Los Muertos de la Ley 100 Jéssica M. Cano, Alma Mater, U de A

Los Muertos de la Ley 100
Jéssica M. Cano, Alma Mater, U de A
Mientras el derecho fundamental a la salud de los colombianos esté supeditado a
la sostenibilidad fiscal, como está contemplado en la ley estatutaria que cursa en
el Congreso o, en todo caso, se subordine al lucro económico, como ha sucedido
hasta ahora desde la vigencia de ley de seguridad social en el país, es probable
que se multipliquen los muertos por el caos del sistema de salud, que muchos
pacientes desistan ante la negligencia de los prestadores del servicio y que las
tutelas se tornen ineficaces cuando los sujetos del derecho no sobreviven a tanta
mora y a tanto trámite. De cara a las reformas de salud que se adelantan en el
país, tanto frente a la ley estatutaria como a la ley ordinaria, el profesor de la
Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Antioquia Jaime
León Gañán Echavarría no es optimista. Él, que acaba de presentar en formato
de libro su tesis con la que obtuvo el doctorado en la Universidad Externado de
Colombia —Los muertos de ley 100. Prevalencia de la libertad económica sobre el
derecho fundamental a la salud: una razón de su ineficacia. Caso del plan
obligatorio de salud del régimen contributivo—, sostiene que nada cambiará
mientras no primen los principios, los valores, los derechos y la dignidad de la
persona humana.
Profesor Gañán, ¿por qué los muertos de Ley 100?
—Es una expresión sarcástica que refiere a las personas que murieron esperando
tratamiento, o durante la presentación de la tutela y que no alcanzaron a conocer
siquiera el fallo, o a las personas que se han agravado durante esos trámites o
simplemente a quienes en este maremágnum de normas y de barreras
administrativas y económicas no han podido acceder a la atención en salud.
¿Es la ley responsable de esos muertos?
—La Ley 100 de 1993 ha influido mucho en la prevalencia de lo económico sobre el
derecho; el sistema y la ley son parte de un modelo que privilegió lo económico sobre
el derecho, pero, finalmente, la parte real de la tensión son las personas que han
negado lo uno o lo otro.
¿Ha prevalecido entonces la libertad económica sobre el derecho
fundamental a la salud?
—Desde la Constitución y la ley se permite que los particulares actúen en calidad de
administradores o de prestadores del servicio, pero la intermediación que se creó
con el modelo nuestro, de competencia regulada, privilegió que muchas entidades
privadas —y que otras sin serlo— actuaran como privadas en temas como la
contención de costos o de barreras para obtener mayor utilidad sobre el derecho
fundamental a la salud.
¿Cuáles son los principales problemas del actual sistema de salud?
—Hemos detectado casi catorce. En la matriz que hicimos el problema esencial es la
prevalencia de la libertad económica sobre el derecho a la salud, pero encontramos
otros como la falta de información real y oportuna; la mala sostenibilidad del
sistema; la falta de redes, de integración, de trabajo conjunto; la falta de un objetivo
claro en promoción y prevención; además, la excesiva normatividad, inclusive
incoherente, la falta de gobernanza real del Estado y de inspección, vigilancia y
control, y la no participación real de todos los actores.
¿La reforma que se debate en este momento qué soluciona?
—Si bien tiene buenas intenciones y hay algunos puntos que teóricamente son
importantes, en mi concepto la reforma no va a arreglar nada porque mantiene el
sistema, es decir, no va a lograr calidad, oportunidad, acceso oportuno, goce efectivo
del derecho fundamental a la salud, porque esos puntos se pierden o se ven
limitados.
¿En qué consiste la propuesta de transformación del modelo que usted
plantea en su libro?
—Primero es necesaria una transformación no solo del sistema sino de pensamiento,
de redefinición de valores en relación con la salud, la vida digna y la calidad, es decir,
los colombianos debemos hacer un pacto de valores, porque aunque haya normas, si
no existe la solidaridad, la calidad de vida, eso no va a servir para nada. Una vez
hecho ese pacto social, jurídico y político, más que legal, propongo que la
Constitución diga de una vez por todas que el derecho a la salud es fundamental, de
donde se derivarían unas políticas públicas, una ley estatuaria, pero no la que se está
haciendo ahora sino con otra concepción, y unas leyes ordinarias. El modelo, en mi
concepto, no debe depender de la capacidad de pago de las personas sino del derecho
fundamental, sin diferencias entre régimen contributivo, subsidiados u otros, sino
que sea un solo plan de beneficios, que tenga una administración de recursos de un
fondo público, que tenga como principio la promoción de la salud y prevención de la
enfermedad, que tenga una inspección y vigilancia fuerte, presupuesto y una
formación de los profesionales de la salud más abierta, con participación real de los
actores.