Informe de Gestión Secretaría de Transparencia

Transcripción

Informe de Gestión
Secretaría de Transparencia
Presidencia
República de Colombia
Juan Manuel Santos Calderón
Presidente de la República
Germán Vargas Lleras
Vicepresidente de la República
Néstor Humberto Martínez Neira
Ministro de la Presidencia
María Lorena Gutiérrez
Ministra Consejera de Gobierno
y Sector Privado
Camilo Alberto Enciso Vanegas
Secretario de Transparencia
Equipo de la Secretaría de Transparencia
Diana del Pilar Mejía Barón
Daniel Andrés García Cañon
Carmiña Margarita Berrocal Guerrero
Camilo Andrés Cetina Fernández
Fernando Augusto Segura Restrepo
Andrés Eduardo Lozano Burgos
Martha Ligia Ortega Santamaría
Mónica Patricia Rueda Rodríguez
Iván Eliecer Casas Ruiz
Albert Fredy Cuesta Gómez
Rubiel Alirio Casas Bedoya
Alice Berggrun Comas
Edgar Mauricio Solano Calderón
Jorge Edgardo Cayetano Zerda Tapia
Victoria Aurora Triana Puentes
Enith Herrera Trujillo
Sergio Andrés Díaz Beltrán
Oscar Rene Arias Díaz
Maria Alejandra Baquero Cimadevilla
Andrea Carolina Perdomo Valbuena
Victor Jaime Soler Moreno
Sara Niño Tolosa
Susana Mojica Blanco
Daniel Germán Rodriguez Matías
Gersón David Motta Chavarro
Reconocimiento Especial:
Rafael Merchán Álvarez
Secretario de Transparencia 2013-2014
Diciembre de 2014.
Diseño, Diagramación e Impresión.
Imprenta Nacional de Colombia.
www.secretariatransparencia.gov.co
Equipo del Proyecto ACTUE – Unión Europea
Karen Hussmann
José Ignacio Palacios Bayon
Fernanda Contreras García
Paula Andrea Castañeda Aldana
Paula Vanessa Páez Barreto
Camilo Andrés Gutiérrez Silva
Camilo Andrés Muñoz Peña
John Edisson Lamprea Merchán
www.presidencia.gov.co
www.anticorrupcion.gov.co
Contenido
PRÓLOGO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
PRESENTACIÓN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
1.
ANTECEDENTES Y CONTEXTO GENERAL DEL INFORME . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
2.
REFLEXIÓN SOBRE LA MEDICIÓN DE LA CORRUPCIÓN Y SU IMPORTANCIA
EN EL DESARROLLO DE LA POLÍTICA PÚBLICA ANTICORRUPCIÓN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
3.
ADOPCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA INTEGRAL
ANTICORRUPCIÓN –PPIA– . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
4.
OBSERVATORIO DE TRANSPARENCIA Y ANTICORRUPCIÓN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
5.
AJUSTE DE LA POLÍTICA ANTICORRUPCIÓN A LAS CONVENCIONES
INTERNACIONES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
6.
COMISIONES REGIONALES DE MORALIZACIÓN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
7.
PLANES ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Y MAPAS DE
RIESGO DE CORRUPCIÓN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
8.
SEGUIMIENTO AL NUEVO ESQUEMA DE NOMBRAMIENTO DE LOS JEFES DE
CONTROL INTERNO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
9.
RENDICIÓN DE CUENTAS Y AVANCES EN CONTROL SOCIAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
10. LEY DE TRANSPARENCIA Y DEL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN
PÚBLICA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
11. PROMOCIÓN DE LA TRANSPARENCIA EN EL SECTOR PRIVADO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
12. TRÁMITE DE DENUNCIAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
13. COOPERACIÓN INTERNACIONAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
EPÍLOGO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
PRÓLOGO
Este documento presenta los principales avances de la Secretaría de Transparencia de la
Presidencia de la República en el proceso de creación, difusión e implementación de la
política de Estado en materia de lucha contra la corrupción, así como en la promoción de
la transparencia y acceso a la información pública. Esta política logró consolidarse con la
expedición del Conpes 167 de 2013, el cual definió la carta de navegación del país en
estos frentes.
Esos avances son el fruto del trabajo colectivo de miles de personas, que desde el sector
público, el sector privado y la sociedad civil organizada, han sumado esfuerzos para contribuir a la construcción de un país en el cual el manejo de los asuntos y bienes públicos
sea cada vez más pulcro. Aprovecho la ocasión para expresarle a todas ellas nuestro
reconocimiento por su esfuerzo y dedicación. Ustedes son la prueba de que podemos ser
mejores como sociedad.
En este documento, además, queda en evidencia que la lucha por promover la transparencia y prevenir la corrupción no puede medirse sólo bajo la lupa del resultado final o
de la posición que ocupemos en una medición comparativa entre países. Debe medirse
también como un proceso a lo largo del cual el Estado debe ir implementando todas las
medidas necesarias para aumentar la visibilidad de su trabajo, la eficiencia de su gestión,
para prevenir y castigar la consumación de delitos contra la administración pública.
El informe que estamos presentando también evidencia que la lucha contra el flagelo de
la corrupción exige la puesta en marcha de una intensa agenda de trabajo internacional.
Ello por dos razones: primero, en un mundo globalizado perseguir, sancionar y recuperar
activos fruto de la corrupción sólo es posible gracias a un decidido compromiso de cooperar entre Estados; y segundo, porque es un catalizador de buenas prácticas, al permitirle
a los países y a la sociedad civil evaluarse recíprocamente, de forma crítica y constructiva,
acelerando la implementación de estrategias de buen gobierno.
Más aún, el documento pone sobre la mesa la importancia que tiene para el buen desarrollo de la estrategia de lucha contra la corrupción, el trabajo de la sociedad civil, lo cual
incluye tanto a las veedurías ciudadanas como a las organizaciones no gubernamentales
dedicadas al fortalecimiento de la democracia, de la justicia, de la prevención del fraude
y de la promoción del buen gobierno.
Finalmente, es necesario decir que la implementación de la política pública integral anticorrupción sólo podrá ser definitivamente exitosa si logramos transformar la conciencia de
5
Informe Final Secretaría de Transparencia - 2014
los ciudadanos. Es importante que el Estado esté en capacidad de capturar a los “peces
gordos” que se lucran con los recursos de los colombianos; pero es más importante aún
generar un cambio real en los valores y ética pública de todos nuestros compatriotas.
Para lograrlo, necesitamos el concurso de todas las fuerzas vivas de la sociedad: las universidades, los colegios, los maestros, los sindicatos, los intelectuales, los líderes sociales,
los medios masivos de comunicación, el sector privado y todos los funcionarios del sector
público. Aspiramos a que cada colombiano se convierta en un modelo a seguir, trabajando con honradez, buscando servir a los demás y pensando siempre en la primacía del
bienestar común sobre el bienestar individual.
CAMILO ALBERTO ENCISO VANEGAS
Secretario de Transparencia
Presidencia de la República
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PRESENTACIÓN
La Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República, tiene la misión de asesorar y apoyar directamente al Presidente y al Ministro de la Presidencia en el diseño de políticas públicas de transparencia y lucha contra la corrupción y de coordinar su implementación, según lo define la Ley 1474 de 2011, norma que le dio origen. Desde la Secretaría
de Transparencia se desarrollan actividades para aumentar la eficacia de la prevención, el
control y la sanción de la corrupción.
En el Plan Nacional de Desarrollo 2010–2014, se definió que la lucha contra la corrupción sería uno de los principios de los soportes transversales de la Prosperidad Democrática. Allí se dispuso el diseño e implementación de una política integral de lucha contra
la corrupción, que combinara medidas para la prevención, el control, la investigación y
sanción de la corrupción. De igual forma, se estableció que la política debía incluir al
sector privado y la sociedad civil como actores clave para su efectividad.
Siguiendo las funciones de la Secretaría, definidas por el Decreto 1649 de 2014, norma
que modificó las funciones de la dependencia al interior del Departamento Administrativo
de la Presidencia de la República, se alcanzaron una serie de logros importantes en el período comprendido entre noviembre de 2013 y noviembre de 2014, en diferentes áreas.
Este informe presenta esos logros en ese periodo y los poneen contexto con base en los
avances que desde 2011 y 2012 venían rindiendo frutos en materia de lucha contra la
corrupción y promoción de la transparencia.
Los logros que se presentan tienen relación con diferentes áreas de trabajo de la Secretaría
de Transparencia, tales como la implementación de la Política Pública Integral Anticorrupción, la adopción de estándares internacionales en materia de transparencia, el impulso
de la corresponsabilidad del sector privado, el trabajo con las Comisiones Regionales de
Moralización, la puesta en marcha y operación del Observatorio de Transparencia y Anticorrupción, la promoción del control social y de las veedurías ciudadanas, la creación y
seguimiento a los Planes Anticorrupción y Atención al Ciudadano, la expedición de la Ley
de Transparencia y Acceso a la Información y la Gestión de denuncias ciudadanas sobre
corrupción.
7
Índice de Desempeño Fiscal
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1. ANTECEDENTES Y CONTEXTO GENERAL DEL
INFORME
La Secretaría de Transparencia se creó con el Decreto 4637 de 2011, el cual sustituyó al
Programa Presidencial de Lucha contra la Corrupción (que fue creado en 1998). El espíritu
de esta reforma buscaba orientar la lucha contra la corrupción desde la rama ejecutiva del
poder público, promoviendo la formulación de la política pública anticorrupción, la coordinación interinstitucional y el diseño de estrategias de promoción de la transparencia, la
cultura de la legalidad y el cumplimiento de compromisos internacionales en la materia.
Esto requería de un programa que respondiera de modo proactivo y técnico para el
diseño de política anticorrupción, con estrategias pensadas en el largo plazo, ajustadas
a la normatividad existente (como el Estatuto Anticorrupción) y adoptadas para generar
nuevas normas (como la Ley de Transparencia y Acceso a la Información), y que tuviera
la capacidad de coordinar el trabajo en este frente con otros organismos competentes
(como los órganos de control y la Comisión Nacional de Moralización), en lugar de continuar con un programa que había respondido – hasta ese momento – de modo reactivo
al fenómeno de la corrupción.
La creación de la Secretaría de Transparencia evidencia que la erradicación de la corrupción es una política permanente del Estado. En desarrollo de ella, se pusieron en marcha
numerosas iniciativas. El Estatuto Anticorrupción (Ley 1474 de 2011), expedido por el
Congreso, con iniciativa gubernamental, estableció un paquete de normas orientadas a
combatir la corrupción, en la que se incorporan facultades para que la Contraloría, la
Procuraduría y la Fiscalía sean mas eficaces en su trabajo contra la corrupción, y en la
que se establecen normas que reducen el riesgo de ocurrencia de conductas anómalas
derivadas de conflictos de interés en la contratación estatal y en la gestión pública. Por otra
parte, la ley de contratación (por ejemplo) fue modificada para exigir que todo contrato
público tenga una veeduría. También se desarrolló un Portal de Transparencia Económica
(www.pte.gov.co) en donde se puede ver en tiempo real la ejecución presupuestal de las
entidades del orden nacional, incluso con contratos específicos. En el campo internacional, el gobierno avanzó en el proceso de adherir a Colombia a la Convención de la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) contra el soborno
transnacional.
El Estatuto Anticorrupción, dentro de sus innovaciones creó dos comisiones. Por un lado
creó la Comisión Nacional para la Moralización (CNM) –con la participación de los organismos de control, auditoría e investigación, de los presidentes de dos altas cortes y del
poder legislativo, del Presidente de la República–. La secretaría técnica de la Comisión la
ejerce la Secretaría de Transparencia y tiene entre sus tareas la de velar por la correcta
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aplicación del Estatuto y, además, aprobar y hacer seguimiento a la Política Pública Integral
Anticorrupción. Por otra parte, también se creó la Comisión Nacional Ciudadana para la
Lucha contra la Corrupción, en la que los ciudadanos organizados –vale decir, gremios,
ONG, universidades, medios, veedurías ciudadanas, organizaciones sindicales, iglesias,
entre otros– harán el respectivo seguimiento y evaluación de la política anticorrupción.
Finalmente están las Comisiones Regionales de Moralización en donde los organismos de
control deben desarrollar una coordinación interinstitucional en el nivel territorial.
Durante el ejercicio como Secretario de Transparencia del Dr. Carlos Fernando Galán,
dichas comisiones adelantaron sus primeras reuniones y dieron sus primeros lineamientos.
Por ejemplo, el Observatorio de Transparencia y Anticorrupción, cuya primera conceptualización había contratado la Procuraduría General de la Nación, pasó a ser operado por
la Secretaría de Transparencia. Adicionalmente, la Política Pública Integral Anticorrupción
(PPIA) comenzó en 2012 a ser elaborada entre la Secretaría de Transparencia y el Departamento Nacional de Planeación (DNP). Es durante el ejercicio como Secretario de Transparencia del Dr. Rafael Merchán que la PPIA finalmente se sanciona en diciembre de 2013
y comienza a ser implementada, con logros importantes como el Manual Único de Rendición de Cuentas, la creación de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública,
la implementación de un Mecanismo de Denuncias de Alto Nivel, y la puesta al aire del
Observatorio de Transparencia y Anticorrupción (www.anticorrupcion.gov.co) con una batería de 17 indicadores y unos módulos de diálogo y educación en materia de lucha contra
la corrupción. Finalmente, se adelanta un proceso de promoción de la transparencia en el
Sector Privado reconociendo así su corresponsabilidad en la implementación de la PPIA.
La naturaleza de la Secretaría de Transparencia como órgano asesor de la rama ejecutiva
en materia de lucha contra la corrupción, no se ha perdido hasta hoy. Incluso con la reestructuración de la Presidencia y con la creación del Ministerio respectivo, la Secretaría de
Transparencia sigue siendo el brazo técnico del Presidente en materia de formulación de
política de prevención y coordinación interinstitucional para el castigo de la corrupción.
El presente informe, por tanto, muestra los avances en esta y otras gestiones adelantadas
por la Secretaría de Transparencia en el año 2014. Igualmente plantea los retos para el
Plan de Desarrollo 2014–2018, en materia de lucha contra la corrupción y promoción del
buen gobierno.
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2. REFLEXIÓN SOBRE LA MEDICIÓN DE LA
CORRUPCIÓN Y SU IMPORTANCIA EN EL
DESARROLLO DE LA POLÍTICA PÚBLICA
ANTICORRUPCIÓN
Todo avance en la lucha contra la corrupción comienza por identificar las formas de medición más apropiadas del fenómeno, de modo que se puedan observar y monitorear los
resultados de la política anticorrupción. La corrupción no es 100% observable: ésta se
reduce a transacciones de tipo ilícito y secreto que tienen lugar cuando alguien saca provecho personal en el ejercicio de responsabilidades que se le confirieron en su trabajo. Por
lo tanto, su medición no puede hacerse a partir de la observación directa del fenómeno
y resulta muy difícil estimar las pérdidas que ésta genera acudiendo a registros o huellas
que las transacciones corruptas dejan. Aun así, tanto en la academia como en entidades
estatales y organizaciones internacionales hay una serie documentada de intentos para
medir la corrupción, especialmente en cuatro grandes áreas: 1.) Mediciones basadas
en percepción; 2.) Mediciones basadas en observación directa de programas/proyectos
específicos; 3.) Mediciones basadas en chequeos cruzados; y 4.) Mediciones basadas en
estimaciones e inferencia estadística.
Queremos advertir al lector que medir los montos o los efectos de la corrupción, se constituye en el principal insumo para conocer su naturaleza y, por tanto, para determinar el
alcance y efectividad de la política pública anticorrupción. Sin embargo, existen al menos
3 dificultades inherentes a la estimación o medición sobre el fenómeno de la corrupción
como se describe a continuación:
1.) La corrupción es ilícita y secreta: Por esta razón es muy difícil medir algo que, por definición, implica que los individuos involucrados hacen todo lo posible por ocultarlo.
Adicionalmente, un abordaje objetivo implica una visión transaccional de la corrupción para que su medición sea precisa. Ello implicaría determinar quién soborna a
quién y por cuánto; quien favorece a quién y con qué, etc. Esto es difícil de cuantificar
dado el interés de los implicados en no dejar rastro de dichos actos.
2.) La uniformidad en la medición de la corrupción esconde la variación y la diversidad
existente en la naturaleza del fenómeno. Por ejemplo, si escogiéramos sujetarnos al
Índice de Transparencia Internacional en 2014 Colombia estaría en el mismo nivel de
países como Armenia, Egipto, Gabón y Liberia (puesto 94). Habría que preguntarse si
la prevalencia de corrupción es igual en todas esas naciones, y en las mismas áreas
relacionadas con atención al ciudadano, gestión pública, impunidad, transparencia,
entre otras. En 2013 Mongolia, Liberia y Perú estaban en el mismo nivel de acuerdo
11
con su puntaje (38 puntos). Pero ¿Cuál es la naturaleza de la corrupción en esos
países tan disímiles? Claramente las instituciones que cada uno de ellos tiene, la
estructura de sus Estados, las características demográficas en cada comunidad, entre
otros, son variables que deben determinar el tipo de comportamientos corruptos que
prosperan en dichos países. En este sentido, es difícil tomar decisiones de política
atendiendo solamente a puntajes uniformes. Por lo mismo, sería hasta cierto punto
confuso limitar las discusiones / debates de política pública en estos temas, usando
como único insumo los rankings de este tipo.
3.) Si se quiere ser más preciso en la medición de acuerdo con la naturaleza de la corrupción, entonces se sacrifica la uniformidad de dicha medición -porque nos encontraremos con diferentes unidades de medida y de indicadores ajustados, justamente, a las
formas que toma la corrupción-. Existen, por lo menos, tres aspectos en que difieren
las mediciones de corrupción de acuerdo con la característica que quieren capturar.
Unos se enfocan en la incidencia relativa de las transacciones corruptas (como el
Political Risk Services – PRS Group); otros se enfocan en el impacto de la corrupción
en el clima de negocios (como el Banco Mundial); y otros en la existencia de leyes,
políticas y mecanismos de cumplimiento que se creen afectarán la prevalencia de las
transacciones corruptas (como el de Transparencia Internacional). De este modo, el
campo de medición se hace más y más vasto, con lo que la toma de decisiones de
política se vuelve más compleja.
Normalmente se acude a los índices de percepción para comparar a los países en materia de corrupción. No es difícil ver la correlación entre desarrollo y corrupción, cuando
se acude a esas mediciones: los países desarrollados obtienen los mejores puntajes de
Transparencia. De hecho, el coeficiente de correlación que hemos calculado desde la
Secretaría de Transparencia, entre el ingreso per-cápita incorporado por Naciones Unidas
en su informe de desarrollo humano en 2013 y el informe de Transparencia Internacional
del mismo año, es de 0.77. Esto nos confirma la idea que entre más rico es un país, más
transparente o menos corrupto tiende a ser. Por lo tanto, la corrupción afecta en mayor
medida a los países en desarrollo. Sin embargo, la organización Global Financial Integrity
(GFI) confirma que las compañías multinacionales, principalmente las del mundo desarrollado, capturan 900 mil millones de dólares en flujos ilícitos. Este monto es 22.5 veces más
grande que el costo estimado de la corrupción en el mundo en desarrollo: 40 mil millones
de dólares según el Banco Mundial. Los índices de percepción, en este sentido, desvían la
atención del lector: al tener mejor posicionado al mundo desarrollado, ignoramos su responsabilidad sobre el problema de la corrupción proveniente de los flujos trasnacionales,
en los cuales dichos países son los principales responsables.
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En Colombia, a través de la Política Pública Integral Anticorrupción y del Observatorio
de Transparencia y Anticorrupción, se ha buscado avanzar en la construcción de nuevos
indicadores, utilizando las técnicas que toman aspectos de la observación directa, a partir
del registro de los procesos disciplinarios, fiscales y penales que puedan ser asociados a
corrupción. Existe también un trabajo importante a partir de indicadores de transparencia
desarrollados por la Procuraduría General de la Nación como como el Índice de Integridad (INTEGRA) o el Índice de Gobierno Abierto (IGA). Desde el gobierno Colombiano
queremos apoyar estas iniciativas con el objetivo de contribuir al debate tanto académico
como de opinión pública, de modo que podamos identificar nuevas formas de conocer
la gravedad del fenómeno y divulgarle a la comunidad resultados que van más allá de los
rankigs que estandarizan aspectos complejos relacionados con la transparencia y la lucha
contra la corrupción.
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Índice de Gobierno Abierto
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3. ADOPCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA
PÚBLICA INTEGRAL ANTICORRUPCIÓN –PPIA–
Con el objetivo de lograr las metas trazadas por el Plan Nacional de Desarrollo 2010–
2014, la Secretaría de Transparencia y el Departamento Nacional de Planeación trabajaron en la construcción de una Política Pública Integral Anticorrupción –PPIA-, la cual
quedó formulada en el Documento CONPES 167 de 2013 “Estrategia Nacional de
la Política Pública Integral Anticorrupción”. El objetivo central de dicho documento
CONPES es “fortalecer las herramientas y mecanismos para la prevención, investigación
y sanción de la corrupción, de manera que se puedan obtener resultados que reduzcan
efectivamente la incidencia negativa de este fenómeno en la sociedad colombiana y se obtengan mayores niveles de transparencia e integridad en el sector público y mayor corresponsabilidad del sector privado y la sociedad civil en la lucha contra la corrupción” (DNP,
2013) Después de realizar un diagnóstico de la situación de la corrupción en el país, el
CONPES contiene un marco conceptual del tema y, a través de la metodología de árbol
de problemas y objetivos, establece cinco estrategias:
1.) Mejorar el acceso y la calidad de la información pública para la prevención de la
corrupción.
2.) Mejorar las herramientas de gestión pública para prevenir la corrupción.
3.) Aumentar la incidencia del control social en la prevención de la corrupción.
4.) Promover la integridad y la cultura de la legalidad en el Estado y la sociedad.
5.) Reducir la impunidad en actos de corrupción.
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El CONPES contiene un Plan de Acción con una vigencia de cuatro años en el que se concertaron 110 acciones concretas con sus respectivos responsables, plazos y metas y en el
que se apropiaron recursos por 243 mil millones de pesos por parte de 22 entidades, para
prevenir los riesgos de corrupción en el Estado colombiano. A la fecha de publicación del
presente informe el nivel de avance de la Política Pública Anticorrupción es del 34% en
las acciones y los retos de las 22 dependencias involucradas en dicha Política. Se estima
cumplir las metas al 100% al año 2018.
Gráfico 1:
ÍNDICE DE LOGRO EN LA POLÍTICA PÚBLICA INTEGRAL
ANTICORRUPCIÓN (34%)
Fecha de corte: Noviembre 30 de 2014
50 %
80 %
0%
100 %
Fuente: Observatorio de Transparencia y Anticorrupción
En este informe estamos dando mayor relieve a los principales avances en la implementación del CONPES 167 de 2013, con el objetivo de que la ciudadanía, la comunidad
académica, los gremios y las instituciones públicas tengan información sobre los esfuerzos
que se están haciendo de modo coordinado en la lucha contra la corrupción así como
conciencia sobre los principales retos en la materia.
La primera estrategia “mejorar el acceso y la calidad de la información pública para la
prevención de la corrupción”, tiene un avance del 51% y ha alcanzado logros importantes
tales como:
• El programa de Gobierno en línea del Ministerio de las Tecnologías de la Información
y las Comunicaciones –Min TIC- se encuentra articulando su estrategia con lo señalado en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ley 1712 de 2014),
de manera que sirva como soporte para el cumplimiento de las características de la
calidad de la información señalada en la misma ley, relacionada con la estructuración
y procesamiento de los datos de la información. Para ello se encuentra actualizando
las guías de Open Data.
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• El DNP ha incorporado en su proyecto de fortalecimiento institucional para entidades
territoriales, alrededor de 50 municipios piloto del programa y realización de diagnósticos que incluyen el componente de transparencia y rendición de cuentas.
• La Procuraduría General de la Nación ha emitido la versión actualizada del Índice de
Gobierno Abierto (IGA) de acuerdo con su evaluación hecha con corte al año 2013.
• La Escuela Superior de Administración Pública – ESAP – está adelantando 4 proyectos
de investigación que abordan temas de trasparencia, control social y lucha contra la
corrupción en territorios específicos.
• Como parte del acceso de la información en materia de la lucha contra la corrupción, la Secretaría de Transparencia logró actualizar 17 indicadores de medición de
corrupción y de transparencia en las entidades públicas y sector privado. Esto se está
haciendo en el marco del Observatorio de Transparencia y Anticorrupción, el cual es
un proyecto de la Comisión Nacional de Moralización.
• 452 de las 1200 entidades del Sistema Nacional de Archivos –SNA- cuentan con Plan
de Mejoramiento Archivístico (PMA).
Sin embargo, hay otras acciones importantes en las que es necesario avanzar de cara
al año 2015. Dentro de los retos se encuentra que apenas se cuenta con un proceso de
gestión del control fiscal implementado de los 6 programados por lo que se hace necesario avanzar en la implementación de estos procesos. Igualmente hay que diseminar los
procesos de apertura de datos dentro de las entidades públicas, de cara no sólo a cumplimiento de la Ley de Acceso a la información sino al ajuste de Colombia a estándares
internacionales como los exigidos por la Sociedad para el Gobierno Abierto.
En la segunda estrategia “hacer más eficientes las herramientas de gestión pública para
la prevención de la corrupción”, se obtuvo un avance del 23%. Dentro de sus principales
logros podemos detallar que:
• Se expidió el Decreto 943 de 2014, por medio del cual se adopta la Actualización
del Modelo Estándar de Control Interno y se estableció una estrategia de capacitación
tanto a nivel nacional como territorial, respecto de los cambios que se surtieron en el
modelo, con lo que se han adelantado capacitaciones en los departamentos de Huila,
Cundinamarca, Tolima, Bolívar, Risaralda, Atlántico, Magdalena, Quindío y César.
• Adicionalmente, la Agencia Nacional de Minería puso en 2013 un Radicador Web
en funcionamiento como mecanismo con reglas claras y un proceso estandarizado y
transparente para la radicación de las solicitudes mineras; el usuario minero tiene la
garantía de que la solicitud se rige por “primero en el tiempo, primero en el derecho”,
así como el acompañamiento de los organismos de control. (Ver: http://www.anm.
17
gov.co/?q=content/radicador-web). Al 30 de junio de 2014, se han radicado 4.685
nuevas solicitudes a través de dicha plataforma.
• En el Sistema Único de Información de Trámites –SUIT- más de 3.500 trámites propios
de las entidades territoriales han sido publicados.
• Actualmente se encuentra para trámite el proyecto de ley de regulación de lobby o
cabildeo ante el Congreso de la República, el cual ya fue aprobado en primer debate.
Sin embargo, es necesario avanzar en ciertos aspectos para el próximo año: se debe
expandir la metodología de desarrollo de riesgos sectoriales de corrupción desarrollados
por la Secretaría de Transparencia y avanzar en su posicionamiento como herramienta de
gestión dentro de los ministerios y departamentos administrativos líderes de los diferentes
sectores de la gestión pública. También se debe acelerar el desarrollo tecnológico del catastro minero y en su aplicación para hacer más transparente y eficiente al sector.
En cuanto a la tercera estrategia “fortalecer el control social para la promoción de la transparencia en las entidades públicas y la prevención de la corrupción”, el seguimiento al
Plan de Acción del CONPES 167 de 2013, presenta un avance del 31%, con importantes
logros como:
• Se expidió el Manual Único de Rendición de Cuentas (MURC) que detalla los componentes, etapas y metodología que deben seguir las entidades públicas para informar
sus logros a los ciudadanos bajo esquemas organizados de planeación y diálogo con
la ciudadanía, así como de evaluación de dichos ejercicios.
• El DNP ha puesto en parcha la plataforma GESPROY que cuenta con un módulo de
Auditorías Visibles para el reporte de dichas auditorías a Regalías. GESPROY, es una
herramienta en la cual se le realiza el seguimiento a los proyectos presentados y con
financiados con el Sistema General de Regalías.
• El Ministerio del Interior recibió funcionalmente el Sistema de Información de Participación Ciudadana (SIDEPAR) que se encontraba alojado en los servidores del Ministerio
de Justicia.
Por otra parte, se requiere asegurar una difusión del MURC tanto en entidades Nacionales
como Territoriales así como su debida aplicación; es necesario hacer que el SIDEPAR sea
una herramienta de seguimiento a las veedurías y grupos de control social en el país, de
modo que el Estado pueda adelantar ejercicios focalizados de prevención de la corrupción, con interlocutores bien definidos, en áreas geográficas claras y en asuntos públicos
específicos. Igualmente hay que profundizar el ejercicio de auditorías visibles a otras fuentes de financiación como SGP o Contratos Plan y no sólo a regalías. Finalmente, aunque
ya contamos con una metodología de trabajo para las Comisiones Regionales de Mora-
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lización, es importante profundizarla mediante la articulación con veedurías ciudadanas
de modo que el control social y el control institucional puedan trabajar en equipo para
prevenir la corrupción en el territorio. Adicionalmente, la Secretaría de Transparencia preparó un Plan de Trabajo para la Comisión Nacional de Moralización el cual será sometido
a consideración y aprobación en la próxima sesión del año 2015.
Para la cuarta estrategia “hacer seguimiento al desarrollo de herramientas y mecanismos
para la promoción de la integridad y la cultura de la legalidad en el estado y la sociedad”,
se lograron avances en los siguientes frentes, lo cual soporta un avance de esta línea del
25%:
• La Escuela Superior de Administración Pública (ESAP) desarrolló 15 eventos de capacitación en sus sedes territoriales para los servidores públicos en nuevas temáticas
relacionadas con acceso a la información pública, control interno, ética, integridad y
estatuto anticorrupción.
• Se está adelantando un trabajo importante desde el Ministerio de Educación Nacional
en la promoción de competencias ciudadanas en niños y jóvenes: 94 Secretarías de
Educación cuentan con las orientaciones para la institucionalización del desarrollo
de competencias ciudadanas y se está desarrollando una ruta metodológica para
que dichas secretarías incorporen material relacionado con cultura de la legalidad e
integridad.
• Otro logro importante resulta del trabajo conjunto entre el Ministerio de Justicia, la
Superintendencia de Sociedades y la Secretaría de Transparencia que resultó en la
elaboración de un proyecto de ley ya presentado al Congreso de la República, en el
que se regula la responsabilidad de personas jurídicas, de acuerdo con estándares de
la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico –OECD-, a partir de
una serie de reformas al cuerpo normativo existente, incluyendo al estatuto anticorrupción. La reforma al estatuto incluye asuntos relacionados con conflicto de interés. Esto
facilita la promoción de la integridad al no limitar sólo entre las personas naturales la
responsabilidad por actos de corrupción.
Sin embargo, quedan varios retos en esta materia: Se está adelantando una investigación jurídica con el fin de actualizar el régimen de inhabilidades e incompatibilidades
de los servidores públicos, con énfasis en los servidores de elección popular. Queda por
generar una metodología para que los gremios desarrollen acuerdos de autorregulación
para el ejercicio legal y transparente de su actividad económica. Igualmente es importante desarrollar lineamientos que permitan evaluar las experiencias exitosas en materia de
transparencia y lucha contra la corrupción dentro del sector privado, reconocer dichas
experiencias y replicarlas.
19
En la quinta y última estrategia “desarrollar herramientas para luchar contra la impunidad
en los actos de corrupción” , se tiene un avance del 30%, el cual cuenta con los siguientes
resultados:
• La Ventanilla Unificada de Denuncias contra la Corrupción –(VUD) fue desarrollada
y se encuentra lista para entrar en funcionamiento. Por medio de dicha herramienta
los ciudadanos pueden radicar sus denuncias bien sea anónimamente o con plena
identificación, adjuntar pruebas documentales y hacer seguimiento al estado de sus
denuncia.
• La Secretaría de Transparencia desarrolló un mecanismo de denuncias de alto nivel
que permite detectar qué fases de un proceso licitatorio son vulnerables a corrupción
en contratos multimillonarios, especialmente en asuntos como favorecimiento de pliegos. Se estrenó en el mecanismo con la Agencia Nacional de Infraestructura –ANI-,
para estudiar licitaciones por 16 billones de pesos para la construcción de vías de
cuarta generación (4G).
• En cuanto a esfuerzos de coordinación para luchar contra la impunidad, la Secretaría
de Transparencia adelantó un proceso de diálogo y consulta con representantes de
todas las entidades de la Comisión Nacional de Moralización y de las 32 Comisiones
Regionales de Moralización. Este trabajo generó la cartilla de lineamientos y metodología para la operación de las Comisiones Regionales. Se creó un espacio para visibilizar la gestión de cada una de las 32 Comisiones Regionales de Moralización dentro
del sitio web del Observatorio de Transparencia y Anticorrupción (www.anticorrupcion.
gov.co).
Existen algunas actividades que requieren completarse: aunque la Unidad de Información
y Análisis Financiero (UIAF) desarrolló un módulo anticorrupción para su curso e-learning
en anti-lavado de activos y financiación del terrorismo, aún se requiere completar el aplicativo web para hacerlo funcional. Por otra parte, aunque se seleccionaron 30 entidades
del Ejecutivo que la UIAF considera deben cumplir el rol de reportar información objetiva
por ser susceptible a fenómenos de corrupción (adicionales a 38 que ya reportan), es necesario elaborar las directivas para que estos sujetos identificados empiecen a ser sujetos
obligados de reporte ante la UIAF.
En materia de coordinación en la lucha contra la corrupción, queda por concretar la creación y acciones del Comité de Coordinación Contra la Corrupción (C4) para investigar
y estudiar casos de delitos de alto impacto en materia de corrupción. Igualmente queda
por desarrollar un protocolo de intercambio de pruebas entre los organismos de control
para que las investigaciones de tipo penal, disciplinario y fiscal puedan compartir material
y puedan adelantarse con mayor celeridad y bajo principios de colaboración armónica
entre Procuraduría, Contraloría y Fiscalía.
20
4. OBSERVATORIO DE TRANSPARENCIA
Y ANTICORRUPCIÓN
4.1. Antecedentes del Observatorio
En enero del 2012 la Procuraduría General de la Nación inició la implementación del
proyecto de diseño de un Observatorio Anticorrupción con énfasis territorial para detectar
riesgos y actos de corrupción en la gestión pública. El proyecto fue adjudicado por concurso de méritos al Centro Nacional de Consultoría. Los avances del Observatorio y el
prototipo de diseño de la plataforma web fueron presentados a la Comisión Nacional de
Moralización en su sesión del 6 de julio de 2012, con la presencia del Señor Presidente
de la República, Juan Manuel Santos Calderón. En el marco de dicha sesión, la Comisión
aprobó la propuesta de poner en marcha la plataforma web del Observatorio Anticorrupción y de Integridad (así se llamó en aquel entonces) y lo acogió como herramienta
de Estado. En el mes de septiembre de 2012 la Procuraduría General de la Nación hace
entrega del Observatorio a la Secretaría de Transparencia del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República -DAPRE-. Desde diciembre de 2012, el observatorio
quedó alojado en la plataforma www.anticorrupcion.gov.co
El 25 de febrero de 2013 Secretario de Transparencia de aquel entonces, Dr. Carlos Fernando Galán, presentó públicamente el Observatorio de Transparencia y Anticorrupción
e indicó que esta herramienta, en su primera fase, permitiría hacer seguimiento de las
sanciones (fiscales, penales y disciplinarias) por departamentos y municipios del país. Se
hizo público también un informe que resume los principales hallazgos del Observatorio
hasta la fecha1.
Durante el primer semestre de 2013 la Secretaría de Transparencia trabajó en el diseño
conceptual y en la preparación del proceso contractual necesario para el desarrollo de
la segunda fase del Observatorio de Transparencia y Anticorrupción. Para esta segunda
fase se contempló la revisión conceptual y metodológica de los indicadores de sanciones
formulados en la primera fase, la construcción de una nueva batería de indicadores sobre
temas de transparencia y anticorrupción y la construcción de una batería de indicadores
para el monitoreo de la Política Pública Integral Anticorrupción. Se programan también
acciones para el fortalecimiento de los mecanismos de diálogo virtual y presencial del
Observatorio, el diseño de una estrategia para la difusión del proyecto en redes sociales
1
http://wsp.presidencia.gov.co/secretaria-transparencia/Prensa/2013/febrero/Paginas/20130226_01.aspx
21
y medios de comunicación, así como el desarrollo de un monitoreo de medios de comunicación y de conversaciones en redes sociales sobre temas de transparencia y anticorrupción. Dicho monitoreo debía estar orientado a identificar tendencias y generar alertas
tempranas sobre casos de corrupción en los distintos departamentos del país.
Además de lo anterior, se contempla dentro de la nueva fase del observatorio la ampliación y fortalecimiento del sitio web del Observatorio www.anticorrupcion.gov.co, con el fin
de crear un espacio para hacer visible la gestión de cada una de las 32 Comisiones Regionales de Moralización, la Comisión Nacional de Moralización, y para la visualización
de los nuevos indicadores formulados en el Observatorio2.
4.2. Generación de Indicadores para medir la corrupción
La Secretaría de Transparencia avanzó durante el año 2014 en el desarrollo de una nueva
etapa del Observatorio de Transparencia y Anticorrupción, orientada al fortalecimiento de
sus indicadores y el posicionamiento de su trabajo en el ámbito nacional. Estos indicadores debían rebasar las mediciones basadas en percepción de corrupción, y apuntar a una
observación un poco más directa del fenómeno, así como a la medición de esfuerzos en
materia de transparencia. Las variables, indicadores y fuentes de información utilizadas
están ajustadas al marco legal y arreglo institucional colombianos.
Con el propósito de mejorar la calidad de la información a partir de la cual se calculan los
indicadores de sanciones fiscales y contractuales del Observatorio, se desarrolló un ejercicio de coordinación interinstitucional, con el fin de explorar los sistemas de información de
la Auditoría General de la República y del Registro Único Empresarial y Social –RUES- de
la Confederación de Cámaras de Comercio –CONFECÁMARAS. Se encontró que la información de la Auditoría General complementaría de forma adecuada los datos entregados
por el Sistema de Información de Registro de Sanciones y Causas de Inhabilidad –SIRI– de
la Procuraduría General de la Nación para el cálculo de las sanciones fiscales en el país.
En el mismo sentido, se encontró que la información recopilada por el RUES sobre las
sanciones y multas impuestas a contratistas, serviría también para complementar los datos
entregados por el SIRI sobre sanciones contractuales. 2
Como resultado de este proceso licitatorio se adjudicó la operación y expansión del Observatorio de Transparencia
y Anticorrupción a la empresa Nexura Internacional SAS, mediante el Contrato de Prestación de Servicios N° 297 de
2013.
22
Además de lo anterior, el equipo de la Secretaría de Transparencia avanzó en el diseño
técnico y metodológico de una nueva batería de 6 indicadores de transparencia, en las
siguientes áreas: Rendición de Cuentas, Calidad de los Mapas de Riesgo de Corrupción,
Comisiones Regionales de Moralización, Cultura de la Legalidad, Transparencia del sector
privado y Proporción entre oferta y demanda de información pública. Adicionalmente,
se desarrollaron 5 indicadores para monitorear los avances de la Política Pública Integral Anticorrupción, ajustados a las 5 estrategias establecidas en el documento CONPES
167/2013.
4.3. Diálogo con la ciudadanía
Con el objetivo de difundir el trabajo del Observatorio en las entidades territoriales, la
Secretaría de Transparencia realizó 8 talleres presenciales en las ciudades de Bogotá, Barranquilla, Cali, Medellín, Bucaramanga, Cartagena, Florencia y Villavicencio.
Taller sobre herramientas para la
lucha contra la corrupción
Taller sobre Ley de Transparencia
Taller sobre Lineamientos de las
CRM
Por otra parte, haciendo uso de la plataforma de comunicaciones Google Hangouts y los
canales de Facebook y Twitter del Observatorio, se llevaron a cabo una serie de diálogos
virtuales sobre temas de transparencia y anticorrupción con panelistas representantes de
entidades del Estado, la academia y las organizaciones de la sociedad civil. Estos diálogos
pueden ser consultados por la ciudadanía en el sitio web del Observatorio y en el canal
de Youtube: https://www.youtube.com/obsTransparencia
23
Hangout sobre cultura de la legalidad.
Hangout sobre
Transparencia.
Ley
Hangout sobre planes anticorrupción.
Hangout sobre rendición de cuentas.
de Hangout
sobre Hangout sobre elefantes
corresponsabilidad
del blancos.
sector privado en la lucha
contra la corrupción.
Hangout sobre Ley de Transparencia.
Hangout sobre corresponsabilidad
del sector privado en la lucha contra
la corrupción.
Hangout sobre elefantes blancos.
Adicionalmente, se pone en marcha una estrategia para la difusión en redes
sociales de contenidos
sobre temas
de transparencia
y anticorrupción,
bajo los
Adicionalmente,
se pone en marcha
una estrategia
para la difusión
en redes sociales de
tres ejes llamados:
Educar yy anticorrupción,
Dialogar.
contenidos
sobre temasObservar,
de transparencia
bajo los tres ejes llamados:
Observar, Educar y Dialogar.
980 seguidores
980 Seguidores
8.570 Fans
8570 Fans
4.4. Sitio Web y Monitoreo de Medios
4.4 Sitio Web y Monitoreo de Medios
Con el fin de comunicar y poner a disposición de la ciudadanía el resultado del esfuerzo
Con eladelantado
fin de comunicar
y poner sea avanzó
disposición
de la ciudadanía
elsitio
resultado
del
técnico
por el Observatorio
en la expansión
y mejora del
web,
esfuerzo técnico adelantado por el Observatorio se avanzó en la expansión y
mejora del sitio web, proceso en el cual se diseñaron nuevas herramientas para la
visualización de los indicadores y la 24
interacción con los usuarios.
El nuevo sitio construido cuenta con espacios para:
•
Información de actualidad y noticias sobre temas de transparencia y
proceso en el cual se diseñaron nuevas herramientas para la visualización de los indicadores y la interacción con los usuarios. El nuevo sitio construido cuenta con espacios para:
• Información de actualidad y noticias sobre temas de transparencia y anticorrupción.
• Información sobre los funcionarios y entidades públicas con competencias en materia
de lucha contra la corrupción.
• La
de los talleres
y actividades
• La publicación
depublicación
los resultadosde
delos
los resultados
talleres y actividades
realizadas
para la socia-realizadas para
la socialización
del Observatorio
de Transparencia y Anticorrupción.
lización del Observatorio
de Transparencia
y Anticorrupción.
•
Espacio
y
herramientas
para
la
visualización
de los
indicadores que posee
• Espacio y herramientas para la visualización de los indicadores
que posee
actualmente
actualmente el Observatorio.
el Observatorio.
• Espacio y herramientas la visualización de los nuevos indicadores de
la visualización
• Espacio y herramientas
de los nuevos
de transparencia
transparencia
y anticorrupción
y deindicadores
los indicadores
arrojadosy por la Política
anticorrupciónPublica
y de losIntegral
indicadores
arrojados por la Política Publica Integral AnticoAnticorrupción.
rrupción. • Espacio para publicación y visualización de informes mensuales con los
resultadosydel
registro de
deinformes
noticiasmensuales
en internet
conversaciones
en redes
• Espacio para publicación
con ylosderesultados
del
visualización
sociales sobre transparencia y anticorrupción.
registro de noticias en internet y de conversaciones en redes sociales sobre transparen• Espacio para visibilizar la gestión de la Comisión Nacional de Moralización, la
cia y anticorrupción.
Comisión Ciudadana para la Lucha contra la Corrupción y cada una de las 32
• Espacio para visibilizar
la gestión
de la Comisión
Nacional de Moralización, la ComiComisiones
Regionales
de Moralización.
• Conexión
con contra
redesla sociales
la realización de los
sión Ciudadana
para la Lucha
Corrupcióny y herramientas
cada una de las para
32 Comisiones
diálogos
virtuales
sobre
transparencia
y
anticorrupción
contratados.
Regionales de Moralización.
• Conexión con redes sociales y herramientas para la realización de los diálogos virtuaLatransparencia
nueva versión
del sitio
web fue puesta al aire en el dominio
les sobre
y anticorrupción
contratados.
www.anticorrupcion.gov.co el 28 de agosto de 2014, fecha a partir de la cual ha
La nueva versión
del sitio
web fue
puesta al aire en el dominio www.anticorrupcion.gov.co
registrado
5713
visitas.
el 28 de agosto de 2014, fecha a partir de la cual ha registrado 5713 visitas.
Con el fin de aprovechar las posibilidades que brindan las tecnologías de
información y comunicación TICs para el análisis del fenómeno de la corrupción, se
hizo un monitoreo de medios de comunicación y redes sociales mediante la
25
herramienta ENGAGOR, a partir del cual elaboró el informe “Así hablan los
Colombianos sobre Transparencia y Anticorrupción”. Este documento analizó la
Con el fin de aprovechar las posibilidades que brindan las tecnologías de información y
comunicación TICs para el análisis del fenómeno de la corrupción, se hizo un monitoreo de medios de comunicación y redes sociales mediante la herramienta ENGAGOR,
a partir del cual elaboró el informe “Así hablan los Colombianos sobre Transparencia y
Anticorrupción”. Este documento analizó la forma en que fueron abordados y presentados
los temas de Corrupción y Transparencia en los medios de comunicación tanto en el nivel
forma como
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fueron abordados
presentados
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de así
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ciudadanía,
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través
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en los medios de comunicación tanto en el nivel departamental
cuentasTransparencia
de
redes sociales.
sus cuentas de redes sociales.
como nacional durante el primer semestre de 2014, así como la forma en que
fueron asimilados y replicados estos temas por parte de la ciudadanía, a través de
sus cuentas de redes sociales.
429.298 menciones en Internet sobre temas de transparencia y
429.298 menciones
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El monitoreo prendió las alarmas sobre 57 casos de corrupción
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Durante el año 2015, la Secretaría de Transparencia se dedicará no sólo a
operar y administrar el observatorio en los frentes arriba mencionados, sino a
Durante el año 2015, la Secretaría de Transparencia se dedicará no sólo a
consolidar
el Observatorio
y Anticorrupción
primer
Durante el
año 2015,
la SecretaríadedeTransparencia
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se dedicará nocomo
sólo el
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operar y administrar el observatorio en los frentes arriba mencionados, sino a
y administrar elconsolidar
observatorio
en los frentes arriba mencionados, sino a consolidar el Observatorio
el Observatorio de Transparencia y Anticorrupción como el primer
26 de Transparencia y Anticorrupción como el primer referente en materia de generación de
información
para la toma de decisiones de las entidades públicas y las organizaciones
26 privadas en materia de Transparencia y Lucha contra la corrupción. Esto implica hacer
más robustos los indicadores que maneja, depurando sus fuentes de información y con-
26
tribuyendo a que los aliados estratégicos de la Comisión Nacional de Moralización, del
Sector Privado, la Sociedad Civil, fortalezcan también sus sistemas de información para
un mejor conocimiento del fenómeno de la corrupción en Colombia.
Adicionalmente, el observatorio trabajará fuertemente en la generación de informes y
documentos de política pública, a partir de la información que maneja, para proponer
nuevas formas de combatir el fenómeno. Será un espacio de debate con otros sectores
de la sociedad, al modo de un “Think-Tank” en materia de transparencia y lucha contra
la corrupción. Finalmente, será un espacio de articulación del trabajo de los diferentes
miembros de la Comisión Nacional de Moralización, para poder coordinar entre organismos de las ramas judicial, ejecutiva y los órganos de control, la lucha contra la corrupción.
27
Indicador de Mapas de Riesgo
28
5. AJUSTE DE LA POLÍTICA ANTICORRUPCIÓN A LAS
CONVENCIONES INTERNACIONES
5.1. Cumplimiento de los estándares OCDE en materia de lucha contra
la corrupción
En mayo de 2013 Colombia fue invitada a formar parte de la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Esta Organización tiene el objetivo de
promover políticas que mejoren el bienestar económico y social de las personas alrededor
del mundo3. La OCDE está formada actualmente por treinta y cuatro países, entre los
cuales el único país suramericano es Chile. La adhesión de Colombia a la Convención
de lucha contra el cohecho de funcionarios públicos extranjeros de la OCDE es parte de
los requerimientos para pertenecer a dicha organización, dentro de la cual, en palabras
del Presidente de la República, están “los países con las mejores prácticas económicas,
sociales y de gobernabilidad del mundo entero”4.
La convención de la OCDE respecto al soborno trasnacional establece que su objetivo
principal es penalizar a las empresas y personas que, en sus transacciones comerciales,
ofrezcan, prometan, den dinero o gratificaciones a funcionarios públicos extranjeros, con
el fin de beneficiarse en sus negocios. Entre el cúmulo de buenas prácticas que Colombia
debe implementar antes de unirse a la OCDE, se encuentran aquellas contempladas en la
Convención para Combatir el Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales. Esta Convención fue adoptada por la OCDE en 1997 y
fue objeto de adhesión por la República de Colombia en 2012 por medio de la Ley 1573
de 2011, declarada exequible por la Corte Constitucional en la sentencia C-944 de 2012.
Así mismo, dicha Convención incluye un Grupo de Trabajo que hace seguimiento a pares.
Desde el 2011 Colombia, a través de la Secretaria de Transparencia, ha participado allí
activamente. Este grupo es responsable de supervisar la aplicación y el cumplimiento de
la OCDE contra el Soborno Transnacional y los instrumentos conexos. También tiene una
función de retroalimentación por lo que genera guías de buenas prácticas y recomendaciones a los países sobre la implementación de la convención. Este sistema de seguimiento
de revisión por pares se lleva a cabo en tres fases y es considerado por Transparencia
Internacional como el “patrón oro” de la vigilancia.
3
Ver texto de la Convención de la OCDE en http://www.oecd.org/centrodemexico/laocde/convenciondelaocde.htm
4
Palabras del Presidente Juan Manuel Santos sobre el ingreso de Colombia a la OCDE, 30 de mayo de 2013, http://
wsp.presidencia.gov.co/Prensa/2013/Mayo/Paginas/20130530_03.aspx
29
Colombia en este grupo de trabajo tiene un conjunto de responsabilidades como:
• Acoger en el marco normativo colombiano la Convención contra el cohecho de funcionarios públicos extranjeros y ratificarla. (establecida como prioridad por Richard
Boucher en su última visita a Colombia).
• Establecer una coordinación adecuada entre las entidades que trabajan temas afines
(Fiscalía, Órganos de Control UIAF, Ministerio de Justicia, Superintendencias, Ministerio de Comercio Exterior) para responder a los requerimientos de evaluación y seguimiento de la convención.
• Presentar la información de monitoreo y reportes del país en los tiempos exigidos y
bajo lo establecido al momento de ingreso.
• Asistir a las 4 sesiones anuales en las cuales se reúne el comité y evalúa la entrada de
nuevos miembros y las recomendaciones emitidas en las evaluaciones de los países.
• Responder solicitudes de asistencia legal mutua y casos de soborno transnacional que
lleve el país en casos de soborno transnacional (asistencia legal mutua en el caso Ferrostal con Alemania, por ejemplo)
• Votar en las sesiones plenarias del grupo de trabajo contra el cohecho, de acuerdo a
las directrices establecidas por el Ministerio de Relaciones Exteriores en esta materia
y de acuerdo a los lineamientos de política internacional del Gobierno de Colombia.
• Acoger las recomendaciones en cuanto a nuevas regulaciones importantes para nuestro marco normativo (responsabilidad de personas jurídicas, protección a denunciantes de actos de corrupción, etc.)
Entre los temas que Colombia ha hecho énfasis y los cuales son ventajas dentro del Grupo
de Trabajo, vale la pena mencionar algunos aspectos. Colombia tiene un amplio marco
de cooperación judicial y tiene acciones eficaces para perseguir, investigar y sancionar el
soborno transnacional. También exige altos estándares de Contabilidad y auditoría para
las empresas, que se encuentran en consonancia con los estándares internacionales. Las
Superintendencias están encargadas de la vigilancia y control de las empresas y pueden
hacer efectivas sanciones administrativas que incluye desde la imposición de multas hasta la liquidación de la personería jurídica. Se han venido reforzando las medidas contra
personas jurídicas que incurran en actos de corrupción y refuerza la investigación, penalización y sanción por estos actos tanto en materia administrativa como penal. Así mismo,
es importante mencionar que en Colombia no está permitido hacer deducciones fiscales
por gastos de corrupción nacional o internacional, al ser considerados actos contrarios a
la ley y a la constitución. Colombia es considerada dentro de la Organización como un
país líder en la persecución del delito de lavado de activos y en el último año estableció la
corrupción como uno de los delitos fuente del lavado de activos.
30
Igualmente, la participación de la Secretaría de Transparencia dentro del Grupo de Trabajo contra el Cohecho Trasnacional ha rendido frutos en otras áreas como las que se
detallan a continuación:
• Análisis del marco jurídico de la implementación del artículo 433 del Código Penal
colombiano sobre la tipificación del Soborno Transnacional.
• La Secretaria de Transparencia lideró la construcción del memorando de inicio de
temas anticorrupción de la OCDE estableciendo la posición inicial del país de los 5
instrumentos que tiene la organización para el tema anticorrupción. Los comentarios
sobre dicho memorando fueron públicos en el mes de febrero de 2014.
• Evaluación por pares de Brasil en la Fase 3 sobre la implementación de la Convención
contra el cohecho transnacional.
• Revisión y propuesta del régimen de responsabilidad de personas jurídicas por actos
de corrupción en Colombia.
• Eventos de capacitación y socialización de la Convención con el sector privado (septiembre de 2014) y con otros actores (febrero de 2013 y noviembre de 2013).
Así mismo, otro proyecto en curso es la revisión del Estatuto Anticorrupción para ajustarlo
a los estándares OCDE. La Secretaría trabaja, en coordinación con el Ministerio de Justicia y del Derecho, en un borrador de proyecto de ley de reforma que será presentado por
dicho Ministerio ante el Congreso de la Republica y que incluye no solo la responsabilidad
de personas jurídicas, sino cambios propuestos por la OCDE en la revisión de fase 1 y
cambios en las disposiciones para precisar lo dispuesto en la llamada “puerta giratoria”.
Como aparece en la exposición de motivos de dicho proyecto, en virtud de lo preceptuado
en el Artículo 2 de la Convención para combatir el cohecho de servidores públicos extranjeros en transacciones comerciales internacionales de la OCDE (Convención contra el cohecho) y en el Artículo 26 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción
(CNUCC), cada uno de los Estados signatarios se compromete a adoptar las medidas que
sean necesarias, de conformidad con sus ordenamientos jurídicos, para establecer la responsabilidad de las personas jurídicas por el soborno de servidores públicos extranjeros. La responsabilidad de las personas jurídicas puede ser penal, civil o administrativa.5
El proyecto de ley, que fue sometido a consideración del Congreso, tiene como objeto
implementar esa Convención. Para esos efectos, establece un régimen de responsabilidad
administrativa para las personas jurídicas que hayan incurrido en soborno transnacional y
modifica el tipo penal de soborno transnacional. Algunas de las normas de dicho proyecto
de ley modifican la Ley 1474 de 2011, también conocida como Estatuto Anticorrupción,
5
http://www.oas.org/juridico/PDFs/enc_compilacion.pdf
31
la cual fue revisada por el Grupo de Trabajo sobre Cohecho de la OCDE. Este Grupo de
Trabajo, conformado por países miembros de la OCDE, concluyó que en el Código Penal
y en la Ley 1474 de 2011 existían una serie de vacíos que impedían la implementación
plena de la Convención6.
Este proyecto de ley entonces propone dos grandes ajustes:
1.) Deroga el artículo 34 de la Ley 1474 de 2011 y en su lugar establece un régimen sancionatorio para todas las personas jurídicas, con o sin ánimo de lucro. La aplicación
de este régimen sancionatorio está a cargo de la Superintendencia de Sociedades y,
en algunos casos, de la Superintendencia Financiera. Las Superintendencias contarán
con la competencia para imponer sanciones pecuniarias y de otra índole en casos de
soborno transnacional. Los Capítulos I a III de este proyecto de ley desarrollan ese
régimen sancionatorio. En la elaboración de estos capítulos el Gobierno Nacional ha
tenido en cuenta principalmente los artículos 2 a 4 de la Convención, junto con los
comentarios autorizados de la Convención7 y las observaciones del Grupo de Trabajo
sobre Cohecho.
2.) Ajusta la definición de soborno transnacional en el artículo 433 del Código Penal para
evitar vacíos en la aplicación de la Convención, en particular el artículo 1 que define
las conductas que los Estados se han comprometido a sancionar.
Estos ajustes son una pieza clave en el proceso de adhesión de Colombia a la OCDE. En
efecto, constituyen en la Hoja de Ruta aprobada el 20 de septiembre de 2013 por dicha
Organización. Una vez estos ajustes sean aprobados por el Congreso de la República,
Colombia tendrá una mayor probabilidad de ser evaluada favorablemente por la OCDE
en su implementación de los compromisos adquiridos.
Además de ser un elemento crucial del proceso de adhesión a la OCDE, este proyecto
de ley es un instrumento importante en la lucha contra la corrupción. La ley colombiana
alcanzará no solo al cohecho que ocurre en Colombia respecto de servidores públicos
colombianos, sino también al cometido por colombianos en el extranjero (en relación con
servidores públicos extranjeros). A la vez, al implementar completamente la Convención,
Colombia se inserta en una red de colaboración multinacional en aspectos penales que
permitirá perseguir el cohecho que se inicia en otros países y se materializa en Colombia.
El resultado esperado de este proyecto de ley se reflejará en una mayor transparencia en
los sectores público y privado.
6
Ver informe del Grupo de Trabajo en http://www.oecd.org/daf/anti-bribery/ColombiaPhase1ReportEn.pdf
7
Ver Comentarios en http://www.oecd.org/daf/anti-bribery/ConvCombatBribery_Spanish.pdf.
32
Así mismo, y en consonancia con a las recomendaciones de la OCDE, en el marco de su
listado de recomendaciones anti corrupción 2009, la Secretaria de Transparencia, con el
apoyo de EuroSocial contratará un estudio para implementar la protección de denunciantes de actos de corrupción y hacer seguimiento al desarrollo legislativo de las disposiciones
de regulación del cabildeo.
También y en auspicio con la OCDE esta Secretaria de Transparencia lideró el proceso de
implementación del Mecanismo de Denuncia de Alto Nivel. Esta herramienta reconoce la importancia de la participación del sector privado en la prevención, identificación y
persecución de casos de corrupción. En su primera etapa, un grupo de empresas -bajo los
auspicios de la OCDE- invitó a las autoridades colombianas a diseñar un proyecto piloto
para que los empresarios puedan presentar reportes de posibles actos de corrupción que
tengan lugar en procesos de contratación pública. Este mecanismo se enmarca en el plan
de trabajo que está desarrollando la Secretaría de Trasparencia con el sector privado.
La idea de implementar este mecanismo, surgió inicialmente entre un grupo de empresas
del sector energético y el Instituto de Gobernanza de Basilea. Además, este mecanismo
ha recibido el apoyo del Foro Económico Mundial, el Secretario General de Siemens, el
B20, Transparency International (TI), la Organización Mundial de Negocios (ICC) y, más
recientemente, el Secretario General de la OCDE. El mecanismo está concebido como
una manera de prevenir y detectar los casos de corrupción procurando (en la medida de
lo posible) que los procesos de contratación pública, sigan su curso. El objeto del sistema
no será necesariamente el inicio de un proceso judicial, fiscal o disciplinario (aun cuando
es una posibilidad), sino que hará hincapié en emitir alertas tempranas sobre posibles
actos de corrupción durante el proceso de contratación pública gracias a la coordinación
entre un conjunto de organismos públicos para este propósito. Esta aclaración es muy
importante a fin de evitar falsas expectativas por parte del sector privado y de la sociedad
en general.
Dado que la gran mayoría de los casos de corrupción en procesos de contratación pública
responden a eventos en los cuales los estudios previos, pre-pliegos y pliegos están ajustados a características que benefician a un proponente, el mecanismo revisará el proceso
sobre el cual éste versa, incluyendo las solicitudes técnicas expuestas en los pre-pliegos y
pliegos para determinar si dichos documentos están de acuerdo con los requerimientos
técnicos del objeto a contratar en general, y no de acuerdo a las atribuciones de un proponente en particular. Así, se revisarán las normas y requisitos para el proceso contractual
determinado (estudios preliminares, pre-pliegos, pliegos y el resto de los documentos del
procedimiento de contratación pública) con el fin de realizar observaciones oportunas
sobre el proceso en curso, esto es, con anterioridad al acto de adjudicación.
33
El Mecanismo de Denuncia de Alto Nivel comenzó a funcionar con la Agencia Nacional
de Infraestructura- ANI en 8 licitaciones de la concesiones 4G. Allí no se han recibido
denuncias formales, pero si los diferentes actores han pedido acompañamiento para el
seguimiento de ciertos temas, en donde las empresas sentían la necesidad de transparencia, por lo cual se hicieron a modo de veeduría. Este mecanismo está explicado con más
detalle en la sección 10.2 del presente informe.
5.2. Convención Interamericana para luchar contra la corrupción
La suscripción de la Convención se produjo por parte de Colombia el 29 de Marzo de
1996, en el marco de la Conferencia especializada sobre corrupción promovida por la
Organización de Estados Americanos OEA en Venezuela. El Congreso expidió la Ley 412
de 1997 “por medio de la cual se aprobó la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción”, y ésta fue sancionada por la Gobierno Nacional, el 6 de noviembre de 1997.
La Corte Constitucional declaró su constitucionalidad mediante la sentencia C – 397 de
1998 y finalmente Colombia depositó el instrumento de ratificación el 19 de enero de
1999.
La Convención tiene como finalidades promover y fortalecer el desarrollo, en cada uno de
los Estados Parte, de los mecanismos necesarios para prevenir, detectar, sancionar y erradicar la corrupción; y promover, facilitar y regular la cooperación entre los Estados Partes
a fin de asegurar la eficacia de las medidas y acciones para prevenir, detectar, sancionar y
erradicar los actos de corrupción específicamente vinculados con tal ejercicio.
Estas finalidades son compatibles con los principios constitucionales establecidos en la
Carta Política de 1991. Sobre el particular la misma Corte Constitucional señaló en la
sentencia en la que declaró la constitucionalidad de la Convención Interamericana contra la Corrupción y de la ley aprobatoria que: “El Estado social de derecho, ha dicho de
manera reiterada esta Corporación, se construye a partir del reconocimiento del ser humano como sujeto autónomo, dotado de razón, cuya realización integral debe promover
el Estado, garantizándole condiciones dignas para el desarrollo de sus potencialidades,
condiciones que se anulan y diluyen en contextos en los que prevalezca el interés mezquino
de quienes anteponen los suyos particulares a los de la sociedad, incluso desdeñándolos y
sacrificándolos, mucho más si para ello hacen uso indebido del aparato administrativo que
conduce el Estado, de los recursos que lo nutren, y del ejercicio de las funciones propias de
la administración pública, conductas que por lo general se identifican en los tipos penales
que describen prácticas corruptas”8
8
Corte Constitucional. Sentencia C – 397 de 1998.
34
5.2.1. Mecanismo de seguimiento a la implementación de la Convención Interamericana.
El Mecanismo de Seguimiento a la Implementación de la Convención Interamericana
contra la Corrupción – MESICIC – puede definirse como “(…) un mecanismo intergubernamental, imparcial y objetivo en su operación y en las conclusiones a las que arriba sobe
una base consensual y de cooperación que no implica la adopción de sanciones 9.”
De acuerdo con los principios que orientan el MESICIC, dicho mecanismo funciona a
través de la selección que el Comité de Expertos hace de los artículos que serán objeto de
análisis y del diseño del cuestionario, así como la metodología que ha de aplicarse para
el estudio de las normas seleccionadas. También es competencia del Comité de Expertos
establecer las fechas para la evaluación de cada país y conformar los subgrupos de análisis encargados de estudiar la información de cada Estado Parte. Dicha evaluación luego
se pone en común con todos los Estados Parte en el marco de las reuniones del Comité de
Expertos celebradas periódicamente.
Esta característica del mecanismo permite que cada país sea objeto de evaluación pero
que a la vez tenga un compromiso evaluador, en el marco de un subgrupo conformado
objetivamente. Ello genera confianza en el equilibrio y trato igualitario del que es objeto
cada Estado, lo cual, sumado a que se trata de un mecanismo que no tiene por finalidad
establecer sanciones, permite un intercambio eficiente de ideas e instrumentos para la
lucha contra la corrupción.
En la Vigésimo Tercera Reunión celebrada en la ciudad de Washington del 18 al 22 de
marzo de 2014, la Secretaría de Transparencia lideró la participación del país en dicho
espacio y en la elaboración del informe de avance sobre la implementación de las recomendaciones hechas al país por el Comité de Expertos. Este informe fue entregado por
escrito y de manera verbal ante la Plenaria del Comité.
A través de este informe se destacaron, entre otros temas, la adopción de la Política Pública
Integral Anticorrupción, el fortalecimiento institucional de la capacidad colombiana para aumentar la integridad y la transparencia a través del Proyecto Anticorrupción y Transparencia
de la Unión Europea para Colombia (ACTUE), la activación de la Comisión Nacional de
Moralización (y las respectivas Comisiones Regionales), la sanción de la Ley de Transparencia y acceso a la información pública, la creación en la estructura de la Fiscalía General de
9
www.oas.org
35
la Nación de la Dirección de Fiscalía Nacional Especializada Contra la Corrupción (para
tramitar los casos de corrupción de mayor trascendencia, connotación y complejidad a nivel
nacional), la adopción de instrumentos de gran relevancia para evaluar el fenómeno de la
corrupción como el Observatorio de Transparencia y Anticorrupción, y mediciones como el
Índice de Gobierno Abierto (IGA) y el Índice de Integridad (INTEGRA).
Así mismo, se señalaron las dificultades relacionadas con el tema de cooperación interinstitucional, debido a diferencias de concepción sobre la aplicación de la norma constitucional frente al proceso penal acusatorio y al traslado de pruebas. Colombia, en calidad
de Estado evaluador, participó en la visita in situ a Grenada, la cual se llevó a cabo, según
lo establecido por el reglamento para las mismas, y con el fin de recoger información
adicional a la presentada por el Estado evaluado en la respuesta al cuestionario para la
evaluación de la Cuarta Ronda. En desarrollo de esta visita el país presentó sus respectivas observaciones.
En la Vigésimo Cuarta Reunión del Comité de Expertos, en calidad de Estado evaluador,
Colombia presentó el informe sobre la implementación en Grenada de las normas objeto
de análisis en el marco de la Cuarta Ronda. En esta intervención el país destacó temas relacionados con las siguientes instituciones de ese país: Comisión de Integridad, Comisión
del Servicio Público, Fiscalía General y Departamento de Auditoría.
Así mismo, con el fin de promover el conocimiento y la apropiación de la Convención Interamericana contra la Corrupción por parte de todos los funcionarios públicos, se elaboró
una publicación sobre el tema, la cual puede ser consultada en el siguiente link:
h t t p : / / w w w. a n t i c o r r u p c i o n . g o v. c o / S i t e A s s e t s / Pa g i n a s / P u b l i c a c i o n e s /
Convenci%c3%b3n%20Interamericana.pdf
5.3. Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción
Colombia participó entre los países que lideraron la redacción y adopción del texto de
dicha Convención. Su alcance universal motivó a que el Gobierno Colombiano en la
Exposición de motivos de la Ley aprobatoria de la Convención destacara que: “La Convención que se somete en esta ocasión a la consideración del honorable Congreso de la
República constituye un valioso instrumento jurídico internacional adoptado por los Estados
en el marco de la lucha contrala corrupción. Es, además, el único de su género que tiene
un ámbito de aplicación universal10.”
10
Exposición de motivos. Proyecto de Ley 235 de 2004 Senado – 237de 2004 Cámara por medio del cual se aprueba
la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción y publicado en la Gaceta del Congreso 219 de 2004.
36
A su vez la Corte Constitucional consideró, al estudiar la exequibilidad de la Convención y
de su Ley aprobatoria, que “(…) el contenido del instrumento internacional sujeto a estudio
es compatible con la Carta Política y, en buena medida, constituye un desarrollo acertado
de distintos principios y valores constitucionales, especialmente el adecuado ejercicio de la
función administrativa, la protección del patrimonio del Estado y el fortalecimiento de las
instancias democráticas de participación ciudadana 11.”
5.3.1. Mecanismo de seguimiento a la implementación de la Convención de Naciones Unidas
La Convención de Naciones Unidas prevé en su artículo 63 que “Se establecerá una Conferencia de los Estados Parte en la Convención a fin de mejorar la capacidad de los Estados
Parte y la cooperación entre ellos para alcanzar los objetivos enunciados en la presente
Convención y promover y examinar su aplicación”.
La Conferencia de Estados Parte a su vez tiene la facultad de establecer, si lo considera
necesario, un mecanismo u órgano apropiado para apoyar la aplicación de la Convención. En este marco se adoptaron, en la IV Conferencia de Estados Parte, los términos de
referencia para el funcionamiento de este Mecanismo. En ellos se establece un proceso de
evaluación entre pares en el que cada Estado es analizado por dos Estados pares, seleccionados a través de un sorteo.
El proceso se lleva a cabo a través de varias etapas. En la primera de ellas, el Estado
analizado da respuesta al cuestionario establecido en el marco del Grupo de Examen
para la aplicación. Posteriormente se lleva a cabo por parte de los estados evaluadores
un examen documental de la información remitida. El examen documental debe complementarse con cualquier otro medio de diálogo directo, como una visita al país o una
reunión conjunta. En la etapa final del proceso de examen los expertos evaluadores, con
el apoyo de la Secretaría, preparan un proyecto de informe sobre el examen del país, el
cual es enviado al Estado parte objeto de examen. El mencionado informe debe contener
los éxitos, las buenas prácticas y las dificultades identificadas, así mismo se formularán
observaciones para la aplicación de la Convención.
Una vez aprobados los términos de referencia del mecanismo de autoevaluación, se dio
inicio a la primera ronda de análisis, la cual aún se encuentra en curso; en ella son objeto
11
Corte Constitucional. Sentencia C – 172 de 2006.
37
de evaluación los capítulos III y IV de la Convención sobre penalización y aplicación de la
Ley y Cooperación Internacional.
En el marco de la V Conferencia de Estados Parte en la Convención de Naciones Unidas
de Lucha contra la Corrupción (CNUCC), celebrada en Panamá del 25 al 29 de noviembre de 2013, Colombia presentó una propuesta de resolución para el fortalecimiento de
la participación de los jóvenes en la prevención de la corrupción. La señalada resolución
fue el resultado del trabajo desarrollado por la Secretaría de Transparencia, la Procuraduría General de la Nación y la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito
–ONUDC, con el apoyo logístico y académico de diferentes colegios de la ciudad de Bogotá. Bajo esta iniciativa, durante el año 2013, se diseñó una metodología de intervención
orientada a incentivar entre los jóvenes de los grados noveno, décimo y once de colegios
públicos y privados, su capacidad de reflexión sobre la importancia del actuar ético, el
respeto por lo público y el rol de los jóvenes como promotores de un cambio cultural para
la prevención de la corrupción.
La construcción de este proyecto, basado en la participación activa de estudiantes de los
grados finales de secundaria, tuvo su origen en la convicción de que el punto de quiebre
para enfrentar la corrupción se encuentra más allá de los temas de investigación y sanción, y requiere de un cambio de mentalidad de toda la sociedad en su conjunto. El resultado de la reflexión de los jóvenes fue una de las bases para promover, en la Asamblea de
Estados Parte en la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, la adopción de
una Resolución, la cual puede ser consultada en el siguiente link: http://www.unodc.org/
unodc/en/treaties/CAC/CAC-COSP-session5-resolutions.html
En relación con esta misma Convención, luego de un proceso de dos años, se aprobó el
informe sobre la implementación en Colombia de los capítulos III y IV de la CNUCC, en el
que se entregaron al país varias recomendaciones entre las que se destacan las siguientes:
• Fortalecer la efectividad de la protección de denunciantes en el derecho penal, administrativo y laboral. (art. 33 CNUCC);
• Hacer esfuerzos para que las autoridades pertinentes elaboren estrategias para la investigación patrimonial-financiera, el decomiso y la reparación del daño en casos de
corrupción desde el inicio del caso, incluso mediante el intercambio de información
entre las instituciones (art. 31 y 35 CNUCC);
• Tomar medidas, de acuerdo a su legislación nacional, para permitir a sus instituciones
de investigación penal y de asuntos disciplinarios y administrativo-fiscales, compartir
entre ellas, sin perjuicio de garantizar el secreto de la fase de indagación, toda información relevante sobre casos de corrupción en cualquier fase del proceso, y mejore
los mecanismos para el intercambio de información (art. 38 CNUCC);
38
• Seguir aplicando medidas para socializar las políticas anticorrupción con el sector
privado (art. 39, párr. 1) y seguir fortaleciendo los mecanismos de denuncia anónima
y segura (art. 39, párr. 2 CNUCC);
El CONPES número 167 de 2013 estableció el compromiso de “Construir un sistema de
seguimiento de indicadores a las convenciones internacionales de lucha contra la corrupción”. El desarrollo de este sistema tiene como finalidad hacer un seguimiento no sólo
cualitativo sino cuantitativo a los avances en la implementación de las recomendaciones
de las Convenciones Internacionales de Lucha contra la Corrupción.
Para desarrollar esta tarea se acordó realizar un piloto a partir de las recomendaciones de
las rondas 1 y 2 del MESICIC, priorizando los temas de mayor interés e identificando los
indicadores ya existentes que cuentan con información relevante, con el fin de consolidar
una medición con base en los mismos.
Así mismo, se estableció y aplicó un sistema general de medición específica de gestión los
avances. Esta medición consiste en clasificar los desarrollos en la implementación de las
recomendaciones de acuerdo a un sistema de semáforos (verde naranja y rojo) por medio
del cual se asignaba a cada uno un valor: al avance en verde corresponde un valor de
100, al avance en naranja un 50 y al avance en rojo 0. Como resultado de la aplicación
de esta medición es la siguiente:
• Avance recomendaciones de primera ronda: 75%
• Avance recomendaciones de segunda ronda: 67,31%
Dentro de los retos para el año 2015, en este frente la Secretaría de Transparencia se
propone las siguientes acciones:
• Fortalecer la acción coordinada interinstitucional para la implementación de las recomendaciones derivadas de los procesos de evaluación de las Convenciones Interamericana y de Naciones Unidas de lucha contra la corrupción.
• Avanzar en el desarrollo del sistema de indicadores para el seguimiento a la implementación de las Convenciones Internacionales de Lucha contra la Corrupción: (i)
para todas las rondas de evaluación que se han llevado a cabo en el marco de la
Convención Interamericana y (ii) para las recomendaciones del proceso de análisis de
la Convención de Naciones Unidas.
• Liderar la implementación de la Resolución propuesta por Colombia y adoptada por
la V Conferencia de Estados Parte de la Convención de Naciones Unidas contra la
Corrupción para el fortalecimiento de la participación de los jóvenes en la prevención
de la corrupción.
39
• Promover la adopción de acciones sobre Cultura de la Legalidad en el marco de los
temas de interés colectivo del Mecanismo de Seguimiento a la Implementación de la
Convención Interamericana contra la Corrupción.
5.4. La Alianza para el Gobierno Abierto (AGA)
El Gobierno Nacional ha venido trabajando en el ajuste y mejoramiento de la administración pública, a través de la implementación de esquemas de organización eficientes y
tomando como referencia las mejores prácticas internacionales. Para ponerlo en práctica,
el Gobierno de Colombia se ha propuesto vincularse a diferentes alianzas que determinan
los parámetros de buen desempeño, eficiencia y eficacia del Estado.
En este sentido, Colombia se vinculó a la Alianza para el Gobierno Abierto en septiembre
de 2011, instancia de la cual hacen parte más de 63 países. La Alianza es una iniciativa
internacional dirigida a la participación concreta de los Gobiernos para promover la transparencia, incrementar la participación ciudadana, combatir la corrupción y aprovechar
las nuevas tecnologías de tal manera que los países se comprometan a ser más abiertos,
efectivos y responsables.
Esta iniciativa fue lanzada, en el marco de la 65 Asamblea General de las Naciones Unidas, en septiembre de 2011 para proveer un escenario internacional para reformadores
domésticos comprometidos a que sus gobiernos rindan cuentas, sean más abiertos y mejoren su capacidad de respuesta hacia sus ciudadanos. En todos esos países, gobierno
y sociedad civil trabajan juntos para desarrollar e implementar reformas ambiciosas en
torno al gobierno abierto.
Ser parte de la AGA, implica que los gobiernos deben promover cuatro principios fundamentales: Transparencia, Participación Ciudadana, Rendición de Cuentas y Innovación y
Tecnología
Transparencia
Rendición
de Cuentas
Participación
Principios Ciudadana
AGA
Innovación y
Tecnología
Fuente: Secretaría de Transparencia
40
Adicionalmente ser parte de AGA involucra un esfuerzo compartido del gobierno nacional,
los ciudadanos y el sector privado. Para incorporarse a AGA se deben cumplir los criterios de elegibilidad en cuatro áreas clave: Transparencia fiscal, acceso a la información,
declaraciones patrimoniales y participación ciudadana. Adicionalmente, se debe enviar
una carta de intención del gobierno a incorporarse y a respetar la “Declaración de Gobierno Abierto” y, por último, identificar una entidad líder del proceso y elaborar un plan
de acción.
Cumplir criterios elegibilidad
Carta de intención y
compromiso
Miembro
AGA
Selección dependencia y
elaboración plan de acción
Dado que la Alianza para Gobierno Abierto constituye un escenario de colaboración y
construcción conjunta – Gobierno – Sociedad Civil – Sector Privado – se conformó un
Comité de Seguimiento con el fin de definir la estrategia para la elaboración, desarrollo,
monitoreo y divulgación del Plan de Acción colombiano en el marco de la AGA. El comité
está conformado, como se detalla en el Gráfico 2:
Gráfico 2 - Comité de Seguimiento Alianza para el Gobierno Abierto
Gobierno
- Presidencia de la
República, Secretaría
de Transparencia
Sector Privado
- Asociación de funciones empresariales
- Confecámaras
Sociedad Civil
-Corporación
somos más
-Corporación
Transparencia
por Colombia
41
De los 27 compromisos inicialmente expuestos, el “Plan de Acción–Reorganizado” ahora
se compone de diecisiete (17) compromisos, los cuales sufrieron los siguientes cambios: i)
se reagruparon los compromisos de Gobierno en materia de: Gobierno en Línea y Portal
del Estado Colombiano; Mejor Servicio al Ciudadano y Lenguaje Claro; Mejor Desempeño, Rendición de Cuentas y Metodología Unificada de Rendición de Cuentas; Regulación
en los Servicios Públicos y Transparencia en la Información del Sistema de Justicia, y Participación Ciudadana; ii) se ajustó el objetivo establecido de los compromisos de Protección
al Consumidor; Entidades Más Eficientes; Acceso a la Información; Regalías; Control en
Línea y Portal de Transparencia Económica; iii) se busca evaluar la posibilidad de realizar
pilotos en los sectores de educación y salud; iv) finalmente, el compromiso de implementar
el Plan de Acción en el ámbito territorial, está implícito en el desarrollo de cada uno de
los demás compromisos.
El gráfico 3 muestra la reorganización de los compromisos y el reto al cual pertenecen, es
importante anotar que Colombia no tuvo compromisos en los retos: Construcción de comunidades más seguras y Aumento de la rendición de cuentas por parte de las empresas.
Gráfico 3 - Compromisos Alianza para el Gobierno Abierto
• Gobierno en línea, datos
abiertos, regulación en
los servicios públicos,
protección al consumidor,
mejor servicio al ciudadano,
entidades mas eficientes
• Acceso a la información
pública, mejor desempeño y
RdC, política transparencia
y plan anticorrupción
Mejora de los
servicios públicos
Aumento en la
integridad pública
Construcción de
comunidades más
seguras/Aumento
de la RdC por parte
de las empresas
Mejor gestión de la
inversión pública
42
• Compras eficientes,
portal transparencia
económica, control
en línea, regalías,
saneamiento básico,
alianza gobierno sector
privado
Con el apoyo financiero del Ministerio de Relaciones Exteriores y de Foreign and Commonwealth Office del Reino Unido, la organización del Gobierno de Colombia y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos- OCDE- se llevó a cabo durante
los días 20 y 21 de marzo en la ciudad de Bogotá, el “Seminario Regional sobre Gobierno
Abierto en América Latina: Logros y Desafíos Futuros”. Colombia fue escogido como país
anfitrión para presentar los resultados del estudio latinoamericano para hacer un inventario de estrategias y prácticas de gobierno abierto realizado por la OCDE. En este espacio
la Secretaria de Transparencia, presentó las iniciativas del país en Gobierno Abierto con
énfasis en la apertura al acceso a la información y la participación ciudadana.
El principal reto de Colombia, y de la Secretaría de Transparencia es construir un Segundo
Plan de Acción que documente los siguientes aspectos: 1.) las recomendaciones que el
Mecanismo de Evaluación de AGA realizó al primer plan presentado, 2.) la continuidad de
algunos compromisos importantísimos en el tema de transparencia, rendición de cuentas
y lucha contra la corrupción, 3.) los aprendizajes que obtenidos del Encuentro Regional de
AGA realizado en San José de Costa Rica, el pasado 17, 18 y 19 de noviembre.
El gráfico 4 muestra el proceso de construcción del segundo plan de acción:
Gráfico 4 – Construcción Plan de Acción Alianza para el Gobierno Abierto
Mesas de
trabajo en
Bogotá
Mesas de
trabajo
territoriales
Consulta
ciudadana
Urna de
Cristal
Elaboración y
Socialización
Primer
Documento
Mesa de
trabajo
Comité de
Seguimiento
Ampliado
Elaboración
Documento
Final
En este sentido, es importante que el tema de Gobierno abierto llegue a las regiones de
nuestro país. Es necesario que, al menos, en los principales departamentos y capitales del
país se inicie el proceso de socialización del tema Gobierno Abierto.
43
Indicador de Oferta y
Demanda de Información
44
6. COMISIONES REGIONALES DE MORALIZACIÓN
6.1.Introducción
En desarrollo de los numerales 3, 4, 5, 6 y 7 del artículo 70 de la Ley 190 de 1995, la
Comisión Nacional de Moralización, en reunión del 22 de julio de 2003, tomó la decisión
de implementar una estrategia territorial, con el propósito de promover la generación y
adopción de políticas, planes y programas orientados a la prevención, investigación y sanción de hechos de corrupción en el nivel local. De este modo, se crearon las Comisiones
Regionales de Moralización (CRM), cuyas funciones quedaron consignadas en el artículo
65 de la Ley 1474 de 2011 (Estatuto Anticorrupción).
El anterior Programa Presidencial para la Lucha Contra la Corrupción (hoy Secretaría de
Transparencia), promovió y coadyuvó en la creación de estas Comisiones Regionales con
el apoyo de aliados estratégicos en el nivel territorial, como las Cámaras de Comercio. En
aquel entonces las Comisiones Regionales estaban integradas por:
• Directores Seccionales de Fiscalía y C.T.I.
• Procurador Regional.
• Contralor Departamental.
• Gerente Departamental de la Contraloría General de la República.
• Defensor del Pueblo.
• Director Seccional del Consejo Superior de la Judicatura.
En el Estatuto Anticorrupción se establece que la Comisión Regional de Moralización estará conformada por los representantes regionales de la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de la República, la Fiscalía General de la Nación, el Consejo
Seccional de la Judicatura y la Contraloría Departamental, Municipal y Distrital. Adicionalmente otras entidades pueden ser convocadas para ser parte de dichas Comisiones,
como: la Defensoría del Pueblo, las personerías municipales, los cuerpos especializados
de policía técnica, el Gobernador y el Presidente de la Asamblea Departamental.
Durante el primer semestre de 2014 la Secretaría de Transparencia adelantó un trabajo
de diálogo con todas las entidades integrantes de la Comisión Nacional de Moralización
y con los Presidentes y Secretarios Técnicos de las Comisiones Regionales de Moralización,
orientada a indagar sobre la operación de las Comisiones Regionales, con el fin de consolidar unos lineamientos generales y proponer herramientas para la operación de dichas
instancias.
45
Fuente: Primer
Encuentro
de Presidentes
y Secretarios
Técnicos de lasTécnicos
CRM. Bogota.
3 deCRM.
MarzoBogota.
de 2014 3 de Marzo de
Fuente:
Primer
Encuentro
de Presidentes
y Secretarios
de las
2014
El diagnóstico elaborado permitió identificar algunas dificultades que enfrentan estas Coelaborado
permitió
identificar
dificultades
que
misionesElen diagnóstico
su operación, además
de un conjunto
de buenas
prácticasalgunas
que deberían
promoverse
y replicarse.
La Secretaría deenTransparencia
encontró
que las de
dificultades
estaban de buenas
enfrentan
estas Comisiones
su operación,
además
un conjunto
asociadas, por un lado, a la falta de claridad normativa y metodológica para determinar
prácticas que deberían promoverse y replicarse. La Secretaría de Transparencia
el modus operandi de las CRM; y por otro lado a que la interacción de los diferentes
encontróenque
las dificultades
asociadas,
por
un lado,
a la faltayde claridad
miembros
el territorio
resulta difícilestaban
de estabilizar
por la alta
rotación
de funcionarios
normativa y en
metodológica
determinar el modus operandi de las CRM; y por
complicaciones
las agendas depara
trabajo.
otro lado a que la interacción de los diferentes miembros en el territorio resulta
Sin embargo, se identificaron buenas prácticas en relación con la creación de reglamentos
difícil de estabilizar por la alta rotación de funcionarios y complicaciones en las
internos, cualificación de las denuncias ciudadanas, examen conjunto de presuntos casos
agendas
de ytrabajo.
de
corrupción
relación con la ciudadanía así como alianzas con los medios locales de
comunicación.
Sin embargo, se identificaron buenas prácticas en relación con la creación de
reglamentos internos, cualificación de las denuncias ciudadanas, examen conjunto
de presuntos casos de corrupción y relación con la ciudadanía así como alianzas
6.2. Lineamientos para la operación de las Comisiones Regionales de
con los
medios locales de comunicación.
Moralización
A partir del diagnóstico liderado por la Secretaría de Transparencia y concertado con las
CRM,
Comisión Nacional
Moralización,
bajo
el liderazgo
técnico dede
laMoralización
Secretaría
6.2laLineamientos
para ladeoperación
de las
Comisiones
Regionales
de Transparencia,
construyó
una nuevaliderado
cartilla de lineamientos
para la operación
de las
A partir del
diagnóstico
por la Secretaría
de Transparencia
y
Comisiones Regionales, que establece los objetivos, actividades y acciones específicas en
concertado con las CRM, la Comisión Nacional de Moralización, bajo el liderazgo
las que deberán enfocarse estas comisiones. La cartilla incluye también una serie de herra-
técnico de la Secretaría de Transparencia, construyó una nueva cartilla de
46
48 lineamientos para la operación de las Comisiones Regionales, que establece los
Presidencia
de la República
objetivos, actividades y acciones específicas en las
que deberán
enfocarse estas
comisiones. La cartilla incluye también una serie de herramientas que buscan
facilitar el trabajo de las Comisiones: un modelo para la formulación de Planes
mientas
que buscan
el trabajo
Comisiones: un de
modelo
para la formulación
Anuales
de Acción,
unfacilitar
modelo
paradelalaspresentación
Informes
Semestrales de
de Planes Anuales de Acción, un modelo para la presentación de Informes Semestrales de
Gestión, una Guía para la Gestión Documental de la Comisiones, una Guía para la elaelaboración
dedelas
actasdede
reunión
y finalmente
una la
guía
para la
boración
las actas
reunión
y finalmente
una guía para
realización
derealización
las reuniones de las
de lasde
Comisiones
con la ciudadanía
organizada. organizada.
reuniones
las Comisiones
con la ciudadanía
Gestión, una Guía para la Gestión Documental de la Comisiones, una Guía para la
Consulte este documento en http://www.anticorrupcion.gov.co/Paginas/lineamientosCRM.aspx
Consulte este documento en
Durante
el segundo semestre de 2014 la Secretaría de Transparencia compartió por mehttp://www.anticorrupcion.gov.co/Paginas/lineamientosCRM.aspx
dio físico y digital la cartilla de lineamientos con cada una de las 32 Comisiones Regionales de Moralización
del país.
Adicionalmente,
se les solicitó
el mes de Agosto
de 2014
Durante
el segundo
semestre
de 2014
la en
Secretaría
de Transparencia
a las CRM, dedicar su próxima sesión ordinaria a dos tareas específicas:
compartió
por medio físico y digital la cartilla de lineamientos con cada una de las
1. La armonización del actual reglamento interno de la Comisión Regional de Moraliza32 Comisiones
Regionales
de Moralización
del país.
Adicionalmente,
se les
ción, siguiendo
el modelo
para la elaboración
del reglamento
interno incluido
en lasolicitó
en el mescartilla.
de Agosto de 2014 a las CRM, dedicar su próxima sesión ordinaria a dos
La formulación de un nuevo Plan de Acción Anual de la Comisión Regional de Motareas2.
específicas:
ralización, siguiendo las pautas señaladas en la cartilla, y haciendo uso del modelo
la elaboración
delactual
Plan de reglamento
Acción Anual diseñado
Comisión
Nacional
de
1. La para
armonización
del
internopor
dela la
Comisión
Regional
de
Moralización. Este Plan de Acción contendrá las actividades a desarrollar por parte de
Moralización, siguiendo el modelo para la elaboración del reglamento interno
la CRM entre el mes de julio de 2014 y el mes de junio de 2015.
incluido en la cartilla.
Con el ánimo de facilitar a las Comisiones la labor de elaborar su Plan Anual de Acción,
la Secretaría de Transparencia elaboró y compartió con cada una de las Comisiones un
video tutorial que explica a los integrantes los pasos a seguir para la formulación de este
documento:
47
49 Con el ánimo de facilitar a las Comisiones la labor de elaborar su Plan Anual de
Acción, la Secretaría de Transparencia elaboró y compartió con cada una de las
Comisiones un video tutorial que explica a los integrantes los pasos a seguir para la
formulación de este documento:
Video disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=ET72wQ7WaL8
Video disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=ET72wQ7WaL8
6.3. Visibilidad de las Comisiones Regionales de Moralización
6.3 Visibilidad de las Comisiones Regionales de Moralización
La Comisión Nacional de Moralización creó también dentro del portal web del Observatorio de Transparencia y Anticorrupción www.anticorrupcion.gov.co, un espacio para hacer
visible la gestión de las 32 Comisiones Regionales de Moralización del país. La página
creada para cada una de las Comisiones cuenta con un espacio para la presentación de:
• Los integrantes de la respectiva CRM
• El Plan de Acción Anual
• El Reglamento Interno de la CRM
• Los Informes Semestrales de Gestión
• Noticias
• Fotos
• Videos
• Agenda de Eventos
48
50
•
Noticias
•
Fotos
•
Videos
•
Agenda de Eventos
Desde la Secretaría de Transparencia se fortalecerá la articulación con las entidades integrantes de la Comisión Nacional de Moralización y se realizará un trabajo de acompañamiento permanente a cada una de las 32 Comisiones Regionales de Moralización, para
la aplicación de los lineamientos formulados para su operación.
49
Fase 1. Transmisión de Lineamientos
Objetivo: Establecer contacto directo con los integrantes de las CRM para transmitirles de
manera clara los objetivos, actividades y herramientas diseñadas por la Comisión Nacional para la operación de las Comisiones Regionales.
Mecanismo: Talleres departamentales, Talleres Regionales y participación en Encuentros
nacionales de los integrantes de las Comisiones (Encuentro Nacional de Contralores, Encuentro de Procuradores, Encuentro de Fiscales).
Fase 2. Acompañamiento
Objetivos: -Brindar acompañamiento técnico a las CRM para ayudarlas a avanzar en el
manejo de los instrumentos básicos para su operación, formulados en los lineamientos:
Construcción de sus planes anuales de acción, ajuste de reglamentos internos, informes semestrales de gestión, etc. A través de los planes anuales de acción y de los reportes de las
CRM, la Secretaría de Transparencia podrá conocer los casos de corrupción estratégicos
en los que se concentra el trabajo de las CRM.
Adicionalmente se buscará acompañar los eventos que realice cada CRM con ciudadanía
organizada en las entidades territoriales.
Mecanismo: Encuentros presenciales y virtuales con cada una de las 32 CRM del país.
Fase 3. Seguimiento
Objetivo: Requerir información a las CRM y realizar seguimiento sobre el cumplimiento
de los Planes Anuales de Acción. Promover acciones de mejora y una mayor efectividad en
el desarrollo de actividades o el seguimiento a casos estratégicos.
50
7. PLANES ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN
AL CIUDADANO Y MAPAS DE RIESGO DE
CORRUPCIÓN
7.1.Introducción
La Ley 1474 de 2011 (Estatuto Anticorrupción), determinó en el artículo 73 que todas las
entidades públicas deben elaborar un Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano,
aspecto reglamentado mediante el Decreto 2641 de 2012. En este sentido, la Secretaría
de Transparencia de la Presidencia de la República, en coordinación con el Departamento
Administrativo de la Función Pública, el Programa Nacional del Servicio al Ciudadano y
la Dirección de Seguimiento y Evaluación a Políticas Públicas del Departamento Nacional
de Planeación, diseñaron el documento “Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano”, que consigna la metodología para elaborar la
estrategia de Lucha contra la Corrupción y de Atención al Ciudadano, la cual debe ser
implementada anualmente por todas las entidades del orden nacional, departamental y
municipal; el plazo para publicar esta estrategia es el 30 de enero de cada año.
La metodología incluye cuatro componentes autónomos e independientes, que contienen
parámetros y soporte normativo propio. El primero es el mapa de riesgos de corrupción y las acciones para su manejo, metodología que se construyó a partir del Modelo
Estándar de Control Interno –MECI- (Componente de Administración del Riesgo). En el
segundo componente es la Racionalización de Trámites se explican los parámetros
generales de esta política que viene siendo liderada por el Departamento Administrativo
de la Función Pública, a través de la Dirección de Control Interno y Racionalización de
Trámites. El tercer componente es la Rendición de cuentas, fundado en la necesidad
de brindar espacios para que la ciudadanía participe, sea informada de la gestión de la
administración pública y se comprometa en la vigilancia del quehacer del Estado. Esta
estrategia es coordinada por la Secretaría de Transparencia del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República y el Departamento Nacional de Planeación. El
cuarto componente corresponde a la Estrategia de Servicio al Ciudadano, en el que
se abordan los elementos que la deben integrar, indicando la secuencia de actividades
que deben desarrollarse al interior de las entidades para mejorar la calidad y accesibilidad
de los trámites y servicios que se ofrecen a los ciudadanos para garantizar su satisfacción.
Esta estrategia es coordinada por el Departamento Nacional de Planeación, a través del
Programa Nacional de Servicio al Ciudadano.
51
El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano hace parte del Modelo Integrado de
Planeación y Gestión, que fue reglamentado con el Decreto 2482 de diciembre de 2012,
este modelo se convierte en la carta de navegación en el ejercicio de planeación y gestión
de las entidades de la Rama Ejecutiva del Poder Público del Orden Nacional en los términos señalados en el Artículo 42 de la Ley 489 de 1998.
7.2. El Modelo Integrado de Planeación y Gestión
El modelo integrado de planeación y gestión articula el quehacer de las entidades, mediante los lineamientos de cinco políticas de desarrollo administrativo así como el monitoreo y evaluación de los avances en la gestión institucional y sectorial. La Secretaría
de Transparencia, como líder de la política del Transparencia, Participación y Servicio al
Ciudadano, e integrante de la mesa de trabajo que implementó el Formulario Único de
Reporte de Avance a la Gestión Pública –FURAG-, incluyó 32 preguntas que permiten
evaluar la elaboración del Plan Anticorrupción y sus componentes. Tratándose del Mapa
de Riesgos de Corrupción, las preguntas están relacionadas con la elaboración, los elementos incluidos, la metodología utilizada; los riesgos identificados y materializados.
En el primer trimestre del 2014, el Departamento Administrativo de la Presidencia de la
República –Secretaría de Transparencia-, el Departamento Nacional de Planeación –Programa Nacional de Servicio al Ciudadano-, Agencia de Contratación Pública Colombia
Compra Eficiente, el Archivo General de la Nación y el Ministerio de Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones, socializaron con las oficinas de Planeación de las
entidades y organismos de la Rama Ejecutiva del Poder Público del Orden Nacional los
resultados obtenidos con la primera evaluación del FURAG de todos los sectores. Respecto del Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano el Sector Presidencia -al cual
pertenece el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República –Secretaría de
Transparencia- se evidencian en la siguiente gráfica.
52
Gráfica 5 - Cumplimiento de los Planes Anticorrupción y de Atención
al ciudadano - Sector Presidencia
Formulación Plan
Anticorrupción
98
84
Servicio al ciudadano
58
Mapa de Riesgos de
Corrupción
51
61
Rendición de cuentas a la
ciudadanía
Antitrámites
7.3. Seguimiento a los Planes Anticorrupción
La Secretaría ha concentrado importantes esfuerzos en difundir los contenidos principales
del Plan Anticorrupción, para lo cual se han adelantado campañas de difusión a través
de medios electrónicos, aclarando constantemente inquietudes formuladas por Entidades,
funcionarios y ciudadanos, de manera personal, como por correo electrónico. Igualmente,
se han realizado talleres presenciales en los cuales han participado servidores y ciudadanos en diferentes departamentos del país como Antioquia, Córdoba, Magdalena, Meta,
Quindío, Santander y Valle del Cauca. Igualmente en Bogotá se ha trabajado con Entidades Públicas como la Contraloría de Cundinamarca, la Aeronáutica Civil, el Ministerio
de Salud y Protección Social. Para el 2015 se espera trabajar con municipios de consolidación Territorial como Montelíbano, San José de Uré y Puerto Libertador en Córdoba.
Con el fin de realizar seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano,
la Secretaría de Transparencia del Departamento Administrativo de la Presidencia de la
República, ha elaborado dos documentos en los cuales documenta los avances de las
entidades de la Rama Ejecutiva del Poder Público del Orden Nacional, así como de las
Gobernaciones y Alcaldías capitales en el nivel territorial.
53
El primer documento fue elaborado en el año 2013, y fue complementado con los resultados aportados por el Formulario Único de Reporte de Avances a la Gestión Pública –FURAG- en los primeros meses del 2014. El segundo documento de seguimiento consolida
los resultados del año 2013 y los compara con los obtenidos de la investigación realizada
por la Secretaría de Transparencia para el año 2014. La verificación de cumplimiento en
la elaboración del Plan Anticorrupción y de sus componentes se realizó teniendo en cuenta
los siguientes insumos:
• Páginas web de las Entidades Públicas de Orden Nacional, los cuales debieron ser
publicados en sus páginas web, a más tardar, el 31 de enero de 2014.
• Verificación telefónica con las oficinas de Planeación y Control Interno.
• Información reportada por algunas entidades públicas al correo electrónico [email protected].
• Información suministrada por el área de Control Interno y Racionalización de Trámites
del Departamento Administrativo de la Función Pública.
• Información del Modelo Integrado de Planeación y Gestión -Formulario Único de Reporte de Avances de la Gestión-.
Los resultados consignados en el documento de seguimiento, tienen como fecha de corte
el mes de enero de 2014, fecha limite para publicar el Plan Anticorrupción con sus componentes en las páginas web de las Entidades Públicas. Para efectos de clasificar los resultados en el informe, se dividieron las Entidades Públicas, o los sectores de los cuales estas
hacen parte en porcentajes que van de 0 a 100%, presentado la siguiente distribución:
• El porcentaje de 100%, corresponde al cumplimiento en su totalidad con la elaboración del Plan y sus cuatro componentes.
• El porcentaje de 81% a 100%, corresponde al cumplimiento en la elaboración del
Plan Anticorrupción, pero no todas las entidades o elaboraron sus componentes.
• El porcentaje de 51% a 80%, corresponde al incumplimiento en la elaboración tanto
del Plan Anticorrupción, como de sus componentes por algunas entidades.
• El porcentaje hasta el de 50%, corresponde al incumplimiento en la elaboración tanto
del Plan Anticorrupción, como de sus componentes por la mayoría de las entidades.
En relación con los sectores de la Rama Ejecutiva del Poder Público del Orden Nacional,
la investigación resalta los siguientes resultados relacionados con el Plan Anticorrupción y
de Atención al Ciudadano y sus cuatro componentes, en el año 2014 comparado con el
año 2013, los cuales se evidencian en los gráficos que se muestran a continuación:
• En el rango de 100%, se presentó una disminución del 33.4%.
• En el rango entre 81% - 100%, se presentó una disminución del 16.84%.
• En el rango entre 51% - 80%, se presentó una disminución del 21%.
• En el rango entre 0% - 50%, se presentó un aumento del 29%.
54
Tabla 1: Cumplimiento de los Planes Anticorrupción en los 24 sectores de la
Rama Ejecutiva (Orden Nacional)
Criterios
Plan y
Componentes
(todos)
Porcentaje
100%
81-100%
51-80%
0-50%
24 Sectores
2013
2014
Sectores
Porcentaje
Sectores
Porcentaje
12
50%
4
16.6%
5
21%
1
4.16%
6
25%
11
46%
1
4%
8
Diferencias
Sectores
Porcentaje
8
33.4%
4
16.84%
5
21%
7
29%
En relación con las entidades de Orden Nacional, la investigación resalta que la adecuada elaboración y publicación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano en sus
cuatro componentes, presentó disminuciones importantes en el año 2014 comparado con
el año 2013. En particular, el Plan Anticorrupción presenta una disminución del 23%; el
componente Mapa de Riesgos de Corrupción presenta una disminución del 51%; el componente de Trámites presenta una disminución del 18%; y el componente de Rendición de
cuentas y de Atención al Ciudadano presentan una disminución del 24%.
Tabla 2: Cumplimiento de los Planes Anticorrupción en las entidades de la
Rama Ejecutiva (Orden Nacional)
180 Entidades de Orden Nacional
Criterios
Plan
Componentes (todos)
Mapa de Riesgos
Trámites
Rendición de Cuentas
Servicio al Ciudadano
2013
Entidades Porcentaje
158
88%
139
77%
155
86%
141
78%
155
86%
156
87%
2014
117
65%
57
32%
64
35%
108
60%
112
62%
113
63%
55
Diferencias
41
(23%)
82
(45%)
91
(51%)
33
(18%)
43
(24%)
43
(24%)
Planes Anticorrupción
Entidades Orden Nacional
158
155
No.
Entidades
150
117
156
155
141
139
108
112
113
100
64
57
50
0
Plan
Componentes
(todos)
Trámites
2013
Rendición de
Cuentas
Servicio al
Ciudadano
2014
De modo específico, los Ministerios y Departamentos Administrativos, presentaron comportamientos ligeramente disímiles, como se detalla a continuación:
• El Plan Anticorrupción fue elaborado por todos los Departamentos Administrativos,
pero en los Ministerios 15 de los 16 lo hicieron en 2014.
• En los Departamentos Administrativos, el componente Mapa de Riesgos de Corrupción
presenta una disminución del 29%, los demás componentes de Trámites, Rendición de
cuentas, y Atención al Ciudadano fueron elaborados en su totalidad. Pero en los Ministerios sólo 9 de ellos desarrollaron todos los componentes del Plan Anticorrupción
y sólo 10 hicieron su mapa de riesgos de corrupción.
En el nivel territorial, respecto de las Gobernaciones el Plan Anticorrupción presenta una
disminución del 10%, mientras que el componente Mapa de Riesgos de Corrupción presenta un aumento del 14%.
Los resultados productos del seguimiento realizado a los Planes Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, fueron socializados mediante un video informativo dirigido a los jefes
de control interno y jefes de planeación de las entidades del Orden Nacional. Video que
conto con intervenciones del Dr. Rafael Merchán, (quien para ese momento era el Secretario de Transparencia) y la Dra. Elizabeth Rodríguez, directora del Departamento Administrativo de la Función Pública. El informe se encuentra disponible en la página web: www.
anticorrupcion.gov.co.
56
7.4. Construcción de los Mapas Sectoriales de Riesgo de Corrupción
El enfoque sectorial en la lucha contra la corrupción, implica reconocer las particularidades del fenómeno asociadas a las diferentes áreas en las que el Estado interviene
para cumplir sus fines y suministrar bienes públicos. El Departamento Administrativo de
la Presidencia de la República – Secretaria de Transparencia, en el 2013 suscribió convenios con la Universidad Nacional y con el Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD), con el objetivo de desarrollar una metodología que permita abordar
la corrupción desde la órbita sectorial. Esto se hizo aprovechando la disposición existente
en el Estatuto Anticorrupción que establece como uno de los componentes de los Planes
Anticorrupción, los Mapas de Riesgo correspondientes.
El plazo para la publicación del primer Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
(PAAC) y de sus componentes se cumplió el 30 de abril de 2013, siendo el mapa de riesgos de corrupción el componente más novedoso para analizar el fenómeno de la corrupción. Para conocer el proceso de formulación y el contenido de los mapas de riesgo de corrupción, la Universidad Nacional y el PNUD adelantaron una evaluación al primer mapa
de riesgos de corrupción elaborado según los lineamientos contenidos en el documento
“Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano”.
Teniendo en cuenta el universo y particularidades de las entidades públicas el análisis partió de la selección de los sectores Penitenciario y Carcelario, el subsector Acueducto, el
sector Agrario, el sector Educación, el sector Salud y el sector Medio Ambiente.
Con el fin de conocer el contexto general de los riesgos de corrupción desde una dinámica sub-sectorial y de orientar estrategias anticorrupción hacia la perspectiva sectorial, los
consultores elaboraron los mapas de riesgos de corrupción sectorial de los subsectores (i)
Sector Justicia: Sistema Penitenciario y Carcelario. (ii) Sector Vivienda Ciudad y Territorio:
Acueducto. (iii) Sector Agrario: Subsidios Directos. (iv) Sector Educación: Educación Básica
y Media. (v) Sector Salud: Hospitales, y (vi) Sector Medio Ambiente: Autoridad Ambiental.
El análisis adelantado permitió establecer entre otros, los posibles riesgos de corrupción,
las causas, la definición de las acciones y los responsables de la gestión del mapa de
riesgos de corrupción sectorial.
En la determinación de los riesgos de corrupción la Secretaría de Transparencia tomó el
enfoque de Gestión por Procesos, de modo que hizo una valoración sobre qué tipo de
procesos eran los más vulnerables a actos corruptos de acuerdo con lo que las entidades
reportan en sus mapas de riesgo. Adicionalmente, en el estudio que se le pidió a la Universidad Nacional así como al PNUD, se construyeron unos MACROPROCESOS como
57
unidad de análisis en materia de riesgo de corrupción. Allí podía tomar parte más de una
entidad dado que correspondía al sector que se analizaba.
Del proceso de evaluación a los mapas de riesgos de corrupción se estableció que el proceso más sensible a los posibles riesgos de corrupción son los procesos de apoyo y
dentro de ellos está la gestión contractual. Las causas de los riesgos de corrupción están
ligadas a las debilidades institucionales y a conductas individuales.
Se estableció igualmente que existe una notable resistencia del funcionario público
para abordar la construcción de riesgos de corrupción por las implicaciones en la imagen
institucional. Así como como la dificultad que representa la diferenciación entre un riesgo
de corrupción y uno de tipo administrativo, que suelen confundirse.
7.4.1.
Caracterización de la Corrupción en los Sectores y/o Subsectores
Sistema Penitenciario y Carcelario
En este subsector se identifican dos grandes espacios propicios para la corrupción:
el primero y más visible: el de la contratación pública. El segundo se deriva de la función primordial del subsector: lograr el cumplimiento de las finalidades de la pena y de
las medidas de seguridad.
Los primeros riesgos de corrupción se centran
en el direccionamiento de la contratación
y la problemática presentada en torno a los
procesos de interventoría, en especial en la
alimentación para los internos.
Tratándose de los propósitos de las penas y de
la implementación de las medidas de seguridad, los riesgos de corrupción se asocian a
procesos de tratamiento penitenciario, atención integral a población penitenciaria y carcelaria, en especial en salud y seguridad. De acuerdo con el diagnóstico realizado, esto se
debe en parte al hacinamiento, a las deficiencias funcionales y comportamentales de los
funcionarios y a la falta de seguimiento a los protocolos establecidos.
Frente a la administración de justicia, los riesgos de corrupción se asocian a las acciones
de las autoridades judiciales, toda vez que dependiendo de las competencias se pueden
otorgar beneficios administrativos, subrogados penales, medidas sustitutivas de detención
o prisión domiciliaria.
Se identifican dos espacios para la
corrupción: la contratación pública
y los derivados del cumplimiento de
las finalidades de la pena y de las
medidas de seguridad.
58
Acueducto
Los riesgos de corrupción del subsector acueducto se agrupan en cinco grandes
campos: en el desarrollo territorial, la gestión ambiental, el servicio público, la regulación económica y los derivados de los ejercicios de participación
ciudadana. En el desarrollo territorial se identifican riesgos de corrupción asociados a los actores políticos y económicos que pueden influir en los modelos de
ordenamiento territorial.
En la gestión ambiental los riesgos de corrupción se concentran en las irregularidades para la obtención de trámites y permisos ambientales y en la manipulación
de estudios ambientales.
Los riesgos de corrupción se agrupan en cinco campos: Desarrollo
territorial. Gestión ambiental. Servicio público. Regulación económica y
participación ciudadana.
En el servicio público de acueducto, los
riesgos de corrupción se centran en la manipulación de tarifas, subsidios y de la información para incidir en procesos de estratificación. En la regulación económica,
los riesgos se encuentran en la gestión de
proyectos, en la definición de criterios y mecanismos de la regulación técnica y en la
regulación tarifaria.
Por otro lado, el desconocimiento de las instancias de participación ciudadana por parte
de las comunidades ha generado la captura de los espacios de participación por agentes privados para validar prácticas indebidas en contravía de los intereses colectivos, en
beneficios de grupos de poder económico o político o parar provechos particulares.
Subsidios Directos Agrarios
Los riesgos de corrupción más frecuentes se relacionan con el pago o
el ofrecimiento de dádivas para la
obtención de beneficios.
Los riesgos de corrupción identificados se
relacionan con las irregularidades en la
obtención de beneficios a través del pago
u otorgamiento de dádivas a los supervisores
con el propósito de que certifiquen condiciones diferentes a las reales. Así mismo con la entrega de información fragmentada o irreal
para acceder a los subsidios. La influencia de intereses políticos para el otorgamiento
de subsidios; la presión indebida de grupos poder y de políticos para conceder los
beneficios de manera irregular y el doble pago de los incentivos. Así como la indebida
59
formulación y escogencia del PGAT (Plan General de Asistencia Técnica), por la falta del
cumplimiento de requisitos.
Las causas generadas de esos riesgos de corrupción tienen que ver con la falta de recursos humanos y de capacidad técnica de las alcaldías para presentar los proyectos con
el debido soporte técnico. Así mismo, por las dificultades para realizar la verificación,
seguimiento y evaluación al proceso por parte de las entidades encargadas de conceder
los incentivos. La debilidad institucional, ha ocasionado que en algunas ocasiones se han
utilizado los subsidios directos con fines clientelistas. De tal manera que los intereses políticos priman sobre las necesidades técnicas y productivas de los beneficiarios.
Educación Básica y Media
Los riesgos de corrupción encontrados se
asocian a los procesos derivados de la gestión contractual, como son las obras de
infraestructura, el mobiliario escolar, la contratación con colegios privados para ampliar la cobertura y los contratos de alimentación
escolar.
Para obtener mayores recursos se
emiten reportes falsos de niños
matriculados.
Otros riesgos se derivan de los reportes falsos de niños matriculados en un determinado período de lectivo. Alumnos duplicados que se relacionan con números y documentos de identificación diferentes (registro civil, tarjeta de identidad, cédula). Se registran
alumnos que sin serlo, son atendidos como población con necesidades educativas especiales, (afrodescendientes, indígenas o internos). De tal forma que la entidad territorial
recibe sumas adicionales para atender esta población, así mismo se contabilizan como
alumnos, jóvenes que han finalizado sus estudios y se reportan como matriculados en otro
grado.
En el sector de la educación las pérdidas de los recursos se asocian a las diferencias
entre los giros realizados por el Gobierno Nacional a las entidades territoriales y los
apropiados por éstas en su presupuesto de ingreso.
Teniendo en cuenta que los recursos del Sistema General de Participaciones SGP se destinan por niño atendido, en algunas ocasiones las entidades territoriales y las instituciones
educativas revelan cifras infladas con el propósito de obtener mayores recursos.
60
Hospitales
En términos generales los procesos más susceptibles de la presencia de riesgos de corrupción son los de procesos de contratación: suscripción de contratos, procesos de
selección y contratación de talento humano y en la adquisición de insumos (sobrecostos)
y los procesos de facturación y pagos.
Posibles desvíos de los recursos parafiscales del Sistema General de Seguridad Social
recaudado del aporte de los ciudadanos. Los malos manejos administrativos de las entidades de salud, que financian campañas políticos y hasta grupos armados son solo algunos
ejemplos de la problemática presentada en el sector, que infortunadamente repercute en
una deficiente prestación del servicio.
En su mayoría las conductas que ocasionan los riesgos de corrupción se refieren a comportamientos individuales, más que a debilidades institucionales: falta de cultura ética, el
aprovechamiento del cargo, el tráfico de influencias, el favorecimiento a terceros.
Del análisis elaborado se determinó que la corrupción puede presentarse de diversas formas: desde grandes defraudaciones, pérdida de recursos, insumos desaparecidos, servicios cobrados y no prestados. Hasta construcciones innecesarias, inconclusas,
equipos defectuosos o no requeridos de alto costo, entre otros. Sin embargo, lo más grave
es la corrupción gota a gota que se presenta día a día.Los funcionarios encargados
de tramitar los servicios requeridos por los usuarios, en un uso indebido del poder aprovechan su condición para la obtención de un beneficio particular.
Autoridad Ambiental
En los procesos misionales se ubican el mayor número de actividades con riesgo de
corrupción. Los más recurrentes son los de licenciamiento. Es de señalar que las consecuencias derivadas de un riesgo de corrupción son de difícil identificación y medición
en términos del daño ambiental que ocasionan. Así por ejemplo, es difícil evaluar la En los procesos de licenciamiento
cadena de efectos ambientales negativos son los más expuestos a la presencia
y las consecuencias económicas, políticas, de actos de corrupción.
sociales y organizacionales derivadas por la
concesión de un permiso de vertimiento otorgado irregularmente (sin el cumplimiento
de requisitos), a cambio del pago de una suma de dinero al funcionario que tramita el
permiso.
61
En este sentido, se requiere que además de encausar estrategias orientadas a disminuir
o impedir el riesgo de corrupción, se desplieguen mecanismos para la identificación
y la valoración de los daños ligados a las actividades de corrupción sobre los
recursos naturales. Es necesario dimensionar los costos que generan las pérdidas por los
hechos de corrupción en el subsector que si bien no son cuantiosos, representan un descomunal daño ambiental. En los procesos estratégicos, los riesgos de corrupción se presenta
en los procesos de incentivos tributarios, como la eliminación del IVA en proyectos socio ambientales y las exenciones a la renta en las Corporaciones Autónomas Regionales.
Los Mapas Sectoriales de Riesgos de Corrupción arrojaron una serie de recomendaciones
encaminadas a combatir los riesgos de corrupción, que es necesario entrar a formular e
implementar en las entidades competentes. Algunas de estas recomendaciones pueden
ser implementadas dentro de procesos de reforma institucional y de formulación de política pública sectorial (como por ejemplo los CONPES) de acuerdo con las iniciativas que
los lideres (Ministerios, Departamentos Administrativos) dispongan en cada política.
Así mismo es necesario analizar riesgos de corrupción en otros sectores con el propósito
de generar acciones orientadas a mitigarlos. Como se consignó anteriormente, es preciso
conocer a nivel sectorial la dinámica en la que se desenvuelve la corrupción, para de esta
manera construir estrategias encaminadas o prevenirla o eliminarla.
62
Política Pública Integral Anticorrupción
63
8. SEGUIMIENTO AL NUEVO ESQUEMA DE
NOMBRAMIENTO DE LOS JEFES DE CONTROL
INTERNO
8.1.Introducción
En el marco de lo establecido en el Estatuto Anticorrupción, el Gobierno Nacional buscó
fortalecer la función de control interno dentro de las entidades gubernamentales. Para ello,
desde la expedición de la ley 1474 de 2011, el Presidente de la República es el encargado
de la designación de los responsables de control interno en las entidades nacionales. El artículo 8° de la Ley 1474 de 2011, dispuso que “el Presidente de la República designará en las
entidades estatales de la rama ejecutiva del orden nacional al jefe de la Unidad de la oficina
de control interno o quien haga sus veces, quien será de libre nombramiento y remoción”
Así mismo, para las entidades de la rama ejecutiva del orden territorial la designación
del Jefe de Control Interno la debe hacer “(…) la máxima autoridad administrativa de la
respectiva entidad territorial. Este funcionario será designado por un período fijo de cuatro
años, en la mitad del respectivo período del alcalde o gobernador”. El Gobierno Nacional
ha desarrollado una serie de actividades de manera coordinada entre la Presidencia de
la República y el Departamento Administrativo de la Función Pública, con el fin de fortalecer la Política de Control Interno del Estado Colombiano y mejorar la efectividad de los
Sistemas de Control Interno institucionales. Hasta la fecha, y en cumplimiento del Estatuto
Anticorrupción, se han adelantado las siguientes actividades de asistencia técnica:
• Contrato de prestación de servicios No. 504 - 11 entre el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República y KPMG Advisory Services Ltda. con el objeto del
“fortalecer las oficinas de control interno del nivel nacional, a través de la preparación
y diseño de una metodología de selección abierta de los Jefes de Control Interno y la
definición del alcance, criterios y periodicidad de los reportes requeridos por la Ley.” En
desarrollo del contrato, se entregaron los siguientes productos:
»» Diagnóstico con el análisis de estructura, funciones, roles, mecanismos de articulación, con recomendaciones y propuesta de modificaciones, basadas en modelos
de control interno y mejores prácticas, sobre el perfil actual de las Oficinas de
Control Interno y de sus jefes.
»» Criterios de selección en cuanto a competencias, habilidades, destrezas, formación y experiencia requeridos, aplicación de prueba de conocimiento, prueba de
competencias generales, entrevista sicológica, prueba de apoyo, conformación de
ternas, entrevista técnica, visita domiciliaria. Todo ello para adelantar el proceso
de selección, atendiendo lo establecido en la Ley 1474 de 2011.
65
»» Descripción de las competencias, habilidades, destrezas, formación y experiencia
requerida, nivel y naturaleza del cargo, identidad del cargo, dependencia funcional y administrativa; descripción del cargo, principales, funciones y otros requisitos.
• El 6 de enero de 2012, se suscribió el contrato N° 05 – 12 entre el Departamento
Administrativo de la Presidencia de la República y Futura Networks, para prestar “servicios de apoyo a la gestión para la implementación y ejecución de procesos tecnológicos y administrativos que garanticen la obtención de potenciales responsables de
control interno en las entidades de la Rama Ejecutiva del orden nacional”.
»» El contratista desarrolló la puesta en marcha de la plataforma tecnológica que
soporta el proceso de invitación a potenciales responsables de control interno de
las entidades de la rama ejecutiva del orden nacional.
8.2. Actividades para el nombramiento de los Jefes de Control Interno
Con el fin de dar cumplimiento al artículo 9° de la Ley 1474 de 2011, se conformó un
Comité Técnico con delegados del Departamento Administrativo de la Presidencia de la
República (Secretaría General y Secretaría de Transparencia) y del Departamento Administrativo de la Función Pública, con el fin de designar a los responsables de control interno
en las entidades nacionales. Actualmente se han nombrado alrededor de 70 Jefes de
Control Interno en las entidades de Orden Nacional. En desarrollo de la competencia
otorgada por el Estatuto Anticorrupción, y antes de proceder a efectuar los nombramientos, la Presidencia de la República con el apoyo del Departamento Administrativo de la
Función Pública redefinió el perfil del jefe de control interno. Para ello se categorizaron
las entidades de la rama ejecutiva del orden nacional con criterios de alta, media y baja
complejidad y se estructuró la estrategia para la provisión definitiva de los empleos de jefe
de control interno vacantes, la cual ha consistido en:
• Realización de una invitación pública y abierta a través de medios virtuales a las personas que cumplieran los requisitos para desempeñar el cargo Jefe de Unidad u Oficina
de Control Interno.
• Como resultado de la Invitación, se recibieron innumerables hojas de vida de aspirantes interesados en la invitación, las cuales surtieron el siguiente procedimiento:
»» Verificación del cumplimiento de requisitos de Hoja de Vida solicitados por la Ley,
acreditando formación profesional y experiencia mínima de tres (3) años en asuntos del control interno.
»» Prueba de conocimientos en el campo del control interno.
»» Pruebas de habilidades gerenciales.
66
• Producto de la invitación se conformó un banco de hojas de vida de Interesados que
cumplen con los requisitos mínimos para desempeñar el cargo. Dicho banco se ha
venido incrementando con interesados propuestos por diferentes Universidades que
han sido contactadas para el efecto.
Por disposición y acuerdo del señor Presidente de la República con los demás miembros
de la Comisión Nacional de Moralización, se dispuso en su última sesión evaluar la efectividad del nuevo esquema de nombramiento de los Jefes de Control Interno. Para ello,
la Secretaría de Transparencia está contratando una asistencia técnica, con recursos del
Proyecto ACTUE de la Unión Europea. Esta asistencia, tiene como objeto el “análisis y evaluación de las Oficinas de Control Interno de las entidades de la Rama Ejecutiva del orden
nacional o de quien haga sus veces, en relación con el ejercicio de la función de control
interno en los temas anti-corrupción y transparencia. Así mismo, evaluar la efectividad de
la selección de los jefes de control interno de las entidades públicas de orden nacional”.
El artículo 9° de la ley 1474 de 2011, estableció que los jefes de Control Interno deben
“(…)reportar al Director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, así como a los Organismos de Control, los posibles actos de corrupción e irregularidades que haya encontrado en el ejercicio de sus funciones. (…)”.
El numeral 13 del artículo 3° del decreto 4637 de 2011, le otorgó la función a la Secretaría de Transparencia de “consolidar y analizar los informes y reportes que presenten los
jefes de control interno de la Rama Ejecutiva del orden nacional, o de quienes hagan sus
veces, de conformidad con lo señalado en el artículo 9 de la ley 1474 de 2011 y en el
decreto que la reglamente, proponer acciones preventivas en esta materia y presentar un
informe sobre los mismos a la Comisión Nacional para la Moralización”
Sin embargo, el artículo 231 del Decreto 019 de 2012, modificó el inciso segundo del
artículo 9° de la Ley 1474 de 2011, derogó la parte del artículo 9° de la Ley 1474 de
2011 que consagraba la obligación para los jefes de control interno de reportar al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República los posibles actos de corrupción
e irregularidades que hayan encontrado en el ejercicio de sus funciones dejándola vigente
para los organismos de control.
No obstante lo anterior, la Secretaría de Transparencia en el año 2014 ha recibido alrededor de 300 informes de Jefes de Control Interno de Entidades pertenecientes a las Rama
Ejecutiva del Orden Nacional, de los cuales un 80% no hacían referencia a hallazgos
relacionados con hechos de corrupción al interior de las Entidades. Del 20% restante se
67
corrió traslado o bien a la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de
la República o a la Fiscalía General de la Nación, con la finalidad que adelantaran las
investigaciones pertinentes, igualmente se oficio a los jefes de Control Interno. Adicionalmente, en virtud del trabajo de coordinación interinstitucional que la Secretaría adelanta
con las distintas entidades de la administración pública, se conoció de posibles hechos
de corrupción relacionados con la Dirección Nacional de Estupefacientes -DNE- y con el
Instituto Colombiano de Desarrollo Rural -INCODER-, los cuales fueron puestos en conocimiento de los entes de control competentes en su debida oportunidad, informes que
serán tratados con más detalle en la sección de este informe relativa a Denuncias.
68
Indicador de Procesos de Responsabilidad Fiscal
69
9. RENDICIÓN DE CUENTAS Y AVANCES
EN CONTROL SOCIAL
9.1.Introducción
Como tema transversal a la gestión pública y como eje fundamental del buen gobierno es
de vital importancia crear una metodología única para la construcción de una estrategia
de rendición de cuentas de las entidades públicas de la Rama Ejecutiva del orden nacional
y del orden territorial.
El proceso de rendición de cuentas por parte de las entidades que conforman la estructura de cualquier Estado trae consigo beneficios y oportunidades de mejora en la gestión
pública. Al tener un proceso de rendición de cuentas las entidades pueden ser percibidas
como más transparentes y desde allí pueden elevar sus niveles de credibilidad y confianza
ciudadana haciendo que se establezcan óptimos en la gestión y direccionamiento de las
entidades tanto del orden nacional como las del orden territorial. Para la ciudadanía, un
buen proceso de rendición de cuentas tiene como beneficio la posibilidad de estar informado desde la fuente principal de la gestión y los resultados de ésta de las diferentes entidades y temas sobre los cuales está interesada. Puede ejercer de mejor manera su derecho
de la participación a través del control social.
La Política de Rendición de Cuentas de la Rama Ejecutiva a los Ciudadanos, establecida
en el documento CONPES 3654 de 2010, se orienta a consolidar una cultura de apertura
de la información, transparencia y diálogo entre el Estado y los ciudadanos. En desarrollo
de la política fijada en el Conpes, la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la
República, el Departamento Nacional de Planeación (DNP) y el Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP), elaboraron un documento que constituye el Manual de
Rendición de Cuentas a la Ciudadanía en el cual se unifican orientaciones y se establecen
los lineamientos metodológicos y contenidos mínimos definidos en el artículo 78 de la Ley
1474 de 2011 (Estatuto Anticorrupción).
El documento está orientado hacia el cumplimiento de una de las recomendaciones del
Plan de Acción del Conpes 3654 de 2010 y es la recopilación de varios de los documentos que sobre la materia se han elaborado desde distintas entidades como el DAFP
y el DNP. El texto obedece a la necesidad de tener definido el alcance del concepto de
Rendición de Cuentas en Colombia y su aplicación en los diferentes niveles de gobierno.
Se establece el Manual Único de Rendición de Cuentas (MURC) como una herramienta de
71
las entidades nacionales y territoriales para que puedan materializar dicha noción en un
documento que contenga la estrategia. El MURC fue presentado el 27 de agosto de 2014.
Fuente: Manual de Rendición de Cuentas. 2014.
9.2. Metodología en Rendición de Cuentas y avances en control social
El Manual de Rendición de Cuentas para la Rama Ejecutiva en Colombia traza los lineamientos metodológicos únicos para que las entidades y los servidores públicos adelanten
acciones concretas que se conviertan en instrumentos de participación ciudadana, control
social, transparencia y lucha contra la corrupción.
El MURC presenta una serie de pasos, instrumentos y herramientas que permitirá a los
servidores públicos concretar en acciones cada uno de los conceptos constitutivos del
proceso de rendición de cuentas, a saber, información, diálogo e incentivos. Este esquema
organizado permite una mayor apropiación de lo público de modo que se pueda alcanzar
unos mayores niveles de confianza en los gobiernos. El MURC incluye los lineamientos metodológicos con las orientaciones básicas para el diseño de la estrategia de rendición de
cuentas, permitiendo a las entidades explorar diferentes opciones que pueden ajustarse de
acuerdo a sus requerimientos y características, atendiendo el marco general de la política
nacional fijada en el Conpes 3654 de abril de 2010.
El Manual está dividido en tres capítulos. En el primero se establece la justificación y la explicación de la necesidad de tener un texto único, así como el fin último del documento, su
objetivo. El segundo corresponde a la conceptualización y definición del proceso de Ren-
72
dición de Cuentas. Por último, el tercer capítulo presenta los lineamientos metodológicos
que deben seguir las entidades del orden nacional y territorial para diseñar su estrategia
de Rendición de Cuentas.
Las siguientes gráficas, resumen el proceso de construcción de una estrategia de rendición
de cuentas de una entidad. El documento se puede encontrar en línea en el sitio web del
Observatorio Anticorrupción:
73
En el artículo 15 del Decreto 1649 de 2014 se dan funciones a la Secretaría de Transparencia en el asesoramiento en la coordinación e implementación de mecanismos para
fomentar la rendición de cuentas por parte de las entidades de la Administración Pública,
y en la promoción de mecanismos de participación. Igualmente así se le exige a la Secretaría diseñar, coordinar e implementar directrices, mecanismos y herramientas preventivas
para el fortalecimiento institucional, participación ciudadana, control social, rendición de
cuentas, acceso a la información, cultura de la probidad y transparencia, en coordinación
con las entidades competentes en la materia.
Lo anterior refuerza lo contenido en la Tercera Línea Estratégica de la Política Integral de
Lucha contra la Corrupción, “Estrategia para incrementar la incidencia del control social
en la prevención de la corrupción” la cual tiene como objetivo específico aumentar la incidencia del control social. Para ello se pondrán en marcha acciones orientadas a mejorar
la información necesaria para la realización de estos ejercicios, las auditorías visibles y los
procesos de rendición de cuentas en particular; para lograr organizaciones sociales más
activas y con mayor capacidad de incidencia” (CONPES 167).
Con los mandatos anteriores, el reto principal de la Secretaría es fortalecer los procesos
de rendición de cuentas y el control social en las entidades territoriales en armonía con las
demás actividades que tiene bajo su responsabilidad. La tarea es construir una estrategia
de influencia en los municipios y departamentos de la mano de los temas de la Ley de
Transparencia y las Comisiones Regionales de Moralización.
Se espera establecer Comités ProTransparencia o fortalecer los espacios de control social
con la ayuda y colaboración de la Comisión Ciudadana de Lucha contra la Corrupción a
partir de la elaboración conjunta de planes de acción que contengan actividades propias
del ejercicio de la participación ciudadana. Para dicha actividad se deberá elaborar el
respectivo proyecto. Esta iniciativa estaría financiada con recursos de la Unión Europea.
9.3. La Aplicación Elefantes Blancos
En el desarrollo específico de la función de diseño e implementación de herramientas
preventivas para el fomento del control social -definidas en el Decreto 4637 de 2011-,
la Secretaría de Transparencia ha venido apoyando a la ciudadanía en los procesos de
orientación y trámite de denuncias de corrupción ante los entes de control. Así mismo, ha
venido haciendo seguimiento a los reportes sobre irregularidades cometidas por servidores
públicos que pueden ser catalogadas como actos de corrupción.
74
Como parte de esta estrategia, la Secretaría solicitó apoyo del Ministerio de Tecnologías
de la Información y las Comunicaciones –TIC- para desarrollar herramientas que promuevan la participación ciudadana y el control social, y a su vez permitan a la Secretaría
contar con mecanismos de seguimiento y monitoreo de la información reportada por los
ciudadanos. Es así como la Secretaría de Transparencia, de la mano con el Ministerio
TIC y su Dirección de Gobierno en línea, idearon y crearon la aplicación móvil “Elefantes
Blancos”.
La aplicación móvil “Elefantes Blancos” permite a los ciudadanos reportar, con fotografías
tomadas desde teléfonos inteligentes, obras públicas de construcción, mantenimiento o
instalación de bienes inmuebles que tienen un impacto negativo para la comunidad, debido a que han sido abandonadas, están inconclusas, o que su uso es diferente de aquel
para el que fueron creadas.
La solución móvil también permite a los ciudadanos conocer las obras catalogadas como
“Elefantes Blancos” que han identificado otros ciudadanos a lo largo y ancho del territorio
nacional, así como ingresar información de la que tengan conocimiento acerca de las
entidades y contratistas responsables, como el nombre y valor de las obras.
75
ILUSTRACIÓN DE LOS PASOS PARA REPORTAR UN “ELEFANTE BLANCO”
Esta aplicación, busca a través de la identificación de los posibles “Elefantes Blancos”, promover desde el Gobierno Nacional, de la mano de los Gobiernos territoriales y los
entes de control, que dichas obras sean finalizadas o se usen para el propósito para el
cual fueron concebidas. A noviembre de 2014 la Secretaría ha identificado más de 150
obras que pueden ser catalogadas como Elefantes Blancos en todo el territorio nacional,
y ha iniciado un ejercicio conjunto con los entes de control territorial con el fin de promover acciones de vigilancia sobre las presuntas irregularidades que se derivan de las obras
públicas identificadas.
76
Adicional a la opción de consulta de sus reportes, y en concordancia con la necesidad
de hacer seguimiento sobre el trámite y la gestión de los reportes de Elefantes Blancos, la
Secretaría de Transparencia puso a disposición de la ciudadanía, una sección en su sitio
web llamada “Conoce la app Elefantes Blancos”12. A través de este sitio, los ciudadanos
podrán no solo conocer la aplicación y descargarla, sino además hacerle seguimiento a
los reportes de Elefantes Blancos hechos a través de la aplicación móvil.
A noviembre de 2014, se encuentran publicados 61 elefantes blancos de 74 recibidos a
través de la aplicación, con sus respectivos soportes de trámite y gestión a las entidades
responsables y a los entes de control, así como la información básica que le permite a los
ciudadanos y usuarios, tener trazabilidad sobre los elefantes blancos que se reportan en
la aplicación.
12
Disponible en: http://wsp.presidencia.gov.co/secretaria-transparencia/eb/Paginas/default.aspx
77
9.4. La Ventanilla Unificada de Denuncias Contra la Corrupción –VUD–
El Objetivo de la VUD es permitir que el ciudadano realice denuncias y peticiones a través
de un único portal, facilitando a las entidades compartir y vigilar información centralizada. Con base en los resultados del piloto adelantado del 30 de abril al 3 de mayo de
2013, fecha en la que se activó la Ventanilla en los sitios web de la Contraloría General
de la República, de la Procuraduría General de la Nación y de la Auditoría General de la
República, se adelantaron los ajustes correspondientes y el 12 de septiembre de 2013 se
dio inicio a las mesas de trabajo de la etapa de implementación del Proyecto. Es así, como
desde esta fecha hasta el 13 de diciembre del mismo año, se llevaron a cabo sesiones de
trabajo con los funcionarios delegados por parte de cada una de las entidades participantes, cuyo resultado fue la estructuración total de la Ventanilla.
En el mes de marzo, se dio reinicio a las mesas de trabajo para culminar la definición del
diseño y empezar la producción de la solución, además de establecer los contenidos de
la versión ligera de la Ventanilla, la cual será visualizada en dispositivos móviles. En lo
transcurrido de 2014, se han adelantado las siguientes actividades:
»» Mayo: pruebas de usabilidad con diferentes grupos de usuarios, cuyo resultado
permitió la identificación de mejoras para la Ventanilla.
»» Junio: ajustes a los formularios.
»» Julio: revisión de contenidos de la versión móvil.
»» Agosto: inicio de pruebas de interoperabilidad con la Procuraduría General de la
Nación.
Según lo acordado, de manera paralela a estas actividades, las entidades debían avanzar
en la construcción de los servicios web requeridos para lograr la interoperabilidad con la
VUD. En dicho servicios web se señalan protocolos, contratos de servicios y demás especificaciones técnicas que son necesarias para implementar el consumo de los servicios de
la Ventanilla.
A la fecha, la entidad que mayores avances registra en esta tarea es la Procuraduría General de la Nación, y de acuerdo con lo reportado por las demás, durante este mes se
iniciarán las pruebas con la Fiscalía General de la Nación, y en el mes de noviembre con
la Auditoría General de la República. Es preciso señalar que aunque durante el desarrollo
de las mesas técnicas se contó con la asistencia de delegados de la Contraloría General
de la República, aún no han iniciado el desarrollo de los web services requeridos.
78
Indicador de Sanciones Contractuales
79
10. LEY DE TRANSPARENCIA Y DEL DERECHO
DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
El 6 de marzo de 2014 el Presidente de la República sancionó la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información – Ley 1712 de 2014-. Esta Ley
tramitada y aprobada por el Honorable Congreso de la República y declarada
exequible por la Corte Constitucional el 20 de enero de 2014, a través de Sentencia C-274 de 2013, tiene por objeto “regular el derecho de acceso a la información pública, los procedimientos para el ejercicio y garantía del derecho y las
excepciones a la publicidad de información”.
Dentro de los principales avances que trae la Ley de Transparencia al ordenamiento jurídico colombiano, se encuentra que es una norma de carácter
estatutario que unifica criterios de transparencia y acceso a la información bajo un mismo marco, siguiendo estándares internacionales, pues su
contenido es basado en la ley modelo de la OEA sobre la materia. Además, la Ley
involucra los principios de proactividad y oportunidad del acceso a la información,
promueve garantías especiales para el adecuado ejercicio del derecho, y fortalece
al Ministerio Público como entidad garante del mismo.
Otro de los temas relevantes de la norma, es la inclusión de un amplio grupo de
actores como sujetos obligados a implementarla, siendo éste el caso, entre otros,
de todas las ramas del poder público del orden nacional y territorial, los organismos autónomos, los partidos políticos, las personas naturales y jurídicas, públicas
o privadas, que presten función pública, y que presten servicios públicos.
El artículo 32 de la Ley establece que el diseño, promoción e implementación
de la política pública de acceso a la información pública, estará a cargo
de la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República, y de
un grupo de 5 entidades, dentro de las cuales se encuentran: el Ministerio de
Tecnología de la Información y Comunicaciones, el Departamento Administrativo
de la Función Pública (DAFP), el Departamento Nacional de Planeación (DNP),
el Archivo General de la Nación y el Departamento Administrativo Nacional de
Estadística (DANE).
Luego de la declaración de constitucionalidad de la Ley de Transparencia, emitida
por la Corte Constitucional en 2013, la Secretaría de Transparencia, inició una
serie de acciones orientadas a coordinar el trabajo del grupo de entidades líderes
de política e impulsar la armonización de los contenidos del proyecto de ley con las
81
políticas públicas relacionadas con el acceso a la información, la transparencia, la
rendición de cuentas, el gobierno en línea, entre otras.
Los esfuerzos liderados por la Secretaría de Transparencia, se han enfocado en 3
líneas estratégicas: 1. definición y ajuste de lineamientos, 2. promoción y acompañamiento, y 3. monitoreo y evaluación. A partir de estas líneas, se han adelantado
desde septiembre de 2013 y durante todo el año 2014, acciones que tienen como
objetivo principal de facilitar la implementación de la política de transparencia y de
acceso a la información a los diferentes sujetos obligados.
10.1.Definición y Ajuste de Lineamientos
Uno de los principales retos que enfrentan los sujetos obligados de la Ley 1712 de 2014,
es lograr implementar sus mandatos en armonía con otras normas que regulan derechos
fundamentales, así como con las políticas públicas relacionadas con la materia. En este
sentido la Secretaría de Transparencia, en coordinación con las entidades líderes de la
política de transparencia y acceso a la información, previo a la sanción de la Ley de Transparencia, inició la revisión de aspectos de la misma que iban a requerir complemento a
través de reglamentación, así como a través de manuales y lineamientos ya existentes o
nuevos.
Luego de una revisión exhaustiva de los contenidos de la Ley de Transparencia y de analizar
los temas que requerían de complemento vía decretos reglamentarios, una vez sancionada la norma, la Secretaría inició el proceso de elaboración de dos decretos reglamentarios. Este es un trabajo conjunto por la Secretaría de Transparencia, el Ministerio
de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, el Departamento Administrativo de
la Función Pública, el Departamento Nacional de Planeación y el Archivo General de la Nación. Se llevaron a cabo dos grupos focales con representantes del sector privado, uno con
organizaciones de la sociedad civil, y uno con la rama judicial. Igualmente se sostuvieron
reuniones individuales de revisión con la Procuraduría General de la Nación, entidades de
carácter especial como el Banco de la República y grupos de sujetos obligados representantes de Cámaras de Comercio, Notarios entre otros. Asimismo, el proyecto de Decreto estuvo
publicado para conocimiento y comentarios de ciudadanía y de otros sujetos obligados en
el portal web de la Urna de Cristal, www.urnadecristal.gov.co.
El segundo decreto reglamentario, el cual se planea expedir en el primer semestre del año
2015, tiene como propósito definir directrices para la coordinación inter e intrainstitucio-
82
nal, lo que contendría organización y competencias de entidades líderes de política, así
como la definición de estrategias generales de implementación, control y sanción para el
universo de sujetos obligados de la Ley 1712 de 2014.
Además de los decretos reglamentarios, se ha determinado necesario ajustar otro
tipo de lineamientos existentes, tales como manuales, o guías relacionadas
con los temas de transparencia o acceso a la información, elaboradas por entidades líderes de política para ajustarlos a los nuevos mandatos de la norma. Siendo este
el caso de documentos tales como: el Manual para la Implementación de la Estrategia de
Gobierno en línea, el Modelo Integrado de Planeación y Gestión, el Manual de Rendición
de Cuentas, entre otros.
Como complemento transversal de lo anterior, y con el propósito de identificar y proponer
buenas prácticas en materia de transparencia y acceso a la información, en el mes de
abril de 2014 se oficializó el ingreso de Colombia (en cabeza de la Presidencia
de la República) como miembro adherente de la Red de Transparencia y Acceso a la Información RTA-. Esta red busca promover el intercambio entre organismos y
entidades públicas que desarrollan supervisión en funciones de Transparencia y el Derecho
de Acceso a la Información Pública en países de américa latina y el caribe. La RTA tiene
como objetivos principales:
• Generar y mantener los mecanismos para facilitar el intercambio de experiencias y
conocimiento entre los miembros de la red en materia de transparencia y derecho de
acceso a la información pública.
• Establecer canales de difusión y retroalimentación de las actividades y productos de
la red con actores relacionados, tales como, sociedad civil, academia, administración
pública y organismos internacionales.
• Promover prácticas relacionadas con la transparencia y el derecho de acceso a la
información pública encaminadas a la rendición de cuentas y al fortalecimiento de la
gestión pública.
En el marco del trabajo con la RTA, en junio de 2014, se inició en conjunto con 11 países
del hemisferio la construcción de un modelo latinoamericano de Gestión de Archivos para
el acceso a la información pública. Dicho modelo, busca servir como herramienta que
permita complementar los lineamientos en materia de gestión documental expedidos por
el Archivo General de la Nación, y dotarlos de un enfoque orientado a la transparencia
y el acceso a la información de los documentos públicos de gestión y de archivo. Dentro
de las metas de la Secretaría de Transparencia para el año 2015, está hacer pruebas
piloto en un grupo de sujetos obligados de la Ley de Transparencia, con el fin de probar
83
la eficiencia del modelo de la RTA e identificar los ajustes que se deben realizar a los lineamientos o normas colombianas en materia de gestión documental, para garantizar el
adecuado manejo y acceso a la información.
10.2.Promoción y Acompañamiento
Consciente de la importancia de la Ley de Transparencia y de los temas por ella promovidos, la Secretaría de Transparencia inició el trabajo en torno a la promoción y entendimiento por parte de los servidores de los principios del derecho de acceso, incluso antes
de la sanción de la norma. Para ello, desde el segundo semestre de 2013, se adelantaron
talleres con funcionarios de las diferentes entidades estatales involucradas en la política de
transparencia, y con la el apoyo de expertos de países como México, Chile y Argentina, se
inició la revisión de los retos a afrontar por el Estado colombiano al momento de empezar
a implementar la Ley.
Como resultado de la coordinación interinstitucional previa y posterior a la expedición
de la Ley de Transparencia, varios de los sujetos obligados ya cuentan con una serie de
herramientas que les permiten tener una línea de base en su proceso de implementación.
Dentro de estas herramientas están: El Modelo Integrado de Planeación y Gestión, Modelo
de Gestión de Calidad y de Atención al Ciudadano, la Estrategia de Gobierno en Línea,
Sistema electrónico de Contratación Pública, el Modelo de Seguridad de Información y
Sistema de Gestión del Empleo Público, el Sistema Único e Información de Trámites, entre
otros.
El reto para las entidades responsables y los sujetos obligados es grande; lo es aún más
para la Secretaría de Transparencia, por lo que también se han iniciado esfuerzos dirigido
a las actividades de articulación y coordinación, a través de apoyo técnico a las entidades
líderes de política, dándoles capacitación y orientaciones en torno a la Transparencia y
el Acceso a la Información y la alineación de políticas ya existentes frente a los mandatos
consagrados en la Ley.
Además de lo anterior, la Secretaría ha concentrado importantes esfuerzos en
difundir los contenidos principales de la norma, para lo cual se han adelantado campañas de difusión de sus contenidos a través de redes sociales y otros
medios electrónicos del Observatorio de Transparencia y Anticorrupción. Igualmente, a
través de este Observatorio y de alianzas con organizaciones de sociedad civil y gobiernos
locales.
84
A través de un convenio suscrito con la Imprenta Nacional de Colombia, la Presidencia de
la República imprimió 3.000 ejemplares de la Ley, lo cuales fueron distribuidos en eventos
de realizados a través del Observatorio de Transparencia y Anticorrupción a nivel nacional y regional en las ciudades de Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga, Cali, Cartagena,
Florencia, Manizales, Medellín y Neiva con una asistencia total de 598 personas -dentro
de las cuales se encuentran funcionarios públicos de entidades del orden nacional y territorial, representantes de la sociedad civil (universidades, ONG, y otros) y miembros del
sector privado-. Esto con el fin de socializar la ley y difundirla, para generar mayor apropiación de la misma no sólo pensando en sujetos obligados de la ley, sino en ciudadanos
que requieren hacer efectivo su derecho de acceso a la información.
Asimismo, en conjunto con el Instituto de Estudios del Ministerio Público de la Procuraduría
General de la Nación, en el marco del Programa de Capacitación a Personeros en Derechos Humanos, la Secretaría de Transparencia capacitó a los personeros en los
contenidos de la Ley 1712 de 2012, y entregó a cada uno un ejemplar de la versión
impresa de la norma. Dichas capacitaciones iniciaron el 30 de julio y finalizaron el 20 de
noviembre de 2014.
Adicionalmente la Secretaría de Transparencia elaboró un documento llamado “ABC de la
Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional”, documento que busca orientar tanto a sujetos obligados como a ciudadanos en los contenidos
básicos de la norma, en especial sobre el ejercicio del derecho de acceso a la información
a través de solicitudes.
10.3.Monitoreo y Evaluación
Teniendo en cuenta la obligación asignada por la Ley 1712 de 2014 de diseñar, promocionar e implementación de la política pública de acceso a la información pública, así
como la necesidad permanente de contar con indicadores que den cuenta del estado de
avance de las políticas públicas, la Secretaría de Transparencia inició una serie de acciones encaminadas a contar con herramientas que permitan identificar la línea de base de
avance de las entidades de la rama ejecutiva del poder público nacional respecto de las
obligaciones derivadas de la Ley de Transparencia, así como de evaluar el avance en la
implementación de la misma.
En este, la Secretaría elaboró una batería de preguntas relacionadas con el cumplimento
de la Ley de Transparencia, las cuales fueron agregadas en el Formulario Único de Reporte
85
de Avance en la Gestión -(FURAG) establecido por el Decreto 2482 de 2012, como la
herramienta tecnológica a través de la cual se adelanta el monitoreo a la implementación de las Políticas de Desarrollo Administrativo y su Modelo Integrado de Planeación y
Gestión-. Dichas preguntas serán respondidas por las entidades en la encuesta de avance
del II semestre de 2014 del formulario, el cual se realizará en el primer trimestre del año
2015, las que permitirán determinar el estado de avance de las entidades en los primeros
meses de entrada en vigencia la Ley.
Adicionalmente, y en el marco del Observatorio de Transparencia y Anticorrupción, se ha
establecido dentro de las metas de la Secretaría, la definición de indicadores que permitan
cuantificar y comparar la implementación de la ley por parte de los sujetos obligados. Por
esta razón la cual Colombia ingresó a un grupo de trabajo de la, antes mencionada, Red de Transparencia y Acceso a la Información RTA, para construcción
del Modelo de Medición para la Red de Transparencia y Acceso a la Información. Esta iniciativa, que además de orientar la definición de indicadores para el país
que se ajusten a los entandares internacionales, también permitirá establecer un Modelo
de Medición propio del avance de la ley en Colombia, con indicadores tanto cuantitativos
como cualitativos.
Dicho modelo de medición, inició su elaboración en el mes de julio de 2014 en la ciudad
de Santiago de Chile, a partir de un encuentro en el cual se definieron líneas de acción
, se identificó la experiencia de cada uno de los países miembros de la RTA y se formuló
una propuesta de líneas de medición, y concluyó en la ciudad de Brasilia en el mes de
noviembre, donde se presentaron los resultados del modelo construido de julio a la fecha,
y se acordó aplicación de una prueba piloto del mismo en un grupo de países (entre ellos,
Colombia).
Es importante resaltar que la construcción del modelo de medición para América Latina,
y el piloto de su implementación, son financiados por EuroSocial II -Programa regional
de cooperación técnica de la Comisión Europea para la promoción de la cohesión social
en América Latina- mediante la cooperación institucional o aprendizaje entre pares, el
intercambio de experiencias y la asesoría técnica entre instituciones públicas de Europa y
de América Latina.
10.4.Retos para el futuro de la Ley de Transparencia
A pesar de contar con avances significativos en cuanto a definición de lineamientos, promoción y monitoreo de la implementación de la Ley de Transparencia, aún persisten enormes retos para la Secretaría de Transparencia y las entidades líderes de política. Por esta
86
razón, dentro de los planes de la Secretaría para el año 2015, se tienen establecidas
actividades que permitan seguir impulsando las 3 líneas de trabajo definidas. Dentro de
lo previsto en el Plan Operativo de la Secretaría de Transparencia a impulsar en 2015 se
encuentran las siguientes acciones:
• Realizar acompañamiento a entidades de los sectores de salud, prosperidad social,
educación y minas y energía en la implementación de las principales actividades definidas en la ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública
Nacional y en otras normas de Promoción de la Transparencia y Lucha contra la corrupción.
• Brindar asistencia técnica a Gobernaciones y alcaldías priorizadas en la implementación de las principales actividades definidas en la ley de Transparencia y del Derecho
de Acceso a la Información Pública Nacional y en otras normas de Promoción de la
Transparencia y Lucha contra la corrupción.
• Elaboración del inventario de sujetos obligados de la Ley 1712 de 2014, de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional, dispuestos en el
artículo 5° de la mencionada ley.
• Elaboración de una serie de guías que den lineamientos a los sujetos obligados para
su adecuada actuación en una serie de temas clave que faciliten la implementación
de la Ley 1712 de 2014 por parte de los sujetos obligados.
• Diseño de lineamientos para la implementación de acciones de Transparencia y Acceso a la Información en Colombia y en América Latina por parte de partidos políticos y
movimientos significativos de ciudadanos.
• Realizar piloto del Modelo de Indicadores de Transparencia y Acceso a la Información
de la RTA, en un grupo de sujetos obligados de la ley 1712 de 2014.
• Implementación del piloto Modelo de Gestión de Archivos de la RTA, en un grupo de
sujetos obligados de la ley 1712 de 2014.
87
Indicador de Sanciones Disciplinarias
88
11.PROMOCIÓN DE LA TRANSPARENCIA EN EL
SECTOR PRIVADO
11.1.Registros Pro-ética
La Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República, reconociendo que un
eje vital dentro de la Estrategia Nacional de la Política Pública Integral Anticorrupción es
incentivar una cultura de cumplimiento anticorrupción para las empresas que operan en
Colombia, promovió la creación y promoción de un sistema de registro de empresas Pro
Ética en Colombia, que tiene por objetivo la creación de relaciones de confianza entre empresa–sector público y empresa–sociedad, mediante la evaluación y difusión de un listado
de empresas que integran a su gestión de negocios la implementación de programas de
cumplimiento anticorrupción.
La implementación de estos Registros Pro Ética implicará el fomento de relaciones de confianza en la interacción ya señaladas, dado que fortalece la confianza y credibilidad en el
relacionamiento entre estos actores. De igual forma, los Registros se constituirán como un
aporte adicional a la estrategia de competitividad para las empresas del país, así como
un elemento para fortalecer y fomentar la cultura de la legalidad, reforzando la cultura de
cumplimiento en el país.
La iniciativa es de carácter voluntario y se encuentra enmarcada en el ámbito de prevención de riesgos de corrupción del sector empresarial que contribuye a la creación de
relaciones de confianza entre empresa-sector público y empresa-sociedad, mediante la
evaluación y difusión de un listado de empresas que integran a su gestión de negocios la
implementación de programas de cumplimiento anticorrupción.
Los Registros Pro-ética es una iniciativa que ofrece las siguientes características:
• Relaciones de confianza: el proceso de interacción entre empresas-Estado, empresassociedad, es en sí mismo un objetivo para el Registro, al fortalecer la confianza y credibilidad en el relacionamiento entre estos actores.
• Visibilidad: el Registro destacará a las empresas que implementen un buen “Programa
de Cumplimiento” como medida responsable en la mitigación de riesgos de corrupción en sus procesos y relaciones de negocios.
• Alto nivel de exigencia: el Registro en marcha será un referente de programas de
cumplimiento que requiere esfuerzos por parte de las empresas para su efectiva implementación
89
• Se trata de un listado no de una certificación que contribuye a mitigar los riesgos de
corrupción que enfrentan las empresas en su actividad empresarial sin constituir una
garantía de no corrupción.
• En su fase inicial el Registro estará diseñado para grandes empresas
Su alcance de manera general busca facilitar que las empresas cuenten con una herramienta cuya aplicación les servirá para autoevaluarse, hacer un análisis de brechas en la
gestión que adelantan en materia de prevención de corrupción y con una mirada integral
y práctica alcanzar estándares internacionales reconocidos en el tema. Particularmente, las
empresas que apliquen al Registro podrán:
• Medir de manera integral la ejecución de las distintas actividades que asumen sus
áreas y que están relacionadas con un programa anticorrupción.
• Monitorear hacia adelante sus avances en el cumplimiento del mismo.
• Obtener información útil para mejorar el proceso de implementación de un programa de cumplimiento en anticorrupción.
De esta manera, se busca evaluar a las empresas bajo cuatro dimensiones básicas:
• Liderazgo de la alta gerencia.
• Promoción de la cultura anticorrupción al interior de la empresa.
• Promoción de la cultura anticorrupción con terceras partes.
• Incorporación de la cultura de gestión del riesgo de corrupción en la empresa.
Estas categorías desprenderán dos tipos de indicadores aquellos básicos y otros deseables
que buscan mejorar los programas de ética en las empresas y generan un punto de referencia para el futuro.
Adicionalmente, el proyecto cuenta con 5 fases para dar cumplimiento al objetivo:
1. Elaboración del Manual para la evaluación y operatividad del registro.
2. Definición del acompañamiento institucional.
3. Diálogo Interinstitucional.
4. Estrategia de difusión.
5. Vinculación de las empresas.
Actualmente ya se agotó la primera fase con la elaboración del Manual para la evaluación
y operatividad del registro, mediante un trabajo participativo con empresas de diferentes
sectores y sociedad civil. Este documento cuenta con los indicadores que se van a utilizar
para la medición, su alcance y naturaleza, y los criterios utilizados para la evaluación. Así
mismo, se ha avanzado en la segunda fase del proyecto, mediante algunos acuerdos con
90
el sector privado para la conformación de instancias de decisión y las gestiones necesarias
para asegurar los recursos de funcionamiento de la Secretaría técnica y la herramienta
digital que permita darle sostenibilidad al proyecto. Por último, y bajo esta misma perspectiva de asegurar la permanencia del proyecto en el tiempo, se ha incluido en la agenda
para la Competitividad y se están haciendo las gestiones para incluirla en el Plan Nacional
de Desarrollo, logrando que la iniciativa se convierta en un compromiso de gobierno que
deberá llevarse a cabo, más allá de la Secretaría de Transparencia.
Para el caso de la segunda fase, se instalará el Comité Gestor de la iniciativa los primeros
días del mes de diciembre durante el lanzamiento de la iniciativa al sector privado. También se determinó que la Secretaría Técnica estaría a cargo de la Secretaría de Transparencia en la primera etapa del proyecto.
Por último, las fases 3 y 4 se han convertido en acciones permanentes, que aún no han
culminado pero que han estado presentes desde el inicio del proyecto. El diálogo constante tanto con el sector privado como con otras entidades públicas ha permitido que el
proyecto tenga una visión amplia de la realidad y que cuente con una gran retroalimentación de todos los sectores. Es así como este mismo diálogo permanente ha permitido que
la campaña de difusión inicie informalmente desde los primeros contactos con el sector,
pero para 2015 se realizará una campaña formal que permita el conocimiento general
de la iniciativa.
Bajo esta misma perspectiva de asegurar la permanencia del proyecto en el tiempo, se
ha incluido en la agenda para la Competitividad y se están haciendo las gestiones para
incluirla en el Plan Nacional de Desarrollo, logrando que la iniciativa se convierta en un
compromiso de gobierno que deberá llevarse a cabo, más allá de la Secretaría de Transparencia.
Por último, la fase 5 se llevará a cabo en 2015 y será el gran reto para la iniciativa pues
allí se iniciará el proceso de evaluación de las empresas que permitirá generar las recomendaciones necesarias por parte de todos los actores involucrados para la siguiente
evaluación. Si bien, esta es la última fase proyectada, quedan tres grandes retos para el
siguiente año, lograr involucrar a las medianas y pequeñas empresas iniciar el proceso
con entidades públicas y generar un proyecto similar para las fundaciones empresariales,
que ya han manifestado su interés de participar en el proyecto, pero que hasta el momento
no están contemplados en la primera etapa.
91
11.2.Mecanismo de Denuncias de Alto Nivel
En abril de 2013 la Secretaría de Transparencia promovió la creación y operación del
Mecanismo de Denuncias de Alto Nivel, a través del cual los empresarios reportaron
directamente a la Secretaría de Transparencia solicitudes de soborno e irregularidades
en procesos de contratación, en la medida de lo posible, sin necesidad de interrumpir o
retrasar estos procesos.
Ante el hecho de que el sector de infraestructura compromete un rubro importante de la
contratación estatal del país, el piloto de este mecanismo se desarrolló en esta área, con
el apoyo de la Agencia Nacional de Infraestructura –ANI-. La forma como se llevó a cabo
consistió en la firma de un pacto de transparencia con los consorcios participantes del proyecto. Este pacto contenía lineamientos sobre reuniones, audiencias de aclaraciones con
todos los participantes, comunicaciones con los empleados de la ANI de manera formal y
trasparente, y principios de ética como la no utilización de medios políticos en el proceso,
entre otros.
Este mecanismo ha sido considerado en 8 concesiones, de las cuales 6 ya se licitaron,
mientras que las dos restantes no se han abierto a licitación por motivos técnicos. La primera fue por parte de una empresa austriaca en una cuestión de delimitación de los túneles,
para lo cual entre la ANI, la Procuraduría y la Secretaría de Transparencia programaron
una audiencia de aclaraciones. La segunda fue el acompañamiento que se le hizo a la
ANI en la parte contractual y jurídica respecto de las observaciones realizadas al informe
de evaluación del proceso de adjudicación de Girardot-Puerto Salgar. Así mismo, se realizó con los consultores una identificación de posibles variables que afectan las licitaciones
tanto de concesión como de obra pública en Colombia y se diseñó una metodología que
fuera capaz de identificar posibles riesgos en esos procesos.
Según las estimaciones iniciales realizadas por la ANI, el programa de cuarta generación
de concesiones viales (4G), contempla una inversión aproximada de $47 billones de pesos constantes de 2012 (CAPEX) a ser ejecutada en un periodo de 8 años. Esta inversión,
y la operación y mantenimiento de la infraestructura concesionada, serán retribuidas con
ingresos por recaudos de peajes y por aportes públicos provenientes del Presupuesto General de la Nación.
Durante la ejecución del proyecto, no se ha recibido denuncias formales de soborno,
pero los consorcios participantes han pedido acompañamiento de la Secretaría para el
seguimiento del proceso de contratación, en los trámites en los cuales consideraron la
necesidad de intervención de nuestra dependencia, la cual se hizo a modo de veeduría.
92
La primera fue por parte de Strabag S.A. en un caso de delimitación de túneles, para lo
cual la ANI, la Procuraduría y la Secretaría de Transparencia programaron una audiencia
de aclaraciones. La segunda fue el acompañamiento a la ANI en temas contractuales y
jurídicos, respecto de las observaciones realizadas al informe de evaluación del proceso
de adjudicación de la vía Girardot-Puerto Salgar.
Así mismo, basados en la experiencia y lecciones aprendidas con la ANI, se realizó una
identificación de posibles variables que afectan las licitaciones, tanto de concesión como
de obra pública, en Colombia y se diseñó una metodología que fuera capaz de identificar
posibles riesgos de corrupción en esos procesos. También, como parte del proceso, se
realizaron dos foros internacionales en Bogotá con la presencia de expertos en identificar
riesgos de corrupción en el sector de infraestructura. Para ello se contó con la colaboración de la Embajada del Reino Unido en Colombia, mediante el “Properity Fund” quien
financia, a través de la organización GovRisk, programas de capacitación para compartir
experiencias de mecanismos de denuncia de alto nivel en Latinoamérica.
93
Indicador de Sanciones Penales
94
12. TRÁMITE DE DENUNCIAS
La Secretaría de Transparencia promovió ante la ciudadanía la denuncia como una forma
de participación y control social. Es así como, a través de los diferentes canales dispuestos
para tal fin, desde el mes de abril del año 2013 y hasta la fecha, recibió y tramitó cerca
de 2.330 denuncias de presuntos hechos de corrupción, que fueron remitidos a los organismos de control correspondientes. Por tal razón, durante el año 2013, se conocieron y
tramitaron cerca de 1.175 quejas ciudadanas y en el 2014, se conocieron más de 1.360
casos relacionados con posibles hechos de corrupción, permitiendo coadyuvar con la
función preventiva y sancionatoria de los organismos de control.
Algunos de los resultados obtenidos, se documentan a continuación:
1. Los niños de Girardot
En octubre de 2012, luego de recibir una queja ciudadana se pudo encontrar el mal estado de los alimentos suministrados a los niños inscritos a la Diócesis de Girardot, por parte
de los contratistas seleccionados por el ICBF, hecho que llevó a la apertura de 7 procesos
disciplinarios y el seguimiento a 119 municipios de Cundinamarca a cargo de los mismo
contratistas.
2. Adquisición de semovientes en la Policía Nacional
En enero de 2013, se logró identificar posibles sobrecostos en la adquisición de perros y
caballos por parte de la Policía Nacional y donde la negociación se realizaba con intermediarios, algunos de ellos oficiales y suboficiales retirados de la misma institución y que
casualmente presentaban los precios más altos del mercado. Por lo anterior, la Secretaría
de Transparencia de la Presidencia de la República, solicitó a la Oficina de Control interno
del Ministerio de Defensa, una auditoria a la Dirección de Carabineros y Seguridad Rural
– Grupo de Remonta y Veterinaria de la Policía Nacional, quien informó de sus resultados
en junio de 2013, confirmando que efectivamente en compra y reposición de caninos,
3 proveedores concentran el 76% de los recursos asignados y en equinos 6 concentran
el 39% del monto total asignado para los mismos fines. A noviembre de 2014, la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República, se encuentran
investigando posibles sobres costos que superarían el 1.700 por ciento.
3. El chance en Sucre
En agosto de 2013, la Empresa Comercial de Juegos de Suerte y Azar de Sucre – EMCOAZAR, adjudicó la concesión del juego del chance a una empresa del conglomerado de
Enilce López condenada a 30 años de prisión, a través de un proceso licitatorio lleno de
irregularidades y vicios procedimentales. Por esta razón y gracias a nuestras observacio-
95
nes y alertas, la Gobernación de Sucre revocó la adjudicación, la Fiscalía General de la
Nación dictó medida de aseguramiento a los funcionarios involucrados y la Procuraduría
General de la Nación abrió 3 procesos disciplinarios. Así mismo, logró poner en la lupa
de la Procuraduría General de la Nación y Coljuegos, 19 procesos de concesión adjudicados en el año 2014, para proteger cerca de 39 mil millones de pesos de ingresos para
la salud.
4.Ecopetrol
En enero de 2014, la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República y Ecopetrol presentaron ante el Fiscal General de la Nación una denuncia por posibles hechos
de corrupción en que abrían incurrido ex-funcionarios de Ecopetrol y trabajadores de la
empresas privadas seleccionadas para la operación y mantenimiento de algunos campos
en el Magdalena Medio y quienes se abrían beneficiado con cerca de US$333.500.
5. Los predios en INCODER
En marzo de 2013, la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República, puso
en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación y la Superintendencia de Sociedades
la posible adquisición irregular de predios por parte de un privado y sus asesores jurídicos mediante la creación de 25 sociedades por acciones simplificadas con el posible
propósito de evadir la ley 160 de 1994 respecto de la acumulación de la propiedad de
más de una Unidad Agrícola Familiar en el departamento de Vichada, como quiera que
el mismo socio y único dueño de las 25 sociedades negoció la compra de 37 predios que
comprenden 32.000 hectáreas aproximadamente; Dichas sociedades además se abrían
constituido con cero pesos de capital.
6. Red de Corrupción en la UNP
En agosto de 2014, luego de conocer sendas quejas ciudadanas, se coadyuvó a descubrir una red de corrupción en la Unidad Nacional de Protección, que utilizaba diferentes
modalidades para el favorecimiento de contratos, esquemas de seguridad y privilegios de
pagos que involucraba a algunos funcionarios de la entidad. La denuncia interpuesta por
ésta dependencia ante la Fiscalía General de la Nación, logró la captura de un funcionario de la entidad y así mismo expedir orden de captura contra el Secretario General de la
misma.
7. La Beca de Corpoica
En febrero de 2014, la Secretaría de Transparencia alertó a la Corporación Colombiana
de Investigación Agropecuaria, Corpoica sobre las posibles irregularidades en el cobro del
beneficio educativo otorgado a una trabajadora e investigadora de su entidad. Hecho que
96
enviaba un mensaje negativo a todos aquellos investigadores que retornan al país luego
de sus estudios.
8. Otras acciones generadas
En agosto de 2014, la Secretaría de Transparencia puso la lupa en las modalidades de
contratación mediante las cuales se ejecutan los recursos públicos, sin mediar procesos
que garanticen los principios de la libre concurrencia, transparencia y selección objetiva.
En tal sentido, se revisó la contratación de los 32 departamentos, lo cual arrojó que cerca
de 1.3 billones de pesos fueron ejecutados mediante convenios de asociación con entidades privadas sin ánimo de lucro, especialmente fundaciones y corporaciones, durante
el año 2013.
Si bien el ordenamiento jurídico vigente, permite este tipo de modalidad de ejecución
con el fin de impulsar planes, programas y proyectos contemplados en los respectivos
planes de desarrollo, su utilización no garantiza la participación plural en igualdad de
condiciones de oferentes, que podrían prestar los mismos servicios con eficiencia, calidad
y economía para el erario.
La Tabla 3 presenta un resumen de lo encontrado:
Tabla 3 – Modalidad de Selección en los Departamentos de Colombia en
2013
Distribución del gasto en los Departamentos en 2013 - Por medio de Selección
Concepto
Valor en Millones de pesos
$ 2.456.454,36
$ 215.008,47
$ 1.045.100,73
$ 1.158.118,77
$ 1.285.286,96
$ 6.159.969,28
Licitción Pública
Concurso de meritos
Selección abreviada
Otras modalidades de selección
Convenios de Asociación Decreto 777
Total
Fuente: Secretaria de Transparencia – Recopilación a partir de comunicación directa de las Entidades Territoriales
Así mismo, se revisó la contratación de las 20 alcaldías locales de Bogotá, específicamente la ejecución de recurso de los Fondos de Desarrollo Local, los cual arrojó que cerca
de $118 mil millones de pesos fueron ejecutados mediante convenios de asociación con
entidades privadas sin ánimo de lucro, especialmente fundaciones y corporaciones, durante el año 2012 .
97
Acompañamiento sectorial y territorial
La Secretaría de Transparencia de la presidencia de la República, con el fin de garantizar
los mecanismos y herramientas preventivas que brinden transparencia al ejercicio de la
función administrativa, realizó el seguimiento y acompañamiento a 84 procesos de selección objetiva (36 en el 2013 y 48 en el 2014) a entidades de orden nacional, departamental y municipal para la adquisición de bienes y servicios en diferentes sectores.
98
13. COOPERACIÓN INTERNACIONAL
La Unión Europea, respondiendo a una solicitud del Presidente Santos de apoyo técnico en
la lucha contra la corrupción, desarrolló y está implementando de la mano del Gobierno,
especialmente de la Secretaría de Transparencia y otros actores del Estado colombiano,
el proyecto ACTUE Colombia (Anti-Corrupción y Transparencia de la Unión Europea para
Colombia). Esta iniciativa busca contribuir a la prevención y a la lucha contra la corrupción en Colombia, de manera que se fortalezca el buen gobierno a través de la promoción
de la transparencia, integridad y cultura de la legalidad en el sector público, el sector
privado y la sociedad civil. La entidad encargada de la implementación del Proyecto ACTUE en Colombia es la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y
Políticas Públicas (FIIAPP).
La Unión Europea está también apoyando a la Secretaría de Transparencia a través del
Programa EUROSOCIAL, el cual es un programa de cooperación entre Europa y América
Latina. Su objetivo es contribuir a cambios en políticas públicas usando el aprendizaje
entre pares y el intercambio de experiencias entre instituciones homólogas de ambas regiones. La continuidad a de este programa busca asegurar que los intercambios no se
queden solo en conocimiento mutuo, sino que se conviertan en aprendizajes y que estos
se materialicen en acciones concretas.
Cabe resaltar que la Secretaría de Transparencia conjuntamente con el equipo del proyecto ACTUE Colombia y EUROsociAL II, han logrado coordinar los distintos tipos de cooperación y asistencia técnica de manera tal que se busca asegurar, a partir de las sinergias
y la complementariedad entre ambos proyectos, mayor valor y solidez en las actividades
apoyadas igual que su sostenibilidad en el tiempo. Lo anterior se logra gracias a la distinta
naturaleza de los dos proyectos: mientras el proyecto ACTUE Colombia provee asistencia
técnica a lo largo de cuatro años y con un equipo técnico in situ, el Programa EUROsociAL
II fomenta el intercambio de experiencias con entidades pares de otros países en América
Latina y Europa o expertos internacionales de las mismas regiones.
A continuación se presenta una breve reseña de los distintos tipos de cooperación, principales actividades y resultados logrados.
13.1.Proyecto ACTUE Colombia
Con base en el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 (capítulo sobre Buen Gobierno), el Presidente Santos solicitó a la Unión Europea (UE) apoyo técnico para
la lucha contra la corrupción. Respondiendo positivamente a esta solicitud, la UE
99
desarrolló y está implementando de la mano del Gobierno de Colombia, especialmente de la Secretaría de Transparencia, el proyecto “Fortalecimiento institucional
de la capacidad colombiana para aumentar la integridad y la transparencia”. Esto
se logró a través del Convenio de Financiación (DCI-ALA/2012/023-476). El cual
tiene una asignación presupuestal de 8.200.000 Euros de parte de la UE. La Comisión Europea, mediante un Acuerdo de Delegación (DCI-ALA/2013/330-003),
ha designado en la Fundación Internacional y para Iberoamérica (FIIAPP) la operación e implementación técnica de la mayor parte de las actividades del proyecto,
así como las tareas de seguimiento y supervisión financiera.13 El Acuerdo de Delegación, con un presupuesto de 7.475.000 €, se denominó -para fines comunicativos- ACTUE-Colombia (Anti-Corrupción y Transparencia de la Unión Europea
para Colombia) y tiene un período de ejecución hasta junio 2018.
El objetivo del proyecto ACTUE Colombia es apoyar con asistencia técnica a la Secretaría
de Transparencia así como a otras entidades públicas y privadas, en la implementación de
la PPIA, el Estatuto Anti-Corrupción (Ley 1474 de 2001) y la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública (Ley 1712 de 2014). De este modo se espera fortalecer el buen
gobierno a través de la promoción de la transparencia, integridad y cultura de la legalidad
en el sector público, el sector privado y la sociedad civil. Para tal fin, el proyecto se centra
en obtener cuatro resultados, como se detalla a continuación:
1. Fortalecer la “infraestructura de integridad” pública colombiana, impulso, coordinación y monitoreo de las políticas anticorrupción, con especial énfasis en el acceso a la
información, la gestión de conflictos de interés y la cultura de legalidad.
2. Fortalecer las estrategias sectoriales de trasparencia e integridad, mediante la creación
de “islas de integridad” en sectores prioritarios, especialmente salud, con enfoque en
el subsector farmacéutico, y en las industrias extractivas, incluyendo el Extractive Industry Transparency Initiative (EITI).
3. Promover el control ciudadano y de la participación del sector privado, fortaleciendo
a los actores no gubernamentales con el objetivo de influir y complementar las iniciativas estatales, así como reconociendo la corresponsabilidad de todos los actores para
lograr cambios tangibles y duraderos.
4. Fortalecer la detección e investigación de actos de corrupción, mediante el refuerzo de
la coordinación interinstitucional para la investigación de casos de corrupción, con el
fin de contribuir a la lucha contra la impunidad.
5.
13
Una parte del Convenio, orientado al fortalecimiento de la Comisión Ciudadana contra la Corrupción (CCCC) y de
los Índices de Transparencia Nacional, Departamental, y Municipal, se implementa a través de la Corporación de
Transparencia por Colombia, quien a su vez ejerce la Secretaría Técnica de la CCCC.
100
Desde marzo 2014, la Secretaría de Transparencia le permite el equipo técnico de la
FIIAPP operar en su sede, para implementar el proyecto ACTUE en el país. Desde este momento, la Secretaría de Transparencia ha gestionado el apoyo del proyecto especialmente
en las siguientes áreas:
(i) Implementación de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ley
1712 de 2014)
El proceso liderado por la Secretaría de Transparencia para elaborar el Decreto reglamentario para los temas relacionados con la gestión de información (Registro de Activos de
Información; Índice de Información Clasificada y Reservada; Esquema de Publicación de
Información; Programa de Gestión Documental), fue apoyado a través de varias asistencias especializadas con miras a proveer insumos altamente técnicos, así como acompañar
el proceso de interlocución con las entidades líderes del sector público y organizaciones
del sector privado y la sociedad civil.
Adicionalmente, la Secretaría gestionó el apoyo del proyecto para tres asistencias clave,
cuya implementación se extenderá hasta el primer semestre 2015, con miras a una efectiva implementación de la Ley: i) apoyo técnico para la elaboración del decreto de coordinación inter-institucional; ii) la elaboración de guías técnicas y pedagógicas acerca de la
implementación del Decreto Reglamentario de Gestión de Información; y iii) la creación
de un inventario de sujetos obligados, las distintas entidades de vigilancia y control -por
grupos de sujetos obligados- e identificación de espacios de capacitación existentes.
Finalmente, la Secretaría de Transparencia colaboró con el apoyo del proyecto ACTUE
Colombia a la Procuraduría General de la Nación (PGN), especialmente al Instituto de
Estudios del Ministerio Público (IEMP), para la capacitación de los Personeros y profesionales de la PGN en territorios acerca de la implementación, vigilancia y control de la Ley
1712.
(ii) Consolidación del Observatorio de Transparencia y Anticorrupción
El Observatorio de Transparencia y Anticorrupción es un instrumento a cargo de la Secretaría de Transparencia, por encargo de la Comisión Nacional de Moralización. Dado el
valor público que se pretende lograr con el Observatorio, la Secretaría de Transparencia
logró gestionar un apoyo fuerte de parte del proyecto ACTUE Colombia para la consolidación inicial de la iniciativa a través de la contratación de cuatro consultorías especializadas. La primera busca crear un protocolo de captura, gestión y análisis de información
que alimentan 17 indicadores para medición de corrupción y esfuerzos en materia de
101
transparencia. La segunda busca diseñar e implementar una estrategia de relación con
la ciudadanía y con las instituciones a partir de redes sociales e instrumentos de diálogo.
Las otras dos buscan articular los dos primeros componentes para que la información
procesada por el observatorio involucre a las Comisiones Regionales de Moralización e
involucre a la ciudadanía en general. Las funciones de estos profesionales, las incorporará
la Secretaría en su personal de planta, en los términos que de operación del observatorio
y de los planes de trabajo que apruebe la Comisión Nacional de Moralización.
(iii) Cultura de Legalidad
La Secretaría de Transparencia logró asegurar el apoyo del proyecto ACTUE Colombia
para el diseño y pilotaje de rutas metodológicas incorporadas en programas de educación
básica y de entrenamiento de funcionarios públicos para promover la cultura de legalidad.
Esta asistencia técnica le permitirá a la Secretaría de Transparencia impulsar iniciativas
en este ámbito, no solamente a través de sus propias actuaciones, sino especialmente
en cooperación con el Ministerio de Educación y el Departamento Administrativo de la
Función Pública.
(iv) Desarrollo de una línea estratégica de transparencia e integridad en el DAFP
En el marco de coordinar la implementación de la PPIA y la Ley de Transparencia y Acceso
a la información, la Secretaría de Transparencia gestionó el apoyo del proyecto ACTUE
Colombia para el Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP) para suministrar asistencia técnica en el diseño de una línea de transparencia e integridad transversal
en la entidad, a través de la clara identificación del rol, responsabilidades y objetivos del
Departamento, a la luz de los documentos CONPES 167 y 3654, la Ley 1712 de 2014, el
PND 2014-2018 y con miras a la adhesión a la OCDE, relativo a la implementación de
las normas, políticas e instrumentos técnicos propios de la “infraestructura de integridad
pública”, especialmente referidos a los conflictos de interés, las declaraciones de bienes y
rentas, el control interno, la transparencia y el acceso a la información. En ese marco, se
definirá también la relación del DAFP con la Secretaría de Transparencia, así como con
otras entidades claves relacionadas.
(v) Impulso de una estrategia de transparencia para el sub-sector farmacéutico
La Secretaría de Transparencia ha estado acompañando al Ministerio de Salud en el impulso de una estrategia de transparencia e integridad para el sub-sector farmacéutico,
iniciativa que está apoyada tanto por el proyecto ACTUE Colombia como el Programa
EUROsociAL II. Cabe destacar que el Ministerio de Salud consideró de particular relevan-
102
cia el apoyo de la Secretaría, para hacer totalmente transparente y públicamente accesible
toda la información sobre el proceso de regulación de los medicamentos biotecnológicos.
Adicionalmente, la Secretaría de Transparencia acompaña el proceso que culminará en
un “Decálogo de Medidas de Transparencia e Integridad para la Regulación de Precios
y Definición de Beneficios de Salud”, cuya implementación será apoyada por el proyecto
ACTUE Colombia.
(vi) Transparencia en el sector extractivo – EITI
La Secretaría de Transparencia está acompañando a otras entidades del Gobierno de
Colombia en mejorar la transparencia en el sector extractivo, como uno de los sectores
prioritarios de la PPIA. En este marco, la Secretaría facilitó la interlocución entre el Ministerio de Minas y el proyecto ACTUE Colombia para concretar el apoyo del proyecto para el
Plan de Acción Nacional para cumplir con el estándar internacional EITI (Extractive Industry
Transparency Initiative). Se apoyarán específicamente las siguientes líneas de acción del
Plan de Acción Nacional: 1.) Diagnóstico y diseño de una estrategia de aplicación local y
regional enfocada a mejorar la existencia de la información relevante para el EITI; 2.) Diseño de una estrategia de fortalecimiento de capacidades de las entidades públicas para
la producción y difusión de información sobre la cadena de valor del sector extractivo en
el marco del estándar de EITI; 3.) Promoción de los mecanismos de rendición de cuentas
pública en torno a la cadena de valor del sector extractivo por parte de las autoridades
públicas correspondientes; 4.) Diseñar e implementar una estrategia de formación y generación de capacidades en la ciudadanía, autoridades locales y organizaciones sociales
en torno a la cadena de valor del sector extractivo y la iniciativa EITI Colombia. Asimismo
se apoyará el Objetivo 4 del mismo Plan “Garantizar la organización, operatividad y funcionamiento de la estructura EITI Colombia para la implementación del plan de acción y
la iniciativa EITI Colombia” a través de la ayuda a la sociedad civil para participar en el
Comité Nacional Tripartito.
13.2.Programa EUROsociAL II
Gracias a la asistencia técnica brindada en el año 2014 por el Programa EuroSocial II de
la Unión Europea, el Estado colombiano cuenta con los siguientes productos que apoyan
la puesta en marcha de la Ley 1712 de 2014 de Transparencia y del Derecho de Acceso
a la Información:
• Un documento con la estrategia de coordinación al interior del Ministerio Público,
que orienta a las diferentes entidades que lo componen sobre cómo cumplir con las
funciones impuestas por la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública.
103
• Un documento con aspectos que requieren reglamentación o documentos de orientación para la implementación de la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la
Información Pública.
• Estrategia para la implementación de la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso
a la Información por parte de las entidades líderes de política: Recomendaciones, temas para la capacitación y sensibilización, y plan de trabajo con el detalle de acciones
y responsabilidades a cargo de cada una de las entidades líderes de política.
• Asistencia Técnica a la Secretaría de Transparencia y a la Procuraduría General de la
Nación por parte de servidores públicos del Consejo para la Transparencia y la Secretaria General de la Presidencia de Chile, expertos en leyes de acceso a la información,
que apoyaron la definición de las estrategias en el corto y mediano plazo para la puesta en marcha e implementación de la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a
la Información Pública en Colombia.
• Un Modelo de Gestión Documental y Archivos con enfoque de acceso a la información pública, de la Red de Transparencia y Acceso a la Información (RTA), a ser probado en Colombia en el año 2015.
• Un Modelo de Medición de la Red de Transparencia y Acceso a la Información (RTA).
Esta iniciativa, además de orientar la definición de indicadores para el país que se
ajusten a los estándares internacionales, también permitirá establecer un modelo de
medición del avance las políticas de transparencia y acceso a la información en el año
2015
Adicionalmente, EUROSOCIAL apoyó la realización de un evento de capacitación de
fiscales e investigadores nacionales especializados en anti-corrupción y lavado de activos
en la implementación de la Convención Anti-Cohecho de la OCDE, con respecto a las
temáticas relacionadas con el Soborno Transnacional. Esto se hizo el 4 y el 5 de diciembre de 2014. Allí participaron más de 100 miembros de la Fiscalía General de la Nación,
Cuerpos de Investigación, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, la Unidad de
Información y Análisis Financiero (UIAF) y la Policía Nacional. En otro frente, EUROSOCIAL está apoyando un estudio (sin terminar, a la fecha de publicación de este informe)
para la compilación de normativa y proyecto de ley sobre protección de denunciantes de
actos de corrupción. Finalmente, está el apoyo a la socialización de los Registros Pro-ética
(iniciativa ya reseñada en la sección 10 de este informe).
104
Sólo son justas –nos dice– por miedo al castigo, no por convicción. Y para sustentar su
argumento narra la Fábula del Anillo de Giges, la cual siglos después inspiraría al escritor
británico John Ronald Tolkien a escribir el Señor de los Anillos.
Según Glaucón, Giges es un campesino iletrado, que después de una tormenta y un terremoto feroz, encontró en el fondo de un abismo un caballo hecho de bronce. Ese caballo
contenía en su interior un cuerpo sin vida, cuya única pertenencia era un anillo de oro.
Giges descubrió que el anillo le concedía a su dueño el poder de la invisibilidad. Sacando
provecho del poder del anillo, Giges lo usó para enamorar a la reina y después, con su
auxilio, matar al rey, apoderándose así de su reino. Gracias al anillo, Giges hacía el mal e
incrementaba su poder, se alzaba como un tirano y un corrupto, mientras que pasaba por
hombre bueno frente a sus súbditos.
Esta fábula nos enseña tres cosas. Primero, que es necesario que nadie quede por fuera
del alcance de la ley así como de su vigilancia y su cumplimiento. De lo contrario, al igual
que en la fábula de Giges –que con su anillo tiene el don de escapar al alcance de la ley–,
es fácil que termine por reinar la tiranía, la corrupción y el crimen.
Segundo, la fábula nos sugiere también que el imperio de la ley no basta por sí solo,
porque a veces –sin sospecharlo– las conductas o circunstancias que ella regula, permiten
que el ciudadano logre escapar a su alcance. Y entonces sólo queda como última barrera
frente al mal, frente la perversión, frente la corrupción y los apetitos humanos más mezquinos, la propia consciencia.
Frente a los vacíos de la ley, sólo queda la esperanza de que el espíritu y el carácter de
los ciudadanos sea recto, honorable, limpio… iluminado por las reglas del imperativo
categórico y de la razón universal.
Tercero, el texto nos enseña que el mejor antídoto contra la corrupción es la visibilidad, la
transparencia. Durante siglos la humanidad ha visto reinar a dictadores que, como Giges,
ocultan información, camuflan la realidad, gobiernan desde la penumbra, sin rendir cuentas al pueblo, sin explicar en qué gastan el dinero de las arcas del Estado, que se roban
todo, o mucho, en detrimento de los intereses de la mayoría.
Analizando estas tres lecciones, diré entonces, que la justicia y la civilización no pueden
existir en un lugar en el que un ciudadano escapa a la mano de la ley y en donde –por ese
hecho– reinan la tiranía y la corrupción.
106
Por eso, ante todo, derrotar la corrupción exige que el Estado haga respetar el ordenamiento jurídico existente, pero también –y sobre todo– exige transformar la conciencia de
los ciudadanos; exige hacer los mayores esfuerzos para hacerles entender que la corrupción es la podredumbre, la corrupción es lo que está marchito, es lo más degradado de
la existencia social
Pero el respeto por la ley no viene sólo. Requiere por un lado garantizar que la justicia
funcione; que no cojee y que siempre llegue a la sociedad. Y por el otro, requiere construir una arquitectura institucional que haga del servicio público un trabajo perfectamente
visible a la luz de todos. La transparencia se convierte así en el alimento del cual se nutren
los cimientos del edificio social. Sin ella, el organismo pronto se contamina, se envenena
y muere.
Por el contrario, con la transparencia como principio rector, el organismo crece vigoroso,
fuerte y dinámico; sano. Con ella, todo está a la luz de todos; crece la confianza; el buen
entendimiento y la solidaridad ciudadana. Con ella, además, lentamente va transformándose la conciencia social… Con ella empiezan a reducirse en número y en fuerza aquellos
que creen en la corrupción como método válido para enriquecerse.
Quienes tienen ese credo no son más agudos, no son más inteligentes, no son más hábiles; esas personas en realidad se consideran a sí mismas seres muy inferiores en términos
de civilización… a veces sin darse cuenta.
En conclusión, la garantía del imperio de la ley para todos los ciudadanos, la transparencia plena en el manejo de la cosa pública y la transformación de la conciencia ciudadana,
se constituyen en los objetivos principales y comunes alrededor de los cuales deben girar
el esfuerzo del Estado y de la sociedad civil por construir una sociedad libre de corrupción
y de abusos.
Y así es como la Secretaría de Transparencia ha venido trabajando en la búsqueda de esos
objetivos. Por sólo poner algunos ejemplos:
• Impulsamos la adopción del Conpes Anticorrupción 167 de 2013;
• Logramos la expedición de la Ley de Transparencia, construida en equipo y con el
liderazgo de la sociedad civil;
• Apoyamos la difusión –de la mano de la Procuraduría General de la Nación–, el Índice de Gobierno Abierto, con el cual estamos midiendo los avances de transparencia
de todas las entidades territoriales;
• Lanzamos el Observatorio de Transparencia, para medir de cara al país, los avances
en la implementación de la Política Pública Integral Anticorrupción y para hacer otras
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mediciones más robustas en materia de transparencia y de conocimiento del fenómeno de la corrupción;
Fortalecimos, bajo el liderazgo del Departamento Administrativo de la Función Pública, el nivel y calidad de los Jefes de las Oficinas de Control Interno, a quienes pronto
estaremos evaluando;
Llevamos al Congreso el Proyecto de Ley por el cual cumplimos con los estándares
exigidos por la Convención Antisoborno de la OECD;
Capacitamos cientos de Fiscales sobre el alcance de esa Convención;
Nos vinculamos a la Red de Transparencia y Acceso a la Información, a la cual recientemente se vinculó la Procuraduría, con quien tuve el honor y el privilegio de compartir
unas intensas jornadas de trabajo en Brasilia hace algunas semanas;
Iniciamos el proceso de admisión a la OECD, en donde estamos esta semana presentando nuestros avances ante el Grupo de Trabajo Antisoborno; y
Empezamos la construcción del Plan de Acción de la Segunda Fase de Trabajo con la
Alianza para el Gobierno Abierto, una red de 64 países que colaboran para cumplir
los más altos estándares en materia de transparencia y prevención de la corrupción.
Pero nuestro trabajo no se queda ahí. Ahora debemos enfrentar nuevos desafíos que hasta
ahora no habíamos asumido y que yo quisiera que fueran los ejes rectores del trabajo de
la Secretaría de Transparencia durante los próximos años.
El primer gran desafío tiene relación con la transparencia de los Partidos Políticos. Andrew Jackson, uno de los padres de la nación estadounidense dijo en una ocasión:
“Lloro por la libertad de mi país cuando veo, en estos primeros días de su existencia
exitosa, que se han imputado – numerosos – actos de corrupción a varios miembros
de la Cámara de Representantes…”
Nuestro Congreso y nuestros partidos deben renovar sus votos con el país. Pocas instituciones están tan desprestigiadas en nuestros días. Por eso le pido hoy al Presidente del
Senado, muy especialmente, que nos ayude a liderar una gran cruzada por la transparencia de los Partidos Políticos.
El país demanda saber de dónde vienen sus recursos, quiénes los financian, a qué candidatos los partidos les dan dinero, recursos o apoyo del cualquier tipo –directo o indirecto– para sus campañas políticas; a quiénes, a qué líderes, los candidatos les dan recursos
para hacer proselitismo político; cómo se aseguran de que no haya compra de votos.
El país quiere saber por qué un partido apoya más a unos candidatos que a otros; quiere saber si tienen Planes Integrales para la Prevención de la Corrupción; quiere saber si
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tienen un Sistema de Prevención de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo; quiere saber cuántos recursos destinan a sus centros de pensamiento y si están
cumplimiento con el mandato de la ley que los obliga a darles el 15% para actividades de
formación y capacitación; el país quiere saber si están respetando la Ley de Protección de
Datos Personales y su obligación de rendir cuentas a la ciudadanía.
En fin, tenemos mucho por hacer en este frente. Por eso invito hoy a los partidos, por
conducto del Presidente del Senado, a estudiar y cumplir sus obligaciones bajo la Ley de
Transparencia.
El Congreso y nuestros partidos, que deberían encarnar la voluntad general, más que
nadie tendrían que dar ejemplo en esta cruzada por la transparencia que, con los Organismos de Control hemos venido liderando hace varios años.
El segundo gran desafío tiene relación con el fortalecimiento de la sociedad civil. La
ciudadanía organizada y activa, es la conciencia viva del cuerpo social. Su rol en la promoción de la transparencia y la lucha contra la corrupción reviste la mayor trascendencia.
Pero necesitamos fortalecerla y actuar más estrechamente.
Así como en las regiones debemos activar, visitar y promover las Comisiones Regionales de
Moralización, tal como el próximo 18 de diciembre estaremos haciendo en una primera
visita a la Comisión Regional de Córdoba, en conjunto con el Ministro de la Presidencia,
así mismo la sociedad civil organizada y la Comisión Ciudadana de Lucha contra la Corrupción, deberían ayudarnos a activar Comisiones Regionales Ciudadanas que se erijan
en contrapeso e interlocutores de las Comisiones Regionales de Moralización.
Esas Comisiones Regionales Ciudadanas pueden ayudar a elevar el nivel de la vigilancia,
denuncia y activismo propositivo de las veedurías en las regiones, y pueden consolidar
una arquitectura institucional óptima para mejorar la interlocución entre el sector público
y privado en este propósito común.
El tercer desafío tiene relación con la construcción de una agenda de trabajo con enfoque territorial y sectorial. El enfoque territorial debe estar orientado a promover la transparencia y prevenir la corrupción, en las zonas de consolidación o de extrema pobreza,
especialmente en el contexto de la negociación de paz y del postconflicto.
Nunca había sido tan urgente evitar la pérdida de los recursos del Estado destinados a los
más desfavorecidos de la sociedad.
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El enfoque sectorial, por su parte, debe estar orientado a blindar de la corrupción a los
recursos de ciertos sectores neurálgicos para el buen desarrollo del país. Así, nos hemos
propuesto extirpar el cáncer de la corrupción del ICBF. También nos hemos propuesto
extirpar el cáncer de la corrupción de la educación, en la industria extractiva y en la salud.
¡Y lo haremos!
¡No vamos a permitir que se pierdan los recursos de la niñez!
¡No vamos a permitir que se pierdan los recursos de la educación o de la salud!
¡No vamos a permitir que se pierdan las regalías de los colombianos, ni que se trafique
con las conciencias de nuestros funcionarios públicos, ni que se desprestigie el muy honorable papel que ellos cumplen en la sociedad, por cuenta de unos cuantos corruptos!
Y acá una advertencia, a los políticos que están involucrados con el desfalco del Estado,
del ICBF, del SENA, del sistema de salud: les decimos que no escaparán a la lupa del Estado y de la vigilancia renovada y conjunta de la Procuraduría, la Contraloría, la Fiscalía
y la Presidencia.
¡Yo empeño mi palabra en que antes de terminar este año el país entero podrá constatar
la seriedad con que hemos asumido estos compromisos!
Para terminar, en su metafísica de las costumbres, Kant, usaba la siguiente frase: “el cielo
estrellado sobre mí, la moral dentro de mí”. Con ello el gran filósofo alemán explicaba la
diferencia entre el mundo fenomenológico y el mundo de la razón –esa razón que dicta
los imperativos categóricos del ser moral, y que es, en la práctica, el mejor antídoto contra
el mal–.
Su frase brilla aún en el firmamento de la consciencia humana. Hagamos que desde la
altura de la historia y la filosofía, y desde la luz del futuro, nuestros ancestros y nuestros
maestros –de una parte– así como nuestros descendientes –de la otra– se sientan orgullos de
este pueblo colombiano, que logró elevar su espíritu y liberarse del yugo de la corrupción.
Gracias.
CAMILO ALBERTO ENCISO VANEGAS
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~
NACIONAL
D EC OLOlii& I A
Carrera 66 No 24 - 09
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Informe de Gestión Secretaría de Transparencia

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