado de México y lo hacía
a través del delegado de Aprehensiones de la procuraduría mexiquense en Ciudad Nezahualcóyotl, Rafael Ramírez Jaimes. Incluso asegura que fue Becerril quien le dio esa información.119
En resumen y según las investigaciones tanto de la PGR como las
periodísticas:
• Enrique Peña y Humberto Benítez tensaron al máximo su influencia política para que Manzur fuera hecho delegado de la
PGR, cosa que consiguieron en 2007.
• Manzur centralizó todas las fuerzas del gobierno tanto locales
como federales (a su alcance) para la venta de protección a los
grupos de narcotraficantes y también a bandas que cometían
otros delitos.
• Manzur y toda su red política y policial permitió que la organización de los Beltrán Leyva tuvieran un santuario en el Estado
de México y en particular en el municipio de Huixquilucan
(a donde fueron llevados las 24 víctimas de la masacre de La
Marquesa tras ser secuestradas).
• Pero Manzur vendió la plaza también a La Familia. Ante la
ausencia de un árbitro responsable, los grupos criminales dirimieron sus diferencias con el modo acostumbrado. Las 24 víctimas de La Marquesa fueron confundidas por sicarios de los
Beltrán Leyva con sicarios y narcomenudistas de La Familia.
Esta organización después les aclaró con mofa a sus rivales que
las víctimas no eran de su organización, que eran inocentes.
• El desparpajo de vender repetidamente la plaza y los proble-
216 •
mas de violencia que acarreó, respondieron al imperativo de
Manzur de recaudar la máxima cantidad de dinero posible en
el menor tiempo posible. Según investigadores que participaron en las pesquisas del caso, una línea de investigación sobre
el particular es el que el dinero podría tener como destino un
fondo para financiar las aspiraciones presidenciales de Enrique Peña.
Hoy Manzur sigue prófugo de la justicia y se le perdió la pista
desde julio de 2008. Según esos mismos investigadores, existe la posibilidad que Manzur esté muerto, que haya sido asesinado, como
muchos otros de los involucrados en esta sórdida trama.
Humberto Benítez Treviño ha seguido gozando de impunidad.
Fue hecho diputado federal y como tal trató de modificar la ley para
castigar a las víctimas de secuestro que pagaran rescates. Al inicio
del nuevo gobierno, fue premiado por Enrique Peña con la titularidad de la Procuraduría Federal del Consumidor, hasta que fue depuesto tras un incidente de arbitrariedad contra los propietarios de
un restaurante, a instancia de su hija.
Respecto a sus relaciones con Manzur, Enrique Peña, entonces
gobernador del Estado de México y hoy Presidente de la República,
le sigue debiendo una explicación al país.
Y la contribución de los demás
Los políticos del PAN no pueden arrojar la primera piedra
Sin menoscabar la responsabilidad de los gobernantes del PRI en
los últimos 12 años, cabe reiterar que la responsabilidad central recae en el PAN, que durante ese tiempo tuvo el máximo puesto de
responsabilidad política en México.
Sin atentar contra la lógica elemental, el reproche de los políticos
panistas de que la crisis de seguridad fue resultado de la herencia
que el Presidente Felipe Calderón recibió, antes que dirigirse hacia
los gobiernos federales priistas debía dirigirse a su antecesor inmediato, al también panista Vicente Fox Quesada.
Tras dejar la Presidencia de la República, Fox Quesada sufrió una
aparente transformación, como si un rayo lo hubiera tirado de caballo
camino a Damasco y se convirtiera en ferviente promotor de la legalización de las drogas y crítico de la estrategia que siguió Calderón Hinojosa. Ya en la Administración de Enrque Peña, a Fox Quesada se le pasó
mucho del furor de activista en pro de la legalización del narcotráfico.
Pero ese activismo del guanajuatense no fue sino una cortina de
humo para tratar de encubrir su grave responsabilidad en la crisis
de inseguridad y violencia que sufre el país. Si él hubiera cumplido
con sus obligaciones legales, la situación de México sería distinta.
En no pocos países civilizados, la conducta del ex presidente Vicente
Fox lo habría llevado a enfrentar sanciones cuando menos administrativas.
y la contribución de los demás • 221
Las peores acciones y omisiones del ex presidente Vicente Fox en la
materia, que contribuyeron decisivamente a la crisis en curso, fueron:
1. El pecado original de los turbios orígenes del financiamiento
de su campaña electoral que lo llevó al poder, así como sus
relaciones con sujetos investigados por el gobierno estadounidense por lavado de dinero.
2. La fuga de Joaquín Guzmán Loera “El Chapo Guzmán” de
una prisión federal de máxima seguridad y la presunta protección para que se convirtiera en el máximo capo de México.
3. Continuar con la política de perseguir a unos delincuentes y
favorecer así a sus rivales.
4. Proseguir con la política de dejar que los criminales se maten
entre sí y capturen las corporaciones policiales.
5. Negarse a actuar contra autoridades locales de alto nivel coludidas con los grupos criminales.
6. Permitir que las prisiones federales de alta seguridad se convirtieran en nichos de corrupción.
7. Ser indiferente ante la problemática de seguridad pública del
país.
8. Negarse a iniciar la reforma del sistema de justicia penal en el
país, en particular de las policías y con énfasis en su integridad y eficiencia.
9. Tolerar a los grupos terroristas.
10.Rodearse de colaboradores incompetentes y/o corruptos.
El pecado original
Aunque hubo sanciones por el financiamiento ilegal a su campaña electoral, aún no está claro quiénes eran exactamente Los Amigos
de Fox, salvo algunos, entre ellos William Karam Kassab, un empresario, que tras el triunfo del panista, gozó del derecho de picaporte
a las oficinas del Mandatario y de Martha Sahagún.
222 •
y la contribución de los demás
Karam figura en un reporte de una agencia de inteligencia antidrogas de Estados Unidos, que es parte de una investigación practicada a la familia Hank por sus presuntos vínculos con el narcotráfico. En dicho reporte se dice lo siguiente sobre este personaje:
Paul Karam Kassab y algunos de los miembros de su familia son coinversionistas en bienes raíces y algunos negocios con el grupo Hank.
De acuerdo con fuentes confiables, más de 50 millones de dólares han
sido depositados en bancos suizos por Karam Kassab. Estos depósitos
están relacionados con el Grupo Hank. Además entre 1978 y 1990,
algunos depósitos de dinero fueron hechos por Karam en algunos casinos de Estados Unidos. Un total de 159 millones de dólares en reportes CTR fueron informados.
En el mismo mes (abril de 1996) se reportó a la DEA, lo cual fue
corroborado por una fuente independiente, que en 1994 cincuenta
millones de dólares fueron transferidos desde Interacciones Casa de
Bolsa, de la cual 67 % es propiedad de Carlos Hank, a cuentas de la
familia Karam Kassab la cual está clasificada por la DEA Houston
Field División como lavadora de dinero. La fuente dijo que no era
posible que una cantidad muy grande de efectivo haya salido de Interacciones Casa de Bolsa sin la aprobación de Carlos Hank Rhon.120
La fuga de “El Chapo Guzmán” y su protección
La fuga de Joaquín Guzmán del penal federal de alta seguridad
de Puente Grande, Jalisco en 2001, es definido por Anabel Hernández como “una historia de complicidad, corrupción y encubrimiento”, una confabulación en la que “estaban involucrados el director
general de Prevención y Readaptación Social Miguel Ángel Yunes”
y Jorge Tello Peón, Subsecretario de Seguridad Pública, además de
consejero de cabecera de Fox y de Calderón.121
Pero la fuga de “El Chapo” no fue fortuita. La idea de que huyó
para, después, convertirse en el máximo capo en un par de años, es
falsamente cándida. Hoy queda claro que fue excarcelado para intentar otra vez el sueño de algunos políticos mexicanos de crear una
sola organización de los narcotraficantes en México.
Escribe Anabel Hernández en su obra “Los señores del narco”:
El revigorizado cártel de Sinaloa, comandado por Joaquín Guzmán
Loera, recién salido de la prisión, comenzaba a mostrar la fuerza de
su impunidad. La fuerza se la daba no sólo la protección del gobierno
federal. El Chapo no estaba solo, era el gerente de una ambiciosa organización criminal recién bautizada como La Federación, que aglutinaba a los principales capos de la organización del Pacífico.
En octubre de 2001 se llevó a cabo en Cuernavaca y en el Distrito
Federal un concilio histórico entre los miembros de la organización
del Pacífico.
(…) En el encuentro participaron más de 25 narcotraficantes, entre
ellos los líderes: Ismael El Mayo Zambada, Vicente Carrillo Fuentes,
Vicente Zambada Niebla, Ignacio Coronel Villarreal, Marcos Arturo
Beltrán Leyva y Alfredo Beltrán Leyva, en representación de Juan José
Esparragoza Moreno, El Azul. También acudieron Armando Valencia
Cornelio y un representante de la organización de los Amezcua.122
La situación es muy simple, de no haberse permitido la fuga de Joaquín Guzmán, no haberle dado protección y no habérsele asignado
la tarea de intentar someter a todos los demás narcos, no habríamos
tenido una “guerra por Tijuana”, “una guerra por Juárez” o una
“guerra por Tamaulipas.
Perseguir a unos delincuentes y favorecer así a sus rivales
El gobierno de Vicente Fox presumió de haber hecho contra el
narcotráfico lo que nunca se había hecho. En realidad hizo lo que
hicieron sus predecesores: perseguir a unos criminales para simular
y favorecer así a los contrarios. Realmente Fox Quesada persiguió a
Osiel Cárdenas el máximo líder del Cártel del Golfo y a los herma-
224 •
nos Arellano Félix, al grado de que el primero y Benjamín Arellano
Félix ahora están presos en Estados Unidos, pero no hubo acciones
equivalentes para La Federación, los socios de El Chapo.
De nuevo cabe citar a Anabel Hernández en referencia a la cumbre de narcos en la que se fundó La Federación.
El tema central de la mítica reunión convocada por El Chapo en
Cuernavaca y el Distrito Federal era la ordenación de las bandas del
Pacífico y su aglutinamiento en una organización nacional donde
todos sumaran los esfuerzos individuales para el tráfico, traslado y
acopio de droga. Así, se planteó la necesidad de planear el exterminio
de los hermanos Arellano Félix, con quienes Guzmán Loera había iniciado una guerra en la década de 1990 que aún no olvidaba. Durante
el sexenio de Vicente Fox, El Chapo contempló la muerte y la caída
del imperio de sus enemigos con la ayuda del gobierno federal y con
la información que él mismo había filtrado a las agencias de Estados
Unidos cuando estaba en prisión.
En la primavera de 2002 la organización de los Arellano Félix comenzó a ir en picada debido a los golpes asestados en el sistema nervioso
y en el corazón del cártel.123
Proseguir con la política de dejar que los criminales
se maten entre sí y capturen las corporaciones policiales
Si unos delincuentes eran perseguidos y otros no y además había
carta blanca para que los criminales se mataran entre sí, tanto los
favorecidos como sus rivales terminaron por comprender que no
tenían porqué limitarse en el uso de la violencia. Tampoco admitieron otros límites: no matar agentes del orden, no agredir personas
inocentes, no capturar corporaciones policiales completas y sólo a
sus jefes corruptos.
En la capacidad de violencia la responsabilidad de Fox Quesada es enorme, porque es inimaginable que a partir del 1 de di-
ciembre de 2006 los capos de pronto hayan decidido masacrarse.
Bajo los gobiernos de Carlos Salinas y Ernesto Zedillo fueron asesinadas unas 4,500 personas en ajustes de cuentas entre grupos
criminales.
Pero sólo bajo el mandato de Fox la cifra de muertos subió a 10
mil. Al final del sexenio foxista la violencia escalaba velozmente en
Michoacán y Guerrero.
Pero además, el favoritismo del gobierno de Vicente Fox hacia
determinados capos ni siquiera significó que contra los otros se actuara eficazmente para desmontar sus maquinarias de matar. Lejos
de eso los “ejércitos” del Cártel del Golfo, Los Zetas y el Cártel de
Tijuana se fortalecieron como nunca y ni que decir de las bandas
de sicarios de los favoritos. Así se armó la bomba de tiempo que le
estalló en la cara a Felipe Calderón cuando llegó a la Presidencia de
la República.
Quizás cuando Vicente Fox era Presidente ya no creía en la guerra
contra las drogas.
Pero si tal era su creencia tendría que haber renunciado a su investidura, pues al tomar posesión juró cumplir y hacer cumplir las
leyes.
Pero independientemente de lo que Fox creyera o no sobre la prohibición de las drogas, lo que es inadmisible es tolerar -como hizo
él- la violencia, los levantones, la tortura, las desapariciones, el asesinato.
Y respecto a la captura de las policías por los grupos criminales
también hubo una grave responsabilidad del entonces Presidente
Vicente Fox.
Cuando en julio de 2006 la PGR detuvo a casi todos los integrantes de la policía municipal de Apatzingán, Michoacán, por
estar al servicio de Los Zetas, el gobierno sabía que la situación
era muy similar en decenas de municipios más de Michoacán,
Guerrero, Tamaulipas, Chihuahua, Sinaloa y Tabasco ¿Por qué
226 •
esas policías no fueron intervenidas? Por que a Vicente Fox simplemente no le importó.
Negarse a actuar contra autoridades locales
de alto nivel coludidas con los grupos criminales
Por la misma razón Vicente Fox tampoco quiso actuar contra los
gobernantes locales que protegían a los grupos criminales. Ni siquiera intentó acciones como las de Calderón Hinojosa.
Por supuesto, no le faltaba información de la colusión de los gobernadores como los de Tamaulipas, ni de otros estados, que eran
verdaderos santuarios de impunidad.
Y es que si Fox Quesada hubiera actuado tendría que haber
comenzado por Guanajuato. Un ex colaborador cercano a Fox reveló que mientras su ex jefe despachó en Los Pinos, residió en
ese estado -muy tranquilo- y a unos pocos kilómetros del rancho
San Cristóbal, Juan José Esparragoza Moreno, El Azul, quien ha
sido uno de los máximos capos del narcotráfico desde los años
ochenta…
Permitir que las prisiones federales de alta seguridad
se convirtieran en nichos de corrupción
Bajo el gobierno de Vicente Fox no sólo se escapó Joaquín Guzmán de una prisión de alta seguridad, sino que varios penales reprodujeron muchos de los vicios de las prisiones convencionales: se
vendían plazas de directores y otros cargos, se traficaban privilegios
y hubo asesinatos, que se suponen era algo imposible.
Esto no hizo sino enviar una señal más a los criminales más
peligrosos, la de que era posible desafiar al Estado y salirse con
la suya, incluso cuando éste tiene -en teoría- sometidos a los
criminales.
Ser indiferente ante la problemática
de seguridad pública del país
Tras celebrarse la marcha del 27 de junio de 2004, la más concurrida en la historia del país, quienes la convocamos demandamos a los diferentes niveles de gobierno respuesta al clamor
nacional por la inseguridad pública ¿Qué fue lo que respondió
Vicente Fox?
Tras de escuchar los reclamos y propuestas, se concretó a decir
que el 95% de los delitos que ocurrían en el país eran del fuero común y que correspondía prevenirlos y perseguirlos a los gobernantes locales. Se lavó las manos.
Olvidaba que había sido electo Presidente de la República y
que en tal calidad encabezaba al Sistema Nacional de Seguridad
Pública.
Un Presidente con un mínimo de sensatez y sentido de responsabilidad habría hecho valer el liderazgo que la ley le reconoce en
el Sistema Nacional de Seguridad Pública y habría propuesto a los
gobernadores un plan para abatir el delito y la impunidad, con metas a cumplirse en plazos perentorios y con sanciones para quienes
no cumplieran.
Al final de su mandato, el Presidente Felipe Calderón intentó algo parecido a lo que desde 2000 venimos demandando. Es cierto
que el incumplimiento de las metas de reducción del delito no da
lugar a ninguna sanción.
Pero Vicente Fox ni siquiera intentó lo que promovió su sucesor, si hubiera actuado de la manera como le exigimos, la actual
crisis de seguridad sería de una magnitud considerablemente
menor.
228 •
Negarse a iniciar la reforma del sistema de justicia
penal en el país, en particular de las policías
y con énfasis en su integridad y eficiencia
En el mismo sentido de lo anterior, Vicente Fox eludió su responsabilidad al no encabezar un esfuerzo real para reformar el sistema
de justicia penal y en particular a las policías, muchas de las cuales
estaban y están gravemente afectadas por la corrupción y la ineficiencia.
Durante su mandato, el Presidente Ernesto Zedillo dio los primeros pasos en ese sentido con la creación del Sistema Nacional de
Seguridad Pública y una depuración generalizada de las policías.
Pero su sucesor, Vicente Fox no hizo su parte. Fue el Presidente Felipe Calderón quien retomó el hilo, con todos los defectos que se
quieran señalar.
Si esta reforma se hubiera realizado en tiempos de Fox, los grupos criminales habrían visto limitada su capacidad de violencia, al
carecer del control de corporaciones policiales completas y nos hubiéramos ahorrado buena parte de la terrible mortandad de los últimos años.
Tolerar a los grupos terroristas
De principio a fin de su mandato, Vicente Fox trató de complacer
a los grupos que con pretextos ideológicos o políticos han optado
por la violencia y la clandestinidad. En forma por demás insólita, la
primera prioridad política de Fox al iniciar su gobierno fue tratar de
“pactar la paz” con el “Ejército Zapatista de Liberación Nacional”
(EZLN), como si se tratara de la cosa más importante para el país.
Asimismo, durante los cinco últimos meses del mandato de Vicente Fox, la ciudad de Oaxaca sufrió un motín, cuyos líderes reales eran jefes del terrorista “Ejército Popular Revolucionario” (EPR).
Fox Quesada dejó correr la revuelta que ya había rebasado la capacidad de los gobernantes y las policías locales y fue en la última
semana en que accedió a movilizar a la Policía Federal Preventiva
para despejar vialidades, porque así lo exigió el entonces Presidente
electo Felipe Calderón. Fox no se atrevió siquiera a detener a los
líderes formales del motín; eso tuvo que hacerlo Calderón Hinojosa.
Durante el mandato de Vicente Fox los grupos terroristas cometieron decenas de secuestros, por los cuales obtuvieron unos 70 millones de dólares. De esos secuestros, sólo los responsables directos
de cinco de ellos (integrantes de una célula del “Ejército Revolucionario de Pueblo Insurgente”, ERPI) fueron detenidos. La orden de
Vicente Fox fue clara a toda el área de seguridad nacional: no tocarles un pelo a los terroristas, no investigarlos, no detenerlos.
En noviembre de 2004 en la delegación Tláhuac del Distrito Federal y con la complacencia de Andrés Manuel López y Marcelo
Ebrard, una turba linchó a 3 policías y quemó vivos a 2 de ellos, que
investigaban -desoyendo las órdenes presidenciales- a terroristas
del EPR. Los linchadores fueron detenidos, no así los integrantes de
la célula del EPR que instigaron el linchamiento.
Tan quería complacer a los terroristas y a la izquierda, que Vicente Fox desató una persecución legal en contra de agentes del Estado
que habían participado en la represión de los terroristas en los años
setenta, represión que ciertamente combinó las acciones legales con
las criminales para aplastar la subversión.
Con todo esto Fox Quesada hizo una contribución más al clima
de violencia del país. Alentados por la tolerancia gubernamental,
los terroristas siguieron secuestrando. Uno de los autores de esta
obra, Eduardo García Valseca, sufrió las consecuencias cuando
fue plagiado durante 7 meses entre 2007 y 2008 por integrantes
de una célula terrorista (aunque no se descarta que los verdaderos autores hayan sido policías federales, con la complicidad de
sus más altos jefes).
230 •
Rodearse de colaboradores incompetentes y/o corruptos
A la luz de los resultados y las desastrosas políticas de seguridad
que diseñaron y aplicaron, los colaboradores de Vicente Fox en el
área probaron ser, en los hechos, cuando menos altamente incompetentes.
Ellos no dejaron un país mejor del que recibieron seis años atrás,
sino uno con una seguridad pública a punto de colapsar. Es escandaloso que esas personas entonces como ahora hayan visto premiada su incompetencia con nuevas responsabilidades.
Pero no parece que todo haya sido producto de la ineptitud y
en los casos de protección a criminales, esta nunca se practica por
altruismo. El que no hayan trascendido las evidencias de ello es gracias a la operación de encubrimiento practicada por el gobierno del
Presidente Felipe Calderón, en la que algunos lo que hicieron fue
cubrir sus propias huellas.
De los colaboradores de Fox en el área los dos más cuestionados
fueron Rafael Macedo de la Concha, procurador general durante la
mayor parte del gobierno foxista y el director de la Agencia Federal
de Investigación, Genaro García Luna.
Si en el periodo presidencial de Vicente Fox, un capo de mediano
pelo que huyó de prisión se convirtió en máximo capo, si se creó
una organización criminal que trató de centralizar el narcotráfico
y desató una primera “guerra” que duplicó las ejecuciones de los
dos sexenios anteriores (los de Salinas de Gortari y Zedillo Ponce de
León) y si crearon las bases para la gran violencia que estallaría en el
sexenio de Calderón Hinojosa, eso fue porque Macedo de la Concha
y García Luna lo permitieron, si no es que lo favorecieron. Pero no
fueron los únicos. Con Fox Quesada las secretaría de Seguridad Pública y Defensa Nacional no estuvieron acéfalas ni muchos menos…
Como ya se ha comentado, García Luna fue señalado por un secuestrador como protector de plagiarios. Esa información le fue eny la contribución de los demás • 231
tregada a Vicente Fox en 2003 por José Antonio Ortega Sánchez y
el entonces presidente nacional de la Confederación Patronal de la
República Mexicana (COPARMEX), Jorge Espina.
El resultado no fue que se iniciara una investigación para confirmar o desechar las imputaciones, sino una persecución contra José
Antonio Ortega Sánchez y sus hijos, el intento de fabricarles delitos
(secuestros).
Así es como Fox Quesad entendía la integridad y la lucha contra
la corrupción.
Pero el PAN no puede arrojar la primera piedra sólo por la lamentable administración de Vicente Fox. Militantes de ese partido
fueron responsables de la conducción del país por 12 años consecutivos; además, de ese mismo partido han surgido gobernadores de
diversas entidades y una de ellas, Baja California, desde 1989. Los
gobernadores panistas de ese estado ha sido reiteradamente señalados de estar vinculados a los grupos criminales.
Bajo el gobernador panista de Chihuahua, Francisco Barrio Terrazas (1992-1998), sucedió la primera “guerra” por Ciudad Juárez, la
masacre mediante la cual la organización de Amado Carrillo Fuentes
arrebató la plaza a la organización que encabezaban Rafael Aguilar
Guajardo y los hermanos Muñoz Talavera. El asesinato de mil personas, la desaparición de 200 más, todo fue contemplado por Barrio
Terrazas, quien no movió un dedo para impedirlo, a pesar de que
contó a partir de diciembre de 1995 con que el Procurador General
de la República, Antonio Lozano Gracia, era un panista.
Éste tampoco mostró el menor interés por capturar a quien entonces era el máximo capo, Amado Carrillo y una buen día se enteró -no gracias a que lo hubiera investigado- que su jefe anti-drogas,
el General de División Jesús Gutiérrez Rebollo, era un empleado
del capo.
Y mientras Lozano Gracia no tenía suerte en dar con los capos y
operadores de Amado Carrillo, su viejo amigo y socio, el ex candi-
232 •
dato presidencial panista, Diego Fernández de Cevallos tenía mejor fortuna. En 2004 fue acusado por Martí Batres Guadarrama, hoy
presidente del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) de
haber recibido 5 millones de dólares del Cártel de Juárez y entregó
a la PGR las evidencias de su imputación. Hasta el momento seguimos sin ver a Batres teniendo que publicar desplegados en los
periódicos para desdecirse de sus acusaciones.
Los gobernantes panistas no pudieron demostrar, en la práctica,
que fueran una mejor opción que los priístas en seguridad pública.
Es cierto que ha habido gobernadores panistas que tuvieron más
éxito en contener el crecimiento de la violencia, en comparación con
gobernadores priístas, pero el resultado neto es que en ningún estado gobernado por el PAN se construyó un modelo de seguridad
pública que mereciera el nombre. Y para construirlo, a los políticos
panistas las oportunidades les sobraron…
Michoacán: un modelo izquierdista de narco-estado
La seguridad pública es, además de una garantía individual, un derecho humano fundamental. El texto constitucional lo consigna como
una obligación de los tres ámbitos de gobierno, cuyo bien jurídico
tutelado es la preservación de las condiciones de desarrollo integral
para todos los habitantes del territorio nacional.
En las condiciones de violencia que se viven en diversos sitios del país,
la exigibilidad de este derecho se ha convertido en un clamor frente
a los incesantes ataques de la delincuencia organizada y la respuesta
desconcertada de la autoridad que ha generado una cantidad lamentable de “víctimas colaterales”, decesos de ciudadanos inocentes cuyo
único crimen fue encontrarse en un mal lugar en un mal momento.
Consideramos indispensable transmutar el vigente concepto de prevención que guía las políticas en la materia. No coincidimos en que la
prevención del delito deba estar centrada en la persecución y la coer-
ción, que únicamente han dado como resultado la caótica situación
en la cual nos encontramos. Nos pronunciamos, al contrario, por una
política de prevención que atienda los factores de riesgo que originan
la delincuencia, los cuales se encuentran íntimamente vinculados al
desarrollo integral de todos los sectores que constituyen nuestro grupo social, tendentes a inhibir la comisión de conductas delictivas.
Por lo anterior proponemos que todas las entidades de la administración pública y los tres Poderes de la Unión deberán implantar acciones preventivas para el desarrollo integral de niños, jóvenes, mujeres, personas con capacidades diferentes, pueblos indígenas, adultos
mayores y de cualquier grupo que se encuentre en situación de desventaja por alguna circunstancia específica; entendido el desarrollo
integral como ‘el proceso sistémico económico, social, cultural y político, que garantice el mejoramiento constante del bienestar de toda la
población y de todos los individuos sobre la base de su participación
activa, libre y significativa en el desarrollo y en la distribución justa
de los beneficios que de él se derivan’.
Estas acciones de prevención tenderán a elevar los niveles de educación y abatimiento del analfabetismo, el ejercicio efectivo del derecho
a la salud, la promoción del empleo productivo, la disminución de la
pobreza y la erradicación de la pobreza extrema, la promoción de la
cultura de la paz y de una vida libre de violencia así como de la cultura de la legalidad y respeto a los derechos humanos.
Por lo expuesto y fundado, congruente y comprometido en la construcción de un estado social democrático de derecho, someto a consideración
del Congreso de la Unión la siguiente iniciativa con proyecto de Decreto.
Artículo Primero. Se reforma la denominación del título octavo y se
adicionan los capítulos II y III de la Ley General del Sistema Nacional
de Seguridad Pública, para quedar como sigue:
Artículo 134 Sextus. Todas las entidades de la administración pública federal deberán destinar al menos dos por ciento de los recursos
presupuestales anuales a la implantación de programas integrales de
234 •
prevención, con excepción de la Secretaría de Seguridad Pública y la
Procuraduría General de Justicia, las cuales al menos deberán destinar diez por ciento de su presupuesto anual para tales efectos.
Capítulo III
De la Participación Ciudadana
Artículo 134 Séptimus. La participación de los habitantes del territorio nacional en la Seguridad Pública tendrá como objetivo establecer
mecanismos de cogobernabilidad y corresponsabilidad con las autoridades y podrá realizarse a través de
I. La comunidad, tenga o no estructura organizativa; y
II. La sociedad civil organizada.
El texto anterior es parte de una iniciativa de reforma a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública que en diciembre
de 2010 presentó ante la Cámara de Diputados, el diputado federal por el Partido de la Revolución Democrática, Julio César Godoy
Toscano, medio hermano del entonces gobernador de Michoacán,
Leonel Godoy Rangel.
Con esta propuesta de imponer una cuota fija sobre el dinero de
los contribuyentes para “prevenir el delito”, es decir de repartir subsidios para que así los pobres delincuentes ya no se vieran obligados
a delinquir, así como con su propuesta de “cogobernabilidad”, Julio
César Godoy lo que buscaba era reproducir para el país entero el
modelo que en Michoacán puso en práctica en sociedad con el grupo criminal “La Familia” y bajo el gobierno de su hermano Leonel.
Los políticos del PRD podrán decir mucho de cómo sería el país
si ellos tomaran el poder, pero las palabras sobran, pues en Michoacán ya demostraron en la práctica lo que en realidad sucedería: la
instauración de un “Estado gángster”.
En Michoacán bajo los Godoy, aunque el proceso ya venía desde
el gobierno de Lázaro Cárdenas Batel, “La Familia” se convirtió primero en un poder paralelo al formal en varios municipios y después
en el poder real en decenas de ellos.
Como cita William Finnegan en su reportaje sobre “La Familia”:
’Son una segunda ley’, dijo un maestro de escuela en Zitácuaro de La
Familia. ‘Tal vez la primera ley’.124
Según el estudioso estadounidense George W. Grayson, “La Familia” estableció una “soberanía dual”, que “en caso de Michoacán,
esto significa que paralelamente al gobierno electo se encuentra un
narco-gobierno que genere empleo (en el cultivo y procesamiento
drogas), mantiene el orden (represión de cárteles rivales), realiza
funciones cívicas (repara iglesias) y cobra impuestos (extorsión de
empresarios).”125
Si en alguna entidad federativa se puede hablar de Estado fallido,
esa es Michoacán, incluso todavía más que Tamaulipas. “La Familia” o su escisión “Los Templarios” han usurpado los dos monopolios del Estado: el de la violencia y el de las exacciones.
Al respecto, en el mismo reportaje de Finnegan se lee la cínica
declaración de un colaborador de Leonel Godoy:
’La Familia es muy hábil para la recaudación de impuestos’, uno de
los asesores del ex gobernador me dijo. ‘Mucho mejor que el fisco’.
Un documento interno de la Secretaría de Seguridad Pública Federal da cuenta de cómo y por qué “La Familia” es más eficaz que el
gobierno para las exacciones:
De acuerdo con el documento de la SSP, para solventar su nómina y
gastos de operación, La Familia Michoacana aplicó el cobro de cuotas
en diversos ramos, entre ellos el minero.
En ese rubro exigía a las empresas mineras 1.5 dólares por tonelada
de fierro enviada a compañías asiáticas, y a los ganaderos un dólar
por cada kilo de carne puesto a la venta, se describe.
También imponía a los productores del campo, agricultores e intermediarios diversos porcentajes por cada tonelada de aguacate, limón
y otros productos.
Se apropiaba de los bienes de morosos que debían por concepto de drogas”, además de que obtenía recursos de fiestas populares, corridas
236 •
de toros, peleas de gallos y conciertos masivos”, y reclamaba dinero a
establecimientos comerciales para “protegerlos”.
Los integrantes de esa organización criminal también cobraban por
recuperación de préstamos, pues quitaban 30 por ciento al prestamista y un porcentaje igual al moroso, además de que habían establecido
una cuota de 30 por ciento por recuperación de terrenos.126
El ya citado George W. Grayson, señala:
La extorsión también engorda las cuentas bancarias secretas de La
Familia. El propietario de un negocio de la madera cerró sus operaciones y despidió a los trabajadores en lugar de pagar los $600 por
mes que el sindicato exigía. La Familia adquiere recursos mediante
la venta de protección a los comerciantes, madereros, bandas locales,
los pequeños vendedores de medicamentos y buhoneros ambulantes.
Toma represalias contra los vendedores de la economía informal, cuya
ropa de contrabando, CDs, películas y otros artículos que no son portadores de la “M” logo proporcionado por el cartel.
(…) Mientras que el 20 por ciento de la mano de los empresarios a
nivel nacional pagan protección a los cárteles a cambio de protección,
la cifra se cree que es sustancialmente mayor en Michoacán.127
Reforma reportó así en 2009:
Al menos en su estado de origen, ‘La Familia Michoacana’ se parece
cada vez más a un gobierno.
El grupo criminal tiene un sistema de recaudación basado en la extorsión, asigna escoltas a alcaldes y recibe antes que nadie reporte de
denuncias de secuestros y cuando esto ocurre ellos ejecutan al plagiado. Para cortar evidencias, mantiene también una nómina de policías
que sirven como protectores.
El 6 de diciembre de 2008, el testigo protegido ‘Ricardo’ dio idea a la
PGR de cuáles son las rutinas de esta banda.
’El comandante Dimas, del área Antisecuestros de Michoacán, recibía la cantidad de 10,000 dólares a cambio de información de los
levantones realizados por ‘La Familia’ y que fueran denunciados por
los familiares de las víctimas del secuestro, ya que si éstos denunciaban ante la Procuraduría, éste informaba a la organización delictiva,
para inmediatamente ejecutar al secuestrado’, declaró.128
Cuando Leonel Godoy asumió la gubernatura se denunciaron 67 secuestros en Michoacán y en 2011, año previo a su separación del
cargo, se denunciaron 218 plagios. Pero muchos secuestros, quizás la
mayoría, ni siquiera se denunciaron, pues era un secreto a voces que
la procuraduría del estado estaba al servicio de ‘La Familia’.
Entre los años 2000 y 2011, 48 víctimas de secuestro fueron asesinadas en Michoacán, la mayoría a manos de matones de ‘La Familia’.
Otra de las fuentes de ingresos de “La Familia” ha sido la minería
ilegal:
La Procuraduría General de la República (PGR) investiga a empresas
internacionales establecidas en México que compraron a La Familia
michoacana 1.1 millones de toneladas de mineral de hierro con un
valor de 42 millones de dólares.
El material se exportó a China y fue extraído ilegalmente de la zona
serrana de Michoacán por esa organización criminal.129
Toda esta actividad criminal ‘La Familia’ la realizó con gran violencia. En 2008, año en que Leonel Godoy tomó posesión se registraron
565 homicidios, frente a 852 en 2011: 51%.
Y este proceso de violencia y depredación fue realizado gracias a que
los hermanos Godoy usaron todo su poder político en favor de ‘La Familia’. Más que ello: le entregaron a Michoacán en bandeja de plata.
Como ha quedado establecido en las grabaciones de conversaciones y otras evidencias, Julio César Godoy no sólo lavaba dinero
y vendía protección a La Familia: era parte de la organización, más
todavía, era uno de sus jefes. El “Comandante Godoy”, como lo conocían sus socios de “La Familia”, ordenó personalmente el asesinato de 12 policías federales en Michoacán en julio de 2009, como parte
de una táctica de intimidación dirigida hacia el gobierno federal.
Pero lo que Julio César hacía, lo sabía y avalaba plenamente Leonel.
238 •
Y los dirigentes tantos locales como nacionales sabían lo que ocurría en Michoacán y no hicieron ni el menor intento por, ya no digamos denunciarlo, sino cuando menos moderarlo. Todo lo contario
los líderes perredistas defendieron a Julio César hasta el final pese
a que las evidencias en su contra ya eran públicamente conocidas.
Lo metieron de contrabando al Palacio Legislativo para que tomara
protesta como diputado federal y así obtuviera el fuero. A los líderes
perredistas lo único que les interesaba era que los hermanos Godoy
salieran impunes y…lo lograron.
La única razón por la cual al PGR no hizo efectiva la orden de
aprehensión contra Julio Cesar y no desató una persecución legal
contra Leonel como estaba obligada, fue la decisión de Felipe Calderón de encubrir al entonces gobernador, para con ello facilitar la
alianza electoral con la izquierda por la Presidencia de la República, con la cual el inquilino de Los Pinos estaba obsesionado. De hecho los líderes nacionales perredistas condicionaron toda posible
alianza a que ni se detuviera a Julio César ni se procediera contra
Leonel.
Lo que vino después no fue mejor. La elección local de 2011 fue
decidida, por primera vez en la historia del país, por un grupo
criminal, el cual optó cambiar de protectores e hizo triunfar al candidato a gobernador del PRI, mediante el uso intensivo de la intimidación.130
La aberrante conducta del PRD (y de la izquierda) ante los grupos
criminales no se reduce a Michoacán. Otros dos casos escandalosos
son los del ex alcalde de Cancún, Quintana Roo, Gregorio Sánchez,
detenido en mayo de 2010 por sus vínculos con “Los Zetas” y liberado en junio de 2011, por meros tecnicismos y el de Guerrero, estado
gobernado por el PRD desde 2005.
El ERPI acusó reiteradamente al ex gobernador Zeferino Torreblanca Galindo de dar protección a operadores de Joaquín Guzmán.
Aunque claro los terroristas del ERPI no son precisamente una fuen-
te confiable de información y sobre todo porque en la sangrienta
disputa entre grupos criminales en Guerrero, tomaron partido por
los enemigos de “El Chapo” con cuyos pistoleros se enfrentaron.
Los señalamientos a Torreblanca Galindo tienen que ver con su
afán por buscar que su sucesor fuera Armando Ríos Piter, vinculado
con el cacique y capo Rogaciano Alba Álvarez131, quien fue el principal personero de Joaquín Guzmán en Guerrero, hasta ser vencido
por sus enemigos (narcos y terroristas del ERPI).
Ríos Piter por cierto, fue el principal operador de las aspiraciones
presidenciales de Marcelo Ebrard Casaubon.
Cabe señalar que pocas cosas habrían hecho tan feliz a “El Chapo”
como que Ebrard Casaubon hubiera sido Presidente de la República. Cuando Ebrard fue Secretario de Seguridad Pública y luego Jefe
de Gobierno del Distrito Federal, el capo se sintió a sus anchas en la
capital del país. De hecho en ninguna otra entidad federativa como
en la capital del país, “El Chapo Guzmán· se ha sentido tan a gusto,
pues su seguridad estaba garantizada y sus negocios prosperaron
sin problema (controla casi todas las narco-tienditas). Además sus
amigos de “La Hermandad” han mantenido a raya a sus enemigos.
Pero el Chapo no corrió con suerte…por ahora.
240 •
Cómo salir de la pesadilla
La actual política de seguridad:
el riesgo de un desastre mayor
Si nos atenemos a lo que Enrique Peña Nieto hizo como gobernador
del Estado de México en materia de seguridad pública, no hay muchas
razones para el optimismo ahora que es Presidente de México.
Esta entidad no está entre las que padecen mayor violencia en
el país, pero está muy lejos de ser un modelo de seguridad. Según
la encuesta de victimización del Instituto Nacional de Estadística y
Geografía (INEGI) sobre lo sucedido en 2011, el Estado de México
es la segunda entidad federativa con la tasa de incidencia delictiva
más alta (39,905 delitos por cada 100 mil habitantes), apenas por debajo del Distrito Federal que ocupó el primer lugar nacional (40,633
delitos por cada 100 mil habitantes). La tasa del Estado de México
es un 36% superior a la media del país (29,372 delitos por cada 100
mil habitantes).
Sobre todo la región del Valle de México ha estado por años gravemente afectada por robos con violencia al transporte de pasajeros
y los secuestros. Entre 2005 y 2011 fueron denunciados en el Estado
de México (ante la procuraduría estatal y ante la PGR) más de mil
secuestros y 105 víctimas de plagio fueron asesinadas. Además el
Estado de México es de las 5 entidades federativas en las que más
delitos quedan impunes.
Pero encima de esto, colaboradores de Peña Nieto tuvieron la ocurrencia de maquillar del modo más burdo las cifras de homicidios
cómo salir de la pesadilla • 243
dolosos para aparentar una caída de este delito, con el propósito de
presentar al aspirante priista a la Presidencia de la República como
el gobernante capaz de reducir la violencia en el país.
En las cifras reportadas al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, del año 2006 se consignaron 2,766 homicidios dolosos y del año siguiente 1,127, o sea un 59% menos.
Respecto a los siguientes años se mantuvo el mismo maquillaje o
“rasurado” de los números.
Fue tal el desparpajo en la falsificación de cifras, que las reportadas por la procuraduría mexiquense en 2010 fueron un 82% más
bajas que las que registró el INEGI. Además, la cifra de todos los homicidios dolosos reportada en marzo de 2010 resultó inferior que la
cifra sólo de asesinatos atribuidos al crimen organizado por la PGR.
Es decir, el todo supuestamente fue inferior a una de sus partes. Un
verdadero disparate.
En su momento denunciamos este engaño y Enrique Peña tuvo
la prudencia de no hacer propaganda con base en logros ficticios,
aunque la falsificación de cifras ha continuado.
El punto es que el Presidente Peña Nieto no puede presentar su
experiencia en la gubernatura del Estado de México como modelo
de lo que podría hacerse a escala nacional.
El 6 de enero de 2011, el periódico Financial Times publicó el artículo “11 para 2011: ¿Cómo debe tratar la violencia México?”, de la
autoría de Enrique Peña, en la cual afirmaba:
El mayor desafío que enfrenta México en 2011 y más allá, por lo
tanto, es poner en práctica una estrategia nacional para reducir la
violencia con un objetivo claro: reducir el número de asesinatos, secuestros y extorsiones de manera significativa en los próximos cinco
años. La estrategia debe basarse en cuatro pilares.
La primera es la prevención -activamente detener el crimen antes de
que se produzca en lugar de reaccionar una vez que un crimen ha sido
cometido. Para lograr esto, tenemos que reducir la desigualdad de
244 •
cómo salir de la pesadilla
oportunidades en nuestro país, tomando como base la cobertura universal de seguridad social: la cobertura de salud, pensiones y prestaciones por desempleo. También necesitamos una educación de calidad
con la escolarización de todo el día (en contraste con el actual sistema
de educación de medio día), de modo que los niños tengan una mejor
oportunidad de acceder al mercado de trabajo en lugar de ser forzados
a una vida de crimen.”
Para financiar la seguridad social universal y un sistema educativo de calidad, México necesita aprobar una reforma fiscal de gran
envergadura. Los impuestos del gobierno de México sólo toman un
20 por ciento del PIB comparado con el 36 por ciento de promedio
de los países pertenecientes a la Organización para la Cooperación
y el Desarrollo Económicos (OCDE). Como resultado, México sólo
gasta el equivalente al 3 por ciento de su PIB en salud pública en
comparación con más del doble que la cifra de miembros de la OCDE.
En la educación primaria solamente, nosotros gastamos 2,111 dólares
por estudiante en comparación con 6,741 dólares, en el caso de otros
miembros de la OCDE. México, por lo tanto, debe aumentar considerablemente los impuestos gubernamentales en los próximos años.
Los otros tres pilares de la estrategia no los reproducimos,
pues no son más que lugares comunes. Es el primer pilar el que
importa para efectos de este análisis y que se resume en esto:
para reducir la violencia hay que subir los impuestos, a fin de
redistribuir la riqueza y así los pobres delincuentes no sea vean
obligados a delinquir.
En febrero de 2011, a nombre del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal entregué al Presidente Enrique
Peña Nieto una carta abierta en la que se criticó su artículo publicado por Financial Times, en los siguientes términos:
En los párrafos citados hay dos aseveraciones suyas que no pueden
ser más carentes de verdad: que la magnitud de la violencia está determinada por la “desigualdad de oportunidades” y que los delin-
cuentes no son responsables de sus actos, sino víctimas de la sociedad
(es decir de sus víctimas) que los obliga a “una vida de crimen”.
Usted y la casi totalidad de los integrantes de la clase política dan por
una “verdad” que no necesita siquiera ser demostrada, la creencia de
que la pobreza, el desempleo o las diferencias en los ingresos son determinantes del crimen y que, por ende, si se actúa sobre estos supuestos
factores se puede reducir o incluso erradicar la violencia y el delito.
En realidad los integrantes de la “clase política” saben o cuando menos intuyen que este discurso es una gran falacia, pero si lo sostienen -contra toda evidencia y razón- es porque es conveniente para su
supervivencia como casta: por un lado, como gobernantes les ofrece
excusas inacabables para su manejo negligente e ineficaz de la seguridad pública y, por otro lado, les da pretextos para mantener e incluso
aumentar su injerencia sobre la riqueza ajena.
Si fuera cierto que la ola de violencia de los últimos años en México
es producto de un aumento de la “desigualdad de oportunidades”,
entonces esto solamente puede significar una cosa: que usted y los
demás gobernadores mienten en su propaganda al presentar como logros en beneficio de la sociedad lo que no es sino una reducción colosal
de oportunidades.
Por supuesto que los gobernadores de su partido y de los demás partidos exageran logros y ocultan rezagos, pero hay una verdad fundamental e inocultable: si en algún momento de la historia de México ha
habido para los individuos las mayores oportunidades de progresar,
ese momento es el actual.
El único que sostiene el disparate de que ha habido el peor deterioro
del que se tenga memoria de las condiciones de vida y al mismo tiempo se adjudica logros increíbles como gobernador, es el Presidente de
su partido, Humberto Moreira. Pero bueno, el primero que no toma
en serio lo que dice el señor Moreira es el propio Moreira…
La cobertura de educación y del sistema de salud son los mayores de
la historia. De modo que ¿cómo es posible que justo cuando mayores
246 •
oportunidades y condiciones generales de bienestar hay en México
al mismo tiempo el país viva su peor crisis de inseguridad? Por una
razón muy simple: porque ni la “desigualdad de oportunidades”, ni
la pobreza, ni el desempleo, ni ningún otro factor socioeconómico tienen la menor importancia como determinantes del crimen y de la
violencia.
Actualmente el llamado “gasto social” como proporción del PIB es
de poco más del doble que hace 20 años y sin embargo la tasa de
robos casi duplica la de hace 2 décadas. Y ni que decir del secuestro
o la extorsión ¿Cómo es posible que justo cuando se ejerce el mayor
“gasto social” en la historia de México al mismo tiempo el país viva
su peor crisis de inseguridad? Por la razón ya referida: porque ni la
“desigualdad” de oportunidades, ni la pobreza, ni el desempleo, ni
ningún otro factor socioeconómico tienen la menor importancia como
determinantes del crimen y de la violencia.
Si la “desigualdad de oportunidades”, si la pobreza, si la marginación
o si el desempleo fueran factores determinantes de la violencia México
entonces varias décadas atrás -y no ahora- es cuando tendría que haber habido un nivel de violencia e inseguridad como el actual.
Hace 5 ó 6 décadas atrás la mayoría de mexicanos carecían de elementales comodidades que ahora una gran mayoría tiene: agua corriente
en su casa, drenaje, electricidad, electrodomésticos. Hace 6 décadas
un tercio de los habitantes del país carecía de calzado y casi la mitad
jamás consumía leche o lácteos. Hace 6 décadas la esperanza de vida
era un 33% inferior a la actual y las mortalidades infantil y materna
incomparablemente superiores.
Hace 6 décadas la mayoría de los habitantes de las ciudades no eran
propietarios de las casas donde vivían y ahora solamente son inquilinos menos de la quinta parte.
¿Por qué entonces las menores oportunidades no produjeron
una ola de violencia como la de ahora? Por una razón muy
simple: la “desigualdad de oportunidades”, la pobreza o
cualquier otro factor socioeconómico no son determinantes
del crimen. Nunca lo han sido ni lo serán, ni en México ni en
ninguna parte del mundo.
Gobernador Peña: Quizá usted ni sepa ni intuya que su diagnóstico
de la violencia es una completa falsedad. Por eso me permito recomendar a usted que lea mi obra “¿Pobreza = delito? Los factores
socioeconómicos del crimen y el derecho humano a la seguridad”, libro publicado en 2010 y cuyas 535 páginas están dedicadas a
una refutación científica del diagnóstico que usted sostiene, mediante
el análisis del acopio más grande jamás realizado (al menos en México) de todos los datos disponibles sobre el tema. Adjunto a la presente
copia de la obra.
Con relación a aseveración de que los delincuentes no son responsables de sus actos, pues son obligados por la sociedad a “una vida de
crimen”, sostengo que si usted creyera realmente en lo que dice desde
hace mucho hubiera enviando al Congreso Local una iniciativa para
derogar el código penal.
Pero no deja de ser interesante saber lo que dice y piensa uno de los
más aspirantes más fuertes a presidir al país a partir del 1 de diciembre de 2012. Es bueno que los electores sepan que usted sostiene que
los delincuentes son las “víctimas” y que las víctimas son las que merecen ser castigadas, para empezar con la amenaza, puesta por usted
por escrito, de más impuestos…
Señor Peña Nieto: su concepción sobre la génesis del crimen no es
solamente intelectualmente errónea, sino moralmente aberrante. Disculpe la auto-cita, pero se aplica al caso lo que sostengo en mi obra,
“México, ¿rumbo al Estado fallido?”(Planeta, 2010):
“La concepción que atribuye la delincuencia y el ritmo y tendencia de
la misma a variables como la pobreza, el desempleo o la desigualdad
en los ingresos, lo que en realidad sostienen son tres aberraciones
morales, absolutamente inaceptables: primera, que las personas no
son responsables de sus actos, que los delincuentes no son victimarios
248 •
sino víctimas y, por tanto, las víctimas son los culpables de sus propia
desgracia y de la de los criminales; segunda, que después de todo el
delito no es algo malo, sino una forma de justicia social mediante la
cual el delincuente recupera lo que le fue enajenado, el derecho que de
origen le pertenece; tercera, que para prevenir el crimen (todo crimen)
basta con que voluntariamente las potenciales víctimas entreguen a
los potenciales o reales delincuentes todo cuanto estos consideren les
pertenece.” (Página 191).
Vamos, si usted propala que delinquir es un acto de justicia ante una
sociedad supuestamente injusta, lo que usted le esta pidiendo a la
inmensa mayoría de personas pobres, pero honradas y trabajadoras,
que dejen de serlo, es que no sean tontas, que delincan, que eso es lo
que usted espera de ellas. Vamos, lo que usted hace no es otra cosa que
justificación de la delincuencia.
No sabemos el efecto real que tuvo esta crítica, pero el hecho es
que ya en la campaña electoral este discurso socialista de política
criminal fue (temporalmente) dejado de lado. Entonces Peña Nieto,
ya candidato a la Presidencia de la República, tuvo un gran acierto:
se comprometió públicamente a reducir en un 50% la incidencia de
homicidios, secuestros y extorsiones, en caso de ganar el voto mayoritario. Es destacar que ninguno de sus contrincantes adquirió un
compromiso semejante.
Siempre hemos insistido que adquirir compromisos para la reducción del delito y cumplirlos es la principal base para mejorar la
seguridad pública, pues ello pone las cosas en su justa dimensión:
controlar el delito es responsabilidad del Estado, de hecho su razón
de ser. Y para que el Estado cumpla esta obligación no se requiere ni
redistribuir la riqueza ni aumentar el expolio fiscal. Lo que se necesita es que la Policía prevenga y persiga el delito.
Otra decisión correcta que tomó Peña Nieto, ya como Presidente,
fue la de contratar la asesoría del general Oscar Naranjo, quien fue
director general de la Policía Nacional de Colombia en la etapa de
mayor éxito en la reducción de la violencia y el delito en ese país,
bajo la administración de Álvaro Uribe y la de Juan Manuel Santos.
Si el general Naranjo propone al Presidente Enrique Peña lo que puso en práctica en Colombia, que es en lo que nosotros hemos venido
insistiendo, su asesoría será de gran utilidad para reducir violencia
y delito en general.
Pero por supuesto que todavía falta que el Presidente y sus colaboradores acepten esas recomendaciones, que las lleven a la práctica
en forma cabal, no a medias.
Dos aciertos de Peña Nieto una vez en el poder y sobre casos particulares fueron:
• Poner fin a la presión ejercida por su antecesor para que se
mantuviera injustamente presa a la ciudadana francesa Florence Cassez. Su liberación fue determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero fue útil la postura del gobierno
de Enrique Peña de no presionar y no intentar la recaptura de
Florence una vez liberada.
• El desistimiento de la acusación de la PGR en contra del general Tomás Ángeles Dauahare, que permitió la liberación de un
hombre inocente, contra quien el gobierno de Felipe Calderón
fabricó delitos.
El gobierno de Enrique Peña ha enfrentado un nuevo problema
que apenas se estaba perfilando al final del mandato de su antecesor
y que es la aparición de grupos de civiles armados que se autodenominan “autodefensas”, cuyos integrantes dicen haber tomado las
armas para defenderse de los grupos criminales.
Estos “grupos de autodefensa” han proliferado rápidamente, hasta estar presentes en decenas de localidades del país. Su surgimiento
tiene causas verdaderas y sentidas en la mayoría de los casos, pero
muchas de estas agrupaciones han cometido atropellos (incluso asesinatos), no muy distintos a los perpetrados por los grupos criminales de los que dicen defenderse.
250 •
Además, en la mayoría de las localidades donde las “autodefensas” han surgido, corresponden a municipios y estados en los que
por muchos años han operado los grupos armados clandestinos o
terroristas, que alegan tener móviles ideológicos y políticos. Por
supuesto que es altamente probable que las autodefensas estén infiltradas por los grupos terroristas y las utilicen según su agenda
subversiva.
De hecho, desde 1995 activistas radicales vienen promoviendo
las llamadas “policías comunitarias”, que no tienen ninguna eficacia
frente a la inseguridad pero son útiles para la agenda subversiva. En
2011 el Congreso local de Guerrero emitió una ley para dar reconocimiento legal a estas falsas policías.
Y prueba del carácter espurio de estos grupos ilegales de civiles armados es su activismo político: toda policía profesional
en el mundo es por definición apolítica; ninguna policía verdadera anda en marchas (y menos con armas en la mano), cierra
escuelas en apoyo a “huelgas”, ni hace llamados para derrocar
al gobierno.
Ahora bien, hay muchas otras localidades del país y no sólo en
Guerrero y en Michoacán donde prevalecen las mismas condiciones
que produjeron a las autodefensas. Por tanto, es muy elevado el riesgo de que en poco tiempo pasemos de decenas de esas formaciones
a cientos de ellas.
La política de seguridad pública del Presidente Enrique Peña Nieto ha terminado por definirse y, por desgracia, es fundamentalmente equivocada y su aplicación crea el peligro real de que el problema
de inseguridad e ingobernabilidad en México se torne más grave.
Siete son los ejes de esa política:
1. “Prevención social” de la violencia y el delito.
2. Creación de una Policía nacional.
3. Control de la información para aparentar que el problema se
está resolviendo.
4.
5.
6.
7.
Indiferencia ante el decisivo problema de la impunidad.
Desdén hacia la política de metas para reducir el crimen.
Tácticas dilatorias ante la problemática de las policías locales.
Pasividad y claudicación ante los grupos armados ilegales.
“Prevención social” de la violencia y el delito
El gobierno federal está aplicando el Programa Nacional de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, el cual se enfoca en
forma prioritaria en zonas urbanas. Este programa corresponde a la
visión de Enrique Peña sobre la prevención del delito, ya expresada
en el citado artículo publicado por Financial Times de 2011 y con
relación al cual hicimos la carta abierta, también ya citada, dirigida
al todavía gobernador del Estado de México.
La primera definición de lo que el nuevo gobierno entiende por
prevención de la violencia y el delito e incluso de lo que entiende la
mayoría de la clase política, figura en el compromiso número 74 del
Pacto por México:
3.1 Implantar un Plan Nacional de Prevención y Participación Comunitaria.
• Se focalizará en los municipios con más violencia del país el avance
del nuevo Sistema de Seguridad Social Universal; programas de combate a la pobreza; las Escuelas de Tiempo Completo; el Programa de
Empleo para Jóvenes; y la recuperación de espacios públicos junto con
las comunidades. De igual forma se alinearán todos los presupuestos
para la prevención del delito para que se convierta en una verdadera
prioridad nacional.
En la presentación del Programa Nacional de Prevención Social
de la Violencia y la Delincuencia, el Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, expresó de manera muy gráfica la concepción del gobierno acerca de los factores determinantes de la violencia y el delito así como de la manera de prevenirlos:
252 •
Hay factores de riesgo que inciden en condiciones que favorecen la
violencia, la desigualdad, deterioran la cohesión social y afectan el
entorno familiar.
Un ejemplo, tal vez, que hay que destacar, cuando revisamos la escolaridad de los delincuentes, cuando se les detiene, se ve que a veces
alcanzaron la secundaria y, tal vez, sólo la primaria.
Cuando se ve el por qué no terminaron o siguieron estudiando, se
encuentran factores en esas razones del abandono el que tenían problemas auditivos o de visión. Nos encontramos, entonces, entre otras
muchas otras razones, que, tal vez, unos lentes entregados a tiempo a
ese niño, hubiera cambiando su destino entre ser un hombre de bien o
estar hoy detenido por haber cometido algún delito.
(…) Se trata, entonces, de reconstruir el tejido social, de generar
condiciones de bienestar en la sociedad que la fortalezca. Es bien
sabido que mientras más fuerte es la sociedad, menos policías hacen falta.
Esta concepción de las causas de la violencia y el crimen así como de la política para prevenirlos, es profundamente errónea y no
cumplirá el objetivo explícito que es reducir la violencia. Lo que se
pretende no es otra cosa que replicar en 50, 100 o más municipios
del país el programa Todos Somos Juárez, que en la ciudad fronteriza fracasó rotundamente.
A refutar sistemáticamente la suposición de los factores socio-económicos como la pobreza, la marginación, el desempleo, la carestía
o la desigualdad en los ingresos son los determinantes de violencia y crimen, se dedica la obra “¿Pobreza = crimen?”, publicada en
2010, bajo la autoría de José Antonio Ortega Sánchez.
Los mismos argumentos de ese libro, son esencialmente aplicables a la situación de los municipios en que se enfoca el presente
estudio. Pero además recomendamos la lectura del estudio La violencia en los municipios de México (2012) y en particular el apartado “10. Es la impunidad, no la marginación, el determinante de la
violencia” (el documento se puede consultar y descargar en nuestra
página web http://www.seguridadjusticiaypaz.org.mx)
En suma, esta política de “prevención” del delito, no lo prevendrá. Puede ser útil para que los políticos compren votos, pero no
para reducir el crimen. Pero al distraer recursos de los contribuyentes para aplicar políticas erróneas, no sólo se incurre en despilfarro,
sino que se contribuye a que el problema de la inseguridad no se
resuelva e incluso se empeore (como ocurre cuando una infección es
tratada con los medicamentos inapropiados).
Cuando el Estado persigue y castiga a los delincuentes previene nuevos crímenes, pues inhabilita a los que captura y disuade a
otros que no ha capturado o a personas que abrigaban la idea de
delinquir.
Detener homicidas evita que éstos sigan matando, salva vidas.
Repartir lentes entre personas de escasos recursos, alargar la duración de la jornada escolar o distribuir becas entre personas que
algún burócrata supone que de no recibirlas podrían convertirse
en delincuentes, no salva vidas, no previene secuestros, ni violaciones, no hace disminuir las lesiones, los robos con violencia o las
extorsiones.
Porfiar en políticas que no previenen la violencia ni el delito
en general y negarse a abatir la impunidad, redundará en más
muertes, más ataques contra la libertad y la integridad corporal y
patrimonial de las personas, sufrimientos y pérdidas que podrían
haberse evitado.
Creación de una Policía nacional
Con un presupuesto inicial de 1,500 millones de pesos, el gobierno de Enrique Peña puso en marcha el proyecto de Gendarmería
Nacional, una nueva corporación policial que el Presidente dijo, el
17 de diciembre de 2012, tendría las siguientes funciones: “será res-
254 •
ponsable de fortalecer el control territorial en los municipios con
mayor debilidad institucional, así como en instalaciones estratégicas como puertos, aeropuertos y fronteras”
De entrada parece importante que hubiera fuerza policial en zonas del país que carecen de ella. Pero en realidad ese no es el propósito central de la Gendarmería, pues no es en esos municipios
rurales, poco poblados y poco comunicados, en donde se localizan
“instalaciones estratégicas”.
De lo que en realidad se trata es de crear un cuerpo que luego
cambiará su nombre por el de Policía Nacional.
Pero, es ¿la policía nacional la panacea para la solución de los
graves problemas de seguridad de México?
La respuesta es no.
Su premisa es: la policía es ineficaz y débil porque esta fraccionada en muchas corporaciones. Pero una policía nacional no es sinónimo de fortaleza, eficacia e integridad.
En Estados Unidos hay 14 mil agencias de aplicación de la ley y
las mismas en general son capaces de controlar la violencia mucho
mejor que en México.
La Policía Nacional de Colombia tiene más de una centuria de
existencia, pero muy poco hizo para frenar la guerra civil entre finales de los cuarenta y principios de los cincuenta del siglo XX; tampoco fue capaz de prevenir a la ofensiva narco-terrorista de finales de
los ochenta y principios de los noventa; ni en contener la ofensiva de
los grupos subversivos de entre 1996 y 2002.
La Policía Nacional de Colombia ha sido realmente ejemplar en
los últimos 10 años, pero no por su organización centralizada, sino por las políticas que siguió, según los lineamientos de los Presidentes Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos. Sobre todo el primero,
usó todo su poder para lograr el objetivo de recuperar el monopolio
estatal de la fuerza e impuso un esquema de responsabilidades para la policía y las fuerzas armadas, basado en metas para reducir
violencia y delito, de cuyo cumplimiento dependió la permanencia
en los cargos. Eso es exactamente lo que habría que retomar de la
experiencia colombiana, no el aspecto policial organizativo, que es
secundario, casi accidental.
Control de la información para aparentar
que el problema se está resolviendo
El 8 de febrero de 2013 la agencia de noticias Apro informó:
El gobierno del estado [de Colima] formalizó hoy sus nuevas políticas
de comunicación social en materia de seguridad pública, entre las que
destaca la censura oficial de la información sobre homicidios dolosos,
que sólo se divulgará ‘una vez concluido el proceso de persecución,
investigación y consignación’.
El 15 de febrero de 2013, varios medios confirmaron que el caso de
Colima en realidad formaba parte de una política nacional del gobierno federal. El portal de Internet, SIPSE reportó:
Segob propondrá a gobernadores censurar información sobre delitos.
La dependencia hará la petición en el marco de la reunión del Consejo
Nacional de Seguridad Pública.
El Gobierno federal propondrá a los 31 gobernadores y al jefe de gobierno capitalino, en el marco de la próxima reunión del Consejo
Nacional de Seguridad Pública (CNSP), evitar hacer apología de la
violencia a la hora de dar a conocer las detenciones de presuntos delincuentes.
El subsecretario de Normatividad y Medios de la Secretaría de Gobernación (Segob), Eduardo Sánchez, comentó que ‘espero tener la oportunidad de hacer una presentación a los integrantes (del consejo) del
manejo de cómo estamos difundiendo la información en este sentido
para que podamos hacer un esfuerzo nacional y que estemos alineados’.
El control de la información sobre crimen y seguridad no resuelve
el problema, sólo pretende ocultarlo. Y si parte de este ocultamiento
256 •
consiste en falsear sistemáticamente las cifras, estamos ante un grave problema, mayor al que de por sí padecemos el cual consiste en
que la información estadística criminal oficial no resulta confiable.
No lo era antes, no lo es ahora.
Reiteradamente hemos denunciado casos concretos de manipulación de cifras. Por ejemplo, en 2011 el Secretariado Ejecutivo del
Sistema Nacional de Seguridad Pública reportó 22,480 homicidios
dolosos, mientras que el Instituto Nacional de Estadística, Geografía
e Informática (INEGI) informó 27,213: casi 5 mil más.
Respecto a secuestro, sólo se informa de las cifras de plagios denunciados ante las procuradurías de las entidades federativas, pero
no se añaden de los denunciados ante la PGR. En 2012 la cifra del
primer caso fue de 1,267 plagios y, en el segundo, de 938.
Pero la manipulación de cifras es peor que el no sumar y consolidar datos de diferentes fuentes. Por ejemplo, en 2009 Veracruz
reportó cero secuestros, cuando que en ese año al menos 6 víctimas
de plagio fueron asesinadas.
Peor aún. Cuando se suman, por un lado, todos los secuestros denunciados ante las procuradurías estatales entre 1997 y 2011 (10,783)
y, por otro, todas las condenas por este delito (9,899), resulta entonces que la tasa de castigo es del 92%, que la impunidad es muy baja,
del 8%
¿Cómo es posible que con tal capacidad de castigo en 2011 el país
haya tenido el mayor número de secuestros de su historia (y en 2012
el segundo número más elevado)? Porque simplemente las cifras de
secuestro son falsas, porque han sido manipuladas para simular una
incidencia inferior a la real.
Un caso emblemático de manipulación de cifras es el Estado de
México. Desde 2007 se reportaron cifras mucho más bajas a las reales
de homicidio, para simular que hubo un desplome de la incidencia de este delito. En 2011 la procuraduría mexiquense reportó 1,211
homicidios y el INEGI 2,627: un 117% más. Asimismo, desde el año
2000 el Estado de México reporta cero extorsiones, cuando que según
la encuesta del INEGI en esta entidad millón y medio de personas
dijeron tener conocimiento de la ocurrencia de ese delito en 2011.
Si el estilo del gobierno federal va ser como el del gobierno del
Estado de México, entonces la difusión de información sobre seguridad pública se convertirá en un ejercicio de mera ficción.
Indiferencia ante el decisivo problema de la impunidad
El 12 de diciembre de 2012, la edición del Estado de México del
periódico Milenio se publicó el artículo “Se les olvidó la impunidad,
¡nada más!”, de José Antonio Ortega, en el que dijo:
De los 95 compromisos del Pacto por México signado por los partidos
políticos, 8 tienen que ver con seguridad y justicia.
Los compromisos no son ninguna novedad, se trata de hacer lo que
desde hace años se ha hecho en el tema, con resultados desastrosos:
coordinar a las policías (¿no existe para eso el Sistema Nacional de
Seguridad Pública?); crear una gendarmería nacional para llegar a
todos los puntos del país (¿no ha hecho eso la Policía Federal?); terminar de implantar el sistema penal oral y acusatorio; terminar de
homologar los códigos penales y de procesos penales; reformar la ley
de amparo (para preservar el desequilibrio procesal en perjuicio de las
víctimas); construir más cárceles para reducir el hacinamiento y ¡ah!,
claro, crear el Programa Nacional de Prevención del Delito.
El compromiso que nuestros políticos omitieron en su Pacto, fue actuar contra la causa principal de la inseguridad: la impunidad, el que
tengamos las tasas más bajas de castigo desde 1997, el que cientos de
miles de órdenes de aprehensión no se cumplan y sendos delincuentes
estén libres de seguir delinquiendo.
De este modo, nuestros políticos pactaron hacer más de lo mismo,
lo cual hace recordar la frase de Albert Einstein: ‘Locura es hacer la
misma cosa una y otra vez esperando obtener diferentes resultados’.
258 •
En la estrategia del actual gobierno no hay lugar para el combate
contra la impunidad. Es como si en México la impunidad no existiera, a pesar de que es la principal causa de la crisis de inseguridad.
La capacidad para castigar delitos y por esa vía prevenirlos, nunca ha sido elevada en México, pero en los últimos 6 años sufrió un
dramático desplome. Por ejemplo en 2006 se impusieron sentencias
condenatorias a los autores de 41 de cada 100 homicidios, mientras
que en 2011 sólo a 16 de cada 100.
Asimismo, hace 10 años cada policía ministerial ejecutaba al año
3 órdenes de aprehensión en promedio y en 2011, ni siquiera 2. De
ahí que el rezago en el cumplimiento de las órdenes llegue al medio
millón, según nuestras estimaciones. Eso equivale a medio millón
de delincuentes ya identificados, que están libres para seguir delinquiendo. Pero frente a esto el gobierno actual no tiene política.
Desdén hacia la política de metas para reducir el crimen
A partir de abril de 2011 el Sistema Nacional de Seguridad Pública adoptó metas de reducción de los delitos y se presentaron evaluaciones de resultados, aunque no las ha habido en los últimos meses.
La virtud de esta política fue fijarse metas, pero su defecto ha sido el
que no se apliquen sanciones para quienes no las cumplen.
Pero el actual gobierno de plano olvidó por completo el asunto de
las metas y no ha hecho al respecto la menor mención en sus participaciones ante el Consejo Nacional de Seguridad Pública.
Esta omisión resulta especialmente absurda cuando que precisamente Enrique Peña ganó la elección presidencial gracias a que, entre otras razones, hizo un compromiso concreto sobre la reducción
de homicidios, secuestros y extorsiones.
Si Peña Nieto se propuso reducir al 50% estos delitos durante
su mandato ¿no tendría que haber promovido, precisamente, que
los integrantes del Consejo Nacional de Seguridad Pública hicie-
ran suya esta meta y que hubiera evaluaciones periódicas sobre su
cumplimiento?
Tácticas dilatorias ante la problemática
de las policías locales
El Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong,ha
sostenido que el Presidente Felipe Calderón intentó, erróneamente,
imponer el proyecto de mando único policial. Pero en realidad el
proyecto de mando único tenía un amplio consenso entre gobernadores y alcaldes.
La postura del gobierno de Enrique Peña es la de no “forzar”
el mando único. Es decir, si habrá o no ese control unificado de la
fuerza pública local, dependerá de lo que decida cada gobernador y
cada alcalde.
¿Qué implicaciones tiene esto?
El punto no es la centralización del mando, sino simplemente que
los jefes operativos y sus jefes políticos (electos), sean responsables.
El problema en México es que la permanencia en los cargos de la
seguridad pública no depende de los resultados, que no hay consecuencias por el mal desempeño.
Pero además tampoco hay la menor penalización para los gobernantes, por mala que sea su gestión. Vemos a gobernadores
que cuando fueron alcaldes se les dispararon los índices criminales Su promoción política parece un premio a su mal gobierno
municipal.
Pero como quiera que sea, el proyecto de mando único tenía una
ventaja: le quitaba la última excusa a los gobernantes locales para incumplir con su obligación. Si ni con el mando único cumplían ¿qué
podrían alegar entonces? Nada, estarían desnudos.
Ahora, el hacer de lado lo del mando único, para que cada quien
lo entienda como quiera, significa que los tres años desde que se
260 •
inició la implantación del modelo fue tiempo perdido y ahora habrá
nuevas excusas para no cumplir.
Entonces, el propósito de replantear el mando único tiene un sentido que la promoción del proyecto original: comprar tiempo, tener
una excusa para no entregar resultados ya. Ahora la excusas de gobernadores y alcaldes ante los malos resultados, será que el modelo
mando único es lo que no funciona, porque se los impusieron. Entonces los gobernantes locales van a salir con que necesita varios años
más para desarrollar u nuevo modelo, que no sea “impuesto”…
Pasividad y claudicación ante los grupos armados ilegales
Los grupos de “autodefensa” y las falsas policías “comunitarias”
han probado muy pronto la grave amenaza que representan para la
seguridad de los mexicanos. He aquí algunos ejemplos de los abusos y crímenes en que han incurrido:
Asesinatos e intento de asesinato
• El 22 de enero de 2013, integrantes de la autodefensa de Tixtla,
Guerrero, atacaron a balazos a personas que iban a bordo de
un vehículo y no se detuvieron en un retén y dieron muerte a
una de ellas. [Apro, “Guerrero: primer delincuente abatido por
municipio declarado en autodefensa”,22 de enero de 2013]
• El 20 de febrero de 2013, integrantes del grupo de autodefensas de Ayutla de los Libres, Guerrero abrieron fuego contra los
ocupantes de un vehículo que no detuvo su marcha en un retén
y asesinaron a una persona. Inicialmente las autodefensas alegaron falsamente que se trató de un enfrentamiento. Después,
Bruno Plácido Valerio, presidente de la Unión de Pueblos y
Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), justificó el
asesinato con el argumento de que los ocupantes del vehículo
•
•
•
•
•
262 •
no quisieron detenerse. [Excélsior, “Un muerto más por policía
civil; enfrentamiento armado en retén de Ayutla” 21 de febrero
de 2013; Notimex, “Justifica Grupo de Autodefensa muerte de
persona en retén”, 20 de febrero de 2013]
El 4 de febrero de 2013, una pareja de turistas provenientes del
Distrito Federal fue atacada a balazos en un retén de la autodefensa instalado en la comunidad de Las Mesas en el municipio
de San Marcos, cuando se dirigían a pasar el fin de semana en
Playa Ventura. Bruno Plácido Valerio justificó la agresión: “fue
una imprudencia de los turistas el pasar un retén y no detenerse”. [El Universal, “Autodefensa de Guerrero hiere a dos
turistas”, 3 de febrero de 2013]
El 10 de marzo de 2013 reportó el periódico Excélsior: “Un policía comunitario de Felipe Carrillo Puerto, poblado mejor conocido como La Ruana, en Tepalcatepec, Michoacán, asesinó
a los padres de su novia. El crimen ocurrió en la comunicada
conocida como La Ordeñita, donde opera un grupo de autodefensa.
“El homicida, identificado como Antonio Iván Alonso, de entre 20 y 25 años de edad, utilizó una pistola calibre .38 súper
para cometer el homicidio. Antonio Iván, quien el pasado 24
de febrero se incorporó a la ‘policía comunitaria’, fue hasta la
comunidad de La Ordeñita, para solicitar permiso del noviazgo que sostenía con una hija de Rigoberto Figueroa Ureña y
Zenaida Carranza Vázquez.
De acuerdo a fuentes policiales, el homicida también huyó, pese al crimen, no fue detenido por los otros ‘policías comunitarios’, quienes permitieron la huida del malhechor.”
El 2 de mayo de 2013 integrantes de las “autodefensas” asesinaron a balazos en una emboscada al agricultor Jesús Torres
Chávez, hermano de Luis Torres Chávez, Presidente Municipal
de Buenavista Tomatlán, Michoacán, como represalia contra el
edil por negar a someterse a la “policía comunitaria” [Excélsior, “Asesinan a hermano del edil municipal de Buenavista,
Michoacán”, 2 de mayo de 2013]
Extorsión
En su edición del 29 de abril, el periódico Excélsior publicó el
reportaje titulado “Acusan a las autodefensas de cobrar derecho de
piso”, en el que expone:
Buenavista Tomatlán, Mich., 29 de abril.— Las guardias comunitarias, que según sus propios integrantes surgieron para poner un alto
a abusos de la organización delictiva “Caballeros Templarios”, son
ahora acusadas de robo y de cobrar derecho de piso.
De acuerdo con productores de la región, ese tipo de cuotas atribuidas
a los Templarios fueron asumidas por los llamados ‘comunitarios’,
cuya cabeza visible es el ‘comandante’ Hipólito Mora Chávez, ex convicto en Estados Unidos.
Carniceros, productores de limón, ganaderos y propietarios de empacadoras de fruta dicen que son obligados a pagar una cuota a lo que
ahora llaman ‘el cártel de Hipólito’.
Tenemos que pagar hasta mil 500 pesos a la semana para poder trabajar’, comentó a Excélsior el propietario de una carnicería ubicada en
la cabecera municipal de Buenavista.
La constante es el miedo, particularmente en La Ruana, como también se le conoce a la comunidad de Felipe Carrillo Puerto, donde
según los propios productores los ‘comunitarios’ los han despojado
de cientos de huertas de limón por haberse negado a financiar a los
‘grupos de autodefensa’.
‘Los principales líderes de los comunitarios llegaron a las huertas y se
apropiaron de ellas. Yo creo que han robado más de 800 hectáreas de
limón y están explotando el producto de manera ilegal. Es un robo que
nadie se atreve a detener’, dijo un agricultor expulsado de La Ruana.
Sin autoridades
Desde el 25 de febrero pasado el alcalde de Buenavista, Luis Torres
Chávez, no despacha en el Palacio Municipal, mientras los policías
preventivos no asisten a su sede porque las “guardias de autodefensa” no se los permiten. Pasan lista en la Dirección de Seguridad Pública de Apatzingán, para justificar su asistencia.
‘La Policía Municipal está resguardada en Apatzingán junto con armas y patrullas. Yo estoy esperando instrucciones del gobierno del
estado para poder laborar, y por motivos de seguridad estamos a la
expectativa’, comentó Torres Chávez, entrevistado en Morelia.
En días pasados, un grupo de mujeres identificadas con la guardia comunitaria acudió al domicilio particular del alcalde para expulsar del
pueblo a la esposa del funcionario y a otros integrantes de su familia.
El propio munícipe solicitó el apoyo de la Policía Federal para resguardar a sus seres queridos, pero la acción oficial se limitó a sacar
con bien de Felipe Carrillo Puerto a su esposa e hijos.
Privación ilegal de la libertad
Con fecha 10 de abril de 2013, Reforma reportó:
Treinta y un personas que fueron entregadas por grupos de autodefensa a autoridades de Guerrero quedaron en libertad luego que la
Procuraduría del Estado no les comprobó su culpabilidad. Grupos
de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero
(UPOEG) habían detenido en Ayutla y Tecoanapa a las personas,
quienes fueron liberadas entre este martes y miércoles. [Reforma, ‘Liberan a 31 detenidos por Policía civil’, 10 de abril de 2013].
Los padres de Luis Miguel Ramos García y Cristian Cortés Castro,
dos de los detenidos por el movimiento de autodefensa de Ayutla y
Tecoanapa que lidera la Unión de Pueblos Organizados del Estado de
Guerrero (Upoeg) y que más tarde entregaron a la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), exigieron su liberación porque en
264 •
el procedimiento que les siguen no está sustentado su supuesta responsabilidad en el delito de secuestro [La Jornada, ‘Exigen padres la
liberación de 2 jóvenes detenidos por la Upoeg’, 23 de marzo de 2013]
Vínculos con el narcotráfico y patrocinio sospechoso
El 26 de febrero de 2013 reportó El Universal:
Alrededor de 500 hombres encapuchados con armas AK-47 y camionetas de lujo forman dos grupos de autodefensa que aparecieron ayer
en el estado de Michoacán.
Los civiles armados, similares a los que en las últimas semanas aparecieron en Guerrero, se mostraron en el municipio de Tepalcatepec.
Estos 500 encapuchados se ubicaron en las entradas de la entidad,
portando armas de asalto y rifles R-15, además de una playera blanca
con la leyenda ‘Por un Tepalcatepec libre’ en letras negras.
Integrantes de esta autodenominada policía comunitaria señalaron
que recibieron apoyo económico de empresarios para levantarse en
armas desde el domingo pasado.
El mismo diario reportó el 7 de marzo de 2013:
Un grupo de 37 personas, presuntos integrantes de policía comunitaria de Buena Vista Tomatlán [Michoacán], fueron detenidos por el
Ejército Mexicano en la comunidad de La Ruana y les fueron aseguradas un número indeterminado de armas de grueso calibre (…)
Derivado de la acción del Ejercito también fue liberado el director de
la policía municipal, Otoniel Montes Herrera y los cincos policías
municipales que estaban retenidos en las oficinas de la alcaldía, la
cual había sido tomada por el grupo de autodefensa.
Al siguiente día, el mismo diario informó que según la Secretaría
de Gobernación y la PGR, este grupo fue armado por Cártel de Jalisco Nueva Generación [El Universal, “Detienen a 37 miembros de
autodefensa en Michoacán”, 7 de marzo de 2013 y “PGR ve narco
detrás de grupo de autodefensa”, 8 de marzo de 2013]
El 11 de marzo de 2013 la PGR detuvo a 17 integrantes más del grupo
de autodefensa de Buena Vista Tomatlán, Michoacán. En represalia el
12 de marzo seguidores del grupo de autodefensa secuestraron durante 20 horas a 47 integrantes del ejército. [Terra, “PGR presenta a 17
de autodefensa en Michoacán”, 12 de marzo de 2013 y Excélsior, “Liberan a militares secuestrados en Michoacán”, 13 de marzo de 2013]
El 1 de mayo de 2013 en la edición del Estado de México del periódico Milenio, José Antonio Ortega escribió: “[El gobernador de
Guerrero Ángel] Aguirre ayuda a tirar una cortina de humo sobre el
financiamiento de estos grupos, que -según él mismo ha dicho- están
vinculados con los terroristas. Hay unos 2 mil hombres armados que
se hacen pasar como policías ¿De dónde salieron las armas?, ¿quiénes
los patrocinan como para que puedan dedicarse de tiempo completo a
jugarle al policía revolucionario?, ¿viene el dinero de los secuestros
que los terroristas han realizado por años?, ¿viene acaso del narcotráfico? O peor aún: ¿el dinero proviene de la fusión entre terrorismo y
narco, la cual por tanto tiempo se ha temido?”
Violación de la Constitución
El 8 de abril, integrantes de la Coordinadora de Trabajadores de
la Educación de Guerrero y Unión de Pueblos y Organizaciones del
Estado de Guerrero, estos últimos armados, realizaron una marcha
en Chilpancingo, Guerrero. [CNN, “Magisterio y policía comunitaria con armas marchan la capital de Guerrero”, 8 de abril de 2013]
Lo anterior es una clara violación del artículo 9 de la Constitución
del país, que establece: “Ninguna reunión armada, tiene derecho de
deliberar”.
Ante este despliegue de violencia, la evidente usurpación de funciones y la emergencia de poderes paralelos a los del propio Estado,
las autoridades locales y las federales han seguido una política de
pasividad y de claudicación.
266 •
En Michoacán, salvo por la detención de integrantes de un grupo
de “autodefensa” en marzo, el gobierno federal ha estado prácticamente cruzado de brazos. Ha habido balaceras, enfrentamientos entre “autodefensas” y sicarios con saldo de varios muertos, bloqueos
de carreteras, incendios intencionales contra negocios y la reacción
mínima o tardía.
En apariencia el gobierno de Enrique Peña se decidió a poner orden en Michoacán y el 20 de mayo de 2013 un contingente del Ejército fue desplegado en el estado.
Los militares empezaron a hacer su trabajo y como parte de ello
detuvieron a integrantes de las autodefensas de Buenavista Tomatlán por portar armas. Entonces, los cómplices de los detenidos secuestraron a un grupo de soldados y los canjearon por sus compañeros, canje obviamente autorizado por la Secretaría de Gobernación.
Es decir, el Ejército ha sido enviado a Michoacán a hacer el ridículo, a servir como comparsa, a ser mero instrumento de la negociación del gobierno con los integrantes de grupos armados ilegales.
Con esto no sólo se profundiza la inseguridad, sino que además se
humilla al Ejército mexicano.
Y por supuesto que las “autodefensas” continúan armadas, operando retenes y realizando patrullajes en abierto desafío al Ejército,
con la complacencia de la Secretaría de Gobernación. Y detener a los
integrantes de estos grupos que por lo menos han cometido 2 asesinatos, ni siquiera se intenta.
Pero en Guerrero la situación es todavía peor. El 23 de abril de
2013 el gobernador Ángel Aguirre firmó un convenio con la Unión
de Pueblos y Organizaciones Sociales que controla a la mayoría de
“autodefensas” y falsas “policías comunitarias”. Según ese convenio los grupos armados ilegales se convertirán en policías y sus integrantes recibirán salarios y permiso para portar armas.
El 1 de mayo de 2013 en la edición del Estado de México del periódico Milenio, José Antonio Ortega comentó al respecto:
Cuando Ángel Aguirre anuncia que hará pasar a las autodefensas y
“policías” comunitarias por policías verdaderas y además que les va a
regalar el dinero de los contribuyentes, lo que este señor hace es algo más
que comedia: concede una suerte de amnistía a los integrantes de esas
pandillas por los crímenes que han cometido, entre ellos el homicidio de
al menos dos personas y la privación ilegal de libertad de decenas más.
Hasta hace poco existía todavía la posibilidad de que el gobierno
del Presidente Peña Nieto fuera menos irresponsable y claudicante
que el de Guerrero, pero ha probado lo contrario. El 26 de mayo de
2013 la Secretaría de Gobernación anunció que estaba en negociaciones con los grupos armados ilegales para “regularizarlos”, para
convertirlos en “policías”.
Al respecto el 29 de mayo de 2013 en la edición del Estado de
México del periódico Milenio, en el artículo titulado “Y ¿por qué no
volver policías a Los Zetas?”, José Antonio Ortega comentó:
Pero la política del gobierno de Peña para Guerrero, otra entidad al
borde del Estado fallido, es todavía peor, pues está negociando con
las autodefensas su conversión en policías “normales”. Es decir los
mismos sujetos que han asesinado a por lo menos dos personas por
no detenerse en retenes, que han privado ilegalmente de la libertad a
ciudadanos inocentes acusándolos de delincuentes, que se financian
de manera oscura y que hacen llamados para derrocar al gobierno,
serán quienes se encarguen de la seguridad de sus municipios. Y no
sólo podrán portar armas sino además recibirán sueldos.
La legalización de las autodefensas significará una amnistía de facto a
sus crímenes y una autorización para que los sigan cometiendo.
Las autodefensas de Michoacán –que también han cometido asesinatos y además extorsiones– exigirán, lógicamente, similar trato. Pero
después pedirán lo mismo los cárteles del narco y podrían obtenerlo,
¿por qué no? De ese modo, no sólo podrían traficar drogas, sino secuestrar, extorsionar y robar, como ya lo hacen, pero sin el menor
temor al castigo, pues “legalmente” serían “policías”.
268 •
Los gobiernos hasta ahora han seguido muchas políticas de seguridad
pública erróneas, pero esto es el colmo.
Al negociar impunidades con criminales, el gobierno viola la ley, vulnera la soberanía del Estado y amenaza la seguridad nacional.
Respecto a las “autodefensas” como frente a cualquier grupo ilegal de civiles armados, el mayor peligro para México lo representa el
que los gobernantes negocien y pacten con ellos. Estos pactos equivaldrían a legalizar el Estado fallido, a que el Estado renunciara a su
monopolio sobre el uso legítimo de la fuerza en contra de la violencia.
Pero además ello significaría extender un patente de corso a los
grupos violentos, para que abusen tanto como quieran de los habitantes de los territorios que controlan.
El peligro es reproducir en México el pacto criminal que sostiene
el gobierno de El Salvador, encabezado por Mauricio Funes, con las
Maras. En este caso dos grupos criminales rivales –con los auspicios
gubernamentales– pactaron una tregua y disminuyeron los asesinatos. Pero a cambio de esta tregua que sólo beneficia a los criminales,
el gobierno salvadoreño ha permitido a las Maras el seguir extorsionando a amplios sectores de la población.
Entonces en México el gobierno lograría que disminuyeran los
homicidios, porque así les conviene a los grupos criminales, que ya
están cansados con la matanza por ellos desatada y a cambio recibirán carta blanca para seguir extorsionando, secuestrado y robando,
además de traficar con drogas…
Lo que no hay que hacer
Para solución al problema de la inseguridad en México no será
posible si los diferentes niveles de gobierno y en particular el federal
incurren en las siguientes prácticas:
1. Incumplir compromisos. No cumplir las metas no sólo sería romper las promesas gracias a los cuales Enrique Peña
2.
3.
4.
5.
270 •
obtuvo el voto mayoritario de los ciudadanos, sino lo más
probable es que agravaría la situación de inseguridad. Los
integrantes de los grupos criminales y los delincuentes en
general interpretarían este incumplimiento como una señal
de debilidad del gobierno y de mayores oportunidades para
delinquir, al igual que los policías y gobernantes corruptos
que los protegen.
Maquillar cifras. Pretender hacer descender los índices criminales en el papel tendría un efecto todavía más grave que
el del fallo antes señalado, pues haría perder al nuevo gobierno toda credibilidad. Como ya ha sucedido, no hay manera
de falsificar cifras sin dejar rastro.
Insistir en la política criminal asistencialista. Los programas de supuesta prevención del delito, basados en subsidios,
no previenen el delito y por el contrario distraen recursos y
esfuerzos que deberían dedicarse a lo que realmente previene el delito: abatir la impunidad y la vigilancia pro-activa de
la policía.
Continuar con la política de dejar que los criminales se maten entre sí. Continuar con esta política no sólo hará que siga
creciendo la matanza, sino que los grupos criminales sean
cada vez más fuertes, agredan más a la población inocente y
desplacen más al Estado como fuerza real.
Continuar la política de perseguir a unos criminales y
favorecer a otros. Aunque se tiene que actuar prioritariamente contra los grupos criminales que más agreden a las
personas inocentes, no puede haber protección o tolerancia
frente a los otros. Muchos de los grupos criminales que antes fueron tolerados y usados como medios para eliminar a
los tenidos como más agresivos, han terminado por agredir
igualmente a la población inocente, como sucedió en Ciuad
Juárez, Chihuahua.
6. Olvidarse del problema decisivo de la impunidad. Las tasas de castigo (porcentaje que los delitos materia de condena representan de los delitos denunciados) son las más bajas
desde que se tiene registro (1996). Además hay un rezago de
más de 800 mil órdenes de aprehensión que no han sido ejecutadas. Sin cuando menos recuperar las tasas de castigo que
había hace 6 años (para luego elevarlas) y sin abatir el rezago
en el cumplimiento de las órdenes de aprehensión, simplemente no se superará la inseguridad.
7. Soslayar la importancia de prevenir y castigar todos los delitos. Como se ha explicado, la idea de concentrarse exclusivamente en los delitos más graves, lo único que consigue
es que haya cada vez más mayor incidencia de todo tipo de
delitos, que los delincuentes escalen y prolonguen sus carreras criminales.
8. Dar amnistía a los responsables del desastre. La crisis de
inseguridad no sólo es resultado de la negligencia e incompetencia de los gobernantes y sus colaboradores, sino de que
se coludieron con los criminales. El perdonar estos crímenes
lo único que hará es que los gobernantes delincuentes sigan
delinquiendo y a ellos se les sumen más.
9. No concluir la reforma de las policías. Los cronogramas para
la depuración y reorganización de las policías ya han sido incumplidos repetidamente. Simplemente es inadmisible que
persistan las demoras. No concluir la reforma significa no
otra cosa que más asesinatos, más secuestros, más extorsiones, más robos, más pérdida de oportunidades de negocios,
los cuales requieren de un clima de seguridad.
10.Apostarle todo a la Policía nacional. Una Policía nacional
no es panacea para resolver ningún problema de seguridad.
Una Policía nacional puede ser tanto o más corrupta que un
conjunto de policías locales con mandos únicos estatales. El
problema de apostarle a una Policía nacional es que significaría una manera de eludir la solución urgente de los problemas. No nos oponemos per se a que se cree una Policía
nacional, a lo que nos oponemos es a que se utilice esto para
seguir comprando tiempo y continúe sin haber en las fuerzas
del orden un esquema de responsabilidades, esto es, a que la
permanencia en los cargos no dependan de los resultados en
reducir el crimen.
11.Seguir tolerando la anarquía en las prisiones. El sentido
de la prisión no es ni castigar ni readaptar, sino proteger
a la sociedad de quienes la agreden. La prisión protege a
la sociedad porque inhabilita a los delincuentes y tiene un
efecto disuasivo. Pero cuando las prisiones no son tales,
sino –como ahora son– prolongaciones del poder de los
grupos criminales, entonces la prisión deja de cumplir su
cometido y pierde sentido el sistema de justicia penal en
su conjunto.
12.Insistir en la demagogia antiestadounidense. Culpar a
Estados Unidos de problemas que no son más que producto del mal desempeño de los gobernantes mexicanos, no
sólo es mera pérdida de tiempo, sino que además dificulta
la oportunidad de una mayor colaboración de nuestro vecino. Además esta demagogia hostil tiende a reforzar la
percepción en nuestro vecino de que la situación en México eventualmente se convertirá en una amenaza a su seguridad nacional.
13.Tolerar o legalizar a los grupos ilegales de civiles armados,
llámense “autodefensas” o “policías comunitarias”. Esta
política lo único que acarreará es la “institucionalización” de
la pérdida de soberanía del Estado en franjas crecientes del
territorio nacional en favor de los grupos violentos y “legalizar” el cobro del “derecho de piso”.
272 •
Lo que sí hay que hacer
En octubre de 2012 hicimos llegar al entonces Presidente electo
Enrique Peña Nieto una carta en la que el Consejo Ciudadano para
la Seguridad Pública y la Justicia Penal AC y otras organizaciones
le planteamos nuestras demandas en materia de seguridad pública.
La reproducimos íntegra a continuación, pues expresa cabalmente
lo que creemos sí debe hacer el nuevo gobierno:
Al Presidente Electo y futuro Presidente Constitucional de los
Estados Unidos, Lic. Enrique Peña Nieto, pedimos:
1. Cumpla su compromiso de reducir la incidencia del homicidio, el secuestro y la extorsión en cuando menos un 50%
durante el próximo sexenio.
2. Amplie su compromiso a que las tasas de secuestro y homicidio regresen a cuando menos a los niveles de 2006 y 2007,
respectivamente.
3. Haga depender del cumplimiento de esos compromisos a los
responsables de la seguridad pública del gobierno federal;
que no tolere el incumplimiento ni la simulación.
4. Informe sobre los avances en el cumplimiento de los objetivos y metas con veracidad y oportunidad.
5. En el ámbito de competencia del gobierno federal abata la
impunidad: que se cumplan todas las órdenes de aprehensión y aumente sustancialmente la tasa de castigo (tasa de
sentencias condenatorias con relación al número de delitos).
6.Que rompa definitivamente con la política de tolerar que los
criminales se maten entre sí y a las milicias privadas ilegales.
7. Que conceda la debida prioridad a garantizar la seguridad
de las empresas de los ramos de directa competencia federal,
como es el caso de la minería, víctimas de extorsión.
8. En el ámbito de su competencia establezca una política de
cero tolerancia ante las acciones ilegales y violentas de grucómo salir de la pesadilla • 273
pos con demandas políticas o sociales, legítimas o no, como
forma de presión y chantaje. Que se aplique siempre la ley
y no se le negocie. Parte de esto debe ser el poner fin a la
política de tolerancia a los grupos terroristas que operan en
México, se les investigue, desarticule y castigue a sus integrantes. Asimismo se debe dar cabal cumplimiento a la ley
de amnistía en Chiapas de 1994 y recuperar la soberanía del
Estado en la totalidad del territorio nacional.
9. Forme una comisión encargada de investigar las causas y
responsables concretos, ya sea por corrupción, negligencia
o ambas, del debilitamiento del Estado mexicano en su obligación de garantizar seguridad y orden, la operación impune
de grupos criminales y milicias privadas ilegales que actúan
como una fuerza de facto que disputa al poder público sus
monopolios legales al uso de la coerción y la imposición de
exacciones, así como la captura por parte de esos mismos
grupos de corporaciones policiales completas.
10.Como consecuencia de lo anterior, se finquen las responsabilidades penales, administrativas y políticas a que haya lugar,
tanto porque proceder así es una obligación legal del gobierno como para dejar claro que no habrá tolerancia a servidores públicos y políticos que protegen a grupos criminales, se
asocian con ellos o incumplen su mandato de combatirlos.
11.Que asuma el liderazgo que le corresponde del Sistema
Nacional de Seguridad Pública, a fin de que las autoridades locales:
• Hagan suyos los compromisos de reducción del homicidio, el secuestro y la extorsión en cuando menos 50% en
los próximos seis años.
• Amplíen su compromiso a que las tasas de secuestro y
homicidio regresen cuando menos a los niveles de 2006 y
2007, respectivamente.
274 •
• Se comprometan a que la permanencia de los servidores
públicos de la seguridad pública y la procuración de justicia dependa del cumplimiento de esos objetivos y metas
y sean separados quienes no cumplan.
• Informen sobre los avances en el cumplimiento de los objetivos y metas con veracidad y oportunidad.
• Se comprometan a abatir la impunidad en todos los delitos y no sólo los más graves, mediante el cumplimiento
de las más de 800 mil órdenes de aprehensión y reaprehensión pendientes de ejecución, no permitan se produzca nuevo rezago en esa materia y se eleven sustancialmente las tasas de castigo de todos los delitos. La tasa
nacional de castigo del homicidio doloso debe retornar a
cuando menos el nivel que tenía en 2005.
• Restablezcan el orden en las prisiones, de tal suerte de que
cesen en estas las prácticas del autogobierno, la extorsión
de internos y visitantes, el tráfico de privilegios, la violencia organizada, el hacinamiento, los motines y evasiones.
• Completen a más tardar en diciembre de 2013 el proceso
de depuración de las corporaciones policiales e integración de los mandos únicos, de tal modo que las fuerzas
armadas que han apoyado la tarea de seguridad pública
puedan regresar a sus cuarteles.
• Eleven sustancialmente los salarios de los policías.
Además solicitamos la solución de los siguientes casos específicos:
1. El cabal esclarecimiento y castigo de los responsables materiales e intelectuales del asesinato del arzobispo de Guadalajara, Cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo, ocurrido el 24
de mayo de 1993.
2. El cabal esclarecimiento y castigo de los responsables materiales e intelectuales del secuestro de Eduardo García Valseca, ocurrido entre 2007-2008.
3. El cabal esclarecimiento de los secuestros cometidos por
grupos terroristas mexicanos en asociación con las Fuerzas
Revolucionarias Armadas de Colombia y castigo de los responsables.
4. Se investigue la actuación de las autoridades federales con
relación a la ciudadana francesa Florence Cassez y México
cumpla el tratado que mantiene con Francia, para que ella
compurgue su condena en su país.
De estas peticiones sólo la última ya no tiene razón de ser, pues
Florence Cassez fue liberada al ganar un amparo que su defensa
promovió.
Los restantes puntos son vigentes, pero debemos añadir los siguientes:
1. Respuesta firme, de inteligencia y de autoridad, del Gobierno Federal frente a los recientes hechos y asesinatos: Asesinato en Michoacán del Vicealmirante Carlos Miguel Salazar
Ramonet, Comandante de la Octava Zona Naval; asesinato
de José Manuel Reyes Rosales, Comandante de la Policía
Municipal de Lázaro Cárdenas, Michoacán; así como el caso
del canje de 4 autodefensas que habían sido detenidos en
un operativo a cambio de 24 militares que fueron secuestrados por el grupo de autodefensa para negociar la liberación
de los detenidos; entre los militares secuestrados se encontraba el General Sergio Arturo García Aragón, responsable
del operativo de seguridad en el municipio de Buenavista
Tomatlán, Michoacán. El secuestro y liberación del general
Sergio Arturo García Aragón –y militares que junto con él
fueron secuestrados– fueron realizados con impunidad y cinismo para retar e inhibir al Estado Mexicano y al Gobierno.
2. En el caso del General Tomás Ángeles Dauahare, quien
salió libre al comprobar su inocencia, queda pendiente por
esclarecer quién deliberadamente procedió en su contra y
276 •
lo inculpó y metió a prisión. Es necesario que se conozca al
autor y partícipes de la injusticia en contra del General y que
se le aplique un justo castigo a los culpables.
3.El Comandante Javier Herrera Valles, quien siendo Coordinador de Seguridad Regional de la Policía Federal fue acusado
del delito de delincuencia organizada y después de estar en
prisión desde noviembre 2008 hasta septiembre del 2012 en que
fue liberado, tras considerar que los elementos con los cuales
fue acusado por el Ministerio Público Federal no tenían sustento. Igual que en el caso del General Tomás Ángeles Dauahare, se deben investigar y conocer a los autores y partícipes
en la injusta acusación y que se les aplique un justo castigo.
El Comandante Javier Herrera Valles, plenamente demostrada
su inocencia ha solicitado la reinstalación en el cargo, a la que
tiene derecho, y a la fecha no ha obtenido respuesta.
4. Para que en el tema del combate a la delincuencia se establezcan mecanismos de cooperación con los Estados Unidos
es importante que se esclarezca el asunto de la emboscada
de que fueron objeto funcionarios de la embajada de los
Estados Unidos en México, ocurrida en agosto de 2012 a la
altura de Tres Marías en el estado de Morelos, cuando fueron
atacados por elementos de la Policía Federal con armas de
alto poder. Los funcionarios norteamericanos viajaban en un
vehículo oficial de la embajada con placas diplomáticas.
Estos hechos no son sólo asesinatos, son un reto al Estado,
son un daño gravísimo a la gobernabilidad. No deben quedar
impunes.
5. Intervención inmediata para solucionar la problemática de
las autodefensas atacando sus causas y para restaurar la gobernabilidad:
• Desplegar las fuerzas federales necesarias para abatir la
inseguridad y la impunidad, así como para restaurar la
autoridad del Estado, en las localidades donde hay autodefensas. Estas fuerzas deben permanecer hasta que exista una fuerza policial local formal, capaz de garantizar la
seguridad.
• Deben tener máxima prioridad zonas como Tierra Caliente en Michoacán y Costa Chica de Guerrero.
• Desarmar a los grupos armados y poner fin a sus actividades fuera de la ley y proceder a la inmediata detención
de los autores de asesinatos en retenes de la autodefensa de Ayutla de Los Libres y Tixtla, Guerrero; así como de
dos asesinatos en Buenavista Tomatlán, Michoacán.
• Promover la derogación del reconocimiento a las policías comunitarias en la ley 701 de Guerrero, que es contrario a la Constitución del país (artículo 21) y sirve como
cobertura a los grupos armados ilegales.
• Identificar las localidades con una problemática similar
y proceder igualmente a desplegar las fuerzas federales necesarias para actuar contra las causas y prevenir la
aparición de las autodefensas.
6. Ratificamos al Presidente Enrique Peña Nieto las peticiones que le entregamos en octubre de 2012 y mencionados en
páginas anteriores.
Señor Presidente: No le quede duda, los ciudadanos participativos de todos los sectores esperamos que Usted actúe con inteligencia, firmeza y tenacidad. Deseamos que la estrategia contra el
crimen, la violencia y la impunidad tenga resultados positivos, que
sea exitosa.
Si en esta lucha el Gobierno Federal lo hace bien, estamos convencidos que a México le va bien y que Usted contará con el apoyo
social para sostener esa lucha contra la violencia y la impunidad.
278 •
¿Cuántos fueron asesinados
durante el gobierno de Calderón?
Para efectos de este estudio consideramos el período de gobierno
de Felipe Calderón de enero de 2007 a diciembre de 2012. Según las
cifras oficiales del Sistema Nacional de Seguridad Pública en este
período en el país hubo un total de 104,825 homicidios dolosos.
Homicidios dolosos en las entidades federativas entre
2007 y 2012 según el SNSP
Entidad
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Aguascalientes
49
63
66
75
71
44
Baja California
511
853
750
884
673
590
Baja California Sur
28
28
31
48
38
35
Campeche
36
45
41
59
59
69
Chiapas
358
326
499
513
613
573
Chihuahua
617
2,030
3,156
3,903
3,085
1,997
Coahuila
121
179
240
407
663
767
30
33
52
93
165
259
Distrito Federal
714
713
747
811
779
779
Durango
250
430
930
1,024
764
618
Guanajuato
229
257
414
437
604
771
Guerrero
800
951
1,431
1,500
2,158
2,310
Colima
¿cuántos fueron asesinados durante el gobierno de calderón? • 281
Hidalgo
147
139
137
134
111
83
Jalisco
389
462
570
888
1,222
1,180
1,127
1,261
1,345
1,153
1,512
2,130
Michoacán
527
565
728
661
773
755
Morelos
113
135
317
559
556
862
Nayarit
108
147
148
367
456
244
Nuevo León
283
263
267
828
2,003
1,459
Oaxaca
948
733
752
666
641
472
Puebla
401
429
414
415
619
644
57
58
90
59
98
110
Quintana Roo
176
192
177
234
269
250
San Luis Potosí
153
218
158
417
402
396
Sinaloa
741
1,156
1,251
2,251
1,907
1,464
Sonora
308
393
498
654
472
501
Tabasco
193
148
117
143
162
124
Tamaulipas
265
308
288
721
855
1,016
Tlaxcala
0
42
48
48
71
59
Veracruz
478
477
347
583
890
968
Yucatán
30
47
33
36
46
38
Zacatecas
66
74
76
110
119
195
Indicador
nacional
10,253
13,155
16,118
20,681
22,856
21,762
México
Querétaro
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) realiza
su propio conteo sobre homicidios, como parte del conteo de mortalidad y que se basa en actas de defunción. Sus cifras empezaron a
ser superiores a las del SNSP a partir de 2008. Aún no ha publicado
los datos de 2012.
282 •
¿cuántos fueron asesinados durante el gobierno de calderón?
Homicidios dolosos en las entidades federativas entre
2007 y 2011 según el INEGI
Entidad
2007
2008
2009
2010
2011
Aguascalientes
44
59
67
75
105
Baja California
369
1,031
1,530
1,525
822
Baja California Sur
35
38
34
55
50
Campeche
50
54
58
48
51
Chiapas
101
262
514
199
196
Chihuahua
518
2,604
3,680
6,421
4,487
Coahuila
107
175
270
449
718
Colima
43
56
61
131
169
Distrito Federal
848
931
981
1,078
1,100
Durango
178
426
1,033
1,112
1,085
Guanajuato
219
296
492
446
616
Guerrero
764
1,001
1,851
1,567
2,397
Hidalgo
74
75
145
113
211
450
547
681
1,081
1,527
Jalisco
México
1,243
1,579
1,864
2,114
2,627
Michoacán
556
658
934
707
853
Morelos
126
215
259
494
435
Nayarit
108
155
195
541
583
Nuevo León
279
241
342
928
2,149
Oaxaca
563
617
598
731
685
Puebla
274
352
360
376
440
56
73
89
73
109
Quintana Roo
121
144
141
145
164
San Luis Potosí
142
199
211
363
364
Sinaloa
397
820
1,413
2,397
1,967
Sonora
321
435
573
740
542
Querétaro
Tabasco
146
154
173
194
230
Tamaulipas
193
265
315
963
1,097
Tlaxcala
36
54
81
56
89
Veracruz
380
341
692
461
999
Yucatán
49
49
37
34
53
Zacatecas
73
98
129
140
292
Indicador
nacional
8,867
14,006
19,803
25,757
27,213
Nuestras estimaciones arrojan un total de 131,404 homicidios entre 2007 y 2012. Respecto a los años 2007 a 2011 tenemos cifras alternativas a las del SNSP y a las del INEGI por cada entidad federativa.
Respecto a 2012 la estimación es global y no detallamos por entidad
federativa, pues para hacerlo requerimos las cifras del INEGI.
284 •
Cifras reales de homicidios en las entidades
federativas entre 2007 y 2011
Entidad
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Aguascalientes
49
63
67
75
80
Baja California
511
1,031
1,530
1,525
810
Baja California Sur
28
38
34
55
42
Campeche
36
54
58
48
59
Chiapas
358
364
514
513
613
Chihuahua
617
2,601
3,680
7,209
4,502
Coahuila
121
180
270
449
729
Colima
30
57
61
131
165
Distrito Federal
714
930
981
1,078
1,101
Durango
250
430
1,033
1,112
1,066
Guanajuato
229
295
492
446
619
Guerrero
800
1,005
1,851
1,567
2,425
Hidalgo
147
139
145
134
209
Jalisco
389
542
681
1,081
1,524
2,700
2,907
2,700
2,700
2,613
Michoacán
527
658
934
707
852
Morelos
113
215
317
559
556
Nayarit
108
155
195
541
556
Nuevo León
283
263
342
928
2,177
Oaxaca
948
733
752
731
682
Puebla
401
429
414
415
619
57
74
90
73
107
Quintana Roo
176
192
177
234
269
San Luis Potosí
153
218
211
417
402
Sinaloa
741
1,156
1,413
2,397
1,988
Sonora
308
436
573
740
542
Tabasco
193
153
173
194
225
México
Querétaro
Tamaulipas
265
308
315
963
1,407
Tlaxcala
0
53
81
56
88
Veracruz
478
477
692
583
1,005
Yucatán
30
49
37
36
53
Zacatecas
66
100
129
140
290
Indicador
nacional
11,826
16,305
20,942
27,837
28,375
26,119
¿Por qué no aceptamos como buenas las cifras oficiales de homicidios? y ¿en qué nos basamos para estimar cifras que son una 30%
mayores a las del SNSP y aunque parecidas a las del INEGI también
superiores?
La razón principal para no confiar en las cifras que los gobiernos
de las entidades federativas reportan al SNSP, es que a lo largo de
los años hemos acumulado evidencia de falsificación de datos, para
aparentar una incidencia criminal inferior a la real.
Entre esa evidencia destaca:
• Cifras del total de homicidios dolosos que son inferiores a una
de sus partes, como es el caso de los homicidios atribuibles al
crimen organizado, lo cual es absurdo.
• Bajas abruptas de los homicidios sin ninguna explicación
plausible.
• Las cifras del INEGI suelen ser más elevadas que las SNSP.
En general las cifras del INEGI son más confiables (pues no
hay la intención de manipulación para encubrir errores, omisiones u otras cosas), pero en algunos casos son erróneas, pues al
parecer la institución tiene dificultades para obtener la información suficiente.
Por ejemplo es muy claro que desde hace años el INEGI sub-registra los homicidios en Chiapas.
Por tanto, los criterios que adoptamos para calcular las cifras reales o más cercanas a la realidad han sido los siguientes:
286 •
• En caso de que las cifras del SNSP y el INEGI y alguna otra
fuente no coincidan, lo más probable es que la cifra más elevada sea la correcta. Por ejemplo, en 2010 según el SNSP en
Chihuahua hubo 3,903 homicidios, pero según el INEGI en
realidad se registraron 6,421. Entonces ¿de dónde sacamos
nosotros que en realidad hubo 7,209 homicidios? Pues de lo
informado por la Fiscalía General en marzo de 2011, cuando
reconoció que esta última cifra era la real.132
• En ningún caso las cifras totales de homicidios dolosos pueden ser inferiores a las de los aquellos homicidios que son atribuibles a los grupos criminales. Por ejemplo, en 2011 según el
SNSP en Tamaulipas hubo 855 homicidios dolosos y según el
INEGI hubo 1,097, pero según los datos de la PGR sobre asesinatos atribuibles a los grupos criminales, de estos había habido
1,108 en los primeros 9 meses de 2011. De ahí que nosotros
estimáramos la cifra real en 1,407, la cual es inferior a la que
resultaría de proyectar a 12 meses la citada cifra de 9 meses de
la PGR (pues preferimos hacer estimaciones conservadoras).
• Ante la evidencia de falsificación de las cifras del Estado de
México desde el año 2007, hemos considerado para los años
2007 a 2010 la cifra de 2,700 homicidios, que es el promedio
de homicidios según las cifras reportadas por la procuraduría
mexiquense entre 2000 y 2006, es decir, antes de que iniciara
el proceso de falsificación sistemática. Para 2011 tomamos por
buena la cifra del INEGI de 2,613 homicidios, porque es muy
cercana a la cifra promedio que habíamos calculado. Antes de
ese año tenemos la convicción de que el INEGI también estaba
sub-registrando los homicidios en esa entidad (por error y no
por e afán de “rasurar” cifras).
Cabe aclarar que la estimación de 26,119 homicidios dolosos en
2012 (frente a la cifra del SNSP de 21,762), se basa en lo siguiente: en
virtud de que en 2011 entre la cifra de homicidios del SNSP (22,856)
y la del INEGI (27,213) fue 4,357, esta última cantidad es la que sumamos a la cifra oficial del SNSP para 2012 (21,762 más 4,357 es
igual a 26,119). Es decir nuestro pronóstico es que la cifra del INEGI
de 2012 -cuando se dé a conocer- será de alrededor de 26,119.
Ahora bien, nosotros calculamos que de los 131,404 homicidios
66,410 (50.54% del total) fueron los que se podían atribuir a los grupos criminales. Esta cifra se basa en sumar las cifras de 2007 a 2010
que la PGR dio a conocer oficialmente, más los datos de los años
2011 y 2012 que reveló el reportaje “65 mil homicidios dolosos en el
sexenio de Calderón” del periódico Milenio, publicado el 8 de abril
de 2013 y el cual expone:
“Durante el sexenio de Felipe Calderón se cometieron 65 mil 362
homicidios dolosos vinculados con delitos federales, según el recuento oficial que llevan a cabo el Sistema Nacional de Seguridad
Pública (SNSP) y la Procuraduría General de la República (PGR).
Estas cifras dejaron de hacerse públicas a partir de septiembre de
2011, cuando el gobierno argumentó problemas ‘en la metodología’.
No obstante, el recuento siguió llevándose a cabo y MILENIO tuvo
acceso a la base de datos de los últimos 40 meses, que permite tener
la fotografía oficial completa de uno de los saldos de la guerra contra el crimen decretada por la administración calderonista.”
La diferencia entre nuestra estimación y la que publica Milenio es
mínima y resulta de que para los años 2007 a 2010, como ya dijimos,
nos basamos en lo publicado por el gobierno federal.
288 •
Homicidios atribuibles al crimen organizado
en México entre 2007 y 2012
Año
Homicidios CO
Fuente:
2007
2,826
PGR
2008
6,837
PGR
2009
9,614
PGR
2010
15,259
PGR
2011
16,987
Reportaje de Milenio
2012
14,887
Reportaje de Milenio
Suma
66,410
Nosotros afirmamos en el primer capítulo:
“De los 66,410 homicidios atribuibles al crimen organizado entre 2007 y 2012, el 4.82% (3,204) corresponde a policías y soldados
asesinados en enfrentamientos y a servidores públicos muertos por
atentados de los integrantes de grupos criminales; el 5% (3,320) a
personas inocentes (desde familiares de delincuentes hasta individuos sin el menor vínculo con estos como víctimas de secuestro,
personas asesinadas por error, ciudadanos que se negaron a la extorsión y víctimas de atentados terroristas); el 90.17% (59,882) eran
delincuentes, en su gran mayoría dedicados a la venta de drogas al
menudeo y también en su gran mayoría no opusieron resistencia
cuando fueron asesinados”.
¿De dónde sale la cifra 3,207 policías, militares y otros servidores
públicos asesinados por el crimen organizado y de donde la cifra
sobre personas inocentes y que no eran servidores públicos?
El 16 de abril de 2010, Felipe Calderón declaró “Más de 90% de
esos homicidios y ejecuciones, según lo hemos venido catalogando,
obedecen precisamente a la lucha de unos cárteles contra otros (…)
el número de soldados y policías caídos en el cumplimiento de su
deber no llega ni a 5% del total de decesos vinculados con la violencia generada por los grupos criminales”133. Asimismo dio a entender
que el 5% restante de los caídos correspondía personas inocentes. En
otras ocasiones repitió similares cálculos.
En el citado reportaje de Milenio sobre el conteo de homicidios
atribuibles a grupos criminales que el gobierno de Calderón mantuvo aunque dejó de hacerse público, se habla de una cifra de 3,156
asesinados entre policías, soldados y otros servidores públicos, cifra
muy similar a la por nosotros calculada.
Nuestro cálculo se basó en lo siguiente:
• Entre 2000 y 2006, según las cifras de mortalidad del INEGI,
el promedio anual de asesinatos de “trabajadores de fuerzas
armadas, protección y vigilancia” fue de 346.
• A partir de 2007 la cifra de homicidios de esta categoría empieza a subir en forma pronunciada.
• Entonces para los años 2007 a 2012 se calcularon las cifras de
este tipo de homicidios que superaba el promedio de 346 de
años anteriores. Y la suma de estas cifras da precisamente 3,204.
• Debe aclararse que la cifra total de homicidios de “trabajadores de fuerzas armadas, protección y vigilancia” de 2012 es una
estimación
Es cierto que antes de 2007 los grandes grupos criminales también asesinaban policías, pero en cantidades comparativamente
mucho menores. Estimamos que hasta 2006 los grupos criminales
asesinaban unos 20 policías por año.
Respecto al cálculo de las víctimas inocentes y que no eran servidores públicos, la cifra estimada corresponde al 5% que el gobierno
de Calderón calculaba que correspondía a esa categoría, entre los
más de 66 mil caídos.
290 •
Homicidios de “Trabajadores de fuerzas armadas, protección y
vigilancia” (2000-2012)
Año
Homicidios
Por encima del promedio de 436
2000
379
2001
363
2002
344
2003
340
2004
296
2005
327
2006
373
2007
406
60
2008
745
399
2009
759
413
2010
1,144
798
2011
1,126
780
2012
1,100
754
Suma
3,204
Fuente: INEGI (la cifra de 2012 es estimada)
Notas
1.La fuente es el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional
de Seguridad Pública, en: http://www.incidenciadelictiva.secretariadoejecutivo.gob.mx/wdelito/
2. La metodología de este cálculo se encuentra en el capítulo
final ¿Cuántos fueron asesinados durante el gobierno de Calderón?
3. La metodología para este cálculo también se encuentra en el
capítulo final ¿Cuántos fueron asesinados durante el gobierno de
Calderón? Además respecto a la falta de resistencia armada de la
mayoría de los ejecutados por las organizaciones criminales, cabe
destacar el reportaje “Han ejecutado a miles... casi todos desarmados”, publicado por El Diario de ciudad Juárez el 25 de agosto de
2011: “Mientras el discurso oficial insiste en asegurar que los miles de homicidios registrados en esta ciudad obedecen a un enfrentamiento entre personas involucradas con el narcotráfico o la delincuencia, datos del Gobierno del Estado indican que la inmensa
mayoría de las víctimas ha sido asesinada mientras se encontraba
desarmada.
“Estadísticas de la Fiscalía General del Estado muestran que,
de tres mil 203 carpetas de investigación iniciadas por homicidio entre enero de 2010 y hasta julio de 2011 en Ciudad Juárez, sólo en 59
escenas del crimen se encontraron armas junto a la víctima; es decir,
en menos del dos por ciento de los casos.”
4. La metodología para este cálculo también se explica en el capítulo final ¿Cuántos fueron asesinados durante el gobierno de
Calderón?
5. El Universal “SEDENA: se ha abatido a 2,893 delincuentes”,
2 de agosto de 2012
6.Excélsior, “El Ejército mexicano admite 47 muertes colaterales”, 28 de junio de 2012
notas • 293
7. Escobar, Leopoldo; Los mitos izquierdistas sobre la violencia
en México; 2012; pp 46-59;en: http://www.neoliberalismo.com/
Mitos%20izquierdistas.pdf
8. Escobar, Leopoldo; Los mitos izquierdistas sobre la violencia
en México; 2012; pp 22-46;en: http://www.neoliberalismo.com/
Mitos%20izquierdistas.pdf
9. Ídem; p. 20
10.Ruiz-Cabañas, Miguel; X. La Campaña Permanente de México: costos, beneficios, consecuencias; en: Smith, Peter H (compilador), El combate a las drogas en América, 1993, México, Fondo de
Cultura Económica, pp 212-213
11.Wikipedia, artículo sobre Pedro Avilés Pérez, en: http://
es.wikipedia.org/wiki/Pedro_Avil%C3%A9s_P%C3%A9rez
12. Escobar, pp 7-19
13. Escobar, pp 20-22
14.Cabieses, Guillermo:“La falacia del Nirvana”; en: http://
www.elcato.org/la-falacia-del-nirvana
15.Ortega, José Antonio; “¿Pobreza = crimen?”; 2010; México;
CDHEM. Se puede descargar en: www.seguridadjusticiaypaz.org.
mx
16. La Jornada, “El Ejército se siente cómodo al dejar que cárteles
hagan la guerra, 16 de marzo de 2011
17.”Hernández, Anabel; “Los señores del narco; 2010; México;
Grijalbo;pp 447-463
18.NTRzacatecas.com, Por extorsiones, cierran 180 negocios en
Chihuahua en dos días, 30 de agosto de 2010
19. Apro, Cobra crimen organizado “derecho de piso” a 90% de
comerciantes en Juárez, 18 de agosto de 2011
20. Proceso, Juárez: Tiendas cerradas, ollas vacías, 28 de junio de
2011
21. Proceso, Constructoras emigran de Juárez; había 250, quedan
50: CMIC, 16 de mayo de 2011
294 •
notas
22.La Policíaca, Extorsión cierra negocios y evita que se abran
nuevos, 15 de julio de 2011
23. El Universal, Pago de “derecho de piso” se extiende en todo
el país, 4 de octubre de 2011
24.Terra, Queman y rafaguean tienda en Chihuahua por extorsión, 17 de septiembre de 2011
25.Puente Libre, Ejecutan a dos adentro de Súper en la colonia
Independencia, 1 de julio de 2011
26. La Policíaca, Por no pagar cuota, matan a panadero en la Independencia II, 10 de noviembre de 2011
27. INEGI. Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, 2011.
28.Alejandro Gutiérrez, Narcotráfico El gran desafío de Calderón, 2007, México, Editorial Planeta, pp 426 y 428
29. Rafael Rodríguez Castañeda, El México narco, 2009, México,
Editorial Planeta, pp 54-55
30. El Universal, Héctor Murguía: los narcos en casa, 27 de marzo
de 2009
31. Apro, Divulgan los orígenes políticos de Teto Murguía, 17 de
abril de 2011
32.Reporte Índigo, “Los pactos secretos de la procuradora”, 31
de julio de 2012
33.Reporte índigo, “Reyes Baeza Otro gobernador en la mira”,
30 de julio de 2012
34.Alejandro Gutiérrez, Narcotráfico El gran desafío de Calderón, 2007, México, Editorial Planeta, p. 421
35. Luis Astorga, El siglo de las drogas, 1996, México, Espasa, pp
59-166
Luis Astorga, Drogas sin fronteras, 2003, México Grijalbo, pp
127-146
Leónidas Gómez, Cártel Historia de la Droga, 1991, Colombia, Grupo Editorial Investigación y Concepto, pp 337-347
notas • 295
José Alfredo Andrade Bojorges, La historia secreta del narco
De Navolato vengo, 1999, México, Océano, pp 50-60
36.Alejandro Gutiérrez, Narcotráfico El gran desafío de Calderón, 2007, México, Editorial Planeta, pp 257-258, 262, 414-416
37. Anabel Hernández, Los señores del narco, 2010, México, House Mondadori, pp 43, 478-479
38. Reforma, Dime con quién andas..., 8 de diciembre de 2009
39. Proceso, El poder de “El Mayo” Zambada, 5 de abril de 2010
40. Noroeste, “Era Mendívil el vínculo de El Mayo con Aguilar”,
30 de junio de 2010
41. La Policíaca, Cierran comercios tras recibir “visitas” para cobrar piso, 5 de octubre de 2011
42. El Economista, Cierran 450 pequeños negocios de NL por inseguridad, 21 de julio de 2011
43.Excélsior, Crimen le cuesta el cierre de tres mil negocios a
Nuevo León, 21 de marzo de 2011
44.Excélsior, Bajan la cortina en Monterrey por extorsiones del
narco, 6 de julio de 2011
45. CNN México, La violencia ‘cierra las puertas’ de centros nocturnos en Monterrey, 27 de septiembre de 2011
46.El Universal, Policías extorsionaban a más de 500 empresarios en Nuevo León, 4 de octubre de 2011
47. La Policíaca, 20 de enero de 2012, “Ejecutan a empleado de un
billar por no pagar derecho de piso” (http://www.lapoliciaca.com/
nota-roja/ejecutan-a-empleado-de-billar/)
48. Terra, 8 de marzo de 2012, QUEMAN “ZETAS” FARMACIA
POR NO PAGAR COBRO DE PISO (http://economia.terra.com.
mx/noticias/noticia.aspx?idNoticia=201203081810_INF_342372)
49. Milenio, “Delincuencia organizada aniquila las abarroteras”,
18 de junio de 2012
50.Informador, “Balean y lanzan granadas a casino en Monterrey”, 28 de julio de 2012, en: http://www.informador.com.
296 •
notas
mx/mexico/2012/393099/6/balean-y-lanzan-granadas-a-casino-en-monterrey.htm
51. Milenio, “Por inseguridad, cierran bares del Barrio Antiguo”,
17 de julio de 2012
52.Proceso, “Muere vendedor de hotdogs baleado por criminales”, 27 de marzo de 2013
53. INEGI. Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, 2011.
54.El Universal, NL, primer lugar de robo de acero, 18 de noviembre de 2008
55. La Jornada, Denuncian alza en robo a transporte con carga de
acero en las carreteras del país, 20 de junio de 2011
56.Norte (de Juárez), Exhibe WikiLeaks a la policía de Nuevo
León; está infiltrada, 4 de septiembre de 2011
57. La Jornada, Colaboraban con narcos 44 de 113 policías de NL,
19 de abril de 2007
58. El Universal, Arrestan a 32 policías de NL; los acusan de cuidar a narcos, 2 de junio de 2009
59. La Jornada, 22 de octubre de 2008, Titular de seguridad pública y 15 agentes de Apodaca, NL, presos por vínculos con el narco
60. El Universal, “En la policía ya hay mando único: el narco”, 9
de septiembre de 2010
61. El Universal, Militares sitian Policía de Guadalupe, NL, 18 de
diciembre de 2010
62.CNN y Agencia EFE, 24 policías locales son detenidos en
Nuevo León por relación con el narco, 22 de diciembre de 2010
63. El Economista, Cesan a 178 policías en NL por corruptos, 28
de mayo de 2010
64. Terra, Caen mil 600 ‘narco policías’, 437 son de Nuevo León,
15 de mayo de 2011
65.El Universal, Guadalupe: suman 575 agentes cesados, 25 de
julio de 2011
notas • 297
66. CNN, Un alcalde de Nuevo León cesa a 261 policías por pérdida de confianza, 3 de octubre de 2010
67.www.radioformula.com.mx, 250 policías de Linares, Nuevo
León detenidos por secuestro y extorsión, 10 de octubre de 2010
68.Reforma, Detienen a 46 municipales en Nuevo León, 27 de
octubre de 2011
69. El Universal, Suman 373 policías detenidos en NL: Domene,
27 de octubre de 2011
70. Reforma, Encarcelan a 22 agentes ‘halcones’ en NL, 7 de noviembre de 2011
71. EFE, Más de 3.000 agentes dados de baja en Nuevo León, norte de México, 12 de octubre de 2011
72. La Jornada, “Arraigan a 8 policías en NL ligados a violación”,
10 de abril de 2012
73. Sexenio Nuevo León, “Detienen policías de Fuerza Civil por
extorsión”, 10 de agosto de 2012
74. Transición, “Detienen a policías ligados a la delincuencia organizada en Nuevo León” 4 de septiembre de 2012
75.Zócalo, “Atrapan a Policías secuestradores; liberan a víctima”, 10 de octubre de 2012
76. Nuevo León en Línea, “Detienen en Monterrey a 24 presuntos
zetas, 5 de ellos policías y un ex marino”, 20 de noviembre de 2012
77. Excélsior, 23 de febrero de 2012, “Sector privado lanza ultimátum al Gobernador de Nuevo León”
78. Reforma, 25 de febrero de 2012, “Da PRI espaldarazo a Gobernador de NL”
79. Luis Astorga, Seguridad, traficantes y militares, 2007, México,
Tusquets Editores, pp 240-242
80.Agencia Reforma, Wikileaks: Ligan a políticos regios con el
narco, 11 de febrero de 2011
81.Monitor político (Manuel Marroquín), Documentos secretos
de EU sobre Nuevo León, 14 de febrero de 2011
298 •
notas
82. Animal Político, Documenta CNDH más de mil cadáveres en
fosas clandestinas, 12 de julio de 2011
83. El Siglo de Durango, “Narcofosas”: una larga y oscura historia de Durango, 16 de mayo de 2011
84. El universal, 27 de febrero de 2012, “Hallan 50 cuerpos en diciembre, hoy lo informan”
85.Reuters, En ascenso cifra de desaparecidos en Durango:
CDHD, 11 de Mayo, 2011
CNN, En Durango hay más desaparecidos que cuerpos exhumados de fosas, 11 de Mayo, 2011
86. Anabel Hernández, Los señores del narco, 2010, México, House Mondadori, pp 43, 478-479
87. Contralínea, Hernández Deras, en la mira de la justicia, Contralínea 199 – Publicado en internet: 15 de Septiembre de 2010
88. La Jornada, Investigan video en el cual se afirma que Hernández Deras da armas a sicarios, 27 de agosto de 2010
89. Héctor Moreno (coautor del libro Sangre de Mayo), Entrevista de investigación con Pablo Tostado, celebrada el 12 de diciembre
de 2007.
90. Grupo Sipse, Cuenta Irene su historia de terror, 6 de mayo de
2010, en: http://www.sipse.com/noticias/44628-cuenta-irene-historia-terror.html
91. El Universal, Padre e hija secuestrados, en narcofosa, 8 de junio de 2010
92.Milenio, Detienen en Quintana Roo a jefe de una banda de
Zetas, 11 de marzo de 2010
93.José Antonio Ortega Sánchez, México: ¿rumbo al Estado fallido?, 2010, México, Editorial Planeta PP 98-99 y: “Aparece grupo
autodenominado ‘MataZetas’; interroga a presuntos Zetas, les ejecuta, y cuelgan videos”; en: http: //www.arrobajuarez.com/notas.
php?IDNOTA=12548&IDSECCION= Portada &IDREPORTERO=De%20la%20Redacci%C3%B3n
notas • 299
94. Sipse.com, Cancún poco a poco deja de seducir empresarios,
11 de noviembre de 2009
95.SIPSE, Se da cierre masivo de negocios por extorsión, 16 de
octubre de 2011
96.Grupo Sipse, Cobro por “derecho de piso” corre a empresarios de Cancún, 31 de agosto de 2011
97.Milenio, “Comerciantes denuncian aumento de extorsiones
en Cancún”, 1 de octubre de 2012
98. Por Esto, “Extorsión sin freno”, No precisa fecha, en: http://www.
poresto.net/ver_nota.php?zona=qroo&idSeccion=1&idTitulo=157826
99.Visión Radio, “Bulldog Café” Cierra Debido A Extorsiones.
Inversionistas Huyen De Cancún, 2 de octubre de 2012, en: http://
www.visionradio.com.mx/2012/10/02/bulldog-cafe-cierra-debido-a-extorsiones-inversionistas-huyen-de-cancun/
100. Yo Cancún, Alarmante Extorsión a Empresarios, 13 de maro de 2013
101. Noti Caribe, “Se reunirán militares con empresarios de Cancún ante crecientes extorsiones, 5 de mayo de 2013, en: http://noticaribe.com.mx/2013/05/05/se-reuniran-militares-con-empresarios-de-cancun-ante-crecientes-extorsiones/
102. Informativo Quintana Roo, Derecho de piso de entre 15 y 20
mil pesos, 3 de mayo de 2013, en: http://informativoquintanaroo.
com.mx/nota-roja/seguridad-publica/19013-derecho-de-piso-deentre-15-y-20-mil-pesos.html
103.Diario Respuesta, Asesinados por no pagar piso, 4 de octubre de 2011
104.Noticaribe, Identifican a “zetas” causantes del ataque a un
bar en Cancún, 1 de septiembre de 2010, en: http://www.noticaribe.
com.mx/cancun/2010/09/identifican_a_zetas_causantes_del_ataque_a_un_bar_en_cancun.html
105.El Economista, Taxis en Cancún, víctimas de extorsión de
Los Zetas, 20 de marzo de 2013, en: http://eleconomista.com.mx/
sociedad/2013/03/20/taxis-cancun-victimas-extorsion-zetas
300 •
notas
106. Noticaribe, Relacionan a 600 policías con narcos, documenta
informe, 29 de marzo de 2010
107. Terra, “90% de policías de Cancún están con el narco, según
militar”, 24 de octubre de 2012
108.Radio Quintana Roo, Destituyen a militar que señalo corrupción en la policía de Cancún, 3 de enero de 2013, en: http://
radioquintanaroo.com/destituyen-a-militar-que-senalo-corrupcion-en-la-policia-de-cancun/
109.Expediente Quintana Roo, Julián Ricalde mantiene policías
corruptos en Cancún, reconoce el propio munícipe, 7 de febrero de
2013, en: http://www.expedientequintanaroo.com/2013/02/julian-ricalde-mantiene-policias.html
110. Sipse, Niña de 12 años es violada por dos policías de Cancún”, 12 de marzo de 2013
111. Francisco Cruz Jiménez, Tierra narca, 2010, México, Editorial
Planeta, pp 212, 213
112.Reforma, Acusan nexos con narco de ex delegado en Edomex, 19 de septiembre de 2008
113. Reforma, Desconoce Peña Nieto ‘narcoliga’, 20 de septiembre de 2008
114. Reforma, Rechaza Benítez liga con ex mando, 21 de septiembre de 2008
Planeta, p. 270
Planeta, p. 279
117. Revista Proceso, “Funcionarios y policías en las narcorredes
de la entidad”, 21 de febrero de 2010, No. 1738
Planeta, pp 290-291
119. Revista Proceso, 11 de diciembre de 2010, “La cara sucia de
Becerril Mina”.
notas • 301
120.Martínez, José; Las enseñanzas del profesor: indagación de
Carlos Hank González; 1999; México, Océano; p. 263 y 244
121.Hernández, Anabel; Los señores del marco; 2010; México;
Grijalbo; pp 303-304
122.Hernández, Anabel; Los señores del marco; 2010; México;
Grijalbo; pp 353-354
123. Hernández; op. cit. P. 363
124. The New York Times, “Silver or lead”, 31 de mayo de 2010
125. Grayson, W. George; La Familia drug cartel: implications for
U.S-Mexican security; 2010; Institute of Strategic Studies; pp 61-62
126.Excélsior, “La Familia es un grupo terrorista: SSP; mantiene
extorsiones”, 27 de junio de 2011
127. Grayson, W. George; La Familia drug cartel: implications for
U.S-Mexican security; 2010; Institute of Strategic Studies; pp 49-50
128. Reforma, “Gana ‘La Familia’ funciones a Godoy”, 14 de julio de 2009
129.Milenio, “China compró hierro hurtado por La Familia con
valor de 42 mdd”, 14 de octubre de 2010
130.Vanguardia, “Pesaban amenazas en contra del alcalde asesinado en Michoacán, revelan panistas”, 3 de noviembre de 2011,
http://www.vanguardia.com.mx/pesabanamenazasencontradelalcaldeasesinadoenmichoacanrevelanpanistas-1137803.html
Terra, “Ahuyenta el narco a 51 candidatos, 17 de octubre
de 2011”, http://noticias.terra.com.mx/mexico/politica/elecciones/ahuyenta-narco-a-51-candidatos-en-michoacan,bf4066a7b38b3310VgnVCM4000009bf154d0RCRD.html
Milenio, “El narco sí votó en Michoacán”, 22 de noviembre
de 2011, http://www.milenio.com/cdb/doc/impreso/9066374
Proceso, “Revelan amenazas del narco contra candidatos de
18 municipios en Michoacán”, 2 de diciembre de 2011, http://www.
proceso.com.mx/?p=290024
Milenio, “Presidente: el narco bajó a 50 candidatos”, 9 de diciembre de 2011, http://www.milenio.com/cdb/doc/impreso/9076408
302 •
notas
El Universal, “En Michoacán el narco nos dijo ‘bájenle de
güevos’: Madero”, 17 de febrero de 2012, http://www.eluniversal.
com.mx/notas/830878.html
131.La Razón, Delfín de Zeferino, junto a cacique narco, 22 de
febrero de 2010
132.La Crónica de Hoy, “Registró Chihuahua 7 mil 209 asesinatos durante 2010, el doble que en 2009”, 15 de marzo de 2011, en :
http://www.cronica.com.mx/notas/2011/566296.html
133.Excélsior, “Lamentamos las muertes de civiles: Calderón”,
17 de abril de 2010
notas • 303
El desafío de Enrique Peña Nieto
violencia, inseguridad e impunidad
Impreso en México, en agosto de 2013.

El desastre de México

Transcripción

Documentos relacionados

Escombro y basura

Capturada, mujer que secuestraba a menores de

programa de actividades