La Réplica del Ho rtelano

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su popularidad entre los votantes demócratas –y mayoritariamente sindicalizados– de Iowa, donde se realizarán las primeras elecciones primarias
en enero próximo.
El editorial hace votos porque Clinton se una “al sensible centro” representado por Obama. La mayoría de miradas
se dirigen a la ex primera dama. Durante el mandato de su marido, Bill Clinton,
fue adalid del libre comercio. Más recientemente ha planteado objeciones a los
TLC con Chile y Omán, aunque votó a
favor de ellos. Se opuso al tratado con
Centroamérica y más recientemente expresó sus críticas al que se espera ratificar con Corea del Sur, pues considera
que vulnera los intereses de la industria
automotriz estadounidense.
El frente republicano es más uniforme. Su más posible candidato, el ex
alcalde de Nueva York Rudolph Giuliani, incluyó en el reciente debate con
los demás aspirantes el tratado con el
Perú como “un buen negocio para los
Estados Unidos. No puedo entender
por qué los demócratas intentan bloquearlo”, dijo.
Fareed Zakaria de Newsweek
apunta que, por primera vez, la economía supera a la guerra en Irak como el principal factor que los norteamericanos tomarán en cuenta para
elegir a su presidente.
Según el Consejo de Relaciones Exteriores, un think tank no partisano,
la campaña presidencial será marcada por el déficit comercial con China,
el incremento de la tercerización del
empleo hacia países como India y el
deterioro en la calidad de vida de pueblos como los visitados por John Edwards en Iowa. “Temas de comercio
justo, reforzamiento de estándares laborales y políticas de comercio con países africanos y latinoamericanos seguirán probablemente en la primera
fila del debate legislativo a medida
que las campañas tomen vuelo”, se anticipa en uno de los documentos de seguimiento del Consejo.
Para el presidente Alan García y para los sectores interesados en la ratificación del TLC los próximos días son cruciales y se espera que salga airoso en las
dos cámaras. Si no, como ocurrió con el
recambio de las fuerzas en el Capitolio,
la puja electoral del 2008 podría magnificar el prisma del tratado con un lejano
país sudamericano que el vicepresidente Dick Cheney acaba de confundir con
■
Venezuela. (Enrique Chávez)
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La Réplica del Ho rtelano
“El síndrome del perro del hortelano” de Alan García. Un ejercicio de precisión.
FOTO: LUIS JULIAN
Apertura
Escribe: MANUEL PULGAR VIDAL*
El presidente Alan García publicó
el pasado 28 en El Comercio un
artículo titulado “El síndrome
del perro del hortelano”, en
el que expresa la posición
gubernamental sobre los recursos
naturales y ha dado inicio a un
acalorado debate público sobre
aspectos centrales para el
futuro del país. A continuación,
observaciones puntuales de
un “verde” que no es “rojo”.
LOS BOSQUES Y LA AMAZONÍA
E
L Presidente señala que es posible hacer forestación maderera –especialmente en los 8 millones de hectáreas destruidas– siempre y cuando se otorgue propiedad.
Para ello rechaza el régimen vigente de concesiones, alegando que “dependen de la voluntad del gobierno y
del funcionario que puede modificarlas”, y señala que “en su mayoría, esas
concesiones rapiña sólo han servido
para sacar la madera más fina, deforestar y abandonar el terreno”. Así, el
Presidente cuestiona dicha figura jurídica (tan exitosa para la minería) pre*Director Ejecutivo de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental y Profesor de Derecho Ambiental de
la Pontificia Universidad Católica del Perú y de la
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas.
cisamente por la incapacidad del propio gobierno en hacerla funcionar.
Olvida también que su gobierno
se ha obligado unilateralmente con
los Estados Unidos de América a través del Protocolo de Enmienda del
TLC a fortalecer dicho régimen (1).
Es decir, pareciera que estamos ofreciendo como país algo en lo que el gobierno no cree.
Respecto a las plantaciones forestales que parecieran ser la apuesta
gubernamental en el tema forestal,
en primer lugar se confunde el manejo de estas con el régimen de manejo
de bosques naturales o bosque primario. Además, el problema es que
para que exista un régimen seguro
de plantaciones forestales se requieren acciones que el gobierno se resiste a adoptar.
● Es importante delimitar los 8 millones de hectáreas deforestadas, para
lo cual debe concluirse el ordenamiento
forestal e identificarse las áreas de
“bosque para aprovechamiento futuro”.
● Se necesita también un catastro
que otorgue seguridad jurídica al mercado, y finalmente es preciso identificar un régimen de incentivos (en el caso de Chile se otorgaron subsidios y en
el caso de Brasil incentivos fiscales,
pero en el Perú nada se ha hecho ni
planificado) que permita que las inversiones de largo plazo en plantaciones sean viables.
Se trata pues de una tarea del propio Estado que va más allá de pensar
tan sólo en la propiedad como mecanismo único de solución (2).
LA TIERRA
Cuando Alan García plantea la forestación de 8 millones de hectáreas, no
precisa que ellas no están claramente
identificadas ni se menciona que
sobre gran parte de ellas existen derechos de propietarios
o posesionarios.
En ese sentido los expertos forestales señalan que es casi imposible encontrar áreas deforestadas mayores a
5 mil hectáreas continuas.
En verdad, estamos ante un problema de titulación, catastro y de entidades del Estado incapaces de
avanzar significativamente en este
propósito. El Programa Especial de
Titulación de Tierras – PETT y el Cofopri (ahora fusionados, pero con vacíos de competencia) no han sido capaces de cumplir su función, y la decisión de fusionarlos no ha generado
ni generará ningún beneficio a la población a menos que se tomen medidas drásticas.
Otra verdad que debemos enfrentar es que el propio Estado no ha podido nunca identificar con claridad
las tierras eriazas y menos proceder
a la subasta pública, como está dispuesto en la Ley de Tierras de 1995 y
su Reglamento.
“No es cierto que las
tierras comunales no
se puedan vender. Lo
que sucede es que el
Estado no las titula”.
limitación en comprarla por cuanto ello
está permitido desde la reforma constitucional de 1993 (3).
Seamos claros, la compraventa es
un acuerdo de voluntades. Si una comunidad se resiste a vender sus tierras porque considera que tienen un
valor cultural determinado o un propósito religioso, ¿alguien puede desconocerle este derecho de propietario? ¿Alguien puede desconocer la
autonomía comunal que la Constitu-
Según los expertos, es casi imposible encontrar áreas deforestadas mayores a 5 mil hectáreas continuas. Gran parte de ellas tienen propietarios o posesionarios.
Por su lado se intenta atribuir culpa
por el caos existente con la tierra a la
existencia de tierra comunal, pero el
punto es que si esta tierra estuviera
adecuadamente titulada nadie tendría
ción recoge (4)?
En resumen, el reto actual consiste
en sanear la situación de la tierra y proceder a su titulación para evitar que se
generen incentivos perversos que pro*
(1) El anexo 18.3.4 del Protocolo de Enmienda del TLC con USA, dice literalmente que el Perú en un plazo
de 18 meses a partir de la entrada en vigencia del acuerdo deberá “mejorar la administración y el manejo
de las concesiones forestales”.
(2) El Poder Ejecutivo presentó al Congreso el Proyecto 00840/2006-PE, orientado al otorgamiento de
derechos de propiedad para la promoción privada en reforestación y agroforestería. La Comisión de Economía del Congreso ha dictaminado la semana pasada el proyecto referido negando la propiedad y definiendo la concesión como forma de otorgamiento.
(3) La Constitución de 1979 señalaba que la tierra comunal era inalienable, inembargable e imprescriptible,
es decir, no podía ser vendida. Con la Constitución de 1993 sí se permite su venta y por ello empresas mineras como Yanacocha y Antamina son propietarias de las tierras en donde se ubican sus operaciones.
(4) El artículo 89 de la Constitución de 1993 dice que las comunidades son autónomas en la libre disposición de sus tierras.
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Apertura
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muevan su mal uso, y este reto recae nada menos que en el propio gobierno.
MINAS Y PETRÓLEO
Afirmar que los daños ambientales
de hoy se deben a la minería de ayer
no es correcto. Todos reconocen, incluidos los operadores mineros, que la minería es una actividad de alto impacto
ambiental. Tanto la minería de ayer
como la de hoy generan impactos.
Ello obliga a un manejo cuidadoso
del ambiente bajo condiciones que generen confianza en la población. Sin
embargo, hay actividades mineras que
hoy generan impactos significativos y
el Estado les prorroga los plazos para
cumplir con sus obligaciones o simplemente es incapaz siquiera de revisar
los planes de cierre de mina presentados en agosto de 2006.
Respecto al desarrollo local que la
minería promueve, el presidente
García cita a Ilo,
pero no a La Oroya, Cerro de Pasco
o muchas otras localidades que siguen
teniendo
“minería de hoy”
en
condiciones
ambientales y de pobreza inaceptables.
Como señala el Presidente, la convivencia de las minas con las ciudades
“depende de lo estricto que sea el Estado en la exigencia tecnológica a las
empresas mineras y en negociar mayor participación económica y laboral
para las regiones donde están las minas”. Precisamente, esas son las tareas que todos esperamos que el Estado asuma a cabalidad.
Estas reflexiones seguro llevarán a
la ya recurrente pregunta: ¿Por qué
las organizaciones ambientales no se
preocupan por la minería artesanal /
informal que es altamente contaminante? Esta afirmación tampoco es
cierta. La minería informal se ha instalado debido a las condiciones políticas y legales definidas por los últimos
gobiernos. Cual presente griego, se ha
transferido esta competencia a las regiones, las cuales no tienen los recursos humanos, técnicos y financieros
para enfrentarla. Por su parte las regiones alegan que la minería informal
no es de su competencia, por cuanto la
Ley de Regiones habla de pequeña minería y minería artesanal. Parece el
juego del gran bonetón: nadie quiere
hacerse cargo del problema.
Sorprende la referencia del Presidente al supuesto invento del “nativo selvático no conectado, es decir, desconocido
pero presumible”, cuando hace apenas
tres semanas se ha expedido el decreto
supremo reglamentario para la protección de poblaciones indígenas en aislamiento voluntario y contacto inicial.
Nuevamente, resulta extraño que el Poder Ejecutivo regule sobre lo que no cree.
EL MAR, LA ACUICULTURA
Señala el Presidente que la acuicultura no es posible por la oposición
de los pescadores artesanales y la continua invocación al mar de Grau, lo
que no es del todo correcto.
La acuicultura no se desarrolla en
el Perú por la incapacidad del Estado
en desarrollar técnicas que permitan
su viabilidad. Ya que Chile se ha vuelto un referente,
en la acuicultura
de salmón nos hemos preguntado
¿cuánto aportó
Fundación Chile
y el Estado con
investigación,
asistencia técnica, certificación,
etc., y cuánto ha invertido o está dispuesto a invertir el Perú?
El problema del mar es un problema de política. El sector pesquero industrial ha impactado significativamente bahías y sigue afectándolas; el
ministerio es incapaz de regularlos, no
puede controlar la flota vikinga y cada
vez más se reducen las temporadas de
pesca y los trabajadores quedan en
largos períodos desempleados buscando actividades alternativas.
No puede por otro lado incorporar
mecanismos que incentiven una reducción del esfuerzo pesquero. ¿En
esas condiciones se afirma que la solución pasa principalmente por el fomento a la gran inversión privada?
¿Es acaso el sector privado pesquero el
modelo que estamos buscando?
“¿Es acaso el sector
privado pesquero el
modelo que estamos
buscando? El gobierno
debe afinar la puntería”.
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El Bozal d e Majaz
L
A mayoría no sabe que Minera
Majaz, que tiene el megayacimiento cuprífero en Piura, es
una empresa china, ni que China es
una tragedia ambiental.
Mientras el mundo vive encandilado con su crecimiento económico,
China encabeza todas las ligas del
deterioro ambiental. Sus industrias
han desertificado el país en una extensión que, según algunos expertos,
equivale al 25% de su territorio; y sólo en el noroeste del país, el desierto
de Gobi crece dos millones de hectáreas por año. China es el primer emisor de SO2 y CO2 a la atmósfera y
seguirá siéndolo porque su consumo
anual de carbón, ascendente a 2,500
millones de TM, y en camino a duplicarse, es mayor que el de Estados
Unidos, Japón y Gran Bretaña sumados, pese a que ellos tienen un
PBI diez veces mayor. Dieciséis de
las ciudades más contaminadas del
mundo están en China, y allí se origina el 25% de las partículas registradas en el aire de algunas de la
costa Oeste de los Estados Unidos,
como Los Angeles. El agua urbana
está contaminada en 70% y la agrícola en 15%, originando cerca de 200
millones de enfermos. El 25% de los
desperdicios mundiales de mercurio,
ese que se emplea para beneficiar el
mineral aurífero, ocurren en China.
En materia ambiental, la catástrofe que causó el viejo comunismo en
Europa Oriental, está siendo empequeñecida por la que ocasiona el nuevo comunismo en China.
LO MISMO SUCEDE EN EL PERÚ
La devastación ambiental china no
se debe a la falta de leyes y regulacio-
nes para proteger el medio ambiente,
porque el país las tiene. Lo que ocurre
es que el Estado no las cumple, y así
seguirá mientras la corrupción y la desidia burocrática caminen de la mano.
Un puñado de juzgados contenciosoadministrativos ve más de 8,000 demandas presentadas por personas y
empresas con las cuales el Estado ha
incumplido lo pactado. Una sola entidad del Estado, EsSalud, afronta más
de 500 de esos juicios, pero no los evita
porque el cumplimiento implica hacer
pagos, y en el Estado hacer pagos, aunque se deba, promueve suspicacias.
Ahora, después de la fallida provisión de patrulleros, las empresas chinas reaparecen en la escena. En esa
ocasión uno de los problemas serios
fue la carencia de información confiable y verificable sobre los productos,
pero en Majaz el problema es que dicha información existe.
LOS INCREÍBLES DUEÑOS
AFINAR LA PUNTERÍA
El gobierno tiene un rol central en el
manejo de los recursos naturales y las
competencias para establecer reglas que
generen la eficiencia y la promoción de
la inversión. Esperemos que el Presidente de la República mantenga el entusiasmo con el que trata estos temas, pero afinando la puntería.
■
¿Inversión extranjera o cuento
chino? El Estado tiene la obligación
de tomar las cosas con pinzas.
Las ventas de las chinas Zijin y Tongling son inferiores a Yanacocha y las utilidades a las de Minsur.
Sólo dos de las tres compañías socias en Majaz son operadores mineros, y no de primera categoría. La
tercera, Xiamen C&D, se dedica al
negocio de importación y exportación, comerciando desde ropa y electrodomésticos hasta materiales de
construcción. Las mayoritarias, Zijin
Mining y Tongling Non Ferrous Metals son, sumadas, bastante menos
que Yanacocha, en ventas, y menos
que Minsur, en utilidades.
En cambio, a diferencia de las
mineras peruanas y de todo el mundo,
el valor de sus acciones se ha cuadruplicado en el 2007, sin razón aparente para ello. Pese al mercado bajista y a que
su principal proyecto, Río Blanco, es
controvertido, la capitalización bursátil
de ambas compañías es inusitadamente
alta: la de Zijin Mining, que tuvo utilidades de US$ 230 millones en el 2006, asciende a US$ 6,650 millones, y la de
Tongling, cuyas utilidades fueron de
US$ 117 millones, es de US$ 5,180 millones. En seis meses, sin poner un cobre
en la mina, los inversionistas de esas
dos compañías se han embolsicado más
de US$ 8,000 millones de dólares: más
de lo que ganará todo el sector minero
del Perú en el 2007, con la diferencia de
LOS DUEÑOS DE MAJAZ
Valoración Bursátil 2007
Bolsa de Hong Kong
(en dólares)
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Setiembre
Octubre
ZIJIN
7.0
7.5
9.7
12.0
16.0
17.0
19.0
25.0
28.0
35.0
TONGLING
4.0
4.0
4.0
4.0
4.5
4.5
5.0
5.0
8.0
14.0
En seis meses, sin
poner un cobre en la
mina, Zijin y Tongling
se han embolsicado
8,000 millones de
dólares, más de lo
que ganará todo el
sector minero en el
Perú en el 2007.
que al Estado peruano no le toca medio
en impuestos (ver cuadro).
Las compañías de Majaz son equivalentes, en su campo, a lo que serían
los prestatarios sub-prime en el de las
hipotecas, que está poniendo de rodillas a Wall Street. El Estado peruano
debería aprender la lección y dar a la
Minera Majaz el mismo tratamiento
que le brindaría un banco eficiente a
un prestatario de alto riesgo.
Sin embargo, a juzgar por lo que
hace con las compras estatales, el Estado se está saliendo por la tangente.
En lugar de enfrentar y resolver el
problema de sus incumplimientos contractuales, cosa indispensable para
obtener y, sobre todo, mantener el grado de inversión, ha preferido ceder sus
competencias y responsabilidades a
organismos internacionales que compran, contratan y pactan en nombre y
representación del Estado, sin tener
que cumplir las leyes peruanas. Esas
leyes que tampoco el Estado y sus funcionarios cumplen, pero que imponen
a los ciudadanos. Ese no es un buen
■
escenario para Majaz.
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