Taller 7 - Asociación de Historia Contemporánea

Transcripción

Taller 7
El mundo rural en la España contemporánea: conflictos, consensos, vigencias
Coordinadores: Vicente Cendrero Almodóvar y Ángel R. del Valle Calzado
(Universidad de Castilla –La Mancha), José María Lana Berasain (Universidad Pública
de Navarra) y David Soto Fernández (Universidad Pablo de Olavide)
[email protected]; [email protected]; [email protected];
[email protected]
Textos aceptados: 13
Álamo García, Silvia del (Universidad de Castilla – La Mancha), “Intereses particulares
frente a derechos colectivos: conflictos en torno al Monte de Robledo de Montalbán
(Toledo) durante la Restauración”………………………..…………………..………….3
Arnabat, Ramón y Gavaldá, Antoni (Grupo de investigación ISOCAC de la Universitat
Rovira i Virgili), “El cooperativismo agrario catalán: un espacio de sociabilidad y
ciudadanía
(1887-1939)”
económico-social
permanente
(18881939)”…………..........................................................................................................…25
Botella Rodríguez, Elisa (Universidad de Salamanca), “Desigualdad económica y
restricciones en el acceso a la tierra, desafíos persistentes en la historia rural (19002015)”………………………………………………………………………………..…47
Cabana Iglesia, Ana (Universidade de Santiago de Compostela), "En femenino plural. La
perspectiva de género en la historia rural"……………………………………………....77
Carmona, Juan y Simpson, James (Universidad Carlos II de Madrid), “¿Campesinos
unidos o divididos? La acción colectiva y la revolución social entre los yunteros durante
la Segunda República en España (1931-1936)”………….......................................……93
Collantes, Fernando (Universidad de Zaragoza), “”¡Es una tijera!: oferta, demanda y
epistemología en la histoira del sistema alimentario”…………….....……….……..…129
Ferrer Gálvez, Francisco (Universidad de Almería), “Conflictos y consensos en la
construcción del Mar de Plástico”……………………....…………………………….149
Iver Medina, Paz (Universitat Jaume I), “Huelgas y conflicto social entre los pescadores
tradicionales. Costa cantábrica, 1850-1930”……………………………….………….161
Martín-Retortillo, Miguel (Universidad Pompeu-Fabra), “Transformaciones agrarias
desde la historia económica cuantitativa: una visión de la producción y productividad
agraria europea, 1950-2005”…………………………………………………………..179
1
Universidad de Castilla~La Mancha
Departamento de Historia. Área de Historia Contemporánea
Edificio Benjamín Palencia | Campus Universitario s/n | 02071 Albacete
Email: [email protected] | www.ahistcon.org |
Medina-Albadalejo, Francisco José (Universitat de València), “Cooperativismo y
desarrollo rural en el viñedo español durante el siglo XX”…………………………....201
Ortega Santos, Antonio (Universidad de Granada), “Matrices Ambientales-Decoloniales
para el estudio de los conflictos rurales en España. Praxis de la resistencia en el sur
mediterráneo”…………...…………………………………………………….........…227
Saldaña Fernández, José (Universidad de Valparaíso), “La politización en el mundo rural
a principios de la contemporaneidad: aproximaciones desde el suroeste peninsular”…247
Serrano González, Ana (Universidad de Girona), “La modernización del sector agrario
español: una evaluación de su impacto sobre los recursos hídricos”…………………..267
2
Intereses particulares frente a derechos colectivos: conflictos en torno
al monte de Robledo de Montalbán (Toledo) durante la Restauración
Silvia del Álamo García1
Universidad de Castilla- La Mancha
Introducción
Durante las primeras décadas del siglo XIX, la revolución liberal supuso el
desmantelamiento del Feudalismo y la implantación de un nuevo modelo económico de
producción capitalista basado en el mercado y en las relaciones de libre cambio. La
implantación del capitalismo en el campo no sólo alteró los derechos de propiedad, sino
también los usos tradicionales de la tierra y, en consecuencia, las relaciones sociales y la
cultura política de la época. Pues bien, en este contexto de nuevas prácticas y
comportamientos se enmarca el presente estudio de caso que analiza una modalidad del
conflicto surgido por la “desarticulación” del comunal: el desatado entre los pueblos y los
particulares en torno a la titularidad de la tierra y los aprovechamientos derivados de ella2.
1
Silvia del Álamo García es investigadora predoctoral de Historia en la Universidad de Castilla- La
Mancha. Dirección para correspondencia: Facultad Letras, Avenida Camilo José Cela s/n, Ciudad Real
13071. [email protected]
2
Antonio Ortega Santos propone la categoría “desarticulación” para referirse a las múltiples estrategias de
individualización de la tierra y la alteración de los usos agrícolas tradicionales. Véase: Antonio ORTEGA
SANTOS: “La desarticulación de la propiedad comunal en España, siglos XVIII-XX: una aproximación
multicausal y socioambiental a la historia de los montes públicos”, Ayer, 42 (2001), pp. 191-211.
Para conocer el estado actual de los estudios forestales, consúltese: José Ignacio JIMÉNEZ BLANCO: “El
monte: una atalaya de la Historia”, Historia Agraria, 26 (2002), pp. 141- 190. Xesús, LOPÉZ BALBOA:
“La historia de los montes públicos españoles (1812- 1936): un balance y algunas propuestas”, Historia
Agraria, 18, pp. 96- 128. Un estado de la cuestión sobre conflictos desatados en el medio rural por el control
de los recursos naturales puede encontrarse en: Francisco COBO ROMERO, Salvador CRUZ ARTACHO
y Manuel GONZÁLEZ DE MOLINA NAVARRO: “Privatización y protesta campesina en Andalucía
3
Fuentes empleadas
Metodológicamente se trata de una investigación monográfica apoyada en un
análisis crítico de las investigaciones ya realizadas, y que aparecen citadas a pie de página,
y en la consulta de una variada tipología de fuentes primarias. Para empezar era necesario
conocer la legislación forestal de la época. Los textos jurídicos más relevantes están
digitalizados y pueden consultarse en la página web del Boletín Oficial del Estado. Para
conocer el resto de disposiciones es necesario recurrir a las clásicas compilaciones
legislativas editadas en papel. Las más completas, y por lo tanto la más recomendables,
son las de Alcubilla y Aranzadi3.
Para conocer la evolución de la propiedad se ha echado mano de la Clasificación
general de montes públicos de 1859, el Catálogo de los montes exceptuados de la
desamortización de 1862 y el Catálogo de los montes de utilidad pública de 19014. En
algunos casos, la fiabilidad de esta fuente es cuestionable, pero en general es una buena
fuente de información para aproximarse a la reconstrucción de la historia de la propiedad
pública de los montes públicos españoles.
Desde el punto de vista productivo, los Planes Provisionales de Aprovechamiento
Forestal son una fuente válida para conocer la riqueza forestal de nuestros montes desde
finales del siglo XIX. El origen de estos planes de aprovechamiento puede variar en cada
provincia. En el caso de Toledo, el más antiguo que se ha encontrado es el correspondiente
al año forestal 1876- 18775. Estos documentos contienen dos cuadros estadísticos, uno se
Oriental (1836- 1920), Agricultura y Sociedad, 65, (1992), pp. 253-302.
Algunos estudios de caso sobre historia social y conflictos en el medio rural son: Manuel GONZÁLEZ DE
MOLINA y Antonio ORTEGA SANTOS: “Bienes comunes y conflictos por los recursos en las sociedades
rurales, siglos XIX-XX”, Historia Social, 38, (2000), pp. 95-116. Óscar BASCUÑÁN AÑOVER: “La lucha
por los montes. Conflicto y política en la sierra de Cuenca durante la Restauración”, Historia Agraria, 61,
(2003), pp. 45- 77. Joseba de la TORRE y José María LANA BERASAÍN: “El asalto a los bienes
comunales. Cambio económico y conflictos sociales en Navarra, 1808- 1936”, Historia Social, 37, (2000),
pp. 75- 95. Carmen FRÍAS: “Conflictividad, protesta y formas de resistencia en el mundo rural. Huesca,
1980- 1914”, Historia Social, 37 (2000), pp. 97- 118. Eduardo RICO BOQUETE: “Política forestal y
conflictividad social en el noroeste durante el primer franquismo, 1939- 1959”, Historia Social, 38, (2000),
pp. 117- 140.
3
Marcelo MARTÍNEZ ALCUBILLA (Dir.): Diccionario de la administración española: compilación de
la novísima legislación de España en todos los ramos de la administración pública. Madrid, apéndices.
Thomson REUTERS ARANZADI: Repertorio de jurisprudencia, Aranzadi, Pamplona.
4
ICONA: Catálogo de Montes Públicos exceptuados de la desamortización, 1862. Madrid, 1991.
ICONA: Catálogo de Montes Públicos exceptuados de la desamortización (suplemento), 1864. Madrid,
1991. ICONA: Rectificación del Catálogo de los Montes Públicos exceptuados de la desamortización
(1877-1896). Madrid, 1992. ICONA: Catálogo de los Montes Públicos y demás terrenos forestales
exceptuados de la desamortización por razones de utilidad pública (1901). Madrid, 1993.
5
En el Archivo del Ministerio de Agricultura se encuentran los expedientes desde los inicios hasta 1915.
Los posteriores a dicho año se encuentran en el Archivo General de la Administración.
4
refiere a los montes exceptuados de la desamortización y el otro a los enajenables. En este
trabajo sólo se tendrán en cuenta los montes exceptuados. Los diferentes estados de los
cuadros se refieren a: 1º al número del monte en el Catálogo, 2º terreno poblado en
hectáreas, 3º método de beneficio, 4º turno, 5ºclase de edad dominante y 6º superficie
aprovechada en hectáreas. A continuación aparecen las casillas correspondientes a los
distintos productos: productos leñosos (maderas, leñas y ramaje), pastos, ramón, corteza,
frutos, caza, etc. A su vez, cada producto contiene varios estados en los que se informa
sobre la cantidad, la especie y el valor de los productos. La lectura de las tablas se apoya
en una memoria redactada por el ingeniero jefe del distrito en la que se justifican los
productos propuestos para su aprovechamiento, y en ocasiones también se conservan las
memorias de ejecución, útiles para conocer la marcha de los proyectos.
Por otro lado se ha realizado una cata en los principales periódicos de la época con
el objetivo de obtener información que arrojara más luz al caso. Sin embargo, los
resultados no han sido demasiado favorables. En cambio sí hubo más suerte con la
búsqueda de artículos de revistas científicas de la época, lo que ha sido especialmente
útil para conocer el pensamiento y la doctrina forestal del momento6.
Por último, el grueso de la información que aparece en este trabajo se ha obtenido
del Archivo de la Dirección General del Medio Ambiente y Política Forestal (“expediente
de exclusión del Monte de Robledo de Montalbán”).
Robledo de Montalbán en el contexto de la política forestal.
La privatización de la tierra, clave de las políticas de los liberales.
A comienzos del siglo XIX, España era un país de base fundamentalmente agraria.
Según el censo de Floridablanca de 1787, el 71,5% de la población activa estaba ocupada
en el sector primario7. La industria, salvo en algunos puntos como en Cataluña, tenía
muy poco relieve8 y el comercio se basaba, también, en los intercambios de productos
6
Revista de Montes, Montes e Industrias, España Forestal, Montes y plantíos, etc.
Rafael ANES ALVAREA: “Pensamiento agrario de los ilustrados asturianos” en MINISTERIO DE
AGRICULTURA. Estructuras agraria y reformismo ilustrado. Madrid, Ministerio de Agricultura Pesca y
Alimentación, Secretaria General Técnica, 1989, p. 529.
8
Agustín ENCISO: El nacimiento del capitalismo en Europa. Pamplona, Eunate, 2011. Sobre la burguesía
catalana, véase: Antoni JUTGLAR: Historia crítica de la burguesía en Cataluña. Barcelona, Anthropos,
1984.
7
5
agrarios9. Los productos industriales que se llevaban a América provenían en buena
medida de Europa porque en España no había un tejido productivo suficiente como para
abastecer los mercados ultramarinos10. Esto explica que la mayoría de los cambios
propuestos para que el Estado entrara en una dinámica de prosperidad y crecimiento
estuvieran dirigidos a transformar el sector agrario. Es lógico que esto fuera así, no sólo
porque la agricultura era el sector que reportaba mayores ingresos al Estado, sino porque
era la rama en torno a la cual se concentraba el mayor volumen de población activa y por
tanto, alrededor de la que se tejían todos los conflictos, aspiraciones y deseos de la
sociedad.
En este sentido, es de justicia citar a Ángel García Sanz quien ha resumido las
características generales de la reforma agraria: la primera, la abolición del régimen
señorial; la segunda, la desvinculación de mayorazgos y por último, la desamortización11.
Con estas medidas los liberales pretendían erradicar la vinculación estamental de las
tierras y fijar una forma de propiedad libre y circulante sobre la que el propietario tuviera
plenas facultades para actuar y cuyo precio lo fijara el mercado a partir de la ley de la
oferta y la demanda. Por tanto, es una forma de propiedad plena, tal y como la entendemos
hoy en día, sin embargo en la época supuso toda una auténtica revolución porque vino a
acabar con el ordenamiento feudal tradicionalmente impuesto. Se retoma así, el modelo
de propiedad presentado a finales del siglo XVIII por Jovellanos en su Informe sobre la
Ley Agraria12. No obstante, cincuenta años después de que Jovellanos presentara su
Informe en la Sociedad Económica Matritense, aquella exacerbación al liberalismo
económico fue corregida con los nuevos aportes de las ciencias naturales como ser verá
más adelante.
En nuestro país este nuevo planteamiento de signo liberal adquirió carta de
naturaleza en 1855 al hacer efectiva la Ley de Desamortización General del 1 de mayo de
dicho año. Es verdad que la desamortización comienza mucho antes pero elegimos esta
fecha como punto de arranque por el alcance que tuvo para los bienes comunales.
Pedro RUIZ TORRES: “Reformismo e Ilustración” en Josep FONTANA y Ramón VILLARES. Historia
de España (vol. 5). Barcelona, Marcial Pons, 2008, p. 572.
10
Sobre la burguesía mercantil del siglo XVIII véase: Carlos MARTÍNEZ SHAW: Cataluña en la carrera
de Indias, 1680- 1756. Barcelona, Crítica, 1981. Pedro MOLAS RIBALTA: La burguesía mercantil en la
España del Antiguo Régimen. Madrid, Cátedra, 1985.
11
Ángel GARCÍA SANZ y Ramón GARRABOU (eds.): Historia agraria de la España contemporánea.
Cambio social y nuevas formas de propiedad (1800- 1850) (Vol. 1). Barcelona, Crítica, 1985, pp. 7- 103.
12 Gaspar MELCHOR DE JOVELLANOS: Espectáculos y diversiones públicas: Informe sobre la ley
agraria. Madrid, Cátedra, 1977.
9
6
La Ley de Desamortización General de 1855 declaró en estado de venta “todos
los predios rústicos y urbanos, censos y foros pertenecientes al Estado, el clero, a los
propios y comunes de los pueblos y a cualesquiera otros pertenecientes a manos muertas”,
pero, en el artículo segundo, exceptuaban de lo dispuesto en el artículo anterior “los
montes y bosques cuya venta no crea oportuna el Gobierno” y “los terrenos que son hoy
de aprovechamiento común”13. Para hacer efectivo esto último, el gobierno encargó a la
Junta Facultativa de Montes que redactara un informe justificando qué montes debían
superar la desamortización14. Y esto tiene una enorme trascendencia porque supone
reconocer dos cosas: en primer lugar, que los montes, por sus propias características
naturales, tienen efectos saludables sobre las sociedades y por eso interesa conservarlos
y, segundo, que el Estado es el único capacitado para garantizar su conservación, lo que
supone admitir ciertos límites a la propiedad privada. Con el paso del tiempo, los criterios
de excepción fueron cambiando y se fueron haciendo más restrictivos, y por eso este fue
siempre un campo abonado para el estallido de conflictos.
La defensa del monte en España y la tutela del Estado.
La preocupación por la conservación del monte no es ninguna novedad
contemporánea. Sin embargo, a principios del siglo XIX, la sociedad española estaba en
fase de profunda transformación, lo que tuvo consecuencias inmediatas sobre la
conservación del monte y sus riquezas naturales.
Las mejoras fitosanitarias provocaron un aumento de la población que se tradujo
en el incremento de las demanda de productos agrícolas. Y dado que las innovaciones
tecnológicas fueron muy modestas, el aumento de la producción sólo pudo alcanzarse
poniendo en cultivo nuevas tierras, con lo que aumentó la presión sobre los montes. Buena
muestra de ello son las roturaciones de espacios forestales, sobre todo, los más próximos
a los núcleos de población. Las roturaciones se realizan por medio de las rozas, una
técnica que consistía en talar los árboles y quemarlos. Con este procedimiento se
eliminaba el arbolado y a la vez, las cenizas servían de abono para el suelo. Las tierras se
cultivaban durante varios años mientras duraba la fertilidad del suelo, sin embargo,
después de unos años se abandonaban y sin cubierta vegetal, el suelo quedaba
desprotegido y sufría acusados procesos erosivos.
13
Ley de 1 de Mayo de 1855 sobre bienes declarados en estado de venta, y condiciones generales de su
enajenación.
14
Real decreto disponiendo lo conveniente para la ejecución del art. 2º de la ley de desamortización de 1º
de Mayo último en la parte relativa a los montes.
7
Otro de los elementos característicos de la destrucción de los montes es el
pastoreo. Primero porque los brotes tiernos de los árboles jóvenes son devorados por los
animales que, con sus bruscos movimientos, también imposibilitan la regeneración de las
plantas.
La expansión industrial también supuso una amenaza para la sostenibilidad de los
montes porque para desarrollarse necesitaban de materias primas, leña como combustible
y madera como material de construcción para el levantamiento de infraestructuras.
El desarrollo de las comunicaciones, muy especialmente la demanda de madera
para la elaboración de traviesas para el ferrocarril, y la construcción de obras públicas en
las ciudades, también exigió enormes cantidades de madera que tuvieron que salir de los
montes. Pues bien, en este contexto de desarrollo económico, industrial y crecimiento
poblacional que se dio en España durante las primeras décadas del siglo XIX, poco a
poco, se empieza a ver la necesidad de proteger los montes y adaptar su gestión a las
necesidades de los nuevos tiempos, y con esta intención se crea la Escuela de Ingenieros
de Montes en 1846 con sede en Madrid, en el pueblo de Villaviciosa de Odón. La
iniciativa partió de diferentes personalidades vinculadas al gobierno, al ámbito académico
y a algunas instituciones ilustradas como el Jardín Botánico de Madrid o la Sociedad
Económica Matritense de Amigos del País. Con todo, el momento exacto del despegue
de la ciencia forestal española se produjo cuando se tomó la decisión de enviar a Agustín
Pascual y Esteban Boutelou a Alemania para que completaran su formación. Agustín
Pascual destacó por ser alumno aventajado de Antonio Sandalio de Arias, naturalista, que
impartía clases de agricultura en el Jardín Botánico de Madrid. Esteban de Boutelou
provenía de una familia de prestigiosos botánicos también ligados al Jardín Botánico de
Madrid. Ambos obtuvieron una beca para desarrollar sus estudios en la escuela alemana
de Tharandt. La escuela era una de las más prestigiosas de toda Europa porque fue
fundada y estuvo dirigida Heinrich Cotta, considerado padre de la moderna ciencia
forestal15. Agustín Pascual supo rentabilizar muy bien su estancia en el extranjero y de
vuelta en España difundió los conocimientos aprendidos. Lo más novedoso son las
condiciones básicas que creen necesarias para la conservación de las riquezas naturales.
La primera, la existencia de un cuerpo de técnicos facultativos especializados en la
gestión y administración del monte. La segunda, que hay determinados bienes que por
15
Vicente CASALS COSTA: Los ingenieros de montes en la España contemporánea, 1848-1936,
Barcelona, Ediciones del Serbal, 1996. Josefina GÓMEZ MENDOZ: Ciencia y política de los Montes
Españoles (1848-1936). Madrid, ICONA, 1992.
8
sus propias condiciones naturales, tienen una “utilidad pública” para las comunidades y
por ello deben exceptuarse de la desamortización16. Sin embargo, la iniciativa privada,
cegada por la obtención de rendimientos inmediatos, no es capaz de reconocer estas
virtudes y por eso el monte alto y maderable debe permanecer en manos del Estado por
el ser único garante de la conservación y administración de este tipo de monte.
En definitiva, y con la intención de recapitular lo dicho hasta ahora, la llegada a
España de las nuevas doctrinas económicas de signo liberal, junto con la existencia en el
país de circunstancias favorables a la asunción de los nuevos preceptos económicos, será
lo que explique el triunfo del Liberalismo. En ese contexto, marcado por las dificultades
económicas y financieras y por el deseo de minar el poder económico de los grupos
sociales sobre los que se asentaba el Absolutismo, es donde debe enmarcarse la
desamortización de la riqueza forestal. Los montes que a partir de mediados del siglo XIX
fueron desamortizados pasaron a depender del Ministerio de Hacienda, mientras que los
montes exceptuados de las ventas quedaron bajo la tutela del Ministerio de Fomento a
través del Cuerpo de Ingenieros Forestales que fue constituido por aquel entonces.
La intervención estatal sobre los montes públicos alteró las formas de vida y las
prácticas tradicionales de las comunidades campesinas, esto, necesariamente, tuvo que
provocar resistencias entre los más afectados. En la mayoría de las ocasiones esas
resistencias no superaron la esfera de lo local y consistieron en seguir desarrollando las
“mismas prácticas de siempre” aún a sabiendas de que, desde entonces, la administración
liberal había tipificado como delitos muchas de esas actuaciones tradicionales.
Conflictos entre los grandes propietarios y las comunidades: Robledo de Montalbán
El monte de Robledo de Montalbán está enclavado en el término municipal de
Menasalbas, situado a unos cincuenta kilómetros al norte del parque Nacional de
Cabañeros y en contacto con las primeras estribaciones de la formación montañosa de
los Montes de Toledo.
Vicente CASALS COSTA: “Defensa y ordenación del bosque en España: ciencia, naturaleza y sociedad
en la obra de los ingenieros de montes durante el siglo XIX”, Geocrítica, 73, (1996) pp. 1-67.
16
9
Mapa 1. Situación de Robledo de Montalbán en el mapa de la provincia de Toledo
Fuente: www.zonu.com
Desde el punto de vista de la propiedad, el monte de Robledo de Montalbán superó
todos los embates desamortizadores del siglo XIX y por eso figura en la Clasificación
General de los Montes Públicos de 1859, el Catálogo de Montes Exceptuados de la
Desamortización de 1862 y el Catálogo de Montes de Utilidad Pública de 1901 como
perteneciente “a la mancomunidad de Menasalbas y otros pueblos” (el Carpio y la Puebla
de Montalbán)17.
En 1859 este monte era uno de los de mayores dimensiones de toda la provincia
con 7680 hectáreas según la cifra que adscriben los ingenieros forestales en la
Clasificación de ese mismo año. En ese tiempo, de los 217 montes exceptuados de la
desamortización en la provincia de Toledo, Robledo de Montalbán ocupaba el puesto
noveno en el ranking de los más grandes en extensión. Sin embargo, con el paso del
tiempo su superficie experimenta una evolución tendente a la baja pues pasa de las 7680
hectáreas en 1859, a tener 3699 hectáreas en 1962 y finaliza con unas 2808 hectáreas en
1901.
17
Para conocer los antecedentes puede consultarse la tesis doctoral de Florencio HUERTA GARCÍA: El
señorío de Montalbán y la casa de Uceda durante la Edad Moderna. Tesis doctoral, Universidad
Complutense de Madrid, 2008.
10
Tabla 1. Montes con mayor cabida aforada. Provincia de Toledo, 1859.
% sobre la
Extensión (Has.) superficie total de
la provincia
Id
Ayuntamiento
Nombre de los montes
1º
Yébenes
Las Guadalerzas
39.680
10,94%
2º
Yébenes
Montes de Yébenes
19.200
5,30%
3º
Navalucillos
Sierra de Navalucillos
16.000
4,41%
4º
San Pablo
Monte de San Pablo
12.800
3,53%
5º
Torrecilla
Torrecilla
12.800
3,53%
6º
10.240
2,82%
7º
Ventas con Peña Aguilera Martin Dominguez y Sierras del Vedado
Robledo del Mazo
Sierras del Robledo
8.960
2,47%
8º
Santa Cruz de la Zarza
Monte Encinar
8.192
2,26%
9º
Menasalbas
Robledo de Montalbán
7.680
2,12%
Fuente: Clasificación General de los Montes Públicos de 1859.
Llama la atención que en un periodo tan corto como el que va entre 1859 y 1862,
el monte llegara a perder más de la mitad de su superficie original. Parecen unas cifras
muy exageradas tanto para tratarse de variaciones de ajuste o corrección de los valores
iniciales como para tratarse de ventas, pues se estaría hablando de la enajenación de cerca
de 4000 hectáreas. En cualquier caso esto permite cuestionar la fiabilidad de la fuente.
Sin embargo, no es mi intención ofrecer interpretaciones aventuradas por lo que baste por
ahora con dar cuenta de lo llamativos que resultan los datos y de anunciar que es cuestión
interesante sobre la que convendría seguir avanzando en el futuro, no sólo porque las
variaciones de cabida sean escandalosas por sus valores, sino porque me consta por las
fuentes que fue un monte altamente codiciado por su buen estado de conservación gracias
a que fue uno de los pocos que estuvo aprovechado bajo un sistema de cortas regulares.
Por otro lado, hay que tener en cuenta lo determinante que resultó para el mantenimiento
de los pueblos vecinos y para la satisfacción de los intereses económicos de las
oligarquías rurales. Por eso sorprende que ante un proceso de pérdida de la propiedad
forestal tan sobresaliente, no hubiera reacciones por parte de los usufructuarios, o tal vez
la hubo y nosotros no hemos podido encontrarlas. Es, por tanto, un monte con unas
vicisitudes importantes al que no queremos perderle la pista pues consideramos que puede
revelar determinadas dinámicas del momento histórico que se trata de analizar.
Las especies arbóreas dominantes en Robledo de Montalbán son las propias del
bosque mediterráneo: roble, encina, alcornoque, acebuche, etc., con la presencia de otros
ejemplares más característicos de las zonas húmedas como son el olmo, el fresco, el
álamo, etc.
11
Atendiendo a las condiciones de origen y crecimiento de la masa arbórea, el
método de beneficio elegido es el monte bajo, caracterizado por asegurar la regeneración
de la masa mediante la reproducción de los individuos por brotes de cepa o de raíz y por
limitar su duración de corta a edades cortas. Todo lo anterior explica que desde el punto
de vista económico, los principales aprovechamientos del monte sean las leñas, las
maderas de pequeñas dimensiones resultado de las podas, los pastos y, con menor
representación en el conjunto de la renta, los frutos. Los pastos cumplen una función
determinante para garantizar el mantenimiento de la cabaña ganadera y el
aprovechamiento de maderas resulta clave para cubrir las necesidades los hogares
colindantes, tanto como materia prima para la construcción y reparación de las casas,
como combustible para la obtención de energía térmica y luminosa. El siguiente cuadro
permite conocer la importancia económica del monte sobre el conjunto del patrimonio
forestal de la Provincia, de lo que se desprende que se trataba de un monte imprescindible
porque en la mayoría de los años llega a representar una décima parte del total de la
producción generada por los montes públicos toledanos.
12
Tabla 2. Tasación de los productos leñosos, pastos y frutos en el monte de Robledo
de Montalbán (1876- 1901)
Años
Importe en pesetas
% sobre la producción
total de los montes de
la Provincia
1876
12.500
18,76%
1877
9.745
12,15%
1878
12.500
14,55%
1879
11.750
14,57%
1880
7.750
10,15%
1881
11.288,75
14,16%
1882
8.100
9,90%
1883
10.864
12,27%
1884
11.168
11,28%
1885
10.320
11,26%
1886
11.168
13,78%
1887
9.360
13,04%
1888
10.350
13,22%
1889
9.150
11,06%
1890
5.700
7,92%
1891
10.500
14,73%
1892
10.950
14,59%
1893
9.900
15,47%
1894
10.800
16,71%
1895
-
-
1896
10.050
13,12%
1897
10.050
12,96%
1898
9.150
13,63%
1899
11.775
15,93%
1900
12.350
16,11%
1901
11.955
15,46%
Fuente: elaboración propia a partir de los P.A.F. para los años forestales 1876- 1901.
Provincia de Toledo.
13
Tabla 3. Aprovechamiento de leñas y pastos en el monte de Robledo de Montalbán
(1876- 1901)
Leñas gruesas (estéreos)
Años
1876-1877
1877-1878
1878- 1879
1879- 1880
1880- 1881
1881- 1882
1882- 1883
1883- 1884
1884- 1885
1885- 1886
1886- 1887
1887- 1888
1888- 1889
1889- 1890
1890-1891
1891-1892
1892-1893
1893-1894
1894-1895
1895-1896
1896-1897
1897-1898
1898-1899
1899-1900
1900-1901
1901-1902
Robledo de
Montalbán
(A)
1.852
1.398
6.666
5.200
2.000
4.831
1.900
3.200
3.400
2.700
3.400
1.700
2.000
2.305
1.200
2.200
2.350
1.750
2.140
1.900
2.000
1.500
1.880
2.600
1.600
Producción del
total de montes
% A sobre B
de la provincia
(B)
5.082
36,44%
16.281
8,59%
26.467
25,19%
11.014
47,21%
7.948
25,16%
8.523
56,68%
4.987
38,10%
9.150
34,97%
8.750
38,86%
9.050
29,83%
8.100
41,98%
3.900
43,59%
4.750
42,11%
4.466
51,61%
3.030
39,60%
3.762
58,48%
4.579
51,32%
3.362
52,05%
3.843
55,69%
2.845
66,78%
3.006
66,53%
2.320
64,66%
2.730
68,86%
3.710
70,08%
2.514
63,64%
Pastos (nº de cabezas de ganado)
Robledo de
Montalbán
(A)
3.050
2.600
3.000
3.500
3.500
3.500
3.500
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
3.000
2.310
4.180
4.180
4.400
1.984
4.000
-
Producción del
total de montes
de la provincia
(B)
34.512
37.743
40.093
38.426
37.025
39.190
37.620
39.270
40.076
41.660
41.780
38.140
37.260
36.470
34.580
35.750
35.950
34.120
32.620
38.520
-
%
8,84%
6,89%
7,48%
9,11%
9,45%
8,93%
9,30%
10,19%
9,98%
9,60%
9,57%
10,49%
10,74%
8,23%
6,68%
11,69%
11,63%
12,90%
6,08%
10,38%
-
Fuente: elaboración propia a partir de los P.A.F. para los años forestales 1876- 1901.
Provincia de Toledo.
“Según carta ejecutoria del Ayuntamiento”, tanto los pueblos mancomunados
como Doña Amalia Pacheco tenían reconocidos derechos de disfrute sobre los productos
forestales aunque estos derechos no se dieran en plano de igualdad. Los pueblos estaban
autorizados a aprovechar todos los productos que necesitasen para satisfacer sus
necesidades con el único óbice de cumplir con lo preceptuado por el técnico forestal en
materia de explotación forestal, mientras que Doña Amalia Pacheco sólo estaba facultada
para aprovechar los sobrantes de los pueblos una vez que aquéllos hubieran cubierto sus
14
carencias, esto quiere decir que los derechos de disfrute no se daban en plano de
igualdad18.
Sin embargo, a comienzos del siglo XX, doña Amalia Pacheco tratará de
modificar ese estado de cosas en beneficio propio. Y aquí es donde situamos el inicio de
una larga serie de litigios en torno a la propiedad del monte y los aprovechamientos
derivados de ella, en una pugna constante entre los intereses particulares de las oligarquías
del momento y determinados derechos comunales reconocidos en el marco del derecho y
avalados por la tradición y las practicas consuetudinarias.
Tal y como se ha dicho, el monte figuraba en el Catálogo de los Montes de
Utilidad Pública de la provincia de Toledo de 1901 y, sin embargo, en 1904, doña Amalia
Pacheco solicita al Ministerio de Fomento, dependiente del Ministerio de Agricultura,
Industria y Comercio, su exclusión. En cualquier caso, esta solicitud fue desestimada por
considerar que no tenía lugar al referirse a una finca exceptuada de la desamortización
por razones de utilidad pública.
Sin perjuicio de emprender acciones legales en los tribunales ordinarios, doña
Amalia Pacheco recurrió por la vía contenciosa- administrativa y la demanda llegó hasta
el Tribunal Supremo que concluyó el 17 de junio de 1905 declarándose incompetente
para decidir sobre un monte incluido en el Catálogo.
Agotada esta vía, la demandante acude al juzgado de primera instancia de
Navahermosa que, por sentencia del 30 de marzo de 1906, acabó reconociendo la plena
propiedad del monte en favor de la parte litigante, condenando a los pueblos a reconocer
los hechos y obligando al Estado a rectificar la casilla de pertenencia del Catálogo.
Finalmente, por sentencia de 7 de julio de 1909, la Audiencia Nacional de Madrid
confirmó la plena propiedad del monte en favor de doña Amalia Pacheco, salvo los
aprovechamientos de pastos de Menasalbas y de leñas y maderas que corresponden a
Menasalbas, El Carpio y La Puebla de Montalbán.
La parte activa, que no había logrado alcanzar la redención de servidumbres,
recurre la sentencia emitida por el juzgado de Navahermosa. El Juzgado reabre el caso y
tras examinarlo de nuevo, se reafirma en sus propias palabras ratificando lo dispuesto en
1906. Con lo cual estamos ante una forma de propiedad plenamente liberal, sin
superposición de dominios, pero sobre la que se mantienen determinadas servidumbres
que gravan el monte y que probablemente provenían de tiempo muy atrás. Así, este es un
18
Ver memorias justificativas de los Planes de Aprovechamiento Forestal para cualquier año forestal.
15
ejemplo de la pervivencia de viejas reminiscencias feudales que se imponen sobre la
propiedad liberal, a la vez que un ejemplo de que el Estado, más allá del programa político
que tuviera diseñado, tuvo que lidiar con las realidades impuestas en cada momento.
Doña Amalia Pacheco continua la causa haciendo llegar sus reivindicaciones hasta
el Tribunal Supremo que por sentencia del 23 de noviembre de 1910, confirma lo que
había resuelto el juzgado de Navahermosa y para hacer efectiva esa orden se promulgó la
R.O de 18 de noviembre de 1911. En ella se dispuso, primero, que se modificara el estado
del Catálogo referente a la pertenencia en favor de Doña Amalia Pacheco., segundo, que
se procediera al deslinde del monte por ser una de las máximas prioridades para asegurar
el respecto de los nuevos dominios., tercero, que se ponga en macha la ordenación del
monte, y cuarto, se confirma la preferencia de aprovechamiento que tienen los pueblos
sujetos, siempre, a las preinscripciones fijadas por el ingeniero ordenador19.
La propia resolución del conflicto, que inmediatamente se dará a conocer, explica
que la ordenación del monte no llegara a materializarse. Pero no deja de ser significativo
que se propusiera porque esto confirma la riqueza productiva del monte, ya que no todos
los montes españoles fueron objeto de ordenación, sino únicamente aquellos que ofrecían
mejores perspectivas económicas.
Hay constancia, por las fuentes consultadas, de que en este momento, el Ministerio
de Fomento y los representantes legales de los pueblos interpusieron una reclamación al
Tribunal Supremo en contra de la rectificación del Catálogo. Sin embargo, el Tribunal
Supremo, por sentencia de 23 de noviembre de 1910, concluye que no hay lugar a los
recursos de casación interpuestos por aquéllos y el proceso sigue hacia delante en favor
de la demandante.
La propietaria del monte, inconforme con una resolución que le impedía actuar
con plena libertad sobre su finca, se dirigió a la Delegación de Hacienda, en 1912, con el
objetivo de solicitar la redención de las servidumbres. Merece la pena comentar, aunque
sea de forma breve, el contenido de la instancia presentada por la demandante para
conocer el peso sus razones. Primero invoca el artículo séptimo de la Ley de 1866 sobre
la redención de las servidumbres. No obstante, esta es una legislación que sólo afectaba
a los montes declarados en venta y que, por tanto, no atañe a los exceptuados de la
desamortización como era el caso de Robledo de Montalbán. Y por otro lado, trata de
legitimar su demanda desacreditando los usos comunales por considerarlos una forma de
19
(Sin autor). La correspondencia de España: diario universal de noticias, 4 diciembre de 1911.
16
explotación irracional del monte que es necesario erradicar «por el prejuicio que se
derivan de aquellas servidumbres». Hoy en día, la historiografía ha renovado la
valoración de los usos comunales, demostrando que eran prácticas bastante respetuosas
con el medio, no porque los campesinos tuvieran una conciencia ecológica desarrollada
sino porque dentro de un modelo productivo de base orgánico, la subsistencia del hombre
depende del mantenimiento equilibrado de los recursos naturales.
El Ministerio de Hacienda, probablemente atraído por la perspectiva de obtener
ingresos extraordinarios de la redención de servidumbres, trató de responder a la demanda
de doña Amalia Pacheco. Sin embargo, después de entrar en conflicto con el ingeniero
jefe del Distrito que se negó a colaborar en el peritaje de las servidumbres seguramente
porque en la defensa de lo público le iba su propio oficio, el Ministerio de Hacienda
terminó por declararse incompetente para decidir sobre el estado de un monte incluido en
el Catálogo.
El proceso tuvo continuidad porque Doña Amalia Pacheco volvió a reclamar ante
Tribunal Supremo que por R.O de 19 de octubre de 1915 anuló todo lo actuado y pidió
que el expediente volviera a la delegación provincial de hacienda de dónde había salido.
Y este es uno de los puntos clave de todo el proceso porque, más adelante, el Consejo
Forestal verá en esta sentencia del Tribunal Supremo la causa de la no intervención del
Ministerio de Fomento en la resolución del litigio, o lo que es lo mismo, la
desautorización del Ministerio de Fomento para resolver el pleito. Sin embargo, el
Tribunal Supremo no ordena que Hacienda sea el organismo encargado de dirigir el
proceso, sino que únicamente le pide que revise expediente y que cumpla con todos los
trámites que marca la Administración para resolver la solicitud en el sentido que fuera.
Textualmente manda: proceder a “devolver el expediente a la dependencia provincial
donde se inició, para que sea tramitada y resuelta con arreglo a derecho la solitud de
redención”. Lo que ocurre es que el Ministerio de Hacienda hace una interpretación
interesada de la sentencia hasta el punto de atribuirse para sí, la resolución del sumario.
Aun así, es de justicia señalar que, en este tiempo, el Ministerio de Fomento tampoco
emprendió ninguna acción para cuestionar las facultades auto designadas por el
Ministerio de Hacienda.
En definitiva, se puede concluir que tras toda esta serie de causas y disputas
extendidas a todos los niveles de la administración y la jurisprudencia, lo que demuestra,
17
también, la capacidad de la litigante, doña Amalia Pacheco, si bien logró modificar la
pertenencia del monte en beneficio propio, no consiguió erradicar las servidumbres.
Tras el fallecimiento de doña Amalia Pacheco, sus herederos decidieron poner en
venta la finca que fue adquirida por el conde Romanones. La escritura de compra está
fechada a 7 de agosto de 1916. Desconocemos cuál fue el valor total de tasación de la
finca pero por la prensa sabemos que el conde Romanones dejó pendiente el pago de
25.000 pesetas hasta la cancelación de otros tres censos que grababan el monte y cuyo
caso fue llevado a los tribunales por los herederos de doña Amalia Pacheco con fecha de
22 de junio de 1916.
Los dos primeros censos consistían en el pago anual de una renta de 65.737,36 y
2.662, 36 reales en favor del cabildo de Cuenca y fue establecido por Andrés Pacheco,
hermano del conde de Montalbán (1574) el 11 de marzo de 1616. El tercer censo fue
impuesto el 21 de mayo de 1624 por Beatriz de Rojas y Toledo y grababa el monte con
un capital de 14.705,58 reales. Los nietos de doña Amalia Pacheco solicitan la extinción
de los censos por considerar que habían prescrito puesto que desde 1881 ni se habían
abonado ni se habían reclamado.
Finamente el juzgado de primera instancia de Navahermosa declara extinguidos y
caducos por preinscripción los dos censos en favor del cabildo de Cuenca, pero se
desestima la demanda de redención el censo eclesiástico en favor de la capellanía de
Beatriz de Rojas porque según el artículo 1936 del Código Civil los censos eclesiásticos
no prescriben conforme al principio “Res sacrae et religiosae praecrisbi non possunt”.
Una vez verificada la compra, el conde Romanones continuó la causa emprendida
por doña Amalia Pacheco con el propósito de liberar al monte de los usos públicos que
tenía y contrariamente a lo que establecía la ley, trató primero de redimir las servidumbres
para solicitar, después, la exclusión del monte del Catálogo. Lo primero se ha podido
comprobar porque se conserva una carta de pago del primer plazo de la redención de
servidumbres de 2 de septiembre de 1916, cuyo importe total alcanzaba cerca de 300.000
pesetas. Teniendo en cuenta el poco tiempo que trascurre entre la compra de la finca y el
abono del primer plazo para la redención de las servidumbres, un mes escaso, es probable
que el Ministerio de Hacienda hubiera tasado la finca con anterioridad a la fecha de
compra, lo cual podría ser interpretado como una acción en favor del Conde. Sin embargo,
este es un supuesto que con los documentos disponibles no se ha podido demostrar.
18
Como por estos dos hechos, la propiedad y el usufructo del monte pasaron a
pertenecer en exclusiva al conde Romanones, éste entiende que no hay razón ni
fundamento legal para que continué figurando en el Catálogo y solicita su exclusión. Ante
el riesgo de que no pudiera resolverse antes del inicio del próximo año forestal, que va
desde el 1 de octubre al 30 de septiembre, solicita que se suspendan los aprovechamientos
que sólo a él le corresponden por su condición de nuevo propietario. Tan sólo tres días
después, la R.O de 5 Septiembre de ese año viene a confirmar la suspensión provisional
de los aprovechamientos, y en el día 20 del mismo mes el conde Romanones solicita del
Ministerio de Fomento la autorización necesaria para el aprovechamiento de pastos y
leñas en dicho monte, y cinco días después se autoriza al Conde para ejecutar el disfrute
de los aprovechamientos de pastos y leñas previstos para ese año forestal y que estaban
tasados en una cantidad total de 13.500 pesetas. Además el Distrito Forestal le concede
la gracia de poder dilatar el pago del 10% del importe sobre los aprovechamientos hasta
final del año forestal, para ver si entre tanto se resolvía la cuestión referente a la exclusión
del monte del Catálogo. Estas actuaciones del Ministerio de Fomento confirman que
aceptó, sin más, la interpretación interesada que el Ministerio de Hacienda hizo de la
sentencia dictada por el Tribunal Supremo. Por otro lado, llama poderosamente la
atención el ritmo de los tiempos, ya que en el plazo dos meses escasos, el conde
Romanones había adquirido la finca y erradicado las servidumbres que gravaban el
monte. Sin duda, esto no se entiende sin tener en cuenta la influencia que tuvo como
personaje político de la época y lo que podría calificarse como una relación con la
Administración de trato de favor.
Finalmente, en noviembre de 1916, el Ministerio de Hacienda resuelve el conflicto
en beneficio del Conde Romanones, al que reconoce como nuevo propietario y único
beneficiario de los aprovechamientos del monte. Sin embargo, en 1924, al solicitar la
exclusión del monte del Catálogo, el Consejo Forestal (máxima instancia asesora del
Ministerio de Fomento en materia forestal) recabó los informes del Distrito Forestal y
solicitó al Consejo de Estado la nulidad de todas las actuaciones desarrolladas desde la
R. O de 19 de octubre de 1915 en relación a la redención de las servidumbres porque
considera que, por tratarse de un monte incluido en el Catálogo de los de Utilidad Pública,
debería haber sido resuelto por el Ministerio de Fomento que es el único que tiene
competencias en esa materia. Consideraba, además, que la causa de la no intervención
estaba en la sentencia emitida por el Tribunal Supremo en 1915, por la que se ordenaba
19
que el expediente volviera a la Delegación de Hacienda. Líneas más arriba se ha explicado
el verdadero contenido de esa sentencia.
Se cierra todo este proceso, con el dictamen emitido por el Consejo de Estado en
el mes de abril de 1924 por el que se resuelve que debe proceder a la exclusión del monte
del Catálogo y la abolición de sus servidumbres en beneficio de su nuevo propietario, aun
cuando se reconoce la legitimidad de las reclamaciones del Consejo Forestal por los
errores habidos en la resolución del proceso. Sin embargo, debe ser así porque no parece
adecuado reconocer los errores de la Administración ni desacatar la sentencia del Tribunal
Supremo, ni hay tiempo para admitir más reclamaciones.
“La Sección opina que debe acordarse la exclusión solicitada, porque aunque
en principio coincide con el parecer el Consejo forestal, no acepta su propuesta
por respeto á la sentencia dictada por el Tribunal Supremo y porque parece
violento que la Administración pueda volver sobre sus propios actos (…) No
comparte tampoco en este extremo la Comisión Permanente el criterio del
Consejo Forestal, porque, sin necesidad de examinar ahora los fundamentos de
aquel acuerdo, carece la Administración de facultades para anularlo ó hacerlo
ineficaz, ya que una vez firme y consentido no puede ser reformado, según
dispone la vigente ley de lo Contencioso, sin previa declaración lesivo ó
impugnación ante dicha jurisdicción, camino este que tampoco cabe hoy utilizar
por haber transcurrido con gran exceso el plazo que para ello marca la ley20”.
En síntesis, en 1916 el conde Romanones se hizo con la plena propiedad del
monte a partir de la compra de los derechos de propiedad a los herederos de Doña
Amalia Pacheco. El mismo año procedió a la redención de las servidumbres con el
apoyo del dictamen emitido por el Consejo de Estado en respuesta a las reclamaciones
hechas por el Consejo Forestal y en 1924 obtuvo la exclusión del monte del Catálogo
de los montes de Utilidad Pública de 1901.
No tenemos noticias del modelo de explotación que impuso el conde Romanones
en la finca después de adquirirla. Ojeando algunos periódicos de la época, se llega a
constatar que se optó por la explotación indirecta a través del arrendamiento de pastos
para el desarrollo de la cabaña ganadera. Sin embargo, en la mayoría de las ocasiones,
20
Expediente de exclusión del Monte de Robledo de Montalbán.
20
y al menos durante los primeros años, las subastas quedaron desiertas por ausencia de
licitadores. No hay información suficiente para conocer las causas de esto pero sí se
pueden plantear dos posibilidades, que por supuesto deben tomarse como provisionales
hasta que la investigación avance lo suficiente y permita confirmar, o no, lo anunciado.
Si los pastos que se pretendían arrendar salieron a subasta en grandes lotes es de suponer
que este sistema dejó al margen a los pequeños y mediados ganaderos por no tener
capacidad económica suficiente para hacer frente a precios tan elevados, lo que
confirmaría la hipótesis de que el cambio de propiedad trajo consigo la alteración de las
formas tradicionales de subsistencia, dejando fuera del sistema a las pequeñas
economías y beneficiando a los grandes propietarios. Por otro lado, y con independencia
de la interpretación anterior, este fenómeno podría ser considerado como una especie de
pacto tácito entre los vecinos para boicotear las subastas y ser interpretado como una
forma de protesta ante la desarticulación del comunal. Esto ocurrió por ejemplo en el
pueblo de Navalucillos, también en la provincia de Toledo. Hacía tiempo que el alcalde
de este pueblo venía reclamando al Estado la propiedad de los montes números 17 y 18
de los incluidos en el Catálogo de 1862 amparándose, para ello, en que dichos terrenos
eran de propiedad particular de los vecinos. El conflicto fue encausado por la vía judicial
pero a la altura de 1895 aún no había sido resuelto, y mientras tanto se acordó que los
aprovechamientos fueron adjudicados mediante pública subasta, sin embargo, por más
que se repitieran siempre resultaban negativas ante la falta de licitadores. Acciones
como estas evidencian el desacato de las comunidades campesinas frente a al Estado.
Gracias también a la prensa histórica tenemos noticia de varios incendios
intencionados que afectaron a la finca una vez que pasó a manos del conde Romanones.
¿Puede ser esto, también, expresión del malestar vecinal ante el cambio de propiedad y
la limitación tradicional de sus derechos de usufructo? Sin duda, estas son cuestiones en
las que hay que seguir indagando en el futuro.
“En una finca de Robledo de Montalbán, propiedad del conde de Romanones,
se ha producido un incendio, quemándose más de 400 hectáreas de monte.
Las pérdidas se calculan en unas 8000 pesetas. Se cree que el siniestro ha sido
intencionado, pues el fuego comenzó por cuatro puntos distintos. En este mes
se han registrado en la misma propiedad cuatro incendios”21.
21
(Sin autor). Diario de Valencia, 11 de septiembre de 1919.
21
Algunos periódicos de la época, quizá enemigos políticos del Conde, se
dedicaron a divulgar de forma generosa, la deuda que Romanones tenía contraída con
Hacienda al no satisfacer, dentro del plazo estipulado, el impuesto de débito por la
compra de bienes desamortizados. Esto también puede ser entendido como una
estrategia política puesta en marcha por los adversarios políticos del Conde con el
objetivo de minar su autoridad y protagonismo social.
Conclusiones
En conclusión, este estudio de caso permite cuestionar la eficacia del Ministerio
de Fomento en su intento de conservar la riqueza forestal en manos del patrimonio
público. Aunque lo cierto es que resulta difícil comprender la actuación de Fomento en
todo este proceso, sobre todo si se tiene en cuenta que el monte de Robledo de Montalbán
era uno de los montes más codiciados de toda la Provincia, no sólo por la extensión que
abarcaba, sino porque se encontraba en muy buen estado como consecuencia de haber
sido explotado a turno fijo durante muchos años, y esto hacía que sus productos estuvieran
muy cotizados en el mercado. Por eso sorprende que el Ministerio de Fomento no sólo no
tomara la iniciativa de inhibir a Hacienda en el ejercicio de sus facultades, sino que
además le abriera camino acordando, por ejemplo, la suspensión de los aprovechamientos
hasta que se resolviera el proceso. Y todo ello aun cuando el Ministerio de Fomento era
el organismo que reunía las competencias necesarias para para decidir sobre el estado del
Monte por estar incluido en el Catálogo por razones de utilidad pública. En este sentido,
quizá habría que tener en cuenta la posible influencia que pudo ejercer el conde
Romanones en Madrid, tanto en el Ministerio de Fomento como en el de Hacienda, e
incluso en el propio Distrito Forestal. Se desconoce quién era el ingeniero jefe de Toledo
en aquellos años, pero sin duda, sería interesante avanzar por esta vía en el futuro.
El tema también es interesante porque evidencia el enfrentamiento entre dos
organismos estatales, el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Fomento, dos
departamentos que van a intervenir en el conflicto pero con distintas finalidades. El
Ministerio de Hacienda inclinado en beneficiar al conde Romanones y pensando, quizá
también, en favorecer el establecimiento del modelo de la plena propiedad. Y por otro
lado, el Ministerio de Fomento con unos intereses más condicionados por la conservación
22
de la riqueza forestal que tenía carácter de utilidad pública. No sólo por razones
puramente naturalistas o ecológicas, los P.A.F. demuestran esa vertiente de carácter
productivista, sino porque en ello también les iba su oficio. Pues no hay que olvidar que
el Cuerpo de Ingenieros Forestales, dependientes del Ministerio de Fomento, había
surgido justamente para gestionar el patrimonio forestal.
Sabemos, también, que en 1936 el Instituto de Reforma Agraria intervino en la
propiedad en un intento de revertir restaurar “el carácter social” de la finca.
“Se ha pedido al Gobierno de la República la devolución de una hermosa
finca, llamada El Robledo de Montalbán, de la cual se apropió el ex conde de
Romanones hace dieciocho años, con ocasión de ser ministro sin entregar a
este pueblo ni un céntimo22.
“Una memoria de todo lo hecho en Reforma Agraria. Consejo Ejecutivo de
la Reforma Agraria: Por mayoría, y con el voto en contra de los representantes
de los propietarios, se declaró la utilidad social de las siguientes fincas (…)
en la provincia de Toledo la finca Robledo de Montalbán, sita en Menasalbas,
con excepción de la parte que pueda retener el dueño con arreglo a los
artículos 15 y 16 de la vigente ley.23”
Para finalizar, también sería necesario preguntarse por la acción de los poderes
locales, quizá interesados en vender los derechos de uso del monte, porque hasta el
momento no tenemos constancia de que se pronunciaran en contra del proceso de venta
y exclusión del monte del Catálogo.
En definitiva, creemos que el monte de Robledo de Montalbán presenta una
casuística muy particular y por lo mismo puede ser un buen campo de experimentación
para el estudio de nuevas realidades. Se espera, por tanto, que en el futuro se den las
condiciones necesarias para seguir reconstruyendo su historia. Por el momento,
entiéndase ente trabajo como un primer acercamiento al tema, en el que sin ánimo de
exhaustividad, se pretende dar a conocer nuestro objeto de estudio con el fin de discutir
sobre la potencialidad que ofrece como tema de investigación histórica.
22
23
(Sin autor). La libertad, 11 de marzo de 1936.
(Sin autor). El día de Palencia: defensor de los intereses de Castilla, 4 de mayo de 1936.
23
El cooperativismo agrícola catalán: un espacio de sociabilidad y
ciudadanía (1887-1939)*
Ramón Arnabat
Antoni Gavaldà
Grupo de investigación ISOCAC de la Universitat Rovira i Virgili
En este texto analizamos el desarrollo y los modelos de cooperación agrícola en Cataluña
durante el período 1887-1939, en el marco de la difusión de las relaciones sociales
capitalistas. Distinguimos dos etapas en este periodo: 1887-1931 y 1931-1939. La
primera coincide con la legislación básica del derecho de asociación (1887) y de los
sindicatos agrícolas (1906), y con los años de la Mancomunidad de Catalunya (19141923), en los cuales se produce un avance cuantitativo y cualitativo en la construcción de
espacios cooperativos para la transformación de los productos agrarios, espacios que
actúan como revulsivos económicos y sociales. La segunda etapa coincide con la Segunda
República y la guerra civil, momentos en que se produce un afianzamiento en el
cooperativismo agrario en los primeros años, y una fuerte confrontación en el seno de
estas entidades, en el momento de la convulsión. Una de las peculiaridades del caso
catalán estriba en que durante ambas etapas, las sociedades cooperativas o sindicatos
agrícolas, constituyen, además de espacios económicos de producción y consumo,
espacios de sociabilidad formal e informal de los campesinos como formación de
ciudadanos, en el sentido de autodotarse de capacidad de conocimiento, discusión,
25
participación y consenso, de igual forma que había sucedido o estaba ocurriendo en otros
países europeos como Gran Bretaña, Alemania, Francia, Italia o Dinamarca.1
El campo catalán entre 1887 y 1939. Apuntes generales.
A finales del siglo XIX la propiedad privada de la tierra estaba plenamente consolidada y
las relaciones sociales capitalistas hegemonizaban el campo catalán. A lo largo del
período analizado la población que vive en el mundo rural disminuye -del 60% al 40%y lo mismo ocurre con el porcentaje de la población activa dedicada a la agricultura -del
55% al 27%-. Durante estos años la explotación familiar se mostró compatible con el
capitalismo agrario a costa de su autoexplotación y del trabajo de alguno de sus miembros
en otros sectores económicos o también como jornaleros temporales de explotaciones
agrícolas.2
Entre 1887 y 1939 el eje del conflicto agrario fue la distribución del producto agrario,
sobre cómo se asumían los costes y se repartían los beneficios de la explotación agrícola.
En definitiva, cuáles eran las remuneraciones del trabajo y del capital. La situación se
agudizó a partir de la crisis postfiloxérica ya que la viña era el cultivo preponderante. La
progresiva hegemonización de las relaciones sociales capitalistas aceleró la
diferenciación social, entre el campesinado acomodado y la gran mayoría de agricultores
de subsistencia.3 En este contexto de cambio el capital comercial fue apropiándose de una
parte cada vez más importante del excedente agrario, en el marco de un mercado cada vez
más internacionalizado. Los campesinos debían acudir con mayor frecuencia al mercado
libre, pero controlado, para adquirir los productos necesarios para el sustento familiar y
para la compra-venta de sus producciones.4 Así, el movimiento cooperativista surgió, en
buena medida, para hacer frente al creciente poder del capital comercial que comportaba
* Este texto se ha elaborado en el marco del proyecto “Sociabilidades. Espacios de construcción de la
ciudadanía en Catalunya (1868-1939)”, financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación HAR201454230.
1
Joan VENTOSA i ROIG: Importancia y estado de la cooperación en el mundo, México, 1947; Jean-Louis
LAVILLE y Anne SALMON: Associations et action publique, París, Desclée de Brouwer, 2015; JeanLouis LAVILLE: Asociarse para el bien común, Barcelona, Icaria, 2015.
2
Emili GIRALT (Dir.): Història agrària dels Països Catalans. Segles XIX-XX, Fundació Catalana per a la
Recerca, Barcelona, 2006; Ramon GARRABOU, Jordi PLANAS y Enric SAGUER: “Sharecropping and
the management of large rural estates in Catalonia, 1850-1950”, The Journal of Peasant Studies, 28-3
(2001), pp.89-108.
3
Joaquim CAPDEVILA: Modernització i crisi comunitària. Estudis d’etnohistòria rural, Lleida,
Universitat de Lleida, 2012.
4
Karl POLANYI: La gran transformación. Crítica del liberalismo económico, Madrid, La Piqueta, 1989.
26
el empobrecimiento de las familias campesinas, ávidas de supervivencia. Ello espoleó la
sociabilidad y la movilización campesinas. Y fueron los campesinos más desatendidos pequeños propietarios, arrendatarios, aparceros, masoveros, rabasaires y jornaleros- los
que protagonizaron el movimiento cooperativo, en base a dos modelos diferenciados5: el
de clase u obrerista, unido y espoleado a través de las organizaciones sindicales
campesinas, y el interclasista impulsado por los medianos y grandes propietarios de
tierras con la aquiescencia de la iglesia católica, bendecido a través del Institut Agrícola
Català de Sant Isidre (IACSI) y la Federació Agrícola Catalano-Balear.6
De esta forma el primer cooperativismo catalán intentó vertebrarse en su
autoorganización, en algunos casos al margen del control de los propietarios y/o de la
parroquia, en simbiosis con vínculos en el mundo urbano y las nuevas culturas políticas
(republicano federal, socialista o anarquista), estableciendo formas de relación con los
poderes locales, económicos, políticos, sociales y culturales. Estas nuevas entidades se
desarrollaron bajo la premisa de la equidad, de un hombre un voto, creando espacios de
relación entre la cultura obrera y la popular. El cooperativismo en este arranque se
desarrolló en paralelo a otras formas de sociabilidad rural: los socorros mutuos de
provisión social ante la enfermedad y la muerte; las sociedades culturales y recreativas
para gestionar el ocio y la cultura, y las organizaciones sindicales para defenderse de los
grandes propietarios y el estado burgués.7
Andreu MAYAYO: El cooperativisme agrari: un moviment dual”, en Conxita MIR (Coord.): Actituds
polítiques i control social a la Catalunya de la Restauració (1875-1923), Lleida, Pagès-EGL, 1989, pp.
209-232.
6
Jordi PLANAS: Els propietaris i l’associacionisme agrari a Catalunya (1890-1936), Girona, Associació
d’Història Rural de les Comarques Gironines, 2006 y Montserrat CAMINAL: L’Institut Agrícola Català
de Sant Isidre, Tesis doctoral, Universitat de Barcelona, 1979.
7
Antoni GAVALDÀ: L’associacionisme agrari a Catalunya (El model de la Societat Agrícola de Valls,
1888-1988), Valls, Institut d’Estudis Vallencs, 1989; Jordi POMÉS: La Unió de Rabassaires. Barcelona,
Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2000; Andreu MAYAYO: De pagesos a ciutadans. Cent anys de
sindicalisme i cooperativisme agrari a Catalunya, 1893-1994. Catarroja, Afers, 1995; Ramon ARNABAT
y Xavier FERRÉ: Ateneus: cultura i llibertat, Barcelona, Federació d’Ateneus de Catalunya, 2015; y
Ramon ARNABAT y Antoni GAVALDÀ: “Sociabilidad y asociacionismo como factores de movilización
social: el mundo rural catalán entre 1870 y 1980”, en Santiago CASTILLO y Montserrat DUCH (Coords.):
Sociabilidades en la historia, Madrid, Catarata, 2015, pp. 169-193.
5
27
Catalunya y el cooperativismo.
Catalunya ha sido una tierra fértil para el cooperativismo.8 Según datos de Pere Solà,
4.764 asociaciones, un 15% de las 34.011 que se formaron en las provincias de Barcelona
y Tarragona entre 1870 y 1939, eran cooperativas.9 La fuerza del cooperativismo en
Catalunya se vio reflejada en 1898 con la constitución del Comitè Regional de les
Societats Cooperatives. El 1899 la publicación de la Revista Cooperativa Catalana
(1899-1905) amplió la difusión de los valores cooperativos visibilizando las actividades
del cooperativismo catalán. Precisamente, en el primer número de la Revista Cooperativa
Catalana se publicó un artículo dirigido a los campesinos en el cual, después de señalar
la importancia de la agricultura para el bienestar general, indicaba que la única solución
organizativa era a través del cooperativismo: “Teniu en vostras mans una arma poderosa:
la cooperació. Uniu-vos en societats cooperativas pera `l consum, pera ‘l crèdit y pera
la producció. Según el anónimo autor del artículo, si el campesino quería salir de la
pobreza en que estaba sumido y convertirse en ciudadano, la única vía era la organización,
con el cooperativismo como norte: “tots plegats us organiséu, aneu millorant la vostra
sort y engrandint la vostra cultura”, porqué: “si á pagès endarrerit cap anyada l’hi és
bona; á pagès cooperat cap anyada l’hi és dolenta”.10
El 1899 se celebró el Primer Congrés Cooperatiu Catalano-Balear en el que se discutió
una ponencia sobre cooperación agrícola presentada por Enric O. Raduà, delegado de la
Junta comarcal de Sociedades Agrícolas Federadas de la provincia de Lleida. En esta
ponencia se defendió que la solución economicoagraria pasaba por el cooperativismo,
como único instrumento capaz de conseguir los tres objetivos claves del proceso de
cambio social: mejorar el nivel de vida de las familias campesinas, poner al día las
explotaciones agrícolas y las industrias de transformación, y potenciar la participación de
los trabajadores del campo en todos los niveles e instituciones, para convertirse en
8
Joan RAVENTÓS: El movimiento cooperativo en España, Barcelona, Ariel, 1960; y Joan VENTOSA i
ROIG: El moviment cooperatiu a Catalunya, Palma de Mallorca, Moll, 1961. Una prueba la tenemos en la
colección “Cooperativistes Catalans” dirigida por Antoni Gavaldà, que en el período de diez años ha
publicado bajo el patrocinio de la Fundación Roca i Galès y la editorial Cossetània, 27 biografías de
cooperadores.
9
Elaboración propia a partir de los datos de Pere SOLÀ: Història de l'associacionisme català
contemporani. Barcelona i les comarques de la seva demarcació (1874-1960), Barcelona, Generalitat de
Catalunya, 1993, e Itineraris per la sociabilitat meridional catalana: l'associacionisme i la cultura popular
a la demarcació de Tarragona 1868-1964, Tarragona, Diputació de Tarragona, 1998. Actualmente el grupo
de investigación de la URV “Ideologies i Societat a la Catalunya Contemporània” está elaborando una base
de datos del asociacionismo catalán contemporáneo (1870-1980).
10
Lucrecius: “Pera ‘ls Pagesos. El cooperativisme al camp”, Revista Cooperativa Catalana, 1 (mayo,
1899), p. 11-13.
28
ciudadanos de pleno derecho. Un cooperativismo que como complemento debía facilitar
la adquisición colectiva de los productos necesarios para el trabajo campesino del día a
día, la formación de cajas de crédito agrario, la creación de escuelas y granjas agrícolas
para mejorar la formación y la explotación de la tierra, y como punto de encuentro para
promover la cooperación agrícola en el trabajo en tierras a censo redimible.11
En el segundo congreso, celebrado el 1902, se decidió enviar una representación al
congreso de la Alianza Cooperativa Internacional. En años sucesivos hasta el 1920, se
sucedieron otros congresos, en diversas poblaciones catalanas. En 1913 se celebró en
Barcelona el Primer Congreso Nacional de Cooperativas, en que uno de los puntos trató
de las relaciones entre las cooperativas y los sindicatos agrícolas.12 Con todo, no sería
hasta el año 1928 que se crearía la Federación Española de Cooperativas.13
El primer cooperativismo agrícola (1887-1906)
La ley de Asociaciones de 1887 posibilitó, moderadamente, la expansión del movimiento
cooperativo agrario, como lo atestiguan las escasas entidades que se organizaron. Un año
después, el 1888 apareció la primera sociedad agrícola catalana –la Societat Agrícola de
Valls- en la provincia de Tarragona, a la que siguieron algunas otras en las comarcas de
Tarragona y de Lleida. En otro estadio organizativo, el 1890 un Real Decreto estableció
el marco legislativo para el funcionamiento de las Cámaras Agrarias al cual se acogieron
mayoritariamente los propietarios agrícolas. El 1906 se publicó la Ley de Sindicatos
Agrarios, que activó la creación de cooperativas agrarias de toda condición.
El primer cooperativismo agrario catalán se inició, por tanto, en la provincia de
Tarragona, en las comarcas de la Conca de Barberà y del Alt Camp, en núcleos cercanos
a las poblaciones de Montblanc y Valls. Aparecieron con el nombre de sociedades
agrícolas surgidas de sociedades de resistencia. La mayoría de estas entidades iniciales se
gestaron como sociedades “obreras”, según el principio democrático de “un hombre, un
voto”, la aportación de una cuota anual previamente establecida, y la obligación de
aceptar los cargos sociales que pudieran derivarse. Aglutinadas a menudo alrededor de
11
Primer Congreso Cooperativo Regional Catalano-Balear celebrado en Barcelona los días 23, 24 y 25
de junio de 1899: libro de actas y acuerdos, Barcelona, Imprenta Vda. J. Miguel, 1902.
12
MUSEO SOCIAL DE BARCELONA: Anuari d’Estadística Social de Catalunya, Barcelona, 1913, p.
176.
13
Joan VENTOSA y ROIG: Les cooperatives obreres, Vilanova i la Geltrú, Imprenta Diario, 1918.
29
un café como espacio de sociabilidad, pronto dispusieron de nuevos espacios, ampliando
servicios para satisfacer necesidades económicas y sociales de los socios, en función de
la potencia que adquirían: locales de compra-venta de mercancías, servicios de cesión
mancomunada de instrumentos agrarios, actos culturales y de ocio formativo para la masa
que albergaba, sección de crédito para evitar la usura instalada, caja de invalidez para
subsanar posibles accidentes laborales y ayudas a la vejez para paliar la miseria, llegando
incluso en algunos casos a la construcción de una bodega para la elaboración de vino en
común, máxima expresión de la sociabilidad por cuanto el trabajo individual y familiar
de todo el año quedaba a expensas de una elaboración y venta de forma cooperativa.
Este primer cooperativismo agrario, en sus diversas formas y ligado al asociacionismo
sindical, cultural y recreativo, permitió romper los lazos de patronazgo vertical y
potenciar los engarces solidarios horizontales, fomentando la autoorganización de los
campesinos, la autogestión de sus recursos, la autonomía política respecto de los
propietarios y la no sujeción a las orientaciones paternalistas fomentadas desde una iglesia
católica que perdería influencia social y cultural. Este cooperativismo configuró, en suma,
un espacio de sociabilidad formal e informal autónomo de los sectores acomodados –en
algunos casos complementario-, donde confluyeron diversas culturas políticas
progresistas (republicanas, socialistas y anarquistas). Un espacio que contribuyó
decisivamente a la formación de ciudadanos autónomos, capaces de poder utilizar sus
maltrechos derechos sindicales y políticos.
El impulso de la Ley de Sindicatos Agrícolas (1906-1923)
El 1906 aparecerá una legislación específica para el asociacionismo agrario: la Ley de
Sindicatos Agrícolas.14 La Ley, corta, constaba de ocho artículos con diversos
subapartados. Nacía de la necesidad de modernizar la agricultura y de implicar a los
campesinos en ello, promoviendo mejores condiciones en la adquisición de abonos y
utillajes, y en la transformación y comercialización de su producción. En su primer
artículo se establecía que pasaban a ser considerados sindicatos agrícolas las asociaciones,
sociedades, comunidades y cámaras que tuviesen como finalidades: la adquisición de
herramientas y máquinas, abonos, plantas, semillas o animales para el trabajo agrícola; la
14
Enrique GADEA: Evolución de la legislación cooperativa en España. Vitoria-Gasteiz, CSCE-EKGK.
1999 y Samuel GARRIDO: “Alentar y obstruir. Las vacilaciones de la política estatal sobre cooperativismo
en los inicios del siglo XX”, Noticiario de Historia Agraria, 7 (1994), pp. 131-154.
30
elaboración, conservación, venta y exportación de productos; la aplicación de remedios
contra las plagas; la explotación de terrenos; el financiamiento mediante cajas, bancos o
pósitos; las diversas formas de cooperación, de mutualidad y de enseñanza, y aún otros
de similares. La nueva Ley establecía para los sindicatos agrícolas o cooperativas la
exención del impuesto de timbre y derechos reales; la devolución de los costos de
aduanas; y la preferencia en la adquisición de semillas y animales selectos. Aspectos que
se concretaron en el Reglamento publicado el 16 de enero de 1908, aunque su
aplicabilidad fue escasa.
La Ley de 1906 facilitó una sociabilidad pragmática e implicó la generalización del voto
proporcional, basado en la diferenciación en función del capital aportado por cada socio.
Aprovechado por asociaciones de propietarios y entidades católicas, se impulsó el
cooperativismo interclasista, algunas veces de corte católico, intentando evitar la
politización izquierdista y de clase del campesinado catalán. En esta tesitura se produjo
una diferencia importante entre el sindicalismo agrario o cooperativismo catalán respecto
al del resto del Estado español, concretado que en Catalunya el sindicalismo católico no
arraigó demasiado. En ese aspecto las diócesis de Tortosa y Girona las Federaciones
Católicas Agrarias fueron las que tuvieron más actividad. Con todo, la relativa poca
presencia católica en el mundo cooperativo, fue compensada por la presencia activa de
los propietarios agrarios catalanes que actuaron de catalizadores del sindicalismo
interclasista.15 Puede servir de ejemplo de cooperativismo agrario católico el Sindicat
Agrícola de Banyoles constituido en 1905 a iniciativa del cura párroco y que integró en
su seno a los principales propietarios. Sería a partir de 1913 cuando el sindicato se
dinamizó, con la llegada de un nuevo cura seguidor de la encíclica Rerum Novarom del
papa León XIII, iniciando una actividad económica frenética que puede seguirse en la
publicación propia del Butlletí Sindical.16
Sin duda, sería la constitución de la Mancomunitat de Catalunya en 1914 -la unión
económica de las cuatro diputaciones catalanas, buscando un modelo nuevo de país,
regional-, la que ejerció un efecto multiplicador en la formación de sindicatos agrarios.
15
Jordi PLANAS: Catalanisme i agrarisme. Jaume Maspons i Camarasa (1872-1934): escrits polítics,
Vic, Eumo, 1994
16
DDAA: Sindicat Agrícola de Banyoles, Girona, Editorial Massó, 1920. Más información en
http://blocs.esquerra.cat/documents/el-sindicat-agricola-de-banyoles-1905-1939-doc.
31
La avanzada provino del año 1912 con la creación de l’Escola Superior d’Agricultura por
parte de la Diputación de Barcelona, a la que siguió el 1917 cuando la Mancomunitat creó
los Servicios Técnicos de Agricultura, y en su seno, el 1919, un servicio para fomentar la
cooperación: la Acción Social Agraria (ASA) para organizar el campesinado siguiendo
los parámetros de una agricultura y ganadería cooperativas y modernas. 17 Para
conseguirlo se nombró a Josep M. Rendé18, propietario rural, el cual gestó un “Plan de
organización social agraria de Cataluña”, siguiendo modelos europeos de éxito, como era
el caso de Francia y Dinamarca. Se pretendía que los sindicatos agrarios incorporasen a
todos aquellos activos que trabajaban la tierra, sin distinción, con los objetivos, amén de
los culturales y mutuales, de propiciar la adquisición de simientes, plantas y herramientas
para sus cultivos; la elaboración y venta de los productos producidos y sus derivados; y
la constitución de cajas o secciones de crédito. Propuso, también, una estructura de
sindicatos locales, agrupados en federaciones comarcales, y éstas, a la vez, en una
confederación, la Confederació Agrícola de Catalunya.19 La labor de la ASA fructificó
con la creación de sindicatos agrarios, pasando de los 216 que figuraban en los censos
oficiales de 1916, a los 558 que constan en 1922.20
Aunque la Mancomunitat intentó que los sindicatos se creasen por intereses económicos,
no pudo evitar que algunos surgieran por intereses de clase, consolidándose en Cataluña
la doble vía conocida como los “sindicatos de los ricos” -en realidad interclasista bajo el
impulso de asociaciones católicas o de los propietarios-, y los “sindicatos de los pobres”
-bajo impulso obrerista-. Una diferencia substancial y definitoria fue en el grado de
democracia, que en el primer caso implicaba un voto proporcional a la aportación
efectuada, según diversas variables, mientras en el segundo cada socio tenía derecho a un
voto y sólo uno. Esta duplicidad manifiesta implicaba una de las muestras de la doble
sociabilidad existente (cultural, política, social) en bastantes municipios catalanes,
coincidiendo con la politización asociativa y la polarización política del primer tercio del
siglo XX. En el fondo, lo que estaba en juego era la hegemonía social, cultural, económica
17
Josep CASANOVAS PRAT: L'acció tècnica agrària (1912-1939): la política agrària de la
Mancomunitat i la Generalitat de Catalunya, Tesis doctoral. Universitat de Barcelona, 1996 y del mismo autor
“L’ensenyament agrícola a Catalunya (1912-1939)”, Recerques, 37 (1998), pp. 81-108.
18
Antoni GAVALDÀ: Josep M. Rendé i Ventosa, Barcelona, Fundació Roca i Galès, 2005.
19
Josep M. RENDÉ: Pla d’Organització Social Agrària de Catalunya, Barcelona, Mancomunitat de
Catalunya, 1924.
20
MINISTERIO DE FOMENTO: Menoría estadística social agraria de las entidades agrícolas y
pecuarias en 1 de abril de 1918, Madrid, Ministerio de Fomento, 1918 y MINISTERIO DE
AGRICULTURA: Censo Estadístico de Sindicatos Agrícolas y Comunidades de Labradores, Madrid,
Viuda de M. Navarro, 1934.
32
y política de las dos visiones en que se había ido forjando cada segmento social dentro
del municipio.21
La obra de la Mancomunitat procuró dar solidez a las cooperativas, a través de la
constitución en bastantes sindicatos de una caja de crédito rural, sin descuidar aspectos
de contabilidad, en aras de conseguir que la cooperación no tuviera mala administración.
Desde la plataforma de Acció Social Agrària se viajó incansablemente a todos los
rincones de Catalunya fomentado el asociacionismo agrario, animando y colaborando
además en la constitución de federaciones agrícolas comarcales; así como implicando la
participación de los sindicatos agrarios en eventos internacionales como la Exposición
Internacional de Cooperativas en Gant (Bélgica). Durante la dictadura de Primo de
Rivera, la Mancomunitat sería suspendida, pero la simiente y los beneficios ya estaban
sembrados y se recogían22.
En estos treinta primeros años del siglo XX, en algunas de estas organizaciones
cooperativas se dio, además, un fenómeno de sociabilidad que podemos considerar de
alto nivel: la construcción de bodegas. Este proceso constructivo implicaba la
culminación civil comunal, voluntaria, de la sociedad productiva, detrás de la que se había
perpetrado a lo largo de los siglos en la construcción de la iglesia, de factura obligada. La
primera bodega cooperativa en Catalunya -y de España- se fraguó en 1901 en una de las
comarcas donde había surgido un sindicato, según la ley de 1887: era la de Barberà de la
Conca, en la provincia de Tarragona. En el período de 1906 a 1911 hay constancia de diez
construcciones de bodegas en Cataluña, nueve en la misma zona: cuatro más de la Conca
de Barberà, dos en el Alt Camp, y una en la comarca del Penedés, el Priorato y el
Maresme,
respectivamente.
No
obstante,
la
peculiaridad
estribaría
en
que
mayoritariamente fueron impulsadas por agricultores de orden, en función de la
aportación de capital, con el soporte financiero del Banco de Valls, entidad que se
convertiría en la punta de lanza en ayudar al estamento agrario. En este 1916 se
constituiría la primera federación de cooperativas agrícolas de Cataluña -la Federació
Agrícola de la Conca de Barberà- a iniciativa de los sindicatos agrícolas o agrarios de la
comarca. Esta cooperativa llegó a aglutinar 25 sindicatos afiliados, una destilería propia
21
Ramon ARNABAT y Xavier FERRÉ: Ateneus..., pp. 224-229.
Josep CASANOVAS PRAT: “L’obra cooperativista de la Mancomunitat de Catalunya”, en Cooperació
Catalana, 384 (febrero 2015), pp. 21-23. También Antoni Gavaldà, Josep M. Rendé… y del mimo autor El
batec periodístic d’un dirigent cooperativista català: Josep M. Rendé i Ventosa, escrits 1903-1925. Valls,
Cossetània Edicions, 2007.
22
33
y quince bodegas cooperativas y diversas secciones, bajo la presidencia del citado Josep
M. Rendé. A ésta federación siguieron otras.
Significativo fue lo que sucedió en la comarca más vinícola catalana -el Penedés- respecto
la construcción de bodegas, ya que supuso un retraso constructivo frente a las zonas
anteriormente indicadas, con la excepción de la construcción de la bodega del Vendrell.
No fue hasta el periodo del trienio bolchevique -1918-1921- que se construyeron bodegas
en diversas poblaciones: en el Alt Penedés cinco poblaciones levantaron esta gran magna
obra civil de los veintisiete pueblos con que cuenta la comarca; y en el Baix Penedés sólo
se construyeron tres de las quince poblaciones que hay. Las razones de este escaso empuje
señalan que se construyeron para afrontar una mejora de la comercialización, pero que
resultaron con derrotas parciales por la saturación del mercado, por las prácticas
oligopolísticas desplegadas por el comercio tradicional, por el escaso auge del
cooperativismo de la zona y por la misma fragilidad financiera en el proceso
constructivo23.
Sindicatos agrícolas de la Dictadura a la República.
La dictadura no impidió que se siguieran creando nuevos sindicatos agrícolas, aunque se
redujo su intensidad. Al finalizar la dictadura, en 1930, había en Catalunya 86 bodegas
cooperativas, situadas, sobretodo, en las comarcas de la Conca de Barberà (12), el Alt
Camp (10), Priorat (10), Bages (6), Alt Penedès (6), Baix Penedès (5), Vallès Occidental
(4), las Garrigues (4) y el Empordà (3).24 Estas bodegas dedicadas a la elaboración de
vinos se convirtieron en una referencia económica de primer orden a nivel local y
comarcal, pero también a nivel arquitectónico, ya que buena parte de ellas se edificaron
en pleno modernismo, siendo vistas como las “catedrales del vino” o “catedrales del
pueblo”.25 En este contexto el cooperativismo de orientación “obrerista” triunfó en las
diez comarcas de la provincia de Tarragona y en las del Alt Penedès, Garraf, Baix
Llobregat, Barcelonès y Maresme en la provincia de Barcelona.
Antoni SAUMELL SOLER: Viticultura i associacionisme a Catalunya. Els cellers cooperatius del
Penedès (1900-1936). Tarragona, Diputació de Tarragona. 2002.
24
Jordi POMÉS: La Unió…, pp.547-549.
25
Raquel LACUESTA et al.: Les catedrals del vi: arquitectura y paisatge, Manresa, Angle editorial,
2009.
23
34
Durante la dictadura de Primo de Rivera el movimiento cooperativo en su aspecto
legislativo se continuó moviendo. Se empezó a gestar un anteproyecto legislativo el 1925,
cerrado el 1927 por parte del Instituto de Reformas Sociales, aprobándose una nueva ley
de cooperativas y reglamento el septiembre de 1931, en la República, siendo firmadas
ambas por Niceto Alcalà Zamora y Francisco Largo Caballero, presidente y ministro de
Trabajo del gobierno provisional, respectivamente. Un eje básico fue reconocer la
cooperación como organismo autónomo dentro del marco de los fenómenos societarios y
asociativos de contenido económico. En la exposición de motivos se decía que era
inaplazable dotar a las cooperativas de un régimen jurídico propio para distinguir la
cooperación auténtica de la simulada.
La ley reconocía que la cooperación tenía que ser tarea de cooperadores, mientras que el
Estado debía tener cuidado de fomentarlas, por lo cual se necesitaba dotar a las
cooperativas de un régimen jurídico específico. Además, recogía los principios de la
Alianza Cooperativa Internacional y clasificaba las cooperativas en cuatro tipos: de
consumidores; de productores –cooperativas de trabajadores y cooperativas profesionales
entre las que había las agrícolas-; crédito -ahorro y seguro-; y mixtas e indeterminadas.
En el reglamento posterior se observaron algunas disfunciones, como que buena parte del
entramado cooperativo que se primaba sería considerado como cooperativas populares formadas por obreros y asalariados-, las cual tendrían ayudas especiales, mientras que las
cooperativas profesionales, entre las que se encontraban las agrícolas, quedaban
excluidas. Con esta premisa, a la cooperación agrícola, mayoritariamente, no le interesó
depender de esta nueva ley puesto que perderían los beneficios de la ley de 1906.
Esta legislación de ámbito estatal, fue completada en Catalunya. Así, el Estatuto de
Autonomía de 1932 situaba la organización cooperativa bajo el manto de la consejería de
Economía y Agricultura. La ley marco que impulsó la Generalitat fue la Ley de Bases de
la Cooperación para cooperativas, mutualidades y sindicatos agrícolas, de 17 de febrero
de 1934 (BOG 20), y con fecha de 17 de marzo del mismo año, la Ley de Cooperativas.
Entre la normativa se reinstauraba el principio rochdaliano de un hombre un voto; se
señalaba que no podía haber “privilegios o ventajas especiales a determinadas personas o
sociedades”, en claro choque con la normativa de la ley de 1906; que los mayores de
dieciséis años, todavía sin poseer los derechos civiles, no necesitaban autorización
expresa para ser socio, pudiendo incluso ejercer cargos directivos con la autorización de
los padres o tutores, aspecto éste que se complementaba señalando que la mujer casada
35
no necesitaba la licencia del marido para ser socia; se instituía una Comisión Revisora de
Cuentas; y que las cooperativas se podían constituir siguiendo la forma popular o
mercantil, siendo los sindicatos agrícolas denominados también cooperativas agrícolas,
integrados dentro de las mercantiles, definidos como aquellos organismos constituidos
por personas naturales o jurídicas de toda condición que traten de mejorar el rendimiento
de sus negocios por medio de la organización de tipo cooperativo.
En otro orden de cosas, a nivel general, las sociedades se integrarían en Federaciones
locales, comarcales o generales, y como norma explícita se creó el Consejo Superior de
la Cooperación, organismo encargado del estudio, proposición y difusión de las
disposiciones legales referentes a la cooperación; del fomento y de favorecer y registrar
el movimiento cooperativo catalán; y con la misión específica de inspeccionar las
sociedades y tutelarlas si fuera necesario. En el Consejo Superior de la Cooperación
formarían parte, entre otros, dos representantes de la Federación de Sindicatos Agrícolas.
Algunos autores han precisado que la legislación catalana incurrió en el defecto de
unificar cooperativismo y mutualismo, implicando que esto cortó las alas a la
modernización del sistema, al dificultar a las cooperativas actuar con terceros 26. Como
aspectos positivos se instauró el control que cada anualidad se debía entregar a la
Consejería una copia de la memoria, balance y cuentas de pérdidas y ganancias, y que se
harían inspecciones cada tres años.
Según el Censo Agrario de 1933 en España había 4.268 sociedades o sindicatos agrícolas
que contaban con 555.609 socios y un capital de 98.808.033 pesetas, 540 de los cuales,
con 79.018 socios y 28.213.305 pesetas de capital, radicaban en Catalunya. 27 De manera
que en Catalunya, donde vivía el 12% de la población española, según el censo de 1930,
residían el 12,6% de los sindicatos agrarios españoles, el 14,2% de sus socios y el 28,5%
de su capital. Respecto de 1927 en el Estado español habían desaparecido 1.553 sindicatos
agrícolas (- 26,7%), aunque había aumentado el número de socios en 113.403 (+ 25,6%).
La valoración de la Dirección General de Agricultura respecto a estas variaciones era que
“muchas entidades de escasa importancia han desaparecido, a la vez que otras de las
antiguas han adquirido mayor desenvolvimiento y han surgido nuevas con gran vitalidad,
lo que demuestra la eficacia de esta sindicación agrícola y la confianza que inspira a los
26
Javier DIVAR: Régimen jurídico de las sociedades cooperativas. Bilbao: Universidad de Deusto, 1987.
MINISTERIO DE AGRICULTURA: Censo Estadístico de Sindicatos Agrícolas y Comunidades de
Labradores, Madrid, Viuda de M. Navarro, 1934.
27
36
agricultores, pues hay que tener presente que se trata de Asociaciones de constitución
puramente voluntaria.”28 El cuadro atestigua lo indicado.
Cuadro 1: Sindicatos Agrícolas registrados oficialmente en Catalunya a finales de
1933
Provincia
Sindicatos Agrarios
Socios
Capital
Barcelona
152
26.520
4.649.901
Girona
130
13.930
1.307.495
Lleida
110
16.896
5.153.300
Tarragona
148
21.672
17.102.609
Catalunya
540
79.018
28.213.305
Fuente: MINISTERIO DE AGRICULTURA, Censo Estadístico de Sindicatos Agrícolas
y Comunidades de Labradores, Madrid, Viuda de M. Navarro, 1934.
A través del cuadro siguiente podemos seguir la evolución en la creación de Sindicatos
Agrícolas que estaban activos en 1933. Entre 1906 y 1916 se registra un primer impulso
con la creación de 73 sindicatos agrícolas. Entre 1917 y 1922 se produce la máxima
expansión del cooperativismo agrícola con 237 nuevos sindicatos. Durante la dictadura
de Primo de Rivera hay un claro reflujo con 83 sindicatos nuevos. Y, coincidiendo con
los primeros años de la Segunda República española (1931-1933), se registra otro impulso
decisivo, con la creación de 147 nuevos sindicatos agrícolas. Aunque, si tomamos como
referencia los sindicatos agrícolas creados anualmente, el período 1931-1933 es el más
fructífero con 49 cada año; seguidos del período de 1917 a 1922, con 39. La cronología
varía según las provincias: en las de Lleida, Tarragona y Barcelona el período 1917-1922
es el que aporta mayor número de sindicatos agrícolas; en cambio en la Girona el período
más fructífero es el de 1931 a 1933.
28
Ibid., p.7.
37
Cuadro 2: Año de fundación de los Sindicatos Agrícolas
Provincia
1906-1916
1917-1922
1923-1930
1931-1933
Total
Barcelona
17 (11%)
58 (38%)
41 (27%)
36 (24%)
152
Girona
19 (15%)
44 (34%)
11 (8%)
56 (43%)
130
Lleida
9 (8%)
63 (57%)
14 (13%)
24 (22%)
110
Tarragona
28 (19%)
72 (49%)
17 (11%)
31 (21%)
148
Catalunya
73 (14%)
237 (44%)
83 (15%)
147 (27%)
540
Sindicatos/año 7,3
39,5
10,4
49
19,3
Fuente: Elaboración propia a partir de MINISTERIO DE AGRICULTURA, Censo
Estadístico de Sindicatos Agrícolas y Comunidades de Labradores, Madrid, Viuda de M.
Navarro, 1934.
Fracasado el movimiento de octubre del 1934 el sindicato de la Unió de Rabassaires
movió ficha en la organización cooperativa agraria. Confeccionó unos estatutos agrarios
adaptados con el fin de que los sindicatos agrícolas que le eran afines entraran de lleno
en su adscripción, implantando las Secciones Económicas, tomando el nombre de
Sindicato Agrícola Unión de Rabassaires. Según los cálculos confederales, que ha
subscrito la historiografía, el control de la situación cooperativista el 19 de julio de 1936
en Cataluña era el que sigue: la Lliga Catalana- Instituto Agrícola Catalán de Santo Isidre,
dominaba el 40% de los sindicatos agrícolas; la Esquerra Republicana de Catalunya
(ERC) y la Unión de Rabassaires (UdR), otro 40%; la Confederación Nacional del
Trabajo (CNT) , el 15%; la Unión General de Trabajadores (UGT), el 3%, y los adscritos
a Sindicatos Agrícolas Católicos, un 2%.29
La cooperación en el período de la República en guerra.
Los sindicatos agrícolas se convirtieron en el curso de la guerra en una pieza básica del
sistema económico, colaborando de manera indirecta a parar el golpe de estado, por
cuanto desde su seno se centralizó la entrada de las cosechas, imprescindible para
29
Acció Sindical, Valls. 16 desembre 1937, 63, p. 1.
38
abastecer de víveres el frente y para una regulación de la producción30. En todo el período,
la legislación agraria la comandó la Unión de Rabassaires (UdR), partido-sindicato que
tuvo a su cargo la cartera de Agricultura, decantado hacia tesis del Partido Socialista
Unificado de Cataluña (PSUC). La UdR se aprovechó de la circunstancia que su
presidente, Josep Calvet, era el consejero de Agricultura para agrandar todavía más la
separación respecto el principal competidor agrario, la CNT. Así, la problemática
cooperativa se agudizó en el curso de la conflagración y se enquistó por las posturas muy
diferenciadas de los principales actores sindicales y políticos.
El anarcosindicalismo catalán más ortodoxo, al estallido de la guerra no creía demasiado
en los interlocutores de las cooperativas agrarias –en algunos casos creía más bien poco, por considerarlas antirrevolucionarias. La excepción a esta postura era el bastión de
dirigentes agrarios de algunas comarcas de la provincia de Tarragona y de núcleos
dispersos de Cataluña, con base cooperativista de años. En vano este grupo había
intentado organizarse en la época republicana, a partir de la Asamblea de Vilafranca del
Penedès de 1932, sin haberlo podido conseguir tanto por la crisis interna que había
padecido el sindicato como por la poca voluntad mostrada en conjunto por el mismo
sector. Este sector cooperativista, ligado con tentáculos personales treintistas, había
intentado estructurar una unidad agrícola en perspectiva de futuro. A esta nula
organización se añadió el problema que la CNT agraria al inicio del golpe de estado estaba
desestructurado de manera orgánica, sin liderazgo expreso, ya que estaba dominado por
el segmento de trabajadores industriales, más combativos y organizados. Aunque
conforme la guerra avanzó y la CNT fue modificando en algunos casos su postura, ello
se debió más a que el secretario agrario del nuevo organismo que surgió, desde el Comitè
de Relacions Camperoles, era un acérrimo defensor de la estructura cooperativa, siendo
ayudado por articulistas muy potentes de la zona que le daban cobertura en los medios
escritos. A pesar de ello el modelo de organización catalán de las cooperativas agrarias
chocó en diversos frentes. Por una parte se fraguó un bloque amplísimo, mayoritario,
cercano y seguidor de las tesis de la Unión de Rabassaires (UdR) y de ERC, y por
extensión del Partido Socialista Unificado de Cataluña (PSUC), con la pujante Unión
General de Trabajadores (UGT) como cobertura, y por otro lado uno de minoritario
adscrito a la CNT.
30
Más ampliación en Antoni GAVALDÀ: Fam de pa i de terra. La col.lectivització agrària a Catalunya.
Publicacions URV. Tarragona 2016.
39
El 27 de agosto de 1936, un mes después del golpe de estado, se publicó el Decret de
Sindicació Obligatòria dels Conreadors de la Terra, gestado en el seno del Consell
d’Economia de Catalunya, el representante agrario del cual, Joaquim Pou Mas, era de la
UdR. Este decreto obligaba a todos los labradores a ingresar forzosamente en el sindicato
agrícola local y a realizar todas las transacciones comerciales en su seno, formulando
además que se habían de fusionar, si era el caso, los dos sindicatos agrícolas que pudieran
existir en la misma localidad. Era la guerra. Ello contribuyó a aumentar el protagonismo
económico de los sindicatos agrícolas. La normativa de fusión implicó dos medidas
concatenadas. Se debería dar entrada a todos los agricultores que en ese momento no eran
socios, en una resolución que traería muchísimos problemas, ya que entraron payeses sin
base cooperativa. Y, en el caso que no hubiera sindicado agrícola local, se debía de crear
uno de nuevo, con la peculiaridad que los que se crearon fueron copados por el partidosindicato que ostentaba la cartera de Agricultura o sea la UdR. A estas medidas se reguló
que el sindicato agrícola estaba obligado a formarse con cuatro secciones fijas: venta y
eventualmente transformación de productos, adquisición de suministros agrícolas,
seguros mutuos, y caja de crédito. Estas medidas implicaban, además, un apartado que
afectaba las nuevas organizaciones de trabajo que se creaban, las colectividades agrícolas,
por cuando se legisló que los sindicatos agrícolas tenían que tener en su seno, además, la
Sección de Trabajo Colectivo, dando cobertura a las colectividades. Al Decreto lo siguió
el reglamento, el cual se aprobó el 19 de octubre.
El encaje obligatorio de los campesinos en los sindicatos agrícolas, fue conflictivo y
rebatido básicamente por la CNT que no realizó su primer pleno agrario hasta el 5 de
setiembre de 1936, o sea unos diez después de la aprobación del citado Decreto. De hecho,
hasta pasado unos días del pleno indicado, no se nombraría el secretario del Comitè de
Relacions Camperoles. Ya en este pleno, y posteriormente en el curso de la guerra, la
CNT agraria catalana mostraría reticencias, abogando por la no obligatoriedad de la
sindicación obligatoria. Ello se agravó por cuanto, segmentos agrarios colectivistas,
desoyendo la voz de los dirigentes agrarios cenetistas que apostaban por cumplir la ley, o
sea por entrar como socios en los sindicatos agrícolas, conforme rezaba el Decreto,
optaron por no entrar en dichos sindicatos. Esta circunstancia motivó que la CNT durante
todo el período de guerra chocara con la estructura oficial, recordemos que dominada por
la UdR. Un reproche que la CNT sindical agraria planteó fue que los sindicatos agrícolas
hacían obra puramente política, partidista, “toda vez que los carnés que se expenden para
40
el ingreso de socios, dicen ‘Sindicato Agrícola. Unión de Rabassaires”. Era la
culminación de la derrota sindical de la CNT31.
El 8 de octubre de 1936 la Consejería siguió actuando, creando el Servicio de
Cooperación Agrícola con el fin de proporcionar a los sindicatos agrícolas “la enseñanza
sindical que reclamen, asesorarlos e informarlos de las materias relativas a organización
societaria; registro, estadística y aprobación de estatutos, y, en general, en todo aquello
derivado de la aplicación del Decreto de sindicación obligatoria”. Para ayudar a coordinar
los delegados del Servicio de Cooperación Agrícola, la Consejería invitó a Georges
Fauquet, miembro del Comité Central de la Alianza Cooperativa Internacional y exjefe
del Servicio de Cooperación de la Oficina Internacional del Trabajo a dar un curso de
perfeccionamiento.
No obstante, el gran eje de la batalla del campo fue el organismo de la Federación de
Sindicatos Agrícolas de Cataluña (FESAC). Aprobado el 2 de diciembre de 1936, sus
estatutos se publicaron el 5 de diciembre y fue operativo desde el día 19. Tuvo por misión
agrupar todos los sindicatos agrícolas de Cataluña para representarlos ante la Generalitat
y ante toda otra autoridad, promover la organización y funcionamiento de estos, y facilitar
la realización de las actividades económicas. Este último aspecto resultaría capital.
Dentro de la FESAC los sindicatos agrícolas serían representados por la Federación
comarcal respectiva. Internamente se anotó que se organizaría en cinco secciones
generales: Ventas; Transformación; Agencia Central de Compras; Caja Central de
Seguros; y Trabajo Colectivo. Los recursos económicos por el funcionamiento estarían
en base de cuotas de los mismos sindicatos agrícolas, cifradas entre las 25 y las 100
pesetas por sindicato en función del número de socios. La FESAC se formó, por la fusión
de los activos de las organizaciones agrarias catalanas de la Unión de Rabasaires y otros
cultivadores del Campo de Cataluña (Federación de Sindicatos Agrícolas), la Unión de
Sindicatos Agrícolas de Cataluña y la Unión de Sindicatos y Labradores de Cataluña
En este panorama, la FESAC se convertiría en la dominadora económica del campo
catalán en tiempos de guerra, en un choque constante con una CNT que denunció
repetidamente la parcialidad de sus actuaciones. La disputa dentro de los sindicatos
agrícolas se agudizó por dos motivos básicos: uno porqué la FESAC no controlaba los
31
Disposicions legals que regulen el funcionament dels Sindicats Agrícoles a Catalunya, Barcelona,
Departament d'Agricultura, 1937.
41
productos de algunas colectividades, ya que éstas actuaban en algunos casos al margen
de la normativa comercializando sus productos entre las mismas colectividades sin
aportarlos a la cooperativa como era obligatorio; y un segundo porque las cooperativas
agrícolas recibían productos para revender a sus socios, productos que no llegaban por la
misma vía a los campesinos no incorporados en su seno, como era el caso de algunos
agricultores encuadrados en colectividades de la CNT que habían optado por no entrar en
el seno de los sindicatos agrícolas. La CNT, valiente y débil a la vez a partir de los hechos
de mayo de 1937, reprochaba que se podía producir una crisis en el campo catalán de
fatales consecuencias y de rebote en el gobierno de la Generalitat, así como la
reproducción de los dolorosos sucesos registrados en la población tarraconense de la
Fatarella que motivaron una batalla campal, cruenta, con diversos muertos, en aras de
buscar que la UdR rebajara sus planteamientos de fuerza como potencia dentro de la
FESAC.
El tema a debate en estos sindicatos agrícolas cenetistas fue la manera de hacer el reparto
de materias primeras, aspecto del todo esencial para intentar conseguir una adecuada
cosecha en un futuro. La lucha entre la UdR y el Comitè de Relacions Camperoles de la
CNT agrícola, como hemos indicado, era abierta, y por consiguiente las acusaciones
fueron cruzadas. Ambos interlocutores, en sus diatribas, dijeron sólo verdades a medias.
El nudo del problema era que un segmento amplio de labradores, colectivistas, no habían
querido entrar en los sindicatos agrícolas, y la FESAC, según la CNT, no los atendía como
correspondía en cuanto a proporcionarles productos como abonos o productos
fitosanitarios. Ello implicó que una parte de la directiva del Comitè de Relacions
Camperoles de la CNT, entre el que no constaba el secretario oficial, -substituido por un
secretario efectivo pero no oficial-, decidieran no pagar los suministros ya proporcionados
por la FESAC a estas colectividades a través de la CNT agraria, por la que la FESAC les
cortó toda transacción comercial. Ello conllevó unas disputas agrias en el seno del Comitè
de Relacions Camperoles, por cuanto el secretario real aunque no efectivo demandó de
ejercer de nuevo el cargo, y también por tener que dar explicaciones ante la CNT catalana,
árbitro en un intento de solución. Analizado el caso se constató que la CNT agraria
catalana tenía en su seno una Sección Económica propia, o sea de la CNT, que adquiría
productos a la misma FESAC e incluso en determinados casos había estado abastecida
por compras a la CNT del Estado, para sustento de las colectividades.
42
Y así se siguió en un 1937 del todo convulso. El 5 de abril, la Consejería dio potestad a
los sindicatos agrícolas locales, a las Federaciones comarcales y a la FESAC para fijar
los precios de los productos agrícolas al por mayor, precios que serían considerados
legales a todos los efectos. Por esta medida la FESAC, se convertía en la entidad
reguladora de un arma de combate: los abastecimientos. Puestos a modificar en aras de
un orden contable, el 10 de abril se obligó a los sindicatos agrícolas a emplear el sistema
métrico decimal en sus transacciones comerciales. El 11 de mayo un decreto creó el
Comité Català de Relaciones Intercooperatives, usual en otros países de Europa, la
finalidad del cual era el establecimiento de empresas mixtas entre las cooperativas de
consumidores y los sindicatos agrícolas por la venta, distribución y transformación de
productos agrícolas.
Otro tema de repercusión en los sindicatos agrícolas se dio tras la publicación de la orden
del 26 de enero de 1937 (DOG 29), por la que el Departamento desarrollaba el Decreto
de Sindicación Obligatoria, en demanda de confección del censo sindical agrario. Se
señalaba que en este censo debían de figurar todos los labradores con domicilio en el
término municipal y los jornaleros inscritos en la Sección de trabajo colectivo. El 16 de
junio de 1937 (DOG 19) la Consejería publicó un decreto que quería paliar su política
errática y en algunos casos lenta, buscando el control efectivo de los sindicatos agrícolas
por lo que el censo sindical resultaba imprescindible. El decreto fijaba la renovación de
las juntas de todos los sindicatos agrícolas de Cataluña, negando la posibilidad de voto y
de ocupar lugares de responsabilidad “a aquellos elementos que antes del 19 de julio del
1936 se hubieran demostrado como contrarios o desafectos a las organizaciones
sindicales y políticas que componen el actual bloque antifascista”. Para el despliegue se
dio potestad al recién creado Consejo de Agricultura –o Consejo Superior de Agriculturade 16 de junio (DOG 18) para organizar las elecciones, organismo en el que inicialmente
sólo participaban las tres sindicales que tenían campesinos en sus filas –CNT, UdR y
UGT-, y en el que posteriormente entraron representantes de partidos políticos. Un
Consejo de Agricultura que se valía de las Juntas Municipales Agrarias, organismos
locales que siguieron la composición mimética del Consejo cuando a componentes, juntas
creadas también en aquel mismo momento, y que darían un juego enorme respecto a la
relación entre la Consejería y los sindicatos agrícolas32.
32
Parte de este capítulo en Antoni GAVALDÀ: La implementació i transformació del cooperativisme
agrari al segle XX. (en prensa).
43
La fecha de las elecciones para la renovación de los consejos directivos de los sindicatos
agrícolas se fijó para el 25 de julio de 1937. El 2 de julio a instancias de interpretaciones
que no cuadraban sobre quién tenía derecho a estar en las listas en el censo sindical, la
Consejería tuvo que dictar una orden en que especificaba que entraban tanto “los titulares
de explotaciones agrícolas, forestales, ganaderas y piscícolas que tengan en ellas el medio
de vida básico”, y que ejercieran como mínimo el 50% de su trabajo en el sector, como
también los miembros de la Sección de Trabajo Colectivo de los sindicatos agrícolas o de
las colectividades agrícolas. La problemática de las elecciones fue enorme, implicando
que se tuvieron que repetir en muchos casos por listas hechas por partidos sin la voluntad
manifiesta de participación de las personas que estaban incluidas, o por confección de
listas en las que figuraban personas que no tenían derecho a ser elegidas por su pasado
proclive al golpe de estado, entre otras diversas cuestiones. Resumiendo, los tres
problemas más usuales del proceso fueron: el de aquellas localidades donde se tuvieron
que anular; cuando no se presentó ninguna lista para dirigir la sociedad agrícola; o en las
localidades donde se presentaron impugnaciones que tenía que resolver el Consejo de
Agricultura. De aquí derivaron más órdenes de la Consejería para arreglar la
problemática, no siempre resueltas en tiempo y forma. Elecciones que tuvieron una
segunda vuelta en enero de 1938.
Con todo, ser de junta de un sindicato agrícola no fue apetecible por las presiones
sindicales y políticas que se ejercieron sobre sus miembros. Un ejemplo aleatorio fue el
decreto de Presidencia de la Generalitat de 20 de agosto de 1937, el cual determinaba que
las juntas directivas de estas entidades, conjuntamente con los alcaldes, se las hacía
responsables del incumplimiento de normativa en lo referente a la regulación del trigo,
para que este cereal no hiciera falta a la población. Se les conminaba para velar porque
los cosecheros cumplieran con la normativa de declaración, persiguieran las ocultaciones
que observaran, impusieran las sanciones que la ley preveía o incluso que denunciaran a
los infractores ante los tribunales de justicia si era el caso. Seguramente eran demasiadas
funciones comprometidas por una economía de guerra que iba a la defensiva. A estas
problemáticas se sumaron las inspecciones del Departamento de Agricultura a los
sindicatos agrícolas y las intervenciones de algunos de ellos, sin descuidar el papel de los
Consejos Municipales en la vertiente agraria ya que en parte dependían de los sindicatos
agrícolas para obtener productos para la población.
44
El final de la guerra de las armas, implicaría cambios substanciales respecto la
sociabilidad. Bastantes sindicatos agrícolas serían cerrados momentáneamente y algunos
de sus dirigentes depurados. Se entraba en una nueva fase, en el que la sociabilidad agraria
sería trastocada e impuesta.
45
Desigualdad económica y restricciones en el acceso a la tierra,
desafíos persistentes en la historia rural (1900-2015)
Elisa Botella Rodríguez
Universidad de Salamanca1
Desde la revolución mexicana hasta los recientes Informes del Banco Mundial
favorables a la reforma agraria (asistida por el mercado), pasando por las experiencias
europeas, como el caso de España durante la Segunda República (1931-1939), y del
sudeste asiático tras la II Guerra Mundial (Japón, Corea del Sur), la reforma agraria parece
una condición necesaria aunque no suficiente para el ulterior proceso de desarrollo
económico. Tanto las experiencias de Guatemala en 1952, las reformas asociadas a la
Alianza del Progreso donde destacan, en un contexto muy diferente al de 1961, los casos
de Chile (1967) Perú (1969), la radical reforma de Cuba (1962), ó Brasil desde 1994
forman parte del escenario y debate sobre la cuestión agraria en América Latina. En este
contexto, se presenta una revisión de literatura sobre los problemas de acceso a la tierra,
analizando el papel multifuncional de los pequeños productores frente a las grandes
explotaciones ó latifundios, los procesos de concentración de tierras, el ascenso de los
movimientos de trabajadores rurales sin tierra y las oportunidades que tienen los pequeños
productores para producir alimentos en la era global. En este sentido, la comunicación
muestra algunos estudios de casos sobre los procesos de reforma agraria, tratando de
relacionar nuevas y viejas perspectivas sobre la cuestión agraria y rural en América Latina
y Europa.
1
Este texto es muy preliminar y meramente descriptivo, por favor no citar.
47
Tan diferentes contextos políticos, sociales y económicos (desde los modelos de
industrialización por sustitución de importaciones a la globalización) apelan a la cautela
en el análisis comparativo. A pesar de dicha heterogeneidad y teniendo en cuenta todo el
trabajo realizado en anteriores congresos, seminarios y proyectos de investigación sobre
la cuestión agraria (con Ricardo Robledo, José Antonio Serrano y Ángel Luis González),
es posible encontrar unos cuantos puntos comunes que orienten el contenido de esta
comunicación y el posterior debate:
1.
Modelos de crecimiento y reformas agrarias: el papel del Estado, el mercado y las
políticas agrícolas.
2.
Reforma agraria, comercio internacional: agricultura familiar versus agro-
negocios y exportaciones agrarias no tradicionales.
3.
Desigualdad en la propiedad de la tierra y posibilidades de crecimiento
económico.
4.
La función de los nuevos movimientos sociales.
5.
Influencia de la reforma en la sostenibilidad.
6.
Razones del fracaso/éxito de la reforma agraria: algunos estudios de casos.
Este artículo ofrece una reflexión sobre algunos de los problemas, conflictos y
vigencias en el acceso a la tierra y la producción de alimentos desde la I hasta la II
Globalización. En este sentido, trata de construir paralelismos y elementos para el debate
del taller entre dichos procesos en la España del primer tercio del siglo XX y los países
de América Latina a partir de 1960.
La importancia de la agricultura y el pequeño productor en el proceso de desarrollo
económico.
Gran parte de la literatura del desarrollo considera el papel de la agricultura como
secundario dentro del proceso de desarrollo económico, primando el desarrollo industrial
como principal motor de crecimiento económico. Sin embargo, lejos de tener un papel
secundario, la agricultura juega un papel esencial en el proceso de desarrollo económico.
La agricultura y el desarrollo rural, son parte indispensable de cualquier esquema holístico
48
de progreso económico especialmente en los países en desarrollo.2 La agricultura es un
instrumento singular para el desarrollo; en los países menos desarrollados ayuda a
impulsar el crecimiento, superar la pobreza y mejorar la producción de alimentos y la
seguridad alimentaria. Estimula además el crecimiento de otros sectores de la economía
generando encadenamientos productivos entre sectores.3
El progreso agrario como precursor del desarrollo industrial fue muy significativo en
la historia económica de los países europeos industrializados.4 Antes del siglo XX la
revolución agraria era un requisito indispensable para la Revolución Industrial. Por
ejemplo, la Revolución agrícola inglesa fue el condicionante fundamental de la
Revolución Industrial.5 En los países del sudeste asiático, el crecimiento con equidad
dando un rol importante a la agricultura como principal fuente de mano de obra para el
sector industrial y producción de alimentos para el sector urbano en crecimiento fue
esencial tras la Segunda Guerra Mundial (por ejemplo en Corea del Sur, Japón, Taiwán).6
El aumento sostenido de la producción agraria y su productividad tiene tres efectos en
el ulterior proceso de industrialización. En primer lugar, genera un excedente de
productos alimenticios para alimentar a las ciudades cuyo crecimiento va aparejado al
proceso de industrialización. En segundo lugar, el aumento demográfico genera éxodo
rural sin caer la producción de alimentos; la liberación de mano de obra rural y la creación
de un mercado más extenso para la producción industrial suponen el origen en las
ciudades. Por último, la agricultura contribuye al proceso de acumulación de capital a
través de la comercialización interior o de los beneficios de exportación.7
2
TODARO, Michael and Stephen SMITH: Economic Development, 8th Edition. Boston, MA Boston, MA,
Addison Wesley, 2003.
3
HAZELL, Peter, POULTON, Colin WIGGINS, Steve and DORWARD, Andrew: The future of small
farms for poverty reduction and growth, 2020 Discussion Paper 42, Washington DC: International Food
Policy Research Institute, 2007.
4
TORTELLA, Gabriel: El desarrollo de la España contemporánea. Historia económica de los siglos XIX y
XX, Madrid, Alianza, 2002.
5
FELIU, Gaspar y Carles SUDRIÁ: Introducción a la historia económica mundial, Universitat de
València, Valencia, 2013.
6
KAY, Cristóbal: ‘Rural Poverty and Development Strategies in Latin America’, Journal of Agrarian
Change (2006), vol. 6, no. 4, pp. 455-508.
ROSSET, Peter: Moving Forward: Agrarian Reform and Food Sovereignty, Land Research Action
Network (LRAN), 2005. Available at: <http//www.landaction.org>
7
49
En el actual contexto de II Globalización, en los países menos desarrollados la
agricultura sigue siendo un instrumento de desarrollo fundamental. Tres de cada cuatro
personas pobres en los países en desarrollo habitan en zonas rurales; la mayoría depende
directa o indirectamente de la agricultura para su subsistencia; aproximadamente dos
tercios viven en pequeñas explotaciones. En este contexto, es importante señalar el rol
del pequeño productor y la agricultura familiar, así como su mayor eficiencia económica
si la comparamos con grandes explotaciones, la gran cantidad de empleo productivo que
pueden generar, su rol en la reducción de la pobreza y la inseguridad alimentaria y la
promoción de una importante economía rural no agrícola. A su vez, este tipo de
explotaciones son menos dependientes de empleo asalariado, insumos externos,
agroquímicos y tecnologías importadas de los países desarrollados. Ante un shock
externo, los pequeños agricultores son los únicos capaces de producir para el mercado
nacional. Su contribución a la producción nacional de alimentos supone un 40-60% en
los países menos desarrollados. 8
En definitiva, el desarrollo económico está intrínsecamente ligado al desarrollo agrario
y rural. En los países en desarrollo, como era el caso de España a principios del siglo XX,
la agricultura y los pequeños productores familiares eran cuestiones claves para promover
el crecimiento económico, la reducción de la pobreza y terminar con la persistente
desigualdad social.
España y la provincia de Salamanca a principios del siglo XX: estorbos físicos,
sociales y culturales.
La agricultura española no llevo a cabo satisfactoriamente las funciones de la
agricultura para el ulterior proceso de desarrollo industrial. A principios del siglo XX,
España se caracterizaba por el estancamiento agrario y el retraso de la modernización
económica. Según señala Tortella (2002), esto se debía a una serie de factores naturales
y geográficos (según Jovellanos, estorbos físicos) y factores sociales y culturales
(estorbos morales y políticos). Entre los estorbos sociales y culturales, la desigual
8
IFPRI: ‘The Future of Small Farms’, Proceedings of a research workshop, Washington, D.C: IFPRI, 2005.
Véase Holt-Giménez, 2001, 2006. La experiencia de Mesoamérica tras el Huracán Mitch. Funes-Monozote,
2008 para el caso de Cuba.
50
distribución de la tierra era un problema generalizado en la España de principios del siglo
XX. Los patrones de colonización de la Reconquista habían encumbrado a un pequeño
número de familias aristocráticas y entidades eclesiásticas como propietarios de grandes
latifundios en la mitad sur de la península y algunas otras provincias, como era el caso de
Salamanca.9
España en 1914 era un país en vías de desarrollo, con una mayoría de población rural
y ocupada en el sector primario. En 1920 el 57,3% de la población ocupada trabajaba en
sector primario frente al 21,9% en el sector secundario.10 La industria era muy limitada
con una escasa mano de obra cualificada debido a las altas tasas de analfabetismo (hacia
1900 alrededor del 50% de la población adulta no sabía leer ni por tanto escribir), pobreza,
marginación y un carente de estado de bienestar. En 1900 la población española era de
18.830.649 habitantes y el 12,1% residía en municipios menores de 1000 habitantes.11 La
pobreza extrema de la mayor parte de los campesinos frente a la extrema riqueza y gran
poder de los aristócratas latifundistas era una característica fundamental de la economía
española hasta principios del siglo XX. Precisamente el caso español es más extremo que
el de otros países europeos. La Europa preindustrial presentaba características similares,
pero en otros países se dieron ciertas reformas de la propiedad que permitieron la
introducción de nuevas técnicas así como la expansión de la producción; este fue el caso
de Inglaterra con la disolución de los monasterios en Inglaterra del S.XV o la reforma
agraria de la Revolución francesa. En España, las leyes de desamortización
implementadas en el siglo XIX sólo supusieron un cambio de mentalidad en la manera
de asignar/relacionar los factores de producción de la subsistencia al capitalismo así
como una expansión de la producción pero no una redistribución real de la tierra.12
9
JOVELLANOS, Gaspar Melchor: Informe sobre la Ley Agraria. Jovellanos. G. M. de Jovellanos, 1795.
Informe de la Sociedad Económica de esta Corte al Real y Supremo Consejo de Castilla en el Expediente
de Ley Agraria. Extendido por su individuo de número el Sr. D. Gaspar Melchor de Jovellanos, á nombre
de la Junta encargada de su formación, y con arreglo á sus opiniones, Antonio Sancha, Madrid, reedición
en Jovellanos, Obras Completas, X. Escritos económicos, 2008, pp. 693-826.
ROBLEDO HERNÁNDEZ, Ricardo (coords.): Sueños de concordia. Filiberto Villalobos y su tiempo
histórico, 1900-1955, Salamanca, Caja Duero, 2005.
10
PÉREZ MOREDA, Vicente: ‘Evolución de la población española desde finales del Antiguo Régimen’,
Papeles de Economía Española (1984), nº. 20, p. 20-38.
11
BBVA: Cuadernos Fundación BBVA, Población. nº. 51, 2009, Serie disponible en www.fbbva.es
12
51
Salamanca era un buen ejemplo de estos estorbos físicos, sociales y culturales. La
provincia presentaba un alto índice de desigualdad en el acceso a la tierra y una población
eminentemente rural hasta los primeros lustros del siglo XX. La población se concentraba
en núcleos menores de 10.000 habitantes que representaban en 1900 el 86,3% de la
población total y en 1935 el 80,3%.13 Se trataba de una economía poco dinámica, con un
modelo de desarrollo ‘mirando hacia dentro’, caracterizado por el proteccionismo y
basado en la producción cerealícola. La provincia presentaba una estructura social muy
diversificada y poco igualitaria, con una desigual distribución de la propiedad de la tierra
y problemas en el pago de la renta. Estas condiciones explican por qué Salamanca fue la
única provincia de Castilla y León incluida en la Ley de Reforma agraria de 1932 frente
a la resistencia de los grandes propietarios.14
En particular, tres factores hicieron definitivamente relevante el problema agrario en
la provincia de Salamanca a principios del siglo XX.15 En primer lugar, el uso del suelo,
con una superficie adehesada (Campo Charro), la integración de los aprovechamientos
agrícolas, forestales y ganaderos donde primaba la explotación pecuaria con escasa
demanda de empleo de la dehesa (de apenas un hombre al año por hectárea). En segundo
lugar, la distribución de la propiedad, con un poco más de un centenar de propietarios
titulares de fincas de más de 1.000ha que acumulaban algo más de 180.000ha y el 15 %
de la superficie agraria útil de la provincia.16 Los medianos y pequeños campesinos
suponían unos 45.000 en los años 30 frente a los grandes propietarios, 260. En 1933 estos
grandes propietarios poseían un total de casi 207.000ha con explotaciones caracterizadas
por el absentismo, proteccionismo y la poca renovación tecnológica. En el último estrato
social, se encontraban los propietarios muy pobres, arrendatarios y jornaleros, el
proletariado rural tan expuesto a la gran emigración hacia América Latina de finales del
13
REDERO SAN ROMÁN, Manuel: “Las tendencias económicas y sociales”, en ESTEBAN DE VEGA,
Mariano; REDERO SAN ROMÁN, Manuel; LUIS MARTÍN, Francisco de; y BRASAS EGIDO, José
Carlos: El siglo XX en Salamanca, Salamanca, La Gaceta Regional de Salamanca, 2010, pp. 65-112.
Según el padrón municipal de 2007 del INE, el 21,8% de la población española vive en municipios menores
de 10.000 habitantes. En España se establece habitualmente el límite de lo rural como los municipios
menores de 10.000 habitantes (BBVA, 2009).
14
Ibid, pp.65-112.
15
16
Inventario de Fincas Expropiables, 1933.
52
XIX principios del siglo XX. En 1930 este proletariado rural lo formaban 15.000
propietarios muy pobres, 3.000 arrendatarios y 18.000 jornaleros.17 Por último, el sistema
de tenencia con raíces seculares era otro problema clave en el campo salmantino, un
estorbo social y cultural. En particular, el despoblamiento-adehesamiento iniciado en la
baja Edad Media comprometía la viabilidad de varias comunidades campesinas y situaba
a una selecta clase intermedia de grandes propietarios en un situación muy privilegiada.18
Tal y como señala el Grupo de Investigación de Historia De Salamanca, GIHS (2002, p.1)
‘desde tiempo inmemorial el territorio de la provincia de Salamanca es un conjunto de
grandes dehesas señoriales, extensas superficies incultas, pobladas de encinares y
robledales, administradas por apoderados de los propietarios, con residencia en la capital
y custodiadas por ‘guardabosques’ que son los verdaderos árbitros de las dehesas y que a
la vez ellos o sus deudos suelen ser los colonos o renteros que las explotan.’ Se trataba de
una ‘agricultura de rapiña’ donde jamás se devolvían al suelo los principios que extrajeron
las cosechas. Los colonos sin capital labraban la tierra que creían poder cultivar, la
esquilmaban y la empobrecían. El absentismo y el escaso interés por las mejoras
tecnológicas eran aspectos generalizados, destacando el papel del montaraz y el
administrador como grandes.19
Agricultura y desarrollo económico en América Latina: de la I a la II globalización.
Desde finales del siglo XIX la agricultura se convierte en el principal motor de
crecimiento económico de América Latina bajo el modelo de crecimiento basado en las
exportaciones tradicionales (por ejemplo azúcar, café y banana). La dotación de factores
(trabajo, tierra y capital), las ventajas comparativas y los encadenamientos productivos se
convertirán en elementos clave para entender el papel de la región como exportadora de
REDERO SAN ROMÁN, Manuel: “Las tendencias económicas y sociales”, en ESTEBAN DE VEGA,
Mariano; REDERO SAN ROMÁN, Manuel; LUIS MARTÍN, Francisco de; y BRASAS EGIDO, José
Carlos: El siglo XX en Salamanca, Salamanca, La Gaceta Regional de Salamanca, 2010, pp. 65-112.
18
GRUPO DE INVESTIGACIÓN HISTÓRICA DE SALAMANCA, GIHS: ‘La naturaleza y el mercado:
orientaciones para una explotación agraria a finales del siglo XIX.’ Historia Agraria, vol. 28, Diciembre
2002, pp. 155-176. ROBLEDO HERNÁNDEZ, Ricardo (coords.): Sueños de concordia. Filiberto
17
Villalobos y su tiempo histórico, 1900-1955, Salamanca, Caja Duero, 2005.
GARCÍA SANZ, Angel: ‘Explotación y renta en una dehesa salmantina durante el siglo XIX: Miguel
Muñoz, 1802-1895’, El medio rural españo/. Homenaje a D. Ángel Cabo Alonso. Tomo 1. Universidad de
Salamanca, CE.S., 1998, pp. 348-380. GRUPO DE INVESTIGACIÓN HISTÓRICA DE SALAMANCA,
GIHS: ‘La naturaleza y el mercado: orientaciones para una explotación agraria a finales del siglo XIX.’
Historia Agraria, vol. 28, Diciembre 2002, pp. 155-176. LÓPEZ, Santiago y Ricardo ROBLEDO: ‘El
administrador de los antiguos patrimonios agrarios según la teoría de la agencia’, Historia empresarial,
ICE (2004), vol. 812, pp. 105-123.
19
53
materias primas y minerales hacia los países desarrollados industrializados desde finales
del siglo XIX, el período de I globalización. En particular, como señala Bulmer-Thomas
(1995) el concepto de commodity lottery, es decir la suerte de cada país en la lotería de
las materias primas y minerales de la región, explica las ventajas comparativas y la
especialización de muchos países latinoamericanos en el último cuarto del siglo XIX y
principios del siglo XX, un escenario de nuevas oportunidades globales para la expansión
de las exportaciones de América Latina.20 Las principales razones que explican este
escenario de nuevas oportunidades globales fueron la innovación tecnológica asociada a
la revolución de los transportes, el aumento de la demanda de alimentos y materias primas
de los países desarrollados, la gran emigración europea de finales del XIX hacia Brasil,
colonias británicas, Argentina y Caribe; y la inversión extranjera en el sistema ferroviario
que caracterizan a los grandes movimientos de capitales de la primera globalización
(1870-1913). Entre las características del desarrollo agrario durante este período destaca
la gran diversidad regional, dominando hasta la década de 1920 el modelo exportador
dominaba en la mayoría de países. Los resultados del modelo se basaron en patrones
generales y particularidades nacionales, suponiendo una modernización institucional
significativa en la región, especialmente en países más grandes como Argentina y Brasil.
Sin embargo, las limitaciones internas como la desigualdad de la renta y los nuevos tipos
de dependencia externa restringieron las oportunidades de un cambio económico y
político real.
Tras la II Guerra Mundial comienza la transición definitiva hacia la sustitución de
importaciones (ISI). Tres shocks externos trasladaron paulatinamente a los países grandes
hacia un nuevo modelo: la Primera Guerra Mundial, La Gran Depresión de los años 30 y
la Segunda Guerra Mundial. Argumentos teóricos a favor de la ISI, el estructuralismo y
otras explicaciones en favor de la industrialización animaron el modelo desde finales de
la Segunda Guerra Mundial en América Latina. La protección elevada para la recaudación
de impuestos se utilizó en los países más grandes donde ya existía un sector
manufacturero en crecimiento como es el caso de Brasil y el desarrollo de su industria
textil durante el boom cafetalero del primer cuarto del siglo XX. Los economistas
estructuralistas cuyo origen fue Raul Prebisch y la CEPAL señalaban dos conceptos clave
20
BULMER-THOMAS, Victor: The Economic History of Latin America since Independence. New York
and Cambridge: Cambridge University Press, 1995. THORP, Rosemary: Progreso, Pobreza y Exclusión.
Una Historia Económica de América Latina en el siglo XX, Banco Interamericano de Desarrollo/Unión
Europea, 1998.
54
para promover la ISI: centro y periferia. La periferia se caracteriza por la heterogeneidad
y la especialización. Estas características llevan a un deterioro en el largo plazo de la
relación real de intercambio. Las ventajas de la industrialización se basaban en learning
by doing, spillovers y aumento de los beneficios. Si la industrialización es beneficiosa, la
protección se convierte en un instrumento necesario para su desarrollo (por ejemplo el
argumento de las industrias nacientes de List, 1841). Casi todos los países recientemente
desarrollados han adoptado alguna forma de estrategia de promoción de industria naciente
cuando estaban en posiciones retrasadas.21 En muchos países, la protección arancelaria
fue un componente clave de esta estrategia, pero no fue ni el única ni necesariamente el
más importante.22 Los cambios en la economía mundial, en particular en Estados Unidos,
contribuyen a la explicación de ISI y su consolidación como una estrategia de desarrollo
así como los argumentos desarrollados por la CEPAL que dieron el trasfondo científico
necesario para el apoyo industrial a otras partes de América Latina. En definitiva la ISI
supuso un conjunto de políticas centradas en el estado para promover y expandir los
mercados y la inversión doméstica (en otros casos, regional con los primeros intentos de
integración regional). Sus resultados dieron lugar al período de más rápido crecimiento
en la historia de América Latina. Pero se deben señalar las importantes limitaciones y
debilidades del período como el elevado endeudamiento y la dependencia de los ingresos
de exportaciones tradicionales para mantener el modelo, especialmente en las economías
más pequeñas y tradicionalmente dependientes de varias exportaciones tradicionales (el
caso centroamericano). La ISI (1960-70) en Costa Rica y otros países altamente
dependientes de los ingresos de las exportaciones tradicionales perpetuó a los pequeños
productores como los principales actores y beneficiarios de la estrategia. En estos países
siguió primando la importancia de la producción de granos básicos para el consumo
interno. Los problemas para reducir la vulnerabilidad de determinados países de la región
altamente dependientes de sus exportaciones agrarias tradicionales a los cambios en el
mercado internacional y shocks externos no se resolvieron con el nuevo modelo de ISI.
Los resultados más comunes fueron el dualismo (urban-rural gap) como omisión
fundamental de la estrategia de industrialización y el desarrollo muy limitado del sector
agrícola; el coste de la industrialización urbana y una inversión totalmente secundaria en
aras del desarrollo industrial dirigido por el estado dejó unos precios agrícolas muy bajos
21
CHANG, Ha-Joon: Kicking Away the Ladder—Development Strategy in Historical Perspective. London,
Anthem Press, 2002.
22
Ibid.
55
para el productor, desincentivando la producción, alimentando el éxodo rural-urbano y
propiciando en determinados momentos, un lento crecimiento de las exportaciones
primarias, llegando en algunos países al estancamiento. En Argentina, Brasil y México el
desarrollo promovido por el estado fue capaz de ampliar la infraestructura económica y
crear empresas públicas además de contribuir a una importante evolución institucional
que apoyó el crecimiento. En este escenario destacaron dos innovaciones de la política
económica: la integración económica para promover la ISI a nivel regional y la reforma
agraria tratando de solventar los problemas de acceso a la tierra y la desigualdad social
en las zonas rurales. Aunque la reforma agraria entró en la agenda de la mayor parte de
los gobiernos para tratar de reducir la pobreza rural y la desigualdad social, la mayor parte
de estos programes resultaron incompletos y sólo trataron de captar los fondos de la
Alianza para el Progreso del Gobierno de Kennedy a principios de los 60.23 Los resultados
fueron muy limitados y siguieron relegando a la agricultura a un segundo plano,
especialmente la pequeña explotación familiar de productos tradicionales y granos
básicos que paulatinamente fue perdiendo el apoyo del estado y sufrió un
desmantelamiento progresivo desde principios de la década de los 80.
A partir de los años 80, durante la década pérdida, la ‘Agricultura de Cambio’ trató de
promocionar nuevamente el ‘desarrollo mirando hacia fuera’ pero ahora basado en la
reconversión productiva, el desmantelamiento de la producción de granos básicos y
promoción de exportaciones agrarias no tradicionales (como la piña, frutas tropicales,
plantas ornamentales, palma aceitera entre otros tantos cultivos) mucho más lucrativas en
el mercado internacional. En los años 90 y bajo el Consenso de Washington esta estrategia
se profundiza con mayores incentivos a las exportaciones agrarias no tradicionales (como
los certificados de abono tributario en Costa Rica). Este modelo va a ser predominante en
la mayor parte de los países latinoamericanos hasta la crisis alimentaria global (20072008). En este contexto, los problemas del modelo de desarrollo agrario centrado en el
mercado exterior y las exportaciones agrarias no tradicionales plantearon una necesidad
de un cambio de paradigma. Comienza a plantearse la elección entre un modelo
dominante, muy productivo en el corto plazo, con síntomas claros de agotamiento y
KAY, Cristóbal: ‘Latin America's Exclusionary Rural Development in a Neoliberal World’, Paper
presented at the meeting of the Latin American Studies Association (LASA), Continental Plaza Hotel,
Guadalajara, Mexico, 17-19 April 1997. THORP, Rosemary: Progreso, Pobreza y Exclusión. Una Historia
Económica de América Latina en el siglo XX, Banco Interamericano de Desarrollo/Unión Europea, 1998.
23
56
numerosos problemas sociales añadidos para la gran mayoría rural de los países
subdesarrollados , frente a un modelo alternativo basado en una agricultura sostenible,
con mejor uso de los recursos y servicios naturales, del conocimiento y las habilidades de
los campesinos.24 En este escenario estalla la crisis alimentaria global de 2007-2008 con
problemas claros y continuados de desarrollo dependiente. En este caso, la dependencia
de alimentos importados y el desmantelamiento del sector interno de granos básicos van
a ser uno de los principales problemas para la mayor parte de los gobiernos de la región.
Países como Costa Rica en vísperas de la crisis agraria los ingresos de las exportaciones
agrarias no tradicionales (como raíces tropicales, yuca y palma africana) no eran
suficientes para cubrir el 50% de la los granos básicos importados.
La importancia de la reforma agraria en América Latina a partir de 1960.
Seis factores explican el entusiasmo de la reforma agraria a principios de los años 60
en América Latina: el crecimiento económico, la distribución del ingreso y reducción de
la pobreza, la inflación, el tamaño del mercado, razonamientos políticos y la presión
externa. Para la CEPAL, la Alianza para el Progreso y los asesores externos la
redistribución de la tierra era el camino hacia la modernización que aliviaba el cuello de
botella inflacionario del abastecimiento de alimentos en una situación en que la población
urbana estaba creciendo durante el período de sustitución de importaciones en América
Latina. Era necesario un crecimiento del mercado para la industria y el ulterior efecto
sobre la distribución del ingreso y la pobreza. Además del rol político que tenían de las
reformas agrarias tratando de restarle influencia a las élites terratenientes. Se pusieron en
práctica diversos tipos de reformas agrarias más o menos efectivas por parte de los
gobiernos para poder acceder a los fondos de la Alianza para el Progreso (1961-1970).
La percepción de ineficiencia de la hacienda tradicional con estructuras sociales
desiguales, ociosidad, monocultivo de plantación y sus efectos sobre el medio ambiente
cada vez era más clara. La precariedad de los trabajadores agrícolas y la concentración de
la propiedad eran otros problemas añadidos. La eficiencia de la agricultura no era una
prioridad para los grandes terratenientes latinoamericanos que buscaban el prestigio
social y poder político. La concentración de la tierra era la principal causante de la
24
PRETTY, Jules: Agri-Culture. Reconnecting People, Land and Nature. London, Earthscan Publications
Limited, 2002, pp.4.
57
desigualdad social, la marginación y el bajo nivel de vida de la mayoría de la población
rural de América Latina.25 En este sentido, con el respaldo del Comité Interamericano de
Desarrollo Agropecuario (CIDA) se desarrolló el primer estudio sobre la cuestión agraria
en la región con una de las estructuras agrarias más desiguales del mundo. En 1960 los
latifundios representaban aproximadamente el 5% de las unidades de producción y
poseían las 4/5 de la tierra de cultivo. A su vez, los minifundios con 4/5 de las unidades
de producción poseían el 5% de propiedad de la tierra. Los argumentos de la
productividad del trabajo (latifundio) versus productividad de la tierra (minifundio), la
fuerte oposición de intereses rurales así como los intereses empresariales urbanos trataron
de frenar las reformas o el alcance de las mismas. Se dieron de esta manera un gran
abanico de reformas; desde aquellas con objetivos amplios hasta las reformas que
meramente trataron de captar los recursos de la Alianza para el Progreso. Las reformas
agrarias más profundas fueron el resultado de revoluciones sociales como México (1917),
Bolivia (1952), Cuba (1959) y Nicaragua (1979). Otros gobiernos que emprendieron
reformas radicales fueron Chile durante los gobiernos de Frei (1964-69) y Allende (197073) ó Perú con el general Velasco Alvarado, de 1969 a 1975. En el resto de países se
implementaron reformas agrarias de menor alcance en términos de superficie expropiada
y número de campesinos beneficiados.26 En Argentina la reforma agraria no fue una
prioridad en la agenda política debido a la abundancia de tierras, la importancia de las
explotaciones medianas y el elevado nivel de urbanización. Brasil por el contrario, a pesar
de la necesidad de un proceso de redistribución de tierras, se enfrentó a la fuerte oposición
de los terratenientes que impidió toda reforma agraria de importancia hasta el gobierno
de Fernando Henrique Cardoso a partir de 1995. En Paraguay, Uruguay y Costa Rica se
pusieron en práctica programas de colonización muy asistenciales como es el caso de los
asentamientos del IDA en Costa Rica. Sólo en Cuba, Bolivia y México los campesinos y
trabajadores rurales se beneficiaron más de la reforma agraria. En Cuba continúa el
proceso de reforma agraria bajo la entrega de tierras en usufructo a los productores
privados (Decreto 259 de 2008 y 300 de 2012).
KAY, Cristóbal: “The landlord road and subordinate peasant road to capitalism in Latin America”, Etudes
rurales (1988) No. 77, Paris, pp. 5-20. THORP, Rosemary: Progreso, Pobreza y Exclusión. Una Historia
Económica de América Latina en el siglo XX, Banco Interamericano de Desarrollo/Unión Europea, 1998.
26
THORP, Rosemary: Progreso, Pobreza y Exclusión. Una Historia Económica de América Latina en el
siglo XX, Banco Interamericano de Desarrollo/Unión Europea, 1998.
25
58
Los mecanismos de redistribución fueron diversos como
títulos individuales,
cooperativas ó colectivizaciones. La mera entrega de tierras sin embargo no palió otras
dificultades graves como la falta de recursos, incertidumbre ó problemas de gestión. El
principal resultado fue la reconcentración de las tierras por parte de sus antiguos o nuevos
propietarios, subestimando la importancia de la agricultura campesina. Este grupo de
productores tuvieron un papel muy pequeño en la modernización y el crecimiento fue
pequeño e indirecto asociado al crecimiento de la agricultura capitalista y el agrobusiness
a partir de 1960 con el empleo agrario y rural no agrario que estos conglomerados
comienzan a generar. Como señala Kay (1988) resulta irónico que muchas de las reformas
agrarias de América Latina no suprimieron el sistema de haciendas tradicional como era
de esperar tras los programas de redistribución de tierras a los campesinos; el resultado
fue la modernización y transformación del agro en granjas capitalistas.
El acceso a la tierra: agricultura familiar y seguridad alimentaria en la II
globalización (1990-2008).
La Globalización presenta nuevas oportunidades pero también nuevos
retos y
problemas recurrentes. Las asimetrías del comercio internacional con el excesivo peso de
las empresas transnacionales, el doble estándar del comercio internacional
(proteccionismo en los PD versus liberalización comercial indiscriminada en los PMD) y
los problemas estructurales de acceso al mercado y otros factores claves, especialmente
la tierra pero también la educación ó la sanidad, no generan el mismo escenario de
oportunidades para los pequeños y grandes productores de los países desarrollados y los
países en desarrollo.
La globalización plantea un conflicto
histórico entre dos modelos económicos,
sociales y culturales de desarrollo en el mundo rural.27 Un modelo dominante, muy
productivo en el corto plazo, con síntomas claros de agotamiento y numerosos problemas
sociales añadidos para la gran mayoría rural de los países subdesarrollados.28 Basado en
los principios de la Revolución Verde. Incentivado a su vez por el nuevo regionalismo
desarrollado en América Latina desde mediados de los años 90 (NAFTA, FTAA). Modelo
27
VIA CAMPESINA: Food Sovereignty. Flyer distributed at the World Food Summit +5, Rome, Italy,
2002. Available at: http://www.peoplesfoodsovereignty.org/statements.html
28
Limited, 2002, pp.4.
59
alternativo: agricultura sostenible (ej. Soberanía Alimentaria).29 Liberalización agraria e
integración económica al estilo NAFTA Ó TLC (FTAA): el caso de México, Costa Rica.
Frente a un modelo alternativo basado en una agricultura sostenible que plantea un mejor
uso de los recursos y servicios naturales, del conocimiento y las habilidades de los
campesinos. Basado a su vez en el capital social como la capacidad colectiva de las
personas para trabajar de manera conjunta y resolver problemas de administración
comunal.30 Algunos ejemplos los podemos encontrar en el caso de la agricultura
sostenible de Cuba o el MST en Brasil: basados en la agro-ecología y la agricultura
familiar. Dos modelos con objetivos tan distintos como maximizar la producción frente a
optimizarla, donde la agricultura pasa de ser un negocio a un medio de sostenibilidad
económica, social y medioambiental. Con características económicas, sociales,
medioambientales y tecnológicas opuestas (Ver anexo I).
Desde un punto de vista más teórico y teniendo en cuenta este conflicto de modelos,
autores como Hellinger et al. (2001), Lappé et al. (1998) y Rosset, (2006) critican las
oportunidades que generan las políticas
neoliberales en el sector agropecuario,
rechazando la utilidad del comercio internacional tal y como está diseñado en la
actualidad.31 En particular, el excesivo énfasis del crecimiento basado en las
exportaciones (principalmente exportaciones agrarias no tradicionales, EANTs), las
patentes de los recursos genéticos de los cultivos, y el sesgo de la investigación agraria
hacia las tecnologías importadas y caras. La mayoría de estos autores proponen un
enfoque alternativo centrado en el desarrollo de oportunidades domésticas sostenibles
como una estrategia viable de largo plazo para los pequeños productores en la era global,
ya que los patrones de desarrollo agrario de corte neoliberal han profundizado las
asimetrías globales y locales del agro latinoamericano desde principios de la década de
1990.32
29
30
Limited, 2002, p. 4.
31
HELLINGER, Douglas, HANSEN-KUHN, Helen and April FEHLING: Stripping Adjustment Policies
of Their Poverty-Reduction Clothing: A New Convergence in the Challenge to Current Global Economic
Management. Washington, D.C: Development Group for Alternative Policies (D-GAP), 2001. Available
at: http://www.developmentgap.org/UN%20paper.pdf. LAPPÉ, Frances Moore, Joseph COLLINS, and
Peter ROSSET: World Hunger: Twelve Myths, New York and London, Grove Press and Earthscan, 2 nd
edition, 1998. ROSSET, Peter: Food is Different, London and New York, Zed Books, 2006.
32
ALTIERI, Miguel. A: Small Farms as a Planetary Ecological Asset: Five Key Reasons Why We Should
Support the Revitalisation of Small Farms in the Global South. Penang, Malaysia, Third World Network,
2008. HOLT-JIMÉNEZ, Eric: Campesino a Campesino: Voices from Latin America's Farmer to Farmer
60
Las primeras décadas del siglo XXI han sido testigos de un proceso global significativo
hacia el reconocimiento de la necesidad de más estrategias destinadas al desarrollo
doméstico. Grupos de productores y ONGs especialmente en América Latina y Asia,
demandan un espacio cada vez mayor para la discusión de la implementación de estas
estrategias.33 Propuestas más radicales piden el rediseño de la economía campesina a
través de la aplicación de un modelo de desarrollo autónomo.34 A pesar de que muchas
de estas alternativas varían según las diferentes regiones y países, la mayoría tienen sus
raíces en los principios ecológicos de la agricultura tradicional no dependiente de los
agroquímicos y capaz de desarrollar policultivos para producir alimentos destinados al
mercado doméstico y local.35 Estos sistemas tradicionales han sostenido la seguridad
alimentaria mundial durante siglos, conservando la integridad ecológica a través de la
aplicación de conocimiento campesino.36 Ejemplos de esta agricultura tradicional todavía
se puede encontrar después de 4.000 años en los Andes, Mesoamérica, el sudeste asiático
y partes de África, demostrando el éxito de experiencias indígenas de adaptabilidad y
resistencia.37 Compartiendo el conocimiento campesino y la información, los pequeños
Movement for Sustainable Agriculture, Oakland, CA: Food First Books, 2006. ROSSET, Peter: Moving
Forward: Agrarian Reform and Food Sovereignty, Land Research Action Network (LRAN), 2005.
Available at: <http//www.landaction.org>
33
BEBBINGTON, Anthony: ‘Livelihood Transitions, Place Transformations: Grounding Globalization
and Modernity,’ in R.N. Gwynne and C. Kay, 2nd (eds), Latin America Transformed: Globalization and
Modernity, London Arnold, 2004, pp. 173–92. GIARRACCA, Norma: ¿Una nueva ruralidad en América
Latina? Buenos Aires, Argentina, CLACSO, 2001. GONZÁLEZ, Carmen .G: ‘Trade Liberalization, Food
Security and the Environment: The Neoliberal Threat to Sustainable Rural Development’, Transnational
Law and Contemporary Problems (2004), vol. 14, pp. 419-498. IFAD: Rural Poverty Report. Gaining
Ground in the 21st Century. Rome, IFAD, 2011. PRETTY, Jules: Agri-Culture. Reconnecting People, Land
and Nature. London, Earthscan Publications Limited, 2002.
34
BARKIN, David: ‘La Nueva Ruralidad y la Globalización’, in E. Pérez and M.A. Farah (eds), La Nueva
Ruralidad en América Latina. Maestría en Desarrollo Rural 20 años (2001), Bogotá: Pontificia
Universidad Javeriana, pp. 21-40. TEUBAL, Miguel: ‘Globalización y nueva ruralidad’, en N. Garriacca
(ed), ¿Una Nueva Ruralidad en América Latina?, (Buenos Aires: CLACSO), 2001, pp. 45-65.
35
DENEVAN, William.M.: ‘Prehistoric Agricultural Methods as Models for Sustainability’, Advanced
Plant Pathology (1995), no. 11, pp. 21-43. HOLT-JIMÉNEZ, Eric: Campesino a Campesino: Voices from
Latin America's Farmer to Farmer Movement for Sustainable Agriculture, Oakland, CA: Food First Books,
2006.
36
HOLT-GIMÉNEZ, Eric: The Campesino a Campesino Movement: Farmer-led Sustainable Agriculture
in Central America and Mexico, Oakland, Institute for Food and Development Policy, 1996. (Food First
Development Report no. 10). HOLT-GIMENEZ, Eric: ‘Measuring Farmers Agroecological Resistance to
Hurricane Mitch’, LEISA (2001), vol. 17, pp. 18-20. HOLT-JIMÉNEZ, Eric: Campesino a Campesino:
Voices from Latin America's Farmer to Farmer Movement for Sustainable Agriculture, Oakland, CA: Food
First Books, 2006.
37
FUNES, Fernando, et al (coords.): Sustainable Agriculture and Resistance: Transforming Food
Production in Cuba. Oakland, Food First Books, 2002. FUNES-MONZOTE, Fernando: Farming like
We’re Here to Stay: The Mixed Farming Alternative for Cuba. PhD thesis, Wageningen University, The
Netherlands, 2008. HOLT-GIMENEZ, Eric: ‘Measuring Farmers Agroecological Resistance to Hurricane
Mitch’, LEISA (2001), vol. 17, pp. 18-20.
WILKEN, Gene C: Good Farmers: Traditional Agricultural Resource Management in Mexico and
Guatemala, Berkeley, University of California Press, 1987.
61
productores trabajan libremente en redes organizadas de intercambios ‘de campesino a
campesino’, transformando simples conjuntos de técnicas sostenibles en estilos
complejos de producción agroecológica, dando a cientos de de miles de pequeños
productores en Mesoamérica y el Caribe más margen de maniobra.38
Todas estas estrategias tratan de revitalizar la agricultura campesina y aumentar su
contribución a la producción nacional de alimentos. En este marco nace la soberanía
alimentaria como una propuesta desde abajo surgida de la sociedad civil y promovida por
la ONG La Vía Campesina. La soberanía alimentaria se trajo por primera vez al debate
público en la Cumbre Mundial de la Alimentación de 1996 por la ONG Via Campesina.39
Para garantizar el acceso universal e independiente a los alimentos para todos los
habitantes del mundo, la soberanía alimentaria promueve esquemas diversificados y
basados en la comunidad de producción de alimentos, así como la protección y gestión
de la producción agrícola local y el comercio para alcanzar los propósitos del desarrollo
rural sostenible.40
Agricultura familiar y seguridad alimentaria.
Más del 80% de los tres mil millones de habitantes rurales se dedican a actividades
agrarias; tres de cada cuatro pobres en los países en vías de desarrollo viven en zonas
rurales; la mayoría de ellos dependen de manera directa o indirecta de la agricultura como
medio de vida; y aproximadamente dos tercios viven en pequeñas explotaciones (el 85%
de ellas operan con menos de dos hectáreas) de las cuales hay unos 500 millones.41 Definir
a los pequeños productores es una tarea difícil. No hay una definición precisa ni
38
HOLT-JIMÉNEZ, Eric: Campesino a Campesino: Voices from Latin America's Farmer to Farmer
Movement for Sustainable Agriculture, Oakland, CA: Food First Books, 2006.
PERERA, J: ‘Programa Campesino a Campesino en Cuba: Un movimiento agroecológico a escala
nacional’, in Proceedings II International Symposium on Agroecological Livestock (SIGA), Cuba, 2004,
pp. 176-179.
39
VIA CAMPESINA: Food Sovereignty. Flyer distributed at the World Food Summit +5, Rome, Italy,
2002. Available at: http://www.peoplesfoodsovereignty.org/statements.html
40
NGO/CSO FORUM FOR FOOD SOVEREIGNTY: ‘An Action Plan of the NGO/CSO Forum for Food
Sovereignty’. NGO/CSO Forum for Food Sovereignty, Rome, 8-13June 2002.
41
IFPRI: ‘The Future of Small Farms’, Proceedings of a research workshop, Washington, D.C: IFPRI, 2005.
NAGAYETS, Oksana: ‘Small farms: Current Status and Key Trends’. In The Future of Small Farms.
Proceedings of a research workshop, Wye, UK, 26–29 June 2005. Washington, D.C: IFPRI. Available at:
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NARAYANAN, Sudha and Ashok GULATI: Globalization and Smallholders: a Review of Issues,
Approaches and Implications. Washington, D.C: IFPRI. (Discussion paper no.50), 2002.
62
universalmente aceptada. World Bank’s Rural Strategy (2003) define a las pequeñas
explotaciones como aquellas con menos de dos hectáreas de tierras de cultivo y con una
base de recursos escasa. Nagayets (2005) destaca la importancia del contexto a la hora de
definir la agricultura familiar: una finca de 10 hectáreas en muchas partes de América
Latina sería más pequeña que la media nacional de muchos países de la región,
funcionando fundamentalmente con trabajo familiar y produciendo para la subsistencia.
El artículo utiliza indistintamente pequeña producción y agricultura familiar para referirse
al mismo grupo de productores.
Aunque la viabilidad de los pequeños productores está amenazada de una manera sin
precedentes en el contexto actual de redes de producción y distribución de alimentos
globales, hay todavía argumentos importantes para preservar la agricultura familiar.42 Los
pequeños productores tienen un papel fundamental en el crecimiento y la reducción de la
pobreza en los países en vías de desarrollo. En el caso de los países pobres, la importancia
de los pequeños productores estriba en su eficiencia económica si la comparamos con
grandes explotaciones, la gran cantidad de empleo productivo que pueden generar y su
rol en la reducción de la pobreza y la inseguridad alimentaria. Al mismo tiempo, los
pequeños productores pueden promover una importante economía rural no agrícola así
como limitar las migraciones campo ciudad.43 Los pequeños productores en países de
bajos ingresos también son menos dependientes del empleo asalariado, insumos externos,
agroquímicos y tecnologías importadas de los países desarrollados. Por lo tanto, si se
produce un shock externo (como la crisis alimentaria global o condiciones climáticas
adversas) los pequeños agricultores son los únicos capaces de producir para el mercado
nacional.44 Esto señala la capacidad de los pequeños productores en la producción
nacional de alimentos así como en la reducción de la dependencia alimentaria en los
países en vías de desarrollo.
La agricultura familiar y a pequeña escala está ligada de manera indisociable a la
seguridad alimentaria mundial. ‘La seguridad alimentaria existe cuando todas las
personas tienen, en todo momento, acceso físico, social y económico a alimentos
suficientes, inocuos y nutritivos que satisfacen sus necesidades energéticas diarias y
42
43
Ibid
44
Ibid. IFPRI: ‘The Future of Small Farms’, Proceedings of a research workshop, Washington, D.C: IFPRI,
2005.
63
preferencias alimentarias para llevar una vida activa y sana’.45 La Soberanía alimentaria
es el derecho de los pueblos a alimentos nutritivos y culturalmente adecuados, accesibles,
producidos de forma sostenible y ecológica, y su derecho a decidir su propio sistema
alimentario y productivo.46 Se trata de un concepto político, construido ‘desde debajo’,
movimientos sociales y la sociedad civil.
A pesar de la gran cantidad de impedimentos que encuentran los pequeños productores
para insertarse en la producción nacional de alimentos, la evidencia nos muestra la
elevada proporción de alimentos que estos producen en los países en vías de desarrollo.
La agricultura familiar rescata los alimentos tradicionales, contribuyendo a una dieta
equilibrada, a la protección de la biodiversidad agrícola del mundo y al uso sostenible de
los recursos naturales.47 Hay una serie de características intrínsecas de la agricultura
familiar que explican su importancia en la producción nacional de alimentos.48 Esto es
especialmente notorio en el caso de la producción de cereales. Mientras el 91% de las
1500 millones de hectáreas de tierra agrícola se destinan a las agroexportaciones,
biocombustibles y soja transgénica, millones de pequeños productores en los países en
desarrollo producen un gran porcentaje de los granos básicos y productos esenciales para
alimentar a las poblaciones rurales y urbanas de todo el mundo.49 De los 960 millones de
hectáreas cultivadas (cultivables y con cultivos permanentes) en África, Asia y América
Latina, el 10-15% es gestionada por pequeños productores, que producen entre el 40% y
el 60% de los alimentos disponibles para el consumo nacional.50 En América Latina
aproximadamente 17 millones de pequeñas explotaciones ocupan el 34.5% del área total
45
WORLD FOOD SUMMIT: Food and Agriculture Organization of the United Nations, Rome Declaration
on World Food Security and World Food Summit Plan of Action; International Food Policy Research
Institute, A 2020 Vision for Food, Agriculture, and the Environment: The Vision, Challenge, and
Recommended Action, Washington, D.C, 1995, p.5.
46
Ibid, p.5
47
FAO: Año Internacional de la Agricultura Familiar 2014 www.fao.org/family-farming-2014/es Roma,
2014.
48
PATEL, Raj: Stuffed and Starved: Markets, Power and the Hidden Battle for the World Food System,
London, Portobello Books, 2007.
49
2008.
IFAD: Rural Poverty Report. Gaining Ground in the 21 st Century. Rome, IFAD, 2011.
50
2008. HAZELL, Peter, POULTON, Colin WIGGINS, Steve and DORWARD, Andrew: The future of small
64
cultivada con un tamaño medio de explotación comprendido entre 3.6ha y 1.8ha.51 Estas
unidades campesinas producen el 51% del maíz, el 77% de los frijoles y el 61% de las
patatas disponibles para el consumo en la región.52 En Brasil aproximadamente 4.8
millones de pequeños productores con el 30% de la tierra agrícola total del país producen
el 84% de mandioca y el 67% de los frijoles.53 En Chile a pesar de ser considerado uno
de los países exportadores más importantes de América Latina, existen 11 veces más
agricultores produciendo para el mercado doméstico que aquellos destinados a las
exportaciones. De los productores que producen para el mercado doméstico el 89% son
pequeños y medianos productores destinados al consumo nacional.54 En África
subsahariana los pequeños agricultores producen el 90% de la producción agrícola.55 En
Asia más de 200 millones de productores de arroz son pequeños productores con parcelas
de unas dos su propio sistema alimentario y productivo. Esto pone a aquellos que
producen, distribuyen y consumen alimentos en el corazón de los sistemas y políticas
alimentarias, por encima de las exigencias de los mercados y de las empresas. La
soberanía alimentaria da prioridad a las economías locales y a los mercados locales y
nacionales, y otorga el poder a los campesinos y a la agricultura familiar, la pesca
artesanal y el pastoreo tradicional, y coloca la producción alimentaria, la distribución y el
consumo sobre la base de la sostenibilidad medioambiental, social y económica.56 En
India los pequeños productores con menos de 2ha representan el 78% del número total de
BERDEGUÉ, Julio. and Ricardo FUENTEALBA: ‘Latin America: The State of Smallholders in
Agriculture’, Paper presented at the IFAD Conference on New Directions for Smallholder Agriculture, 2425 January 2011, Rome.
52
Ibid Ver también KAY, Cristóbal: ‘Latin America's Exclusionary Rural Development in a Neoliberal
World’, Paper presented at the meeting of the Latin American Studies Association (LASA), Continental
Plaza Hotel, Guadalajara, Mexico, 17-19 April 1997.
53
ALTIERI, Miguel. A: ‘Applying Agroecology to Enhance the Productivity of Peasant Farming Systems
in Latin America’, Environment, Development and Sustainability (1999), vol. 1, pp. 197-217.
54
Agriculture’, Paper presented at the IFAD Conference on New Directions for Smallholder Agriculture, 2425 January 2011, Rome. ODEPA: Estadísticas de la agricultura Chilena. Santiago, Chile: Oficina de
Estudios y Políticas Agrarias, 2002. Available at: odepa.gob.cl/webodepa/templates/basedatos.html
55
IFPRI: ‘The Future of Small Farms’, Proceedings of a research workshop, Washington, D.C: IFPRI,
2005. NARAYANAN, Sudha and Ashok GULATI: Globalization and Smallholders: a Review of Issues,
Approaches and Implications. Washington, D.C: IFPRI. (Discussion paper no.50), 2002.
SPENCER, Dunstan: ‘The Future of Agriculture in Sub-Saharan Africa and South Asia: Wither the small
farm?’, in Sustainable Food Security for All by 2020. Proceedings of an International Conference, Bonn,
Germany, 4-6 September, 2001, Washington, D.C.: IFPRI.
56
Network (LRAN), 2005. Available at: <http//www.landaction.org> WORLD FOOD SUMMIT: Food and
Agriculture Organization of the United Nations, Rome Declaration on World Food Security and World
Food Summit Plan of Action; International Food Policy Research Institute, A 2020 Vision for Food,
Agriculture, and the Environment: The Vision, Challenge, and Recommended Action, Washington, D.C,
1995.
51
65
explotaciones y producen el 41% de los granos básicos del país. 57 Por último, Soto
Baquero (2009) señala que los pequeños productores no sólo contribuyen de manera
significativa a la producción nacional de alimentos, también ayudan a reducir la
inseguridad alimentaria y la vulnerabilidad de una importante proporción de los
habitantes rurales pobres en América Latina, especialmente en zonas de agricultura de
subsistencia y áreas subdesarrolladas.58 En el caso de que se produzca un shock externo
los alimentos producidos localmente implican muchos menos costes de transporte y
comercialización frente a los alimentos importados. De esta manera, los pequeños
productores presentan una estrategia sostenible para alimentar a la población nacional.
Tal y como argumenta Altieri (2008), pequeños incrementos en la productividad de los
productores familiares que producen la mayoría de los granos básicos, tendrá un impacto
mucho más significativo a nivel local y regional que los aumentos en las importaciones
de alimentos procedentes de países desarrollados y controlados por grandes empresas
multinacionales altamente dependientes de tecnología, insumos químicos y semillas
transgénicas.
Aproximadamente el 50% de los alimentos consumidos en los países en desarrollo
durante los 80 y los 90 eran importados.59 Murphy (1999) destaca que en el Caribe, la
inseguridad alimentaria es una consecuencia directa del pequeño tamaño de estos países
y los siglos de colonialismo que priorizaron la producción de azúcar y otros monocultivos
tradicionales de exportación, negando de esta manera la producción de cultivos para el
consumo doméstico. Estos patrones históricos han empeorado y se han profundizado en
la mayoría de países del Caribe y América Central; en el actual contexto de redes globales
de producción y acuerdos de libre comercio estos países permanecen como importadores
netos. La crisis alimentaria Global de 2008 mostró los problemas de la dependencia de
importaciones de alimentos y la inseguridad alimentaria, especialmente notorio en
57
IFAD: Rural Poverty Report. Gaining Ground in the 21 st Century. Rome, IFAD, 2011.
GREENLAND, Dennis James: The Sustainability of Rice Farming, Wallingford, UK, CAB International,
1997.
58
Network (LRAN), 2005. Available at: <http//www.landaction.org> SOTO BAQUERO, Fernando: Crisis
financiera y financiamiento agropecuario rural en América Latina: Una mirada más allá del corto plazo,
Chile, FAO-RLC, 2009.
59
FAO: La política agrícola en el nuevo estilo de desarrollo latinoamericano. Roma: FAO, 1994.
MURPHY, Catherine: 1999. Cultivating Havana: Urban Agriculture and Food Security in the Years of
Crisis. Oakland: Institute for Food and Development Policy. (Food First Development Report no. 12).
66
aquellos países en desarrollo que habían desmantelado sus sectores de granos básicos en
los 90 y se habían convertido en importadores netos de alimentos.
Agricultura familiar en la UE: una breve reflexión.
En el caso europeo, el problema principal de los pequeños productores se relaciona
con el tipo de políticas agrarias y los canales de distribución de alimentos. El porcentaje
de explotaciones familiares en la UE supera el 95%. En España, el Censo Agrario de 2009
registro un 94% de unidades productivas bajo la titularidad de una persona física. Es decir
con un carácter eminentemente familiar. Las transformaciones de las estructuras agrarias
desde los años 90 del siglo XX han supuesto una importancia creciente de las
explotaciones grandes, el aumento trabajo asalariado y el debilitamiento de los rasgos
familiares de las explotaciones españolas.60
El Primer Foro por la Soberanía Alimentaria celebrado en Europa, se desarrolló del
16-21 de agosto de 2011 en Krems, Austria y planteó diferentes objetivos así como las
bases de la Soberanía Alimentaria y la agricultura familiar en Europa: una política
agrícola y alimentaria (PAC) alternativa, una gobernanza global del comercio agrícola
internacional localizada en la FAO y no en la OMC, un cambio en la manera en que se
producen, consumen y distribuyen los alimentos, reconociendo el derecho a nuestros
bienes comunes así como un cambio de las políticas públicas de gobernanza del sistema
agrario y alimentario europeo.
Sin embargo, definir la soberanía alimentaria en los países de la UE es complicado. La
pobreza y el acceso a bienes básicos de producción no se presentan de la misma manera
que en los países en desarrollo aunque existen situaciones rurales precarias (por ejemplo
en Rumanía) en determinadas regiones. Existen ejemplos, estrategias particulares ligadas
a la Vía Campesina y la soberanía alimentaria pero son casos aislados que no representan
la situación general ni la opinión de todo tipo de agricultores. Tratan de promover
estrategias que apoyen y conecten a los pequeños productores con el mercado; señalan la
necesidad de un I+D independiente que rescate el conocimiento tradicional campesino y
sea menos dependiente de las grandes compañías.
MORENO, Olga: ‘Los rasgos familiares de la agricultura española’, Agricultura Familiar en España
2014. Fundación de Estudios Rurales. UPA, pp. 47-53. http://www.upa.es/anuario_2014/pag_047053_Moreno.pdf
60
67
Conclusiones. Viejos problemas, desafíos recurrentes.
Los cambios en los patrones de producción y tenencia de la tierra desde la I a la II
Globalización muestran cómo los viejos retos y problemas recurrentes en la historia
agraria española se reflejan en el actual modelo de desarrollo agrario de América Latina.
La cuestión agraria en España y América Latina de la I a la II Globalización presenta una
serie de dificultades relacionados con el tipo de políticas agrarias implementadas
(proteccionismo vs liberalización comercial), los problemas estructurales de acceso a los
recursos básicos (agua, tierra, educación, sanidad, infraestructuras básicas), el peso de las
empresas transnacionales, la seguridad alimentaria y soberanía alimentaria y sus
diferencias en países desarrollados y en desarrollo. Aunque se trata de períodos muy
distintos, contextos económicos, sociales y geográficos distintos, el debate sobre la
cuestión agraria debe señalar la importancia de políticas sociales activas, la función de
los nuevos movimientos sociales (o de la ‘reforma desde abajo’ en España el Frente
Popular o el MST en Brasil), la influencia de la reforma en la sostenibilidad, la reforma
agraria y comercio internacional, la desigualdad en la propiedad de la tierra y
posibilidades de crecimiento económico. Todos estos aspectos ayudan a comprender las
razones del fracaso de las reformas agrarias en diferentes países y momentos históricos.
Los problemas recurrentes hasta la II República en el caso español en un contexto
caracterizado por la desigualdad social, analfabetismo, falta de acceso a los recursos
básicos como la tierra, la educación , la sanidad, las diferencias entre el mundo urbanorural, muestran a España como un país en vías de desarrollo. ¿Es realmente una situación
tan distinta a la que encontramos en los países en vías de desarrollo en la II Globalización?
El debate sobre el acceso a la tierra sigue basándose en la relevancia de la agricultura
familiar frente a la gran explotación en un contexto global que presenta oportunidades y
amenazas pero dónde este grupo de productores a pequeña escala tienen un gran potencial
para alimentar a la población en los países menos desarrollados. Las crisis alimentarias
(2007-2008) muestran las carencias de modelos de inseguridad alimentaria y cómo
afectan las políticas agrícolas dominantes a las posibilidades de producción local de
alimentos. Estos aspectos reunifican y conectan la seguridad alimentaria y nutricional y
la soberanía alimentaria de los pueblos tanto en los países desarrollados y en vías de
desarrollo. El reconocimiento del año Mundial de la agricultura familiar por la FAO en
68
2014 fue un pequeño avance para el diseño y recomendaciones de políticas agrarias en el
contexto global.
ANEXO I
Tabla 1
Modelo Dominante versus un paradigma agroecológico
CARACTERÍSTICAS
MODELO
SISTEMA
CONVENCIONAL
AGROECOLOGICO:
(Neoliberal)
PARADIGMA DE LA
SOBERANÍA
ALIMENTARIA
Principal objetivo
Maximizar la
Optimizar la producción
producción
Significado de la
agricultura
Sostenibilidad:
Un negocio
económica, social y
medioambiental
IMPACTO SOCIO-
Negativas
Positivas
ECONÓMICO
estática
dinámica
Externalidades
alta
Baja
Baja /media
Alta
alta
Baja /media
Alta
Baja /media
Bajo o nulo
Alto
Ventaja comparativa
Dependencia en
insumos químicos
(petróleo)
Productividad de la
tierra
69
Producción (cultivada)
Baja
Alta
Estabilidad de la
Muy baja
Sana
producción
Limitado y
Elevado: pequeña
Espacio para el
concentrado en
explotación familiar.
mercado local
grandes explotaciones
(MST en Brasil)
Autonomía
de monocultivo a gran
escala.
Calidad de los alimentos
Acceso a la tierra
(TNCs)
IMPACTO
Muy negativo
Respetuoso/positivo
MEDIOAMBIENTAL
Baja
Alta
Sostenibilidad
Baja
Media/Alta
Diversidad
Baja
Media
Recuperación
Alto
Media/baja
IMPACTO
Desde arriba,
Participativa y local. El
TECNOLÓGICO
importada.
campesino primero.
Generación de
Agronomía
Investigación
tecnología
convencional
participativa
Diseño de la
Alta
Media
Desplazamiento
humano del proceso
medioambiental
investigación
Dependencia de
insumos humanos
externos
Fuente: Rosset, 2005, Gliessman, 2000.
70
ANEXO II
Importancia
del
sector agrario
España, ppios S. XX
América Latina hoy
Motor de crecimiento
Muy
importante:
crecimiento basado en las
Exportaciones
tradicionales y producción
exportaciones,
de granos para el consumo
agricultura
doméstico, vino. Ganadería
(1900-2015)
de
cambio
Subsistencia
Concentración de
Extrema , la provincia de
la tenencia de la
Salamanca,
latifundios,
tierra
absentismo, subsistencia
Extrema:
latifundios,
grandes plantaciones vs
explotaciones familiares
Reformas
agrarias
fallidas/asistenciales
Papel
de
los
grandes propietarios
Importante, poderoso
Grandes
desigualdades
sociales
Importante
y
poderoso:
absentismo,
aparcería,
empresas
transnacionales
Papel
de
los
Inexistente
Nunca
movimientos
de
Ligas de agricultores
productores
sin
un
acuerdo: movimientos de
los
tierra
hubo
sin
tierra
son
esenciales para conseguir
la
reforma
agraria
(Brasil)
Papel del estado
Capturado
Búsqueda
Muy escaso: capturado
de
renta,
control de los grupos de
poder
71
Resultados:
Limitados : subsistencia,
Diversificación,
agricultura familiar
escaso acceso a las mejoras
limitadas
y
tecnológicas,
en empleo y actividades
pluriactividad, emigración
rurales no agrarias
producción
alimentos
de
a
América
conflictividad rural
Latina,
oportunidades
Aumento
de
importaciones
de
alimentos
Pobreza
urbana
y
pobreza rural
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siglos XIX y XX, Madrid, Alianza, 2002.
74
VIA CAMPESINA: Food Sovereignty. Flyer distributed at the World Food Summit +5, Rome,
Italy, 2002. Available at: http://www.peoplesfoodsovereignty.org/statements.html
WILKEN, Gene C: Good Farmers: Traditional Agricultural Resource Management in Mexico
and Guatemala, Berkeley, University of California Press, 1987.
WORLD BANK: ‘Reaching the Rural Poor: A Rural Development Strategy for the Latin
American and Caribbean Region, Washington D.C, Rural Development Department, The
World Bank, 2003.
WORLD FOOD SUMMIT: Food and Agriculture Organization of the United Nations, Rome
Declaration on World Food Security and World Food Summit Plan of Action;
International Food Policy Research Institute, A 2020 Vision for Food, Agriculture, and
the Environment: The Vision, Challenge, and Recommended Action, Washington, D.C,
1995.
75
En femenino plural. La perspectiva de género en la historia rural
Ana Cabana Iglesia1
Universidade de Santiago de Compostela
Una propuesta: ampliar el foco de interés.
Señalar que la historia agraria ha introducido en sus investigaciones la perspectiva de
género sería, a todas luces, un eufemismo. A nadie puede sorprender el hecho de que se
afirme que hasta el momento la historia de las mujeres y, específicamente, la historia de
género y la historia agraria han evolucionado por caminos que se han cruzado mucho
menos de lo que sería deseable. Nacidas y crecidas al calor del desmigajamiento sufrido
por la historia en su versión más política y más “desde arriba”, siendo ambas fruto del
deseo de superar la historia que se centraba exclusivamente en los que ostentaban el
poder, comparten el objetivo de profundizar en nuevos objetos de estudio, mujeres, en un
caso, el campesinado en otro. Dado que en el mundo rural el género o, si se quiere
expresar en términos menos postmodernos, las mujeres –no importa desde que
perspectiva de estudio nos parapetemos, tanto sea desde sus presencias como desde sus
más señaladas ausencias, reales o no- suponen un sujeto fundamental (como lo son los
varones), no deja de ser una extraordinaria flaqueza la tremenda escasez de estudios sobre
aquellas.
La falta de una relación fluida entre ambas disciplinas es bidireccional en el caso de la
historiografía española. Una sencilla búsqueda de títulos de artículos que contengan
La autora es miembro del Grupo de Investigación “Histagra” (http://histagra.usc.es/) del Departamento
de Historia Contemporánea e de América de la Universidad de Santiago de Compostela.
1
77
conceptos como “mujer” o “femenino” en el buscador de la revista Historia Agraria, la
más prestigiosa de cuantas de publican sobre temas de historia rural en España, o la
pesquisa de “campesina” o “ mujer rural” en los títulos de investigaciones que han visto
la luz en publicaciones periódicas de referencia en el campo del género, como la revista
Arenal, revelan que si las y los agraristas han dejado mayoritariamente de lado a las
mujeres rurales, las estudiosas (lamentablemente no cabe precisar el masculino) de la
mujer y del género en España tampoco las han visto como sujetos susceptibles de
protagonizar sus análisis salvo en casos tremendamente excepcionales2.
La explicación de esta falta de maridaje entre dos disciplinas, cuando una de ellas, como
es la historia de las mujeres, está tan abierta al contacto con múltiples enfoques
historiográficos, puede argumentarse en los mismos términos con los que se evidencia en
general la ausencia de interés por el campesinado por parte de la historiografía de corte
generalista3. Atraso, tradición, inmovilismo, pasividad… continúan a ser los atributos
que, bien mezclados y en diferentes dosis, configuran las representaciones e imaginarios
de investigadores ajenos a su estudio. ¿Por qué las estudiosas del género habrían de ser
diferentes y sentirse atraídas por el sector femenino de ese colectivo? ¿Qué razones
tendrían para mirar hacia las menos visibles dentro de un grupo ya de por sí invisibilizado
por la historiografía?4 La mayoría de las investigaciones realizadas hasta el momento han
centrado su atención en aquellas casuísticas en las que las mujeres presentaban unas
características que las alejaban de los estereotipos asociados a los contextos y actividades
del rural. Aun cuando en el espacio urbano como en el campo estaban supeditadas a
Entre los trabajos más destacados por su condición de pioneros, su impacto historiográfico, su novedosa
factura o su valía como estado de la cuestión podríamos señalar los realizados por Serrana GRIAL
GARCÍA: El trabajo de las mujeres del campo en la Galicia moderna, Madrid, AEIHM/AHS, 2005; Teresa
María ORTEGA LÓPEZ: “Democratizando la democracia. Estrategias de género de las trabajadoras
agrícolas españolas (1977-1990)”, Historia Agraria, 91, (2013), pp.181-209; Ofelia REY CASTELAO: “El
trabajo de las mujeres rurales en la España Moderna. Un balance historiográfico, 1994/2013”, Revista de
Historiografía (RevHisto), 22, (2015), pp.183-220; Sofía RODRÍGUEZ LÓPEZ: Memorias de Los Nadie.
Historia oral del campo andaluz (1914-1959), Sevilla, Centro de Estudios Andaluces, 2015.
3
Sobre la necesidad de que los avances realizados por la historia agraria en las últimas décadas sean
visibilizados por la historiografía española, Francisco COBO ROMERO y Teresa María ORTEGA LÓPEZ:
“Introducción: algunas propuestas interpretativas sobre la evolución política, social y cultural del mundo
rural en la España contemporánea”, en Teresa María ORTEGA LÓPEZ y Francisco COBO ROMERO, La
España rural, siglos XIX y XX. Aspectos políticos, sociales y culturales, Granada, Ed. Comares, 2011, pp.
IX-XLI
4
Las mujeres rurales no se han considerado dignas de ser representadas ha señalado Carmen Sarasúa, idea
en la que Mary Nash ha incidido recientemente. Carmen SARASÚA: “Historia, género y cultura popular”,
en Tomás M. MANTECÓN MOVELLÁN (ed.): Bajtín y la historia de la cultura popular. Cuarenta años
de debate, Santander, Universidad de Cantabria, 2008, pp. 21-32; Mary NASH: “Prólogo”, en Teresa María
ORTEGA LÓPEZ (ed.), Jornaleras, campesinas y agricultoras. La historia agraria desde una perspectiva
de género, Zaragoza, Prensas de la Universidad de Zaragoza, 2015, pp. 9-12.
2
78
determinados patrones comunes en función del género femenino compartido, como la
condición de subordinadas, unas fueron erigidas como modelo de “modernidad” desde el
punto de vista de la acción política, de la formación educativa, del estatus social, etc.,
mientras las otras quedaron detrás del velo del rol de la domesticidad que difumina todo
lo demás.
Esta circunstancia ha incidido de la misma manera en la investigación realizada desde la
historia agraria. No podemos negar que como disciplina esta tiene enormes dificultades
teóricas y metodológicas para aprehender unos sujetos tan resbaladizos en las fuentes
documentales con las que mayoritariamente se llevan a cabo las investigaciones de este
tipo5. Seguir el rastro de determinados colectivos femeninos se torna enormemente
complejo, con la paradoja de la obviedad. Siempre hemos sabido que estaban, que
importan, que condicionaban pero, aun así, o precisamente por ello, no hemos podido
enfocarlas con acierto en la complejidad y amplitud que a nuestro entender merecerían
como actores imprescindibles de la evolución histórica del agro español.
Un método: caminar hacia el género.
Las mujeres rurales han sido objetivo de diferentes estudios que impiden que podamos
hablar de ellas como las grandes olvidadas de la historiografía de corte ruralista. En este
sentido es palmario el hecho de que en España ha sido la historia económica la pionera y
la disciplina que les ha prestado una mayor atención, ya fuera como colectivo específico
(mujeres rurales), ya como integrantes del agregado femenino genérico6. Al igual que en
otras disciplinas históricas, su atención ha sido mucho mayor hacia colectivos femeninos
de ámbito urbano y ocupaciones laborales relacionadas con el sector secundario o el
comercio (tabaqueras, trabajadoras de teléfonos, trabajadoras del sector textil, etc.), pero
5
Es el caso de la antropometría histórica, cuyos estudios sobre la evolución de los niveles de vida y bienestar
en el rural español han dejado fuera habitualmente a las mujeres debido a que sus fuentes son
fundamentalmente las derivadas de los procesos de reclutamiento de quintas. Antonio David CÁMARA
HUESO: “Fuentes antropométricas en España: problemas metodológicos para los siglos XVIII y XIX”,
Historia Agraria, 38, (2006), pp.105-118.
6
Una de las claves para entender estas investigaciones pioneras en la historiografía económica española, y
mucho más concretamente en la historia del trabajo, probablemente sean las aportaciones al debate
feminista de obras como Women, Work and Family que aborda el estudio de la historia del trabajo de las
mujeres integrando tres elementos (mujer, trabajo y la familia) que aún en la historiografía más reciente
siguen formando un conformando una especie de engranaje de reloj a través del cual analizar la aportación
de lo femenino a los estudios socioecónomicos de manera que los mencionados elementos se constituyen
como un todo integrado en el que la mujer se define en relación con su papel dentro de la unidad familiar
y/o unidad de producción (aunque este último se plantee en términos de ausencia). Lousie TILLY y Joan
W. SCOOT: Women, Work and Family, Nueva York, Holt, Rinehart and Wiston, 1978.
79
su preocupación por el análisis histórico de las desigualdades sociales (salario,
oportunidades educativas, alimentación, etc.) y su empeño en conocer las claves de la
construcción del modelo de división sexual del trabajo han conllevado esta incorporación
de los sujetos femeninos rurales a su investigación7.
Esta disciplina se ha acercado a las mujeres del agro utilizando registros cuantitativos
(censos, padrones, etc.) y perfiles estadísticos como fuentes. Estos, pese a saberse que no
son totalmente fiables (por debilidades en la recogida de datos, por encubrir ocupaciones
con categorías falaces, etc.), gracias a un enorme esfuerzo en su crítica y manejo, han
posibilitado a los investigadores recoger huellas de la presencia femenina que resultan
transcendentales para la mejor compresión del mundo rural y su evolución8.
Debe señalarse también que, en un evidente empeño por realizar investigaciones de
historia económica en el marco de la historia de las mujeres (o viceversa), muy a menudo
se ha focalizado la atención en el estudio de mujeres rurales que en alguna medida se han
diferenciado de la comunidad de origen sin que esto deba suponer un abandono total de
la misma), ya sea por pasar a tener determinadas ocupaciones distintivas desde el punto
de vista laboral (empleo en la protoindustria o industria rural) o por la movilidad espacial
(emigración), lo que nos ha ayudado a observar las desigualdades no solo entre hombres
y mujeres, sino también entre las propias mujeres9.
Las mujeres del campo también han recibido atención diferenciada por parte de la
demografía histórica10. En este caso se podría sintetizar, de modo tremendamente
simplista, que las campesinas han importado, sobre todo, en tanto que cuerpo y elemento
7
No tendría sentido aquí citar exhaustivamente el listado de investigaciones que desde la historia económica
han demostrado su preocupación por lo femenino y lo han hecho en ámbitos rurales. Algunas con gran
significación serían Carmen SARASÚA y Lina GÁLVEZ, (ed.): ¿Privilegios o eficiencia? Mujeres y
hombres en los mercados de trabajo, Alicante, Publicaciones de la Universidad de Alicante, 2003; Luisa
MUÑOZ ABELEDO: “Women in the Rural and Industrial Labor Force in Nineteenth-Century Spain”,
Feminist Economics, Vol 18, 4, (2012), pp. 121-144; Cristina BORDERÍAS y Lina GÁLVEZ: “Cambios
y continuidades en las desigualdades de género. Notas para una agenda de investigación”, Áreas. Revista
Internacional de Ciencias Sociales, 33, (2014), pp. 7-15.
8
Pilar PÉREZ FUERTES, “El trabajo de las mujeres en los siglos XIX y XX. Consideraciones
metodológicas”, Arenal, 2-2, (1995), pp. 219-245.
9
Desde las primeras voces renovadoras como Carmen SARASÚA: “La industria del encaje en el Campo
de Calatrava”, Arenal. Revista de Historia de las Mujeres, 2-2, 1995, pp. 151-174; a otros trabajos en esa
línea como Luisa MUÑOZ ABELEDO: Género, trabajo y niveles de vida en la industria conservera de
Galicia, 1870-1970, Barcelona, Icaria, 2010.
10
Marie-Pierre ARRIZABALAGA: “Las mujeres pirenaicas y la emigración en el siglo XIX”, en Julio
HERNÁNDEZ BORGE y Domingo Luis GONZÁLEZ LOPO, (eds.) Mujer y emigración. Una perspectiva
plural, Santiago de Compostela, Universidad de Santiago Compostela, 2008, pp. 107-132.
80
medular de reproducción social11. Los análisis de este corte realizados desde esta
disciplina ponen sobre la mesa un debate relevante, el de si los cómputos matemáticos de
los cuerpos femeninos (índices de fecundidad, edad de maternidad, etc.) pueden ser
clasificados como historia de las mujeres o no. Dicho de otra manera ¿visibiliza a las
mujeres rurales como sujeto el registro material de sus cuerpos o, por el contrario, las
cosifica en la medida en que las reduce a números? En nuestra opinión, no puede negarse
la importancia y significación de lo cuantitativo, pese, evidentemente, a no ser suficiente
para dotarlas de esa visibilidad que desde los años setenta pretende la historia de las
mujeres en su finalidad de evidenciar la presencia femenina en los ámbitos de estudio de
la historia clásica12. Porque, si no todos los estudios realizados en enclaves de carácter
rural son susceptibles de definirse como corpus específico de la historia agraria, tampoco
todo acercamiento al estudio de las féminas debiera ser identificado por defecto como
resultado de una decisión consciente de engrosar las investigaciones sobre historia de las
mujeres. Por fundamentales que resulten esos trabajos, que lo son, no han reparado, para
su realización desde un punto de vista teórico y metodológico, en la variable de género
(definitoria en cualquier intento de aproximación a la historia de las mujeres) sino en la
diferencia binaria de sexos13. Es decir, desde la demografía histórica se enfatizan las
diferencias biológicas entre hombres y mujeres, pero no ha sido su objetivo adentrarse en
las construcciones sociales generadas a partir de las mismas.
En los últimos años cabe destacar el inicio de algunos movimientos de inclusión de la
historia en femenino dentro de la historia agraria, entre los que se encuentran la
realización de sesiones específicas en los congresos de la Sociedad Española de Historia
Agraria. Nos referimos a “Jornaleras, campesinas y agricultoras. La historia agraria desde
una perspectiva de género” (Badajoz, 2013) y “La historia agraria desde una perspectiva
11
De ahí que su estudio vaya usualmente aparejado al del matrimonio o la familia, José Pablo BLANCO
CARRASCO, “Notas sobre el matrimonio y el inicio de la vida familiar en el mundo rural extremeño del
siglo XVIII», en María José PÉREZ y Alfredo MARTÍN (eds.): Campo y campesinos en la España
Moderna. Culturas políticas en el mundo hispano, Madrid, FEHM, 2012, pp. 1073-1077; José Pablo
BLANCO CARRASCO y Mercedes SANTILLANA PÉREZ: “Nupcialidad, mercado matrimonial y
movilidad en la España interior: Extremadura, ss. XVI-XVIII”, Norba. Revista de Historia, 24, (2011), pp.
35-51.
12
Marisa NAVARRO: “El androcentrismo en la historia: la mujer como sujeto invisible”, en Congreso
Mujer y realidad social, Vitoria-Gasteiz, Servicio de Publicaciones de la Universidad del País Vasco, 1988.
13
Lourdes MÉNDEZ: “Administrando la desigualdad entre los sexos: ¿Los estudios de género a la deriva?”,
en Carmen ROMERO BACHILLER y Fernando José GARCÍA SELGAS (coord.), El doble filo de la
navaja, Madrid, Trotta, 2006, pp. 169-188.
81
de género” (Lisboa, 2016), ambas promovidas por Teresa María Ortega14. Su iniciativa
ha conseguido constituir y ocupar un espacio propio para una temática que hasta entonces
no había contado con una entidad diferenciada y un peso específico dentro de la
disciplina. La relevancia de los estudios presentados en el primero de los encuentros ha
permitido la publicación de una monografía específica en la que se da cuenta de las
múltiples y fructíferas posibilidades de confluencia entre la historia agraria y la historia
de las mujeres a la hora de acercarse a las mujeres del campo, sin importar el periodo
histórico y sus diferentes perfiles (jornaleras, propietarias, aparceras, artesanas, etc.)15.
Los trabajos presentados en los mencionados congresos pueden servir de indicadores de
las potencialidades de acudir a nuevas fuentes (como la historia oral) y/o de revisitar las
ya transitadas (catastros) para rastrear en ellas la presencia de lo femenino. Igualmente
confirman la importancia de los datos obtenidos al indagar en el día a día de las mujeres
rurales y no solo de la población activa agraria específicamente, lo que amplía los
márgenes del análisis y añade sujetos a las investigaciones. También se pudo comprobar
la apuesta clara de los investigadores por detenerse en las mujeres corrientes, mujeres que
han hecho historia en su devenir cotidiano, como parte sustancial y decisiva de las
sociedades y las economías rurales. Aquellas que no se encuentran entre las
transgresoras, sino que, pese a que en algunos casos rompieron techos de cristal
accediendo a estudios, puestos, trabajos y cargos que no les eran "propios" según la
división de género establecida, no abandonaron en ningún momento el statu quo de
partida. Se ha constatado que la investigación no se ha dejado deslumbrar ni se ha
acomodado en el estudio de casos heroicos o excepcionales que, por serlo, son distintivos
y llevan asociados mayor visibilidad y una mayor facilidad a la hora de encontrar fuentes
de estudio, pero mucha menos proyección social.
Si tenemos en cuenta la situación actual en la que se encuentra la historia agraria con
respecto al estudio de las mujeres, quizás cabría señalar la pertinencia de indicar posibles
opciones de futuro que caminaran hacia una mayor incorporación de aquellas, de tal
forma que se reforzase su visibilidad. Se trataría, en primer lugar, de continuar con
aquellos estudios que centran su interés en la diferenciación por sexos, dada la
14
Las comunicaciones de ambas sesiones pueden ser consultadas en http://seha.info/2_2013_sesiones.asp
y https://lisbon2016rh.wordpress.com/programme/papers/ respectivamente.
15
Teresa María ORTEGA LÓPEZ (ed.): Jornaleras, campesinas y agricultoras. La historia agraria desde
una perspectiva de género, Zaragoza, Prensas de la Universidad de Zaragoza, 2015.
82
importancia de la dicotomía masculino/femenino como categoría de análisis válida en
retrospectiva histórica para comunidades rurales como la española marcadas por el
heteropatriarcado. En segundo lugar, resultaría de sumo interés ampliar las
investigaciones que sobre las campesinas que se han hecho hasta el momento,
aumentando la diversidad, tanto en las coordenadas espaciales como temporales, e
introduciendo análisis comparados entre diferentes territorios (por tanto agriculturas).
Es decir, no negamos en absoluto la pertinencia de seguir trabajando como se ha hecho
hasta ahora, si acaso ponemos la atención en la pertinencia de aumentar el número de
investigaciones sobre las mujeres. Pero creemos firmemente que sería muy conveniente
integrar en los estudios de historia agraria las aportaciones realizadas desde la historia de
las mujeres. En ellas se encuentran herramientas útiles para aprehender las casuísticas de
estos sujetos de estudio tan “silenciadas” y “ocultas para los demás y secretas incluso para
ellas mismas”16. Es más, su encaje en la historia agraria nos permitiría superar las
aproximaciones a los estudios en femenino realizados a modo de reconocimiento hacia
grupos minoritarios: las mujeres son sujetos subalternos y deshistorizados, pero en ningún
caso comparten la categoría de minoría. Y, en último término, vinculado también a la
ampliación y apertura de perspectivas que serían enriquecedoras para la historia agraria,
consideramos de especial interés implementar la historia de género tanto en lo que se
refiere a sus aportaciones teóricas como metodológicas.
Los estudios feministas han transitado desde el estudio de “la mujer”, como categoría
individual, en términos de análisis de estereotipos y alteridad de los patrones de
masculinidad, al interés por “las mujeres”, es decir, se ha superado la simplicidad de lo
individual para atender a la diversidad de lo múltiple, porque aun dentro de una misma
colectividad la diferenciación por factores de sexo resultaba transversal a otros como la
edad o la clase social. Con ello se cuestionaba no tanto la representatividad que podía
tener un solo individuo sobre su colectivo base, como la identificación de este con aquel
como modelo único y se arrojaba luz sobre ámbitos de estudio que hasta entonces habían
permanecido en la penumbra. De acuerdo con las nuevas tendencias o corrientes en el
estudio de las mujeres, que se sustentan en la crítica (y superación) de esa fórmula de
Parafraseando a Antonio Pascual MARTÍNEZ SOTO: “La voz silenciada. Sindicalismo jornalero
femenino, negociación y dinámica salarial en el área vitícola del sureste español (1914-1936)”, en Carmen
SARASÚA y Lina GÁLVEZ (eds.), ¿Privilegio o eficiencia? Mujeres y hombres en los mercados de
trabajo, Alicante, Publicaciones de la Universidad de Alicante, pp. 79-110 y a Carmelo LISÓN
TOLOSANA: “Antropología de las fronteras”, Revista de Antropología Social, 3, (1994), pp.75-103
16
83
análisis, había un doble desacierto en relación con la perspectiva que lo guiaba: 1) dar por
sentado que lo importante era la cuestión numérica o de cómputo: no era lo fundamental
la falta de relevancia de un sujeto, el problema no se subsanaba con más representatividad
en la muestra, no era suficiente con agregar sujetos, como pareció entenderse y 2)
entender que visibilizar grupos de mujeres era la finalidad del análisis, es decir, se había
incidido en “rescatar”, “descubrir” mujeres, pero no se había planteado una cuestión
central: el porqué resultan importantes las mujeres como objeto de estudio. Subsanar estos
errores ha sido lo que ha llevado a los estudios sobre las mujeres a transitar a los estudios
de género. Y, en lo que en este caso nos compete, a pasar de la historia de las mujeres a
la historia de género o historia feminista17.
Esta corriente innovadora ha superado la identificación de la mujer como modelo único,
o las mujeres como colectivo, como un elemento para la investigación sobre el que
formular hipótesis que pudieran ser asumidas o no, porque con ello lo que se estaba
haciendo era plantear lo femenino en clave de problema (lo que no deja de implicar iniciar
un análisis partiendo de una estigmatización). Abandonar el estudio de lo femenino de
manera acotada ha posibilitado desviar el foco de atención de estas investigaciones hacia
el análisis de la compleja construcción de la identidad y las múltiples representaciones
sociales o roles que esta lleva incorporados. Se ha abierto, por lo tanto, el interés por lo
relacional como elemento constituyente de dicha identidad. Así, la categoría “género” no
compete a las mujeres, ni tan siquiera se refiere exclusivamente a ellas, sino que las coloca
en un entramado de relaciones que incluye el componente masculino y abre la posibilidad
de aumentar esta dicotomía. Además, coloca a todos los sujetos, sin importar su
diformismo sexual, en procesos de construcción social y, por lo tanto, en redes de poder18.
Joan W. SCOTT: “El género: una categoría útil para el análisis histórico”, en James S. AMELANG y
Mary NASH, (eds.), Historia y género: las mujeres en la Europa moderna y contemporánea, Valencia,
Ed. Alfons el Magnanim, 1990, pp. 23-58; Gisela BOCK: “La historia de las mujeres y la historia del
género: aspectos de un debate internacional”, Historia Social, 9, (1991), pp. 55-77; Susana NAROTZKY:
Mujer, mujeres, género. Una aproximación crítica al estudio de las mujeres en las ciencias sociales,
Madrid, CSIC, 1995; Mary NASH: "Los nuevos sujetos históricos: perspectivas de fin de siglo. Género,
identidades y nuevos sujetos históricos”, en María Cruz ROMEO e Ismael SAZ (eds.): El siglo XX.
Historiografía e Historia, Valencia, Universidad de Valencia, 2002, pp. 85-100; Cristina BORDERÍAS
(ed.): Joan Scott y las políticas de la Historia, Barcelona, Icaria-AEIHM, 2006.
18
El género se construye en los procesos sociales, es en las acciones e interacciones diarias donde se negocia
y se redefine y tanto la construcción de la feminidad como la de la masculinidad van parejas a las cuestiones
relativas a la identidad. Gina BUIJS (ed.), Migrant women: crossing boundaries and changing identities.
Cross-cultural perspective of women, Oxford, Berg, 2004; Mary NASH, Feminidades y masculinidades.
Arquetipos y prácticas de género, Madrid, Alianza, 2014; Lourdes MÉNDEZ: Antropología feminista,
Madrid, Síntesis, 2008.
17
84
Resulta obvio por tanto lo mucho que puede ofrecer la incorporación de esta nueva
perspectiva de los estudios de género a la historia agraria como disciplina. Si agregar lo
femenino ha resultado hasta ahora, y está llamado a resultar en el futuro, un innegable
avance en términos de un mayor conocimiento de las comunidades rurales y sus procesos
de cambio en perspectiva histórica, introducir el género supondría ir un paso más allá y
contemplar el corpus social de manera integral, reparar de manera mucho más afinada en
los procesos de construcción histórica de las identidades conformadas y negociadas en el
campo español a lo largo de la historia.
Herramientas para el trabajo: lo multidisciplinar.
La historia agraria puede colaborar en el proceso de preguntarse por cómo se ha
construido históricamente el género y puede ofrecer material específico de reflexión
teórica para el estudio transversal del género. Tiene mucho que decir sobre las relaciones
de género entendidas como lo que son, relaciones de poder, en el hogar y la comunidad
rural, necesariamente diversas a lo largo de la geografía española, entre las generaciones
o entre las clases sociales que han habitado el agro. Estas estrategias de poder,
desplegadas por hombres y mujeres, se reformulan y cambian de dinámicas en el seno de
las estructuras sociales (casa), la práctica laboral o la migratoria y a través de los
discursos, y todo ello recae dentro de lo que le es propio al campo de trabajo de la historia
agraria. Analizar lo rural con “sensibilidad hacia el género” nos permitirá necesariamente
abrir nuevos puntos de vista y que otras perspectivas analíticas tomen sentido. La
multiplicidad de miradas posibles desde epistemologías, estructuras conceptuales y
perspectivas teóricas diversas no puede resultar sino enriquecedora. Muchas categorías
de análisis que incluyen la perspectiva de género están siendo revisadas y cuestionadas
desde otras ciencias sociales. Este es el caso de divisiones como productivo-reproductivo,
privado-público, doméstico-político, etc.19 Y es innegable que la historia agraria tiene ahí
un campo de actuación que podría ser tremendamente fértil.
Lejos de falsas modestias, y aplicando una terminología feminista, nuestra disciplina,
podría, y debería, empoderarse y no renunciar a participar en revisiones de términos,
conceptos y postulados teóricos, que siempre han formado parte de nuestro quehacer
Louise LAMPHERE, “The domestic sphere of women and the public world of men: the strengths and
limitations of an anthropological dichotomy”, en Caroline B. BRETTELL y Carolyn SARGENT (eds.),
Gender in cross-cultural perspective, Pearson Prentice Hall, 2009, pp. 90-98.
19
85
científico y, desde luego, no desestimar un sujeto que a todas luces forma parte inexorable
de la historia agraria. ¿Dónde sino en la historia agraria ubicar a las mujeres rurales? No
estamos proponiendo que la investigación agraria en España pivote ahora hacia las
mujeres, sino que incorpore e integre una nueva manera de mirar que preste atención al
género dentro de las temáticas con las que trabajamos de manera habitual: propiedad,
conflictividad, migraciones, políticas agrarias, innovación tecnológica, comunales,
producción agrícola, sindicalismo agrario, relaciones laborales en el campo, etc. Y una
buena forma de iniciar este camino sería parapetarse en la multidisciplinariedad, en el
diálogo con los estudios de género y, específicamente, con la historia de género, pero
también con ciencias sociales como la sociología, la antropología o la psicología social20.
La confluencia de estas disciplinas amortiguaría el posible retardo con el que la historia
agraria ha llegado a abordar esta temática y proporcionaría asideros metodológicos y
conceptuales que facilitarán nuevas investigaciones planteadas desde estas premisas. Más
adelante, el objetivo óptimo sería ser capaces de llevar a cabo investigaciones de carácter
interdisciplinar, un reto de mucho mayor calado.
Entendemos que no debiéramos prescindir tampoco de recursos y categorías de análisis
que otros campos de estudio ya han construido y constituido como referenciables para
estudiar el género. En esta línea, cabe mencionar, a modo de ejemplo, los impagables
aportes que desde la sociología rural se han hecho vinculados a los procesos de
desagrarización y despoblación rural, como por ejemplo la idea de “arraigo”, entendido
como un elemento de enganche emocional con un lugar (entiéndase lugar en términos
geográficos y simbólicos), el concepto de “generación soporte”, para referirse al último
colectivo o cohorte de edad que presenta esa vinculación emocional con el rural, el
empleo de la metáfora del “círculo quebrado” como para representar la ruptura en el
traspaso generacional de las claves culturales que permitían descifrar el funcionamiento
de la comunidad rural sostenida en el tiempo (aprendizaje técnicas de cultivo, manejo del
ganado, redes de sociabilidad, etc.) o la idea de “huida ilustrada”, para referenciar el
20
Atiéndase a los buenos resultados obtenidos a través de la firmeza mostrada por la historia agraria en
otros ámbitos de estudio que requirieron del diálogo y la convergencia con otras disciplinas. El caso más
paradigmático sin duda ha sido el de la historia ambiental, que ha interactuado con campos de conocimiento
tan dispares a priori como la agroecología, y lo ha hecho a partir de grupos de trabajo multipisciplinares
(ejemplos más visibles el nucleado entorno a Manuel González de Molina en la Universidad Pablo de
Olavide y a Enric Tello en la Universidad de Barcelona).
86
abandono del rural por parte de los sujetos más jóvenes y con mayor acceso a la formación
de la comunidad21.
Ahora bien, más fundamental si cabe es acercarse a las propuestas teóricas argumentadas
desde los estudios de género. Si con el liberalismo, equivalente a la “modernidad” en
términos filosóficos, empieza a perfilarse el individuo entendido como un “cuerpo
inacabado” 22, los estudios de género han rescatado la noción en la que este se contempla
como una posibilidad de transformación, de constante elaboración. Dicha imagen de
cuerpo en constante construcción es el origen sobre el que tiene cabida la idea de
“capacidad de agencia” que actualmente asume la teoría social y que los estudios de
género han empleado para romper la visión tradicional de las mujeres como entes sumisos
sin margen de negociación23 y/o resistencia en la interacción social. Capacidad de agencia
con la que, sin dejar de ser mujeres, pasan a ser entendidas como actores sociales de
primer orden, esto es, con entidad propia en el diálogo social. Potencialmente activas en
los márgenes permitidos por los roles de género y con capacidad de transgresión de los
mismos24.
21
Estos conceptos en Luís Alfonso CAMARERO RIOJA; Rosario SAMPEDRO GALLEGO y Josechu
VICENTE MAZARIEGOS: Mujer y ruralidad en España. El círculo quebrado, Madrid: Instituto de la
Mujer, 1991; Luís Alfonso CAMARERO RIOJA “Pautas y tendencias demográficas del medio rural: la
población rural en la última década el siglo XX”, en Cristóbal GÓMEZ BENITO y Juan Jesús GONZÁLEZ
RODRÍGUEZ (ed.), Agricultura y Sociedad en el cambio de siglo, Madrid, McGraw Hill, 2002, pp. 63-77;
Luís Alfonso CAMARERO RIOJA y Rosario SAMPEDRO GALLEGO“¿Por qué se van las mujeres? El
continuum de movilidad como hipótesis explicativa de la masculinización rural”, REIS. Revista Española
de Investigaciones Sociológicas, 124, 2008, pp. 73-105; Cecilia DÍAZ MÉNDEZ: “Aproximaciones al
arraigo y al desarraigo femenino en el medio rural: mujeres jóvenes en busca de una nueva identidad rural”,
Papers, 75, 2005, pp. 63-84; Cecilia DÍAZ MÉNDEZ: “Mujeres jóvenes y ruralidad: dos generaciones y
dos estrategias de inserción sociolaboral”, Aula Abierta, vol 35, nº 1,2, (2005), pp. 117-132; Cecilia DÍAZ
MÉNDEZ y Capitolina DÍAZ MARTÍNEZ: “De mujer a mujer: estrategias femeninas de huida del hogar
familiar y del medio rural”, Agricultura y Sociedad, 76, 1995, pp. 205-218; Teresa del VALLE MURGA:
“La cultura del poder desde y hacia las mujeres”, en Margaret Louise BULLEN y Carmen DÍEZ
MINTEGUI (coords.): Retos teóricos y nuevas prácticas, Donosti: ANKULEGI, 2008, pp. 1-178.
22
Anthony GIDDENS: Modernity and selfidentity and society in the late Modern Age, Cambidge, Polity
Press, 1991.
23
Un trabajo excepcional y ya clásico sobre dicha capacidad de negociación tanto en las dinámicas
intradomésticas como extradomésticas cuyas argumentaciones serían susceptibles de una mucho mayor
aplicabilidad en las investigaciones de historia agraria es el de Bina AGARWAL: “Negociación y roles de
género: dentro y fuera de la unidad doméstica”, Historia Agraria, 17, (1999), pp. 13-58. También sobre la
negociación de los roles de género Jennifer S. HIRSCH: “En el norte la mujer manda: gender, generation
and geography in a Mexican transnational community”, American Behavioral Scientist, (1999), 42-9, pp.
1332-1349.
24
Seguimos a Volkman cuando señala que toda cultura está rodeada de un espacio en el que se permite una
cierta flexibilidad de los límites, pequeñas rupturas discontinuas que, en realidad, apuntalan con firmeza la
norma por la que se rige la organización de la estructura. El concepto de margen de Bourdieu sería
igualmente applicable. Toby Alice VOLKMAN: “Our garden is the sea: conting ency and improvisation in
Mandar women ́s work”, American Ethnologist, 21, (1994), pp. 564-585; Pierre BOURDIEU: La
dominación masculina, Barcelona, Anagrama, 2000.
87
Este axioma de capacidad de agencia se vuelve, por tanto, central en cualquier intento por
parte de la historia agraria de aplicar los principios de la perspectiva de género. De hecho,
observados desde nuestra óptica, los trabajos ya realizados sobre determinadas
casuísticas, como por ejemplo el papel de las viudas o las mujeres que migran, o incluso
las campesinas propietarias, responderían, al menos en cierta medida, a la asunción (más
o menos consciente) de que esos sujetos estaban dotados de cierta capacidad de acción
social25. Bien es cierto que las mujeres en dichas circunstancias pasaban a ser percibidas
por la sociedad de la que formaban parte y, por lo tanto, por los investigadores que a
posteriori se interesaron en su estudio, en tanto en cuanto, habían si no abandonado el rol
de domesticidad que las caracterizaba, sí incorporado al mismo facetas de masculinidad
que encajaban de manera más sencilla en el entramado heteropatriarcal. A pesar de seguir
siendo mujeres, el grupo las hizo susceptibles de ser clasificadas con determinadas
variantes masculinas, lo que les otorgó calidad para ser integradas en las fuentes históricas
(lo que las ha hecho tangibles para la investigación) en las que no había cabida para
aquellas en las que no se implementaron estas atribuciones y capacidad de representación
limitadas al género masculino. El reto que se plantea a la historia agraria de aquí en
adelante es conseguir poner a la vista los “otros cuerpos” femeninos, aquellos a los que
aún no hemos otorgado capacidad de agencia alguna.
Del principio de “capacidad de agencia” emana otra idea sustancial en las teorías de
género que entendemos igualmente útil para enfocar estudios de historia agraria. Se trata
del concepto sociopolítico de “empoderamiento”26. El género no deja de ser, como ya
hemos mencionado, un terreno en el que se evidencian las relaciones de poder y, en ese
sentido, el empoderamiento no es un ente ajeno a los intereses de los estudios históricos
sobre el rural, siempre tan atentos a las relaciones jerárquicas. Ahora bien, debemos
25
El papel de las viudas ha focalizado el interés de varias comunicaciones en el último congreso de la SEHA
realizado en Lisboa en 2016 presentadas a la sesión sobre “Vivir en soledad: viudedad, soltería y abandon
en el mundo rural ibérico y lationamericano” https://lisbon2016rh.wordpress.com/programme/papers/. Un
colectivo al que igualmente se le ha otorgado capacidad de agencia consolidándose como un objeto de
estudio en significativo crecimiento ha sido al del monacato femenino, Ofelia REY CASTELAO: “Las
economías monásticas femeninas: un estado de la cuestión”, en Cristina BORDERÍAS, (ed.), La historia
de las mujeres: perspectivas actuales, Madrid, Icaria, 2009, pp. 197-222; En cuanto al interés por las
campesinas propietarias, María José VILALTA: “Mujeres en el catastro. Propietarias rurales en la Cataluña
moderna (siglos XVII y XVIII), en José Antonio Salas Auséns (coord.), Logros en femenino. Mujer y
cambio social en el valle del Ebro, siglos XVI-XVIII, Zaragoza, 2013, Prensas de la Universidad de
Zaragoza, pp. 219-239
26
Magdalena LEÓN (comp.): Poder y empoderamiento de las mujeres, Bogotá, Tercer Mundo Editores,
1997; Clara MURGUIALDAY MARTÍNEZ: Empoderamiento de las mujeres: conceptualización y
estrategias,
2006
[consulta
a
través
de
http://www.vitoriagasteiz.org/wb021/http/contenidosEstaticos/adjuntos/es/16/23/51623.pdf}].
88
introducir un matiz que entendemos fundamental: el empoderamiento en clave de género
solo tiene lugar cuando es construido en el propio sujeto, a nivel individual, de tal forma
que, para referirnos a él en sociedades pretéritas, tendríamos que ser extremadamente
cautelosos y conscientes de que la constatación del mismo es un ejercicio de enorme
dificultad y que muy probablemente necesitará de la adaptación a nuestros propios
parámetros de esta emblemática concepción de los estudios de género. Pero lejos de
suponer un obstáculo insalvable para nuestra propuesta de implementar el género en la
historia agraria, puede ser entendido como un incentivo para desarrollar estudios de caso
con los que pueda confirmarse o refutarse dicho principio.
Otro concepto que ha sido rescatado por los estudios de género para el análisis social es
el de “resiliencia”. Este término, utilizado en la física para denominar la capacidad de
recuperación del estado inicial de un elemento una vez que ha cesado la presión que lo
deformaba, ha experimentado en la actualidad un gran auge debido a su utilidad en
ámbitos como la historia ambiental (estudio de la evolución histórica de los paisajes). Sin
embargo, en su aplicación a otras ciencias sociales, entendemos que dicho concepto ha
sufrido una apreciable modificación, puesto que no se entiende como capacidad de
recuperación sino como capacidad de adaptación a un agente perturbador que no tiene
por qué desaparecer. Así entendido, en el primero de los casos se trataría de un proceso
de recuperación por desaparición de los factores externos que lo provocaban y, en el
segundo, estaríamos ante una transformación para soportar la presencia de esos agentes
externos que interfieren en los individuos27. En esta línea, si la resiliencia es la capacidad
de transformación ante la modificación de las circunstancias vitales y sociales que rodean
el individuo, su aplicación con carácter general en los estudios de historia agraria se
vuelve pertinente en todo lo relacionado con las relaciones de poder y los grupos sociales
sometidos. Por lo que respecta a la incorporación específica de la perspectiva de género,
el empleo de esta noción resulta imprescindible toda vez que, como ya hemos señalado,
lo femenino se define por la subalternidad. Nos parece evidente la riqueza de matices que
ofrecería la inclusión de esta percepción en estudios de caso que se ocupen de procesos
migratorios femeninos temporales, en los que las mujeres, durante un período más o
menos largo de su vida, mudaban sus roles de forma transitoria y tenían que volver a
Michael RUTTER: “Implications of resilience concepts for Scientific Understanding”, Annales of the
New Yor Academy of Sciences, 1094, (2012), pp.1-12; Elisardo BECOÑA: “Resiliencia: definición,
características y utilidad del concepto", Revista de Psicopatología y Psicología Clínica, vol. 11, 3, (2006),
pp. 125-146.
27
89
renegociarlos con el retorno a sus lugares de origen. Estas transformaciones no siempre
tienen que ir acompañadas por un desplazamiento espacial de corto o largo recorrido, sino
que son plausibles sin el mismo. Nos referimos aquí, por ejemplo, a la multiplicidad de
funciones desempeñadas por la misma mujer en el marco de la economía campesina o las
mudanzas que tienen lugar a lo largo de los diferentes ciclos vitales.
Atendiendo a esta capacidad de resiliencia que permite aflorar la diversidad de
representaciones que pueden asumir los sujetos femeninos y, con ello, determinadas
estrategias de adaptación a las variaciones del contexto, debemos también hacer mención
al uso de la sororidad para las cuestiones de género28. La sororidad puede ser definida
como una variación sobre la solidaridad que está en la base de las relaciones
interpersonales, con el matiz de que presta especial atención a la posibilidad de elevar a
categoría lo que hasta ahora había sido considerado como una anécdota. Las formas y los
fondos de las estrategias específicamente femeninas han sido usualmente percibidas
(fuera real o no) como insignificantes en tanto que no ostentaban la representatividad
social del grupo familiar, ni su peso era considerado como indispensable en la economía
de la casa. Así, superar la percepción de que las “cosas de mujeres” no tienen entidad ni
calado suficientes, nos pone ante un nuevo escenario, el de analizar la cotidianeidad del
acontecer de las mujeres del campo como sujetos en igualdad de condiciones. Una nueva
forma con perspectiva de género para entender que lo femenino no es lo raro, lo negativo,
ni lo excepcional, de tal forma que las “cosas de mujeres” dejen de ser entendidas como
simples retales y zurcidos, ya sea en el plano de la economía, de la política o de lo social
para elevarse a propuesta asumible por el colectivo29. Converger en la sororidad es el
reverso de la estigmatización heteropatriarcal, proponer que las habilidades con las que
las mujeres han resistido en su cotidianeidad pueden ser un modelo para el grupo que
abandone lo doméstico y se haga extensivo a la escala de lo público, como herramientas
de acción colectiva.
Marcela LAGARDE Y DE LOS RÍOS: “Sororidad”, en Susana GAMBA (coord.), Diccionario de
estudios de género y feminismos, Buenos Aires, Biblos, 2009, 305-311; Marcela LAGARDE Y DE LOS
RÍOS: “Enemistad y sororidad: hacia una nueva cultura feminista”, en Marcela LAGARDE Y DE LOS
RÍOS (ed.): El feminismo en mi vida. Hitos, claves y topías, México, Instituto de las Mujeres, 2012, pp.
461-491.
29
Lourdes MÉNDEZ, Cousas de mulleres. Campesinas, poder y vida cotidiana (Lugo, 1940-1980),
Barcelona, Anthropos, 1988; Luís Alfonso CAMARERO RIOJA y Jesús OLIVA SERRANO: “Como si
no hiciera nada: la naturalización del trabajo rural femenino”, Sociología del trabajo, 53, 2005, pp.3-30.
28
90
En fin, apenas unas nociones que bien pudieran contribuir a impulsar investigaciones de
historia agraria con sensibilidad hacia el género, con intención de descubrir las
cambiantes dinámicas del mismo y con ansia por conocer en profundidad el papel de las
mujeres como sujetos en los diferentes contextos históricos.
91
¿Campesinos unidos o divididos? La acción colectiva y la
revolución social entre los yunteros durante la Segunda
República en España (1931-1936)1
Juan Carmona y James Simpson
Universidad Carlos III de Madrid
La generalización de los conflictos rurales durante la Segunda República fue un
factor importante para explicar la inestabilidad política que condujo al golpe de Estado y
la Guerra Civil en 19362. Uno de los conflictos más importantes fue las invasiones de
tierra que se produjeron en dos oleadas, en 1932 y, especialmente, en 1936 cuando cerca
de 115.000 cultivadores ocuparon unas 570.000 hectáreas lo que para algunos
investigadores habría jugado un papel clave en la desestabilización del régimen
republicano3. En este trabajo se analiza Extremadura, escenario del 75 % de las invasiones
de tierras en el país durante la República.
Existe cierto consenso actualmente sobre las causas de este movimiento. La
narración más habitual explica las invasiones como el resultado de una reducción brusca
y generalizada de la oferta de tierras por parte de los grandes propietarios, bien como
consecuencia de la crisis de 1929, bien para evitar las consecuencias de los primeros
1
Este trabajo ha sido presentado en el XIV Congreso Internacional de Historia Agraria (Badajoz, 7-9
noviembre 2013) y en el IV Workshop “Cooperación y conflicto en el mundo rural”, Estado y agricultura
en España (1920-1960): continuidad y cambios (Getafe 17-18 de noviembre 2014).
Agradecemos los comentarios de Sergio Riesco, Samuel Garrido, Salvador Calatayud, Mikeas Lana, Juan
Pan-Montojo, Miguel Artola, y Francisco Beltrán. Este trabajo ha contado con la financiación del proyecto
del Ministerio de Ciencia e Innovación ECO2012-36213.
2
Por ejemplo Preston, 1984, 159-81, Payne, 2005, 330-43; Espinosa, 2007 subtitula su libro sobre los
campesinos de Badajoz, ‘origen de la Guerra civil’. Rey Reguillo, 2012, 182-83. Kalyvas (2006, 43)
subraya el papel de los conflictos rurales en las guerras civiles.
3
Malefakis 1971, 423-33; Casanova, 2007; Espinosa , 2007;
93
cambios legislativos del gobierno del Primer Bienio republicano en una región donde la
distribución de la propiedad de la tierra era muy desigual4. El hecho de que las dehesas
fueran cultivadas por aparceros en pequeñas explotaciones con contratos temporales e
inseguros y totalmente dependientes de la voluntad de los grandes propietarios explicaría,
tanto el gran impacto de la reducción de la oferta de tierra o ‘retraimiento’ de los
propietarios a través de expulsiones masivas de colonos, como la reacción de los
aparceros invadiendo las abundantes tierras sin cultivar, anticipándose a la aplicación de
la Ley de reforma agraria recién aprobada (1932), o tras el éxito del Frente Popular
(1936). Esta interpretación plantea tres tipos de problemas: uno, no concuerda con
algunas evidencias económicas y políticas del periodo; dos, se sustenta en la seguridad
de que había muchas tierras cultivables disponibles; y tres, se halla muy alejada del
debate y de la literatura actual sobre las causas de la conflictividad agraria.
Con respecto a las evidencias, la polarización existente entre un pequeño número
de grandes propietarios (unido a veces a grandes arrendatarios y ganaderos) y una gran
mayoría de pequeños cultivadores y jornaleros no concuerdan bien con los resultados
electorales de la Extremadura rural, no solo en 1934, cuando triunfaron las derechas, sino
incluso en 1936. En este último caso, el triunfo del Frente Popular se produjo únicamente
en ocho de los 15 partidos judiciales de Badajoz, quedando en porcentaje de votos muy
igualados en la provincia5.
Tampoco los desahucios quedan corroborados por la
estadística de la superficie cultivada y de la producción de cereal del periodo republicano.
Más importante aún es el hecho de que la literatura actual tienda a considerar,
como lo hacía la mayoría de los contemporáneos, que existía una gran abundancia de
tierras potencialmente cultivables en las regiones adehesadas. Sin embargo existen
numerosas evidencias que no apoyan esta hipótesis, y tampoco concuerda con los estudios
geográficos de la región de las últimas décadas que sugieren que ya se había agotado la
posibilidad de extender el cultivo sin afectar su sostenibilidad a largo plazo6.
Si las
posibilidades de extender el cultivo eran limitadas, las invasiones no se produjeron en
tierras vacías, en cuyo caso cabe preguntarse quién las estaba cultivando: ¿aparceros,
como los invasores? ¿o procedían de otro grupo social? Al acentuar la importancia del
conflicto entre propietarios y ganaderos contra los cultivadores de cereal, tanto los
4
Malefakis, 1971, 279-285; para Badajoz, Espinosa, 2007; para Cáceres, Riesco, 2009, 52-4.
Espinosa, 2007, 97.
6
Balabanian, 1984 y Campos Palacín, 1983.
5
94
contemporáneos como los estudios históricos actuales han ignorado esta cuestión, a pesar
de la existencia de numerosas evidencias al respecto.
Por último, los estudios sobre las invasiones en este periodo parten del supuesto
de que el hambre de tierra y la pobreza son suficientes para movilizar a la población rural,
una afirmación que contrasta con los análisis de las últimas décadas sobre conflictividad
rural, tanto históricos como contemporáneos. Los problemas de acción colectiva debido
a los altos costes de organizarse ponen en duda que la queja o necesidad fueran
condiciones suficientes para la movilización, y en cambio subrayan la importancia de los
distintos factores que pudieron influir en la reducción de estos costes7. Los debates
recientes sobre la prevalencia de la desigualdad o pobreza por un lado, o los factores de
oportunidad política que facilita la movilización, por otro, han puesto de evidencia la
complejidad de la cuestión, y la necesidad de estudiar mejor los protagonistas de los
conflictos, las formas de organización, o la estructura de incentivos que establecen las
instituciones políticas, entre otras.
En el caso español, ya ha sido señalada la importancia del impacto de la legislación
agraria de la II República (ley de laboreo forzoso, de términos municipales, jurados
mixtos, ley de intensificación o ley de bases de la reforma agraria, entre otras) no solo
en las reacciones de la población rural8 sino en el marco de incentivos de la población
rural y su capacidad de movilización9. En el caso de las invasiones en Extremadura
mostramos que la información con la que contaban los legisladores y el gobierno
republicano en Madrid era muy limitada y que ignoraban la naturaleza de la organización
agraria, la de los conflictos y las consecuencias potenciales de la legislación reformista
del periodo a nivel local.
A partir del aprovechamiento de diferentes fuentes aún poco explotadas, tales
como el Archivo del Instituto de Reforma Agraria (AIRA), la de los Jurados Mixtos de la
Propiedad del Partido Judicial de Cáceres10, y algunos archivos locales mostramos, en
primer lugar, que la sociedad agraria extremeña de los años treinta era mucho compleja y
diversificada de lo que ha tendido a sugerir la historiografía hasta el momento, y que la
mayoría de los cultivadores ya se organizaban en asociaciones formales o informales para
7
Cramer, 2003; Blattman y Miguel, 2010; Hidalgo, 2010 o Tarrow, 1998 entre otros.
Malefakis, 1971 o Cobo Romero 2000
9
Domenech, 2015 y Montañés y Simpson, 2015
10
Archivo Histórico Provincial de Cáceres (AHPC).
8
95
cultivar la tierra antes del advenimiento de la II República; en segundo lugar, dada la
escasez de tierras potencialmente cultivables, las distintas medidas de redistribución de
tierras puestas en marcha por los gobiernos entraban en conflicto no solo con los intereses
de los propietarios, sino con las formas de acceso a la tierra de otros cultivadores, llegando
incluso los propios beneficiarios de la reforma agraria a entrar en conflicto entre sí. Este
tipo de conflictos nos permite cuestionar si la naturaleza de los conflictos sobre la tierra
en Extremadura era solo entre grandes propietarios y pequeños cultivadores es decir de
tipo vertical, o si no habría tenido igualmente importancia los de tipo horizontal, entre
grupos sociales mucho más similares entre sí por sus características económicas11. Si la
desigualdad no fue la fuente principal del conflicto agrario, otro tipo de divisiones, como
las ideológicas, políticas, incluso comunitarias, pudieron haber jugado un papel
importante y habría permitido a los invasores excluir económicamente a agentes
económicos similares usando otros mecanismos, como ya ha puesto de evidencia otros
estudios sobre conflictos y violencia rural12. Por tanto, los aparceros que cultivaban las
dehesas, y que los contemporáneos de la II República empezaron a llamar yunteros,
habrían estado divididos con respecto a su participación en las invasiones.
Este estudio se compone de 5 partes: en la primera veremos la economía de la
dehesa, su evolución en las décadas anteriores a 1931 y el papel de los colonos en ella.
En la segunda definiremos la llamada ‘cuestión yuntera’, los cambios legislativos que
explican su aparición, y como los legisladores y diputados lo trataron. En un tercer
apartado intentamos definir quiénes eran y cuáles eran las características, tanto de los
cultivadores de las dehesas extremeñas como la de los invasores de tierra, mostrando que
se trataba de una clase media pero más diversificada de lo que considera la literatura. En
el cuarto, mostraremos los conflictos rurales en torno al acceso a la tierra, y su economía
política en el contexto de la II República.
Con el fin de evitar una lectura excesivamente naif de los discursos políticos de la
época, en este artículo usaremos el concepto de colono para todos los que cultivan la tierra
(excluyendo los ganaderos arrendatarios) tales como subarrendatarios o subaparceros y
reservaremos el concepto yuntero para los cultivadores asentados por el Decreto de
intensificación de cultivos (oct. 32) y del 20 de marzo de 1936.
11
12
El impacto de la desigualdad horizontal en los conflictos en Cramer, 2003, 409.
Esteban, Mayoral y Ray, 2012 o Kalyvas, 2006 entre otros.
96
La economía de la dehesa y el cierre de la frontera
Las invasiones de yunteros en Extremadura se produjeron fundamentalmente en las
dehesas, explotaciones en las que una parte variable de su superficie se dedica a pastos
permanentes y monte y otra parte a cultivos13. Las características de su cultivo son
relevantes para entender la naturaleza de las invasiones. Las dehesas se caracterizan por
contar con una importante actividad ganadera y por un cultivo extensivo en rotaciones de
tres o más hojas. La baja calidad del suelo explica los largos periodos de descanso en las
áreas marginales, y aunque se estaba produciendo un incremento en el uso de fertilizantes
químicos, estos solo tenían un efecto temporal y un cultivo continuo acababa teniendo un
efecto esquilmante14.
El espacio cultivado no dejó de expandirse durante los treinta años anteriores a la II
República, especialmente a partir de 1918, gracias a los altos precios de los cereales
(gráfico 1A y cuadro 1). La superficie cultivada duplicó entre 1900 y 1930 en ambas
provincias, alcanzando los máximos en 1925 y 1934 en el caso de Badajoz, y 1928 y 1934
en Cáceres. No todos los cereales crecieron por igual, la cebada, y especialmente la avena
se expandió más rápidamente que el trigo (gráfico 1B). Por una parte refleja el mayor
peso de la producción para la producción de pienso para ganado, pero en el caso de la
avena (triplicó entre 1900 y 1928) indica que la expansión se estaba produciendo en
tierras de peor calidad. La rápida extensión y la existencia de numerosos indicios de
erosión, implica que ya que no quedaban tierras nuevas por roturar y que se había
alcanzado el límite ecológico15.
Los propios ingenieros agrónomos encargados de
realizar los planes de asentamiento de las comunidades campesinas durante la Segunda
República, ponen más a menudo de relieve el exceso de intensidad de cultivo que su falta
(Simpson y Carmona, 2015). Además, la extensión de enfermedades en el arbolado, al
reducir la producción no cerealera estimuló, en ocasiones, una mayor extensión del
cultivo para compensar la caída de ingresos16.
13
Campos Palacín, 1983; Balabanian, 1980.
Balabanian, 1984, 71; Cascón, 1934, 347-350.
15
Por ejemplo en el informe previo a la reforma agraria realizado por el Ingeniero agrónomo Alonso Peña,
p.7. AIRA, caja 0-3.
16
Soria y Notario (1990, 252) hacen referencia a caídas de 618 a 80 kg por hectárea los rendimientos de
bellota por el efecto de la oruga de la tortrix viridiana. Estas plagas no fueron controladas hasta los años
1950’. Los incentivos en AIRA, caja 6.9
14
97
Gráfico 1 A. Superficie sembrada de trigo, cebada, avena y centeno en Badajoz y
Cáceres, 1899-1935 (en miles de hectáreas)
Fuente: Zapata (1986), pp. 1413-6.
Gráfico 1B. Superficie sembrada de trigo, cebada, avena y centeno en
Extremadura (1899-1935 (en miles de hectáreas).
Fuente: Zapata (1986), pp. 1413-6.
98
Cuadro 1: Cambios en la superficie sembrada de cereal en Extremadura,
1929-1935
Badajoz
000s
Cáceres
1931
000s
1931
Extremadura
España
000s
1931 =
1931
hectáreas =100
hectáreas =100
hectáreas =100
100
1929
441
103
324
92
765
98
95
1930
427
99
321
91
748
96
99
1931
430
100
353
100
783
100
100
1932
401
93
345
97
746
95
101
1933
421
98
357
101
778
99
99
1934
450
105
380
108
830
106
101
1935
442
103
365
103
807
103
99
Fuente: Zapata (1986), pp. 1309-12. Incluye trigo, cebada, avena y centeno.
Con respecto a la explotación, la dehesa extremeña comparte con el cortijo andaluz la
característica de su gran extensión pero se diferencia en que mientras la ganadería se
explota a gran escala, el cultivo del cereal se realizaba en pequeñas explotaciones
familiares sin mecanizar aun en 1931. Mantener la coexistencia de ambas escalas
requería establecer diferentes tipos de contratos con diferentes agentes, usualmente un
ganadero y un gran número de pequeños labradores. Cuando el propietario no cultivaba
por sí mismo (especialmente en el caso de los propietarios absentistas), el sistema habitual
era que este estableciera un contrato formal de 3 a 8 años con el ganadero, local o foráneo,
y éste subarrendaba a su vez el cultivo a pequeños colonos locales que se repartían el
terreno de cultivo en forma de suertes de tamaño variable, un sistema que ahorraba costes
de transacción frente al uso de mano de obra asalariada. El contrato de subarriendo,
informal u oral, afectaba exclusivamente las tierras que iban a ser cultivadas, y duraba
por ello dos o tres años (barbecho, siembra y ‘resiembro’ o ‘relva’, en muchos casos),
pero el colono no tenía el derecho a retomar el cultivo en la misma hoja de la finca tras
99
los años de descanso, de forma que su relación con la parcela cultivada era siempre
temporal, haciendo de los subarrendatarios ‘colonos flotantes’17.
La dificultad para los cultivadores de dehesas de consolidar sus derechos de uso de
forma permanente o formalmente y la necesidad de los grandes arrendatarios o ganaderos
foráneos de reducir los costes de transacción asociados a la selección de los cultivadores
explican el desarrollo, desde muy pronto, de asociaciones de cultivadores. En la comarca
de Cáceres entre 1931 y 1932, el 57 por 100 de los cultivadores trabajaban en grupos de
más de 5 colonos y más de un tercio en grupos de más de 10, como subaparceros
generalmente18. Pero en numerosas ocasiones se trataba de asociaciones formales,
algunas de ellas creadas incluso antes de 1900, muchas de ellas católicas19. Fuentes
judiciales sugieren además que las tierras se repartían entre los miembros por sorteo, o
que el tamaño de los lotes podía ser muy desigual dependiendo de los recursos del
cultivador20. A pesar del gran tamaño de algunas de esas asociaciones, estas estaban lejos
de poder ejercer el monopsonio o controlar las rentas, dado que competían en un área
grande con cultivadores de otros municipios colindantes en numerosos casos.
La escasa fertilidad de las dehesas y la necesidad de invertir en largos descansos entre
cosechas podían llegar a ser fuente de conflictos. Por una parte, no siempre era fácil
legitimar los extensos pastos que servían para descansar la tierra frente a las presiones
roturadoras, agravado con la difusión de una literatura regeneracionista contraria a estos
descansos (Carrión es el ejemplo más conocido); y por otro, la inseguridad de los
sistemas de tenencias que no permitía dejar en manos de explotaciones familiares la
gestión individual de la finca a largo plazo como en el resto del país. Un cultivo continuo
habría resuelto estos problemas pero en detrimento, como vimos, de la fertilidad a largo
plazo21. En el sistema tradicional, los propietarios o ganaderos eran los que determinaban
la intensidad de cultivo, guiándose por los precios de los factores y de los productos, y
los ajustes se realizaban a nivel local.
Sin embargo los nuevos mecanismos de
17
Leal Ramos, 1921.
Carmona y Simpson, 2014, 204-205. Contrasta con la descripción de Pérez Rubio,1994, 212-3, donde el
propietario señalaba dónde se cultivaba y las relaciones eran más personales.
19
Esta característica ha tendido a pasar desapercibida por la historiografía, probablemente por falta de
evidencias al respecto. Sin embargo aparece en publicaciones de la época (Instituto de Reformas Sociales,
1923, p.8) para el caso de Carmona (Sevilla). En el caso de Badajoz, Baumeister, 1997, 134.
20
Carmona y Simpson, 2014, 207.
21
La continuidad en el cultivo para mantener los derechos de propiedad sobre la tierra de los grupos más
vulnerables, en detrimento de los rendimientos a largo plazo por falta de descanso en Goldstein y Udry,
2008, p.981.
18
100
intervención implementados por los primeros gobiernos republicanos, tales como el
Decreto de laboreo forzoso (7 de mayo 1931) o el Decreto de Intensificación de cultivos
de 1932 (véase más abajo), que tenían por objetivo reducir el paro o mejorar las
condiciones de los cultivadores más pobres a través de la implementación de un cultivo
más intensivo en trabajo, implicaban costes de transacción muy elevados y eran difíciles
de aplicar. Por un lado, no es fácil determinar cuál es la intensidad de cultivo sostenible
a largo plazo ya que supone altos costes de medición, y además requiere arbitrar sistemas
de incentivos que impidan el esquilme22. Por otro lado, también resulta costoso obtener
una información objetiva sobre la situación financiera de la población rural con el fin de
seleccionar la población susceptible de ser ayudada, dada la facilidad de ocultamiento a
nivel local23. Finalmente, la creación de nuevos tipos de organizaciones, tales como las
Comunidades campesinas (el tipo de organización creada para ocupar las tierras
expropiadas según la Ley de Reforma Agraria de 1932), o los asentamientos para la
intensificación de cultivos, como sustitutas de organizaciones tradicionales, también
supondrían elevados costes de transacción, como ha puesto de relieve la literatura sobre
organizaciones24. Estos factores explican las enormes dificultades de intentar reorganizar
completamente, y desde arriba, la explotación de las tierras a nivel local.
La II República y la “cuestión yuntera”.
La “Cuestión yuntera” se iniciaría en octubre de 1932 con masivas invasiones de tierra
por parte de cultivadores que exigían repartos de tierra25. La reacción del gobierno fue
promulgar el Decreto de Intensificación de cultivos que consistía en repartir tierras de
cultivo entre los cultivadores sin tierra con el fin de apaciguar las invasiones (RD de 23
de octubre y 3 de noviembre 1932)26. El decreto estipulaba la concesión temporal de unas
pequeñas parcelas de tierra (1-5 hectáreas), para iniciar el barbecho y la siembra, es decir
por dos años, generalmente dentro de la rotación y bajo la supervisión del Instituto de
Reforma Agraria (IRA) que se encargó de enviar unos ingenieros, tanto para elegir las
22
Allen y Lueck, 2002, 69-77.
Popkin, 1979.
24
Williamson, 1981, 553-556.
25
Contamos con una buena descripción de las invasiones y asentamientos (Malefakis, 1971, 280-285;
García Pérez, 1985; especialmente detalladas son las de Riesco, 2006 para Cáceres y Espinosa, 2007 para
Badajoz).
26
Es muy improbable que los yunteros hubiesen cultivado la tierra en ausencia de una concesión de ciertos
derechos sobre la recolección. Una práctica habitual era exigir un pago por la realización del barbecho.
23
101
fincas en las que se producirían los asentamientos como para la selección de los
asentables. Sin embargo, la lentitud del proceso explica que el gobernador de
Extremadura, decidiera acelerar el proceso en Cáceres de forma que un porcentaje
importante fue resuelto de forma gubernativa y no por el IRA27. La “Cuestión yuntera”
se reabre de nuevo en el Parlamento en 1934 y 1935 para discutir y aprobar una prórroga
de la ocupación por otra cosecha más, y solo entonces se iniciaría una oleada masiva de
expulsiones al acabar el contrato28.
La “Cuestión yuntera” se introdujo en el programa del Frente Popular a través de la
promesa de la recolocación de los yunteros desahuciados, y menos de 15 días después de
su victoria electoral se pondría en práctica a través del decreto de 3 de marzo 193629. Sin
embargo las presiones del sindicato socialista, la Federación Nacional de Trabajadores de
la Tierra (FNTT), explicaría la promulgación de otro decreto (RD de 20 de marzo) que
justificaba la ocupación de tierras por ‘causa de utilidad social’30. Lo que no impidió una
segunda oleada de invasiones aún más masivas unos días más tarde, que fueron
legalizadas de forma muy similar a 1932, esto es, a través de la supervisión del IRA, un
control contestado a menudo por la FNTT que prefería dejar las ocupaciones en manos
del poder local31.
En la primera oleada (oct-dic 1932) se asentaron unos 33,000 campesinos sobre algo
menos de 100.000 hectáreas entre las dos provincias extremeñas, unas 3 has por
campesino32. Estos ocuparon unas 932 fincas (unas 100 hectáreas por finca ocupada) en
129 municipios, es decir en menos de un tercio de los municipios de la región 33: en
Badajoz, 17 de los 18 municipios de Llerena experimentaron ocupaciones de tierra, dos
tercios de los municipios de Jerez de los Caballeros, cerca de la mitad de los de Herrera
del Duque, pero ninguno de los 15 municipios de Almendralejo, ni los de Fregenal o
Zafra, y solo uno en el de Don Benito; en Cáceres tampoco los municipios de la Sierra
(las Hurdes) ni el Valle del Jerte o la Vera estuvieron afectados. Se concedieron además
unos créditos, la mayoría en Badajoz, algo más de 500 pesetas por cultivador y 180
pesetas por hectárea de tierra ocupada para la compra de semillas, abonos y el
27
Riesco, 2009.
Malefakis, 1971, 395-398.
29
Id. 423.
30
Tuñon de Lara, 1985, 175-76.
31
Tuñón de Lara, 1985, p.176.
32
Malefakis, 1971, 284 y 554
33
BIRA, 1933, 10, pp.52-59.
28
102
mantenimiento de los asentados34. Teniendo en cuenta que los gastos habituales en
semillas y abonos no superaban los 40-60 pesetas por hectárea en estas tierras, dos tercios
de los mismos se destinaron por tanto a avances salariales35. Para el IRA fue un éxito, al
menos según el informe publicado en el Boletín que publicaba, al favorecer el
asentamiento de numerosos campesinos sin tierras, y frenar las invasiones
descontroladas36. La segunda oleada de invasiones y asentamiento fue mucho más
importante, unos 81.000 cultivadores sobre cerca de 240.000 hectáreas, solo en
Extremadura37. Si las de 1932 fueron un fenómeno minoritario las de 1936 afectó a casi
todas las poblaciones extremeñas (un 85%).
Aunque los principales decretos sobre la Intensificación de cultivos no pasaron por el
parlamento, los debates en torno a la cuestión yuntera, tanto en 1934 como en 1935,
ofrecen una visión muy interesante del mismo, quizás no tanto por la descripción de los
hechos, sino porque pone de manifiesto la escasa información disponible a nivel nacional
sobre la cuestión. Por ejemplo, los debates muestran que no existía un consenso básico
sobre quiénes eran los asentados o yunteros: si para algunos diputados eran los
propietarios de yuntas sin tierra, o tierra insuficiente, es decir, cultivadores en potencia,
incluso parte de un grupo ascendente que debía fomentarse, para otros era un grupo de
campesinos sin capital suficiente (borriquillo…) o incluso obreros no agrícolas atraídos
por la oferta de tierras e incapaces de llevar una explotación sin ayuda externa 38. Si la
derecha prefiere reservar el término yuntero para los asentados por la ley, y usar el de
cultivador o labrador para los demás, la izquierda prefiere, al menos hasta 1935, el de
obrero o proletariado, por ejemplo, para definir a los asentados haciendo énfasis en su
origen humilde.
Menos controvertida es la adscripción política de los yunteros: así, si los colonos
socialistas habrían sido las principales víctimas de los desahucios previos a las invasiones,
pero también los principales beneficiados por la ley, gracias a la intervención de los
alcaldes de su signo político. De forma implícita las intervenciones ponen de evidencia
dos tipos de ocupaciones: en unos casos habrían tenido por objeto reponer los
desahuciados de 1932, a costa de los nuevos ocupantes de las tierras, indicando que se
34
BIRA, 1933, 10, 52-59.
Los gastos en semillas y abonos en Simpson y Carmona, 2015, 13.
36
BIRA, 1933, 11, 258-66.
37
Tuñón, 1985, 172-77.
38
Por ejemplo Fermin Daza que afirma que solo un tercio de los asentados eran auténticos yunteros (Diario
de Sesiones, 1934, p.4926).
35
103
trata de un conflicto por el acceso a la tierra cultivada entre yunteros socialistas y los de
otro color político; otros diputados en cambio insisten en que el decreto ha promovido la
destrucción de pastos (especialmente majadales) por parte de obreros en paro pero no
cultivadores. Pero los diputados no aportan realmente evidencias, excepto algunos
ejemplos aislados o locales, dado que las únicas estadísticas disponibles fiables eran las
del IRA, que insistía en que el 80 % de los asentamientos de 1932, por ejemplo, se habían
realizado en las rotaciones y no en pastos y majadales39. Con la excepción de las
cuestiones de índole jurídica, los debates requerían una información inexistente, tal como
el número de desahucios previos, el tipo de tierras en que se realizaba la ocupación (si se
ponía en duda los datos del IRA) o las características de los asentados. Pero en general,
la mayoría de los diputados, incluso de signos políticos opuestos y con diferentes
implicaciones políticas, tendían a considerar a los yunteros como cultivadores pobres con
escaso capital.
¿Quiénes eran los yunteros?
La “cuestión yuntera” de la II República explica que contemos hoy con dos
definiciones distintas de yuntero: la primera como sinónimo de pequeño arrendatario,
colono, mediero o senarero dueños de una yunta de labor con la que labraban una o varias
parcelas de cereal en las dehesas y entraría a formar parte por tanto de la clase media
rural40; y otra como los invasores o asentados por el IRA en 1932 y 1936, y comúnmente
asociado a trabajadores hambrientos de tierra pertenecientes a los peldaños más bajos de
la sociedad rural. Es numerosa la documentación oficial en la que no aparece el término
yuntero para definir a los cultivadores o campesinos extremeños en esta misma época. En
la documentación de los Jurados mixtos, (1931-33), se usa el de aparceros,
subarrendatarios, mediero o colono. En los planes de asentamiento de los ingenieros
agrónomos (1933-36), éstos utilizan la palabra senarero para describir tanto a los
ocupantes de tierras fruto de la intensificación como a otro tipo de cultivadores. La
difusión del concepto yuntero es por tanto posterior a la aparición de la Cuestión yuntera,
su uso fue incrementándose durante la II República, y perdurará después de la Guerra
39
Margarita Nelken menciona 135.000 hectáreas que se dejaron de cultivar (aunque no cita la fuente), o la
expulsión de 500 colonos en San Benito, a pesar de ser un pueblo donde no hubo ocupación de tierras según
la estadística publicada en el BIRA.
40
Por ejemplo Leal Ramos (1921, 24) que identifica yuntero con subarrendatario; Alvarez Jusué (1933, 31)
usa el término labrador para el cultivador subarrendatario de las dehesas..
104
Civil como puede verse en el gráfico 2. Hasta qué punto los dos conceptos son sinónimos
es la pregunta que trataremos de contestar en este apartado.
Gráfico 2. El uso de la palabra yuntero en la literatura del siglo XX, según Google
Ngram
Solo contamos con una información precisa sobre el número de yunteros asentados y la
superficie ocupada, pero bastante menos sobre sus características. Con respecto a los
cultivadores de las dehesas en la Extremadura de 1930, sabemos aún menos ya que ni
siquiera existen estadísticas sobre cuantos eran. A la ausencia de censos sobre la
estructura de la población activa agraria desde 1860 a 1956 se une, en el caso extremeño,
la movilidad de los cultivadores, la informalidad de los contratos y los cambios recientes
de la superficie cultivada.
Cuadro 2. Distribución de la población agraria en Extremadura, 1930.
Censo
jornaleros
población
población
Estadísticas
campesino.
informe
activa
catastrales.
Hogares
Badajoz.
masculina
Hogares
agrícolas
Hogares. 1948. agropecuaria
1930
agrícolas 1929 1933-34
100.892 44% 43.466
23% 91.440
arrendatarios
34.664
Plan activa.
Encuesta
(solo Badajoz) 1956
57% 94.283
62%
192.249 52%
22%
127.325 56%
propietarios
149.349 77%
105
propietarios - 10 has.
126.349 66% 33.716
propietarios + 10 has.
23.000
21%
12%
empresarios que emplean
mano de obra
59.409
empresarios familiares
117.711 32%
productores
con
tierra
suficiente
productores
sin
16.991
11%
40.229
27%
tierra
suficiente
población activa total
hogares agrícolas
16%
228.217 100
369.369 100%
192.815 100
campesinos pobres
151.503 100%
126.104 100
Fuentes: Poblacion activa masculina en Carmona, Roses y Simpson, 2015; Familias agrícolas en Carrión,
1932, p.390; Censo Campesino en Espinosa et alii, 2007, p.336 (hemos ajustado las cifras teniendo en
cuenta que solo el 80% de la población fue censada); Informe Plan Badajoz en Rosique Navarro, 1988, 82;
Población activa 1956 en Malefakis, 1971, cuadro 23.
El cuadro 2 recoge diferentes tipos de aproximaciones basadas en información
estadística contemporánea entre 1929 y 1956. Según estimaciones recientes sobre la
distribución de la población activa, propietarios y arrendatarios (sin distinción) sumaban
127.000 individuos, esto es, más de la mitad de la población activa masculina, una
fracción considerable de la población activa41. Otra estimación indirecta es la que realiza
Carrión en 1932 usando padrones y fuentes fiscales de 1929, a través de la que distingue
las familias de jornaleros puros, las propiedades insuficientes para mantener a una familia
(por debajo de las 10 hectáreas) y las demás. Solo un 12% de los hogares estaba por
encima de este umbral, y cerca de los 2/3 de los hogares, 126.000, tendrían tierra, pero
necesitaban trabajar fuera de sus propiedades. La cifra de jornaleros es mucho más baja
que en la primera estimación, aunque es posible que no estén incluidos los pequeños
propietarios que obtenían la mayoría de sus ingresos como jornaleros. El problema con
esta fuente fiscal es que no ofrece ninguna información sobre los arrendatarios, aunque
41
Carmona, Rosés y Simpson, 2015, 20-21.
106
es muy probable que se encontraran entre los propietarios con aperos de labranza pero
con tierras insuficientes. El Censo Campesino, el instrumento usado por los republicanos
para determinar los elegibles para la Reforma Agraria también usa como criterio de
explotación insuficiente la barrera de las 10 hectáreas, si bien aquí sí distingue los
arrendatarios y aparceros de los propietarios42. Pero el Censo recoge un número muy
inferior de cultivadores pobres, unos 67.000 entre arrendatarios y propietarios, la mitad
que en las anteriores, probablemente porque muchos arrendatarios prefirieron registrarse
como jornaleros, como se observa en la documentación municipal43. Por último, la
encuesta agropecuaria de 1956 que usa Malefakis, separa las grandes explotaciones de
las familiares, en este caso no de acuerdo con las dimensiones de la explotación sino por
el empleo o no de mano de obra no familiar44. Las explotaciones familiares, que incluían
a las explotaciones de dimensiones insuficientes, suponían los dos tercios del total con
120.000 familias, 60.000 como propietarios, y otro tanto como arrendatarios. Pero el
problema de esta encuesta es que se realiza unos 25 años después de los hechos y coincide
con una oleada de desahucios de yunteros45. Sin embargo los datos recogidos en 1948
para la elaboración del Plan Badajoz, pero solo para esta provincia, guarda ciertas
similitudes con esta última en la distribución entre empresarios con tierras suficientes (1/3
del total de cultivadores) y tierras insuficientes (2/3).
En resumen, las fuentes estadísticas contemporáneas, aunque ofrecen datos dispares,
nos muestra que el número de propietarios y arrendatarios era muy numeroso en la
Extremadura de 1930, de 120 a 150.000 familias, más de la mitad de los hogares agrícolas
y superior al número de jornaleros. En cambio el Censo campesino parece indicar que los
jornaleros eran más numerosos, mostrando importantes problemas de definición entre
categorías. Finalmente, encuestas posteriores sugieren que en el seno del grupo de los
42
La formación de un Censo campesino respondía a la necesidad del gobierno republicano de fijar las listas
de los potenciales beneficiarios de la reforma agraria y se realizó, según las localidades, entre 1932 y 1935
(Por ello formaba parte (como base 11) de la Ley de Bases de la Reforma Agraria del 9 de septiembre de
1932).
43
Los problemas del censo campesino en Corrionero, 1984. Por otra parte, las variaciones entre localidades
(sobre una muestra de 117 localidades cacereñas, el porcentaje de inscritos en el censo oscilan entre el 4 y
el 35%. En estos últimos casos es muy probable que incluyera los individuos en vez de los cabezas de
familias. Esta fuente tienen la dificultad añadida de que la autodefinición de pertenencia a un grupo social
es especialmente compleja en un periodo en el que la adscripción social (como labrador, yuntero o
jornalero) podía llegar a tener una fuerte connotación política. Collier (1987, 43) muestra como el
porcentaje de jornaleros aumenta de forma significativa entre 1928 y 1934 por cambios ideológicos en un
pueblo de Huelva.
44
Malefakis, 1971, p.121.
45
Pérez Rubio, 1994.
107
cultivadores, las explotaciones con tierras insuficientes suponían en torno a dos tercios de
las explotaciones totales. Si aplicamos este último porcentaje al número de propietarios y
arrendatarios totales, sumaría de 80 a 100.000 cultivadores con tierras insuficientes. En
comparación, los invasores de 1932 (33.000) suponían del 33 al 41 % de estos, los de
1936 (81.000) de 80 a 100% del total.
Una característica clave de estos cultivadores de dehesas, dada su movilidad, era la
posesión de unos animales de tiro o yunta. Los estudios de la época consideran que una
yunta de mulas estaba en condiciones de cultivar entre 25 y 30 hectáreas. Las de asnos,
muy habituales también, un 40% de esta cifra (de 10 a 12 hectáreas), y menos las medias
yuntas de mulas y asnos. Tampoco contamos aquí con buenas estadísticas al respecto.
Según un estudio del IRA (Instituto de Reforma Agraria, 1934), Extremadura contaba
con unas 55.000 yuntas, de las que unas 38.000 eran mulares (las restantes eran vacunas)
y por tanto mejor adaptadas a las zonas adehesadas. Teniendo en cuenta que la superficie
cultivada en cereal en Extremadura era de 1,6 millones de hectáreas46, cada yunta estaría
cultivando una media de 29 hectáreas, el máximo que podía cultivar una yunta de mulas,
lo que indicaría el pleno empleo de las mismas47. Pero es un supuesto poco realista y
excesivamente bajo, dada la existencia de un elevado aunque impreciso número de yuntas
en gran parte ociosas como mencionan las fuentes de la época, y porque no incluye las
yuntas asnales, muy numerosas en esta época48.
Sin embargo el hecho de que coexistieran propietarios de yuntas completas de mulas,
medias yuntas o asnales, indica que las diferencias de dotación de capital de un yuntero
influía en su capacidad para cultivar explotaciones de distintas dimensiones (de un
mínimo de 5 a un máximo de 30), y pone de relieve una heterogeneidad que los censos
precedentes a escala provincial no reflejaban. Pero el uso de fuentes a escala comarcal y
local permite apreciar, e incluso medir este fenómeno.
A partir de la información proporcionada por los Jurados Mixtos de la propiedad
del partido judicial de Cáceres, un área de dehesas donde las invasiones fueron
46
Anuario Estadístico de España, 1934, pp. 72, 95 y 296-7.
Y hace sospechar que se ajustaron los números para que cuadraran con las superficies cultivadas, tal
como hacen los ingenieros agrónomos en los planes de aplicación. En el caso de la dehesa de las Merinillas,
por ejemplo, se calcula el número de yuntas dividiendo la superficie (596 hectáreas) entre las 23 hectáreas
que podía cultivar una yunta. AIRA, Caja 6.59.
48
Zapata ofrece cifras más altas e incluye los asnos: 123.000 asnos y 91.000 mulas, unas 105.000 yuntas
completas, el triple de los números ofrecidos por el IRA, pero a diferencia de esta última, no distingue el
uso, y no todas eran utilizadas para la labranza. Zapata, 1982, 706-709.
47
108
importantes, se puede estudiar las dimensiones de las explotaciones en subarriendo al
advenimiento de la república49. Si 30 hectáreas marcan el límite máximo de una
explotación familiar con yunta de mula se puede observar que 83,7 % de los colonos no
superaban estas dimensiones, y el 57,8 % no superaba siquiera las 10 hectáreas, el
requisito para registrarse en el Censo campesino.
Cuadro 3. Distribución de las explotaciones de aparceros y subarrendatarios según
su superficie, 1931-32. Partido Judicial de Cáceres
hectáreas
según
tamaño
de
explotación
la
tamaño
N
% / total
has/colono explotación % / total
> 100 hectáreas 6
1,3
130,2
781
9,2
50-99
48
10,3
64,2
3.082
36,5
30-49
22
4,7
39,8
876
10,4
76
16,3
62,3
4.738
56,1
10-29 hectáreas 120
25,8
16,1
1.932
22,9
5- 9,9
207
44,5
7,7
1.594
18,9
<5
62
13,3
2,9
180
2,1
Subtotal
389
83,7
9,5
3.706
43,9
total
485
100
15,6
8.444
100,0
explotaciones superiores a 30
hectáreas
Subtotal
explotaciones
inferiores
a
30
hectáreas
Fuente: AHPC, Jurados Mixtos de la Propiedad Rustica. Solo incluye a aparceros y
subarrendatarios (a medias o con renta en metálico)
49
Carmona y Simpson, 2014, 206-8.
109
Sin embargo estos colonos coexistían con un grupo pequeño (un 16,3 %) que
cultivaba más de la mitad de la superficie subarrendada, pero en explotaciones de
dimensiones superiores a las que podía cultivar una yunta de mulas, por lo que requeriría
mano de obra externa. Sin embargo no se diferenciaban del resto de los aparceros, ni por
el tipo de contrato, igualmente temporal, ni contaban con ganado de renta, y eran
cultivadores locales, esto es “yunteros” en el sentido tradicional de la palabra.
Esta heterogeneidad en el grupo de cultivadores de las dehesas es observable
también usando otras fuentes locales. Cruzando datos procedentes de diferentes fuentes
(Censo campesino, censo ganadero, censo electoral) de una localidad de la misma
comarca de Cáceres, Casar de Cáceres, comprobamos que las diferencias son muy
acusadas (Gráfico 3).
Gráfico 3. Distribución de las yuntas en Casar de Cáceres (Cáceres) por hogares
(1932-34).
Fuente: Fuente: Archivo Municipal de Casar de Cáceres, Censo Campesino, 1934 y Censo líquido
imponible, 1932; Archivo Histórico de la Provincia de Cáceres, Acta de Recuento de la ganadería
para el año de 1932. 1. Censo campesino B y D corresponde a arrendatarios y propietarios, el A a
jornaleros. El grupo de colonos ganaderos solo incluye a los que labran y a la vez poseen ganado
de renta (ovino, cerda y/o vacuno).
En este caso, sobre un total de 439 familias con ganado de tiro (excluidos pastores
y jornaleros), un tercio de éstas (160 familias) labraban más de 10 hectáreas (lo sabemos
porque no estaban registrados en el Censo Campesino) y poseían en su mayoría una yunta
110
de mulas, mientras que un 55% (unos 230) cultivaban menos de 10 (4 hectáreas de
media). Pero las características de este grupo más pobre tampoco eran homogéneas: un
número importante contaba con yunta mular y la mitad se registraba como jornalero, a
pesar de contar también con ganado de labor, si bien disponían de menos capital (el 75%
solo contaba con un asno). Sin embargo debe tenerse en cuenta que la población agraria
carentes de yuntas representaba un tercio de los hogares agrícolas50.
Los datos proporcionados por estas dos distintas fuentes ofrecen, sin embargo, un
gran paralelismo: cerca de un 60 % de los cultivadores o dueños de yuntas cultivaban
según éstas menos de 10 hectáreas, unos porcentajes similares a los de la encuesta de
1956.
En su obra, Malefakis consideraba a los cultivadores que invadían las tierras como
un tipo de clase media, dado que por debajo de este se hallaba más de la mitad de la
población activa51. De hecho los costes de entrada para llevar una explotación no eran
tan bajos como podría inferirse de su pobreza, según las fuentes contemporáneas. El coste
de una yunta de mulas se situaba en torno a 1.250 pesetas según los ingenieros agrónomos
entre 1933 y 1935, y algo menos de la mitad si era de asnos 52. Sumando los aperos y
herramientas el capital necesario alcanzaba un total 2.250 pesetas, una cantidad elevada,
muy superior, por ejemplo, al valor de una parcela de tierra53. Incluso los cultivadores
más pobres contaban con cierto capital. Así, los asentados de La Pulgosa a pesar de
integrar el Censo Campesino, además de contar con la propiedad de sus casas, contaban
con yuntas asnales con 200 pesetas en herramientas además del valor de los animales 54.
En resumen, los cultivadores formaban una clase media muy numerosa, aunque muy
heterogénea. Los cultivadores del Censo campesino, aunque situados en la parte inferior
50
En el censo campesino solo están registrados 106 familias de jornaleros, y no incluyen otras familias (37)
que consta en otra lista del ayuntamiento. Es posible que subestime el número total de jornaleros rurales,
pero no necesariamente, dado que Casar es un pueblo con un término municipal relativamente pequeño lo
que obligaba a la población agraria a contar con ganado de labor para trabajar fuera del término.
51
Malefakis, 1971, 149-151.
52
AIRA, caja 6.72 por ejemplo. Aunque las mulas de más edad tenían valor inferior, unos 375 pesetas las
de 12 años, las diferencias de precios entre mulas de la misma edad podía ser importante, de 462 a 625
pesetas por una yunta de 3 años en una muestra de solo 5. AIRA, caja 6.72, Ganado adquirido para la finca
Tablado y Capilla, 3 de junio de 1936. La yunta de asnos en Pérez Rubio, 1991, p.342.
53
En Jerez de los Caballeros, la renta media de las dehesas intensificadas en 1932 iba de las 15 hasta 80
pesetas por hectárea, de forma que el precio por hectárea se movía entre los 300 y 1.600 pesetas. AIRA,
caja 6.85, Aprobación de rentas de fincas situadas en Barcarrota, Jerez de los Caballeros, Olivenza y
Badajoz.
54
Uno de ellos contaba incluso con un carro valorado en 1.000 pesetas.
111
del grupo, habían podido acumular cierto capital, posiblemente en contraste con los
jornaleros sin apero alguno.
Dadas las grandes diferencias entre ellos en dotación de capital, no está claro que
el concepto de ‘hambre de tierras’ que se utiliza habitualmente para explicar las
invasiones de tierra tuviera el mismo sentido para todos los participantes. Así, sería
distinto en el caso del propietario de una yunta completa que solo cultivaba 8-10 hectáreas
y necesitaba llegar a las 25, en comparación con el de un ‘jornalero’ con un simple asno
y un par de hectáreas pero deseoso de llegar a 5-6 hectáreas. Sin embargo ambos podían
tener el mismo interés en añadir una nueva parcela a su explotación y participar en las
invasiones o la ocupación de tierras. De ahí que el hecho de que solo se repartieran
parcelas de 2 a 5 hectáreas entre los yunteros y casi siempre a partes iguales no significa
necesariamente que el grupo fuera homogéneo. Los contemporáneos no dicen mucho
sobre esto, y las estadísticas tampoco. Mientras las correspondientes a los invasores o
asentados de 1932 y 1936 son muy detalladas con respecto al número exacto de asentados,
superficie ocupada y localización de las fincas, no aporta ninguna información sobre las
características de los asentados, ni siquiera sobre los mecanismos de selección55. Es decir,
no hay ninguna evidencia de que fueron mayoritariamente los campesinos de menos de
10 hectáreas, o qué parte de ellos, y los criterios usados para seleccionarlos. El motivo
es la forma en que se realizaron los asentamientos, ya que desconocemos si fueron los
invasores los que finalmente fueron asentados, y cuál fue el papel de los ayuntamientos a
la hora de seleccionarlos.
A pesar de la falta de información, dado que el proceso se realizó a nivel local con
relativamente poca intervención gubernamental, es posible sin embargo reconsiderar las
características del movimiento combinando un nuevo tratamiento de las estadísticas
combinado con el uso información de tipo local. Por una parte, el número de municipios
afectados es muy distinto en las dos oleadas de invasiones: en 1932, solamente un tercio
de los pueblos participa en las invasiones (128 en toda Extremadura), pero alcanza el 82
% en 1936 (296). En cuanto al porcentaje de participación por pueblos, si solo tenemos
en cuenta la población de los pueblos afectados, es de un 40 % de media de los hogares
en las dos invasiones. Esto implica, en términos generales, que el enorme incremento de
1936 no se habría debido tanto a la incorporación de nuevas capas sociales en cada
55
En contraste con los asentamientos de la Reforma Agraria, donde contamos con datos muy detallados, si
bien el IRA no contaba con cifras agregadas.
112
pueblo, como se señala a menudo en la literatura, como a la difusión de las invasiones a
nuevos pueblos. Nos dice también que se ha sobrevalorado mucho el papel de los
desahucios de los yunteros de 1932 en estas segundas invasiones, dado que la gran
mayoría de los pueblos afectados por estas últimas no tuvieron ninguna relación con las
primeras invasiones.
Gráfico 4. Distribución de los municipios con expedientes de intensificación de
cultivos según el porcentaje de hogares totales afectados, en 1932 y 1936 (en %).
Fuentes y método. Véase cuadro 3; para el número de hogares hemos usado el de
cédulas en el Censo de poblacion de 1930. El número de asentados en BIRA, 1933
y 1936.
Por otra parte, tampoco las cifras medias resultan significativas, ya que la
distribución de las invasiones según las localidades es bastante desigual. Muchos pueblos
con censos campesinos no conocen invasiones pero, en el otro extremo, un gran número
de municipios cuenta con repartos masivos entre casi todos los hogares. El gráfico 4
muestra qué porcentaje de los hogares accede a fincas intensificadas por localidad en toda
Extremadura y se puede observar que un porcentaje muy elevado, tanto en 1932 como en
1936, conocen intensificaciones que afectan a una gran mayoría de los hogares (más del
50%), un porcentaje que es aún mayor si tuviéramos solo en cuenta los hogares agrícolas
(según el tamaño de las poblaciones entre un 70 y un 85% de la población total).
En el caso de Torreorgaz, por ejemplo, los 182 ocupantes de la finca de la condesa
viuda de Campo-Giro, suponían un mínimo del 37 % del número de hogares de la
113
localidad, y un 62% de los propietarios de ganado de labor56. Pero el hecho de que siete
de los ocupantes contaban además con ganado de renta (ovino y vacuno), y otros ocho
con más de una yunta de mulas indica que no incluía solo a cultivadores pobres 57. En
cambio, en el caso de la vecina Malpartida de Cáceres, solo la mitad de los yunteros
asentados por el decreto de intensificación de cultivos estaban registrados en el Censo
campesino como arrendatarios, y un tercio no tenía ganado de tiro58. Sin embargo, según
estas mismas fuentes, dos tercios del censo campesino del mismo pueblo no lograrían
ninguna tierra en 1932.
Por otra parte, las ventajas que proporcionaba el decreto de intensificación de cultivos
eran idénticas para todos los ocupantes, independientemente de los recursos iniciales: el
pago de una renta más baja, la obtención de créditos para la compra de abonos o simientes,
o incluso recursos para mantenerse durante unos meses. Pero en el caso de no concederse
estas últimas, eran los cultivadores más pobres los que podían quedar excluidos al no
poder financiar la puesta en marcha de su explotación.59.
En resumen, algunas evidencias de tipo local, como el hecho de que en un gran
número de localidades la mayoría de los cultivadores participaran en las invasiones
sugieren que el grupo de invasores era muy heterogéneo, tanto por sus recursos como
como por sus objetivos. El carácter local de las invasiones no solo explicaría la escasa
información agregada sobre la naturaleza de las mismas, sino su carácter heterogéneo a
nivel municipal, lo que explica las grandes diferencias locales en términos de
participación. Sin embargo, los debates de las Cortes y los comentarios contemporáneos
han tendido a subrayar la pobreza y total falta de tierras de estos, bien por su condición
de jornalero, bien por haber sido previamente desahuciados. En este sentido, el reducido
tamaño de las parcelas entregadas en la Ley intensificación de cultivos (3 hectáreas de
tierras de secano de mala calidad) que apenas servía para un cultivo de subsistencia, y
que ha sido usado como una prueba de esta hipótesis, no descarta sin embargo la
56
AHPC, Censo ganadero de Torreorgaz, 1930.
AHPC, Jurados Mixtos, leg.626. La finca tenía una cabida de unas 1.000 fanegas. Sin embargo el censo
ganadero de Torreorgaz nombra unos 50 propietarios de media yunta, y otros 133 con una yunta completa.
58
El archivo municipal conserva una lista de 2/3 de los asentados, nominales que pudimos cruzar con el
censo campesino y el censo ganadero; Archivo municipal Malpartida de Cáceres. Exp. 746, “Censo de
yunteros de esta localidad que no disponen de tierra ni propia ni arrendada”. Exp. 296, Actas de Tomas de
posesión, marzo 1936. Exp. 292, Censo Campesino
59
No contamos con mucha información al respecto, pero existen indicios, como esta carta del ingeniero
jefe de Badajoz que menciona la disminución del número de obreros por esta razón. AIRA, caja 6.88.
57
114
posibilidad de que pudiera servir para completar las explotaciones de cultivadores más
ricos.
Campesinos divididos en torno al acceso a una tierra escasa
El impacto de los asentamientos en la organización agraria ha sido una cuestión muy
discutida por los contemporáneos como ya se mostró a través de los debates
parlamentarios. Para algunos, las invasiones se habrían producido en los pastos
permanentes o en los majadales (posiblemente para muchos fuera lo mismo), que al
ponerse en cultivo amenazaba la fertilidad a largo plazo de las explotaciones. Para otros,
se habrían producido en los eriales temporales dentro de la rotación, ya que según ellos
era posible cultivar la tierra con más intensidad sin reducir su fertilidad. El IRA y el
gobierno defendían el escaso impacto global de los asentamientos recién realizados
comparando las superficies asentadas con la superficie útil total de la región, 2,3 y 5,6 %
en 1932 y 1936 respectivamente, un impacto ciertamente pequeño teniendo en cuenta el
elevado número de participantes y las enormes extensiones ocupadas. Pero en la medida
en que se barbechó toda la superficie ocupada (era un requisito para obtener ayudas),
tendría más sentido compararla con la superficie sembrada de cereales. Esto produce
valores muy superiores, del 13,3 % en 1932 e incluso 32 % en 193660. El uso de uno u
otro denominador (superficie útil por un lado o superficie sembrada por otro) dependerá
por tanto del tipo de tierra ocupada, una cuestión relativamente compleja en el caso de
una dehesa.
Las invasiones requerían la existencia de tierras sin cultivar, y el hecho de que los
asentados se instalaran sobre 250.000 hectáreas en unas pocas semanas de la primavera
de 1936, parece sugerir precisamente que había muchas tierras vacías. Pero esto es olvidar
que muchas tierras no cultivadas lo eran solo temporalmente, a diferencia de los pastos
permanentes. Con el fin de ilustrarlo, el gráfico 2 representa las hojas de una dehesa y
las zonas potenciales en las que asentar yunteros sin entrar en conflicto directo con los
colonos existentes. Se observa que el asentamiento solo se puede realizar en dos trozos
de la dehesa, la de rastrojos (siempre que el colono no tuviera derecho al resiembro o
‘relva’), y la de pastos dentro de la rotación, a diferencia de lo que ocurría en la las tierras
60
En 1932 se ocuparon 99.130 hectáreas, y en 1936, 238.797 (Garcia Perez, 1985, 1009 y 1018): La
superficie cultivada era de 1.607.338, la de cereal de 1.323.000 y la sembrada de 745.869 en toda
Extremadura. Anuario, 1934, pp.296-7. La sembrada incluye cereales, leguminosas y barbechos semillados.
115
de año y vez. En la medida en que los contratos de los colonos eran temporales y se
acababan al finalizar la recolección de la primera cosecha, no contaban en principio con
derechos sobre los pastos, aunque estos formaran parte de la rotación. Sin embargo, en
el caso en que el asentamiento se produjera sobre este trozo, no se estaría produciendo un
aumento de la superficie sino un cambio de colonos ya que el colono saliente no podría
seguir cultivando la misma finca. Las invasiones también se podían producir sobre los
pastos permanentes sin afectar a la tierra de cultivo de cereal en cuyo caso se produciría
un incremento neto de la superficie cultivada.
Grafico 5: Impacto de las invasiones o asentamientos en una dehesa
De esta forma las invasiones podían impactar de tres formas distintas en las
dehesas: si se trataba de la reocupación de unas tierras que habían estado en cultivo y que
los propietarios habían convertido en pastos como reacción a las medidas agrarias de 1931
y 1932, o simplemente para dejarlas en descanso, no aumentaba la superficie cultivada
(hipótesis del retraimiento)61; si los invasores se asentaron en pastos permanentes porque
no había tierra cultivable disponible (hipótesis de los majadales), que es el tipo de
situación denunciada por los propietarios en el parlamento, esto habría supuesto un
61
Los desahucios o no renovación de contratos propios de la tesis del retraimiento de los que habla la
literatura se habría producido especialmente en el verano de 1932, un par de meses antes de las primeras
invasiones.
116
aumento de la superficie cultivada neta; la tercera posibilidad es que se ocuparan tierras
dentro de la rotación, con lo que suponía la expulsión ‘implícita’ de los cultivadores que
las estaban cultivando (hipótesis de la sustitución) y tampoco habría provocado un
incremento de la superficie cultivada neta62. Las dos primeras suponen un enfrentamiento
de los colonos o invasores con los ganaderos o propietarios; la última implica además un
conflicto entre colonos entrantes y salientes. En el cuadro 4 se puede observar la
importancia que tiene este fenómeno de la sustitución en ciertas fincas del IRA en las
primeras invasiones de 1932. En Tablado y Capilla, por ejemplo, la superficie
intensificada (ocupada) equivale casi exactamente a la hoja correspondiente a la rotación,
sembrada anteriormente por aparceros. El ingeniero agrónomo que realizó el plan de
asentamiento deja claro que la mala calidad del suelo no permitía cultivar una superficie
superior y no permitía por tanto la coexistencia de las dos comunidades a largo plazo63.
Cuadro 4. Superficies ocupadas por el decreto de intensificación y superficies
cultivadas en rotación en 1932-34 en algunas fincas (en hectáreas).
superficie
sembrada
superficie
previamente
%
superficie
intensificada u en la rotación ocupada sobre la
Fincas
ocupada
(*)
sembrable
Tablado y Capilla
80
88
91%
La Pulgosa
48
136
35%
Zarzoso
51
76
67%
Los Vidales
64
175
37%
Margaritas
64
176
36%
Cerrollano
38
179
21%
Fresnillo y Pinel
175
281
62%
62
Esta hipótesis incluye los casos en que los propietarios habrían sustituido unos colonos por otros, a
menudo como castigo como denuncian los contemporáneos, y que no incluimos en la hipótesis del
retraimiento porque siguieron cultivándose. Este caso se habría dado según la literatura especialmente
antes de las invasiones de 1936.
63
La creación de la comunidad campesina implicaba naturalmente la expulsión de los asentados de 1932.
117
Guaperal
32
96
33%
Palacitos
96
82
117%
Lapas y Risquillos (**)
418
520
80%
Merinillas
137
446
31%
(*) incluye la siembra de leguminosas
(**) la superficie intensificada incluye los pastos
Las superficies intensificadas en ARIA, cajas 6.85, 6.28, 6.15 Y 6.17
Las fuentes oficiales carecen de estadísticas sobre el tipo de tierra ocupada, pero
es muy posible que se dieran los tres casos, dependiendo de cada localidad. Si aceptamos
la afirmación del IRA de que en 1932 el 80% de los asentamientos se había realizado
sobre suelo cultivable y no sobre pastos permanentes, tendríamos que suponer que las
opciones primeras y terceras fueron las más habituales, por lo que la sustitución de
colonos estuviera muy extendida64. Precisamente esto es lo que parece confirmar estudios
recientes sobre las invasiones y ocupaciones de 1932 y 1936. Riesco, usando la
correspondencia del Gobierno Civil, menciona numerosos conflictos entre los antiguos
cultivadores y nuevos ocupantes por el uso de la tierra o incluso entre yunteros de
diferentes pueblos, o diferentes grupos a que llama ‘competencia desleal entre yunteros
asentados y asentables’65. Incluso las comunidades de campesinos creadas por el IRA
fueron invadidas66. En otros casos, los yunteros presionarían para ocupar las tierras
elegidas por ellos mismos, aunque ya estuvieran en cultivo, en vez de las tierras señaladas
por el IRA demasiado alejadas del pueblo67. En el caso de Jaraíz de la Vera, se critica al
IRA por ofrecer tierras ‘improductivas’, y se le exige que se las ofrezcan en tierras
productivas68. Este último ejemplo pone de relieve la dificultad de ‘intensificar’ las tierras
de mala calidad.
También en el caso de Badajoz, según el estudio de Espinosa, se habrían dado
estos conflictos entre arrendatarios (cultivadores) y yunteros69. El ministerio tuvo que
64
García, 1985, p.1008.
Riesco, 2006, 303-4.
66
id., 304.
67
id., 309.
68
id., 310.
69
Espinosa, 2007, 152-54.
65
118
sacar una ley el 9 de julio que exceptuaba los asentamientos en las tierras cultivadas desde
antes del 1 de enero, si bien dado el carácter temporal de los contratos es probable que no
pudiera impedir la ocupación de otras partes de una dehesa tal como hemos visto70. Una
vez iniciada la guerra civil, y tras la ocupación franquista, el decreto 71 sobre yunteros de
28 de agosto 1936 que reasignaba las tierras a los arrendatarios, colonos, yunteros y
medieros expulsados tras las invasiones de marzo también van en este sentido71; en
algunos casos se expulsó a los cultivadores que obtuvieron tierras en 1935-36 “por causa
electoral de intensificación contraria a la II República” o por “reparación moral”72.
El archivo del IRA incluye en su documentación casos de denuncias de
propietarios o colonos que son expulsados de las tierras que cultivaban, como en
Malpartida de Plasencia73. Sin embargo, la historiografía prefiere reservar el uso de la
palabra yuntero para los asentados, y dejar el de aparceros, cultivadores, incluso
arrendatarios para los cultivadores desplazados74. En todo caso, este tipo de conflictos
pone de evidencia la falta de tierras cultivables, no su abundancia.
La sustitución de cultivadores con el fin de satisfacer la demanda de tierras por
parte de cultivadores no es exclusiva de las invasiones o de la ‘ley de intensificación’. La
creación de comunidades campesinas en Badajoz o Cáceres con la Ley de Reforma
Agraria también se hizo a costa de la expulsión o fin de contratos de numerosísimos
cultivadores, no solo de los ganaderos, en significativo contraste con la retórica en favor
de los colonos de los reformistas republicanos. Una relación de los ocupantes de 5 fincas
de Navalmoral con vistas a su ocupación por una comunidad de campesinos en 1934
enumera a 143 expulsados75. Es cierto que la ley permitía el reasentamiento de los
antiguos colonos siempre que formaran parte del Censo campesino, pero no el de los que
cultivaran más de 10 hectáreas. Este fenómeno pone de nuevo de relieve la escasez de
tierra cultivable.
70
id., 182.
id., 212 y 237.
72
id, 113-14.
73
Cartas de propietarios o de ‘labradores’. AIRA, Caja 10.23 para jaraíz; caja 10.70 para Malpartida de
Plasencia.
74
Riesco, 2009 y Espinosa, 2007, siguiendo en esto la terminología de la época.
75
AIRA, caja 10.0.1.
71
119
Cuadro 5. Numero de aparceros salientes y entrantes en los nuevos asentamientos.
%
colonos
incremento
existentes
en
el
antes de la campesinos número de
Finca
expropiación instalados
Castillo de Guadajira 29
Señórío
cultivadores
65
124%
y
Taldarrobas
250
180
-28%
Cerrollano
18
30
67%
Margaritas
16
32
100%
Quinto de Almadén
70
33
-53%
Tablado y Capilla
17
17
0%
Represa
72
70
-3%
Tocinillos
7
16
129%
TOTAL
479
443
42%
Fuente: AIRA, Cajas 6.9, 6.13, 6.25,
6.37, 6.39, 6.40, 6.72
Si los historiadores y contemporáneos no han destacado el conflicto sobre la tierra
entre distintos tipos de subarrendatarios o cultivadores, no pasaban desapercibido a nivel
local y, como hemos visto, los conflictos ponen de relieve que los yunteros sabían lo que
estaban haciendo. En la medida en que la extensión de cultivo ya no era tan fácil en los
años 30’, lo que se dirimía a nivel local era determinar cuál de los diferentes grupos de
trabajadores tendrían acceso a la tierra de cultivo: ¿los que habían conservado la confianza
de los propietarios e ganaderos, y a los que se dio preferencia durante el Bienio Negro?,
¿o aquellos que eran miembros de la FNTT, y que ayudaron al triunfo del Frente Popular
en febrero de 1936? ¿Los cultivadores procedentes de los pueblos limítrofes que podían
llevar décadas cultivándolas? ¿O los cultivadores locales sin tierras en paro o tierras
120
escasas? La retórica yuntera (o de la FNTT) oculta este problema, dado que solo pone de
manifiesto el rasgo anti propietario o anti ganadero, y la existencia de una cierta
unanimidad entre una presunta comunidad yuntera frente a ellos. Pero no da mucha
información sobre los motivos del desplazamiento de otros cultivadores. Estos últimos
eran ¿más ricos?, ¿eran foráneos?, ¿o bien católicos?
Mostramos que los aparceros solo contaban con derechos temporales y los
distintos proyectos de reformas o regulación de arrendamiento de la Republica no resolvía
este problema. Pero lo que pone de manifiesto la distintas actuaciones de la II República
para resolver la demanda de tierras de los cultivadores, es que cada una de ellas iba a
dirigida a diferentes beneficiarios y siempre a expensas de otros: los ocupantes temporales
de la Ley de Intensificación eran heterogéneos, como vimos, si bien parece que los
cultivadores socialistas tenían prioridad y solían ser de la localidad76; en cambio los
cultivadores de las comunidades campesinas eran elegidos según un orden riguroso de
acuerdo con el tamaño de la familia y la posesión o no de capital e incluso podían proceder
de municipios limítrofes77; por su parte, la ley frustrada de reparto de comunales de julio
de 1936 hace pensar que los cultivadores locales habrían tenido preferencia sobre los
foráneos y los criterios habrían venido marcados a nivel local78. Finalmente, en el sistema
tradicional, eran los propietarios o los arrendatarios o ganaderos los que tenían la
capacidad de elegir a sus colonos y las condiciones, y muy posiblemente dando, por
ejemplo, ventajas a los católicos organizados o no79.
Dada la escasez de tierras cultivable, las diferentes modalidades de acceso
contempladas generaron inevitablemente conflictos entre ellos. Contamos, por ejemplo,
con numerosas evidencias de que los ayuntamientos y asociaciones de cultivadores no
estaban conformes con la selección de campesinos realizada por el IRA dado que
perjudicaba sus intereses80. La FNTT deseaba en marzo de 1936 que el IRA no
supervisara los asentamientos y les dejara establecer los criterios81. Los propietarios
rechazaban a los yunteros instalados en sus tierras porque vulneraba su derecho a elegir
76
Riesco, 2006, 145-7, Espinosa 2007, 137 o 151.
Simpson y Carmona, 2015, 17-19.
78
El rescate de los comunales tuvo un papel destacado en el discurso socialista sobre reforma agraria. Vid
Cruz Artacho et alii, 2002, 292.
79
Sobre la importancia de la toma de decisión por parte de los propietarios: Pérez Rubio,1984; Cutileiro
(1971) hace la misma observación en el caso del Alentejo. Rees menciona la consigna de las federaciones
de propietarios de ceder la tierra exclusivamente a los labradores leales (1990, 105).
80
Simpson y Carmona, 2015.
81
Tuñon de Lara, 1985.
77
121
los colonos, y no necesariamente su derecho a no cultivar o dedicar la tierra a pastos. En
otros casos, los cultivadores de las asociaciones católicas podían perder sus contratos en
favor de los invasores socialistas82. Finalmente los conflictos entre campesinos de
diferentes localidades fueron muy numerosos durante las invasiones83. Riesco menciona
varios conflictos entre grupos de yunteros ‘o labradores’ de diferentes pueblos en
Torremocha, o en Talayuela84. También Espinosa menciona conflictos entre localidades
de Badajoz por el tamaño de los lotes85. La enorme desigualdad entre los recursos de
diferentes municipios, incluso contiguos, explica la importancia del poder de decisión
local y dificultaba la coordinación en el asentamiento de los campesinos. Así, las
diferencias de líquido imponible territorial (un indicador de producto agrícola) por unidad
familiar en 1930 en el seno del partido judicial de Jerez de los Caballeros, variaban de un
mínimo de 47 pesetas en Valle de Santa Ana hasta los 972 en el enorme municipio de
Jerez de los Caballeros86. Estas enormes diferencias explican tanto el interés del IRA por
readecuar la población rural sin tener en cuenta los límites municipales, como las
resistencias de la población local y las demandas de mayor autonomía a la hora de realizar
los asentamientos. En definitiva, la expropiación, temporal o definitiva, u otro tipo de
intervención, no sólo limitaba los derechos de propiedad del propietario, sino que
afectaban igualmente a los derechos contractuales de los cultivadores87.
Uno de los principales éxitos de los invasores es haber convencido a la opinión
pública de que se trataba de un conflicto exclusivamente entre propietarios absentistas y
la totalidad de los cultivadores locales y favorecer una intervención gubernamental
favorable a sus intereses enmascarando el hecho de que se trataba también de un conflicto
entre distintas modalidades de acceso 88. En este sentido, las tres reformas acometidas
82
Por ejemplo Espinosa, 2007, 144.
La rivalidad entre pueblos vecinos es una constante como pone de relieve Pitt Rivers, 1989, 45-48 o
González de Molina y Ortega, 2000, 106.
84
Riesco, 2006, 303-04 y 309-10.
85
Espinosa, 2007, 132.
86
El líquido imponible en Carrión, 1932, 178-179; unidad familiar según Censo de población de 1930. La
ley de términos municipales favoreció los conflictos e incluso habría podido tener efecto en las invasiones
(Alonso Peña, AIRA, caja 0-3, p.8). El Obrero de la Tierra hace referencia extensamente al conflicto entre
S. Vicente de Alcántara, ‘un pueblo sin término’ con sus vecinos. (23 julio y 20 agosto 1932).
87
Existen casos de ofrecimiento de tierras en primavera de 1936 al Instituto de Reformas Sociales. Una
posible interpretación de estos es que pudiera ser una forma de garantizar que los contratos existentes fueran
respetados. Esta es la condición puesta por el propietario de la dehesa de 2.400 hectáreas llamada Señorío
y Taldarrobas (Almendralejo). La asociación de trabajadores de la tierra no es favorable a la distribución
de las parcelas, pero se acepta finalmente que los arrendatarios de 10 a 20 hectáreas puedan seguir
cultivándolas. AIRA, caja 6.37.
88
Las invasiones como llamadas de atención dirigidas a la opinión publica urbana en Alston & alii. 2010.
83
122
simultáneamente por los republicanos, la Intensificación, la creación de comunidades
campesinas en tierras expropiadas, y el rescate de los comunales podía afectar a las
mismas tierras, pero no a los mismos beneficiarios.
Conclusiones
Las invasiones y ocupaciones de tierras de 1936 protagonizadas por los yunteros
supusieron el mayor episodio de redistribución de tierras del régimen republicano antes
de la guerra civil y para algunos habría permitido desbloquear una reforma agraria
demasiado burocrática y que suscitaba demasiadas resistencias dentro y fuera del
gobierno89. Es muy posible que este tipo de ocupaciones, de abajo-arriba (bottom-up),
fuera el mecanismo más eficaz para redistribuir el uso de la tierra en áreas donde se
combinaba la gran propiedad y el cultivo familiar, y la frustrada ley de rescate de
comunales de julio 1936 habría tenido seguramente un efecto similar. Pero la ocupación
de tierra la realizó una clase media, muy amplia y variada ciertamente, y dividida con
respecto a los medios y los criterios de ocupación.
En este trabajo mostramos que dada la escasez de tierra cultivable, en consonancia
con los estudios actuales sobre la agricultura extremeña, el conflicto no se desarrollaba
solo entre grandes propietarios y colonos, sino entre los mismos cultivadores por el acceso
a la tierra90. Por otra parte, también mostramos que los factores como la pobreza o la
desigualdad tuvieron quizás menos importancia que la oportunidad o la reducción de los
costes de transacción para organizarse, y que el éxito de las invasiones respondía mejor a
la heterogeneidad de los invasores y al hecho de que los repartos respondían a diferentes
tipos de demandas. Finalmente, esta interpretación explica mejor la polarización política
de la sociedad rural extremeña que evidencian los resultados electorales, y la existencia
de una amplia clase media opuesta a la reforma agraria, o en términos de Cobo Romero,
la’ derechización’ de una parte de los pequeños arrendatarios y aparceros91.
89
Robledo, 2010, 137-44.
Lo que le aleja bastante de los modelos latinoamericanos o de frontera en los que se basan implícitamente
las interpretaciones habituales.
91
Cobo, 2000, 119-42.
90
123
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127
¡Es una tijera!: oferta, demanda y epistemología
en la historia del sistema alimentario*
Fernando Collantes
Universidad de Zaragoza e Instituto Agroalimentario de Aragón
¿Se ha hecho realidad la promesa de una historia del sistema alimentario? En parte sí,
como muestra el dinamismo de la investigación en este ámbito de tres comunidades
académicas: la historia cultural, el análisis de regímenes alimentarios y la historia socioeconómica. Cada una de estas comunidades aporta también, sin embargo, sus propios
sesgos. Este ensayo aboga por enmarcar la mirada socio-económica en una epistemología
más abierta a la teoría y ofrece para ello una ruta basada en el esquema conceptual del
economista agro-alimentario Louis Malassis y el marco teórico de la economía política
evolutiva.
Introducción
A lo largo del último medio siglo se han multiplicado las voces que, desde las
ciencias sociales, argumentan que el sistema alimentario es un objeto de análisis más
apropiado que el sector agrario o cualesquiera otras de sus partes constituyentes por
separado. Los pioneros fueron economistas como John Davis y Ray Goldberg, por un
*
Comunicación para el XIII Congreso de la Asociación de Historia Contemporánea (Albacete, 21-23 de
septiembre de 2016), taller 7: “El mundo rural en la España contemporánea: conflictos, consensos,
vigencias”.
129
lado, y Louis Malassis, por el otro, con sus trabajos sobre el agribusiness y la economía
agroalimentaria respectivamente.1 Más adelante, la nueva perspectiva se abrió paso en el
campo de la sociología, de la mano del análisis de cadenas de producto iniciado por
William Friedland y la teoría de los regímenes alimentarios planteada por Harriet
Friedmann y Philip McMichael.2 Aun con evidentes diferencias en los intereses y las
metodologías, estas diversas perspectivas comparten la visión de que existe una densa red
de interconexiones entre agricultores, industrias transformadoras, distribuidores y
consumidores. De dicha visión se deriva una preferencia por el análisis del conjunto de
la cadena alimentaria, más que por estudios parciales sobre sus distintos elementos
constituyentes.
¿Cuál ha sido el impacto de esta nueva perspectiva sobre la investigación
histórica? Los estados de la cuestión habitualmente ven con buenos ojos la adopción del
sistema alimentario como unidad de análisis, y no cabe duda de que se ha producido un
gran ensanchamiento del campo de visión más allá de los temas y enfoques
tradicionalmente vinculados al área de, por ejemplo, la historia agraria.3 Pero, ¿se ha
hecho realidad la promesa de una historia cuya unidad de análisis sea la cadena
alimentaria? El presente ensayo busca responder a esta pregunta y, al mismo tiempo,
contribuir a que su respuesta sea en el futuro un sí más contundente del que es posible dar
hoy.
El ensayo se organiza del siguiente modo. A continuación presento tres
comunidades académicas especializadas en la historia del sistema alimentario: los
historiadores culturales, los analistas de regímenes alimentarios y los historiadores socioeconómicos. Más adelante identifico lo que en mi opinión son los sesgos temáticos,
metodológicos y epistemológicos presentes en la mirada de cada una de estas tres
comunidades. En un apartado posterior planteo una alternativa inclusiva, basada en la
incorporación del marco conceptual del ya citado Malassis a un esquema teórico de
1
J. H. DAVIS y R. A. GOLDBERG: A concept of agribusiness, Boston, Harvard University, 1957; L.
MALASSIS, Économie agroalimentaire, I: Économie de la consummation et de la production
agroalimentaire, París, Cujas, 1973.
2
W. H. FRIEDLAND: “Commodity system analysis: an approach to the sociology of agriculture”, en H.
W. SCHWARZWELLER (ed.), Research in rural sociology and development, Greenwhich, JAI Press,
1984, pp. 221-235; H. FRIEDMANN y P. McMICHAEL: “Agriculture and the state system: the rise and
decline of national agricultures, 1870 to the present”, Sociologia Ruralis, 29 (2), 1989, pp. 93-117.
3
C. OTTER: “The British nutrition transition and its histories”, History Compass, 10 (11), 2012, pp. 812825; L. GERMÁN: “De la historia agrarian a la historia de la economía alimentaria”, en L. GERMÁN, J.
MORENO y R. HERNÁNDEZ (coords.): Economía alimentaria de España durante el siglo XX, Madrid,
Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, 2009, pp. 7-24.
130
economía política evolutiva. Las conclusiones resumen los principales argumentos
defendidos a lo largo del ensayo.
Tres miradas al sistema alimentario
En un reciente estado de la cuestión, una voz autorizada afirma que casi no es
necesario mencionar que la historia de la comida es, por supuesto, historia cultural.4 Esto
es quizá una exageración, pero refleja bien la evolución historiográfica en el área de la
historia alimentaria.5 En sus inicios, para la historia alimentaria resultó clave el
llamamiento de Braudel y la escuela de los Annales a incorporar el estudio de la cultura
material a una historia del capitalismo.6 Pero más adelante, y reflejando tanto la propia
evolución epistemológica de la escuela de los Annales hacia la historia de las
mentalidades como el giro cultural que de manera más general se produjo entre los
historiadores en las décadas finales del siglo XX, la historia de la alimentación ha venido
centrándose fundamentalmente en las representaciones culturales y manifestaciones
sociales relacionadas con la comida.7
La investigación en este campo suele realizarse desde una metodología que
privilegia el trabajo de archivo, la inmersión cualitativa en el contexto de la época y la
adopción de una mirada moderadamente influida por la antropología (y, dentro de esta,
por su vertiente interpretativista). Para estos investigadores, la comida es un fenómeno
social total que puede usarse como lente con la que explorar los más diversos temas, desde
la desigualdad entre clases sociales hasta las conexiones transnacionales entre las
sociedades, pasando por la relación entre el ser humano y el medio ambiente que le rodea.
Pilcher, por ejemplo, distingue cinco grandes campos de investigación: la historia política
de la desigualdad social y la legitimación de las hegemonías, el cambio cultural a lo largo
J. M. PILCHER: “Introduction”, en J. M. PILCHER (ed.): The Oxford handbook of food history, Nueva
York, Oxford University Press, 2012.
5
Para una visión más equilibrada, P. SCHOLLIERS: “The many rooms in the house: research on past
foodways in modern Europe”, en K. W. CLAFLIN y P. SCHOLLIERS (eds.): Writing food history: a
global perspective, Londres, Berg, 2012, pp. 59-71.
6
F. BRAUDEL: Civilisation matérielle et capitalisme, París, A. Colin, 1967.
7
J.-L. FLANDRIN y M. MONTANARI (coords.): Histoire de l’alimentation, París, Fayard, 196; J. M.
PILCHER (ed.): The Oxford handbook of food history. Nueva York, Oxford University Press, 2012; K. W.
CLAFLIN y P. SCHOLLIERS (eds.): Writing food history: a global perspective. Londres, Berg, 2012.
4
131
del tiempo, los vínculos entre alimentación e identidad, el ascenso del sistema alimentario
industrial moderno, y las cambiantes creencias acerca de la salud nutricional.8
Una mirada muy diferente es la que nos proponen los científicos sociales que,
desde una óptica interdisciplinar y neo-marxista, trabajan dentro del programa de
investigación de los llamados “regímenes alimentarios”. Ha pasado ya más de un cuarto
de siglo desde que Friedmann y McMichael publicaron su artículo seminal, y desde
entonces la popularidad académica de este análisis no parece parar de crecer.9 La idea de
fondo es que la historia del sistema alimentario se encuentra marcada por una sucesión
de etapas institucionales. Cada una de estas etapas, o régimen alimentario, se caracteriza
por la relativa estabilidad de un conjunto de condiciones socio-políticas dentro de las
cuales tiene lugar de manera fluida la acumulación de capital dentro de la economía
alimentaria global. La desaparición de dichas condiciones, por otra parte, abre un periodo
dotado de menor coherencia interna, que eventualmente puede conducir a la
configuración de un nuevo régimen alimentario tiempo después.
Todo el mundo en esta comunidad académica parece estar más o menos de
acuerdo con el planteamiento original de Friedmann y McMichael acerca de la existencia
de dos regímenes alimentarios históricos. El primer régimen se habría desplegado entre
aproximadamente 1870 y 1913, y se habría caracterizado por la creación de una economía
alimentaria global bajo hegemonía británica. El segundo régimen, que estuvo vigente bajo
la hegemonía estadounidense entre aproximadamente 1945 y 1973, habría venido
marcado por el ascenso de poderosos grupos industriales dentro del sistema alimentario,
así como por las activas políticas implantadas por los Estados-nación dentro de sus
fronteras. El periodo intermedio entre ambos regímenes habría sido un periodo caótico en
el que el primero de los regímenes se vino abajo sin que en su lugar surgiera una
alternativa dotada de un grado comparable de coherencia.
Un periodo similar se habría abierto en las décadas finales del siglo XX, cuando
el avance del proyecto neoliberal condujo al retroceso del Estado-nación, si bien existe
considerable discusión acerca del grado en que actualmente se ha constituido ya (o no)
J. M. PILCHER: “Introduction”, en J. M. PILCHER (ed.): The Oxford handbook of food history, Nueva
York, Oxford University Press, 2012.
9
H. FRIEDMANN y P. McMICHAEL: “Agriculture and the state system: the rise and decline of national
agricultures, 1870 to the present”, Sociologia Ruralis, 29 (2), 1989, pp. 93-117; A. MAGNAN: “Food
regimes”, en J. M. PILCHER (ed.): The Oxford handbook of food history, Nueva York, Oxford University
Press, 2012, pp. 370-88.
8
132
un tercer régimen alimentario. Para algunos, este nuevo régimen es un régimen
empresarial-ambiental, en el que el sistema alimentario es reestructurado en clave
neoliberal por parte de empresas transnacionales cuyas maniobras van encaminadas a
captar a un consumidor cada vez más sensibilizado en contra de la comida fordista propia
del régimen anterior.10 Para otros, sin embargo, seguimos inmersos en un periodo caótico,
en el que la Organización Mundial del Comercio está lejos de desempeñar el papel
hegemónico que bajo los dos primeros regímenes desempeñaron Estados-nación
individuales como Reino Unido y Estados Unidos.11
Desde el punto de vista metodológico, el análisis de regímenes alimentarios se
encuadra dentro del terreno neomarxista delimitado por el enfoque de los sistemasmundo, la escuela de la regulación y la economía política radical.12 El centro del análisis
es lo que Marx llamaba las relaciones sociales de producción, y la cuestión clave es el
grado de encaje entre dichas relaciones sociales (plasmadas en una determinada estructura
de arreglos institucionales para la coordinación de la economía alimentaria) y las
tendencias en la acumulación de capital a escala global. Como en el caso de los
historiadores culturales, el análisis es fundamentalmente cualitativo. Pero, a diferencia de
los historiadores culturales, los analistas de regímenes alimentarios conceden poca
importancia a la producción de conocimiento empírico nuevo. En su lugar, dedican
mucho esfuerzo a poner el material empírico (con frecuencia derivado simplemente de la
consulta de fuentes secundarias) en interacción con el discurso teórico.
Finalmente, una tercera mirada es la de los historiadores económicos y sociales.
Los historiadores culturales estadounidenses tienden a ignorar este hecho, pero en
realidad la mirada socioeconómica ha continuado siendo muy importante entre los
historiadores europeos interesados en la alimentación. Es cierto que no faltan en Europa
representantes de las tendencias culturalistas descritas al comienzo de este apartado, y en
realidad dichas tendencias no dejan de tener su origen en el tipo de historia fomentado
P. McMICHAEL: “Global development and the corporate food regime”, en F. H. BUTTEL y P.
McMICHAEL (eds.): New directions in the sociology of global development, Amsterdam, Elsevier, 2005,
pp. 265-300.
10
B. PRITCHARD: “The long hangover from the second food regime: a world-historical interpretation of
the collapse of the WTO Doha round”, Agriculture and Human Values, 26 (2009), pp. 297-307.
12
I. WALLERSTEIN: World-systems analysis: an introduction, Durham, Duke University Press, 2004; R.
BOYER e Y. SAILLARD (eds.): Regulation theory: the state of the art; Londres, Routledge, 2002; A.
BARCELÓ: Economía política radical, Madrid, Síntesis, 1998.
11
133
por la escuela de los Annales tras su fase braudeliana. Sin embargo, en el último cuarto
de siglo la International Commision for Research into European Food History (ICREFH)
ha aglutinado a investigadores cuyas afinidades se revelan más próximas al tipo de
“historia de la sociedad” propuesto por Hobsbawm que a los giros metodológicos que
posteriormente se convertirían en la nueva ortodoxia de la profesión histórica.13
En esta comunidad se valora altamente la realización de algún tipo de aportación
empírica, ya sea esta cuantitativa o cualitativa, que contribuya a perfilar y explicar las
transformaciones históricas del sistema alimentario. Así, en las monografías editadas tras
los congresos periódicos de la ICREFH encontramos una gama muy variada de
investigaciones que cubren los más diversos aspectos de la historia del sistema
alimentario, desde su articulación empresarial hasta la evolución del consumo
alimentario, pasando por el multifacético papel del Estado.14 Una parte sustancial de los
historiadores vinculados a la ICREFH pertenecen a Francia, Reino Unido y Alemania,
pero el grado de participación de los países europeos periféricos es probablemente
superior al habitual en otras organizaciones de este tipo.15 En cuanto al arco temporal del
análisis, se percibe entre estos historiadores una preferencia por el periodo
contemporáneo, en particular desde mediados del siglo XIX hasta finales del XX; rasgo
sin duda compartido con los analistas de regímenes alimentarios y al mismo tiempo
diferencial con respecto a unos historiadores culturales cuyos arcos cronológicos son más
heterogéneos.
La mirada socioeconómica continúa siendo fuerte entre los historiadores europeos
por un motivo adicional: en los últimos tiempos, también los historiadores agrarios están
apuntando hacia un análisis del sistema alimentario que trasciende las fronteras
tradicionales de su campo. Y lo están haciendo, ellos también, desde un enfoque más
próximo a la historia económica y social que a la historia cultural. Esto es evidente tanto
en la European Rural History Organization como en las dos principales sociedades
nacionales de historia agraria, la British Agricultural History Society y la Sociedad
Española de Historia Agraria.
E. J. HOBSBAWM: “From social history to the history of society”, Daedalus 100 (1971), pp. 20-45.
La serie de monografías comienza con H.-J. TEUTEBERG (ed.): European food history: a research
overview, Leicester, Leicester University Press, 1992; y por ahora termina con D. J. ODDY y A.
DROUARD (eds.): The food industries of Europe, Abingdon, Routledge, 2013.
15
Véanse los datos en P. J. ATKINS y D. J. ODDY: “Conclusion”, en P. J. ATKINS, P. LUMMEL y D. J.
ODDY (eds.): Food and the city in Europe since 1800, Aldershot, Ashgate, 2007, pp. 251-253.
13
14
134
En el caso concreto de España, la SEHA ha sido en realidad el foco en el que se
han originado buena parte de los estudios sobre la historia del sistema alimentario del
país. Junto a una gran cantidad de valiosas contribuciones individuales, podemos
distinguir tres grupos de investigación especialmente dinámicos: un grupo catalán
originalmente liderado por Ramón Garrabou, un grupo andaluz encabezado por Manuel
González de Molina y un grupo aragonés cuya vertiente más relacionada con lo
alimentario ha sido liderada por Luis Germán.16 En los tres casos, encontramos una
trayectoria que conduce desde la historia agraria hacia la historia del sistema alimentario,
manteniendo una mirada socioeconómica que, sin perjuicio de haber seguido su propia
evolución a lo largo del tiempo (en especial, a través de una creciente preocupación por
los aspectos medioambientales), se diferencia con claridad de la mirada culturalista
dominante en, por ejemplo, Estados Unidos. Incluso aquellos investigadores que han
realizado importantes contribuciones desde perspectivas que no son la socioeconómica lo
han hecho con frecuencia desde una perspectiva de historia de la ciencia que está más
próxima a la perspectiva socioeconómica que a la cultural.17 En realidad, en España ni la
historia cultural de la comida ni el análisis de regímenes alimentarios han despertado (al
menos por el momento) gran entusiasmo entre los investigadores.
Tres sesgos
Cada una de estas tres miradas al sistema alimentario ha realizado contribuciones
importantes, y continuará haciéndolo en el futuro. Cada una de estas tres miradas, sin
embargo, ha incorporado también sus propios sesgos.
La mirada de los historiadores culturales, por ejemplo, privilegia el lado de la
demanda. Hay un gran interés por desvelar las motivaciones de los consumidores y los
significados que estos extraen de la comida que ingieren. Es cierto que esto es en muchas
ocasiones el punto de partida para un análisis más amplio de las conexiones que vinculan
a los consumidores con los productores, con el Estado o con el medio ambiente que los
Como muestras, véanse por ejemplo X. CUSSÓ y R. GARRABOU: “La transició nutricional a la
Catalunya contemporània: una primera aproximació”, Recerques, 47-48 (2003-04), pp. 51-80; M.
GONZÁLEZ DE MOLINA: “Crisis agroalimentaria y desafíos de la Historia Agraria”, Con-Ciencia Social,
18 (2014), pp. 61-68; y L. GERMÁN: “De la historia agrarian a la historia de la economía alimentaria”, en
L. GERMÁN, J. MORENO y R. HERNÁNDEZ (coords.): Economía alimentaria de España durante el
siglo XX, Madrid, Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, 2009, pp. 7-24.
17
Por ejemplo, J. L. BARONA y J. BERNABEU (eds.): Nutrición, salud y sociedad: España y Europa en
los siglos XIX y XX, Valencia, Universitat de València, 2011.
16
135
rodea. Incluso es cierto que, siguiendo el muy influyente legado del antropólogo histórico
Sidney Mintz (1985), los historiadores culturales gustan de seguir la pista al componente
transnacional de dichas conexiones.18 Pero es dudoso que el programa de la historia
cultural de la comida haya logrado articular un análisis sistemático y coherente de los
cambios en el sistema alimentario por el lado de la oferta. En realidad, la propia
comunidad académica se cohesiona en torno a un cierto desinterés por el crecimiento
económico o la organización empresarial, en parte considerados buques insignia de
paradigmas historiográficos superados.
En el análisis de regímenes alimentarios, en cambio, ocurre lo contrario: el lado
de la oferta es el gran protagonista. No es que se carezca de una noción acerca de las
tendencias de la demanda, pero estas generalmente entran en el análisis como una variable
secundaria y escasamente perfilada. Así, con frecuencia se da por hecho que los cambios
en la demanda alimentaria básicamente reflejan cambios previos por el lado de la oferta,
limitándose a cumplir la función de hacer posible una exitosa reproducción del régimen
alimentario diseñado por las elites. Es el caso, por ejemplo, de la visión prevaleciente en
esta comunidad académica acerca del tipo de dieta que se impuso en Occidente en las
décadas posteriores a la Segunda Guerra Mundial, el carácter fordista de la cual se señala
con frecuencia para así subrayar su vinculación al régimen alimentario “industrialmercantil” vigente a lo largo del periodo. O bien se consideran los cambios en las
preferencias de los consumidores como factores más o menos exógenos que rápidamente
son endogeneizados por las maniobras de las grandes empresas alimentarias, como en el
caso del giro que desde las décadas finales del siglo XX (y en el contexto de lo que
algunos llaman el régimen “empresarial-ambiental”) viene produciéndose a favor de los
alimentos producidos de manera ecológica.19
Se vislumbran algunas tendencias que podrían contribuir a equilibrar los
respectivos programas de investigación de la historia cultural de la comida y el análisis
de regímenes alimentarios. En el caso de la historia cultural, hay que tener en cuenta que
en los últimos tiempos se ha producido en Estados Unidos el ascenso de la llamada
“historia del capitalismo”, que viene a ser una especie de reinterpretación político-cultural
18
S. W. MINTZ: Sweetness and power: the place of sugar in modern history, Nueva York Viking-Penguin,
1985.
19
Sobre el régimen empresarial-ambiental, P. McMICHAEL: “Global development and the corporate food
regime”, en F. H. BUTTEL y P. McMICHAEL (eds.): New directions in the sociology of global
development, Amsterdam, Elsevier, 2005, pp. 265-300.
136
de la historia económica y empresarial.20 Esto podría contribuir a que los historiadores
culturales de la comida pasaran en el futuro a prestar una mayor atención al lado de la
oferta. Por su parte, en el análisis de regímenes alimentarios ya se ha levantado alguna
voz reclamando que se preste mayor atención a las “relaciones nutricionales” que
subyacen a los diferentes regímenes.21 Aunque es dudoso que esto vaya a desplazar a la
oferta del centro del análisis, sí puede contribuir al menos a hacer algo más relevante el
papel de las transformaciones por el lado de la demanda.
Con todo, y más allá del grado en que estas tendencias cristalicen, ni siquiera está
claro que estas dos comunidades académicas proporcionen un análisis completo de
aquellos campos que les son más queridos. Los historiadores culturales, por ejemplo, han
proporcionado numerosos estudios cualitativos sobre las mentalidades de los
consumidores y las representaciones sociales de los alimentos, pero han prestado mucha
menor atención a las bases materiales de las decisiones de consumo. Las coordenadas
culturales influyen sobre el consumo, pero obviamente también lo hacen la renta de los
hogares o los precios de los alimentos. El consumo interesa por sus repercusiones en la
configuración de una determinada cultura, pero también por sus consecuencias sobre el
bienestar biológico de los propios consumidores. Estas, sin embargo, son variables que
apenas encontramos en los estudios de historia cultural.
Tampoco puede decirse que los analistas de regímenes alimentarios realicen un
tratamiento integral del lado de la oferta. Su énfasis está claramente en las relaciones
sociales, las asimetrías de poder entre actores y grupos sociales, y las tensiones
distributivas resultantes de tales asimetrías. Hay poca investigación, en cambio, sobre la
innovación, el crecimiento económico o el cambio estructural. Podríamos decir,
siguiendo la tipología de teorías socio-históricas de Tylecote, que los analistas de
regímenes alimentarios se cohesionan alrededor de un enfoque marxista y en oposición
implícita a un enfoque schumpeteriano.22 El marco institucional se considera la variable
central que da forma a los diferentes periodos de la historia, mientras que las bases
tecnológicas de la economía alimentaria quedan en un segundo plano analítico.
J. ADELMAN y J. LEVY: “The fall and rise of economic history”, Chronicle of Higher Education, 1 de
diciembre (2014).
21
J. DIXON: “From the imperial to the empty calorie: how nutrition relations underpin food regime
transitions”, Agriculture and Human Values, 26 (2009), pp. 321-333.
22
A. TYLECOTE: The long wave in the world economy: the present crisis in historical perspective.
Londres, Routledge, 1993.
20
137
En realidad, los historiadores culturales de la comida y los analistas de regímenes
alimentarios reproducen los sesgos genéricos de sus respectivas esferas teóricas de
referencia. Los historiadores culturales comparten con los antropólogos interpretativistas
una querencia por las viñetas empíricas y las circularidades del tiempo histórico. O, lo
que es lo mismo, una aversión por las grandes panorámicas con ambiciones de
sistematicidad y, aún más, por las teorías de la historia. Los analistas de regímenes
alimentarios, por su parte, se encarnan en una larga tradición de estructuralismo marxista
que concede escaso margen a la agencia individual y privilegia el análisis de la
infraestructura material, el lado de la oferta y el conflicto social en detrimento del entorno
cultural, el lado de la demanda y la cooperación.23
Ambas comunidades académicas comparten, además, un profundo sesgo hacia lo
cualitativo. Por debajo de sus profundas diferencias de visión, subyace una común falta
de interés por el trabajo con aquellas variables susceptibles de ser cuantificadas. Una parte
de los sesgos temáticos de ambas comunidades académicas se deriva, de hecho, de este
sesgo metodológico, que probablemente desempeña un importante papel cohesionador en
el interior de cada una de las dos comunidades. Los peligros que en su momento destacó
el antropólogo Clifford Geertz para su propia disciplina, como el impresionismo, el
intuitivismo y la sustitución de los datos por retórica, resultan hoy tan reales para los
historiadores alimentarios culturales como para los analistas de regímenes alimentarios.24
Estos sesgos se encuentran más atenuados entre los historiadores socioeconómicos del sistema alimentario. En su caso, encontramos estudios sobre la oferta y
estudios sobre la demanda, en no pocos casos realizados por los mismos investigadores.
Y, dentro de cada uno de estos dos ámbitos, se desarrollan investigaciones que, tomadas
en su conjunto, ofrecen una mirada más equilibrada en lo temático. En el análisis de la
demanda alimentaria, por ejemplo, el interés por las bases materiales del consumo va
acompañado por una consideración del entorno cultural en que aquel tiene lugar. En el
análisis de la oferta, por su parte, se combinan con mayor fluidez el desarrollo del sistema
alimentario moderno con las tensiones sociales generadas por el mismo. Desde el punto
de vista metodológico, finalmente, estas investigaciones combinan el uso de variables
cuantitativas (con fines generalmente descriptivos) y cualitativas, así como el manejo de
23
En este caso son aplicables tanto la crítica histórica de E. R. WOLF: Europe and the people without
history, Berkeley, University of California Press, 1982, como la historiográfica de C. LLOYD: The
structures of history, Oxford, Blackwell, 1993.
24
C. GEERTZ: “El reconocimiento de la antropología”, Cuadernos del Norte, 35 (1986), pp. 59-63.
138
estadísticas oficiales y documentos primarios de la época. Los historiadores socioeconómicos pueden así haber creado un terreno común más inclusivo que las otras
comunidades.
La mirada de los historiadores socio-económicos, sin embargo, tiende a presentar
su propio sesgo, en este caso de carácter epistemológico. Los historiadores socioeconómicos otorgan gran importancia a la producción de conocimiento empírico nuevo
sobre parcelas de la realidad hasta entonces poco exploradas, pero no a la introducción de
dicho conocimiento empírico en un círculo de interacción con la teoría. Buena parte de la
historia socio-económica de la alimentación se desarrolla implícitamente desde una de las
dos siguientes premisas: que la investigación histórica puede apoyarse en el sentido
común y el lenguaje ordinario, sin necesidad de conceptos o perspectivas teóricas
explícitas; o bien que la investigación histórica, incluso aunque utilice selectiva y
autónomamente algunos conceptos teóricos, no forma realmente parte de un proceso a
través del cual las teorías disponibles van evolucionando como consecuencia de su
interacción a lo largo del tiempo con la observación empírica. ¿Es necesaria, por ejemplo,
una teoría de la historia económica que reemplace a la teoría económica?25 ¿O, más bien,
dicha teoría es no sólo innecesaria sino también imposible, dada la complejidad de la
historia, como plantean tanto los “viejos” como los “nuevos” historiadores económicos?26
Los historiadores alimentarios socio-económicos parecen estar más bien en esta
segunda línea.27 Prevalece entre ellos una epistemología que, partiendo de lo que podría
ser una saludable autonomía con respecto a los marcos teóricos producidos en el vacío
por las ciencias sociales nomológicas, termina sin embargo sacando la investigación
empírica de su círculo de interacción con algún tipo de teoría histórica. 28 Esto ha
contribuido a que, para estos historiadores, el sistema alimentario haya sido más un
25
Como proponen desde diferentes perspectivas I. WALLERSTEIN: Unthinking social science: the limits
of nineteenth-century paradigms, Cambridge, Polity Press y Blackwell, 1991; C. FREEMAN y F. LOUCÃ:
As time goes by: from the industrial revolutions to the information revolution, Oxford, Oxford University
Press, 2001; o C. LLOYD: “Beyond orthodoxy in economic history: has Boldizzoni resurrected syntheticstructural history?”, Investigaciones de Historia Económica, 9 (2013), pp. 66-70.
26
C. M. CIPOLLA: Entre la historia y la economía: introducción a la historia económica, Barcelona,
Crítica, 1991; J. MOKYR: “Is there a theory of economic history?”, en K. DOPFER: The evolutionary
foundations of economics, Cambridge, Cambridge University Press, 2005, pp. 195-218.
27
La principal excepción podríamos tenerla precisamente en España, en el grupo andaluz que ha vinculado
su investigación a la perspectiva teórica de la economía ecológica; M. GONZÁLEZ DE MOLINA y J.
INFANTE: “Agroecología y decrecimiento. Una alternativa sostenible a la configuración del actual modelo
agroalimentario español”, Revista de Economía Crítica, 10 (2010), pp. 113-137.
28
Una buena defensa de la autonomía, en F. BOLDIZZONI: The poverty of Clio: resurrecting economic
history, Princeton, Princeton University Press, 2011.
139
conjunto de parcelas en las que desarrollar investigación empírica que una auténtica
unidad de análisis. Llama la atención que los historiadores socio-económicos,
disponiendo como disponen de una base empírica mucho más sólida que sus colegas
nomológicos, hayan producido en mucha menor medida visiones de conjunto sobre el
sistema alimentario (o sobre las cadenas que lo constituyen). Puede que las visiones de
conjunto producidas por (pongamos) los analistas de regímenes alimentarios se
encuentren dudosamente fundamentadas en el plano empírico, pero esto no quiere decir
que adoptar una epistemología empiricista sea la única manera de superar tales
insuficiencias. Puede que los analistas de regímenes alimentarios se beneficiaran de
conocer mejor las investigaciones empíricas de sus colegas historiadores, pero estos
últimos también se beneficiarían (al menos en mi opinión) de adoptar una epistemología
más próxima a la ciencia social histórica.
Una propuesta alternativa
El cuadro 1 sintetiza la argumentación de las páginas precedentes y un posible
recorrido de futuro para la historia socio-económica. Pero, ¿cómo recorrerlo?
Cuadro 1. Tres miradas a la historia del sistema alimentario
Grado de equilibrio entre oferta/demanda
y cuantitativo/cualitativo
Bajo
Grado
de Bajo
Alto
Historia cultural
interacción entre
Historia
socio-
económica
lo empírico y lo
teórico
Alto
Análisis
de
regímenes
¿?
alimentarios
140
Malassis como punto de partida
El marco conceptual acuñado y utilizado por el economista agroalimentario Louis
Malassis proporciona un punto de partida.29 Malassis parte de un conjunto de conceptos
fácilmente utilizable en la observación empírica. Por el lado de la oferta, su interés está
en la estructura de la economía alimentaria en función del peso de sus diferentes
segmentos (en especial, agricultores frente a no agricultores) y en el grado de
capitalización e internacionalización del sistema. Por el lado de la demanda, las variables
clave son la ingesta alimentaria, el peso de la alimentación dentro del gasto total de los
hogares y la estructura del consumo alimentario de acuerdo con el modo de
abastecimiento (a través o no del mercado), las características de los alimentos
(procesados o no) y las características de los consumidores (de más alta o más baja clase
social, por ejemplo).
Desde esta óptica, Malassis distingue cuatro periodos en la historia del sistema
alimentario occidental. Antes de 1850, el sistema alimentario estaba basado casi
exclusivamente en la agricultura. Esta se encontraba escasamente capitalizada y no podía
proporcionar a los agricultores sino algo parecido a un nivel de vida de subsistencia. La
mayor parte del consumo de los hogares lo era en alimentación, pero aun así esta era
pobre y estaba abrumadoramente basada en alimentos de origen vegetal. Entre 1850 y
1950 se desarrolló una segunda etapa en la que estos rasgos estructurales comenzaron a
cambiar. Por el lado de la oferta, comenzaron a surgir brotes de un sistema alimentario
industrializado, capitalizado e internacionalizado, mientras por el lado de la demanda fue
abriéndose paso un nuevo modelo de consumo alimentario caracterizado por mayores
ingestas y una diversificación de la dieta hacia alimentos de origen animal y alimentos
procesados. Con todo, no fue hasta llegada una tercera fase, entre 1950 y 1980, cuando
estas tendencias se volvieron dominantes. Fue entonces cuando emergió un sistema
alimentario agro-industrial, altamente capitalizado e internacionalizado, al tiempo que se
consolidaba un modelo de consumo agro-industrial de masas. La cuarta fase, tras 1980,
habría consistido en la continuación y acentuación de las ya mencionadas tendencias por
el lado de la oferta, pero también en dos importantes rupturas por el lado de la demanda:
L. MALASSIS: Les trois âges de l’alimentaire: essai sur une histoire sociale de l’alimentation et de
l’agriculture, París, Cujas, 1997.
29
141
la superación de un umbral de saciedad biológica que condujo a una nueva era de
sustituciones cualitativas entre alimentos (más que la tradicional expansión cuantitativa
de una mayoría de ellos a la vez) y el ascenso del consumo alimentario fuera del hogar
(que lleva a Malassis a vislumbrar incluso un modelo de consumo agro-industrial de
restauración de masas).
Más allá de la mayor o menor solidez empírica de la propuesta, el marco
conceptual de la misma ofrece un esquema dentro del cual los investigadores pueden ir
acumulando resultados empíricos sobre las diferentes parcelas de la historia del sistema
alimentario. También ofrece una vía para integrar la inevitable complejidad de esas
observaciones empíricas en una serie de hechos estilizados susceptibles de interpretación
teórica, como muestran por ejemplo sus propias explicaciones sobre los problemas del
nivel de vida de los agricultores bajo el sistema alimentario agro-industrial (en el que
coexisten estructuras de mercado bien diferentes entre unos y otros segmentos) o sobre
los determinantes (tanto materiales como culturales) de los distintos modelos de consumo
alimentario.
Con todo, es justo reconocer que la contribución teórica de Malassis se despliega
más en el ámbito de los conceptos y los hechos estilizados que en el de los marcos teóricos
en sentido estricto. ¿Existe alguna razón por la cual deberían existir sucesivas etapas
dotadas de cierta coherencia interna, o es más bien la mirada del investigador la que las
construye a posteriori? ¿Por qué existe una correspondencia tan armónica entre las etapas
del sistema alimentario por el lado de la oferta y los sucesivos modelos de consumo? ¿Se
trata de una contingencia histórica o, por el contrario, es resultado de que los cambios por
el lado de la demanda sean provocados básicamente por los cambios que paralelamente
tienen lugar por el lado de la oferta (o al revés)? Estas son preguntas que, en el mejor de
los casos, Malassis responde sólo de manera implícita mientras desarrolla su propio
análisis empírico, y no siempre. La economía política evolutiva ofrece, sin embargo, un
marco idóneo para fundamentar teóricamente la contribución conceptual de Malassis.
142
Releyendo y desarrollando a Malassis desde la economía política evolutiva
Existe una enorme heterogeneidad entre los economistas que en los últimos
tiempos han adoptado la etiqueta de evolucionistas, desde seguidores modernos del
institucionalismo estadounidense hasta especialistas en la programación informática de
simulaciones y experimentos, pasando por una variedad de familias schumpeterianas no
especialmente integradas entre sí. El marco aquí propuesto se apoya en los planteamientos
de Thorstein Veblen y Joseph Schumpeter sobre cambio socio-económico a lo largo del
tiempo, filtradas y desarrolladas por las contribuciones de algunos de sus seguidores
contemporáneos, como Geoffrey Hodgson y Christopher Freeman (respectivamente).30
Hay, en concreto, tres principios organizadores que pueden ser útiles para la discusión
presente: el pensamiento en términos de paradigmas (o periodos estructurales), el
concepto de variables semi-autónomas, y el concepto de equilibrio puntuado.
Las etapas del sistema alimentario y los modelos de consumo alimentario de
Malassis son básicamente paradigmas. No resultan de la observación de una única
variable, sino de la detección de un determinado patrón a partir de la observación de una
constelación de variables relacionadas entre sí; y dicho patrón confiere a cada periodo
una coherencia interna que lo distingue de los demás. Esta es básicamente la idea metateórica que subyace a diversos trabajos de inspiración schumpeteriana.31 (Si eso es a lo
que vamos, esta idea meta-teórica también informa la visión marxista de la historia basada
en “modos de producción” o, en nuestro campo, en “regímenes alimentarios”.) Aunque
Malassis más bien piensa sus paradigmas en clave heurística, los economistas
neoschumpeterianos argumentan que los paradigmas existen realmente. Su emergencia
se deriva de la existencia de complementariedades entre los distintos elementos que los
componen. Así, por ejemplo, la emergencia de paradigmas tecno-económicos que definen
un determinado periodo es el resultado de la generación de innovaciones rupturistas que
T. VEBLEN: “Why is economics not an evolutionary science?”, Quarterly Journal of Economics, 12 (3)
(1898), pp. 373-97; J. A. SCHUMPETER: Business cycles: a theoretical, historical and statistical analysis
of the capitalist process, Nueva York, McGraw-Hill, 1939; G. M. HODGSON: How economics forgot
history: the problem of historical specificity in social science, Londres, Routledge, 2001; C. FREEMAN:
“Innovation, changes of techno-economic paradigm and biological analogies in economics”, Révue
Économique, 42 (2) (1991), pp. 211-232.
31
Ya sea bajo el concepto de “paradigma tecno-económico” o bajo la noción de “periodo estructural”;
véanse respectivamente C. FREEMAN y F. LOUCÃ: As time goes by: from the industrial revolutions to
the information revolution, Oxford, Oxford University Press, 2001; y J. LJUNGBERG (ed.): Structural
analysis and the process of economic development. Abingdon, Routledge, 2016.
30
143
abaratan inputs de uso general por parte de los más diversos sectores de la economía e,
indirectamente, modifican a partir de entonces la senda de innovación dentro de dichos
sectores.
Es probable que este tipo de complementariedades estén también en la base de las
etapas de la economía alimentaria y los modelos de consumo identificados por Malassis.
En ambos casos, tanto por el lado de la oferta como por el lado de la demanda las distintas
variables definitorias del paradigma se encuentran interrelacionadas, lo cual facilita la
emergencia de un patrón estilizado en el que las sendas de cambio de las diferentes
variables se complementan entre sí. La industrialización, la capitalización y la
internacionalización de la oferta, por ejemplo, a menudo forman parte de una misma
dinámica de cambio, como también lo hacen las tendencias agregadas del consumo y sus
diversas segmentaciones en función de las características de los alimentos y los
consumidores. En suma, las etapas y modelos identificados por Malassis parecen algo
más que un simple instrumento para organizar el material empírico: parecen periodos
estructurales cuya evolución se desarrolla dentro de las coordenadas definidas por la
complementariedad entre las sendas de cambio de las distintas variables relevantes.
Los otros dos conceptos que pueden servir para apuntalar teóricamente el marco
conceptual de Malassis son los conceptos de variables semi-autónomas y equilibrio
puntuado. Tomados conjuntamente, estos dos conceptos permiten resolver lo que en mi
opinión es la principal insuficiencia teórica que subyace al planteamiento de Malassis: el
carácter indeterminado y, sin embargo, funcional que Malassis parece conceder a la
relación entre los cambios por el lado de la oferta y los cambios por el lado de la demanda.
De manera inclusiva y sensata, Malassis se resiste a presentarnos los desarrollos por el
lado de la demanda como consecuencia unívoca de los desarrollos por el lado de la oferta,
o viceversa. Más bien encontramos que los cambios por el lado de la demanda
condicionan las estrategias de las empresas alimentarias, al tiempo que los proyectos y
movimientos de dichas empresas alimentarias son reconocidos como uno de los factores
que influyen sobre el consumo. El problema consiste en que, sobre la base de esta relación
de doble sentido (y, por tanto, abierta a una gran variedad de casuísticas empíricas),
Malassis construye una periodización en la que oferta y demanda muestran una
extraordinaria sincronía. Las etapas de la oferta y la demanda no sólo encajan
perfectamente las unas con las otras, sino que además se suceden entre sí de manera
144
contigua a lo largo del tiempo, es decir, sin que existan espacios de transición entre unas
y otras.
Esto sería un resultado esperable en caso de que Malassis hubiera optado por
subsumir el análisis de uno de estos ámbitos dentro del otro: si, por ejemplo, hubiera
optado por presentarnos los cambios en el consumo como poco más que una extensión
mecánica de los cambios en la producción. Pero, si en realidad la relación entre oferta y
demanda es no determinista, no existe ya un mecanismo que asegure la armonía entre sus
cronologías. A un nivel mesoeconómico como este, parece clara la posibilidad de que
existan etapas históricas en que, por ejemplo, las condiciones de demanda se transformen
con mayor rapidez que las condiciones de oferta, o viceversa. O etapas en las que los
desarrollos en una y otra esfera sean poco complementarios entre sí, e incluso parezcan
ir en direcciones contrarias. Si realmente creemos que no existe un vínculo determinista
entre oferta y demanda, es necesario crear espacio analítico para que sus respectivas
trayectorias muestren un mayor o menor grado de complementariedad y, por extensión,
para una periodización menos lineal que la propuesta originalmente por Malassis.
Los conceptos de variables semi-autónomas y equilibrio puntuado ofrecen una vía
teórica para ello. El tipo de relación entre oferta y demanda que Malassis está postulando
de manera implícita, y que probablemente sería respaldada por una mayoría de
historiadores, es de carácter semi-autónomo. En la lectura evolucionista que Freeman y
Louçã dan a esta noción keynesiana, esto básicamente quiere decir que, si bien los
entornos de selección de unas y otras esferas comparten terreno común, la evolución de
ninguna de ellas puede subsumirse por completo en la evolución de alguna otra.32 Aunque
existe un condicionamiento mutuo de una esfera sobre la otra, este condicionamiento se
une a una gama más amplia de condicionamientos que no son compartidos entre ambas
esferas, sino que son específicos a cada una de ellas por separado. Así, por ejemplo, las
condiciones de la oferta influyen de diversos modos sobre el comportamiento de los
consumidores, desde su efecto sobre los precios de los alimentos hasta las maniobras de
las empresas para alterar las preferencias de los consumidores, pero estos
condicionamientos se unen a otros que son autónomos con respecto a la oferta, por
ejemplo las tendencias macroeconómicas que influyen sobre el nivel de ingreso de los
consumidores o el nivel de desigualdad en la distribución de dicho ingreso en función de
32
C. FREEMAN y F. LOUCÃ: As time goes by: from the industrial revolutions to the information
revolution, Oxford, Oxford University Press, 2001.
145
la clase social. Lo mismo ocurre en el otro sentido de la relación: la evolución de la oferta
se explica por una variedad de factores, entre los cuales se encuentra (pero sólo como uno
más entre varios) la evolución de la demanda.
Esta caracterización de dos esferas semi-autónomas entre sí, implícita en Malassis,
crea espacio analítico para identificar empíricamente la presencia de un mayor o menor
grado de complementariedad entre los desarrollos que en cada periodo histórico se
producen en cada una de las dos esferas. En otras palabras, obliga a abandonar el supuesto
implícito de que dicho grado de complementariedad siempre va a ser elevado y que, por
tanto, la historia del sistema alimentario consta de una serie de etapas contiguas dotadas
de un alto grado de coherencia interna. Emerge en su lugar una visión menos lineal, más
parecida a lo que Veblen llamó “deriva ciega” que a las leyes de movimiento de los
economistas clásicos.
Un concepto útil para estructurar esta visión es el concepto de equilibrio puntuado.
Este concepto surgió en el ámbito de la biología como crítica a las concepciones
gradualistas de la evolución, proponiendo en su lugar una concepción en la que breves
periodos de cambio intenso definen las trayectorias o bandas dentro de las cuales se
desarrollan periodos más largos de cambio moderado. En las ciencias sociales, ha sido
utilizado con frecuencia para conceptualizar la sucesión de periodos dotados de un alto
grado de coherencia interna y periodos dotados de un grado mucho menor de coherencia
interna.33 En los periodos de mayor coherencia, las trayectorias de las variables semiautónomas son complementarias entre sí, y las ocasionales desviaciones en alguna de
ellas pueden ser absorbidas por ajustes en alguna o algunas de las otras variables. En otras
ocasiones, sin embargo, se abren periodos de transición en los que cambios rupturistas en
una o más de las variables del análisis conducen a la descomposición de las regularidades
empíricas vigentes hasta entonces, sin que el nuevo conjunto de regularidades empíricas
que dará forma al siguiente paradigma emerja con claridad de manera inmediata. Esta
pauta de equilibrios puntuados, en la que periodos de evolución gradual aparecen
separados entre sí por periodos de cambio en la trayectoria evolutiva, ofrece una vía para
Véanse diferentes ejemplos en: C. LLOYD: “Regime change in Australian capitalism: towards a
historical political economy of regulation”, Australian Economic History Review, 42 (3) (2002), pp. 238266; I. WALLERSTEIN: World-systems analysis: an introduction, Durham, Duke University Press, 2004;
y, para el caso concreto del sistema alimentario o alguno de sus componentes, A. MAGNAN: “Food
regimes”, en J. M. PILCHER (ed.): The Oxford handbook of food history, Nueva York, Oxford University
Press, 2012, pp. 370-88; y F. COLLANTES: “Dairy products and shifts in Western models of food
consumption since 1950: a Spanish perspective”, Rural History, 26 (2) (2015), pp. 249-268.
33
146
retener una visión empíricamente realista de la relación de doble sentido entre oferta y
demanda sin por ello abandonar el pensamiento teórico en términos de paradigmas.
Conclusión
En un momento en que el pensamiento económico estaba virando de manera
crucial desde una concepción objetiva hacia una concepción subjetiva del valor, Alfred
Marshall (1890) buscó ofrecer una síntesis inclusiva de la cuestión: en su opinión, el
precio de las mercancías no era determinado exclusivamente por la oferta o por la
demanda, sino por ambas a la vez.34 La oferta y la demanda serían dos filos de una tijera:
su acción conjunta y simultánea permitía a la tijera cortar un papel en dos trozos. Aunque
Marshall no llegó tan lejos, para un realista filosófico contemporáneo lo que ocurre es
que es la tijera (y no sus distintos componentes por separado) lo que corta el trozo de
papel. Dentro de una realidad que se encuentra estructurada en varios niveles diferentes,
la tijera es un objeto de nivel superior cuyas “propiedades emergentes” no pueden
encontrarse en los objetos de nivel inferior que la componen, como por ejemplo sus
filos.35
Puede que con el sistema alimentario ocurra otro tanto. En este ensayo he descrito
la existencia de tres grupos académicos con miradas bien diferentes entre sí: los
historiadores culturales de la comida, los analistas de regímenes alimentarios y los
historiadores socio-económicos del sistema alimentario. Los tres grupos han realizado
contribuciones importantes, que han hecho que hoy sepamos mucho más que hace
(pongamos) cuarenta años acerca de alimentación, sociedad e historia. Con todo, cada
uno de los tres grupos ha ido desarrollando sus sesgos. Los historiadores culturales y los
analistas de regímenes alimentarios han adoptado una mirada sesgada en lo temático, en
el primer caso hacia el lado de la demanda (y, dentro de este, hacia sus aspectos
representacionales) y en el segundo hacia el lado de la oferta (y, dentro de este, hacia sus
aspectos organizativos). Los historiadores socio-económicos, por su parte, han ofrecido
estudios más diversos desde el punto de vista temático, pero no han avanzado mucho a la
hora de integrar dichos estudios en algún tipo de teoría sobre la historia del sistema
34
35
A. MARSHALL: Principles of economics, Londres, Macmillan, 1890.
Por ejemplo, T. LAWSON: Economics and reality, Londres, Routledge, 1997.
147
alimentario. En otras palabras, mientras que dos de las tribus académicas se encuentran
asentadas en uno solo de los filos de la tijera de Marshall y no tienen demasiado interés
por lo que ocurre en el otro filo, la tercera tribu se mueve fluidamente entre ambos filos
pero sin demasiado interés por utilizarlos como partes constituyentes de un objeto de
orden superior llamado tijera.
En este ensayo he abogado por una ruta para pasar de los filos a la tijera. Esta ruta
parte del esquema conceptual del economista agro-alimentario Louis Malassis, cuyas
fortalezas son su alto grado de inclusividad temática y su proximidad al quehacer
cotidiano de la investigación empírica. Este esquema conceptual puede insertarse en el
marco de la economía política evolutiva que se deriva de Thorstein Veblen y Joseph
Schumpeter. Algunas de las ideas teóricas habituales en esta corriente, como el
pensamiento en términos de paradigmas, la noción de variables semi-autónomas o el
concepto de equilibrio puntuado, pueden ser útiles para apuntalar teóricamente el
esquema de Malassis y, de ese modo, favorecer la introducción del material empírico en
un ciclo de interacción con teoría histórica.
Claramente existen rutas alternativas para llegar a este punto, incluidas la teoría
de los regímenes alimentarios y la economía ecológica. En el espacio aquí disponible no
ha sido posible tratar la cuestión de cuál de estas diferentes rutas posibles es más
prometedora. Además, es probable que la cuestión no deba ser enfocada desde la teoría
en sentido estricto, sino más bien desde una valoración historiográfica de los respectivos
ciclos de interacción entre lo empírico y lo teórico que cada una de estas perspectivas
vaya produciendo. Por ahora, de todos modos, es probable que lo prioritario sea menos
definir las características de la tijera que consolidar la visión de que, en efecto, lo que
tenemos ante nosotros es una tijera.
148
Conflictos agrarios en la construcción del “Mar de Plástico”
Francisco Ferrer Gálvez
Estudios del Tiempo Presente
Universidad de Almería
Introducción
La presente comunicación pretende mostrar algunas de las respuestas del
campesinado1 de la comarca del poniente almeriense ante la transformación de sus
estructuras agrarias. Mostraremos algunos ejemplos de la diversidad de los conflictos que
han protagonizado los agricultores para preservar y mejorar su modelo económico. El
espacio de la investigación se ubica en el centro neurálgico de esta nueva agricultura
intensiva, la comarca del poniente almeriense, un vasto “mar de plástico” de
aproximadamente unas 30.000 has. dedicadas al cultivo de hortalizas en invernaderos2.
El marco cronológico de esta transformación está determinado por el propio proceso de
innovación y por la aplicación del plan de colonización proyectado por el Estado
franquista, que desde 1959 y a través del INC, fue eliminando una de las barreras
fundamentales para el posterior desarrollo agrario en la comarca como fue el acceso al
agua para riego. A finales de los años 70 y con las nuevas legislaciones a favor, el mundo
1
Para comenzar entendiendo el mundo campesino hay que conocer la definición de campesinado en todo
su conjunto, por ello he tomado la definición de Sevilla Guzmán, E. en la evolución del campesinado en
España : El campesinado es el sector integrado por unidades familiares de producción y consumo, cuya
organización social y económica se basa en la explotación agraria del suelo, independientemente de que
posean o no la tierra y de la forma de tenencia que las vincule a ella, y cuya característica red de relaciones
sociales se desarrolla en comunidades rurales, las cuales mantienen una relación asimétrica de dependencia
–y en muchos casos de explotación – con el resto de la sociedad en términos de poder político, cultural y
económico
2
La comarca del poniente almeriense es también llamada con el nombre de campo de Dalías ya que era el
núcleo matriz del que dependían los diversos pueblos de la comarca, en 1982 el Ejido se segregó de Dalías
arrebatándole la capitalidad de la comarca y los pueblos que dependían de él. Los pueblos que componen
esta comarca son: Adra, Berja, Dalías, El Ejido (y sus pedanías), Vicar, la Mojonera, Darrical, Enix y Felix.
149
agrario en general y el almeriense en particular entraron en un período convulso de luchas
de diversa índole para defender el sistema agrario, ya fuera de las instituciones o de otros
sectores económicos.
A nivel general, el proceso de industrialización que se desarrolla en España va a tener
en la agricultura un elemento fundamental a pesar de su progresiva marginalidad. El
sistema agrícola fue la base económica y social en la cual se sustentó el propio proceso
de conversión industrial iniciado en la década de los 50, y cuyo resultado final fue la
pérdida del papel hegemónico que había tenido la agricultura durante largo tiempo en el
sistema económico nacional3. Este cambio va a suponer para la agricultura la pérdida de
gran parte de la mano de obra jornalera que emigraba a las ciudades industriales en busca
de mejoras de vida, y sumando las exigencias de consumo cada vez mayores, van a
empujar a los agricultores a un proceso de tecnificación y modernización necesario para
poder hacer frente a estas demandas y a la escasez de mano de obra. Este período ha sido
denominado por los sociólogos como la segunda modernización agraria en que el debate
ha girado en torno a la empresarialización productivista frente al
ruralismo o
campesinismo tradicional (1959-1986)4.
La transformación tecnológica que sufre la agricultura almeriense en el último tercio
del S. XX va a suponer un profundo cambio que no sólo va a afectar al sector agrícola,
sino que va a transformar todo el panorama socio-económico de la provincia de Almería5.
Poco a poco va a emerger una gran masa de pequeños y medianos agricultores
propietarios de tierras que van a revitalizar una comarca antaño improductiva y además
van a impulsar el entramado empresarial y agroindustrial de la provincia de Almería6.
Este proceso va a estar marcado por una serie de conflictos que varían de forma según va
avanzando la propia transformación del sector agrario.
3
Eduardo MOYANO: Corporatismo y Agricultura. Asociaciones profesionales y articulación de intereses
en la agricultura Española, Madrid, MAPA, 1984.
4
Alfonso ORTÍ: “Una visión histórica generalista de la sociología agraria en España: Las tres
modernizaciones del desarrollo capitalista”, Revista de estudios Agrosociales, 161 (1992), pp. 231-280.
5
José A. AZNAR y Andrés SÁNCHEZ: “Innovación y distrito en torno a un "milagro": la configuración
del sistema productivo local de la agricultura intensiva de Almería”. Horticulture, 2009, pp. 157-193.
6
Francisco J. FERRARO y José A. AZNAR: “El distrito agroindustrial de Almería: un caso atípico”,
Mediterráneo Económico, 13 (2008), pp. 353-382.
150
Conflictos por los recursos naturales y defensa de los pueblos contra los abusos del
poder político y económico.
Como hemos visto anteriormente en la introducción, el desarrollo agrícola de la
comarca y todo el frenesí de construcción de invernaderos, se va a desarrollar en una
época convulsa en muchos aspectos. La pérdida hegemonía de la agricultura y la
progresiva normalización del libre mercado o los cambios políticos y sociales que se
estaban produciendo en el país, harán que el campesinado se organice y defienda el
modelo de vida que habían ido construyendo con el tiempo.
El acceso a la tierra.
A diferencia de la conflictividad generada en buena parte de Andalucía por el acceso
a la propiedad de la tierra, en el poniente almeriense, salvo en el caso concreto que aquí
se tratará, no ha sido un elemento principal de lucha en el proceso de transformación. Hay
varios factores fundamentales que han reducido (casi eliminado) los conflictos por la
titularidad de la tierra en el poniente almeriense, el primero de ellos y sobre el cual oscilan
las demás es la intervención estatal en la comarca. Las actuaciones de transformación y
colonización que el INC emprendió en la provincia y que posteriormente continúo el
IRYDA, abrieron la posibilidad de ser propietarios a cientos de agricultores bajo la
protección del estado7. El segundo factor es sin duda la disponibilidad de una gran
cantidad de tierras incultas, que tradicionalmente fueron improductivas debido a la falta
de agua y la mala calidad de los suelos, obstáculos que se fueron sorteando gracias a las
mejoras tecnológicas como la construcción de pozos mecanizados en distintos puntos del
campo. Y como tercer factor, la progresiva facilidad de acceso a los créditos agrícolas
para poder llevar a cabo las mejoras correspondientes en las explotaciones, la inversión
para la construcción del invernadero o para poner en marcha la producción 8; la
conjugación de estos elementos fueron abriendo el acceso a la propiedad a miles de
agricultores que desde distintos puntos de la geografía, sobre todo desde las alpujarras,
fueron consumando la colonización y que a su vez ese efecto llamada incentivó la
transformación de buena parte de las tierras por la iniciativa privada.
A pesar de que estos elementos favorecieron el acceso a la tierra de una forma pacífica
vamos a encontrar un caso conflictivo que llevará a los arrendatarios de una gran
7
8
José RIVERA: Política de colonización agraria en el Campo de Dalias, 1940-1990, Almería, IEA, 2000.
La Voz de Almería, 21 de septiembre de 1978, p. 14.
151
propiedad a utilizar estrategias extremas, y que a su vez creará un consenso en torno a las
soluciones.
En la pedanía de Balerma situada en la costa del campo de Dalías, existía desde finales
del S. XIX una gran propiedad que ocupaba unas 850 has., y cuyas parcelas estaban
arrendadas a cientos de agricultores que pagaban un precio anual. Durante los primeros
años de la década de los 70 ya hay contactos entre arrendatarios y propietarios para la
compra de las tierras que no llegarían a ningún acuerdo. A pesar de que la zona donde
estaban las tierras había sido declarada como parte de la transformación que llevaría a
cabo el IRYDA, concretamente la transformación del sector VI aprobada por decreto
681/1973 de 15 de Marzo, la propiedad, en connivencia con el ayuntamiento de Dalías,
publica el 3 de abril de 1975 una ordenanza donde parte de esas tierras se dedicarían a
zonas urbanísticas. En diciembre de este mismo año, los propietarios junto a la promotora
“Mar de Alborán” inician los contactos para que se declaren esas tierras como centro de
interés turístico nacional (CITN). A pesar de que los diferentes organismos llegaron al
acuerdo de que la propiedad reubicara a los arrendatarios en otras tierras y pagaran las
indemnizaciones de las mejoras realizadas en las explotaciones, los arrendatarios veían
como pasaba el tiempo sin obtener ninguna solución a sus problemas. Se dieron lugar
diferentes asambleas en varios espacios sociales del pueblo, en estas reuniones se intentó
llegar a un consenso de las actuaciones a llevar a cabo por los agricultores. En marzo de
este 1977, se llegó a un acuerdo entre el pueblo de Balerma, y los máximos representantes
de las instituciones agrícolas del poniente, como el presidente de la hermandad de
labradores y ganaderos o los presidentes de las diferentes cámaras agrarias de Almería.
Esta reunión recogería las demandas de los arrendatarios, pedían que el IRYDA
defendiese a los arrendatarios ante las actuaciones del poder económico y político, en este
caso por una parte la propiedad y por otra el ayuntamiento; que se vendieran las tierras a
los cultivadores y que el precio lo pusiese el IRYDA. Aunque las demandas que se habían
acordado fueron aceptadas por la propiedad siempre que pudieran seguir con sus planes
turísticos, no se invertiría ni se reubicaría a ningún agricultor en los siguientes años hasta
que en septiembre de 1978 estalló la situación. El 20 de septiembre de 1978, el párroco y
media docena de agricultores se declararon en huelga de hambre hasta que se solucionara
el problema de la tierra y el pueblo secundó y arropó a los agricultores; otros agricultores
crearon una comisión que se encargó de viajar a Madrid y reunirse de urgencia con las
instituciones y el día 27 llegaron las noticias del triunfo de los arrendatarios. La propiedad
152
veía frustrada su intención de construir la urbanización y se comprometía a vender las
tierras a los arrendatarios, al final del conflicto fueron unos 323 agricultores los que
accedieron a más de 500 has.9
Este conflicto de “clase” como la demanda de tierras demuestran que la lucha por la
propiedad de la tierra fue un elemento que destacó intensamente en estos primeros años
de la transición hacia el sistema democrático, conflicto que en definitiva fue cuasi único
debido a la gran cantidad de tierras disponibles en la comarca y a la actuación del Estado.
Este conflicto creó un consenso en torno al pueblo de Balerma, la reivindicación de la
tierra como el elemento fundamental para el desarrollo de las poblaciones pobres. Se
comenzó a desarrollar un sistema asambleario y democrático para velar por los intereses
de la mayoría social del pueblo en contraposición a los privilegios de unos pocos.
Recursos naturales. La arena.
El rápido triunfo del cultivo en invernaderos tiene mucho que ver con el ingenio de
los agricultores, con la labor de los técnicos del INC y sobre todo de las nuevas técnicas
que en él se desarrollan y que además van a necesitar de un reservorio importante y
continuo de recursos naturales. En el caso anterior hemos visto un conflicto importante
sobre la titularidad de la tierra, pero también vamos a encontrar conflictos por otros
recursos naturales como la arena.
Una de las técnicas que ya se utilizaba tradicionalmente en zonas de la costa
almeriense y granadina, va a constituirse en imprescindible en el nuevo sistema agrícola,
hablamos de la técnica del enarenado10. Esta técnica consiste en cubrir el suelo de las
explotaciones con una capa más o menos fina de arena, sus beneficios eran amplios ya
que esta práctica permite una menor evotranspiración del agua y además mantiene la
temperatura constante de las raíces, dando grandes beneficios a las explotaciones. Esta
técnica demandaba un gran aporte de arena y este se extraía de las playas y de las canteras
del municipio. Hay que recordar que las décadas de los años 60 y 70 van a ser los años
del despegue turístico en muchos lugares de la costa y en Almería se estaban creando
amplias zonas de interés turístico nacional (CITN)11. En 1964 se declara en Aguadulce el
primer CITN y en 1967 se aprobará el de Roquetas de Mar, posteriormente en 1973 el
José A. PEÑA: “Balerma, lucha por la propiedad de la tierra”, Farua, 4-5, (2001-2002), pp. 217-235.
Odón FERNÁNDEZ y Antonio PIZARRO: “La técnica del enarenado transforma un desierto”, Revista
de Estudios Agrosociales, 115, (1981), pp. 31-70.
11
Antonio J. GARCÍA: “Los 27 Centros de Interés Turístico Nacional”, Andalucía en la Historia, 37,
(2012), pp. 32-36.
9
10
153
CITN de Almerimar. La construcción de estas zonas urbanísticas va a chocar con los
intereses agrícolas, se repetirán los conflictos entre agricultores y asociaciones
naturalistas por la extracción de las arenas.
Como ejemplo de este tipo de conflicto podemos mencionar el que tuvo lugar durante
el verano de 1978 con la extracción de arena en la playa de “los cerrillos”, en el término
municipal de Roquetas de Mar. El sindicato agrario UAGAL convocará una serie de
asambleas para mediar con los diferentes sectores económicos12. Esta problemática va a
ser denunciada por la Asociación Naturista de Andalucía (ANA) a cuya cabeza se situaba
su presidente Branko Bruckner. Aludían a que la empresa “Cerrillos S.A.”, encargada de
las extracciones de arena en la playa, ocupaba más espacio que los que decían las
ordenanzas y utilizaban el camino naturista, y que además estaban causando un grave
problema medioambiental. Por parte de los agricultores el conflicto se generó debido a
que la zona de playa se utilizaba para las extracciones de arena todo el año excepto los
meses de verano, esto era un grave problema para los agricultores ya que estos meses eran
los destinados a preparar las explotaciones para la siembra tras el período estival.
También aludían a que el camino naturista era el único acceso para extraer la arena. Tras
un informe del Ayuntamiento de Roquetas de Mar que ratificaba la ilegalidad de la playa
naturista, se va a encontrar enfrente la oposición de la asociación de vecinos, a la ANA y
al sector turístico representado por en este caso por Almantur. Los agricultores,
organizados en una asamblea realizada en la sede de la asociación “Hortamar” y tras
reunirse con los representantes de las cámaras agrarias intentaron llegar a una solución
favorable para los dos sectores económicos13. Este episodio no va a ser único y se repetirá
en el campo de Nijar , este caso CNJA mediará en el conflicto.
Luchas contra la política agraria de la administración.
En estos primeros años de andadura democrática, uno de los elementos más
importantes de conflicto va a girar en torno a la política agraria estatal. El campo
almeriense, cultivador casi exclusivo de frutas y hortalizas, va a demandar un mayor
apoyo de la administración para la solución de una serie de problemas que desde su propia
génesis atenazaban al sector agrario. En estos primeros años de negociaciones colectivas
12
13
La Voz de Almería, 26 de agosto de 1978, p. 16.
La Voz de Almería. 09 de septiembre de 1978, p. 11 y 18.
154
en el Fondo de Ordenación y Regulación de Productos Agrarios (FORPA), las hortalizas
no estaban insertas en el cupo de productos regulados por el Estado, dejando al sector en
una posición de indefensión ante los mecanismos del mercado. Las demandas que
negociaban las OPAs como interlocutoras a favor de los cultivadores cuyos productos no
estaban protegidos por el Estado se orientaban a las medidas complementarias, como las
relativas a las subidas porcentuales de los precios de los carburantes, de los inputs
externos, de los abonos o los fertilizantes.
En el poniente, tras una década de construcción ininterrumpida de invernaderos y del
abandono por parte de las instituciones del Estado del campo almeriense, va a aflorar un
grave problema de sobreproducción. Los productos de la horticultura almeriense, como
las diferentes variedades de tomate, se veían apilados en los puntos de venta, la poca
capacidad de las empresas exportadoras y la negativa de las instituciones a permitir una
mayor exportación hacían dudar de la rentabilidad agrícola. En varias ocasiones este
problema se veía intensificado en las fronteras, principalmente por la reacción de los
jóvenes agricultores franceses que, viéndose amenazados por un producto que competía
cada vez más con el suyo, decidían bloquear el paso de los camiones o en algunos casos
acabar directamente con la mercancía. Ante todos estos problemas se va a llegar un
consenso necesario entre la mayoría de asociaciones que representaban a los agricultores,
e incluso se va a crear una coordinadora de agricultores que va a velar, a parte de los
sindicatos y asociaciones agrarias, por el interés común de los agricultores. De estas
asambleas van a surgir varias reivindicaciones, pero la que implicaba directamente a la
administración va a ser fuertemente impulsada. Se va a exigir la planificación y la
reordenación del sector hortofrutícola almeriense aludiendo a la marginalidad y el
abandono por parte de las administraciones de un sector que producía un valor de unos
27.000 millones de pesetas en el año en 1978. Formalmente se solicita al ministerio de
agricultura que dada la importancia de la producción y la comercialización de las
hortalizas almerienses en el conjunto nacional, se actúe de urgencia en la provincia
creando una mesa integrada por agricultores, comerciantes y administración con el
objetivo de reorganizar el sector y planificar la producción. También se exigirá que el
Estado asegure la libre exportación de sus productos a los demás países europeos
mediante una política internacional que favorezca a los agricultores.
“Otro acuerdo de la asamblea fue el asesoramiento técnico de la comisión elegida tanto
de nivel jurídico como agrario y económico y, finalmente, se acordó redactar un escrito
155
que irá firmado por los agricultores interesados para elevarlo a la <<autoridad
competente>>. Que se solicitará la anulación "de medidas discriminatorias respecto a la
exportación de tomate, pidiéndose a la Administración que para nuestros productos rijan
las mismas medidas que para el resto de los negociadores con !a CEE dejando libertad de
mercado con la que los productos se beneficiarán y se contribuirá notablemente a acabar
con la gran especulación que actualmente se da en el sector”14.
La negativa a las demandas de los agricultores por parte de la administración propició
unas reacciones conflictivas en febrero de 1979 que ocasionaron una huelga en el sector.
Se tiraron tomates a la calle como protesta e impidieron que los camiones se llevaran el
género y salieran de las alhóndigas, la policía tuvo que utilizar la fuerza saldándose la
confrontación con 41 agricultores detenidos. Tras los acontecimientos la administración
tuvo que ceder ante algunas de las peticiones como la planificación del sector mediante
un grupo de trabajo permanente15.
Otro frente en el cual los agricultores almerienses estaban inmersos fue la
confrontación contra las cámaras agrarias, si bien esta conflictividad va a ser más
simbólica que efectiva, hay que hacer referencia a que en las elecciones a ésta institución
en la comarca de poniente se va a producir un absentismo muy importante. De los 44.281
agricultores que estaban llamados a votar en toda la provincia, sólo un 32,5%, es decir
unos 14.398 ejercieron su derecho a voto, en el campo de Dalías el porcentaje fue aún
menor, con un 16,5% de votantes. Las causas de este absentismo no están del todo claras,
pero si hay que hacer hincapié en la lucha enconada de los sindicatos agrarios, sobre todo
de la COAG y la FTT en la eliminación de ésta institución que estaba siendo utilizada por
el gobierno de la UCD para tener bajo control el mundo rural. El informe reservado del
instituto de relaciones agrarias sobre las candidaturas independientes, filtrado y revelado
por la COAG, publicado en diciembre de 1978 daban a conocer estas maniobras, en
referencia a la provincia, todas estas candidaturas independientes estaban controladas por
la UCD y eran miembros del sector conservador, e incluso se demostró las conexiones
entre los secretarios de las antiguas hermandades de ganaderos y labradores con las
candidaturas independientes. Las anteriores irregularidades fueron denunciadas
públicamente por las organizaciones profesionales de izquierdas como UAGAL o FTT,
que pedían la actualización de los censos y la planificación de candidaturas que realmente
14
15
La Voz de Almería, 12 de septiembre de 1978, p. 15.
La Voz de Almería, 05 de abril de 1979, p. 15.
156
representaran los intereses de los agricultores, en contra de aquellas candidaturas
independientes monopolizadas por el gobierno16. A pesar de los intentos de las
organizaciones progresistas, sólo 5 pueblos de la provincia van a romper el monopolio de
las candidaturas independientes: Carboneras, Ohanes, Fines, y Berja y Darrical del
poniente almeriense.
Luchas por la autonomía de la comercialización.
El cambio de modelo económico que progresivamente va experimentando el país
desde los últimos años de la década de los 50, va a desplazar al sector agrario a una
posición subordinada dentro de la estructura económica estatal. Si bien es que hasta los
últimos años del régimen franquista no vamos a encontrar mucha conflictividad en el
campo, debido por una parte al sistema represivo estatal y en otra al exhaustivo control
de las instituciones rurales sobre los sectores campesinos, la década de los 70, impulsada
sin dudas por la crisis del petróleo de 1973, va a marcar el inicio de la conflictividad en
el mundo agrario español17. La incapacidad del estado franquista para solucionar los
nuevos problemas que traía el libre mercado va a conformar el germen del asociacionismo
al margen de las instituciones, y van a precipitar a los agricultores a un paulatino proceso
de emancipación del poder estatal.
Estos nuevos conflictos generados por el propio sistema capitalista vienen derivados
de la comercialización y especialmente los que tienen que ver con los precios de los
productos. Ante los conflictos generados por las actuaciones estatales entorno a la llamada
“guerra del tomate” de 1978, se va a articular un acuerdo en torno a las actuaciones a
llevar a cabo por los agricultores en defensa de sus intereses. Las organizaciones
profesionales agrarias (OPAS) también van a resultar un elemento fundamental a la hora
de impulsar las reivindicaciones del sector18, e incluso van a promover como ya hemos
visto, la creación de una coordinadora de agricultores del poniente almeriense para
canalizar las reivindicaciones que demandaba el sector hortofrutícola. Esta comisión va a
estar formada por UAGAL, CNJA, APS Hortamar, APS Ejidomar y las cooperativas “El
16
La Voz de Almería, 13 de abril de 1978, p. 11.
V.L. ALONSO, J. CALZADA y VVAA.: Crisis agrarias y Luchas campesinas (1970-1976) Madrid,
Editorial Ayuso, 1976.
18
Francisco FERRER: “El papel de las OPAs en la construcción de un nuevo campesinado en el poniente
almeriense”, en VI Congreso Internacional “Historia de la Transición en España. Las Instituciones”,
(Recurso electrónico) 2015.
17
157
Porvenir”, “Cabasc” y “Arisol”19. El consenso al cual llegaron estos agentes del campo
se dividía en dos bloques: en el primero solicitaban a las autoridades que regularan la
exportación del tomate a los mercados exteriores ya que la actual no daba salida a toda la
producción, lo que hacía que los precios del tomate se desplomaran. Demandaban la libre
exportación del tomate “asurcado” y la entrada de Almería en el cupo del tomate “liso”.
Al margen de todos estos problemas que la exportación y las empresas exportadoras
estaban produciendo en el sector agrícola. Los agricultores de la comarca van a
culpabilizar a estas empresas como parte del problema de los bajos precios y de la escasa
capacidad de comercialización de los productos. La carencia en la comarca de empresas
comercializadoras autóctonas, dejaban en manos de empresas que no eran de la provincia
todo el volumen comercializador. Empresarios murcianos o de la comunidad valenciana
monopolizaban la comercialización de los productos y por su condición de foráneos los
agricultores sugerían que estos no tenían interés en el desarrollo de la comarca. Como
consecuencia de estos acontecimientos y este malestar se va ir desarrollando una
respuesta cooperativista que pudiera competir y asegurar la comercialización desde una
posición principal. Por lo que desde finales de 1977 se va a articular una cooperativa de
cosecheros y exportadores de Almería (COEXPAL), que poco a poco irá penetrando en
el espacio de la comercialización hasta convertirse en una de las cooperativas referente
en el espacio de la comercialización y exportación.
Conclusiones
La modernización agrícola que se desarrolla en el poniente almeriense desde finales
de la década de los años 50 del S. XX, y el imparable desarrollo de la economía capitalista,
va a encontrar en el poniente almeriense un espacio muy contestatario. Como hemos visto
con los ejemplos anteriores, hay una variada tipología de conflictos que se van sucediendo
en la comarca desde los años 70. Las pocas resistencias de los “sin tierra”, aunque sí
existieron como vimos con la huelga de los arrendatarios de Balerma, van a dar paso a
una intensa conflictividad propia de la agricultura en los sistemas capitalistas. Los precios
en general como la venta de los productos, los inputs agrícolas que cada vez eran más
necesarios, o los problemas con las empresas de comercialización van a ser continuos en
este espacio durante las décadas de los 70 y los 80. Otro importante caballo de batalla
19
La Voz de Almería. 27 de mayo de 1978. p 16.
158
será las luchas continuas con las administraciones para mejorar las legislaciones y para
aumentar la importancia de la agricultura almeriense en el contexto institucional. La
conflictividad también se va a orientar a la lucha contra la aparición de otros sectores
económicos como el turismo que va a competir con la agricultura en la apropiación de
recursos naturales, fundamentalmente la tierra y el agua.
La lucha por mejorar y preservar a la agricultura como el elemento motor de la
economía de esta comarca, enfrentándose a las instituciones y/o a los mecanismos de una
modernizada sociedad capitalista que relegaba el papel de la agricultura a un segundo
plano, va a lograr el acuerdo de estos elementos rurales en diversos frentes. Las asambleas
y coordinadoras derivadas de los conflictos por la tierra, por la comercialización o para
mediar en las instituciones van a ir consolidando la unión de estos agricultores en estos
momentos, y van a contribuir a la mejora del mundo rural almeriense.
Bibliografía
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Editorial Ayuso, Madrid, 1976.
159
Huelgas y conflicto social entre los pescadores tradicionales.
Costa cantábrica, 1850-1930
Paz Iver Medina*
Los pescadores tradicionales
La actividad pesquera en la costa cantábrica había mantenido, hasta
aproximadamente mediados del siglo XIX, una serie de rasgos característicos, comunes
en parte con el resto del litoral español. Estas particularidades, que abarcan desde la
propiedad de los barcos y aparejos hasta la organización de la actividad extractiva o el
reparto de los beneficios, configuran lo que se ha denominado sistema de pesca
tradicional o artesanal.
Esta pesca se realiza con artes y técnicas que no varían demasiado a lo largo del
tiempo, en embarcaciones a vela o a remo cuya tipología varía en función de las zonas y
de las especies capturadas. Los barcos pertenecen a uno o varios pescadores, y la relación
que se establece entre el dueño (armador) de la embarcación y el resto de la tripulación
se denomina compañía. Se trata de una persona jurídica, por la cual los marineros son
compañeros o socios que aportan su trabajo, junto con los propietarios o maestres 1. Al
igual que comparten su trabajo, la compañía comparte los beneficios de la pesca. No
reciben un salario, sino una parte de lo ganado, una vez descontados los gastos comunes:
es el sistema de retribución a la parte.
*
Grupo de Historia Social Comparada del Departamento de Historia, Geografía y Arte de la Universidad
Jaume I. Financiación por Programa de Formación de Profesorado Universitario del Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte, 2013.
1
Josu Iñaki ERKOREKA: “ Las compañías de pesca del litoral vasco durante el Antiguo Régimen”. Itsas
Memoria. Revista de Estudios Maritimos del Pais Vasco, 3 (2000), pp. 179-222.
161
Un elemento fundamental en la caracterización del sistema tradicional de pesca es
la regulación y control de toda la actividad pesquera a través de asociaciones de
pescadores, herederas de los gremios y cofradías medievales2 que durante la Edad
Moderna tienen un gran poderío y gozan de importantes privilegios. Estos gremios de
pescadores tienen el control de la actividad de la pesca pero también de aspectos
socioeconómicos, culturales o incluso morales en las comunidades de pescadores. El
abanico de funciones que cumplen estas organizaciones es amplio: desde las asistenciales
o de previsión social hasta la regulación de todas las fases de la actividad pesquera, del
tráfico interno en los puertos3 , el socorro de barcos o la organización de las fiestas
patronales.
Se encargaban también de dirimir conflictos entre los propios socios; en el caso
de las cofradías vascas la conflictividad laboral entre los asociados era corriente, en
especial los casos por el abandono de uno de los tripulantes antes de terminar la costera4.
Dentro de sus funciones está la defensa de los intereses económicos de sus
asociados, de ahí que sean numerosos los conflictos que entablan con otras sociedades
por cuestiones de exclusividad de zonas de pesca o intrusismo de los pescadores de otros
puertos. Gran parte de los problemas o conflictos de los pescadores tradicionales son
canalizados a través de estas asociaciones, que intentan, mediante diversas estrategias,
solucionarlos: desde reuniones o cartas hasta demandas y pleitos o la apelación a la
mediación de las autoridades civiles (alcaldes, gobernador civil) o de la Marina.
Por ejemplo, la Cofradía de San Martín de Laredo demanda, ante el Inspector de
los Tercios Navales del Norte, al gremio de mareantes de Castro Urdiales por el trato
discriminatorio que se aplica a los pescadores de Laredo que debido a las tormentas se
ven obligados a amarrar y llevar su pesca al puerto de Castro Urdiales5, Se trata de un
2
El origen y los antecedentes de los gremios es tema de discusión entre los historiadores. Véase, entre
otros, Antonio, RUMEAU DE ARMAS, Historia de la previsión social en España, Cofradías, Gremios,
Hermandades, Montepío, Barcelona, El Albir, 1981; José Ramón, GARCÍA LÓPEZ, “El gremio de
mareantes de Gijón. Estudio preliminar”, Ordenanzas del Gremio de Mareantes de Gijón, Gijón, Fundación
Alvargonzález, 2000, pp. 13-25;. Manuel, REBOLLO PUIG, Ramón, FALCÓN Y TELLA, Mariano
LÓPEZ BENÍTEZ, Naturaleza y régimen jurídico de las cofradías de pescadores. Córdoba, Universidad
de Córdoba, 1996.
3
Se trata de un privilegio recogido en las Ordenanzas Generales de la Armada Naval de 1793. José Ramón,
GARCÍA LÓPEZ, “El gremio de mareantes…”, p. 37.
4
Josu Ignacio, ERKOREKA GERVASIO, Análisis histórico institucional de las cofradías de mareantes
del País Vasco. Bilbao, Servicio Central de Publicaciones del Gobierno Vasco, 1991, esp. p.306
5
12-09/1-10-1831, Archivo Histórico Provincial de Cantabria, Cofradía de San Martín de Laredo, l.12,
nº.7.
162
caso interesante puesto que pone fin a una concordia anterior que demuestra la existencia
de acuerdos entre las cofradías ante las amenazas compartidas, en este caso, la de los
temporales. Mucho más comunes son los conflictos relativos a las áreas de pesca y las
normas que deben seguir los pescadores foráneos en las aguas y puertos: lo encontramos
entre Laredo y Colindres en los años 1819 y 1820, o entre los pescadores vizcaínos que
acuden a vender a Laredo6.
Si bien la defensa de los intereses de los mareantes es uno de los pilares de estas
instituciones, no por ello ha de entenderse que se trata de organismos armónicos. Por lo
general, el principal requisito para pertenecer a ellas es dedicarse a la actividad pesquera,
ya sea como armador, piloto o marinero y residir en la localidad. En algunos casos, se
contempla la posibilidad de acoger en la sociedad a aquellos trabajadores foráneos que,
de manera temporal, habitan en la localidad dedicándose a la pesca. Los socios suelen
dividirse en dos o más categorías en función de su antigüedad o profesión, diferenciando
a los armadores del resto. En ocasiones existe la figura del socio de mérito o protector.
Se trata de personalidades locales que ayudan económicamente a la asociación, a la vez
que le aportan prestigio. El vínculo de estas asociaciones con los notables locales obedece
a intereses concretos: una de las formas de conseguir mejoras por parte de la
Administración (reparación de muelles, instalación de faros, etc.) es mediante la
intercesión de alguna personalidad importante,y, si hay suerte, de algún cargo político.
Esto requiere, por otra parte, el mantenimiento de unas relaciones, si no fluidas al menos
no conflictivas con las distintas autoridades civiles y militares. En Puerto de Vega, en
1925, asistimos a la visita del gobernador junto con el ingeniero jefe de obras publicas de
la provincia. Pasean por el embarcadero en obras y sobre el terreno hacen estudios para
mejorar las condiciones de trabajo de los pescadores. Es obsequiado por las autoridades,
fuerzas vivas y por el gremio de pescadores con un banquete7.
Como decíamos, los conflictos internos en el seno de estas instituciones son
abundantes:
6
7
1819-1820. Ibid. l.13, nº.29.
La Voz de Asturias: diario de información, III, 565, 06 de febrero de 1925.
163
En 1897 el párroco José González-Pola, presidente de la Sociedad de Luanco, presenta
su dimisión alegando no puede presidir una sociedad cuyos socios carecen de religión y
le han deshonrado8.
De nuevo en Asturias, una memoria anual de la Sociedad de Mareantes de Candás
nos habla veladamente de conflictos interno suscitado a raíz la refundación de esta
sociedad y la aprobación de su nuevo reglamento: “Pasemos, sin embargo, en silencio la
guerra solapada y artera que desde un principio se declaró [...] y quédeles a sus autores la
triste satisfacción de tratar de convertir en elemento disolvente, lo que debía ser, y es,
centro de atracción y vínculo de caridad”9. Lo cierto es que a los autores, además de esta
satisfacción, les quedan 78 de los 181 socios inscritos que “oyendo la astuta voz de la
Sirena, cayeron incautos en sus redes” abandonan la Sociedad.
Estas divisiones internas no parecen obedecer simplemente a luchas intestinas por
el poder, que también lo eran, sino que pueden encuadrarse en un proceso general de
decadencia de las tradicionales formas asocativas. Es, efectivamente, en el siglo XIX
cuando el sector pesquero abandona definitivamente las épocas de esplendor de siglos
anteriores y debe afrontar una profunda reestructuración de la pesca marítima. Si bien se
ha de manejar con precaución, informes de principios de siglo nos dibujan una panorama
asociativo en franco declive: “Los pescadores guipuzcoanos son poco menos que
inasociables, puesto que las cuatro sociedades de importancia que existen en esta
provincia, hállanse divididas en dos grupos o bandos cada una”10. Así, en Fuenterrabía
parte de los pescadores se habían desligado de la tradicional cofradía de San Pedro, a raíz
de un conflicto complejo en el que interviene el enfrentamiento entre los derechos del
párroco y los del alcalde; si bien, apunta el autor, tal división se produjo tras una elección
de Diputados a Cortes que desune a los pescadores. En San Sebastián, de los 500
pescadores que habitan, solo la mitad está asociado, realizando el resto las ventas de
pescado de forma independiente. Igual desunión se produce en Guetaria, donde conviven
s.a.: “Datos y fechas para una historia del Gremio de Pescadores de Luanco. 1881-1906”, Álbum de
Luanco: en las tradicionales fiestas del Socorro, 5 de febrero de 1994. (1994), Cofradía de Pescadores
Cristo del Socorro.
9
Memoria leída por el secretario de la Sociedad de Mareantes de Ntra. Sra. Del Rosario de Candás en la
junta general celebrada el día 14 de enero de 1895, Gijón, Imp. del Comercio, 1895, esp. pp.7-8.
10
Benigno RODRÍGUEZ SANTAMARÍA: Los pescadores del Norte y Noroeste de España. Su vida social
y particular por provincias, Madrid, Imprenta Alemana.1916. Ed. facsSantiago de Compostela, Consello
da Cultura Galega, 2005, esp. p.58.
8
164
dos sociedades. En Motrico, a raíz de las deudas contraidas, se embargan el edificio y
bienes de la sociedad, que acaba por desaparecer11.
Esta situación de desintegración de los pescadores ha de relacionarse con todas
las medidas liberalizadoras puestas en marcha por el Estado durante el siglo XIX que
culminan con la abolición de los gremios. Se pretende el fomento de la industria y el fin
de unas instittuciones anacrónicas que lastran la libre iniciativa, además de dar cabida a
los cambios económicos y productivos que se van produciendo. Se elimina también el
estanco de la sal y la Matrícula de Mar en 1873. El decreto de 1864, que supone el fin de
los gremios de pescadores en todo el territorio español, permite la pervivencia de las
asociaciones de pescadores sujetos a las leyes comunes y, más adelante, bajo el amparo
de la Ley de Asociaciones de 30 de junio de 1887 o de los artículos 35 a 39 del Código
Civil12. A partir de entonces, los pescadores forman sociedades que, bajo distintas formas
y nombres —“Sociedades”, “Gremios” o “Cofradías”, pervivencias simbólicas de su
pasado— defienden y procuran auxilio a sus miembros. Por otra parte, la función
asistencial intentará ser cubierta, con desigual éxito, mediante diversas iniciativas de
regeneración desde el Estado, como la Comisión de Reformas Sociales, el Instituto de
Reformas Sociales en 1903,o el Instituto Nacional de Previsión, del que nace la rama más
específica de la Caja Central de Crédito Marítimo.
La modernización del sector pesquero
Junto a la liberalización del sector, el segundo pilar del cambio en la pesca en el
siglo XIX y principios del XX es la introducción de avances técnicos, la modernización
de embarcaciones, materiales y de estructuras económicas. El principal cambio en el
Cantábrico es la progresiva implantación de la pesca con embarcaciones de vapor y redes
de arrastre, que se generaliza en el último tercio del siglo XIX y principios del XX13.
El aumento de la demanda interior vinculado a la urbanización, la extensión del
ferrocarril y de nuevos sistemas de conservación, además del peso de las importaciones,
fomentará el crecimiento de la pesca industrial y la modernización de los puertos. Se trata
11
Ibid., pp.28-43.
Manuel REBOLLO PUIG; Ramón FALCÓN Y TELLA y Mariano LÓPEZ BENÍTEZ, Naturaleza y
régimen jurídico… p. 13.
13
Josu Iñaki ERKOREKA: “ Las compañías de pesca..."
12
165
de un proceso progresivo y con diferentes ritmos, así, en puertos vascos como Bermeo,
Ondarroa o Pasaia, la expansión de los vapores de arrastre es más temprana14.
En Galicia es especialmente visible desde inicios de siglo, primero en Vigo y La
Coruña, el desarrollo de la industria pesquera capitalista y la conversión de muchos de
los pescadores tradicionales en trabajadores de los vapores y motoras sardineras15.
Por otra parte, a partir del siglo XIX se van instalando en los pueblos costeros
fábricas de salazones, escabeches o conservas, en principio con capital catalán, francés o
italiano. En el último tercio del XIX experimentan una importante difusión por todo el
Cantábrico.
Además de los evidentes cambios económicos que trae esta modernizacion de la
pesca, en el ámbito sociológico se producen importantes novedades: por primera vez se
laboraliza o proletariza a la tripulación16. En los grandes buques de arrastre ya no existe
la compañía ni el sistema a la parte: el armador no suele ser parte de la tripulación, de
hecho no suele ser pescador sino un empresario, y los marineros trabajan por un salario
fijo. Cambian para estos trabajadores el sistema de retribución, la movilidad, los hábitos
y tiempos de trabajo.
Resistencias
Aunque en un principio los primeros arrastreros no parecieron chocar mucho con
los pescadores, pronto empiezan las reacciones debido a la imposibilidad de competir en
el volumen de capturas ante estos grandes barcos y la consiguiente bajada de los precios.
Los pescadores tradicionales protestan ante la utilización de estas redes y las culpan de
las malas campañas: en Vizcaya, por ejemplo, de la escasez de merluza y besugo, que
eran las especies más rentables para los pescadores tradicionales17.
Juan Antonio APRAIZ: “La pesca artesanal en el siglo XX. Cambios y transformaciones en la Costa
Vasca”, Zainak, 25 (2003), pp. 327-348. Ander DELGADO CENDAGORTAGALARZA: “La
introducción de las máquinas de vapor en el sector pesquero tradicional vasco (Bermeo, 1900-1915)”, Itsas
Memoria. Revista de Estudios Maritimos del Pais Vasco, 3 (2000), pp. 349-362. Para Cantabria véase Luis
Javier ESCUDERO DOMÍNGUEZ: “La mecanización de los barcos pesqueros: lanchas de vapor en la
historia de Santoña y primeras referencias en Cantabria” Monte Buciero, 8 (s.d.), pp.11-35.
15
Dionisio PEREIRA: “Capitalismo pesquero y sindicalismo en la España de anteguerra: la Federación
Nacional De Industria Pesquera”, Revista Andaluza De Antropología, 4 (2013), pp. 122-146.
16
Iñaki ERKOREKA: “ Las compañías de pesca..." Habla de habla del “obrero del mar”, p. 179.
17
Luis Javier ESCUDERO DOMÍNGUEZ: “La mecanización..."
14
166
Ya en 1889 se unen pescadores asturianos de Candás, Luanco, Cudillero y La
Arena para luchar contra el “malhadado boliche”, llegando a producirse altercados y el
encarcelamiento de algunos pescadores durante los disturbios18.
Aunque existan casos aislados de altercados, la formación de comisiones y la
búsqueda de apoyo de notables y autoridades es una constante durante todo el periodo
analizado: en 1907 una comsión de pescadores de Galicia acude al ministerio de Marina
para conferenciar con el general Ferrandiz. A la salida, manifiestan que han expuesto al
ministro los grandes perjuicios que les origina la pesca con el arrastre, por lo que le habían
solicitado que dictase una disposición prohibiendo este tipo de pesca pesca19. Un año más
tarde, en Cantabria, las cofradías de pescadores de Laredo y Santoña le presentan al rey
durante su estancia en Santoña un memorial en el que solicitan la supresión de la pesca
de arrastre "que tantos perjuicios causa a la gente pescadora"20.
Avanzando el siglo, en 1924 tenemos noticia de una comisión con representantes
de pescadores de Santander, Asturias, Vizcaya y Guipúzcoa que va a Madrid para
conferenciar con el Directorio en representación de los pescadores del norte y noroeste,
desde Vigo hasta Fuenterrabía. Piden la suspensión de la pesca por arrastre y tarraza,
pues estas " causan grandes perjuicios a los obreros marineros, muchos de los cuales han
debido emigrar y otros están en la miseria". Firman los certificados que llevan para
demostrar los daños los alcaldes de los puertos, comandantes de la guardia civil y fuerzas
vivas de los pueblos21.
Como vemos, la resistencia a las nuevas técnicas de pesca es probablemente el
principal conflicto de la pesca tradicional del periodo. Esto puede llegar a suponer, en
algunos casos, la lucha entre los propios pescadores. Tal es el caso de traineros y jeiteros
en Galicia, un conflicto complejo y de largo recorrido (encontramos noticias en la prensa
en 1901, 1902, 1905...), que llega incluso a ser tema de obras literarias22. Se combinan en
el conflicto cuestiones contra determinadas técnicas de pesca, la traiña, y la desaparición
de sistemas tradicionales como el jeito, sin faltar manifestaciones, diligencias judiciales,
la intervención del Ayudante de Marina y la presencia de los cañoneros a la entrada de
las rías, incluso la colocación de dos bombas en la casa de un comerciante vinculado a la
18
"Acta de la sesión de 13 de diciembre de 1889", Libros de Actas de la Sociedad de Mareantes de
Candás.1887-1894, Archivo Municipal de Carreño.
19
Heraldo Alavés : Diario independiente de la tarde, Año VII, Número 2072, 30 de octubre de 1907.
20
Heraldo Alavés : Diario independiente de la tarde, Año VIII, Número 2303, 13 de agosto de 1908.
21
La Voz de Asturias : diario de información, 12 de marzo de 1924.
22
Angel JULIAN: Treineros y Jeiteros. Drama en tres actos y en verso, Astorga, N. Fidalgo, 1903.
167
pesca con traiña23. También violentos llegan a ser algunos de los enfrentamientos entre
pescadores españoles y franceses, que utilizan vapores con redes de arrastre. En Galicia,
el empleo del bou para la pesca de la merluza y el amarre de barcos franceses en puertos
gallegos genera tensiones importantes, que incluyen la rotura accidental de las redes por
parte de barcos franceses, manifestaciones y la salida a la calle de la fuerza de caballería
para mantener el orden24. También la opinión pública se moviliza en contra de las nuevas
técnicas de arrastre: es común encontrar en la prensa de la época artículos que apoyan la
lucha de los pescadores, haciendo hincapié en la sufrida profesión de estos hombres y en
la miseria y bravura de la clase pescadora, y llamando a la Administración a protegerlos25.
En el diario Región, se reproduce la Real que autoriza la tarrafa, aprobada por petición de
armadores del distrito de Vivero, acompañada de testimonios de pescadores de la región
lamentándose de la escasez de pesca26.
El argumento principal de los pescadores es que las artes de arrastre esquilman el
mar. En los discursos también se rastrean referencias a aspectos morales, contraponiendo
el sufrimiento y necesidad de los pescadores con la ambición de los armadores. En la
comisión anteriormente mencionada con representantes de todos los pescadores del
cantábrico se muestran unos informes realizados por los gremios, visados por alcaldes y
comandantes de Marina, demostrando que : el precio del pescado ha aumentado en un
300% y que la cantidad de pescado en el mercado ha disminuido un 80%. Por ello se
insiste en la necesidad de terminar con estas pescas que matan la cría y hacen que la
producción para el consumo llegue en malas condiciones. Se añade que su prohibición no
perjudicaría ni a propietarios ni a los tripulantes y que con otros procedimientos se
contrata más personal27.
Nuevas asociaciones, nuevos conflictos.
A pesar de todas estas acciones por parte de los pescadores tradicionales contra
los nuevos vapores y técnicas de pesca, lo cierto es que la pesca industrial va asentándose
en las aguas del cantábrico, no solo a través de embarcaciones con tripulantes franceses,
23
.Heraldo Alavés : Diario independiente de la tarde, Año V, Número 1377, 07 de julio de 1905.
Heraldo Alavés, Diario independiente de la tarde, 22 de octubre de1902 ; 29 de octubre de 1902, 15 de
mayo de 1903.
25
El Noroeste, 08 de junio de 1904-p.1
26
Región : diario de la mañana Año II Número 432, 07 de diciembre de 1924.
27
Región, 16 de marzo de 1924, p.11); La Voz de Asturias, 12 de marzo de 1924.
24
168
sino también con marineros y pescadores españoles que trabajan para armadores
nacionales o extranjeros. Con sede en los principales puertos (Vigo-Bouzas, Pasaia,
Coruña, Gijón, Santander) la pesca industrial es uno más de los nuevos sectores que
encontramos en las zonas portuarias, junto a barcos mercantes, astilleros, y distintos tipos
de industria. Conviven pues en los puertos un gran número de obreros, gran parte de ellos
sindicalizados. En el caso de los pescadores, convertidos en obreros del mar con unos
hábitos y condiciones de trabajo muy distintas a las tradicionales, vemos surgir algunos
conflictos donde lo que prima no es ya la defensa de los intereses sectoriales sino los de
clase frente a estos nuevos armadores empresarios:
En 1906, estalla una huelga de tripulantes de vapores del bou en La
Coruña. El origen inmediato es el despido del marinero Tomás Docampo, despedido
injustamente del vapor General Gordon. De fondo, encontramos un conflicto de mayor
calado sobre mejora de condiciones laborales y el privilegio de la exclusividad frente a la
libertad de elección por parte de los armadores en la contratación de marineros. La Junta
de Unión Marítima exige a los armadores la admisión del marinero despedido, el abono
de todos los jornales perdidos con motivo de la huelga así como el despido de los
esquiroles y admisión de todas las tripulaciones desembarcadas. Por su parte, la Junta
de Armadores acuerda no admitir en ninguno de los vapores del bou al marinero Tomás
y, aunque no se opone a que los tripulantes de los vapores sean asociados, no acepta que
se les impida tomar tripulantes que no lo sean, y acuerda dejar en libertad a los tripulantes
para que se asocien o no.
Se trata de un enfrentamiento claro entre marineros (agrupando posiblemente a
capitanes, marineros, pescadores) y armadores. No se trata de defender los intereses
sectoriales, sino de mejorar las condiciones laborales. Asimismo, es clara la tensión entre
la liberalización de la mano de obra pretendida por los empresarios y el mantenimiento
de unos privilegios de los asociados. Más allá de este conflicto concreto, que termina con
la suspensión y clausura por parte de las autoridades de la sociedad de pescadores,
podemos ver una nueva conflictividad asociada a la pesca industrial. Cabe destacar que,
en solidaridad con los pescadores, se unen momentáneamente carpinteros y albañiles,
mientras que también los empresarios crean sus propias redes al formar un concierto
patronal de armadores, fabricantes de hielo y otros patrones: ningún fabricante se presta
169
a servir a los vaporcitos-parejas que han hecho causa común con los pescadores
huelguistas ni les dan hielo o carbón, pero sí a los esquiroles28.
A medida que los marineros se van uniendo, también los armadores van formando
sus propias asociaciones, como la Asociación General de Industrias Pesqueras y sus
Derivados, que, fundada en 1917, termina representando los intereses de armadores de
202 vapores y los propietarios de 43 fábricas de conserva y salazón de quince de los
puertos gallegos29.
Dos años más tarde se produce otra huelga de los pescadores del bou en La
Coruña. Sus exigencias se encaminan a la mejora de las condiciones laborales:
-
Señalar sueldos de 125 pesetas para marineros, paleros y cocineros, 150 para
fogoneros y 175 para los contramaestres.
-
Exigir que cada barco vaya tripulado por seis marineros, un contramaestre, dos
fogoneros, un palero y un cocinero.
-
Reclamar 30 pesetas más de sueldo si los barcos saliesen a pescar fuera de aguas
de la Coruña.
-
Cada buque dejará en tierra dos marineros por mares, y todos los barcos regresarán
los domingo a puerto para no salir hasta el lunes.
Es de destacar, no obstante, que estas exigencias son “las bases que sostendrán los
pescadores hasta que no terminen los trabajos que vienen realizando para conseguir la
desaparición de la pesca de arrastre”30.
Existen conflictos menores, solucionados dentro de las tradicionales asociaciones
de pescadores, y que no tienen el cariz de los ejemplos anteriores. Tal es el caso de los
pescadores asturianos de San Juan de la Arena, que en 1922 reclaman a los armadores
que contribuyan, como venían haciendo, con un impuesto del 4% para el mantenimiento
de la Rula31. Esto se inserta, más bien, en la propia tradición de estas asociaciones, que
solían exigir una mayor contribución por parte de los socios armadores para el
mantenimiento de las infraestructuras comunes o las funciones asistenciales.
28
El Noroeste, 21 de agosto de 1906, 07 de agosto de 1906, 01 de agosto de 1906.
Dionisio PEREIRA: “Capitalismo pesquero ...". p.108.
30
El Noroeste, 08 de enero de 1908.
31
Sociedad de mareantes El Progreso Marino, Archivo histórico provincial de Asturias,Sección Gobierno
Civil. Soto del Barco.
29
170
Además de los armadores, los fabricantes de conservas es el otro gran grupo de
empresarios. Como hemos visto, a partir del siglo XIX se van instalando en los pueblos
costeros fábricas de salazones, escabeches o conservas, que en el último tercio del siglo
XIX experimentan una importante difusión. Se trata de un sector de gran importancia
pues absorben una gran cantidad de mano de obra femenina y ayudan, como veremos más
adelante, a la supervivencia de los pescadores tradicionales.
No son muchas las fuentes encontradas sobre conflictos entre pescadores y
trabajadoras de las fábricas y conserveros. En cuanto a los primeros, encontramos casos
en los que los fabricantes se ven afectados por la huelga de los pescadores contra los
armadores: en Vigo vemos a los fabricantes de conservas acordando acordando cerrar sus
24 establecimientos por estar en huelga los traineros. El peso de estas fábricas, que dan
trabajo a gran parte de la poblaciones costeras, sobre todo mujeres y niños, lleva a la
rápida intervención de las autoridades para evitar las huelgas de pescadores y el
consiguiente parón de las fábricas. Los mismos motivos llevan a que las autoridades se
interesen en solucionar algunas demandas de los pescadores, como es , en 1916, la
petición de los pescadores de Santoña, pero también de Bermeo, Mundaca, Elanchove así
como de puertos gallegos, de obtener facilidades para la adquisición de carbón en los
buques. Se trata tanto de vaporeros como, en estas fechas, de las primeras lanchas a vapor
de pescadores tradicionales. El Gobierno reconoce la importancia de esta petición sobre
todo por lo que se refiere a las fábricas de salazón en donde trabajan centenares de
obreros32. Existen casos puntuales de alborotos entre pescadores y operarios de estas
fábricas:
“En la playa de Alcabre promovieron una reyerta los tripulantes de una lancha
pesquera y los operarios de una fábrica de conservas por diferencias en la venta
del pescado. Los operarios agredieron con palos y piedras a los pescadores,
hiriendo a cuatro, que tuvieron que echarse al agua para evitar mayores males”33.
32
La Libertad : el diario más antigüo de Vitoria, 14 de marzo de 1916, 16 de mayo de 1916, 3 de junio de
1916.
33
.La Libertad : el diario más antigüo de Vitoria 12 de diciembre de 1916.
171
De mayor trascendencia son las gestiones que llevan a cabo las sociedades de
pescadores ante las autoridades para defender sus intereses económicos frente a los de los
conserveros, como es el caso de Santander, donde, en 1919, los pescadores piden al
gobernador civil que se les permita la exportación de bonito y que se prohíba a los
conserveros. Ante la perplejidad del gobernador, recibe a continuación otra comisión, esta
vez de los conserveros, para pedir precisamente lo contrario34.
El grueso de la mano de obra en las industrias de transformación de pescado está
compuesto por mujeres: suponían mano de obra barata y cualificada, puesto que las
mujeres de estas zonas costeras habían estado dedicadas tradicionalmente a la
manipulación artesanal del pescado. Además de los costes laborales bajos, permite a los
empresarios contar con una gran flexibilidad en horarios, ya que el trabajo variaba en
función de las campañas: en determinadas épocas del año podía imponer unas jornadas
laborales de unas diez horas35.
Comenta Muñoz Abeledo que “las asociaciones femeninas fueron escasas y
efímeras, surgiendo para resolver algunos conflictos —formas de remuneración,
condiciones laborales—, pero disolviéndose cuando estos quedaban resueltos"36.
Los ejemplos expuestos sugieren una mayor concentración e intensidad de las
huelgas en la zona gallega. Es aquí, precisamente, donde se produce una importante
industrialización de la actividad pesquera y donde se crean sindicatos de pesca, vinculados
a la UGT y que terminan por formar parte de la Federación Regional de Obreros de la
Industria Pesqura de Galicia37. No se trata, sin embargo, de un caso aislado, existen
escisiones de sociedades de pescadores en Bermeo o Mundaca en País Vasco o en
Santander a raíz de motivos políticos y laborales38. Aún así, en su conjunto, los pescadores
no son un colectivo especialmente conflictivo. Sobre todo durante el siglo XIX, pero
también durante las primeras décadas del XX, la conflictividad social entre los pescadores
no se basa tanto protestas de clase, y mantienen unos componentes pre-industriales donde
34
La Libertad : el diario más antigüo de Vitoria 14 de julio de 1919.
35
Benigno RODRÍGUEZ SANTAMARÍA: Los pescadores... p. 53)
Luisa MUÑOS ABELEDO: "Actividad femenina en industrias pesqueras de España y Portugal (18701930), Historia Contemporánea, 44 (2012) pp. 49-72, esp. p. 12.
37
Dioniso PEREIRA: " Capitalismo pesquero..."
38
, Alberto ANSOLA: “Una pesca feliz Alfredo Saralegui y sus pósitos de pescadores (1915-1936)”Historia
social, 57, (2007), 3-26. esp. p..7.
36
172
vemos una defensa de privilegios tradicionales, protestas ante impuestos y, sobre todo,
defensa de la actividad pesquera ante la nueva pesca industrial39.
Volviendo a La Coruña, en febrero de 1903 unas 1000 personas se reúnen. Son
vendedores de pescado y traineros. El motivo de la reunión es decidir la estrategia a seguir
para impedir la aplicación de un nuevo impuesto de consumos y la forma en la que el
Ayuntamiento pretende recaudarlo. Se decide, entre acalorados discursos, elevar una
instancia al Ayuntamiento, declarar la huelga general y crear una comisión que evite la
venta de pescado en el mercado. Había, entre todos ellos, algunas mujeres. Dos de ellas
habían recibido el encargo de pronunciarse de sus compañeros. Aplaudidas, una de ellas
afirma “hoy hemos cumplido como hombres, mañana cumpliremos como fieras”. Al día
siguiente, en un mitin que reúne a unas 8000 personas, vuelven a intervenir, una de ellas,
descalza, consigue imponerse y dominar el vocerío. El motivo del conflicto se encuentra
no solo en el impuesto sino en la forma de cobrarlo: tradicionalmente se hacía a ojo, ahora,
la empresa encargada de su recaudación pretendía instalar unas básculas para una
medición más precisa. Finalmente, los contratistas ceden y las retiran40.
Conflictos de similar naturaleza los encontramos en todo el litoral cantábrico, por
ejemplo en San Sebastián, en 1911 contra un arbitrio puesto por el Ayuntamiento para los
pescadores foráneos, injusto, dicen los pescadores, teniendo en cuenta lo que ellos deben
pagar en otros puertos41. Similares protestas se producen en Laredo en 192442.
El cambio en las relaciones sociolaborales derivadas de las nuevas formas
productivas traídas por la industrialización de parte del sector no supuso un corte brusco.
De hecho, seguimos encontrando asociaciones – especialmente en los puertos pequeños
y medianos – donde conviven pescadores y armadores, en ocasiones luchando juntos en
la defensa de los intereses comunes. No se trata de un proceso simple ni tan siquiera
siempre coherente y los límites entre pescadores artesanales y pescadores industriales
pueden ser difusos. Además, se ha de tener en cuenta las diferencias que existen entre los
grandes puertos y los centenares de pequeños y medianos puertos de la accidentada costa
cantábrica. Igualmente, existen diversos tipos de armadores, desde el que posee unas
39
Para los años 1881 a 1888, de las más de cien huelgas registradas por Gutiérrez Sánchez en España, solo
4 provienen de entornos costeros (dos de marinos y dos de portuarios). Mercedes GUTIERREZ: "Trabajo
y conflictividad social en España (1881-1888)", El trabajo a través de la historia : actas del IIº congreso
de la Asociación de Historia Social. Córdoba, abril de 1995. Santiago CASTILLO (ed.), 1996, pp.351-358.
40
Heraldo Alavés : Diario independiente de la tarde, 12, 13 y 14 de febrero de 1903.
41
Heraldo Alavés : Diario independiente de la tarde 14 de enero de 1911, p.2.
42
Heraldo Alavés : Diario independiente de la tarde 25 de octubre de 1924.
173
cuantas lanchas al gran empresario que posee uno o varios barcos de vapor. Por eso, no
es difícil encontrar a pescadores y a pequeños armadores (muchos de los cuales siguen
siendo pescadores) defendiendo intereses comunes, intereses que contrastan en ocasiones
con las tradicionales reivindicaciones de los obreros: en 1924 el Ayuntamiento de Abanto
y Ciérvana apoya las gestiones realizadas por la Cofradía Pósito de Pescadores de
Ciérvana para que no se implante la jornada de ocho horas en los trabajos a bordo de las
embarcaciones dedicadas a la pesca. En este caso, la sociedad está compuesta por quince
armadores pescadores y 227 pescadores.
Ese mismo año, sin embargo, los pescadores de Málaga piden precisamente a sus
patronos la reducción de jornada de 10 a 8 horas43. Las características del trabajo en el
mar, especialmente para los pescadores tradicionales que deben aprovechar las épocas de
abundancia, pueden llevar asimismo a que estén en contra de la imposición del descanso
dominical. Así, el Pósito Virgen de las Mareas de Avilés se muestra contrario a esta
medida que pretendía aplicarse a los pescadores de bajura (condicionados, como hemos
dicho, por las costeras), dejando libertad de acción a los asociados44.
Aunque existen sindicatos de pesca y se producen algunas huelgas contra
armadores, el nivel de politización de los pescadores no parece ser muy alto y tiende a
concentrarse, evidentemente, en aquellas zonas más industrializadas. En algunos casos,
tal politización es tardía: en Cudillero, pequeño puerto pesquero, se funda un centro
socialista en el Pito en 1903.
Alfredo Saralegui, impulsor de una serie de iniciativas de reorganización y
regeneración de los pescadores, afirmaba que
“En el mar, a pesar de que el progreso ha creado también grandes empresas,
alejando la posibilidad de que los obreros puedan hacerse dueños de los medios
de producción y planteando problemas análogos a los creados en tierra con el
establecimiento de la gran industria, aun no había llegado a tan lamentable estado
la lucha de clases, que además se planteó mucho más tarde que en tierra, a causa
43
Cofradía Pósito de Pescadores de Ciérvana. Archivo municipal de Abanto y Ciérvana, Archivo Histórico
Foral de Vizccaya. La Voz de Asturias : diario de información Año II Número 252 30 de enero de 1924
p.3..
”Memoria del ejercicio 1931 del pósito virgen de las mareas de Avilés", Archivo Histórico Provincial
de Asturias/Gobierno Civl /Avilés.
44
174
de la idiosincrasia de los obreros que en aquel trabajan, a la vida nómada que se
ven obligados a llevar y en general a la naturaleza de su profesión que les hace
mantenerse en cierto alejamiento de los asuntos de la tierra. [...] sus sociedades
de lucha de clases son escasas, a pesar de que las leyes sociales hasta ahora
promulgadas, no les son en su mayoría, aplicables en la práctica y de que son de
los obreros que ocupan peor situación en la sociedad; de aquellos cuya vida se
halla más llena de privaciones y de peligros por dedicarse a una profesión que con
justicia podemos calificar de heroica y que para colmo de desgracias se hallan
rodeados de una infinidad de explotadores que merman sus, de todos modos,
exiguos ingresos”45 .
De todos modos, la amenaza de la propagación de sindicatos entre los pescadores,
así como para dar respuesta a una situación insostenible, se promueven desde el Estado y
desde sectores reformistas, una serie de medidas para regenerar la clase pescadora,
procurar su beneficio material y moral. Tras la disolución de los gremios de pescadores,
habíamos visto cómo se habían formado una serie de sociedades, con dispar suerte.. La
pérdida de derechos y privilegios al liberalizar la pesca así como la competencia de la
pesca industrial había supuesto para muchos pescadores una situación muy precaria. Por
otra parte, el desinterés de la administración es patente en la ausencia de intervenciones
de saneamiento o higiene en los puertos y barrios de pescadores, de creación de
organismos efectivos que paliasen la pobreza, el analfabetismo de estas comunidades o
en la ausencia de medidas asistenciales básicas. Así pues, medidas como las propuestas
por Saragueli, entre otros, pretenden remediar esta situación y fomentar la unión en unas
organizaciones que aunasen a pescadores y armadores en defensa de los intereses
profesionales comunes. En 1918 se produce una profunda reforma del marco jurídico y
legal que ampara a estas sociedades de pescadores con la creación los pósitos. Se
pretende una mayor homogenización y control de las instituciones de pescadores. Esta
reconversión se produce mediante la introducción en sus reglamentos de una serie de
artículos y su supeditación a la administración pública.
45
Alfredo SARALEGUI: "La labor de la Caja Central de Crédito Marítimo", Asamblea de pesca marítima
vasca, San Sebastián, 1925, Eusko Ikaskuntza-Sociedad de Estudios Vascos, San Sebastián, 1927, pp. 287312 Recuperado de internet: .https://www.eusko-ikaskuntza.org/es/.
175
Los pósitos son asociaciones cooperativas que aspiran a fomentar la cultura
general y profesional entre los pescadores, a extender los seguros sociales y a la
explotación, sin intermediarios, de los productos de la pesca. Se trata de sociedades sin
filiación política ni religiosa. En algunos casos, forman parte de la sociedad tanto
pescadores como “terrestres”.
La pérdida de autonomía queda patente en el derecho a inspección —tanto de la
documentación como de las reuniones celebradas— por parte de la Caja Central de
Crédito Marítimo, a la que se debe reportar todo cambio en el reglamento de las
sociedades. La creación de la Caja Central de Crédito Marítimo, dependiente del
Ministerio de Trabajo, nace precisamente de esta voluntad centralizadora del Estado, un
Estado que empieza a preocuparse por esa “cuestión social”, antes territorio exclusivo de
asociaciones profesionales, políticas o de beneficencia.
Se impulsan, dentro de estos Pósitos y en conexión con la Caja de Crédito Marítimo, las
cooperativas de consumos, préstamos para la adquisición de embarcaciones o materiales,
la creación de pósitos infantiles para fomentar la instrucción de los niños, etc.
El siguiente paso, desde el punto de vista jurídico e institucional, será la
conversión de estos pósitos en cofradías, ya bajo en franquismo, denominación que
mantienen hasta hoy.
La supervivencia de la pesca tradicional.
Como hemos visto, los cambios en el sector pesquero son profundos: por una
parte, las antiguos gremios de pescadores, que antes controlaban toda la pesca, pierden
gran parte de sus funciones, su poder y, sobre todo, el derecho de exclusividad. Por otra
parte, vemos el inicio de una pesca industrial que supone una fuerte competencia
económica pero que también altera drásticamente el tipo de relacion laboral que existía
hasta entonces en el mundo de la pesca. Altera también la organizacion espacial de los
puertos, el sistema económico de estas comunidades costeras, el sistema de propiedad de
los barcos.
La supervivencia de estos pescadores, y de sus asociaciones, pasa por la
incorporación de innovaciones técnicas y algunos cambios en las estrategias de capturas
y comercialización de la pesca. En cuanto a los cambios técnicos, destaca la introducción
del vapor en la flota pesquera tradicional. En principio vista con precaución y recelo, en
parte por el elevado coste.
176
Además de todas estas novedades, se produce un importante cambio en el reparto
de las ganancias. Aunque se mantiene el sistema tradicional de retribución a la parte
(frente al salario de la pesca industrial), cambian los porcentajes. Al ser mayor la
inversión y los gastos de los embarcaciones motorizadas, el armador (propietario) pasa a
percibir hasta un un 50% de las ganancias siendo el resto repartido entre la tripulación46.
El mantenimiento de la actividad por parte de los pescadores tradicionales se
explica, además de por las innovaciones técnicas adoptadas (que permiten mayor
autonomía, rapidez y versatilidad), por la demanda de la industria conservera. Las
prácticas pesqueras se van así modificando a esta nueva demanda, priorizándose la
captura de especies como la sardina, el bonito o la anchoa y especies anteriores van
perdiendo importancia hasta casi desaparecer (sobre todo la pesca de altura, como la
merluza, besugo), que pasa a ser acaparada por la pesca industrial.
Aunque no sea un factor determinante, las propias huelgas de los pescadores en
los grandes puertos ayuda a la supervivencia de otros más pequeños. Así sucede al menos
en 1936, donde, debido a la huelga de Gijón en los meses de noviembre y diciembre hay
un aumento de los beneficios de 9.953,19 pesetas (lo que los salva del déficit de ese año).
Por esta razón se contratan a dos personas más en la lonja de la asociación47.
El estudio de la conflictividad social entre los pescadores en el tránsito de un
sistema productivo a otro arroja, como hemos visto, resultados complejos, no siempre
unívocos. El nuevo sistema industrial se configura bajo unos parámetros sociolaborales
completamente diferentes. La pesca artesanal, adaptándose y pese a las resistencias, logra
sobrevivir. En este proceso, entran en juego el peso de la tradición y de la comunidad,
elementos atribuidos a los pescadores y, por otra parte, la posible permeabilidad que
existiera al coexistir con las nuevas formas productivas y asociativas, sin olvidar,
finalmente, el papel del Estado y sus políticas intervencionistas de regeneración. Se trata
de un estudio complejo, aún en proceso, y que plantea interesantes líneas de análisis para
profundizar.
Juan Antonio APRAIZ, “La pesca...” p.242.
”Memoria del ejercicio 1931 del pósito Virgen de las Mareas de Avilés", Archivo Histórico Provincial
de Asturias/Gobierno Civl /Avilés.
46
47
177
Transformaciones agrarias desde la historia económica
cuantitativa: una visión de la producción y productividad agraria
europea, 1950-2005
Miguel Martín-Retortillo
Universitat Pompeu Fabra
Introducción 1
La segunda mitad del siglo XX conllevó fortísimas tasas de crecimiento de la
producción y de la productividad, cambios estructurales muy fuertes, así como
transformaciones muy profundas en la economía. La agricultura no ha sido ajena a estas
transformaciones y estos cambios. Estos cambios conllevaron una pérdida de importancia
de este sector en la economía conforme los países avanzaban en la industrialización. A
pesar de esto en muchos países continúa teniendo una gran relevancia la agricultura, no
sólo porque sea una de las principales fuentes de obtención de alimentos, sino porque
todavía emplea a millones de personas en el mundo, mientras transforma el entorno en el
que se desenvuelve.
Esta relevancia del sector agrario no se podría entender sin el análisis de varias
transformaciones muy profundas que se han producido durante la segunda mitad del siglo
XX. Algunas de éstas que comenzaron desde finales del siglo XIX y primera mitad del
XX se aceleraron y ampliaron con nuevas técnicas que surgieron desde la Segunda Guerra
Mundial. Varias de estas transformaciones se podrían resumir en la mayor dependencia
1
Este estudio ha recibido apoyo financiero del Ministerio de Ciencia e Innovación de España, proyecto
2012-33286 y del Gobierno de Aragón a través del Grupo de Investigación ‘Historia económica
agroalimentaria (siglos XIX y XX)’. Trabajo en curso. Por favor, no citar sin el permiso del autor.
179
del factor capital, frente a una menor de los factores productivos predominantes en la
agricultura tradicional, el trabajo y la tierra. Otra versión podría ser la mayor obtención
de factores productivos desde los sectores no agrarios de la economía. Estas
transformaciones han producido incrementos en la productividad de la agricultura
europea sin precedentes.
El continente europeo, en particular, no ha sido una excepción a estas
transformaciones. El cambio estructural que ha tenido lugar en éste, junto con la leve
reducción en el uso de tierra y los fortísimos incrementos en el uso del capital son
muestras de estas transformaciones2.
Muchas de estas transformaciones han conllevado diferencias notables en los
resultados de la agricultura durante la segunda mitad del siglo XX, pero que no sólo
vienen explicadas por la adopción de nuevas técnicas o cambios en el uso de factores
productivos. Las distintas condiciones institucionales o medioambientales entre países
han sido muy relevantes también para explicar estas diferencias.
Por otro lado, el medio ambiente no ha sido ajeno a estas transformaciones.
Algunas de éstas han generado problemas medioambientales graves, cuyas consecuencias
estamos observando y sufriendo en la actualidad. Tensiones en unos recursos hídricos
cada vez más escasos en algunos países como los mediterráneos o un uso más intensivo
del suelo, tanto en la ganadería como en las actividades agrícolas son algunos ejemplos
de las consecuencias medioambientales que han tenido las transformaciones que se han
comentado anteriormente.
Por tanto, el objetivo de este trabajo es estudiar las diferentes tendencias que han
seguido la producción y la productividad de la agricultura en el continente europeo y
cuáles han sido sus principales determinantes, teniendo en cuenta desde las causas
próximas del crecimiento económico como el cambio técnico o la acumulación de capital
físico y las causas fundamentales como las instituciones o las condiciones
medioambientales.
Para concluir esta introducción, repasaremos qué aspectos analizaran los
siguientes apartados. El apartado 2 hará un análisis de la evolución de la producción
Miguel MARTÍN-RETORTILLO y Vicente PINILLA: “Patterns and causes of growth of European
agricultural production, 1950-2005”, Agricultural History Review, 63 (2015), pp. 132-159; ÍD: “On the
causes of economic growth in Europe: why did agricultural labour productivity not converge between 1950
and 2005?”, Cliometrica, 9 (2015), pp. 359-396.
2
180
agraria europea, así como de las principales diferencias entre países y causas que ha tenido
ésta. En el tercer apartado, se observará el fortísimo crecimiento que se ha producido en
la productividad de la agricultura europea, que ha permitido reducir el uso de ciertos
factores productivos, mientras crecía la producción. Por último, este trabajo finalizará con
un apartado de conclusiones.
La producción agraria europea, ¿crecimiento sin límites?
La producción agraria europea ha sido un reflejo de las profundas
transformaciones de la segunda mitad del siglo XX. Como podemos observar en el gráfico
1 y 2, la producción europea se incrementó fuertemente durante la segunda mitad del siglo
XX (1.29% anual)3. Resalta con un ritmo elevado de crecimiento las primeras décadas de
esta mitad, especialmente hasta aproximadamente mediados de la década de 1980, en las
que la producción agraria europea creció a más de un 2% anualmente.
Gráfico 1. Producción agraria europea (miles de millones precios internacionales 19992001 en dólares)
Para ver los detalles del cálculo, MARTÍN-RETORTILLO y PINILA: “On the causes…”, p.
387. (Fuente): FAO: “Production yearbook”, (1948-1976, 1977-1986, 1987-2004), FAO Rome;
FAOSTAT: FAO Online Database, 2009. Recuperado de Internet (faostat.fao.org). Accessed
June 2009, April 2010 and October 2011.
3
En la producción europea Finlandia, Suecia y Noruega están incluidos. Estos países no están incluidos en
el gráfico 2 por el escaso peso de su producción agraria comparada con los otros tres grupos.
181
Gráfico 2. Producción agraria europea por grupos de países (miles de millones precios
internacionales 1999-2001 en dólares)
Para ver los detalles del cálculo, MARTÍN-RETORTILLO y PINILA: “On the causes…”,
p. 387. Los grupos de países están definidos en MARTÍN-RETORTILLO y PINILA:
“Patterns and causes…”, p. 157. (Fuente): FAO: “Production yearbook”, (1948-1976,
1977-1986, 1987-2004), FAO Rome; FAOSTAT: FAO Online Database, 2009.
Recuperado de Internet (faostat.fao.org). Accessed June 2009, April 2010 and October
2011.
La incorporación de nuevas técnicas, así como el uso masivo de algunas que ya
existían anteriormente, produjo este crecimiento tan fuerte durante tantas décadas.
Algunas de estas técnicas podrían ser el uso masivo de maquinaria autopropulsada y
productos provenientes de la industria química como fertilizantes o pesticidas, la
selección e hibridación genética de semillas, el desarrollo del crédito agrario, cría de
ganado intensiva y el auge del regadío, principalmente en los países mediterráneos4, así
como una creciente importancia de los productos ganaderos de mayor valor añadido en
la producción agraria total hasta la década de 1980 (gráfico 3).
4
David GRIGG: The transformation of agriculture in the West, New perspectives on the past. Oxford, UK.
Cambridge, USA, Blackwell, 1992; Brian GARDNER: European agriculture: policies, production, and
trade, London, New York, Routledge, 1996; Giovanni FEDERICO: Feeding the world: an economic
history of agriculture, 1800-2000, Princeton, Princeton University Press, 2005; ÍD.: Breve historia
económica de la agricultura, Zaragoza, Prensas Universitarias de Zaragoza; Tim JOSLING: “Western
Europe”, en: Kim ANDERSON (ed.): Distortions to Agricultural Incentives: A Global Perspective, 19552007, Washington, D.C. and New York, World Bank and Palgrave Macmillan, 2009, pp. 115-176.
182
Gráfico 3. Porcentaje de la producción ganadera sobre la total agraria.
Fuente: FAOFAOSTAT: FAO Online Database, 2009. Recuperado de Internet
(faostat.fao.org). Accessed June 2009, April 2010 and October 2011.
Desde el punto de vista institucional, el continente europeo quedó dividido en dos
grupos después de la Segunda Guerra Mundial: el de las economías capitalistas y las de
planificación central. El primer grupo a su vez, quedó también dividido entre los países
que se iban incorporando a la Comunidad Económica Europea (en adelante CEE) y los
países que no pertenecían a la unión comercial, pero tenían economías de mercado. La
incorporación a la CEE (posterior Unión Europea) no sólo promovió un mayor acceso a
nuevos mercados, sino que también conllevó tener una política agraria común.
Los países de Europa occidental tuvieron un fortísimo crecimiento hasta los
primeros años de la década de 1990. La formación de la CEE promovió una intervención
estatal en la agricultura. Los objetivos que aparecían en el Tratado de Roma buscaban
incrementar la productividad y conseguir la autosuficiencia en la producción de alimentos
después de las carencias que había producido el conflicto bélico. Asimismo, esta
producción tenía que ser a unos precios razonables para los consumidores, conseguir un
183
nivel de vida para los agricultores equiparable a los trabajadores no agrarios y un mercado
estabilizado5.
La versión de Federico6 es que la intervención en la agricultura fue una
continuación de las políticas que empezaron a llevarse cabo en las década de 1930 y que
continuaron durante la guerra. Hasta la reforma que se llevó a cabo en 1992, la Política
Agraria Común garantizaba unos precios fijos elevados por encima de los internacionales
para una buena parte de la producción agraria, impulsando fuertes y sostenidos
incrementos en la producción y la productividad.
Por otro lado, con esta política de precios era necesario establecer una política
comercial proteccionista hacia los productos de terceros países. Esta política conllevó que
el comercio entre los miembros de la Unión se incrementara, mientras las importaciones
de éstos con respecto a los países no miembros se redujo considerablemente 7,
incentivando en mayor medida al incremento de la producción.
El resto de países de la Europa capitalista se dividieron en dos grupos. Por un lado,
los que implementaron también políticas muy intervencionistas en el sector agrario,
incluso en algunos casos con políticas más activas que los países que formaban la CEE,
como son el ejemplo de Suiza o Noruega. Este fuerte apoyo tiene su reflejo en la base de
datos de Anderson y Valenzuela8 donde los agricultores vieron incrementados sus
beneficios en más del 100% por la intervención pública a lo largo de la segunda mitad del
siglo XX. Países que no pertenecieron hasta la década de 1990 como Austria o Suecia
tuvieron políticas de apoyo al sector agrario, pero en menor medida que Noruega o Suiza9.
Por otro lado, otros países llevaron a cabo políticas que no apoyaban el sector agrario
5
Rosemary FENNELL: The common agricultural policy: continuity and change, Oxford, Clarendon Press,
1997; María José GARCÍA GRANDE: “El último decenio: aplicación y consecuencias de la reforma de la
PAC”, en José Luis GARCÍA DELGADO y María José GARCÍA GRANDE, Política agraria común,
Barcelona, La Caixa, 2005; Larry NEAL, The economics of Europe and the European Union (2007)
6
Giovanni FEDERICO: “Natura non fecit saltus: The 1930s as the discontinuity in the history of European
agriculture”, en Paul BRASSLEY, Yves SEGERS y Leen VAN MOLLE (eds.), War, agriculture and food:
rural Europe from the 1930s to the 1950s, London, New York, Routledge, 2012, pp. 15–32.
7
Vicente PINILLA y Raúl SERRANO: “Agricultural and food trade in the European Community since
1963”, en Kiran Klaus PATEL (ed.): Fertile ground for Europe? The history of European integration and
the Common Agricultural Policy since 1945, Baden-Baden, Nomos, 2009, pp. 273–300; Raúl SERRANO
y Vicente PINILLA: ‘Agricultural and food trade in European Union countries, 1963–2000: a gravity
equation approach’, Economies et Sociétés, Série Histoire économique quantitative, 43 (2011), pp. 191–
219.
8
Kim ANDERSON y Ernesto VALENZUELA: “Estimates of Global Distortions to Agricultural
Incentives, 1955 to 2007”, Washington D.C., World Bank, October 2008. Recuperado de Internet
www.worldbank.org/agdistortions, accedido 27/09/2015.
9
Ibid.
184
tanto como los países de la CEE. España o Portugal son buenos ejemplos de una menor
intervención pública con respecto a la CEE hasta su entrada en la CEE en 1986.
Estos dos últimos casos pertenecían a la Europa Mediterránea, cuya producción
también creció a elevadas tasas de crecimiento hasta mediados de los 80. Estos países
incorporaron masivamente las tecnologías que permitieron el fuerte desarrollo agrario de
la segunda mitad del siglo XX10, aunque a menor ritmo que los países de Europa
occidental11. Asimismo, otra parte del crecimiento de estos países viene de un fuerte
proceso de convergencia en la importancia de las actividades ganaderas sobre la
producción total (gráfico 3), sobre todo gracias a la adopción de las nuevas técnicas de
cría intensiva del ganado, a pesar que tenían una menor importancia con respecto a la
media europea a inicios de la década de 1960.
Uno de los principales problemas que tradicionalmente habían tenido los países
mediterráneos era su aridez, que provocaba que en parte de su territorio no pudieran
adoptar las tecnologías del mix-farming inglés. España era un claro ejemplo de las
consecuencias que tenía esta aridez en su agricultura12. Para solventar este problema, ya
desde inicios del siglo XX comenzaron a realizar políticas de fomento del regadío, aunque
fue en la segunda mitad del siglo XX el auge de estas políticas. A su vez, estas políticas
acabaron concentrando parte de la producción agraria en zonas áridas, que acabaron
conllevando fuertes tensiones en la gestión de los escasos recursos hídricos13.
Dentro de este grupo, Italia se benefició de su pertenencia a la Política Agraria
Común y de su política de apoyo a la agricultura. El caso español resalta porque tuvo un
10
Una muestra del menor nivel de desarrollo agrario que tenían algunos países mediterráneos la aporta el
nivel de mecanización de estos países, que era menor en 1950 que en Argentina o Uruguay. Miguel
MARTÍN-RETORTILLO et al.: The dynamics of the Latin American agricultural production growth,
1950-2005. Documentos de trabajo Asociación Española de Historia Económica 1610.
11
MARTÍN-RETORTILLO y PINILLA: “Patterns and causes…”.
12
Manuel GONZÁLEZ DE MOLINA: “Condicionantes ambientales del crecimiento agrario español
(siglos XIX y XX)”, en Josep PUJOL, Manuel GONZÁLEZ DE MOLINA y Lourenzo FERNÁNDEZ
PRIETO (eds.): El pozo de todos los males: sobre el atraso en la agricultura española contemporánea,
Barcelona, Crítica, 2001, pp. 43-95.
13
Ignacio CAZCARRO et al.: “Water scarcity and agricultural growth in Spain: from curse to blessing?”,
en Marc BADÍA-MIRO, Vicente PINILLA y Henry WILLEBALD (eds.): Natural Resources and
Economic Growth: Learning from History, London and New York, Routledge, 2015, pp. 339-361; Ignacio
CAZCARRO et al.: “How sustainable is the increase in the water footprint of the Spanish agricultural
sector? A provincial analysis between 1955 and 2005-2010”, Sustainability, 7 (2015), pp. 5094-5119.
185
menor apoyo a la agricultura, llegando a ser un sector del cual se extraían rentas para
otros sectores de la economía en algunos años de la década de los 197014.
Por otro lado, se encontraban los países de la órbita soviética, que a pesar de las
grandes diferencias que tenían entre ellos, la planificación central tenía un peso muy
relevante en sus economías durante gran parte de la segunda mitad del siglo XX. En estos
países hubo un crecimiento fuerte y sostenido hasta mediados de la década de 1980.
La década de 1950 para estos países supuso un cambio drástico, ya que comenzó
la planificación central que estaría presente en los sistemas productivos agrarios de estos
países hasta la disolución de la URSS a principios de los 1990. Este cambio drástico
incluyó procesos de colectivización con fuertes cambios en la distribución de la tierra o
políticas de regulación muy fuertes de precios y salarios15.
Después de estos profundos cambios en la década de 1950, estos países
continuaron, como nos muestra el gráfico 2, con su senda de crecimiento, incorporando
fortísimas cantidades de fertilizantes químicos y maquinaria agrícola a su sistema
productivo, a tasas muy superiores que los países de la Europa occidental16. Además,
estos crecimientos en la producción acabaron generando cambios en la estructura
productiva hacia actividades ganaderas (gráfico 3) y productos vegetales, frutales y
viñas17.
El panorama en el segundo subperíodo en la segunda mitad del siglo XX, es decir,
desde mediados de la década de 1980 hasta la actualidad, fue muy distinto. Como nos ha
mostrado el gráfico 1, la producción agraria europea sufrió un estancamiento (0,29%
anual), que mantuvo la producción en niveles nunca antes vistos, aunque dando fin a los
crecimientos tan elevados que se habían producido en las décadas precedentes.
Kim ANDERSON y Ernesto VALENZUELA: “Estimates of Global Distortions...”; Ernesto CLAR,
Miguel MARTÍN-RETORTILLO y Vicente PINILLA: “The Spanish Path of Agrarian Change, 1950-2005:
From Authoritarian to Export-Oriented Productivism”, Documentos de Trabajo SEHA, 1602, 2016.
15
Ivan T. BEREND y Gyorgy RÁNKI: The Hungarian economy in the twentieth century, London, Croom
Helm, 1985; John R. LAMPE: The Bulgarian economy in the twentieth century, New York, St. Martin's
Press, 1986; Zbigniew LANDAU y Jerzy TOMASZEWSKI: The Polish economy in the 20th century,
London, Croom Helm, 1985; Frederic L. PRYOR: The red and the green: the rise and fall of collectivized
agriculture in Marxist regimes, Princeton, Princeton University Press, 1992; Kim ANDERSON and Johan
SWINNEN, “Eastern Europe and Central Asia”, en Kim Anderson (ed.), Distortions to agricultural
incentives: a global perspective, 1955–2007, Washington D.C., World Bank, 2009.
16
MARTÍN-RETORTILLO y PINILLA: “Patterns and causes…”.
17
Ivan T. BEREND y Gyorgy RÁNKI: The Hungarian economy; John R. LAMPE: The Bulgarian
economy; Zbigniew LANDAU y Jerzy TOMASZEWSKI: The Polish economy...
14
186
Los países de Europa occidental alargaron hasta inicios de la década de los 1990
la senda del crecimiento. En el año 1992, fue cuando se produjo la reforma MacSharry de
la PAC, en la cual cambiaron, no sólo la forma de intervención de ésta en la agricultura,
sino también sus prioridades. Esta reforma supuso el paso de una política basada en una
política de precios a una de apoyo directo a las rentas de los agricultores, virando además
hacia una política más preocupada por las consecuencias medioambientales de la
agricultura18. Este cambio de política tuvo su continuación en la posterior reforma de
2003, en la cual todavía se profundizó más en el cambio de dirección que se produjo en
1992. Estos cambios de políticas minimizaron el papel que tenía el objetivo de conseguir
una oferta estable, que había llevado a problemas de sobreproducción en las décadas
anteriores.
También a inicios de la década de 1990, se incluyó la agricultura en la Ronda
Uruguay del GATT, lo que conllevó el inicio de un proceso de liberalización comercial
de los productos agrarios, que acabó afectando a los países pertenecientes a la PAC19.
Por otro lado, ya todos los países mediterráneos europeos ya se habían
incorporado a la actual Unión Europea en 1986. En el gráfico 2, hemos podido observar
cómo mientras las otras dos grandes regiones redujeron o mantuvieron su nivel de
producción, los países mediterráneos continuaron incrementando su nivel de producción,
aunque a menor tasa de crecimiento20.
Una de las principales explicaciones a esta continuación en el crecimiento es que
varios de los productos típicamente mediterráneos quedaron al margen de la reforma de
la PAC de 1992, es decir, productos provenientes del olivo o la vid no se vieron afectados
por el cambio en la política agraria de 1992, aunque sí fueron incluidos en la de 2003.
Este hecho permitió que los productores de estos países se vieran beneficiados por casi
una década más de políticas de apoyo a la agricultura más potentes.
Hay que destacar, además, en el caso de España y Portugal, al entrar en 1986 a la
CEE, se vieron beneficiados por las políticas de apoyo a los agricultores de la PAC, en la
GARCÍA GRANDE: “El último decenio…”; Arie OSKAM, Gerrit MEESTER y Huib SILVIS (eds.):
EU Policy for agriculture, food and rural areas, Wageningen, Wageningen Academic Publishers, 2010.
19
Mark SPOERER: “”Fortress Europe” in long-term perspective: agricultural protection in the European
Community, 1957–2003”, Journal of European Integration History, 16 (2010), pp. 143–62.
20
El proceso de convergencia con respecto al acercamiento de estos países a la media europea en
importancia de la ganadería que se había producido durante el subperiodo anterior se mantuvo desde 1997.
18
187
cual ellos antes de la incorporación o no habían existido o habían sido de mucha menor
magnitud21.
Son los países del centro y el este europeos fueron los que tuvieron un peor
segundo subperíodo de la segunda mitad del siglo XX. Durante la década de 1980, fueron
acumulando los problemas por la insostenibilidad del sistema de subvenciones que tenían
al sector agrario. La diferencia entre los precios percibidos por los productores y el precio
al consumo de los productos agrarios fue cada vez más grande, especialmente en el caso
de los productos ganaderos, que habían estado fuertemente subvencionados22. En el
gráfico 3, se puede observar el descenso de importancia que tuvo la ganadería una vez
comenzó la transición a una economía de mercado.
Además de la acumulación de tensiones a lo largo de la década de 1980, al inicio
de los 90, estos países llevaron a cabo la transición hacia una economía de mercado. Las
diferencias que ya existían entre estos países se incrementaron a la hora de los distintos
procesos de transición que llevaron a cabo23. Estos procesos desmantelaban el sistema de
planificación central a través de profundas reformas institucionales, que incluían
liberalización de precios o del comercio, reformas del mercado de la tierra y su
reestructuración, mientras se producían unas condiciones meteorológicas extremas24.
Los principales problemas que sufrieron estos países en su transición a una
economía mercantil fueron la pérdida de los mercados internacionales de la COMECON,
el monopolio de los distribuidores que incrementó la diferencia entre los precios del
productor y al por menor, la reducción en la renta disponible y los subsidios al sector, el
incremento de los precios internacionales de los factores productivos, una incertidumbre
con respecto a la reestructuración del mercado de la tierra, falta de experiencia en gestión
privada y una escasez de crédito al sector25.
Ernesto CLAR, Miguel MARTÍN-RETORTILLO y Vicente PINILLA: “The Spanish Path…”.
Estos fuertes sistemas de incentivos explican el alto consumo per capita de los productos ganaderos en
estos países que superaba al de los países de la OCDE. Kim ANDERSON and Johan SWINNEN, “Eastern
Europe and Central Asia...”.
23
Karen MACOURS y Johan SWINNEN: “Causes of output decline in economic transition: the case of
central and eastern European agriculture”, Journal of Comparative Economics, 28 (2000), pp. 172–206;
ÍD: “Patterns of agrarian transition”, Economic Development and Cultural Change, 50 (2002) pp. 365–94.
24
Ibid. 2000 y 2002; Kim ANDERSON and Johan SWINNEN, “Eastern Europe and Central Asia...”.
25
Alexandra TRZECIAK-DUVAL: “A decade of transition in central and eastern European agriculture”,
European Review of Agricultural Economics, 26, 3 (1999), pp. 283–304.
21
22
188
La productividad agraria europea: ¿más con menos?
El fortísimo crecimiento de la producción durante la segunda mitad del siglo XX,
como hemos visto en el apartado anterior, fue promovido por un conjunto de innovaciones
técnicas, así como por unas condiciones geográficas que produjeron diferencias notables
entre los países europeos o unas instituciones que también tuvieron un impacto
significativo en este crecimiento. A su vez, mediciones de la productividad agraria
también profundizan en estas diferencias, incluso en algunas cuestiones en mayor medida
que la producción. Este apartado versa sobre el estudio de estas diferencias de
productividad, especialmente en dos: la productividad del trabajo y la Productividad Total
de los Factores.
Productividad del trabajo
La productividad del trabajo en este estudio será definida como la producción por
trabajador agrario26. El gráfico 4 nos muestra las principales tendencias de esta variable
a lo largo de la segunda mitad del siglo XX en el continente europeo y en los principales
grupos de países de este continente. En este gráfico podemos observar el fortísimo
crecimiento de la productividad del trabajo en el conjunto del continente europeo (4,24%
anual entre 1950 y 2005)27.
Como hemos visto en la sección anterior, este período se caracterizó por una
adopción masiva de innovaciones técnicas como maquinaria agrícola autopropulsada,
productos químicos como fertilizantes y pesticidas, selección e hibridación de semillas,
así como fuertes aumentos en el crédito agrario y en el regadío implementado. Todo ello,
posibilitó un fuerte auge de la producción, el numerador de esta medición de la
productividad. Pero el fuerte descenso del denominador, es decir, de la población activa
en la agricultura, provocó que esta medida de productividad alcanzara estas fortísimas
tasas de crecimiento, no sólo durante el período en el que la producción creció, sino
también cuando esta se estancó.
26
La forma ideal de medir el trabajo sería a través de horas trabajadas por año. La dificultad en obtener esta
variable para una muestra temporal y espacial tan amplia es una limitación considerable. Lo más cercano
que se puede encontrar es en EUROSTAT que aporta una variable llamada unidad de trabajo anual. A pesar
de esto, no está disponible para todo el continente y el período temporal empleado en este estudio, y la
medición de esta variable incluye supuestos ad hoc. Miguel MARTÍN-RETORTILLO y Vicente PINILLA:
“On the causes…”: p. 372.
27
Ibid.
189
Gráfico 4. Productividad del trabajo agrario ($ internacionales a precios de 1999-2001
por trabajador)
Fuente: FAO: “Production yearbook”, (1948-1976, 1977-1986, 1987-2004), FAO Rome;
FAOSTAT: FAO Online Database, 2009. Recuperado de Internet (faostat.fao.org).
Accessed June 2009, April 2010 and October 2011.
A su vez, las diferencias entre los grupos de países europeos son patentes en el
gráfico 4. Destaca el grupo de los países de Europa occidental, tanto en los mayores
niveles como en tasas de crecimiento dentro del continente (4,54% anual a lo largo de
todo el período). En la comparativa, ya se observa desde 1950 un mayor nivel de la
productividad del trabajo, que puede venir explicado por un desarrollo económico
superior, es decir, estos países acabaron su proceso industrializador antes que los países
del resto de grupos. Esto les conllevó una adopción de innovaciones y un cambio
estructural más temprano.
190
A pesar de esto, existieron grandes diferencias entre los países que formaban este
grupo. Países como Reino Unido, resaltaron por la temprana industrialización, cambio
estructural y temprana adopción de tecnologías como los tractores, fertilizantes químicos
o la selección de especies28, pero luego tuvieron un crecimiento inferior al de este grupo.
Por otro lado, Austria o Francia mantuvieron un alto crecimiento de la productividad, ya
que incorporaron masivamente estos nuevos inputs que provenían de otros sectores de la
economía.
Después de este grupo, la Europa mediterránea fue la que más creció en la
productividad del trabajo, siendo ligeramente superior su crecimiento anual al europeo
(4,40% anual), aunque partían de un nivel de desarrollo inferior al de la Europa
occidental. Este grupo fue hasta la década de 1980 por debajo de la productividad del
conjunto europeo. A partir de esa década, la productividad fue superior, aunque llevaron
crecimientos similares.
En este grupo de países mediterráneos, resaltan dos tendencias muy claras. Por un
lado, las formadas por España e Italia (4,85 y 5,14% anual, respectivamente) con
crecimientos superiores a las de la media de Europa occidental. Por otro lado, los casos
de Portugal y Grecia muestran crecimientos más modestos, inferiores a los de la media
europea (2,57 y 2,86% anual, respectivamente)29.
Los países nórdicos europeos tuvieron crecimientos más modestos que la media
europea (3.51% anual), e indudablemente que los países europeos occidentales o
mediterráneos crecieron a una tasa inferior a la media europea. Esto les conllevó perder
posiciones frente a Europa occidental y la escasa diferencia que tenían en 1950 ambos
grupos se hizo más grande.
Por último, el grupo de los países de Europa del este o central tuvo un crecimiento
inferior a la media europea. La adopción masiva de factores productivos provenientes de
otros sectores de la economía fue a un ritmo similar o en algún caso superior al de los
países de Europa occidental.
David GRIGG: The Transformation…; Paul BRASSLEY: “Output and technical change in twentiethcentury British agriculture”, Agricultural History Review, 48 (2000), pp. 60–84.
29
Miguel MARTÍN-RETORTILLO y Vicente PINILLA: “Patterns and causes…”; ÍD: “On the causes…”.
28
191
Para explicar los determinantes de la productividad del trabajo, podemos seguir la
identidad que establecían Hayami y Ruttan30, desagregando la productividad del trabajo
agrario en la productividad de la tierra por el ratio tierra por trabajador:
𝑌
𝐴
𝑌
(𝐿 ) ≡ (𝐿 ) ∗ (𝐴), donde Y es la producción, L el trabajo y A la tierra.
Gráfico 5. Productividad de la tierra ($ internacionales a precios de 1999-2001
por hectárea)
Fuente: Miguel MARTÍN-RETORTILLO y Vicente PINILLA: “On the causes…”, p.
367; FAO: “Production yearbook”, (1948-1976, 1977-1986, 1987-2004), FAO Rome;
Por ello, vamos a observar las diferencias entre los principales grupos de países
europeos en ambos términos en los que la productividad del trabajo en la agricultura
queda dividida.
En el gráfico 5 podemos observar la evolución de la productividad de la tierra en
los principales grupos de países europeos, así como en el conjunto del continente.
Primero, se produjo un crecimiento sostenido a lo largo de la segunda mitad del siglo XX
30
Yujiro HAYAMI y Vernon RUTTAN: Agricultural development: an international perspective,
Baltimore y London, Johns Hopkins University Press, 1985.
192
en el conjunto del continente (1,68% anual). A pesar de este, crecimiento lo que se podría
resaltar es el crecimiento continuo de esta productividad en el conjunto europeo hasta la
segunda mitad de la década de 1980. A partir de estos años, el crecimiento de la
productividad de la tierra fue menor, incluido algún período con reducciones en esta
variable.
Como hemos visto, la productividad del trabajo tenía entre los grupos de países
europeos diferencias notables, que también están presentes en la productividad de la
tierra. Los países de Europa occidental eran los que en 1950 tenían la tierra más
productiva y a su vez obtuvieron un crecimiento notable a lo largo de la segunda mitad
del siglo XX (1.64% anual). La adopción masiva de fertilizantes químicos, pesticidas y
plaguicidas o la selección e hibridación de semillas, así como un uso más intensivo de la
tierra en algunos países de este grupo como por ejemplo en los Países Bajos explican este
nivel superior, así como el crecimiento de este período31.
Los países mediterráneos fueron los que más incrementaron la productividad de
la tierra, la triplicaron, con un crecimiento anual medio entre 1950 y 2006 de más del 2%.
El fuerte incremento de esta productividad podría explicarse por varias causas, entre ellas,
en estos países el auge del regadío es fundamental para entender este fuerte crecimiento32.
Además, otros factores como una tendencia a emplear muchas de las innovaciones que
hemos comentado en el párrafo anterior como el uso de productos químicos o la mejora
en las semillas tienen que ser añadidos al efecto de la irrigación.
Los países nórdicos tuvieron el menor crecimiento entre los grupos de países
(0,7% anualmente). Las condiciones geográficas de estos países con temperaturas
extremas dificultaron que existiera un mayor crecimiento. A pesar de ello, gracias a la
biotecnología se ha podido ir solventando estas temperaturas extremas como por ejemplo
los trigos de invierno con altos contenidos en proteínas y lisinas para el alimento del
ganado33.
Los países de Europa del este y del centro, con un crecimiento menor que el
continente europeo (1,42% anual), mantuvieron unos incrementos sostenidos en el tiempo
31
David GRIGG, The Dynamics of Agricultural Change, London, Hutchinson, 1982; ÍD: The
Transformation...; Giovanni FEDERICO: Feeding...; Josep PUJOL-ANDREU: “Wheat varieties and
technological change in Europe, 19th and 20th centuries: new issues in economic history”, Historia
Agraria, 54 (2011), pp. 71–103.
32
Ignacio CAZCARRO et al.: “Water scarcity…”; ÍD: “How sustainable…”.
33
Brian GARDNER: European agriculture…
193
hasta la transición hacia una economía de mercado a inicios de la década de 1990. A partir
de esta década, esta productividad descendió levemente para a continuación, mantenerse
en ese nivel hasta los primeros años del siglo XXI.
Gráfico 6. Ratios tierra por trabajador (hectárea de tierra cultivada por trabajador
agrario)
Fuente: Miguel MARTÍN-RETORTILLO y Vicente PINILLA: “On the causes…”, p.
367; FAO: “Production yearbook”, (1948-1976, 1977-1986, 1987-2004), FAO Rome;
La productividad de la tierra era una parte de la descomposición de la
productividad del trabajo como hemos visto anteriormente. El ratio land-labour, es decir,
las hectáreas por trabajador, corresponderían a la otra parte de la descomposición. Esta
segunda parte de la descomposición la muestra el gráfico 6. Este gráfico nos muestra el
crecimiento continuo y sostenido de este cociente con un crecimiento anual entre 1950 y
194
2005 de 2,52%. También nos muestra que los países con un nivel bajo de productividad
de la tierra, tendían a incrementar sus ratios de tierra por trabajador para así incrementar
su productividad del trabajo agrario34. A pesar de esto, no acababan de compensar su
desventaja por la menor productividad de la tierra como en los países nórdicos o España35.
Este ratio, muy importante para explicar las diferencias en productividad del
trabajo de la agricultura36, está muy ligado al fuerte cambio estructural que se produjo en
la segunda mitad del siglo XX. Una leve reducción en el factor tierra, sumado al fuerte
proceso de éxodo rural que se produjo en este período, supuso los fuertes incrementos en
este cociente37. De esta manera, el distinto grado del proceso de industrialización que se
produjo en los países europeos conllevó una menor importancia de los trabajadores
agrarios en el total de la economía, mientras sus iguales de los otros sectores la ganaban.
Por tanto, el crecimiento de la productividad del trabajo estaba directamente vinculado a
transformaciones que se estaban produciendo en otros sectores de la economía. Esto, a su
vez, provocó un crecimiento en el tamaño medio de las explotaciones para el
aprovechamiento de una mayor mecanización. Además, era necesario que fuera
acompañado de esta mecanización y el uso masivo de inputs que provenían de otros
sectores de la economía, ya que un menor número de trabajadores llevaban a cabo no sólo
las mismas tareas, sino incrementos en la producción38.
Kailash C. SHARMA, D.S. PRASADA RAO y W. F. SHEPHERD: “Productivity of agricultural labour
and land: an international comparison”, Agricultural Econonomics, 4 (1990), pp. 1–12; Sun Ling WANG,
David Schimmelpfennig y Keith O. FUGLIE: “Is agricultural productivity growth slowing in Western
Europe?” en Keith O. FUGLIE, Sun Ling WANG y V Eldon Ball (eds.): Productivity growth in agriculture:
an international perspective, Oxfordshire, CABI Publishing, pp. 109–125.
35
Miguel MARTÍN-RETORTILLO y Vicente PINILLA: “On the causes…”.
36
Kailash C. SHARMA, D.S. PRASADA RAO y W. F. SHEPHERD: “Productivity of agricultural
labour...”.
37
Miguel MARTÍN-RETORTILLO y Vicente PINILLA: “Patterns and causes…”; ÍD: “On the causes…”.
38
ÍD: “On the causes...”; Rosemary FENNELL: The Common Agricultural Policy...; Giovanni FEDERICO:
Feeding the world...
34
195
Gráfico 7. Crecimiento de la productividad de la tierra vs crecimiento de la
productividad del trabajo
Después de observar las diferencias y evolución de los dos componentes de la
descomposición de la productividad del trabajo, este trabajo continua con el estudio de la
relación entre el crecimiento de cada una de ellas con el crecimiento de la productividad
del trabajo. Para ello, el gráfico 7 comienza mostrando la relación entre el crecimiento de
la productividad de la tierra entre 1950 y 2005 y el crecimiento de la productividad del
trabajo en la agricultura en el mismo período. En este caso podemos observar cómo la
dispersión en este gráfico 7 es relativamente elevada y cómo la línea de tendencia es
relativamente poco representativa, aunque de tendencia positiva. Asimismo, el
coeficiente de determinación es bajo, ya que en el caso de esta relación es de 0,06. Al fin
y al cabo, lo que nos muestra este gráfico es que la relación entre estas dos variables sea
positiva, el poder explicativo que tiene el crecimiento de la productividad de la tierra con
el aumento de la productividad del trabajo en la agricultura no es muy fuerte.
En cambio, el gráfico 8 está mostrando la nube de puntos que relaciona el
crecimiento del ratio tierra por trabajador y el crecimiento de la productividad del trabajo
196
comparando ambas variables para el período 1950 y 2005. En este caso, la nube de puntos
muestra una relación positiva entre el crecimiento del ratio de tierra por trabajador y el de
la productividad del trabajo. La línea de tendencia muestra con mayor magnitud
(coeficiente de determinación 0,80) que en el caso anterior cómo el crecimiento del
cociente entre la tierra y el trabajo es una variable que en el contexto europeo explica el
crecimiento de la productividad del trabajo agrario. De esta forma, para entender las
diferencias en esta última están detrás parte de las transformaciones, no sólo del propio
sector agrario, sino también de los otros sectores de la economía, que a través del cambio
estructural, el proceso de industrialización y del éxodo rural están atrayendo trabajadores
agrarios. Estos procesos conllevan, junto a la mecanización y el incremento del tamaño
medio de las explotaciones, la obtención de economías de escala en el sector agrario
europeo.
Gráfico 8. Crecimiento del ratio tierra por trabajador vs crecimiento de la productividad
del trabajo
Productividad Total de los Factores
197
La diferencia entre las distintas mediciones de la productividad es el denominador
del cociente, en el que el numerador es la producción. En el apartado anterior dedicado a
la productividad del trabajo es el número de trabajadores o en la productividad de la tierra
son las hectáreas empleadas. En cambio, la productividad total de los factores (PTF en
adelante) “es una medida de productividad que implica a todos los factores
productivos”39. Las estimaciones de la PTF en la agricultura, normalmente desde la
economía agraria, suelen tener en cuenta pocos años. A los estudios que tienen una visión
de mayor largo plazo suelen obviar los determinantes que la historia económica no puede
obviar.
Las estimaciones que el autor tiene disponible han mostrado, al igual que en otras
mediciones de la productividad, diferencias notables dentro del continente europeo40. El
crecimiento de la PTF en los países europeos occidentales y la República Federal de
Alemania fue superior a la media europea a lo largo de la segunda mitad del siglo XX.
Estos países, que partían con niveles de industrialización más altos, habían adoptado
innovaciones técnicas de manera más temprana que el resto de países europeos. Esto les
permitió mantener el crecimiento de este tipo de productividad.
Los países mediterráneos obtuvieron también notables crecimientos de la PTF,
aunque su menor grado de industrialización les conllevó cierto retraso en la adopción de
tecnologías que sus pares occidentales. A pesar de eso, el crecimiento de los factores
productivos que formaban el capital y que provenían de otros sectores de la economía fue
alto, superior al de los países occidentales, lo que les permitió un crecimiento de la PTF
elevado. Resalta el caso español e italiano, en los cuales se llega a producir un proceso de
convergencia con los países de Europa occidental, debido a un crecimiento mayor de la
PTF en estos países.
El caso de los países nórdicos es de un crecimiento inferior. Por un lado, tuvieron
un crecimiento de la producción muy modesto. Por otro lado, la incorporación al proceso
productivo de los nuevos factores productivos técnicos, aunque importante, no llegó al
nivel de los países europeos mediterráneos u occidentales.
39
Tim J. Coelli et al.: An Introduction to Efficiency and Productivity Analysis, New York, Springer Science
& Business Media, 2005, p. 3.
40
Miguel MARTÍN-RETORTILLO y Vicente PINILLA: “Patterns and causes…”; ÍD: “How important are
the fundametnal causes of economic growth? An analysis of the total factor productivity of European
agriculture, 1950-2005”, Mimeo.
198
Por último, los países del este y el centro incorporaron masivamente factores
productivos provenientes de otros sectores de la economía, pero eso no les permitió
crecimientos de la producción y de la productividad tan elevados como el conjunto
europeo. Por un lado, la mayoría de los países llevaron a cabo procesos de colectivización,
permitiendo cierta estabilidad institucional a los agricultores. A pesar de ello, algunos
países como Polonia no tuvieron esa estabilidad, provocada por unos cambios normativos
en los incentivos de inversión en este tipo de explotaciones, una disolución de un gran
número de colectividades para su posterior colectivización forzosa o una falta de
consistencia en la política agraria41. Por otro lado, Federico42 señala que en estos países
había un sistema de falta de incentivos de trabajo en las explotaciones colectivizadas,
mientras se producía un cambio en la política agraria producida por un exceso de
inversión en capital en una agricultura todavía atrasada43.
Conclusiones
Las transformaciones agrarias que se han ido produciendo a lo largo de la segunda
mitad del siglo XX no han tenido precedentes en la historia. Una de ellas es que los
factores productivos de la agricultura tradicional, el trabajo y la tierra, han sido
paulatinamente sustituidos por los inputs que forman el capital, los cuales muchos de ellos
provienen de otros sectores de la economía. Esta transformación ha supuesto cambios en
el proceso productivo muy profundos.
Por otro lado, Europa en este período ha estado dividida en dos bloques
institucionales, dando fin a esta división en la década de 1990. A partir de entonces, la
tendencia ha sido a la de ampliar los mercados, principalmente a través de la Unión
Europea. Estos cambios institucionales han tenido, indudablemente, su reflejo en la
evolución de las transformaciones agrarias, así como de la evolución de la producción y
la productividad en la agricultura.
Como hemos visto en este trabajo, estas transformaciones han supuesto el
crecimiento continuo de la producción agraria hasta la segunda mitad de la década de
1980 o inicios de la de 1990. A partir de entonces, esta variable se mantuvo estable a nivel
41
Zbigniew LANDAU y Jerzy TOMASZEWSKI: The Polish economy...; Frederic L. PRYOR: The red
and the green...
42
Giovanni FEDERICO: Feeding the world…
43
Miguel MARTÍN-RETORTILLO y Vicente PINILLA: “Patterns and causes…”.
199
europeo, aunque con incrementos ralentizados en el caso de los países mediterráneos o
con descensos en el caso de los países del centro y el este europeos por su transición hacia
el mercado y todos los problemas que conllevaron.
La productividad del trabajo tuvo un crecimiento notable a lo largo de la segunda
mitad del siglo XX y primeros años del XXI. El crecimiento que hubo en el conjunto
europeo provocó que esta variable se multiplicara por más de tres. Resalta el caso de los
países europeos occidentales, que a pesar de que tenían un nivel superior al europeo en
1950, tuvieron el crecimiento más alto. Los países mediterráneos convergieron al nivel
europeo, que acabaron superando en los primeros años del XXI. Los países nórdicos
perdieron posiciones frente al nivel europeo y los del centro y este europeos se
mantuvieron en un nivel inferior al del conjunto del continente.
Esta variable se puede descomponer en la productividad de la tierra y el cociente
de tierra por trabajador. Ante esta descomposición, hemos podido observar dos
evidencias. Por un lado, los países con una productividad de la tierra baja para
incrementar su productividad del trabajo aumentaban su ratio de tierra por trabajador. Por
otro lado, el crecimiento de la productividad del trabajo viene más robustamente en el
marco europeo por el crecimiento del cociente tierra por trabajador.
200
Cooperativismo y desarrollo rural en el viñedo español durante
el siglo XX
Francisco J. Medina-Albaladejo
Universitat de València
Introducción
Según la historiografía, el cooperativismo pudo contribuir a la modernización
agraria, la mejora de la rentabilidad de los cultivos y la industrialización del sector a nivel
europeo. Además, se le puede considerar una fórmula de consenso, aunque también de
control, debido a su labor de intermediación entre Estado y agricultor. Sin embargo, en el
caso español la historiografía habla de los escasos efectos positivos de un movimiento
asociativo que experimentó un desarrollo tardío con respecto a otras zonas de Europa,
caracterizado por el reducido tiempo de duración de las entidades y sus escasos éxitos en
el terreno agrícola. Una buena parte de los autores que han estudiado el tema parece estar
de acuerdo con dicha afirmación, al menos en el periodo previo a la Guerra Civil, ya que
la incidencia de estas entidades en el franquismo apenas ha sido estudiada.
En este trabajo se va a realizar un análisis de casos con el fin de comprobar el
impacto real que pudo tener la labor de las cooperativas en algunas comarcas vitivinícola
españolas como fórmula de desarrollo rural durante el siglo XX. Por ello, el objetivo
principal será responder a la pregunta: ¿Influyó la implantación del cooperativismo en el

Este trabajo ha contado con la ayuda de los Proyectos de Investigación HAR2015-64076-P y HAR201347182-C2-1-P del Ministerio de Economía de España.
201
desarrollo y la transformación socioeconómica de las zonas rurales de viñedo en España?
Para ello se analizarán los casos de las cooperativas San Isidro y del Rosario y su impacto
en las denominaciones de origen murcianas de Jumilla y Bullas respectivamente,
localidades de elevada especialización vitivinícola.
En dicho análisis de caso se muestra el posible impacto que las bodegas
cooperativas pudieron tener en sus respectivos municipios y comarcas, destacando su
importancia en el conjunto del sector vitivinícola español, y las transformaciones
socioeconómicas impulsadas por unas entidades asociativas que integraron a la mayoría
de la superficie cultivable de vid de sus áreas de influencia. Cómo se ha mostrado en otros
trabajos1, las cooperativas no funcionaron de forma eficiente desde un punto de vista
económico-financiero durante el franquismo, presentando algunos problemas graves en
este aspecto. A pesar de eso, pudieron ser una fórmula de desarrollo local en zonas rurales,
haciendo más rentables unas explotaciones agrícolas con escasas alternativas económicas
y generando importantes externalidades positivas. La existencia de secciones dedicadas a
servicios auxiliares dentro de las cooperativas pudo ayudar a la difusión del conocimiento
y al acceso de abonos y tecnología por parte de los viticultores. Los estatutos dejaban
lugar a la creación de secciones que ayudaran a mejorar el cultivo de la vid en las distintas
localidades y comarcas donde se asentaban. Se construyeron almacenes donde los
asociados podían suministrarse de abonos, semillas y demás insumos relacionados con el
viñedo, y se facilitó la cesión de maquinaría para la vendimia, especialmente tractores.
Estas secciones, en ocasiones, se convirtieron en muestra del deficiente funcionamiento
de las cooperativas españolas, ocasionando pérdidas a la entidad. Sin embargo, eran
conservadas al ser consideradas un servicio al socio, lo que muestra la importancia que
pudieron tener estas entidades a la hora de hacer rentable la actividad agraria.
El trabajo se articula en dos grandes apartados: tras la introducción se hace una
revisión de la literatura sobre el cooperativismo agrario, mostrando algunos datos del
fenómeno en España y planteando los principales temas de debate en este campo de
estudio: causas de su aparición y desarrollo; características de las cooperativas españolas;
e impacto en el sector agrario. En el siguiente apartado se aborda el ejercicio empírico
mediante el estudio de las entidades ya mencionadas, centrando el análisis en la
importancia de las cooperativas en el viñedo; estructura social; apoyo al asociado; y
Francisco José MEDINA-ALBALADEJO: “Co-operative wineries: Temporal solution or efficient firms?
The Spanish case during late Francoism, 1970–1981”, Business History, 57, 4 (2015), 109-141
1
202
mejoras en el cultivo de la uva y la producción de vino. Finalmente se incluye un apartado
de conclusiones.
El cooperativismo agrario en España: cuantificación y revisión de la literatura
El cooperativismo agrario apareció en diversas regiones de España a finales del
siglo XIX. En 1907 eran 433 los sindicatos agrícolas y 104 las cajas rurales en el total del
país, aumentando su número a 1.530 y 517 respectivamente ocho años después2. En 1918
el número creció a 2.009 sindicatos agrarios y 503 cajas rurales. Cantidades que ascienden
considerablemente en 1923, agrupando a unos 450.000 titulares de explotaciones
agrícolas entre sindicatos y cajas rurales, llegando a ser más de 5.000 los primeros
(Cuadro 1). Estas cifras se mantuvieron hasta la irrupción del conflicto bélico del 36. Por
tanto, se produjo una tímida expansión inicial de este tipo de entidades durante las cuatro
primeras décadas del siglo XX. Sin embargo, el despegue y consolidación del movimiento
cooperativo se produjo definitivamente durante las décadas centrales del franquismo,
llegando a más de 9.000 entidades y casi 740.000 asociados a principios de los años 70.
CUADRO 1. Entidades asociativas de tipo agrario en España, 1918-1972
Cooperativas
Número
Cajas rurales
Socios
Número
Socios
1918
2.009 211.525
503
51.502
1923
5.180 393.453
499
57.965
1955
3.567 422.406
1.181
124.999
1965
5.537 517.038
2.122
169.056
1972
6.730 563.901
2.288
175.827
Fuente: MINISTERIO DE AGRICULTURA, Estadística social agraria de entidades agrícolas
y pecuarias, Madrid, 1918, 1923; INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA, Anuario
Estadístico de España, Madrid, 1955, 1965, 1972.
2
Samuel GARRIDO: Treballar en comú: el cooperativisme agrari a Espanya (1900-1936). Valencia,
Edicions Alfons el Magnànim, 1996.
203
Dentro de esta evolución general, las bodegas cooperativas experimentaron una
gran expansión durante la segunda mitad del siglo XX, especialmente en los años 50 y
primera mitad de los 60. Mientras que en 1915 eran 21 entidades que agrupaban a poco
más de 3.000 asociados y no suponían ni el 2% de la producción total, en 1935 eran 116
y en 1954 eran 324, que agrupaban a 65.610 socios y el 16,3% de la producción total; en
1961 este número ascendió a 547, 111.833 socios y el 23,7%; y en 1969 782 bodegas,
213.988 socios y el 49,9% del total del vino producido en España3.
A principios de los años 80 el país contaba con 855 cooperativas y 239.889 socios,
que ya producían más de 20 millones de hectolitros de vino, integrando aproximadamente
el 60% de la cosecha española y de la superficie de viñedo. En 2008 las 625 cooperativas
existentes en el país suponían un 18,89% aproximadamente del total de bodegas inscritas
en los consejos reguladores de las diferentes comunidades autónomas. Estas cooperativas
englobaban el 40% de las explotaciones de vid, el 58% de la superficie de viñedo y hasta
el 70% de la producción en España, integrando a unos 172.000 socios viticultores que
constituyen el 80% del total nacional4. Por tanto, desde el punto de vista productivo las
bodegas cooperativas son esenciales para entender el sector vitivinícola español y una de
los principales pilares del cooperativismo agrario en el país.
Numerosas son los estudios llevados a cabo por la historiografía intentando
establecer las causas de la aparición de este fenómeno, sus características y su impacto en
el sector agrario. Tradicionalmente se ha considerado su formación como una
consecuencia directa de la penetración del capitalismo en la agricultura en momentos de
crisis a finales del siglo XIX5, debido a la fuerte conflictividad social generada al
modificarse las tradicionales condiciones de explotación de la tierra por parte de los
propietarios en un contexto de transición hacia la agricultura capitalista6. Una de las
reacciones de pequeños y medianos explotadores (colonos, arrendatarios, aparceros) ante
esta situación fue el asociacionismo agrario, ayudado por la irrupción de nuevas corrientes
ideológicas en el campo: republicanismo, socialismo, federalismo o anarquismo.
Jordi PLANAS y Francisco José MEDINA-ALBALADEJO: “Too Little Intervention or Too Much? The
Contribution of the State to the Development of Wine Cooperatives in Spain”, Revista de Historia
Industrial (en evaluación).
4
GENERAL COMMITTEE FOR AGRICULTURAL COOPERATION IN THE EUROPEAN UNION,
Agricultural cooperatives in Europe, Bruselas, Cogeca, 2010.
5
Samuel GARRIDO, Jordi PLANAS y Alberto SABIO: “Asociacionismo y cooperativismo agrario:
España en el contexto europeo”, Historia Agraria, 40 (2006), pp. 609-619.
6
Destaca el caso del conflicto rabassaire en Cataluña, fenómeno especialmente estudiado por la
historiografía española.
3
204
En los últimos años han aparecido trabajos que han profundizado en las causas del
desarrollo de este fenómeno, constituyendo un debate hoy día aún abierto. Es
especialmente importante los estudios llevados a cabo por Henriksen y otros autores para
el caso danés, defendiendo la importancia de la formación de capital humano y la
existencia de capital social a la hora de explicar la formación del avanzado
cooperativismo agrario del país escandinavo7, y el atraso del no tan exitoso caso irlandés.
También Guinnane en su estudio de las cooperativas rurales de crédito da especial
importancia al capital social8.
En el caso de España destaca el trabajo de Beltrán 9, que introdujo la importancia
del stock de capital social preexistente en algunas regiones españolas en el desarrollo
posterior del cooperativismo agrario. Este autor se refiere a la existencia previa de
recursos de uso colectivo en las provincias donde hubo un desarrollo más temprano de
los sindicatos agrarios, especialmente los bienes comunales. Esto ayudó a crear redes
sociales que facilitaron la difusión de información y la construcción del conocimiento
mutuo. Sin embargo, Martínez-Soto, Martínez-Rodríguez y Méndez10 hablan más de la
correlación negativa entre la tasa de analfabetismo masculina y la presencia de estas
entidades. Estos autores consideran que la educación formal incrementa la propensión a
cooperar de los individuos.
El papel de las instituciones también es un factor importante a la hora de entender
la aparición de este fenómeno y su atraso con respecto otras zonas de Europa,
especialmente mediante el apoyo financiero. Simpson o Chevet ya apuntaban este factor,
considerando que fue clave para entender el éxito de estas entidades en el sector
Ingrid HENRIKSEN: “Avoiding Lock-in: Cooperative Creameries in Denmark, 1882–1903”, European
Review of Economic History, 3, 1 (1999), pp. 57–78; Ingrid HENRIKSEN; Markus LAMPE y Paul
SHARP: “The Role of Technology and Institutions for Growth: Danish Creameries in the Late Nineteenth
Century”, European Review of Economic History, 15, 3 (2011), pp. 475–493; Ingrid HENRIKSEN, Morten
HVIID, y Paul SHARP: “Law and Peace: Contracts and the Success of the Danish Dairy Cooperatives”,
The Journal of Economic History, 72, 1 (2012), pp. 197–224; Ingrid HENRIKSEN, I. y Kevin H.
O’ROURKE: “Incentives, Technology and the Shift to Year-round Dairying in Late Nineteenth-century
Denmark”, Economic History Review, 58, 3 (2005), pp. 520–524; Kevin O’ROURKE: “Property Rights,
Politics and Innovation: Creamery Diffusion in Pre-1914 Ireland”, European Review of Economic History,
11, 3 (2007), pp. 395–417; Kevin O’ROURKE: “Culture, Conflict and Cooperation: Irish Dairying before
the Great War”, The Economic Journal, 117, 523 (2007), pp. 1357–1379.
8
Timothy W. GUINNANE: “Cooperatives as Information Machines: German Rural Credit Cooperatives,
1883–1914”, The Journal of Economic History, 61, 2 (2001), pp. 366–389.
9
Francisco J. BELTRÁN: “Commons, social capital, and the emergence of agricultural cooperatives in
early twentieth century Spain”, European Review of Economic History, 16, 4 (2012), pp. 511-528.
10
Ángel Pascual MARTÍNEZ-SOTO; Susana MARTÍNEZ-RODRÍGUEZ e Ildefonso MÉNDEZ: “Spain’s
development of rural credit cooperatives from 1900 to 1936: the role of financial resources and forma
education”, European Review of Economic History, 16, 4 (2012), p. 449-468.
7
205
vitivinícola francés, frente al menor desarrollo en los casos español e italiano 11. En
España, Garrido señaló que el cooperativismo se desarrolló especialmente a partir de la
promulgación de la Ley de Sindicatos Agrícolas de 1906, marco legislativo que favoreció
y reguló el desarrollo del sindicalismo agrario en España. A pesar de ello, la aplicación
de esta legislación fue deficiente y el Estado no ayudó a la expansión del asociacionismo
agrario12, quedando el movimiento en una situación de atraso frente a otros países
europeos donde la crisis finisecular de la agricultura y una decidida política estatal
favoreció un mayor desarrollo13.
Planas14 considera el factor institucional como el más importante al explicar el
surgimiento de las primeras bodegas cooperativas en Cataluña, debido a la labor de apoyo
de la Mancomunitat de Cataluña, circunstancia que no se dio a nivel general en el resto
de España. Otros autores también señalan este factor para explicar el posterior despegue
de este tipo de entidades durante las décadas centrales del franquismo15. Destaca
especialmente el caso de Fernández y Simpson, al considerar que era una forma de
intervención directa por parte del Estado con el fin de regular la producción agraria, en
un contexto en que el sector necesitaba de este tipo de entidades por sus deficiencias en
la producción y comercialización. Además, estos autores también destacan la incidencia
de otros factores de tipo cultural y religioso, siendo los países protestantes donde más se
expandió este fenómeno16.
James SIMPSON: “Cooperation and cooperatives in southern European Wine Production. The nature of
successful institutional innovation, 1880-1950”, Advances in Agricultural Economic History, 1 (2000), pp.
5-126; Jean Michel CHEVET: “Cooperative cellars and the regrouping of the supply in France in the
twentieth Century”, en Yves SEGERS, Jan BIELEMAN y Erik BYUST (eds.): Exploring the food chain.
Food production and food processing in Western Europe, 1850-1990, Turnhout (Bélgica), Brepols, 2009
pp. 253-279. Diversos autores franceses han ratificado esta idea: Yuna CHIFFOLEAU; Fabrice DREYFUS;
Joachim EWERT y Jean MarcTOUZARD: “The wine cooperatives face the demand for quality: call for a
renewed solidarity in Languedoc (France) and in the Western Cape (South Africa)”, en Simeon
KARAFOLAS, Roger SPEAR y Yohanan STRYJAN (eds.): Local Society & Global Economy: The role
of Co-operatives, Naoussa (Grecia), Editions Hellin, 2002 pp. 381-394.
12
Samuel GARRIDO: “Why did most cooperatives fail? Spanish agricultural cooperation in the early
Twentieth century”, Rural History, 18, 2 (2007), pp. 183-200.
13
Samuel GARRIDO: Treballar en comú…
14
Jordi PLANAS: “The emergence of winemaking cooperatives in Catalonia”, Business History, 52, 2
(2016), pp. 264-282; Jordi PLANAS: “El cooperativismo vitivinícola en tiempos de crisis: el Sindicato de
Viticultores de Igualada (1921-1936)”, Investigaciones de Historia Económica, 9, 3 (2013), pp. 155-164.
15
Francisco José MEDINA-ALBALADEJO: “Co-operative wineries…”.
16
Eva FERNÁNDEZ y James SIMPSON: “Product quality or market regulation? Explaining the slow
growth of Europe’s wine cooperatives, 1880-1980”, Economic History Review (forthcoming); Eva
FERNÁNDEZ: “Selling Agricultural Products: Farmers’ Co-operatives in Production and Marketing,
1880–1930”, Business History, 56, 4 (2014), pp. 547–568; Eva FERNÁNDEZ: “Trust, religion, and
cooperation in western agriculture, 1880-1930”, Economic History Review, 67, 3 (2014), pp. 678-698.
11
206
El cooperativismo agrario surgido en España inicialmente era de corte interclasista
y dividido en dos tendencias: uno más temprano de carácter laico y reformista, y otro de
corte católico y conservador formado más tardíamente, al igual como ocurrió en otros
países como Italia17. El primer modelo estaba integrado por la burguesía media agraria de
carácter regeneracionista e ideología liberal, e incluso republicana, representando a la
pequeña propiedad frente a las grandes oligarquías locales18.
El segundo modelo cooperativista mencionado por la historiografía surge tras el
rebrote de la conflictividad de los años 1915-1917 por parte de jornaleros, arrendatarios
y pequeños propietarios. Será de corte aún más interclasista, integrándose el entramado
oligárquico-caciquil que lo utilizaba como estrategia para controlar a todos los actores
sociales del campo español y mantener las redes clientelares existentes. En estas
instituciones participaron activamente la iglesia y el movimiento católico-agrario,
pretendiendo así hacerse con el apoyo del campesino pobre y evitar la difusión de
ideologías republicanas y socialistas. El objetivo era lograr la paz social para el campo
español19. Este asociacionismo tendrá su momento álgido durante la segunda mitad de los
años 2020.
Ambos modelos fueron homogenizados a partir de los años 40, donde el
franquismo encuadró a este tipo de entidades en función de la Ley de Cooperación de
1942, tras ser depuradas, reestructuradas ideológicamente y sometidas al control de las
instituciones sindicales con el fin de reforzar el control social del campo español21.
17
Massimo FORNASARI y Vera ZAMAGNI: Il movimento cooperativo in Italia: Un profi lo storicoeconomico (1854–1992), Florence, Vallecchi, 1997.
18
Ángel Pascual MARTÍNEZ SOTO: “El cooperativismo de crédito en España, 1890-1934: modelos de
gestión y balance de su actuación”, Historia Agraria, 30 (2003), pp. 119-150.
19
Mercedes CABRERA: “Organizaciones patronales y cuestión agraria en España (1931-1936)”, en José
Luis GARCÍA DELGADO (ed.): La cuestión agraria en la España contemporánea, Madrid, Cuadernos
para el Diálogo, 1976, pp. 105-150; Pedro CARASA: “El crédito agrario en España durante la Restauración.
Entre la usura y el control social”, en Bartolomé YUN (coord.): Estudios sobre capitalismo agrario, crédito
e industria en Castilla, siglos XIX y XX, Salamanca, Junta de Castilla y León, 1991, pp. 289-343; Juan José
CASTILLO: Propietarios muy pobres. Sobre la subordinación del pequeño campesino: La Confederación
Nacional Católico Agraria 1917-1942, Madrid: Ministerio de Agricultura, 1979; Josefina CUESTA:
Sindicalismo católico-agrario en España (1917-1919), Madrid, Narcea, 1978; Samuel GARRIDO:
Treballar en comú…; Gloria SANZ: En el campo conservador: organización y movilización de
propietarios agrarios en Aragón, 1880-1930, Zaragoza, Prensas Universitarias de Zaragoza, 2005.
20
En 1926, 3.034 de los 5.821 sindicatos agrarios existentes en España estaban asociados a la CNCA
(Confederación Nacional Católico Agraria) (Samuel GARRIDO: Treballar en comú…).
21
Daniel LANERO: “Sobre el encuadramiento de los campesinos y la agricultura en el tiempo de los
fascismos: una comparación entre nazismo y franquismo”, Ayer, 83 (2011), pp. 53-76; Ana CABANA y
Alba DÍAZ-GEADA: “Exploring modernization; agrarian fascim in rural Spain, 1936-1951”, en Lourenzo
FERNÁNDEZ-PRIETO, Juan PAN-MONTOJO y Miguel CABO (eds.): Agriculture in the Age of Fascism.
207
Un tema que ha generado también un intenso debate a nivel internacional es el
impacto de las cooperativas en el sector agrario. Es bien conocido el ya mencionado caso
de las lecherías cooperativas danesas y su importancia en la modernización tecnológica
del sector en el país escandinavo, especialmente por la implantación de los separadores
de crema, lo que confirió una fuente de ventaja competitiva en el mercado internacional.
Además, el éxito de estas entidades también dependía de su orientación hacia los
mercados internacionales22. De hecho, Fernández defiende que los países exportadores
con un sistema agrario altamente especializado y con elevada productividad son más
proclives al éxito del movimiento cooperativo23.
En la historiografía española hay una mayor división, con autores optimistas y
pesimistas en ese sentido. Martínez Soto considera que las cajas rurales supusieron un
avance en el acceso al crédito más barato para los pequeños propietarios, limitando así
las redes informales de crédito diseñadas por el entramado oligárquico-caciquil para
reforzar su control del mundo agrario24. Otros autores como Arribas consideran que fue
un instrumento para la modernización de la agricultura25. Fernández Prieto señala su papel
en la difusión de innovaciones entre los pequeños agricultores gallegos26. Y SánchezPérez defiende la idea de que el sindicalismo católico-agrario sirvió a los campesinos para
organizarse y defender sus intereses comunes sin incidir las diferencias ideológicas27.
A pesar de estas opiniones más optimistas, la mayoría de autores han sido más
bien escépticos, considerando que antes de la Guerra Civil este tipo de asociaciones
presentaban una escasa solvencia y corta duración28, dedicándose únicamente a la compra
de insumos para uso de sus asociados y facilitar crédito. Según Garrido, la nula capacidad
de consolidarse y la escasa capitalización fue una característica propia del movimiento en
España, a pesar de un marco legislativo favorable que apenas se aplicaba. Además,
Authoritarian Technocracy and Rural Modernization, 1922-1945, Turnhout (Bélgica), Brepols, pp. 189217.
22
Ingrid HENRIKSEN: “Avoiding Lock-in:...”.; Ingrid HENRIKSEN; Markus LAMPE y Paul SHARP:
“The Role of Technology…”.; Ingrid HENRIKSEN, Morten HVIID, y Paul SHARP: “Law and Peace…”.;
Ingrid HENRIKSEN, I. y Kevin H. O’ROURKE: “Incentives, Technology…”.
23
Eva FERNÁNDEZ: “Selling Agricultural Products…”.
24
Ángel Pascual MARTÍNEZ SOTO: “El cooperativismo…”.
25
José María ARRIBAS: “El sindicalismo agrario: un instrumento de modernización de la agricultura”,
Historia Social, 4 (1989), pp. 33-52.
26
Lourenzo FERNÁNDEZ PRIETO: “Selección de innovaciones en un agricultura de pequeñas
explotaciones. Galicia, 1900-1936. La adopción de trilladoras mecánicas”, Noticiario de Historia Agraria,
14 (1997), pp. 133-163.
27
Elisa J. SÁNCHEZ-PÉREZ: “El asociacionismo como agente modernizador. El Sindicato de Vega de
Villalobos (Zamora), 1921-1936”, Historia Agraria, 46 (2008), pp. 47-63.
28
Ángel Pascual MARTÍNEZ SOTO: “El cooperativismo…”.
208
aunque algunos propietarios ayudaron a impulsar este sistema, otros lo miraron con
desconfianza o indiferencia, considerando que presentaba más inconvenientes que
ventajas, lo que dificultó su expansión29.
Otros autores han resaltado su escasa incidencia en ámbitos como la
modernización tecnológica o la actividad financiera30. Planas considera que las primeras
cámaras agrícolas catalanas tuvieron un alcance muy limitado, con una difusión de
conocimientos agronómicos restringida y un escaso desarrollo de los servicios
cooperativos (compraventa de abonos químicos), el crédito agrícola o la elaboración
industrial31. Esto se produjo por su escasa capacidad económica y la falta de experiencia
cooperativa, no logrando captar al pequeño campesinado que era el más necesitado de la
acción cooperativa y el cambio técnico. Eran instituciones destinadas a lograr la cohesión
social y reforzar el liderazgo de la media y gran propiedad, con su discurso modernizador,
más que a desarrollar la labor cooperativa y resolver los problemas de la agricultura, por
lo que su impacto fue escaso. Además, tampoco tuvieron mucho éxito en lograr la
cohesión social, requisito indispensable para su desarrollo, ya que la conflictividad del
momento se vio reflejada en la división del movimiento cooperativo desde un punto de
vista ideológico. Esto no ayudó a la consolidación de estas entidades antes de la Guerra
Civil, ya que la competencia entre las cooperativas de pequeños propietarios y las
católicas supusieron el fracaso general32. O’Rourke alude a este mismo fenómeno para
explicar el fracaso de las lecherías cooperativas en Irlanda33.
Saumell estudió las cooperativas vitivinícolas de la comarca del Penedés
(Barcelona), considerando que este movimiento fue impulsado por la burguesía agraria
con el fin de mantener su liderazgo y preservar la realidad socioeconómica preexistente,
y no para mejorar las condiciones de vida de los campesinos ni su acceso a la propiedad
de la tierra. Tuvieron un escaso impacto social y territorial, unido a su fragilidad
económica y la incapacidad de ofrecer adecuados servicios cooperativos a sus socios34.
Samuel GARRIDO: Treballar en comú…
Pedro CARASA: “El crédito agrario…”.
31
Jordi PLANAS: “Cooperativismo y difusión del cambio técnico en la agricultura. La contribución de las
cámaras agrícolas (Cataluña, 1890-1930)”, Historia Agraria, 30 (2003), pp. 87-117.
32
Jordi PLANAS y Francesc VALLS-JUNYET: “Por qué fracasaban las cooperativas agrícolas? Una
respuesta a partir del análisis de un núcleo de la Cataluña rabasaire”, Investigaciones de Historia
Económica, 7 (2011), pp. 310-321.
33
Kevin O’ROURKE: “Property Rights…”.; Kevin O’ROURKE: “Culture, Conflict…”.
34
Antoni SAUMELL: Viticultura i associacionisme a Catalunya. Els cellers cooperatius del Penedés
(1900-1936). Tarragona, Diputació de Tarragona, 2002.
29
30
209
En otros sectores como el cooperativismo citrícola en Valencia o las cooperativas
agrarias gallegas, murcianas o navarras no tuvieron un impacto mayor35.
La llegada del Franquismo no supuso un mejor funcionamiento de estas entidades,
a pesar de su expansión en número gracias a la ayuda estatal. En nuestra investigación
sobre el caso de las bodegas cooperativas hemos podido determinar que en España no
eran eficientes desde el punto de vista económico-financiero, con una elevada
dependencia financiera debido a su excesivo endeudamiento a largo plazo con el Estado.
Ese mal funcionamiento se explica por su falta de autonomía y su integración en un
sistema corporativo de carácter dictatorial que no supo gestionar el potencial de unas
sociedades que acaparaban a una buena parte del sector agrario del país. Sin embargo,
esto no ocurrió así en otros países europeos similares a España, como Italia, donde la
existencia de sólidas redes en forma de asociaciones ayudó al éxito del cooperativismo36.
Cooperativismo y modernización del viñedo: Estudios de caso
Importancia y alcance
En la Región de Murcia, la comarca del Altiplano de Jumilla-Yecla o el municipio
de Bullas se caracterizan por su marcado carácter rural, por encima de la media en una
35
V. ABAD: Cooperativas citrícolas de exportación (1892-1990), Valencia, ANECOOP, 1991; Alberte
MARTÍNEZ LÓPEZ: Cooperativismo y transformaciones agrarias en Galicia, 1886-1934, Madrid,
MAPA, 1996; Ángel Pascual MARTÍNEZ SOTO: “Cooperativismo y crédito agrario en la Región de
Murcia, 1890-1936”, Historia Agraria, 20 (2000), pp. 123-167; Emilio MAJUELO y Ángel PASCUAL:
Del catolicismo agrario al cooperativismo empresarial. Setenta y cinco años de la Federación de
Cooperativas Navarras, 1910-1985, Madrid, 1991;
36
Tito MENZANI y Vera ZAMAGNI: “Cooperative Networks in the Italian Economy”, Enterprise &
Society, 11 (2009), pp. 98-127; Francisco José MEDINA-ALBALADEJO: “Co-operative wineries:…”.;
Francisco José MEDINA-ALBALADEJO y Tito MENZANI: “Co-operative Wineries in Italy and Spain in
the Second Half of the Twentieth Century: Success or Failure of the Co-operative Business Model?”,
Enterprise & Society (DOI: http://dx.doi.org/10.1017/eso.2016.17).
210
región fuertemente especializada en el sector primario hasta mediados del siglo XX.
Según datos del censo demográfico de 1950, el 58,9% de la población activa murciana
estaba ocupada en la agricultura, porcentaje que se eleva al 70% en las áreas señaladas37.
Dentro de la agricultura y la industria alimentaria de la región, el cultivo del
viñedo ha constituido históricamente un importante pilar, especialmente en la citada
comarca del Altiplano. En 1978 el viñedo ascendía en Jumilla al 67,2% del total de
superficie cultivable y al 61,6% en Yecla, por lo que la dependencia de la estructura
económica de la zona con respecto a esta actividad parece clara. En el caso del municipio
de Bullas su importancia es mucho más reducida, en torno al 20% (Cuadro 2).
CUADRO 2. Superficie total, intensidad y porcentaje del viñedo con respecto al total
regional en la comarca del Altiplano de Jumilla-Yecla y el municipio de Bullas (Región
de Murcia), 1978
Superfic
Intensid
%
ie
ad
regional
56.515
64,5
83
Jumilla
30.308
67,2
44,5
Yecla
26.207
61,6
38,5
Bullas
1.031
19,4
1,5
68.067
12,3
100
Total
Altiplano
R. de Murcia
Fuente: INSTITUTO NACIONAL DE DENOMINACIONES DE ORIGEN (INDO): Catastro
Vitícola y Vinícola. Murcia. Madrid, Ministerio de Agricultura, 1972.
En este contexto, el impacto de la existencia de la Cooperativa San Isidro en el
viñedo jumillano o la Cooperativa del Rosario en el bullense fue significativo. A
principios de los años 40 la entidad jumillana contaba con casi 1.400 socios, los cuales
eran todos obligatoriamente del municipio38. Si se tiene en cuenta que, según el censo
37
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA (INE): Reseña Estadística de la Provincia de Murcia,
Madrid, 1962.
38
Fue así hasta que en 1964 se modificaron sus estatutos para permitir la entrada a productores del resto de
zonas de la DO Jumilla, que incluye los municipios albacetenses de Albatana, Ontur, Tobarra, Fuente
Álamo, Hellín y Montealegre. Aunque es extraño que los viticultores de tales entidades ingresaran en la
211
demográfico de 1950, eran 5.859 las personas activas dedicadas a la agricultura en la
localidad, aproximadamente un 25% del total de población agrícola estaba dentro de la
cooperativa. En los años 70, el porcentaje de productores vitícolas jumillanos
pertenecientes a la cooperativa era casi del 60%, con los más de 2.000 socios de la entidad,
lo que muestra la importancia de esta institución en la localidad39.
Esta cooperativa controlaba entre unas 18.000 y 20.000 hectáreas en los años 70,
o lo que es lo mismo, casi un 72% del promedio de superficie total de viñedo del
municipio en el periodo 1970-1985, que son unas 27.949 hectáreas, y más de un 44% del
promedio de superficie total de la denominación de origen en el mismo espacio de tiempo,
unas 45.063 hectáreas. Durante la segunda mitad del siglo XX la cooperativa jumillana
controló casi 3/4 del viñedo total del municipio, y cerca de la mitad de la superficie
adscrita a la denominación de origen, lo que muestra la enorme importancia de esta
entidad para la zona, acaparando gran parte de la superficie de producción vitícola de la
localidad. Esto se refleja en los porcentajes de uva controlada y de producción vínica de
la cooperativa con respecto al total de esta área productora, ya que en 1974 sus depósitos
supusieron más del 50% del total de la uva producida en la DO, y su producción vínica el
36,3% del total del área y el 60,9% de la amparada bajo la mencionada DO40.
El impacto de la entidad bullense era menor en un área más especializada en los
frutales, lo que explica el considerable desarrollo de la industria y el cooperativismo
conservero en la zona. A pesar de eso, en la DO Bullas la cooperativa engloba
prácticamente la totalidad de la superficie adscrita a la denominación de origen hoy día,
incluyendo el viñedo de otros municipios como Cehegín, Mula, Caravaca o Lorca, aparte
del homónimo de la propia denominación. A principios de los años 50 la cooperativa
suponía casi la totalidad de la superficie cultivada y de la uva producida, en torno a un
70% del total con más de 3.000 hectáreas, y englobaba al 80% de los viticultores de la
comarca41. Ello es crucial para entender el efecto que tuvo la entidad para el desarrollo
agrario de una zona donde el cultivo del viñedo no era mayoritario pero sí importante,
entidad jumillana, ya que cada una de estas localidades contaba con su propia cooperativa. Libro de Actas
de la Junta General (05/04/1964). Archivo de la Cooperativa de San Isidro (sin catalogar).
39
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA (INE): Reseña Estadística de la Provincia de Murcia,
Madrid, 1974.
40
Proyecto de ampliación de bodega (1974). Archivo de la Cooperativa San Isidro (sin catalogar);
MINISTERIO DE AGRICULTURA: Anuario de Estadística Agraria, Madrid, 1975; MINISTERIO DE
AGRICULTURA: Estadística Agraria de Murcia, Madrid, 1975.
41
Libro de Actas de la Junta General. Archivo de la Cooperativa del Rosario (sin catalogar).
212
especialmente debido a que una gran cantidad de asociados poseían explotaciones de
cultivo en régimen asociado entre vid y frutales, hecho que explica la creación de una
sección de conservas vegetales en la cooperativa.
Por tanto, la actividad de estas entidades asociativas tuvo un considerable impacto
en la zona productora de las DO Jumilla y Bullas, especialmente en las localidades
cabecera de dichas instituciones. Todas aquellas actividades destinadas a la mejora en los
sistemas de cultivo del viñedo o en los procesos de elaboración vínica que las entidades
introdujeran afectaron al 60-80% de los viticultores y al 70% de la superficie cultivable
de viñedo en los municipios mencionados. El impacto que el desarrollo cooperativo tuvo
para la actividad rural, y por ende, para toda la economía local de la zona parece
significativo.
Estructura social
El hecho de que la mayor parte del viñedo murciano estuviera integrado en las
bodegas cooperativas durante la segunda mitad del siglo XX responde a la propia
estructura social de estas entidades, de carácter interclasista, circunstancia que se
conformó antes de la Guerra Civil y se intensificó durante el franquismo. La Cooperativa
San Isidro de los años 50 estaba integrada por un grupo de medianos propietarios que no
llegaba al 7% del total de los socios, pero que controlaba el 30% del total de uva aportada
(Gráfico 1-A), y después una mayoría de pequeños y medianos viticultores que aportaban
el 70% de la uva que más tarde era transformada en vino.
Esta distribución, basada en una masa de pequeños viticultores con menos de diez
hectáreas y un pequeño porcentaje de medianos propietarios, es la estructura social que
la cooperativa heredó de los años 30, cuando estaba constituida como un sindicato liberal
de corte regeneracionista, integrándose la gran propiedad en las entidades asociativas
católicas. A mediados de los años 70, como muestra el Gráfico 1 (B), propietarios de
mayor entidad se incorporaron a la cooperativa, suponiendo los pequeños viticultores
únicamente el 21% de la uva aportada, a pesar de que eran el 57,1% de los socios.
213
GRÁFICO 1. Estructura de la propiedad en las Cooperativas de San Isidro (Jumilla) y
del Rosario (Bullas) (% de socios y superficie en hectáreas)
A - Cooperativa San Isidro (1955-56)
B - Cooperativa San Isidro (1974-75)
C - Cooperativa Rosario (1950)
D - Cooperativa Rosario (1960)
Fuente: Alfredo MORALES GIL: La vid y el vino en la zona de Jumilla. Murcia, Academia
Alfonso X el sabio, 1976; Archivo de la Cooperativa del Rosario (sin catalogar).
Destaca la presencia de siete socios con fincas de más de 100 hectáreas y 200.000
kilogramos de uva depositados. Sin duda, esta incorporación de algunos medianos y
grandes propietarios del municipio muestra como en un principio estos últimos no
intervinieron en la formación de los movimientos cooperativos, incorporándose más
tardíamente al comprobar los beneficios que reportaban estas entidades en cuanto a
precios más remuneradores por la uva. En el caso de la Cooperativa del Rosario la
214
documentación permite trabajar mejor la estructura social de sus socios durante sus
primeros momentos de funcionamiento en los años 50.
El Gráfico 1 (C) muestra que la estructura social de la cooperativa bullense durante
el momento de su fundación también estaba caracterizada por el dominio de la pequeña
y mediana propiedad. El 70% de las hectáreas adscritas a la cooperativa, ya sean de viñedo
o no, se encontraba en propiedades de más de cinco hectáreas, a pesar de ser únicamente
el 37,7% de los asociados. Mientras que más del 62% de éstos tenían menos de cinco
hectáreas, agrupando únicamente el 29,8% de la propiedad adscrita, incluido el 5,7% de
socios que no poseían parcela alguna. La gran propiedad de la comarca no participó en
un primer momento en la constitución de la cooperativa.
Era una entidad desigual, que englobaba inicialmente a pequeña y mediana
propiedad, y donde una mayoría de pequeños viticultores apenas controlaban un tercio de
la propiedad y de la uva depositada. Esta situación se acentuó mucho más tras una década
de funcionamiento. A finales de la década de los 50, la estructura social de la cooperativa
se había transformado considerablemente, aumentando la desigualdad debido al acceso
de la gran propiedad de la zona en las filas cooperativistas. El Gráfico 1 (D) muestra que
el 3,6% de los socios en esta época superaban las 50 hectáreas, lo que debieron de ser
nuevas entradas, ya que en el anterior registro no existían propietarios que superaban esa
superficie. Además, tenían bajo su poder más de la mitad de las aproximadamente 6.000
hectáreas adscritas a la cooperativa, dedicadas a viñedo o no. Mientras que la mediana
propiedad vio cómo se redujo su peso al 40% del total de la superficie asociada y del
número de socios, y el pequeño viticultor seguía siendo mayoría en número, pero solo
controlaba el 8,4% de la tierra.
A lo largo de la década de los años 50 se incorporaron 114 socios (de 300 a 414),
de los cuales 1/3 fueron pequeños viticultores (menos de cinco hectáreas), un 53,5%
medianos propietarios (entre 5 y 50 hectáreas) y un 13,2% poseedores de más de 50
hectáreas, lo que muestra que realmente la mediana y gran propiedad consideró atractivo
el sistema cooperativo.
En definitiva, una estructura social de carácter interclasista, que favoreció que las
actividades llevadas a cabo por las cooperativa impactaran a nivel general en toda la zona,
sin centrarse en ningún colectivo en concreto.
215
Mejoras en los sistemas de cultivo y apoyo al socio
Las cooperativas analizadas introdujeron métodos industriales a la hora de
transformar y revalorizar la uva, a la vez que contribuyeron a la modernización del viñedo
mediante la implantación de nuevos sistemas de cultivo de la vid, la mecanización de las
labores agrícolas, el uso de abonos artificiales y la plantación de nuevas variedades, sin
olvidar su intensa lucha por mejorar la calidad de la uva producida, especialmente a partir
de los años 70 y 80, donde la transformación de los gustos hacia vinos de calidad hizo
necesaria una mejora en la materia prima. Por ello se establecieron las normas de
vendimia, formando al viticultor en las técnicas de cultivo necesarias para que el producto
alcanzara la mejor calidad posible.
Las cooperativas contribuyeron a trasformar el campo jumillano con la
introducción de mejoras en los cultivos y cambiando la mentalidad tradicional de sus
viticultores asociados. Además, hizo más rentable un cultivo en clara situación de crisis
debido al endémico problema de la sobreproducción, mediante la revalorización del
producto que una vez transformado y embotellado adquiere un mayor valor añadido. Esto
fue así especialmente durante los años de expansión del movimiento cooperativista en la
zona, la época del desarrollismo económico español, erigiéndose como las principales
empresas del sector en la zona de Jumilla, Yecla o Bullas42.
Las cooperativas ayudaron a la modernización del viñedo y del sector agrícola en
general de la zona mediante las diferentes secciones creadas. Por ejemplo, en la
Cooperativa San Isidro existía una sección almazara, que ofrecía el servicio de
molturación de la aceituna y extracción de aceite a aquellos socios que albergaran olivos
en sus explotaciones agrícolas. Esta sección producía durante los años 60 unos 150.000
litros de aceite anuales, manteniéndose aún hasta la actualidad. Otras secciones que
ayudaron a mejorar la rentabilidad de la agricultura de sus asociados y de la zona fue la
del Molino de Piensos, que aunque tuvo un impacto limitado43, permitía la molturación
de cereales destinada a la alimentación del ganado de los asociados. También destaca la
existencia de una caja rural, que concedía a los socios créditos de campaña para su
42
Francisco J. MEDINA-ALBALADEJO: Cooperativismo y sector vitivinícola en España durante la
segunda mitad del siglo XX, Tesis doctoral, Universitat Autònoma de Barcelona, 2011.
43
Unos 100.000 kilos durante los años 60, aunque en la década siguiente quedo prácticamente inoperativa,
siendo mantenida por su función como servicio a los socios y para regular precios, evitando que los
comerciantes los elevaran. Archivo de la Cooperativa San Isidro (sin catalogar).
216
subsistencia hasta la práctica de las liquidaciones, así como la preparación y puesta en
cultivo de sus terrenos para la vendimia del año siguiente, sin olvidar que facilitaba la
financiación para la compra de maquinaria. Esta sección apenas tuvo incidencia hasta los
años 50, pero en las dos décadas siguientes si supuso un impacto considerable en la
mejora de la agricultura de la zona.
Dentro de los servicios que la cooperativa ofrecía al campo jumillano, sobresalen
las secciones de maquinaria (tractores y compresores) y abonos. La primera favoreció la
mecanización del viñedo de la zona mediante un servicio de tractores que se ofrecía a los
socios, y con una serie de maquinaría propia que era alquilada por la cooperativa a las
personas que lo solicitaran. La sección funcionó hasta que en 1964 se decide su disolución
por la abundancia de esta maquinaría en la comarca, mostrando el impacto de la
cooperativa en el proceso de modernización del sector agrícola de la zona. También
ayudaba al cooperativista a adquirir la maquinaria necesaria mediante créditos otorgados
por la sección caja rural, o facilitando la concesión de préstamos a bajo interés por parte
de la Caja Rural Provincial. Otro parte importante de esta sección era la de compresores,
disponible para aquellos socios que la necesitasen, y que al parecer era una de los
servicios que mejor funcionaban y que más beneficios reportaba a la entidad44.
En cuanto a otros inputs como los fertilizantes químicos, resaltar la importante
labor de la cooperativa en la difusión de este tipo de mejora en el campo jumillano. Según
los datos ofrecidos por el Instituto Nacional de Estadística, en la campaña 1958-59 se
utilizaron en el término municipal de Jumilla 253.200 kilogramos de abonos artificiales
(Cuadro 3). Cuatro años después, únicamente la cooperativa había facilitado a sus
asociados casi medio millón de kilogramos, por lo que no sería aventurado afirmar que
una buena parte de los abonos utilizados en el campo jumillano durante esos años podría
haber sido facilitada a través de la cooperativa. Además, en 1975 el municipio de Jumilla
era el segundo donde más abonadoras se utilizaban de toda la Región de Murcia, detrás
del de Lorca, con 180 ejemplares que suponían el 18,8% del total de herramientas de este
tipo existentes en la provincia45. Ello a pesar de los problemas de almacenaje que sufría
esta sección, que limitaban claramente la expansión de la mencionada labor de difusión
de fertilizantes. Este sistema también permitía regular las cotizaciones de estos productos
en la localidad, ya que los comerciantes retenían las subidas ante los bajos precios
44
45
Libro de actas de la Asamblea General, Archivo de la Cooperativa San Isidro (sin catalogar).
MINISTERIO DE AGRICULTURA: Estadística Agraria de Murcia.
217
ofrecidos por la cooperativa, de hecho, cuando la sección comenzó a no ser operativa por
la falta de capacidad de almacenaje se mantuvo únicamente como medida para regular
tales subidas46.
CUADRO 3. Comparativa de abonos totales utilizados en el municipio de Jumilla y los
facilitados por la cooperativa San Isidro, 1958/59-1962/63 (kilogramos)
Total Jumilla 1958-59
Cooperativa 196263
38.150
323.973
Azufres
s.d.
15.548
Amoniacales
s.d.
32.247
Nitrogenados
212.550
49.314
Potasas
2.500
45.025
TOTAL
253.200
466.107
Superfosfatos
Fuente: INE, Reseña Estadística de la Provincia de Murcia; Memoria anual 1962-63. Archivo
de la Cooperativa San Isidro (sin catalogar).
La actividad de la Cooperativa San Isidro supuso un proceso de mejora y
modernización de la actividad agrícola, ya que englobaba una buena proporción del
viñedo de la zona y del sector agrícola jumillano, por lo que las acciones emprendidas
tenían un gran impacto económico en la zona, suponiendo la renovación de los procesos
productivos, tanto de los sistemas de cultivo del viñedo como en la elaboración vínica de
la uva. Esta cooperativa incentivó y facilitó la modernización de las explotaciones
agrícolas, sin olvidar que consiguió aumentar su rentabilidad gracias al pago de precios
más remuneradores y la aplicación de procesos industriales a la transformación de
producto, que le conferían un valor añadido mucho mayor. Además, permitió el acceso a
la moderna tecnología de elaboración vínica, consiguiendo economías de escala y la
consecuente reducción de los costes de producción, así como la adopción de políticas de
comercialización que supusieron una mejor posición negociadora a la hora de acceder a
unos mercados cada vez más competitivos.
46
Libro de actas de la Asamblea General, Archivo de la Cooperativa San Isidro (sin catalogar).
218
Especialmente importante es la percepción de unos precios más remuneradores
por la uva depositada por los socios que los conseguidos en el mercado, lo que es un factor
crucial para entender la incorporación de los viticultores a estas entidades y como
ayudaron a que la vitivinicultura fuera una actividad rentable en la zona. En el caso de la
Cooperativa de San Isidro se puede observar en el Gráfico 2, donde se aprecia que en la
mayoría de años los precios del mercado estaban por debajo de los establecidos por la
entidad, y como será esta institución la que marque tales cantidades a pagar por el
kilogramo de uva, siguiendo los bodegueros los precios establecidos con el fin de poder
competir con ella en la adquisición de materia prima a los viticultores. De los 29 años
analizados en este gráfico, en 20 los precios de la cooperativa superaban a los del
mercado.
GRÁFICO 2. Evolución comparativa de los precios reales de la uva en la Cooperativa
San Isidro (Jumilla, Murcia) y el mercado local, 1946-1974 (pesetas constantes 1995,
por kilogramo)
219
90
80
70
60
50
40
30
20
10
19
46
19
47
19
48
19
49
19
50
19
51
19
52
19
53
19
54
19
55
19
56
19
57
19
58
19
59
19
60
19
61
19
62
19
63
19
64
19
65
19
66
19
67
19
68
19
69
19
70
19
71
19
72
19
73
19
74
0
Cooperativa
Mercado
Fuente: Informes de liquidación de campaña. Archivo de la Cooperativa San Isidro (sin
catalogar); Alfredo MORALES GIL: La vid y el vino…; Deflactor implícito del PIB agrario
(Albert CARRERAS y Xavier TAFUNELL (coords.): Estadísticas Históricas de España. Siglos
XIX – XX, Bilbao, Fundación BBVA, 2005, pp. 1357-1358).
La cooperativa fue la gran empresa del municipio, lo demuestran hechos como
que esta entidad fuera la que consiguiera que Jumilla fuera declarada “Zona de Preferente
Localización Agraria” en 1976 sin ninguna ayuda externa47. La Cooperativa de San Isidro
fue decisiva a la hora de conformar las características actuales de una de las zonas
vitivinícolas con más pujanza en el conjunto del país hoy día.
En el caso de la Cooperativa del Rosario decir que no solo mejoró las condiciones
del cultivo del viñedo en la comarca, al igual que la de San Isidro, sino que también creó
una sección de conservas vegetales en una zona de mayor especialización frutera, con la
construcción de una fábrica con capacidad para procesar más de 3 millones de kilogramos
de fruta destinadas prácticamente en su totalidad a la exportación. Esta sección funcionó
de manera irregular durante 20 años, pero revalorizó un producto que se estaba vendiendo
en el mercado a bajos precios, y permitió el acceso a la moderna tecnología, a las ayudas
47
Libro de Actas de la Junta General (11/04/1976). Archivo de la Cooperativa San Isidro (sin catalogar).
220
estatales y a las redes de comercialización internacionales. En esta comarca se desarrolló
un fuerte cooperativismo conservero48.
En el tramo final del siglo XX, la cooperativa se erigió como la auténtica garante
de la denominación de origen conseguida en 1994 para la comarca, con todos los
beneficios que eso supone para el desarrollo agrario de las zonas de viñedo49. La
cooperativa se convirtió en agente activo para la consecución de una calificación que
suponía la oportunidad de mejorar la calidad de los caldos y la imagen de la producción
de la comarca, así como la posibilidad de aumentar ventas con un mayor valor añadido,
exportaciones o la consecución de subvenciones oficiales.
En este caso también debe ser destacado que, excepto en sus dos primeros años
de funcionamiento, los precios de liquidación en la Cooperativa del Rosario eran
considerablemente superiores a los que se pagaban en el mercado local y provincial
(Cuadro 4).
CUADRO 4. Evolución comparativa de los precios corrientes de la uva en la
Cooperativa del Rosario (Bullas, Murcia) y los mercados local y provincial, 1952-1961
(pesetas por kilogramo)
1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961
Cooperativa
1,54
1,27
1,57
1,99
2,19
3,59
3,74
4,00
4,01
4,02
Mercado
1,70
1,45
0,95
1,30
1,40
1,80
2,00
3,00
3,00
2,17
1,81
1,15
1,42
1,77
1,86
2,54
3,17
2,98
2,81
2,79
local
Mercado
provincial
Fuente: Informes de liquidación de campaña. Archivo de la Cooperativa del Rosario (sin
catalogar); MINISTERIO DE AGRICULTURA, Anuario de Estadística Agraria.
48
José Miguel MARTÍNEZ CARRIÓN: Historia Económica de la Región de Murcia. Murcia, Editora
Regional de Murcia, 2002.
49
En otras zonas de España se conocen situaciones parecidas, como el caso de la Cooperativa Ribera del
Duero (actual Bodegas Protos) a la hora de obtener esa zona de Castilla y León la calificación de
denominación de origen a principios de los 80. Elena MONTOYA: La Ribera del Duero burgalesa. El vino
y su denominación de origen, Burgos, Diputación Provincial, 2006.
221
Mejoras en la producción
En el ámbito de la producción, las cooperativas supusieron la industrialización y
la integración vertical del sector vinícola en España50. Los viticultores asociados pasaron
de producir su vino artesanalmente a hacerlo en grande bodegas industriales, con acceso
a tecnología, un mayor valor añadido de su producto y con economías de escala 51. Este
hecho generó que durante los años 50, 60 y 70 cada vez fueran más el número de socios
que quisieron incorporarse a las cooperativas, depositando más y más uva, y creciendo
una producción de vino. Las cooperativas elaboraban un producto que se adaptaba bien
al gusto del consumidor, que no demandaba vinos de gran calidad sino caldos de mesa de
elevada gradación. Esto hizo que estas entidades se especializaran en vino de mesa a
granel, producido a partir de uvas procedentes de los depósitos de sus socios, existiendo
un problema de descontrol de la materia prima que después se elaboraba. La tecnología
consiguió homogeneizar el producto a pesar de esta diversidad de procedencias,
adaptándose bien a los gustos locales del momento52.
A partir de la década de los años 70 el consumidor español y mundial cambió sus
gustos con respecto a este producto, pasando a demandarse un caldo de calidad, natural,
de baja gradación y varietal. Estos cambios en las preferencias y hábitos del consumo
supusieron toda una encrucijada para el modelo cooperativista, de carácter productivista
y poco orientado al mercado53.
Este cambio en la producción exigía un mayor control sobre los procesos de
cultivo y elaboración de un producto que presenta grandes sensibilidades a las
condiciones en que se ha desarrollado. Las bodegas privadas que apostaron por la calidad
comenzaron a suministrarse mediante viñedos propios, sometidos a un minucioso control,
o a comprar uva en el mercado estrictamente seleccionada. Pero el sistema cooperativista
obliga a aceptar la materia prima cultivada por sus socios en todos los casos, escapando
50
Juan PAN-MONTOJO: La bodega del mundo. La vid y el vino en España (1800-1936), Madrid, Alianza,
1994.
51
Ver Juan PIQUERAS: “El viñedo español entre 1940 y 1990. Medio siglo de cambios hacia la
modernización, la calidad y la eliminación de los excedentes”, en Alfredo GIL OLCINA (ed.), Medio siglo
de agricultura en España. Alicante, Instituto de Geografía de la Universidad de Alicante, 1992, pp. 85-114;
Antoni SAUMELL: “El cooperativisme vitivinícola i els processos de modernització agrària al Penedès
(1960-2002)”, Recerques, 49 (2004), pp. 97-132.
52
Francisco J. MEDINA-ALBALADEJO: Cooperativismo y sector…
53
José Miguel MARTÍNEZ-CARRIÓN y Francisco J. MEDINA-ALBALADEJO: “Change and
development in the Spanish wine sector, 1950-2009”, Journal of Wine Research, 21, 1 (2010), pp. 77-95.
222
muchas veces los procesos de cultivo al control que requiere la elaboración de vinos de
calidad.
Ante esta clara desventaja, intrínseca al sistema, las cooperativas comenzaron a
establecer normas de vendimia elaboradas por sus enólogos con el fin de imponer unos
criterios mínimos que los viticultores debían cumplir, amenazando con sanciones a
aquellos que no lo hicieran. Ello les permitía adquirir una más adecuada materia prima,
que mejorara la calidad de los caldos, y así competir con más posibilidades en un mercado
donde el consumo empezaba a decrecer año tras año. También se instauró la selección de
la uva por calidades54. Estas medidas no resolvieron el problema por completo pero al
menos supusieron una mejora en la calidad del producto final55.
Una muestra de estos intentos de las cooperativas para adaptar paulatinamente su
producción a las nuevas condiciones del mercado fue el descenso del grado baumé medio
de las uvas56 gracias a la imposición por parte de los técnicos de una vendimia más
temprana57, y que después se transformaba en un menor grado alcohólico de los caldos
en unas empresas tradicionalmente productoras de vinos con elevada gradación. Este
hecho se refleja en el Gráfico 3, donde se aprecia fehacientemente que el grado baumé
medio de las uvas depositadas en las cooperativas analizadas tiene una tendencia
decreciente a lo largo de toda la segunda mitad del siglo XX.
54
A mediados de los años 90, el total de las 12 bodegas cooperativas riojanas analizadas por un estudio
sobre el sector declararon realizar análisis enológicos y controles previos a la cosecha de sus asociados (A.
Salvador Ruiz, et al.: Orígenes y situación económico-social de las sociedades cooperativas vitivinícolas
de la Rioja Alta. Logroño, Universidad de la Rioja, 1998, pp. 29-30).
55
Actas de la Junta General Ordinaria. Archivos Cooperativa Agro-vinícola Nuestra Señora del Rosario y
de Cooperativa San Isidro (sin catalogar).
56
Unidad de medida del nivel de azúcares de la uva, que tras el proceso de fermentación determinara el
grado alcohólico del vino.
57
Debido a que una recogida más tardía supone la maduración del fruto, generando más azúcares, que en
el proceso de fermentación se convierten en mayor nivel de grado alcohólico. Si la vendimia es más
temprana el grado baumé de la uva será menor, y el grado alcohólico también. Esto será así hasta la
adopción de los sistemas de fermentación por frío por parte estas entidades, que mediante la regulación de
la temperatura permiten una fermentación controlada, consiguiendo el nivel alcohólico deseado
independientemente del nivel de azúcares de la uva. Actas de la Junta General Ordinaria. Archivos
Cooperativa Agro-vinícola Nuestra Señora del Rosario y Cooperativa San Isidro (sin catalogar).
223
GRÁFICO 3. Evolución del grado baumé medio de la uva depositada por los socios en
diversas cooperativas españolas*, 1940-2007. Medias Móviles (5)
16
15,5
15
14,5
14
13,5
13
12,5
12
11,5
19
40
19
43
19
46
19
49
19
52
19
55
19
58
19
61
19
64
19
67
19
70
19
73
19
76
19
79
19
82
19
85
19
88
19
91
19
94
19
97
20
00
20
03
20
06
11
Grado Baumé
Medias Móviles (5)
*: Cooperativa San Isidro (Jumilla, Murcia); Cooperativa del Rosario (Bullas, Murcia);
Cooperativa Virgen de las Viñas (Tomelloso, Ciudad Real); Cooperativa de Pinoso (Alicante);
Cooperativa Sant Isidre (Nulles, Tarragona); Sindicato Agrícola de Valls (Tarragona).
Fuente: Informes de liquidación de campaña. Archivo Cooperativa San Isidro (sin catalogar);
Informes de liquidación de campaña. Archivo Cooperativa del Rosario (sin catalogar); Informes
de liquidación de campaña y Actas de la Asamblea General. Archivo Cooperativa de Pinoso (sin
catalogar); Estadística de cosecha. Archivo de la Cooperativa Virgen de las Viñas (sin catalogar);
Antoni GAVALDÁ: L’associacionisme agrari a Catalunya (el model de la Societat Agrícola de
Valls: 1888-1988), 2 vols., Valls, Institut d’Estudis Vallencs, 1989; Antoni GAVALDÁ y Joan
SANTESMASES: Història econòmico-social de les cooperatives agrícolas de Nulles (19171992), Valls, 1993.
Las entidades llevaron a cabo el proceso de adaptación necesario para obtener
vinos más acordes con el gusto del consumidor. Ya no se valoraba de igual forma el
elevado nivel de grado alcohólico del vino, tradicionalmente símbolo de calidad entre los
consumidores. De hecho, en las cooperativas estudiadas se clasificaba la uva según su
más o menos elevado grado baumé, y no por otras cualidades. A partir de finales de los
años 70 ya no será así, siendo los enólogos los que dirijan vendimia y producción con el
fin de poder competir en el mercado. En la actualidad, la cooperativa del Rosario
224
considera que la uva que sobrepase los 14º baumé ya no podrá ser considerada de primera
calidad, mientras que en 1966 el mínimo exigido eran los mismos 14º que hoy día se
rechazan58.
Conclusiones
En este trabajo se ha pretendido comprobar el impacto de las cooperativas agrarias
en el mundo rural durante el franquismo mediante un análisis de caso de dos bodegas
cooperativas murcianas y su impacto en el viñedo donde desarrollaban su actividad. Todo
ello con el fin de ver si ayudaron al desarrollo y la transformación socioeconómica de
dichas comarcas.
Tras revisar la literatura y ver que la mayor parte de los autores españoles que han
estudiado el tema tiene una visión pesimista del impacto de las cooperativas agrarias en
el mundo rural antes de la Guerra Civil, se ha podido comprobar que durante el despegue
del cooperativismo durante las décadas siguientes estas entidades tenían un alcance muy
significativo ya que englobaban a la mayor parte de los viticultores de la zona.
Funcionaban de manera ineficiente, como se ha podido comprobar en otras
investigaciones, pero las actividades desarrolladas dejaban una intensa huella debido a la
importancia de estas entidades en el viñedo donde se circunscribían. Además, al presentar
una estructura social de carácter interclasista, dicho impacto tenía efecto a nivel general
en toda la zona, no centrándose en ningún colectivo en concreto.
Las bodegas cooperativas analizadas contribuyeron a la modernización del viñedo
e introdujeron nuevos métodos industriales en la producción de vino. En el primer aspecto
ayudaron a implantar la Revolución Verde en la zona, al facilitar la mecanización de las
labores agrícolas y la difusión de abonos artificiales y fertilizantes químicos. Al mismo
tiempo adaptaron el sistema de cultivo en función de la demanda, orientando su actividad
al mercado mediante la plantación de nuevas variedades y el establecimiento de normas
de vendimia con el fin de mejorar la calidad de la materia prima. Además, se convirtieron
en mecanismos de transmisión del conocimiento, ayudado a la difusión de las nuevas
técnicas entre sus asociados y el general de los viticultores de las comarcas analizadas.
58
Actas de la Junta General Ordinaria. Archivo Cooperativa Agro-vinícola Nuestra Señora del Rosario
(sin catalogar).
225
En el ámbito productivo permitieron que se aplicaran los métodos industriales, evitando
así la barrera de entrada que suponía la elevada inversión inicial.
Todo ello sin olvidar que contribuyeron a hacer más rentable la actividad
vitivinícola al pagar precios más remuneradores por la uva depositada de los que ofrecía
el mercado, ayudando así a fijar la población en zonas con escasa alternativas económicas
a la actividad agraria durante los años del desarrollismo.
226
Matrices Ambientales-Decoloniales para el estudio de los
conflictos rurales en España. Praxis de la resistencia en el Sur
Mediterráneo1
Antonio Ortega Santos 2
Universidad de Granada
Introducción. Utillajes Decoloniales para la Historia Ambiental.
Los nuevos estudios sobre el territorio nos obligan a repensar de forma crítica y decolonial
muchos de los procesos de desarrollo concebidos como positivos desde la ciencia
occidental. Estos nuevos enfoques han sido bien descritos Magnaghi 3al apostar por una
multiplicidad de enfoques aplicados desde el impacto de los modelos de desarrollo
económico: enfoque funcionalista o la eco-compatibilidad del desarrollo económico,
enfoque ambientalista o biocéntrico y enfoque territorialista o antropo-biocéntrico.
Desarrollo, crecimiento, progreso, bienestar y felicidad son oxímoron, utopías que han
guidado al modelo capitalistas con ausencia de cuestionamiento e impregnadas de lógicas
1
La investigación que ha dado lugar a estos resultados ha recibido financiación del Séptimo Programa
Marco de la Unión Europea (FP7/20014-2017) en virtud del acuerdo de subvención nº613265 y del
Proyecto I+D Naturaleza Gobernada. Un Enfoque ecológico, institucioknal y Cultural del manejo
comunitario de recursos (Siglos XIII-XXI) bajo la coordinación del profesor José Manuel Lana Berasain,
HAR2015-64076-P.
2
Antonio Ortega Santos, Profesor Titular de Historia Contemporánea, Departamento Historia
Contemporánea, Facultad de Filosofía y Letras, Campus de Cartuja s/n. 18071. Email: [email protected].
Investigador Responsable del Grupo PAI Investigador Responsable HUM 952 RESPARTO (Red Estudios
sobre Sustentabilidad, Patrimonio y Territorio).
3
Alberto MAGNAGHI (2011). El proyecto local. Hacia una conciencia del lugar. Barcelona: Edicions
UPC.
227
carentes de reflexión que legitiman históricamente la depredación de la naturaleza a
manos de un sistema antrópico de ciencia y poder.
En el caso del «enfoque de la eco-compatibilidad del desarrollo económico», la
cuestión es obvia, la marginalidad atribuida a la cuestión ambiental permite considerarla
en un rango marginal para el funcionamiento metabólico del sistema socioeconómico, «al
final de la tubería» 4. Pero en la Modernidad, los saberes se han construido desde una
superioridad epistemólógica de la ciencia occidental, que se ha autolegitimado como una
colonialidad epistemológica que reside en muchos de los parámetros y propuestas de la
historia ambiental también, visiones economicistas que internalizan las externalidades del
modelo sin ejercer el más mínimo cuestionamiento sobre la desigualdad socioambiental
que se genera, ganadores-perdedores del sistema que permite su continuidad histórica.
No existe reflexión sobre formas de poder y colonialidad del saber y del ser territorial
(Farres, 2013). Los saberes científicos emergen como los únicos capaces de desentrañar
las lógicas inherentes a la convivencia entre recursos naturales y sociedades humanas,
aunque así se convierten en una herramienta más eficaz para la marginalidad o supresiónecocidio de los saberes tradicionales. Objetivizada
la naturaleza como objeto de
explotación, pasiva ante los deseos de las sociedad humanas, se legitiman formas de poder
y conocimiento territorial ecocidas.
El «enfoque ambientalista» ubica la sostenibilidad como un problema de
interacción recíproca entre la ocupación antrópica y el ambiente, entendiendo éste como
sistema natural (biosfera, geosfera, hidrosfera, fauna flora…) cuyas leyes de reproducción
deben ser respetadas. Esto no implica la superación de un enfoque dicotómico, parcial no
holístico para el entendimiento de las relaciones seres humanos-recursos naturales. El
propio concepto recursos ya supone una sublimación de los procesos de la naturaleza,
otorgando una utilidad marginal al mismo para con los requerimiento del sistema
capitalista. Ello no impide que en este enfoque exista «una visión ecosistémica unitaria
en la que todo el territorio (incluido el urbano) es tratado como neoecosistema para
optimizar la reproductividad de los sistemas ambientales y de las redes ecológicas»5. La
colonialidad del saber territorial está en que restringimos usos humanos para “sustentar”
un nivel de continuidad del agroecosistema, limitamos el antropocentrismo para habilitar
4
Alberto MAGNAGHI, El Proyecto Local, pp. 85
Alberto MAGNAGHI (1989). “Da metropolis a ecopolis: elementi per un progetto per la città ecologica”
en M. MANZONI (ed): Etica e metropoli. Milán: Guerini, Alberto Magnaghi (2001). “Rappresentare i
luoghi, metodi e tecniche. Florecia: Alinea 186.
5
228
un biocentrismo regenerador que no implica ningún rango crítico radical al sistema
socioeconómico determinante de la degradación ambiental.
Por último, si adoptamos un «enfoque territorialista» ubicamos el debate colocando en el
centro el territorio como suma dialógica de las lógicas humanas y naturales, focalizamos
la atención sobre el “ambiente humano” dentro del concepto de “neoecosistema”.
Según Magnaghi, «territorio» designa como referente de la sostenibilidad en vez del
«ambiente natural». El camino a la sostenibilidad estaría marcado por: «la evaluación de
las acciones y de los proyectos de superación de la degradación ambiental, no mediante
la búsqueda de una optimización abstracta de los equilibrios de la naturaleza, sino
evaluando la acción ambiental en relación con los efectos sobre la calidad de la ciudad,
de los ambientes humanos, del paisaje, de los procesos de autodeterminación de las
comunidades, y viceversa»6
A diferencia de los otros, el enfoque territorialista sí contribuye a la descolonización
territorial porque apuesta tanto a la «descolonización del poder» como a la
«descolonización del ser» y la «descolonización del saber». Otras formas de hacer
política, que genera espacios ampliados de gobernanza, de incorporación de actores
sociales ubicados en la marginalidad del sistema –igualdad social, de clase, de género, de
identidad- mediante la apertura de procesos participativos, todas ellas palancas hacia la
descolonización del poder territorial. El interés en la búsqueda de un poblamiento humano
orientado a la autosostenibilidad y apuntando contra el modelo de «ser»
moderno/capitalista/consumista, fomenta otras concepciones del ser territorial. Y apunta
a la descolonización del saber territorial cuando maneja un concepto de «territorio» que
es transdisciplinario y sistémico y rompe las estructuras arbóreas del conocimiento.
Estamos ante un sistema relacional de formación de sistemas de coevolucion social en el
que el “neoecosistema” es un «organismo vivo de alta complejidad» compuesto por
lugares «dotados de identidad, historia, carácter, y de una estructura de larga duración
que conforman las “tipologías” y las individualidades territoriales y urbanas». Es decir,
«es cuidado, es nutrido, tiene una madurez, una vejez, una muerte y un renacimiento
propios»; es un organismo que «tiene un carácter, una personalidad y una identidad
perceptibles en los elementos y en la morfología del paisaje»; un producto histórico «de
largos procesos de coevolución entre el poblamiento humano y el ambiente, la naturaleza
6
Alberto MAGNAGHI. El Proyecto Local, pp. 95.
229
y la cultura; (...) el éxito de la transformación del ambiente a través de sucesivos ciclos
de civilización estratificados» 7.
Este es un reto de futuro, de sabiduría social emergente e instituyente que contrasta con
la realidad de un modelo civilizatorio capitalista en el que el territorio está
progresivamente liberado del territorio, en cuanto que insignificante, plagado de
contaminación y residuos que lo convierten en un espacio nauseabundo y moribundo . A
ello ha colaborado las funciones metabólicas de los sistemas urbanos en los que la
globalización impone una «desterritorialización de la metrópoli», esto es: «(una)
estructura urbana con un carácter fuertemente disipativo y entrópico; sin confines físicos
ni límites al crecimiento; desequilibrante y fuertemente jerarquizante; homologante del
territorio que ocupa; ecocatastrófica; devaluadora de las cualidades individuales de los
lugares; privada de calidad estética; y reduccionista en cuanto a los modelos de vida» 8 .
Sociedad de Consumo de masas, fordismo productivo y social son caras de esa moneda
reduccionista, “homo economicus” que reemplaza las lógicas de discurso y diálogo del
individuo con la región por un progresivo proceso de liberación del territorio, respecto a
aquellos procesos históricos de larga duración, para utilizarlo como mero soporte técnico
de actividades y funciones económicas cada vez más independientes de las relaciones con
el lugar y sus calidades ambientales, culturales e identitarias (« con la presunción de
construir una segunda naturaleza artificial» 9. De igual forma que se libera territorio, se
liberan culturas, identidades, saberes . Según Magnaghi, dos características son comunes
a ambas “liberaciones”: la descontextualización y la degradación.
La primera «evidencia la destrucción de las identidades paisajísticas” a través de la
ruptura de las relaciones entre las nuevas formas del poblamiento y los lugares.
Entendiendo el paisaje desde parámetros estructuralistas, la pérdida del diálogo
biocultural entre seres humanos y naturaleza simplifica, de forma reduccionista, el
espacio y el territorio, constituye un acto de “interrupción del paisaje” en cuanto
expresión de la identidad del lugar.» La segunda, precisa, se refiere tanto a la degradación
del ambiente («ruptura de los equilibrios ambientales debida a la pérdida de la sabiduría
ambiental y el abandono de su cuidado por parte de la comunidad allí asentada»), como
a la exclusión social («inducida por el empeoramiento de las condiciones de vida de las
7
Alberto MAGNAGHI, El Proyecto Local, pp. 74
Alberto MAGNAGHI, “Da Metrópoli…” pp. 115.
9
Alberto MAGNAGHI, El Proyecto Local, pp. 55-68
8
230
categorías sociales más pobres»); e incluso, «a los efectos del desarraigo y de la movilidad
geográfica que han inducido pérdidas de la identidad». El resto es reterritorializar el
territorio con mejores y más sustentables modelos de poblamiento, reconstruir espacios
devastados y contaminados por la presencia humana, revisar la dimensión de la ciudad
como espacio productivo de saberes, haceres y productos socioambientales, lejos de lo
tecnocrático. Implica una visión nueva que nos conduzca a la autosostenibilidad del
sistema territorial local, «poniendo en relación virtuosa y sinérgica la producción de valor
territorial añadido (sostenibilidad económica) con el aumento de la capacidad de
autogobierno (sostenibilidad política), el crecimiento en complejidad e integración del
sistema decisional (sostenibilidad social), y con la implementación de reglas de ocupación
y de producción que generen nuevos equilibrios ambientales (sostenibilidad ambiental)»
10
Fenómeno de la Colonialidad Global. Notas para inducir el trabajo epistémico.
Este recorrido y apuesta por el futuro del territorio nos obliga a un ejercicio
epistémico nuevo desde la historiografía occidental. Superar el colonialismo científico ,
superando la modernidad como programa intelectual en cuanto que legitimante de un
único camino hacia la consecución de los beneficios del desarrollo y del crecimiento
(liberal-monetario).
Esa postura, de primacía hegemónica del discurso de la mondernidad, no sólo
perpetúa la hegemonía del discurso sobre la superioridad de la civilización occidental sino
que responde a un proceso de reconfiguración de las estrategias de dominación colonial,
una colonialidad global. Para comprenderlo se ha de tener claro que «colonialismo» y
«colonialidad» no son lo mismo. Como indica el colombiano Aníbal Quijano 11, mientras
10
Alberto MAGNAGHI, El Proyecto Local pp.. 96-106
Anibal QUIJANO (1991) “Colonialidad y modernidad/racionalidad”. Perú indígena, 29, pp. 11-20.
Anibal QUIJANO e Inmanuel WALLERSTEIN (1992). “Americanity as a Concept, or the Americas in the
Modern World-System”. International Social Science Journal, 44. Anibal QUIJANO (1999), “Colonialidad
del poder, cultura y conocimiento en América Latina” en Santiago CASTRO-GÓMEZ, Oscar
GUARDIOLA-RIVERA y Carmen MILLÁN DE BENAVIDES (eds.). Pensar (en) los intersticios. Teoría
y práctica de la crítica poscolonial. Bogotá: Instituto Pensar, Pontifi cia Universidad Javeriana, pp. 99-109
Anibal QUIJANO (2000). “Colonialidad del poder, eurocentrismo y América Latina” en Edgardo
LANDER (ed.). La colonialidad del saber: eurocentrismo y ciencias sociales. Perspectivas latinoamericanas
. Buenos Aires, Clacso, pp. 201-245. Anibal QUIJANO (2001). “Globalización, colonialidad y
democracia”. En Instituto de Altos Estudios Diplomáticos en Pedro GUAL (ed.). Tendencias básicas de
11
231
«colonialismo» denota una relación política y económica en la que la soberanía de una
nación o pueblo descansa en el poder de otra nación, lo que convierte a esta última en
imperio; «colonialidad» refiere a un conjunto de patrones de poder de larga duración que
emergieron con el colonialismo pero definen la cultura, las relaciones intersubjetivas, la
distribución del trabajo y la producción de conocimientos más allá de los estrictos límites
de las administraciones coloniales. Sobre esas diferencias Grosfoguel apunta12:
«El colonialismo es más antiguo que la colonialidad (…) Lo nuevo en el mundo
moderno-colonial es que la justificación de dicha dominación y explotación colonial pasa
por la articulación de un discurso racial acerca de la inferioridad del pueblo conquistado
y la superioridad del conquistador»
Sobre esto agrega el filósofo puertorriqueño Nelson Maldonado Torres
13
que la
colonialidad «se mantiene tan viva en los libros, en los criterios para el desempeño
académico, en los patrones culturales, el sentido común, la auto-representación de las
personas, las aspiraciones del ‘yo’ y tantos otros aspectos de la experiencia moderna que,
como sujetos modernos, «respiramos colonialidad todo el tiempo y cada día».
Por su parte Santiago Castro-Gómez
14
señala que el discurso hegemónico del
modelo civilizatorio se articula a través de una estructura triangular entre la «colonialidad
del saber», la «colonialidad del poder», y la «colonialidad del ser». Por ello es necesario
descolonizar esas tres esferas. Visto así, los procesos de descolonización política por los
que han pasado los países del «Sur Global» no agotan la problemática de la colonialidad
existente. Esta es la esencia de la crítica decolonial o perspectiva de la
modernidad/colonialidad, que se ha ido conformando a partir de las críticas que desde la
noción «colonialidad del poder» hizo Aníbal Quijano
15
a la «teoría del sistema mundo
nuestra época: globalización y democracia. Caracas: Instituto de Altos Estudios Diplomáticos Pedro Gual.
12
Ramón GROSFOGUEL (2008). “Del imperialismo de Lenin al Imperio de Hardt y Negri: «fases
superiores» del eurocentrismo”, Universitas Humanística, no.65, pp. 15-26.
13
Nelson MALDONADO TORRES (2007) “Sobre la colonialidad del ser: contribuciones al desarrollo de
un concepto”, en Santiago CASTRO-GÓMEZ y Ramón GROSFOGUEl (eds). El giro decolonial.
Reflexiones para una diversidad epistémico más allá del capitalismo global, Bogotá, Pontificia
Universidad Javeriana-Instituto Pensar / Universidad Central / Siglo del Hombre, pp 127-168.
14
Santiago CASTRO-GÓMEZ y Ramón GROSFOGUEL (comp.) (2007): El giro decolonial: reflexiones
para una diversidad epistémica más allá del capitalismo global. Bogotá: Siglo del Hombre Editores;
Universidad Central, Instituto de Estudios Sociales Contemporáneos y Pontificia Universidad Javeriana,
Instituto Pensar. Santiago CASTRO-GÓMEZ (2007a): “Decolonizar la Universidad. La hybris del punto
cero y el diálogo de saberes” en Santiago CASTRO-GÓMEZ, y Ramón GROSFOGUEL (comp.). El giro
decolonial, pp. 79-91 44.
15
Anibal QUIJANO, “Colonialidad….”, pp. 95
232
moderno» propuesta antes por el sociólogo estadounidense Immanuel Wallerstein 16. Se
trata de un enfoque que pone de relieve el rol fundamental de la expansión colonial
hispánica en la conformación epistémica de la modernidad y desvela el eurocentrismo del
proyecto civilizatorio
De hecho, Wallerstein17 ha continuado desarrollándola. La crítica decolonial
plantea que tras el fin del colonialismo y las administraciones coloniales se ha
consolidado un sistema-mundo donde la epistemología occidental domina sobre el resto
de las epistemologías; hegemonía fundada en la historia imperial de larga duración que
construyó al hombre occidental como sujeto de enunciación superior y patrón de supuesta
validez universal, capaz de dictar las normas de toda existencia humana mundial.
En ese sentido interesa destacar, como apunta Grosfoguel
18
que la jerarquía
epistémica del sujeto de enunciación occidental en el sistema-mundo moderno/colonial
adquiere múltiples manifestaciones, de las cuales se pueden destacar las siguientes:
• una formación de clase global particular donde van a coexistir y organizarse una
diversidad de formas de trabajo (esclavitud, semiservidumbre, trabajo asalariado,
producción mercantil-simple, etc.) como fuente de producción de plusvalía mediante la
venta de mercancías para obtener ganancias en el mercado mundial;
• una división internacional del trabajo del centro y la periferia donde el capital
organizaba el trabajo en la periferia alrededor de formas represivas y autoritarias
• un sistema interestatal global de organizaciones político-militares controladas
por hombres europeos e institucionalizadas en administraciones coloniales
19
y, más
adelante, neo-coloniales;
• una jerarquía étno/racial global que privilegia a los occidentales sobre los nooccidentales 20
• una jerarquía global de género que da primacía a los hombres sobre las mujeres
16
Inmanuel WALLERSTEIN (1999) El moderno sistema mundial III : La segunda era de la gran expansión
de la economía mundo-capitalista, 1730-1850, Madrid, Historia Siglo
17
Inmanuel WALLERSTEIN (2006) Geopolítica y geocultura: ensayos sobre el moderno sistema mundial.
Madrid, Ed. Kairós.
18
Ramón GROSFOGUEL, 2007 “El giro decolonial…” pp. 85
19
Inmanuel WALLERSTEIN (1989) El moderno sistema mundial II : el mercantilismo y la consolidación
de la economía-mundo europea, 1600-1750, Madrid, Historia Siglo
20
Anibal QUIJANO, “Colonialidad…” , “Americanity…” “… Globalización y Decolonialidad…”.
233
y al patriarcado europeo sobre otras formas de relaciones de género.
• una jerarquía epistémica que privilegia al conocimiento y la cosmología
occidentales sobre el conocimiento y las cosmologías no-occidentales, y está
institucionalizada en el sistema universitario global
• una jerarquía estética global donde se privilegian las formas de belleza y gustos
occidentales y se inferiorizan las formas de belleza y gustos no-occidentales
institucionalizados en los Ministerios de Cultura y en la jerarquía de museos y galerías
artísticas globales así como en los diseños mercantiles e industriales.
• una jerarquía pedagógica global donde se privilegian las pedagogías occidentales
de matriz cartesiana sobre las pedagogías no-occidentales institucionalizado en el sistema
escolar mundial.
• una jerarquía ecológica global donde se privilegia el concepto de “naturaleza”
occidental (donde la naturaleza es siempre pasiva, exterior a los humanos e instrumental
para un fin) con todas las consecuencias nefastas para el medio ambiente/ecología
planetaria y se descartan otras formas de entender el medio ambiente y la ecología (donde
las personas son parte de la ecología y la « naturaleza » es un fin en sí mismo). El concepto
occidental lleva la lógica de la destrucción ecológica pues al pensar la naturaleza como
medio para un fin, toda la tecnología que construye lleva dentro de sí la racionalidad de
la destrucción ecológica y no su reproducción.
Entre muchos ejemplos, estos bastarían para reconocer «la colonialidad del ser
territorial», en la que el ser urbano-colonial dispone hegemonía sobre otras formas de
existencia (rural/no-urbana) Que la población mundial sea cada vez más urbana, lo
constata: “vivir”, cada día es más sinónimo de “vivir en la ciudad”. Un situación de
colonialidad territorial que da muestras de ello en ejemplos como el privilegio con que
las disciplinas científicas universalizan nociones occidentales de territorio, ciudad y
naturaleza, progreso, crecimiento, bienestar, felicidad….
En cuanto a la «colonialidad del poder territorial», definida siguiendo a Mignolo
21
como el ámbito de la intersubjetividad en que cierto grupo de gentes define qué es
Walter MIGNOLO (2000a) “Border Thinking and the Colonial Difference”. En Local Histories/Global
Desings: Coloniality, Subaltern Knowledges and Border Thinking. New Jersey: Princeton University Press,
pp. 49-90 ((2003). Historias locales / diseños globales. Colonialidad, conocimientos subalternos y
21
234
territorialmente correcto y, por lo tanto, sustentan el poder de enunciación, esta se ejerce
tanto en los escenarios territoriales globales como en los locales. En los primeros, operan
como transmisores y ejecutores de ese procesos los actores que detentan el control sobre
los procesos de explotación de los recursos naturales, megaminería, transgénicos,
proyectos de megahidráulica, etc, sustentados en ocasiones por el papel legitimante de
espacios de creación de pensamiento.
En el lado local, están los que pueden desde la cercanía ejercer procesos de política
pública, contextualizada en el territorio más próximo. Esta colonialidad territorial es
eficaz generando jerarquías en el territorio que tienen como apoyo genealogías de saber
que apuestan por la primacía de las epistemologías occidentales, que jerarquizan el saber
sobre el territorio, insertas en una lógica de globalización neoliberal, en una ciencia que
sigue parcelando los conocimientos científicos como base para la continuidad del
paradigma de la modernidad y la posmodernidad. Muchas veces cuando se explicita una
conexión entre diferentes saberes territoriales no se efectúa con un objetivo de crear
diálogo de saberes sino de acentuar la primacía de unos sobre otros, de los occidentales
sobre los territoriales, de los europeos sobre los indígenas, de los universales sobre los
locales.
La posibilidad de concebir el territorio desde un «pensamiento fronterizo» a la
modernidad/colonialidad, radica en la posibilidad de una total descolonización territorial,
implicaría romper el triangulo de la colonialidad territorial y sustituirlo por una
concepción justa y sostenible de las relaciones entre poderes, saberes y seres territoriales,
tanto global como localmente.
pensamiento fronterizo. Madrid: Akal). Walter MIGNOLO (2000b) “Diferencia colonial y razón postoccidental”. En Santiago Castro- Gómez (ed.). La reestructuración de las ciencias sociales en América
Latina. Bogotá: Instituto Pensar, Pontificia Universidad Javeriana, pp. 3-28.
.
235
De los Ejes a la Praxis. Comunes en Resistencia histórica
Las luchas por los comunes han sido un sujeto historiográfico de interés durante los
últimos decenios, acompañando el devenir del desarrollo de la historia agraria, con
especial aplicación en contexto español y de los sures mediterráneos 22.
La resistencia histórica de las comunidades rurales por la defensa de su patrimonio
biocultural ha sido un elemento vertebrado a la largo de los dos últimos siglo en el
contexto andaluz, como un discurso de rechazo hacia los impactos de las legislación
liberales. Una tipología de conflictividad que se asienta en la tensión biocultural entre los
procesos de modernización-hegemonizantes desde la imposición de los Estados-Nación
y los discursos resilientes de comunidades campesinas ancladas en procesos de sabiduría
austera en la formación de sus ciclos reproductivos23 . Esta visión permite anclar nuestra
mirada a los conflictos desde el paradigma de la modernidad, como un mero transecto de
los procesos vinculados como tendencia inmanente el ejercicio del desarrollo que viene
de la mano de una impronta de mercantilización de la naturaleza. El conflicto aparece
como una forma de colonialidad de la naturaleza en la que los recursos son subsumidos
como meros inputs del modelo industrial-productivo, desgajados de cualquier valor
reproductivo e insertos en la esfera de la economía. Pero el camino no se cerraba con la
esfera productiva. Desde los procesos de cerramientos, desamortizadores o de
descomunalización que acaecieron a lo largo de todo el siglo XIX, las comunidades
campesinas vivieron procesos de pérdida de resiliencia24, de privación de capacidades de
22
Manuel GONZÁLEZ DE MOLINA, Antonio ORTEGA SANTOS y Antonio HERRERA GONZALEZ
DE MOLINA (2002a) “Bienes comunales desde la perspectiva socioambiental” en Salustiano DE DIOS et
al (eds.): Historia de la propiedad en España. Bienes Comunales. Pasado y Presente. Madrid, 2002, Centro
de Estudios Registrales, págs. 493-533. Antonio ORTEGA SANTOS et al. (2000) et al. “Bienes Comunes
y Conflictos por los recursos en las sociedades rurales, siglos XVIII-XX” in Historia Social nº 38, Valencia,
Fundación de Historia Social, págs. 95-116, Antonio ORTEGA SANTOS (2000a) “Common woodlands
in mediterranean societies: commercial mamagement versus forms of peasant resistance in Andalucía,
Spain, 1750-1930” en Mauro AGNOLETTI y Sven ANDERSON, S. (eds.): Forest History. International
Studies on Socieconomic and Forest Ecosystem Change. New York, 2000, CABI Publishing, págs. 223237. Antonio ORTEGA SANTOS. (2001) “La desarticulación de la propiedad comunal en España, siglos
XVIII-XX: una aproximación multicausal y socioambiental a la historia de los montes públicos” in Ayer nº
42 Madrid, Ed. Marcial Pons/Asociación de Historia Contemporánea, págs. 191-213; Antonio ORTEGA
SANTOS (2002) La Tragedia de los Cerramientos. Desarticulación de la Comunalidad en la Provincia de
Granada. Alzira, Centro Francisco Tomás y Valiente/Fundación Instituto de Historia Social.
23
Narciso BARRERA BASSOLS y Victor TOLEDO (2014) La Memoria Biocultural. La importancia
ecológica de las sabidurías tradicionales. Popayán. Editorial Unicauca.
24
Gloria GUZMAN CASADO Y Manuel GONZALEZ DE MOLINA (2009) “Preindustrial Agriculture
versus Organic Agriculture. The land cost of sustanaibility” Land Use Policy 26, pp. 502-510. Gloria
GUZMAN CASADO et al (2011) “The land cost of agrarian sustainability. An assestmet” Land Use Policy,
236
abastecimiento alimentario y energético, en el marco de un proceso de traslación de los
flujos energéticos que incentivaron una insustentabilidad de los agroecosistemas
mediterráneos que deambulaba de la mano de la “fosilización” de los sistemas
productivos 25.
Pero este proceso de pérdida de la comunidalidad, analizada en sentido histórico, como
un proceso multicausal y determinado por elementos de praxis jurídica (cambios de
titularidad, privatización de terrenos sujetos a formas comunitarias de tenencia y manejo,
etc) praxis productiva (procesos de expansión agrícola-cerealística en detrimento de usos
energéticos-ambientales de territorios comunes 26, acentuando el camino hacia la era de
fosilización energética, alteración de suelos por presión agricolizadora, etc) pero sobre
todo, praxis de las resistencias. Este última mirada, muy sentida por la historia ambiental
en los últimos años 27 ha dirigido nuestra pesquisa investigadora hacia la resistencia como
un producto intra-sistémico en el marco del capitalismo como praxis civilizatoria,
cuestionando como máximo los procesos de creación del discurso de resistencia como
alter-acción al programa legislativo estatal y arguyendo una potencialidad de los procesos
28, pp. 825-835. Gloria GUZMAN CASADO et al. (2014) “Methodology and Conversion factors to estimate
the net primary productivity of the agroecosystem” Agro-Ecosystem History Laboratory Working Paper nº 2.
25
Manuel GONZALEZ DE MOLINA y Gloria GUZMAN CASADO (2006) Tras los pasos de la
insustentabilidad. Agricultura y Medio Ambiente en Perspectiva Histórica. Icaria, Barcelona. Manuel
GONZALEZ DE MOLINA et al (2010) A Guideline to studing the socio-ecological transition in European
Agriculture. DT-SEHA 10-06. Manuel GONZALEZ DE MOLINA et al (2014). Crecimiento agrario en
España y cambios en la oferta alimentaria, 1900-1933. Historia Social, 80, 157-183. Manuel GONZALEZ
DE MOLINA y Victor TOLEDO. (2014a) The Social Metabolism. A Socio-Ecological Theory of Historical
Change, Londres, Springer International Publishing.
26
GEHR (1985): "Contribución al Análisis Histórico de la Ganadería Española,1865-1929" en Rarmón
GARRABOU y Jesús SANZ FERNANDEZ (1985): Historia Agraria de la España Contemporánea. Tomo 2.
Expansión y Crisis. Ed. Crítica/ Grijalbo, págs. 229-279. ID, (1988): "Crisis y Cambio en el Sector Agrario:
Andalucía y Extremadura, 1875-1935" en Ramón GARRABOU.(ed.) (1988): La Crisis Agraria de Fines del
Siglo XIX. Ed. Crítica/Grijalbo, págs. 161-181., ID. (1991): Estadísticas históricas de la producción agraria
española, 1859-1935. Madrid. ID. (1994): "Más allá de la "Propiedad Perfecta". El proceso de Privatización de
los Montes Públicos Españoles (1859-1920) en Noticiario de Historia Agraria nº 8. Murcia. Servicio de
Publicaciones e Intercambio Científico, Universidad de Murcia, págs. 99-155. ID. (1996): "Política Forestal y
Producción de los Montes Públicos Españoles. Una visión de conjunto, 1861-1933" en Pep Pujol et al (eds.):
Cambio Institucional e Historia Económica, VIII Simposio de Historia Económica, Universidad Autónoma de
Barcelona, Barcelona.
27
Antonio ORTEGA SANTOS et al (2000) et al. “Bienes Comunes y Conflictos por los recursos en las
sociedades rurales, siglos XVIII-XX” in Historia Social nº 38, Valencia, Fundación de Historia Social,
págs. 95-116; Antonio ORTEGA SANTOS (2000a) “Common woodlands in mediterranean societies:
commercial mamagement versus forms of peasant resistance in Andalucía, Spain, 1750-1930” en Mauro
AGNOLETTI y Sven ANDERSON (eds.): Forest History. International Studies on Socieconomic and
Forest Ecosystem Change. New York, 2000, CABI Publishing, págs. 223-237. Antonio ORTEGA
SANTOS (2001) “La desarticulación de la propiedad comunal en España, siglos XVIII-XX: una
aproximación multicausal y socioambiental a la historia de los montes públicos” in Ayer nº 42 Madrid, Ed.
Marcial Pons/Asociación de Historia Contemporánea, págs. 191-213; Antonio ORTEGA SANTOS. (2002)
La Tragedia de los Cerramientos. Desarticulación de la Comunalidad en la Provincia de Granada. Alzira,
Centro Francisco Tomás y Valiente/Fundación Instituto de Historia Social.
237
de producción campesina, capaces de asegurar formas de vida ancladas en lógicas
comunitarias, que han pervivido hasta la actualidad.28
Luchas por los bienes comunes y su perdurabilidad hasta la actualidad, defensa de los
sistemas de irrigación tradicional tanto en su aplicación a la gestion territorial como en
baluarte de las formas de cooperación y trabajo comunitario, defensa del valor de los usos
pluriactivos de terrenos forestales para abastecimiento energético y alimentario de los
grupos campesinos o la conversión de la tierra son elementos que conforman un
poliédrico panorama de la resistencia ambiental que no es más que un trasunto de la
potencia colonial de un Estado-Nación sobre las dinámicas de gestión comunitaria de los
bienes tenidos en común.
Una mirada crítica. Desde más de dos decenios se han verificado procesos de
investigación en el campo de la historia ambiental, atendiendo a las dinámicas de los
agroecosistemas mediterráneos vertebrados académicamente en vario sustratos:
a. el conflicto como proceso histórico autoreferencial se convierte en “objeto de
estudio”, como laboratorio en el que experimentar las proyecciones de la historia
social sobre las luchas devenidas del campo de lo urbano, lo industrial u otras
socioesferas de la producción. Esta mirada al conflicto es deudora de un concepto
colonial de la naturaleza, como pasivo ambiental que no dispone de capacidad de
autogestión, autoreparación y mantenimiento, patrón conceptual existente en otras
realidades sociomunitarias. Pachamama es un extraño concepto referencial para
las realidades comunitarias en contextos eurocentrados, desnudados de cualquier
praxis conceptual y reproductiva con la tierra.
b. El conflicto es estudiado como disputa, como tensión, como interpelación entre
actores sociales o grupos de poder que jerarquizan sus relaciones socioproductivas
sobre los terrenos en común. Territorio y Jerarquización de acciones de
apropiación de patrimonio biocultural en el mismo son ejes que no son más que
resimbolizaciones de un patrón colonial del poder, en el que la tierra y los grupos
humanos son pequeños sujetos de un marco global de capitalización de la
naturaleza como ley máxima.
Antonio ORTEGA SANTOS. (2012) “El comunal imaginado. De la Transición en los Usos de la
propiedad comunal en el siglo XX, Güejar Sierra” en Historia Agraria 58, pp. 73-112.
28
238
c. Cajón de Herramientas: El conflicto escenifica, como ya he comentado, un
escenario de poder en tensión. Estado, Poderes Locales y Grupos Sociales
tensionan sus relaciones productivas desde el marco que los aparatos legislativos
creados por la Revolución Liberal diseñan para la gestión de las tierras orientadas
hacia lo agrario y forestal 29. Pero este espacio conflictual ha sido analizado hasta
fecha de hoy, en el contexto español, como un panorama en el que las disputas
tanto en el marco del modo campesino de gestión de los recursos como en el modo
industrial de los recursos30, o incluso en las miradas hacia los conflictos
intermodales en sus más recientes visiones como trasposiciones de la perspectiva
metabólica de los mismos 31 son luchas colonizadas y desde enfoques académicos,
eurocentradas tanto en su lógica transformadora como en su concepción
epistemólogica.
d. Miradas al conflicto. Resumiendo mucho de lo planteado en paginas anteriores,
el conflicto ambiental, en sus dimensiones rurales, se escenifica como la aversión
grupal hacia las consecuencias derivadas del manejo capitalista de la naturaleza,
que descompone la relación social con el entorno. Una prácticas legislativa,
productiva y metabólica desestructurante de los mecanismos comunitarios de
colaboración y de construcción social comunitaria. La mirada ha sido introvertida.
Los conflictos son revisitados desde la historiografía como depósitos de
resistencia socioambiental pero en las lógicas internas del capitalismo. Rechazo a
la praxis extractiva de patrimonio biocultural, mirada parcelaria de la relación
Antonio ORTEGA SANTOS (2007 a) “Über die historische nachhaltigkeit der kolletiven bäuerlichen
Aktiosformen. Sozio-ökologische Konflikte in Ost-Andalusien (18 bis 20.Jahrhundert) (Sobre la
sustentabilidad histórica de las formas de acción colectiva campesina. Conflictividad socioambiental en
Andalucía Oriental (siglos XVIII-XX) en Marie Luise ALLEMEYER et al. (eds.): Von der Gottesgabe zur
Ressource: Konflite um Wald, Wasser and land in Spanien und Detschland Seit der Frühen Neuzeir (De la
Conservación a la Ecología. Estudios históricos sobre el uso de los recursos naturales y la sustentabilidad),
Essen, Klartext-Verlag, págs. 239-269. Antonio ORTEGA SANTOS et al. (2007 b) “La protesta campesina
como protesta ambiental, siglo XVIII-XX” en Historia Agraria nº 47 (Agosto), Murcia, SEHA/Servicio
Publicaciones Universidad de Murcia, págs. 31-55.
30
Antonio ORTEGA SANTOS (2001) Ibid. op. cit. págs. 191-213; Ortega Santos, A. (2002) Ibidem, op.
cit. Antonio ORTEGA SANTOS (2007) “Where have all the flowers gone? Aprovechamientos forestales
y desarticulación de la comunalidad en la provincia de Granada, siglos XIX-XX” en Eduardo ARAQUE
JIMÉNEZ y José Domingo SÁNCHEZ MARTÍNEZ (eds. 2007) Los montes andaluces y sus
aprovechamientos: experiencias históricas y propuestas de futuro, Jaén, Universidad de Jaén, pp. 59-95.
31
Manuel GONZALEZ DE MOLINA ET AL (2014). Crecimiento agrario en España y cambios en la oferta
alimentaria, 1900-1933. Historia Social, 80, 157-183. Manuel GONZALEZ DE MOLINA y Victor
TOLEDO (2014a) The Social Metabolism. A Socio-Ecological Theory of Historical Change, Londres,
Springer International Publishing; Juan INFANTE et al (2015) “The Spanish Transition To Industrial
Metabolism. Long-Term Material Flow Analysis (1860-2010)” Journal of Industrial Ecology, Vol. 19 (5)
pp. 886-876.
29
239
metabólica con los agroecosistemas atendiendo a las formas de manejo y
extracción pero sin atender a la persistencia o no de una mirada relacional –y no
mecanicista- con los entornos más inmediatos. De igual manera, un reto de
investigación hacia el futuro es acentuar, casi activar la mirada hacia las
resistencia como discursos femeinizados de lucha, en el marco global de una
acción política masculinizada. Resistencia desde lo reproductivo
32
debe ser un
elemento a reificiar en el centro del debate sobre las resistencias socioambientales,
para un contexto mediterráneo en el que estas miradas pueden desactivar los
discursos que autoreferencia y legitiman el patriarcado en su dimensión
productiva.
Resistencia desde lo biocultural. Otras epistemologías, otras haceres académicos.
Situemos las lógicas de nuestra investigación en el tiempo presente-futuro, expandamos
nuestro porvenir académico, contrayendo el presente epistémico. Resistir defendiendo lo
común es luchar por el procomún, defender no es generar niveles de intransigencia legal
hacia los modelos de colonialismo político-ambiental que subordinan a muchas
comunidades rurales a lo largo del mundo. Defender la tierra como nueva forma de vida
en producción social, auspiciar mecanismos de lucha por un acceso a un común global
como el agua – cada vez más privatizada tanto en su generación como en su distribución,
monetarizando las formas de vida más elementales- son mecanismos que anclan las
luchas a la generación tanto de nuevos procesos sociales como de producción académica.
Siguiendo la propuesta metodológica inicial, debemos apostar por un cambio en el punto
de partida epistemológica, una reconceptualizacion de nuestra forma de abordar los
conflictos ambientales para el mundo mediterráneo español en el que la ecología de
saberes debe anclar nuestros pasos interdisciplinares. Esta es una apuesta en tránsito de
construcción, guía posible y no improbable pero cada vez más necesaria en la creación de
puente epistémicos con la realidades de territorios en disputa, extractivismo y
Bina AGARWAL (1986): “Women, Poverty and Agricultural in India” en Journal of Peasant Studies vol.
13, nº 4, págs. 165-220, ID. (1990) : “Social Security and the Familiy: Coping with seasonality and calamity in
Rural India” en Journal of Peasant Studies vol. 17, nº 3, págs. 341-412. ID. (1994):”Gender, resistance and
land: Interlinked struggles over resources and meanings in south india” en Journal of Peasant Studies vol. 22,
nº 1, págs. 81-125.
32
240
neoextractivismos, lucha por la vida entre otras muchas que acaecen en realidades no
europeas33.
Se puede considerar que la mirada hacia herramientas de trabajo sobre los conflictos que
incorporen en concepto despojo, saqueo, entre otros sitúan el debate en el campo de la
ecología política, pero a la altura de inicios del siglo XX nos cabe reposicionar el estudio
sobre estas disputas en la clave de la desposesión comunitaria, en la mirada hacia la
ruptura civilizatoria que el capitalismo como sistema de rapiña nos propone. Sin duda es
una situación de llamada emergente desde la resituación política de nuestro rol
investigador.
De esta forma nuestra propuesta se ubica en el campo de los estudios decoloniales para
ampliar miradas y formas de hacer académico, con la siguiente ruta de trabajo.
La continuidad de las formas comunitarias de gestión de bienes de valor socioambiental
estuvo marcada en el tiempo contemporáneo por el legado del modelo político legal de la
Revolución Liberal. Privatización de formas de gestión, implantación de prácticas
extractivas, supresión de toma de decisiones locales sobre criterios de gestión ambiental,
escenarios que forman el teatro en el que se suceden las luchas por los recursos a lo largo
de dos siglos. Esta implementación puede retrotraernos a los enfoques convencionales
pero también podemos abrir una nueva agenda de trabajo. La oligarquizacionestatalización como rango definitorio de la acción política en el terreno de los procomunes
no es mas que una jerarquización del poder que asienta la continuidad histórica en la que
los grupos hegemónicos readaptaron el proceso en curso pero perviviendo ejes de
colonialidad en las formas de poder. Tomas de decisiones emanadas desde Estados
construidos en un modelo jerarquizado de poder, erradicador de cualquier práctica
emancipatoria campesina, emanada de un poder hegemonizado por hombres (patriarcado
ecocida) asumieron una dinámica de acción en la que la destrucción de los
agroecosistemas mediterráneos de la mano del discurso modernizador, acabó siendo el
protagonista de todas las luchas. La Reforma Agraria, las luchas por la tierra del primer
33
Alberto ACOSTA et al. (2014) Territorios en Disputa. Despojo capitalista, luchas en defensa de los
bienes comunes naturales y alternativas emancipatorias para América Latina. México D.F. Bajo Tierra
Ediciones.
241
tercio del siglo XX y del final inicio del siglo XXI no son más que viejas y nuevas praxis
de esas luchas decolonizadoras frente a un estado colonizador del poder, saber y hacer de
los grupos campesinos. Propiedad Privada, Mercado-Estado, homogenización de
sistemas de producción agraria, ruptura y pérdida de las formas plurinaturales de manejo
de los bienes comunes de la mano de la agricolización como esfera dominante son sólo
algunas de las palancas que nos permiten hablar también en este mundo mediterráneo de
un despojo saqueo biocultural de las tierras comunes. En este sentido, los conflictos
pueden ser reificados como procesos emancipatorios no sólo en la esfera de la respuesta
conflictual sino en la esfera de la resituación del hacer comunitario como praxis política,
al margen, al lado (oscuro) de la política hegemónica-colonial del Estado-Nación España.
Desarticuladas o en proceso de desaparición las pocas prácticas de poder comunitario que
hubieran existido en la España Contemporánea, nos queda un reto. Juntas Colectivas
como formas de poder compartido, Repartos Comunitarios como procesos de expansión
de prácticas de prestación de trabajo en común son relictos –siguiendo las miradas que
hasta ahora hemos tenido para con estos episodios- de un poder desaparecido o subsumido
dentro del poder estatal colonizante. Pero en muchos casos pervivieron, adaptaron sus
mecanismos o simplemente fueron discreto protagonistas en segundo plano de una
historia ya no escrita por sus actores, sino dictada por otros. Memoria biocultural como
práctica de recuperación de saberes en común puede ser un reto que permita nuevas
iniciativas comunales 34 ancladas hacia el futuro.
Saberes y Haceres…..
Desde este proceso de subordinación del común en el marco del Estado-Nación, los
saberes en común han sido también un sujeto histórico de desaparición. Salvo honrosas
excepciones que han trabajado la potencialidad agroecológica de cultivos (monocultivos)
como depositarios de haceres ancestrales con potencialidad de expandir el futuro de
muchas comunidades rurales
35
. El resultante más evidente de esta praxis ha sido la
34
Véase www.iccaconsortium.org
Manuel GONZÁLEZ DE MOLINA y Gloria GUZMÁN CASADO (2006) Ibidem. Op. cit. Manuel
GONZALEZ DE MOLINA et al. (2010) Ibidem op. cit.. Juan INFANTE et al. (2013a) “El olivar como
cultivo fijador de campos y paisajes” en Fernando MOLINERO. Et al (eds. 2013): Atlas de los paisajes
agrarios de España. Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Juan INFANTE et al.
(2013b) “Erosion in the Mediterranean for historical perspectiva. The case of olive groves in the south of
35
242
pérdida de saberes comunitarios, bien aplicados al manejo del territorio a la producción
de alto valor sustentable para las comunidades, y la pérdida del saber agroecológico
contenido en la praxis comunitaria. Ecodido-Epitemicidio de la mano de un saber
científico que amparado en la agricultura industrial biotecnológica y en una
artificialización de los agroecosistemas erradicó la continuidad histórica de estos haceres
campesinos. Desde los campos de la historia ambiental, la agroecología, la antropología
cultural y los puentes interdisciplinares tendidos por los que habitamos varios de estos
espacios, nos queda este reto marcado por una acción de rescate. Es obvio que la
resistencia de las comunidades campesinas, tal y como la hemos atendido
historiográficamente, no ha tenido esta lupa atendiendo a su complejidad. Pérdida de
saberes territoriales, valorización de procesos de trabajo singulares o tenidos en común
atendiendo a como fueron muchos de ellos desatendidos por el estado de mano de la
salarización en la relación simbiótica con la naturaleza son realidades epistémicas poco
contempladas. No es una agenda compleja, pero si vuelve a reclamarnos una situación
política de nuestra praxis investigadora: catálogos fotográficos de procesos de producción
y recolección en el campo, metodologías marcadas desde Participatory Action Research
(IAP) y Community Based Participatory Research (CBPR) generando nuevos marcos
diálogicos con los actores sociales envueltos en los procesos de resistencia
socioambiental.
Pero el estudio de los conflictos ambientales para el mundo mediterráneo, empuja hacia
varias direcciones de nueva radicalidad emancipatoria.
Ante la crisis socioambiental global, al socaire de la sexta extinción, retomar los haceres
comunitarios es un deber epistemológico de los sures
36
, frente a la destrucción de las
bases económicas de sociedades en precariedad, altamente dependientes de las prácticas
de aprovisionamiento alimentario y económico, resurgentes al albur de la crisis
civilizatoria. Atisbamos el final del un proceso y el abismo conceptual de una realidad en
la que la readaptación de los ciclos económicos y ecológicos es la única vía de escape
Spain (1752-2000), Environmental History (18, 2) White Horse Press, 360-382. Manuel GONZÁLEZ DE
MOLINA et al. (2014). Crecimiento agrario en España y cambios en la oferta alimentaria, 1900-1933.
Historia Social, 80, 157-183. Juan INFANTE (2014) ¿Quién levantó los olivos?. Historia de la
especialización olivarera en el Sur de España (s. XVIII-XX). Madrid, Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación
36
Boaventura DE SOUSA SANTOS (2009). Una Epistemología del Sur. La Reinvención del
Conocimiento y la Emancipación Social. México D.F. Siglo XXI; De Sousa Santos, B. y Meneses, P. (ed.
2014) Epistemologías del Sur. Perspectivas. Madrid, Ed. Akal.
243
para las comunidades. Frente al fascismo pre y pos-contractual de nuestras sociedades
actuales, la resistencia viene de la mano de la emancipación comunitaria y de la
construcción de nuevas praxis de colaboración social.
Decrecer como mecanismos de cambio civilizatorio, adaptar los procesos productivos a
los requerimientos biofísicos disponibles, rebalancear los flujos de materia y energía
hacia puntos de equilibrio ecosistémico repensar el procomún en escenarios de trabajo,
conocimiento, cuidados, afectos y quehaceres diarios implica una nueva mirada a los
bienes comunes. Pero sobre todo supone que la generación de nuevas formas de lucha
radica no tanto en la acción reivindicativa sino en la acción proactiva de creación d
espacios al margen de los dinámica imperante del modelo capitalista. Resistir es lucha
por la defensa del común, pero también reactivar procesos en común que marcan la
defensa del territorio como espacio de vida. Algún ejemplo.
La defensa del agua y de los sistemas tradicionales se ha convertido en un hito esencial
de la pervivencia de comunidades en sistemas de alta montaña. El abandono de los
trabajos de mantenimiento de las acequias tanto por la pérdida de población real como
por la pérdida de saberes comunes que eran los trabajos aplicados al mantenimiento de
las acequias de recarga de acuíferos. Desde MEMOLA (Mediterranean Mountainous
Project37) asumimos el rol de investigación participante en varios agroecosistemas
mediterráneos, en los que se ha luchado desde hace tiempo contra la pérdida y por la
recuperación de los sistemas de regadío tradicional tanto por su valor paisajístico,
productivo como de facilitador de generados de pagos por servicio ambiental. Desde los
trabajos en la zona de Sierra Nevada-Alpujarra como en los trabajos en Colig Eugenai y
Monte de Trapani (Italia) así como en el Valle de Vjosa en Albania38, se trabaja en la
activación de prácticas comunitarias mediante procesos de participación dialógica con
actores, en los que de igual manera que se rescata el patrimonio arqueológico de estos
sistemas, se activan procesos de educación comunitaria, aprendizaje participado y
activación de procesos políticos. Defender el común del agua nos supone un compromiso
con los sectores campesinos –muchos de ellos jóvenes de vuelta al campo como resultado
de la crisis económica- que han luchado tanto contra la administración local-regional
como estatal, incluso contra la propia Unión Europea por una directivas de agua que
37
38
http://www.memolaproject.eu/es.
http://www.memolaproject.eu/es/sierra-nevada/contextogeo.
244
suponen la cementación de los sistemas tradicionales con la pérdida de los trabajos en
común para el mantenimiento de estas acequias, como su valor en cuanto que depósitos
de recarga de acuíferos que permiten una agricultura ecológica orientada tanto al
autoconsumo como a los canales de comercialización comunitaria, lejos de los grandes
distribuidores sujetos a la agricultura convencional.
Este escenario es una realidad conflictual en la que jugamos el rol de facilitadores de
procesos de diálogo entre las agencias ambientales dedicadas a la gestión del agua y las
Juntas Comunitarias de Riego, tensionadas por la distinta orientación y lógica del uso
para el agua destinada al regadío. De igual manera, somos interlocutores de acción
comunitaria dentro de las propias comunidades generando procesos de concertación para
mitigar las lógicas conflictuales de distribución entre la hegemonía para usos humanos,
agrícolas o industriales, buscando una lógica comunitaria de toma de decisiones que
activa nuevas formas de micropolítica territorial.
El resultado está siendo la creación de canales de colaboración comunitaria en la
recuperación de las acequias de careo –recargas de acuíferos del sistema montañoso de
Sierra Nevada- involucrando a actores del mundo académico –alumnos de grado, master
y posgrado en el marco de procesos de voluntariado europeo- así como generar procesos
de difusión con materiales en entorno digital
39
que son traslados fílmicos de las nuevas
pautas de encuentro comunitario que han ido surgiendo en los dos últimos años del
proyecto. Nuestro deseo-intuición final es que el manejo de estos sistemas tradicionales
de irrigación salgo del marco lógico creado por las instituciones nacionales o
internacionales, incluso del propio marco lógico del conocimiento científico para ser
resultado de una serie de pautas comunes de aprendizaje compartido , nacidas del trabajo
interacadémico y sobre todo del desborde de la academia a manos del saber territorial
comunitaria.
39
http://www.memolaproject.eu/es/activities
245
Conclusiones
Termino como comencé este texto. No queda tiempo. No queda mucho tiempo para que
nuestras formas de vida sustentadas en la in-sustentabilidad del modelo civilizatorio
capitalista occidental cuyos mejores ejemplos son el cambio climático, la desaparición de
la agricultura campesina tradicional, la contaminación de acuíferos, las guerras por el
agua como bien cada vez más escaso y privatizado –por tanto despojado de su carácter de
común global-, etc. Pero queda menos tiempo, para articular una respuesta epistémica
viable, ajustada y éticamente responsable. El programa de la ciencia occidental, emanada
de/desde los programas universitarios, es un espejo del paradigma de la modernidad. Es
un resultado necesario. Pero la necesidad social puede ser otra y la reclamación de un
programa científico nacido de una nueva epistemología también. Ciencia comprometida
con el futuro, ciencia con conciencia, ciencias aprendidas desde el Sur –no geográfico,
sino epistemológico- que nos permitan reaprender a diseñar una sociedad futura más
sustentables.
Este reto es el que nos permite mirar las relaciones de las sociedades con el territorio
desde un prisma biocéntrico, de restaurar las relaciones simbióticas entre la esfera humana
y natural con un enfoque holístico de la ciencia que facilite la reconciliación de ciencia
con ética. Epistemología aplicada no al saber ambiental sino al “hacer” ambiental
diseñando programas locales de desarrollo que atiendan la necesidad de acción y
participación política del individuo, no los requerimientos de la ciencia económica
clásica.
Queda por hacer pero ya estamos en ello, ese es el primer resto estar construyendo una
nueva epistemología, sin frontera de saberes.
246
La politización en el mundo rural a principios de la
contemporaneidad: aproximaciones desde el suroeste peninsular*
José Saldaña Fernández
Universidad de Valparaíso
Constituye un lugar común la consideración de la Guerra de la Independencia
(1808-1814) como el periodo inaugural de la contemporaneidad en España. La
trascendencia de aquellos años, ya sea por su significación histórica como por su
consideración historiográfica, queda fuera de toda duda. Desde esta perspectiva, muchos
son los campos que pueden considerarse a partir de sus dos ejes articuladores básicos, la
guerra y la revolución. No en vano, los últimos años, marcados por la conmemoración
del bicentenario, no han hecho sino afianzar una lectura integrada de ambos fenómenos
que permite constatar no sólo la complejidad de los seis años de conflicto sino también la
proyección que alcanzaban algunos de sus componentes en las siguientes décadas. En
este sentido no se puede obviar, según ha subrayado Emilio La Parra, que “la guerra de
los españoles contra Napoleón fue un factor de aceleración del tiempo histórico, provocó
cambios en todos los ámbitos (institucionales, geográficos y humanos), innovó el
lenguaje político, abrió de forma rápida y amplia el espacio público y marcó la ruptura
con el Antiguo Régimen”1.
*
Una versión anterior inédita de este trabajo ha sido previamente discutida en el Congreso Internacional
Old and News Worlds: the Global Challenges of Rural History (Lisboa, 27-30 enero 2016).
1
Emilio LA PARRA: “Presentación”, Ayer, 86 (2012), pp. 13-24, esp. p. 14.
247
Desde este enfoque, algunos autores han venido a subrayar precisamente la
significación que alcanzaban entonces ciertas prácticas de sufragio muy avanzadas 2.
Otros han insistido, por su parte, en la importancia de aquellos años no sólo por su
capacidad para proporcionar mitos plurales movilizadores que ayudaron a construir un
mundo político nuevo3, sino también porque la guerra llegaba a constituirse en una suerte
de aprendizaje político4. El conflicto de 1808 a 1814 contribuyó decididamente, por tanto,
no sólo a la redefinición del marco de gobierno en sus diferentes escalas de
representación, a la ampliación del espacio de participación pública y a la densificación
de la escena política, sino también al diseño de la nueva cultura política que encontraba
su versión definitiva en las siguientes décadas. En palabras de Pedro Rújula, “la Guerra
de la Independencia supuso una fase de politización de la sociedad española que, aunque
su desarrollo concreto estaba todavía por definir, ya no tendría marcha atrás, porque ésta,
la politización, iba a ser una de las claves del mundo contemporáneo”5.
En fin, los seis años de guerra generaron la innovación de las prácticas políticas,
por un lado, y supusieron el aprendizaje de las nuevas formas de participación en el
ámbito público, por otro. Ahora bien, no es mucho lo que se puede concretar más allá del
marco general descrito, toda vez que, por ejemplo, a pesar de reconocer la trascendencia
del proceso de modernización, no resulta fácil trazar sus perfiles fuera de escenarios
centrales y substanciales. Alcanzar un conocimiento más preciso sobre estas cuestiones
pasa por la reconsideración de la disparidad de los escenarios, la multiplicidad de los
protagonistas y la direccionalidad de los procesos. Desde esta perspectiva no hay que
perder de vista que Cádiz adquiría entonces un papel fundamental, pero no exclusivo. Su
protagonismo en la edificación y amplificación de la práctica política liberal, a través de
las Cortes –como agente- y la Constitución de 1812 –como instrumento-, queda fuera de
Eduardo POSADA CARBÓ: “Sorpresas de la historia. Independencia y democratización en
Hispanoamérica”, Revista de Occidente, 326-327 (2008), pp. 109-125; Marie-Danielle DEMÉLAS y
François-Xavier GUERRA: Los orígenes de la democracia en España y América. El aprendizaje de la
democracia representativa, 1808-1814, Lima, Fondo Editorial del Congreso del Perú-Oficina Nacional de
Procesos Electorales, 2008.
3
Jean-Philippe LUIS: “Cuestiones sobre el origen de la modernidad política en España (finales del siglo
XVIII-1868)”, Jerónimo Zurita, 84 (2009), pp. 247-276, esp. p. 247.
4
Pedro RÚJULA: “La densificación del universo político popular durante la Guerra de la Independencia”,
en Pedro RÚJULA y Jordi CANAL (eds.): Guerra de ideas. Política y cultura en la España de la Guerra
de la Independencia, Zaragoza-Madrid, Institución Fernando el Católico-Marcial Pons, 2012, pp. 173-190,
esp. p. 189.
5
Ibid., p. 190.
2
248
toda duda, pero no debemos caer en el riesgo de abordar este fenómeno desde supuestos
unidireccionales y excluyentes. La realidad resultó más rica y compleja.
En primer lugar, hablar de la diversidad de escenarios y de la pluralidad de los
actores implica necesariamente dirigir la atención sobre los espacios locales de ámbito
rural, aquellos en los que se desenvolvía la cotidianeidad de la mayor parte de la
población. Desde un plano general no puede obviarse además, como han puesto de
relevancia distintos autores, la centralidad que tendría el espacio local a lo largo del siglo
XIX, siendo el ámbito primario6 y natural7 en el que encontraba desarrollo buena parte
de la vida política y social. Desde un plano más concreto relacionado con el contexto
específico de 1808 a 1814 no se puede perder de vista asimismo que los ayuntamientos
no sólo fueron objetos de atención preferente por parte de los nuevos poderes superiores
–tanto fernandinos como josefinos-, sino que para la mayor parte de la población se
erigieron en los instrumentos más visibles y tangibles del nuevo tiempo traído por la
guerra. En efecto, el entendimiento acerca de la nueva época vendría marcado en buena
medida por la nueva manera de acceder a los cabildos y el modo en el que estos actuaban.
Dentro de este esquema, los poderes a escala municipal representaban la versión de la
revolución más extendida y reconocida, que era asimismo la que terminaba dando forma
y contenido a la recién estrenada ciudadanía política. Un hecho acrecentado además por
una excepcionalidad específica de la guerra: el destacado papel que los órganos políticos
del municipio asumían en la gestión de los elevados requerimientos y suministros con los
que los pueblos tenían que contribuir para el mantenimiento de los ejércitos. Como ha
subrayado Pedro Rújula, el telón de fondo de la guerra trajo consigo, en el campo
específico de la política, “un aprendizaje profundo y vital que surgía del contacto con las
exacciones, con la violencia, con la destrucción o con la lucha por la supervivencia”8.
En segundo lugar, hablar de la direccionalidad de los procesos supone no sólo
redimensionar el papel representado por las comunidades locales de ámbito rural en el
complejo escenario del aperturismo y la socialización política, sino también redefinir el
mismo concepto de modernización y su materialización precisa en conexión con ciertas
Isabel BURDIEL y María Cruz ROMEO: “Viejo y nuevo liberalismo en el proceso revolucionario”, en
Paul PRESTON e Ismael SAZ (eds.): De la revolución liberal a la democracia parlamentaria. Valencia
(1808-1975), Madrid-Valencia, Biblioteca Nueva-Universitat de València, 2001, pp. 75-91, esp. p. 77.
7
François-Xavier GUERRA: “De la política antigua a la política moderna. La revolución de la soberanía”,
en François-Xavier GUERRA: Los espacios públicos en Iberoamérica. Ambigüedades y problemas. Siglos
XVIII-XIX, México, Fondo de Cultura Económica, 1998, pp. 109-139.
8
Pedro RÚJULA: “La densificación del universo político…”, p. 189.
6
249
tendencias democratizadoras. Algunas aportaciones historiográficas ya han avanzado
algo en esta línea.
Por ejemplo, Posada Carbó ha puesto de manifiesto, a partir de su acercamiento
al espacio latinoamericano, cómo en los últimos tiempos se ha recobrado el interés por el
periodo de la independencia y por los procesos electorales que se introducían en el mundo
hispánico tras la crisis de la monarquía en 1808, dando como resultado unos trabajos que
han venido a plantear la reconsideración de esas primeras experiencias del sufragio bajo
el prisma de la democratización. Siguiendo estos nuevos postulados, ha llegado a apuntar
que la “coyuntura histórica crítica” que determinó el nacimiento de la democracia en
aquel escenario sería la invasión francesa de España, y es que, desde 1809, con las
elecciones para la Junta Central, los procesos electorales comenzaron a ocupar un papel
central en la configuración del poder, lo que se tradujo en la “masiva y súbita
incorporación de sectores populares en el cuerpo político”, con la consiguiente irrupción
de las rivalidades partidistas para captar el voto por medio de las campañas9.
Partiendo de un concepto más amplio de la política y de la democracia basado en
la combinación de ciertos elementos formales e informales10, otros autores han insistido
en las inconsistencias del relato tradicional sobre la democratización del mundo rural que
establecía la idea de que se trataba de un proceso cerrado que venía dado desde arriba y
que sostenía, por tanto, una interpretación unidireccional y pasiva del mismo11. Aunque
referido a un marco cronológico más tardío, vienen a afirmar que “la democratización es
un proceso histórico siempre inacabado por el que se pretende construir un modelo
político que tiende a buscar la igualdad en el acceso a los recursos y en la toma de decisión
sobre la gestión de los mismos (no sólo recursos naturales)”, y que, en consecuencia,
resulta conveniente la exploración de ciertas fórmulas de organización de carácter
igualitario desde la óptica aportada por espacios y colectivos que han quedado
habitualmente excluidos del relato histórico12. Este enfoque de trabajo ha llevado, entre
Eduardo POSADA CARBÓ: “Sorpresas de la historia…”, pp. 110-116.
Antonio HERRERA GONZÁLEZ DE MOLINA: “Las categorías conceptuales y el debate teórico actual
en torno a la construcción de la democracia: su aplicación a la historia contemporánea de Andalucía”, en
Salvador CRUZ ARTACHO (coord.): Andaluces contra el caciquismo: la construcción de una cultura
democrática en la Restauración, Sevilla, Centro de Estudios Andaluces, 2012, pp. 51-69, esp. p. 64.
11
Antonio HERRERA GONZÁLEZ DE MOLINA y John MARKOFF: “Presentación”, Ayer, 89 (2013),
pp. 13-19.
12
Antonio HERRERA GONZÁLEZ DE MOLINA, John MARKOFF e Inmaculada VILLA GILBERMEJO: “La democratización del mundo rural en España en los albores del siglo XX. Una historia poco
conocida”, Ayer, 89 (2013), pp. 21-42.
9
10
250
otras cuestiones, a reconsiderar las claves del conflicto social en el mundo rural, a
redimensionar el significativo proceso político y de dinamización social vinculado con
las movilizaciones campesinas, y a revalorizar ciertas prácticas de aprendizaje político
que no sólo vienen a objetar el tópico de la apatía del campesinado sino también a
equiparar este fenómeno con lo ocurrido en otras latitudes13.
En definitiva, todos estos sugerentes planteamientos no hacen sino situarnos frente
a dos elementos clave a la hora de abordar el fenómeno de la actividad política en las
comunidades locales de ámbito rural a principios del siglo XIX. Por una parte, en torno
al grado de participación, dinamismo, autonomía e, incluso, originalidad que estos
espacios desarrollaron dentro de un contexto propicio, al menos en el plano de la
narrativa, al aperturismo y la socialización del escenario público y político. Por otra,
respecto al proceso de aprendizaje no sólo de unas determinadas prácticas políticas sino
también en relación a una cultura de gestión de los recursos de carácter liberal cuando no,
en sintonía con las propuestas de conceptualización más amplias y flexibles, abiertamente
democrática. En todo caso, para comprender en toda su dimensión el recorrido de ambos
ejes, así como sus puntos de intersección, habría que considerar, entre otras cuestiones,
el grado de complejidad y dinamismo que los pueblos llegaban a alcanzar en su interior,
la práctica específica y los espacios de atención preferentes del nuevo cuerpo político
vecinal, la experiencia precisa que entonces resultaba y el aprendizaje concreto que ello
suponía, ya fuese desde un punto de vista tanto individual como grupal.
El análisis de estos aspectos obliga a dirigir la atención sobre escenarios concretos.
El suroeste andaluz reúne, en este sentido, características significativas a la hora de
extraer las muestras, ya sea por las circunstancias jurisdiccionales preexistentes o ya sea
por la redefinición del sistema fronterizo que trajo consigo la ocupación francesa. En el
primer caso conviene tener presente la mayor proyección que había alcanzado en aquel
área el marco señorial, hecho que tendría no sólo importantes consecuencias en relación
a la conformación y el ejercicio del poder con anterioridad a la Guerra de la
Independencia, sino también sobre el campo político y el juego de intereses que se ponían
en marcha con los distintos cambios amparados por aquella. En el segundo caso debe
tenerse en cuenta que junto a la raya tradicional que marcaba la división entre los dos
David SOTO FERNÁNDEZ y Antonio HERRERA GONZÁLEZ DE MOLINA: “El conflicto agrario
en la historia contemporánea de España. Nuevas perspectivas de análisis”, Vínculos de Historia, 3 (2014),
pp. 75-100, esp. pp. 77-78.
13
251
reinos peninsulares se llegó a constituir entre 1810 y 1812 una nueva frontera menos
visible y más cambiante, aunque no por ello menos efectiva, la que marcaba la separación
entre las tierras ocupadas por los franceses frente a esas otras que quedaban fuera de su
control permanente. En líneas generales, los pueblos situados entre los ríos Odiel y
Guadiana no fueron ocupados de manera continuada y quedaron sujetos, aunque no sin
obstáculos, al marco gubernativo trazado por los poderes fernandinos.
De ambas circunstancias participaban Cartaya y Villanueva de los Castillejos, los
pueblos elegidos para la muestra. La experiencia política de ambos vecindarios se
canalizaría a partir de una realidad muy compleja en la que se mezclaban circunstancias
que hundían sus raíces en momentos anteriores con otras particulares del contexto bélico
de fondo, así como elementos comunes del marco jurisdiccional en el que se integraban
con otros específicos de sus escenarios precisos. Un juego de pasado y presente, de
elementos comunes y específicos, que dejaría su impronta a la hora de materializar la
nueva forma de participar en el escenario público y de hacer política, y que
indudablemente tendría consecuencias sobre la misma manera de ver y entender la
realidad política tanto presente como futura.
La apertura del espacio público: redimensionando el campo de la política municipal
La villa de Cartaya, que formaba parte del marquesado de Gibraleón –bajo la Casa
de Béjar-, contaba con un cabildo compuesto tanto por individuos nombrados por el titular
de la jurisdicción, bien directamente o a través de la fórmula mediadora de las
proposiciones, como por sujetos cuyas vías de acceso podían responder a fórmulas no
vinculadas, al menos directamente, con la potestad señorial. Composición y origen
diversos que no sólo sufrirían un proceso de ajuste conforme se fuesen activando las
nuevas directrices políticas traídas con el inicio de la guerra, sino que encontraban
desarrollo asimismo bajo nuevas dinámicas de tensión y confrontación dentro y fuera de
la comunidad.
Las claves precisas de los primeros encontronazos parecen situarse en cuestiones
de orden potestativo o de definición de campos de decisión y de acción. Por ejemplo, en
la Audiencia de Sevilla se había abierto una causa con fecha de 17 de agosto de 1809,
“principiada por el Theniente Corregidor de la Villa de Cartaya contra varios vecinos de
ella por falta de respeto a la Real Jurisdicción ordinaria, contándose entre dichos reos
252
varios Capitulares de aquel Ayuntamiento y el Cura Párroco D. Juan de Buelga”14.
Algunas de las declaraciones recogidas en este expediente mostraban a las claras no sólo
las fracturas que se habían abierto en el interior de la corporación, sino también de la
participación de otros miembros de la comunidad local que, actuando en combinación
con ciertos capitulares, tenían capacidad de injerencia sobre el propio órgano de poder
municipal. De hecho, diversos testigos venían a insistir en la existencia de un partido
encabezado por el cura Juan de Buelga que trataba de influir sobre las decisiones del
cabildo. No parece que se tratase de una situación nueva15, aunque, como cabe suponer,
en momentos de agitación y convulsión, donde resultaba necesaria la adopción de
medidas urgentes y extraordinarias, las disputas y las presiones por la dirección y control
de las medidas de gobierno se harían más enérgicas e intensas.
El ejercicio del poder municipal iba a dotarse de nuevos condicionantes y
significados a partir de la llegada de los franceses a Sevilla y su avance hacia las tierras
del suroeste. La proyección de tropas tanto fernandinas como bonapartistas por la región
supondría las consabidas reclamaciones en metálico y en especie para el sostenimiento
de ambos ejércitos. Indudablemente, no fue un fenómeno fácil de abordar, exento de
fracturas ni estridencias algunas, sino que, por el contrario, suscitaría recelos y
discrepancias dentro de la comunidad local, de más o menos calado según los casos. Un
ejemplo particularmente significativo lo encontramos en la denuncia practicada con fecha
de 11 de enero de 1811 por Francisco Zamorano, vecino de Cartaya, contra Clemente
Dávila Barroso, regidor del ayuntamiento, que ejercía por entonces la real jurisdicción
ordinaria de la villa; cuya acusación situaba a este último en la órbita del
colaboracionismo y el afrancesamiento16.
Ahora bien, más allá de estas muestras de confrontación en el ámbito de la gestión
municipal, sería en los últimos meses de 1811 cuando comenzaron a detectarse de manera
más nítida algunos síntomas de apertura de un nuevo escenario. Un primer elemento a
considerar se encuentra en la elección y el envío de varios representantes a Sevilla para
que intercediesen frente a las autoridades en lo que respecta tanto a los suministros hechos
por el pueblo a las tropas imperiales, como a la contribución que mensualmente se le
14
Archivo Diocesano de Huelva. Cartaya. Sección Justicia, Serie Criminales, legajo 12, expediente 55, fol.
1.
En uno de los testimonios se señalaba que el cura Juan de Buelga había sido “cabeza de un partido”
durante muchos años. Ibid., fol. 13.
16
Expediente tramitado por el juez corregidor de la ciudad y marquesado de Ayamonte, en el que actuaba
como escribano Roque Barcia. Archivo Municipal de Isla Cristina, Autos de oficio, leg. 1339, s. f.
15
253
había asignado a la villa. En efecto, a ese acto, celebrado en septiembre de 1811, no solo
concurrieron algunos miembros del cabildo, sino también “un número crecido de
vecinos”17. Además, al finalizar el acto se hacía explícita la distinción dentro de la nómina
de representantes elegidos: uno por el ayuntamiento, y los otros dos por nombramiento
del pueblo.
Comenzaban entonces a detectarse ciertas modificaciones internas en conexión,
presumiblemente, con los efectos que la normativa generada por las Cortes de Cádiz
estaba teniendo sobre el tradicional marco jurisdiccional; se vislumbraba, igualmente, una
cierta apertura de la gestión de los asuntos públicos de la villa, incorporando plenamente
no sólo la voz de individuos que estaban fuera del ayuntamiento, sino también su voto
con independencia de éste.
Estas líneas adquirían su cuerpo definitivo muy poco tiempo después. Con fecha
de 16 de octubre de 1811 volvía a reunirse un cabildo abierto en el que participaron tanto
los miembros del ayuntamiento como un crecido número de vecinos, con el objeto inicial
de atajar las dificultades por las que pasaba la villa mediante la venta de las tierras de
propios. Sin embargo, por iniciativa del pueblo asistente se alcanzaron una serie de
acuerdos que, al margen de afectar a otras muchas parcelas de la economía municipal,
vino a reorganizar tanto el sistema de relación con los pueblos circundantes –en un
apartado tan importante como el del campo común- como el panorama del poder a nivel
local. No en vano, se creó entonces una Junta de cinco personas que, como permanente,
“queda con la representación del Pueblo, y le toca cuidar de que tenga cumplimiento
quanto se ordene, de adaptar los medios que puedan ocurrir más fáciles; de modo que sin
su consentimiento y noticia nada se ha de hacer en los subministros, contribuciones,
repartimientos y demás”. Es decir, el vecindario asumía a través de una nueva fórmula
institucional la dirección de las cuestiones más importantes del momento, quedando el
cabildo seriamente devaluado en lo que respecta a su tradicional campo de acción, más si
cabe si tenemos en cuenta la capacidad que la Junta se otorgaba para auditar la actuación
de algunos de los miembros del ayuntamiento. En definitiva, la población rompía en este
momento con los usos tradicionales de gestión municipal, y abría la participación política
y la toma de decisiones a todo el conjunto a través de la elección y la representación, eso
17
Archivo Municipal de Cartaya (en adelante, AMC), Actas Capitulares, leg. 9, s. f.
254
sí, dando “cuenta al Supremo Consejo Nacional” al que solicitaba “su aprobación Real
sobre todos los particulares acordados”18.
En definitiva, la realidad político-institucional de Cartaya entre 1811 y mediados
de 1812 reflejaba un cambio en relación a los años anteriores, no sólo en referencia a la
mayor autonomía de la que fueron dotándose sus órganos de gobierno municipal, sino
también por el desmantelamiento de la estructura señorial que hasta entonces había
amparado su propia relación con el entorno. Ambas circunstancias no harían sino
afianzarse desde el último tercio de 1812, “desde que entraron los nuevos Consejales con
arreglo a lo determinado en la Constitución Política de la Monarquía Española”19.
Entre las acciones del nuevo ayuntamiento cabría destacar la comunicación que
dirigía al Consejo de Regencia solicitando la aprobación, aún pendiente, de la venta de
tierras que se había hecho en octubre de 1811 para atender a las urgencias financieras del
momento. Entre otros aspectos, basaba su solicitud en los beneficios económicos que ello
había traído, la atención a la recta administración de justicia y del bien público, la
tranquilidad del vecindario y la seguridad en sus propiedades20.
La equiparación de derechos y la igualdad de condiciones en el uso y
aprovechamiento de los campos comunes fue objeto de atención en momentos
precedentes, si bien es cierto que en ningún caso alcanzaba el protagonismo que tendría
durante los meses de vigencia de la Constitución. En efecto, si ya el cabildo abierto
celebrado en octubre de 1811 recogía alguna pretensión respecto a los derechos sobre los
productos del campo común que compartía con otros pueblos del entorno, el tratamiento
que sobre este asunto se hacía a partir de septiembre de 1812 adoptaba una línea
argumental que incorporaba nuevos elementos legales y legitimadores vinculados con el
texto constitucional y, lo que resulta más interesante, proyectaba un marco de relación
intercomunitaria basado en la equiparación y la simetría que superaba la tradicional
articulación del espacio y del poder que se cultivaba con anterioridad.
El desencuentro con Gibraleón, la antigua capital del marquesado, afectó a
diversos escenarios y situaciones. Por ejemplo, a la concesión de derechos de gestión y
explotación sobre determinados productos en lugares que hasta entonces formaban parte
18
AMC. Actas Capitulares, leg. 9, s. f.
Palabras que encabezan el libro de acuerdos capitulares correspondiente a los años 1812 y 1813. AMC.
Actas Capitulares, leg. 9, s. f.
20
Sesión de 12 de noviembre de 1812. AMC. Actas Capitulares, leg. 9, s. f.
19
255
del campo común. Precisamente, el permiso otorgado por el alcalde de Gibraleón a un
particular para que pudiese vender aguardiente y otros licores en el sitio de El Rompido
provocaría la movilización de las autoridades de Cartaya, que tachaban de intolerable este
hecho por considerar que el alcalde pretendía ejercer en los campos comunes una
jurisdicción superior a la que entonces le correspondía. De manera significativa, el escrito
de denuncia contenía referencias a la opresión y la esclavitud que habían caracterizado
las relaciones entabladas entre estas villas en el pasado21.
La nueva articulación del espacio continuó generando en los siguientes meses no
pocas suspicacias y tensiones entre sus distintos componentes. El ayuntamiento de
Cartaya adoptaría un papel muy activo contra las pervivencias de un sistema tradicional
que descansaba en asimetrías y jerarquías, y que le colocaba en una posición de segundo
orden respecto a otros miembros del mismo. Ese compromiso con la igualdad y la
proporcionalidad entre los pueblos en el uso y disfrute de los recursos que compartían, y
con la equivalencia y la simetría en el acceso a los instrumentos y la acción de gobierno,
encontraría alcance y proyección durante el tiempo de vigencia de la Constitución. Sin
embargo, una vez que se producía la caída del sistema y se reinstauraba el ayuntamiento
de 1808, ese activismo revertía y perdía fuelle, al menos en lo que respecta a las
convocatorias impulsadas desde Gibraleón para tratar asuntos relativos al campo común.
No así sobre otros símbolos y escenarios de poder, sobre los que se ensayaron nuevas y
revitalizadas resistencias. La vuelta al modelo de dependencia no significó en todos los
casos la pérdida absoluta de la capacidad de resistencia ni la total desactivación de las
aspiraciones de mayor autonomía e independencia respecto al marco jurisdiccional
inmediato. Algunos hitos vienen a mostrar cómo la vida de la comunidad local siguió
canalizándose a partir de ciertos anhelos y pasiones que habían tomado especial
proyección durante la etapa constitucional.
21
Sesión de 13 de marzo de 1813. AMC. Actas Capitulares, leg. 9, s. f.
256
La densificación del escenario público: reconsiderando la unidireccionalidad del
proceso22
Villanueva de los Castillejos también formaba parte del marquesado de Gibraleón
y estaba sujeto a la casa de Béjar, que ejercía la potestad de designación última respecto
a los cargos del cabildo. Esta situación se vio particularmente afectada por el Decreto de
las Cortes de 6 de agosto de 1811 sobre la abolición de los señoríos, que establecía en su
punto segundo que “se procederá al nombramiento de todas las Justicias y demás
funcionarios públicos, por el mismo orden, y según se verifica en los pueblos de
realengo”23. Esta nueva circunstancia generaría discrepancias internas respecto a la forma
concreta de aplicación. En este contexto, los alcaldes y regidores salientes del cabildo
anterior, tomando como referencia el procedimiento habitual, constriñeron el acto de
elección al estricto marco del cabildo, de tal manera que en la sesión de 7 de enero de
1812, considerando las “circunstancias actuales de despoblación” y los perjuicios que
“pueden inferirse a este público en la dilatación de dicha elección”, y deseando que “los
empleos concejales recaigan en personas veneméritas y de toda providad”, acordaron los
nombres que debían formar parte del ayuntamiento para el siguiente año24.
Los primeros en mostrar ciertas precauciones respecto al modo y conveniencia del
formato de elección adoptado serían los mismos que habían sido agraciados con el
nombramiento. De hecho, la posesión de los cargos no pudo llevarse a cabo no sólo por
la escasa asistencia que tuvo, sino además porque los individuos que se personaron
mostraron expresamente su negativa a ello. El elegido en calidad de alcalde de segundo
voto apoyaba su rechazo en que el ayuntamiento hizo una “elección arbitraria en sus
vocales” por cuanto no había hecho propuestas de personas dobles ni las había remitido
al tribunal territorial para que determinara sobre ello25. En definitiva, su planteamiento
descansaba en la continuidad del tradicional papel del cabildo respecto a la conformación
de proposiciones, mientras que lo novedoso radicaba en la institución última que debía
componer la lista definitiva.
Un análisis más extenso en José SALDAÑA FERNÁNDEZ: “Más allá de Cádiz: la experiencia como
aprendizaje en el ámbito político municipal (1814-1814)”, en Butrón, G. y Ramos, A. (eds.) Cádiz, escuela
política: hombres e ideas más allá de 1814, Madrid, Sílex, 2016.
23
Remedios MORÁN MARTÍN: “Abajo todo: fuera señoríos y sus efectos’. El decreto de 6 de agosto de
1811”, Revista de derecho político, 82 (2011), pp. 241-262, esp. pp. 259-261.
24
Sesión de 7 de enero de 1812. Archivo Municipal de Villanueva de los Castillejos (en adelante, AMVC),
25
Documento suelto, no contiene fecha, aunque ciertos indicios permiten situarlo en enero de 1812. AMVC.
22
257
Este escenario de cambio jurisdiccional, imprecisión en la aplicación normativa y
dificultad en la conformación del nuevo cuerpo capitular abrigaría transformaciones de
mayor calado, abriéndose la puerta a la proyección pública de ciertas tendencias que
abogaban por una ampliación de la base participativa de su vecindario. Cambios que
comenzaron a tomar cuerpo de una manera un tanto excepcional, por impulso de sectores
poblaciones que se encontraban alejados de los puestos de decisión municipal. Al menos
es lo que se desprende del escrito que, firmado con fecha de 18 de enero de 1812 por
cuatro vecinos de la localidad –aunque, según afirmaban, actuando “a nombre del
Pueblo”-, se había remitido a los diputados del común –a los que reconocía como “únicos
Representantes del Público en esta Villa”-, denunciando la miserable situación en la que
se encontraba la población y la necesidad de “hacer elección popular de todos los empleos
de justicia”26.
La revolucionaria petición encontró eco en los diputados del común, quienes
impulsaron rápidamente el proceso de “elección de alcaldes y regidores por el pueblo”.
El 19 de enero se convocaba a “todo vecino sin ecepción de clases” para participar ese
mismo día en un proceso público para la emisión de los votos y su escrutinio, así como
para posesionar en sus empleos a los que hubiesen sido elegidos y enviar a continuación,
“para que no adolesca el expediente de bicio alguno”, a la autoridad de Cádiz competente
en este asunto los resultados en espera de disponer del visto bueno de la misma. El proceso
contó finalmente con la participación de unos 50 vecinos, quienes emitieron públicamente
sus votos atendiendo a los distintos puestos que debían cubrirse, y cuyo recuento dio lugar
a un cuadro de gobierno que presentaba unos perfiles muy diferentes al salido del proceso
auspiciado por los miembros del anterior cabildo.
Se asistió, pues, a un proceso radical de cambio por impulso del entonces
vecindario residente, que supuso el paso, al menos en lo que respecta al derecho y el
ejercicio del voto, de un sistema cerrado y acotado en torno a las tradicionales élites
locales, a otro abierto que descansaba en la participación de todos los vecinos sin
distinción alguna. El éxito de la iniciativa no sólo descansaba en la actividad de sus
promotores, sino que respondería, por un lado, a un escenario social interno novedoso y
complejo, y, por otro, a una realidad externa no menos innovadora y complicada,
caracterizada tanto por los efectos de un panorama bélico extremo y dramático, como por
26
AMVC. Actas Capitulares, leg. 11, s. f.
258
la proyección de nuevos planteamientos político-institucionales edificados en torno a una
soberanía cada vez más amplia y diversificada.
Las evidentes diferencias con respecto al sistema de formación y composición de
los ayuntamientos precedentes no impidieron que se viese afectado por el proceso de
renovación y cambio con anterioridad incluso a la finalización del año natural para el que
había sido elegido. No hay que obviar en este sentido las diferencias que presentaba
respecto al modelo recogido poco después en la Constitución de Cádiz, ya que si bien
coincidían en cuanto a la extensión y la apertura del proceso de elección, se distanciaban
en la materialización precisa del mismo: frente a la reunión abierta sin restricción aparente
y la proyección de un sistema de elección directa, el texto constitucional implantaba un
modelo abierto en el que participaban aquellos que estuviesen en el ejercicio de los
derechos de ciudadano mediante un sistema indirecto por el cual la potestad última de
designación de los nuevos cargos quedaba sujeta a los electores nombrados para ello.
El nuevo cabildo que se formaba ya bajo los presupuestos de la Constitución y
tomaba posesión el 4 de noviembre de 1812 –y que no contaba con sujetos del
ayuntamiento precedente-, se concedía una entidad y naturaleza diferentes al anterior y
marcaba una cierta distancia respecto a la actividad desarrollada por aquel. No en vano,
llegaba a acusarles de negligencia, omisión y desatención en el cumplimiento y la
ejecución de muchas de las órdenes que habían recibido en el tiempo de su ejercicio.
Ahora bien, más allá de los problemas denunciados respecto a las funciones y las
acciones implementadas por la corporación precedente, las críticas pudieron ser reflejo
asimismo, según parece desprenderse de algunos testimonios, de ciertos desencuentros
generados en el interior de la comunidad local entre grupos o individuos con intereses
diferentes y contrapuestos. Lectura que quedaba confirmada a finales de 1813, momento
en el que se iniciaba el proceso de elección que debía conducir a la formación del
ayuntamiento constitucional para el año siguiente. El 19 de diciembre se reunían los
nueve electores en una junta presidida por el alcalde y con presencia de dos escrutadores
y el secretario del ayuntamiento, de la que salieron nombrados a “pluralidad absoluta de
votos” el nuevo cuadro de gobierno que tomó posesión el primer día de enero de 181427.
En todo caso, el nuevo ayuntamiento no tomaría posesión definitiva hasta un mes
más tarde, después de llevarse a cabo una nueva elección por haberse declarado nulo el
27
259
proceso anterior. Ello había respondido a la denuncia que elevaron 17 particulares sobre
las irregularidades detectadas y los atropellos cometidos contra ellos en las elecciones
efectuadas el 12 de diciembre para designar a la nómina de electores. En los tres poderes
diferentes que éstos otorgaron a lo largo del mes de diciembre, después incluso de
conocerse la decisión adoptada por los electores28, y que tenían por objeto recabar los
testimonios pertinentes y elevar el recurso de queja sobre las autoridades superiores, se
pueden rastrear las circunstancias que amparaban la reclamación.
Los denunciantes sostenían que fueron apartados escandalosamente del proceso y
“privados de los derechos de ciudadanos”, unos por “seductores y otros por seducidos”29.
Y afirmaban además que aunque resolvieron en aquel momento abandonar el acto para
evitar una agitación mayor, habían adoptado la decisión de efectuar las protestas más
convenientes y ajustadas a la vía legal que establecía el propio sistema. Hay que tener en
cuenta asimismo la naturaleza precisa de todos los sujetos que se vieron afectados, entre
los cuales no faltaron quienes contaron con una proyección pública relevante en
momentos anteriores, ya sea participando en acciones comunitarias significativas o ya
fuese desempeñando algún cargo en el ayuntamiento.
La respuesta del gobierno político provincial estuvo acorde con los planteamientos
de los reclamantes y disponía la realización de nuevas elecciones. Los acuerdos adoptados
el día previo a la celebración de la junta parroquial para la designación de los electores,
que trataban de impedir el consumo de alcohol y la celebración de reuniones y tertulias
en la época de las elecciones, mostraban a las claras el ambiente que envolvía a la villa
por aquellas fechas, cuyas tensiones y conflictos internos obligaban a adoptar ciertas
medidas que garantizasen la pacificación y la concordia entre sus vecinos30.
En fin, los acuerdos de la autoridad municipal no hacían sino traslucir una
atmósfera de tensión e inquietud, en la que la celebración de encuentros y reuniones
podría condicionar el sentido y la orientación del voto de los particulares, no sólo a través
28
Un primer poder, firmado por ocho individuos, de 15 de diciembre; un segundo, rubricado por seis, con
fecha del 22; y un tercero, que cuenta con tres firmas, del día 23. Hay que tener presente que la reunión de
los electores en la que nombraron a los miembros del ayuntamiento del siguiente año se llevó a cabo el 19
de diciembre. Archivo de Protocolos Notariales de Ayamonte. Escribanía de Manuel Mateo Yáñez Blanco,
El Almendro, año 1813, leg. 1142, fol. 89-91, 93-95 y 95-98.
29
En el poder otorgado el 15 de diciembre se hablaba de “seductores” y “seducidos”; en el del 22 se refería
que estaban privados de los derechos de ciudadanía “(sin havérsele notado ni hecho saber con antelación la
causa o motivos) por reos de insidencia unos, y otros por seductores”; y en el del 23, que estaban suspensos
del goce de aquellos derechos “por ser mosos de soldada”. Ibídem.
30
Sesión de 22 de enero de 1814. AMVC. Actas Capitulares, leg. 12, s. f.
260
de los mecanismos políticos grupales articulados en base a la conjunción de intereses
comunes, sino también a partir de la proyección de presiones e influencias que permitirían
a determinados sujetos o facciones garantizar el control de ciertos espacios de poder
municipal. Este último aspecto resultaba, en todo caso, más difícil de controlar, por cuanto
podía desarrollarse en escenarios privados, alejados de la vista y de la fiscalización
pública.
La nómina de elegidos en el segundo proceso no variaba respecto al anterior, de
lo que se desprende, por un lado, que las medidas adoptadas por las autoridades habían
logrado el cometido de encauzar el proceso fuera de sobresaltos e intranquilidades, y por
otro, que la capacidad de influencia de los supuestos instigadores resultaba limitada, o
cuando menos, quedaba contrarrestada por el impulso de otras fuerzas y sectores de la
comunidad local.
El acto de recibimiento y juramento de los nuevos miembros, desarrollado bajo la
supervisión del comisionado nombrado por el jefe político de la provincia, contenía una
clara referencia a su atención sobre el bien y la tranquilidad pública. En todo caso, los
primeros días de gestión de la nueva corporación debieron de resultar ciertamente difíciles
y problemáticos. La salida de individuos y su avecindamiento en otras villas del entorno
darían algunas pistas acerca de la convulsión y excitación experimentadas a lo largo del
mes de febrero. Lo más llamativo del caso no sería el número de vecinos que se
trasladaban –según manifestaba el propio ayuntamiento algún tiempo después, fueron
diecisiete-, sino la forma en la que lo hacían y la naturaleza de los sujetos que lo
protagonizaban. Por una parte, porque la solicitud de avecindamiento se hizo de manera
grupal, como quedaba patente en el escrito que firmaban dieciséis individuos de manera
conjunta en Gibraleón el día 24 de febrero31. Por otro, porque según reconocía la misma
corporación de Castillejos, los sujetos que habían levantado sus domicilios y se habían
pasado a Gibraleón y San Bartolomé de la Torre “eran todos los de mayores riquezas, los
más pudientes y principales contribuyentes”32. Entre ellos se encontraban, por cierto, dos
de los individuos que habían representado un papel fundamental en el contencioso que
propició la apertura del segundo proceso de elección.
31
Archivo Municipal de Gibraleón. Actas Capitulares, leg. 14, s. f.
Escrito del ayuntamiento de Villanueva de los Castillejos del 4 de abril de 1814 dirigido al Subdelegado
de Rentas del Partido de Ayamonte. AMVC. Actas Capitulares, leg. 12, s. f.
32
261
El desencadenante pudo encontrarse en cuestiones fiscales y hacendísticas, toda
vez que en la referida solicitud de avecindamiento se destacaba que una vez materializado
el cambio de domicilio no debían ser incluidos ni tenidos en cuenta para ninguna carga
vecinal correspondiente a Villanueva de los Castillejos. Pero la clave última estaría
vinculada con dinámicas sociales y políticas de mayor trascendencia y proyección: el
recurso a la emigración por parte de los sectores más pudientes sería el reflejo de su
pérdida de influencia sobre el órgano de gestión municipal, ya que en caso contrario
podrían haber arbitrado alguna fórmula que resultase más acorde con sus intereses.
Junto a las circunstancias que habían llevado al desplazamiento también cabría
considerar las consecuencias que este traía, particularmente en el apartado de los
compromisos fiscales a los que debía atender la villa. Desde esta perspectiva no sorprende
la movilización vecinal que se implementaba a su alrededor. Un buen ejemplo lo
encontramos en el cabildo abierto celebrado a finales de julio con el objeto de atender a
una orden del Intendente que establecía el pago de cierta cantidad económica para
satisfacer a la manutención de las tropas, y que reunió “a la más sana parte de este Pueblo,
vecinos estantes, habitantes y hacendados de las varias clases y profeciones de que se
compone” en un número superior a noventa33.
Pero esta nutrida junta también permite vislumbrar otras facetas de la vida
comunitaria de aquel momento, puesto que entre el vecindario concurrente encontramos
a algunos de los individuos que habían protagonizado el sonado desavecindamiento
cursado en el mes de febrero anterior. Los cambios, o las expectativas sobre los mismos,
que trajo consigo la caída del régimen constitucional pudieron contribuir a esa nueva
reestructuración del entramado social y vecinal. Pudieron abrirse por entonces algunos
espacios de apaciguamiento y reconciliación entre sectores o sujetos enfrentados. La
vuelta puntual o permanente de algunos de los pudientes que se habían desavecindado
pudo desempeñar un papel clave en este proceso. Otro sería la proyección de un relato
sobre la etapa constitucional no especialmente complaciente, en el que se mezclaban, por
un lado, una concepción revolucionaria y turbulenta de aquellos meses, y por otro, una
noción de fracaso y desastre en el terreno de la gestión desarrollada por entonces. Las
primeras declaraciones del ayuntamiento restaurado marcaban nítidamente las líneas de
interpretación a seguir, toda vez que denunciaba que “que por causa de las reboluciones
33
31 de julio de 1814. AMVC. Actas Capitulares, leg. 12, s. f.
262
y disturbios que se han padecido se hallan los puntos más interesantes de este gobierno
en la mayor decadencia y desarreglo”, y que en consecuencia resultaba necesario “poner
en mayor orden y economía posible” algunos de los campos más urgentes y notables34.
Los perfiles del aprendizaje: reinterpretando el espacio de la política municipal
Las circunstancias políticas de Cartaya y Villanueva de los Castillejos entre 1808
y 1814 permiten avanzar algunas ideas sobre el proceso de transformación al que se
vieron sometidos por entonces los ámbitos municipales. El dinamismo y la complejidad
de aquellos años quedaban plasmados en múltiples facetas, ya sea, por ejemplo, en el
terreno de la autonomía y la reafirmación municipal frente al marco señorial tradicional,
o ya sea sobre las nuevas prácticas políticas implementadas en torno a la conformación y
la gestión del poder municipal.
Los escenarios locales concurrieron activamente, por tanto, al proceso de apertura
y socialización política, de tal manera que además de contribuir a definir el nuevo marco
público de participación ciudadana, se erigieron en piezas fundamentales para el
aprendizaje de buena parte de las prácticas que lo sustentaban. Otra cuestión sería
determinar el sedimento que quedaba de este aprendizaje y su repercusión sobre contextos
políticos posteriores. Ciertos acontecimientos ocurridos en los siguientes años aportan
algunas pistas al respecto.
El ayuntamiento de Cartaya había puesto especial atención durante la etapa
constitucional en desactivar todos los elementos que aún recordaban al asimétrico y
jerárquico marco señorial extinto, que privilegiaba a la villa de Gibraleón frente al resto
de participantes en el marquesado. La reinstauración absolutista no ahogó, sin embargo,
estas tendencias articuladoras de esencia igualitarista, que encontraban ahora amparo en
un modelo de restauración que había restringido el campo de acción de los antiguos
señoríos jurisdiccionales y asegurado la proyección de las instituciones realengas sobre
espacios antes sujetos a los mismos. En líneas generales, el juego de permanencias y
cambios no haría sino posibilitar la apertura de espacios de confrontación, toda vez que
propiciaba lecturas diferentes en función de los intereses defendidos por unos y otros. Por
ejemplo, el nombramiento efectuado en marzo de 1815 de José Barragán como corregidor
34
Sesión de 30 de agosto de 1814. AMVC. Actas Capitulares, leg. 12, s. f.
263
de Gibraleón provocaría el choque entre éste –apoyado, como cabe suponer, por las
autoridades locales olontenses- y el ayuntamiento de Cartaya, toda vez que este último
defendía su independencia y separación respecto al marco potestativo representado por
aquel bajo el argumento principal de formar parte de la nómina de villas exentas con
jurisdicción real ordinaria, y de contar asimismo con una figura política que demostraba
y garantizaba su exención y soberanía jurisdiccional35. En este mismo contexto habría
que situar el acuerdo adoptado el 15 de julio con objeto de elevar una propuesta a la corte
para que se admitiese el nombramiento de dos alcaldes ordinarios siguiendo la práctica
observada en el pueblo desde el tiempo de su conquista hasta el año 1657 y que, tras haber
sido reconocida por resolución del Consejo de fecha de 20 de noviembre de 1811 a
petición de la corporación, había vuelto a experimentarse en la conformación de la
corporación de 181236. En el acto de recibimiento del alcalde mayor del 17 de octubre no
se explicitaba ningún movimiento de resistencia, si bien reconocía que se llevaba a cabo
“sin perjuicio del recurso que este Ayuntamiento tiene pendiente ante S. M. sobre la
aprovación del nombramiento de Alcaldes Ordinarios que les fue concedido en
Noviembre del año pasado de mil ochocientos once”37.
En el caso de Villanueva de los Castillejos habría que esperar a la reimplantación
del modelo constitucional gaditano entre 1820 y 1823 para asistir a un nuevo empuje del
marco de apertura y dinamismo político. De hecho, la documentación conservada permite
esbozar un escenario político fértil y dinámico en el que se implementaron, por ejemplo,
mecanismos de acción colectiva y de toma de decisiones que no eran nuevos, pero que en
este contexto debieron de contribuir decididamente no sólo al proceso de redefinición de
la comunidad bajo los nuevos conceptos políticos que se estaban manejando, sino también
a la identificación de aquellos campos y asuntos que debían ser necesariamente abordados
de manera conjunta. Esos cabildos abiertos –acuerdos populares, como en ocasiones eran
definidos- se dirigieron mayoritariamente a cuestiones como el cobro de las
contribuciones, la distribución de los gastos o la repartición del campo común38; espacios
que, al concitar el mayor interés y atención por parte del vecindario, debieron de
35
La real cédula sobre el nombramiento está expedida en palacio a 21 de marzo de 1815. La sesión que
recoge el intento de recibimiento y donde se manifiesta la resistencia al mismo tiene fecha de 12 de julio
de ese mismo año. AMC. Actas Capitulares, leg. 9, año 1815, fols. 6-7.
36
AMC. Actas Capitulares, leg. 9, año 1815, fol. 10.
37
AMC. Actas Capitulares, leg. 9, año 1815, fol. 15.
38
AMVC. Actas Capitulares, leg. 13 y 14, s. f.
264
contribuir de una manera clara a la visualización y caracterización de las nuevas
dinámicas que acompañaban al proceso de modernización y aperturismo político.
En todo caso, no hay que obviar la trascendencia que en ese escenario de
conformación de nuevas prácticas e imaginarios políticos tendrían los procesos de
elección celebrados anualmente para la conformación del ayuntamiento, precisamente
porque constituían una vía de participación pública ordinaria y sistematizada, pero
también, lo que resulta más interesante aún, porque permitían la exteriorización y
explicitación, al menos en parte, del juego de intereses y tensiones que de una u otra forma
caracterizan a toda comunidad definida en términos políticos. No en vano, varios
episodios inducen a pensar en un escenario no caracterizado precisamente por el sosiego
y la serenidad. El ayuntamiento hacía constar en su sesión del 21 de diciembre de 1820
que “son muchas las reuniones que de pocas noches a esta parte se observan en las calles
compuestas de hombres y mujeres que después que se poseen de vino cantan coplas
infamantes, llegando el escándalo a tal grado que ni se respeta lo sagrado de la Autoridad
Constitucional”. Mientras que a mediados de diciembre de 1821 se volvía a insistir en la
necesidad de conservar el “buen orden y la armonía” del vecindario, particularmente en
“estos días de la celebración de las elecciones de concejales”, por lo que habiéndose
observado que se estaban cantando por las noches “coplas satíricas e insultantes” dirigidas
a particulares o sobre asuntos generales, el ayuntamiento tomaba algunas medidas de
precaución respecto al consumo de bebidas alcohólicas “hasta concluido el acto de
elecciones”39.
En fin, las décadas iniciales del siglo XIX albergaron los primeros momentos de
implantación del régimen liberal y, con ello, la proyección de prácticas de intervención
política de carácter extensivo –en cuanto al número de participantes- e intensivo –respecto
al grado de actividad-. No se trató, con todo, de un fenómeno exclusivo de escenarios
centrales y substanciales. Las comunidades locales de ámbito rural no fueron meros
agentes pasivos, sino que participaron activamente en ese proceso de cambio mediante,
por ejemplo, la puesta en marcha de una rica y compleja práctica política que descansaba
en una lectura no sólo amplia sino también específica del marco político de fondo. Queda
mucho por recorrer en este campo, si bien no es poco lo que ya se puede avanzar,
particularmente en torno a las claves del proceso de modernización y aperturismo político,
39
265
resultando conveniente la adopción de nuevos enfoques de trabajo a partir de la
reconsideración del papel jugado por los escenarios municipales de ámbito rural.
266
La modernización del sector agrario español: una evaluación de
su impacto sobre los recursos hídricos
Ana Serrano*
Universitat de Girona
Introducción
Los cambios en los procesos de producción ocurridos tras la revolución industrial
afectaron notablemente al medio natural. En particular, los ecosistemas hídricos han sido
impactados de forma intensa en el largo plazo, con importantes variaciones tanto en la
disponibilidad como en la calidad del agua. Según L’vovich and White (1990), de 1687
a 1987 la extracción mundial de agua aumentó treinta y cinco veces y su consumo se
multiplicó por nueve durante el siglo veinte. El crecimiento demográfico, pero sobre todo,
el gran incremento de la renta por habitante impulsaron la demanda de recursos hídricos,
aumentando los requerimientos de alimentos y motivando un significativo cambio en los
patrones de consumo hacia bienes intensivos en agua. En este proceso, el comercio
también ha supuesto fuertes presiones, especialmente en un contexto de intensa
globalización en el largo plazo. Estas demandas crecientes fueron correspondidas con un
incremento de la producción a lo largo del siglo pasado, siendo el regadío el factor clave
para esta expansión. Así, el uso de recursos hídricos ha sido tradicionalmente la forma
más importante de incrementar la productividad de la tierra y de asegurar las cosechas en
regiones áridas y semiáridas. Ello ha implicado no sólo el incremento de la superficie
cultivada, sino también la necesidad de desarrollar infraestructuras para el desarrollo del
regadío en las zonas más áridas, generando daños al medioambiente y a la biodiversidad
(Abell et al. 2008; IUCN 2015).
267
Estudiar el efecto de los procesos de crecimiento económico en el largo plazo desde la
perspectiva de su sostenibilidad permite evaluar cuantitativa y cualitativamente el
impacto del sector agrario sobre los recursos naturales. Según Schandl and Schulz (2002)
"la comprensión de cómo una determinada relación natural se ha establecido en el curso
de la historia y los patrones e interacciones que funcionaron podría permitir a la
sociedad intervenir conscientemente en estas relaciones naturales e incluso fomentar la
comprensión de la sostenibilidad”.
En este contexto, este trabajo analiza el efecto que el proceso de modernización y
liberalización comercial de la agricultura ha tenido sobre los recursos hídricos en el largo
plazo. Para ello, se estudiará la huella hídrica de la agricultura, esto es, el volumen de
recursos hídricos consumidos en la producción de los bienes del sector agrario,
entendiendo consumo de agua como el agua evapotranspirada o incorporada al producto
(Hoekstra et al. 2011). Además, se evaluará el impacto del comercio a través de los flujos
de agua virtual (Allan et al. 1997), i.e., el agua incorporada en la producción de bienes
agrarios que son exportados o importados por la agricultura española. Todo ello se llevará
a cabo distinguiendo entre agua verde y agua azul. Según Hoekstra et al. (2011) el agua
verde se refiere al agua procedente de la precipitación que se acumula en la tierra o en la
vegetación, mientras que el agua azul hace alusión al agua subterránea o superficial
(lagos, ríos o acuíferos) que puede ser regulada.
Con este objetivo, tomaremos el desarrollo del sector agrario desde 1850 en España como
caso de estudio. Se trata de un caso especialmente significativo. Un país semiárido
caracterizado por una elevada variabilidad espacial y temporal de las precipitaciones,
junto con altos niveles de evapotranspiración comparados con la media Europea
(González de Molina 2001), donde los desajustes entre la dotación de recursos y los
requerimientos hídricos se han gestionado tradicionalmente con políticas de oferta. El
desarrollo de regadío que solventó parcialmente el problema de la aridez en las regiones
más secas del país, implicó importantes costes ambientales, económicos y sociales.
Además, se examina una etapa de especial relevancia con importantes cambios
estructurales e institucionales que afectaron al sector agrario, durante la cual España
completó su proceso de industrialización convirtiéndose en un país de renta alta al final
del periodo.
En la medida de lo posible, en el análisis se utilizará una doble perspectiva histórica y
regional, ambas altamente significativas para entender el desarrollo del sector agrario
268
español y para evaluar los impactos económicos y ambientales asociados a este proceso.
Por un lado, el enfoque histórico permite contextualizar las implicaciones de los
incrementos de producción agraria en el largo plazo sobre las huellas hídricas y la escasez,
analizando los costes incurridos para proveer agua de regadío a las áreas más áridas. Por
otra parte, el estudio de España a nivel regional permite distinguir los efectos de este
proceso sobre el propio sector y sobre el agua en las distintas provincias, caracterizadas
por diferentes características físicas y naturales que determinan la productividad y
eficiencia de la agricultura.
La siguiente sección analiza el proceso de modernización del sector agrario español desde
mitad del siglo XIX, prestando especial atención al papel clave del regadío.
Posteriormente, se estudian las consecuencias de este proceso de desarrollo. En primer
lugar, se estudian las presiones sobre los recursos hídricos a través de la evaluación de la
huella hídrica. A continuación, nos fijamos en el comercio con el fin de entender en qué
medida la integración del sector agrario español en los mercados internacionales impactó
sobre el uso del agua. Seguidamente, abordamos otros efectos medioambientales, sociales
y económicos de este desarrollo agrario. Finalmente, el artículo termina concluyendo con
las principales ideas.
La modernización de la agricultura española: el papel del regadío
Durante el siglo XIX el incremento de la demanda doméstica fuertemente relacionada
con el crecimiento demográfico en un contexto proteccionista, ofreció posibilidades muy
atractivas para incrementar la producción agraria. Asimismo, la integración de la
economía española en los mercados internacionales durante la primera globalización
también impulsó su crecimiento (Garrabou 1985). La aridez fue un factor limitante para
la adopción de las nuevas técnicas agrarias (ver Mapa 1), dificultando la introducción de
forrajes en el sistema de rotación de cultivos (Garrabou 1994; Tortella 1994). Ello supuso
una baja productividad de la tierra comparativamente con otras zonas de Europa donde
se introdujeron innovaciones (Pinilla 2004). Además, la irregular distribución de los
recursos hídricos entre regiones conllevó importantes divergencias en cuanto a
rendimientos medios del grano (Santiago-Caballero 2013).
Los escasos datos cuantitativos existentes muestran claramente que a pesar de las
numerosas obras hidráulicas de pequeña escala construidas, el incremento de la capacidad
de almacenar agua fue reducido. Durante la segunda mitad del siglo XIX el crecimiento
269
del volumen de agua regulada para regadío se limitó a 50 hm3 (Dirección General de
Obras Hidráulicas 1992). Las inversiones privadas se combinaron con cambios en el uso
del suelo, principalmente hacia productos dedicados a la exportación. Sin embargo, estas
iniciativas se encontraron con dos obstáculos. En primer lugar, se financiaron con capital
privado lo cual que suponía que los inversores debían asumir la elevada financiación de
las infraestructuras y sus largos periodos de amortización (Pinilla 2008). En segundo
lugar, desde el punto de vista tecnológico, había grandes limitaciones para la construcción
de estos megaproyectos debido a la falta de tecnologías avanzadas que permitiesen
construir embalses de cabecera.
Mapa 1. Precipitación media anual en España por provincias, 1982-2002 (mm). Fuente:
Cazcarro et al. (2014).
Estas barreras fueron superadas a finales del siglo XIX cuando con el impulso de las ideas
de Costa el estado se erigió como el principal organismo financiador de obras públicas
hidráulicas con el ánimo de mejorar el desarrollo del país. El regeneracionismo fomentó
el desarrollo del regadío, visto como la solución para las áreas rurales, intensamente
afectadas por la pobreza en la época. Además, las nuevas tecnologías llegadas con el
desarrollo de la ingeniería y los nuevos materiales permitieron a España superar los
obstáculos tecnológicos. La construcción de pantanos supuso el paso del regadío irregular
270
al permanente, los cuales se utilizaron también como una importante fuente de
hidroelectricidad. Al mismo tiempo, la adopción de nuevos recursos como los motores
de gasolina, gas y electricidad para extraer agua subterránea impulsaron la inversión
privada en regadío desde principios del siglo XX. Según Calatayud y Martinez-Carrión
(1998; 2005), el 60% de estas nuevas tecnologías se localizaban en el arco Mediterráneo,
especializado en productos hortofrutícolas dedicados a la exportación. Sea mediante la
iniciativa privada para extraer agua subterránea o mediante capital público, las
infraestructuras hidráulicas se multiplicaron por 10 entre 1860 y 1930 (Herranz 2004),
aumentando la capacidad de regadío a una tasa sin precedentes.
Todos estos proyectos se combinaron con un importante cambio de los usos del suelo
hacia cultivos de alta rentabilidad económica y con posibilidades de comercialización en
el mercado exterior. Así, durante el primer tercio del siglo XX las regiones mediterráneas
tendieron a sustituir los cultivos tradicionales de secano por otros de regadío de alto valor
añadido cuyo destino principal era la exportación (Pinilla and Ayuda 2009). Este cambio
composicional está relacionado con el desarrollo económico que implicó importantes
modificaciones en la dieta del país, así como con la orientación de estos productos a los
mercados exteriores.
Figura 1: Evolución de capacidad de embalse en España, 1905-2004. Fuente: Elaboración
propia a partir de SEPREM.
La gran expansión de las infraestructuras hidráulicas llegó durante la dictadura franquista,
la cual hizo de estas un eje central de su política agraria (ver Figura 1). Como resultado,
se generó un espectacular crecimiento de la capacidad de regulación del agua a través de
271
embalses. Hasta los años cincuenta el crecimiento de la construcción fue sostenido, en
torno a 4 presas anuales, pasando de 60 presas en 1900 a unas 270 en 1950. Desde ese
momento, el crecimiento se aceleró, incrementando en media en torno a 20 presas/año
hasta llegar a la actualidad (MAGRAMA 2016). Estos nuevos embalses permitieron la
provisión de recursos hídricos al sector agrario fomentando importantes cambios del uso
de la tierra y a su vez la expansión de la superficie de la superficie agraria de regadío.
Según Cazcarro et al. (2014), la producción en regadío pasó de representar
aproximadamente un 30% de la producción total en 1935 a alrededor de un 33% en 1955
(ver Figura 2).
Desde 1960 el sector agrario español estuvo inmerso en un intenso proceso de desarrollo
que tuvo como resultado importantes cambios estructurales relacionados con el
crecimiento de la renta per cápita y con la integración de España en los mercados
internacionales tras la autarquía franquista. Entre 1955 y 2010 el crecimiento de la
producción agraria se situó en media en torno al 1.6% anual, siendo el 40% de este
crecimiento debido a la extensión de la superficie regadío y el resto a la mejora de los
rendimientos agrarios (Cazcarro et al. 2014). Con el inicio del periodo democrático la
expansión del regadío continuó tanto por la vía de la construcción de embalses como
mediante la extracción de agua subterráneas (Esteban y Albiac 2012). Los pantanos y
presas pasaron de regular el 9% de los recursos en 1950 al 40% en la actualidad (Berga
2003) y la capacidad de embalse incrementó de 8,547 hm3 en 1955 a 56,411 hm3 en 2005
(SEPREM 2014). Aunque esta expansión se realizó a un ritmo más lento que durante la
dictadura franquista, la concentración de la producción en la superficie de regadío y en
productos dedicados a la exportación siguió su curso (Clar et al. 2015). Concretamente,
en 2005 la superficie irrigada era unas 2.3 veces superior que en 1955 y la producción de
regadío paso de ser alrededor del 42% del total en 1955 al 68% en 2005 (Cazcarro et al.
2014) (ver Figura 2).
272
Figura 2: Evolución de la producción agrícola y superficie de regadío en España, 19352005. Fuente: Elaboración propia a partir de Cazcarro et al. (2014) y Cazcarro et al.
(2015).
Durante estos años la distribución de la producción agraria se modificó notablemente.
Ello se relaciona con la creciente demanda doméstica derivada de un mercado en
desarrollo, la expansión de la demanda externa cono resultado de la entrada a la
Comunidad Económica Europea y las condiciones climáticas favorables de España para
producir ciertos cultivos. El aumento más marcado en el porcentaje de la producción de
regadío se produjo entre 1980 y 2006 (ver Figura 2), conjuntamente con el incremento
del peso de productos de alto valor añadido como hortícolas, frutas o aceite. Como
resultado, España se convirtió en uno de los mayores exportadores de estos productos en
el mundo, de los cuales una parte importante son procesados en la industria
agroalimentaria, uno de los sectores más dinámicos del país. Por el contrario, cultivos
como cereales, forrajes y leguminosas perdieron peso en la producción española de la
época, ya que fueron en gran medida importados a partir de la entrada en la Comunidad
Europea.
A nivel territorial se observó una importante reasignación espacial de la producción
agraria desde las regiones más húmedas hacia las más áridas. Las provincias con menor
disponibilidad de agua (menos de 600mm/año) tendieron a concentrar la producción
agraria generando el 62% de la producción en 1955 y el 77% en 2010. Por el contrario,
273
las provincias con mayores dotaciones hídricas perdieron importancia en la producción
agraria, pasando del 16% al 3%. Esto es, las regiones húmedas en el norte de España
perdieron peso en favor de las regiones más secas del sur y el Valle de Ebro. El papel del
regadío en el desarrollo del sector agrario en las regiones áridas fue esencial, permitiendo
el paso de una agricultura tradicional basada en cultivos de secano a un sector de regadío,
moderno y altamente productivo. Podemos decir por lo tanto que se produjo una
desvinculación entre los condicionantes naturales (disponibilidad de recursos hídricos) y
la producción agraria gracias al papel del regadío (Cazcarro et al. 2014; Cazcarro et al.
2015).
Hoy en día, más del 60% de la producción agraria final en España se genera en regadío
(Cazcarro et al. 2014). Los cambios de largo plazo que hemos analizado han significado
transformaciones clave para la agricultura, pero a su vez han tenido efectos significativos
sobre la sostenibilidad de los recursos hídricos, además de otros impactos ambientales e
importantes costes económicos y sociales. Veamos cuáles han sido sus consecuencias en
las próximas secciones.
El impacto del desarrollo agrario sobre el agua: La huella hídrica en el largo plazo
El desarrollo económico de España junto a su creciente integración en los mercados
internacionales como exportador de productos agroalimentarios de alto valor añadido e
intensivos en agua supuso presiones crecientes en los recursos hídricos domésticos e hizo
necesario intensificar la transición del secano a la irrigación. El éxito del sector agrario
español no hubiese sido factible sin la expansión del regadío, ya que la mayoría de bienes
agrícolas exportados (naranjas, y otras frutas y vegetales) requerían más agua de la que,
en condiciones naturales, era provista por la lluvia. La escasez de agua es un factor
importante para entender el retraso relativo del sector agrario español con respecto al
resto de Europa a finales del siglo XIX. Sin embargo, esta misma escasez impulsó el
cambio tecnológico en la agricultura, permitiendo la explotación de nuevos recursos en
las áreas más áridas del país (Cazcarro et al. 2014) y la integración de España en los
mercados agrarios internacionales. Esto es, en aquellos lugares donde se consiguió aliviar
la escasez construyendo obras hidráulicas el agua pasó de ser un factor limitante a ser
clave, especialmente allí donde el clima era mediterráneo, caracterizado por temperaturas
suaves y gran cantidad de horas de sol.
274
Tabla 1: Evolución de la huella hídrica de la agricultura española distinguiendo sus
componentes. Fuente: Elaboración propia a partir de Duarte et al. (2014a).
1860
1900
1930
1962
2008
Huella hídrica
33,824
(hm3)
49,310
61,795
65,186
80,486
% huella
9.6
azul
14.9
12.8
19.0
19.3
% huella
90.4
verde
85.1
87.2
81.0
80.7
El agua necesaria para llevar a cabo la producción agraria española pasó de 32,824 hm 3
en 1860 a 80,486 hm3 en 2008. Este crecimiento fue gradual hasta 1930 dado el
incremento sostenido de la producción durante estos años. Sin embargo, se estancó
durante la Guerra Civil Española y la autarquía franquista debido principalmente a las
barreras para la importación de productos esenciales para la modernización de la
agricultura, como maquinaria o fertilizantes. De 1962 en adelante, el intenso crecimiento
de la producción agraria favorecido por la introducción de nuevas tecnologías, los
cambios en su composición (con la industria ganadera siendo uno de los sectores líderes)
y la creciente integración comercial se tradujeron en fuertes presiones sobre los recursos
hídricos (Duarte et al. 2014a). Si bien el uso de agua verde fue siempre el componente
más significativo, el agua azul muestra un crecimiento dinámico a lo largo del periodo,
principalmente debido a la fuerte expansión del regadío.
Por productos, los cereales, la fuente más importante de calorías hasta que España alcanzó
un elevado nivel de renta per cápita, suponían alrededor del 30% del uso de agua verde
hasta los años sesenta. Posteriormente, cuando España culminó su proceso de desarrollo,
se convergió hacia los patrones de dieta de los países más avanzados con un importante
peso de la carne. Ello supuso un incremento del uso de agua verde a través de la carne,
que en 2008 representaba el 32.7% del total. Lo mismo ocurrió con los huevos y productos
lácteos que experimentaron un tardío pero intenso crecimiento (Hernández Adell 2012;
Collantes 2014) y que impulsaron la presión sobre el agua verde, alcanzando el 17% en
2008 (Duarte et al. 2014a). Por el lado del agua azul, las frutas y vegetales fueron siempre
el componente más significativo, con un estable 30% sobre el total y un crecimiento anual
de la presión sobre el agua alrededor del 1.2%. El impacto sobre el agua azul alcanzó su
nivel máximo con la apertura de la economía española al resto del mundo, particularmente
a partir de la incorporación de España a la Unión Europea (Duarte et al. 2016) . Otros
275
productos como el arroz o el algodón, protegido por el franquismo, pero posteriormente
sustituido por fibras sintéticas, también ejercieron presión sobre el agua regulada.
El impacto sobre los recursos hídricos se produjo de forma desigual a nivel territorial.
Así, desde 1955 más del 75% de la huella hídrica azul se concentraba en las provincias
más áridas del país, con menos de 600mm/año de precipitaciones (ver Mapa 2). Este
porcentaje se mantuvo constante en el tiempo, mientras que se observa un descenso de la
huella de las provincias húmedas (con más de 900 mm/año de lluvia) (Cazcarro et al.
2015). Por productos, las provincias más secas (menos de 600 mm/año) generaban en
1955 el 90% de la huella de frutales, el 80% de productos hortícolas, casi la totalidad de
la huella azul de los olivos y el 53% de los forrajes. A principios del siglo XXI la situación
era similar, con un incremento de la huella de los hortícolas concentrada en las provincias
áridas, que suponía un 93% del total. Por el contrario, las regiones más húmedas perdieron
peso en todos los grupos, sólo los forrajes mantuvieron un peso significativo alrededor
del 13% (Cazcarro et al. 2015). Para el agua verde, la variabilidad fue mayor. En 1955
la huella hídrica verde de las provincias más áridas en España representaba el 63% del
total de la huella española. Esta cifra ascendió en 2010 hasta el 70%. Dentro de las
regiones más húmedas (con precipitaciones mayores a 900 mm/año), la caída más
significativa en la huella hídrica tuvo lugar en el noroeste y estuvo asociada al descenso
de la producción de forrajes así como de algunos cereales, como el centeno, intensivos en
agua verde. El mayor incremento de la huella hídrica verde se dio en las zonas más áridas
del sudeste de España, donde se sustituyó la producción de cereales por frutos secos,
frutales y uva.
276
Mapa 2: Variación de la huella hídrica azul de la agricultura entre 1955 y 2005-2010
(promedio). Los colores de las provincias representan el cambio, mientras que las barras
azul clara y oscura indican los niveles de 1955 y 2005-2010. Fuente: Cazcarro et al.
(2015).
El fuerte crecimiento experimentado por la producción fue el principal factor explicativo
del incremento del uso de agua incorporado en la producción agraria durante este periodo.
De hecho, el aumento del agua derivado de ésta puede cifrarse en 162 km3 desde 1860
a 2008. El impacto final sobre los recursos hídricos fue menor gracias a los cambios en
la composición de la producción que evitaron unos 112 km3 de uso de agua y a la mejora
de los rendimientos de la agricultura que también supuso ahorro de agua. Este fue
especialmente intenso a partir de 1962 debido a la introducción masiva de fertilizantes,
pesticidas, semillas híbridas y otros inputs modernos que conllevaron un considerable
incremento de la productividad de la tierra. Así con todo, el aumento final de uso de
recursos hídricos entre 1860 y 2008 se eleva a 49.4 km3 (Duarte et al. 2014a).
La expansión del regadío y la consecutiva sustitución de la producción hacia bienes
intensivos en agua se llevaron a cabo bajo el argumento de su elevada rentabilidad en los
mercados. Ello supuso fuertes impactos sobre el agua, cuya huella aumentó de forma
notable hasta 2010, generando además importantes tensiones entre la dotación y los
requerimientos de recursos en numerosas zonas del país. Así, si observamos el indicador
277
de estrés hídrico obtenido como el ratio entre consumo y la disponibilidad de agua
(medida como la escorrentía en un año seco como 2005 con 63 km3/año), en la actualidad
22 provincias muestran índices mayores a 0.3, lo que supone que se encuentran en una
situación de escasez hídrica (Cazcarro et al. 2015).
La internalización de la agricultura española: el impacto sobre los recursos
hídricos
La creciente integración de España en la primera globalización hizo que la demanda
exterior fuese una de las principales fuerzas impulsoras del desarrollo del regadío y
muestra evidencia de la externalización incipiente de las presiones sobre los recursos
hídricos. De 1849 a 1935 los intercambios de productos agroalimentarios fueron de gran
importancia en el comercio mundial, representando sus exportaciones entre el 60% y 75%
de las exportaciones mundiales (Lewis 1952). La integración de España en los mercados
internacionales se inició a mediados del siglo XIX gracias por un lado, a la demanda
creciente del resto de países europeos más desarrollados en el momento y por otro, a los
importantes cambios institucionales promovidos por los gobiernos liberales que hicieron
posible el desarrollo de una economía de mercado.
Durante este periodo España fue un importante exportador de productos agroalimentarios.
Hasta 1890 las exportaciones crecieron notablemente, al 3.2% anual, concentrándose
básicamente en productos mediterráneos (vino, frutos secos o aceite de oliva) cultivados
principalmente en secano y muy bien adaptados a las condiciones climáticas y de aridez
de cada región. Desde 1890 este crecimiento se frenó considerablemente hasta el 1.3%
anual, pero se focalizó en productos horticulturales. Si en 1890 estos cultivos
representaban el 15% de las exportaciones españolas, en 1930 llegaban al 50% del total
(Pinilla y Ayuda 2010). Es más, entre 1900 y 1935 las exportaciones españolas de
productos mediterráneos suponían un tercio de las exportaciones mundiales totales
(Ramón 2000; Pinilla y Ayuda 2010). La expansión de las exportaciones supuso
importantes impactos en los recursos hídricos domésticos, con flujos de agua virtual
crecientes durante el periodo, que pasaron de 917 hm3 en 1850 a más de 4,000 hm3 antes
de la Guerra Civil (ver Figuras 3 y 4). En este sentido, el efecto sobre el agua verde fue
mayor, representando alrededor del 85% de las exportaciones de agua virtual (Duarte et
al. 2014b). Sin embargo, puede observarse un impacto creciente sobre el agua azul,
debido en gran medida a la expansión del regadío ocurrida durante esos años. Además, el
importante cambio composicional de las exportaciones españolas hacia productos
278
intensivos en agua como el aceite, las frutas y los vegetales también implicó necesidades
crecientes de agua. Así, según Duarte et al. (2014b), aproximadamente un 92% del
incremento de las exportaciones de agua virtual desde 1849 a 1935 puede explicarse por
la expansión del comercio ocurrida durante estos años y un 15% por los cambios
composicionales hacia las exportación de cultivos más intensivos en agua. Por el
contrario, la leve mejora de los rendimientos agrarios en la época implicó una modesta
moderación del crecimiento del uso de agua a través de la reducción de la intensidad.
A pesar del fuerte proteccionismo en algunos productos clave para para el desarrollo de
la agricultura española como el trigo (Gallego 2003), durante el periodo 1849-1935 se
importaron mayoritariamente productos que no podían ser cultivados en España como
azúcar, café, algodón, cacao etc. En este sentido, las importaciones de agua virtual
también muestran una tendencia creciente, que fue bastante moderada hasta 1869, cuando
el proteccionismo fue más intenso. Sin embargo, desde este momento y hasta 1929
experimentaron un fuerte incremento, alcanzando tasas medias interanuales de 2.7%
(Duarte et al. 2014b). Para el caso de las importaciones de agua virtual, el cambio
composicional fue reducido hasta 1935 y los impactos sobre los recursos hídricos
externos se produjeron principalmente a través de productos tropicales que no se
producían en España dadas sus características climáticas y orográficas.
Figura 3: Evolución de los flujos de comercio de agua virtual verde de la agricultura
española, 1849-2010. Fuente: Elaboración propia a partir de Duarte et al. (2014b) y
Duarte et al. (2015).
Desde 1862 España fue exportador neto de agua azul principalmente por el fuerte
279
crecimiento de las exportaciones de productos hortofrutícolas (Figura 4). Por el contrario,
durante este periodo España destaca como importador neto de agua verde (Figura 3). En
términos generales, y dado el gran peso del agua verde sobre el total, puede decirse que
España tendió a externalizar las presiones sobre los recursos hídricos externos. Sin
embargo, y particularmente para el caso del agua azul, los impactos sobre los recursos
locales fueron muy destacables. Así, las exportaciones de agua azul suponían un elevado
porcentaje del agua total necesaria para la producción agraria española, que pasó del 5%
hacia 1860 al 16% en torno a 1930. Durante estos años aproximadamente el 31% del
crecimiento en el uso del uso de agua regulada de la agricultura fue debido al incremento
de las exportaciones (Duarte et al. 2014b).
El comienzo de la Guerra Civil española en 1936 y la posterior dictadura franquista
supusieron veinte años de aislamiento que implicaron pérdidas sustanciales en los
mercados internacionales y una recuperación muy lenta de los niveles de PIB per cápita
y producción agraria anteriores a la guerra. El Plan de Estabilización y Liberalización de
1959 supuso la apertura del país al exterior y la liberalización de los mercados interiores.
El crecimiento de las exportaciones agroalimentarias fue explosivo a una tasa de 5.3%
anual media entre 1959 y 1986. Este proceso aperturista tuvo su culminación en 1986,
con la incorporación a la Unión Europea. Como resultado, España se convirtió en uno de
los mayores exportadores de productos agroalimentarios en el mundo, siendo la UE el
principal destino de estos bienes. Durante estos años se produjeron cambios clave en la
composición de los flujos comerciales. Por el lado de las exportaciones, se dio un fuerte
crecimiento de las exportaciones de carne (cerdo principalmente) y producto lácteos. Por
el lado de las importaciones, destaca el auge de cereales, forrajes y tortas de semillas
oleaginosas, inputs necesarias para alimentar la cabaña de una industria ganadera que
estaba en proceso de desarrollo. La liberalización comercial de España desde 1960 y su
integración en la segunda ola de globalización, hizo aumentar los niveles de integración
en los mercados internacionales y como resultado se generaron crecientes intercambios
de bienes, servicios y factores productivos.
Desde la perspectiva del agua, durante estos años se produjo un crecimiento gradual de
las exportaciones e importaciones de agua virtual, especialmente intenso desde 1986
(entre el 70% y el 80% del crecimiento de estos intercambios de agua se produjeron desde
esta fecha). En este periodo las exportaciones de agua azul o regulada se sitúan en torno
a 30%-40% de las exportaciones totales. Según Duarte et al. (2016), las exportaciones de
280
agua virtual crecieron al 2.3% medio anual hasta 1985, disparándose hasta el 5.6% a partir
de la incorporación de España en la Comunidad Europea (ver Figuras 3 y 4). En términos
generales, las frutas y vegetales y los aceites alcanzaron más del 50% de las exportaciones
de agua, aunque hubo una pérdida de peso del vino y productos mediterráneos como los
anteriores en favor de la carne, lácteos y huevos (Duarte et al. 2016). Estos cambios en
los patrones de demanda estuvieron principalmente impulsados por la renta creciente
generada por la modernización económica del país. Así, la fuerte expansión comercial de
estos años fue el principal determinante del crecimiento de los flujos de agua de
exportaciones. Los cambios en la composición de los flujos, especialmente en el caso del
agua azul, y la mejora de los rendimientos agrarios contribuyeron a la moderación de las
presiones crecientes sobre los recursos hídricos domésticos (Duarte et al. 2016).
Figura 4: Evolución de los flujos de comercio de agua virtual azul de la agricultura
española, 1849-2010. Fuente: Elaboración propia a partir de Duarte et al. (2014b) y
Duarte et al. (2015).
Para el caso de las importaciones, el gran responsable de la presión española sobre los
recursos hídricos del resto del mundo fue, de nuevo, el creciente peso de España en el
sector exterior. Los cambios en la composición del agua incorporada a través de las
compras al exterior moderaron los impactos notablemente. España importaba agua de
forma creciente a través de forrajes usados para la ganadería intensiva. Además, el
cambio en el país de origen de las importaciones también supuso una considerable
contención en las presiones de España en los recursos hídricos del resto del mundo,
mayoritariamente azules. Antes de 1986 se importaba agua incorporada en bienes
281
procedentes de América. La adhesión a la Comunidad Europea, supuso fuertes vínculos
con los países vecinos que se convirtieron en importantes socios comerciales y en
proveedores de recursos hídricos. También se observaron reducciones en la intensidad
derivada de la mejora de los rendimientos que disminuyeron la presión sobre el agua
(Duarte et al. 2016).
Así con todo, España destacó desde 1960 como exportador neto de agua azul e importador
neto de agua verde (ver Figuras 3 y 4). La fuerte presión sobre los recursos regulados se
debió a la producción de bienes orientados a la exportación (frutas, vegetales y aceite de
oliva), sin embargo, fue posible ahorrar agua a través de la importación de productos
como café, té, especias o cacao que no podían cultivarse en España y principalmente
forrajes para el sector ganadero en expansión. Aunque en términos generales España fue
importador neto de agua (dado el elevado peso del componente verde), el saldo negativo
tendió a decrecer. En esta línea, si en
1965 las exportaciones de agua virtual
representaban aproximadamente un 4% del agua necesaria para la producción agraria
(cifras más bajas que en 1930 como resultado del efecto negativo de la depresión de los
años veinte, la guerra civil y la autarquía franquista), en la actualidad estos porcentajes
alcanzan valores cercanos al 30%. Cabe destacar que aproximadamente el 85% del
crecimiento de las necesidades de agua azul de la agricultura fue debido a los
requerimientos crecientes de la demanda exterior. Teniendo en cuenta el agua ahorrada a
través de las importaciones, esta cifra se sitúa en torno al 60%.
Por lo tanto, la incorporación creciente de España en los mercados internacionales como
gran exportador de productos agroalimentarios afectó profundamente al uso de recursos
hídricos domésticos en el largo plazo. Además, las importaciones de agua del resto del
mundo permitieron la provisión y consumo de productos cuyo cultivo no era posible en
España, y el ahorro de una ingente cantidad de recursos locales a través de forrajes y
cereales mayoritariamente.
Otros efectos medioambientales, económicos y sociales
Como hemos visto, el desarrollo del sector agrario español de la mano de la construcción
de embalses, pantanos, canales y otras infraestructuras de hidráulicas permitió la
provisión de agua en las principales cuencas españolas, reduciendo la variabilidad
espacial y temporal del recurso. Ello hizo posible la consolidación del regadío, el
crecimiento de la renta agraria y la expansión de la energía hidráulica imponiendo fuertes
282
presiones sobre el agua que hacen cuestionar la sostenibilidad del proceso. Además, es
importante tener en cuenta otros costes medioambientales, sociales y económicos
derivados de la modernización del sector agrario. En términos generales, el crecimiento
más intenso del regadío se dio en las regiones más secas, con ingentes inversiones donde
el agua era más escasa, implicando fuertes presiones tanto en los recursos hídricos
superficiales como subterráneos.
En términos medioambientales, además de las consecuencias sobre la dotación de agua
que hemos analizado, se generaron impactos importantes sobre los usos de la tierra, los
ecosistemas hídricos o la biodiversidad de las áreas afectadas (Cazcarro et al. 2015). El
agua verde, esencial para la producción del sistema agrario, no puede ser regulada pero
su consumo conlleva efectos significativos sobre el uso de la tierra (Fader et al. 2011). En
este sentido, según Jimenez-Blanco (1986), la superficie cultivada en España pasó de 16
millones de hectáreas (ha) en 1860 a 21.1 millones en 1972, descendiendo hasta 17.8
hacia 2005 (Martín-Retortillo y Pinilla 2015). Además, las afecciones sobre los
ecosistemas naturales fueron considerables. En la actualidad, el 3% de las hectáreas de
regadío en España están aquejadas de problemas de salinidad (FAO/IPGRI 1994;
European-Comission 2002; Amezketa 2008), llegando al 30% del área total en algunas
zonas como la cuenca del Ebro (Pinilla 2006). La sobreexplotación de los acuíferos,
especialmente en el sudeste del país, también supone un problema, con alrededor de
125,000 ha que deberían ser abandonadas (Oñate 2009). Por otra parte, más de 600,000
ha en España se encuentran en áreas vulnerables a la contaminación difusa (MAPA 2002;
Oñate 2009), siendo los impactos en la calidad del agua una de las amenazas para las
especies animales que habitan estos sistemas hídricos (ver Díaz et al. (1993) y Ibáñez et
al. (1999)). Finalmente, el deterioro de deltas y estuarios ha sido otra de las consecuencias
negativas de este proceso de desarrollo. Como ejemplo, la construcción de los embalses
de Mequinenza y Ribarroja supuso una reducción gradual de los sedimentos en el delta
de Ebro de 22 millones toneladas al año en 1940 a un flujo actual de 0.1 (Ibarra et al.
2008).
La gestión del agua en España fue un elemento fundamental de la política de desarrollo
económico. Como hemos visto, obtener agua para regadío implicó elevadas inversiones
de capital que fueron llevadas a cabo por el sector público en su mayor parte. Según
Cazcarro et al.(2015), el stock de capital real neto (medido en miles de euros constantes
de 2000) dedicado a infraestructuras hídricas y de regadío pasó de 2,448 millones de euros
283
en 1955 a 25,279 millones de euros en 2010, creciendo en media al 4.8% al año. Desde
los años sesenta hasta los noventa la infraestructura de regadío representaba en torno al
20% de la infraestructura total del país. Durante este periodo el valor monetario unitario
de estas infraestructuras pasó de 0.285 euros/m3 a 0.702 euros/m3. Además, la
distribución territorial del esfuerzo inversor en infraestructura hidráulica fue irregular,
con especial concentración en el sur y sudeste de España. En torno a 2010, las cuencas
centrales del Tajo, Guadiana y Duero suponían el 19.9%, 14.95% y 13.54% de la
capacidad total de embalse respectivamente. Las cuencas del Sur (Andaluzas,
Guadalquivir, Júcar y Segura) concentraban el 28.4%, la cuenca del Ebro el 13.5%, siendo
el resto explicado por las demás cuencas (SEPREM 2014).
Finalmente, la modernización de la agricultura también supuso costes sociales. Más de
400 pueblos desaparecieron en España debido a la construcción de embalses, siendo la
compensación de los afectados insuficiente en la mayoría de las ocasiones (ver Herranz
(1995) para el caso del pirineo aragonés). Ello conllevó disputas dentro de las cuencas
entre los partidarios de las infraestructuras hidráulicas y sus detractores como la gente
afectada en las zonas de montaña. Asimismo, el modelo de crecimiento en España
impulsó el desarrollo de sectores de alto valor añadido altamente intensivos en agua
(agricultura intensiva en regadío, industria agroalimentaria, turismo etc.) sembrando
conflictos entre cuencas. El agua ha sido utilizada como un elemento de debate en el
campo político y ha intensificado la separación entre disponibilidad natural y uso del
recurso. Sirva como ejemplo el conflicto entre Comunidades Autónomas derivado del
Plan Hidrológico Nacional que proponía un importante trasvase de agua del Ebro a la
cuencas mediterráneas (Arrojo 2001; Villaroya 2006).
Conclusiones
Los requerimientos crecientes de recursos hídricos derivados del aumento de la
producción agraria, principalmente impulsada por una sociedad en desarrollo y por la
integración de España en los mercados internacionales, han supuesto un importante reto
para la gestión del agua históricamente. La escasez del recurso fue clave para impulsar el
cambio tecnológico que permitió la explotación económica del agua en las zonas más
áridas de España, donde dadas sus características climáticas se impulsó un sector
altamente productivo y fuertemente orientado al exterior. Así, la modernización del sector
agrario español estuvo íntimamente ligada al desarrollo tecnológico de la época. Ello
284
permitió la creación de una importante red de infraestructuras hidráulicas, claves para el
desarrollo del regadío.
De 1860 a 1930 el uso de agua por el sector agrario español se duplicó. Durante este
periodo se produjo una importante expansión de la producción agraria junto a una
reorientación hacia bienes mediterráneos de alto valor añadido intensivos en agua. En este
contexto, el desarrollo del regadío de la mano de iniciativas privadas, pero también
financiado por capital público tras el impulso del regeneracionismo, jugó un papel crucial.
El crecimiento de la producción agraria española se vio frenado con la dictadura
franquista cuya política autárquica desincentivó la producción de ciertos bienes clave y
dificultó la importación de inputs necesarios para la modernización agraria. Tras la
apertura al exterior, la agricultura española pasó de ser un sector tradicional en el que la
producción estaba altamente condicionada a las características climáticas, a un sector
moderno integrado en las cadenas de producción con fuertes vínculos con la industria
agroalimentaria y competitivo en los mercados internacionales. Así, desde 1950 se
experimentaron los cambios más intensos en cuanto a expansión del regadío, de
composición de la producción y construcción de infraestructuras hidráulicas, que tuvieron
su auge durante la dictadura. Durante prácticamente la totalidad del periodo, España se
muestra como exportador neto de agua azul o regulada e importador neto de agua verde,
esto es, ejerciendo fuertes presiones sobre los recursos hídricos domésticos, pero también
sobre los del resto del mundo. A pesar de las importantes mejoras de los rendimientos
agrícolas, los cambios en los productos comerciados y las variaciones en los orígenes de
los productos, no pudieron compensar las fuertes presiones derivadas de la modernización
de la agricultura y la incorporación de España en los mercados internacionales.
El proceso de modernización permitió el crecimiento de la renta agraria, mejorar la
seguridad alimentaria e incrementar la productividad de la agricultura. Sin embargo,
conllevó importantes costes económicos e impactos medioambientales que deben ser
considerados para evaluar la sostenibilidad del proceso. La construcción de
infraestructuras hidráulicas financiadas en gran medida por el estado supuso elevado
costes económicos. En este sentido, ello no sólo derivó en importantes desembolsos de
dinero público, sino que también implicó una importante separación de los usuarios del
coste del desarrollo del regadío, así como de sus importantes impactos medioambientales
como salinidad, sobreexplotación o contaminación hídrica, entre otros. En la actualidad
España se encuentra entre los países con mayor superficie irrigada del mundo, más
285
ecosistemas hídricos amenazados y con una de las mayores huellas hídricas del planeta.
Por otra parte, el desarrollo de la agricultura intensiva implicó la reordenación de la
producción agraria de forma que las regiones más áridas se beneficiaron del agua
regulada, generando divergencias regionales significativas entre las áreas con mayores
dotaciones naturales de agua y aquellas con una elevada productividad agraria. Además,
se produjeron importantes impactos sociales como el desplazamiento de poblaciones
rurales u otros conflictos derivados del uso de agua como instrumento de política.
La historia nos muestra la necesidad de analizar los procesos de desarrollo desde una
doble perspectiva. El éxito de la modernización del sector agrario español no estuvo
exento de costes ambientales, económicos y sociales que necesitan ser estudiados. Así,
entender las interacciones socioeconómicas y evaluar las consecuencias del crecimiento
en el largo plazo parece necesario garantizar la sostenibilidad del crecimiento económico.
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