Programa Más Justicia Desarrolló Sistema de Promoción de

Transcripción

Nº 68 - 20 de noviembre de 2013
G. 5.000 // www.cird.org.py/periodico
Programa Más Justicia Desarrolló Sistema de
Promoción de Buenas Prácticas
El Programa “Más Justicia” tiene por objeto el fortalecimiento del Estado de Derecho a través del incremento de la transparencia y el imperio de
la Ley en Paraguay. Es ejecutado conjuntamente por el Instituto de Estudios para la Consolidación del Estado de Derecho (ICED), el Centro de
Estudios Judiciales (CEJ) y el Centro de Información y Recursos para el Desarrollo (CIRD) con la cooperación de USAID. En este marco, se han
desarrollado una serie de acciones coordinadas, entre ellas el acompañamiento del proceso de fortalecimiento de la lucha contra la corrupción
en el Poder Judicial, a través de la promoción del sistema de ética y transparencia vigente, el desarrollo de mecanismos y herramientas institucionales que generen un cambio en la cultura organizacional para brindar un servicio de justicia más creíble y eficiente. Pág. 10
ACTO DE PREMIACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS EN EL PODER JUDICIAL. PARTICIPARON EN LA ENTREGA LA MINISTRA DE LA
CSJ DRA. ALICIA PUCHETA DE CORREA Y EL EMBAJADOR DE LOS EE.UU. DE AMÉRICA JAMES THESSIN.
ACCESO A LA INFORMACIÓN
“Necesitamos saber
cómo el Estado gestiona
nuestros intereses en
todos los ámbitos”
PÁGINAS 5
ICED
Cuando aumenta la seguridad
jurídica, se fortalece el
Estado de derecho
PÁGINA 6
CEJ
“Más Justicia” desarrolló
importantes avances para la
reforma administrativa de la
Corte Suprema de Justicia
PÁGINAS 10-11
P E R I Ó D I C O
El círculo virtuoso de la
participación ciudadana
www.desarrollandoamerica.org
“Desarrollando América Latina”
pretende trabajar en la resolución de
los problemas sociales comunes de la
región, tales como educación, salud,
seguridad ciudadana, transporte,
entre otros, usando el poder de la
tecnología, los datos abiertos (open
data) y la colaboración entre actores
sociales; creando aplicaciones
innovadoras, sustentables, escalables,
de alto impacto social.
La forma más común de
renunciar al poder es pensando
que no lo tenemos
— Alice Walker
Nº 68 - Noviembre 2013
DIRECTOR
Dr. Agustín Carrizosa
CONSEJO DE REDACCIÓN
Agustín Carrizosa
Álvaro Caballero
COORDINACIÓN GENERAL
Nadia Villalba
COORDINACIÓN TÉCNICA
Annabel Pitaud
COLABORACIÓN
Dora Cristaldo
Rosana Patiño
FOTOGRAFÍAS
Daniel Piris
CARICATURAS
Caló
CORRECCIÓN
Rafael Villalba
IMPRESIÓN
Copicentro
ENVÍO DE NOTICIAS
[email protected]
www.cird.org.py/periódico
Ruy Díaz de Melgarejo 825 c/Hernando de Rivera,
Los Laureles
Asunción
UNA PUBLICACIÓN DEL CIRD
Este material es publicado gracias al apoyo de la
Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo
Internacional (USAID). El contenido del mismo es
exclusiva responsabilidad de sus autores y no refleja
necesariamente las opiniones o puntos de vista de
USAID ni del Gobierno de los Estados Unidos. Los
comentarios pertenecen a quien los firma. Todo el
resto es propiedad del CIRD.
El Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas reconoce en sus observaciones al
artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos del Hombre que el derecho de acceso a
la información es parte inherente y esencial para la libertad de expresión.
En el Paraguay, en los discursos se repite que la Constitución Nacional establece que
“las fuentes públicas son libres para todos”, luego se reparten los tantos entre los que dicen
que hace falta una ley reglamentaria y los que opinan que es suficiente con la disposición
constitucional.
En la práctica, cualquier funcionario público, ante un pedido ciudadano de informarse por
ejemplo del listado de personal y sus remuneraciones, no duda en expresar: “no estamos
autorizados a entregar esa información”, “no existe ley reglamentaria”, “no se puede”, y otras
excusas.
El Grupo de Acceso a la Información Pública (GIAI), compuesto por organizaciones civiles
paraguayas, trabaja por una necesaria ley que opere en la práctica el derecho a la información
pública establecido en el artículo 28 de la Constitución Nacional y un nuevo texto fue presentado al Congreso hace pocos días.
La Corte Suprema de Justicia del Paraguay, por Acuerdo y Sentencia 1306/2013, hizo
lugar a una acción de inconstitucionalidad promovida por el ciudadano Daniel Vargas Telles,
quien solicitó saber cuántos funcionarios trabajaban en la Municipalidad de San Lorenzo, qué
funciones cumplían y cuánto ganaban. La Corte Suprema tuvo en consideración la interpretación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Convención Americana de los Derechos Humanos, que estipula el derecho que tiene toda persona al acceso a la información
bajo el control del Estado.
En el considerando se sostiene que, “sin lugar a dudas, la información solicitada por el
señor Vargas Telles sobre la cantidad de empleados contratados y nombrados, con sus nombres y apellidos y puestos de trabajo, se trata de datos personales públicos que deberían
haber sido proporcionados sin cuestionamiento alguno”, y más adelante se expresa: “…la
información sobre el sueldo de los funcionarios del Estado necesariamente debe constar en
alguna de sus dependencias, se trata de un dato personal patrimonial que puede ser publicado o difundido”.
El círculo virtuoso de la participación ciudadana tiene tres elementos básicos: 1) el derecho humano de acceso a la información pública; 2) el acceso efectivo a la información; y,
3) la libertad de expresión. La Constitución y las Convenciones internacionales otorgan el
derecho a la información, luego es necesario el acceso efectivo a la información, que incluye,
por ejemplo, conocer el salario, funciones, gastos de representación, bonificaciones, dobles
salarios de todos los funcionarios, entre otras, para que, finalmente, los ciudadanos tengan
libertad de expresión.
En el Paraguay, el acceso a la información pública que se está construyendo es un requisito para la participación ciudadana responsable, constituyéndose en un instrumento para
mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.
por Caló
N °
6 8
XXVIII PREMIO
INTERNACIONAL DE
CUENTOS MAX AUB
En España se lanzó el
vigésimo octavo Premio
Internacional de Cuentos Max
Aub abierto a ciudadanos de
toda la zona iberoamericana.
Los requisitos son bastante
amplios ya que se solicitan
que las historias sean
inéditas, escritas en español
y de temática libre.
El premio ha sido concedido,
durante los tres últimos
años, a autores españoles,
aunque, a lo largo del
tiempo, la nacionalidad de
los ganadores ha sido de
lo más variada. El plazo de
admisión finalizará el día
31 de diciembre de 2013.
La decisión del jurado se
hará pública el 24 de abril
de 2014. Los premios están
divididos en dos categorías:
la internacional y la comarcal
(esta última solo para
España). Para la categoría
internacional el premio
consiste en € 6.000 (seis mil
euros) y la edición de la obra.
Más datos sobre este
concurso se pueden
encontrar en el sitio de
la Fundación Max Aub:
www.maxaub.org
I CONCURSO
INTERNACIONAL
AL MEJOR ÁLBUM
ILUSTRADO DE GATOS
La empresa española
“Lata de Sal” convoca al I
Concurso Internacional al
Mejor Álbum Ilustrado de
Gatos. Se podrán presentar
originales hasta el próximo
3 de enero de 2014. El fallo
del jurado se hará público
el 20 de febrero de 2014.
Podrán participar escritores
o ilustradores de cualquier
país con una o más obras.
Los originales pueden estar
realizados por varios autores
o ilustradores. El formato y la
técnica de las ilustraciones
es libre, mientras que la
extensión máxima de la
obra es de 40 páginas.
Se establece un único
premio, que consistirá en la
publicación de la obra por
parte de Lata de Sal, a la que
se cederán los derechos de
distribución y comercialización
en todo el mundo, además de
3.000 euros, que el ganador
recibirá en concepto de
anticipo de derechos de autor.
Información completa
sobre este concurso se
encuentra disponible
en el sitio web www.
latadesal.com
3
Iniciativas Ciudadanas / N° 68 / Noviembre 2013
PROGRAMA MÁS JUSTICIA DESARROLLÓ SISTEMA DE PROMOCIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS
Transparencia como herramienta
de lucha contra la corrupción
Desde su componente Transparencia Judicial, el Programa Más Justicia acompañó el proceso de fortalecimiento de la lucha
contra la corrupción en el Poder Judicial, a través de la promoción del sistema de ética y transparencia vigente, el desarrollo
de mecanismos y herramientas institucionales que generen un cambio en la cultura organizacional para brindar un servicio
de justicia más creíble y eficiente. Este proceso se dio de manera participativa con los servidores públicos, promoviendo la
integridad de los mismos en beneficio de la ciudadanía.
T
eniendo en cuenta la
transversalidad del
componente Transparencia, para su
desarrollo se han llevado adelante acciones de diversos niveles, combinando talleres,
reuniones de trabajo, asistencia
técnica, investigaciones y publicaciones.
Las líneas de acción trabajadas comprenden una serie de actividades como la planificación
estratégica, elaboración de propuestas, realización de talleres
regionales, validación con actores
claves y autoridades de la Corte. Asimismo se llevó a cabo un
mapeo de áreas de transparencia
judicial: asistencia técnica, talleres, y relevamiento de datos en 3
circunscripciones judiciales, presentación de resultados a actores
claves, y transferencia de la metodología al público meta.
El programa logró la
identificación y promoción
de buenas prácticas y la
identificación de riesgos
de corrupción
El proceso de sistematización
de buenas prácticas judiciales,
se hizo mediante talleres y entrevistas y el desarrollo de una
guía de espacios amigables, y de
la implementación de prácticas.
Asimismo se diseñó el concurso
de buenas prácticas, que tuvo su
posterior premiación.
Otro aspecto resaltante fue la
identificación de riesgos de corrupción en áreas judiciales y
administrativas, a través de la
asistencia técnica a órganos de
Control en materia de planificación operativa, acciones estratégicas y planes de mejora de procesos de licita-ciones, compras y
contrataciones.
Debido a sus características,
el componente de transparencia
institucional trabajó con diversas
áreas, algunas de manera estratégica y otras en carácter de apoyo
como: Dirección de Asuntos Internacionales e Integridad Institucional; Dirección de Comunica-
Se han desarrollado varios productos y herramientas de manera participativa con
el público, meta entre los cuales se destacan:
ción; Dirección de Planificación.
Además participaron en el proceso diversos órganos de Control
como la Superintendencia General de Justicia y varias direcciones como la Dirección General
de Auditoría Interna, Oficina de
Quejas y Denuncias, Oficina de
Ética Judicial, entre otras.
La intervención del programa
apunta a dejar instaladas las capacidades generadas en el proceso
de construcción de las herramientas e instrumentos desarrollados,
con la capacitación a los actores,
de manera a generar un empoderamiento de los mismos, a través
de la experimentación y participación conjunta, dada por la asistencia técnica.
Campañas realizadas
por el Programa:
Declaraciones
juradas de bienes
Facilitación de espacios
de rendición de cuentas
Campañas de
concienciación sobre
transparencia
Acceso a la
información judicial
Además, a lo largo del programa y en diversas etapas, se buscó
transferir el conocimiento a fin
de que la apropiación se haga de
manera gradual y progresiva por
los actores, para que los mismos
puedan implementarlo con el
acompañamiento del programa
Más Justicia del Centro de Estudios Judiciales y del Centro de
Información y Recursos para el
Desarrollo con la cooperación de
USAID.
• Plan Estratégico del Poder Judicial 20112015: documento construido de manera
participativa que contiene la hoja de ruta
de la institución para los próximos años.
• Mapa de Transparencia Institucional: herramienta
de diagnóstico institucional, elaborada con el
objetivo de detectar zonas de transparencia
y opacidad en la institución, para resaltar
las existentes y corregir las carentes.
• Mapa de riesgo para procesos administrativos:
Herramienta de detección de debilidades y
vulnerabilidades de procesos de gestión.
• Guía de espacios amigables y Desarrollo de
banco de buenas prácticas: documentos de
sistematización de buenas prácticas judiciales
y de apoyo metodológico y orientativo, para
la implementación de experiencias positivas
transparentadoras de la institución.
•Plan operativo de acciones coordinado de los
órganos de control de la CSJ 2012: Para la
definición de objetivos y realización de acciones
integra-les en el área de control de la institución.
• Plan operativo de acciones de la
Superintendencia General de Justicia 2012:
Desarrollado para el órgano clave en materia
de control disciplinario de la institución.
• Protocolo para control de administración del
riesgo en la gestión admi-nistrativa-financiera
de la Corte Suprema de Justicia: documento
que establece un compendio de normas y
procedimientos que definen los pasos a seguir
para la aplicación de “criterios de control” sobre
la administración del riesgo para los procesos
administrativos financieros considerados críticos
para la calidad de gestión de la institución.
• Programa de capacitación-análisis de procesos
y calificación del riesgo: desarrollado con el
objetivo de identificar un método común que
permita analizar y mejorar el trámite operativo
•
•
•
•
•
•
de los procesos de adquisiciones y pagos
con base en los riesgos identificados en la
calidad de gestión administrativa financiera.
Protocolo de riesgo por cargo de Superintendencia
General de Justicia: herramienta desarrollada
de manera participativa con área para
la detección de riesgos en materia de
recursos humanos, función y roles.
Protocolo de control de declaración jurada de
bienes: compendio de normas y procedimientos
que definen los pasos a seguir para la
elaboración, presentación y registro de las
declaraciones juradas, elaborado de manera
participativa con funcionarios judiciales.
Instructivo para presentación de declaraciones
juradas de bienes y materiales comunicacionales:
documentos comunicacionales generados para
la sensibilización y socialización de la obligación
de presentación de declaración jurada de
bienes y los trámites para su realización.
Propuesta proceso de cálculo y aplicación
de indicadores para uso y consumo de
bienes: instrumento desarrollado de manera
participativa con dependencias administrativas
y órganos de control, para la mejora de la
provisión de bienes al área jurisdiccional.
Propuesta de proceso de diseño de indicadores
de asertividad para adquisiciones: instrumento
desarrollado de manera participativa con
dependencias administrativas y órganos de
control, para la consideración de criteios en
los procesos de compras institucionales.
Estudio de “Tecnología de la información
y las comunicaciones: un camino hacia la
transparencia Institucional”: artículo sobre la
situación de las TIC en la justicia, perspectivas
para su implementación y encuesta realizada a
usuarios de justicia y abogados sobre las nuevas
herramientas para el ejercicio profesional.
4
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
Demanda por transparencia en la
Municipalidad de San Lorenzo desata
ola de publicaciones a nivel nacional
El miércoles 23 de octubre, tras seis años de insistencia ante el Poder Judicial,
José Daniel Vargas Telles finalmente consiguió su cometido original: la publicación
de la nómina de empleados de la Municipalidad de San Lorenzo.
A
unque la Municipalidad de San
Lorenzo no es la
primera institución
gubernamental en
publicar su nómina de empleados,
el precedente creado por el triunfo
de Vargas Telles en conseguir esta
información refleja la victoria de
la ciudadanía en poder acceder a
Organizaciones de
la sociedad siguen
reclamando la
necesidad de más
transparencia en las
instituciones públicas
y el fortalecimiento
del proceso de
contrataciones a
través de mecanismos
como los concursos
públicos.
información pública de un creciente número de instituciones
públicas.
La decisión de la Corte Suprema de Justicia sobre la demanda
del ciudadano Vargas Telles en el
juicio “Defensoría del Pueblo c/
Municipalidad de San Lorenzo”
promovió una ola de publicaciones de nóminas de empleados de
diferentes instituciones, en un momento en que la ciudadanía estaba
demandando, sin éxito, esta información de ambas cámaras del Poder Legislativo.
Cuando Juan Bartolomé Ra-
mírez, presidente de la Cámara de
Diputados, y luego Julio César Velázquez, presidente de la Cámara
de Senadores, se resistían a publicar información solicitada por los
medios de comunicación, se inició
una tensión entre estos sectores.
Al mismo tiempo, la ciudadanía
empezó a demandar información
de carácter público y se iniciaron
campañas a través de las redes sociales.
En este marco, organizaciones
de la sociedad civil congregadas
en el Grupo Impulsor de Acceso a
la Información (GIAI), con apoyo
de la prensa y de algunos legisladores, se encuentran trabajando en
la aprobación de una ley que reglamente el acceso a la información
pública.
Finalmente, la decisión de la
Corte Suprema de Justicia llenó
parte del vacío existente por la
falta de una ley de acceso a la información pública. La Corte dictaminó basada en el artículo 28 de la
Constitución Nacional –a falta de
una ley que reglamente el acceso
a la información pública y estando
los jueces obligados a juzgar aun
en caso de insuficiencia de las leyes– que las nóminas de empleados deberían ser públicas.
Según la resolución mencionada, “sin lugar a dudas, la información solicitada por el señor
Vargas Telles sobre la ‘cantidad de
empleados contratados y nombrados, con sus nombres y apellidos
(y) puestos de trabajo’ se trata de
datos personales públicos que deberían haber sido proporcionados
sin cuestionamiento alguno”.
Gradualmente, más y más instituciones fueron publicando sus
nóminas de empleados en respuesta a esta decisión, y como resultado de esta nueva información la
prensa y la ciudadanía empezaron
a criticar las prácticas de contrataciones de las diferentes instituciones públicas.
4
Hasta el momento, las instituciones nacionales que publicaron
sus nóminas de empleados fueron
la Fiscalía General del Estado, la
Cámara de Diputados, la Cámara
de Senadores, el Banco Central del
Paraguay, el Ministerio de Hacienda, la Contraloría General de la
República, el Poder Judicial, la Secretaría de la Función Pública, el
Ministerio de Salud, Itaipú, Petropar, la ANDE, el Tribunal Superior
de Justicia Electoral, el Instituto de
Previsión Social, la Presidencia, el
Ministerio de Industria y Comercio, el Ministerio de Agricultura y
Ganadería, la SNNA, el INDERT,
la Secretaría Técnica de Planificación, el Ministerio de Justicia
y Trabajo, el Ministerio del Interior, la SENACSA, la SICOM, el
Mecanismo de Prevención de la
Tortura, la Secretaría Nacional de
Cultura, entre otras dependencias
del Estado.
Organizaciones que conforman el GIAI
Centro de Estudios Judiciales – CEJ
www.cej.org.py
Centro de Información y Recursos para el Desarrollo – CIRD
www.cird.org.py
Fundación Libre
wwwlibre.wordpress.com/la-fundacion-libre
Instituto de Derecho y Economía Ambiental – IDEA
www.idea.org.py
Semillas para la Democracia – SPD
www.semillas.org.py
5
ENTREVISTA A EZEQUIEL SANTAGADA
OPINIÓN
“Necesitamos saber cómo
el Estado gestiona nuestros
intereses en todos los ámbitos”
El acceso a la información pública es un tema relevante
que está tomando eco en la ciudadanía luego de
haberse dado a conocer el fallo de la Corte Suprema
de Justicia –Acuerdo y Sentencia Nº 1306 ante
el caso Vargas– Telles. El derecho a acceder
a la información está reconocido en diversos
tratados internacionales de derechos humanos
que fueron suscriptos por Paraguay y que cuentan
con rango constitucional. La lista incluye a la
Declaración Universal de los Derechos Humanos, el
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la
Convención Americana de Derechos Humanos, entre otros.
Ezequiel Santagada, del Instituto
de Derecho y Economía Ambiental –IDEA– y miembro del Grupo
Impulsor de Acceso a la Información Pública, conversó con
Iniciativas Ciudadanas respecto a
los desafíos que tiene el Paraguay
para garantizar efectivamente el
acceso por parte de la ciudadanía
a la información pública.
¿Cómo evalúa la resolución recientemente emitida por la Corte sobre acceso a la información
pública y los posteriores acontecimientos de difusión de información pública que fueron realizadas
desde diversas instituciones?
La sentencia de la Corte Suprema del 15 de octubre es, tal
vez, el acto más trascendente del
Poder Judicial en el proceso de
consolidación de la democracia
paraguaya. Su principal mensaje fue claro y potente: en un sistema democrático, el pueblo es
el mandante y los gobernantes
los mandatarios; por lo tanto, los
mandatarios deben rendir cuentas
porque todo lo que administran es
del pueblo. Invierte, con la fuerza
real y simbólica de la cosa juzgada emanada de la más alta instancia judicial del Paraguay, la lógica
tradicional (y perversa) por la cual
los mandatarios eran los “mandones” y los integrantes del pueblo
sus “vasallos”.
¿Considera un triunfo de la
ciudadanía?
Sin lugar a dudas, se trata de un
triunfo de la ciudadanía. Fue un
ciudadano paraguayo quien inició
esta acción judicial, fue un ciudadano quien soportó los sinsabores
de un proceso judicial sumamente adverso y fue la ciudadanía la
que supo interpretar que estaba
frente a una sentencia del Poder
Judicial que ponía un límite fortísimo a los administradores de
la cosa pública. Fue el activismo
individual el que despertó el activismo colectivo. A solo 15 días
de esa sentencia, un senador está
a las puertas de ser procesado; la
hija de una diputada fue echada de
uno de sus tantos cargos públicos;
se están descubriendo “clanes”
familiares enquistados en las estructuras gubernamentales. Y son
masivos los pedidos de los ciudadanos comunes por las redes sociales y los medios de prensa que
exigen la depuración del aparato
estatal porque están cansados del
desmanejo del dinero público en
beneficio de una “casta” de privilegiados.
¿Qué rol estuvo desempeñando
el Grupo Impulsor de Acceso a
la Información Pública?
Las organizaciones nucleadas en
el Grupo Impulsor de Acceso a la
Información (GIAI) se limitaron
a cumplir el rol que es tarea de
las organizaciones de la sociedad
civil: prestar el apoyo necesario
para canalizar los reclamos ciudadanos; trabajar para que cuando a un tema de interés público
le llegue su hora, cuente con el
soporte suficiente para encontrar
sus cauces y se instale con fuerza.
Las organizaciones del GIAI durante los años previos trabajaron
y buscaron consensos en torno a
un proyecto de ley de acceso a la
información pública que hoy materializa la doctrina que aplicó la
Corte Suprema en el fallo del 15
de octubre, prestaron soporte jurídico a los reclamos de acceso a
la información de Daniel Vargas,
trabajaron con gobiernos locales
y con algunas instituciones estatales para generar ejemplos de
transparencia que hoy sirven para
justificar su aplicación a nivel
nacional; en suma, mantuvieron
vivo el debate en torno a un tema
que estaba esperando que le llegará su momento.
¿Cuáles son los desafíos
que quedan a partir de ahora
para garantizar plenamente el
derecho humano al acceso a la
información pública?
El principal desafío es que todo
lo que estamos viviendo no quede en el mero hecho de conocer
las funciones y los salarios de los
funcionarios públicos. Esto es
solo la punta del iceberg, el inicio. Necesitamos saber cómo el
Estado gestiona nuestros intereses en todos los ámbitos porque
solo así vamos a poder exigir
mayor eficiencia y eficacia en esa
gestión; eficiencia y eficacia que
redundarán en mejores niveles de
calidad de vida. Por eso es que la
lucha por el acceso a la información es tan importante, porque es
una lucha que persigue una mayor
calidad de vida, un vivir mejor. Y
para eso, necesitamos una ley de
acceso a la información pública.
Debemos lograr que el proyecto
de ley que acaba de presentar un
grupo de senadores (Carlos Amarilla, Arnaldo Giuzzio, Enrique
Bacchetta, Desirée Masi, Mario
Abdo y Blas Llano), que es el
proyecto trabajado por el GIAI
durante años, se convierta en ley
cuanto antes.
Más información,
menos abuso
Álvaro Caballero
CIRD
Existen personas que viven en una suerte de “éxtasis de
la ignorancia”, creyendo que ya lo saben todo y que no
necesitan más información de la que tienen. Creen que con
lo poco que saben ya pueden tomar buenas decisiones,
solucionar problemas y mantener el liderazgo que ejercen
sobre otras personas. A estas personas no les interesa
mucho tener o no acceso a la información porque están
satisfechas con su ignorancia.
Están las personas que se interesan en saber más,
en conocer más, en tener más información, porque saben
que no saben todo. Están conscientes de lo limitado e
incompleto de sus conocimientos y sienten la necesidad
de informarse mejor para dar una opinión, proponer una
solución o tomar una decisión. Estas personas buscan
activamente acceder a la información para aumentar su
conocimiento, solucionar problemas y seguir ejerciendo una
posición de liderazgo. Estas personas tienen conciencia de
la importancia y del poder de la información.
La puja entre los ciudadanos que quieren acceder
a la información pública y las autoridades estatales
que quieren limitar el acceso a la información es una
puja entre dos grupos conscientes de la importancia y
el poder de la información y del conocimiento. Para los
ciudadanos, el acceso a la información es el acceso
a una herramienta importante de control mediante la
transparencia; una forma de que los funcionarios públicos
ejerzan sus funciones efectivamente en público. Para los
funcionarios públicos, el acceso ciudadano a la información
constituye un control sobre su actuación; efectivamente
una disminución de su privacidad, porque, desde luego, su
trabajo como funcionario público ya no es su vida privada.
La transparencia que permite el acceso ciudadano a la
información deja al descubierto el daño que hace al bien
común el manejo de lo público para el beneficio privado de
los funcionarios.
Esto es diametralmente opuesto a lo que ocurre en un
régimen autoritario, como lo fue el de Stroessner, cuando
el ciudadano era obligado a revelar a las autoridades su
vida privada, en todos sus detalles, pero no tenía derecho
a cuestionar el uso privado que Stroessner y sus cómplices
hacían de las cosas del Estado.
El libre acceso ciudadano a la información pública
revierte la posición autoritaria de no respetar la privacidad
del ciudadano, protegiendo la “privacidad” del dictador y sus
cómplices, y se impone una situación simétrica opuesta: la
de respetar la privacidad del ciudadano transparentando la
actuación de las autoridades para fortalecer la democracia
poniendo límites al abuso de poder.
CONTACTO
Ezequiel F. Santagada
Director Ejecutivo
Instituto de Derecho y Economía Ambiental - IDEA
Cap. Torales 150 c./ Mcal. López (1851), Asunción,
Paraguay
Tel/Fax (++595-21) 614-619 / 614-620 / 662-543
http://www.idea.org.py
6
MEJORES CONTROLES Y PROCEDIMIENTOS
Cuando aumenta la seguridad jurídica,
se fortalece el Estado de derecho
Con el objetivo de fortalecer
la capacidad de los tribunales
de sentencia para resolver
casos de delitos económicos
y corrupción y apoyar la
realización de auditorías
forenses en Ministerios
claves del Poder Ejecutivo
como un mecanismo
efectivo para investigar
y lograr la condena en
estos casos, el Instituto
para la Consolidación del
Estado de Derecho (ICED)
conjuntamente con el
Centro de Información y
Recursos para el Desarrollo
(CIRD) implementó varias
actividades en el marco del
Programa Más Justicia.
El trabajo se enfocó en los
siguientes términos:
1. Establecer un modelo para
especializar a la jurisdicción
de delitos económicos
y corrupción en el Poder
Judicial.
2. Promover la herramienta
metodológica “subsunción”
de manera que sea utilizada
para la elaboración de
sentencias definitivas en
casos de delitos económicos.
3. Apoyar el establecimiento
de unidades forenses en
ministerios nacionales u
oficinas públicas y fortalecer
las ya existentes.
JORNADAS DE DERECHO PENAL ECONÓMICO SE LLEVARON A CABO EN CIUDAD DEL ESTE, ENCARNACIÓN
Y ASUNCIÓN. LAS MISMAS CONTARON CON LOS EXPOSITORES INTERNACIONALES MANUEL ABANTO
Y EDUARDO DEMETRIO CRESPO, ADEMÁS DEL CONSULTOR NACIONAL RICARDO PREDA.
Modelo para especializar a la jurisdicción
de delitos económicos y corrupción
Los delitos económicos y de corrupción en general no
son percibidos en la verdadera gravedad del daño que
causan en la sociedad. Es más, en algunos casos, los delincuentes son vistos como personas “exitosas”. Los que
cometen este tipo de delitos suelen tener poder económico y/o político, por lo que las posibilidades de salir
impunes son mayores ya que pueden acceder a buenas
defensas e incluso al tráfico de influencias o a corromper
a los operadores de justicia.
La complejidad que tiene el investigar y juzgar adecuadamente estos delitos implica un fuerte trabajo en
profesionalizar a los operadores de justicia de manera
que cuenten con herramientas más eficientes. Un magistrado es abogado y conoce de leyes, pero el juzgamiento
de los delitos económicos requiere de conocimientos de
auditoría, contabilidad, economía, comercio exterior, temas impositivos, etc. Es por ello que desde el ICED se
plantearon varias cuestiones tendientes a posicionar la
relevancia del tema y proponer acciones que inicien la
tarea de especialización de los magistrados y adecuación
institucional.
Para ello, se diseñó e implementó un programa de capacitación para jueces y funcionarios del Poder Judicial
y agentes fiscales y funcionarios del Ministerio Público.
El programa contempló varias estrategias, entre las
más importantes se destacan: el desarrollo de cursos de
capacitación a actores claves involucrados; el posicionamiento del tema y la generación de debate académicojurídico de alto nivel; y el apoyo a la creación de una
oficina de apoyo que pueda aportar al juzgamiento de los
casos de delitos económicos y corrupción.
En este abordaje se priorizaron tanto la construcción
de institucionalidad al interior del Poder Judicial como
la generación de conocimiento en los actores de justicia
y difusión de la relevancia y complejidad del tema en la
sociedad y los públicos de interés.
7
Los libros y las conferencias
Para posicionar el tema y generar pensamiento crítico y debate, se editaron tres tomos del libro “Apuntes de Derecho Penal Económico”, la primera colección nacional dedicada a este
tema, que incluyó artículos de destacados juristas nacionales e
internacionales que marcan tendencia en la materia.
Asimismo, se realizaron 20 conferencias magistrales con la
presencia de varios expertos internacionales en Asunción, Caaguazú, Ciudad del Este y Encarnación, 2.786 personas participaron de estas actividades.
Todos los materiales están disponibles gratuitamente en el
sitio www.iced.org.py
La Oficina de Apoyo
A instancias del Programa, la Corte Suprema de Justicia aprobó la
Acordada N° 817, de fecha 16 de mayo de 2013, “Por la que se crea
la Oficina de Apoyo para el Juzgamiento de casos de Delitos Económicos y Corrupción”. Esta oficina permitirá disponer de un sistema
integrado para el gerenciamiento de la resolución de los delitos económicos y de anticorrupción.
Además de estipular las funciones en la Acordada, la CSJ dictó la
Resolución N° 1494 de fecha 13 de agosto de 2013, en la que aprueba
los manuales de funciones y procedimientos para esta oficina además
de los perfiles de cargos.
El programa de capacitación
Modelo de gestión para el juzgamiento
En un proceso consensuado con las contrapartes, se elaboró un
programa de capacitación que tuvo los siguientes objetivos:
Promover el desarrollo de cursos de actualización en Derecho
Penal Económico y de la Empresa para enfrentar los desafíos
actuales en el área, generar discusiones en torno al contenido
del Derecho Penal Económico y de la Empresa, planteando
formas de abordaje y aplicación y crear espacios de discusión
y reflexión acerca del Derecho Penal Económico y de la
Empresa, para concientizar sobre el tema a la sociedad en
general. Este programa de capacitación fue implementado
integralmente con la participación de magistrados, agentes
fiscales y funcionarios.
El modelo de gestión para el juzgamiento de casos de delitos económicos y corrupción fue materializado con el Manual de Subsunción,
que se constituye en una herramienta que contribuirá al mejoramiento
de la calidad de las sentencias. Con la palabra SUBSUNCIÓN se designa a la tarea de comprobar si un hecho realiza los presupuestos de
la punibilidad penal.
La Corte declaró, mediante la Resolución 3437 de fecha de 1
de noviembre de 2011, de interés institucional este proceso y la
herramienta y recomienda a los magistrados del fuero penal de todo
el país su utilización como material de apoyo para la resolución de
casos sometidos a su competencia. Además, se firmó un acuerdo con
la Asociación de Agentes Fiscales para realizar actividades de capacitación sobre esta herramienta dirigidas a sus miembros.
Los 29 fascículos que integran el Manual se encuentran disponibles en el sitio web de ICED de manera libre y gratuita.
Participaron 203 personas, entre magistrados, fiscales y
funcionarios del fuero penal tanto del Ministerio Público
como del Poder Judicial.
Tuvieron cuatro módulos y 120 horas cátedras.
Los temas principales abordados a lo largo de los tres
módulos fueron:
La subsunción como herramienta metodológica.
La Teoría del hecho punible. Los presupuestos de la
punibilidad.
Esquema del hecho punible doloso de acción consumado.
Esquema del hecho punible de omisión doloso.
El Iter Criminis. Autoría y participación.
Hechos punibles contra el erario. Evasión de impuestos.
Contrabando.
Adquisición fraudulenta de subvenciones.
Las insolvencias punibles. Conducta conducente a la
quiebra. Conducta indebida en situaciones de crisis.
Frustración de la ejecución individual.
Hechos punibles contra la prueba documental.
Elementos que influyeron
en el logro de los resultados
Apoyo de la Corte Suprema de Justicia desde el inicio con alto involucramiento y positiva influencia en los magistrados en el proceso de implementación de las actividades.
Aprobación de instrumentos normativos que formalizaron la propuesta técnica para lograr la especialización de Tribunales en los casos de delitos económicos y de corrupción.
Reconocimiento de magistrados, agentes fiscales y funcionarios de la importancia y la necesidad de la especialización debido a la complejidad de este tipo de hechos punibles.
Aporte de especialistas extranjeros en derecho penal económico que elevó el nivel técnico de las discusiones.
8
FORTALECIMIENTO DE INSTITUCIONES PÚBLICAS
Oficinas de Auditoría Forense: claves para
la detección de hechos de corrupción
Para fortalecer a las instituciones públicas en su capacidad de lucha contra la corrupción, el Programa
Más Justicia, a través del ICED y el CIRD, y de la cooperación de USAID, trabajó en la instalación
y fortalecimiento de unidades de Auditoría Forense. Estas unidades son órganos especializados en
profundizar lo detectado por las reparticiones tradicionales de control como generalmente son los
órganos de auditoría interna (auditoría de gestión, financiera, contable, etc.), por lo que con su
participación se elevan las posibilidades de aplicar sanciones a quienes cometen ilícitos en perjuicio
de las instituciones públicas, o en perjuicio de terceros en su calidad de funcionarios públicos.
L
a experiencia reciente demuestra que una
variedad de delitos
en contra de la administración pública
quedaron sin castigo a causa de
malas prácticas al momento de
la detección de casos y de la colección de evidencia, así como el
desconocimiento de los auditores
o contralores del sector público
acerca de las implicancias que
posee en el proceso penal estas
malas prácticas. El modelo desarrollado por el Programa se constituye de esa forma en una instancia superadora de esta situación.
El programa trabajó en conjunto con la Auditoría General del
Poder Ejecutivo (AGPE) en la instalación de una Dirección General
de Auditoría Forense, promovió el
fortalecimiento de las existentes
en la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) y
el Ministerio de Obras Públicas y
Comunicaciones (MOPC) y realizó un acompañamiento especial a
la Contraloría de manera a ajustar
normativas, profundizar la capacitación y el análisis de casos, así
como promover el trabajo con la
fiscalía de delitos económicos para
analizar las acciones que favorecerían el relacionamiento y la cooperación interinstitucional que es un
factor clave atendiendo a que de
ello depende que la persecución
de los delitos económicos reúna
los elementos necesarios para una
adecuada investigación de forma a
evitar la impunidad en este tipo de
hechos punibles.
COMPROMISO INSTITUCIONAL
El estilo de asistencia técnica implementada promueve la participación activa de las instituciones de
manera a generar cambios organizacionales sostenibles y el compromiso de las autoridades y los
funcionarios.
Asimismo, se impulsó la adecuación normativa o la creación
de decretos u resoluciones que
respalden las reformas. Por ejemplo, la AGPE promovió el Decreto
del Poder Ejecutivo Nº 8333 que
modifica la estructura orgánica
de la Auditoría General del Poder
Ejecutivo incluyendo a la nueva
oficina de Auditoría Forense, se estableció que los organismos y entidades dependientes del Poder Ejecutivo impulsarán la adecuación de
sus organizaciones internas a los
efectos de posibilitar la realización
de auditorías internas y se delegó
a la AGPE el establecimiento de
los lineamientos de organización,
funciones y procedimientos que
deberán seguir los respectivos organismos y entidades para su adecuación conforme los alcances del
decreto.
Esta disposición del Poder
Ejecutivo significó un logro estratégico para el cumplimiento del
objetivo del proyecto, pues obliga
al sector público dependiente del
Poder Ejecutivo a la creación de
unidades que tengan por misión
detectar hechos punibles en las
instituciones.
Total de personas capacitadas: 275
153
9
Formación de equipos y
utilización de tecnología para
la sostenibilidad
Presencial
122
Semipresencial
Factores que han incidido en
el logro de los resultados
La voluntad institucional de los responsables de las oficinas
públicas involucradas para llevar adelante las actividades
del Programa y obtener los resultados previstos.
La Contraloría General de República (CGR), con
capacidad previamente instalada para realizar auditorías
forenses, facilitó el proceso de comprensión del tema a
los demás oficinas que formaron parte del programa.
El interés de los fiscales de delitos económicos de
coordinar esquemas de trabajos con la CGR.
La participación y el interés demostrado por los
funcionarios que formaron parte de las capacitaciones.
El proceso de diseño y formalización de la Unidad de Auditoría
Forense de la AGPE fue acompañada por un fuerte y sostenido
proceso de capacitación que involucró, además de funcionarios
de esta Institución, a personal clave de diversas reparticiones
públicas que permite al Estado disponer de un grupo de
funcionarios con el conocimiento necesario para realizar
tareas de detección de hechos punibles. En este contexto, el
ICED desarrolló un curso virtual de auditoría forense que fue
impartido semipresencialmente. Todos los módulos cuentan
con videos, tutoriales y documentos de apoyo que permiten
a los participantes profundizar los conceptos, conectarse
entre ellos y con el docente, además de tener casos prácticos
referidos a la realidad local. El objetivo del desarrollo de este
curso virtual fue dejar una herramienta en la AGPE que permita
replicar las capacitaciones a todas las otras instituciones,
además de ser un recurso que se puede actualizar
permanentemente.
FIRMA DE ADENDA DEL ACUERDO DE COOPERACIÓN DE LA AGPE CON EL PROGRAMA
MÁS JUSTICIA, SUSCRIBEN EL DIRECTOR DE USAID FERNANDO COSSICH, LA
MINISTRA DE LA AGPE, BERTHA RODRÍGUEZ; EL PRESIDENTE DE ICED, ROBERTO
ÚBEDA Y EL DIRECTOR DEL PROGRAMA MÁS JUSTICIA ÁLVARO CABALLERO.
Innovación en la Dirección
Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
El programa logró que la DNCP, por resolución Nº 485/12,
establezca la Unidad de Investigación de Infracciones
Administrativas por parte de oferentes, proveedores
y contratistas del Estado y aprobó el reglamento de
procedimientos. Posteriormente, la Unidad se convierte
en Departamento de Investigación Previa (DIPIA) mediante
resolución N° 1538 de fecha 18 de julio de 2013. El DIPIA
tiene a su cargo la tarea de investigar, recabar documentos y
pruebas para determinar si un hecho determinado reúne los
méritos suficientes para iniciar un sumario administrativo a
los proveedores del Estado, atendiendo a las facultades que
en la materia posee la DNCP. Con esta estructura, junto con el
programa de capacitación implementado, la institución está en
condiciones de investigar hechos irregulares que acontezcan
en los procesos de contratación.
10
MODELO DE GESTIÓN DE LA CORTE
Programa Más Justicia desarrolló importantes
avances para la reforma administrativa
de la Corte Suprema de Justicia
Desde sus inicios, en 2010, el Programa de Democracia Más Justicia, ejecutado
por el Centro de Información y Recursos para el Desarrollo (CIRD) juntamente
con el Centro de Estudios Judiciales (CEJ) con la asistencia técnica de USAID,
llevó adelante actividades con el objetivo de dotar a la Corte Suprema de
Justicia (CSJ) de un nuevo modelo de gestión administrativa que tienda a
disminuir el tiempo que los ministros dedican a tareas administrativas e
instalar un órgano superior de gestión especializado. El enfoque fue dirigido
a optimizar el uso del tiempo y esfuerzo de los ministros de la CSJ, mediante
una mayor delegación de autoridad administrativa al personal técnico con
que cuenta el Poder Judicial. A lo largo de estos 3 años de implementación,
se han logrado importantes avances teniendo en cuenta ese objetivo, por
ejemplo, la planificación estratégica del Poder Judicial que permita una visión
a largo, mediano y corto plazo y su implementación inmediata y efectiva.
Asimismo, se trabajó en el diseño de un “Mapa de la transparencia” y un
“Mapa de riesgos administrativos en el Poder Judicial”, ambas herramientas
de diagnóstico institucional que permite identificar las debilidades de la
organización para desplegar acciones correctivas. Los avances que se vienen
implementando en la Corte Suprema de Justicia en cuanto a la reforma de
su gestión administrativa se enmarcan en el Plan Estratégico Institucional
2011-2015, el cual contempla entre sus objetivos el fortalecimiento de la
gestión administrativa, con la creación de un nuevo órgano y la reestructuración
funcional del área técnico-administrativa. Cada una de las acciones y
herramientas desarrolladas por el Programa de Democracia Más Justicia
fueron emprendidas con el objetivo de acercar a la ciudadanía al Poder Judicial,
brindando asistencia técnica para que ésta ofrezca sus servicios de calidad a
la sociedad, de manera eficaz y transparente.
Planificación estratégica
El proceso de diseño, discusión y elaboración
de la Planificación estratégica se llevó a cabo
con una amplia participación de todos los
sectores del sistema de justicia (magistrados,
funcionarios, abogados, estudiantes, agentes
fiscales, autoridades policiales, departamentales,
municipales, referentes gremiales y de la sociedad
civil), a través de talleres regionales en las
distintas circunscripciones judiciales de todo el
país, con la asistencia técnica del CEJ.
Se tuvo en cuenta el diagnóstico sobre la
realidad política, económica y social del país, las
opiniones, expectativas y propuestas de actores
relevantes con el objetivo de elaborar un plan
estratégico y operativo del Poder Judicial que
permita una visión a largo, mediano y corto plazo
y su implementación inmediata y efectiva. En
esta actividad se contaron con dos resoluciones
favorables de la CSJ:
Res. Nº 2951 de fecha 15 de febrero de
2011. La CSJ resuelve disponer el inicio de
actividades preparatorias para el desarrollo del
Plan de acción estratégica 2011-2015.
Plan estratégico institucional 2011-2015,
aprobado de conformidad al Acta Nº 17 de
fecha 7 de junio de 2011 de la sesión plenaria
de la Corte Suprema de Justicia de la misma
fecha.
11
Nuevo modelo de gestión administrativa de la CSJ
Los avances que se vienen implementando en la
Corte Suprema de Justicia en cuanto a la reforma
de su gestión administrativa se enmarcan en el
Plan estratégico institucional 2011-2015, el cual
contempla entre sus objetivos el fortalecimiento
de la gestión administrativa, con la creación de
un nuevo órgano y la reestructuración funcional
del área técnico-administrativa. En ese sentido, la
asistencia técnica del Programa Más Justicia logró
resoluciones de apoyo institucional del Poder
Judicial, como por ejemplo:
Resolución Nº 3186 de fecha 28 de junio de
2011, la CSJ resuelve iniciar el proceso para el
diseño e implementación de un modelo de gestión
para el ámbito administrativo y de servicios no
jurisdiccionales; asignar al ministro Prof. Dr. Luis
María Benítez Riera el proceso mencionado.
A- Optimización del tiempo de los magistrados
El Programa Más Justicia presentó varios estudios
y consideraciones generales sobre el tiempo que
emplean los ministros de la Corte en resolver
cuestiones administrativas, como resultado de
los talleres con directores administrativos y
entrevistas a los ministros de la Corte.
Recomendaciones
Crear y constituir un órgano superior de
gobierno administrativo, con la atribución
principal de planificar, organizar, dirigir,
coordinar, supervisar y controlar las
actividades administrativas del Poder Judicial
que tendrá. Su finalidad, en principio, sería
la de administrar los recursos financieros,
humanos, tecnológicos, materiales y de
información destinados al funcionamiento del
Poder Judicial.
Revisar y rediseñar la organización
administrativa general del Poder Judicial para
adaptarla a este nuevo órgano.
Editar o actualizar un manual de organización
de funciones para el ámbito administrativo.
Valorar la necesidad de crear el cargo de
gerente administrativo o administrador general,
como ejecutivo de este nuevo órgano superior.
Luego de las acciones emprendidas por el
Programa Más Justicia, la Corte Suprema de
Justicia emitió las siguientes resoluciones
encaminadas a posicionar las reformas
administrativas a nivel institucional:
1. Resolución Nº 2263 de fecha 24
de octubre de 2011. El Consejo de
Superintendencia de Justicia resuelve: disponer
la operatividad de la resolución Nº 3186 del
28/06/2011 de la CSJ, a fin de dar continuidad
a los trabajos de presentación de alternativas de
diseño de un modelo de gestión administrativa a
nivel de gobierno superior, legalmente viable y
basadas en los resultados de campo.
2. Resolución Nº 2746 de fecha 12
de diciembre de 2011. El Consejo de
Superintendencia de Justicia resuelve:
Aprobar el avance de los trabajos de estudio de
alternativas de diseño de un modelo de gestión
a cargo del CIRD/CEJ con la cooperación
de USAID, en la propuesta de creación de
un Consejo Superior de Administración
del Poder Judicial, dependiente de la CSJ a
cargo del ámbito administrativo del Poder
Judicial, para que atienda y resuelva en materia
administrativa y financiera de conformidad
a la legislación vigente, y la creación de un
gerente superior de administración judicial,
dependiente del Consejo Superior de
Administración del Poder Judicial;
Aprobar el avance de los trabajos en el análisis
y socialización interna para el rediseño del
organigrama del ámbito administrativo del
Poder Judicial considerando la propuesta
de creación del Consejo Superior de
Administración y del gerente superior de
Administración.
3. Resolución Nº 3556 de fecha 13 de
diciembre de 2011. La Corte Suprema de
Justicia resuelve: ratificar la Resolución Nº 2746
del 12 de diciembre de 2011 del Consejo de
Superintendencia de Justicia.
B- Sistemas de control interno del Poder
Judicial fortalecidos
El Programa Más Justicia consideró importante
incluir el control y la transparencia como ejes
transversales de todo el planteamiento del modelo
de gestión de Corte; por ello se llevó adelante
un proceso de fortalecimiento de los órganos de
control, Contraloría Interna, Auditoría Interna,
Superintendencia de Justicia, Auditoria de
Gestión Jurisdiccional, Oficina de Ética Judicial
con capacitaciones en el desarrollo de planes
operativos de los mismos, teniendo como eje
principal los objetivos delineados en el Plan
Estratégico 2011-2015 del Poder Judicial.
Se llevó adelante un proceso de identificación
de riesgos administrativos en los procesos
internos, que concluyó con la aprobación de un
Protocolo de riesgo administrativo que contiene la
identificación y ponderación de los mismos, que
actualmente se halla en fase de implementación
en la institución. Esta herramienta fue aprobada
mediante:
Resolución Nº 4481 de 21 de mayo de 2013.
La Corte Suprema de Justicia resuelve: Aprobar
el Protocolo para control de administración del
riesgo en la gestión administrativa financiera
de la Corte Suprema de Justicia. Autorizar
la elaboración del Manual de Funciones y
procedimientos en base al protocolo aprobado.
A partir de la aprobación del Protocolo de Riesgo
Administrativo, la Dirección de Contraloría
Interna se encuentra realizando trabajos de
ajustes de la herramienta informática para la
implementación efectiva del citado instrumento.
La herramienta informática, dirigida al área
administrativa, se halla en fase de culminación e
iniciando en el área financiera.
C- La aprobación del Órgano Superior de
Administración Judicial permitirá un mejor
uso de los recursos
En el año 2013 la asistencia técnica avanzó
con el desarrollo y elaboración de los manuales
de funciones de los consejeros del Consejo
Superior de Administración del Poder Judicial,
perfiles de cargo y estructura presupuestaria para
el nuevo órgano que fueron presentados a la
máxima instancia, y aprobados de forma general
y remitidos a los ministros para su estudio en
particular.
La estructura presupuestaria del Órgano
Superior de Administración Judicial ha sido
incorporada en el anteproyecto de presupuesto
de ingresos y gastos del ejercicio fiscal 2014 del
Poder Judicial. Este proceso de implementación
fue aprobado por una regulación interna de la CSJ.
Resolución Nº 269 de fecha 8 de abril de
2013. El Consejo de Superintendencia de la CSJ
resuelve: continuar con el proceso de adecuación y
análisis de la actual estructura administrativa para
adaptarlo al nuevo modelo de gestión de la Corte.
Los manuales y reglamentos elaborados
fueron aprobada mediante resolución:
N.S. Nº 1074 de fecha 2 de julio de 2013. ACTA
Nº 19 de la SESIÓN PLENARIA DE LA CSJ
de fecha 2 de julio de 2013 resolvió aprobar en
general el Proyecto de Organigrama, Manual de
Funciones y Perfiles de Cargo del Consejo de
Administración del Poder Judicial.
A partir de la asistencia técnica del Programa
Más Justicia, el Poder Judicial cuenta con una
hoja de ruta a seguir en el proceso de la reforma
administrativa, que incluye documentos técnicos
elaborados para la puesta en marcha del nuevo
modelo de gestión de la Corte, manuales y
reglamentos, y la propuesta de realizar llamados
para cubrir los cargos del nuevo Órgano Superior
Administrativo propuesto. En este sentido, es
importante mencionar que el impacto económico
de la implementación de la nueva estructura es
poco significativo dentro del presupuesto de
la institución, teniendo en cuenta que se prevé
también la utilización de recursos humanos
idóneos y capacitados de la misma, a través de un
concurso externo e interno.
La evaluación de la asistencia técnica
brindada al Poder Judicial desde el Programa
Más Justicia es altamente positiva, dado que la
incidencia lograda por la sociedad civil organizada
fue concreta e institucionalizada. Existe una
capacidad instalada y una voluntad por parte de las
autoridades del sector judicial en ir profundizando
las acciones que permitan la plena vigencia del
nuevo modelo de gestión administrativa de Corte
transparente, ético y eficaz.
CENTRO DE ENTRENAMIENTO Y CAPACITACIÓN JUDICIAL
Capacitación continua de jueces y funcionarios
para la profesionalización del Poder Judicial
El Programa Más Justicia, desarrollado por el Centro de Estudios Judiciales (CEJ) conjuntamente con el Centro de Información
y Recursos para el Desarrollo (CIRD), con la cooperación de USAID, incorporó dentro de su línea de trabajo el componente
de formación para magistrados y funcionarios judiciales. Durante los tres últimos años, la asistencia técnica brindada
se concentró en implementar nuevos métodos y programas de capacitación para jueces y para la profesionalización
del Poder Judicial a través de la actualización continua en gestión de despacho, nuevos procesos administrativos,
nuevas tecnologías y legislaciones. El modelo de capacitación fue implementado y fortalecido por un equipo formador
de formadores entrenado por el Centro de Estudios Judiciales (CEJ) en alianza con la Corte Suprema de Justicia.
Las principales acciones
desarrolladas por el componente
Capacitación para jueces y
profesionalización del Poder
Judicial, entre otras, son:
Planes piloto de capacitación para
jueces y funcionarios
Esta línea de trabajo representa el desarrollo de cursos
de capacitación para el personal judicial a través de
metodología de intervención que reúne los requisitos
académicos necesarios para validar los cursos
diseñados e implementados:
EL DIRECTOR DEL PROGRAMA MÁS JUSTICIA
ÁLVARO CABALLERO Y EL MINISTRO DE LA CORTE
SUPREMA DE JUSTICIA DR. ANTONIO FRETES EN
UNA JORNADA DE FORMADOR DE FORMADORES.
Reestructuración de CIEJ, como Centro de
Entrenamiento Judicial Internacional, e instancia
técnica curricular dedicada a la capacitación de jueces
y funcionarios, aprobado por la Corte Suprema de
Justicia, mediante la Acordada 821/2013.
El Programa de Captación y Entrenamiento
a Formadores Locales Judiciales con perspectiva
de género y DD.HH., incorpora la perspectiva de
género y derechos humanos en la formación de los
futuros formadores, mediante el desarrollo de una
metodología de captación, selección y entrenamiento
de nuevos formadores judiciales locales en temas de
interés institucional que los docentes deben conocer
y aplicar en forma transversal en todo lo concerniente
a la gestión jurisdiccional. La implementación
del Programa permite la creación de un banco de
formadores judiciales locales, habilitando un registro
de docentes institucionales por materias y perfiles
requeridos.
Las Jornadas de Derecho Judicial han generado un
espacio para el debate sobre la carrera y la capacitación
judicial en Paraguay, teniendo con principales
destinatarios a la comunidad jurídica en general,
jueces, abogados, estudiantes de derecho.
Detección de necesidades de capacitación por áreas
(administrativa o jurisdiccional).
Análisis de los resultados relevados.
Diseño de mallas curriculares.
Mallas curriculares por competencias: implica el
desarrollo de competencias para el mejoramiento
de la gestión jurisdiccional. (Competencias
procedimentales, competencias conceptuales y
competencias técnicas).
Carga horaria: a partir de 40 horas académicas,
tal como lo establece en su artículo Art. 3º el
Reglamento que establece criterios de selección
y exámenes para candidatos a los cargos de la
magistratura.
Planes de intervención docente
Evaluaciones de rendimiento
Implementación de las capacitaciones
Evaluaciones de satisfacción y rendimiento
Cantidad de
horas académicas
desarrolladas
502
El Programa de Captación y
Entrenamiento a Formadores
Locales Judiciales con perspectiva
de género y derechos humanos
El Programa de Captación y Entrenamiento a
Formadores Locales Judiciales incorpora la perspectiva
de género y derechos humanos en la formación de
los futuros formadores, mediante el desarrollo de una
metodología de captación, selección y entrenamiento
de nuevos formadores judiciales locales en temas de
interés institucional que los docentes deben conocer y
aplicar en forma transversal en todo lo concerniente a
la gestión jurisdiccional.
La experiencia se ha desarrollado en las
circunscripciones de Guairá y Caaguazú, conforme
un modelo de entrenamiento regional que permita
el intercambio de criterios y experiencias entre los
formadores de ambas circunscripciones, mediante una
convocatoria abierta que ayuda a despertar el interés
y compromiso para la conformación de un plantel de
formadores locales, que den respuesta a las necesidades
de capacitación institucionales a nivel local.
Un total de 30 formadores de Guairá y Caaguazú
han aprobado el Programa en sus dos etapas: Etapa
Introductoria y Etapa de Especialización. Los temas
de especialización han sido Derecho de la Niñez y la
Adolescencia y Derecho de los Pueblos Originarios.
Cantidad de
participantes
1300
jueces y funcionarios
judiciales
848 hombres
459 mujeres
Penal
Niñez y adolescencia
Civil y comercial
Procesal Constitucional
Ética, transparencia
e integridad
Derecho administrativo
Formación de
formadores
Áreas desarrolladas
12
13
Creación de una estructura
académica que dinamice la
formación a nivel institucional
Se ha avanzado en la creación de una nueva estructura
académica como instancia técnica curricular para
el desarrollo de la formación inicial y continua de
jueces y funcionarios judiciales de la institución;
para este objetivo, se debatió y se socializó el diseño
de la estructura académica, funciones y perfiles
académicos, con actores claves, como directores,
jefes y el presidente de la CSJ, obteniendo como
resultado los acuerdos políticos y técnicos para
el desarrollo y aprobación de una nueva unidad
académica que aglutine la capacitación de jueces
y funcionarios en una sola instancia, permitiendo
el abordaje de políticas de capacitación judicial
que incorporen a jueces y funcionarios de manera
unificada, superando la antigua división existente
entre las dos unidades encargadas de la capacitación.
Una nueva estructura física para la capacitación
El Programa Más Justicia acompañó las gestiones
para la incorporación al presupuesto de la Corte
Suprema de Justicia del componente capacitación, para
dotar de infraestructura adecuada para el desarrollo
de las actividades de formación. Se acondicionó un
espacio físico destinado a la capacitación, consistente
en aulas didácticas y computadoras disponibles
para la capacitación de jueces y magistrados.
La educación virtual como modalidad innovadora
La nueva estructura académica incorpora la
educación virtual, como una herramienta de
formación judicial, ubicando a la CSJ en la
vanguardia de una modalidad de capacitación
actualmente en auge en el mundo moderno.
Análisis del modelo de
capacitación judicial vigente y
la necesidad de reglamentar
la carrera judicial
Durante el trabajo realizado tendiente a la
implementación de un nuevo modelo de capacitación
continua para la Corte Suprema de Justicia han
surgido interrogantes acerca del modelo de
capacitación vigente en el sistema de justicia,
que engloba no solamente a la Corte Suprema de
Justicia, sino también al Ministerio Público, a la
Defensa Pública y a la Escuela Judicial, hasta el
momento dependiente del Consejo de la Magistratura
e instancia de formación inicial y continua para
jueces, fiscales, defensores y abogados.
Se han planteado los siguientes interrogantes:
¿Cuál es el enfoque de la capacitación judicial desde
la mirada de las instituciones integrantes del sistema
judicial paraguayo?, el sistema actual de capacitación
judicial, ¿responde a las demandas ciudadanas?,
¿es sostenible el sistema actual de capacitación
judicial con la ausencia de una carrera judicial?
En los distintos encuentros realizados se
discutieron ideas y enfoques acerca de los desafíos
de la capacitación judicial en el sistema de justicia
paraguayo y su aporte para la independencia judicial,
desde la perspectiva de actores claves del sistema
de justicia, Corte Suprema de Justicia, Ministerio
Público, Defensa Pública, Consejo de la Magistratura
y Escuela Judicial, Gremios de Abogados.
Se han abordado varios aspectos del modelo
de capacitación vigente en el sistema de justicia,
partiendo de la premisa de que es necesario iniciar
el debate acerca de la capacitación judicial como
una herramienta de gestión institucional.
La conclusión de esta serie de talleres y encuentros
es que es necesario consolidar un modelo en que la
Escuela Judicial abarque la formación inicial y de
la misma forma, que es necesario regular la carrera
judicial, discutir modelos y adaptarlos a la realidad
nacional, considerando que la carrera judicial es vital
para un modelo de capacitación judicial efectivo.
EL PROGRAMA MÁS JUSTICIA LLEVÓ A CABO DIVERSOS TALLERES DE FORMACIÓN
EN VARIAS CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES DE LA REPÚBLICA.
Jornadas de derecho judicial
como espacio de debate
sobre la carrera judicial
Las jornadas de derecho judicial han generado
un espacio para el debate sobre la carrera y la
capacitación judicial en Paraguay, teniendo con
principales destinatarios a la comunidad jurídica en
general, jueces, abogados, estudiantes de derecho.
La cuarta jornada de derecho judicial, desarrollada
en el año 2011, ha tenido como eje temático “La
carrera y la capacitación judicial en Paraguay”, y
como objetivos centrales: la identificación de las
políticas de capacitación y carrera judicial como
herramientas esenciales para la independencia
judicial, y por lo tanto, el debate sobre la
importancia de la capacitación judicial para el
mejoramiento de la gestión institucional.
Los expositores han sido destacados especialistas,
como el abogado Enrique Kronawetter, en ese
entonces director de la Escuela Judicial; el Dr.
Manuel Aguirre, en representación del gremio de
jueces, y la consultora internacional, especialista
en capacitación judicial, Leticia Lorenzo.
Han participado jueces y funcionarios judiciales de
las circunscripciones de Capital, Guairá, Caaguazú,
Alto Paraná, Itapúa, al igual que directores y jefes
administrativos de la CSJ, y los ministros de la
CSJ, actores claves del sistema judicial, gremios de
abogados, Ministerio Público, gremios de jueces.
Algunos logros importantes en
el componente capacitación
La Corte Suprema de Justicia, mediante la Acordada
821/2013, ha aprobado la reestructuración de CIEJ,
como Centro de Entrenamiento Judicial Internacional,
dedicado a la capacitación de jueces y funcionarios.
Asimismo, la Corte ha reglamentado el llamado
a concurso público de oposición de méritos y
aptitudes para ocupar los cargos académicos
creados para el Centro de Entrenamiento Judicial
Internacional. (Resolución 4579/2013).
Se han elaborado e implementado mallas
curriculares para las áreas jurisdiccional y
administrativa, ajustada a los estándares académicos
(evaluaciones de rendimiento, 40 horas académicas,
programas académicos por competencias).
Se ha elaborado e implementado una nueva
metodología de identificación y entrenamiento de
nuevos formadores locales con perspectiva de género
y derechos humanos, obteniendo como resultado 30
formadores de Guairá y Caaguazú seleccionados.
El mayor desafío ha sido instalar el tema de la
capacitación como una herramienta de mejoramiento
de la gestión judicial, partiendo de necesidad de
que existan políticas de capacitación judicial en la
institución, y no solamente el desarrollo de cursos que
no generan impacto en la gestión, debido a que existe
una desconexión entre lo que se aprende en los cursos
y la gestión cotidiana de jueces y funcionarios. Sin
embargo, con el trabajo interno y los acuerdos logrados
con los actores claves, el tema de la capacitación
judicial ha adquirido un matiz diferente, pensado con
una visión amplia y estratégica para el sistema judicial.
En el mes de diciembre, se llevó a cabo por segundo
año consecutivo, la premiación a los participantes
de los cursos de capacitación 2013. La iniciativa
surge con la finalidad de implementar un sistema
de reconocimiento a los funcionarios judiciales que
han culminado satisfactoriamente los programas
académicos ofrecidos por la institución, destacándose
por su participación y dedicación, demostrando
interés en capacitarse y mejorar su gestión.
LA CORTE TAMBIÉN APROBÓ CÓDIGO DE ÉTICA PARA FUNCIONARIOS
El Poder Judicial compromete sus esfuerzos
en lograr una gestión ética y transparente
El Programa Más Justicia, ejecutado por el
Centro de Estudios Judiciales (CEJ) y el Centro
de Información y Recursos para el Desarrollo
(CIRD) con la cooperación de USAID, llevó
adelante actividades con el objetivo de dotar a
la Corte Suprema de Justicia de la capacidad
técnica suficiente para desarrollar unidades de
transparencia y un Sistema de Ética Judicial
integral que funcione como una instancia
preventiva y orientadora.
El principal objetivo fue fortalecer el
Sistema de Ética Judicial y promover la cultura
de la ética en la institución, mediante la
aprobación e implementación de un código de
ética para funcionarios del Poder Judicial.
Desde el año 2006 el Poder Judicial
14
cuenta con la Oficina de Ética, cuyo alcance
se limitaba al ámbito de la magistratura,
quedando exentos los funcionarios y
funcionarias. Teniendo esto en cuenta y
siendo función de la Dirección de Recursos
Humanos orientar la conducta de funcionarios
Fortalecimiento del Sistema de Ética Judicial
y funcionarias, se detectó la necesidad de
iniciar paralelamente un proceso de revisión
de medidas para el fortalecimiento de la
infraestructura ética institucional desde la
Dirección General de Recursos Humanos.
A través de talleres y reuniones de trabajo
con directores y jefes de departamentos de la
Dirección General de Recursos Humanos se
logró elaborar un Plan de acción tendiente al
fortalecimiento de la infraestructura ética.
En ese sentido, el Programa Más
Justicia ha llegado a todos los actores de la
comunidad jurídica, incluyendo a los miembros
de los órganos éticos, los funcionarios y
funcionarias de la Oficina de Ética Judicial,
los magistrados de toda la república, los
funcionarios judiciales.
Igualmente, se ha promovido el debate
entre los estudiantes de derecho de distintas
universidades del país y se ha informado a los
usuarios del sistema de justicia y ciudadanía
en general a través dwe las campañas.
Para promover los objetivos de esta
iniciativa, se desarrollaron campañas de
concienciación y eventos de capacitación
sobre ética y transparencia a cargo del Centro
de Estudios Judiciales (CEJ).
Apoyo a la gestión de los órganos éticos: Tribunal de
Ética y Consejo Consultivo.
Las primeras acciones del Programa Más Justicia en torno
al componente ética fueron de apoyo al fortalecimiento y
difusión del Sistema de Ética Judicial.
En abril de 2011, estuvo de visita el Dr. Armando
Andruet, reconocido experto argentino en ética judicial.
Con motivo del sexto aniversario de la aprobación del
Código de Ética Judicial, en el mes octubre de 2011 se
realizó un acto de lanzamiento de la publicación “Ética
Judicial en Paraguay, análisis del sistema a seis años de su
creación”.
Campaña “Ética de todos y para todos”
Siendo uno de los objetivos la difusión del Sistema de
Ética Judicial, se dio inicio a la campaña “Ética de todos y
para todos”, bajo el lema “Construyendo juntos una mejor
justicia”. Además de la distribución de más de 10.000
materiales como códigos de ética, trípticos, etc. en todas
las circunscripciones del país, se realizaron conversatorios
con estudiantes y la primera encuesta nacional de ética en el
sistema de justicia en el año 2011.
El 90% de los usuarios encuestados respondió que
consideraba necesaria la implementación de un código de
ética para funcionarios y el 78%, que la imagen del Poder
Judicial mejoraría tras la implementación del mismo.
Campaña “Por una justicia independiente”
La campaña “Por una justicia independiente” recordó a los
magistrados de la república la prohibición de involucrarse
en actividades político-partidarias, al mismo tiempo de
proveerles protección ante las presiones a las que pudieran
ser sometidos, considerando la coyuntura nacional por las
elecciones generales de abril de 2013. Asimismo se alientó a
la ciudadanía a presentar denuncias ante la existencia de un
hecho que involucre la participación de jueces en política
partidaria.
Jornadas de Derecho Judicial 2012. Injerencia política
en el sistema de justicia. Debate ético
Durante la difusión de la campaña “Por una justicia
independiente”, la Oficina de Ética Judicial propuso debatir
sobre las implicancias de la intromisión o injerencia de
sectores políticos en el sistema de justicia, además de
impulsar la ética y la independencia judicial. Para ello se
realizó el seminario “Injerencia política en el sistema de
justicia. Debate ético”, en la Jornada de Derecho Judicial
2012.
Este espacio de discusión contó con la presencia del
Prof. Dr. Marcos Riera Hunter, magistrado; el Dr. Rodrigo
Campos Cervera, presidente del Tribunal de Ética, y la
Dra. Liliana Valiña, asesora del Alto Comisionado de las
Naciones Unidas.
Fortalecimiento de la gestión ética a través de las TIC
A través del Programa, se trabajó en el diseño de
herramientas informáticas que faciliten la gestión interna
y acerquen el sistema de ética a los destinatarios. El
“sistema de gestión jurisprudencial” está alojado en un
servidor propio de la Oficina de Ética que permite cargar las
resoluciones dictadas por el Tribunal de Ética, las opiniones
consultivas y los dictámenes del Consejo Consultivo, y al
mismo tiempo contiene una base de datos sistematizada de
la producción de los órganos éticos.
Por otro lado, a iniciativa de la Oficina de Ética Judicial,
se apoyó la implementación el sistema de consultas éticas
online, que permite a los magistrados y magistradas de toda
la república, presentar sus consultas al Consejo Consultivo
desde cualquier lugar a través de un formulario al cual se
accede desde la página web del Poder Judicial.
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Hacia un sistema de
ética integral
que involucre también a los
funcionarios
Debate con la sociedad civil: Jornada de
Derecho Judicial 2011. Ética judicial
En el mes de abril de 2011, en la Primera
Jornada de Derecho Judicial, se dio inicio al
proceso de discusión con la comunidad jurídica
y ciudadanía. Del seminario participaron, como
panelistas, el Dr. Armando Andruet, reconocido
experto en ética judicial y anteproyectista
del Código de Ética Judicial de Córdoba,
Argentina; Lilian Soto, entonces ministra de la
Función Pública; y Esteban Kriskovich, quien
se desempañaba como director de la Oficina de
Ética Judicial. Asistieron más de 350 personas.
Plan de inducción y reinducción
con énfasis en ética
La inducción es el proceso inicial por medio
del cual se proporciona al nuevo funcionario
la información básica que le permita integrarse
rápidamente al lugar de trabajo y es durante
este proceso cuando el funcionario debe
incorporar las nociones de ética pública que
orienten su actuar a lo largo de su función.
El Programa Más Justicia ha apoyado
técnicamente la elaboración participativa de
los planes de inducción y reinducción con
énfasis en ética. Participaron del proceso
directores, jefes de división y de departamentos
de las áreas que tienen participación en el
proceso de inducción del funcionario.
Redacción y aprobación del Código
de Ética para funcionarios
Se dio inicio a un proceso de discusión y redacción
del Código de Ética para funcionarios del Poder
Judicial. Se conformó un equipo técnico integrado
por directores y funcionarios representantes de
varias direcciones. El equipo redactor, a través de
numerosas reuniones de trabajo con la asistencia
técnica del Programa, culminó el primer borrador
en el mes de octubre de 2012. La Corte Suprema
de Justicia, dio su aprobación al Código, en
sesión plenaria del 2 de octubre de 2013.
Algunas herramientas obtenidas mediante la
asistencia técnica del Programa Más Justicia:
Primera encuesta nacional de ética en el sistema
de justicia: Documento que permitió medir
la percepción de funcionarios y usuarios del
sistema sobre la necesidad de la incorporación
de un código de ética para funcionarios.
Informe “Ética y calidad en la gestión judicial:
estrategias de institucionalización”: Documento
marco que permitió la definición de la estrategia
de intervención para el fortalecimiento de la
infraestructura ética del Poder Judicial.
Plan de acciones prioritarias para el fortalecimiento
de la infraestructura ética institucional: Documento
con el listado de acciones concretas coordinadas
entre distintas direcciones tendientes al
fortalecimiento de la infraestructura ética.
Plan de Inducción y Reinducción con énfasis en
ética: Herramienta que facilita la implementación
de jornadas programadas de inducción que
permita a todos los funcionarios, conocer todo
lo referente a valores, misión, visión, objetivos,
reseña histórica, políticas, normas, servicios,
estructura organizativa, y toda aquella información
necesaria para la identificación del mismo con
los principios y valores éticos de la institución.
Código de Ética para funcionarios del Poder Judicial:
Normativa aprobada por la Corte Suprema de
Justicia orientadora de los principios y valores que
deben observar los funcionarios del Poder Judicial.
Normativa complementaria del Código de Ética
para funcionarios del Poder Judicial: Reglamento
de la Oficina de Ética Judicial, aprobado por la
Corte Suprema de Justicia. Nueva estructura
orgánica de la Oficina de Ética Judicial y Manual de
organización y cargos de la Oficina de Ética Judicial.
Publicaciones:
“Ética Judicial en Paraguay, análisis del sistema
a seis años de su creación”: Publicación que
recoge la experiencia de la creación del
sistema de justicia y los primeros años de
funcionamiento, con los datos de gestión y la
opinión de distintos actores del sistema.
“Ética Judicial, promoviendo la independencia
en la magistratura”: Publicación presentada el
30 de octubre, contiene la labor del segundo
periodo del Tribunal de Ética y del Consejo
Consultivo, de la Oficina de Ética Judicial, así
como los testimonios de actores relevantes en
torno al tema de la independencia judicial.
Sistema de gestión jurisprudencial de la
Oficina de Ética: Herramienta informática
de registro de resoluciones, dictámenes y
opiniones consultivas de los órganos éticos.
Sistema de consultas éticas online: Herramienta
informática que facilita a los magistrados la
presentación de consultas éticas desde internet.
La asistencia técnica del Programa Más Justicia
considera que en este componente el principal
desafío fue instalar la visión de que el sistema
ético no es un sistema que busca la sanción de
magistrados y funcionarios, sino que pretende
constituirse en un orientador de la conducta y de
protección al magistrado o funcionario ante las
diversas presiones a las que está sometido en el
ejercicio de la magistratura o de la función judicial.
El programa culmina apoyando a la Oficina de
Ética Judicial en la celebración del mes de la ética
en octubre de 2013, con diversas actividades
como mesas de diálogo, conversatorios y, con la
publicación del material resumen de gestión de
los últimos tres años del Sistema de Ética y el
homenaje a los miembros de los órganos éticos
del periodo 2010-2013, salientes en noviembre.
Reorganización de la estructura
de la Oficina de Ética
Con la participación del director de la
Oficina de Ética y las jefas del Área Gestión,
Consultas y Denuncias, se diseñó un proyecto
de nueva estructura orgánica, acorde a las
necesidades que plantearía la aprobación
del Código de Ética para funcionarios.
Capacitaciones
La Oficina de Ética Judicial, la Dirección General
de Recursos Humanos y la Dirección de Asuntos
Internacionales e Integridad Institucional han
emprendido la implementación del Módulo de
Capacitación “Ética, transparencia e integridad
en el sector gubernamental”, un módulo de
capacitación a distancia, implementado en
forma progresiva entre 2011 y 2013, a más
de 200 funcionarios y funcionarias.
EL DIRECTOR DE LA OFICINA DE ÉTICA JUDICIAL, GONZALO SOSA; LA DIRECTORA DEL CEJ, MARÍA VICTORIA
RIVAS; Y EL EMBAJADOR DE LOS EE.UU. DE AMÉRICA JAMES THESSIN EN UNA JORNADA SOBRE ÉTICA.
Nº 68 - Noviembre 2013
G. 5.000 // www.cird.org.py/periodico
El programa Más Justicia
en imágenes
El Centro de Información y Recursos para el Desarrollo, juntamente con el Centro de Estudios Judiciales (CEJ)
y el Instituto para la Consolidación del Estado de Derecho (ICED), a través de la cooperación de la Agencia de
los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), han aunado sus esfuerzos en el fortalecimiento de
diversas instituciones del Estado Paraguayo. Las mismas, hoy cuentan con un equipo de profesionales públicos
mejor formados para llevar a cabo acciones centradas en dar respuestas más eficientes y transparentes a la
ciudadanía, en pos de una democracia de calidad.
EL DR. RICARDO PREDA, CONSULTOR DEL ICED, PRESENTANDO EL
MANUAL DE SUBSUNCIÓN A LA COMUNIDAD JURÍDICA.
DIVERSAS CAMPAÑAS ÉTICAS FUERON LLEVADAS
A CABO EN LA SEDE DEL PODER JUDICIAL.
MIEMBROS DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SUSCRIBIENDO EL ACUERDO DE COOPERACIÓN
INTERINSTITUCIONAL CON REPRESENTANTES DEL PROGRAMA MÁS JUSTICIA.

Programa Más Justicia Desarrolló Sistema de Promoción de

Transcripción

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