Inseguridad y criminalidad en la Argentina: la presencia de carteles

Inseguridad y criminalidad en la Argentina: la presencia de carteles

II Encuentro de las Ciencias Humanas y Tecnológicas para la
integración en el Conosur
Bogotá, mayo de 2013
”Inseguridad y criminalidad en la
Argentina: la presencia de carteles
regionales del narcotráfico”
Mariano César Bartolomé
Universidad de Morón (UM) / Univ.Nacional de Lanús (UNLa)
[email protected]
Simposio N°8: Criminalidad organizada en América Latina.
Manifestaciones particulares de una problemática transnacional
1
1.INTRODUCCIÓN
La problemática de la seguridad en la Argentina no puede disociarse de un marco
geográfico más amplio que no sólo la contextualiza, sino también la influye. Pese a
las actuales dinámicas globalizadoras, en el tema que nos ocupa el ámbito
geográfico referencial es el continental, y de manera aún más específica el
espacio latinoamericano.
En los últimos años América Latina ha asistido a un incremento de las tasas de
violencia y, consecuentemente, a un deterioro de sus niveles generales de
seguridad. En la Conferencia Interamericana de Seguridad Pública del año 2009 el
Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA), José Miguel
Insulza, consideró que la violencia criminal tenía en América Latina carácter
“pandémico”1 y le costaba a sus ciudadanos más de US$ 16 mil millones anuales;
por otro lado, agregó el diplomático, con apenas el 8 % de la población mundial, la
región acaparaba más del 40 % de los homicidios y casi el 70 % de los secuestros
extorsivos que se cometían en el planeta cada año2.
Los últimos cálculos de esa institución multilateral se condensan en su Informe
sobre Seguridad Ciudadana en las Américas 20123. De sus páginas se desprende
que el promedio de robos en el continente es de 456 casos cada 100 mil
habitantes. El dossier también destaca que la tasa de homicidios en el continente
había alcanzado en el año 2010 los 15,6 casos cada 100 mil habitantes,
estimándose que el 25% de esos asesinatos se vinculan con el crimen organizado;
comparativamente, en Europa los grupos dedicados a la criminalidad organizada
son responsables por apenas el 5% de los asesinatos. El Informe toma debida
nota de la creciente gravedad de este fenómeno, asegurando que su evolución y
sofisticación tornan imperativo un replanteo de las estrategias adoptadas hasta el
momento.
La institución académica Interamerican Dialogue coincide con esta apreciación y
concluye, basado en información de Latinobarómetro, que la criminalidad
1
Para la Organización Mundial de la Salud (OMS), se entiende que existe una epidemia de violencia cuando,
en algún lugar, los asesinatos superan anualmente los diez por cada 100.000 habitantes.
2
BARTOLOMÉ, Mariano: “Situación del Crimen Organizado en América Latina”. Ágora Internacional Nº 10
(2009), pp. 16-20
3
El reporte se basa en la información oficial proporcionada por los Estados miembros, disponible en el
Observatorio Hemisférico de Seguridad. En ese órgano la información es agrupada en 144 indicadores que
abarcan la totalidad de las áreas comprendidas por los fenómenos sociales de delito y violencia, así como de
las iniciativas desarrolladas por los Estados para lograr su control y sanción
2
organizada es, en gran medida, responsable directo de la precaria situación que
enfrenta América Latina en materia de seguridad 4.
En valores absolutos, la cifra de homicidios violentos aumentó en el continente un
7,9% entre los años 2000 y 2010, de 134 mil a 144,7 mil respectivamente.
Discriminada por subregiones, esa alza fue del 94% en América Central, de 9.486
a 18.401 casos; del 17,5% en América del Norte (incluyendo México), de 30 mil a
35,2 mil casos; en Sudamérica, en cambio, en el mismo período las víctimas de
homicidio bajaron un 5,8% pasando de casi 91 mil a 85,5 mil episodios 5.
Complementando la información basada en datos empíricos, en un plano subjetivo
también han aumentado considerablemente en América Latina las “tasas de
victimización” vigentes, que ascendieron a 31 casos cada 100 mil habitantes6.
Esta tasa deriva de la respuesta del encuestado a la pregunta de si él o alguno de
sus parientes cercanos sufrió algún asalto o delito violento en los últimos 12
meses; su utilidad no radica únicamente en proveer información acerca de lo que
siente o percibe la ciudadanía, sino en complementar los resultados de las
estadísticas oficiales, que pueden presentar errores por omisión 7.
2. INSEGURIDAD EN ARGENTINA. TANTO O TAN POCO?
En el marco hemisférico descripto, la situación de la Argentina es materia de
discusión. Pese a que las cuestiones de seguridad gozan de particular importancia
para la ciudadanía en su conjunto, no se ha logrado consensuar en el país
siquiera un diagnóstico básico y preliminar en esta esfera. Los disensos atraviesan
a la dirigencia partidaria, el periodismo, la comunidad académica y la sociedad en
general, transformándose así en una de las cuestiones más controvertidas de la
agenda política local.
Todas estas controversias proliferan y se prolongan en el tiempo favorecidas por
una perniciosa situación cuya inconveniencia está fuera de toda duda: la
4
COSTA, Gino (2012): The Security Situation in Latin America, Inter American Dialogue, February 17
OEA: Report on Citizen Security in the Americas / Informe sobre Seguridad Ciudadana en las Américas
2012, OEA, Washington DC Julio 2012
6
LAGOS Marta &Lucía Dammert: La Seguridad Ciudadana. El principal problema de América Latina,
Corporación Latinobarómetro, Lima 2012, pp. 26 y ss
7
En este sentido, puede decirse que las estadísticas se realizan sobre la llamada “cifra blanca” del delito,
aquella que reúne los casos de cierta o de mucha gravedad, que son denunciados antes las autoridades
policiales y judiciales. Por su parte, existe una “cifra negra” de hechos no denunciados, que por lo general
son hurtos sin violencia.
55
3
inexistencia de estadísticas oficiales actualizadas sobre la cantidad y tipo de
delitos que se producen en el país, y su distribución en el territorio nacional. Esta
carencia provoca una innegable distorsión en los resultados de los reportes que
abordan la situación de seguridad vigente en Argentina vis á vis la que se observa
en otros países, sobre los cuales se dispone de datos más actualizados.
Los últimos cálculos existentes sobre la situación argentina en materia de
seguridad, en relación a otros países de la región, se desprenden del ya
mencionado Informe sobre Seguridad Ciudadana en las Américas que elabora la
OEA. En sus páginas se lee, en base al análisis de diferentes fuentes8, que en el
año 2010 se habrían registrado 2237 homicidios violentos en el territorio nacional,
configurando una tasa de 5,8 muertes cada 100 mil habitantes, lo cual ubica a la
Argentina entre los países menos inseguros del hemisferio. En materia de robos,
en cambio, la tasa local alcanza los 973 hechos dolosos cada 100 mil habitantes,
prácticamente el doble que el promedio hemisférico de 456 dolos cada 100 mil
habitantes y más del doble que lo observado en Uruguay y Brasil (410 y 415 casos
cada 100 mil habitantes, respectivamente) 9.
Conviene destacar que la tasa de homicidios indicada por el organismo
hemisférico coincide con la que consta en el estudio Global Study on Homicide,
elaborado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito
(UNODC) en el año 2011, que la calcula en 5,5 homicidios cada 100 mil
habitantes. En este caso, al contrario que el anterior, el dato se origina en un único
proveedor, la Dirección Nacional de Política Criminal, dependiente del Ministerio
de Justicia y Derechos Humanos de la Nación 10.
Una evaluación positiva sobre nuestro país es la que se desprende del índice
elaborado para Latin American Chronicle a fines del año 2011, por la consultora
especializada FTI. El referido índice toma en cuenta cuánto hace cada país de la
región para controlar la inseguridad pública, analizando estadísticas
gubernamentales a nivel federal, estatal o provincial y municipal. Se pondera la
información gubernamental según su confiabilidad, contrastándola y
complementándola con datos procedentes de ONGs, instituciones académicas,
organismos multilaterales y medios de comunicación.
8
Entre otras el Servicio Penitenciario Federal, el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Instituto
Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), el Registro Nacional de Armas (RENAR) y el Ministerio de
Seguridad.
9
OEA: Report on Citizen Security in the Americas, op.cit.
10
UNITED NATIONS OFFICE ON DRUGS AND CRIME: 2011 Global Study on Homicide. Trends, Context, Data,
UNODC, Vienna 2011.
4
El referido índice mide el nivel de seguridad de los países de la región empleando
una escala básica de 1 a 5 puntos, donde 1 es el mayor nivel de seguridad y
menor nivel de peligro, y 5 exactamente lo inverso. Argentina fue calificada con 3
puntos, obteniendo una mejor calificación que países como Brasil, Colombia,
México o Venezuela (4 puntos), aunque peor que la merecida por Chile o Uruguay
(2 puntos). En la calificación general, sobre 19 países analizados, Argentina
obtuvo el quinto lugar, una posición nada desdeñable 11.
Estadística Criminal 2008: Diferencias entre tasa de victimización y homicidios
registrados
A su turno, también se encuentra una referencia positiva a la situación de nuestro
país en materia de seguridad, en un mapa global de la violencia elaborado por el
11
FTI CONSULTING IBERO AMERICA: Indice de Seguridad latinoamericano, Latin American Chronicle,
noviembre 2011
5
ministerio de Justicia de Brasil. Argentina aparece en ese relevamiento como el
país de América Latina donde se cometen menos crímenes por año, unos 4,3
casos cada 100 mil habitantes, correspondiéndole la 39° posición de la lista. Le
siguen a nuestro país Uruguay, Cuba, Chile y EEUU, en ese orden.
Prácticamente en la otra punta del listado aparece El Salvador con una tasa de
57,3 casos cada 100 mil habitantes, seguido por Colombia con 42,8 homicidios
cada 100 mil habitantes12.
En cuanto a la tasa de victimización prevaleciente en nuestro país, un reporte de
la entidad Interamerican Dialogue la calculó en torno a los 41 casos cada 100 mil
habitantes, lo que supone una de las tasas más altas de la región, superior en diez
puntos a la media latinoamericana13. En base a estas cifras se ha insistido en la
extendida percepción de vulnerabilidad e inseguridad que existiría en el cuerpo
social argentino14.
Esa percepción de vulnerabilidad e inseguridad no se refleja en los guarismos de
la OEA ni de Latin American Chronicle. Sin embargo, como se anticipó antes, se
ha señalado que esos reportes se basan en cifras oficiales correspondientes al
año 2008, momento tras el cual dejaron de proporcionarse.
También se hace notar que las cifras oficiales argentinas en materia de seguridad
no incluyen a la provincia de Buenos Aires, que representa un porcentaje
importante del total de homicidios del país. De acuerdo a visiones críticas a la
conducta gubernamental en materia de seguridad, desde mediados de la década
del 90 la provincia viene presentando una tasa de homicidios mayor al promedio
nacional, por lo que su inclusión en el cálculo nacional hubiera elevado la tasa de
homicidios15.
Pero la existencia de altas percepciones de vulnerabilidad e inseguridad en buena
parte de la sociedad argentina se registra con antelación al informe de la OEA. Ya
en la Estadística Criminal 2008, realizada por la Subsecretaría de Política Criminal
del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, se indicaba que la
tasa de 5,8 homicidios cada 100 mil habitantes colocaba a la Argentina en el
cuarto lugar en el hemisferio, sólo detrás de Chile (1,6 homicidios cada 100 mil
habitantes), Canadá (1,83) y Estados Unidos (5,4). Empero esa misma estadística
12
WAISELFISZ Julio: Mapa da Violėncia 2011. Os Jovens do Brasil, Instituto Sangari, São Paulo 2011
COSTA, op.cit.
14
“La Argentina y la inseguridad”, La Nación 5 de marzo de 2012
Cabe consignar que el ya referido informe de la OEA sobre Seguridad Ciudadana en las Américas aborda la
cuestión de las tasas de victimización prevalecientes; Argentina, sin embargo, no está incluida en el análisis
al no haber proporcionado la información necesaria.
15
GONZÁLEZ José María: “Garré, Berni y la insistencia en la falacia”, Tribuna de Periodistas 22 de julio de
2012
13
6
indicaba, en base a relevamientos efectuados en 2088 por el Latin American
Public Opinion Project (LAPOP) que nuestro país tenía el mayor porcentaje de
victimización, del 27,47%, seguido por Chile (22,23%) y Uruguay (22,04%)16,17.
Estadística Criminal 2008: tasa nacional de 5,8 homicidios dolosos cada 100 mil hab
Los datos relevados en ese momento por Latinobarómetro, aunque serían
publicados tres años más tarde, colocaban a la Argentina en el séptimo lugar de la
región (18 casos estudiados) en materia de percepción de inseguridad. De
acuerdo a esta encuestadora, el 60% de los argentinos consideraban a su país
como violento, por encima de la tasa promedio regional del 56%. Precedían a la
Argentina en el listado Guatemala, El Salvador, Brasil, México, Honduras, Bolivia y
Colombia18.
Por la misma época, otras fuentes plantearon percepciones de inseguridad aún
mayores que los manejados por la cartera de Justicia y Derechos Humanos o
Latinobarómetro. Así, por ejemplo, la medición del llamado Índice de Temor
Ciudadano (ITC) por parte de la entidad independiente Centro de Estudios para la
Convergencia Ciudadana, arrojó que el 93% de los encuestados se reconocía
como víctima o familiar de una víctima de inseguridad en el último año; otro 81%
16
RODRÏGUEZ Carlos: “Estadísticas de crimen y percepción de inseguridad”, Página 12 19 de octubre de
2010
17
Este proyecto se encuentra basado en la Universidad de Vanderbilt, en cuya página se puede acceder a
sus productos. Ver en tal sentido
18
LAGOS & DAMMERT, op.cit. p.13
7
consideraba altamente probable padecer un hecho delictivo en el siguiente año, en
tanto el 61% aseguraba que Argentina era un país más inseguro que el resto de
sus pares americanos19.
En los últimos tiempos, un reporte de la Universidad Católica Argentina (UCA)
concluyó, a partir del análisis de los datos obtenidos en la llamada Encuesta de la
Deuda Social Argentina (EDSA), que a lo largo de todo el septenio 2004-2010
crecieron de manera constante en el país tanto la delincuencia, como el
sentimiento de inseguridad o miedo a ser víctima de un delito. La Encuesta indicó
que esas alzas fueron particularmente notorias en los estratos sociales más bajos;
allí la tasa de victimización saltó del 16,7% al 25,3%, mientras la sensación de
inseguridad trepaba del 66,6% al 76,2%20.
Por último, hacia fines del pasado año 2012 un sondeo efectuado a nivel nacional
por la encuestadora Management & Fit indicó que la inseguridad constituía la
mayor preocupación de la ciudadanía, con un 79,4%, casi quince puntos por
encima de la inflación, constituida en la segunda preocupación con el 64%21;
mientras tanto el desempleo, con el 49,9%, quedaba relegado al tercer lugar. Al
mismo tiempo, para un 51,8% de los encuestados el Poder Ejecutivo no le
asignaba la atención necesaria a los temas que más preocupan a la ciudadanía,
donde la inseguridad –como vimos- ocupaba el primer lugar22.
Habiendo mencionado al dossier de la UCA, éste corroboró la influencia que
tienen las actividades criminales en la evolución de los problemas de seguridad,
con particular énfasis en la cuestión de las drogas. En el año 2010, el último
considerado en ese informe, casi un 30% de los hogares entrevistados habían
sido afectados por el problema del tráfico de drogas, tasa que subía al 35% en los
19
CENTRO DE ESTUDIOS PARA LA CONVIVENCIA CIUDADANA: “Encuesta de Opinión. Índice de Temor
Ciudadano Mayo-Junio 2008”, Centro de Estudios para la Convivencia Ciudadana, Buenos Aires Julio 2008
A los efectos de esta institución se entiende por Índice de Temor Ciudadano lo siguiente: “la confianza que
el ciudadano tiene y los riesgos que percibe frente a la seguridad pública, el futuro, la probabilidad de
atentados terroristas, la situación del país en el que vive, la vida cotidiana, la situación del empleo y la
seguridad social, el funcionamiento de los sistemas de salud y educación y la credibilidad en las
instituciones”.
20
SALVIA Agustín (coord.) & Carolina Moreno: El problema de la inseguridad en la Argentina: Factores que
influyen en la delincuencia y disparan el sentimiento de inseguridad o miedo a ser víctima de un delito,
Observatorio de la Deuda Social Argentina, Pontificia Universidad Católica Argentina, Buenos Aires
diciembre 2011
21
Estos porcentajes reflejan la suma de los tres principales problemas identificados por los encuestados, en
orden de importancia. Así la inseguridad fue identificada en primer lugar en 37,1%, segundo en 26,4% y
tercero en 15,9%; para la inflación los porcentajes fueron 20,6%, 26,2% y 17,22%; para el desempleo 18,7%,
12,8% y 18,4% respectivamente.
22
MANAGEMENT & FIT: Monitoreo de la opinión pública a nivel nacional. Resumen con cortes. Buenos Aires
30 de noviembre de 2012.
8
hogares pertenecientes al estrato más bajo23. Estas conclusiones resultaban
coincidentes con las obtenidas por el mencionado Centro de Estudios para la
Convergencia Ciudadana, quien había identificado como principal problema de
seguridad a las drogas (78%), seguido por la corrupción (69%) y la desocupación
(50%).
Estadística Criminal: comparación de tasas nacionales de homicidios (cada 100 mil habitantes)
De esta manera, introducimos en el presente análisis la incidencia que tienen en el
escenario de la seguridad local las actividades de organizaciones criminales
abocadas al tráfico de drogas. Aun cuando esta vinculación es clara y se halla
fuera de toda duda, pudo ser constatada en oportunidad de la crisis que enfrentó
al Poder Ejecutivo y su homólogo de la provincia de Santa Fe, entre fines del 2012
e inicios del presente año. Allí, el explosivo incremento en la cifra de robos
violentos y homicidios en sus principales ciudades, particularmente Rosario, fue
atribuida por ambas partes al crecimiento del tráfico de drogas; sin embargo,
mientras la Casa Rosada imputaba esta situación a la incapacidad del gobierno
provincial y la corrupción de la cúpula policial local, en sentido inverso se
recordaba que la lucha contra la criminalidad organizada compete a las fuerzas
federales y que la droga llega libremente a Santa Fe producto de un deficiente
control de fronteras.
Los guarismos que se manejaron en ese momento indicaban que en la provincia
de Santa Fe aproximadamente una décima parte de la población, o sea 320 mil
habitantes, consumía drogas. La ciudad de Rosario, epicentro del problema, había
registrado durante el año 2012 un total de 182 homicidios asociados a la
23
SALVIA & MORENO, op.cit.
9
criminalidad, tasa superior en un 15% a la obtenida en el ejercicio anual anterior y
un 140% más alta a la observada en Córdoba, una ciudad de similares
dimensiones. También se apuntaba que en Rosario los grupos criminales pagaban
un monto promedio de $ 150 diarios (aproximadamente US$ 30 al cambio de ese
momento) a pandillas de adolecentes para que distribuyeran droga y pelearan con
grupos antagónicos por el control de áreas de la ciudad donde desarrollar sus
actividades; que los “kioscos” o puntos de expendio minorista de drogas
superaban los 400 en todo el casco urbano; y que los capitales movilizados por la
comercialización de droga rondaban los $ 1200 millones (más de U$S 200
millones) por año24.
3. CARTELES CRIMINALES EN LA ARGENTINA. CASOS SELECCIONADOS
Los antecedentes sobre la presencia de carteles criminales extranjeros en nuestro
país datan de hace al menos treinta años. Desde aquellos momentos hasta el
presente, los grupos criminales desplegados en suelo argentino han diversificado
su procedencia, incrementado su presencia y complejizado sus acciones. Sin
embargo, han descollado en este sentido las organizaciones latinoamericanas
dedicadas a la cuestión de las drogas.
En los últimos tiempos este estado de cosas fue puesto al alcance del público
internacional a partir de un meduloso informe publicado en el periódico The New
York Times en el cual su autora (Emily Schmall) destacó que en épocas no muy
lejanas Argentina constituía una mera vía de tránsito para los traficantes de
drogas, mientras que ahora también se ha convertido en un destino25. Grupos
procedentes de México, Colombia y Perú así lo atestiguan.
México
Existen antecedentes concretos del incremento de la importancia asignada a la
Argentina dentro de los esquemas del narcotráfico mexicano, ya en la segunda
mitad de la década del 90. En 1997, por ejemplo, el entonces líder del Cártel de
Juárez, Amado Carrillo Fuentes, más conocido como "El señor de los cielos"
(apodo que obedecía a su posesión de una flota de aviones con los cuales
transportaba drogas a EEUU), estuvo un tiempo en Buenos Aires amparado en
24
BARTOLOMÉ Mariano: “El escenario de seguridad sudamericano y el rol del Análisis Estratégico”, ponencia
expuesta en el Congreso 2013 de la Universidad de Santiago de Chile (USACH), Santiago de Chile, enero 2013
25
SCHMALL Emily; “Once Just a Stopover for Drug Traffickers, Argentina Has Now Become a Destination”,
The New York Times, July 7, 2012
10
una identidad falsa, dedicándose a la compra de múltiples propiedades con dinero
proveniente de sus ilícitos; poco después murió y sus cómplices retornaron a
México, y recién dos años más tarde la justicia argentina descubrió el incidente y
comenzó a analizarlo26.
Casi un decenio más tarde, vuelven a cobrar relevancia los carteles criminales
mexicanos en Argentina, aunque en un contexto diferente: el eje de sus
actividades no es el lavado de dinero, sino la adquisición de efedrina27, un
precursor químico necesario para la elaboración de drogas de diseño (éxtasis y
metanfetaminas entre otras) que luego exportaban a EEUU. Con esos objetivos
las bandas aztecas comenzaron a tejer acuerdos con farmacias y droguerías
locales, muchas de ellas quebradas que fueron reactivadas con una inyección de
capital exógeno. Estas compañías tramitaban ante la Secretaría de Prevención de
la Drogadicción y Lucha contra el Narcotráfico (SEDRONAR) la licencia para
comercializar legalmente efedrina, que luego transferían a sus socios extranjeros.
En este contexto, en el mes de julio de 2008 se produce el allanamiento de una
propiedad en cercanías de la ciudad de Buenos Aires perteneciente a Jesús
Martínez Espinosa, conocido como el “rey de la efedrina”, donde funcionaba el
mayor laboratorio de confección de drogas de diseño descubierto hasta ese
momento. En la oportunidad son detenidos nueve cómplices de Martínez
Espinosa, quien fue apresado poco después en Asunción (Paraguay) y extraditado
a Buenos Aires para responder a las acusaciones formuladas en su contra28. El
allanamiento dejó al descubierto que carteles criminales mexicanos (en este caso,
nuevamente el Cartel de Juárez) adquirían en el mercado local efedrina y
pseudoefedrina, o la extraían de otros medicamentos (como la "loradina", de venta
libre), que luego empleaban en la producción de metanfetaminas.
Las investigaciones ulteriores confirmaron que las referidas substancias
abandonaban Argentina hacia su destino en las formas más diversas: por barco,
disimuladas en cargamentos de azúcar a granel o en materiales de construcción; o
por avión, en maletas de doble fondo o en botellas de vino . Correlato del caso de
Martínez Espinosa, apenas un mes después se produjo la virtual ejecución de tres
26
“Narcos mexicanos se refugian en Argentina”, Sipse.Com 17 de agosto de 2012.
Químico que proviene del arbusto llamado efedra, el cual produce un efecto similar al de la adrenalina.
Legalmente se emplea para el tratamiento de congestión nasal y broncoespasmos, aunque también genera
efectos como estimulación, agitación y ansiedad
28
En agosto de 2012, Jesús Martínez Espinosa fue sentenciado a 14 años de cárcel por tráfico de drogas. El
resto de sus hombres recibieron penas de entre cuatro años y medio y seis años de prisión. Sin embargo
fueron deportados a México (donde quedaron libres) pues el tiempo que habían permanecido en prisión
mientras duraba el proceso judicial equivalía a la mitad de la condena, pero en esas instancias el tiempo
computa doble; es decir, casi al momento de dictar sentencia se dio a ésta como cumplida.
27
11
empresarios locales (Sebastián Forza, Damián Ferrón y Leopoldo Bina),
involucrados en la vinculación entre los criminales aztecas y farmacéuticas
locales, y de probada relación con el “rey de la efedrina” .
Hacia fines de ese año Eduardo Medina Mora, por entonces Procurador General
azteca, confirmó que los carteles de drogas de su país se hallaban en la búsqueda
de nuevos proveedores de los precursores químicos que necesitaban para
elaborar metanfetaminas a partir de las mejoras aplicadas en su país en la
regulación del uso de la efedrina y la pseudoefedrina en la industria farmacéutica.
El territorio y la industria argentinas cobraban relevancia en el contexto de esa
búsqueda, motivo por el cual en aquellos momentos ambas partes suscribieron un
memorando de entendimiento para combatir esta amenaza transnacional,
incluyendo actividades conexas como el lavado de dinero y el desvío de
precursores químicos; y un convenio para intercambiar información, capacitar
recursos humanos y coordinar estrategias para el combate del narcotráfico .
Jesús Martínez Espinosa, el “Rey de la Efedrina”, detenido en Paraguay y
extraditado a la Argentina
Aunque el caso del “rey de la efedrina” se resolvió de manera exitosa, desde la
SEDRONAR se aseguró que ese episodio alteró los análisis sobre vigentes
respecto al territorio nacional en los esquemas transnacionales, indicando que
Argentina había dejado de ser un mero corredor de tránsito y que nuevos grupos
12
mexicanos ligados al negocio ilegal de las drogas regresarían para intentar operar
desde el lugar29.
Esas previsiones se confirmaron rápidamente. Un extenso trabajo de investigación
dirigido por el reconocido especialista Eduardo Buscaglia, investigador del Instituto
Tecnológico Autónomo Mexicano (ITAM) y asesor de las Naciones Unidas en
materia de crimen organizado, indicó que el Cartel de Sinaloa se había instalado
en la región noreste del territorio argentino, con finalidades tanto productivas como
de expansión patrimonial.
En especial ese despliegue de la organización del “Chapo” Guzmán se constataba
en las provincias de Misiones, Formosa y Chaco, donde se habían instalados
laboratorios clandestinos de procesamiento de cocaína y fabricación de drogas
sintéticas. Las tres provincias ostentaban otras tantas características comunes: en
primer lugar, una geografía selvática o boscosa con un clima tropical y templado;
segundo, una situación social signada por altos niveles de pobreza y
desocupación; en tercer término, un importante trabajo social de base por parte de
las iglesias, particularmente iglesias evangélicas, que los narcos emplean como
fachada para insertarse en el ámbito local y ganarse la aprobación de los
lugareños, lo que contribuye a la propia seguridad.
A juicio de Buscaglia, en la elección de Argentina por parte del Cartel de Sinaloa
tenía incidencia un marco normativo local que les resultaba relativamente
favorable, signado por altos índices de impunidad; rápida prescripción de causas
ligadas al crimen organizado, o una tipificación muy laxa en este sentido 30.
Especialistas locales complementaron y profundizaron la pesquisa encabezada
por este investigador del ITAM. En este punto Claudio Izaguirre, presidente de la
Asociación Antidrogas de Argentina, indicó que el ingreso del Cartel de Sinaloa al
noreste del país habría comenzado en el año 2007, con la llegada al Chaco de
María Alejandra López Madrid, una de sus miembros, con la excusa de poner en
funcionamiento una autodenominada Iglesia Evangélica del Nuevo Milenio; cerca
de dos años más tarde se descubrió que uno de los pastores de ese culto era el
narcotraficante sinaloense Víctor Hugo López Valdez y en tal sentido fue
extraditado a su país31.
29
“Carteles mexicanos trastocan Argentina”, El Universal 26 de diciembre de 2010
“Aseguran que el Cartel de Sinaloa instaló bases en el norte argentino”, Perfil 5 de junio de 2011.
31
“Las bases argentinas del narco”, El Espectador 14 de junio de 2011.
30
13
En la vereda opuesta, la postura del gobierno argentino en esos momentos le
restó entidad a la cuestión, subestimando su trascendencia. El entonces titular de
la cartera de Interior calificó como “un verso” las versiones referidas a la presencia
del Cartel de Sinaloa en territorio nacional, agregando: “Quieren llamar cartel a
dos personas con pasaporte mexicano (…) no existe ni existirá uno en el país
como los carteles que existen en México (…) la Argentina no permite producir
droga y no tiene la situación de los carteles mexicanos" 32.
Sin embargo, es preciso señalar que las actividades de los carteles mexicanos no
parecían circunscribirse a las provincias señaladas por Buscaglia, sino que
también incluían otras áreas de la geografía nacional. Entre ellas se destacaba la
región donde coinciden las fronteras de las provincias de Catamarca, Córdoba y
Santiago del Estero, en el centro del país, con vértices en las localidades Recreo
(Catamarca), Lucio Mansilla (Sgo. del Estero) y Pozo Nuevo (Córdoba). En el
lugar se extienden amplios salares en los cuales aterrizan avionetas procedentes
del exterior que trasbordan grandes cantidades de droga a vehículos custodiados
por personal armado, pertenecientes a estos grupos; allí se inicia el traslado de los
cargamentos a sus puntos de exportación, desde donde se envía la droga a sus
mercados de consumo.
Declaraciones de dirigentes políticos de la zona confirman que es normal es
descenso de las citadas avionetas, escuchándose de manera incesante sus
motores en horario nocturno; que las localidades de la zona atraviesan un pico de
consumo de estupefacientes en sus franjas etarias más jóvenes, con su traducción
en un agravamiento de los índices de inseguridad; que existe complicidad con los
criminales por parte de policías y funcionarios judiciales locales; y que en forma
recurrente narcotraficantes mexicanos intentaron adquirir grandes latifundios, de
hasta 30 mil hectáreas, a través de testaferros de otra nacionalidad. En el caso
específico de Catamarca estos intentos se frustraron a partir de una ley provincial
que prohíbe la venta de tierras a propietarios extranjeros 33.
A los indicios de presencia del Cartel de Sinaloa se sumaron indicadores en igual
sentido vinculados con los Zetas. En octubre de 2011 en el marco del “Operativo
Lisboa”, denominado de esa manera porque apuntaba a frustrar el envío a la
capital portuguesa de 50 kg de cocaína, valuados en una veintena de millones de
euros, en La Plata fue detenido Luis Rafael Ulibarri, mando intermedio de la
referida organización mexicana, según confirmó el propio gobernador bonaerense
32
“Narcotráfico: la lucha de los cárteles se extiende de Tijuana a Buenos Aires”, Infolatam 18 de noviembre
de 2008
33
“La Triple Frontera de la droga”, La Voz del Interior 11 de septiembre de 2011
14
Daniel Scioli. Cabe destacar la cocaína traficada estaba disimulada como un gel
terapéutico que se exportaba a Europa desde un local comercial ubicado en pleno
centro de la ciudad, que servía de fachada para las operaciones ilegales34.
Mencionados el grupo de Sinaloa y los Zetas, conviene señalar que sus
actividades ilegales en nuestro país trascenderían la cuestión de las drogas, para
incluir también la trata de personas. Así la escritora mexicana Lydia Cacho
describe y detalla en su libro Esclavas del Poder los circuitos de trata de personas
y explotación sexual en la región, indicando que las referidas organizaciones
criminales se dedican a la trata de personas y la prostitución forzada en la
provincia de Córdoba, enfocando sus esfuerzos en pequeñas comunidades
locales que están en situación de pobreza y cuya economía está dañada 35.
Colombia
Los antecedentes de la presencia de organizaciones criminales colombianas no
son novedosos. Ya en 1995 se radicaron en Buenos Aires, con identidad
adulterada, la esposa e hijo de Pablo Escobar Gaviria, mítico jefe del Cartel de
Medellín, quien había sido asesinado dos años antes en su país. Esa radicación
fue descubierta años más tarde y causó una fuerte conmoción en la opinión
pública, sobre todo cuando trascendió que el Poder Ejecutivo local habría
autorizado la operación desde sus inicios.
Desde aquellos momentos, hace casi dos décadas, cada vez con mayor
frecuencia se publican análisis y notas periodísticas que insisten en las crecientes
actividades de las organizaciones criminales colombianas en Argentina, al punto
de tipificar al país como “narcoparaíso”36. Simultáneamente, confirmando lo
indicado por esas publicaciones, se han producido en diferentes puntos del
territorio nacional detenciones de importantes narcotraficantes de Colombia por
parte de organismos estatales, descubrimiento de operaciones de lavado de
dinero o ejecuciones sumarias que se enmarcan en guerras entre carteles por el
control de mercados.
Diversos factores parecen confluir para tornar a la Argentina, especialmente su
capital Buenos Aires, en un foco atractivo para los narcotraficantes de ese país.
De acuerdo al analista colombiano Francisco Miranda, entre esos elementos se
incluyen el idioma español, particularmente importante en referencia a personas
34
“Alarma en Argentina por incremento de carteles mexicanos”, Excelsior 5 de octubre de 2011
“Cárteles mexicanos compran mujeres en Argentina: Cacho”, Vanguardia 16 de abril de 2012
36
UNIDAD INVESTIGATIVA EL TIEMPO: “Así son las redes mafiosas colombianas que se extienden por la
región”, El Tiempo 2 de junio de 2012
35
15
de escasa educación, como suele ser el caso de miembros de los cárteles; las
dimensiones de la ciudad, que ayudan a circular en forma desapercibida; su
naturaleza cosmopolita, que facilita las operaciones comerciales en dólares
estadounidenses; y una política migratoria relativamente flexible 37.
Precisamente respecto a la flexibilidad de la política migratoria local, facilitó que
numerosos criminales colombianos obtuvieran el status de refugiados así como su
radicación, alegando ser perseguidos políticos por los grupos insurgentes de ese
país. En este sentido, un caso paradigmático tuvo como protagonista al Juzgado
Federal N°12, que inició una causa penal por tráfico de cocaína a España y
Australia contra un grupo de ciudadanos colombianos que eran peticionantes de
refugio por padecer la persecución de la guerrilla de las FARC.
No es inusual que los miembros de los carteles criminales colombianos que
apelan al status de refugiados para permanecer en el país, combinen esta
conducta con el empleo intensivo de documentos falsos, para preservar su
identidad. Solamente por citar un caso, en abril del año 2012 fue asesinado en
Buenos Aires el narcotraficante colombiano Jairo Saldarriaga Perdomo (“Mojarro”),
quien tramitaba un refugio político pero poseía documentación apócrifa 38.
Jairo Saldarriaga Perdomo, un sicario colombiano a las órdenes del famoso narcotraficante Daniel
“El Loco” Barrera Barrera, asesinado a plena luz del día en Buenos Aires por orden de su jefe
En relación al lavado de activo, los carteles colombianos entraron en los negocios
de la inversión en bienes raíces y la compra y venta de caballos de polo, y también
37
38
“La conexión argentina de los carteles”, La Nación 4 de junio de 2010
“Los que se hacen pasar por refugiados”, La Nación 29 de abril de 2012
16
usan empresas exportadoras de carne como fachada para sus actividades en el
país. Las dimensiones de estas operaciones quedaron al descubierto en abril del
2012 cuando se realizó en Argentina una gigantesca iniciativa contra el
narcotráfico conocida como “Operación Luis XV”, en razón a que apuntaba a
desbaratar una banda de esa nacionalidad que traficaba a Europa cocaína
disimulada en muebles estilo Luis XV. El operativo, que incluyó casi ochenta
allanamientos y produjo más de una treintena de detenciones, confirmó que la
organización tenía 42 empresas y más de US$ 50 millones en inversiones y
propiedades, en zonas exclusivas de la ciudad de Buenos Aires y su periferia39.
Entre los detenidos se destacaba Fernando Álvarez Meyendorff, uno de los
narcotraficantes más buscados por la justicia de EEUU, señalado por ser socio del
mencionado “Loco” Barrera y también de Luis “Lucho” Caicedo, acusado de liderar
una gigantesca red de tráfico de droga, capturado también en Buenos Aires dos
años antes40.
Más allá de la búsqueda de tranquilidad por parte de jefes narco y sus familias, de
las operaciones de lavado de dinero y de los actos de sicariato y ajustes de
cuentas, la operación Luis XV recuerda que el tráfico de drogas continúa
ocupando un lugar central dentro del abanico de actividades que despliegan los
grupos criminales colombianos en Argentina. En este sentido, un relevamiento
periodístico sobre esta cuestión muestra que estas organizaciones suelen enviar
la droga (esencialmente cocaína) desde su país natal a la Argentina por vía
terrestre, atravesando suelo peruano y boliviano, para luego traficarla en barco o
avión a Europa y América del Norte desde Buenos Aires. O comercializan cocaína
oriunda de Perú o Bolivia, de la que disponen en función del despliegue de sus
actividades en esos países.
Un caso paradigmático de lo antedicho es al que se conoce con el neologismo de
“Narcojet” y remite al descubrimiento en Barcelona, España, de un avión privado
que transportaba casi una tonelada de cocaína que se pretendía comercializar en
el Viejo Continente; este hecho tuvo una alta repercusión mediática no sólo por el
volumen de droga incautado, sino por el parentesco de los pilotos de la aeronave
con un alto jefe militar argentino. Las pesquisas determinaron que la cocaína en
cuestión procedía del departamento boliviano de Santa Cruz, en el oriente de ese
país, la zona sudamericana que concentra la mayor cantidad de laboratorios
clandestinos para la producción de ese estupefaciente, fuera de Colombia. En esa
área desarrolla sus actividades el Cartel del Norte del Valle, organización que
39
“El colombiano asesinado en Buenos Aires sería de la banda del narco Barrera Barrera”, Cosecha Roja
(Red de Periodistas Judiciales de Latinoamérica) 20 de abril de 2012
40
“Argentina, el nuevo paraíso del lavado de dinero”, El Tiempo 28 de abril de 2012
17
contrató a los pilotos de la aeronave que llevarían la droga hasta el aeropuerto
catalán, y que dispuso su traslado hasta Buenos Aires, punto de partida del vuelo;
ese traslado desde los depósitos cruceños se realizó por vía terrestre, ingresando
la droga al territorio argentino a través del paso fronterizo Yacuiba-Salvador
Mazza41.
En estos esquemas de tráfico, la provincia de Salta pasa a desempeñar un rol
crucial. Se ha dicho que en Salvador Mazza y sus alrededores, en el norte salteño
lindero con Bolivia, viven más de 1200 ciudadanos colombianos, la mayoría de los
cuales desarrollan tareas para los cárteles de la droga42.
Henry de Jesús “Mi Sangre” López Londoño, líder de la banda criminal colombiana “Los Urabeños”, detenido en
Buenos Aires a fines del 2011
Al momento de la redacción de la presente ponencia, el último acontecimiento de
relevancia vinculado las actividades de los carteles criminales colombianos
consistió en la detención del narcotraficante de esa nacionalidad Henry de Jesús
"Mi Sangre" López Londoño, quien había ingresado al país a fines de 2011 con
documentación venezolana junto a su esposa y su hijo. López Londoño estaba
acusado de liderar la banda criminal “Los Urabeños”, con sus principales áreas de
operaciones sitas en Antioquia y el Golfo de Urabá, próxima a la frontera
septentrional del país, desde donde se prolongan rutas de tráfico de cocaína hasta
41
42
“Narcojet: la droga llegó a la Argentina en camiones desde Bolivia”, Infobae 26 de abril de 2011
“En Mazza se radicaron unos 1300 colombianos”, Clarín 5 de agosto de 2012
18
Panamá y Venezuela. Las investigaciones en torno a este personaje lo vincularon
tanto con el ajusticiamiento de dos compatriotas llevado a cabo en el año 2008 en
un centro comercial cercano a Buenos Aires, como con la provisión de cocaína
que se intentó traficar a España en el ya referido caso del “Narcojet”.
Perú
Las crónicas indican que la presencia del narcotráfico peruano en Argentina es
ligeramente previa a la que pueden ostentar sus pares colombianos y mexicanos,
remontándose a fines del siglo pasado. Y en este caso su principal actividad se
concentró en el tráfico de cocaína procedente de Perú. Dos características
distintivas de estas acciones eran, por un lado, que geográficamente se asentaban
en barrios marginales o periféricos de las ciudades; y por otro, que incluían
vínculos con la organización insurgente Sendero Luminoso. De acuerdo a las
investigaciones desarrolladas en su momento por Mónica Cuñarro, ex titular de la
Unidad Especial para la Investigación de Delitos Complejos de Drogas y Crimen
Organizado (UFIDRO), el mencionado asentamiento se vio favorecido por una
suerte de abdicación de las fuerzas policiales, que cejaron en su intento de
preservar el control sobre esos núcleos urbanos, facilitando así el accionar
criminal43.
En cuanto a la cocaína traficada, que ingresa al país a través de la porosa frontera
septentrional, este tráfico se realiza por tierra o aire. La primera opción se
caracteriza por el uso intensivo de “mulas” (burriers) oriundas del país andino,
cada una de las cuales puede llegar a ingerir hasta un kilogramo de esa
substancia, distribuido en un centenar de cápsulas. En el reclutamiento de las
mulas suelen incidir el conocimiento previo (personal o a través de vínculos
familiares), la falta de antecedentes penales, así como desfavorables situaciones
socioeconómica (suelen proceder de sectores carenciados) y laboral.
El ingreso por vía aérea de cocaína peruana ha mostrado algunas
particularidades, siendo la más notoria que con ese objetivo se montó una
empresa de fachada denominada Asociación Peruana de Pilotos (APP) que,
según pesquisas periodísticas y acusaciones efectuadas desde la mencionada
Asociación Antidrogas de Argentina, recluta a pilotos peruanos sin trabajo para
que manejen las pequeñas aeronaves Cessna que clandestinamente llevan droga
de Sendero Luminoso desde las zonas de producción en la selvática zona de
Ayacucho hasta la provincia de Salta. Al frente de la APP se encuentra el
narcotraficante Víctor Girao Alatrista (“El Monstruo”), de quien se ha dicho que
43
“Guerra de narcos peruanos en Buenos Aires”, Informe Reservado 13 de julio de 2007
19
maneja el ala peruana del Cartel de Sinaloa y controla la elaboración de PBC
(pasta base de cocaína) para exportación44.
Una vez en el país, la cocaína no sólo es comercializada para su consumo en el
mercado local, sino que también es reenviada por aire o mar a Europa, África y
Asia. En este sentido, un reporte elaborado hace poco más de un lustro indicaba
que una vasta mayoría de mulas peruanas detenidas en otras partes del mundo
procedían de nuestro país y habían tomado sus vuelos en el aeropuerto de
Ezeiza; por cada viaje, los honorarios de una mula pueden fluctuar entre US$ 2 mil
y US$ 5 mil45.
En este contexto hace más de un decenio la zona porteña de Bajo Flores en
general, y en forma más específica el asentamiento de emergencia 1.11.14 y el
aledaño barrio Rivadavia, fueron ocupados por las organizaciones criminales
peruanas vinculadas con la organización insurgente Sendero Luminoso (SL). De
acuerdo al especialista peruano Hugo Cabieses, hacia la Argentina se habrían
trasladado senderistas que en su mayoría proceden de la zona de Trujillo, donde
hay una alta actividad del narcotráfico, tanto en lo atinente a laboratorios de
procesamiento como en lo referente a tráfico hacia puertos del norte y del sur. De
esa manera, los senderistas habrían traído a nuestro país el “expertise” de su
lugar de origen.
Ya en 2002, aproximadamente un lustro después de su inicio, la presencia de SL
en esos barrios de emergencia capitalinos, dedicado al tráfico de drogas, fue
denunciada por la Iglesia. En esos momentos Juan Antonio Baseotto, obispo de la
diócesis santiagueña de Añatuya, envió una carta pastoral a esa diócesis desde
Roma, donde se encontraba de visita a Juan Pablo II, haciendo referencia a esa
presencia. En la nota, además, se aseguraba que un eventual aumento de la
presencia senderista en Argentina podía poner en peligro la vigencia del régimen
democrático.
Hoy la villa de emergencia 1-11-14 ocupa un lugar de máxima relevancia dentro
del mapa de comercialización de cocaína y paco en Buenos Aires, a punto tal, que
no es raro encontrar referencias al lugar como el “Mercado Central del Narco” o el
“Shopping del Narco”. Cabe consignar, en este punto, un dato casi anecdótico:
uno de los principales puntos de venta de droga en ese lugar (en rigor de verdad,
44
MONTENEGRO Maximiliano: “Diario Popular de Argentina identificó al narcotraficante peruano Víctor
Girao Alatrista”, Asociación de Pilotos Peruanos Unidos contra el Crimen (APPUC), 29 de agosto de 2012
45
PÁEZ, Ángel: “Ezeiza sería el puente a África y Asia de las "mulas" de la cocaína”, Clarín 13 de mayo de
2007
20
un largo pasillo) es conocido como “Sendero de la Muerte”, en honor a Sendero
Luminoso46.
El barrio de emergencia 1-11-14 de la ciudad de Buenos Aires, considerado el principal asentamiento de los
traficantes de droga procedentes de Perú, que dominan el expendio en el área metropolitana
Las pujas entre distintas fracciones criminales peruanas que competían entre sí
por el mercado local de cocaína y sus ramificaciones en el exterior, motivaron
fricciones que a lo largo del tiempo derivaron en ajusticiamientos y
enfrentamientos armados. Sin embargo, durante todo este lapso el rol de principal
líder del narcotráfico peruano en el lugar le correspondió a Marco Antonio Estrada
Gonzales (“Marcos”), un personaje con antecedentes senderistas aunque menos
contundentes que los de sus lugartenientes, que habían trabajado intensamente
en el Comité Metropolitano de SL especializándose en colocación de explosivos y
asesinatos selectivos47. Marcos logró imponerse y obtuvo esa jerarquía tras un
sangriento incidente: el asesinato de su predecesor (quien por su parte había
derrocado de igual manera a una banda integrada por traficantes paraguayos), sus
principales lugartenientes, su esposa e hijos, enterrándolos en diferentes puntos
del mencionado barrio48.
46
GERIUP: “Sendero Luminoso y su vinculación con el tráfico y comercialización ilegales de droga en
Argentina”, Informes del GERIUP 22 de febrero de 2012
47
Ver al respecto “Los ex guerrilleros peruanos que pelean por la droga en Buenos Aires”, Clarín 21 de
enero de 2007
48
“El poder de los narcos peruanos en Argentina”, La República 9 de septiembre de 2007
21
En el año 2005, la persistente guerra entre la banda de Marcos y otros grupos
peruanos dedicados al narcotráfico arrojó el trágico saldo de cinco inocentes
muertos, entre ellos un bebé, como resultado de un tiroteo desatado en una
procesión religiosa. Las investigaciones del luctuoso incidente derivaron, dos años
después, en un gigantesco operativo destinado a desmantelar la organización de
Marcos, quien huyó de Argentina en un avión particular robado de un pequeño
aeropuerto; sin embargo fue detenida su suegra, que ocupaba un lugar central en
la estructura, quien fue procesada por narcotráfico, asociación ilícita y lavado de
dinero, entre otros cargos.
Poco después Marcos fue detenido en Paraguay y extraditado a nuestro país,
donde casi seis años más tarde recibió una condena a diez años de prisión. Uno
de los grupos que le disputaba el control del negocio de las drogas, conocido
como “Los Solís”, fue desarticulado al año siguiente: se detuvo a su jefa María
Luján Solís y a casi una treintena de miembros, incautándose además drogas,
armas, autos robados y dinero en efectivo.
4. A MODO DE CONCLUSION
A lo largo del presente trabajo se describieron las características generales que
muestra la presencia en la Argentina de carteles criminales procedentes de otros
países de la región, seleccionando como casos de estudio los correspondientes a
Perú, Colombia y México. En los tres casos la cuestión de la producción, tráfico y
comercialización de drogas ilegales ha ocupado el centro de la escena, eclipsando
otras actividades ilegales llevadas adelante por organizaciones oriundas de los
referidos países.
Lo primero que se desprende del informe es que, fuera de toda duda, el papel de
nuestro país dentro de los esquemas transnacionales y dinámicos de la
criminalidad organizada ya no es el que se suponía antaño, y definitivamente
nunca volverá a serlo. En otras épocas se insistía en que la Argentina era un mero
país de tránsito de drogas hacia sus mercados de consumo, con una importancia
marginal dentro de los circuitos de tráfico, dotado de un doble atractivo: por un
lado la porosidad de sus fronteras septentrionales, facilitando el ingreso de
productos ilegales; por otro, una infraestructura portuaria y aeroportuaria
relativamente desarrollada, apta para la salida de productos ilegales hacia otros
destinos.
22
Hoy, en cambio, Argentina presenta múltiples atractivos para la criminalidad: un
mercado de consumo creciente; la disponibilidad de precursores químicos en
cantidad y calidad adecuadas, proporcionados por una industria local
relativamente desarrollada; la posibilidad de legalizar activos; una legislación
relativamente complaciente, de penas reducidas y fáciles excarcelaciones, y una
geografía amplia y en buena medida desguarnecida, que facilita la instalación de
infraestructuras dedicadas al procesamiento. A todo esto debe agregarse que no
existe información, ni indicios, que permitan suponer que en los últimos años ha
habido un incremento cuantitativo y una mejora cualitativa de los recursos
estatales asignados al combate de este flagelo, en sus diferentes aristas.
El atractivo argentino para las organizaciones criminales latinoamericanas se
potencia aún más a partir de su simultaneidad con el endurecimiento de los
esfuerzos de numerosos gobiernos de la región por enfrentar de manera eficaz
este flagelo. Los gobiernos de Colombia, Perú y México se incluyen en este grupo.
Así, debido a lo que suele denominarse “efecto globo” o “efecto diáspora”, nuestro
país puede haber atraído actividades criminales que sus protagonistas decidieron
relocalizar en entornos más favorables.
En el marco de este nuevo posicionamiento dentro de los esquemas de la
criminalidad, las organizaciones criminales que desarrollan en Argentina sus
actividades ilegales vinculadas con la cuestión de las drogas, muestran perfiles
claramente diferentes entre sí, rompiendo con la idea de patrones y modelos de
conducta comunes y estandarizados 49. Los carteles mexicanos, con énfasis en el
de Sinaloa y los Zetas, parecen concentrar sus esfuerzos en dos nítidas
direcciones. La primera, la legalización de activos a través de la adquisición de
bienes muebles e inmuebles; la segunda, el acceso a efedrina que puedan
emplear en la confección de drogas de diseño, en laboratorios sitos aquí o en
tierra azteca. Por su parte las organizaciones colombianas se concentran en el
lavado de activos y el tráfico de cocaína en gran escala a mercados
internacionales, incluyendo como dato novedoso su participación en el ingreso al
país de cocaína procedente de Bolivia. Finalmente, los carteles peruanos parecen
concentrar buena parte de sus esfuerzos en la provisión de cocaína (y paco) al
mercado local, aunque esto no quita que también trafiquen hacia mercados
externos; en ambos sentidos del tráfico, hacia o desde Argentina, el empleo de
“mulas” (burriers) es un dato característico.
49
Por ejemplo, el modelo de conducta que sigue toda organización criminal en su ingreso al país:, de
acuerdo a la mexicana Anabel Hernández: primero, invierten sus capitales; después comienzan a traficar la
droga; finalmente, ejercen la violencia contra rivales y enemigos. En HERNANDEZ, Anabel: Los Señores del
Narco, Random House Mondadori, México DF 2010, pp.563 y ss
23
Una mención especial debe efectuarse respecto al ejercicio del sicariato por parte
de los grupos colombianos, pues esta no es una actividad que sus ejecutores
decidieron realizar en nuestro país debido a las ventajas que ofrece frente a otras
opciones; por el contrario, la razón se vincula con la ubicación en Argentina de las
víctimas.
Por último, el carácter absolutamente heterogéneo y multifacético que ostentan las
actividades en nuestro país de los carteles criminales de Perú, Colombia y México,
obliga a repensar la estrategia estatal contra este flagelo a partir de un abordaje
integral y totalizador que articule diferentes políticas públicas, llevadas adelante
por diferentes organismos y a distintos niveles. Será vital que esas políticas
públicas trasciendan la coyuntura para proyectarse a mediano plazo, no sean
permeables a intereses sectoriales ni cálculos electorales, y le otorguen prioridad
no sólo a la represión al tráfico y la comercialización en el mercado doméstico,
sino también a cuestiones tales como la legalización de activos ilícitos; la
comercialización de precursores químicos; la falta de controles fronterizos y del
espacio aéreo; la falsificación de documentos y la corrupción de funcionarios
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