“Crianza” de lagunas

5
años
Información independiente desde América Latina y el Caribe para el mundo
ISSN 1563-2458
N° 5, OCTUBRE-DICIEMBRE, 2014. VOLUMEN 51
“Crianza” de lagunas
Indígenas en alto riesgo
de exterminio en
Colombia.
PÁG. 12
Solidaridad con
estudiantes desaparecidos
en México.
PÁG. 15
ASOCIACIÓN BARTOLOMÉ ARIPAYLLA (ARRIBA); ONIC(IZQ.); ORSETTA BELLANI (DER.)
Mediante faenas comunales, comunidad andina en el Perú crea
PÁG. 34
lagunas.
1
DENNIS DE LA CRUZ
ECUADOR
Reunión de la comunidad de San Marcos en casa de doña Julia, la única dejada en pie por empresa minera.
RECONSTRUIR LAS
COMUNIDADES: UNA
FORMA DE RESISTENCIA
Comunidades amazónicas
se amparan en derechos
constitucionales para recuperar
sus territorios concesionados a
mineras.
2
E
Luis Ángel Saavedra desde Quito
n Tundayme, parroquia asentada en la Cordillera
del Cóndor, en el sur amazónico del Ecuador,
las comunidades indígenas y campesinas han
decidido retomar los territorios de comunidades
abandonadas o desalojadas forzosamente, para así resistir
al avance de los megaproyectos mineros. Las primeras
acciones han sido exitosas, sin embargo se teme una
respuesta agresiva por parte del gobierno y las empresas
afectadas.
El 12 de mayo pasado, trabajadores de la empresa
minera EcuaCorriente (ECSA), escoltados por unos 50
policías, derribaron la iglesia y la escuela de la comunidad
de San Marcos, ubicada en Tundayme. Con la destrucción,
la transnacional minera creía haber logrado la desaparición
total de San Marcos o al menos eso parecía.
ECSA, perteneciente a la empresa china Railway
Construction Corporation y al grupo Tongling
Nonferrous Metals, firmó en marzo del 2012 con el
presidente Rafael Correa el contrato de concesión para la
explotación del proyecto Mirador, ubicado en la provincia
amazónica de Zamora Chinchipe, limítrofe con el Perú.
Con este contrato, ECSA accede a reservas de cobre
por 5 millardos de libras, procesará 60,000 TM diarias e
invertirá US$1.4 millardos en los primeros cinco años.
Por su parte, el Estado ecuatoriano recibiría un 52% de las
ganancias, en las que estará incluido el 12% del Impuesto
al Valor Agregado, el Impuesto a la Renta, utilidades y
regalías. ECSA ofreció entregar $100 millones como
regalías anticipadas, lo que aún no se ha concretado.
Desde hace más de 10 años ECSA, amparada en un
contrato de exploración, ha pretendido borrar del mapa a
la comunidad de San Marcos, conformada por indígenas
shuar y colonos campesinos. Para ello no han dudado en
desplazar a la población con engaños, compras forzadas
de tierra y, en el caso de quienes tenían sus tierras sin
título, simplemente desalojarlos.
De acuerdo a un informe de la Comisión Ecuménica
de Derechos Humanos (CEDHU), la propia empresa
reconoce que el procedimiento de adquisición de tierras
fue irregular.
“El Expediente de Negociación de Tierras Proyecto
Mirador, del 28 de enero del 2010, elaborado por un
ex gerente de Relaciones Comunitarias de la empresa
EcuaCorriente y el coordinador de las familias campesinas
afectadas, expresa que mientras en el año 2006 el
Gobierno Municipal de El Pangui evaluó la hectárea de
tierra en $1,000, la empresa negoció a $400 la hectárea
en unos casos y en otros a $3,000 la hectárea, provocando
malestar entre las familias”, asegura CEDHU, citando
informes de ECSA.
CONTENIDO
AMÉRICA LATINA
Por la sostenibilidad con justicia e igualdad
38
AMÉRICA LATINA/ EL CARIBE
Persiste vulnerabilidad de migrantes
Avances en lucha contra el hambre
Cumbre climática caliente
COP20: ¿Un fracaso más?
Capitales en fuga
18
33
36
40
43
BOLIVIA
Elecciones ratifican rumbo del
proceso de cambio
25
BRASIL
Sorpresivos resultados en primera vuelta
Rousseff enfrentará dificultades en
nuevo mandato
CHILE
Pueblo mapuche demanda respeto a
sus derechos
Hacia el fortalecimiento del movimiento
sindical
COLOMBIA
Indígenas recuperan territorios
Indígenas en alto riesgo de exterminio
“Nada está acordado hasta que todo
esté acordado”
27
30
10
19
06
12
28
ECUADOR
Reconstruir las comunidades: una forma de
resistencia
02
EL SALVADOR
El “Libro Amarillo” de las Fuerzas Armadas
16
MÉXICO
“Vivos se los llevaron, vivos los queremos”
Un sol apagado: La debacle del PRD
15
22
PERÚ
Cuando el petróleo es más importante que
la vida
Comunidad shipibo en Lima será desplazada
Corrupción como ideología política
“Crianza” de lagunas
05
08
23
34
URUGUAY
Presidencia se decidirá en segunda vuelta
32
“El milagro de San Marcos”
“Sólo quedó una casa en pie, la de doña Julia.
Ahí llevamos a [la estatua de] San Marcos. San
Marcos está ahí, como refugiado; en esa casa
dimos las primeras misas con el obispo de Zamora;
con eso empezó la historia de la recuperación del
territorio”, cuenta a Noticias Aliadas Luis Sánchez,
presidente de la Asociación Cóndor Mirador
(ASCOMI).
En efecto, lo que ahora los indígenas y
campesinos llaman “el milagro de San Marcos”,
empieza con la destrucción de la iglesia, pues ahí
se dieron cuenta que eso no habría sucedido si
hubiesen sido una comunidad indígena reconocida
y, como tal, sujeto de derechos colectivos.
Fe de erratas:
En la revista Nº 4, en la infografía de páginas 34-35 dice:
Soluciones para la justicia alimentaria. Debe decir: Soluciones
para la justicia climática.
NAinfo 1, 2, 3 y 4 sobre cambio climático en
www.noticiasaliadas.org
Para información de servicios y productos,
contactarse con Patricia Díaz, responsable de
Mercadeo: [email protected]
3
Con el apoyo de la Fundación Regional de Asesoría
en Derechos Humanos (INREDH), ASCOMI empezó
un proceso de autoreconocimiento como comunidad
shuar, cumpliendo todos los preceptos constitucionales
respecto a la autodefinición como pueblos indígenas
y considerando que todo el territorio concesionado a
ECSA es ancestralmente propiedad de la nacionalidad
shuar. Tanto los indígenas, como los campesinos colonos
acordaron poner sus fincas bajo un título colectivo.
“Así la empresa ya no podrá negociar por separado y
convencer a los más débiles; ahora deberá enfrentarse a la
comunidad y la comunidad le dirá ¡no!”, afirma Sánchez.
El 21 de agosto, el Consejo de Desarrollo de los
Pueblos y Nacionalidades del Ecuador (CODENPE)
emitió el documento con el cual se reconoce jurídicamente
a esta comunidad. De inmediato, el Gobierno Parroquial
de Tundayme firmó un acuerdo con el Prefecto del
Gobierno Provincial de Zamora Chinchipe, Salvador
Quishpe Lozano, para implementar un vivero agrícola
forestal y un huerto comunitario, como parte de un
sistema agropecuario, de reforestación y turismo.
“La agrodiversidad e interculturalidad es la base
de la soberanía alimentaria en la provincia, por eso me
alegra ser parte de esta tarea con el gobierno parroquial y
los productores, la gente está todos los días laborando y
hay que motivarla”, dijo Quishpe al firmar el acuerdo, el
pasado 16 de setiembre.
Con una minga comunitaria implementaron el
primer vivero junto a la casa de doña Julia y aspiran a
recuperar las tierras con siembras comunitarias. “Es el
primer milagro de San Marcos, luego vendrán otros
milagros, como la reconstrucción de la iglesia y la escuela”,
dice Sánchez.
Mientras tanto, ECSA se ha limitado a expresar “su
preocupación por la creación de viveros comunitarios”,
tal como lo ha hecho conocer a las autoridades locales.
Ahora los desalojos le serán más difíciles a la empresa
minera y en los próximos meses se verá si la estrategia de
los indígenas y campesinos da resultado y logran frenar
el avance de la transnacional minera o si esta, mediante
artilugios jurídicos, logra la autorización para desalojar
nuevamente a la comunidad.
Shuar recuperan su territorio
Al mismo tiempo, el 14 de agosto, la comunidad
shuar Numpaim, ubicada en la misma parroquia de
Tundayme, amparada en la Constitución que reconoce
la justicia indígena, resolvió que debía retomar la
posesión de su territorio ancestral, cedido a las mineras
de nombre “Patricia” y “Raúl Castro” y que operaban en
territorios concesionados a ECSA.
La operación de pequeñas y medianas mineras
en territorio concesionado a una transnacional es una
4
práctica frecuente, ya que con ello las grandes empresas
evitan enfrentarse directamente a las comunidades. Estas
pequeñas mineras, generalmente con capitales locales,
se asientan con el consentimiento de las comunidades y
luego se expanden a tal punto que ya no pueden frenar su
avance, pues las autoridades locales (alcaldes, tenientes
políticos, etc.) son proclives a los deseos de las mineras y
no a defender los derechos de sus poblaciones.
En el Ecuador está reconocida la competencia de la
justicia indígena para resolver toda clase de conflictos,
a excepción de aquellos que involucran la vida de las
personas. Amparados en ella y una vez que fracasaron
los múltiples trámites que la comunidad hizo para que
se revoquen las concesiones dadas en territorio shuar,
decidieron que su sistema de justicia comunitario
podía emitir una resolución encaminada a recuperar el
territorio ancestral.
Una vez emitida la resolución, la comunidad de
Numpain desalojó a las mineras y tomó posesión del
territorio. Informaron de su resolución, y de las bases
constitucionales de la misma, a todas las autoridades
locales, convirtiendo este hecho en un caso de debate
de competencias entre la justicia ordinaria y la justicia
indígena, lo que frenó una incursión militar que se
preparaba para recuperar el territorio concesionado a la
minera.
Mientras los militares mantienen rodeada a
Numpain y las autoridades mestizas locales no saben
cómo abordar el caso, los indígenas han tomado ya
varias resoluciones que involucran la devolución de
las maquinarias a sus dueños, la recuperación de la
flora en los sitios afectados y la reconstrucción de
la comunidad. Estas resoluciones han recibido el
respaldo de las organizaciones nacionales indígenas,
pues consideran que “es una recuperación legítima, no
violenta y amparada en el derecho indígena”, tal como
lo manifiesta un comunicado emitido el pasado 13 de
setiembre, por la Confederación de Nacionalidades
Indígenas del Ecuador (CONAIE) y la Asamblea de
los Pueblos del Sur.
Tanto San Marcos como Numpain, han hecho
uso de mecanismos creativos de resistencia y que
están garantizados en la Constitución del Ecuador,
lo cual ha tomado por sorpresa a las mineras y
a las autoridades. Se prevé una nueva etapa de
confrontaciones, pero esta vez los indígenas y
campesinos saben que tienen las cartas a su favor.
“Ahora no pueden responder con desalojos
violentos como lo hacían antes; ahora podemos
defender nuestros derechos ante la Corte
Constitucional, o ante instancias internacionales, y
ya no en lo local, donde las autoridades y los jueces
juegan a lo que mande ECSA”, asegura Sánchez.q
PERÚ
CUANDO EL PETRÓLEO
ES MÁS IMPORTANTE
QUE LA VIDA
Explotación petrolera deja
reguero de contaminación
y muerte en la Amazonia
peruana.
Cecilia Remón desde Lima
E
aguas de los ríos Marañón, Corrientes,
Pastaza y Tigre y en el bosque amazónico
está produciendo consecuencias fatales
para las poblaciones locales, en su mayoría de la etnia
kukama. Los responsables son conocidas empresas
petroleras, pero las autoridades peruanas se han
movido con gravísimo y culpable retardo. Desde hace
años las víctimas protestan contra la contaminación y
la violencia, pero el negocio del petróleo siempre ha
tenido la sartén por el mango.
“Pertenezco al grupo indígena kukama. Un
día mi papá salió a pescar. Al regreso sólo trajo
dos pescados. Mis hermanos y yo le preguntamos
qué había pasado, porque él siempre traía harto.
Recuerdo que dijo algo sobre derrames de petróleo
que están ensuciando el río. Nos dijo que por ese
motivo los peces están enfermos, que no podemos
comerlos. También nos dijo que no podíamos
bañarnos en el río porque si lo hacíamos nos íbamos
a enfermar. Le escribo para que haga algo, porque
somos niños que queremos vivir”.
Esta es la carta que escribió Alexander Ricopa
Fasabi, un niño de 9 años de la localidad kukama
de Santa Clara, en el departamento de Loreto,
a orillas del río Marañón, al presidente Ollanta
Humala y a su esposa Nadine Heredia, y que junto
con las de decenas de otros niños y niñas indígenas
MIGUEL ANGEL CADENAS
l vertido de residuos de petróleo en las
Comunidades indígenas, flora y fauna en peligro por
aguas contaminadas con derrame de petróleo.
quieren llamar la atención sobre la situación de su
comunidad.
La protesta de los menores ha sido un nuevo y
desesperado intento de los kukama para poder ser
escuchados por las autoridades políticas. La iniciativa
fue ideada por Miguel Ángel Cadenas y Manolo Berjón,
dos infatigables sacerdotes agustinos españoles que
viven entre los kukama en la localidad de Santa Rita de
Castilla, y que desde hace años luchan en cuerpo y alma
por los derechos vulnerados de ese pueblo. Desarrollan
sus acciones en estrecha colaboración con la Asociación
Cocama de Desarrollo y Conservación San Pablo de
Tipishca (ACODECOSPAT), que forma parte de la
organización Pueblos Indígenas Amazónicos Unidos
en Defensa de sus Territorios (PUINAMUDT).
5
Emergencia ambiental
La situación es insostenible: la contaminación
en el norte de la Amazonia peruana ha puesto en
peligro la vida material —pero también espiritual—
de las comunidades indígenas. Durante el 2013 se
declararon en emergencia ambiental, una tras la
otra, las cuencas de los ríos Pastaza, Corrientes
y Tigre. Por último, en mayo pasado, el gobierno
peruano declaró el estado de emergencia ambiental
y sanitaria también en la zona del bajo Marañón.
Todas estas son decisiones tomadas con vergonzoso
retardo respecto a los hechos, la magnitud de los
daños y las denuncias.
La explotación petrolera en esta parte de la
Amazonia peruana se inició en 1971. Un oleoducto
de más de 16 km atraviesa el bosque y territorios
Un oleoducto de
más de 16 km atraviesa
el bosque y territorios
indígenas transportando
cada día miles de barriles
de petróleo.
COLOMBIA
Indígenas recuperan territorios
Tribunal ordena la restitución a comunidad indígena de 50,000 Ha que se encontraban
concesionadas a empresas mineras.
E
n un fallo considerado histórico, la Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras del Tribunal Superior de
Medellín ordenó el 23 de setiembre la restitución de los
derechos territoriales de la etnia Embera Katio del resguardo de Río Andágueda, ubicado en el municipio de Bagadó,
en el occidental departamento del Chocó.
La decisión favorece a 1,454 familias indígenas, con
una población de 7,270 personas, que se vieron obligadas
a abandonar su territorio debido a la actividad minera,
reclutamiento forzado y amenazas de los grupos armados.
“Esta es la primera vez en el país y en el mundo que
una comunidad indígena amenazada de desaparición física
y cultural por efecto del conflicto armado y de los factores
subyacentes y vinculados al mismo, logra mediante un fallo
judicial el reconocimiento de los derechos fundamentales al
territorio, al gobierno propio y a la autodeterminación, entre
otros, los cuales están siendo vulnerados por situaciones
derivadas del abandono, confinamiento y despojo del
territorio ancestral a la comunidad Embera Katio”, dice un
comunicado de la Unidad de Restitución de Tierras (URT),
adscrita al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.
El proceso judicial se inició en febrero pasado con la
presentación de la demanda por la URT y que concluyó con
el fallo que dispone la salida de 11 empresas mineras que
extraen oro en esa zona del país.
El resguardo del Río Andágueda fue formalizado en
diciembre de 1979 ante el entonces Instituto Colombiano
de la Reforma Agraria (INCORA). Sin embargo, desde el 2008
el gobierno del expresidente Álvaro Uribe (2002-2010) inició
una intensa campaña de concesión de títulos mineros en
áreas que se superponían al resguardo, llegando a entregar
62% de las 55,000 Ha del territorio indígena.
6
Consulta previa
“Es un fallo sin precedentes en la historia del país
porque estas comunidades han sido victimizadas
durante muchos años y desgraciadamente no tenían
el mecanismo mediante el cual pudieran proteger sus
tierras”, dijo el director de la URT, Ricardo Sabogal. “Este
pronunciamiento es el primero, donde un juez de la
República ordena restituir un territorio a una comunidad
étnica que ha sufrido mucho”.
Sabogal agregó que “en esta zona, todos los males
del mundo se juntaron para afectar a esta comunidad: los
desplazó la violencia, luego llegó la minería criminal ilegal
y esto los obligó a estar fuera de sus territorios. Gracias a
esta sentencia, ellos van a poder regresar a sus tierras”.
El directivo precisó que en caso haya actividad
minera, ésta se realizará de acuerdo a ley.
“Si [las empresas] van a intervenir, tendrán que
hacer una consulta previa con la comunidad para que
ellos puedan participar en las decisiones que afectan a
su territorio. Llegó el momento de tomarnos los derechos
en serio, los derechos de las comunidades indígenas. Sus
territorios deben ser respetados y, para eso está la política
restitutiva y la Unidad de Restitución de Tierras”.
Además, la sentencia ordena a las instancias
nacionales,
departamentales
y
municipales
garantizar el retorno de la comunidad desplazada,
y a las autoridades mineras y ambientales elaborar
diagnósticos de cada uno de los proyectos de
explotación de bienes naturales dentro del resguardo,
a la vez que declara la nulidad de los títulos entregados
dentro del territorio indígena, y dispone rechazar las
solicitudes de nuevas concesiones mineras.— NA
indígenas transportando cada día miles de barriles
de petróleo. Como se trata de una estructura con
más de 40 años de antigüedad, ya muestra la señal
de los años: las tuberías están muy deterioradas y las
conexiones precarias. Si en un tiempo los derrames
de petróleo se producían en las inmediaciones de
los pozos de perforación, ahora son cada vez más
frecuentes y consistentes a lo largo del oleoducto.
Sólo en los últimos cinco años se han documentado
más de 100, de acuerdo con la Alianza Arkana,
organización internacional defensora de los pueblos
amazónicos.
Además de estas fugas de crudo, en los ríos se
producen derrames —eran la norma hasta al menos
el 2009— de las llamadas “aguas de producción”.
Se trata de aguas muy calientes (de 80º a 90º),
saladas y contaminadas con petróleo, metales
pesados (mercurio, cadmio, bario, plomo, arsénico,
etc.) y elementos radiactivos. Las consecuencias
de las fugas y derrames son devastadoras para la
flora, la fauna y las poblaciones. Expuestas a la
contaminación cotidiana, las personas contraen
enfermedades muy diversas, algunas graves o
mortales como tumores, insuficiencia renal y daños
al sistema nervioso.
Además de estas fugas
de crudo, en los ríos se
producen derrames —eran
la norma hasta al menos
el 2009— de las llamadas
“aguas de producción”. Se
trata de aguas muy calientes
(de 80º a 90º), saladas y
contaminadas con petróleo,
metales pesados (mercurio,
cadmio, bario, plomo,
arsénico, etc.) y elementos
radiactivos.
Empresa contaminadora
El responsable de todo esto es conocido: se
llama Pluspetrol Norte, empresa perteneciente
al grupo petrolero argentino Pluspetrol. Opera
en los lotes 1AB (explotado por la petrolera
estadounidense Occidental Petroleum hasta
el año 2000) y 8 (perteneciente a la estatal
Petroperú hasta 1996, y a su vez dividido en cinco
lotes separados más pequeños). Los lotes ocupan
las cuencas de los ríos Corrientes, Tigre, Pastaza
y Marañón y parte de la Reserva Nacional PacayaSamiria (lote 8X). Hoy en día, las aguas de estos
ríos están altamente contaminadas, así como vastos
territorios de la reserva. Algunos sitios incluso
han desaparecido, como la laguna Shanshococha,
que se encontraba en las inmediaciones del lote
1AB.
La empresa se defiende afirmando que las
fugas del oleoducto son causadas por actos de
sabotaje y vandalismo perpetrados por personas
pertenecientes a comunidades indígenas,
negando las condiciones desastrosas en que se
encuentran las tuberías. En cuanto a las “aguas de
producción”, desde hace algunos años —señala la
empresa petrolera— se reinyectan en el subsuelo.
Sin embargo, hay que recordar que desde hace
más de una década, Pluspetrol ha derramado en
cuatro ríos amazónicos —todos afluentes del río
Amazonas— hasta 1.1 millones de barriles de
agua de producción al día. Por último, la empresa
petrolera acusa a sus predecesoras Occidental
Petroleum y Petroperú de daños a los sitios
ambientales. Eso en parte es verdad, pero —
afirman las asociaciones indígenas— al hacerse
cargo de las concesiones Pluspetrol también ha
asumido la responsabilidad de reparar los daños
previos.
El temor más difundido es que la
contaminación sea demasiado grave y que,
para recuperar un mínimo de equilibrio en
el ecosistema, sean necesarias décadas, si no
generaciones. Mientras tanto, observan Cadenas y
Berjón, la comunidad kukama vive en la violencia,
tanto externa (enfrentamientos con el Estado y
las empresas), pero también interna (embriaguez,
violencia doméstica, suicidios).
“Trabajando en armonía con el medio
ambiente y la comunidad”, dice la propaganda
distribuida por Pluspetrol. Una broma que haría
sonrojar a cualquiera, pero no a la empresa
petrolera argentina y las autoridades políticas que
la han protegido hasta hace poco.q
7
PERÚ
COMUNIDAD SHIPIBO EN
LIMA SERÁ DESPLAZADA
MAIJA SUSARINA
Comunidad indígena
amazónica no ha
participado en toma de
decisión sobre traslado
debido a megaproyecto.
Maija Susarina*
L
Indígenas shipibo de Cantagallo plasman su cultura en las viviendas de su
comunidad.
a comunidad y asentamiento Cantagallo fue
fundado en el 2000 por inmigrantes indígenas
shipibo del departamento amazónico de Ucayali y
actualmente tiene unas 200 familias. Sus habitantes
viven en una zona precaria vecina al distrito del Rímac, uno
de los más peligrosos de Lima, la capital. Las viviendas
son en su mayoría sencillas construcciones de madera que
dejan pasar el frío y la humedad que pueden llevar a graves
problemas de salud. Debido a la falta de instalaciones
sanitarias, el agua corre libremente por las colinas de tierra,
atrayendo a las ratas y provocando accidentes. La violencia
doméstica en Cantagallo es común. Las mujeres y los
niños, que constituyen la mayoría de los habitantes, son
los más afectados y, de acuerdo con numerosas mujeres
de la comunidad, la policía no aparece cuando un delito es
reportado en este lugar.
La situación suena bastante mal pero hay un punto
crucial que pronto cambiará las vidas de los indígenas
shipibo de Cantagallo para bien. O para mal.
Hace algunos años fueron concluidos los planes para
la obra Vía Parque Rímac y en el 2009 se iniciaron los
trabajos de construcción de un parque para turistas y uso
recreacional que incluiría la zona de Cantagallo.
Actualmente, los alrededores de Cantagallo son
una gran área de construcción y cada día las excavadoras
se acercan más a las viviendas. Sin embargo, recién el
22 de setiembre pasado quedó claro que la comunidad
será trasladada. Durante su visita a Cantagallo ese día, la
alcaldesa Susana Villarán anunció que la reubicación será a
Campoy, en el distrito de San Juan de Lurigancho, que está
ubicado lejos del centro de la ciudad, podría ser importante
para las mujeres shipibo en lo que se refiere a la venta de sus
artesanías.
8
Peligros y oportunidades de la reubicación
El traslado de una comunidad conformada
principalmente por mujeres y niños a un distrito más
seguro podría llevar a un cambio positivo en la calidad de
vida de los migrantes. En Cantagallo, con frecuencia los
delincuentes llegan por las noches para violar a las mujeres
y robar las pertenencias de los habitantes sin temor a que la
policía llegue a esta parte de la ciudad. Esto constituye un
riesgo importante en las vidas de las mujeres. En San Juan
de Lurigancho, los shipibo no tendrán que temer por la
inseguridad, pero vivir allí significará horas de viaje al centro
de la ciudad y gastar más en transporte.
Con un manejo inteligente e innovador, el nuevo
asentamiento puede incluso ser convertido en una atracción
turística que muestre la cultura y las artesanías amazónicas,
enclavado en un estilo de vida urbano y moderno. Para
convertir un pequeño asentamiento en un punto de interés
para turistas y locales, el lugar debe ser seguro. Los planes
y talleres para promover la popularidad de Cantagallo a la
larga fracasaron debido al peligro existente en los distritos
que rodean el asentamiento.
Viviendas limpias y un sistema sanitario que funcione
mejorarían adicionalmente las condiciones de vida, lo cual
permitirá luchar contra la propagación de enfermedades y
fortalecer la salud de las personas, al igual que sus puestos
de trabajo, ya que no se enfermarían tan a menudo. El tema
no debe ser subestimado ya que es muy difícil que personas
que vienen de la Amazonia se adapten al clima específico de
Lima. Muchos shipibo apenas soportan el frío y la humedad
en el invierno y se enferman con frecuencia.
A pesar de las ventajas del reasentamiento, no deben
ser dejados de lado los posibles peligros. Por ejemplo, una
reubicación asimétrica podría perturbar el orden social
que existe en Cantagallo. Esto podría derivar en tensiones
entre los habitantes y una ruptura de relaciones específicas,
aunque esto podría tener también una influencia positiva
en la estructura social del asentamiento.
Se puede esperar que debido a la corrupción y
favoritismos, unos pocos habitantes podrían tener una
ubicación más favorable dejando atrás a los más marginados
de la comunidad. Los más afectados serían aquellos que
tienen menos influencia dentro de la comunidad, que por
lo general son madres solas, los jóvenes y los ancianos.
La ruta a Cantagallo
Los shipibo están acostumbrados a vivir en pequeñas
comunidades a lo largo del río Ucayali en medio del bosque
amazónico. Sus principales actividades han sido la pesca,
agricultura y elaboración de artesanías. Sin embargo,
desde el auge de la extracción de caucho entre 1880 y
1940, la agricultura de subsistencia se volvió mucho más
complicada. No sólo los pueblos indígenas tenían que
enfrentar la contaminación de sus ríos y deforestación
extrema, también la economía de mercado había ingresado
a la remota región de Ucayali y los bosques tuvieron que
ceder ante el café, la palma aceitera y otros cultivos rentables.
Conforme los habitantes indígenas de la Amazonia
se involucraban cada vez más en el mercado laboral,
nuevas necesidades aparecieron. La creciente pobreza y
discriminación fortalecieron el deseo de muchos indígenas
por educación para sus hijos. En consecuencia, muchos
hombres y mujeres shipibo (pero también de otros grupos
indígenas) migraron a las grandes ciudades en Ucayali para
encontrar trabajo que les permitiera mantener a sus familias
y pagar la educación de sus hijos.
Las mujeres que por lo general aprenden a temprana
edad a coser kené, el típico patrón geométrico shipibo, y
elaborar pendientes y otras artesanías tradicionales, viajaron
a las grandes ciudades como Pucallpa para vender sus
productos, pero esas grandes ciudades ya estaban invadidas
por los mercados de productos indígenas, mientras que los
turistas preferían viajar a otras partes del Perú.
Ante la necesidad de mantener a sus familias, algunos
hombres y mujeres shipibo decidieron probar suerte en la
capital y en el 2000 fundaron la comunidad y asentamiento
al que llamaron Cantagallo. Y desde entonces ha crecido.
A su arribo a Lima no había muchos lugares libres
para instalarse cerca del centro de la ciudad y por eso los
shipibo ocuparon una colina que había sido un basurero.
Se construyeron sencillas casas de madera y la comunidad
creció desarrollando sus propias estructuras sociales y
destacando sus orígenes amazónicos. En el 2008, Cantagallo
abrió su primera institución educativa intercultural y
bilingüe en shipibo y castellano.
El megaproyecto y la minoría
La reubicación ha sido tema de muchas negociaciones
y reuniones en los últimos años, aunque sólo ha circulado
información incompleta y difusa sobre el futuro distrito
donde se trasladarían y las viviendas. El único hecho era
que no había hechos. No había contratos, ni información
clara sobre la reinstalación del asentamiento. Los habitantes
sabían que tenían que mudarse pero no dónde, cuándo
ni cómo. No podían ejercer ninguna influencia sobre la
situación.
El megaproyecto Vía Parque Rímac es una inversión
de US$703 millones firmada en el 2009. A los shipibo de
Cantagallo les dijeron que podrían diseñar sus propias
viviendas y con ayuda de un arquitecto se elaboró un plano
preliminar del nuevo asentamiento con pequeñas casas para
las familias. Las viviendas estarían ubicadas a lo largo de una
línea representando el cuerpo de una serpiente anaconda,
con una plaza principal en la parte que corresponde a la
cabeza. La anaconda es un animal sagrado de la cultura
shipiba y construir un asentamiento de acuerdo con el
cuerpo de esta serpiente sólo expresaría su cosmovisión.
El proyecto fue desarrollado hace varios años y desde
entonces nadie ha llegado a consultar a los habitantes
de Cantagallo sobre sus futuras viviendas, únicamente
para anunciar algunas novedades sobre la reubicación. La
información con frecuencia era comunicada por personas
no identificadas, sin documentos o pruebas.
El anunciado traslado a San Juan de Lurigancho debe
realizarse de inmediato ya que no solamente el suelo debajo
de Cantagallo está siendo extraído por las excavadoras,
sino que a partir del 1 de enero del 2015 una nueva gestión
ingresará a la municipalidad. La alcaldesa Villarán perdió las
elecciones del 5 de octubre frente a Luis Castañeda Lossio,
quien gobernó Lima entre el 2003 y el 2010.
Los shipibo tienen poco control sobre la situación,
pero las cosas podrían cambiar. Los indígenas aseguran que
sólo cuando las casas en Campoy estén terminadas podrán
abandonar Cantagallo. Y hasta ahora no hay ninguna
vivienda construida.
Sin embargo, algunos integrantes de la comunidad
están muy optimistas: “Lo único que falta ahora es el título
de propiedad y entonces tendremos nuevas casas, nos
mudaremos allí y todo será mejor”, exclamó Olga Mori
Díaz, residente de Cantagallo.
El nuevo asentamiento podría llevar a una mayor
marginalización y vulnerabilidad social, o a una mejora,
dependiendo de cómo los funcionarios resuelvan este
asunto e involucren a la propia comunidad en decisiones,
por ejemplo, relacionadas con las viviendas. Entonces
los shipibo una vez más empacarán sus pertenencias
para trasladarse lejos del lugar que eligieron, desplazados
por personas que están sobre ellos económicamente,
simbólicamente o por la fuerza, tal como ha sido con
frecuencia en su historia reciente. No obstante, luego de
14 años en la gris Lima, el optimismo que han traído de
Ucayali todavía prevalece. q
*Maija Susarina es graduada en Antropología Social y Cultural por la Universidad Libre de Berlín y actualmente lleva estudios de maestría en
la misma universidad. Hizo su pasantía en Comunicaciones Aliadas durante el segundo semestre del 2013.
9
ASOCIACIÓN DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO MAPUCHE
CHILE
El arte al servicio de la causa mapuche se muestra en una puesta en escena del ballet juvenil de la comuna de Renaico.
PUEBLO MAPUCHE
DEMANDA RESPETO A SUS
DERECHOS
Representantes indígenas se niegan
a ser despojados de sus territorios.
Fernando Valdivia Antisolis desde Renaico
E
l municipio de Renaico, ubicado al sur de Chile,
fue escenario del Segundo Simposio Internacional
“Desarrollo Endógeno Mapuche”, encuentro de
representantes de ese pueblo que se reunieron bajo
el manto de la tristeza por el asesinato de José Quintriqueo,
un activista por la devolución de tierras de su comunidad,
Galvarino, acaecido el 1 de octubre en la localidad de
Ercilla. Junto a varios mapuche, Quintriqueo inspeccionaba
la laguna del Fundo Nilpe, ubicado a unos 5 km al sur de
10
Galvarino, cuando un tractorista de nombre José Cañete
Paredes, que al parecer recibía órdenes por radio, lo arrolló
dos veces con su máquina.
El simposio, llevado a cabo del 10 al 12 de octubre,
abordó tres grandes áreas temáticas: los mecanismos de la
institucionalidad actual mapuche; lengua y educación en la
sociedad y; desarrollo endógeno: hacia la autogestión.
En la primera jornada, diversos historiadores hicieron
un recuento de la forma en que el Estado chileno fue
apropiándose de las tierras, violando sistemáticamente los
acuerdos que se habían establecido, antes de y durante la
fundación de la República. Hernán Curiñir, presidente de
la Asociación de Investigación y Desarrollo Mapuche, la
entidad organizadora del evento, recordó que “inicialmente,
nuestras comunidades fueron avasalladas durante la
Colonia; sólo la resistencia obligó a los invasores a firmar
acuerdos que, posteriormente, fueron desconocidos por el
Estado de Chile”.
Después de la Guerra del Pacífico en 1879, en la
que fue derrotada la Alianza de Perú y Bolivia, las tropas
chilenas que retornaban del conflicto se encargaron de
invadir territorio mapuche, “para obligar a los pocos que
sobrevivieron a la masacre, a firmar acuerdos en los que nos
recortaban territorio pero nos reconocían comunidades
mediante los llamados ‘títulos de merced’, que a su vez
fueron desconocidos por el Estado en la actualidad. Esta
apropiación abusiva es conocida como la Pacificación de la
Araucanía por la historia oficial”, señaló Curiñir.
Como invitada de honor, participó en el simposio
Magdalena Cajías, cónsul general de Bolivia en Chile
—con rango de embajadora, dado que ambos países no
mantienen relaciones diplomáticas—, quien expresó
que las luchas mapuche “son similares a las que sostienen
nuestros pueblos indígenas y originarios en Bolivia”.
La representante diplomática boliviana fue objeto
de múltiples atenciones y recibió un diploma de
reconocimiento. Cajías expresó el deseo del gobierno
boliviano de que encuentros de esta naturaleza se
multipliquen “para hacer realidad la diplomacia de los
pueblos, que nos inculca el presidente [boliviano] Evo
Morales”, señaló.
El Buen Vivir
Por su parte, Fernando Huaiquil, alcalde de Galvarino,
quién exhibió la huincha roja alrededor de la cintura, una
forma simbólica del pueblo mapuche de anunciar que se
encuentra en pie de guerra, coincidió con otros expositores
en identificar a las grandes empresas madereras de la región
como las beneficiarias directas de la política de Estado
que les va quitando con subterfugios legales, una a una, las
tierras a las comunidades que se resisten a ser despojadas.
Hizo homenaje “al hermano Quintriqueo, uno más de los
muchos de los asesinados impunemente por las fuerzas
represoras que ejercen violencia extrema contra quienes se
atreven a protestar”, denunció.
Las experiencias de desarrollo endógeno mostraron la
amplia potencialidad para que las comunidades adopten
formas propias de vida, armonizadas con el Buen Vivir.
Abraham Araya, de la comunidad Araya Huiliñir, relató
que desde el pasado año ha tenido un sueño reiterado
que interpretó a la manera mapuche como un mensaje
de sus mayores: retornar a su comunidad y luchar por su
histórico derecho a la tierra. Y así lo hizo, dejando de lado
sus ocupaciones profesionales en Santiago. Informó de las
gestiones por recuperar 1,600 hectáreas en el marco de las
leyes del Estado chileno.
“Inicialmente, ya han fallado a nuestro favor. Deberían
indemnizarnos por toda la riqueza que ha sacado
últimamente la empresa maderera Forestal Mininco”,
señaló.
Como continuidad de los esfuerzos comunitarios, Araya
anunció la constitución de una cooperativa que “ofrezca
a la comunidad posibilidades y recursos para el desarrollo
endógeno, rescatando nuestras propias formas de
producción y generando nuevos empleos para la gente;
entre otros, la siembra de quinua y ají, además de un
parque eólico con administración comunal”.
Sobre lengua y educación, Jaime Quilaqueo, presidente
de la Asociación de Profesores de la IX Región, consideró
que “las condiciones estructurales de la educación
en Chile, actualmente privatizada y condenada a
favorecer a los ricos en detrimento de los pobres, son el
obstáculo número uno a vencer para que las propuestas
de educación intercultural bilingüe se transformen en
efectivas prácticas transculturales; es decir, que ambas
culturas puedan dialogar en similares condiciones”.
Educación y cultura mapuche
El poeta Leonel Lienlaf, a tiempo de recordar que
“pertenecemos al territorio”, criticó los esfuerzos
del Estado que, en el mejor de los casos, enseña
mapudungun, la lengua originaria mapuche,
para hablarla, pero no para reflexionarla. Hizo
mención a la cultura ancestral, afirmando que
“hay matemática, que explica nuestras eficientes
formas de intercambio; hay astronomía, que aún
asombra por su precisión desde la noche de los
tiempos; hay botánica mapuche, que investiga
y estudia el uso medicinal de las plantas; y así,
sucesivamente, se puede encontrar muchos
ejemplos”.
En el encuentro, el ballet municipal de Renaico
mostró en forma artística una escenificación
de la Conquista; el artista plástico Eugenio
Salas expuso cuadros de la mitología mapuche;
Lienlaf, considerado por el historiador Vicente
Painel como “el más alto exponente de la poesía
mapuche contemporánea”, emocionó a los
presentes con sus versos; en tanto que Huaiquil
anunció que, por primera vez en la historia
reciente, un municipio declara al mapudungun
como idioma oficial junto.
Huaiquil ejerce su autoridad de la mano de
la gente: el municipio apoya a más de 300
comunidades que quieren recuperar tierras. Y
advierte, mostrando su huincha ancestral, que ya
nada detendrá esta lucha.
“Debemos unirnos para cambiar la política del
país, para que se reconozcan nuestros derechos”,
dijo, una unidad que ya empieza a tomar forma
y cuerpo, basada en la participación comunitaria
que hizo posible este encuentro sin ningún tipo
de apoyo financiero externo.q
11
ONIC
COLOMBIA
Masivo entierro de líderes indígenas asesinados en noviembre en Toribío, departamento del Cauca, por las FARC.
INDÍGENAS EN ALTO
RIESGO DE EXTERMINIO
En menos de dos años, más de 40
indígenas han sido asesinados por
grupos armados.
Susan Abad desde Bogotá
L
a cifra es estremecedora. Más de 40 indígenas
han sido asesinados en el país entre el 2013
y lo que va del 2014, según denuncia la
Organización Nacional Indígena Indígena de
Colombia (ONIC).
“Han sido años complejos para las comunidades,
especialmente para las del departamento del Cauca,
donde se vive con intensidad el conflicto armado” dice
12
a Noticias Aliadas el consejero de la ONIC Juvenal
Arrieta.
Y es que, como reza el informe 2014 de la Consejería
de Derechos de los Pueblos Indígenas, Derechos
Humanos, Derecho Internacional Humanitario y Paz
de la ONIC: “Pese a las órdenes dadas por el Auto
004 de 2009 de la Corte Constitucional de Colombia,
frente a la protección de al menos 64 pueblos indígenas
en estado de alto riesgo de exterminio físico y cultural,
por causa del conflicto armado y del desplazamiento
forzado” las medidas de protección han sido ineficaces,
en especial en estos últimos años.
El documento precisa que en el 2013 el pueblo
indígena Paéz-Nasa fue el más afectado con 13
asesinatos, seguido del Awá de Nariño con ocho.
Luego el pueblo Emberá Chamí con cinco personas
asesinadas, el Embera Katío con dos, y el Zenú con
uno. En febrero del 2013, en el departamento de
Arauca una indígena embarazada del pueblo U´wa
quedó en medio de enfrentamientos entre la fuerza
pública y esta comunidad y perdió su bebé por el
efecto de los gases lacrimógenos. Las comunidades
indígenas de Arauca realizaban un paro cívico —con
bloqueo de carreteras— para exigir al gobierno y a las
multinacionales resarcir a la región el daño ambiental
por la explotación de hidrocarburos.
En lo que se refiere al 2014, el informe sostiene
que “el número de víctimas reportadas hasta el mes
de setiembre por este hecho [accionar de los actores
armados] son 10 personas, como consecuencia
de asesinatos selectivos de líderes y lideresas por
el accionar de fuerzas armadas, por lo cual, se ven
afectados el pueblo Nasa del departamento de Cauca
con tres personas, el pueblo Awá del departamento de
Nariño, con dos víctimas, el pueblo Emberá Chamí
con dos personas asesinadas, seguido del pueblo
Emberá Dobida con dos personas asesinadas y pueblo
Emberá Eyábida con una persona asesinada”.
“El número de víctimas
reportadas hasta el mes de
setiembre es de 10 personas,
como consecuencia de
asesinatos selectivos
de líderes y lideresas
por el accionar de fuerzas
armadas”.
— ORGANIZACIÓN NACIONAL
INDÍGENA DE COLOMBIA (ONIC).
SIGUE >
notasbreves
• En el Día Internacional de la Mujer Rural, el 15
de octubre, la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos (CIDH) exhortó a los países de América
Latina y el Caribe la importancia de garantizar el
ejercicio pleno de los derechos civiles, políticos,
económicos, sociales y culturales de las mujeres
campesinas. La CIDH llamó la atención sobre las
condiciones de pobreza y marginación que viven las
mujeres en las zonas rurales, sin acceso a recursos
económicos ni servicios sociales básicos. Según
la Organización de las Naciones Unidas para la
Alimentación y la Agricultura (FAO), sólo 30% de las
mujeres rurales tienen la titularidad de sus tierras.
• Alrededor de 12.5 millones de niños y niñas
trabajan en América Latina y el Caribe y de ellos 9.5
millones tienen empleos considerados peligrosos,
calcula la Organización Internacional del Trabajo
(OIT). Con el objetivo de erradicar totalmente el
trabajo infantil para el 2020, 25 países de la región
firmaron el 15 de octubre la “Iniciativa Regional
América Latina y el Caribe Libre de Trabajo Infantil”
en la que se comprometieron además a eliminar
las peores formas de explotación para el 2016. Sin
embargo, la OIT alertó sobre un estancamiento en
la reducción del trabajo infantil que no permitiría
alcanzar las metas propuestas.
• El Consejo de Seguridad de las Naciones
Unidas extendió el 14 de octubre la permanencia de
la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas
para Haití (MINUSTAH) hasta el 2015, aunque
con una reducción del personal militar de 5,100
a 2,400. Sin embargo, se sumarán 200 efectivos
policiales a los 2,600 que existen actualmente. El
objetivo de la decisión es mantener la presencia
de la MINUSTAH cuando se celebren elecciones
legislativas y presidenciales durante el próximo
año. La MINUSTAH llegó a Haití en el 2004 tras el
derrocamiento del gobierno del presidente JeanBertrand Aristide (1991, 1994-96 y 2001-2004).
• Nueve periodistas han sido asesinados en
México entre enero y setiembre del 2014, según
un estudio divulgado el 7 de octubre por la
Federación Latinoamericana de Periodistas (FELAP)
y la Federación de Asociaciones de Periodistas
Mexicanos (FAPERME). Además, desde el 2000, se
han producido 138 homicidios de trabajadores
de la prensa y 21 se encuentran desaparecidos. El
caso más reciente ocurrió el 11 de octubre, cuando
Atilano Román Tirado, conductor de radio Fiesta
Mexicana, en Mazatlán, estado noroccidental de
Sinaloa, fue acribillado cuando transmitía en directo
su programa semanal desde el que frecuentemente
criticaba a las autoridades locales.
• La muerte el 11 de octubre de Loranny Medina,
de 20 años y madre de dos niños, a manos de su
pareja debido a que se oponía a que ella estudie, ha
puesto sobre el tapete la situación de los feminicidios
en República Dominicana. Entre el 2000 y el 2013,
según cifras de la Policía Nacional, 2,296 mujeres
han sido asesinadas por sus parejas en el país, por
lo que 7,480 niños y niñas han quedado huérfanos
de madre. Sólo en el primer trimestre de este año 87
mujeres han sido víctimas de feminicidio, informó la
Procuraduría General de la República.
13
Acusaciones infundadas
“En esta lista no se encuentran los compañeros
Manuel Antonio Tumiña Gembuel y Daniel Coicue
Julicue, asesinados el 5 de noviembre pasado por
las FARC [Fuerzas Armadas Revolucionarias de
Colombia] en Toribío, cuando trataban de impedir
que la guerrilla colocara su propaganda en sus
territorios”, informa a Noticias Aliadas el consejero
mayor del Consejo Regional Indígena del Cauca
(CRIC), Eduardo Camayo.
Las razones de estas muertes “a manos de
los diversos actores armados que se entrelazan
en este conflicto” son, según el consejero Arrieta,
“señalamientos infundados, negarse a colaborar con
los grupos armados presentes en sus territorios, ser
señalados de colaborar con alguno de los actores
armados o denunciar violaciones a los derechos
humanos en los territorios”. El dirigente asegura que
sus compañeros “no sólo son víctimas de los grupos
ilegales, sino también de las mismas fuerzas militares.
Dependiendo de la región, somos víctimas de las
guerrillas, bacrim [bandas criminales conformadas
por ex paramilitares], narcotráfico. Depende del
actor que domine la región”.
Añade que es igualmente alarmante “el alto grado
de impunidad” en que quedan estos delitos: “alrededor
del 85% de estos asesinatos quedan en investigación,
sin llegar a ser esclarecidos”. La preocupación crece
cuando “a pesar de que la información se hace con
trabajo en terreno, con denuncias, con registros
presentados por las organizaciones indígenas en las
regiones, por datos de la Defensoría del Pueblo y de
instituciones que registran la violación de derechos
humanos, se mantiene un sub registro [de estos
ataques] muy alto. Las causas serían la amenaza y
presión que sufren los indígenas por parte de sus
victimarios para que no denuncien, o casos muy
alejados en frontera o selváticos, donde hay una
limitante no solo geográfica, sino lingüística para
denunciar”, indica Arrieta.
“Paralelo a esta vulneración, se presentaron
afectaciones que atentan contra la vida e integridad
física de nuestros compañeros, líderes y lideresas
indígenas, entre esos siendo el más afectado el pueblo
Nasa con un reporte de nueve personas protegidas
[por convenios internacionales de
Derecho
Humanitario] víctimas de heridas intencionales,
seguidamente el pueblo Wounaan con una persona
herida, el pueblo Awá con un atentado a persona
protegida. El pueblo Wiwa reporta una persona por
intento de homicidio a persona protegida, igual que
el pueblo Emberá Chamí con una persona”, denuncia
la ONIC.
14
“Alrededor
del 85% de estos
asesinatos quedan en
investigación, sin llegar a
ser esclarecidos”.
— EDUARDO CAMAYO
Miles de desplazados
Además, el organismo informa que “en el orden
regional y también nacional se ha registrado cerca de
3,000 indígenas desplazados en los departamentos de
Putumayo, Nariño y Cauca, que son regiones donde
está concentrado el conflicto armado”.
Y aunque las autoridades tradicionales reconocen
la histórica presencia de los grupos insurgentes en
varios de sus territorios, “eso no quiere decir que sean
los dueños de estos territorios”, dice Camayo.
Tras los últimos asesinatos en Toribío, el CRIC
demandó a las FARC “que asuman su responsabilidad
política y social frente a lo que viene sucediendo”
y al gobierno que “permita que una delegación del
movimiento indígena se desplace de manera inmediata
a La Habana para hablar de la situación que atraviesa
los indígenas. Para que escuchen cuáles son nuestras
propuestas para la paz”.
El defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora,
manifestó a Noticias Aliadas la necesidad de fortalecer
las medidas de protección de las comunidades
indígenas y afrocolombianas. Asimismo, apoyó la
iniciativa de reforzar la presencia de indígenas entre
las víctimas que participan en los diálogos de paz que
el gobierno mantiene con las FARC desde hace dos
años en La Habana.
“Si es necesario insistir para que se lleve a un
indígena que lleve el clamor y las solicitudes que se le
deben plantear a los negociadores, bienvenida sea esa
decisión” dijo. Pidió a los negociadores del gobierno
y de la guerrilla en Cuba que “desde la mesa de
diálogos se exija el respeto al Derecho Internacional
Humanitario, pues negociar en medio del conflicto no
implica involucrar a la población civil”. q
MÉXICO
“VIVOS SE LOS
LLEVARON, VIVOS LOS
QUEREMOS”
Orsetta Bellani desde Chiapas
ORSETTA BELLANI
Gobierno no da
pistas para encontrar
paradero de 43
estudiantes normalistas
desaparecidos tras
ataque de policía
municipal.
Marcha de zapatistas en solidaridad con estudiantes desaparecidos
E
n México, las escuelas normales rurales son
institutos pedagógicos donde los hijos de
agricultores pobres estudian para ser maestros
de las nuevas generaciones de campesinos.
Hay sólo 15 en todo el país y son reconocidas por el
compromiso social y político de sus alumnos, pero
para el gobierno son un criadero de guerrilleros.
El pasado 26 de setiembre un grupo de normalistas
de la localidad de Ayotzinapa, en el estado suroccidental
de Guerrero, estaban recaudando fondos en la cercana
Iguala para poder viajar a la Ciudad de México a la
conmemoración del aniversario de la matanza de
estudiantes en Tlatelolco ocurrida el 2 de octubre de
1968.
De regreso a su pueblo, los normalistas ocuparon
tres autobuses y fueron víctimas de un ataque de la
policía municipal, que disparó en su contra. En seguida
llegó un grupo de civiles equipados con armas en
apoyo a la policía local, que a su vez disparó. El saldo
de la agresión fue de seis personas muertas, 25 heridas
y 43 estudiantes desaparecidos, dos de ellos fueron
secuestrados a pocos metros de una instalación militar,
sin que nadie interviniera.
“Por fin se pone orden”, tituló el día siguiente el
Diario de Guerrero.
Fiscalía acusa a responsables
Inicialmente abundaban las especulaciones sobre
lo ocurrido en Iguala, entre ellas estaba la versión que
cuando los estudiantes ocuparon los autobuses se
encontraban cerca de un acto público donde María
de los Ángeles Pineda, esposa del alcalde de Iguala,
José Luis Abarca, estaba presentando un informe de
actividad como titular del Sistema Nacional para el
Desarrollo Integral de la Familia (DIF) del municipio.
Por temor a que los normalistas se acercaran a
la plaza y pifiaran a su esposa, el alcalde —quien
ahora se encuentra detenido— ordenó a su jefe de
seguridad “que los persiguieran, detuvieran y dieran
El alcalde
[ José Luis Abarca]
—quien ahora se
encuentra detenido—
ordenó a su jefe
de seguridad “que
los persiguieran,
detuvieran y dieran un
escarmiento”.
15
un escarmiento”. Según la Procuraduría General de la
República (PGR), el matrimonio es cercano al cártel
del narcotráfico de los hermanos Beltrán Leyva.
Esta versión fue confirmada por la Fiscalía General
de México que el 22 de octubre acusó al alcalde Abarca
—quien el 17 de octubre fue separado de su cargo por
el Congreso del estado de Guerrero—, y su esposa,
como presuntos autores intelectuales de los hechos al
haber ordenado a la policía municipal que atacara a los
estudiantes. La Fiscalía también responsabilizó de los
hechos a Felipe Flores, jefe de la Policía Municipal, y
ha pedido orden de detención contra Abarca, Pineda
y Flores.
“Asumieron que el grupo que se aproximaba se
dirigía a sabotear la celebración que se realizaba en
esos momentos por la esposa del alcalde, María de los
Ángeles Pineda, con motivo de su informe de actividad
[como titular del DIF, el organismo encargado
del bienestar de la infancia y la familia]”, indicó el
procurador general Jesús Murillo Karam.
Según la
Procuraduría General
de la República (PGR),
el matrimonio es cercano
al cártel del narcotráfico
de los hermanos Beltrán
Leyva.
EL SALVADOR
El “Libro Amarillo” de las Fuerzas Armadas
Documento confidencial del alto mando militar revela persecución contra opositores al gobierno
durante conflicto armado.
L
os nombres, apodos e imágenes de 1,975 personas
catalogadas como“terroristas delincuentes”, fueron incluidos
en un informe de 270 páginas elaborado en julio de 1987
por el Ejército salvadoreño. La existencia de este documento,
llamado “Libro Amarillo”, fue revelada el 28 de setiembre
por el National Security Archive (NSA) y el Center for Human
Richts, pertenecientes a la Universidad de Washington, y el no
gubernamental Human Rights Data Analysis Group.
“Es el primer documento militar confidencial salvadoreño
en hacerse público”, dice un boletín electrónico del NSA.
“Además, es la única prueba proveniente de los propios archivos
del Ejército salvadoreño sobre los métodos de vigilancia
utilizados por las fuerzas de seguridad y dirigidos a ciudadanos
salvadoreños durante la guerra civil que duró 12 años”.
El “Libro Amarillo”, preparado por el Departamento de
Inteligencia del Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada
Salvadoreña, consiste en una lista sistemática de 1,915 registros,
de los cuales 1,857 corresponden a personas identificadas con
nombre y fotografía y su supuesto vínculo con organizaciones
consideradas sospechosas por los militares, tales como
sindicatos, partidos políticos y el entonces guerrillero Frente
Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN).
Una nota escrita a mano en la portada del texto, ordenando
“que lo usen” y “sacar fotocopias de las fotografías y ponerlo en
boletinero para que conozcan a sus enemigos”, indica que el
objetivo era ayudar a las fuerzas de seguridad a identificar a la
oposición.
Ley de Amnistía
El conflicto armado que se desarrolló en El Salvador entre
1980 y 1992, que enfrentó a las Fuerzas Armadas con el FMLN,
dejó alrededor de 75,000 muertos y 8,000 desaparecidos. Tras
la firma de los Acuerdos de Paz se creó la Comisión de la Verdad
para investigar las graves violaciones a los derechos humanos
16
cometidas en esos años y ambas partes se comprometieron a
respetar sus recomendaciones. No obstante, la aprobación de
la Ley de Amnistía por parte de la Asamblea Nacional cerró la
posibilidad de juzgar los crímenes de guerra.
La publicación del “Libro Amarillo” —junto con un análisis
de su contenido y documentos estadounidenses relacionados
a los cuales se les ha levantado el secreto oficial— pone en
evidencia que numerosas personas mencionadas en el texto
resultaron muertas o desaparecidas, y otras capturadas,
torturadas y puestas en libertad.
“Los investigadores [estadounidenses] cruzaron los
nombres listados en el ‘Libro Amarillo’ con cuatro bases de
datos históricos de reportes de violaciones de derechos
humanos recogidos durante el periodo 1980-1992. Este proceso
halló 273 de los nombres del ‘Libro Amarillo’, equivalente a
15%, emparejados con reportes de muertes o ejecuciones
extrajudiciales; 233 o 13% emparejados con reportes de
desaparición forzada; 274 o 15% emparejados con reportes de
tortura; y 538 o 29% con reportes de detenciones o arrestos.
Un total de aproximadamente 43% de los nombres incluidos
dentro del Libro amarillo corresponden con estas bases de
datos históricos”, explica el NSA.
“La aparición del ‘Libro Amarillo’ representa un desafío
a años de tácticas obstruccionistas por parte del Ejército y
las fuerzas de seguridad de El Salvador respecto a su papel
en la sangrienta guerra civil”, señala el NSA. “La negativa del
gobierno salvadoreño a divulgar sus documentos oficiales fue
particularmente frustrante para la Comisión de la Verdad. Si bien
la comisión tuvo acceso a testimonios de sobrevivientes, pruebas
obtenidas de exhumaciones, informes publicados sobre
derechos humanos, y miles de documentos estadounidenses
a los cuales se les ha levantado el secreto oficial, sus repetidas
solicitudes de acceso a los archivos estatales han sido ignoradas
por el gobierno salvadoreño”.— NA
Dos integrantes del cártel del narcotráfico
Guerreros Unidos —escisión del cártel de los Beltrán
Leyva— confesaron el 6 de octubre que la noche del
ataque la policía municipal les entregó 17 estudiantes
a quienes ejecutaron, quemaron y enterraron en una
fosa común. De los demás 26 desaparecidos no hay
ninguna noticia. Por lo pronto, han sido detenidos 36
policías y 17 integrantes del cartel, entre ellos su líder
Sidronio Casarrubias Salgado.
Buenas relaciones con la mafia
De acuerdo al libro El Cartel de Sinaloa. Una historia
del uso político del narco, de Diego Osorno, en los años
70 el capo del tráfico de drogas Alberto Sicilia Falcón
y un grupo de mandos militares llevaron a Guerrero la
siembra de cultivos ilícitos, y las autoridades locales
siempre fueron complacientes.
Los normalistas de Ayotzinapa habrían sido
víctimas de las buenas relaciones entre mafia, política y
militares que hace cuadro décadas instalaron las bases
de la impunidad, convirtiendo a Guerrero en un estado
sumamente coludido con los cárteles criminales.
“Lo que el gobierno quiere conseguir con esta
agresión es asustarnos, y frente al horror que cometió
lo mínimo que podemos hacer es salir a la calle a
manifestar, en lugar de quedarnos paralizados por
el miedo”, dijo a Noticias Aliadas un manifestante
que prefirió quedar anónimo, y que participó en una
movilización organizada en San Cristóbal de Las
Casas, Chiapas, el 8 de octubre pasado.
Aquel día, más de 60 ciudades de todo el mundo
se movilizaron para pedir justicia para los estudiantes
de Ayotzinapa. En San Cristóbal de Las Casas, 20,000
zapatistas marcharon en filas ordenadas atravesando
en silencio el centro de la ciudad colonial, enseñando
pancartas que decían “su rabia también es la nuestra”,
“su dolor es nuestro dolor”, “no están sol@s”. El Ejército
Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) se sumó
también a la convocatoria de movilización nacional
en solidaridad con los estudiantes desaparecidos y sus
familias del 22 de octubre.
Operaciones de búsqueda
A un mes de la desaparición de los 43 estudiantes,
nada se sabe sobre su paradero. Ante la inacción
gubernamental, el 13 de octubre encapuchados
prendieron fuego a la sede del gobierno de Guerrero,
en Chilpancingo, capital del estado, y dejaron escrito en
una pared: “Vivos se los llevaron, vivos los queremos”.
El 4 de octubre se encontraron cinco fosas
comunes cerca de Iguala con 28 cuerpos. Peritos
oficiales afirmaron que no pertenecían a los estudiantes,
mientras que el independiente Equipo Argentino de
Antropología Forense (EAAF) dijo que no tienen aún
los resultados de sus investigaciones.
Conforme avanzan las operaciones de búsqueda
se ha multiplicado el hallazgo de fosas clandestinas.
Al momento se han hallado 19 y casi cada día se
encuentran nuevas. ¿A quiénes pertenecen todos estos
restos?
“El padre [Alejandro] Solalinde, director del
albergue para migrantes ‘Hermanos en el Camino’,
define de forma contundente este país: es una gran
fosa común”, comenta a Noticias Aliadas el escritor
y periodista independiente mexicano Gaspar
Morquecho Escamilla. “En particular, el estado de
Guerrero tiene una larga historia de violencia. Hace
poco descubrieron lugares donde fueron enterrados
guerrilleros de la década de los 70; fue una práctica
común desaparecerlos, asesinarlos y enterrar
clandestinamente sus cuerpos”.
La Comisión Interamericana de Derechos
Humanos (CIDH), exigió al Estado mexicano adoptar
de forma inmediata “todas las medidas necesarias para
encontrar a aquellas personas cuyo destino aún se
desconoce” y emprender “una investigación pronta,
objetiva e imparcial sobre los hechos ocurridos en
Iguala”.
“La investigación debe esclarecer las causas
que condujeron a estos graves hechos de violencia,
identificar y sancionar a los autores materiales e
intelectuales; así como satisfacer las expectativas de
justicia de las víctimas y sus familiares”, señaló la CIDH.
“De igual forma, la Comisión considera fundamental
adoptar las medidas necesarias para proteger a aquellos
estudiantes que sobrevivieron a estos ataques, así
como a los familiares de las víctimas de estos hechos,
y de sus representantes. Asimismo, el Estado debe
adoptar todas aquellas medidas legales, institucionales
y administrativas que sean necesarias para asegurar la
no repetición de hechos similares”. q
“Lo que el gobierno
quiere conseguir con esta
agresión es asustarnos, y
frente al horror que cometió
lo mínimo que podemos
hacer es salir a la calle
a manifestar, en lugar de
quedarnos paralizados por
el miedo”.
— MANIFESTANTE QUE PIDIO EL
ANONIMATO
17
AMÉRICA LATINA/EL CARIBE
Noticias Aliadas
Persiste vulnerabilidad de migrantes
Apertura económica estimula la migración pero países receptores ponen grandes
barreras a permanencia de extranjeros.
A
lrededor de 28.5 millones de latinoamericanos y caribeños,
el 4% de los 703.4 millones de habitantes de la región, viven
en países distintos a los de su nacimiento, reveló el estudio
“Tendencias y patrones de la migración latinoamericana y caribeña
hacia 2010 y desafíos para una agenda regional”, publicado el 11
de noviembre por la Comisión Económica para América Latina y el
Caribe (CEPAL).
EEUU, con 20.8% de emigrantes latinoamericanos y caribeños
(70% del total), ocupa el primer lugar entre los países receptores,
seguido por España con 2.4 millones, señala el documento, que
examina las tendencias migratorias en la región. Asimismo, estima
la población inmigrante en la región en 7.6 millones de personas
(1.1% de la población total), en su mayoría nacidas en otras naciones
de América Latina y el Caribe (migración intrarregional).
“Los flujos migratorios intrarregionales aumentaron a un
ritmo anual de cerca de 3.5% entre 2000 y 2010, lo que muestra
una tendencia a la aceleración respecto a los 20 años anteriores,
cuando creció a tasas en torno a 1%. Argentina, Venezuela, Costa
Rica y República Dominicana concentran el mayor número de esos
migrantes”, indica el estudio.
Una de las paradojas que destaca la CEPAL es que “en un
mundo más interconectado que nunca, y cuando los flujos
financieros, de información y comerciales se liberalizan, la movilidad
de las personas se ve fuertemente estimulada pero, a su vez,
enfrenta importantes barreras que intentan restringirla, poniendo
de manifiesto que la globalización es asimétrica y que profundiza
las desigualdades en los niveles de desarrollo”.
La crisis económica del 2008 puso en evidencia la
desprotección de los trabajadores migrantes, quienes fueron los
más perjudicados con la pérdida de empleos y reducciones de
salarios. Para evitar afectar el envío de remesas, muchos trabajadores
optaron por segundos empleos, en vez de un posible retorno a sus
países de origen.
Si bien los Estados reconocen y adscriben los instrumentos
internacionales sobre derechos humanos, incluyendo a la
movilización, esos mismos Estados regulan el ingreso y presencia
de extranjeros en sus territorios, con una tendencia a exacerbar la
seguridad y la selectividad, fortaleciendo sus fronteras y haciendo
más difíciles los requisitos para la entrada y permanencia.
“Aunque las barreras a la migración internacional se han
endurecido en los principales destinos migratorios extrarregionales,
y en ocasiones en algunos intrarregionales, esto no ha sido
impedimento para que la migración continúe. Muchas personas
siguen migrando, pero con menos derechos y en peores
condiciones, tornándose una población altamente vulnerable”,
sostiene el informe.
En este sentido, la CEPAL recomendó la construcción de una
agenda que incluya la migración en las estrategias de desarrollo
posteriores al 2015 y la elaboración de planes regionales para
aprovechar los beneficios de los procesos migratorios. Igualmente,
avanzar en el diálogo y cooperación internacional sobre migración,
derechos humanos y desarrollo en los foros internacionales, y
muy especialmente “en la protección de los derechos de todas
las personas migrantes, prestando atención a la niñez migrante
en general, los jóvenes, las mujeres, los trabajadores de menores
calificaciones, las personas que se desplazan en situación irregular y
las que lo hacen forzadamente buscando refugio”. q
18
AMÉRICA LATINA/EL CARIBE
Emigración e inmigración como porcentaje
de la población total (alrededor del 2010)
País
Emigración
Guyana
49.2
1.5
Jamaica
29.4
1.1
El Salvador
22.9
0.7
Trinidad y Tobago
22.4
2.6
Santa Lucía
12.4
5.9
Nicaragua
11.7
0.6
Cuba
11.6
0.1
Rep. Dominicana
11.3
4.2
México
10.6
0.9
Paraguay
10.6
2.5
Haití
9.8
0.3
Honduras
8.0
0.3
Uruguay
7.4
2.3
Bárbados
7.0
10.9
Ecuador
6.9
1.3
Bolivia
6.8
1.3
Guatemala
6.4
0.4
Colombia
4.8
0.3
Panamá
3.7
3.5
Perú
3.6
0.2
Costa Rica
2.6
9.0
Chile
2.5
1.9
Belice
1.9
15.0
Argentina
1.8
4.5
Veneuela
1.6
4.2
Surinam
0.7
7.5
Brasil
0.5
0.3
Fuente: CEPAL
Inmigración
LEANDRO TORCHIO OLIVARES
CHILE
El fin del subcontrato es una de las principales demandas de los trabajadores sindicalizados.
HACIA EL FORTALECIMIENTO
DEL MOVIMIENTO SINDICAL
Taller sindical impulsa la
organización de los trabajadores
para defender sus derechos
laborales.
Arnaldo Pérez Guerra desde Santiago
A
través del taller sindical La Clase, jóvenes
trabajadores y profesionales ligados al ámbito
laboral, buscan aportar a la reconstrucción
del movimiento sindical, como parte del
movimiento popular, tomando las herramientas de la
educación popular para “autoformarnos como clase
trabajadora”, retomando la tradición obrera que dio
origen al sindicalismo en Chile.
“Comenzamos el taller sindical La Clase en
marzo del 2013, realizando escuelas de formación
a trabajadores sindicalizados, con el objetivo de
desarrollar conciencia de clase y generar la necesidad
de la organización. Debido al auge que ha tenido el
movimiento social y popular en el último tiempo,
consideramos que los trabajadores son vitales para
transformar radicalmente el modelo que estamos
viviendo”, dice Santiago, dirigente del taller, quien pidió
mantener su apellido en el anonimato.
Según los jóvenes de La Clase, desde el 2006 —
año en que la presidenta Michelle Bachelet, durante
su primer gobierno (2006-2010), promulgó la ley
de subcontratación con la que se legitimó una nueva
forma de precarización laboral—, se ha producido un
aumento de la sindicalización, huelgas y radicalidad de
algunos de estos procesos.
19
Entre el 2007 y el 2012 se produjo un aumento
de trabajadores sindicalizados, llegando a 940,000, es
decir, un 12.2% de la fuerza de trabajo ocupada. Para La
Clase, se está retornando incipientemente el valor a la
organización del pueblo a través del sindicalismo.
Proceso de politización
Las movilizaciones en contra de la dictadura militar de
Augusto Pinochet (1973-90) y el impulso del movimiento
de trabajadores permitió que durante los primeros años
de los gobierno de la Concertación de los Partidos por la
Democracia, el número de sindicalizados fuera en aumento.
En 1991 llegaron a ser 701,000 (15.1%), pero lentamente
esto comenzaría a disminuir año a año desde 1992, para
llegar en 1999 a solo 580,000 mil afiliados (10.7%).
La Concertación perpetuó lo elaborado por la
dictadura y a medida que avanzaba el neoliberalismo,
situación que les acomodaba, los trabajadores fueron
disminuyendo en fuerza organizativa.
“Resulta paradójico darnos cuenta que la CUT
[Central Unitaria de Trabajadores] haya firmado en
reiteradas ocasiones ‘Acuerdos Marco’ con los empresarios,
ofreciéndoles tranquilidad y cooperación; uno de estos
acuerdos se llamó ‘Chile: una oportunidad histórica’, en
donde la propiedad privada era lo principal y los trabajadores
‘cooperarían y protegerían la empresa y los empleos’”, señala
Francisco, dirigente del taller quien también prefirió no dar
su apellido.
Dicha situación trajo que en los años 90 se agudizara
el nivel de persecución a los luchadores sociales. Los
“Acuerdos Marco” tampoco significaron mejoras en las
condiciones laborales. Fue una constante hasta el año 2006.
“Aunque reconocemos que gran parte de las luchas
sindicales [actuales] son economicistas, el hecho de generar
un paro de brazos caídos con un contenido más político,
busca que se rompa el esquema donde el sindicato descansa
sólo en el dirigente”, afirma Francisco. “Claramente las
bases tienen que generar un proceso de politización y
concientización”, añade.
Manual de formación
Buscando romper con esos criterios economicistas,
organizarse y luchar por “mejoras salariales pero con
una perspectiva de clase”, añade Francisco, hace un año
el taller La Clase publicó el “Manual de acción sindical:
Experiencias y prácticas actuales de la clase trabajadora”
(Ediciones Pueblo en Lucha).
Dedicado a Rodrigo Cisterna —obrero forestal
asesinado en mayo del 2007 en medio de una huelga que
fue reprimida violentamente por las Fuerzas Especiales
de Carabineros durante el primer gobierno de Michelle
Bachelet (2006-2010)—, y a Juan Pablo Jiménez, dirigente
sindical baleado en febrero del 2013 en el interior de
20
“Resulta
paradójico darnos cuenta
que la CUT [Central
Unitaria de Trabajadores]
haya firmado en
reiteradas ocasiones
‘Acuerdos Marco’
con los empresarios,
ofreciéndoles tranquilidad y
cooperación”.
— FRANCISCO, DIRIGENTE DEL
TALLER
Azeta, empresa contatista de Chilectra —distribución
de electricidad—, en la pasada gestión del expresidente
Sebastián Piñera (2010-2014), el manual es el resultado
de un proceso de recopilación de experiencias de algunos
sindicatos, mediante entrevistas a distintos dirigentes. Ha
buscado, además, rescatar ciertas prácticas que tuvieran
efectividad en un conflicto laboral, y que potenciaran el
sentido clasista, según explica Francisco.
El manual se define como “un resultado e insumo que
esperamos sirva para las nuevas camadas de trabajadores
y trabajadoras que han decidido no seguir agachando la
cabeza y se han sumado a la lucha popular que se viene
masificando en el país”.
Para estos jóvenes militantes de la acción sindical,
“en la actualidad nos enfrentamos a un Estado hecho a la
medida del empresariado; ellos instalaron el plan laboral y
nos prohibieron la participación en las negociaciones con
otros sindicatos, obligándonos a mirar sólo dentro de lo que
acontecía en ‘nuestra’ empresa. Así se fue desmantelando
cualquier posibilidad de formar parte de las decisiones
políticas a nivel nacional. Hoy pretenden obligarnos a
cumplir una ley laboral que sólo los beneficia a ellos”.
Según datos recopilados en el manual, existen hoy
niveles bajos de sindicalización: 13.9%. Para La Clase esta
situación no es casual.
“Nosencontramosfrenteaunaplanificaciónproductiva
que tiene sustento en la ley: Empresas fragmentadas, con
trabajadores subcontratados y con altos niveles de rotación.
Cuesta formar lazos y sindicalizarse de forma legal. Abunda
el contrato a honorarios, el cual desregula la relación laboral,
puesto que no se les aplica el código laboral. Sin embargo, y
pese a todo esto, la historia nos demuestra que la ley no es el
límite ni el tope para transformar la realidad”, dicen.
Una de las demandas que se está instalando con fuerza
en términos políticos y judiciales es el fin del subcontrato,
que restringe derechos laborales como la estabilidad laboral,
condiciones de trabajo dignas y derechos colectivos, entre
otros. Según datos del Ministerio de Trabajo, se estima que
35% de la fuerza laboral está subcontratada.
Francisco explica que el manual tiene un aspecto
didáctico: “Abarca desde la formación de un sindicato, la
reacción del empresariado o patrón, también el quehacer del
sindicato. Nos detuvimos en eso porque también creemos
que está impuesto desde la legalidad. Los trabajadores
tienen la responsabilidad como sujetos políticos de generar
la vida del sindicato, que vaya más allá de los términos
económicos, generar espacios de formación, lazos de
solidaridad, lazos territoriales”.
El manual también aborda la negociación colectiva,
explicando sus procedimientos en términos legales y
también cómo se pueden establecer tácticas para lograr
mejores resultados en una negociación. Se hablan de las
etapas de la negociación reglada, donde los trabajadores
pueden incidir, mediante qué forma se puede hacer.
Se recogen experiencias, procesos exitosos y también
aprendiendo de otros que no llegaron a buen término o
fueron fracasos.
Los jóvenes de La Clase señalan que seguirán
realizado múltiples actividades político-sociales y
asesorando legalmente a trabajadores y sindicatos.
De los que se trata, dicen, es de construir los caminos
necesarios para representar verdaderamente los
intereses de los trabajadores, que actualmente no
están en la CUT, que se ha convertido en un aparato
corporativo del gobierno.
“Sabemos de bastantes intentos de articulación,
pero creemos que no sirven de nada si se quedan solo
a nivel de los dirigentes y no representan a las bases”,
concluye Santiago. q
notasbreves
• Casi 50% de las mujeres de América Latina y el
Caribe que trabajan se desempeñan en empleos de baja
productividad y con escasa protección social (trabajadoras
del hogar, por cuenta propia o en empresas de hasta cinco
trabajadores), reveló la Comisión Económica para América
Latina y el Caribe (CEPAL) en un informe publicado el 18 de
noviembre, que evalúa dos décadas de políticas de género en
la región en el contexto del vigésimo aniversario de la Cuarta
Conferencia Mundial de la Mujer 1995 celebrada en Beijing.
El documento señala que “las políticas públicas no han sido
capaces de mejorar las condiciones de acceso de las mujeres
al mercado laboral ni de garantizar su permanencia a lo largo
de su ciclo vital, lo que resulta en una clara desventaja con
sus pares hombres a la hora de tener una trayectoria laboral y
acceder a remuneraciones equivalentes a las de los hombres,
así como al derecho a una pensión para enfrentar la vejez con
dignidad y sin dependencia”.
• A principios de noviembre se inició el juicio en Argentina
contra el periodista Agustín Bottinelli por la publicación en 1979
de una entrevista falsa a la madre de un desaparecido que se
encontraba recluida en un centro de detención clandestino. En
ese entonces Bottinelli era redactor jefe de la revista Para Ti, que
apoyaba a la dictadura militar que gobernó el país entre 1976
y 1983. Con el título “Habla la madre de un subversivo muerto”,
la detenida Thelma Jara de Cabezas fue presentada como una
arrepentida que describía cómo la guerrilla había engañado a
su hijo Gustavo Cabezas para que tomara el camino de la lucha
armada. Sin embargo, la entrevista fue fabricada por Bottinelli
y otros periodistas como parte del aparato de encubrimiento y
acción psicológica de la dictadura para mostrar que en el país
no había secuestros ni desapariciones.
• Durante un encuentro realizado el 15 de noviembre
en Oventic, Chiapas, con comandantes del Ejército Zapatista
de Liberación Nacional (EZLN) y representantes de las Juntas
de Buen Gobierno de los municipios autónomos zapatistas,
padres y madres de los 43 estudiantes desaparecidos en
Ayotzinapa denunciaron ser víctimas de hostigamientos y
amenazas por demandar a las autoridades la aparición con
vida de sus hijos. Los asistentes al encuentro articularon un
movimiento nacional para reclamar el paradero de las personas
desaparecidas y justicia para los ejecutados extrajudicialmente
en México. A dos meses de la desaparición de los estudiantes
de Ayotzinapa, ocurrida el 26 de setiembre por órdenes del
exalcalde de Iguala, Guerrero, el gobierno sigue sin dar pistas
sobre su paradero.
• Global Witness, organización internacional dedicada
a investigar y denunciar los intereses económicos detrás de
los conflictos, corrupción y destrucción del medio ambiente,
consideró al Perú como el cuarto país más peligroso del mundo
para defensores ambientales, detrás de Brasil, Honduras y
Filipinas. Desde el 2002, 57 defensores ambientales peruanos
han sido asesinados, más del 60% en los últimos cuatro años.
En su informe“El ambiente mortal de Perú”, presentado el 17 de
noviembre, Global Witness cuestiona la falta de compromiso
ambiental del país, sede de la 20ª Conferencia de las Partes de
la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio
Climático (COP20) a realizarse del 1 al 12 de diciembre.
• La Comisión Interamericana de Derechos Humanos
(CIDH) condenó la sentencia emitida el 4 de noviembre
por el Tribunal Constitucional de República Dominicana
de declarar inconstitucional el instrumento de aceptación
de competencia de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos (CorteIDH), suscrito en 1999. La CIDH señaló en
un comunicado que “la referida sentencia no encuentra
sustento alguno en el derecho internacional” y por lo tanto
el país no puede negarse a acatar las sentencias del tribunal
interamericano. Además, la CIDH expresó su preocupación
frente a la decisión del gobierno dominicano de rechazar
una sentencia de la CorteIDH del 28 de agosto en relación
a las violaciones a los derechos humanos como resultado
de la discriminación estructural que sufren ciudadanos
dominicanos de ascendencia haitiana que viven el país.
21
ALBERTO BUITRE
MÉXICO
Al cumplirse un mes de la masacre de Ayotzinapa el 26 de octubre, comunistas mexicanos rociaron con pintura roja la sede
nacional del PRD recordando la culpabilidad de dicho partido en los hechos.
UN SOL APAGADO:
LA DEBACLE DEL PRD
Integrantes del Partido de la
Revolución Democrática, la
otrora izquierda, responsables de
desaparición de estudiantes de
Ayotzinapa.
Alberto Buitre desde Ciudad de México
U
n sol de negra silueta resplandece con
fulgor amarillo en medio de un valle
montañoso, un paraje terroso rodeado
de árboles frondosos, en lo que simula
ser un camino hacia un nuevo día. Un paraje que
22
bien pudiera ser cualquiera de la sierra del estado
de Guerrero.
Con esa imagen adorna su cuenta de twitter
Carlos Navarrete, presidente nacional del Partido
de la Revolución Democrática (PRD). En un
vado similar al fondo utilizado por el dirigente
perredista, fueron encontrados restos calcinados
de cadáveres que, según especulaciones de la
Procuraduría General de la República (PGR),
podrían pertenecer a los 43 estudiantes de la
Escuela Normal de Ayotzinapa, desaparecidos
desde el pasado 26 de septiembre. Un crimen
ocurrido al amparo de dos militantes del PRD: el
presidente municipal de Iguala, José Luis Abarca,
y el gobernador guerrerense, Ángel Aguirre, cuya
responsabilidad directa en la masacre tiene en
crisis al tradicional partido de la izquierda electoral
mexicana, el llamado “Sol Azteca”.
Una “crisis” reconocida como tal por Navarrete,
quien, además, enfrenta dos golpes más. Primero,
la renuncia del fundador del PRD, Cuauhtémoc
Cárdenas Solórzano —hijo del ex presidente Lázaro
Cárdenas del Río, considerado el último de la estirpe
de Generales de la Revolución Mexicana de 1910—
quien renunció a su militancia perredista el pasado
25 de noviembre, a dos meses de la masacre de
Ayotzinapa, argumentando que el partido político
que fundara en 1989 está en “franco declive” y que
“ha perdido autoridad moral frente a la sociedad”.
La segunda, una deuda de más de 800 millones
de pesos (US$60 millones). De esos, más de 211
millones de pesos adeudados por impuestos al
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PERÚ
Noticias Aliadas
Corrupción como ideología política
Mayor desconfianza ciudadana en la política tras elecciones regionales y locales.
L
os resultados de los comicios regionales y municipales
llevados a cabo el 5 de octubre no sorprendieron. Los
partidos políticos nacionales han continuado en su ruta a la
desaparición y la corrupción ha ingresado de lleno en la política.
Un total de 20.6 millones de electores eligieron entre
106,058 candidatos representando a 475 organizaciones
políticas que postularon a 25 gobiernos regionales, 195
alcaldías provinciales y 1,843 alcaldías distritales, y lo que ha
quedado claro en estas elecciones, según el analista Fernando
Tuesta, es que “el fraccionamiento partidario se ha acentuado”.
Desde 1990 se ha producido una fuerte dispersión
partidaria. Los llamados “partidos históricos” —Acción Popular,
Partido Aprista, Partido Popular Cristiano y la Izquierda Unida—
fueron perdiendo espacio frente a “partidos emergentes”. Para
Tuesta, estos últimos son “organizaciones políticas, sin anclajes
ideológicos, con poca maquinaria organizativa y altamente
personalizados, que se inscriben como partidos nacionales,
ganan elecciones presidenciales o parlamentarias, pero su
penetración subnacional es muy baja o nula”.
“El principal rasgo de estas organizaciones es su desarrollo
personalista y endogámico”, agrega Tuesta en su blog Politika
que publica la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP).
A esto se suma que los partidos nacionales han sido
desplazados por organizaciones regionales que no tienen
ningún vínculo entre ellas y que son elegidas para un solo
periodo. Ejemplo de ello son movimientos como Alianza Renace
Ayacucho, Puro Ancash, Kausachun Cusco o Pasco Verde,
cuyas propuestas son meramente reivindicativas. Sólo en seis
gobiernos regionales ganaron candidatos de partidos políticos,
en los 19 restantes el triunfo fue de organizaciones regionales.
“Esa alta rotación, dispersión y falta de vínculos partidarios
hace que los presidentes [de gobiernos regionales] elegidos
provenientes de organizaciones regionales constituyan una
caja de sorpresas”, señalaTuesta. Sin un compromiso ideológico,
“la mayoría transitará por el camino del pragmatismo”.
Y el resultado es que terminan siendo elegidos personajes
altamente cuestionados. De acuerdo con el portal Útero.pe,
1,395 candidatos tienen sentencia penal o civil, incluyendo
siete sentenciados por homicidio, 13 por narcotráfico y cinco
por terrorismo. Además, el Ministerio Público informó que 127
candidatos estaban siendo investigados por lavado de activos.
La Asociación Civil Transparencia, que trabaja en la
consolidación de la democracia, señaló en un comunicado el
6 de octubre que “la multiplicación de listas —expresada una
vez más en estas elecciones— impide la consolidación de un
sistema de partidos estable y representativo. Dificulta también
la fiscalización de las finanzas electorales que corresponde
realizar a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE)”.
“Roba pero hace obra”
La corrupción ha sido un tema que ha cruzado toda
la campaña electoral. Una encuesta realizada a fines de
setiembre por Ipsos Perú reveló que 59% de los entrevistados
votaría por un alcalde “que roba pero que hace obra”, lo que
indicaría la elevada permisividad del electorado peruano
con el enriquecimiento ilícito.
El caso más emblemático de este tipo de autoridades
municipales es Luis Castañeda Lossio, quien fue elegido
alcalde de Lima con más del 50% de los votos aunque
pesan sobre él graves acusaciones de corrupción durante
sus anteriores gestiones en la Municipalidad de Lima entre
el 2002 y el 2010, incluyendo el llamado “caso Comunicore”
que involucró la compra de una deuda de US$13 millones
que tenía la Municipalidad de Lima por una empresa
vinculada con el narcotráfico. Un sondeo de la empresa
Datum reveló que 49% de los encuestados consideraba
que Castañeda robaría pero haría más obras.
Transparencia hizo un llamado de atención “por cuanto
—de acuerdo con los informes de la ONPE— apenas un tercio
de organizaciones políticas cumplió con reportar sus gastos
de campaña en los plazos exigidos por la ley. En un contexto
en que el crimen organizado, en especial el narcotráfico y
la minería ilegal, intenta penetrar la política, el control de las
finanzas de campaña adquiere mucha mayor importancia”.
En tanto la actual legislación electoral no contempla
restricciones para que personas que han cometido delitos
de corrupción, narcotráfico, terrorismo o violación sexual
postulen a cargos de gobierno, Transparencia recomendó
“elevar la valla para participar en la competencia electoral.
Tenemos que abrir el debate para establecer restricciones
o incluso impedimentos para quienes cometieron delitos
de corrupción, narcotráfico, terrorismo o violación sexual,
así como para quien se niega a cumplir con las obligaciones
alimentarias con sus hijos o quien debe reparaciones
civiles al Estado por la comisión de algún delito”.
“La participación de candidatos con sentencias
o procesos penales por delitos de especial gravedad
incrementa la desconfianza ciudadana en la política y afecta
la calidad de la representación democrática”, precisó.
Transparencia considera como urgente modificar
la actual Ley de Partidos Políticos que incluya exigencias
e incentivos para que las agrupaciones políticas, a fin
de recuperar su representatividad, tengan actividad
efectiva y permanente en todo el país.
Esto permitirá “reducir la alta fragmentación” que hace
que hoy “la mayoría de gobiernos regionales y locales esté en
manos de organización de alcance territorial limitado”. q
23
Servicio de Administración Tributaria; más de 52
millones de pesos al Instituto Nacional Electoral
(INE) por multas; 25 millones de pesos en deudas
generales arrastradas de su dirigencia pasada, y
por si fuera poco, el empresario Carlos Ahumada
reclama para sí unos 520 millones de pesos por haber
financiado a ese partido entre los años 2003 y 2004.
Partido desprestigiado
Pero no todos en el PRD son pesimistas. Su líder
en Guerrero, Carlos Reyes Torres, niega que el “Sol
Azteca” haya fracasado durante la gestión de Aguirre
y defiende los “buenos gobiernos” perredistas en
la localidad, según declaraciones recogidas por
el periódico El Sur de Guerrero. En contraste, el
secretario general del Partido Comunista de México
(PCM), Pável Blanco Cabrera, recuerda que durante
los gobiernos perredistas en esa entidad fueron
asesinados cinco militantes comunistas, incluido
su líder local, Raymundo Velázquez Flores, quienes
se suman a una larga lista de más de 260 crímenes
políticos registrados en ese estado desde 1998. Los
últimos, los normalistas de Ayotzinapa.
“El PRD es un partido del capital, no es un
partido de izquierda. Aunque los medios en su
campaña goebbeliana han repetido tantas veces que
la izquierda en México está representada por el PRD,
el Partido del Trabajo, Movimiento Ciudadano y
ahora MORENA [Movimiento de Regeneración
Nacional], nosotros pensamos que la izquierda
en México está representada por los luchadores
sociales, por el socialismo, por quienes tengan una
“El PRD se
ubicó en una zona de
confort y desde ahí fue
encontrando espacios de
poder. Han sido intereses
personales los que lo han
llevado a esta crisis”.
— ENRIQUE LÓPEZ RIVERA
24
posición claramente anticapitalista.”, declara el líder
comunista en entrevista con Noticias Aliadas.
De hecho, el 2 de diciembre el PCM renunció
a su silla en el Foro de São Paulo —que agrupa a
partidos políticos de izquierda y centro izquierda
de América Latina— por la inclusión del PRD
en su Grupo de Trabajo y al considerar que este
organismo internacional protege al perredismo en
su culpabilidad en la masacre de los estudiantes de
Ayotzinapa.
“No cabe duda que el Grupo de Trabajo no
tiene la menor idea de lo que Ayotzinapa significa,
ni de lo que puede pasar en México, pues cierra filas
con un partido tan desprestigiado como el PRD,
un partido que protege criminales, un partido al
servicio de los monopolios, un partido en profunda
crisis interna”, afirma Blanco Cabrera.
“Izquierda cómoda al sistema”
Al respecto, Enrique López Rivera, doctor
en ciencias políticas y catedrático del Instituto
Tecnológico de Monterrey, afirma que el PRD se
ha convertido en un partido “de izquierda cómoda
al sistema, colaborador y consentidor del discurso
oficial”.
En entrevista con Noticias Aliadas, define el
actual momento del PRD como una “crisis fuerte”
que “pone al descubierto que todos los malos
políticos están en todos los partidos. En México
no hay partidos impolutos”.
“El PRD se ubicó en una zona de confort y
desde ahí fue encontrando espacios de poder. Han
sido intereses personales los que lo han llevado
a esta crisis. Tocar fondo te hace reconstruirte.
Y aunque sí es posible reconstruirse, es poco
probable. Sus voces están ancladas a viejos priístas
[militantes del gobernante Partido Revolucionario
Institucional (PRI)], y se ha creado ambición
por ganar espacios”, opina el académico quien
apunta que un partido como este, emanado
de los movimientos sociales, deberá asumir su
responsabilidad por la masacre de Ayotzinapa.
En tanto, se encuentran a la vera las
elecciones federales del 7 de junio del 2015
en las que se renovarán los 500 diputados al
Congreso federal, 903 presidencias municipales
(incluida Iguala), 639 diputados locales y nueve
gubernaturas. Un proceso que el Instituto
Nacional Electoral ya arrancó de manera oficial,
y ante el cual se especula el impacto que tendrá
la crisis de Ayotzinapa y las crecientes protestas
sociales, no sólo sobre el PRD, sino contra todo
el sistema político mexicano.q
AGENCIA BOLIVIANA DE INFORMACIÓN
BOLIVIA
Presidente Evo Morales es reelegido masivamente para un tercer mandato.
ELECCIONES RATIFICAN
RUMBO DEL PROCESO DE
CAMBIO
Presidente Evo Morales asegura un
nuevo mandato gracias a políticas que
han logrado mejorar el nivel de vida
de la población boliviana.
Fernando Valdivia Antisolis desde Santa Cruz
S
in sorpresas, las elecciones generales del
pasado 12 de octubre en Bolivia culminaron
con la reelección del presidente Evo Morales
y del vicepresidente Álvaro García Linera para
un nuevo periodo que se iniciará el 22 de enero del
2015 y se extenderá hasta el 2020. Al 95% del conteo,
se confirma el triunfo electoral con 60% de los votos
del Movimiento al Socialismo (MAS), el sui generis
y poderoso partido de los movimientos sociales
bolivianos que motoriza el proceso de cambio desde
el 2006, cuando Morales fuera elegido como el primer
mandatario indígena del país..
Tras conocer los primeros resultados, Morales
agradeció “por ese nuevo triunfo del pueblo boliviano”.
“Ha ganado la dignidad y la soberanía del pueblo
boliviano y [este triunfo] está dedicado a todos los
pueblos del mundo que luchan contra el imperialismo”,
dijo el mandatario.
Lo significativo de estos comicios ha sido la masiva
participación del pueblo boliviano —más del 80% de
los casi 6 millones de electores acudió a votar—, junto
a una alternancia de género (un varón y una mujer, para
cada cargo electivo en la Asamblea Plurinacional, regla
aplicable a la selección de suplentes del candidato)
que garantiza la efectiva elección de mujeres en la
Asamblea Legislativa Plurinacional. El voto no sólo es
un derecho, sino también un deber establecido por ley,
pero el entusiasmo ciudadano resultó desbordante, tal
25
como ocurriera en los eventos electorales anteriores.
A esta masiva asistencia a las urnas se han sumado
270,000 migrantes inscritos en diferentes países.
Las fuerzas opositoras se presentaron divididas en
dos opciones: la centroderechista Unidad Democrática
(UD) del empresario del cemento Samuel Doria
Medina —que obtuvo 25% de los votos— y el
derechista Partido Demócrata Cristiano, que le prestó
su sigla al exmandatario Jorge Quiroga (2001-2002),
quien se aproximó a un modesto 10% de los votos.
Mucho más abajo, con porcentajes cercanos al 3%, se
ubicaron Juan del Granado, exalcalde de la ciudad de
La Paz y líder del Movimiento Sin Miedo, y Fernando
Vargas, del Partido Verde de Bolivia.
Detrás del triunfo
Pero, ¿qué está detrás de estos porcentajes que grafican
las preferencias electorales de los bolivianos?
Sin duda alguna, es la decisión de continuar con un
proceso de cambio que ha transformado radicalmente a un
país cuya viabilidad había sido puesta en tela de juicio por
diferentes organismos internacionales. Aunque disimulada
en la presunta necesidad de ampliar las relaciones del país,
la oposición propuso un acercamiento e integración con
la Alianza del Pacifico, conformada por Chile, Colombia,
México y Perú, que promueve el libre comercio. Por el
contrario, el frontal cuestionamiento a toda la política
neoliberal de antaño, ha sido la punta de lanza del discurso
de Morales. La nacionalización de los hidrocarburos,
concretada en su primer año de gobierno (2006), es hoy
base económica de la bonanza por la que atraviesa el país.
La clave de la victoria electoral del MAS radica en el
cumplimiento de las demandas de los sectores populares,
que se ha traducido en un sostenido crecimiento
económico —4.9% anual en promedio entre el 2006 y el
2013— con sistemáticas medidas orientadas a promover
una redistribución equitativa. Así, la economía es la más
estable de la región y resulta paradigmática incluso para
La nacionalización
de los hidrocarburos,
concretada en su primer
año de gobierno (2006),
es hoy base económica
de la bonanza por la que
atraviesa el país.
26
La clave de
la victoria electoral
del MAS radica en el
cumplimiento de las
demandas de los sectores
populares, que se ha
traducido en un sostenido
crecimiento económico
—4.9% anual en promedio
entre el 2006 y el 2013—.
el Fondo Monetario Internacional (FMI), cuyo Informe
sobre la Evaluación de la Transparencia Fiscal emitido en
febrero pasado también destaca los significativos avances de
Bolivia en transparencia fiscal con la aprobación de la nueva
Constitución Política del Estado (CPE). El crecimiento
previsto para este año (5.7%) coloca a Bolivia en la
vanguardia de éste y otros indicadores macroeconómicos.
La infraestructura del país, particularmente
en lo referido a vías carreteras e industria estatal, se
ha multiplicado y continúa creciendo. Las políticas
educacionales, que erradicaron el analfabetismo, han
apresurado la descolonización, que incluye internet al
alcance de todos en las áreas rurales gracias al lanzamiento
del satélite Túpac Katari. La descolonización es entendida
como “el reconocimiento de los derechos colectivos y de
la presencia indígena”, tal como lo señala el vicepresidente
García Linera.
La salud recibe un creciente apoyo estatal y ahora abarca
todos los confines de un país acostumbrado a considerar
sus servicios como un lujo. Registros del Instituto Nacional
de Estadística (INE) y de la Unidad de Análisis de Políticas
Sociales y Económicas (UDAPE) revelan que, en términos
porcentuales, la reducción de la extrema pobreza fue de
17.2% entre 2001 y 2012. La lucha contra el narcotráfico,
luego de la expulsión del país de la DEA, la agencia
antidrogas estadounidense en el 2008, ha mostrado ser
más eficaz que nunca, particularmente en lo que se refiere
a la erradicación de cultivos ilícitos. El viceministro de
Defensa Social, Felipe Cáceres, ha señalado recientemente
que el gobierno superará ampliamente la meta de 5,000 Ha
anuales de erradicación de cultivos excedentes, y esta vez se
pretende superar las 12,700 Ha hasta fin de año.
Una política internacional coherente ha convertido
a Bolivia en referente de la lucha antiimperialista en el
mundo entero, y su demanda histórica de reivindicación
marítima ha logrado, finalmente, una aprobación interna
y externa abrumadora; en lo interno, con la aprobación
de expresidentes y excancilleres de los últimos años y, en
lo externo, con diversas resoluciones de apoyo de varios
países de América Latina y de organismos internacionales
como la Unión Suramericana de Naciones (UNASUR).
Riesgo de retroceso
La ratificación de rumbo expresada en las urnas cierra, al
menos por un largo tiempo, las posibilidades de que la oposición
de derecha imponga sus políticas regresivas. El espaldarazo
popular recibido se convierte en el principal obstáculo para
políticas desestabilizadoras promovidas de manera sistemática y
constante por el gobierno de EEUU. En lo interno, la oposición
se ve reducida al papel de fiscalizador y, si se confirma el
porcentaje electoral obtenido por unos y otros, la composición
parlamentaria le daría al MAS los dos tercios en ambas cámaras,
indispensable para aprobar nuevas leyes fundamentales.
Empero, el futuro de Bolivia no está garantizado. Muchos
analistas coinciden en afirmar que el gobierno de Morales —y,
por ende, el proceso de cambio— tuvo a su favor el alto precio
de materias primas de las que Bolivia es un nato exportador.
La recesión mundial de la economía, con la consiguiente
reducción de la demanda, puede ser un factor adverso. De
igual manera, cambios políticos en países aliados como
Brasil y Venezuela, podrían eventualmente afectar la solidez
del gobierno boliviano. Así, por ejemplo, el analista cruceño
Hugo Siles afirma que “un eventual retorno del Partido de
la Social Democracia Brasileña (PSDB) a la presidencia de
Brasil, podría significar un cambio de 180 grados en la política
exterior del coloso sudamericano”, con fuertes efectos para
Bolivia.
Sin embargo, el mayor desafío de la gestión que se
inicia luego de estas elecciones es armonizar las propuestas
desarrollistasqueponenénfasisenlaexplotacióndelasriquezas
naturales renovables y no renovables, con los postulados del
Vivir Bien (o Buen Vivir), que demandan constantemente un
respeto por la Madre Tierra y por la aplicación de políticas que
no siempre van del brazo del crecimiento económico. q
BRASIL
Sorpresivos resultados en primera vuelta
Camino a la reelección se complica para presidenta Dilma Rousseff.
D
urante las semanas previas a las elecciones del 5 de
octubre, las encuestas daban por segura una segunda
vuelta entre la presidenta Dilma Rousseff, que postula
a la reelección por el Partido de los Trabajadores (PT), y la
ambientalista Marina Silva, a la cabeza del Partido Socialista
Brasileño (PSB). En un lejano tercer lugar en la intención de
voto se encontraba Aecio Neves, del Partido de la Social
Democracia Brasileña (PSDB).
Sin embargo, las indecisiones de Silva —que accedió
a la candidatura presidencial luego que el titular de
la fórmula del PSB, Eduardo Campos, falleciera en un
accidente de aviación el 13 de agosto— y sus opiniones
ultraconservadoras sobre el aborto, el matrimonio
homosexual y la lucha contra la homofobia, le pasaron la
factura y en los días previos a los comicios quedó relegada
al tercer lugar.
De acuerdo con resultados oficiales, Rousseff obtuvo
42% de los votos, mientras que Neves logró captar el 34%.
Ambos se enfrentarán nuevamente el 26 de octubre, pero
será Silva, que quedó con 21% de la votación, quien decida
para qué lado se inclinará la balanza.
Por el momento Silva sólo ha afirmado que “Brasil
señaló claramente que no está de acuerdo con lo que hay”,
en referencia al gobierno del PT, pero el PSB todavía no
ha tomado una decisión oficial sobre a quién apoyar y al
parecer dejará en libertad a sus votantes.
Tras conocer los resultados, Neves hizo un
llamado a Silva “a unir fuerzas” para derrotar a Rousseff,
mientras que la presidenta manifestó que “el pueblo
brasileño ansía más avances y dice que ve en el
proyecto que yo represento la más legítima y confiable
fuerza de cambio. La lucha continúa y será victoriosa”.
Campaña corta e intensa
Esta es la sexta vez que el PT y el PSDB se enfrentan
en segundas vueltas presidenciales. El PSDB ganó en 1994 y
1998 al resultar electo Luiz Henrique Cardoso (1994-2002).
El PT se impuso en el 2002 y el 2006 con Luiz Inácio Lula da
Silva (2002-2010), y en el 2010 con Rousseff.
Aunque Neves es catalogado como socialdemócrata,
es defensor de las políticas económicas más liberales
aplicadas por el expresidente Cardoso y sus propuestas
son antagónicas a las del PT. De hecho, intentará convencer
al electorado, especialmente a los seguidores de Silva, de
que recuperará el rumbo de la economía que se encuentra
estancada.
Rousseff tiene a su favor los grandes avances en el
área social, fruto de los programas implementados por los
sucesivos gobiernos del PT, además de haber colocado
a Brasil como la séptima economía del mundo. Para los
próximos cuatro años, la mandataria propone impulsar la
industria local, proteger el empleo, promover la inversión
en infraestructura y ampliar la cobertura de los programas
sociales.
Diversos analistas han coincidido en señalar que
Rousseff y Neves tienen las mismas posibilidades de llegar
a la presidencia.
“Aécio Neves renació de las cenizas y llega con mucha
fuerza a este segundo turno. Creo que Rousseff y Neves
tienen 50% de posibilidades de ser electos. Será una
campaña muy corta y muy intensa”, declaró a la prensa el
analista André César, de la consultora brasileña Prospectiva.
Los 143 millones de votantes también eligieron a
los gobernadores de los 27 estados del país, 54 de los 81
senadores y 513 diputados federales.— NA
27
COLOMBIA
Negociadores del gobierno y las FARC debaten en La Habana.
Susan Abad desde Bogotá
“
La circulación de versiones y rumores” que
pretendían “desinformar y crear desconfianza” entre
los colombianos fue —a decir del jefe negociador
del gobierno Humberto de la Calle— la razón que
impulsó, a fines del mes pasado, al presidente Juan Manuel
Santos a revelar los acuerdos a los que se ha llegado en
los diálogos de paz que desarrollan en La Habana con
las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FARC) desde
noviembre del 2012.
“Ha habido filtraciones de los acuerdos que han
contribuido a confundir aún más a la opinión”, denunció
De La Calle, añadiendo que por eso decidieron “coger el
toro por los cuernos” para que los colombianos “comparen
lo que hemos informado con los textos auténticos que hoy
entregamos y que comprendan la totalidad de lo pactado.
Verán que hemos informado lealmente. Deberán concluir
que no hay nada oculto”.
De esta forma, las 65 páginas que contienen lo
pactado en tres de los cinco temas de la agenda: agro,
participación política y drogas ilícitas, fueron relevados de
su confidencialidad inscrita desde sus inicios en el llamado
“Acuerdo General para la Terminación del Conflicto y la
Construcción de una Paz Estable y Duradera”.
28
OFICINA DEL ALTO COMISIONADO PARA LA PAZ
“Nada está acordado hasta que
todo esté acordado”
Tres de los cinco
puntos de agenda
de negociaciones
de paz entre
gobierno y FARC
ya han sido
aprobados.
En el primer punto denominado “Hacia un nuevo
Campo Colombiano: Reforma Rural Integral” destaca
la creación de un fondo de tierras para distribuirlas de
forma gratuita a aquellos campesinos que, o no tienen
tierra o les son insuficientes. El gobierno facilitaría a los
Las 65 páginas
que contienen lo pactado
en tres de los cinco temas de
la agenda: agro, participación
política y drogas ilícitas,
fueron relevados de su
confidencialidad inscrita
desde sus inicios en el
llamado “Acuerdo General
para la Terminación del
Conflicto y la Construcción
de una Paz Estable y
Duradera”.
beneficiarios créditos, asistencia técnica y apoyo para la
comercialización. Paralelamente, se actualizará el catastro
para propiciar que quien más tenga más pague.
También se acuerda la protección del medio
ambiente y programas especiales de desarrollo territorial.
“Se trata de reconstruir las regiones más afectadas por el
conflicto y la pobreza que transformen esos territorios,
garanticen derechos y faciliten la reconciliación”, dijo el
jefe negociador.
Asimismo, se pacta la creación de un sistema especial
de seguridad alimentaria y nutricional, para lo cual se
fortalecerán los mercados locales y regionales, así como
programas especiales contra el hambre.
Apertura democrática
En lo que respecta a la “Participación Ciudadana
para Consolidar la Paz”, las partes esperan el
surgimiento de una nueva apertura democrática,
basada en la creación de nuevos partidos políticos que
no dependan de la obtención de un umbral —que
en la actualidad es de 3% de los votos válidos— para
conservar su personería jurídica.
Para permitir que las zonas más afectadas por el
conflicto armado tengan mayor representación en el
Congreso, se establece la creación de Circunscripciones
Especiales Transitorias de Paz. Además se creará una
Ley de Garantías para fortalecer la transparencia del
sistema electoral y promoción de la tolerancia en el
ejercicio político.
Destaca en este segundo acuerdo la búsqueda de
que “nadie nunca más utilice las armas para promover
una causa política”, como dijo De La Calle. Para ello
se creará el Estatuto de la Oposición y se establecerá
un Sistema Integral de Seguridad para el ejercicio de
la política, que garantizaría a quienes dejen las armas,
a líderes de movimientos sociales y defensores de
derechos humanos, de que no serán objeto de la
violencia una vez se reincorporen a la sociedad civil.
En el tema de drogas ilícitas destaca la puesta en
marcha de un Programa de Sustitución de Cultivos
Ilícitos y Desarrollo Alternativo y el compromiso en
la prevención y tratamiento del consumo de drogas.
También se acordó una estrategia para ampliar la lucha
contra el crimen organizado que tiene nexos con el
narcotráfico. Las FARC por su parte se comprometieron
a poner fin a cualquier relación con el narcotráfico que
“se hubiese presentado”.
Lo extenso de los acuerdos ha generado que
analistas y partidos políticos se tomen su tiempo
para estudiarlos. Sin embargo, aclarando que sólo ha
realizado una rápida revisión, la experta en Ciencias
Políticas Martha Parra comentó con Noticias Aliadas
que, “los textos en general coinciden con lo que, a
“Se trata de
reconstruir las regiones
más afectadas por el
conflicto y la pobreza
que transformen esos
territorios, garanticen
derechos y faciliten la
reconciliación”.
— HUMBERTO DE LA CALLE
grandes rasgos, informaron los negociadores en mayo
y noviembre del 2013 en lo que concierne al agro y la
participación política, y en mayo de este año el tema
de las drogas ilícitas. No hay nada que indique que se
esté llevando al país a un régimen castro-chavista como
afirma la oposición”.
Puntos críticos pendientes
El expresidente Álvaro Uribe (2002-2010), adelantó
también su opinión y asegura que para reparar a los
campesinos sin tierras bastaba con hacer uso de la ley de
extinción de dominio y que las primeras emplazadas a
devolver tierras son las FARC quienes, afirma, “están entre
los principales despojadores de tierra del país”.
El ministro de Agricultura Aurelio Iragorri salió
en defensa de los acuerdos y destacó que lo novedoso
de lo hasta hoy acordado en el tema agrícola, es que los
campesinos recibirán las tierras para generar riqueza y
que no pase lo mismo que en otras épocas que quedaron
improductivas y fueron aprovechadas por el narcotráfico.
Destacó el compromiso de formalizar las tierras y reveló
que en Colombia hay 4 millones de predios y sólo el
21% de estos tienen escrituras. Añadió la importancia
del impulso a la seguridad alimentaria y la búsqueda de la
autosuficiencia del país en este tema.
Parra precisa que “en cierta manera estos son pre
acuerdos” y recuerda que los negociadores siguen
sosteniendo que “nada está cordado hasta que todo
esté acordado”. Asegura que, además de dos temas de la
agenda —reparación de víctimas y dejación de armas—,
“faltan los puntos críticos: ¿Devolverán tierras las FARC?
¿Pagarán los guerrilleros penas en cárceles? ¿Podrán ser
congresistas los guerrilleros responsables de secuestros,
asesinatos y masacres? ¿Terminarán extraditados algunos
guerrilleros? El verdadero pulso aún está por darse”. q
29
BRASIL
PTARTIDO DE LOS TRABAJADORES (PT)
ROUSSEFF ENFRENTARÁ
DIFICULTADES EN NUEVO
MANDATO
Presidenta
propone reforma
política dirigida
a ampliar
representación
ciudadana y
que afectaría
intereses rurales
y empresariales
en el Legislativo.
Dilma Rousseff y expresidente Luiz Inácio Lula da Silva celebran reelección presidencial.
José Pedro Martins desde São Paulo
C
on 51.6% de los votos válidos, la presidenta
Dilma Rousseff, del Partido de los
Trabajadores (PT), fue reelegida en la
segunda vuelta electoral llevada a cabo el
26 de octubre. Y en la primera semana después de su
elección la mandataria ya se hizo una idea de lo difícil
que será la gobernabilidad en los próximos cuatro años,
teniendo en cuenta que el próximo Congreso Nacional
tendrá una composición mucho más conservadora.
Rousseff obtuvo 54.5 millones votos contra los
51 millones otorgados a Aécio Neves, senador por el
Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB),
equivalentes al 48.3% de la votación. Fue la elección
presidencial más disputada de la historia brasileña,
30
en una campaña marcada por muchos cambios en las
preferencias de los electores.
En los primeros sondeos electorales la presidenta
Rousseff siempre aparecía con holgura a la cabeza, pero
el margen empezó a disminuir a principios del 2014,
con el avance de las candidaturas de Neves y de Eduardo
Campos, del Partido Socialista Brasileño (PSB).
Campos, exgobernador del estado de Pernambuco,
murió el 13 de agosto en un accidente de aviación en
plena campaña electoral. Con su muerte, la exsenadora
por el estado de Acre, Marina Silva, quien integraba la
fórmula de Campos, asumió la candidatura presidencial
y pronto apareció en primer lugar en las encuestas,
superando a Rousseff y a Neves, que prácticamente
estaba fuera de juego.
Hubo luego una fuerte reacción de las campañas
de Rousseff y Neves para “deconstruir” la candidatura
de Silva, quien había mostrado grandes inconsistencias
en algunos debates. El resultado fue que, en la primera
vuelta el 5 de octubre, Rousseff y Neves quedaron en
primer y segundo lugar, respectivamente, y debían
competir en una segunda vuelta.
Fortaleza de los programas sociales
En las primeras encuestas tras la primera ronda,
Neves superaba a Rousseff. Una vez más se produjo
una fuerte reacción. La presidenta exhibió y reiteró la
importancia de los programas sociales desarrollados
durante los gobiernos del expresidente Luiz Inácio Lula
da Silva (2002-2010) y de ella misma, ambos del PT.
Son programas que, según numerosos organismos
internacionales, han sacado a millones de la pobreza en
Brasil. De acuerdo con la Encuesta Nacional por Muestreo
de Hogares, el número de personas consideradas en
situación de pobreza extrema —con ingresos menores a
US$1.25 diarios y que no pueden satisfacer necesidades
básicas para vivir como alimentación, acceso a agua
potable y sanidad, vivienda y servicios de salud—
disminuyó en 65%, pasando de 15.2% en el 2003 a 5.3%
en el 2012. Con una tasa media de crecimiento anual
de 3.5% entre 2003 y 2013, también han aumentado la
inclusión social y el número de miembros en la llamada
nueva clase media. Se estima que unos 40 millones de
brasileños han emigrado de las clases D y E hacia la clase
C. Por su parte, Neves destacó los logros del gobierno
del expresidente Fernando Henrique Cardoso (19952002), del PSDB, como una fuerte caída de la inflación.
Poco a poco, Rousseff fue recuperando la delantera
y, en las últimas encuestas ya aparecía por delante de
Neves. De todos modos, se esperaban resultados muy
estrechos y la presidenta Rousseff acabó reelecta por
muy pequeño margen. Una explicación de su victoria
fue el gran desempeño electoral que tuvo en el Nordeste,
la región más pobre de Brasil y la más beneficiada por
los programas sociales del PT. Otra explicación fue
la derrota de Neves en su estado natal, Minas Gerais,
donde incluso fue gobernador por dos mandatos, entre
el 2003 y el 2010.
En su discurso de victoria, Rousseff hizo muchas
referencias a su mayor paladín electoral, el expresidente
Lula, que ahora se convierte en un fuerte candidato
para sucederla en el 2018. La mandataria anunció que
una de sus primeras medidas sería un compromiso con
una reforma política, lo que podría ocurrir a través de un
plebiscito o referendo.
La reforma política incluye la propuesta de
financiamiento público a los partidos y sus campañas, la
revisión del sistema electoral, la formación de coaliciones
partidarias, suplencias de legisladores y el voto secreto
en las decisiones del Legislativo.
Pero no pasó una semana para que se produjese una
reacción por parte del Congreso, que teóricamente sería
La reforma política
incluye la propuesta de
financiamiento público
a los partidos y sus
campañas, la revisión
del sistema electoral, la
formación de coaliciones
partidarias, suplencias
de legisladores y el voto
secreto en las decisiones
del Legislativo.
el más afectado por la reforma política. El 28 de octubre,
la Cámara de Diputados anuló un decreto firmado en
mayo por la propia presidenta Rousseff y que establecía
la Política Nacional de Participación Social que regula
los mecanismos de participación y audiencias públicas.
Cámara de Diputados exhibe fuerza
Para los analistas, fue un mensaje claro del Congreso
de que no perdería el control y no aceptaría una
reforma política profunda. El analista político Antônio
Augusto de Queiroz, director de Documentación del
Departamento Intersindical de Asesoría Parlamentaria
(DIAP), señaló que una reforma política amplia, que
incluya una Constituyente exclusiva, no les interesará,
por ejemplo, a las nuevas organizaciones políticas con
representación en el Congreso, incluyendo los partidos
Social Democrático, Solidaridad, Republicano del
Orden Social, Social Demócrata Cristiano, Ecológico
Nacional, y del Trabajo Nacional.
“A los nuevos partidos una reforma que cambiase
las actuales reglas del juego no les interesaría”, dijo el
analista del DIAP. En su opinión, una reforma con
Constituyente exclusiva [para la reforma política] sólo
tendría oportunidad de ser implementada con tres
condiciones: Tener “el compromiso del Ejecutivo”, lo
cual debe de ser difícil, porque la presidenta electa tendrá
mayores dificultades en negociar con el Congreso; tener
“una fuerte presión popular sobre los parlamentarios”;
y que las nuevas reglas sean “generosas”, no aplicándose
en la elección subsiguiente. Y los cambios en el texto
constitucional, observa De Queiroz, dependen de 308
votos en la Cámara, “lo cual nunca es una tarea fácil”.
31
Para el filósofo Roberto Romano, profesor de la
Universidad Estadual de Campinas, la reforma política
tendrá muchas dificultades para su implementación.
“En nuestra historia política, cuando no se quiere
cambiar nada, se habla de eso todo el tiempo. Y ahora
se está hablando mucho de reforma política”, destaca.
Una verdadera reforma, resalta Romano, debería
comenzar “por un cambio completo en la actual
estructura partidaria, y los partidos brasileños son
cualquier cosa menos democráticos”.
Además del voto presidencial, fueron elegidos
los 513 integrantes de la Cámara de Diputados y 54
de los 81 senadores, y los gobernadores de los 27
estados del país.
Si bien la coalición que reeligió a la presidenta
Rousseff, llamada “Con la fuerza del pueblo” y que
incluye a los partidos Movimiento Democrático
Brasileño, Social Democrático, Progresista, de la
República, Democrático Laborista, Republicano
Brasileño, Republicano de Orden Social y Comunista
de Brasil, obtuvo 300 diputados —el PT logró 70
diputados, y sigue siendo la primera bancada en la
Cámara, pero son 18 legisladores menos que los
actuales—, lo que indicaría una cierta holgura en la
Cámara, pero resulta que siempre hay disidencias
y realineamientos de acuerdo con el asunto que
se examine y se vote. Muchas veces predominan
los bloques de interés por encima de los colores
partidarios.
Habrá, en fin, mucha negociación en los
próximos cuatro años, con grandes dificultades
para la gobernabilidad. A menos que los proyectos
sociales del PT se amplíen y fortalezcan aún más,
que la economía retome el crecimiento de la
época del gobierno de Lula y los primeros años
del gobierno de la misma Rousseff, y con ello el
gobierno federal tendría un apoyo consolidado
en el Congreso Nacional. q
URUGUAY
Presidencia se decidirá en segunda vuelta
Izquierdista Frente Amplio tendrá mayoría parlamentaria.
T
abaré Vázquez, candidato por el izquierdista
Frente Amplio (FA), se impuso en la primera ronda
electoral realizada el 26 de octubre por 47.8% de
los votos válidos. Sin embargo, al no haber superado el
50% de la votación tendrá que disputar la presidencia
con Luis Lacalle, del derechista Partido Nacional (o
Blanco), quien logró 30.9%.
En tercer lugar quedó Pedro Bordaberry, del
derechista Partido Colorado, con 12.9%, seguido
por Pablo Mieres, del Partido Independiente, con
3.1%. Unidad Popular, Partido Ecologista Radical
Intransigente y el Partido de los Trabajadores sólo
sumaron en conjunto el 1.9% de los votos.
Tras conocer los resultados, Vázquez —médico
oncólogo de 74 años que gobernó Uruguay entre el
2005 y el 2010— expresó su “profundo agradecimiento
a todo el pueblo uruguayo. Una vez más dio muestras
de respeto. También quiero agradecer al pueblo del
Frente Amplio, los gestores de que esta fuerza sea la
más votada en todo el país”.
“El pueblo uruguayo sabe cómo expresarse
y es nuestra responsabilidad interpretar lo que
el pueblo elige. Esta fuerza política se ha votado
mayoritariamente, pero tendremos que ir a ballotage”,
afirmó. “Las campañas largas son tediosas, pero así lo
exige la Constitución”.
Lacalle, de 41 años e hijo del expresidente
neoliberal Luis Alberto Lacalle (1990-95), se mostró
sorprendido por los resultados —una encuesta de la
empresa Interconsult del 14 de octubre lo daba como
ganador en la primera vuelta con 47% de la intención
de voto— y admitió que será “difícil” derrotar al FA.
“Tenemos una posibilidad más para que nuestro
proyecto sea compartido”, manifestó. “El 52% votó
32
distinto al gobierno. No hubo un respaldo de más de la
mitad de la ciudadanía al gobierno. Vamos a convocar
especialmente a ese 52%”.
Derecha se agrupa
Bordaberry —hijo a su vez del expresidente de facto
Juan María Bordaberry (1972-76) quien en 1973 dio inicio
a la dictadura militar que gobernó Uruguay hasta 1985—
anunció su apoyo a Lacalle para la segunda vuelta.
“Trabajaré cada hora de los próximos 34 días para
que el Dr. Lacalle Pou gane el balotaje”, dijo. “Lo haré
convencido de que es lo mejor para mi patria, para los
uruguayos todos”.
El Partido Independiente, por su parte, decidió no
respaldar a ninguno de los candidatos que disputarán
la segunda vuelta y dejó en libertad a sus electores.
Además de la votación presidencial, también
fueron elegidos los 30 senadores (más el vicepresidente
electo, quien presidirá el Senado) y los 99 integrantes de
la Cámara de Representantes. El FA tiene asegurados 15
senadores, a los que se sumaría el vicepresidente Raúl
Fernando Sendic —hijo del emblemático exguerrillero
tupamaro Raúl Sendic— en caso que gane la segunda
vuelta. Y tendrá 50 escaños en la Cámara de Diputados.
Desde el 2005, cuando el FA llegó al poder por
primera vez, ha tenido mayoría parlamentaria que le ha
permitido aprobar reformas fiscales y de la salud, y leyes
como el matrimonio igualitario, la despenalización del
aborto y la regulación del mercado de marihuana.
En la votación también se incluyó un plebiscito
para rebajar la edad de imputabilidad de 18 a 16 años,
promovido por el Partido Colorado. La iniciativa no
obtuvo el respaldo ciudadano para ser aprobada al
obtener sólo 46% de los votos.— NA
AMÉRICA LATINA/EL CARIBE
Noticias Aliadas
Avances en lucha contra el hambre
Región logra alcanzar meta de reducción a menos de la mitad de personas en situación de
subalimentación.
A
mérica Latina y el Caribe es la región que ha mostrado
el mayor progreso en la reducción del hambre,
disminuyendo su prevalencia en casi dos tercios desde
principios de 1990.
Esto ha permitido alcanzar en conjunto la meta
establecida en los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM)
de reducir a la mitad la proporción de personas en países
en vías de desarrollo que sufre subalimentación antes de
cumplirse la fecha límite establecida para el 2015, asegura el
informe “El estado de la inseguridad alimentaria en el mundo
2014”, publicado el 16 de setiembre por la Organización de
las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura
(FAO), el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) y
el Programa Mundial de Alimentos (PMA).
Raúl Benítez, representante regional de la FAO, señaló
en la presentación del informe en Santiago de Chile que “el
compromiso político es fundamental para la erradicación del
hambre y América Latina y el Caribe es un ejemplo para el
resto del mundo de este compromiso”.
Ejemplo de ese compromiso han sido los esfuerzos de
la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños
(CELAC), así como de organismos subregionales como la
Unión de Naciones Suramericanas, el Mercado Común
del Sur, la Comunidad del Caribe, que convirtieron la lucha
contra el hambre en una de sus prioridades.
Si bien la proporción de personas que sufre
subalimentación en la región bajó de 15.3% desde 1990
a 6.1% actualmente, América Latina y el Caribe continúa
siendo la región más desigual del mundo y son las mujeres
en zonas rurales y los pueblos indígenas quienes enfrentan
las más elevadas tasas de pobreza e inseguridad alimentaria.
Benítez precisó que los gobiernos de la región,
conscientes de que el crecimiento económico no iba a resolver
los problemas de la desigualdad, implementaron políticas
dirigidas a los sectores menos favorecidos, incluyendo
programas de transferencias monetarias condicionadas,
alimentación escolar y apoyo a la agricultura familiar.
Brasil fue presentado como ejemplo para el mundo
en la erradicación de la inseguridad alimentaria con la
implementación de programas sociales como Hambre
Cero y Bolsa Familia que han permitido que entre el 2002
y el 2013 redujera en 82% su población en situación de
subalimentación, la pobreza bajara de 34% a 15% y la
pobreza extrema de 15% a 5.2%.
Bolivia también fue incluido entre los países que
destacan por sus esfuerzos en luchar contra el hambre al
establecer políticas de seguridad alimentaria focalizadas
particularmente en los pueblos indígenas, que han logrado
que el hambre se reduzca en 7.4% entre el 2009 y el 2014.
Además, la desnutrición crónica en niños menores de tres
años bajó de 41.7% en 1989 a 18.5% en el 2012.
“Este año celebramos los logros regionales”, dijo Benítez.
“El reto por delante es consolidar los avances, redoblar los
esfuerzos en los países rezagados a través de la cooperación
regional, y aprender de las experiencias que han dado los
mejores resultados para construir el camino que nos llevará a
ser la última generación en tener que convivir con el hambre
en América Latina y el Caribe”.q
AMÉRICA LATINA/EL CARIBE
Suministro de energía alimentaria
promedio 2012-2014*
País
%
Cuba
140
Argentina
139
Brasil
134
México
129
Venezuela
126
Honduras
125
Chile
123
Barbados
123
Belice
122
San Vicente y Granadinas
122
Trinidad y Tobago
120
Panamá
120
Uruguay
120
Colombia
119
Guyana
119
Perú
119
Nicaragua
118
Guatemala
117
Jamaica
116
Surinam
116
Costa Rica
115
El Salvador
112
Ecuador
111
Paraguay
108
Rep. Dominicana
107
Bolivia
105
Haití
89
*El indicador expresa el suministro de energía
alimentaria (kilocalorías per cápita diarias)
como porcentaje del requerimiento promedio
de energía alimentaria en cada país.
Fuente: FAO
33
PERÚ
ASOCIACIÓN BARTOLOMÉ ARIPAYLLA
“CRIANZA” DE LAGUNAS
Mediante faenas comunales, comunidad andina crea lagunas.
Reconocen práctica de siembra y cosecha de agua de lluvia.
Noticias Aliadas
L
a práctica “Siembra y cosecha de agua de lluvia
frente a la reducción de humedad del suelo y
de la recarga hídrica de acuíferos en cabecera
de cuenca”, impulsada por la Asociación
Bartolomé Aripaylla (ABA) y la comunidad campesina de
Quispillaccta, en el departamento surandino de Ayacucho,
ha sido reconocida con el primer puesto del Concurso
Buenas Prácticas frente al Cambio Climático en el medio
rural, en el marco del Premio Nacional Ambiental 2014,
organizado por el Ministerio del Ambiente (MINAM).
La premiación sé realizó el 2 de diciembre en el
auditorio Platinum Garden, del Encuentro Voces por el
Clima —espacio de exposición e intercambio promovido
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por el gobierno para sensibilizar al público sobre la
importancia del cambio climático— donde recibieron de
manos del ministro del Ambiente Manuel Pulgar Vidal
el merecido reconocimiento a su importante labor. El
Encuentro Voces por el Clima se realizó en el marco de la
20ª Conferencia de las Partes (COP20) de la Convención
Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático
(CMNUCC), realizada en Lima del 1 al 12 de diciembre.
Mediante faenas comunales, hace 20 años la
comunidad campesina de Quispillaccta, ubicada en el
distrito ayacuchano de Chuschi, entre 2,800 a 4,600
m.s.n.m., inició la crianza de lagunas impulsando la
práctica de siembra y cosecha de agua de lluvia.
Con esta práctica los comuneros de Quispillaccta
buscan responder al problema de escasez de agua en las
comunidades adyacentes a las cuencas de los ríos Pampas
La comunidad de
Quispillaccta promueve
un enfoque de desarrollo
basado en la regeneración
del Vivir Bien, o Buen
Vivir, (Sumaq Kawsay) de
toda la colectividad viva
(humana, naturaleza y
deidades).
y Cachi-Mantaro, provocado entre otros factores por las
bajas tasas de recarga hídrica y la rápida desaparición de
los nevados que alimentan sus fuentes primarias como
efecto del cambio climático, que también trae como
impacto negativo el aumento de la agresividad del granizo
y severidad de las heladas.
Entre los otros factores que influyeron en la
resequedad generalizada de la pradera comunal con
pérdida de la cubierta vegetal de los cerros y en la
disminución del caudal de los ríos y casi desaparición de
los puquiales, destacan la violencia política armada, que se
inició en el distrito de Chuschi en 1980 y que asoló al país
hasta el 2000, ocasionando destrucción de protecciones
de manantes y abandono del campo por los comuneros
(asesinatos, desapariciones y migraciones forzadas); la
pérdida de “cariño” y respeto al agua de un sector de la
población que ha desatendido las festividades y rituales;
la desvalorización del saber y la cosmovisión local en
la crianza del agua y del paisaje por la academia y las
instituciones públicas.
Es por ello que ABA —creada en 1991 por las
ingenieras agrónomas Magdalena y Marcela Machaca—,
que presta asesoría técnica y apoyo económico para el
proceso de recuperación del agua en la comunidad de
Quispillaccta, promueve un enfoque de desarrollo basado
en la regeneración del Vivir Bien, o Buen Vivir, (Sumaq
Kawsay) de toda la colectividad viva (humana, naturaleza
y deidades), en tanto califican como “Vida armoniosa y
digna” de las mismas, en su propia manera de criar la vida
centrada en la chacra (agricultura). Este enfoque implica
reconocer el valor económico y social de la agricultura
campesina andina, es decir, el cambio hacia la agroecología
y la soberanía alimentaria, así como el desarrollo de fiestas
y rituales agrarios, y una educación basada en diálogo de
saberes.
La siembra y cosecha de agua de lluvia (criar agua)
se realiza adaptando las hoyadas naturales para almacenar
aguas de escorrentía hasta lograr la formación de
“lagunas artificiales”, construyendo diques con piedras,
arcillas y cenizas. También se siembra plantas nativas
para incrementar el caudal de los manantes y perennizar
el agua de los puquiales y bofedales, a las cuales se les
llama “madres del agua”. Se construyen cercos naturales
y alambradas alrededor de los ojos de agua, bofedales,
puquiales y manantes, para evitar que los animales las
depreden y puedan recuperar su recarga hídrica. Todo ello
con participación activa de los comuneros y autoridades
de la comunidad de Quispillaccta.
“Es hacer agua donde no hay agua, con la planta madre
que llama agua y haciendo la cosecha de lluvia en vasos
naturales. Hasta ahora tenemos 71 lagunas estabilizadas
y 10 en proceso de formación, en total 81 lagunas”, dice
Magdalena Machaca, directora ejecutiva de ABA.
A partir del año 2000, ABA amplía las actividades
hacia las comunidades vecinas y se empieza a utilizar
maquinaria pesada con participación comunal para
mejorar diques de lagunas de agua de lluvia o en la
construcción de otras nuevas. Su meta es ampliar a 200 las
lagunas creadas.
Pero ABA no solo cosecha agua, también cosecha
reconocimiento público por su labor. Preguntada sobre
lo que significa para ella esta premiación, Magdalena
Machaca afirmó: “Es una experiencia linda porque se
trata del reconocimiento a esos saberes milenarios que
aún conviven en nuestras comunidades… Muchas veces
nuestros pueblos han sido relegados al atraso… les llaman
pueblos arcaicos y no es cierto, sino que estamos en
manos de esas sabidurías para afrontar ese problema del
cambio climático. Por eso mi sentimiento es enorme y [es
sentir] que vale mucho nuestra sabiduría como la siembra
y cosecha de agua de lluvia”. q
“Es una experiencia
linda porque se trata del
reconocimiento a esos
saberes milenarios que
aún conviven en nuestras
comunidades. Muchas veces
nuestros pueblos han sido
relegados al atraso,les llaman
pueblos arcaicos y no es cierto”.
— MAGDALENA MACHACA
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AMÉRICA LATINA/EL CARIBE
LARED21
Cumbre climática caliente
Delegados a
COP20 deben
aprobar borrador
de nuevo acuerdo
para reducción
de emisiones de
gases de efecto
invernadero.
Urge nuevo acuerdo vinculante que obligue a países a reducir sus emisiones de gases de
efecto invernadero.
Cecilia Remón desde Lima
E
l calor es tan intenso en la sede de la 20ª Conferencia
de las Partes (COP20) de la Convención Marco
de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático
(CMNUCC), que se lleva a cabo en Lima, Perú, que
a decir de una corresponsal extranjera “es un buen ejemplo
del efecto invernadero. ¿Será a propósito para tomar más
conciencia del calentamiento global?.
Año a año las cifras han ido creciendo, y de acuerdo con
Los representantes de 195 países que asisten a la COP20,
también llamada cumbre climática, tendrán como tarea
entre el 1 y el 12 de diciembre elaborar el borrador de un
nuevo acuerdo para reducir las emisiones de gases de efecto
invernadero (GEI), causantes del calentamiento global, y
evitar el aumento de la temperatura más allá de los 2ºC. Este
acuerdo deberá ser aprobado en la COP21 a realizarse en
Paris, Francia, en diciembre del próximo año.
Aunque en el 2012 se amplió la vigencia del Protocolo
de Kioto —único instrumento legalmente vinculante que
obliga a los países desarrollados a reducir sus emisiones de
GEI, firmado en 1997— hasta el 2020, algunas naciones
industrializadas anunciaron que no cumplirán con ese
mandato .
Tratado legalmente vinculante
Desde el 2007, en la COP13 realizada en Bali, Indonesia,
se planteó la necesidad de un nuevo acuerdo global vinculante
que reemplazara al Protocolo de Kioto, que expiraba el 31 de
diciembre del 2012. En esa conferencia se aprobó la Hoja de
Ruta de Bali que establecía un programa de trabajo para el
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periodo posterior al 2012. Pero durante la COP15 (2009) en
Copenhague, Dinamarca, la insistencia de que el Protocolo
de Kioto fuera el marco de un nuevo instrumento vinculante
generó resistencias de los países desarrollados. Delegados de
los 29 países considerados como los mayores emisores de
GEI se reunieron fuera de la cumbre oficial y aprobaron los
llamados Acuerdos de Copenhague que admitía la necesidad
de reducir drásticamente las emisiones mundiales para
mantener el aumento de la temperatura global por debajo de
los 2ºC. Pero al ser un pacto informal, debió ser discutido en la
COP16 de Cancún, México, en el 2010.
En Cancún fueron aprobados acuerdos que incluían
mantener el aumento de la temperatura por debajo de los
2ºC pero sin adoptar medidas concretas para la reducción de
GEI. Igualmente se decidió la creación de un Fondo Verde
para el Clima, destinado a ayudar a los países en desarrollo en
la mitigación y adaptación al cambio climático, para lo cual se
recaudará US$100 millardos para el 2020.
En la COP17 (2011), en Durban, Sudáfrica, se aprobó
una plataforma que propone una “acción reforzada” que
permitiera arribar a un nuevo compromiso que involucre
a todas las partes de la CMNUCC, no sólo a los países
desarrollados como ocurría con el Protocolo de Kioto. En
la COP18 (2012), en Doha, Qatar, se amplió la vigencia del
Protocolo de Kioto hasta el 2020, año en el que debe estar en
vigencia un nuevo acuerdo global. El año pasado, en la COP19,
en Varsovia, Polonia, no se produjeron mayores avances en
el compromiso de los países desarrollados de reducir sus
emisiones de GEI, ni en cumplir ni menos incrementar sus
aportes al Fondo Verde para el Clima.
Si bien en Lima se juega mucho, expertos como Hugo
Cabieses, exviceministro de Desarrollo Estratégico de
los Recursos Naturales del Ministerio del Ambiente que
representó al Perú en la COP17, consideran que “ya todo ha
sido negociado desde antes y lo único que se está discutiendo
ahora son asuntos de dinero”.
De hecho, EEUU y China, responsables del 45% de las
emisiones GEI del mundo, anunciaron el 12 de noviembre
sus compromisos de reducción de emisiones. EEUU afirmó
que para el 2025 recortará sus emisiones entre 26% y 28% con
respecto a los niveles del 2005. China, por su parte, informó
que recién en el 2030 empezaría a reducirlas. La Unión
Europea (UE), por su parte, aprobó a finales de octubre su
compromiso de reducir sus emisiones para el 2030 en 40%
con respecto a los niveles emitidos en el 2005.
Compromisos insuficientes
Una fuente europea que participa en las negociaciones, señaló
que el borrador que se apruebe en Lima “debe ser ambicioso y
contener compromisos, además de ser vinculante y aplicable a
todos los países”. No obstante, “es posible que los compromisos
que se aprueben en Paris no sean suficientes para lo que el planeta
necesita”, agregó.
Organizaciones no gubernamentales peruanas que participan
en el espacio para la sociedad civil y pueblos indígenas de la cumbre
climática, manifestaron que hay buenas señales para lograr un
acuerdo consensuado.
Jorge Caillaux, presidente de la Sociedad Peruana
de Derecho Ambiental (SPDA), indicó que si bien “es
muy difícil vaticinar lo que va a salir de esta reunión, hay
una situación más esperanzadora que en otras COP”.
Sin embargo, el Perú no es un buen ejemplo en términos de
defensadelambiente.Conelfindeimpulsarlasinversiones,elgobierno
ha aprobado medidas que recortan las atribuciones del Ministerio del
Ambiente, particularmente el decreto ley 30230, promulgado en julio,
quereducelacapacidadsancionadorayfiscalizadoradelosorganismos
ambientales, elimina los procesos de ordenamiento territorial, restringe
los estudios de impacto ambiental, dificulta la creación de zonas
reservadas e incluye criterios económicos no técnicos para establecer
estándaresdecalidadambiental,entreotros.
Voceros peruanos de la Cumbre de los Pueblos Frente al
Cambio Climático, evento paralelo a la COP20 a realizarse del 8 al
11 de diciembre, señalaron la incoherencia del gobierno peruano
que organiza la más importante cumbre ambiental pero a la vez
aplica medidas que van contra la protección del ambiente.
“Existe un doble discurso de parte del gobierno en torno
a la agenda climática”, dijo Ibis Fernández, dirigente de la
Confederación General de Trabajadores del Perú. “Vemos una
faltadevoluntadpolíticaparafortalecerlaautoridadambiental.La
Ley 30230 representa un ‘paquetazo’ de normas que flexibilizan
las inversiones sin tener en cuenta el impacto climático”. q
notasbreves
• La Comisión Interamericana de Derechos Humanos
(CIDH) expresó su preocupación por la violencia generalizada
contra personas lesbianas, gay, bisexuales, trans e intersex
(LGBTI), así como por la falta de recopilación de datos por parte
de los gobiernos sobre este colectivo en América Latina y
el Caribe. En un comunicado publicado el 17 de diciembre,
la CIDH señaló que entre enero del 2013 y marzo del 2014, al
menos 594 personas LGBTI, o percibidas como tales, fueron
asesinadas y 176 fueron víctimas de ataques contra su integridad
física supuestamente relacionados con su orientación sexual,
su identidad o expresión de género, en 25 países de la región.
Según la CIDH, la mayoría de víctimas fueron hombres gay y
mujeres trans.
• En mensajes simultáneos transmitidos el 17 de diciembre,
los presidentes Raúl Castro, de Cuba, y Barack Obama, de EEUU,
anunciaron el inicio de un diálogo inmediato para restablecer las
relaciones diplomáticas entre ambos países, rotas desde 1961.
Ambos líderes confirmaron, asimismo, la liberación de un contratista
estadounidense preso en la isla y tres cubanos detenidos en EEUU
acusados de espionaje. Ambos mandatarios manifestaron haber
coordinado telefónicamente el acuerdo que tuvo como mediador
al papa Francisco. El gobierno cubano espera que con el reinicio de
las relaciones diplomáticas a nivel de embajada —actualmente se
mantienen a nivel de una sección de intereses y un consulado—
EEUU ponga fin a más de medio siglo de embargo económico.
• GruposindígenasyafrodescendientesdeNicaraguasolicitaron
el 5 de de diciembre medidas cautelares a la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos (CIDH) para evitar que se inicie la construcción
del canal interocéanico que atravesará sus territorios ancestrales hasta
quenoselleveacabounaconsultaprevia.DeacuerdoconelCentrode
AsistenciaLegalaPueblosIndígenas(CALPI),elproyectode278kmque
unirá el litoral del Atlántico con el Pacífico, causará“daños irreparables a
los derechos a la vida digna, y propiedad ancestral así como al debido
proceso”.Un52%delarutasetrazaráentierrasindígenas,cuyosprocesos
de titulación han sido retrasados para hacer realidad el proyecto, afirmó
el CALPI. Fuentes gubernamentales han asegurado que la obra se
iniciará el 22 de diciembre.
• La Organización Internacional del Trabajo (OIT) criticó la
nueva legislación laboral juvenil en el Perú, promulgada el 16 de
diciembre, que no reconoce derechos laborales a jóvenes entre 18 y
24añosalsuprimirelpagodeindemnizaciónportiempodeservicio,
gratificaciones, reducir el número de días de vacaciones y acceso a
la seguridad social. La medida, que supuestamente favorecería el
ingreso de unos 260,000 jóvenes al mercado de trabajo formal, no
reducirá necesariamente la informalidad laboral que alcanza al 70%,
señaló Julio Gamero, especialista en empleo de la OIT para los Países
Andinos. Organizaciones sindicales anunciaron que presentarán
una demanda de inconstitucionalidad contra la norma a la que
calificaron como“neoesclavista”.
• Tabaré Vázquez, candidato del izquierdista Frente Amplio, ganó
holgadamente la segunda vuelta electoral el 30 de noviembre en
Uruguay. Vázquez, quien gobernó entre el 2005 y el 2010, compitió
con Luis Lacalle Pou, del derechista Partido Nacional o “Blanco”. El
ex mandatario, quien asumirá la presidencia el 1 de marzo para un
mandato de cinco años, logró 53.6% del total de votos emitidos frente
a 40.4% obtenidos por Lacalle Pou. Vázquez estará acompañado
en la vicepresidencia por Raúl Sendic, quien además presidirá la
Asamblea General, conformada por las cámaras de Senadores y de
Representantes. El oficialismo tendrá mayoría en ambas cámaras, con
16 de los 30 senadores y 50 diputados de un total de 99.
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AMÉRICA LATINA
SERVINDI
Por la sostenibilidad con
justicia e igualdad
Cumbre de los Pueblos frente al Cambio Climático continuará lucha en defensa de la vida, por un mundo justo y democrático.
Mujeres hacen frente al cambio climático con demandas y propuestas.
Elsa Chanduví Jaña desde Lima
“
Construir la sostenibilidad de la vida como una alternativa
al modelo extractivista”, fue en resumen la propuesta de
mujeres indígenas, campesinas, trabajadoras, feministas
que participaron en el Foro Internacional Mujeres y
Cambio Climático por la Sostenibilidad de la Vida, realizado
en Lima, Perú, el 11 de diciembre.
El foro tuvo lugar en el marco de la Cumbre de los
Pueblos por el Cambio Climático, evento realizado del 8 al
11 de diciembre, que se constituyó en un espacio de reflexión
sobre el impacto del cambio climático en las poblaciones y el
medio ambiente y de propuestas alternativas desde la sociedad
civil a los gobernantes reunidos en la 20ª Conferencia de las
Partes de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre
Cambio Climático (COP20).
Se requiere de un modelo sostenible para un “desarrollo
propio” frente el modelo capitalista extractivista que priorice
la producción agroecológica como garantía de la soberanía
alimentaria, señalaron las participantes.
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Mujeres, las más afectadas
“El cambio climático tiene un impacto diferenciado
entre mujeres y hombres, siendo las mujeres, por el rol
social asignado, las más afectadas. Su posición de desventaja
en la sociedad y menor acceso a recursos y oportunidades,
obstaculizan su desarrollo y ejercicio ciudadano, lo que
muchas veces se agrava por situaciones de violencia”, señalaron
las mujeres integrantes del Grupo Perú COP20 — colectivo
de la sociedad civil peruana articulado para hacer propuestas
a la COP20— en un documento dirigido a la Cumbre de los
Pueblos.
“Son ellas quienes viven en forma desproporcionada
los efectos de sequías, inundaciones y otras catástrofes,
especialmente quienes se encuentran en las zonas vulnerables
de los andes y la amazonia, y las áreas peri-urbanas de las
ciudades”, remarcaron.
En esa misma línea se pronunció la Cumbre de
Mujeres de Celendín celebrada del 28 al 30 de noviembre
en Cajamarca, región norandina peruana, lugar escogido en
honor a la lucha de las guardianas de las lagunas afectadas por
la empresa minera aurífera Yanacocha que busca desarrollar el
proyecto Conga al que se opone la población porque destruirá
lagunas y bofedales.
“Somos las encargadas de provisionar los alimentos y
el agua para las actividades cotidianas en todos los espacios
donde estamos, hasta en las organizaciones. Encargas de cuidar
a las niñas, niños y desvalidos, y de sostener las economías
familiares campesinas. Además somos responsables de
resguardar las semillas, la biodiversidad y nuestras culturas,
por lo tanto tenemos la responsabilidad de enfrentar las
condiciones críticas del clima, como cuando agotan o
contaminan las fuentes de agua o los bosques”, señalaron
las cerca de 120 mujeres lideresas, campesinas, indígenas y
ronderas de diversos territorios del país.
“Con todo, el trabajo de cuidado que hacemos cada vez
es mayor, muchas veces sin familiares con quienes compartirlo
porque migran, muchas veces sin ser reconocidas y con el
efecto de vivir cada vez más precariamente”, añadieron en el
documento final de la cumbre de Celendín, el que titularon
“No somos gotas, somos un río de mujeres tejiendo el Buen
Vivir”.
Demandas y propuestas
La salvadoreña Martha Benavides, del Llamado Global
para la Acción contra la Pobreza (GCAP, por sus siglas en
inglés),sostuvoenelforointernacionalque“nuestrosgobiernos
deben demandar financiamiento para el desarrollo sostenible”,
para “construir el mundo sustentable que necesitamos, que es
vida plena, Buen Vivir”. Los conocimientos de cuidado del
medio ambiente son la base de la sostenibilidad de la vida,
añadió.
Por su parte, Denisse Chávez, integrante del Grupo Perú
COP20, hizo mención al manifiesto “Mujeres y Cambio
Climático: un enfoque necesario para la sostenibilidad con
justicia e igualdad”, elaborado en el marco del XIII Encuentro
Feminista Latinoamericano y del Caribe realizado del 22 al 25
de noviembre en Lima.
“Proponemos canalizar las respuestas al cambio
climático bajo la perspectiva de sostenibilidad de la vida,
donde el cuidado y la protección de la gente y la naturaleza
sean las prioridades de cualquier solución al cambio climático.
Sostenemos que las soluciones parciales y economicistas,
muchas de ellas instrumentalizando el trabajo de las mujeres,
“No somos gotas, somos
un río de mujeres
tejiendo el Buen Vivir”.
—
MUJERES PERUANAS: LIDERESAS,
CAMPESINAS, INDÍGENAS Y RONDERAS
“Es necesario transitar hacia
otra división social del trabajo,
que elimine la subordinación
del trabajo femenino, que no
invisibilice el trabajo del cuidado
–que hace posible la reproducción
social– ni lo subordine a los
mandatos del mercado”.
— DECLARACIÓN DE LIMA
no contribuyen ni a la igualdad ni a la sostenibilidad. Que
requerimos de respuestas integrales y sistémicas, donde
cambiar las condiciones que generan el cambio climático y
las condiciones que reproducen la desigualdad entre hombres
y mujeres formen parte de una misma respuesta”, señala el
manifiesto.
La Cumbre de los Pueblos frente al Cambio Climático,
que tuvo como lema “Cambiemos el sistema, no el clima”,
emitió el documento Declaración de Lima que recoge las
conclusiones de los debates realizados en el evento y que
fue entregado el 11 de diciembre por la Comisión Política
organizadora de la cumbre al ministro peruano del Ambiente
y presidente de la COP20, Manuel Pulgar-Vidal.
“Denunciamos el sistema capitalista-patriarcal que
sostiene la opresión y control sobre el cuerpo, el trabajo y la
vida de las mujeres, promueve la violencia sexual y la trata, las
margina de diversos ámbitos de la vida social y pública”, señala
la Declaración de Lima.
Ante ello, plantea: “Es necesario transitar hacia otra
división social del trabajo, que elimine la subordinación del
trabajo femenino, que no invisibilice el trabajo del cuidado
–que hace posible la reproducción social– ni lo subordine
a los mandatos del mercado. Exigimos un cambio radical
que reconozca el trabajo reproductivo como la base de la
sustentabilidad humana y de las relaciones entre las personas
y comunidades”.
Para las numerosas organizaciones y miles de activistas de
los cinco continentes que participaron en la cumbre alternativa
a la COP20 ninguna acción para enfrentar el cambio climático
será eficiente o viable si no se promueve con políticas públicas
efectivas a favor de la pequeña agricultura familiar y campesina,
la reforma agraria, la soberanía y seguridad alimentaria de
nuestros pueblos, la producción auto sustentable, con base
agroecológica, autóctona y libre de transgénicos y agrotóxicos,
orientada al consumo humano y a la preservación de nuestra
biodiversidad.
Losmovimientossocialesdelmundoreunidosenlacumbre
alternativa —que se replicará en diciembre del 2015 en París,
Francia— se comprometieron a dar continuidad a las luchas
desde sus territorios en defensa de la vida, hasta que sus exigencias
sean atendidas, hasta “cambiar el sistema, no el clima”. q
39
AMÉRICA LATINA/EL CARIBE
COP20: ¿UN FRACASO
MÁS?
Cecilia Remón desde Lima
L
MILAGROS ANAYA
A última hora se logró
aprobar “Llamado de
Lima para la Acción
Climática” que deja
grandes vacíos, enormes
incertidumbres y nulos
compromisos.
Miles de personas marcharon por las calles de Lima el 10 de diciembre
demandando justicia climática.
a acción mal calculada por Greenpeace
para llamar la atención sobre el cambio
climático durante la 20ª Conferencia de las
Partes (COP20) de la Convención Marco
de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático
(CMNUCC), que se llevó a cabo en Lima, Perú, del 1
al 12 de diciembre, eclipsó las actividades y demandas
de la sociedad civil de los países más afectados por el
calentamiento global.
Activistas de Greenpeace colocaron el mensaje
“Time for change! The future es renewable!”
(¡Tiempo para cambiar! ¡El futuro es renovable!)
en letras amarillas en uno de los espacios más
delicados y protegidos del Perú: las líneas de
Nazca, que se encuentran a unos 300 km al sur
de Lima. Sin ninguna autorización oficial, los
activistas ingresaron furtivamente en horas de la
noche al lugar arqueológico donde se encuentra la
emblemática figura del colibrí. Las protestas no se
hicieron esperar, obligando a los responsables de la
organización ambientalistas a pedir disculpas, pero
el daño ya estaba hecho. Fotos aéreas mostraron
las huellas dejadas sobre las líneas y que nunca se
borrarán.
Si bien funcionarios del Ministerio de Cultura
anunciaron que se tomarían medidas contra los
activistas, lo cierto es que el Perú tampoco puede
40
mostrar su voluntad política para proteger la
herencia cultural ni menos ambiental. Recientes
disposiciones legales dirigidas a reactivar la
economía han relajado los estándares ambientales y
de protección del patrimonio cultural.
En ese marco se llevó a cabo la COP20, a la
que asistieron negociadores y representantes de
la sociedad civil de 195 países para discutir un
documento que incluyera acuerdos para reducir
emisiones.
Aunque la ciencia ha demostrado fehacientemente
que el cambio climático que está experimentando
el planeta a consecuencia del calentamiento global
por el uso indiscriminado de combustibles fósiles,
todavía hay naciones que no están dispuestas a
comprometerse a reducir sus emisiones de gases de
efecto invernadero (GEI).
La protesta de los menores ha sido un nuevo y
desesperado intento de los kukama para poder ser
escuchados por las autoridades políticas. La iniciativa
fue ideada por Miguel Ángel Cadenas y Manolo Berjón,
dos infatigables sacerdotes agustinos españoles que
viven entre los kukama en la localidad de Santa Rita de
Castilla, y que desde hace años luchan en cuerpo y alma
por los derechos vulnerados de ese pueblo. Desarrollan
sus acciones en estrecha colaboración con la Asociación
Cocama de Desarrollo y Conservación San Pablo de
Tipishca (ACODECOSPAT), que forma parte de la
organización Pueblos Indígenas Amazónicos Unidos
en Defensa de sus Territorios (PUINAMUDT).
Camino a la COP21
Tras 13 días de negociaciones y 36 horas después
de lo previsto, la madrugada del 14 de diciembre
fue aprobado el “Llamado de Lima para la Acción
Climática”, que establece los elementos del nuevo
acuerdo que reemplazará al Protocolo de Kioto, cuya
vigencia fue ampliada en el 2012 hasta el 2020 y que
deberá ser refrendado en la COP21, a llevarse a cabo
en diciembre del 2015 en París.
Las naciones “se pusieron de acuerdo en las reglas
básicas sobre cómo todos los países pueden someter
sus contribuciones al nuevo acuerdo durante el primer
trimestre del año próximo”, señala un comunicado
oficial de la COP20.
Si bien el texto reconoce una responsabilidad
común y diferenciada para reducir los GEI, lo cierto
es que quedará a criterio de cada país la reducción
de sus emisiones, no resuelve la fiscalización de esos
compromisos, ni incluye planes inmediatos para hacer
frente a los daños y pérdidas causados por el cambio
climático.
El presidente de la COP20, el ministro del
Ambiente Manuel Pulgar Vidal, resaltó “la importancia
no sólo de que se haya logrado en Lima el borrador de
acuerdo global que deberá firmarse en París en el 2015,
sino el éxito en términos de imagen que significa para
el país haber tenido una organización impecable en el
evento más grande que se ha llevado a cabo en el Perú”.
Entre los acuerdos logrados se incluyen superar
la meta destinada al Fondo Verde del Clima, al sumar
Las
naciones “se pusieron
de acuerdo en las reglas
básicas sobre cómo todos
los países pueden someter
sus contribuciones al nuevo
acuerdo durante el primer
trimestre del año próximo”.
— COP 20
“El acuerdo dejó pendientes
muchos problemas y unas
cuantas incertidumbres.
Se mantuvo el concepto de
responsabilidades diferenciadas
entre los países, persiste la
intención de un nuevo acuerdo
donde las naciones deberán
contribuir a reducir las
emisiones de gases invernadero”.
— EDUARDO GUDYNAS
compromisos por US$10.2 millardos anuales hasta el
2020, reforzar los Planes Nacionales de Adaptación
para que cada país se comprometa a generar acciones
que respondan a una adaptación planificada, y
se incluyó un Plan de Trabajo sobre género para
promover la participación efectiva de las mujeres en
la CMNUCC y fortalecer su empoderamiento en
relación a la adaptación y mitigación.
“La decisión de Lima es sólida no sólo porque
cumplió los mandatos que le estableció la COP19
de Varsovia, sino porque a su vez aprobó en Lima
el borrador que contiene los elementos para la
negociación, cosa que nunca antes había ocurrido. A
su vez, fortaleció la adaptación en las contribuciones
nacionales —que son los programas que los países
deben presentar el próximo año— y también los
mecanismos de financiamiento, tanto en el documento
aprobado como en otras decisiones”, destacó Pulgar
Vidal.
Para el especialista uruguayo Eduardo Gudynas,
del Centro Latinoamericano de de Ecología Social
(CLAES), “el acuerdo dejó pendientes muchos
problemas y unas cuantas incertidumbres. Se mantuvo
el concepto de responsabilidades diferenciadas entre
los países, persiste la intención de un nuevo acuerdo
donde las naciones deberán contribuir a reducir las
emisiones de gases invernadero, y se sumaron los
efectos de pérdidas y daños por el cambio climático.
Pero no existen mayores precisiones y el lenguaje de la
resolución está repleto de términos como ‘solicitar’ o
‘invitar’ a los Estados, lo que deja planteadas toda clase
de incertezas”.
41
Como señala Gudynas, los gobiernos dieron
vueltas en círculos, cada uno a su manera, para evitar los
compromisos y costos de atender el cambio climático.
De hecho, la palabra “vinculante” no estuvo presente
en el acuerdo.
Visión desde los pueblos
Mientras tanto, la sociedad civil mantuvo su
presión sobre los delegados gubernamentales,
demandando acciones concretas. El 10 de diciembre
se llevó a cabo una marcha por las calles de Lima en
la que participaron miles de personas de todas partes
del mundo. Los medios locales relegaron la cobertura
de la multitudinaria movilización, mostrándose más
interesados en golpear la acción de Greenpeace.
La marcha fue el punto culminante de la Cumbre
de los Pueblos frente al Cambio Climático, espacio
alternativo de diálogo y acción abierto, democrático
y horizontal de la sociedad civil y pueblos originarios
para compartir experiencias, problemas y propuestas
frente al cambio climático, llevado a cabo del 8 al 11 de
diciembre de forma paralela a la COP20.
En la Declaración de Lima, los asistentes a la
Cumbre de los Pueblos demandaron a los gobiernos
del mundo respetar “nuestros territorios, derechos
y modos de vida, nuestras culturas, costumbres y
cosmovisiones sobre la vida y el mundo que habitamos”.
“Denunciamos la explotación de nuestros recursos
naturales y territorios por parte de las industrias
extractivas que afectan nuestras formas de sustento,
nuestra fuente de identidad y la relación armoniosa
de nuestras comunidades con la Madre Tierra.
Demandamos el reconocimiento de la propiedad
territorial de las comunidades que tradicionalmente
han vivido en sus tierras. No aceptamos el control
externo de los territorios, ni los procesos de negociación
“Denunciamos la
explotación de nuestros
recursos naturales y
territorios por parte de las
industrias extractivas que
afectan nuestras formas de
sustento”.
— DECLARACIÓN DE LIMA
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“Los delegados de
países siguen empecinados
en hacer de las negociaciones
climáticas unas
negociaciones comerciales
en donde lo principal no
es la defensa integral de la
vida, sino la defensa de las
economías nacionales y sus
demandas de crecimiento
insostenible”.
— CLIMATE ACTION NETWORK LATIN
AMERICA
e implementación de falsas soluciones al clima. Los
gobiernos deben tener como eje central el respeto de
nuestras formas de vida ancestrales y el reconocimiento
a nuestra autodeterminación como naciones y pueblos
originarios”, dice la Declaración de Lima.
Aunque Pulgar Vidal intentó mostrar el éxito del
acuerdo, la red internacional Climate Action Network
Latin America (CAN-LA) calificó de “fracaso” el
resultado de la COP20.
“Los delegados de países siguen empecinados
en hacer de las negociaciones climáticas unas
negociaciones comerciales en donde lo principal no
es la defensa integral de la vida, sino la defensa de las
economías nacionales y sus demandas de crecimiento
insostenible”, señaló CAN-LA en un comunicado.
“Los resultados de la COP 20 no establecen
ninguna cifra de reducción de emisiones, quedando
al arbitrio de los países ‘la comunicación’ de sus
aportes voluntarios antes de octubre del 2015.
Y aunque el texto señala que tales compromisos
deben ser ‘cuantificables e importantes’ no existe un
mecanismo de medición acordado, ni mucho menos
un criterio de consenso para decidir lo que se juzga
como ‘importante’, con lo cual el pretendido acuerdo
de París, que reemplazará al Protocolo de Kioto,
se plantea desde ya con menor ambición que éste”,
agrega CAN-LA.
Finalmente, CAN-LA hizo un llamado a
los países latinoamericanos a asumir un mayor
protagonismo y marcar su independencia de los
países industrializados. q
AMÉRICA LATINA/EL CARIBE
Empresa minera aurífera Yanacocha, la más importante de Sudamérica, además de
arrasar con el medio ambiente, ha dejado de pagar millones de dólares en impuestos al
gobierno del Perú.
Noticias Aliadas
E
ntre 1970 y el 2011, US$2 billones provenientes
de América Latina y el Caribe se depositaron
en paraísos fiscales. Se trata de dinero que
se mueve a espaldas de los Estados a través
de los flujos financieros ilícitos (FFI): transferencias
transnacionales de fondos provenientes de tres fuentes
ilegales: corrupción (sobornos), lavado de dinero
(contrabando, tráfico de drogas, de armas, de personas,
etc.) y de los flujos comerciales de las grandes empresas
(evasión y elusión fiscal y facturación fraudulenta).
Año a año las cifras han ido creciendo, y de
acuerdo con estimaciones de la Red Latinoamericana
sobre Deuda, Desarrollo y Derechos (LATINDADD),
los FFI en el 2011 representaron $947 millardos en los
países en desarrollo y de ese monto, $116 millardos
corresponden a América Latina y el Caribe.
Siete países de la región —Brasil, Chile, Costa
Rica, México, Panamá, Paraguay y Venezuela— están
entre las 25 naciones con mayores montos de fuga de
capitales entre el 2002 y el 2011.
Estas cifras fueron reveladas durante la conferencia
anual de International Transparency Coalition (ITC),
titulada “Dinero oculto, recursos ocultos: Financiando
el desarrollo con transparencia”, organizada junto con
LATINDADD en Lima, Perú, el 14 y 15 de octubre.
“Los FFI permitieron que del 2002 al 2011 los
países en desarrollo pierdan $5.9 billones, de los
cuales el 20% corresponde a actividad criminal y
LATINDADD
Capitales en fuga
Países de la
región pierden
miles de millones
de dólares por
flujos financieros
ilícitos.
de corrupción, mientras que un 80% corresponde a
actividades comerciales, según estudios realizados
por la Global Financial Integrity (GFI)”, señaló
LATINDADD .
Paraísos fiscales
Una de las claves para entender los FFI son los
paraísos fiscales donde están escondidos billones
de dólares. Se trata de jurisdicciones que aplican
regímenes tributarios favorables a empresas y personas
no residentes, aplican el secreto bancario y no cooperan
con otras administraciones tributarias ni con la justicia
extranjera.
En el índice de secreto financiero elaborado por
la Red de Justicia Fiscal —red de investigadores y
activistas que trabaja en los impactos negativos de
la evasión tributaria—, que incluye a 81 países del
mundo, se encuentran numerosos países del Caribe,
tanto independientes como colonias estadounidenses,
británicas, francesas y holandesas, entre ellos Islas
Caimán, Bermuda, Islas Vírgenes, Barbados, Bahamas,
Aruba, Curaçao, Anguilla, San Vicente y Granadinas,
Islas Turcas y Caicos, Santa Lucía, Antigua y Barbuda,
Granada, Dominica, San Cristóbal y Nieves, y
Montserrat. Igualmente la lista incluye a Brasil, Costa
Rica, Guatemala, Panamá, República Dominicana y
Uruguay.
Según la Red de Justicia Fiscal, “el dinero que se
desvía a través de los FFI pasa en la mayoría de casos por
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los paraísos fiscales. Estos territorios o jurisdicciones
de alta opacidad financiera albergan entre $21 y $31
billones, cifra que equivale a la suma de los productos
internos brutos (PIB) de EEUU y Japón”.
Una de las formas para evadir impuestos que
tienen las filiales locales de las multinacionales es con
la creación de empresas fantasma en paraísos fiscales a
las que hacen las transferencias y de allí son enviadas a
las sedes principales.
Jorge Gaggero, director de la Red de Justicia Fiscal
de América Latina, manifestó que en Argentina, la fuga
de capitales en el 2012 fue de $28 millardos, monto
que “equivale al 4.7% del PIB del país o a 20% de la
inversión anual del Estado”.
LATINDADD dio a conocer una investigación
sobre el caso peruano que reveló que “revisando la
actividad comercial, la Superintendencia de Aduanas
y de Administración Tributaria (SUNAT) informó
que entre el 2007 y el 2012 las operaciones por precios
de transferencia (precio que pactan dos empresas
relacionadas para transferir, entre ellas, bienes, servicios
o derechos) llegaron a $370 millardos, de los que el
65% corresponden a operaciones internacionales”.
“Según la SUNAT, en el 2013 la renta omitida
gracias a la manipulación de los precios de transferencia
representan $350 millones, lo que implica una omisión
en el impuesto a la renta de $105 millones”, agregó la
organización.
Evasión tributaria
Un informe elaborado por el periodista Raúl
Wiener y el contador Juan Torres Polo, publicado en
el marco de la reunión de la ITC, encontró que sólo
en el 2013, la minera Yanacocha —de propiedad de
la transnacional estadounidense Newmont Mining
y la peruana Buenaventura—, en dos décadas de
operaciones dejó de pagar $1.2 millardos en impuestos.
Además, sólo en el 2013 evadió tributos por $136
millones. Yanacocha, considerada la principal minera
aurífera de Sudamérica, impulsa el cuestionado
proyecto Conga en el norandino departamento de
Cajamarca, que es duramente resistido por la población
por los impactos ambientales que generará.
“Yanacocha habría inflado sistemáticamente
sus costos contables con la finalidad de reducir su
Noticias Aliadas ofrece información y análisis
sobre el acontecer de América Latina y el
Caribe con énfasis en los temas que afectan
a las poblaciones excluidas de la región.
Versión en inglés: Latinamerica Press.
Producido por Comunicaciones Aliadas,
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Lima, Perú, que desde hace 50 años produce
información y análisis independiente y
confiable. Nuestro objetivo es visibilizar los
problemas y situaciones que transgreden
los derechos humanos de las poblaciones
excluidas y menos favorecidas de América
Latina y el Caribe.
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“Yanacocha habría inflado
sistemáticamente sus costos
contables con la finalidad
de reducir su contribución
tributaria en el período en el
que los precios del oro llegaron
a los más altos picos en el
mercado internacional”.
— RAÚL WIENER Y JUAN TORRES POLO
contribución tributaria en el período en el que los
precios del oro llegaron a los más altos picos en el
mercado internacional”, sostiene el informe. “La
inversión y gastos referidos al proyecto de Conga
(inversión nueva), han sido cargados a las operaciones
de Yanacocha y contabilizados antes de las utilidades
e impuestos, lo que quiere decir que el Estado y la
región han estado dejando de percibir una parte de sus
impuestos para financiar el controvertido proyecto”.
El año pasado, la minera declaró pérdidas por $562
millones sobre ingresos de US$1.5 millardos y para
sustentar este resultado consignó fuera de sus costos
considerados “normales” un gasto excepcional de más
de $1 millardo —que afectaba el 70% de los ingresos—
bajo el rubro “Deterioro de activos de larga duración”,
que no puede ser otra cosa que la depreciación en un
solo año de los activos de Conga, ya que Yanacocha no
tiene activos nuevos y está en fase de agotamiento de la
veta, precisaron Wiener y Polo.
Tanto ITC, como LATINDADD y la Red de
Justicia Fiscal coinciden en que para enfrentar la fuga
de capitales y la evasión tributaria es necesaria una
mayor fiscalización, así como políticas regionales
conjuntas para presionar ante los países desarrollados
medidas más drásticas contra los paraísos fiscales y
empresas fantasma. q
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Editora:
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Traducción:
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