rostros de la dignidad

Transcripción

ROSTROS
DE LA
DIGNIDAD
VOCES EN DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS EN MÉXICO
VOICES IN DEFENSE OF HUMAN RIGHTS IN MEXICO
ROSTROS DE LA DIGNIDAD
Créditos | Credits
Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, a.c.
Coordinación | Coordination
Graciela Martínez González
Axel García Carballar
Editor | Editor
José Antonio Guevara Bermúdez
Cuidado y corrección de texto |
Copyediting and Proofreading
Isabella Mulholland
Mariana Gurrola Yáñez
Texto | Text
Ilallalí Hernández Rodríguez
Traductor | Translator
Dave Olliphant
Fotografías | Photo credits
Fernando Cortiglia Bosch
Prometeo Rodríguez Lucero
(Fotografía | Photo Fernando Ocegueda)
isbn:
978-607-95528-8-6
Dirección | Address
Tehuantepec #142, Col. Roma Sur,
Del. Cuauhtémoc, c.p. 06760, México, d.f.
Teléfono/Phone: +52(55) 5564 2582
Correo Electrónico | Email: [email protected]
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/cmdpdh
Edición y diseño | Design and edition
El Recipiente
Noviembre | November, 2015
Algunos derechos Reservados | Some rights reserved
Impreso en México | Printed in Mexico
El libro se puede consultar y descargar en | This book can be viewed and downloaded at
http://www.cmdpdh.org/publicaciones-pdf/cmdpdh_rostros_de_la_dignidad_40_voces_en_defensa_de_los_
derechos_humanos.pdf
Se autoriza la reproducción total o parcial de la presente publicación siempre y cuando se cite la fuente.
Total or partial reproduction of this publication is authorized, provided the source is acknowledged.
Esta publicación se ha realizado con la ayuda financiera de la Unión Europea. El contenido de esta publicación es
responsabilidad exclusiva de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, a.c., y en
modo alguno debe considerarse que refleja la posición de la Unión Europea.
This publication has been produced with the financial assistance of the European Union. The contents of this
publication are the sole responsibility of the Comisión Mexicana de Defensa y Promocion de los Derechos
Humanos, a.c., and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.
ROSTROS
DE LA
DIGNIDAD
VOCES EN DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS EN MÉXICO
VOICES IN DEFENSE OF HUMAN RIGHTS IN MEXICO
La verdadera política se
«
True politics takes
«
construye en la calle»
place on the streets»
L
PRESENTACIÓN
as y los defensores de derechos humanos son los héroes anónimos de nuestros tiempos.
Impulsan el cambio y alertan sobre arbitrariedades e injusticias. Sin embargo, en México,
su coraje se recompensa con intimidaciones, hostigamiento, ataques e incluso la muerte.
En los últimos años, hemos sido testigos de cómo el riesgo ha aumentado para aquellas personas que defienden sus territorios ante la imposición de grandes proyectos de inversión; para quienes apoyan y defienden a personas migrantes en tránsito por México; para aquellas
personas que denuncian desastres ecológicos; quienes acompañan a personas desplazadas;
para las personas que buscan a sus familiares víctimas de desaparición; para quienes luchan por
los derechos de las mujeres, o para aquellas y aquellos que defienden la libertad de expresión.
En este contexto, en México, el perfil de las personas defensoras de derechos humanos es
diverso. Son ciudadanos y ciudadanas de todo tipo: estudiantes, jóvenes, párrocos, abogadas,
jubiladas, monjas, periodistas, hijas, madres, padres, hermanos y hermanas, gente común que
se indigna ante los abusos, que denuncia y busca justicia. Personas que no se quedan calladas,
a pesar de los riesgos que implica decir la verdad.
Es por esto que, en el marco del proyecto “La protección a personas defensoras de derechos humanos a través de su capacitación y visibilidad” de la Comisión Mexicana de Defensa y
Promoción de los Derechos Humanos (cmdpdh), Peace Brigades International Reino Unido (pbi
uk) y Conexx-Europe, financiado por la Unión Europea (ue), publicamos este libro, “Rostros de
la Dignidad: 40 Voces en Defensa de los Derechos Humanos en México”, con el objetivo de dar
a conocer la importante labor de las personas defensoras de derechos humanos en México, a
partir de una pequeña pero significativa muestra de esta realidad.
En la publicación, podrán encontrar cuarenta voces que persiguen un cambio en nuestra
sociedad y que luchan por una vida más digna para todos y todas. Cuarenta historias que reflejan
lo que ha sucedido en las últimas décadas en México en materia de derechos humanos. Cada
historia busca acercar al lector, en pocas palabras, a la realidad que viven las y los defensores,
acompañada de un retrato y una obra con la que se pretende abstraer visualmente su lucha y
su historia.
Agradecemos a las y los defensores de derechos humanos que nos han compartido su
testimonio, su vida y su imagen para la preparación de esta publicación.
Confiamos en que esta obra contribuirá a que la defensa de los derechos humanos sea
reconocida como una loable labor, indispensable para cualquier Estado de Derecho, pero además para que se fortalezcan las instituciones democráticas del país y los derechos fundamentales sean garantizados.
Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos
H
PRESENTATION
uman rights defenders are the unsung heroes of our time. By highlighting arbitrary
acts and injustices, these individuals help to initiate change. In Mexico, however, such
courage is met with intimidation, harassment, attacks and even death. In recent years,
we have witnessed the increased risk for those who safeguard our society. These individuals are punished for defending their land against the interests of large investment projects;
aiding and defending migrants travelling through Mexico; denouncing ecological disasters; accompanying people who have been displaced; searching for relatives who were victims of forced
disappearances; fighting for women’s rights, or dedicating their life to defending the freedom of
expression.
As a result, the profiles of Mexican human rights defenders are especially diverse. They
encompass a variety of citizens: students, young people, priests, lawyers, pensioners, nuns, journalists, daughters, mothers, fathers, brothers and sisters. They are ordinary people who choose
to denounce crimes and seek justice. Abuse does not deter them. They refuse to keep silent
despite the risks that come with telling the truth.
In order to keep their stories alive we have published this book, “Faces of Dignity: 40
Voices in Defense of Human Rights in Mexico”. It forms part of the project titled “The Protection
of Human Rights Defenders Through Training and Visibility” created by the Comisión Mexicana
de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (cmdpdh), Peace Brigades International United Kingdom (pbi uk) and Conexx-Europe, funded by the European Union (eu). The aim of this
publication is to highlight the important work being done throughout Mexico by human rights
defenders. We have chosen a small but representative sample in order to portray their reality.
In this book you will find forty voices seeking a change in our society and fighting for a
dignified life for all. Forty stories that reflect the history of human rights in Mexico over the last
few decades. Each story seeks, in very few words, to bring the reader closer to the reality that
human rights defenders are faced with on a daily basis. Portraits and works of art accompany the
memoirs to visually present their story and their struggle.
We thank the human rights defenders that have shared their testimonies, their lives and
their faces to the making of this publication.
We hope that this work will encourage the unwavering protection of those who work
tirelessly to promote and defend human rights. Such commendable work is essential to any
democratic nation. Not only that, we also hope it will help to strengthen the nation’s democratic
institutions and to guarantee fundamental rights.
Mexican Commission for the Defence and Promotion of Human Rights (cmdpdh)
L
PRÓLOGO
a defensa de los derechos humanos está plagada de gestos y habitada de vidas, como
este libro de rostros. Personas normales, con vidas propias, a las que un episodio
las marcó, las hizo almas inquietas. Ya no fueron las mismas. Fueron tocadas por una
experiencia. Se convirtieron en testigos. La injusticia les despertó la indignación al ver la
voracidad de unos encima de otros, la amputación de derechos, las leyes de los más fuertes.
Decidieron intervenir. Cuidar a otros. Y casi sin saberlo, y siempre sin planearlo, se estrenaron
como defensoras y defensores de derechos humanos. En cuidadores de los demás.
La conciencia ya nunca les dejó de punzar. Su voz tan preñada de verdades se hizo incómoda. Para otros se convirtieron en enemigos (su causa les resultó intolerable). Todas, todos,
recibieron amenazas. Podían haberse escondido en casas tapiadas, tras cercas y barrotes, poner
varios países de por medio, sacrificar la voz, o quedarse en el cómodo lugar de la indiferencia.
Pero decidieron seguir. En el cálculo que nunca se hace de la lucha por la dignidad de todos
valía la pena arriesgar el propio pellejo.
Cada uno, cada una, representa un derecho negado, prohibido, pisoteado. Encarna esa
peligrosa labor de quitarle espacio a la muerte. Están reunidos en este libro, y sus miradas
nos interpelan desde sus retratos. Tienen nombre. Se llaman Alejandra, Alberto, Irina, Jesús,
Maricarmen, Mariano, Tere, Miguel Ángel, Silvia, Hermelinda, Julio, Nadin, Armando, Nélida,
Raúl, Apolonia, Elsa, Juan Carlos y María, Tita, Yésica, Meritxell, Alejandro, Claudia, Antonio,
Leticia, Jorge, Eliseo, Altagracia, Silvia, Sara, Fernando, Bettina, Tomás, Isabel, María Luisa, Saúl,
Jorge, Norma, Zuzana. No son solos, representan a muchos, a muchas más.
“Somos ciudadanos comunes y corrientes. Queremos felicidad para todos”, se les escucha decir cuando un entrevistador les pregunta de qué madera están hechos, qué hilos
los tejieron. Son cualquiera, pero distintos a todos. Personas despiertas, atentas, transformadas por la experiencia de los otros en quienes se reconocieron. Su vida está guiada por esa
lucha por la dignidad, siguiendo las leyes de su corazón y desafiando el mandato del miedo.
La vida en peligro les cobra un precio.
Si la voz de alguno se apaga todos perdemos algo de vida, un modo de ver, un color,
la manera de estar en la tierra. Se extingue un río. Se pone en juego la risa de las mujeres, la
inocencia de los niños. La posibilidad de escribir sin ser asesinado. Migrantes pierden la vida.
Obreras terminan esclavizadas. Despojan territorios. Se pierden derechos a casarse, a cambiarse de sexo, a hacer el amor sin miedo. Se deja de escuchar el lamento de la gente. Caducan
las libertades. Si ellas y ellos son silenciados se extingue del horizonte lo posible. No quedaría
quien denuncie lo que pasa y anuncie cómo la realidad puede ser cambiada. Si ellos y ellas no
están la vida pierde terreno. Porque son ese antídoto contra el veneno que va invadiendo la
sangre de este país. A nosotros nos toca cuidar a estas personas que nos cuidan. Cuidándolos a
ellos, a ellas, defendemos nuestra felicidad. Y vamos avanzando en el camino de la construcción
de dignidad. Ellas y ellos están también en nosotros. Sus historias no son de vidas ejemplares,
sino ejemplos de conciencia. Que cundan.
Marcela Turati
T
PROLOGUE
he world of human rights defenders is peopled by a colorful array of characters, like
those portrayed in this book. They are ordinary people with normal lives, but marked
by an event that subsequently turned them into restless souls, never to be the same
again. They had become witnesses. Injustice ignited their anger after seeing people
fight one another, observing the disintegration of rights; the reality of the survival of the fittest.
They decided to intervene, to take care of others. And almost without realizing it, and without
planning on it, they became human rights activists; the caretakers of the world.
Their conscience would forever remind them of the harsh realities that surrounded
them. Their voices, laced with the truth, caused discomfort. They became enemies to those
that found their cause intolerable. Women and men were all threatened. They could have easily hidden themselves away in safe houses, behind fences, placed several countries in between
them and the problem, sacrificed their voice, or remained in comfortable indifference. But
instead, they decided to carry on. It was worth sacrificing one’s own self for the dignity of the
whole, of which the cost was never weighed up.
Each person in this book represents a right denied. They embody the dangerous task
of denying death an opportunity to control this space we all share. Together they are gathered
in this book, confronting us from its pages. These voices have names of their own: Alejandra,
Alberto, Irina, Jesús, Maricarmen, Mariano, Tere, Miguel Ángel, Silvia, Hermelinda, Julio, Nadin, Armando, Nélida, Raúl, Apolonia, Elsa, Juan Carlos y María, Tita, Yésica, Meritxell, Alejandro, Claudia, Antonio, Leticia, Jorge, Eliseo, Altagracia, Silvia, Sara, Fernando, Bettina, Tomás,
Isabel, María Luisa, Saúl, Jorge, Norma, Zuzana. They are not alone, they represent many more.
When an interviewer asked them if they were carved from different wood, if they were
woven from different thread, they responded: “We are ordinary citizens. We want happiness
for everyone.” Yet they are different from the rest. Awake, alert, transformed by the experience
of others in whom they recognize themselves. Their lives are guided by a struggle for dignity.
They follow their hearts and defy the power of fear. A life in danger comes at a price.
If one person’s voice dies out we all lose a tiny part of life. What is lost may be a view of
the world; a way of being on this earth. A river is extinguished. A park disappears. The laughter
of women is harder to hear, a child’s innocence harder to find. The possibility of writing without
being assassinated becomes a far-fetched dream. Migrants lose their lives. Workers end up
enslaved. Lands are taken. The rights to marry, to change gender, to make love without fear,
are lost. People’s cries are no longer heard. Freedom expires. If these people are silenced,
the possibility of change is eradicated. There would be nobody left to condemn injustices
and to demonstrate the changes that can be made. If these people cease to exist, life loses its
purpose. Why? Because these individuals are the antidote to the poison that is invading this
country’s bloodstream. Now, it is our turn to take care of the people who take care of us. By
taking care of them, we are able to defend our happiness. We will be able to advance towards
the construction of a dignified life. These women and men can be found within each one of us.
Their stories are not of exemplary lives, but examples of conscience. Let them spread.
Marcela Turati
Rostros de la Dignidad
Faces of Dignity
JUAN CARLOS
Trujillo Herrera
Fundador de Familiares
en Búsqueda María Herrera
Founder of Families in
Search María Herrera
Ciudad de México
Mexico City
En el periódico apareció la fotografía del Presidente Felipe Calderón consolando a una mujer de
pelo cano y ojos cansados, quien sostiene cuatro
fotografías. Los diarios afirmaron que Calderón se
comprometió a encontrar a quienes llamó “daños
colaterales” de su guerra contra el narcotráfico.
“Mírelos bien, éstos son los rostros de sus estadísticas, tienen un nombre y una familia que los quiere
de regreso”.
The newspaper published a photo of Mexican
President Felipe Calderón comforting a woman
with white hair and tired eyes, holding four photographs. The papers stated that Calderón had
committed to finding those he called the “collateral
damage” of his war on drugs. “Look at them well,
these are the faces of your statistics, they have a
name and a family that wants them back.”
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P
ese a las promesas, las notas de periódico y el compromiso presidencial, María sigue
mostrando las cuatro fotografías de sus hijos de 23, 25, 27 y 28 años. A su lado, su hijo
mayor, Juan Carlos —con el cuerpo grueso y la mirada endurecida— la sostiene de los
hombros.
La familia Trujillo Herrera es de Pajacuarán, Michoacán. Recorrían diversos estados del
país para comprar y vender pedacería de oro, una próspera empresa que muy pronto necesitó
hasta cien empleados. En 2008, María vio partir rumbo a Oaxaca la camioneta con sus hijos Raúl,
Salvador y cinco empleados a bordo; por la noche, Salvador llamó para avisar que pasarían la
noche en Guerrero. Los cárteles guerrerenses tenían en ese momento problemas con los capos
de La Familia Michoacana. Cuando aquella noche circuló por su territorio una camioneta con
placas de Michoacán y siete hombres a bordo, los delincuentes la detuvieron en un retén.
La familia se trasladó a Guerrero para buscarlos, llenaron formatos para realizar la denuncia, reconstruyeron los pasos de los jóvenes, tocaron cada puerta que encontraron. Mostraban
las fotografías a todo aquel que se cruzaba en su camino y preguntaban si los habían visto.
Ante la ataraxia del gobierno, tomaron la investigación en sus manos y llegaron a saber cómo se
conformaba la red criminal, quién vendía la droga y dónde vivía el líder.
Juan Carlos se estableció en Guerrero para seguir buscando. Las autoridades convocaron
una reunión en la que la familia entregó sus hallazgos, ahí estuvieron presentes funcionarios coludidos con el crimen. Unas semanas más tarde, secuestraron en Oaxaca a otros trabajadores de
la familia. Fueron liberados con un recado: “Los queremos a ustedes por calentarnos la plaza”.
Buscar desaparecidos en México requiere de mucho dinero, sin embargo, la familia Herrera sólo lo supo en 2010, cuando dejó de alcanzarles para continuar la investigación. Tuvieron
que hacer un alto, era momento de seguir haciendo lo que sabían: vender y comprar oro. Gustavo y Luis Armando saldrían a trabajar mientras que Juan Carlos y Rafael seguirían buscando.
Gustavo, Luis Armando y dos empleados partieron rumbo a Veracruz para reactivar el
negocio. El regreso iba a tomar más tiempo, pues el huracán Karl había devastado la carretera.
No se supo más de ellos, “era como si se los hubiera tragado la tierra”. Juan Carlos, a los pocos
días, formalizó la denuncia por la desaparición. El dolor ya no tenía cabida en esa familia, eran
fantasmas de sí mismos, sombras que no sabían por dónde seguir.
En 2013, llegó a Morelia la Caravana por la Paz con Justicia y Dignidad. María, su hija y su
nuera fueron a buscar a Javier Sicilia. Ese día, María subió por primera vez a un templete, contó
su historia frente a miles de desconocidos y, desde entonces, la ha repetido tantas veces, que la
gente con casos de desaparición encuentra en ella la fuerza para soportar su propio dolor. Así
surgió la organización Familiares en Búsqueda María Herrera, a través de la cual acompañan a
otras familias para que el dolor de buscar a un desaparecido no sea tan profundo. No necesitan más abrazos presidenciales, ellos cuentan su historia y honran los nombres, no son daños
colaterales.
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Faces of Dignity
D
espite the promises, the newspaper articles and the presidential commitment, María
continues to hold the four photographs of her children, ages 23, 25, 27 and 28. Next
to her, her eldest son Juan Carlos, a stout man with a hardened expression, holds her
shoulders.
The Trujillo Herrera family comes from Pajacuarán, Michoacán. They used to travel through
different states buying and selling pieces of gold, a prosperous enterprise that soon required at
least one hundred employees. In 2008, María watched as her sons Raúl and Salvador, along with
five other employees, left in a truck towards Oaxaca. That evening, Salvador called to let her
know they were going to spend the night in Guerrero. At that time, the cartels in Guerrero were
in dispute with La Familia Michoacana cartel. That night, they drove through this territory with
license plates from Michoacán, and seven men on board. The truck was stopped at a roadblock
set up by criminals.
The family travelled to Guerrero to search for them. They filled out forms to report the
incident, and they retraced Raúl and Salvador’s steps, knocking on every door they could find.
They showed pictures to everybody they came across, asking if they had seen them. Due to
the government’s inaction, the family took the investigation into their own hands. From then
on, they understood how the criminal network operated, who sold the drugs and where the
leader lived.
Juan Carlos moved to Guerrero to continue searching. The authorities convened a meeting in which the family presented their investigation; however, corrupt officials were present. A
few weeks later, more of the family’s workers were kidnapped in Oaxaca. They were freed with
a message: “You are wanted for stirring up trouble in our territory.”
In Mexico, searching for missing people requires a lot of money. Unfortunately, the
Herrera family became aware of this when they could no longer afford to investigate their family
members’ whereabouts. Thus, in 2010 they had to stop. It was time to do what they did best:
buying and selling gold. Gustavo and Luis Armando would go back to work while Juan Carlos
and Rafael would keep searching.
Gustavo, Luis Armando and two employees traveled to Veracruz to reactivate their business. The return trip took longer because hurricane Karl had devastated the highway. No one
has heard from them since, “it was as if the earth had swallowed them whole.” A few days later
Juan Carlos prepared the file to report their disappearance. The family could not endure the
pain. They were shadows of their former selves, ghosts who did not know what direction to take.
In 2013, the Caravan for Peace with Justice and Dignity passed through Morelia. María,
her daughter and her daughter in law went to Morelia to talk to Javier Sicilia. That day was
the first time María had stood on stage to tell her story in front of thousands of strangers and,
since then, she has told it so many times that other people who have suffered the pain of a
disappeared family member, use her strength to endure their own anguish. As a result of Maria’s
newly-discovered role, the organization Families in Search María Herrera was founded, an
organization ran by the Trujillo Herrera family with the aim of supporting other families in their
search for their missing loved ones. They do not need more presidential hugs, they are willing
and able to tell their own story and honor the names of those who are missing. They should not
be considered collateral damage.
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Faces of Dignity
ALBERTO
Donis Rodríguez
Coordinador del albergue de
migrantes Hermanos en el Camino
Coordinator of the migrant shelter
Brothers on the Way
Ciudad Ixtepec, Oaxaca
Por la carretera de Guatemala a México, en una
cabina oculta debajo de un tráiler, viajaban sesenta personas migrantes. Para acceder, subían por
un pequeño agujero al lado de la llanta donde no
tenían suficiente espacio ni para respirar. Las personas que venían de Ecuador llevaban veinte días
de viaje en balsa, estaban deshidratadas; quienes
venían de Guatemala recién comenzaban el camino. Ahí estaba Alberto, en uno de sus intentos por
llegar a Estados Unidos.
On the highway from Guatemala to Mexico, sixty
migrants travelled in a cabin hidden beneath a
trailer. They climbed onto the trailer through a small
hole by the side of the wheel. There was no room
to breathe. People who were coming from Ecuador
had been traveling for twenty days in a raft and were
dehydrated, and those coming from Guatemala had
just begun their journey. Among them was Alberto,
attempting once again to enter the United States.
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A
Faces of Dignity
A
lberto Donis comenzó a viajar rumbo al norte desde los diecinueve años, poco después de haber terminado la escuela preparatoria. Nació y se crió en Santa Rosa, Guatemala, una comunidad rural, donde la gente se dedica a la agricultura y la ganadería.
Primero se fue a la Ciudad de Guatemala donde trabajó como dependiente de una
farmacéutica y después en un banco. Sin embargo, la violencia de la ciudad acecha en cada
rincón y el dinero que ganan trabajando se lo quitan a los minutos de haberlo cobrado. Alberto
duró cinco meses ahí, y después decidió buscar otra alternativa. Su familia pagó al primer “coyote” que lo llevó a Estados Unidos.
Cuatro veces consiguió Alberto cruzar la frontera. En uno de los viajes, quedó varado en
el desierto por cinco días y él mismo se entregó a las autoridades de migración, cuando el sol
ya había secado su boca y su cuerpo. Otra vez, logró llegar a Estados Unidos y encontró dos
trabajos: por la mañana era jardinero y en la noche iba a un restaurante. La rutina diaria sólo le
permitía dormir cuatro horas; las jornadas no le daban tregua. Las autoridades de migración lo
encontraron y lo deportaron.
El quinto viaje que emprendió Alberto hacia el norte lo hizo con una prima, un primo y un
amigo. Los cuatro jóvenes salieron el 31 de agosto de 2008 a las cinco de la mañana de Guatemala y a la media noche llegaron a Arriaga, Chiapas. Allí fueron asaltados por unos policías.
Sin dinero, se quedaron en el pueblo y pasaron la noche en un albergue donde podían estar
seguros. En ese lugar les dijeron que podían poner una denuncia, así que fueron al ministerio
público. Esperaron a que llegara alguien de derechos humanos, pero arribó el tren primero y
decidieron tomar rumbo a Ixtepec, Oaxaca, una parada que Alberto nunca antes había hecho.
En Ixtepec, esperaron al nuevo tren en el albergue Hermanos en el Camino; ahí comieron
y descansaron sobre cartones al ras del piso, suficientes para que los cuatro se sintieran en paz.
El Padre Solalinde habló con Alberto: “Nos dijo: ‘Miren, ustedes tienen derechos en este país.
Cierto, no traen documentos pero pueden viajar. La autoridad no está para robarlos, está para
cuidarlos’. Nos hizo estar conscientes de lo que podíamos hacer y decidimos denunciar”. Entonces acudieron a las oficinas de la Procuraduría General de la República. Con las reformas a la ley,
las autoridades migratorias ahora otorgan un permiso para permanecer en territorio mexicano
mientras se esclarecen los hechos. Ellos permanecieron como víctimas y testigos de delito por
razones humanitarias.
Alberto se quedó en el albergue y, desde entonces, apoya al Padre Alejandro Solalinde en
las actividades que se organizan. El sacerdote se ha convertido en un ejemplo para él. Alberto
ha visto la transformación del albergue; ahora ya tienen una oficina e incluso los cartones han
sido sustituidos por catres. Sin embargo, sus acompañantes de viaje decidieron seguir rumbo al
norte. Su primo fue detenido nueve veces y después de muchos intentos logró llegar a Canadá.
Su prima fue arrestada y regresó al albergue sin dinero, finalmente trabaja en Los Ángeles. De
su otro amigo no saben más. Alberto decidió quedarse en el albergue: “Defiendo a las personas
migrantes porque su historia es la mía. Siempre seré migrante, pero ya no quiero llegar al norte:
aquí encontré mi lugar”.
lberto Donis began traveling northward at the age of nineteen, not long after finishing
high school. He was born and raised in Santa Rosa, Guatemala, a rural community
where people worked in agriculture and cattle raising. He first moved to Guatemala
City, working in a pharmacy and later in a bank. However, violence in the city lurked at
every corner and the money he earned was robbed just minutes after receiving it. Alberto lasted
five months there, and then decided to look for an alternative. His family paid the first coyote
(people paid to smuggle migrants from Mexico to the u.s.) that took him to the United States.
Alberto reached the u.s. four times. During one trip, he was stranded in the desert for five
days and turned himself in to the immigration authorities when the sun had dried his mouth and
body. He reached the u.s. again and got two jobs: in the morning he was a gardener, and at night
he worked in a restaurant. His daily routine only allowed him four hours of sleep, and during the
day he had no time to take a break. The immigration authorities found him and deported him.
The fifth time Alberto travelled north, he went with a female cousin, a male cousin, and a
friend. The four youths left Guatemala on August 31st, 2008, at five in the morning, and arrived at
midnight in Arriaga, Chiapas. There, they were robbed by police officers. They spent that night
in the town with no money. To ensure their safety, they slept in a shelter. They were told by those
who worked at the shelter that they could file a complaint, and so they went to the Public
Prosecutor’s Office. They waited for someone from the human rights department to arrive.
However, whilst they were waiting, the train to take them north arrived and they decided to get
on it. The train took them to Ixtepec, Oaxaca; Alberto had never stopped there before.
In Ixtepec they waited for the next train at the shelter Brothers on the Way. At the shelter
they ate, and rested on cardboard boxes flattened on the floor. This was enough for them to feel
at ease. Father Solalinde spoke with Alberto: “He told us: ‘Look, you have rights in this country. It’s
true that you do not have documents, but you can travel. The authorities are supposed to protect
you, not rob you’. He opened our eyes to the fact we could do something, and so we decided to
file a complaint.” Then, they went to the Attorney General’s Office. Due to legal reform, migrants
are now able to remain in Mexican territory while their legal complaint is being investigated. So,
they stayed in the country as victims and witnesses of the crime.
Alberto remained in the shelter, and since then, he has been assisting Father Alejandro
Solalinde with activities in the shelter. Solalinde has become an example for Alberto to follow.
He has seen the transformation of the place; now they have an office, and even the cardboard
boxes have been substituted for basic beds. However, his companions decided to continue
north. His male cousin was arrested nine times and after many attempts he finally made it to
Canada. His female cousin was arrested and returned to the shelter without any money, and
now she lives and works in Los Angeles. They have not heard anything from their friend. Alberto
decided to stay at the shelter: “I have chosen to defend migrant’s rights because we share the same
story. I will always be a migrant, but I no longer wish to reach the north. I have found my place
here.”
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Faces of Dignity
ALTAGRACIA
Tamayo Madueño
Presidenta del Consejo Binacional por la
Diversidad Sexual, Discriminación e Igualdad y la
Defensa de los Derechos Humanos de los Grupos
Vulnerados (cobina)
President of the Binational Council
for Sexual Diversity, Discrimination and Equality
and the Defense of Human Rights of Vulnerable
Groups (cobina)
Mexicali, Baja California
El calor seca la boca; no hay agua que limpie ese sabor polvoriento que queda en la garganta. No hay
quien desee salir en la hora más calurosa, lo cual
confiere a la calle un aspecto fantasmal. En el centro, nada más se mete el sol, comienzan a abrir las
cantinas, sitios sórdidos donde se refugian los sedientos que buscan otro líquido para mitigar la sed.
The heat leaves your mouth dry, and no amount of
water can get rid of that dusty taste in your throat.
No one wants to go outside at the hottest time of the
day, and thus, the streets have a ghostly appearance.
Downtown, when the sun sets, the cantinas start to
open; sordid places where people look for a different
type of drink to quench their thirst.
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H
ay un lugar en el centro de Mexicali que se llama cobina, el Consejo Binacional por la
Diversidad Sexual, Discriminación e Igualdad, se encuentra sobre la calle Lerdo. Altagracia, trabajadora social, es quien lidera ese proyecto que ayuda a tantas personas
como puede. Sería sencillo explicar que sólo defiende los derechos humanos de la
comunidad lgbttti (lesbianas, gays, bisexuales, travestis, transexuales, transgénero e intersexuales), una labor que comenzó en los ochenta con el Comité Orgullo. Pero Altagracia también se
acerca a personas de sectores muy vulnerables: sexoservidoras, gente con adicciones, personas
en situación de pobreza extrema y migrantes que han llegado hasta la frontera para intentar
cruzar al otro lado. Muchos no lo logran y se asientan también allí, donde es fácil ver a madres
cargando a sus hijos, madres que no encuentran más oportunidades de trabajo que el servicio
sexual.
Altagracia supo que era diferente desde muy joven. Con el paso de los años, comprendió
que el problema de asumir su sexualidad no residía en confesarlo a su familia y que lo aceptara,
sino en asumir ella misma quién es sin reparos. En ese momento su vida dio un vuelco. Su búsqueda no sólo le permitió entender sus preferencias, sino también el rumbo de su quehacer.
En 1987, la vida de Altagracia dio otro giro. Estaba cenando tacos afuera de un bar con
dos compañeros activistas que habían ido a Tijuana en busca de mayor apertura. Uno de ellos le
dio en la boca un pedazo de taco a otro y la policía furiosa los jaló para subirlos a la patrulla por
faltas a la moral. Altagracia increpó a los policías y, tras una serie de alegatos absurdos, logró
que la situación no pasara a mayores. A partir de ahí, comenzó el camino de la defensa y lucha
por los derechos de las comunidades vulnerables con las que se topaba en Mexicali.
Tamayo, como le dicen a Altagracia todas las personas que llegan al centro comunitario,
es muy sonriente, y la gente se siente alegre cuando ella está cerca. “Ella nos podrá ayudar”, se
dicen. En el comedor comunitario, hacen fila personas de todo tipo, quienes parecen transmitir
optimismo después del primer bocado de comida caliente. El eje de la ayuda a personas con
adicciones se centra principalmente en la asistencia médica, mientras que las sexoservidoras y
las personas migrantes reciben, además, atención legal. Tamayo busca ayuda para todos, incluso debajo de las piedras.
La gente prefiere ignorar a quienes cobina apoya. “Sé que muchos de los problemas de la
comunidad lgbttti empiezan porque no asumen su identidad y después entran en un espacio
del que difícilmente podrán salir”. Cuando Altagracia habla sobre la importancia de aceptarse a
uno mismo, brinda a otras personas la oportunidad de aprender a aceptar la diversidad. Ella es
testigo a diario de cómo la diferencia es el primer motor del odio. En cobina, intenta ofrecer un
lugar donde la heterogeneidad sea el rasgo común y la posibilidad de que todos, pese al clima
extremo, puedan encontrar un lugar para existir.
22
Faces of Dignity
T
here is a place in downtown Mexicali called cobina, the Binational Council for Sexual Diversity, Discrimination and Equality, located on Lerdo Street. Altagracia, a social worker,
is the director of the Council. cobina aims to help as many people as possible. It would be
simple to say that it only defends the human rights of the lgbttti community (lesbians,
gays, bisexuals, transvestites, transsexuals, transgender, and the sexually ambiguous), work
that began in the 1980s with the foundation of the Comité Orgullo. But Altagracia also
works with the most vulnerable: sex workers, people with addictions, people in circumstances
of extreme poverty, and migrants who have reached the border trying to cross to the other side.
Many decide not to cross, and settle in Mexicali where it is common to see mothers feeding their
children, mothers who do not find other opportunities but to work in the sex industry.
From her very early youth, Altagracia knew she was different. As the years went by, she
understood that the issue of accepting her sexuality did not depend on whether her family
accepted it, but instead that Altagracia had to accept it for herself. That was the moment in which
her life took a turn. Her personal journey not only helped her understand her sexual orientation,
but also her professional path.
In 1987 Altagracia’s life took another turn. She was eating tacos for dinner outside a bar with
two male activist colleagues who had gone to Tijuana in search of a more open-minded society.
One of them placed a piece of taco in the other’s mouth and a police officer furiously grabbed
them with the intention of taking them away in the patrol car on moral charges. Altagracia
told the police officer off and, after a series of absurd accusations by the police officer, she managed to calm the situation. After that experience, she decided to begin her journey defending
the rights of the vulnerable communities that she came across in Mexicali.
Tamayo, as Altagracia is also known by those who frequent the community center, smiles
a lot and people are happy when they are in her company. “She can help us,” they say. A diverse
group of people form the queue in the community kitchen, and as soon as they have their first
bite to eat, the optimism is contagious. The organization provides medical help for people with
drug addictions, while sex workers and migrants, in addition, receive legal assistance. Tamayo
seeks aid for them all, in any way possible.
Some of the city’s inhabitants prefer to ignore the types of people cobina supports. “I know
that many of the lgbttti community’s problems begin because they do not accept their identity
and they find it hard to overcome.” When Altagracia speaks about the importance of accepting
oneself, she provides people with an opportunity to learn about diversity. She witnesses how
difference sparks hatred on a daily basis. At cobina she tries to offer a place where heterogeneity
is the common trait and a possibility for each person, regardless of the inhospitable climate in
which they live, to find their place in society.
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Faces of Dignity
MERITXELL
Calderón Vargas
Representante de la Red Iberoamericana
Pro Derechos Humanos en México
Representative of the Ibero-American Network
Pro Human Rights in Mexico
Tijuana, Baja California
Meritxell Calderón creció en un lugar único, no sólo
porque lo hizo en la ciudad fronteriza de Tijuana
en la década de los ochenta —cuando la migración
estaba en un momento álgido y el cártel de los
hermanos Arellano Félix emergía—, sino porque su
padre, psiquiatra de profesión, abrió en el centro
la primera clínica de metadona de América Latina
para adictos a la heroína.
Meritxell Calderón grew up in a unique place.
Not only because she lived in the border town of
Tijuana in the 1980s—a time when migration was
at its peak, and the cartel of the Arellano Félix
brothers had recently surfaced—but also because
her father, a psychiatrist by profession, opened the
first methadone clinic in Latin America for heroin
addicts in the center of Tijuana.
24
25
E
Faces of Dignity
A
n aquel momento, la cabeza de su padre tenía un precio, porque a los narcotraficantes
locales no les convenía que alguien ayudara a las personas a salir de las drogas. Además, el tratamiento no sólo se centraba en el uso de la sustancia, sino también en encontrar la causa de la adicción.
Meritxell creció rodeada de personas nerviosas que llegaban puntualmente para conseguir la dosis de metadona. Hasta la fecha, la oficina que dirige, la Red Iberoamericana Pro
Derechos Humanos en México, se encuentra justo al lado de la clínica. Ella defiende los derechos de la comunidad lgbttti, aunque hace un trabajo amplísimo con diferentes sectores vulnerables: mujeres con adicciones, trabajadoras sexuales y personas migrantes. También ayuda
a mujeres víctimas de violencia que han denunciado ante diferentes instancias y no tienen una
respuesta. La adicción más peligrosa y más económica es la inhalación de solventes. Con unos
pocos pesos pueden comprar unos litros de esa sustancia y una estopa y así es más sencillo
soportar el hambre y el frío.
Comenzó su activismo muy joven. Cuando Meritxell tenía catorce años, el gobierno
de California pretendía negar servicios sociales, médicos y educación pública a los inmigrantes indocumentados a través de la Proposición 187. “Estaba con mis amigas en un concierto
de la Maldita Vecindad en la Universidad de San Diego y nos dijimos: ‘Hay que hacer algo’, e
hicimos una manifestación con banderas de México y Estados Unidos con el argumento de que
éramos vecinos”. Fue la primera manifestación que hizo, con siete estudiantes de secundaria.
Las exigencias que tiene la Red Iberoamericana son tan variadas como las problemáticas
que atienden, pero en todas ellas la demanda constante es que pare la violencia sistemática del
Estado en contra de una población específica: migrantes, personas con adicciones, de diversidad sexual y personas en situación de pobreza. El primer paso para comenzar con la defensa
es dar visibilidad a los casos, buscar espacios para que sean públicos, porque si se quedan calladitos, dice Meritxell, se vuelven blanco fácil.
Permanecer detrás de un escritorio no es una opción para ella. Su lucha está en la calle.
Baja California es un estado marcado por los crímenes de odio, la prostitución, los feminicidios
y el consumo de drogas.
Hoy en día también busca que se acepte el matrimonio igualitario. En varias ocasiones,
ella y su novia, Nancy Bonilla, se han presentado en la alcaldía de Tijuana para contraer matrimonio. En agosto de 2015, se casó en la ciudad fronteriza la primera pareja del mismo sexo después de un largo proceso jurídico. Pero la unión matrimonial igualitaria no estaba aún legislada
en Baja California, sólo era posible a través de un amparo. La lucha de Meritxell no obedece
únicamente a su propio matrimonio, sino para que el derecho se encuentre al alcance de la
ciudadanía. Esta pelea no la libra sola, sino al lado de Nancy, quien la apoya activamente en esta
nueva batalla por la dignidad.
t that time, there was a price tag on her father’s head because the local drug traffickers
were not keen on the idea that somebody was helping their customers get off drugs.
Furthermore, the treatment was not only concerned with substance abuse but also
focused on discovering the causes of the addiction.
Meritxell grew up surrounded by anxious people who would arrive punctually for their
dose of methadone. To this day, the organization she directs, the Ibero-American Network Pro
Human Rights in Mexico, is located next to the clinic. The office primarily defends the rights of
the lgbttti community, even though it works with a wide variety of different vulnerable groups:
women with addiction problems, sex workers, and migrants. The organization also helps female
victims of violence who have reported different abuses but have not received a response from
the authorities. The most dangerous, and cheapest, addiction is solvent abuse. For a couple of
pesos, one can purchase several liters of the substance. It is a small price to pay to forget about
hunger and the cold.
Meritxell began her activism at a young age. When she was fourteen, the government
of the California was planning to deny social services, medical care, and public education to
undocumented immigrants through Proposition 187. “I was with my friends at a Maldita Vecindad
concert in the University of San Diego, and we said to one another: ‘We have to do something.’
We organized a protest with Mexican and u.s. flags, using the argument that we are neighbors.”
This was the first demonstration that she had planned, with seven students from Middle School.
The demands of the Ibero-American Network are as varied as the problems that come with
them, but the thread that unites them is their request for an end to the systematic violence by the
State against a specific section of society: migrants, people with addictions, people of diverse
sexuality, and the poor. The first step in the process of defending the victims is making their
cases known. It is important to seek spaces in which their cases may be made public, because if
they remain quiet, Meritxell argues, they become easy targets.
For Meritxell, working in an office is not an option. Her fight is on the ground. Baja California
is a state marked by hate crimes, prostitution, femicides, and drug consumption.
Currently, Meritxell is also fighting for the acceptance of same-sex marriage. On various
occasions she and her fiancée, Nancy Bonilla, have gone to the mayor’s office in Tijuana to file for
marriage. In August 2015, the first same-sex couple was married in the border town after a long
judicial process. Nevertheless, gay marriage was still illegal in Baja California; such a union was
only possible through a court appeal. Meritxell’s struggle is not only about her own marriage, it
is about fighting for a universal right, extended to all citizens. She is not alone in this fight; Nancy
is by her side and actively supports her new-found struggle for dignity.
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27
Faces of Dignity
MIGUEL ÁNGEL
García Leyva
Fundador de la Asociación Esperanza contra
la Desaparición Forzada y la Impunidad
Founder of the Hope Association against
Enforced Disappearances and Impunity.
Una madre puede ver el dolor en otra; compartir una pena crea solidaridad, y también alivia sentir
que alguien más la entiende y acompaña. Las mujeres que se encontraban en las agencias del ministerio público cargaban desafortunadamente con
la misma historia a cuestas: sus hijos habían desaparecido y la autoridad catalogaba los casos como
homicidios. Miguel Ángel recibió a ese grupo de
madres para ayudarles a encontrar las respuestas
que el gobierno se empeñaba en ocultar.
A mother can feel another mother’s pain; shared
suffering creates solidarity. A mother takes comfort
in the knowledge that somebody else understands
her, and that she is not alone. The women who met
one another in the Public Prosecutor's' Offices, unlucky enough to have experienced the same pain,
knew their sons were victims of enforced disappearance but that the authorities were filing the cases
as homicides. Miguel Ángel worked with the group
of mothers to help them find answers that the government insisted on hiding.
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29
M
iguel Ángel García Leyva es de Sinaloa, pero su activismo lo ha obligado a salir de
su estado natal en diferentes momentos, desde que era un estudiante universitario de derecho hasta el día de hoy, que acompaña a un grupo de familiares de víctimas de desaparición en el estado vecino. En 2001, cuando era secretario del Frente
Contra la Impunidad, fue comisionado para acudir a Baja California para apoyar legalmente a
esas mujeres.
Ellas se conocieron a fuerza de encontrarse en los mismos lugares, en esperas áridas con
una fotografía gastada, recorriendo como fantasmas cada oficina del estado fronterizo. Cuando
decidieron estar juntas se hicieron llamar Grupo Esperanza, porque consideraron que buscaban iluminar esos espacios oscuros. Ahondando en las historias, encontraron que, en todos los
casos, la policía y el crimen organizado se presentaban de manera recurrente. Miguel Ángel,
además, halló incongruencias y abusos. Decidió ampliar su estancia en Baja California.
Entre los casos documentados, concretamente de 2005 y 2006, descubrierón algunas
desapariciones colectivas, en las que estos comandos negros —conocidos también como escuadrones de la muerte— habían secuestrado a ocho o diez personas en lugares públicos. La
primera respuesta de la autoridad era darlos por muertos. Las víctimas de desapariciones forzadas, entonces, entraban a otros lugares destinados para el olvido o el crimen. La policía no pudo
sostener por mucho tiempo la teoría del homicidio, ya que no contaba con actas de defunción,
motivos, ni siquiera indicios, de que hubieran estado en un enfrentamiento. Entonces los acusaban de narcotraficantes, sin antes permitir un juicio.
El gobierno comenzó a crear instituciones para atender las desapariciones forzadas, intentó matizar el término y llamarlas “personas extraviadas”, como si quisiera colocar en el mismo sitio una problemática muy diferente. En este camino de lucha, el triunfo de un caso era
también un triunfo colectivo. Lo mismo sucedía con la tristeza: la muerte de una de las madres,
Doña Chayito, en septiembre de 2001, los sumergió en una melancolía que los hizo parar por
un tiempo.
Cuando Raúl Ramírez Baena tomó el cargo de titular de la Procuraduría de Derechos Humanos del estado, lograron contactarlo y dieron visibilidad en los medios de comunicación a
la desaparición forzada. Hicieron trabajo de campo durante cinco días: “Vimos que había más
casos, que no eran los únicos, porque al hacer las entrevistas y denuncias, hablaron por teléfono
más señoras y ellas venían de Sinaloa, algunos de sus hijos vivían aquí, otros allá”. Les daban los
datos de cada suceso, entre los que se incluían cruentos asesinatos. Durante esos días, contaron
hasta 29 casos de impunidad.
Miguel Ángel regresó por un tiempo a Sinaloa, pero con cada nueva llamada, con cada
nuevo caso, se daba cuenta que su lugar era Baja California. La Asociación Esperanza contra la
Desaparición Forzada y la Impunidad nació formalmente el 27 de noviembre del 2002, con todo
y su acta constitutiva. Desde entonces, la organización busca poder escribir y dar a conocer los
casos que la autoridad se empeña en ocultar.
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Faces of Dignity
M
iguel Ángel García Leyva is from Sinaloa, but his activism has forced him to leave his
native state on different occasions; from his time as a university law student to
his current work accompanying a group of families whose relatives have been victims
of forced disappearance. In 2001, as secretary of the Frente Contra la Impunidad,
Miguel was chosen to go to Baja California to provide legal support for the mothers of the disappeared.
The women built friendships as a result of spending time together in the arid waiting
rooms with worn-out photographs, making the rounds at every legal office in the border state.
When the women decided to amalgamate their struggles into a collective battle, they called
themselves the Grupo Esperanza, since they wanted light to shine out of the darkness. After
prolonged investigations into the stories of their family members the group found that, in all the
cases, the police and organized criminal groups were involved. In addition, Miguel Ángel was
struck by disparities, and signs of abuse, within the evidence. He decided to extend his stay in
Baja California.
Among the documented cases, specifically from 2005 to 2006, there had been instances
of collective disappearances, in which military death squads kidnapped eight to ten people
in public places. The first response by the authorities would be to declare them dead. Subsequently, the victims of forced disappearance were then destined to be forgotten, or used for
criminal purposes. The police could not sustain theories of homicide for very long since they
did not hold death certificates, motives for the killings, nor any indications that there had been
confrontations. Then the police would accuse the victims of being drug dealers, without providing the victims with a fair trial.
The government began to create institutions for handling forced disappearances. However, it tried to nuance the term by calling them “persons gone astray,” replacing the issue of
forced disappearance with a very different problem. During the mother’s fight, a single victorious case was converted into a collective triumph. The same went for losses: when Doña Chayito
died, one of the mothers, in September 2001, the group was paralyzed by a shared melancholy.
Their work was put on hold for some time.
When Raúl Ramírez Baena took over as the State’s Human Rights Ombudsman, the group
contacted him and successfully brought forced disappearance to the forefront of media attention. For five days the group investigated the prevalence of the problem: “We found that our
cases were not the only ones. Through the process of interviewing people and processing legal
complaints, we were inundated with calls, and visits, from mothers whose sons who had lived
here or in Sinaloa.” The group was given information on each individual case, including horrific
cases of murder. During the five days, they collected 29 cases of impunity.
Miguel Ángel returned to Sinaloa, but with each new phone call came a new case. He realized he belonged in Baja California. The Hope Association against Enforced Disappearances
and Impunity was formally founded on November 27th, 2002. Since then, the organization has
sought to publicize the cases the authorities insist on concealing from the public.
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Faces of Dignity
CLAUDIA ERIKA
Zenteno Zaldívar
Defensora del medio ambiente
Environmental activist
Xochimilco, Ciudad de México
Xochimilco, Mexico City
Claudia empezó a sentir temor cada vez que sus hijos salían de la casa. No era miedo a no saber a qué
hora volverían de una fiesta, sino angustia de pensar que tal vez no regresarían jamás. “No denuncies”, “quédate callada”, le dicen sus familiares. Sin
embargo, ella sabe que el daño que causan las autoridades a la zona chinampera es irreversible, y sus
consecuencias son fatales para el medio ambiente.
Claudia started to worry each time her children
left the house. She was not scared about what time
they would come home from a party, rather, she
was deeply fearful they would never return. Her
relatives tell her to stop protesting, to keep quiet.
However, Claudia is conscious that the damage
being caused by the authorities in the chinampas
(floating gardens) is irreversible. The consequences
are fatal for the environment.
32
33
X
ochimilco es un lugar particular, las chinampas suspendidas entre los canales son una
parte fundamental del paisaje. Antes eran tierra de labranza, hasta que también se volvió un terreno con valor político. A cambio de algunos votos, la delegación comenzó
a permitir que sobre ellas se levantaran asentamientos irregulares y casas bien edificadas. Y para comunicarse con la tierra firme, utilizan relleno de cascajo que va secando el canal.
Claudia, vecina del Barrio 18, comenzó a hacer visible el problema.
Los pájaros ya no llegan a esa zona, el ahuejote —árbol endémico que sirve para mantener
unida la chinampa a la tierra— se está acabando. Los apantles, que son los muelles de las trajineras, ya son de tierra; el lago se está perdiendo y el rumor del agua se sustituye por el ruido
de los motores de los automóviles, que pasan día y noche en dirección a la nueva zona urbana.
“¡Cállese vieja metiche!”, le dicen los vecinos a Claudia cuando la ven pasar, que se calle,
que no denuncie, que no vaya a la Secretaría del Medio Ambiente, que deje de acudir a la delegación Xochimilco, a la Comisión de Recursos Naturales, al Gobierno del Distrito Federal o a
nivel federal. Que no hable del cambio de uso del suelo. “¿Qué le importa?” “¡Cállese!”.
Pero Claudia sigue hablando, intenta explicar a las personas que el daño es enorme, que
los niños no volverán a ver plantas y animales. La autoridades locales han minimizado el caso.
Cuando ella acudió a instancias federales, certificaron que, efectivamente, se trataba de un área
natural protegida. Sin embargo, afirmaron que no era un asunto de su competencia, pues es la
delegación la que tendría que estar velando porque ese lugar perdure.
Al poco tiempo de mudarse definitivamente a Xochimilco, Claudia iba caminando con su
hija cuando un hombre les pidió la hora. El hombre atrapó a su hija y la amenazó con un cuchillo
en la garganta. Arrebató el monedero de Claudia, con poco dinero. No se trataba de un asalto,
era un mensaje para que guardara silencio. No pasaron muchos días cuando ella se acercó a tomar algunas fotografías y fue retenida. Las palabras de los hombres eran confusas, advertencias,
groserías, un odio enardecido; ella nunca los había visto por el lugar. Cuando su familia acudió a
rescatarla, golpearon a su esposo y le dejaron un ojo herido, un ojo con el que no podrá volver
a ver. A su hija la golpearon y a su hijo le abrieron la cabeza.
En noviembre de 2010, su hijo fue secuestrado. Tras nueve días, volvió a casa, tocó a la
puerta y, cuando le abrieron, se desplomó frente a ellos, delgado y con el cuerpo herido. Él
ya no es el mismo, se tornó hosco y silencioso, con la mirada ensombrecida. Esos nueve días,
ella se quedó en casa esperando a que el teléfono sonara, como consecuencia, la despidieron
de su trabajo.
“¡Cállate Claudia Zenteno!” “¡Cállate!". Se repiten las voces como ruido de enjambre cuando cruza por Xochimilco. Sube a la motoneta que aprendió a conducir para poder meterse entre
los coches y circular a mayor velocidad. No se ha quedado callada, pero ella vive con el miedo
de saber que el precio de salvar las chinampas puede ser que uno de sus hijos o su esposo, tal
vez, no vuelvan a casa.
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Faces of Dignity
X
ochimilco is a special place, and the chinampas, suspended between the canals, are a
fundamental part of the landscape. In the past the chinampas were farmland, however
in recent years this has changed. This land now has political value. In exchange for a
few votes, the local Council allowed the construction of informal settlements and wellbuilt houses. In order for these buildings to have solid foundations, they use gravel filling which
dries up the canals. Whilst Claudia was living in Barrio 18, she began to raise awareness about
the problem.
The birds no longer fly in the area because the ahuejote—a local tree that serves to bind
together the chinampas to the ground—is dying. The apantles, the piers where the trajineras are
docked, have turned into dirt; the lake is drying up, and the sound of water is replaced by the
noise of cars passing by, on their way to the new urban area.
“Shut up,” “stop being so nosy.” When the neighbors see Claudia passing by, they
tell her to keep quiet and to stop protesting. They criticize her for going to the Ministry of Environment, to the delegation of Xochimilco, to the Commission of Natural Resources, to the
Mexico City government and to the federal government. They tell her not to mention the change
in land use. “What does it matter to you?” “Don’t say anything.”
But Claudia does not give up. She tries to explain how much damage the construction will
cause; children will never see plants and animals again. The local authorities do not talk much
about what is happening. When she went to the federal government, she was assured that
Xochimilco was a protected area. However they stated that, legally, this was not a federal case,
and rather the delegation was in charge of the area.
A short time after moving to Xochimilco, Claudia was walking with her daughter when a
man asked her the time. The man grabbed her daughter and held a knife to her throat, threatening her. He snatched Claudia’s purse with little money in it. He had no intention of robbing her;
instead this was a warning to keep quiet. A few days later she went to take some pictures nearby
and a group of men held her prisoner. Their words were confusing, menacing, and vulgar.
She had never seen these men before. When her family came to rescue her, her husband was
beaten up and left blind in one eye. They beat up her daughter and split her son’s head open.
In November 2010 they kidnapped Claudia’s son. Nine days later he returned home. He
knocked at the door and when they opened it, he collapsed in front of them; his body was thin
and bruised. He is no longer the same. He is quiet and has a sad look in his eyes. During those
nine days she stayed at home waiting for the phone to ring, and was subsequently fired from
her job.
“Shut up, Claudia Zenteno!” “Shut up!” When she passes through Xochimilco, the voices
are constant. She gets on her scooter that she learned to drive to enable her to move between
cars and drive at a faster speed. She has not remained silent, but she lives with the fear that the
price of saving the chinampas could be that her children or her husband will not return home.
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Faces of Dignity
IRINA
Layevska
Asesora, educadora y defensora de la igualdad
de género y de la diversidad sexual
Consultant, educator and gender equality
and sexual diversity activist
Ciudad de México
Mexico City
Cada mañana, Irina se reinventa, ésta ha sido la
impronta de su vida. Para ella, ser revolucionaria
ha sido eje rector, una revolución más íntima que
la vida y las leyes de una nación. Por eso, abrir los
ojos es también el comienzo de una nueva batalla,
de su propia batalla. Al mismo tiempo, acompaña a
un colectivo de mujeres llamado Intersindicalistas,
Trabajadoras de Taquilla stc, quienes viven hostigamiento laboral.
Each morning, Irina reinvents herself. This has been
the constant feature of her life. For Irina, being revolutionary isn’t just about the life and laws of the nation. It is more intimate than that it is her guiding
principle. For that reason, upon opening her eyes a
new battle begins, a personal struggle. At the same
time, she takes part in a women’s collective, called
Intersindicalistas, Workers of the Ticket Office, Subway, for those who suffer workplace harassment.
36
37
S
u lucha en la vida comenzó desde que, siendo muy pequeña, le diagnosticaron una
enfermedad degenerativa que no le permitiría vivir más de veinte años. Ahí venció su
primer desafío, pues hace ya bastante tiempo que superó tal expectativa. Sus padres,
miembros del Partido Comunista, consiguieron que Rumanía la recibiera para uno de
sus primeros tratamientos, que duró varios meses. Su padre fue encarcelado en 1969 por haber
formado parte del movimiento estudiantil de 1968. Los fines de semana de su infancia estuvieron marcados por las visitas a la prisión de Lecumberri, una madre activista y la enfermedad que
comenzaba a manifestarse en su cuerpo y que la instaló en una silla de ruedas.
En Cuba se casó por primera vez con Nélida, la segunda en México y la tercera también
en México, cuando se legalizó el matrimonio igualitario. En 2010, Irina dejó atrás su atuendo de
guerrillero, la barba y el bigote; entendió que tras ese atavío se escondía quizá un gran pretexto
para no permitirse llorar. Nélida la acompañó en esa decisión y así comenzó el proceso de reasignación sexogenérica. Durante ese tiempo, se dio cuenta de que estaba renunciando a lo que
ella denomina “los privilegios masculinos” y decidió enfocar su lucha contra una sociedad
que parecía no poder perdonar que un hombre quisiera ser mujer.
Intentó denunciar las agresiones que estaba sufriendo en su propia casa por parte de
algunos vecinos, pero no contaba con los documentos legales que certificaran su nueva condición de mujer. El complejo mecanismo de la burocracia no está acostumbrado a manejar las
excepciones. Irina se dio cuenta de esto cuando llegó a denunciar la bofetada que había recibido de un vecino: “Si no quiere que lo molesten, vístase bien”, le dijo el agente del ministerio
público como conclusión a su queja.
Irina Layevska Echeverría Gaitán sufre esclerosis múltiple, razón por la cual su voz es apenas audible, sin embargo, eso nunca ha sido un obstáculo para que sus demandas sean escuchadas. Ella, pese a la debilidad de su cuerpo, encuentra la fortaleza para explicar, incluso ante
la Cámara de Senadores, qué es la discriminación y cómo estar sensibilizados para evitarla. Su
vista ha comenzado a fallar, pero sigue encontrando la manera de resolver los pequeños inconvenientes que van apareciendo.
Durante su juventud, Irina buscaba un proyecto político distinto, lo que le llevó a pasar
largas temporadas en Cuba como militante. Con el tiempo, ha logrado verdaderamente que sus
propósitos sean una realidad. En 2008, impulsó la ley para poder realizar actas de nacimiento
por cambio de identidad de género con lo que logró grandes avances. Ella contribuyó a la
elaboración de la ley y, con ayuda de una amiga abogada, elaboró el dictamen y un expediente
con pruebas documentales recogidas durante diez años. El juicio y la sentencia se llevaron a
cabo en un solo día, y tres días después ya tenía su acta de nacimiento oficial sin tachaduras.
En todos estos años de lucha, de resistencia y de posibilidad, Irina ha sido la manifestación
de la radical libertad de ser. Al final, logró hacer la revolución, una muy íntima que toca cada
mañana una nueva dimensión de su vida.
38
Faces of Dignity
H
er life struggle began when, at a very early age, doctors diagnosed her with a degenerative illness and gave her no more than twenty years to live. It was then that she overcame her first challenge, for it has been quite a few years since she surpassed that
expectation. Her parents, members of the Communist Party, succeeded in obtaining
one of her first treatments in Romania, lasting several months. In 1969, her father was imprisoned
for being part of the 1968 student’s movement. Her childhood weekends were marked by visits
to Mexico’s Lecumberri prison, her mother’s activism, and the illness that began to reveal itself,
eventually placing her in a wheelchair.
In Cuba she married her partner, Nélida, for the first time, the second time in Mexico, and
a third time also in Mexico, with the legalization of same-sex marriage. In 2010, Irina left behind
her guerrilla image, including her beard and mustache, understanding that perhaps underneath
was hidden a great pretext for not allowing herself to weep. Nélida agreed with that decision
and thus the process of changing Irina’s gender began. During that time she realized that she
was renouncing what she calls “masculine privileges.” She decided to focus her fight against a
society that could not forgive a man who wanted to be a woman.
She intended to report attacks by her neighbors that she had been subjected to in her own
home. However, she lacked the legal documents that certified her new condition as a woman. In
Mexico, the complex mechanisms of bureaucracy are not accustomed to handling exceptional
cases. This became clear to Irina when she reported the slap in the face she had received from
a neighbor: “If you do not want to be bothered, dress appropriately,” the agent of the Public
Prosecutor's Office told her. With that, her complaint was considered dealt with.
Irina Layevska Echeverría Gaitán suffers from multiple sclerosis, which is why her voice
is barely audible. Nevertheless, this has never been an obstacle. Her demands continue to be
heard. In spite of being subjected to her body’s weakness, she finds the strength to explain, in
front of the Mexican senate, the definition of discrimination and how to raise awareness in order
to prevent it in the future. Her vision has begun to fail but she continues finding ways to resolve
the small inconveniences she continues to face.
During her youth, Irina’s ambition for a different political agenda led her to spend long periods of time in Cuba as a militant. Over time she has managed to make this additional political
project a reality. In 2008, she made great progress by supporting a law allowing birth certificates
for those, like herself, who had faced a process of gender change. She contributed to the writing
of the law, and with the help of her friend, a professional lawyer, she prepared a legal opinion
and a dossier with documented evidence from the previous ten years. The trial and the decision
took just one day. Three days later she was given her official birth certificate.
In all these years of struggle, resistance, and possibility, Irina has personified the radical,
free being. In the end, she succeeded in creating her own revolution. Each morning, this intimate
revolution touches upon a new dimension of her life.
39
Faces of Dignity
JORGE
Andrade Galindo
Fundador del Colectivo Ustedes Somos Nosotros
Founder of the Collective You are Us
Ciudad de México
Mexico City
Miles de migrantes tuvieron que caminar siguiendo
las vías del tren, después de que las fuertes lluvias
en Veracruz hubieran arrastrado las vigas y descarrilado La Bestia. En el Estado de México, la siguiente parada del viaje, ya no existía un lugar donde
pudieran guarecerse, pues el albergue San Juan
Diego había cerrado. Esa noche, Jorge veía en la
televisión las imágenes del peregrinaje cuando
recibió la llamada de su amiga Andrea: “¿Qué hacemos?”, preguntó ella. “Vámonos a trabajar en las
vías”, concluyó él.
Thousands of migrants had to walk along the train
tracks after the heavy rains in Veracruz had derailed the train known as La Bestia. In the State of
Mexico, the next stop on their journey, there was
nowhere for them to stay, since the San Juan Diego
shelter had closed. That night, Jorge was watching
the images of the pilgrimage on television when he
received a call from his friend Andrea: “What should
we do?” she asked. “Let’s go and work on the train
tracks,” he concluded.
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J
orge Andrade es antropólogo del Instituto Mora, allí conoció a Andrea, donde coincidieron por su mutuo interés en el tema migratorio. La primera reacción al ver las consecuencias de la lluvia en 2012 fue apoyar a las personas migrantes con alimento, ropa y
medicina. “De repente, comenzamos a dar seguimiento a denuncias, vimos qué sucedía,
cuál era esta situación. Más allá de la ayuda asistencial, defendíamos derechos humanos”. Así
nació el Colectivo Ustedes Somos Nosotros.
El camino puede terminar muy pronto; la presencia de la delincuencia organizada es muy
fuerte, sobre todo en el corredor que atraviesa desde Lechería, Tultitlán, Huehuetoca, Tequixquiac, Apaxco, en el Estado de México, hasta Bojay, en el estado de Hidalgo, en donde se teje
con las autoridades, e incluso la sociedad civil, una complicada urdimbre.
Cuando las personas migrantes suben por los túneles de Orizaba y Cumbres de Maltrata
para entrar a Tlaxcala, la temperatura desciende y, debido al contraste con el clima del que
vienen, comienzan las complicaciones de salud. Llegan al Estado de México con gripa, dolor
de cabeza por la altura e incluso problemas de presión, están hambrientas y deshidratadas. En
la zona de vías hasta Huehuetoca, deben caminar, los zapatos no bastan y varios kilómetros los
recorren descalzos. Llegan sin poder dormir, alertas a los horrores que el viaje les ha mostrado:
mujeres violadas, policías extorsionando, ancianos suplicando por sus vidas. Lluvia y sol son
constantes durante treinta kilómetros y los pies lacerados comienzan a infectarse. Pero deben
seguir en silencio, sin quejas, porque quien no sirve para el camino, muere. Las personas migrantes viven atrocidades de todo tipo, algunas se entregan a las autoridades de migración
para regresar a su país, otras se aferran a la idea de una vida mejor.
En el Estado de México se han cerrado ya varios albergues. Para hacer un punto de descanso, el Colectivo Ustedes Somos Nosotros coloca carpas en donde dan atención urgente. En
2014, un migrante dializado se acercó, llevaba varios días sin cambiar la sonda. Mientras Jorge
llamaba a Médicos Sin Fronteras, escuchó unos disparos y se escondió para pedir ayuda. Casi
una hora después, cuando llegaron las patrullas, Jorge encontró a una compañera herida y al
migrante con un disparo en el pie. Desde ese día, las agresiones aumentaron rápidamente.
Adrián y Wilson, dos de sus colaboradores más cercanos, fueron amenazados por haber
presenciado un ataque de la Mara Salvatrucha y, después de algunas amenazas directas, los
acribillaron la tarde del 23 de noviembre. Adrián murió al instante, Wilson sobrevivió a cinco
disparos y lo trasladaron a un hospital en Zumpango. No tenía familiares en México —era de
Honduras— y Jorge se quedó a cargo de él durante esas horas críticas; le dijeron que si sobrevivía, el daño cerebral sería irreversible. A las tres de la madrugada su cuerpo no resistió más.
Jorge tiene la mirada adusta, prefiere mantenerse distante de amigos y familiares, el miedo hace su parte. Lo que inició como ayuda se convirtió rápidamente en compromiso. Todas las
personas migrantes saben que hay un momento en el camino en donde una pequeña organización es capaz de ponerse en su lugar y defenderlas como si fueran ellas mismas.
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Faces of Dignity
J
orge Andrade is an anthropologist at the Mora Institute. There he met Andrea, whose
interest in the subject of migration coincided with his own. Their first reaction upon seeing
the devastating consequences of the downpour in 2012 was to support the migrants with
food, clothing, and medicine. “All of sudden, we began following up legal complaints.
We tried to understand what was happening, and what the situation was. We were not only providing assistance, we were defending human rights.” Thus, the Collective You Are Us was born.
Their journey to the border does not last long, as there is a strong presence of organized
crime, especially along the stretch of territory from Lechería, Tultitlán, Huehuetoca, Tequixquiac,
Apaxco, in the State of Mexico, to Bojay, in the state of Hidalgo, where criminal groups are entangled with the authorities, and even civil society, in a complex web.
As the migrants climb through the tunnels of Orizaba and Cumbres de Maltrata and head
towards Tlaxcala, the temperature drops. Due to the stark change of climate, health complications begin to occur. They arrive in the State of Mexico with the flu, headaches from the altitude,
and high blood pressure. They are starving and dehydrated. They are forced to walk the route to
Huehuetoca but their shoes don’t hold up, and for various kilometers they travel barefoot. They
arrive without being able to sleep, alert to the horrors the journey has revealed: raped women,
police bribes, and old people begging for their lives. Rain and sunshine beat down on them for
thirty kilometers, and their wounded feet become infected. But they must go on in silence, without complaining, because whoever is not fit for the road is left behind. The migrants experience
atrocities of every kind; some are turned over to the immigration authorities to be returned to
their countries, while others are able to cling on to the idea of a better life.
In the State of Mexico a number of shelters have already been closed. In order to establish
a resting point, the Collective You Are Us erects tents where they are able to provide emergency
treatment and care. In 2014, they were approached by a migrant who was on the kidney treatment known as dialysis. This person had gone various days without changing their drainage tube.
While Jorge was contacting Doctors Without Borders, he heard some shots and hid while asking
for help. Almost an hour later, when the patrols arrived, Jorge came across a wounded colleague
and the migrant with a bullet wound in his foot. From that day on the attacks grew rapidly.
Adrián and Wilson, two of his closest collaborators, were threatened for having witnessed
an attack by the Mara Salvatrucha and, after some direct threats, they were peppered with bullets the afternoon of November 23rd. Adrián died instantly. Wilson survived five shots and was
transported to a hospital in Zumpango. Wilson, from Honduras, had no relatives in Mexico and
so Jorge stayed by his side during those critical hours. Jorge was told that if Wilson survived, the
brain damage would be irreversible. At three in the morning his body gave up the fight.
Jorge has a sullen look, he prefers to distance himself from his friends and family; fear plays
its part. What began as aid quickly turned into an indefinite commitment. All migrants know that
there is a point along their journey where a small organization is capable of understanding their
situation, and is willing to defend them as if they were defending themselves.
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Faces of Dignity
MARÍA TERESA
Vallejo Pérez
Presidenta del Centro de Rehabilitación,
Fuerza, Unión y Tolerancia
President of the Center of Rehabilitation,
Strength, Union and Tolerance
Un hombre con el rostro cubierto cortó cartucho y
le puso el arma en la sien. Era miércoles, María Teresa salió de su casa para ir a trabajar, cuando una
voz gruesa le advirtió: “Deja de hacer lo que estás
haciendo”. Aterrorizada, el sábado siguiente abandonó tras de sí libros, muebles y la vida que había
construido en su ciudad. Se fue de Tijuana sólo con
la ropa que vestía y se mantuvo escondida durante
casi ocho meses.
A man with a masked face loaded the gun and
pressed it against her temple. It was Wednesday,
and María Teresa had left her house to go to work
when she heard a deep voice: “Stop doing what
you’re doing,” she was told. Terrified, the following
Saturday she left behind her books, furniture, and
the life that she had created for herself in her city.
She left Tijuana with nothing but the clothes on her
back and remained hidden for almost eight months.
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M
aría Teresa Vallejo fue una estudiante de excelencia y pese a que le ofrecieron una
beca de estudios en el extranjero, ella decidió quedarse en México. Buscó trabajo
para costear su universidad y encontró una oportunidad en el Centro de Rehabilitación Social, que se prolongó por casi dos décadas, tiempo durante el cual conoció
todas las prisiones de México, desde el Centro Federal de Readaptación Social de Almoloya,
famoso por alojar a los presos más peligrosos del país, hasta las mismas Islas Marías.
Hay muchas historias que se tejen en los penales de México; no todo el que está allí es
culpable y no todos los culpables están en la cárcel. Sin embargo, lo que se vive dentro obedece
a reglas propias. María Teresa intenta derrumbar esos prejuicios sociales que afirman que quienes están en reclusión no merecen una vida digna.
Su primera intención era evitar que fueran humillados: “Son personas que delinquieron,
tienen que ser sancionadas, pero no podemos readaptarlos socialmente si sólo encuentran
odio. Cuando salen, no existe una verdadera reinserción, porque no conocen el perdón”. Ella
intentó que pudieran comer en platos y no en la mano, que pudieran bañarse, caminar en el
patio, estudiar, ver a su familia y que existiera un control de la sobrepoblación de las prisiones.
En 2007, tras una pausa dedicada a la familia y la docencia, Teresa retomó el activismo.
Creó la asociación Centro de Rehabilitación Fuerza, Unión y Tolerancia, para acompañar psicológica y jurídicamente a los familiares de los presos. Se enfocó principalmente en casos de
tortura psicológica a los internos. En septiembre de 2008, se amotinaron los presos de la penitenciaría La Mesa, en Tijuana, donde se contaron varios muertos y heridos. Las autoridades de
la prisión, en respuesta, les quitaron la posibilidad de visitas y los enviaron a cárceles distantes.
A raíz de estas medidas, las familias de los internos se unieron para comenzar una lucha legal.
Entonces, Vallejo se acercó al titular de la Procuraduría de Derechos Humanos de Baja California, Heriberto García García, para pedirle que visitara las prisiones y verificara la información
que había recolectado sobre la tortura sistemática. Él la dirigió al complicado sistema burocrático de informes y cartas. No fue hasta que en una riña a un interno le cortaron la lengua y otros
se fugaron que este hombre cambió su tono y puso atención.
En 2011, María Teresa presentó un juicio político contra Heriberto García García. Este hecho marcó el inicio del desprestigio público de la activista y el veto para que no pudiera seguir
trabajando en universidades de Baja California. Rápidamente comenzaron las advertencias a través de terceras personas, amenazas de muerte y cuatro años de llamadas telefónicas. “Siempre
la misma voz gruesa, de hombre, diciendo: ‘Te estoy viendo, te voy a matar’”. Unos días después
le dañaron los frenos a su coche y, finalmente, aquel miércoles, el hombre encapuchado cortó
cartucho fuera de su casa. Ella se cuestiona si lo único a lo que aspiramos es al silencio, ella preferiría estar en prisión: “Que me manden a las Islas Marías, me sentiría más segura rodeada de
delincuentes que con la misma autoridad”.
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Faces of Dignity
M
aría Teresa Vallejo was an excellent student, and even though they offered her a
scholarship to study abroad, she decided to stay in Mexico. She looked for work to
pay for her studies and found an opportunity at the Center for Social Rehabilitation,
which lasted for almost two decades. During that time she became familiar with all
of the prisons in Mexico, like the Federal Center for Social Rehabilitation in Almoloya, famous for
housing the country’s most dangerous prisoners, or Islas Marías.
One can find many stories woven together within Mexican jails; not everyone in prison is
guilty and not all who are guilty are in prison. Nevertheless, inside they make their own rules.
María Teresa tries to destroy the prejudices within society that promote the idea that those who
are incarcerated do not deserve a dignified life.
Teresa's primary purpose was to protect prisoners from humiliation: “There are people
who have committed crimes and must be punished, but it is very difficult to socially rehabilitate
them if all they know is hatred. When these prisoners are released, they are not successfully
reentered into society because they are stigmatized.” Teresa worked to gain better conditions
for inmates; to be able to eat from plates and not with their hands, to bathe themselves, walk in
the yard, study, see their families, and not live in crowded conditions.
In 2007, after she had taken time out to focus on her family and teaching, Teresa took up
activism again. She created the Centre of Rehabilitation, Strength, Union and Tolerance, with the
aim of providing psychological and legal assistance to prisoner’s families. She focused mainly
on cases of psychological torture within jails. In September 2008, the prisoners rioted at La Mesa
jail in Tijuana. Many people were wounded and some died. The prison authorities, in response,
took away their right to visits and sent the prisoners to different jails. As a reaction to these
measures the families of the prisoners united to launch a legal battle.
At that time Vallejo approached Heriberto García García, the State’s Human Rights Ombudsman, to request he visited the prisons for himself and verify the information that she had
gathered regarding systematic torture. García instructed her to enter into the complex system
of forms and letters. It was not until a dispute broke out and a prisoner’s tongue was cut off, and
other prisoners had fled the prison, that García changed his tone and paid attention.
In 2011, María Teresa filed a legal complaint against Heriberto García García. This act
marked the beginning of personal and public attacks to discredit Teresa's activism. It was also
the end of her teaching position at universities in Baja California. Shortly after, the warnings
began. These were often delivered by third parties, including death threats and four years of
telephone calls: “Always the same deep voice, saying: ‘I am watching you, I am going to kill you.’”
A few days later they destroyed the brakes of her car, and finally that Wednesday the masked
man loaded his gun outside her home. She asks herself if the only thing she aspired to was
silence, she would rather be in prison: “Let them send me to Islas Marías. I would feel safer in
prison than surrounded by public authorities.”
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Faces of Dignity
MARÍA LUISA
Garfias Marín
Integrante del Colectivo Nosotras
Member of the Collective Us
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero
Esa tarde, María Luisa trabajaba desde casa; apenas se metió el sol, prendió las luces. Su nieta, llorando, le pidió que se asomara al jardín; dentro del
patio, pegado en la reja, había un cartel de color
fosforescente en el que se podía leer: “Perra, hocicona”. Ese día había salido al aire una entrevista en
la que hablaba sobre la despenalización del aborto
en Guerrero.
That afternoon, María Luisa was working from home.
The sun had just set when she turned on the lights.
Her granddaughter, weeping, told her to look out
onto the garden patio; a fluorescent sign had been
stuck on the fence. It read: “Big-mouthed bitch.”
That day María had given an interview in which she
spoke about the decriminalization of abortion in
Guerrero.
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M
aría Luisa Garfias ha dedicado su vida a la defensa de las mujeres. Tiene dos hijas y
dos nietas, piensa en ellas cuando busca una sociedad donde las mujeres sean respetadas. Trabaja en el Colectivo Nosotras, que forma parte de la Red Guerrerense
de Defensoras de los Derechos Humanos de la Mujeres, y colabora en un consejo
para la defensa de las defensoras de derechos humanos. La organización trabaja el derecho de
las mujeres a decidir sobre su cuerpo y el feminicidio.
En el estado, temas como el aborto o la maternidad libre y voluntaria se trabajan poco,
porque molestan a la Iglesia y a la sociedad. Guerrero es un estado violento, cada año las
estadísticas rebasan las cifras del año anterior, cientos de casos de mujeres asesinadas quedan
en total impunidad, pues para la Procuraduría de Justicia no son feminicidios, sino hechos
violentos entre parejas.
María Luisa, con una postura crítica y aguerrida, comenzó a mostrar el rostro de esta impunidad. Muchas de las mujeres que se atreven a denunciar las agresiones viven en comunidades marginadas y no encuentran respuesta en la autoridad. Se ven obligadas a regresar a sus
casas, donde enfrentan directamente el riesgo de vivir cerca a sus agresores quienes, además,
se sienten atacados por las denuncias. Las defensoras de derechos humanos se dieron cuenta
de que ellas mismas se colocaban ante el riesgo, ya que no sabían quiénes eran las parejas de
las mujeres a quienes defendían.
Cuando Guerrero estuvo bajo el gobierno del Partido de la Revolución Democrática, creyeron que habrían reformas, sin embargo, la realidad es que las mujeres siguen muriendo a
manos de hombres, sean sus parejas o no. Las torturan, las tiran en cañadas, en los basureros,
las siguen enterrando. Cuando las mujeres deciden sobre su cuerpo, las normas sociales se
cuestionan. Instituciones como la Iglesia prefieren el silencio.
María Luisa Garfias ocupaba el cargo de diputada cuando pidió una reforma al código
penal en 1990 para despenalizar el aborto en ciertos casos. En Chiapas se había hecho algo similar por entonces y quiso aprovechar esa coyuntura en Guerrero, pero la propuesta se detuvo
abruptamente. Después, se habló sobre la posibilidad de legislar la interrupción del embarazo;
María Luisa, el Colectivo y algunas diputadas presentaron una iniciativa al Congreso, la cual no
prosperó por la oposición de los partidos.
En una entrevista, ella habló abiertamente acerca del tema, explicó que muchas mujeres
interrumpían su embarazo en condiciones de riesgo; entre cifras y datos fríos expuso la importancia de seguir los pasos de la Ciudad de México. La entrevista se publicó en el periódico dos
días después, el 20 de julio. Fue esa misma noche cuando apareció el cartel en su jardín. Comenzaron a aparecer otros objetos en el patio, aparentemente inofensivos: pelotas, incluso la
tapa de un tinaco; avisos de una presencia cercana. La Red Guerrerense recomendó que parara
sus declaraciones. Desde entonces, ha estado callada y temerosa, prefirió no denunciar ante
la policía por temor a ellos. “Es importante hablar para que las futuras generaciones busquen
justicia por aquellas mujeres que han sido asesinadas; por un México donde podamos vivir sin
miedo”.
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Faces of Dignity
M
aría Luisa Garfias has dedicated her life to the defense of women’s rights. During
her daily fight for the respect for women in society, her two daughters and two
granddaughters are at the forefront of her mind. She works for Collective Us, which
forms part of the Red Guerrerense de Defensoras de los Derechos Humanos de las
Mujeres, and she serves on a board that protects women human rights defenders. The organization focuses its work on the right of women to make decisions about their body and the
problem of femicide.
In the state of Guerrero, subjects like abortion or free and voluntary motherhood are rarely
discussed, because they disturb the Church and society. Guerrero is a violent state; each year
the statistics exceed those of the previous year. Hundreds of cases of murdered women are
committed with total impunity, because the State Attorney's Office does not acknowledge these
crimes as femicides, but rather as violence between couples.
With a critical and courageous attitude, María Luisa began to reveal the face of this impunity.
Many of the women who dare to report sexual abuse live in marginalized communities and receive
no response from public authorities. They are obliged to return to their homes where they face
the risk of living side-by-side with their aggressors, who, furthermore, feel personally attacked by
being reported to the authorities. The women human rights defenders realized that they were
placing themselves at risk since they did not know the partners of the women they were defending.
When Guerrero elected a new government, the Party of the Democratic Revolution, people believed that reforms would be implemented. However, the reality is that women continue
to die at the hands of men, whether by their partners or not. They are tortured, and thrown
into ditches and garbage dumps. They continue to be buried. When women make decisions
about their bodies, they are questioning social norms. Institutions like the Church prefer silence
on these matters.
In 1990 after she had been elected to Congress, María Luisa Garfias asked for reform
of the criminal code to decriminalize abortion in certain circumstances. At the time Chiapas
had followed a similar path, and María wanted to take advantage of this opportunity to reform
abortion law in Guerrero. However, the proposal was stopped abruptly. Further down the line,
a discussion was held on the possibility of new legislation on the interruption of pregnancy.
María Luisa, Collective Us, and a group of government representatives presented an initiative to
Congress, but party opposition stopped it in its tracks.
In an interview, María spoke openly on the subject. She explained that many women have
abortions under dangerous conditions, and emphasized the importance of following Mexico
City’s lead. Two days later, on July 20th, the interview was published in the newspaper. It was that
same night that the sign appeared in her garden. Then, seemingly inoffensive objects began to
appear on the patio of her home: balls, even a water tank lid; warnings of a nearby presence. The
Red Guerrerense recommended that she put a stop to her public statements. Since then, she
has been silent and fearful; she decided not to report what had happened to the police, as
she was even more fearful of them. “It is important to speak out so that future generations can
seek justice for the women who have been murdered; we need to strive to build a country in
which women can live without fear.”
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Faces of Dignity
JULIO
Mata Montiel
Secretario ejecutivo de la Asociación de
Familiares de Detenidos Desaparecidos y
Víctimas de Violaciones a los Derechos
Humanos en México (afadem)
Executive Secretary of the Association
of Family Members of the Detained-Disappeared
and Victims of Violations of Human Rights
in Mexico (afadem)
Atoyac de Álvarez, Guerrero
Julio Mata subió al templete del teatro del pueblo
de Atoyac de Álvarez, en la Costa Grande de Guerrero, para fungir de maestro de ceremonias. Era 30
de agosto, Día Internacional del Detenido Desaparecido. Se aferró al atril porque sus piernas parecían
hechas de estambre, por temor a ser apresado; era
la primera vez en más de seis años que aparecía en
público. Entonces no sabía qué era exactamente un
detenido desaparecido.
Julio Mata climbed onto the stage to serve as the
master of ceremonies. He was in the town’s theatre
in Atoyac de Álvarez, Costa Grande, in the state of
Guerrero. It was August 30th, International Day of
the Detained-Disappeared. He held on tightly to the
podium, shaking in fear of being arrested. It was
the first time in over six years that he had appeared
in public. He did not know exactly what a detaineddisappeared was, up until that point.
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J
ulio Mata no pudo acercarse a su casa durante seis años, porque lo habían acusado de
formar parte de una banda terrorista. En realidad, su hermano y él desarrollaban en
el barrio de Tepito actividades culturales para los jóvenes, e impulsaron la creación del
sindicato del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, lugar donde trabajaban. Era la década de los noventa. Julio ya estaba casado y vivía en Cuautitlán.
Una repentina llamada telefónica de su esposa lo alertó de que no volviera a casa. Ese
día, acudieron al domicilio de su hermano para que los condujera hacia Julio. Estuvieron
rastreándolo en casa de sus parientes; su esposa dijo que hacía meses que estaban separados.
La policía estaba cerca y Julio sabía que no podía regresar. Seis años de huir son difíciles; cada
seis meses buscaba un sitio dónde encontrarse con su esposa y, mientras, en esos largos
lapsos, su familia no sabía nada de él. Esperaban a que se cumpliera el nuevo plazo, pero se
mantenían en vilo. No podrían enterarse si algo le sucedía. Julio vivía en un estado de alerta
constante, ver una patrulla lo sobresaltaba. Sobrevivió de sus negocios y la solidaridad de sus
amigos, pero la situación se le hacía ya insoportable.
Cierto día, mientras viajaba rumbo a Guerrero en un autobús, se encontró con integrantes
de una organización que pedían donaciones para la liberación de presos políticos. Se trataba de la Asociación de Familiares de Detenidos y Desaparecidos y Víctimas de Violaciones
a los Derechos Humanos en México (afadem). Cuando le extendieron un pedazo de hoja en
la que se explicaban todas sus consignas, Julio sintió que algo de su historia personal estaba
descrito en esas líneas. Habló con ellos y lo invitaron a sus oficinas.
A la mañana siguiente acudió y expuso su caso, le pidieron que regresara quince días
más tarde. Así pasaron tres meses, esperó intranquilo, pues era la primera vez que hablaba
de su caso a personas desconocidas. Cuando volvió a las oficinas, le dieron la primera noticia
que lo alegró en esos años: no existía una orden de aprehensión en su contra. Le pidieron que
hablara en una rueda de prensa y que les ayudara en la oficina. Julio era técnico en computación y la organización tenía una computadora que les habían regalado y no sabían utilizar. No
fue hasta el año 1996 cuando Julio comprendió lo que es la desaparición forzada. Entonces,
la afadem comenzó a tener una base de datos que utiliza hasta el día de hoy. Julio empezó
a proponer denuncias y a establecer relaciones con organizaciones de derechos humanos,
hasta que lo nombraron secretario ejecutivo de la afadem.
Un día, saliendo de la estación de metro Moctezuma, un hombre desconocido se acercó
hacia él. Julio le pidió identificarse, el sujeto le habló sobre sus hijos y le dijo: “Somos un grupo especial para partirte la madre”. Alrededor sólo había un carro sin placas ocupado por un
hombre que lo miraba a través del retrovisor. “Danos la información, tienes un mes”, concluyó
el tipo y se fue. Cuando lo dejaron solo, supo que el terror había comenzado, que no podría
parar, pues su labor implica cuestionar la “verdad histórica” y reescribirla.
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Faces of Dignity
J
ulio Mata had to keep his distance from the family house for six years, as he was
accused of being a member of a terrorist group. The reality, however, was that Julio and
his brother developed cultural activities for young people in the barrio of Tepito
and helped create the trade union of the Instituto Nacional para la Educación de los
Adultos, where they worked. It was the 1990s, and Julio was already married and living in
Cuautitlán.
A sudden phone call from his wife warned him not to return home. That day, his brother’s
house was raided for leads on Julio’s whereabouts. His wife said that they had been separated
for months. The police were nearby, and Julio knew that he could not return. Six years of fleeing
is difficult; every six months he sought a different place to meet up with his wife, and in those
long lapses his family didn’t hear a word from him. They remained in suspense, hoping that he
had survived another half a year. They would not be able to know if something had happened
to him. Julio lived in a state of constant alert; he was on edge every time a patrol passed by.
He survived on his business transactions and the solidarity of his friends, but the situation had
become unbearable.
One day, when he was traveling to Guerrero by bus, he came across members of an organization who were asking for donations for the liberation of political prisoners. The organization
was called Association of Family Members of the Detained-Disappeared and Victims of Violations of Human Rights in Mexico (afadem). When they handed him a piece of paper explaining
their work, Julio felt that the information described his personal story. He spoke with them and
they invited him to their offices.
The morning after he went to talk about his case, and they asked him to return in fifteen
days. For three months he waited anxiously, since this was the first time he had discussed his
case with strangers. When he returned to their offices they gave him the first piece of good news
he had received in years: there were no arrest warrants against him. They asked him to speak
at a press conference and to help them in the office. Julio was a computer technician and the
organization had a computer that had been given to them but they did not know how to use it.
It was not until 1996 that Julio understood what forced disappearance was. The afadem began
to put together a database, which it uses to this day. Julio started to make legal claims and to
establish relations with human rights organizations, until eventually they named him executive
secretary of the afadem.
One day, as Julio was leaving the metro station of Moctezuma, an unknown man approached
him. Julio asked him to identify himself, and the person began to speak about Julio’s children
and added: “We are on a mission to beat the crap out of you.” All he could see nearby was a car
without license plates, occupied by a man who was looking in the rear-view mirror. “You have
a month to give us the information,” the man said and went away. When they had left, he knew
that the terror had begun. It would not stop, since his work involved questioning the so-called
“truths” and rewriting history.
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Faces of Dignity
ZUZANA
Oviedo Bautista
Integrante de Comunidad Raíz Zubia
Member of Raíz Zubia Community
Acapulco de Juárez, Guerrero
Acapulco de Juárez, Guerrero
Zuzana se acercó a su coche y vio sobre el parabrisas un periódico con la noticia de una mujer
asesinada. No era la primera vez que este tipo de
advertencias se le aparecían así, como si una basura se hubiera atorado por error. Ella sabía que no
había nada ingenuo en ese hecho, especialmente
porque habían muerto activistas amigas suyas en el
estado de Guerrero.
Zuzana approached her car and saw a newspaper
with news of a murdered woman spread across
the windshield. It was not the first time that such
threats had appeared like this, as if trash had been
stuck there by mistake. But she knew that this was no
innocent act, especially as activists, friends of hers
had died in the state of Guerrero.
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L
Faces of Dignity
A
a voz de Zuzana es muy queda al principio, casi tímida, sin embargo, no pasa mucho
tiempo hasta que comienza a ser fuerte y clara, como si no quisiera abrumar en un inicio.
Ella ha centrado su trabajo en una defensa fundamental para los derechos humanos:
acompañar a los mismos defensores para acercarles estrategias de acceso a la información. Recorre casi a diario en su automóvil las carreteras del estado de Guerrero.
Zuzana Oviedo es de Tula de Allende, Hidalgo, pero desde joven dejó su casa para estudiar en la capital y, finalmente, establecerse en Guerrero. Allí está involucrada con la organización Comunidad Raíz Zubia que se implica con todo tipo de población: mujeres, gente de la
tercera edad, menores, adolescentes, indígenas, campesinos. Lo mismo pueden trabajar
con personas, organizaciones o instituciones públicas. Una constante en su vida es el cuestionamiento, su curiosidad natural desde la infancia sentó las bases de una personalidad que
analiza, entiende la diferencia y busca la justicia, sin importar lo que la familia, la comunidad o la
población aceptan como verdad.
La experiencia la ha endurecido y le ha hecho entender que aún queda un largo camino
por recorrer para garantizar los derechos de las mujeres. Cuando Zuzana comenzó a participar en las primeras organizaciones, predominaban los hombres. Los compañeros no entendían
que se fuera temprano de las reuniones, no comprendían la exposición de una mujer al salir
en la madrugada. Y tampoco escuchaban, ya que estaban acostumbrados a una estructura más
jerárquica. Las pocas mujeres que participaban, aunque querían hacerlo de otra forma, no se
imponían. Pero Zuzana no se rindió.
En lo que se refiere a las obras públicas, hace acopio de paciencia y toca las puertas de
la ley con sus procesos burocráticos. Pidió cuentas al gobierno sobre la gestión de agua
de una comunidad en Guerrero: solicitó los estudios de efectividad, distribución del agua, los
costos, los planos, y la calidad del agua. Con todos los documentos, acudió a las autoridades
de Chilapa y convocó a una rueda de prensa para dar visibilidad a la corrupción en el proyecto.
La respuesta de la autoridad municipal, a través del síndico, fue la extorsión a los pobladores
para que firmaran una petición de encarcelar a Zuzana. Ella, sin temor y sabiendo que la comunidad apoya su labor, se presentó ante las autoridades para desactivar su maquinaria de
desprestigio.
El reto más difícil a la hora de dar visibilidad a las injusticias es enfrentar el miedo que
permea en las instituciones de defensa. “Cuando le dije al equipo que teníamos que hacer una
rueda de prensa para hacer visibles los recursos de un hospital, una compañera me dijo: ‘No
Zuzana, yo no, tengo hijas’, entonces es cuando el temor te hace flaquear, porque debilita tu
estructura interna”.
El fin de semana que asesinaron a Rocío Mesino, Zuzana iba a estar en Atoyac, sin embargo, debido a un problema con la placa de su coche, no pudo llegar a tiempo. Zuzana es
silenciosa porque se ha vuelto cauta, moderada, permite que la gente hable. Respira profundo,
contiene la indignación, sólo entonces comienza a hablar.
t first, Zuzana’s voice seems soft, and almost timid. However, it does not take long for
the strength and clarity in her voice to come across. It is as if, to begin with, she does
not wish to overwhelm her audience. Zuzana has focused her work on the fundamental defense of human rights: working with human rights activists to draw up strategies
for accessing information. Almost daily, she travels across the state of Guerrero in her car.
Zuzana Oviedo is originally from Tula de Allende, Hidalgo, but at a young age she left her
home to study in the capital and, finally, she settled in Guerrero. There she got involved with
the organization Raíz Zubia Community, which works with different sections of society: women,
minors, adolescents, farmers, the indigenous, and the elderly. They deal with people, organizations, and public institutions. One constant in her life is to be critical and to question. As a child,
she had a natural curiosity to analyze, understand differences, and seek justice; regardless of the
assumptions that the family, community, or the population believed were true.
Her experiences have toughened her—and shown her that there is a long way to go before women’s rights will be guaranteed. When Zuzana first participated in human rights organizations, the workforce was mainly male-dominated. Her male colleagues did not understand
why she left meetings before they had finished, nor did they comprehend why a woman would
make herself vulnerable by leaving the house in the middle of the night. The men did not listen
to her as they were accustomed to a hierarchical structure in which few women participated.
Even if women wanted to take part, they did not assert themselves. But Zuzana refused to
give up.
Zuzana takes a deep breath and goes to the city’s legal offices, and prepares herself for
their bureaucratic processes. She went to ask for government documents of accounts detailing
water management in a community in Guerrero in order to oppose a proposed government
project. She applied for specific studies, the distribution of water, costs, plans, and the quality
of the water. She set up meetings with the authorities of Chilapa to show them the documents,
and held a press conference to reveal the corruption of the public works. The response of the
municipal authority, through the municipal administrator, was to blackmail the citizens to sign
a petition to send Zuzana to jail. Nevertheless, Zuzana was fearless; she knew the community
supported her work. So, she reported her case to the authorities in order to address their lies
and false accusations.
When fear permeates defense institutions, it is extremely difficult to expose injustice.
“When I told the team that we needed to hold a press conference to reveal the financial resources of a particular hospital, a colleague told me: ‘No Zuzana, I cannot be involved, I have
daughters.’ That is when fear turns you into a weak person, because it debilitates your internal
structure.”
The weekend that Rocío Mesino was murdered, Zuzana was going to be in Atoyac, but due
to a problem with the license plate of her car she did not arrive on time. Zuzana is silent because
she has become cautious, moderate, and lets people talk. She breathes deeply, contains her
anger, and only then begins to speak.
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Faces of Dignity
ALEJANDRO
Solalinde Guerra
Director del albergue de migrantes
Hermanos en el Camino
Director of the migrant shelter
Brothers on the Way
Escucharon el barullo muchos metros antes de que
fuera visible el gentío, se pararon frente a la puerta,
el temor les hacía flaquear las piernas. Ahí venía el
pueblo enardecido liderado por su presidente municipal, todos ellos armados con piedras, palos y
antorchas. Comenzaron a estacionarse patrullas detrás de la casa parroquial para evitar que corrieran:
“¡Los vamos a quemar!”, gritaban.
They heard the noise long before the crowd
came into view. They stopped in front of the door,
trembling with fear. The people from the village
descended in their hundreds, led by their municipal
president, armed with rocks, sticks, and torches.
Police cars started to park behind the parish house
to block any means of escape: “We are going to
burn you!,” they shouted.
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E
l Padre Alejandro Solalinde es una figura de referencia en la historia actual de México:
“No me acostumbro pero tengo que aceptar que soy famoso, si mi palabra pesa la voy
utilizar”. Es de estatura mediana, sus manos delgadas son sumamente expresivas y contrastan con su voz fuerte. Su trabajo como sacerdote lo llevó a Ciudad Ixtepec, Oaxaca.
El calor y el polvo dan una sensación de soledad en las amplias calles de esa población de unos
24,000 habitantes. El sonido de la locomotora, La Bestia, rompe el silencio, esa rauda línea metálica repleta de personas que se aferran a su techo para no caer.
Solalinde comenzó a ayudar a las personas migrantes una Navidad que tocaron a la puerta
de la casa parroquial; querían un poco de comida después de haber sido asaltados. Su primer
impulso fue buscar justicia, pero pronto se dio cuenta de que eran policías municipales quienes
habían cometido el atraco. Al tirar ese hilo, desenredó una madeja de proporciones épicas que
tocaba a los tres niveles de gobierno y a grupos delincuenciales.
El 27 de febrero de 2007, la casa parroquial era sólo la primera etapa del albergue Hermanos en el Camino. La primera noche durmieron más de cuatrocientas personas migrantes
sobre un pedazo de tierra; para muchas, la primera en que podían dormir tranquilas. Todavía,
al día de hoy, ofrece su hamaca para que algún migrante duerma, mientras él se recuesta cerca
de los policías que protegen la casa. “Con ellos, no sólo yo estoy seguro, también el albergue y
las personas migrantes”.
En la leyenda del viaje migratorio, comenzó a escucharse la historia de ese hombre que
viste impecables camisas blancas. Las personas migrantes —que vienen desde Guatemala y
atraviesan Chiapas— saben de ese punto de descanso y comida. El trabajo de Solalinde complica las ganancias para algunas autoridades y diferentes estratos del crimen organizado. Ser
quien denuncia trae consecuencias. Para que dejara de incomodar al gobierno, el obispo de
Tehuantepec intentó transferirlo, pero Alejandro lo denunció ante las autoridades eclesiásticas.
Al principio, las autoridades y los vecinos observaban a los migrantes como una amenaza. Una madrugada, a principios de 2007, llegó la noticia de que una docena de migrantes
guatemaltecos habían sido detenidos por la policía municipal en el interior de unos vagones.
Solalinde fue hasta una casa de seguridad en donde una decena de hombres armados resguardaban a los indocumentados. Apenas llegó la policía municipal, lo encarcelaron.
La mañana del 24 de junio de 2008, el pueblo de Ixtepec se congregó frente al albergue
con bidones de gasolina y palos. Una camioneta con un megáfono los convocó para quemar el
albergue: “¡Ese cura protege a los violadores!”, gritaba una mujer enardecida. Dentro del albergue, nueve migrantes se agazaparon contra la pared. “Quémenlo”, se escuchaba el eco de las
voces. Solalinde levantó los brazos en cruz: “Quémenme”, le dijo a la mujer que lo confrontaba.
“Así no, baje los brazos”, increpó ella. Ante esa imagen, el griterío de la turba comenzó a cesar.
Se hizo audible el sonido de las brasas consumiendo las antorchas. Unos minutos después, Solalinde dio media vuelta, entró al albergue y comenzó a rezar.
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Faces of Dignity
F
ather Alejandro Solalinde is an important figure in the present history of Mexico: “I
cannot get used to the idea that I am famous but I have to accept it; if my words carry
more weight than the average person, I am going to make use of them.” Solalinde is of
medium build, and his impressive, delicate hands contrast his strong voice. His work as
a priest brought him to Ciudad Ixtepec, Oaxaca. The heat and dust gave a sensation of solitude
in the wide streets of the town, housing 24,000 inhabitants. The silence is broken by the sounds
of the train La Bestia, the metal railcars packed with people clinging onto the roofs, hoping not
to fall off.
One Christmas Solalinde began to help the migrants who knocked at the door of the
parish house, asking for food after they had been robbed. His first impulse was to seek justice,
but he soon understood that the city police were responsible for the crime. By pulling a thread,
he unraveled a web of epic proportions that involved three levels of government and gangs of
criminals.
On February 27th, 2007, the parish house became the first shelter of the group of shelters
called Brothers on the Way. The first night it was opened, more than four hundred migrants
slept on a small piece of land; for many, it would be the first time they had slept peacefully
since their journey began. Father Solalinde offers his hammock to ensure all migrants can
sleep comfortably, while he sleeps next to the police who protect the house. He accepted their
presence after much insistence: “The police assistance ensures my safety, that of the migrants
and the shelter in general.”
The story of the man who dresses in impeccable white shirts was heard all along the migrant journey. The migrants—who travel from Guatemala, crossing Chiapas—knew about the
food and the rest stop. Solalinde’s work threatens the profits of public officials and different
levels of organized crime. If you speak out, there are consequences. Father Solalinde’s actions
were disrupting the government and therefore the bishop of Tehuantepec tried to transfer him
to a different town, but Solalinde protested before the authorities of the Church.
At first, the officials and the neighbors saw the migrants as a threat. Early one morning, in
the first part of 2007, news reached Solalinde that the city police had detained a dozen Guatemalan migrants inside numerous vans. Solalinde went to a “safe house” where a dozen armed
men were guarding the undocumented migrants. As soon as he arrived, he was thrown into jail.
The morning of June 24th, 2008, the people of Ixtepec gathered in front of the shelter
with cans of gasoline and sticks. A loudspeaker attached to a truck called for them to burn the
shelter: “That priest protects rapists!” shouted an angry woman. Inside the shelter, nine migrants
crouched against the door. “Burn them,” the voices outside could be heard. Solalinde raised
his arms in the form of a cross: “Burn me,” he said to the woman who faced him. “Not like that,
lower your arms,” the woman yelled. Before this disturbing scene, the cries of the crowd began
to calm. A few minutes later, Solalinde turned around, entered the shelter, and began to pray.
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Faces of Dignity
SILVIA
Pérez Yescas
Fundadora de Mujeres Indígenas por ciarena,
Conservación, Investigación y Aprovechamiento
de los Recursos Naturales
Founder of the Indigenous Women for ciarena,
Preservation, Investigation and Exploitation of
Natural Resources
San José Río Manso, Oaxaca
San José Río Manso, Oaxaca
Los chinantecos viven en una de las selvas más antiguas de México, ellos se llaman a sí mismos “gente
de palabra antigua”, y cada vez que bordan un huipil,
en éste hilvanan el universo. Silvia viste la historia
del mundo, es indígena chinanteca, y su labor siempre se ha enfocado en que la palabra antigua de su
pueblo no sea exclusiva de los hombres, sino que
también las mujeres puedan pronunciarse.
The Chinantecos live in one of the oldest forests
in Mexico; they call themselves “people of the
ancient word,” and each time they embroider
a huipil, they sew the universe into the piece of
clothing. Silvia, an indigenous Chinanteca, wears
the history of the world. Her work has always focused on ensuring that women, not only men, are
able to articulate the ancient words of her people.
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E
Faces of Dignity
A
l ser humano, para los chinantecos, se encuentra dividido en dos: cuerpo y alma. En el
corazón vive el alma y, cuando alguien muere, un gran perro negro o una araña llevan su
espíritu al mar. En estos últimos años, han ido al mar muchas mujeres; la violencia contra
ellas casi siempre termina en la muerte.
Cuando Silvia Pérez Yescas era adolescente, a principios de los setenta, comenzó a involucrarse en la defensa de su territorio contra los caciques que explotaban a los campesinos. Ella es
originaria de San José Río Manso, del municipio de San Juan Lalana, en el estado de Oaxaca, en
la frontera con Veracruz. En la década de los años ochenta, fue nombrada en asamblea promotora de salud de la comunidad. Entendió que muchos hombres se escudaban en las tradiciones
para maltratar a las mujeres y violentar los derechos humanos. “A pesar de que soy una mujer
que no tiene estudios, siempre me pongo al servicio de las personas”.
Cuando Silvia conoció las estructuras de las instituciones públicas, cofundó, en 2001, la
asociación civil Mujeres Indígenas por ciarena, cuya labor se enfoca en el desarrollo de la autonomía de mujeres y hombres, a través del ejercicio pleno de los derechos humanos. Durante
2009 y hasta 2012, creó un grupo de promotoras indígenas en las comunidades de Paso del
Águila y Río Manso, donde fortaleció la participación femenina en actividades colectivas.
Cada mujer que se atrevía a denunciar algún tipo de abuso recibió apoyo de Silvia. Pero a
partir de 2009, una tras otra, las intimidaciones empezaron a suceder. Muchos hombres estaban
molestos, y uno de ellos en particular se convirtió en una verdadera amenaza: “La justicia tiene
precio y yo la puedo comprar”, le dijo. Temerosa pero decidida, Silvia acudió a denunciar.
La casa de Silvia está en un paraje en el bosque, hay muchos árboles a su alrededor. Una
noche, ya de madrugada, unos potentes reflectores iluminaron su casa. El hombre que la había
amenazado estaba afuera, acompañado de más individuos armados. Silvia estaba detrás de
la puerta abrazando a su hijo, cuando escuchó cortar cartucho. “Abre la puerta o entramos por
ti”. A contraluz, las siluetas se asomaban repitiendo la orden: “Abre la puerta”. Por el alboroto,
los vecinos se acercaron a ver qué pasaba, los hombres subieron a las camionetas y escaparon.
Silvia ya no se sentía segura en su casa de Matías Romero y tuvo que abandonarla con el
apoyo de otras organizaciones solidarias. Tras pasar muchos meses fuera del estado de Oaxaca,
en agosto de 2014, regresó a la capital para preparar su retorno a la comunidad, sin embargo,
repentinamente, le informaron que ofrecían cien mil pesos por su cabeza.
Ahora, entre las calles de una ciudad ajena, sigue portando el universo en su huipil, como
promesa de que un día volverá.
ccording to the Chinantecos, human beings are divided into two: body and soul. Our
soul lives in our heart, and when we die, a black dog and a spider carry our spirit to
the sea. In the last few years, many women have been carried to the sea. The violence
towards them almost always ends in death.
When Silvia Pérez Yescas was an adolescent, in the early 1970s, she became involved in
the movement to defend the Chinanteco territory against the landowners and the exploitation of the peasants. She is originally from San José Río Manso, in the municipality of San Juan
Lalana, state of Oaxaca, on the border with Veracruz. During the 1980s she was appointed by the
assembly to be the community’s health care advocate. She realized that many men used tradition as a way to justify their mistreatment of women and the violation of their human rights.
“Despite the fact that I am a woman who has no education, I always place myself at the service
of others.”
As Silvia grew familiar with the way public institutions function, she cofounded the civil
association Indigenous Women for ciarena in 2001. Their work concentrates on promoting the
application of human rights in order to develop the autonomy of women and men. From 2009
to 2012, she developed a group that promoted indigenous rights in the communities Paso del
Águila y Río Manso, where she encouraged women’s participation in collective activities.
Silvia supported each and every woman that dared to report a form of abuse. However,
this had its consequences; in 2009 she began to receive threats, time and time again. Many men
were upset by her actions, and one man in particular represented a real threat: “Justice has a
price and I am willing to pay it,” she was once warned. Fearful but determined Silvia went to file
the complaint.
Silvia’s house is located in the forest, surrounded by trees. One night, nearing dawn,
bright lights illuminated the outside of her house. The man who had threatened her was
outside, accompanied by other armed individuals. Silvia was behind the door holding her son,
and heard them loading their guns: “Open the door or we will come in after you.” Against the
light, the silhouettes appeared to repeat the order: “Open the door.” The commotion caused
by the shouting caught the neighbors’ attention. They approached the house to see what was
happening and, luckily, the men got in their trucks and drove off.
Silvia no longer felt safe in her house in Matías Romero and had to abandon it with the
support of other organizations. In August 2014, after spending months outside the state of
Oaxaca, she travelled to the capital in preparation to return to her community. However, when
Silvia had arrived in Oaxaca, somebody informed her that people were offering one hundred
thousand pesos for her head.
Now, among the streets of an alien city, she continues to bear the universe in her huipil,
with the promise that one day she will return home.
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Faces of Dignity
ARMANDO
de la Cruz Cortés
Abogado de Tequio Jurídico
Lawyer at Tequio Jurídico
Oaxaca de Juárez, Oaxaca
Perder el maíz es tan fácil como sembrar las semillas
que entregan algunos programas gubernamentales. “Será más grande y fuerte”, les dicen, sin mencionar que al año siguiente tendrán que comprar
nuevamente semillas, pues se convierten en estériles de una generación a otra. Lo que tradicionalmente aprendieron las comunidades indígenas de
la tierra ya no se puede aplicar.
It is very easy to reach the end of corn as we know it;
just plant the seeds that the government programs
deliver. “The corn will be larger and stronger,” the
farmers are told. However, what is not mentioned
is that the following year they will have to buy
seeds again, since they become sterile from one
generation to another. The indigenous community’s
traditional knowledge of land cultivation is no
longer applicable.
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A
Faces of Dignity
A
rmando de la Cruz defiende el territorio de su comunidad; él es un indígena chontal.
En San Miguel Chongos, que pertenece al municipio de San Carlos Yautepec, en el
estado de Oaxaca, han querido dividir a los pueblos, privatizar las tierras y arrebatarles la autonomía. Las comunidades utilizan una estructura social basada en el tequio,
una organización del trabajo para el beneficio colectivo. En el tequio, el pueblo aporta su fuerza
o materiales para construir una obra para la comunidad. Armando comenzó el camino de los
derechos humanos a partir de esos principios que hoy lo determinan como un hombre decidido
y sereno.
La manera de organizar las funciones y tareas en el tequio es herencia del periodo colonial. Los miembros de la comunidad respetan esas reglas, ya que forman parte de sus usos y
costumbres. Cuando Armando era pequeño, su padre lo involucró en la vida comunitaria. Durante las asambleas, él se sentaba a escuchar y aprender. Armando salió de su comunidad para
estudiar secundaria, pero durante las vacaciones regresaba para hacer de notario en el pueblo
y escribir a mano todos los convenios. Su padre siempre insistió en que participara en estas
tareas. Mientras estudiaba derecho en la ciudad de Oaxaca, colaboró con el Centro de Derechos Humanos Bartolomé Carrasco Briseño, principalmente trabajando con las comunidades.
Cuando concluyó la universidad, en 1997, volvió a San Miguel para sumarse al naciente Tequio
Jurídico. Pronto entendió que la defensa del territorio comunitario era una tarea que necesitaba
mucha organización.
El principal problema que se vive en la región es el territorial, porque en la zona hay
presencia de concesiones mineras. Las comunidades piden la asesoría y defensa de Tequio,
por eso ahora acompañan a una organización de catorce comunidades que se han agrupado para defender la transparencia de recursos en la región. Desde 2011, Tequio Jurídico y
Educa Oaxaca siguen de cerca el proceso del Consejo de Pueblos Unidos en Defensa del
Río Verde, lo que implica apoyar en términos jurídicos y frente a las autoridades. Además son
parte del Colectivo Oaxaqueño en Defensa de los Territorios. Armando impulsó que, por la vía
legal, se obtuvieran recursos en beneficio de las comunidades; exigió a la cabecera municipal
de San Carlos que los recursos se descentralizaran y fueran gestionados de forma transparente. Sin embargo, el gobierno local contestó con violencia. Armando demandó al presidente
municipal, y éste le respondió con amenazas: “Ya sabemos que eres tú, cuídate”. Tequio acudió
al secretario de gobierno, a la Subsecretaría de Fortalecimiento Municipal y a tres instancias
gubernamentales más. Muchos programas buscan beneficios a corto plazo para caciques y
autoridades corruptas.
Los viejos cuentan a las nuevas generaciones cómo, hace muchos siglos, recuperaron
el maíz con una hormiga, pues era la única que sabía dónde estaba. Ataron a la hormiga de la
cintura para que les señalara dónde se encontraba el cereal. Así fue como llegaron a una cueva
cubierta por una enorme roca. Pidieron ayuda al rayo, quien la rompió y les enseñó que hay dos
tipos de maíz: el de mazorca grande, de seis meses, y el de mazorca pequeña de tres meses.
Desde entonces, el cuerpo de las hormigas está partido en dos. Hoy en día, los mitos no cuentan historias de corrupción, injusticias o la defensa de un pueblo que, igual que el maíz, está en
riesgo de desaparecer.
rmando de la Cruz, from the indigenous tribe Chontal, defends his community’s
territory. In San Miguel Chongos, in the municipality of San Carlos Yautepec, Oaxaca,
the government wants to create divisions amongst the communities, privatize the
land, and to take away the autonomy of the indigenous people. In order to combat
this, the communities have implemented a social mechanism based on the tequio, an organization that works for the collective good of the community. In the tequio system, people contribute through manual labor or they provide materials to construct buildings for the community.
Armando bases his defense of human rights in these communal principles, which make him the
determined and peaceful man he is today.
The way a tequio is organized is directly inherited from the colonial period. The members
of the community respect these rules that now form part of their daily customs. When Armando
was young, his father involved him in community life. He attended community assemblies to
listen and learn. Armando left his village to attend secondary school, but during vacations he
returned to work as the town notary and to write all the agreements by hand. Armando’s father
always insisted on him taking part in these tasks. While he was studying law in the city of Oaxaca,
he collaborated with the Bartolomé Carrasco Briseño Human Rights Center, working primarily
with local communities. When he finished college in 1997, he returned to San Miguel to join
the newly founded Tequio Jurídico. He soon realized that the defense of communal territory
required a great amount of organization.
The main problem experienced in the region is territorial, because the area is riven with
mining concessions. Communities request legal advice and protection from Tequio, for that
reason they accompany a group of fourteen communities that strive to defend the transparency of resources in the region. Since 2011, Tequio Jurídico and Educa Oaxaca closely follow
the process of the Consejo de Pueblos Unidos en Defensa del Río Verde, by providing legal
support, and defense before the authorities. They are also part of the Colectivo Oaxaqueño en
Defensa de los Territorios. Armando has been able to secure resources for the community using
a legal framework, and he demanded that the head of the municipality of San Carlos decentralized resources and distributed them in a transparent manner. The local government responded
with violence. Armando filed a complaint against the municipal president, and subsequently received threats: “We know it is you. Watch out.” Tequio went to the government secretary, the Subsecretary of Municipal Strengthening, and to three more government agencies.
Many government programs seek short-term benefits for tyrants and corrupt authorities.
The elders tell new generations how, many centuries ago, they collected the corn with
the help of an ant, as it was the only way to know where the corn was. They tied the ant
around their waist so it would show them where the corn was located. That is how their ancestors arrived at a cave blocked by an enormous rock. They asked for help from the lightning,
which broke the rock and taught them that there are two kinds of corn: the large six-month ear of
corn, and the small three-month ear of corn. Since then, the ant’s bodies are split in half. Today,
the myths do not tell stories of corruption, injustice, or the defense of a community that, just like
corn, is in danger of disappearing.
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Faces of Dignity
MARÍA ISABEL
Jiménez Salinas
Integrante de la Asamblea Popular
del Pueblo Juchiteco (appj)
Member of the Popular Assembly
of the Juchiteco People (appj)
Juchitán de Zaragoza, Oaxaca
A diferencia de otros años, el pueblo tenía miedo.
Estaban listos para salir en procesión a la orilla del
mar, en donde iluminarían su baile con velas la noche entera. Tenían que dar gracias en la capilla de
los Pescadores, al mar por los peces, al viento por
las aves, a la tierra por las plantas, a los animales
por su vida. Pero la realidad es que los megaproyectos eólicos no sólo rellenan la tierra con cemento, sino que se han apropiado del mar.
Unlike previous years, the community was afraid.
They were about to take part in a religious
procession by the sea; their dancing would be
illuminated by candles. They were going to go to
the Fisherman’s Chapel to thank the sea for the
fish, the wind for the birds, the soil for the plants,
and the animals for their life. However, the mega
wind-energy projects have covered the soil with
cement and called the sea their own.
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73
I
sabel Jiménez es hija de pescador, cada sábado acude con su familia a la orilla del mar a
encender velas y agradecer a la naturaleza. Desde el pueblo, salen en procesión y acampan
con las demás familias. Algunas llegan incluso antes, desde el jueves o el miércoles. El domingo en la tarde, antes de volver a casa, recolecta las plantas medicinales que sus abuelos
le enseñaron a usar y busca esos animales que curan enfermedades. Entre el cemento donde se
erigen las aspas, ya no vive la serpiente de cascabel, cuya carne es nutritiva y previene el cáncer.
El calor que guarda el pavimento impide que un pie descalzo lo pise.
Pescadores y campesinos viven también de la cacería. Cuando aún no hay cosecha de
maíz, de sandía o de calabaza, los animales son su sustento. El armadillo lo utilizan también para
preparar el jarabe de morro, que es muy efectivo para el asma, la bronquitis o padecimientos
de tos crónica. La iguana cura infecciones severas de las anginas. Cada árbol que talan es un
cementerio para las especies que habitan ahí. Las aves han cesado su vuelo, las aspas de las
torres, al moverse, se tornan cuchillas afiladas que destrozan sus cuerpos.
Cuando comenzaron con el megaproyecto eólico, las empresas rentaron terrenos a los
campesinos, sin hacer una consulta previa o un análisis del impacto en la comunidad. Levantaron los generadores sobre las parcelas de quienes aceptaron. Los vecinos que se negaron
a rentar vieron que su parcela, desnivelada, se inundaba, y la siembra se pudría. Los trascabos
arrastraron a su paso la bedxadxalase, el pe’pe’rini, guie’duuza’, la bituxiga, la golondrina, la
salvia real, la pasiflora. Para los fuereños sólo son hierbas, para las personas de Juchitán son las
plantas que les dan vida. Ya están en venta parte de la parada a San Vicente y Santa Rita, que son
terrenos de Juchitán, y La Ventosa, en Unión Hidalgo.
Isabel sabe de personas que se han arrepentido. La gente de Juchitán ya no quiere dinero, sólo les piden poder continuar con sus tradiciones, que les permitan llegar a la capilla de
los Pescadores, porque en las comunidades de Oaxaca, mucha de su historia se está secando.
Los pescadores andan con temor; no hay denuncias. El pueblo festivo se tornó gris como el
cemento. Isabel forma parte de la Asamblea Popular del Pueblo Juchiteco, que también se ha
ido debilitando por el miedo. Cada persona que participó en los cierres de carreteras rumbo a
Playa Vicente ha vivido hostigamiento de la policía estatal que llega en patrullas sin placas y los
acusan de secuestro o de robo. El pueblo vive una guerra interna entre quienes se rentan como
sicarios y quienes resisten: “No queremos pelear entre iguales”, repite Isabel una y otra vez.
Dejaron de ser libres en las tierras de sus abuelos y dejaron de tener sus fiestas. Ahora la policía impide a los pescadores acceder al mar, porque custodian la entrada que dicen
que pertenece a la empresa. “Vienen a expropiar nuestro territorio, a invadirnos, a esclavizarnos, pero eso no es lo que queremos. Mejor morir que vivir de rodillas. Nacimos para morir;
nadie es eterno en esta tierra. De alguna enfermedad, de algo hemos de morir, entonces, si
las transnacionales nos matan por defender la vida, por defender nuestro territorio, pues con
mucho gusto lo recibimos”.
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Faces of Dignity
I
sabel Jiménez is the daughter of a fisherman. Every Saturday she goes to the seashore with her
family to light candles and express her gratitude to nature. The procession starts in the village.
They camp at the beach with other families, some of whom arrive earlier, on Wednesday or
Thursday. On Sunday afternoon, before returning home, Isabel collects medicinal plants that
her grandparents taught her to use, and looks for animals that are known to cure diseases. Due
to the vast amounts of cement upon which the wind-turbines are erected, rattlesnakes no longer
exist, whose flesh is rich in nutrients and can prevent cancer. The pavement is so hot that walking
barefoot is impossible.
Fishermen and farmers also need to hunt to survive. When the corn, watermelon, or squash
harvest fails, animals provide them with food. Armadillos are used to prepare calabash syrup that
helps with asthma, bronchitis or chronic cough. Iguanas cure severe tonsillitis. When a tree is cut
down, the species that inhabit the area are eliminated. Birds no longer fly, as the wind-turbine propellers turn into sharp blades that cut their bodies into pieces.
When the companies began their mega wind-energy projects, they rented land from
farmers without consulting them beforehand, and without analyzing the impact on the community. The turbines were constructed in the fields of those who accepted the rent. The neighbors
who refused to rent their property had identified slopes on the land which caused flooding
and thus their seeds had rotten. As the machinery was dragged across the land, it uprooted
bedxadaxalase, pe’pe’rini, guie’duuza’, bituxiga, chelidonium, salvia officinalis, and passiflora. To
foreigners these are just weeds, but for the people of Juchitán they form part of their life cycle.
Parts of Parada San Vicente and Santa Rita in Juchitán, and La Ventosa in Unión Hidalgo are already up for sale.
Isabel knows people who regret renting their land. The people of Juchitán have decided
they do not want the money from the rent. Instead, they simply ask for the freedom to continue their traditions so they can continue going to the Fisherman’s Chapel. The history of many
of the communities is also disappearing. Fishermen walk in fear; they have stopped protesting.
The festive town has turned as grey as the cement. Isabel forms part of the Popular Assembly
of the Juchiteco People, which has become weak from terror. Each person who participated
in blocking the entrances to the beach in Playa Vicente has faced harassment by state police
who patrol the roads in unmarked cars and accuse them of kidnapping or robbery. The town is
suffering a civil war between paid assassins and those who resist: “We should not be fighting
each other, we are equals,” Isabel repeats time and again.
They are no longer free in the land they have inhabited for centuries, and no longer
celebrate their ancient festivals. State police guarding the beach refuse the fishermen entry as it
now belongs to a company. “They come to expropriate our territory, invade us, and enslave us.
That is not what we want. It is better to die than to endure life kneeling down. We were all born
to die; no one on Earth is eternal. We have to die from something. If the transnational companies
kill us for defending our lives and our land, we will consider that a great pleasure.”
75
Faces of Dignity
TOMÁS
González Castillo
Director del Hogar – Refugio para migrantes La 72
Director of the migrant shelter La 72
Tenosique, Tabasco
Tenosique, Tabasco
El martes 24 de agosto de 2010, México tuvo que
encontrar un término para nombrar lo indecible.
¿Cómo llamar a un lugar en donde se apilan 72
cuerpos maniatados y ejecutados por la espalda?
Ese día, el país tuvo que volver la mirada hacia
San Fernando, Tamaulipas. Al mismo tiempo, Fray
Tomás supo que muchas de esas personas habían pasado antes por su albergue en Tenosique,
Tabasco.
On Tuesday, 24th August 2010, Mexico had to find
a term to name the indescribable. What were they
going to call the place where 72 bodies had been
piled up after the victims had been shot in the back
with their hands tied? That day, the country was
shocked by events in San Fernando, Tamaulipas.
Fray Tomás knew that many of those people had
previously passed through his shelter in Tenosique, Tabasco.
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M
ientras el gobierno se perdía en explicaciones sobre la ejecución de cincuenta y
ocho hombres y catorce mujeres provenientes de Honduras, El Salvador, Guatemala,
Ecuador y Brasil, el joven hondureño sobreviviente a la masacre agonizaba en un
hospital. La opinión pública internacional catalogó a México como un sitio en donde
los derechos humanos no tenían cabida. Mientras los medios mostraban el horror con detalle,
Fray Tomás tomó una decisión sobre su labor.
Tomás González Castillo, un fraile franciscano a quien también apodan Fray Tormenta,
llegó a Tenosique para encabezar el programa migrante en la iglesia del municipio. Provenía de
un intenso trabajo en Mérida, Yucatán, en donde atendía principalmente a cuatro tipos de población vulnerable: indígenas yucatecos, homosexuales, personas portadoras del vih o con sida
y mujeres. Cuando estableció el albergue en el kilómetro sesenta de la frontera con Guatemala,
centró su trabajo en alimentar a las personas migrantes. Tras la masacre en Tamaulipas, nombró
al albergue La 72 y enfocó su misión en la defensa de las personas migrantes que se acercaban.
Absolutamente todas las personas migrantes que pasan por México se enfrentan a algo,
a un sistema político violento del que buscan escapar, aunque en este gesto se jueguen la vida.
Después, al cruzar la frontera con Guatemala, se enfrentan al Instituto Nacional de Migración
(inm), a la policía estatal, a los gobiernos que prefieren mirar a otro lado, y a las bandas delincuenciales que los despojan del dinero que traen consigo. Los migrantes son un negocio rentable que supone ganancias de miles de dólares.
El 30 de abril de 2014, un grupo de trescientas personas migrantes centroamericanas,
entre las que se encontraban niños y mujeres embarazadas, caminaban a pie hacia el municipio
Emiliano Zapata, a unos setenta kilómetros de La 72. El grupo había descansado en el albergue, donde les habían proporcionado comida y ayuda antes de tomar el tren de mercancías
que viajaba hacia el norte. Sin previo aviso, agentes del inm, de la Policía Federal y del estado
de Tabasco desplegaron una operación para detenerlos cerca de la comunidad de Chacamax.
Fray Tomás llegó acompañado de otros dos defensores: Rubén Figueroa y Fray Aurelio. Observaron cómo las fuerzas de seguridad comenzaban a separar a algunos hombres de las mujeres
y a las madres de sus hijos. No informaron a dónde los llevaban. Fray Tomás, desprotegido, se
interpuso rápidamente delante del camión, lo empujaron y cayó al suelo. Al mismo tiempo, golpearon a Rubén y a Fray Aurelio.
A pesar de ello, todavía en el kilómetro sesenta de la frontera con Guatemala, en el primer
alto del trayecto hacia Estados Unidos, a los migrantes los recibe un hombre de hábito café y un
sayal con tres nudos. Sonríe abiertamente y su gesto se endurece con la misma rapidez cuando
alguna persona le cuenta una historia con voz queda, como avergonzada, de la realidad de
México. Entonces, toma un morral de tejidos guatemaltecos y camina para buscar respuestas,
grita si es necesario, y marcha sobre las vías del tren. “Sólo la sociedad civil, desde abajo, puede
hacer que algo cambie, de lo contrario, no hay futuro”.
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Faces of Dignity
W
hile the government was trying to explain the execution of fifty eight men and
fourteen women who had come from Honduras, El Salvador, Guatemala, Ecuador,
and Brazil, the only survivor—a Honduran youth—was dying in hospital. International public opinion concluded that human rights were not a priority in Mexico.
While the horror was being displayed across the media, Fray Tomás made a decision about his
professional career.
Tomás González Castillo, a Franciscan friar also known as Fray Tormenta, went to Tenosique
to direct a new migrant program in the municipal church. He had come from a demanding job in
Mérida, Yucatán, where he had been helping many people: natives from Yucatan, homosexuals,
hiv patients, and women. When he set his shelter up sixty kilometers from the Guatemalan border,
he concentrated his work on providing migrants with food. After the massacre in Tamaulipas, he
named the shelter La 72. His mission was to defend migrants who came to him for help.
Absolutely all migrants who travel through Mexico wish to escape a violent political system.
Even though in doing so they risk their lives. Once they cross the border with Guatemala, they
have to deal with the National Institute of Migration (inm), state police, governments who ignore
their presence, and criminal groups that strip them of their money. The migrants account for a
profitable business that yields earnings of thousands of dollars.
On April 30th, 2014, a group of three hundred Central American migrants, among them
children and pregnant women, walked on foot towards the municipality of Emiliano Zapata,
se-venty kilometers further on from La 72. The group had rested at the shelter, where they had
been given food and support before taking the freight train travelling northward. Without notice,
inm agents, Federal Police, and Tabasco state police launched an operation to detain them near
the community of Chacamax. Fray Tomás heard about the operation and arrived accompanied
by two other activists: Rubén Figueroa and Fray Aurelio. They saw how the security forces were
beginning to separate some of the men from the women and mothers from their children. The
security forces gave no information as to where they were taking them. Fray Tomás, unprotected,
stood in front of the truck. He was pushed to the ground. Rubén and Fray Aurelio were beaten
up.
Despite all this, sixty kilometers from the Guatemalan border, at the first stop on the
route towards the United States, Fray Tomás—a man with a coffee habit and a coarse woolen
robe—receives migrants. He smiles openly. But his expression hardens when someone tells him
a story in a low voice, as if ashamed, of the reality of Mexico. He takes a woolen backpack woven
by Guatemalans and walks in search of answers, shouts if necessary, and marches over the train
tracks. “Only civil society, from below, can make real change. If that does not happen, the future
is bleak.”
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Faces of Dignity
ALEJANDRA
Serrano Pavón
Coordinadora de la Oficina Regional
Sureste del Centro Mexicano de Derecho
Ambiental (cemda)
Coordinator of the Mexican Center
of Environmental Law (cemda) Southeast
Regional Office
Cancún, Quintana Roo
Cancún, Quintana Roo
El olor del gas es inconfundible. Esa noche, cuando
Alejandra llegó a su casa, no recordaba haber dejado abiertas las llaves de la estufa. Era una advertencia que llegaba a lo más íntimo de su vida, sin que
existiera en la cerradura una huella que indicara
que alguien la había forzado. No había objetos fuera de su sitio. El miedo caminó por su espina dorsal,
entendió el mensaje: sabemos todo de ti...
The smell of gas is unmistakable. That night, when
Alejandra came home, she did not remember
having left the stove knobs turned on. It was a
warning that someone was reaching into the most
intimate part of her life, without any indication of
a forced entry. There were no objects out of place.
Fear crept down her spine, she understood the
message: we know everything about you...
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A
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A
lejandra llevaba diez años trabajando como abogada en el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (cemda), cuando llegó a su escritorio el caso de un arrecife entre
Puerto Morelos y Cancún, Quintana Roo. Allí se iba a implementar el proyecto llamado
Dragon Mart.
¿Qué son los derechos ambientales? Fue una pregunta que Alejandra se había planteado
cuando era estudiante, pero que no pudo responder hasta que conoció el cemda. El primer
caso que acompañó ya en la organización marcó su vida. Sucedió en Orizaba, Veracruz, allí una
empresa de agroquímicos había explotado en los años noventa. Ocho años después, los empleados descubrieron que los químicos liberados habían supuesto un riesgo que repercutió
en toda una generación de niños. Debido a los químicos, Rita, una niña de siete años, había
sido operada en nueve ocasiones. Los padres no denunciaron la explosión por temor a perder
apoyos gubernamentales. Defender ese terreno contaminado significó también proteger a los
pobladores de la zona, quienes vivían en su cuerpo los estragos de una tragedia ambiental.
Cuando Alejandra asumió el caso de Dragon Mart, entendió rápidamente que involucraba
intereses locales, nacionales e internacionales. Planteaban el desarrollo de quinientas hectáreas
para desplegar 3,500 locales comerciales que convertirían esa zona paradisiaca en el centro de
distribución de productos chinos más grande del mundo fuera de China. La presentación del
proyecto, en 2010, corrió a cargo del gobierno de Quintana Roo, con el apoyo de cien inversionistas chinos, quienes liderarían la construcción, muy cerca del arrecife de Puerto Morelos. Para
que este proyecto pudiera ser viable, el gobierno prometió gestionar ciertos cambios en las
legislaciones y facilitar trámites a los dueños del capital.
Alejandra descubrió que no se había hecho una consulta pública sobre el proyecto, a la
que la ciudadanía tiene derecho por ley. Empezaron las acciones legales por parte de la organización y el cemda decidió organizar un foro. Esto les sirvió para entender a quién se estaban
enfrentando: empleados de la empresa violentaron el foro con clara intención de disolverlo.
No pasaron más de diez días cuando a la oficina regional del sureste del cemda, que dirige Alejandra, llegó una carta del representante legal de Dragon Mart. En ella, le exigía retractarse de la denuncia o, de lo contrario, tendrían que iniciar un proceso legal en su contra. “Con este
caso entendimos que trabajar a nivel local es muy complicado, porque la gente no sabe qué es
lo que está sucediendo, pese a que son casos que afectan a todos los niveles. Para nosotros, el
peor escenario es que nadie sepa lo que sucede”.
El proyecto, al día de hoy, sigue sin un cierre definitivo. La realidad es que el dinero mueve
los hilos y hasta el momento es difícil saber si el cemda ganará estas pequeñas batallas contra
funcionarios corruptos y empresarios codiciosos.
Cuando Alejandra dejó su casa en la Ciudad de México para vivir en la playa, nunca pensó
en un refugio tranquilo, por el contrario, se encuentra resistiendo a los embates de la tempestad. Un árbol, el agua del mar, un arrecife, no son elementos ajenos, su respeto es también una
muestra de profundo amor al ser humano.
lejandra had been working for ten years as a lawyer in the Mexican Centre of Environmental Law (cemda), when a new case arrived on her desk—about a project on
the coral reef between Puerto Morelos and Cancún, Quintana Roo. It was about the
implementation of a project called Dragon Mart.
What are environmental rights? It was a question Alejandra had asked herself when she was
a student, but she could not answer that question until she had learned about cemda. Alejandra
had been scarred by the first case she assisted at cemda. In Orizaba, Veracruz, there had been
an explosion in an agrochemical company back in the 1990s. Eight years later, the employees
found out that the chemicals that had been released presented a possible risk that could affect
a complete generation of children. As a result of exposure to the chemicals, Rita, a seven-year
old girl, had nine medical interventions. Her parents did not report the explosion out of fear of
losing governmental support. Defending the land, against the use of chemicals, also meant the
defense of the inhabitants who suffered the ravages of an environmental tragedy.
When Alejandra took up the Dragon Mart case, she quickly understood that local, national,
and international interests were involved. The plan was to develop a thousand acres into 3,500
commercial sites that would turn that beautiful area into a distribution center for Chinese
products, the world’s largest outside of China. The presentation of the project, in 2010, was
run by the government of Quintana Roo, with the support of a hundred Chinese investors, who
would lead the construction, very close to the Puerto Morelos reef. To ensure the viability of
the project, the government promised to carry out certain changes in the law and to facilitate
bureaucratic procedures for investors.
Alejandra found out that there had been no public consultation about the imminent
project—something which they were entitled to in law. They began legal action on the part of the
organization and cemda decided to organize a meeting. This served to illustrate who cemda were
dealing with: company employees disrupted the meeting with the clear intention of bringing it
to an end.
No more than ten days went by when a letter from the legal representative of Dragon
Mart arrived at the southeastern regional office of cemda directed by Alejandra. In the letter the
representative demanded that cemda withdraw legal proceedings and, if they refused, Dragon
Mart would have to take legal action against them. “This case highlighted to us that working at a
local level is very complicated, because the citizens do not know what is happening, even though
these cases affect all levels. For us, the real danger is that no one is aware of what is happening.”
To this day, the project continues. The reality is that money pulls the strings and it is
difficult to know if cemda will be able to win these battles against corrupt politicians and greedy
businessmen.
When Alejandra left her home in Mexico City to live on the beach, she never considered a
quiet life, on the contrary, she finds herself being buffeted by the storms. A tree, the seawater,
a reef; these are not foreign elements. Alejandra’s respect for nature is also a sign of her profound love for humankind.
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Faces of Dignity
TITA
Radilla Martínez
Vicepresidenta de la Asociación de
Familiares de Detenidos Desaparecidos y
Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos
en México (afadem)
Vice-president of the Association of
Family Members of the Detained-Disappeared
and Victims of Violations of Human Rights in
Mexico (afadem)
La guitarra se vuelve un arma y la voz tiro certero.
Rosendo Radilla escribía corridos para denunciar la
violencia de un México desesperanzado, mientras
el gobierno desaparecía a los activistas de las colonias populares y de la sierra de Guerrero. En las
montañas cercanas a Atoyac, un comando militar lo
detuvo en 1974, mientras su hijo de catorce años
miraba cómo se lo llevaban desde la distancia.
A guitar can be used as a weapon, a voice a wellaimed shot. Rosendo Radilla wrote songs which told
stories, known as corridos, to protest against the
violence in Mexico. His writing was a response to
what had been happening in Guerrero; the government was responsible for the disappearances of
many activists from working class neighborhoods
and the mountains of Guerrero. An army commando stopped him in 1974 in the mountains near
Atoyac, as his fourteen-year old son watched him
being carried away into the distance.
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S
eñores soy campesino del estado de Guerrero, me quitaron mis derechos y me hicieron guerrillero. Tita Radilla tenía veinte años cuando su padre y sesenta personas más
fueron desaparecidos en manos de un comando entrenado para desarticular los movimientos guerrilleros y disidentes. En aquel entonces, los inconformes se levantaban
en todos los puntos del país. Los hechos sucedieron durante la presidencia de Luis Echeverría,
cuando dio la instrucción expresa de aniquilar las guerrillas de Genaro Vázquez Rojas y Lucio
Cabañas Barrientos.
La Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los
Derechos Humanos en México (afadem) surgió el 3 de octubre de 1978, para buscar una respuesta sobre el paradero de los desaparecidos. Las familias se organizaron para buscar a sus
hijos, padres y hermanos. Acudían a los cuarteles, desde afuera gritaban los nombres a la espera
de que alguien respondiera desde adentro, “estuvo aquí”. Esas palabras eran la esperanza que
mantenía la búsqueda. Los detenidos decían su nombre como si así pudieran mantenerlos presentes: “Rosendo, el que cantaba”.
“Algo puede suceder mañana”, se aferra Tita, pero el mañana sumó ya 41 años sin respuestas. Los más de 120 casos abiertos en la afadem abarcan tres generaciones que buscan
y piden reparación del daño. Los mayores no se rinden y los más jóvenes encuentran nuevos
caminos. Este grupo se ha convertido en una familia, ampliada y unida por las ausencias.
Voy a cantar un corrido, señores pongan cuidado, yo les contaré la historia de lo que en
Atoyac ha pasado. Se regó sangre inocente por las fuerzas del Estado. Los nombres llenan listas
que el gobierno ha ignorado, las familias sostienen fotografías que se han ido borrando y, sin
embargo, las historias que cuentan siguen vigentes. Buscan que se dignifique el nombre de las
personas. “Todos los campesinos que desaparecieron buscaban un cambio, no eran delincuentes. A unos se los llevaron porque estaban en el movimiento y a otros porque les apoyaban con
maíz o un pan”.
La organización ha tenido algunos logros. Rosendo Radilla, gracias a la lucha que realizó
Tita, llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En 2001, la Corte condenó a México
por la desaparición forzada de Rosendo y solicitó al gobierno que acotara el fuero militar en casos de violaciones a los derechos humanos cometidos por integrantes de las Fuerzas Armadas.
Tita Radilla es una mujer delgada y alta, tiene el pelo revuelto e intenta contenerlo con
una liga, camina con prisa y va sonriendo. El espacio donde está la afadem es una casa con pisos de cemento abrillantado, se colocan en círculo sillas de plástico y la gente discute sobre los
progresos. Tita acomoda sus gruesos lentes para leer los reportes, que a veces son dos líneas y
otras expedientes enteros. Lástima de hombres valientes, que no conocieron miedo, en defensa de su pueblo hasta la vida perdieron. Al principio, después de que su padre desapareciera,
Tita despertaba con el sereno y pensaba que tal vez él, estuviera donde estuviera, pasaba frío y
hambre. Al día siguiente, acudía a los cuarteles para gritar su nombre, para encontrar un rumbo.
Aún ahora grita su nombre y espera que una voz le diga que no tiene frío.
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G
entlemen, I am a farmer from the state of Guerrero. They took away my rights and so
I became a guerrilla. Tita Radilla was twenty when her father and sixty other people
disappeared at the hands of a commando trained to dismantle the guerrilla and
dissident movements. At that time, activists rose up all over the country. This tragedy
took place during Luis Echeverría’s presidency, when he gave express orders to wipe out the
guerillas Genaro Vázquez Rojas and Lucio Cabañas Barrientos.
The Association of Family Members of the Detained-Disappeared and Victims of Violations of Human Rights in Mexico (afadem) was founded on October 3rd, 1978, to investigate the
whereabouts of those who had disappeared. The families mobilized themselves to search for
their sons, fathers, and brothers. They went to the army barracks and shouted the names of their
family members from outside, and waited for someone on the inside to respond, “He was here.”
Those words were the hope that sustained their search. The detained would talk about Rosendo
as if to safeguard his presence: “Rosendo, the one who sang.”
“Tomorrow may bring good news,” Tita hopes. However, 41 years have passed without answers. The afadem has over 120 open cases spanning three generations that demand compensation. The elders do not give up and the youngest find new paths. Together, they have formed
a family, united by their respective absences.
I am going to sing a corrido, pay attention gentlemen. I will tell you the story of what has
happened in Atoyac. Innocent blood has been spilled by State forces. Names are abandoned on
forms that the government has chosen to ignore. The families keep photographs that continue
to fade, and nevertheless, their stories prevail. They keep searching as a way to honour their
family members. “The peasants who disappeared were not criminals; they were simply seeking
change in society. Some of them were taken for their direct involvement with the movement;
others were taken because they offered the activists corn or bread.”
The organization has had its accomplishments. The case of Rosendo Radilla, thanks to Tita’s
efforts, reached the Inter-American Court of Human Rights. In 2001 the Court condemned the
Mexican state for the enforced disappearance of Rosendo and requested that the government
restrict military jurisdiction in cases of human rights violations committed by members of the
Armed Forces.
Tita Radilla is a tall, thin woman, with disheveled hair. She walks quickly and wears a smile. afadem offices are located in a house with polished concrete floors and plastic chairs arranged in a circle, where people come together to discuss their progress. Tita adjusts her thick
glasses to read the reports in front of her, ranging from a couple of lines to entire case files. What
a pity, brave men that knew no fear; they lost their lives defending their people. At first, after the
disappearance of her father, Tita used to wake up at the break of dawn and think that her father,
wherever he might be, could be cold or hungry. The next day she went to the army barracks to
shout his name and find a new path. To this day, she shouts his name in the hope that a voice
replies and assures her that her father is comfortable, and no longer cold.
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Faces of Dignity
JOSÉ ANTONIO
Lara Duque
Coordinador general del Centro de Derechos
Humanos Zeferino Ladrillero (cdhzl)
General Coordinator of the Human Rights Center
Zeferino Ladrillero (cdhzl)
Nicolás Romero, Estado de México
Nicolás Romero, State of Mexico
Antonio era un adolescente de trece años cuando ya tenía una importante responsabilidad en la
Alianza Única del Valle. En ese año de 1997, su padre, Basilio Lara, se encontraba preso de manera
injustificada junto a otros dieciocho compañeros
y el movimiento mexiquense exigía su libertad. El
adolescente aprovechaba las visitas al reclusorio
para cumplir con una labor que permitió que el movimiento se fortaleciera. En cada visita, Antonio salía con cartas para las familias y manifiestos que le
dictaban los presos, esto mantuvo vigente la lucha.
At thirteen years of age, Antonio took on an important responsibility in the Alianza Única del Valle. In
1997 his father, Basilio Lara, was unjustly imprisoned along with eighteen colleagues. Members of
the movement in the State of Mexico demanded
his release. The youth took advantage of his visits
to the prison to help strengthen the movement on
the outside. After each visit, Antonio left with letters for family members, and statements dictated to
him by the prisoners. This kept the struggle alive.
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S
u padre, uno de los dirigentes más respetados del movimiento, le mostró la manera en
que la mancha urbana se va tragando no sólo el bosque, sino a las comunidades que
ahí habitan. Basilio y sus compañeros exigían que la gente del municipio de Atizapán de
Zaragoza tuviera acceso a vivienda digna.
En 1999, estalló la huelga de la Universidad Nacional Autónoma de México y Toño —como
le dicen sus amigos— se interesó por la defensa de la educación pública y gratuita. Al margen
de su experiencia familiar, encontró otros caminos de lucha y durante el colegio y la universidad
estuvo involucrado de lleno en el movimiento estudiantil. La juventud de Antonio contrasta con
sus ideas claras y articuladas, habla con precisión, narra con calma cada parte de su vida como si
leyera un texto. Es coordinador del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero —el primero que defiende los derechos humanos en el Estado de México, donde viven más de quince millones de personas—. Cuando lo fundaron, en 2012, buscaron que representara la lucha honesta
y comprometida, por ello lo honraron con el nombre del miembro mayor de la Alianza Única
del Valle, quien llevaba entonces treinta años dedicados a su pueblo. Para los jóvenes, Don Zefe
representa la humildad y el compromiso para defender derechos humanos.
El mismo año que nació el Centro Zeferino Ladrillero, Antonio fue detenido hasta en tres
ocasiones. El primer delito que le atribuyeron fue el de alteración del orden público, por hablar
sobre la vivienda digna; pasó 24 horas encerrado. La segunda vez, su padre y él fueron acusados de ultrajes y agresiones contra policías, cuando se resistieron a que un uniformado disolviera la asamblea que dirigían. En la tercera, ingresó un operativo al campamento que tenían
en Nicolás Romero, eran dos mil elementos policiacos respaldados por un grupo de choque;
la detención fue directa, premeditada, sin órdenes de aprehensión, por un delito cometido por
los fraccionadores. Previo a llegar a la cárcel lo trataron de forma cruel. Actualmente siguen bajo
investigación: “No pasa una semana sin que piense en la posible orden de aprehensión”.
Cuando le dicen a Antonio “quien se le opone al gobierno, termina en la cárcel o en la
fosa”, él piensa en las injusticias que ha visto, la manera en que la voz de los pueblos indígenas
intenta ser acallada con dinero y poder. El gobierno se apropia de las zonas promulgando decretos que entregan a megaproyectos, desarrollos carreteros, comerciales e inmobiliarios.
Si levantan cientos de casas de interés social y las constructoras requieren agua, vuelven
la vista a las comunidades indígenas, quienes desde hace varias décadas aprendieron a gestionarla. No sólo se trata de arrebatar los recursos naturales, sino que pretenden borrar los usos y
costumbres de estos pueblos indígenas en nombre del “progreso”.
“Tengo la convicción de que la realidad en la que vivimos puede y debe ser mejor. Soy
consciente de que el camino que decidí está lleno de amenazas. Al menos no dejaré el mundo
peor que cuando llegué. Yo decidí hacer algo para que las cosas fueran mejores”.
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Faces of Dignity
H
is father, one of the most respected leaders of the movement, showed him how urban
development was not only swallowing up the forest, but also the communities that
live in it. Basilio and his colleagues demanded that those living in the municipality of
Atizapán de Zaragoza should have access to adequate housing.
In 1999 the National Autonomous University of Mexico went on strike, and Toño—as
Antonio’s friends call him—supported the defense of free public education. Besides his family’s
experience, he discovered other causes he felt passionate about; he was fully involved in the
student’s movement during high school and college. Antonio’s youth contrasts with his clear and
articulate ideas as he speaks with precision, and calmly recounts each part of his life as if he were
reading a text. He is the coordinator of the Human Rights Center Zeferino Ladrillero, the first
human rights organization founded in the State of Mexico, a state with more than fifteen million
inhabitants. When the Center was created in 2012, it sought to promote honesty and commitment, and for that reason it was named after Zeferino Ladrillero, the oldest member of Alianza
Única del Valle, who had dedicated thirty years to his community. For the young, Don Zefe represents the importance of humility and dedication when defending human rights.
The year the Zeferino Ladrillero Center was founded, Antonio was arrested three times.
The first crime he was arrested was for public disturbance. He spent 24 hours in jail for speaking
openly about the importance of decent housing. The second time, he and his father were
accused of injury to and aggression against the police, when they resisted a police official who
intended to break up the meeting they were leading. The third time, their protest camp was
raided by two thousand members of the police, backed up by a military death squad. Their
detention was direct, premeditated, and without arrest warrants. Before reaching jail, they were
tortured. They are still under investigation: “Not a week goes by that I do not think about a
possible arrest warrant.”
When Antonio was told “whoever opposes the government ends up in jail or in a grave,”
he thought of the injustices he has seen, the way in which money and power are used to silence
the voice of the indigenous peoples. The government appropriates the indigenous peoples’
lands by enacting laws and uses them to promote mega projects, roads, and business and real
estate developments.
When social housing is built by the authorities, they look to the indigenous communities
to provide the water needed for the buildings, as they have learned to manage their water
distribution for decades. Not only does the government plunder natural resources, but they also
intend to eradicate the traditions of these peoples in the name of “progress.”
“I am convinced that our reality can, and should be, improved. I am conscious that the path
I have taken is dangerous. But, at least I know that I will not have left this world worse off than
when I arrived. I decided to act in order to change our world for the better.”
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Faces of Dignity
NÉLIDA
Reyes Guzmán
Integrante de Intersindicalistas,
Trabajadoras de Taquilla, stc
Member of Intersindicalistas, Workers
of the Ticket Office, Subway
Ciudad de México
Mexico City
“¿Ves mi mano?”, preguntó el paramédico a Nélida.
Ella escuchaba la voz distante, como envuelta en
un tintineo. “No se talle los ojos, sólo ciérrelos”.
Obedeció al momento, los vidrios que tenía
incrustados le rozaban los párpados. El trayecto al
hospital le resultó tortuosamente largo, la sangre
que cubría su cuerpo se había secado como una
corteza. “¿Sigo viva?”, se preguntó antes de aferrarse a la mano del paramédico.
“Can you see my hand?” the paramedic asked Nélida. She listened to the distant voice muffled by
the sound of shattering glass. “Don’t rub your eyes,
just close them.” She obeyed immediately as she
felt the embedded glass scrape against her eyelids. The journey to the hospital became torturously
long, and the blood that covered her body dried
into a crust. “Am I still alive?” she asked herself before grabbing hold of the paramedic’s hand.
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E
n 1983, Nélida Reyes entró a trabajar al metro de la Ciudad de México como taquillera,
en la estación División del Norte. Por esos años el ambiente estaba muy tenso, el sindicato había destituido con violencia al comité elegido democráticamente. Nélida y sus
compañeras se involucraron y formaron la organización Coordinadora de Trabajadoras
Democráticas. Buscaban mejorar su situación laboral y crearon el periódico La Conciencia, en el
que hacían crítica social. Un 26 de julio, el sindicato con su grupo de choque desalojó violentamente a un grupo de trabajadores, entre los que se encontraba Nélida. Algunos se escondieron
en una estación de camiones que transportaban correspondencia, allí los agresores les dispararon. Varios compañeros de Nélida fueron detenidos.
Cuatro años después se encontraba en una concentración en la calle Bucareli, cuando un
funcionario salió a recibir a los portavoces. Rápidamente, organizaron un contingente con representantes de las diferentes áreas del metro y, sin preguntarle, la ingresaron como embajadora de taquilla. El grupo llegó a una oficina oval donde le preguntaron cuáles eran sus demandas:
“Intenté explicarle que yo sólo había ido al mitin y que no era parte del contingente, pero creyó
que estaba bromeando”.
A los pocos días, Nélida regresó a la taquilla, por la tarde, un par de sujetos llegaron corriendo, uno la encaró con un arma. Las taquillas eran entonces muy diferentes, tenían una vista
panorámica y un cristal no muy grueso. Cuando Nélida escuchó el disparo, apenas tuvo tiempo
de mover la cabeza, la bala le rozó y el proyectil quemó su rostro. Los cristales se tornaron cuchillas afiladas que le hirieron el cuerpo y la sangre rápidamente la cubrió con su tibieza. Nélida
quedó tendida, escuchando el tintineo del cristal repetirse en su cabeza. En el hospital, le pusieron ungüento en los ojos y sacaron uno a uno los fragmentos de cristal que tenía incrustados,
alcanzó a ver cómo le raspaban la pupila para quitar los residuos.
En el trabajo hay descontento, además, las trabajadoras de taquilla viven con el fantasma
de que pueden ser sustituidas por máquinas en cualquier momento. El noventa por ciento de
las personas que trabajan en taquilla son mujeres, madres solteras, único sustento familiar, lo
que puede explicar que resistan las malas condiciones laborales. El salario es muy bajo y las
trabajadoras son presionadas a pagar cualquier faltante del corte de caja. Nélida es una activista
que busca precisamente mostrar las condiciones laborales a las que se encuentran sometidas.
Tiene la convicción de que debe continuar con el compromiso que históricamente han tenido
las trabajadoras y que ha permitido algunos beneficios como contratos laborales indefinidos
o dos periodos vacacionales.
Al mismo tiempo, Nélida ha tenido que asimilar que debe cuidarse, sabe que el riesgo
acecha: “Aprendí que decir la verdad era bueno, pero cuando la dices es un peligro, porque
toca los intereses de la gente poderosa y corrupta. Por decir la verdad, te pueden desaparecer, matar, disparar… Yo camino pegada a la pared de los andenes del metro y sólo me acerco
cuando llega el tren; sabemos que es muy fácil caer en las vías por un simple empujón. Vivir con
esa conciencia de la muerte es el verdadero terror, pero sigo creyendo que la verdad debe ser
dicha”.
94
Faces of Dignity
I
n 1983, Nélida Reyes began working at the ticket office of the Mexico City metro station,
División del Norte. During this time, the atmosphere at work was tense as the union had violently removed the democratically elected committee. Nélida and her colleagues became
involved in the union dispute and formed the Coordinadora de Trabajadoras Democráticas.
They sought to improve their working conditions, and created the newspaper La Conciencia,
in which they published their social critique. On July 26th, the union and its task force violently
removed a group of workers, and among those evicted was Nélida. Some of the group hid in
a mail-truck depot parking lot, and there their attackers shot at them. Several of Nélida’s colleagues were arrested.
Four years later, Nélida was at a demonstration on Bucareli Street, when a public officer
summoned the spokespersons. They quickly organized a contingent with representatives from
different sections of the metro workers, and, without asking her, they appointed Nélida the ticket
sellers’ representative. The group arrived at an oval shaped office where they were asked about
their demands: “I tried to explain that I had only gone to the meeting and that I was not part of
the contingent, but they thought I was joking.”
A few days later, Nélida returned to her ticket booth, and that same afternoon two people
came running towards her, one holding a gun to her face. The ticket booths were very different
back then in that they had a panoramic view and only a thin piece of glass. When Nélida heard
the shot she barely had time to move her head. The bullet brushed past her face, and burned her.
The glass shards transformed into sharp knives that wounded her body, and tepid blood quickly
covered her. Nélida lay stretched out on the ground, listening to the sound of breaking glass
repeat itself in her head. In hospital, they treated her eyes with an ointment, and one by one,
they removed the embedded fragments of glass, searching for where the glass had damaged
Nélida’s pupils in order to remove any pieces that remained.
Nélida is no longer happy working as a ticket seller. On top of this, the ticket sellers fear
that, at any moment, machines might come to replace their work. Ninety per cent of those that
work in the ticket booths are women, single mothers, and the sole providers for their families,
which might explain why they are capable of withstanding such bad working conditions. Salaries are very low and workers are forced to settle any shortages in the cash register out of their
own pocket. Nélida is an activist who seeks to expose the working conditions that the metro
ticket sellers are subjected to. Nélida is convinced that she must continue her commitment to
protest—action that workers like herself have historically participated in—and which has led
to benefits such as permanent contracts and the right to two holiday periods a year.
At the same time, Nélida has had to recognize that she needs to take care of herself, being
aware of the risk looms over her: “I learned that telling the truth is a good thing, but with the
truth comes danger as it threatens the interests of the powerful and the corrupt. In return for
telling the truth, they can make you disappear, they can kill you, they can shoot you... I walk close
to the wall along the metro platforms and only approach the tracks when the train arrives. We
know how easy it is to fall onto the tracks with a little push. Living your life with this awareness of
death is truly terrifying, but I continue to believe that the truth must be told.”
95
Faces of Dignity
JESÚS
Robles Maloof
Abogado y ciberactivista
Lawyer and cyber-activist
Ciudad de México
Mexico City
Al contestar el teléfono, escuchó una extraña respiración del otro lado de la línea; Jesús comprendió
que esas llamadas serían sólo el principio. Estaba seguro que se trataba de la respuesta del Estado
a su investigación sobre víctimas de violaciones de
derechos humanos por parte del ejército. No sólo
él recibió estos mensajes, también intervinieron
los teléfonos de sus familiares para advertirle que
debía parar.
Jesús answered the telephone and heard nothing
but weird breathing noises. He knew these phone
calls were just the beginning. Jesús was sure this
was the State’s response to his investigation into
victims of human rights violations by the army. Not
only did Jesús receive these messages, his relatives
were getting them too. This was a clear warning that
he should stop what he was doing.
96
97
J
esús Robles Maloof lleva más de veinte años en la defensa de los derechos humanos. En
los ochenta, convivió con activistas y familiares de desaparecidos, fue testigo directo de
su lucha, experiencia que formó su carácter y voluntad. Dejó inconcluso el doctorado en
España para regresar a su país, lo hizo con el objetivo de iniciar formalmente la lucha por
la defensa de los derechos humanos.
Maloof no titubea a la hora de citar referentes. Gustavo De la Rosa, también conocido
como Pichu, activista de la frontera norte desde 1972, “sostiene que hay que luchar con todos
los medios legítimos para defender los derechos humanos; tomé nota de su lección y es por
eso que hacemos difusión de los casos”. Así, Jesús aprovechó las nuevas tecnologías para convertirse en ciberactivista.
Con el cambio de sexenio, los jóvenes mexicanos levantaron la voz para protestar por
unas elecciones viciadas, llenas de dudas y corrupción. “La política se construye en la calle”, dice
Robles Maloof, mientras está pendiente de las redes sociales y escribe tuits que dan cuenta de
lo que sucede en las marchas: gases lacrimógenos, piedras, palos, escudos antimotines, detenciones arbitrarias. Precisamente, al ver los abusos y la manera en que los jóvenes eran exhibidos
ante una ley maniquea, él y otros colegas crearon la Liga de Abogados 1 de Diciembre, para
asesorar legalmente a los detenidos y garantizar su liberación.
Robles Maloof se apoya en la tecnología para que su mensaje llegue a diferentes sectores.
Inició contando en Internet esas historias que lo indignaban, que lo estremecían; pensaba que
más personas debían saber y así la información se esparció. Un gobierno autoritario no soporta
la confrontación ni el cuestionamiento público y gracias a la palabra de Maloof, medios serios
comenzaron a ahondar en lo que él les mostraba.
La primera ocasión en que recibió amenazas por su trabajo fue cuando realizó la investigación sobre un grupo de choque, “los porros”, quienes alquilaban su fuerza para eventos políticos y deportivos. Robles Maloof develó la identidad de su coordinador, hasta entonces en
el anonimato, y así comenzaron los mensajes y las llamadas. Años después, cuando habló sobre las violaciones del ejército, las amenazas regresaron. La sofisticación de la tecnología que
interfería sus comunicaciones le advirtió que se trataba de los mismos militares que lo habían
buscado anteriormente.
A Jesús lo definen como un defensor de defensores de derechos humanos. Duerme poco
en la noche, está pendiente del celular porque sabe que en cualquier momento alguien lo
puede necesitar. “Internet no es un medio inocente, la libertad de expresión nos pertenece y
debemos cuidarla, porque en ella podremos construir la seguridad”.
Escribir es su tarea cotidiana; visibiliza a quienes defiende y acompaña, les da una historia
y un rostro. Ha visto cómo la apatía de la sociedad ha ido mudando, quizá porque el horror nos
acosa cada vez desde más cerca. “En México, la prioridad es salvar vidas. Vivimos una tragedia humanitaria de dimensiones históricas. Cuando despertemos, saldremos de una pesadilla
para entrar en otra”.
98
Faces of Dignity
J
esús Robles Maloof has spent more than twenty years defending human rights. In the
1980s he spent much of his time with activists and relatives of the disappeared; thus,
he witnessed their struggle first-hand. This experience molded him into the determined
character he is today. He even abandoned his doctoral studies in Spain to return to his
country with the clear purpose of formally beginning his fight to defend human rights.
When the time comes, Maloof does not hesitate to cite references. Gustavo de la Rosa,
also known as Pichu, an activist from the northern border since 1972, “always stated that he had
to fight using legitimate means to defend human rights, and for that reason we always spread
news of the cases.” Robles Maloof took note of the advice and made use of new technology to
turn himself into a cyber-activist.
After the change of government, young Mexicans spoke out against the invalid elections
that had taken place; full of doubt and corruption. “Politics is created by bottom-up movements,”
Robles Maloof says, as he continuously tweets news updates on current protests and demonstrations: tear gas, rocks, sticks, anti-riot shields, and arbitrary detentions. Jesús and other lawyers
formed the Liga de Abogados 1 de Diciembre to give legal advice to the detained until their
liberation was guaranteed.
To ensure his message reaches a variety of sectors, Robles Maloof depends on technology. He began to use the Internet to tell stories that shocked and angered him; more people
needed to be aware of this reality. This way, information quickly spread. Power cannot stand confrontation or public questioning, and thanks to Maloof’s words, the stories he revealed began to
be taken seriously by the press.
The first time he received threats against him was when he carried out an investigation
into a mercenary gang of young men, los porros, who sold their services to disrupt political and
sporting events. Robles Maloof uncovered the identity of the group’s coordinator, anonymous
until then, and so the messages and phone calls began. Years later, when he revealed violations
by the army, the threats returned. The sophisticated technology utilized to intersect his communications was a clear sign that he was dealing with the very same soldiers he had been working
against.
Jesús is defined as a defender of human rights defenders. He sleeps little at night and
hangs on to his cell phone because he knows that at any moment someone may be in need of
his help. “The Internet is not an innocent form of communication. Freedom of expression is our
right and we must look after it, because through it we can create security”.
Writing is his daily task. He highlights the lives of those he defends and accompanies. In
turn, their lives and stories are given a human face. He has seen how the apathy of society has
continued to recede, perhaps because the horror pursues us more closely every day. “In Mexico,
the priority is to save lives. We are living a humanitarian tragedy of historic proportions. The day
we wake up, we will go from one nightmare to another.”
99
Faces of Dignity
LETICIA
Gutiérrez Valderrama
Directora general de smr, Scalabrinianas
Misión para Migrantes y Refugiados
General Director of smr, Scalabrinianas
Mission for Migrants and Refugees
Ciudad de México
Mexico City
La Hermana Lety experimentó la crueldad de primera mano cuando conoció la historia de dos hermanos hondureños, uno de dieciséis años y el otro
de dieciocho, quienes habían llegado a Coatzacoalcos, Veracruz, cuando hacían su viaje al norte. Ahí
tuvieron la oportunidad de hablar con sus padres:
“Estamos bien, vamos camino al norte”. Pasaron días
de silencio; una semana más tarde, aparecieron en
las vías del tren de Acayucan, unos kilómetros al interior, semidesnudos y con la cabeza partida por un
machetazo.
Sister Lety experienced cruelty first-hand when she
came across the story of two Honduran brothers,
aged sixteen and eighteen respectively, who had
arrived in Coatzacoalcos, Veracruz, after their trip
northward. There they had a chance to contact
their parents: “We are fine, we are heading north.”
Days went by without another word. A week later
they were found on the railroad tracks at Acayucan,
some kilometers inland, half naked and with their
heads split open by a machete.
100
101
L
eticia Gutiérrez Valderrama fue nombrada secretaria ejecutiva de la Dimensión Pastoral
de Movilidad Humana del Episcopado Mexicano en 2007. El cargo directivo que asumió
implicaba nuevas responsabilidades. El Padre Solalinde y Fray Tomás acudieron a ella
buscando apoyo para los albergues de migrantes. Realizó un recorrido por todo el país
para entender su situación; ahí miró de cerca la muerte, a través de esos dos jóvenes abandonados a su suerte.
Una persona que caminaba por las vías del tren llamó a una ambulancia; el mayor de
los hermanos aún estaba vivo. Como pudieron, lo trasladaron al Hospital General de la ciudad
de Veracruz, donde lo sometieron a más de tres cirugías en un corto periodo, todavía con el
cráneo abierto. El migrante malherido resultó problemático para el cónsul de Honduras y las
autoridades veracruzanas, por lo que fue trasladado a su país de origen. La Hermana Lety vivió
la angustia de saber que la vida humana se juega entre trámites burocráticos.
La historia que el adolescente contó mientras estuvo ingresado la confrontó con la verdadera maldad desmedida, sistemática y gratuita. Los dos hermanos estuvieron en un lugar
encerrado con hombres y mujeres vestidos con batas blancas; el mayor suplicó que hicieran
lo que quisieran con él, pero que dejaran a su hermano. Contó que usaban palos y cualquier
objeto que encontraban para violarlo. Cuando se cansaron de él fueron contra su hermano.
En ese momento, ambos encontraron la fuerza para salir corriendo, pero los delincuentes los
alcanzaron y les estrellaron el machete en la cabeza. Los arrojaron a las vías, creyendo que
abandonaban dos cadáveres. La crueldad no tiene límites. Una cónsul hondureña localizó a la
familia de los jóvenes y les dio dos noticias: no hay dinero para repatriar el cadáver, por lo que
lo enterrarían en Acayucan. La mujer prometió que iba a ir todos los fines de semana a rezar a
la fosa común. Años más tarde, intentaron que la familia denunciara el caso, pero el miedo los
hizo quedarse callados.
Son estas primeras historias las que templan el carácter. La Hermana Lety tuvo que abandonar el cargo directivo, pero no su lucha: “Entendí que mi compromiso con la población
migrante no era sólo verlos pasar, sino luchar en todos los niveles para que esta tragedia no
siguiera ocurriendo”.
En 2013, Leticia Gutiérrez, inmediatamente después de dejar la pastoral, fundó junto con
otros compañeros la organización smr, Scalabrinianas Misión para Migrantes y Refugiados en
México. Ella es de voz suave y pausada, pero firme; responde sin dudar. El trabajo principal que
desarrolla es de acompañamiento, apoya a los sacerdotes que están en los albergues para migrantes y busca dialogar con instituciones internacionales.
La pobreza y extrema violencia en países de Centro y Sudamérica —en muchos de ellos, el
crimen busca cooptar a la población y reclutarlos— obliga a las personas a exponerse a las rutas
migratorias en territorio mexicano con la promesa de obtener una vida mejor, digna y libre de
violencia. A la Hermana Leticia no deja de preocuparle que las cosas no cambien como quisiera,
aún después de tantos años de lucha.
102
Faces of Dignity
I
n 2007 Leticia Gutiérrez Valderrama became the executive secretary of the Dimensión Pastoral
de Movilidad Humana of the Mexican Episcopal Conference. The managerial position she
assumed involved new responsibilities. Father Solalinde and Friar Tomás turned to Leticia
for support with shelters for migrants. She traveled throughout the whole country in order to
understand the condition in which migrants were living. There, she stared death in the face as
the two youths had been abandoned, left to their fate.
A passerby who had been walking along the railroad tracks called an ambulance, as the
eldest brother was still alive. They transported him to the General Hospital located in the city
of Veracruz as fast as they could, where he underwent more than three hours of surgery with
his cranium still split open. The wounded migrant had become a nuisance for the Honduran
ambassador and the authorities of Veracruz, and so he was transferred to his country of origin.
Sister Lety was a witness to the fact that when it comes to bureaucratic transactions, human life
is treated like a toy.
The story the adolescent told while he was being admitted to hospital confronted Leticia
with the reality of excessive, systematic and gratuitous forms of evil. The two brothers had been
confined in a room with men and women dressed in white. The elder begged them to do what
they wanted with him but to spare his brother. They had used sticks and whatever object they
could come across to rape him, he explained. After they got tired of him, they went for his
brother. In that moment, the two youths found the strength to take off running, but the criminals
chased after them and hit them in the head with a machete. They threw the brothers on the
train tracks safe in the knowledge that they had left behind two corpses. Cruelty has no limits. A
female Honduran ambassador located the brothers’ family and gave them two pieces of news:
there wasn’t any money to repatriate the corpse; and thus, it would be buried in Acayucan. The
woman promised that she would go to the common grave every weekend to pray. Years later
they tried to persuade the family to report the case, but fear kept them silent.
It is stories such as these that build one’s character. Sister Lety had to leave her executive
position, but she did not give up her fight: “I understood that my duty to the migrant population
was not only to be aware that such situations take place, but to fight at all levels so that this
tragedy does not continue.”
In 2013, immediately after leaving the religious order, Leticia Gutiérrez founded, along
with others, the smr, Scalabrinianas Mission for Migrants and Refugees in Mexico. Leticia has
a soft, unhurried but firm voice; she responds without hesitation. The main part of her work
consists of supporting and following up the work of the priests in the migrant shelters, as well as
communicating with international institutions.
The poverty and extreme violence in Central and South American countries—crime seeks
to take over the population and recruit citizens for criminal purposes across the Americas—have
forced people to expose themselves to the danger of migratory routes on Mexican territory in
the hope of obtaining a better life; dignified and free from violence. Sister Leticia continues to
worry about the absence of change, in the way she desires, even after all these years of struggle.
103
Faces of Dignity
SAÚL
Torres Barbosa
Integrante del Comité Pro Defensa
del Parque Benito Juárez
Member of the Committee for the Defense
of Benito Juárez Park
La crisis que azotó a México en los años ochenta fue
una de las más terribles de la historia moderna. La
deuda del país y la caída del precio del petróleo tuvieron graves repercusiones: desempleo, recortes
de personal y la devaluación de una moneda que
sólo les permitía comprar lo básico. En ese contexto, Saúl decidió migrar a la frontera norte y buscar
mejores oportunidades de vida.
The crisis that struck Mexico in the 1980s was one
of the most terrible in modern history. The country’s
debt and the plunge in oil prices had grave
repercussions: unemployment was extremely high,
companies were releasing staff at alarming rates,
and the devaluation of Mexican currency meant
citizens could only afford to purchase the basics. In
this context, Saúl decided to migrate to the northern
border and seek a better life.
104
105
S
aúl Torres Barbosa nació en un pueblo cercano a Guadalajara, Jalisco. Estudió ingeniería
civil y ejerció en algunas ciudades, entre ellas Tijuana. Por eso, cuando su vida dio un
giro, decidió regresar ahí con su esposa en 1981 y establecerse formalmente. Eran
muy jóvenes, y aunque encontraban opciones laborales, la situación del país se fue
complicando y el sector de la construcción acabó paralizándose. Ya no había recursos para
obras públicas y el joven ingeniero tuvo que pensar en otras opciones. En su lugar de origen la
situación era incluso más complicada y por ello volver no era una alternativa.
El golpe de 1994 lo obligó a moverse a Estados Unidos, a casa de una hermana. Saúl
regresaba a Tijuana los fines de semana para estar con su familia. En Estados Unidos laboró
en diversos oficios: vendió autos, trabajó de obrero y finalmente en una fábrica, donde estuvo
dieciocho años, hasta que un accidente de trabajo en 2008 lo obligó a regresar a México. “En la
fábrica vi cómo sufre el trabajador mexicano, todo lo que padece, las humillaciones que soporta en nombre del bien de su familia que está al otro lado. Por eso uno guarda silencio y sigue
adelante sin ver hacia atrás”.
Tan pronto como se estableció en Tijuana, aceptó ocasionalmente trabajos de plomería,
albañilería, jardinería y pintura. Tijuana fue mostrando avances y retrocesos. Durante un tiempo
se preguntaba qué iba a hacer a partir de entonces. Observó lo que sucedía en su comunidad
y decidió involucrarse.
Saúl se unió a la lucha para defender el parque Benito Juárez contra el proyecto de construcción Zócalo 11 de julio. Hizo válido su derecho de acceso a la información y descubrió no
sólo que los intereses del gobierno y la televisora local se verían beneficiados, sino que la obra
no se había realizado con las consultas sociales necesarias. Durante meses, intentaron frenar la
construcción instalando un campamento en el parque. Las autoridades fabricaron delitos absurdos a quienes se resistían a cruzarse de brazos ante el abuso, mientras los medios maquillaban
la realidad con cifras y ventajas inexistentes.
“Formamos una asociación civil para defender el parque Benito Juárez que tenía como
objeto social el medio ambiente y la ecología. Comenzamos a despertar la conciencia de la
gente de Tijuana al darles a conocer el impacto del proyecto. La construcción del zócalo era
un terreno fértil para el despojo de los espacios públicos a los que la población tenía derecho”.
La ciudadanía comenzó a simpatizar con la causa, se sumaron al campamento del Comité Pro
Defensa del Parque Benito Juárez y defendieron el medio ambiente y la zona arbolada que el
nuevo proyecto planeaba destruir.
Cuando Saúl se convirtió en una persona atenta a la realidad de su entorno, comprendió
que muchos edificios históricos estaban sufriendo la misma suerte que el parque: despojo por
parte de la autoridad y construcción de edificaciones que apelaban a la modernidad pero que,
en la mayoría de los casos, sólo beneficiaban a unos cuantos. Por ello, formaron la segunda
asociación civil encargada de defender el patrimonio cultural tijuanense. “Respetar la historia y
nuestra tierra es el principio del cambio”.
106
Faces of Dignity
S
aúl Torres Barbosa was born in a town near Guadalajara, Jalisco. He studied civil engineering and worked in several cities, among them Tijuana. When his life took a turn in
1981, Saúl and his wife decided to settle down in Tijuana. They were young, and even
though they had found jobs, the situation in the country had become increasingly complicated and the construction industry had grinded to a halt. The resources for public works had
disappeared, and so the young engineer had to think about alternatives. Moving back to Guadalajara was not an option for Saúl, as the situation there was even more complex.
The economic crash of 1994 forced Saúl to move to his sister’s house in the United States.
Saúl would return to Tijuana on the weekends to be with his family. In the u.s., he worked in a
variety of professions: car sales, laboring, and finally in a factory, where he stayed for eighteen
years until, in 2008, an accident at work forced him to return to Mexico. “When I was working at
the factory I experienced the suffering Mexican workers are subjected to, the humiliation they
endure for their family on the other side. We stay silent and keep moving forward without ever
looking back.”
As soon as he was settled in Tijuana he took up occasional work as a plumber, bricklayer,
gardener, and a painter. Tijuana had its ups and downs. During this time Saúl was asking himself
what he was going to do from that point onwards. He learned about what was happening in his
community and decided to get involved.
Soon afterwards, Saúl joined the fight to defend the Benito Juárez Park, against the project
titled Zócalo 11 de julio. He used his right to access information and discovered that not only
would both the government and local television company benefit from the proposed construction, but also the project had not undertaken the necessary processes of public consultation. For
months, members of the community set up a protest camp in the park. The authorities fabricated
absurd offenses for those who refused to back down, while the media concealed the truth with
false data and insisted the project would bring certain advantages to the town, which was false.
“We formed a civil association to defend Benito Juárez Park with the aim of protecting the
environment and ecology. Our efforts made the people of Tijuana aware of the way this project
was going to impact their community. The proposed construction in the town square was a
violation of our citizen’s right to enjoy public spaces.” Slowly, people began to sympathize with
the cause. They joined the protest camp organized by the Committee for the Defense of Benito
Juárez Park to defend the environment and the wooded area that the new project planned to
destroy.
When Saúl became aware of the broader situation in Tijuana, he understood that many
historical buildings were suffering the same fate as the park: authorities were taking possession
of the buildings and creating modern construction projects that, in the majority of cases,
benefited the few. As a result, they formed a second civil association to defend Tijuana’s cultural
heritage. “Respecting history and our land are the beginning of change.”
107
Faces of Dignity
NADIN
Reyes Maldonado
Coordinadora del Comité de Familiares de
Detenidos Desaparecidos Hasta Encontrarlos
Coordinator of the Committee of Family Members
of the Detained-Disappeared Until We Find Them
Ciudad de México
Mexico City
El 25 de mayo de 2007, en la ciudad de Oaxaca,
desapareció el padre de Nadin Reyes junto con un
compañero. Lo único que se supo ese día es que
habían desplegado un operativo de seguridad en
el que participaron el ejército, la policía del estado
de Oaxaca y la policía municipal. Al parecer, los detuvieron y entregaron al ejército el 26 ó 27 del mismo mes. En agosto, un denunciante anónimo dijo
que los habían visto en el Campo Militar Número
Uno de la Ciudad de México. Desde entonces, y
hasta ahora, se desconoce su paradero.
On May 25th, 2007, in the city of Oaxaca, Nadin
Reyes’s father disappeared, along with a colleague
of his. The little information the family has from
that day reveals that there had been a security
operation involving the army, the state police, and
the city police. The two men were stopped and
handed over to the army on the 26th or 27th of the
same month. In August, an anonymous note stated
that they had been seen in Campo Militar Número
Uno in Mexico City. From that day onwards, their
whereabouts remain unknown.
108
109
E
l Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos Hasta Encontrarlos trabaja con los
familiares de personas desaparecidas. Les acompañan a poner denuncias y, a través
de talleres, hablan sobre derechos humanos para que las familias puedan apropiarse de
ese proceso.
Los padres de Nadin se dedicaban al comercio, tenían una tienda de abarrotes. Cuando
su padre, Edmundo Reyes Amaya, desapareció se enteró de que militaba en el grupo armado Ejército Popular Revolucionario (epr). Hasta entonces, los hijos sólo veían al padre cariñoso y
estricto, quien constantemente les hablaba de la importancia de apoyar a su comunidad. Nadin
vivía una vida entregada a su familia y a su profesión de pedagoga. Cuando tuvo que enfrentarse al desconcierto y después a la búsqueda de justicia, no sabía que su destino era la defensa y
promoción de los derechos humanos.
El 4 de junio, el epr publicó en un periódico un comunicado que denunciaba la desaparición de Edmundo Reyes y de Gabriel Alberto Cruz. Es entonces cuando Nadin y su familia
conocen de su otra vida. Ella asumió la búsqueda y lo primero que hizo fue recurrir a organizaciones que podían apoyarla en la investigación. “Yo no sabía qué era una desaparición, me
imaginaba que mi padre iba a estar detenido en algún lugar, pensé que sólo necesitaba acompañantes para llegar a los diferentes centros de detención”.
En julio de 2007, ella y la hermana del compañero de su padre, Margarita Cruz, decidieron
formar el Comité. Documentaron sus casos y después hicieron lo mismo con quienes se acercaban a ellas pidiendo orientación.
Cuando denunciaron ante la Procuraduría e instancias internacionales sus hallazgos, entre
2007 y 2008, los abuelos, tíos y primos de Nadin empezaron a recibir visitas de personas que
les pedían que la convencieran de parar: “No es culpa del gobierno, sino del epr”, les decían.
Intentaron incluso presionar a su abuela para que demandara al grupo guerrillero. En cada actividad, foro o denuncia que emprendían las jóvenes, ellos estaban ahí, como una sombra sobre
sus pasos.
Un día, Nadin estaba comiendo en un establecimiento público y vio a un tipo que se comportaba de manera extraña. Al salir del lugar, ella se dio cuenta de que la misma persona se encontraba a unas cuadras, trató de esquivarlo, cambió su rumbo y se fue hacia otra calle. Sintió su
presencia a pocos metros de distancia. Unas cuadras más adelante volvió a encontrarlo.
Los abogados de Nadin en Oaxaca fueron amenazados de muerte y renunciaron al caso.
Poco después, ella se mudó a la Ciudad de México y encontró nuevos defensores. Allí continúa
la búsqueda de su padre y de justicia: “A veces pienso en mi vida pasada y creo que apoyar a los
demás me define y me da fuerza, tal vez mi padre, donde quiera que esté, se siente orgulloso de
la manera en que sigo su ejemplo y trato de ayudar a mi comunidad”.
110
Faces of Dignity
T
he Committee of Family Members of the Detained-Disappeared Until We Find Them
works with relatives of missing persons to help them find their family members. They
assist them in filing legal complaints, and teach them about human rights law so the
families can take control of their own cases.
Nadin’s parents were traders; they owned a grocery shop. After her father, Edmundo
Reyes Amaya, had disappeared, she found out that he had belonged to the armed group known
as the Popular Revolutionary Army (epr). Until that point, his children saw their father as a strict
and loving person, who constantly talked to them about the importance of supporting their
community. Nadin dedicated her life to her family and to her profession as a teacher. When
she was forced to face the distressing situation in which she found herself and later to fight for
justice, she did not know she was going to dedicate her life to the defense and promotion of
human rights.
On June 4th, the epr published an article that denounced the disappearance of Edmundo
Reyes and Gabriel Alberto Cruz. From then on, Nadin was aware of her father’s second life as
an activist. Nadin took the search of her father into her own hands, and the first thing she did
was to appeal to organizations for assistance with the investigation. “I did not even know what a
disappearance was; I imagined that my father was being held somewhere and all I needed was
somebody to accompany me to different detention centers.”
In July 2007, she and Margarita Cruz, the sister of her father’s friend who disappeared at
the same time, decided to form the Committee. They supplied documentary evidence for their
own cases and did the same for whoever came to them asking for guidance.
Between 2007 and 2008, when they filed their complaint to the Attorney General’s Office
and international bodies, Nadin’s grandparents, uncles, and cousins began to receive visits from
people who asked them to convince Nadin to stop her fight: “It is not the government’s fault,
the epr are to blame,” they were told. They even tried to pressure her grandmother into filing a
complaint against the guerrilla group. At each event, forum, or protest in which the women took
part, those people were there, like a shadow hanging over their every move.
One day, Nadin was eating in a restaurant and she noticed somebody was acting strange.
As Nadin was leaving, she realized that the person was a few blocks away; she tried to avoid him
by changing direction and walking down another street. Suddenly, she felt his presence a few
meters from her. After some blocks she turned and faced him.
Nadin’s lawyers in Oaxaca felt threatened and gave up the case. A little later, she moved
to Mexico City and found an organization that agreed to defend her. There, she continues the
search for her father and for justice: “At times I think back on my past life. Now, I define myself by
helping others and this gives me strength. Perhaps my father, wherever he may be, feels proud
that I have followed his example by trying to help the community.”
111
Faces of Dignity
MARÍA
DEL CARMEN
Rioseco Gallegos
Integrante del Grupo Feminista Alaíde Foppa
Member of the Feminist Group Alaíde Foppa
Las autoridades mexicanas y los médicos del Hospital General de Mexicali, Baja California, en 1999,
antepusieron el quinto mandamiento a la justicia
cuando llegó Paulina, una niña de trece años embarazada a consecuencia de una violación. María del
Carmen Rioseco defendió el derecho constitucional que tiene una mujer a abortar. Sin embargo, no
fue tan sencillo como pensaba.
In 1999, Paulina, a thirteen-year old girl pregnant
as a result of rape, arrived at the General Hospital
of Mexicali, Baja California. Upon her arrival, the
Mexican authorities and the doctors at the hospital
gave preference to the Bible’s Fifth Commandment
over the right to justice. María del Carmen Rioseco
defended Paulina’s constitutional right to have an
abortion. However, it was not as easy as she thought
it would be.
112
113
S
i se ven desde lejos, las casas parecen interrumpir la calma del desierto. Las calles parecen pequeños remolinos de polvo. Ahí vivía Paulina con su familia, una zona de migrantes a las afueras de Mexicali. El calor asfixia, por eso la niña se iba a dormir con su
hermana y sobrinos en una accesoria que contaba con aire acondicionado. Nadie prestó atención a los perros ladrando, advertencia de que dos hombres habían entrado al cuarto de
las hermanas. Uno de ellos amarró a la mayor, mientras el otro violó a Paulina. Cuando la madre
salió para asegurarse de que todo estaba bien, ya era muy tarde; encontró a su hija sangrando,
hecha un ovillo en el piso. Acudieron al ministerio público a denunciar el hecho y, tras una larga
noche de exámenes y preguntas, Paulina volvió a su casa. El mes siguiente, la madre supo que
el retraso en la menstruación de su hija era señal de un embarazo.
Cuando María del Carmen Rioseco conoció el caso, las autoridades médicas ya habían
llevado a un sacerdote para que hablara con Paulina y el Comité Provida le había proyectado
un video. El embarazo avanzaba. Incluso le dijeron a la madre que un aborto ponía en riesgo la
vida de la niña. Ella era consciente de los derechos de su hija, sin embargo, estaban acorraladas,
tanto la medicina como las instancias legales apelaban al término del embarazo. Finalmente,
Paulina fue una madre adolescente.
María del Carmen formó parte del Grupo Feminista Alaíde Foppa que, junto con otros
movimientos, buscaron apoyo para el caso de Paulina y abrieron la reflexión sobre los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. El Grupo estableció vínculos con instituciones en
Estados Unidos, Latinoamérica y otros estados de México. Las organizaciones se encontraban
indignadas por la situación de esa niña y comenzaron una campaña mediática para visibilizar
el caso. Incluso la periodista Elena Poniatowska publicó una crónica acerca de la adolescente.
De pronto, las mujeres defensoras se encontraban ante la mirada de la opinión pública. Sin embargo, a nivel local, el debate era muy limitado: “Ojalá la hubiera abortado su madre”, le dijo un
abogado de Mexicali durante una entrevista a una de sus compañeras.
La defensa de un derecho que va en contra de las leyes de la Iglesia católica supuso el inicio de una serie de amenazas. La organización Alaíde Foppa dejó de tener acceso a programas
nacionales, y era obstaculizada para que no pudieran ni siquiera concursar en las convocatorias.
Por ese tiempo ocurrieron también diversos robos en sus oficinas.
María del Carmen sigue trabajando por los derechos de la mujer, apoya a un grupo de sexoservidoras y da talleres sobre salud sexual y reproductiva. El caso de Paulina alcanzó algunos
resultados, se logró un acuerdo amistoso a través de la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos y consiguieron que el gobierno de Baja California la apoyara y le diera una pensión
para el niño. Sin embargo, muchas niñas siguen siendo obligadas a convertirse en madres prematuramente por anteponer mandamientos religiosos a la justicia.
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Faces of Dignity
I
f seen from a distance, the houses seem to interrupt the calmness of the desert. The
streets look like small whirlwinds. This is where Paulina lived with her family, in a migrant
area on the outskirts of Mexicali. The heat was suffocating, and for that reason she went to
sleep with her sister and her nephews in an air conditioned outbuilding. No one paid
attention to the dogs barking, a warning that two men had entered her sister’s room. One of
them tied up the eldest whilst the other raped Paulina. When the mother went out to make
sure everything was alright, it was already too late; she found her daughter huddled up, bleeding on the floor. They went to the Public Prosecutor's Office to report the crime and after
a long night of examinations and questions, Paulina returned home. The following month, they
found out Paulina was pregnant.
By the time María del Carmen Rioseco had found out about the case, the medical authorities had already asked a priest to talk to Paulina. Provida, the national committee against abortions, had shown her a video. As the pregnancy advanced, they told her mother that an abortion
would place her daughter’s life at risk. She was aware of her daughter’s rights, but both were
intimidated, even though medical and legal representatives called for the termination of the
pregnancy. After all, Paulina was an adolescent mother.
María del Carmen formed part of the Feminist Group Alaíde Foppa, which, along with
other movements, sought support for Paulina’s case and initiated a discussion on the sexual and
reproductive rights of women. The Group forged links with institutions in the United States, Latin
America, and other states in Mexico. The young girl’s situation angered these organizations and
thus they begun a media campaign to publicize the case. Even Elena Poniatowska, the renowned
Mexican journalist, published a book on the adolescent. All of a sudden, the women who
had been defending Paulina were confronted with national public opinion. At the local level, however, the debate was very limited: “I wish her mother had aborted her,” a Mexicali lawyer told one
of her colleagues during an interview.
The defense of a right that went against the laws of the Catholic Church resulted in the
beginning of a series of threats. The Alaíde Foppa organization no longer had access to national
programs, and obstacles were put in place to deter them from applying for grants. During that
time several robberies occurred in the organization’s offices.
María del Carmen continues to work for women’s rights. She supports a group of sex workers, and gives workshops on sexual and reproductive health. Paulina’s case did yield some
results, an amicable settlement was reached through the Inter-American Commission on Human
Rights, and the government of Baja California accepted to support Paulina and give her son a
pension. Nonetheless, many girls continue to be forced to become young mothers through the
preference given to religious orders over the right to justice.
115
Faces of Dignity
FERNANDO
Ocegueda Flores
Presidente de la Asociación Unidos
por los Desaparecidos
President of the Association United
for the Disappeared
Cuando Fernando recibe el cuerpo de su hijo para
enterrarlo y pone una lápida con su nombre, seguido de esas fechas que marcan el nacimiento y la
muerte, a diferencia de muchas personas, sonríe
con melancolía. Lo que ha conseguido para otros lo
sigue buscando para sí mismo desde que, en 2007,
unos hombres con el rostro cubierto se llevaron a su
hijo de 23 años.
Unlike many people, Fernando wears a melancholy
smile as he observes the scene. The family has just
received the body of their son for burial and places
his name on the tombstone, followed by his date
of birth and death. What Fernando has obtained for
others he has continued to seek for himself since
the day in 2007 when masked men abducted his
23-year old son.
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117
F
ernando Ocegueda Flores es presidente de la Asociación Unidos por los Desaparecidos
en Baja California. No siempre fue así, hace algunos años era un comerciante entregado
a su familia. Su hijo era estudiante de ingeniería y salía a bailar con su novia los fines
de semana. Una noche, el joven jugó su suerte al defenderla de un hombre que estaba
molestándola. No supo en ese momento, sino que lo sabría la familia mucho después, que se
enfrentaba a un narcotraficante. El 10 de febrero, un comando —de rostro cubierto y uniforme
de policía— irrumpió en la casa y se lo llevó, dejando tras de sí el vacío de la ausencia y el terror.
Fernando levantó la denuncia y esperó a que la autoridad hiciera su parte, así pasó meses
acudiendo a oficinas del ministerio público. Silencio, legajos de folios en los que una mujer
mecanografiaba una y otra vez su declaración. El resto del día lo pasaba en casa, sombrío, esperando a que el teléfono sonara con alguna información. Al paso de los meses se sacudió el
dolor y comenzó a buscar por su cuenta. Los avances que ha logrado hasta el día de hoy son
gracias a esa decisión.
Entre cigarro y cigarro subraya expedientes, traza las guías de la investigación y regresa a
los sitios donde la fiscalía ya ha investigado. Tiene clara la estructura del crimen organizado y las
líneas se entrecruzan con los tres niveles de gobierno, arropados por la impunidad. Un hombre
que pregunta es peligroso. Comenzó a recibir amenazas en 2008: “Te estoy vigilando, sigues
tú”, le decía esa voz pétrea al otro lado de la línea. En lugar de detenerse fundó la Red de Protección Social. Ahí, él y otras personas a quienes ayudaba en la búsqueda de sus desaparecidos
se cuidaban y monitoreaban, lo que ha demostrado que no necesitan ser investigadores, sino
tener voluntad para lograr avances. Incluso recurren a ellos cuando hay que negociar en algún
secuestro.
Un día, llegó a su domicilio un paquete anónimo que decía: “Espero le sirva”. Era una
averiguación previa de Santiago Meza, el personaje oscuro de la historia de México conocido
como El Pozolero, famoso por ser quien se encargaba de desaparecer en sosa cáustica a las víctimas de los hermanos Arellano Félix —el cártel de Tijuana—. Al principio, Fernando no entendió
de qué se trataba, pero conforme avanzó en la lectura se dio cuenta de que en su declaración
mencionaba lugares que no habían sido revisados por la autoridad. Acudió con un amigo a escarbar en esos predios y en un ejido encontró tantos cuerpos que el propietario del terreno lo
donó para levantar un memorial.
Es muy difícil describir la ausencia y poner un nombre al vacío que deja una persona
desaparecida. Fernando busca fuerza en su activismo, pero cuando el calendario marca el cumpleaños y la Navidad, las energías decaen: “He aceptado que ya no lo volveré a ver, no puedo
cambiar las cosas, pero sí ayudar a que mucha gente no padezca lo que padecí. Le hice la promesa a mi hijo de que lo iba a encontrar y no la pienso romper por nada del mundo”. Acepta,
con un dolor punzante en el corazón, que su hijo no está vivo, pero sigue adelante en esta búsqueda porque quiere darle un lugar de descanso.
118
Faces of Dignity
F
ernando Ocegueda Flores is president of the Association United for the Disappeared in
Baja California. It has not always been this way, just a few years ago he was a businessman
devoted to his family. His son was an engineering student who went out on the weekends
to dance with his fiancé. One night the youth risked his life when he defended his wife-tobe from a man who began to bother her. At that moment he did not know, although his family
would learn much later, that he had confronted a drug trafficker. On February 10th, a group of
mercenaries, in police uniforms and covered with masks, burst into Fernando’s son’s house and
took him away, leaving behind a void of absence and terror.
Fernando filed a complaint and hoped that the authorities would do their part; he spent
months going to Public Prosecutor's Offices. There was nothing but silence. Piles of papers
sat next to the woman who typed his statement again and again. The rest of the time he spent
at home, somber, waiting for the telephone to ring with information. After months had gone by,
he pulled himself out of his misery and began to make inquiries of his own. The progress he has
made to date is due to that decision.
Between cigars, he underlines passages in files, attempts to trace the paths of the investigation, and returns to the places that the public prosecutor has already investigated. He
understands the structure of organized crime and how it intertwines with the three levels of
government, concealed by impunity. A man who questions is dangerous. He began to receive
threats in 2008: “I am watching you; you are next,” a stony voice told him on the other side of the
line. Instead of quitting, Fernando founded the Red de Protección Social. Through this organization, Fernando and other people he has helped, in the search of their disappeared loved ones,
have looked after each other and kept track of each other’s movements. What this group has
demonstrated is that it is not necessary to be a detective; all you need is the willpower to make
change. They are even consulted when somebody has to negotiate in a kidnapping case.
One day a package arrived at his home and inside a message read: “I hope this will assist
you.” It was a previous investigation on Santiago Meza, the shadowy figure in Mexican history
known as El Pozolero, infamous for being the person in charge of disappearing the victims
of the brothers Arellano Félix—the cartel of Tijuana—in caustic soda. At first, Fernando did not
understand what this was about, but as he patiently read on he realized that Meza’s statement
had mentioned places that had not been checked by the authorities. Together with a friend,
Fernando went to these sites to dig in search for bodies. In one area he found so many dead
bodies that the owner of the property donated the land to create a memorial.
It is very difficult to describe the absence and to name the void that is created by a
disappeared family member. Fernando seeks strength through his activism, but when the
calendar marks his son’s birthday and Christmas, the strength fades away: “I have accepted that
I will not see him again, and that I cannot change what has happened. But I can try to help so
that others do not suffer what I have suffered. I made a promise to my son that I was going to find
him and I will not break it for anything in the world.” He accepts, with a piercing pain in his heart,
that his son is not alive, but he continues with his search in order to provide him with a place
of rest.
119
Faces of Dignity
LUCILA BETTINA
Cruz Velázquez
Integrante de la Asamblea de los Pueblos
Indígenas del Istmo de Tehuantepec en Defensa
de la Tierra y el Territorio (apiitdtt)
Member of the Assembly of Indigenous Peoples
of the Isthmus of Tehuantepec, in Defense of the
Land and Territory (apiitdtt)
Santa María Xadani, Oaxaca
Santa María Xadani, Oaxaca
Cuando le dijeron que tenía que irse, no lo dudó.
Bettina llevaba mucho tiempo luchando para
que los recursos naturales de la región no fueran
vendidos a las trasnacionales. Pero ese día, en la
protesta, apareció un hombre muerto y supo que
era momento de salir de ahí. Los rumores que se
escuchaban culpaban a la Asamblea de los Pueblos
Indígenas del Istmo de Tehuantepec en Defensa de
la Tierra y el Territorio.
When they told her she had to leave, she did not
doubt it. For a long time Bettina had been fighting
to ensure that the region’s natural resources
would not be sold to multinational companies. But
one day at a protest, a dead man appeared and
she knew that it was time to get out. The rumors
that were being spread placed the blame on the
Assembly of Indigenous Peoples of the Isthmus of
Tehuantepec, in Defense of the Land and Territory.
120
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E
n febrero de 2011, encarcelaron a Bettina bajo los cargos de privación ilegal de la libertad y delitos contra el consumo y la riqueza nacional, dado que había encabezado
una protesta en las comunidades para dejar de pagar las altas tarifas eléctricas. Resulta
paradójico que los poblados con aspas eólicas tengan que pagar tanto por la energía
eléctrica. Bettina y su abogado salían de una reunión en las oficinas de la Comisión Federal
de Electricidad (cfe), en Santa María Xadani, cuando agentes de la Procuraduría General de
la República la detuvieron a la fuerza, sin una orden de aprehensión. Diez meses antes, ella y
sus compañeros habían convocado una manifestación frente a las oficinas de la cfe tras la detención de un compañero. Entonces, la policía también la arrestó: “Dijeron que yo instigué a la
gente a no pagar la luz, que hablé mal del Presidente de la República”.
El Istmo de Tehuantepec se ve favorecido por la llegada de los vientos que provienen del
océano Pacífico. Esa singular ventaja geográfica de la región ha provocado que los intereses
privados pongan la mira en la zona. Y si bien esto podría provocar un beneficio a los pueblos
indígenas que la habitan, las ganancias han sido inexistentes: “El capitalismo voraz vende al
mejor postor el viento, el carbono, el agua y la luz del sol”. En los territorios se ha sembrado la
inconformidad. Los abusos y engaños han encendido asambleas populares que se organizan
para levantar la voz. Muchos de los campesinos son ancianos monolingües zapotecos que no
saben leer o escribir el español. Las empresas se aprovechan de la situación: llegan con un
cheque y un contrato, y ofrecen mil pesos por llevar los papeles de las tierras y quinientos por
firmar; la gente acaba aceptando.
Cuando Bettina comenzó a dar visibilidad a la situación, no imaginó todas las repercusiones que esta decisión tendría en su vida. Durante nueve meses, entre 2012 y 2013, se vio
forzada a abandonar Juchitán. No era la primera vez que llegaba a casa con su familia y decía,
“recojan sus cosas y vámonos”. Esta batalla, que Bettina compara con la de David contra Goliath,
también afecta a sus dos hijas. Cuando las empresas llegan con promesas, nunca explican a
profundidad lo que harán: “No dicen que se van a meter a tu río y que van a sacar agua; no
dicen que van a sacar toda la piedra del cerro de al lado para hacer los caminos; no dicen que
tienen que nivelar y que no podrás utilizar tu parcela y trabajarla. Todo eso se descubre después”. El impacto es enorme. Al final, todo se reduce a dinero, ganancias y pérdidas económicas, nunca al sacrificio humano.
Bettina es una mujer altiva y digna, con profundos ojos negros que encaran a quien la
cuestiona. Sigue manifestándose contra los generadores eólicos que han acabado con mucha de la vida que los pueblos conocían. Bettina exige al gobierno que haga las consultas debidas con las comunidades indígenas de la zona.
En 2011, durante la manifestación que hicieron en la carretera, fueron desalojados por
hombres armados. Cuando se dispersaba la marcha, un hombre apareció muerto sobre la carretera. Quisieron culpar a los campesinos y por eso Bettina escapó. No teme a la cárcel, desde
pequeña la ha pisado, incluso de la mano de su madre. Lo que más teme Bettina es que la comunidad olvide que tiene dignidad y que crea que ésta puede comprarse.
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Faces of Dignity
B
ettina was imprisoned in February 2011, under charges of illegal deprivation of freedom
and crimes against consumption and the national wealth, since she had organized a
community protest to stop paying high electricity bills. It is ironic that towns with wind
turbines have to pay so much for electric energy. Bettina and her lawyer were leaving
a meeting in the Federal Commission of Electricity (cfe), in Santa María Xadani, when agents
of the Attorney General’s Office arrested her by force, without a warrant. Ten months before,
she and her colleagues had convened a demonstration against the arrest of a colleague. They
were protesting in front of the cfe offices and the police arrested her: “They said that I incited
people not to pay for electricity, and that I spoke badly of the President of the Republic.”
The Isthmus of Tehuantepec is favored by the winds that come from the Pacific Ocean.
This singular geographic advantage of the region has caused private interests to set their
sights on the area. And even if this could have benefitted the local indigenous communities
who inhabit the zone, the gains have been nonexistent: “Voracious capitalism sells the wind,
coal, water, and sunlight to the highest bidder.” There has been disagreement in the territories.
The abuses and deceptions by the authorities have brought people together in popular
assemblies to speak up about what is taking place. Many of the farmers are elders who only
speak Zapotec and are unable to read or write in Spanish. The companies take advantage of
this situation: they arrive with a check and a contract, which offers a thousand pesos for the rights
to the land and five hundred pesos for signing. People end up signing these contracts.
When Bettina first investigated the situation, she did not imagine the personal repercussions. She was forced to leave Juchitán for nine months, between 2012 and 2013. It was not the
first time she had come home to her family and said, “Get your things together, we need to go.”
Her battle, which she compares to David and Goliath, has also affected her two daughters. When
the companies come with promises, they never fully explain what they will do: “They do not
say that they are going to take water from your river; that they will remove rocks from the hill
next to the river to build roads, nor that they will have to level out the land and thus you will not
be able to use it or work on it. You learn that afterwards.” The impact is enormous. In the end,
everything comes down to money, profits, and economic losses; never human costs.
Bettina is a tall, dignified woman, with deep black eyes that look directly at whoever
questions her. She continues protesting against the wind-power generators that have destroyed the way in which her community lives. Bettina demands the government to provide rigorous
consultations with the participation of the indigenous communities in the area.
During the demonstration on the highway in 2011, armed men removed them. When they
dispersed, a dead man had been left on the road. They wanted to blame the farmers and for that
reason Bettina ran away. She is not afraid of jail. Since she was a little girl, she has spent time in
prisons, even holding her mother’s hand. Bettina’s biggest fear is that the community will forget
their dignity and think that it can be bought.
123
Faces of Dignity
SILVIA
Castillo Salgado
Directora del Instituto Guerrerense
de Derechos Humanos
Director of the Guerrero Institute
for Human Rights
Silvia documentó la violencia contra las mujeres en
el estado de Guerrero; el número de casos engrosó
las carpetas de forma alarmante. Se dio cuenta de
que, anualmente, en el estado de Guerrero, habían
2,700 denuncias de mujeres y niñas por violación
sin interrupción legal del embarazo. Ella demostró,
con la frialdad de los datos duros, una dimensión
de la violencia institucional desconocida hasta entonces.
Silvia documented violence against women in the
state of Guerrero; the number of cases was increasing at a troubling rate. She learned that, in the state
of Guerrero, 2,700 rape complaints were filed by
women and girls each year. These victims did not
have access to legal termination of pregnancy.
Armed with cold, hard facts, Silvia demonstrated
the prevalence of institutional violence—unknown
up until then.
124
125
S
ilvia Castillo, originaria del municipio serrano Heliodoro Castillo, hizo su servicio social
en el recién nacido Instituto Guerrerense de Derechos Humanos en 1997, creado para
atender las denuncias de abusos que la autoridad cometía en la zona. La mayoría de las
demandas recibidas eran de mujeres, por lo que el Instituto abrió un área exclusiva para
ellas. Unos años más tarde, el compromiso de Silvia la llevó a dirigir la organización, hasta que
abandonó Guerrero debido a las amenazas que recibía.
A partir del diagnóstico en el que trabajaron Silvia y sus compañeras, la mirada de la
sociedad civil, de otras organizaciones y de las instituciones cambió respecto a cómo asumían
la violencia hacia las mujeres. Silvia recuerda un sinnúmero de casos, pero uno en particular
quedó en su mente. Una mujer de la sierra de Petatlán denunció una violación sexual por parte
de un comandante de la policía ministerial. Sus hermanos le dijeron que no exagerara, incluso
su pareja, quien era policía judicial, le dijo que mejor lo olvidara porque el hombre era influyente. Pese a todo la joven denunció. El ministerio público cambió la declaración, argumentó
que de esa manera era más sencillo que el agresor fuera castigado. Durante los careos, la mujer
declaró detalles de la violación e incluso describió unos tatuajes del tipo; las autoridades cuestionaban que en una violación pudiera recordar tantos pormenores. Sin embargo, la joven no
olvidó lo sucedido y desmintió que todas las mujeres entrasen en estado de shock, pese a las
dudas, defendió su postura. Cuando la mujer llegó hasta Silvia, estaba muy confundida, no entendía tanta impunidad. Finalmente, el juez dijo que no hubo violación, el culpable permaneció
en libertad y la mujer temerosa, porque lo ve en su pueblo a diario como recordatorio de lo que
ocurrió.
Después de varios eventos celebrados con otras organizaciones para denunciar la desprotección de las mujeres violadas, Silvia observó una camioneta de la policía ministerial estacionada frente a su casa. Días después la llamaron a su celular: “Si sigues metiéndote donde no
te importa, vamos contra tu hija”. Cuando colgó el teléfono decidió que era momento de salir
de Guerrero. Denunció los acosos, estaba segura de que se trataba de la respuesta de un hombre influyente a la denuncia de violencia hacia su esposa. Pero sospechar no es suficiente motivo
para que la autoridad actúe, lo más que podrían hacer era citarlo a declarar y a ella ofrecerle
medidas cautelares.
“Una de la razones por las cuales no denuncié públicamente fue porque tenía problemas
familiares muy serios”. No fue hasta que dejó la defensa cuando se dio cuenta de que su cuerpo
ya había cobrado factura: el insomnio, los dolores de cabeza y las pesadillas.
Un mes después que Silvia salió de Guerrero, en octubre de 2013, asesinaron a dos defensoras: Juventina Villa y Rocío Mesino, pese a las medidas cautelares y la protección de sus
organizaciones. “Me duele no estar ahí, pero hasta que Guerrero no sane y garantice las condiciones para las personas defensoras no volveré, mi trabajo ahora está enfocado en otros casos
y en mi protección”.
126
Faces of Dignity
S
ilvia Castillo, from the mountain town of Heliodoro Castillo, did her voluntary service
in the newly founded Guerrero Institute for Human Rights, in 1997. The organization
was created to deal with allegations of abuse committed by the authorities in the
mountains. As most of the complaints came from women, the Institute opened an area
exclusively for them. Some years later, thanks to her commitment, Silvia became the director of
the organization. However, due to the subsequent threats she received, she was forced to leave
Guerrero.
The assumptions that civil society, organizations and institutions held about violence towards women began to change as a result of the analysis and research Silvia and her associates developed. Silvia recalls countless cases, but one in particular remains on her mind. A
woman, from the Petatlán Mountains, reported a sexual violation committed by a police officer.
Her brothers told her not to exaggerate, and her partner, who was a judicial officer, told her she
should forget it ever happened because the rapist was an important man. Despite the warnings,
the young woman filed a complaint. The Public Prosecutor’s Office changed her statement, and
argued that they were simply making it easier for the aggressor to be punished. During the trial,
she testified about the details of the attack and even described some of the man’s tattoos, but
the authorities distrusted her evidence; they did not believe she could remember such details
while she was being raped. On the contrary, the young woman had not forgotten and firmly rejected the idea that all women go into a state of shock. Despite the interrogation, she defended
her position. When the woman asked Silvia for guidance, she was very confused, and Silvia could
not comprehend the degree of impunity within the judicial system. Finally, the judge concluded
that a violation had not taken place and as a result the offender was not punished. The woman
was fearful because she would see her abuser every day in the village where they lived; he
would serve as a constant reminder of what had happened.
Directly after a series of events which were held—in conjunction with other organizations—
to denounce the lack of protection for victims of rape, Silvia observed a police van parked in front
of her house. Days later they called her on her cell phone: “If you continue sticking your nose
where it does not belong we are going after your daughter.” When she hung up, she decided it
was time to leave Guerrero. Silvia reported the harassment, and was certain it was related to a
complaint she filed against an influential man—and his violence towards his wife. But suspicion
is not enough reason for the authorities to act; the most they could do was to summon him to
appear in court and to offer her protective measures.
“One of the reasons that I did not file a public complaint was because I had very serious
family problems.” It was not until she quit as a human rights defender that she realized her body
had already paid the price: she was suffering from insomnia, headaches, and nightmares.
In October 2013, one month after Silvia left Guerrero, they assassinated two human rights
defenders: Juventina Villa and Rocío Mesino, despite the protective measures in place and the
protection from their organizations. “It hurts me not to be there, but until Guerrero heals itself
and guarantees the conditions for human rights defenders I will not return; my work is focused
on other cases and on my own protection.”
127
Faces of Dignity
JORGE
Carrasco Araizaga
Periodista del semanario Proceso
Journalist of the Weekly Magazine Proceso
Ciudad de México
Mexico City
Cuando muere un periodista, la propia idea de
libertad de expresión en un país se ve golpeada.
Jorge pensó en ello de camino a Veracruz para dar
seguimiento al caso de su colega, Regina Martínez,
asesinada el 28 de abril de 2012 en su apartamento,
en medio de un montaje que pretendía simular
un crimen pasional. Refutar la versión oficial de un
gobierno déspota fue sólo el principio.
When a journalist dies, the very idea of freedom
of expression within that country is defeated. Jorge
thought about that on his way to follow up the
case of his colleague, Regina Martínez in Veracruz.
She was assassinated in her apartment on April
28th, 2012, found in the middle of a scene that was
meant to simulate a crime of passion. To refute the
official version of a despotic government was just
the start.
128
129
J
orge Carrasco colabora desde inicios del año 2000 en el semanario Proceso. Cubría los
temas de seguridad y justicia que ya entonces habían incomodado a los gobiernos en
turno. Con el entonces Presidente Felipe Calderón, las agresiones escalaron, el panorama era desalentador con la “guerra contra las drogas” desatada a partir de 2006, pero
nunca creyeron que dentro de los saldos de ese terror se iban a contar tantos periodistas.
La libertad de un país se mide por el respeto del gobierno a las opiniones opuestas. El
gobierno de Calderón no sólo retiró definitivamente el apoyo de publicidad para el semanario,
sino que comenzó a presentar en los medios de comunicación a los narcotraficantes entre armas, droga y ejemplares de Proceso, como un mensaje para sus rivales: “Ellos leen esta revista
porque están de su lado”. Además, desaparecían tirajes completos cuando llegaban a ciertas
regiones, especialmente en Veracruz. El semanario denunció todos los abusos del poder y documentó casos similares, que se contaban por decenas en el país.
Regina Martínez era corresponsal de Proceso en ese estado. En ocasiones, Jorge cubría
notas de seguridad para protegerla del ambiente cada vez más hostil en el que ella debía realizar su actividad periodística. Conforme pasaban los años, ella se tornaba cada vez más silenciosa. Pero nunca cesó su compromiso social y político, era una mujer templada al fuego, daba voz
a los sectores más vulnerables, como las causas indígenas. La realidad de estos casos incomodaba tanto al gobierno como la cobertura sobre el crimen organizado.
La última vez que se encontraron Jorge y Regina, ella le contó que habían estado entrando a su casa a robar objetos sin mucho valor, pero entraban allí, se movían entre sus cosas. “Me
siento vulnerable”, confesó.
Cuando confirmaron el asesinato de Regina, Julio Scherer, director del semanario, y Jorge, junto con otros colaboradores de la revista, acudieron a Veracruz a entrevistarse con el gobernador. Al día siguiente, éste había preparado una reunión excesiva; los recibió con quince
funcionarios aparentemente consternados por la noticia, indignados por la inseguridad y comprometidos con la verdad. Jorge les extendió dos años con publicaciones de Regina en las
que podrían encontrarse algunas líneas de búsqueda. En el esquema de colaboración, él firmó
como agraviado e hizo valer su derecho de convertirse en coadyuvante de la investigación de la
Procuraduría de Veracruz. Jorge podía leer el expediente pero no revelar nada del mismo, sino
hasta que se diera a conocer públicamente.
Un año tardó en conocerse la versión oficial; concluyeron que Regina llevaba una doble
vida y que su pareja, un trabajador sexual, la había asesinado con ayuda de otra persona para
robarle. Cuando el gobierno dio el veredicto, Jorge publicó un texto con todas las irregularidades. Días más tarde se reunió con una de sus fuentes y le dijo: “No sé qué publicó, pero en
el gobierno están molestos. Los funcionarios dijeron que el asunto de Regina ya está resuelto y
usted es el único que no entiende. Quieren localizarlo y llevarlo a Veracruz”. El miedo le oprimió
el pecho y acudió al mecanismo de protección para periodistas; la libertad de expresión y su
pluma comenzaron a ser cautivas del miedo.
130
Faces of Dignity
S
ince early 2000, Jorge Carrasco has worked for the weekly magazine Proceso. He
covered stories on national security and justice, upsetting the government of the day.
The aggression escalated in 2006 when Felipe Calderón became President, as this
marked the beginning of the “war on drugs”. The outlook was bleak, but no one thought
the terror would reach the lives of so many journalists.
The relative freedom within a country is measured by the government’s respect towards opposition. The Calderón government took away advertising support for the weekly
magazine, and the media began to publish images of the drug traffickers amidst arms, drugs
and issues of the magazine to convey the message that the criminals read Proceso because it
was on their side. In addition, complete editions of the magazine disappeared upon arrival in
certain regions, especially in Veracruz. Proceso denounced these abuses of power and documented similar cases that had been reported by dozens of people across the country.
Regina Martínez was a correspondent for Proceso in Veracruz. Occasionally, Jorge would
cover national security news in the region in order to protect her from the increasingly hostile environment in which she had to carry out her journalistic work. As the years went by, she became
more silent, but her social and political commitment never ceased, for she was a strong-willed
woman. She provided a voice to the most vulnerable sectors of society, such as indigenous communities. Those cases were as inconvenient for the government as the coverage on organized
crime.
The last time that Jorge and Regina were together, she told him that people had been
entering her house to rob objects of little value. Nevertheless, they had been entering, and
moving among her belongings. “I feel vulnerable,” she confessed.
When the murder of Regina had been confirmed, Jorge and Julio Scherer, the editor
of the magazine, along with other collaborators, traveled to Veracruz to interview the governor. The governor had prepared an elaborate gathering. Fifteen public officials who seemed
dismayed by the news, angry about the lack of security, and committed to finding the truth,
greeted them. For legal purposes, Jorge was the one who signed as the aggrieved party in the
murder case, and he asserted his right to serve as part of the State’s Attorney Office investigation. He could read the proceedings but not publish anything until they were made public.
A year passed before the official version was uncovered; it concluded that Regina led
a double life and that her partner, a sex worker, had murdered her with the aid of another
person in order to rob her. When the government delivered the verdict, Jorge published an
article with all the irregularities. Days later, he met with one of his sources and this person told
him: “I do not know what you published, but the government is annoyed. The officials said
the Regina case has been resolved and you are the only one who does not understand. They
want to find you and take you to Veracruz.” As he visited the protective service for journalists,
his chest tightened with dread. He was no longer free.
131
Faces of Dignity
HERMELINDA
Tiburcio Cayetano
Integrante de K’inal Antsetik
Member of K’inal Antsetik
El miedo atenazó a Hermelinda cuando vio el cañón de la pistola en su frente. Después escuchó el
sonido metálico del gatillo. Cerró los ojos. Tras un
instante, cuando no escuchó ningún disparo, volvió
a abrirlos y observó al joven confundido que esquivó su mirada y se echó a correr. Entonces, entendió
que su cabeza tenía un precio y había quienes estaban dispuestos a pagarlo.
Face to face with the barrel of the gun, Hermelinda
was frozen with fear. Then, she heard the metallic
sound of the trigger. She closed her eyes. After a moment, she reopened them as she had been waiting
for a shot but had heard nothing. She observed the
confused youth who avoided her gaze, and started
to run. At that moment she understood her body
had a price tag, and there were those who were willing to pay.
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H
ermelinda Tiburcio Cayetano es indígena nasabi o mixteca, de una comunidad llamada Yoloxóchitl, en la región de la Costa Chica de Guerrero. Comenzó su lucha en
1997, en el Consejo Guerrerense 500 años, que buscaba terminar la tala desmedida
de bosques en la región; ella era quien traducía al español. Armados con palos, los
campesinos frenaron por un tiempo la tala de árboles en la montaña, pero miembros del Ejercito mexicano comenzaron a perseguirlos. En la montaña, sin embargo, los talamontes no eran
todo el problema, sino también algunos militares que disponían de las mujeres a su antojo. Ella
denunció la violencia sexual y ahí comenzaron las persecuciones.
Hermelinda, de manera natural, comenzó a proteger los derechos de las mujeres indígenas. Al principio colaboró con las parteras y su función consistía principalmente en ser traductora. Una de las primeras mujeres que acompañó en el hospital le demostró el enorme camino
que tenía delante. La joven estaba sola, el médico le indicó a la enfermera que la colocara nuevamente en la cama sin más explicaciones. Pretendía colocarle un dispositivo intrauterino (diu)
sin su consentimiento. Hermelinda lo impidió: “Dígale qué le van a hacer”, fue su argumento. El
médico, para no hacer más lío, simplemente se fue; ella no pudo evitar pensar en cuántas mujeres estaban solas sin poder entender lo que le harán a su cuerpo.
Las mujeres indígenas han tenido que reescribir su historia y Hermelinda sabe que,
aunque les imparte talleres sobre sus derechos y su cuerpo, la realidad desafía sus lecciones.
En las comunidades donde los usos y costumbres son sólidos como una lápida, no es posible
erradicar los problemas de fondo. Las niñas no van a la escuela, las mujeres se atienden en casa,
fueron criadas para el silencio. Además, las mujeres son madres de hasta doce hijos, porque
los métodos de planificación van contra lo que dicta la ley de Dios. El problema no se resuelve con un diu colocado sin autorización, por el contrario, se trata de hacer un trabajo paulatino
de educación que les permita decidir sobre su cuerpo y exigir que los hombres las respeten.
Cuando comenzó a trabajar formalmente sobre el tema de la reproducción, la Secretaría
de Salud afirmó que ella no tenía la preparación necesaria. Pese a todo, fue pionera en lograr
partos gratuitos y abrió la primera Casa de la Mujer en 2013, un espacio en donde se previene
la violencia de género y se trabaja por la salud sexual y reproductiva de las mujeres. Desde entonces mucho se ha logrado.
Hermelinda es una mujer pequeña, pero de temple fuerte que cuestiona con una voz
aguda, mezclando palabras del mixteco con el español. Ella busca que la justicia no obedezca al
género, la religión o la ideología. Ha denunciado la corrupción en las instituciones y su voz pesa
en las comunidades indígenas, pese a las campañas de criminalización mediante las cuales han
intentado que su imagen pierda valor.
Las amenazas de muerte e intentos de agresión le han permitido forjar un rumbo, que
incluso otras mujeres pueden andar. Decidió ser defensora y si volviera a nacer haría la misma
lucha. Hermelinda es hoy en día una referencia para quienes encuentran en su ejemplo la posibilidad de erguirse dignas.
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Faces of Dignity
H
ermelinda Tiburcio Cayetano belongs to the indigenous group Nasabi (Mixtec), from
a community called Yoloxóchitl, in the region of Costa Chica in Guerrero. In 1997 she
began her struggle as a Spanish translator. This work formed part of the Consejo Guerrerense 500 años, which sought to end the excessive pillaging of forests in the region. Armed with sticks, the farmers managed to stop the chopping of trees in the mountainous
region for some time, but soon enough the Mexican army began to pursue them. However,
there, the illegal lumberjacks were not the only problem. Members of the army treated the
women of the village as they wished. Hermelinda reported an episode of sexual abuse and from
that moment on the harassment started.
Gradually, Hermelinda began to protect the rights of indigenous women. At first she
worked with midwives, mainly as a translator. The long road that lay ahead of her was made
evident with one of her first experiences of accompanying women in hospital. The young woman
was alone, and the doctor told the nurse that she should be returned to her bed without any
explanations. The doctor had intended to fit an intrauterine contraceptive device (iud) into her
womb without her consent. Hermelinda protested against the doctor’s actions: “Tell her what
they are intending to do,” she responded. The doctor decided to leave to avoid the trouble. She
could not help but think of all the women who find themselves alone and without the possibility
of knowing what doctors do to their bodies.
Indigenous women have had to rewrite their history, and Hermelinda knows that even
though she gives them workshops on their rights and their bodies, her lessons are challenged
by a stark reality. In the communities where customs are rock solid it is impossible to eradicate
the root cause of the problems. Girls do not go to school. Women look after the home and are
raised to remain silent. Furthermore, women are mothers of up to twelve children because family planning goes against the laws of God. The problem is not solved by inserting an iud
without permission; rather, it involves working gradually to educate young girls and women to
enable them to make their own decisions about their bodies and demand respect from men.
When she started to work formally in the field of reproduction, the Secretary of Health
argued that she lacked the necessary experience. Despite this, she became a pioneer by
establishing a system of free child delivery. Furthermore, in 2013 she opened the first “Woman’s
House”, a space where gender violence is prevented and work is dedicated to improving
women’s sexual and reproductive health. Since then she has achieved a great deal.
Hermelinda is a small but courageous woman who questions the status quo with a highpitched voice, blending words in Mixtec with words in Spanish. She seeks to achieve justice
despite gender, religion, or ideology. She has reported corruption within the institutions in
which she has worked. Despite the campaigns of criminalization that have tried to devalue her
image by offering money in the hope that people won’t support her, her voice carries enormous
weight within indigenous communities.
Death threats and attempted assaults have helped her forge a path that other women can
also take. She decided to be a human rights defender and if she were born again she would
dedicate herself to the same profession. Today Hermelinda is an example that standing up for
what we believe in is a real possibility.
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Faces of Dignity
SARA
Bartolo López
Member of the Popular Assembly of the
Juchiteco People (appj)
Un día, los pescadores de Juchitán, Oaxaca, no pudieron pescar más, y no fue por un fenómeno natural o por falta de herramientas. No pudieron entrar
al mar, porque la empresa trasnacional que estaba
colocando los generadores eólicos les prohibió pasar a pescar. Al principio, los rumores eran variados,
y las personas no sabían qué creer, sólo entendían
que la tierra, el agua y el viento ahora tenían dueño.
La Asamblea Popular del Pueblo Juchiteco (appj),
de la que Sara es miembro, comenzó a buscar alternativas sin saber que arriesgaba su vida.
One day, the fishermen of Juchitán, Oaxaca,
were unable to fish, and it was not because of a
natural phenomenon or a lack of tools. They had
been prohibited from fishing in the ocean by a
transnational company. At first, the rumors varied,
and nobody knew what to believe; however, what
they did know was that the land, water, and wind
now had an owner. The Popular Assembly of the
Juchiteco People (appj), of which Sara is a member,
began to seek alternatives without knowing that
they were putting their lives at risk.
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S
ara Bartolo López y sus compañeros vieron que eran suficientes para cerrar la carretera a Playa Vicente e impedir el paso a quienes pretendían construir un proyecto eólico
sin autorización de la comunidad. Convocaron a una reunión general, el 20 de febrero
2013, en la que estuvo presente Radio Totopo, y allí decidieron formar la appj. El lunes
25 del mismo mes, las campanas de la capilla de Santa Cruz de los Pescadores llamaron a misa a
las cinco de la mañana. Llegaron campesinos, pescadores, amas de casa, estudiantes, maestros,
albañiles; el pueblo junto desfiló hacia la carretera.
Ellos querían hablar con la empresa, pero esta tenía otros planes. A finales de marzo, justo
un mes después del bloqueo de la carretera, llegaron 140 policías y exhibieron su indumentaria: escudos antimotines, toletes y cascos. Cuando sonaron disparos al aire y el ambiente se
enrareció con los gases lacrimógenos, la policía no pensó que los campesinos responderían.
“Agarré palos y le dije a mi esposo y a otras personas: ‘¡Vámonos a donde topemos, ahí nos
vamos a morir, o nos matan!’ Puras amenazas, no queremos vivir con miedo”.
La zona comenzó a pintarse de rojo, la población despertaba sobresaltada al escuchar
los balazos lejanos y, más tarde, llegaban las noticias de las personas afectadas. Así sucedió
con el padre de Sara, quien fue baleado. Los rumores se esparcían. La estrategia de la empresa
comenzaba identificando a quienes habían estado en la protesta, después —con ayuda de su
fuerza de choque—, intimidaban directamente. “Me mandaron un papel, decía que me fuera o
me iban a dar en donde me doliera, pensé en mis hijos, porque a mí, que me maten, yo nací
para morir. Pero que no vayan a tocarlos, son lo más preciado que tengo”.
En agosto de ese año, Sara fue a ver el terreno de su padre, porque con los generadores
de la región, el agua se había acumulado e inundaba los terrenos y era preciso hacer canales. Ella y su familia caminaban por los terrenos cuando vieron tres camionetas y escucharon
los balazos: “¿Qué hacen aquí?”, les gritó uno, al tiempo que apuntaba el arma hacia el grupo.
Sara les explicó que los terrenos eran de su padre, pero los otros seguían apuntando, e incluso uno desenfundó un cuchillo. “Mátame”, le dijo Sara al hombre mientras se armaba con un
palo. Sara es gruesa y altiva, habla levantando la cabeza y no teme. “Mátame”, repitió ella al tipo
que sostenía el cuchillo. Al final los hombres se replegaron y se fueron.
“Nosotros estamos defendiendo el futuro de nuestros hijos, queremos que dejen libre
el mar, para que lo podamos trabajar los pobres. Si no tengo dinero, ahorita mi esposo sale a
pescar. Juntamos la leña y frutas y siempre hay maíz”. En Juchitán no conocen el hambre, saben
que la tierra les entrega sus riquezas, sin embargo, la urbanización elimina lo que estorba, los
árboles por ejemplo, ¿de dónde saldrá la leña entonces? La tierra cubierta de cemento no será
una milpa. La gente de Juchitán ve en el movimiento de las aspas eólicas un viento de muerte
que asesina a los pájaros. Las aspas arrebatan lo que esta comunidad tranquila considera vida.
El paisaje es otro y ellos, habitantes milenarios de la región, no quisieran tener como única alternativa resignarse.
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Faces of Dignity
S
ara Bartolo López and other members of her village decided that, together, they would
be able to close the highway to Playa Vicente. This way, they would prevent the company, who was proposing to construct a wind-energy project without the community’s
authorization, from crossing their land. They convened a general meeting on February
20th, 2013 at which Radio Totopo was present, and there they decided to form the appj. On Monday 25th of the same month, the chapel bells of Santa Cruz de los Pescadores called the village
to mass at five in the morning. Together, farmers, fishermen, housewives, students, teachers, and
bricklayers marched toward the highway.
The organization planned to speak to company representatives, but the firm had other
plans. At the end of March, exactly one month after the group had blocked the highway, 140
policemen arrived armed with anti-riot shields, clubs, and helmets. When shots were fired and
the atmosphere filled with tear gas, the police did not expect the people to defend themselves.
“I grabbed sticks and said to my husband and to others: ‘We have to go and get them, we will
either die here or they will kill us.’ We were being threatened. We had decided that we did not
want to live in fear any longer.”
The area began to be painted red. The town was alarmed at the sound of distant gunshots;
later, news of the affected people arrived. One of them was Sara’s father, who was shot. The rumors spread. The company’s strategy was to identify those who had participated in the protest
and then—with the help of their riot squad—intimidate the individuals directly. “They sent me a
note saying that if I refused to stop what I was doing they were going to hit me where it hurt. I
thought of my children, because if they killed me, well, I was born to die, but there was no way
they were going to harm my children. They are my life.”
In August of that year, Sara visited her father’s land. The generators placed in the region
had accumulated vast amounts of water and flooded the fields, and so they were forced to dig
canals. Sara and her family were walking through the property when they saw three trucks and
heard gunshots: “What are you doing here?” one man shouted at them. At the same time, he
aimed his gun at the group. Sara explained that the land was her father’s, but they continued
to point their guns at them, and one man pulled a knife out. “Kill me,” Sara told the man, as she
armed herself with a stick. Sara is tall, bulky and fearless. “Kill me,” she repeated to the man who
held the knife. In the end, the men withdrew and left.
“We are defending our children’s future, we want the sea to be left alone so that poor
people can use it to fish. If we don’t have money, my husband goes out to fish. We gather wood
and fruit, and there is always corn.” In Juchitán, they do not go hungry; they are well aware that
the land is their source of wealth, but urbanization eliminates that which gets in its way, trees, for
example. So where will the firewood come from? Corn cannot grow on land covered in cement.
For the people of Juchitán, the wind turbine blades represent the death of birds. The blades take
away the life of this tranquil community. The landscape is no longer the same, and its inhabitants
who have lived there for generations refuse to accept that their only option is to give up.
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Faces of Dignity
RAÚL
Ramírez Baena
Director ejecutivo de la Comisión Ciudadana
de Derechos Humanos del Noroeste (ccdh)
Executive Director of the Citizen’s Committee
for Human Rights of the Northeast (ccdh)
A Raúl lo despertó su celular la madrugada del 14
de febrero de 2013: “Se llevaron a mi hermano
los militares”, escuchó y, seguidamente, la llamada
se cortó. Era uno de los hermanos Ruiz. Raúl intentó comunicarse para conocer más detalles sin éxito,
hasta que, ya entrada la mañana, una voz metálica
contestó: “Si te sigues metiendo, vamos por ti”.
On the morning of February 14th, 2013, Raúl received a phone call from one of the Ruiz brothers.
He was calling to ask Raúl for help as the army had
taken away his brother. Hours later, Raúl called the
number back and the voice on the other end told
him: “If you continue interfering, we are coming after you.”
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E
n los ochenta, donde hoy se levanta la zona exclusiva de Santa Fe, en la Ciudad de México, había un basurero. Se alzaban cuartos donde familias enteras se hacinaban. Ahí
surgió una pandilla que agrupó a más de quinientos jóvenes, Los Panchitos. Raúl había
trabajado en su barrio y no tardó en formar a estos jóvenes como promotores de paz y
activistas del Consejo Popular Juvenil.
Tras una década de compromiso social y atraído por el fenómeno migratorio, Raúl llegó a
Tijuana a finales de los ochenta. Comenzó su trabajo en el Centro Scalabrini, donde buscaban
garantizar el trato digno en las estaciones migratorias. Entre 1996 y 1997, Raúl y otros activistas
colocaron en el muro fronterizo más grande del mundo —que divide a Tijuana y San Diego—,
una cruz por cada persona migrante muerta, registrada hasta octubre de 1994. El impacto de la
acción originó una reflexión nacional respecto a la situación de los migrantes. Por ese tiempo,
en la frontera norte, la violencia no tomaba la magnitud sanguinaria que el crimen organizado y
la militarización del país dieron años después.
Con el nuevo milenio, Raúl fue nombrado titular de la Procuraduría de Derechos Humanos
de Baja California hasta el 2003, año en el que creó con otros compañeros la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste.
La guerra contra el narcotráfico sorprendió por su brutalidad. En 2007, el gobierno federal puso en marcha el Operativo Conjunto Tijuana. Elementos del ejército montaban retenes
en las carreteras y sin una identificación visible detenían a quien se cruzaba. En el puerto de San
Felipe, doscientos kilómetros al sur de Mexicali y muy cerca del desierto, existe un cuartel militar
que pronto fue reconocido por la ejecución extrajudicial de Guillermo Audelo, un pescador. En
esa región, los militares demostraron que la ley se escribe con sus armas: a los detenidos les
sembraban droga y les imputaban cargos que no podían probar.
Guillermo escapaba del ejército después de haber discutido con un militar que acosaba
a su esposa. El 17 de mayo de 2012, descansaba en un cuarto de hotel junto a los hermanos
Ruiz, quienes lo ayudaban y le daban trabajo como mecánico para que pudiera sobrevivir. Los
tres hombres, refugiados en el hotel, fueron sorprendidos por los soldados en la madrugada. La versión oficial contó que los militares —advertidos por una llamada anónima— acudieron
a revisar el hotel. Cuando uno de ellos entró al baño, Guillermo salió de su escondite bajo la
cama y le disparó, el uniformado, en defensa, le asestó un tiro mortal. El testimonio de los hermanos Ruiz contradecía esa versión. El pescador fue acusado de narcotráfico; los hermanos Ruiz
no sólo fueron torturados y acusados del mismo delito —uno de ellos incluso permaneció en
prisión durante diez meses—, sino que el acoso comenzó a afectar a más miembros de su familia.
Raúl estudió los patrones violentos de droga, armas, tortura y encarcelamiento. El caso
de Guillermo y los hermanos Ruiz era sólo la punta del iceberg del contexto de crímenes y prepotencia. Raúl ha hecho un trabajo fundamental en la documentación de las violaciones a los
derechos humanos; gracias a su compromiso, no sólo ha liberado a muchas personas, sino que
se ha convertido en un bastión de justicia al que recurren.
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Faces of Dignity
I
n the 1980s Santa Fe in Mexico City, a place now known for its exclusivity, used to be considered a wasteland. Rooms were built in which entire families were crowded together. In that
forgotten place, a gang of over five hundred youths formed, called Los Panchitos. Raúl had
worked in the neighborhood before and it did not take long for him to look for alternatives
for the youngsters. He trained young activists from the Consejo Popular Juvenil to actively promote peace.
After a decade of social commitment, Raúl became interested in the recent migrant phenomenon taking place in Tijuana and therefore decided to move there at the end of the 1980s.
He began working at the Scalabrini Center, an organization which sought to guarantee dignified
treatment in the migrant shelters. Between 1996 and 1997, Raúl and other activists organized
a protest in which they placed a cross for each dead migrant, registered from October 1994,
on the world’s largest border—dividing Tijuana and San Diego. The impact of the action was
impressive; it sparked a national debate on the condition of migrants. During that time, the
violence on the northern border had not reached the magnitude it would later reach due to
the surge in organized crime and the militarization of the country.
In the year 2000, Raúl was named the Human Rights Ombudsman of Baja California up
to 2003, the year in which he and other colleagues created the Citizen’s Committee for Human
Rights of the Northeast.
The war on drug trafficking was astonishingly brutal. In 2007 the federal government implemented Operation Tijuana through which members of the army set up roadblocks on highways and stopped anyone who drove passed. In the port of San Felipe, two hundred kilometers
to the south of Mexicali near the desert, members of the military were found responsible for the
extrajudicial execution of Guillermo Audelo, a fisherman. In that region, the armed forces proved
that they control the law: they planted drugs on people they detained and charged them with
crimes they could not prove.
Guillermo escaped from the army because he had fought with a soldier who had been
harassing his wife. On May 17th, 2012, the fisherman was resting in his hotel room with the Ruiz
brothers. They had helped Guillermo by giving him work as a mechanic, to ensure he could
get by. Soldiers surprised the three men who were taking refuge in the hotel, and tortured the
brothers. Guillermo was assassinated. The official version stated that the army arrived at the hotel alerted by an anonymous call. When the soldier entered the bathroom of their hotel room,
Guillermo came out of his hiding place from under the bed and shot at the soldier. The soldier, in
defense, responded with a shot that killed him. The brother’s testimony contradicted this official
version. The fisherman was accused of being a drug trafficker. The Ruiz brothers were not only
tortured and accused of the same crime—one of them was incarcerated for ten months—but the
abuse was also directed at their family.
Raúl studied the violent patterns of drugs, arms, torture, and arrest. The case of Guillermo
and the Ruiz brothers was just the tip of the iceberg in terms of crimes and abuses of power.
Raúl has done essential work on the documentation of human rights violations; his voice carries
weight. He is considered an important figure in the promotion of the human rights of those who
live in these problematic areas.
143
Faces of Dignity
YÉSICA
Sánchez Maya
Directora adjunta de Consorcio para el Diálogo
y la Equidad Oaxaca (Consorcio Oaxaca)
Deputy Director of the Committee for Dialogue
and Equity Oaxaca (Consorcio Oaxaca)
Yésica recibió los papeles que le extendió el agente: “Te los entrego para tu defensa”. Fue así como
se dio cuenta de que no se trataba del expediente
del caso que tenía entre manos, sino de una orden
de aprehensión en su contra, que la señalaba como
instigadora de un grupo de mujeres que había tomado la televisora estatal de Oaxaca el primero de
agosto de 2006.
The agent handed Yésica some documents: “I am
giving these to you to help with your legal defense.”
This was the moment Yésica found out that she was
involved in two cases; these papers did not relate to
the case she had been working on, instead she was
going to need them to defend herself against an
arrest warrant that had been filed against her. She
had been accused of instigating the occupation, by
a group of women, of the state television offices in
Oaxaca on August 1st of 2006.
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E
l mundo que se muestra en la escuela es minúsculo cuando la realidad se manifiesta en
imágenes de cuerpos torturados. Los libros se quedan pequeños para retratar los testimonios de las víctimas. Lo supo Yésica y no se cruzó de brazos.
Hacia 1998, Yésica Sánchez se acercó por primera vez a los derechos humanos, en un
despacho de asesoría jurídica a comunidades indígenas, criminalizadas cuando protestaban
contra las injusticias. En 2003, tomó el cargo de presidenta de la Liga Mexicana de Defensa de
los Derechos Humanos (Limeddh), en Oaxaca, actividad que desempeñó durante cinco años.
Entonces era una mujer de apenas 31 años, con el pelo prematuramente cano y vestida siempre
con blusas de bordados oaxaqueños.
En 2006, cuando comenzó el conflicto magisterial en Oaxaca, su labor como defensora
de derechos humanos tomó otra dimensión. La ciudad estaba sumida en el desconcierto, la
gente deambulaba buscando a sus familiares.
Yésica entraba y salía de todas las oficinas del ministerio público y hospitales preguntando por un compañero detenido. Entre la confusión, una mujer pequeña que cargaba a un niño
la abordó para pedirle ayuda: “No encuentro a mi marido, ya busqué en todos lados”. Yésica
hizo acopio de valor y decidió acompañarla hasta localizarlo. Así fue como llegaron a la cárcel
de Ejutla, a media hora de la ciudad, en donde se encontraba el joven, irreconocible por los
golpes y con el cabello quemado.
Yésica fue documentando con rigor los casos de tortura; cada nueva pesquisa revelaba
los niveles de violencia a los que se enfrentaba.
A finales de 2006, Yésica fue acusada de despojo agravado contra la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión. “No le quería hablar a mi mamá para decirle que me podían meter
a la cárcel, no lo iba a hacer porque entonces era como aceptar que yo había cometido algún
crimen, que yo era como ellos”. Con el expediente en sus manos, Yésica decidió comenzar un
plan para que la Limeddh pudiera seguir con sus actividades. Esperó a que el gobierno intentara presentar pruebas para encarcelarla, sin embargo, nunca lo hizo.
En una de sus visitas al penal de Nayarit, donde se encontraban las mujeres detenidas
durante el conflicto en Oaxaca, se corrió el rumor de que la orden de aprehensión en su contra
había sido liberada. Mientras Yésica tomaba testimonios de las reclusas, afuera, sus compañeros
estaban convencidos de que ya no la dejarían salir de allí. Había llegado al límite, absorta en
buscar justicia para estas mujeres con el pelo rapado, humilladas, golpeadas, y no había sido
consciente de su seguridad. “No me di tiempo de llorar ni de pensar, decidí seguir sin volver la
vista atrás”.
Resolvió hacer un alto, pensó en su familia y aceptó una beca de tres meses para estudiar
en Costa Rica donde se concentró en su hija y en ella. A su regreso se integró en la organización
feminista Consorcio Oaxaca, con la que retomó, a través de casos de feminicidio y violencia
hacia las mujeres, el trabajo activo hacia la defensa de los derechos humanos. Como entonces,
sigue sin volver la vista atrás.
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Faces of Dignity
W
e are not taught the whole truth at school. Tortured bodies teach us that the reality
of our world is far more complex than we are told. Books are too small to describe
a victim’s testimony. Yésica knew this. She refused to sit back and do nothing.
Yésica Sánchez came across human rights’ activism for the first time in 1998, in
a legal adviser’s office created especially for indigenous communities who had been criminalized for protesting against injustice. In 2003, she became the president of the Liga Mexicana
de Defensa de los Derechos Humanos (Limeddh), in Oaxaca, and stayed in that role for five
years. At that time she was only 31 years old. She had graying hair and always wore hand-made
Oaxacan blouses.
In 2006, when the teachers’ conflict began in Oaxaca, her work as a human rights defender
took a turn. The city was plunged into disorder as people searched for their family members.
Yésica visited the Public Prosecutor’s Offices and the city’s hospitals to ask about the
whereabouts of a detained colleague. Among the confusion, a short woman carrying a child
approached Yésica and asked her for help: “I cannot find my husband; I have looked for him
everywhere.” Yésica made use of her courage and decided to help this woman in the search of
her husband. Eventually, they found him. He had been jailed in Ejutla, half an hour away from the
city. The young man was unrecognizable from the beatings and his burnt hair.
Yésica documented each torture case she came across. Her investigations exposed the
levels of violence she was facing.
Towards the end of 2006, Yésica was accused of dispossession of the Oaxacan Radio and
Television Corporation Offices. “I did not want to tell my mother that I could be sent to jail. Had
I told her, it would have been like criminalizing my own actions, as if I was like them.” With the
case file in her hands, Yésica decided to plan how Limeddh could continue its work. She waited
for the government to present evidence against her. However, this never came to fruition.
On one of her visits to a jail in Nayarit where many women involved in the conflict had been
jailed, she heard a rumor about her arrest warrant being issued. While Yésica was gathering
testimonies from the prisoners, her colleagues on the outside were convinced she would not
be allowed to leave the prison. She had reached her time limit. She was so absorbed in seeking
justice for the humiliated, beaten woman, that she had not thought about her own safety. “I did
not have time to cry or think; I decided to carry on and not look back.”
She then decided to take a break and to dedicate time to her family. She accepted a
three-month scholarship to study in Costa Rica. She used this time to focus on her daughter and
herself. When she returned, she joined the feminist organization Consorcio Oaxaca. She once
again ignited her active role in the defense of human rights by working on the organization’s
cases of femicide and violence toward women. As always, she keeps going without looking back.
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Faces of Dignity
NORMA
Mesino Mesino
Líder de la Organización Campesina
de la Sierra del Sur (ocss)
Leader of the Peasant Organization
of the Southern Sierra (ocss)
Norma leía el periódico con las noticias del huracán
que había causado daños en la costa de Guerrero.
Las mujeres en la cocina preparaban alimentos y su
hermana Rocío los distribuía con diligencia. Un tipo
se acercó a preguntar si podría atravesar el puente
con su motocicleta. “No hay puente, déjala aquí, yo
te la cuido”, le dijo Rocío antes de que el hombre le
apuntara con un arma.
While reading the newspaper, Norma learned
about the hurricane that had damaged parts of
the Guerrero coast. Women were in the kitchen
preparing food and her sister Rocío was serving.
A man approached Rocío to ask about whether he
could drive his motorcycle over the bridge. “Leave
it here, I’ll take care of it,” Rocío assured him, before
the man pointed a gun at her.
148
149
N
orma sonríe con melancolía. Su mirada cuenta la historia de lucha de varias generaciones. La familia Mesino fundó en 1994 la Organización Campesina de la Sierra del
Sur (ocss) como respuesta a la falta de apoyo del gobierno a las comunidades de la
sierra de Guerrero. Aquellos pueblos distantes eran constantemente ultrajados y los
territorios devastados por los talamontes. “La organización siempre fue vista como radical, por
eso nos criminalizan”, cuenta Norma indignada.
En 1995 desapareció uno de los fundadores de la ocss. La organización se movilizó para
exigir su presentación con vida. Como respuesta, el 28 de junio, policías del estado masacraron
a diecisiete personas e hirieron a veintitrés en Aguas Blancas. Como justificación, la televisión
presentó un video editado que mostró a indígenas furiosos atacando a policías.
La indignación y la rabia hicieron que la organización dejara de lado, por un momento,
las demandas sociales de educación, territorio y vivienda, para centrarse en asuntos políticos. El
gobierno comenzó a castigar a los dirigentes de la ocss.
Ese mismo año, Hilario Mesino, padre de Norma, fue encarcelado por sedición, sabotaje
y rebelión. Durante el año que estuvo preso, sus hijas, Rocío, entonces de dieciocho años, y
Norma, de veintidós, se pusieron al frente de la ocss y siguieron buscando justicia por las víctimas de la masacre de Aguas Blancas. A pesar de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación
concluyó que sí hubieron violaciones graves a los derechos humanos y determinó la responsabilidad del entonces gobernador del estado de Guerrero, no existió reparación del daño. Encarcelaron a algunos policías, pero fueron liberados. La impunidad de esta masacre es hoy parte de
la historia de un Guerrero herido. Tras la liberación de Hilario, encarcelaron a otro dirigente, lo
que determinó el inicio de una persecución abierta contra quienes formaban parte de la ocss.
Las demandas de la ocss afectan a grupos paramilitares, a caciques del estado y al gobierno. Entre los miembros de la organización existe el terror de saberse frágiles ante tantas
amenazas. Cada vez que alguno de ellos denunciaba la tala clandestina, quienes veían afectados sus intereses respondían con la muerte. En 2005, el hermano de Norma, Miguel Ángel, fue
asesinado a balazos con una ak-47 en pleno centro de Atoyac. Rocío, más fuerte que nunca,
exigió justicia por los crímenes que no dejaban de aumentar. La gente de las comunidades la
respetaba y la seguía, y cada vez más personas se sumaban al movimiento.
En octubre de 2013, mientras Rocío ayudaba a la población de Guerrero a reconstruir los
puentes que los huracanes habían destrozado, el hombre que le pidió ayuda para cruzar con su
motocicleta fue su verdugo. Le disparó a quemarropa, letalmente. Norma dejó de leer el periódico y se abalanzó en ayuda de su hermana, pero nada podía hacer.
Después del asesinato de Rocío, Norma siguió con el movimiento. Ahora no sólo busca justicia para una comunidad golpeada, sino también para su familia que muere asesinada
por sicarios que obedecen al mejor postor. “Éramos ocho hermanos, una hermana falleció por
muerte natural”, dice Norma al recordar a su familia. “Parece que desean desaparecer nuestro
nombre, como si así pudieran frenar la justicia que pedimos”.
150
Faces of Dignity
N
orma smiles sadly. Her gaze tells the story of an entire family’s struggle. In 1994, the
Mesino family founded the Peasant Organization of the Southern Sierra (ocss) as an
answer to the government’s lack of support for the communities in the Guerrero Mountains. Those people were constantly attacked and their lands devastated by illegal
loggers. “The organization has always been seen as radical, and for that reason they criminalize
us,” Norma says indignantly. In her case, the government has acted with impunity.
In 1995 one of the founders of the ocss disappeared. Immediately, the organization mobilized to demand he be found, alive. In response to this protest, on June 28th, state police officers
massacred seventeen people and wounded twenty three in Aguas Blancas. A video showing
furious indigenous groups attacking the police was publicized on television as a justification of
the massacre.
Anger and rage forced the organization to sideline their social demands, education, land,
and livelihood, in order to concentrate on political affairs. The government began to punish the
leaders of the ocss.
That same year, Norma’s father Hilario Mesino, was imprisoned for sedition, sabotage, and
rebellion. During that time, his daughters Rocío, then aged eighteen, and Norma twenty two,
became the directors of the organization and continued to seek justice for the victims of the
Aguas Blancas massacre. Despite the conclusion of the Supreme Court stating serious human
rights violations and the responsibility of the governor of Guerrero at the time, compensation for
damages was not rewarded. A few policemen were jailed, but they were consequently freed. Today, the impunity of the massacre forms part of Guerrero’s dark history. Immediately after Hilario
was released, another director of the ocss was imprisoned, sparking the beginning of an open
persecution of those who formed part of the ocss.
The ocss’s demands directly threaten paramilitary groups, heads of state, and the government. Members of the organization are frozen by fear, in the face of never-ending threats. Each
time illegal logging was reported, those whose interests were affected responded with murder.
In 2005 Norma’s brother, Miguel Ángel, was shot dead with an ak-47 in broad daylight in
downtown Atoyac. Rocío, stronger than ever, demanded justice for the escalating crime affecting
the ocss. Norma was deeply respected by her community, and more and more people joined the
movement.
In October 2013 while Rocío was helping rebuild bridges destroyed by hurricanes in the
town of Guerrero, the man who asked for her help with his motorcycle was, in actual fact, her
executioner. Rocío was shot dead at point-blank range. Norma stopped reading the newspaper
and rushed to her sister’s side, but there was nothing she could do.
After her sister’s murder, Norma continues her fight. Now, not only does she seek justice
for her community, but also for her family who have been killed by assassins, obeying those who
offer them money. “We were eight siblings; one sister died of natural causes,” Norma says, remembering her family. “It seems that they want to erase our name, as if that way they could put
a halt to the justice we demand.”
151
Faces of Dignity
APOLONIA
Plácido Valerio
Coordinadora de la Casa de la Mujer Indígena
Nellys Palomo Sánchez
Coordinator of the House of the Indigenous
Woman Nellys Palomo Sánchez
San Luis Acatlán, Guerrero
San Luis Acatlán, Guerrero
Con una mirada sencilla y una sonrisa franca, Apolonia busca las palabras para explicar la mortalidad
materna. Respira profundo y dice: “Es cuando las
mujeres no se acercan al hospital, desde su casa se
atienden y no quieren ver al doctor por miedo, porque no tienen información, porque no pueden expresarse y por la mala atención que les da el servicio
de salud. Prefieren morirse en su casa y no llegar al
hospital”. Apolonia permanece callada y pensativa,
intenta ordenar esas historias que ha visto repetirse
durante tantos años.
With a simple gaze and candid smile, Apolonia
tries to find the words to explain maternal mortality.
She takes a deep breath and says: “It often occurs
when women do not go to hospital and instead treat
themselves at home, as they do not want to be seen
by a doctor. They are afraid because they lack information, they cannot express themselves, and due
to the fact that they have received poor care from
health services in the past. They would rather die at
home than go to hospital.” Apolonia remains silent
and thoughtful. She tries to contemplate all the stories she has accumulated over so many years.
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A
Faces of Dignity
A
polonia viste un huipil de bordados coloridos, trabaja en la Casa de la Mujer Indígena
Nellys Palomo Sánchez desde que fue construida en 2011. La Casa se encuentra en
San Luis Acatlán, Guerrero, un municipio que abarca varias comunidades indígenas.
Llegar a ese lugar implica un largo recorrido que transcurre entre camiones y transporte colectivo bajo el clima cálido de la Costa Chica. En realidad, Apolonia se encuentra en
un sitio privilegiado para las mujeres que llegan de la montaña, quienes pueden acceder a los
servicios que ahí ofrecen de forma gratuita. Cuentan con parteras y promotoras tlapanecas y
mixtecas pendientes día y noche de atender a las mujeres embarazadas. La tradición se mezcla
con la vida cotidiana; los pétalos violeta de la fumaria se secan sobre paños de tela y el eneldo
remojado aromatiza el ambiente, remedios tradicionales que conserva la montaña.
Cuando una mujer se acerca, no importa si es indígena o mestiza, se le da atención integral, médica, legal y de acompañamiento. Las parteras tienen una función protagónica, ellas son
quienes, al palpar un feto, saben si existirán complicaciones en el parto. Es entonces cuando
Apolonia y las demás integrantes de la casa acompañan a la mujer al hospital para que un médico se encargue de su caso.
Las políticas de salud se han centrado en evitar los embarazos en vez de en informar a las
mujeres sobre lo que harán con su cuerpo. La Casa de la Mujer es un puente entre la información y el derecho. No pueden decidir sobre el cuerpo de una mujer ni colocarle un dispositivo
intrauterino sin proporcionarle la información debida. Ellas garantizan que eso suceda. Además
de trabajar sobre temas de salud, dan asesorías para que las mujeres puedan encarar la violencia intrafamiliar. Las acompañan a los tribunales, les enseñan el proceso para poner una demanda o incluso les ayudan a tramitar un divorcio.
Ya sea que las mujeres acudan a la casa o que Apolonia y su equipo se trasladen a las
comunidades más apartadas, los talleres se vuelven un momento festivo donde el buen ánimo
impera y las mujeres salen motivadas. Cuando ellas comenzaron a empoderarse, rompieron
tradiciones enraizadas como el sometimiento mudo.
“Es el mismo país y parece que son tantos”, dice Apolonia mientras cruza el camino para
llegar a su oficina. Puede soportar las agresiones de los maridos, la presión de las comunidades,
pero lo que le deja una profunda desazón es saber que otras mujeres pueden ser quienes la ataquen, le reclamen o la culpen. En esos momentos, la tranquilidad que muestra cotidianamente
desaparece.
Apolonia se inclina en el piso para dibujar con una niña pequeña que sonríe. “Desde la
raíz hay que saber de derechos”, eso dice, al tiempo que colorean un sólido árbol de encino.
polonia wears a huipil with colorful embroidery; she has worked in the House of the
Indigenous Woman Nellys Palomo Sánchez since it was built in 2011. The House is
located in San Luis Acatlán, Guerrero, a municipality which is inhabited by various
indigenous communities. The journey to the village is long and involves taking various coaches and buses in the heat of Costa Chica. Apolonia acknowledges that the House is an
extraordinary place, one that allows women from the mountains to receive free access to health
services. Among the services offered, Tlapanecan and Mixtecan midwives and health promoters
are available 24/7 to assist pregnant women. Traditional values are combined with everyday life;
violet petals of the fumaria plant are dried on pieces of cloth and the scent of soaked dill fills the
air, both traditional remedies preserved in the mountainous regions of Guerrero.
When a woman arrives, regardless of whether she is indigenous or not, she is offered
support and complete medical and legal care. The midwives play a leading role, for they are the
ones who, on feeling the fetus, know if there will be any complications during the delivery. Then
Apolonia and other members of the House take the women to hospital where a doctor takes
charge of the patient’s case.
Health policies have focused on the prevention of pregnancies instead of informing
women on how to look after their bodies. The House of the Indigenous Woman acts as a bridge
between information and rights. Decisions regarding a woman’s body, like the insertion of an
intrauterine device, cannot be made without providing the patient with the necessary information. Members of the House guarantee this support. In addition to providing health services,
members provide consultations for victims of domestic violence to help them with their cases.
They accompany women to court, teach them how to file a complaint, and even assist them in
filing a divorce.
Whether workshops are held in the House or in a remote community, Apolonia and her
team are always full of positive energy. The women leave feeling motivated. When these women
began to empower themselves, they broke away from their rooted traditions such as the custom
of silent submission.
“It is as if there are many different countries within the same nation,” says Apolonia as she
crosses the road to her office. She can endure male aggression towards women and the pressure put on communities, but what leaves her deeply anxious is the knowledge that there are
women who attack her, protest against her, and blame her. In those moments, the peace she
radiates daily disappears.
Apolonia crouches down on the floor to draw with a smiling young girl. As they color in a
solid oak tree, Apolonia says, “One should know their rights from a very young age.”
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Faces of Dignity
ELISEO
Sandoval Cabrera
Integrante del Comité Pro Defensa del
Parque Benito Juárez
Member of the Committee for the
Defense of Benito Juárez Park
Esa tarde, en el parque, los jóvenes de la preparatoria cumplían con su tarea de ciencias naturales:
crear conciencia ambiental. Un policía se acercó a
ellos para echarlos del lugar. Eliseo miró la escena
desde la carpa en la que llevaba acampando desde
hacía varios meses como protesta para salvar el parque Benito Juárez. Los policías echaron a Eliseo a
empellones e intentaron romper su cámara fotográfica. Tanto alboroto consiguió que se acercaran más
policías y lo llevaran al ministerio público, donde
fue encarcelado bajo el cargo de interferir contra
la autoridad.
That afternoon, high school students had gone to
the park to complete their natural science assignment: to develop environmental consciousness.
A police officer forced them to leave the park. Eliseo
watched the scene from his tent. He had been
camping in protest for months, to save Benito Juárez
Park. The police forcefully pushed Eliseo and tried
to break his camera. The disturbance attracted more
police officers and Eliseo was taken away to the Public
Prosecutor’s Office. He was jailed and charged with
interfering with authority.
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157
E
liseo Sandoval, junto a otros compañeros, creó en Tijuana, Baja California, el Comité Pro
Defensa del Parque Benito Juárez. En esa zona crecieron sus hijos y ahí aprendieron a
andar en bicicleta, como muchos otros vecinos. El área no es el más lujoso de Tijuana,
sin embargo, es un lugar comunicado y con muchas ventajas de acceso debido a su
cercanía con el centro. Para la gente sencilla que vive en las proximidades, es un espacio de
encuentro para crear lazos comunitarios.
A finales de 2009 se anunció el proyecto Zócalo 11 de Julio con una inversión de 1,200
millones de pesos. Con el apoyo de inversionistas locales y nacionales, los intereses privados
fueron privilegiados sobre proyectos para el bien de la población. Eliseo investigó sobre la
construcción y se percató de muchas irregularidades: “Defendemos el parque y lo hacemos
por la salud, por la vida, por el esparcimiento, por la recreación, por todo lo que nos brinda un
árbol”. No pasó mucho tiempo para que se sumaran a la causa arquitectos e ingenieros que les
entregaron documentos en los que explicaban las implicaciones del desarrollo urbano. Poco
después, un abogado los acompañó en el proceso legal para levantar la demanda.
El Comité se quedó en el parque durante dos años. Las tiendas de campaña pretendían
ser un obstáculo para que la excavadora no arrancara los árboles y los abandonara a un lado
del camino.
La protesta de estos ciudadanos corrientes que buscaban una vida mejor para la comunidad comenzó a captar la atención de los medios de comunicación nacionales. Esto dio como
resultado la evaluación de los intereses privados ocultos en el proyecto. Una noche, varios policías irrumpieron en el campamento, lo destruyeron y se llevaron algunas pertenencias de los
ciudadanos.
Con ayuda de la compleja maquinaria burocrática, las autoridades comenzaron a alargar
la resolución de los procesos y a detener el acceso a la información. Cambiaban las citas de
manera inesperada el mismo día: “Regrese el mes entrante”, “el licenciado no está”, “le faltauna
firma”, “no se entiende el sello”, “no hay quien pueda ayudarlo”, eran frases que escuchaban con
frecuencia. A ellos sólo les quedaba respirar profundo, salir de las oficinas y resistir. Trataron de
ir por la vía legal con demandas y amparos para frenar la obra pero, al no lograrlo, tuvieron que
recurrir a instancias internacionales.
Eliseo comprendió que el cambio sólo es posible si se involucra la sociedad, por ello comenzaron a organizarse para capacitar a la ciudadanía en temas de educación ambiental. Eliseo
es un hombre de mirada tranquila: cree en cosas sencillas como respirar y la posibilidad de
hacer deporte. Sabe, pues lo ha visto en su colonia cuando juegan niños, de la importancia de un
parque en Tijuana: éste puede ser la diferencia entre la vida y la muerte.
158
Faces of Dignity
I
n Tijuana, Baja California, Eliseo Sandoval and his colleagues founded the Committee for
the Defense of Benito Juárez Park. Their children spent much of their childhood in the park
and learned to ride bicycles there, as did many other neighbors. The park is not located in
the most luxurious part of Tijuana, but it is close to downtown and consequently has many
advantages. The people who live nearby use the area to come together and create connections
within the community.
At the end of 2009 the project Zócalo 11 de Julio was made public, boasting 1,200 million
pesos of investment. This local and nationwide support meant that private interests were
going to be placed above community projects. Eliseo investigated the construction and detected many irregularities: “When we defend the park we are simultaneously defending our
health, our life, and our leisure time.” Not long afterwards, architects and engineers helped the
cause by submitting documents explaining urban development. Later, a lawyer assisted them in
the legal process of filing a complaint.
The group remained in the park for two years. The tents were supposed to act as an
obstacle to prevent the tractors from tearing the trees from the ground.
The humble protest led by ordinary citizens who sought to improve the life of their
community caught the attention of the national media. As a result, investigations were made into
the private interests of the project. One night, several police officers broke into the campsite,
destroyed it, and took some of the citizens’ belongings.
Helped by the complex bureaucratic systems, the authorities began to extend the process
and prohibit access to information. They unexpectedly changed appointments on the same
day: “Come back next month,” “the lawyer is not here,” “it lacks a signature,” “the stamp cannot
be read,” “no one can do anything to help you,” were frequently heard phrases. All they could
do was sigh deeply, leave the offices, and resist. They tried to go through legal channels to bring
an end to the construction. When they were unable to do so, they appealed to international
authorities.
Eliseo believes that change is only possible if the community is involved in the struggle.
For that reason, locals began to organize themselves and set up environmental education
classes for the whole neighborhood. Eliseo is a man with a calm gaze: he appreciates the simple
things like breathing and the possibility of doing sports. He has witnessed the importance of a
community park in Tijuana: it can be the difference between life and death.
159
Faces of Dignity
ELSA
Arista González
Integrante de la Red Universitaria de Monitores
de Derechos Humanos
Member of the University Network
of Human Rights Monitors
Ciudad de México
Mexico City
Cuando los policías formaron un círculo con sus escudos, los manifestantes comenzaron a inquietarse. “¡Nos están encapsulando!”, gritaron algunas
personas que trataban de captar con sus teléfonos
celulares la marcha. Elsa caminó junto a sus compañeros, aferrándose al gafete y a la playera que
tenía inscrita la palabra “Monitor”; deseaba que pudieran ser de ayuda en ese momento. El temor se
apoderó de ella cuando el cerco se ensanchó, al
tiempo que el ruido sordo de los escudos azotados
sobre el suelo anunciaba los golpes. Ese día comprendió que ser monitor en las marchas ya no aseguraba ninguna protección.
The police formed a circle around the protestors
and held up their shields. The protestors began to
worry. “They are surrounding us!” some protestors
shouted as they were trying to film the march with
their cellphones. Elsa walked with her colleagues,
clinging to her badge and t-shirt with the word
“Monitor” written in big letters. She wished they
could be more helpful. Fear took hold of her as
the sound of shields banged against the ground
indicating that beatings had begun. That day she
realized that being a monitor in the protests did not
ensure protection.
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161
E
lsa es originaria de Ciudad Nezahualcóyotl, frontera oriental entre la Ciudad de México
y el Estado de México. Se involucró en la defensa de los derechos humanos desde que
era universitaria. Fue parte de un colectivo de estudiantes que estrechó vínculos con
organizaciones sociales como la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos
y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos en México y la Liga Mexicana por la Defensa
de los Derechos Humanos (Limeddh). En esta última, Elsa tomó un taller para ser monitor.
En 2006, con la Limeddh, acudió a Oaxaca, cuando el conflicto magisterial estalló. Los
maestros exigían que las condiciones de la educación fueran dignas, especialmente en las escuelas de la sierra. En el centro histórico de la ciudad de Oaxaca se levantaban carpas sostenidas con palos y cuerdas, y ahí se manifestaron por poco más de un mes. Era el resultado de un
gobierno que, durante sus dos primeros años, buscó la sumisión y el silencio.
Elsa se encontraba en ese lugar cuando cientos de policías intentaron desalojar el zócalo
ayudándose con gases lacrimógenos y balas de plástico. Los manifestantes levantaron el rostro e hicieron de todos los objetos a la mano un arma para responder. Algunas personas quedaron tendidas en el suelo. Se organizaron grupos para buscar ayuda en algún hospital que no
les condujera primero a las oficinas del ministerio público. El gobierno de Oaxaca desapareció,
asesinó, encarceló y torturó a quien se encontraba cerca, sin embargo, no pudo ocultar esa violencia; los periodistas la mostraron.
Cada caso que Elsa documentó, cada nombre que anotó en la libreta, cada víctima a
quien brindó protección fue colocando los cimientos de una vocación de defensa. En esa etapa,
acompañó a varias personas a levantar demandas en un estado que se encontraba colapsado.
Para Elsa, la criminalización de la protesta social que se vive en el país representa “la incapacidad de resolver un problema social; una necesidad social no se resuelve con la fuerza
pública, el ejército, encarcelamiento, crímenes, asesinatos. Necesitamos urgentemente una formación en derechos humanos como cultura”.
La muerte de cuatro estudiantes mexicanos en Sucumbíos, Ecuador, le impactó profundamente. A partir de esto, Elsa comenzó a realizar talleres dentro de la Facultad de Filosofía y
Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. En 2008, formaron la Red Universitaria
de Monitores de Derechos Humanos. “Antes exigíamos que se respetaran las garantías individuales de las personas que se manifiestan, ahora pedimos lo mismo para nosotros”. Cuando
sabe que una persona defensora muere o desaparece, desea bajar los brazos y salir corriendo.
Pero, de hacerlo, mostraría que lo que vio en Oaxaca es verdad: la vida vale tan poco. Elsa se
aferra a su trabajo, quiere demostrar lo contrario.
162
Faces of Dignity
E
lsa is originally from Ciudad Nezahualcóyotl, on the eastern border between Mexico
City and the State of Mexico. She has been involved in defending human rights ever
since she was a college student. She was a member of a student organization that had
connections with other social movements such as the Association of Family Members
of the Detained-Disappeared and Victims of Violations of Human Rights in Mexico and the
Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos (Limeddh). At Limeddh, Elsa took
part in a workshop to become a protest monitor.
In 2006, she went to Oaxaca with the Limeddh when the teachers’ strike broke out. The
teachers demanded dignified educational conditions, especially for schools in the mountains.
In downtown Oaxaca they erected tents sustained by poles and ropes, and protested for over a
month. This was a response to a government that had wished to silence its people since it had
taken power.
Elsa was present when hundreds of police officers tried to clear the public square with
tear gas and plastic bullets. The protestors fought back by turning any available objects into
weapons. Some remained unconscious on the ground. Groups were formed to take the wounded to hospitals that accepted patients without first taking them to the Public Prosecutor's Offices. The government of Oaxaca kidnapped, killed, jailed, and tortured anyone it came across.
However, it failed to hide the evidence. Photojournalists managed to reveal it.
Each case that Elsa documented, each name she wrote down in her notebook, and each
victim to whom she offered protection laid the foundation of her career as a human rights
defender. During that period she supported several people in filing complaints in a state that
was collapsing.
Elsa believes that criminalizing social protest signifies “the incapacity to solve a social
problem. It is not solved by public force, the army, imprisonment, crimes, nor assassinations. We
urgently need to install an education based on human rights.”
The death of four Mexican students in Sucumbíos, Ecuador, deeply affected Elsa. After
that, Elsa began to give workshops within the School of Philosophy and Literature at National
Autonomous University of Mexico. In 2008 the University Network of Human Rights Monitors
was founded. “Before, we were demanding the protection of the rights of individual protestors.
Now, we are asking the same for ourselves.” Every time she finds out about an activist who has
died or disappeared, she feels like giving up and running away. But to do so would be to accept
that what she saw in Oaxaca reflected a certain reality; that life has little value. Elsa continues her
work. She wants to prove that in actual fact, the opposite is true.
163
Faces of Dignity
MARIANO
López Gómez
Member of the Popular Assembly of
the Juchiteco People (appj)
Mariano regresaba de Álvaro Obregón por la noche cuando recibió una llamada telefónica. En seguida supo de quién se trataba, era un sicario muy
conocido en la región del Istmo de Oaxaca, famoso
por su manera sanguinaria de proceder. Le habló
por su nombre en lengua zapoteca: “Tus días están
contados, no vuelvas por Álvaro Obregón, sólo llamamos una vez y después vamos a lo que vamos”.
Mariano tenía planeado regresar al día siguiente
con sus compañeros, no acudió.
Mariano was returning home at night from the town
Álvaro Obregón when he received a call. Afterwards,
he found out that the person on the phone was a
well-known hired assassin from the Isthmus region,
Oaxaca; famous for his vicious reputation. The man
called Mariano by his name and spoke to him in
their Zapotec language: “Your days are numbered;
do not return to Álvaro Obregón. We only call once.
After that, we go after you.” Mariano had planned to
return the next day with his colleagues, but quickly
decided against the idea.
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M
ariano López Gómez es del Barrio de Lima, hoy llamado la Quinta Sección de Juchitán. Desde 2006, acudía de avanzada a las regiones donde tenían planeado que
llegaran las empresas trasnacionales a levantar los proyectos eólicos. Formó el colectivo Frente de Pueblos, que más tarde fue la Asamblea de los Pueblos Indígenas
del Istmo de Tehuantepec. Mariano y sus compañeros informaban a los campesinos de lo que
ocurriría si no se organizaban y se dejaban engañar. Les contaba lo que sucedía en otras regiones: la prohibición de acercarse al mar, la escasez de animales y plantas debido a las construcciones para levantar las aspas eólicas, y, al final, el despojo de las tierras por las que les habían
prometido un pago quincenal. Los campesinos permanecieron incrédulos hasta que la realidad fue patente.
La tensión aumentó a inicios de 2013 en los pueblos de la región. Álvaro Obregón, San
Dionisio del Mar y Juchitán resistieron a la instalación del proyecto de la empresa Mareña Renovables para la generación de energía eólica. El primero de febrero de ese año, Mariano llegó
a reforzar a los compañeros de Álvaro Obregón y evitar que levantaran el campamento que
habían instalado. A los dos días recibió las primeras llamadas intimidantes.
Quince días después de la primera amenaza, Mariano se atrevió a ir a Álvaro Obregón
cobijado por una caravana humanitaria, sin embargo, la tranquilidad que da el saberse acompañado no duró mucho. Desde temprano, unos pistoleros fueron a la comunidad ostentando
armas largas para intimidar a los pobladores. Pronto se dio cuenta de que una moto rondaba
por su casa conducida por un hombre encapuchado. Mariano decidió salir de Juchitán cuando
se conformó la Asamblea Popular del Pueblo Juchiteco (appj), aunque no pudo presenciarlo,
mantuvo contacto por teléfono para dar su punto de vista.
Decidió regresar sin importarle el riesgo cuando se enteró de la fuerte represión del 26
de marzo de 2013, en la carretera a Playa Vicente, donde un centenar de elementos de la policía
estatal sorprendieron a las veinte personas que acampaban para evitar el proyecto Bii Hioxo
de Gas Natural Fenosa. Se enfrentaron contra el pueblo inconforme y dejaron a decenas de
heridos.
Mariano acudió a la barricada en la que estaba la appj, en la Séptima Sección. Algunos lo
miraron con recelo al llegar, pero muchos integrantes conocían su lucha y su historia.
“A partir de allí tuvimos una mesa de diálogo, donde afortunadamente evitamos la represión, pues llegaron más de mil elementos de la policía para eliminar a la Asamblea”. Un día
antes de la tercera mesa de diálogo, en el centro de la ciudad, policías estatales encañonaron
a Mariano y, a golpes, lo metieron a un vehículo. Logró comunicarse por teléfono con una persona de derechos humanos, lo que obligó a los policías a cambiar de planes. Fue apresado durante unos días en Salina Cruz y finalmente liberado por falta de pruebas. “No creas que te salvas”,
le dijo un agente a manera de despedida. Parece que en el Istmo, piensa Mariano, la justicia se
ha ido, como impulsada por el viento.
166
Faces of Dignity
M
ariano López Gómez is from Barrio de Lima, otherwise known as the Fifth Section of
Juchitán. At the beginning of 2006, he started visiting areas where transnational
companies were planning to implement wind energy projects. He founded the
organization Frente de Pueblos, which later became the Assembly of Indigenous
Peoples of the Isthmus of Tehuantepec. Mariano and his colleagues informed local farmers of
the possible consequences if they failed to defend themselves and instead allowed the energy
companies take advantage of them. Mariano explained what had happened in other regions:
communities’ access to the sea had been prohibited; animals and plants had disappeared
owing to the construction of wind-turbines, and, people had their lands seized. The farmers did
not believe the scale of the problem until the harsh reality became clear.
In early 2013, tension was rising in towns across the region. The towns of Álvaro Obregón,
San Dionisio del Mar, and Juchitán opposed the wind project proposed by the company Mareña
Renovables. On February 1st of that year, Mariano went to join the locals in Álvaro Obregón
to help prevent the company from setting up the construction site. Within two days Mariano
received the first threatening calls.
Fifteen days later, despite the threats, Mariano went to Álvaro Obregón with the protection
of a humanitarian convoy. Nevertheless, the reassurance of being among other people did not
last for long. Early on, a group of gunmen went to the town and displayed their arms to intimidate the locals. He soon realized that a motorcycle, driven by a masked man, was circling around
his house. The next day, Mariano left Juchitán. The Popular Assembly of the Juchiteco People
(appj) held its first meeting the same day. Even though Mariano could not attend, he stayed in
touch by telephone.
On March 26th, 2013 Mariano found out about an incident on the highway to Playa Vicente.
A hundred state police forces had disrupted a group of twenty people camping to prevent the
Gas Natural Fenosa's project Bii Hioxo. He decided to return to the town regardless of the risk.
The company did not foresee the protest organized by the locals who were intending to stop the
project from going ahead. Dozens were wounded.
Mariano went to the blockade installed by the appj in the Seventh Section. Upon his arrival,
some were suspicious of his presence, however many in the group knew about his struggle and
his story.
“Later, we had a roundtable discussion. Luckily, we were able to avoid the repression by
the police forces. More than a thousand police officers arrived to dismantle the meeting.” One
day before the third roundtable discussion in the center of the city, state police threatened
Mariano with guns, beat him up and pushed him into a vehicle. He managed to speak to a
human rights worker and that saved him. The police altered their plans and held him for a few
days in the prison in Salina Cruz. They were forced to free him due to a lack of evidence. "Do not
think you have saved yourself," the agent said as he left. It seems that justice has disappeared in
the Isthmus, as if it has been blown away by the wind.
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Faces of Dignity
MARÍA ELENA
Herrera Magdaleno
Fundadora de Familiares en
Búsqueda María Herrera
Founder of Families in Search
María Herrera
Ciudad de México
Mexico City
Lo más difícil de la noche sucede cerca del amanecer, cuando el frío no da tregua. María tenía que
buscar la manera de calentarse en esas bancas de
metal de la central de autobuses donde dormía, a la
espera de que al día siguiente le pudieran dar alguna noticia sobre la desaparición de sus hijos.
The hardest part of the night is just before dawn. The
cold is unbearable. María had to find a way to keep
herself warm as she slept on the metal benches
at the bus station, longing for the next day to arrive.
She held on to the hope that the following day
would bring her new information about her missing
sons.
168
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M
aría Herrera Magdaleno, Doña Mary, y su esposo, levantaron una casa grande en
Pajacuarán, al noroeste del estado de Michoacán, muy cerca del lago Chapala.
Pronto las habitaciones se llenaron de las risas, primero de sus hijos y después de
sus nietos; era una familia grande que trabajaba unida en el negocio de la compra
y venta de oro. Tras las desapariciones de cuatro de sus hijos en 2008 y 2010, el silencio se
instaló en las esquinas. Su esposo murió de un infarto y ella se sumió en la tristeza de su cama,
comía poco y dormía por horas. “¿Qué le pasa a mi abuelita?”, escuchó que uno de sus nietos le
preguntó a otro. “Nada, ya no quiere vivir”. Las voces de los niños se escucharon lejanas, por eso
se aferró a ellas, para salir de la profundidad donde llevaba meses sumergida.
Cuando María se levantó, para sorpresa de todos, lo hizo con ánimo renovado. Buscó
lugares en donde pudieran ayudarla, esperó pacientemente afuera de las oficinas y se unió a
la búsqueda que sus hijos mayores ya habían emprendido en Guerrero y Veracruz. Se armó de
entereza y recortó fotografías en las que el rostro de sus hijos fuera visible, pegó, una al lado
de la otra, el mosaico doloroso. Estas imágenes no envejecen, las fotografías de los desaparecidos congelan en el tiempo sus rostros, son una constante herida abierta, como la búsqueda que parece a veces nunca terminar. Amplió esos recortes de momentos familiares (cenas,
graduaciones, fiestas, abrazos) y, desde entonces, los trae con ella, para mostrarlos a quien
tenga cerca.
El dinero escaseó pero ella se aferró a la búsqueda, con lo justo para poder comprar el
viaje redondo Pajacuarán-Ciudad de México. Iba a las reuniones en oficinas gubernamentales,
no daba explicaciones de su comida ni del lugar donde pasaría la noche, la central de autobuses. Esperó a que las autoridades pudieran darle alguna respuesta, aunque muchas veces sólo
escuchaba: “Regrese mañana, porque el licenciado no está”. Ella volvía a la banca de la terminal,
donde esperaba que el momento antes del amanecer fuera menos inclemente.
En el Movimiento por la Paz la búsqueda tuvo un nuevo sentido; la gente se solidarizó
con ella incluso sin conocerla, la arroparon y ella comenzó a cuestionar, “¿dónde están nuestros
hijos?”. Cuando llegaron ante el Presidente Felipe Calderón, en otoño de 2011, le dijeron que
entrara a dar un testimonio y le extendieron algunas hojas de papel que tenían un discurso. “Había gente preparada, antropólogos y psicólogos entre el grupo, no supe por qué me eligieron a
mí, cuando me tocó leer me prestaron unos lentes porque no llevé los míos, se me nubló la vista,
entonces hablé, no sé qué dije, qué pedí; Calderón se acercó a mí, no para consolarme como
dicen muchos, sino para invitarme a Los Pinos; tuve miedo.” Salió de esa reunión esperanzada,
creyó que la iban a ayudar: “Hay que comprometer a las instituciones, no a las personas; eso fue
lo que entendí”.
Familiares en Búsqueda surge precisamente a partir de los grandes aprendizajes con Javier Sicilia. Actualmente, hay más de mil familias en todo México que se acercan a María y sus
hijos para acortar las distancias de los trámites, suman sus voluntades para generar presión y
visibilidad. Ella, aunque ahora tiene un hogar en la Ciudad de México y protección, algunas
tardes acude a la central de autobuses para buscar a gente que duerme sentada o en el piso,
como ella hizo tantas veces, y les ofrece cama, comida y una posibilidad para emprender la
nueva búsqueda.
170
Faces of Dignity
M
aría Herrera Magdaleno, also known as Doña Mary, and her husband, built a large
house in Pajacuarán, northeast of the state of Michoacán, very near Lake Chapala.
Soon the rooms were filled with their children’s laughter and their grandchildren’s
too. They were a large family that worked together, buying and selling gold. After
the disappearance of four of her sons in 2008 and 2010, silence reigned over the house. María’s
husband died of a heart attack, and María sank into deep sadness. She ate little, and slept for hours.
“What is wrong with our grandmother?” she heard one of her grandchildren ask another. “Nothing,
she just does not want to live.” The voices of the children seemed far away, so María decided to
cling onto them and use them to pull herself out of the misery she had been feeling for months.
To everyone’s surprise, when María eventually left her bed, she had a new lease of life. She
looked for organizations that could help her; she waited patiently outside offices, and joined her
older sons in the search they had undertaken in Guerrero and Veracruz. She mustered up the
courage to cut out photographs of her sons and stick them next to each other, a painful mosaic.
These images do not grow old. The lives of those who are missing seem to be frozen in time. The
photographs represent a constant open wound; the never-ending search for their loved ones.
María printed enlarged versions of the cut-out photographs from various family gatherings (dinners, graduations, parties, embraces) and, since then, has kept them with her to show whoever
she is talking to.
Money was scarce but she persisted in the search, with just enough to buy the roundtrip
from Pajacuarán to Mexico City. She had meetings in government offices and she did not
care that she had nothing to eat, or that she would spend the night at the bus station. She waited
for the authorities to provide her with answers. On many occasions they said: “The lawyer is not
here, come back tomorrow.” She would return to the bench at the bus station, hoping that the
moments before dawn would be less severe.
At the Movimiento por la Paz her search found new meaning. People offered her their
support without knowing her. She began to ask the question “Where are our children?” When
they met President Felipe Calderón, in the fall of 2011, she was told to share her story. She
was handed some pieces of paper with a speech that had already been prepared for her to
read. “The group was full of educated people: anthropologists and psychologists. I do not know
why they chose me. When it was my turn to read they lent me a pair of glasses because I had
not brought mine, but I could not see clearly. Then I spoke and I do not know what I said, or
what questions I asked. Calderón approached me, not to comfort me, as many believe, but to
invite me to Los Pinos (his official residence). I was afraid.” She left that meeting feeling hopeful.
She believed she was going to receive help: “We have to make institutions commit to solving
these problems, not people. That was what I understood.”
Families in Search was founded thanks to the great lessons learnt from Javier Sicilia.
Currently there are more than one thousand families, all over Mexico, who ask María and their
children for help to search for their disappeared loved ones. They combine their efforts to
generate pressure and visibility. Even though she now has a home and personal protection in
Mexico City, some afternoons she goes to the bus station to look for people who sleep sitting
up or on the floor, as she did many times. She offers them a bed, a meal, and help in reigniting
their search.
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ÍNDICE ǀ INDEX
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PRESENTACIÓN ǀ PRESENTATION
PRÓLOGO ǀ PROLOGUE
JUAN CARLOS Trujillo Herrera
ALBERTO Donis Rodríguez
ALTAGRACIA Tamayo Madueño
MERITXELL Calderón Vargas
MIGUEL ÁNGEL García Leyva
CLAUDIA ERIKA Zenteno Zaldívar
IRINA Layevska
JORGE Andrade Galindo
MARÍA TERESA Vallejo Pérez
MARÍA LUISA Garfias Marín
JULIO Mata Montiel
ZUZANA Oviedo Bautista
ALEJANDRO Solalinde Guerra
SILVIA Pérez Yescas
ARMANDO de la Cruz Cortés
MARÍA ISABEL Jiménez Salinas
TOMÁS González Castillo
ALEJANDRA Serrano Pavón
TITA Radilla Martínez
JOSÉ ANTONIO Lara Duque
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164
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NÉLIDA Reyes Guzmán
JESÚS Robles Maloof
LETICIA Gutiérrez Valderrama
SAÚL Torres Barbosa
NADIN Reyes Maldonado
MARÍA DEL CARMEN Rioseco Gallegos
FERNANDO Ocegueda Flores
LUCILA BETTINA Cruz Velázquez
SILVIA Castillo Salgado
JORGE Carrasco Araizaga
HERMELINDA Tiburcio Cayetano
SARA Bartolo López
RAÚL Ramírez Baena
YÉSICA Sánchez Maya
NORMA Mesino Mesino
APOLONIA Plácido Valerio
ELISEO Sandoval Cabrera
ELSA Arista González
MARIANO López Gómez
MARÍA ELENA Herrera Magdaleno
Directorio 2016 | Directory 2016
Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, A.C.
Consejo Directivo | Board of Directors
Ximena Andión Ibáñez (Presidenta | President)
Alejandro Anaya Muñoz
Beatriz Solís Leere
Jacobo Dayán
José Luis Caballero Ochoa
Luis González Plascencia
Mariclaire Acosta Urquidi
Miguel Concha Malo
Paulina Vega González
Susana Erenberg Rotbar
Director Ejecutivo | Executive Director
José Antonio Guevara Bermúdez
Área de Defensa | Legal Department
Nancy Jocelyn López Pérez (Directora | Head)
Mariana Teresa Peguero
Natalia Pérez Cordero
Nayomi Aoyama González
Federico Manuel Rodríguez Paniagua
Carla Sofía Loyo Martínez
Área de Investigación I Department of Investigation
Lucía Guadalupe Chávez Vargas (Directora | Head)
Alejandra Leyva Hernández
Montserrat Martínez Téllez
Área de Incidencia | Advocacy Department
Olga Guzmán Vergara (Directora | Head)
Amaya Ordorika Imaz
Área de Comunicación | Department of
Communication
Mariana Beatriz Gurrola Yáñez (Co-Directora | Co-Head)
Luis María Barranco Soto (Co-Director | Co-Head)
Área de Desarrollo Institucional | Institutional
Development Department
María Cappello (Directora | Head)
Área de Administración | Administration Department
Eduardo Macías Sánchez (Director | Head)
Teresita de Jesús Landa Bernal
Área de Defensores | Human Rights Defenders
Department
Axel García Carballar (Director | Head)
Lizbeth Montessoro Elías
Área de Desplazamiento Interno Forzado |
Department of Forced Internal Displacement
Brenda Gabriela Pérez Vázquez (Directora | Head)
Montserrat Castillo Portillo
Área de Trabajo y Acompañamiento Psicosocial |
Department of Psychosocial Consultancy
Valeria Patricia Moscoso Urzúa (Directora | Head)
Consultora en Desplazamiento Interno Forzado |
Forced Internal Displacement Consultant
Laura Gabriela Rubio Díaz Leal
«La
respuesta ante las injusticias
«The
answer to combatting
comienza con la indignación»
injustice starts with indignation»
Este libro se realizó en
www.elrecipiente.com,
el cuidado de la edición estuvo a cargo
de Xavier Rodríguez y el diseño fue tarea de Tania Alcántara
y Ximena Hernández. Raúl Aníbal Sánchez lo corrigió.
Para su composición se utilizaron las tipografías de la familia Avenir.
Impreso el interior en papel Couché de 110g
y los forros en cartulina Sulfatada de 12 puntos.
El tiraje constó de 600 ejemplares.
Noviembre de 2015, México D.F.
This book was created at
www.elrecipiente.com,
Xavier Rodríguez was in charge of revising the edition,
Tania Alcántara and Ximena Hernández were the designers.
Raúl Aníbal Sánchez was the corrector.
The Avenir Family provided the typeface used in this book.
The book was printed on 110g Couche paper
and the cover on Sulfated Cardboard in 12 points.
This edition is limited to 600 copies.
November 2015, Mexico City.

rostros de la dignidad

Transcripción

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