Una práctica para nada verde - Rattagan, Macchiavello, Arocena

Transcripción

Una práctica para nada verde - Rattagan, Macchiavello, Arocena
NEGOCIOS
Legales
Una práctica
para nada verde
ElDerechoAmbiental
seafianzacomoespecialización.
Litigios,auditorías
y asesoramiento
preventivo,
unaactividad
enalzaparalosestudios.
C
uenca Riachuelo-Matan-
creciendo al30 por ciento en los últimos
za. Polo Petroquímico
Dock Sud. Minería. Petró-
años y que obliga a los estudios jurídicos a prestarle cada vez mayor atención,
sea por el volumen de litigios que acarrea como por su proyección a futuro.
"La especialización tuvo un crecimien-
leo. Industrias
varias.
Calentamiento global y nuevas normas locales e internacionales. Crecimiento de la conciencia"verde" y exigencias
de ONGs,
agrupaciones
sociales
y
gobiernos locales. Son muchos los factores que explican el auge del Derecho
Ambiental.
Una práctica que viene
to exponencial en los últimos cinco años
aunque, como tal, viene despegando desde principios de los '90, cuando sesanciona la ley de residuos peligrosos", describe Guillermo Malm Green, socio de
í
(,
----
Brons & Salasy cabezadel departamento ambiental del estudio, integrado
por seisabogados."Los litigios también
subieronun 30 por ciento en losúltimos
tiempos", calcula.
ElDerechoAmbiental excedeeneste
momento a temas de contaminación o
protección de la vida silvestre,como se
lo suelesimplificar, aclaraMalm Green.
"Su horizonte esmucho más amplio.
Abarca al derechoindustrial, permisos,
r
f
habilitaciones, tratamiento de efluentes,
regímenesde todo tipo de diferentes orga- ~
nismos,importaciones,exportaciones",
~
enumera. Aspectos de la actividad empre- .2
sarial que hace años no estaban regulados y hoy ya lo están, o van en ese
camino (como, por ejemplo, los residuos
de baterías y aparatos electrónicos) explican también el auge de la especialización,
agrega el abogado.
"La práctica se ha hiperprofesionalizado. Engloba al Derecho Público y Privado: tiene que ver con aspectos constitucionales, administrativos y civiles",
apunta Gabriel Macchiavello, socio de
Rattagan, Macchiavello, Arocena &
Peña Robirosa y uno de los referentes
en la materia en el mercado. El equipo
Horacio Franco, socio del Estudio Bec. especializado
ambiental del estudio liderado por Macchiavello tiene 12 abogados, cuatro de
"La problemática que enfrentan las
ellos, socios, más un socio ¡unior y seis
asociados. En su cartera lleva unos
empresas es muy diversa, ya sea por el
sector donde se desempeñan, como por
600 juicios, de clientes como Chevron,
la región en la que operan", señala HoraTotal, Pan American Energy, YPF,
cio Franco, socio del Estudio Bec,
Esso y Central Puerto.
especializado exclusivamente en DereLa preocupación de muchas emprecho Ambiental. "A las petroleras les presas industriales o extractivas (petróleo,
ocupa el aprovechamiento de los recurminería) por" estar en regla" disparó los
sos naturales, y a una química, la proservicios de asesoramiento preventivo
ximidad con los centros poblacionales",
para los bufetes. "La mayor parte de las
grafica.
El bufete -integrado por 12 aboconsultas que recibimos buscan minigadosatiende a petroleras, químicas,
mizar las contingencias ambientales",
confirma Francisco Macías, socio de
Marval, O'Farrell & Mairal, a cargo del
departamento ambiental del estudio,
integrado por 12 profesionales, ingenieros incluidos. Las auditorías internas
para determinar el estado de situación
de una firma suman horas de facturación para los abogados ambientalistas
y les permiten, como sucedió en 2009,
compensar la caída de los procesos de
due diligence, por las menores adquisiciones de empresas.
Es que la búsqueda de pasivos ambientales se transformó en un aspecto clave
a la hora de un M&A, al punto de cambiar la suerte de una transacción. "Antes
se ponía el foco en lo laboral y tributario; ahora, lo ambiental está en el mismo nivel", grafica Malm Green. "Se
intenta estructurar la transacción de
tal forma de dejar los pasivos ambientales afuera", completa la idea.
exclusivamente
en Derecho Ambiental.
sión, porque hay que enhebrar las competencias con las jurisdicciones. Las normas no están, muchas veces, a la altura
de las circunstancias", sentencia.
Macías coincide. "La superposición de
normas y autoridades de control a nivel
federal y provincial genera incertidumbre en cuanto a las obligaciones ambientales. Además, la situación de conflicto
con el Estado aumenta la exposición desde el punto de vista ambiental", afirma,
en referencia a las petroleras y mineras,
Laprácticavienec~eciendo
al 30 porcientoenlos
últimosaños.Losestudiosleprestanmásatenciónpor
el volumende litigiosy suproyección
afuturo.
petroquímicas, eléctricas, farmacéuticas y mineras, entre otras. Shell,Dow
principales clientes de MO&M. Luego
vienen las industrias radicadas en la cuen-
y Solvay Indupa son algunos de sus clientes conocidos en Tribunales.
ca Riachuelo-Matanza, objeto de inspecciones permanentes.
Nicholson y Cano es otro de los
estudios ful! service que detectó hace
unos años la necesidad de crear un depar-
"En derecho ambiental hay mucha
mala praxis legislativa. Mucha definición ambigua, que genera incertidumbre", sostiene Franco. Pone como ejemplo la leygeneral del ambiente, "que contradice otras normas, sin derogadas".
Para el abogado, el problema se da a
escala federal, ya que existe -a su juiciouna gran disparidad entre los cuerpos
normativos de las provincias. "El federalismo exige una dosis mayor de preci-
tamento ambiental, señala el partner
MiguelBraun. "El asesoramientoviene
creciendo al 30 por ciento acumulativa", asegura. Además de auditorías y
asistenciadel día a día, NyC concentra
litigios ambientales de petroleras, químicas y mineras, en los que intervienen
varios departamentos de la firma. "La
pág. 95 · marzo 2010 I A
NEGOCIOS
Legales
Lamadre
delasbatallas
ElEstado,
laProvincia
deBuenosAires,
laCiudaddeBuenosAires,
14municipios,
elCEAMSE(organismo
encargado
delacoordinación
ecológicaen el áreametropolitana)y 44
empresas.
Todos,demandados
porcontaminación.LacausaRiachuelo
eseljuicioambien-
tal másimportante
delpaís,conunmonto
involucradoqueascenderíahastalos
US$3500millones,
segúncalculan
enelámbito judicial,si losacusadosdebieranreparar
todoel dañocausadoenlacuenca.
EnladenominadacausaMendoza(MendazaBeatrizy otroscontrael EstadoNacionaly otros),iniciadaen2004,laCorteSupremasentóuncriteriorestrictivoparaeltrámite de litigios ambientales: se quedó en
2006conel reclamocolectivopor la remediacióny saneamiento
delRiachuelo,
perose
declaróincompetenteparaentenderen las
demandasindividualespordañosy perjuicios,al indicarque éstasdeberíancanalizarseen los tribunalesde primerainstancia.Deestamanera,intentólimitarla llegadadetodoslosjuiciosambientalesal máximo nivel,al plantearque noeranecesario
demandarenconjuntoa laNaciónya laprovinciadeBuenosAires-lo cualdisparabala
competencia
originariadelaCorte-,sinoque
podíahacerse
porseparado,
explicanlosabogadosambientalistas.
Elfallo final sobreel reclamocolectivo
está pendiente.SegúndenuncianONGs
comoGreenpeace
y asociaciones
vecinales
quepresentaron
demandas,
elplandesaneamiento por etapasque habíaordenado
la Cortenoseestácumpliendo,y la autoridaddelacuenca(Acumar)constituidapara
tal efectonofuncionaaúnenplenitud.
Las44 empresasdemandadas(entre
lasquefiguranShell,YPF,Petrobras,
Central
DockSud,Dow,SolvayIndupa,Molinosy
Danone,porejemplo)seapoyancomoargumentodedefensaen uno de los primeros
informespresentadosporel propioEstado,
queindicaqueel80 porcientodelacontaminaciónprovienedeliquidascloacalessin
tratamiento.Y agreganque,en la cuenca,
hayunas3500 industrias,cuandosólo44
de ellasfueronllevadasa juicio.
Guillermo
Malm Green. socio de Brons & Salas.
alta complejidad de los reclamos, unida
al impacto económico, exige que sean
administrados por estudios con expertos en todas las áreas del Derecho", afirma Braun. Nicholson defiende a YPF en
algunos reclamos ambientales, según se
sabe en el mercado.
En el banquillo
Los litigios representan, de hecho, el
corazón de la práctica. Es que en los conflictos suele ponerse en tela de juicio la
actividad misma de una empresa en una
zona determinada, no un incumplimiento de contrato. La causa más importante del país es la de la Cuenca MatanzaRiachuelo, una demanda que se encuentra en la Corte Suprema y'en la que están
involucradas 44 empresas, además del
Estado Nacional y los municipios de la
zona (ver recuadro aparte). Todos los
especialistas que aparecen en esta nota
llevan defensas en el caso.
Con el medio ambiente de por medio,
la batalla de la opinión pública parece
imposible de torcer para una compañía.
"Cuando una empresa esacusada de con-
taminación, la comunidad suele creer
queesculpableinmediatamente",admiteMacchiavello."Hay queirdemostrando de a poco que el tema del medio
ambiente también es considerado por
esa empresa, como tantos otros, y encauzar la discusión hacia soluciones racionales, no fundamentalistas", acota.
Para Franco, la doctrina "progresista" que abraza una parte de los especialistas y jueces es una de las problemáticas que enfrenta el mundo corporativo.
Mientras los autores clásicos apoyan
cambios graduales y evolutivos en materia ambiental-explica
el abogado-,
los progresistas se inclinan por modificaciones radicales. Lo mismo sucede con
el nexo causal de una posible contaminación o afección a la salud, por caso.
En tanto los clásicos afirman que debe
probarse, los progresistas argumentan
que puede presumirse, señala.
"El 80 por ciento de las demandas de
particulares fogoneadas por ONGs
son oportunistas, opinables y, algunas
veces, extorsivas. Sólo el 20 por ciento
de los reclamos son serios y fundamentados", dispara Franco, que atiende
litigiosen todo el país, concentrados principalmente en los distritos petroleros.
Malm Green admite una cuota de
oportunismo, pero no deja de señalar
que en la Argentina existen muchas cuencas contaminadas que explican los reclamos de base. "Cuando el tema está en
la tapa de los diarios, con casos como el
de Botnia, o la causa Riachuelo, cientos
de abogados y ciudadanos se preguntan
si no existen situaciones similares en
otros lados", agrega. No obstante, acota que, en más de un caso (como el del
Riachuelo), existe mucha hipocresía,
porque se le reclama a las empresas cuan-
do el principal responsable de la contaminación es el Estado o un municipio,
por falta de desagües cloaca les.
Las demandas por radiaciones electromagnéticas se incrementaron en el
último tiempo, apunta Macías, de Marval. Además de la causa Riachuelo, el
bufete más grande del país interviene en
la de ASSUPA, contra los productores
de hidrocarburos en la cuenca neuquina (también se tramita en la Corte).
De todos modos, la complejidad de
la temática ambiental y los elementos
necesarios a la hora de plantear una
demanda con fundamento permiten asegurar que no existe una industria del
juicio, según Macchiavello. "No pasa
como sucedía con los juicios laborales
en una época -dice-o El trabajo en la
práctica es interdisciplinario y la contaminación hay que ponderada. Lo mismo ocurre con el daño a la salud. No es
fáciliniciarun pleito"..
Pablo Ortega.

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