Taller 15 - Asociación de Historia Contemporánea
Transcripción
Taller 15 - Asociación de Historia Contemporánea
Taller 15 La España del Frente Popular. Acuerdos y controversias Coordinadores: Manuel Álvarez Tardío (Universidad Rey Juan Carlos), José Luis Ledesma (Universidad Complutense de Madrid), Fernando del Rey Reguillo (Universidad Complutense de Madrid) y Ricardo Robledo Hernández (Universidad de Salamanca) [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected] Textos aceptados: 12 15.1. Calzado Aldaria, Antonio (Universitat de València) y Martí i Pellicer, Bernat (Arxiu Històric de Gandia), “El breve clima de unidad frentepopulista y sus rupturas: un anarcosindicalista en la alcaldía de Gandia (València), febrero-julio de 1936”................3 15.2. González Gullón, José Luis y Martínez Sánchez, Santiago, “Los temblores del clero durante el Frente Popular”......................................................................................23 15.3. Martí Bataller, Aurelio (Universidad de Valencia), “Izquierda obrera y nación. La formación del Frente Popular español y francés”............................................................39 15.4. Martín Nieto, Isaac (Universidad de Salamanca), “La violencia política de 1936 en la provincia de Guadalajara. Continuidades y rupturas”.................................................57 15.5. Menéndez Criado, Enrique, “Evolución de los principales conflictos y violencia en la Cantabria del Frente Popular. 16/2/1936 - 18/7/1936”................................................75 15.6. Muñoz Bolaños, Roberto (Universidad Camilo José Cela), “La gran coalición contra el Frente Popular”.................................................................................................95 15.7. Navarro de la Fuente, Santiago (Universidad de Sevilla), “El Frente Popular ¿Un dique democrático frente a la revolución o el primer paso de la misma? Miedos y cauteles de la Iglesia católica”.......................................................................................115 15.8. Requena Gallego, Manuel (Universidad de Castilla – La Mancha), “El poder local durente el Gobierno del Frente Popular. El caso de Albacete”.....................................135 15.9. Roig Sanz, Daniel (Centre d’Estudis Històrics Internacionals-UB), “El separatismo catalán ante el Frente Popular. Conflictos, divergencias y nuevas perspectivas políticas en la Cataluña de 1936”.............................................................155 1 Universidad de Castilla~La Mancha Departamento de Historia. Área de Historia Contemporánea Edificio Benjamín Palencia | Campus Universitario s/n | 02071 Albacete Email: [email protected] | www.ahistcon.org | 15.10. Vaquero Martínez, Sergio (Universidad Complutense de Madrid), “Entre la defensa y la beligerancia. Élites gobernantes, fuerzas de orden público y violencia política en la España del Frente Popular”......................................................................175 15.11. Vicente Sánchez, Héctor, “Los ayuntamientos del Frente Popular”..................195 15.12. Parejo Fernández, José Antonio (Universidad de Sevilla), “De vuelta con el avance de la Falange”....................................................................................................217 2 El breve clima de unidad frentepopulista y sus rupturas: un anarcosindicalista en la alcaldía de Gandia (València). Febrerojulio de 1936 Antonio Calzado Aldaria* Universitat de València Bernat Martí i Pellicer Arxiu Històric de Gandia La unidad sindical desde 1934 y las disensiones republicanas desde febrero de 1936 dieron lugar a contextos políticos excepcionales entre febrero y julio de 1936, como sucedió en la ciudad valenciana de Gandia, con la asunción de la alcaldía por parte de Marcelino Pérez, dirigente anarcosindicalista perteneciente a los Sindicatos de Oposición de la CNT. Su trayectoria sindical anterior a su mandato y los meses como alcalde son un reflejo de la diversidad interna de la CNT, pero también la peculiaridad de su elección es una imagen de las disensiones interpartidistas en el campo político republicano que había integrado la coalición electoral del Frente Popular y de sus estrategias proyectadas para intentar su conversión en partidos de masas.1 La formación y los objetivos de la candidatura del Frente Popular con el nexo en común de “la defensa d’una idea de nació” asimilada al pueblo “front a l’amenaça feixista” a la que se añadía el clericalismo, descritos ambos como “antinacionales”, así como la *El autor es miembro del Proyecto de Investigación HAR2014-57392-P financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad a través de los fondos FEDER. 1 No se detendrían ni siquiera durante la guerra. Hugo GARCÍA: “La charca política republicana (19361939): la división de la izquierda española entre el Frente Popular y el golpe de Casado”, en Enrique FUENTES QUINTANA (dir.) y Fernando Comín (coord.): Economía y economista en la Guerra Civil, Barcelona, Galaxia Gutenberg, 2009, vol. 1, pp. 191-222. 3 Universidad de Castilla~La Mancha Departamento de Historia. Área de Historia Contemporánea Edificio Benjamín Palencia | Campus Universitario s/n | 02071 Albacete Email: [email protected] | www.ahistcon.org | interpretación de la coyuntura socio-política abierta con su triunfo en las urnas en febrero de 1936, han ocupado una intensa historiografía.2 En la provincia de Valencia el republicanismo blasquista (PURA) fundado por Vicente Blasco Ibáñez, heredero deslavazado de su inicial reformismo social aunque mantenía su radicalismo democrático y laicidad, intentó integrarse en el Frente Popular. Sus bases sociales históricas (las que formaban parte del partido antes del aluvión abierto en abril de 1931) siempre se situaron en la izquierda del centro republicano, como lo demuestran sus sucesivas escisiones (radical-socialistas: Izquierda Republicana, Unión Republicana, Esquerra Valenciana) o que otorgasen sus sufragios (aunque no de manera absoluta) al Frente Popular en febrero de 1936. Incluso que terminaran fundando Radios comunistas. Por último, en los nuevos ayuntamientos que siguieron a octubre de 1934, los concejales blasquistas con una trayectoria anterior a la República siempre se opusieron a las políticas conservadoras y clericales de los ediles de la Derecha Regional Valenciana (DRV).3 Sin embargo, los éxitos electorales blasquistas durante la República caminaron en paralelo a la pérdida de su identidad política, tanto por la irrupción de grupos locales caciquiles en las renovaciones de las juntas directivas del partido en 1933, como por el alejamiento de los obreros cenetistas hacia el radical-socialismo (posteriormente a IR), la rama minoritaria del republicanismo que les ofrecía sus medios de comunicación, más o menos difusas políticas sociales, radicalidad anticlerical o incluso cierta protección y diálogo en las insurrecciones libertarias (Tavernes de Valldigna en enero de 1933).4 De hecho, las agrociudades del regadío con Sindicatos Únicos mayoritarios (Cullera, Sueca, Tavernes de Valldigna) eran fortalezas radical-socialistas. En Tavernes, el socialismo reconocía que “no ha de olvidarse a Izquierda Republicana, que cuenta 2 Aureli MARTÍ I BATALLER: Discursos de nació i identitat nacional espanyola en la cultura política socialista: el Partido Socialista Obrero Español a la II República, Tesis Doctoral, Universitat de València, 2015, pp. 522-547, esp. p.525. Para el socialismo valenciano, Sergio VALERO: Republicanos con la monarquía, socialistas con la República. La Federación Socialista Valenciana (1931-1939), València, PUV, 2015. El Frente Popular en Santos JULIÁ: Orígenes del Frente Popular en España (1934-1936), Madrid, Ed. Siglo XXI, 1979; Rafael CRUZ: En el nombre del pueblo: república, rebelión y guerra en la España de 1936, Madrid, Siglo XXI, 2006, pp. 101-106; José Luis LEDESMA: “De prólogo a espacio de debate: la etapa a del Frente Popular y la historiografía” en Manuel BALLARÍN AURED y José Luis LEDESMA (eds.): La República del Frente Popular: reformas, conflictos y conspiraciones, Zaragoza, Fundación Rey del Corral, 2010, pp. 165-203; Dossier “La España del Frente Popular”, Mélanges de la Casa de Velázquez, 41-1, (2011) y Eduardo GONZÁLEZ CALLEJA et. al.: La Segunda República española, Barcelona, Pasado y Presente, 2015, pp. 453-520 y pp. 1.079-1.149. 3 Antonio CALZADO ALDARIA: La Valldigna, un mon en conflicte, 1931-1979, Benifairó de Valldigna, Mancomunitat de la Valldigna, 2015, p. 76. 4 Ibid., pp. 64-68. 4 con los votos de la C.N.T.”; en Cullera, la prensa anarquista ironizaba “(…), nada -que de anarcosindicalistas se pasaron a radical-socialista…”5 Sin embargo, la colaboración blasquista con los gobiernos del bienio radical-cedista y en la represión posterior a octubre de 1934, monopolizando los nuevos consistorios, imposibilitó el acuerdo.6 Desde la formación del gobierno Azaña en febrero de 1936, el blasquismo pretendió infructuosamente el acercamiento al resto del centro republicano (IR,UR) que, a su vez, estuvo envuelto en rupturas y desencuentros entre partidos y en su interior, debido en parte a las tensiones producidas por las designaciones de las Comisiones Gestoras que sustituyeron a los ayuntamiento gobernados por la DRV o el PURA; en parte también derivadas de las estrategias de cada partido republicano para atraerse bases sociales que podían oscilar entre proseguir con la captura de los restos blasquistas o dirigirse hacia los Sindicatos Únicos.7 Esta dinámica, documentada en otras agrociudades valencianas, ayudó a que la alcaldía de la ciudad de Gandia estuviera dirigida por un joven anarcosindicalista. Gandia constituía un paradigma de las agrociudades valencianas de los años treinta: centro administrativo, judicial, político-cultural y económico de su partido judicial. Sus 15.000 habitantes en 1935 evidenciaban el intenso desarrollo económico de las dos primeras décadas del siglo XX impulsado por la agricultura de exportación (con sus industrias y servicios aglomerados) y por el puerto (el segundo provincial en los años treinta en cuanto al tráfico de mercancías). Alrededor del puerto había crecido la barriada obrera del Grau (2.500 habitantes), mayoritariamente formada por jóvenes trabajadores, con gravísimas carencias sanitarias, de infraestructuras y servicios públicos.8 En las elecciones municipales de 1931, la coalición republicano-socialista (PURA, Derecha Liberal y PSOE) había obtenido la mayoría. Durante la República, el “III Congreso Ordinario Provincial de la FSV. 11 y siguiente enero 1936, Valencia”, Archivo de la Fundación Pablo Iglesias, AH 2-6; s.a: “Cullera”, Solidaridad Obrera (València), 7 de mayo de 1931, respectivamente. 6 Repertorio bibliográfico sobre el blasquismo y su enfrentamiento con el socialismo en Sergio VALERO: Ni contigo ni sin ti: socialismo y republicanismo histórico en la Valencia de los años treinta, València, PUV, 2016. Una visión contrapuesta en Roberto VILLA GARCÍA: “El ocaso del republicanismo histórico: Lerrouxistas y blasquistas ante las elecciones de 1936”, Anales RACV, 87 (2012), pp. 75-120. 7 Para Ontinyent, Antonio CALZADO ALDARIA: Segunda República y Guerra Civil: la Vall d’Albaida, 1931-1939, Ontinyent, IEVA, 2012. 8 Aurora BOSCH: “Agrociutats i anticlericalisme a la II República”, L’Avenç, 204 (1996), pp. 6-11. La evolución económica en Jesús ALONSO: Historia de Gandia, Benifairó de Valldigna, La Xara, 2010, pp.131-159, esp. pp. 150-151. 5 5 consistorio estuvo dirigido por blasquistas fortalecidos por el trasvase efectuado desde la Derecha Liberal y sus escisiones posteriores (en su vertiente verdaderamente republicana-liberal).9 Desde 1935, el republicanismo local se había dividido entre el blasquismo, UR, IR y una Izquierda Republicano-Socialista (IRS) que intentaba atraerse al electorado libertario. En el ámbito sindical, destacaba la primacía ugetista en el casco urbano y la anarcosindicalista en el Grau, pero también la persistencia relevante del sindicalismo autónomo (sociedades de oficios). En enero de 1934 se había formalizado la Alianza Obrera y Sindical Antifascista con los tres modelos sindicales siguiendo las pautas generales. La unidad y movilización de los partidos y sindicatos que conformaban el Frente Popular (o Frente de Izquierdas, denominación local que aparece a lo largo de la campaña y los primeros días posteriores a los comicios) fue absoluta en Gandia durante la campaña electoral, con un relevante protagonismo entre las juventudes (Bloque de Izquierdas) y femeninas (Comité de Alianza Electoral). Representantes del frentepopulismo local organizaron una reunión secreta para convencer a los libertarios a sumar sus sufragios. El 16 de febrero el casco urbano apoyó de manera ligeramente superior a la Derecha Regional, con una clara diferenciación de clase social, aunque el distrito electoral portuario, compuesto por la masa de obreros afiliados a sindicatos cenetistas y autónomos, determinó el resultado final con sus 840 sufragios para el Frente Popular y 71 para los social-católicos.10 El Gobernador Civil sustituyó el Ayuntamiento por una Comisión Gestora interina con mayoría de la izquierda obrera: once vocales distribuidos en cuatro socialistas, tres comunistas (sobrerepresentados en relación a su presencia real), tres más de las sociedades obreras del Grau (cenetistas y autónomos) y uno por la Federación de Sindicatos Obreros (sindicatos autónomos), frente a los ocho republicanos (tres para IR y UR respectivamente y dos para IRS), posiblemente para intentar que la incorporación sindicalista actuase como freno ante un aumento significativo de la conflictividad laboral. Antonio CALZADO ALDARIA: “La dreta republicana des de les comarques valencianes, 1931-1936”, en Josep Santesmases i Ollé (dir.): Republicans i republicanisme a les terres de parla catalana: actes del VI Congrés de la CCEPC (Barcelona, 2, 3 i 4 de novembre de 2006), Palma, CCEPC, 2008, pp. 701-712. 10 Para Gandia, Antonio CALZADO y Lluís SEVILLA: La II República a Gandia: 1931-1936, Gandia, CEIC-Alfons el Vell, 2000; Paloma SEOANE AMIGÓ: “Participación electoral femenina en la victoria del Frente Popular y su contribución a la protesta social en la primavera del 36”, Espacio, Tiempo y Forma, Serie V, 24 (2012), pp. 309-240; Sandra SOUTO KUSTRIN: Paso a la juventud. Movilización democrática, estalinismo y revolución en la República Española, València, PUV, 2013. El voto cenetista en Diego CARO CANCELA: “La CNT y las elecciones de 1936”, Historia Social, 76 (2013), pp. 45-66. 9 6 Sin embargo, el Frente Popular local se escindió ya el 23 de febrero. Ese día, con un Salón de Plenos que rebosaba de obreros portuarios, pero sin la presencia de los tres vocales de IR, la elección del alcalde José Buigues (UR) fue acogida negativamente al grito de “Volem a Marcelinet!”, en referencia a Marcelino Pérez. A pesar del apoyo socialista y del propio Marcelino, el alcalde dimitió. Los vocales de UR y de IRS abandonaron la Gestora. En la misma sesión, era proclamado alcalde Marcelino Pérez ya que era el primer teniente de alcalde. El poder municipal estaría dirigido hasta el mes de junio (cuando retornaron seis vocales republicanos) por partidos y sindicatos de la izquierda obrera.11 Marcelino Pérez: el posibilismo anarcosindicalista Marcelino nació en el Grau de Gandia el 27 de junio de 1909. Su padre era un patrón de embarcación relacionado con el societarismo portuario (presidente de la Unión Obrera en 1911 cuando pide el indulto a los detenidos por los sucesos de Cullera) que se trasladó a Barcelona. Allí Marcelino cursaría estudios secundarios, mecanografía y francés y trabajaría en la Caixa d’Estalvis i Mont de Pietat de Barcelona. Retornó al Grau en 1927 con 18 años para trabajar como obrero portuario afiliado a la sociedad “Obrera Marítima” (obreros de carga y descarga en los barcos). Hasta aquí una trayectoria similar a la de otros valencianos que, acuciados por la crisis agrícola abierta con la epidemia filoxérica del primer decenio del siglo XX, habían emigrado a Latinoamérica, Estados Unidos, sur de Francia, Barcelona o ciudades valencianas (València y Sagunt), espacios de socialización en torno principalmente al anarquismo (EE.UU y Barcelona) y al socialismo, en menor medida hacia el republicanismo.12 El trabajo portuario en Gandia participaba de similar problemática a otros puertos. Se trataba de un sector dividido entre los obreros especializados en la carga y descarga en los muelles o en los barcos, con unas durísimas condiciones de trabajo derivadas de la inexistente incorporación tecnológica que conllevaba una demanda extensiva de mano “Sesión ordinaria del 23 de febrero de 1936”, Arxiu Històric de Gandia (AHG), Libro de Actas Municipales del Ayuntamiento de Gandia (LAMAG), sig. 130. 12 Apuntes biográficos en Antonio CALZADO y Lluís SEVILLA: “Volem a Marcelinet! Un alcalde anarquista en Gandia”, en Albert GIRONA y José Miguel SANTACREU SOLER (dir.): La Guerra Civil en la Comunidad Valenciana, València, Ed. Prensa Valenciana, vol. 1, 2006, pp. 98-105 y Bernat MARTÍ PELLICER: “La passió que torba el trellat dels homes”, Levante-EMV, 14 de diciembre de 2015. Esta socialización en Antonio CALZADO ALDARIA: Simat: cent anys d’història, 1900-2000, Simat, Ajuntament, 2010; ÍD: Segunda República y… 11 7 de obra concentrada temporalmente (alrededor de 150 días en Gandia). Además, los trabajadores portuarios estaban sometidos a la presión externa de los jornaleros agrícolas y asalariados de talleres que buscaban trabajo cuando estaban en paro y al dominio de los capataces de las casas consignatarias que empleaban en primer lugar “mans” de 10-12 obreros, de tal manera que se condenaba a una extrema irregularidad laboral cuando no al paro a los que no podían ingresar en estas “mans”, al mismo tiempo que los que formaban parte de las mismas estaban sometidos a los capataces. Este control de la mano de obra se plasmó en las elecciones del 12 de abril de 1931, cuando el Distrito del Grau elegiría dos concejales de la conjunción monárquica y uno de la antirrepublicana, sintomáticamente, de la Derecha Liberal.13 El constante incremento comercial del puerto inaugurado en 1893 y el asentamiento de los primeros trabajadores portuarios especializados enmarcan el nacimiento de sociedades de oficio estrictamente locales entre los obreros habituales. Así, en 1904 se legalizaba la sociedad “Progreso Obrero del Puerto” (obreros de carga y descarga en los muelles) y en 1928 la “Obrera Marítima” (sucesora de la Unión Obrera, 1900). Eran sociedades reivindicativas que, fruto de coyunturas determinadas o de iniciativas particulares, se podían deslizar hacia el sindicalismo organizado estatalmente. En 1906 ambas pertenecían a la Federación Nacional de Obreros del Mar, de Buques y Puertos de España con una clara impronta socialista. Al año siguiente, participan en la primera celebración del Primero de Mayo en Gandia; en 1913 se incluyen en el Centro Obrero Socialista; en 1918 integran la manifestación organizada por republicanos y socialistas para celebrar la victoria aliada en la I Guerra Mundial. Esta trayectoria se truncó poco después, cuando la Unión Obrera, en el contexto de contraofensiva católica desplegada en Gandia, orbitaba alrededor del Centro de Acción Social Católica que agrupaba a los sindicatos católicos.14 Desde 1919 hasta 1928 apenas existen referencias sobre sus actividades. Al igual que sucedió con el sindicalismo ugetista, la combinación de dictadura y movimiento católico habían sepultado el sindicalismo reivindicativo gandiense. Es más, cuando en 1928 se consiguió en el puerto suprimir el trabajo a destajo, la patronal creó una 13 Jordi IBARZ GELABERT: Treballar a ciutat. Sindicalisme i relacions laborals dels estibadors del port de Barcelona durant la II República (1931-1936), Lleida, Universitat de Lleida, 2000. 14 Para 1907, s.a: “La movilización obrera”, El Socialista, 10 de mayo de 1907; la adscripción ugetista en Eduard FRASQUET y Lluís SEVILLA: “El moviment obrer en una conjuntura revolucionària: Gandia 1909-1923”, Espai Obert, 1 (1994), pp. 92-99; 1918 en s.a.: “Celebrando la victoria de los aliados”, El Pueblo, 19 de noviembre de 1918 y Samuel GARRIDO: El sindicalisme catòlic a la Safor, 1900-1936, Gandia, CEIC-Alfons el Vell, 1987, p. 122. 8 sociedad obrera y ante el temor que en esta se integraran obreros ocasionales extraportuarios que presionaran a la baja los salarios, los afiliados de la “Obrera Marítima” comenzaron a abandonarla para ingresar en el nuevo sindicato. La cabecera local socialista señalaba que este movimiento se debía a la “(…) la poca consistencia del ideal societario de aquellos obreros” y demandaba “la necesidad en que se hallan de imprimir nuevos rumbos a su sociedad si es que de veras quieren que esta sirva para salvaguardar sus intereses”.15 Desde este momento parece que Marcelino Pérez, acompañado por otros jóvenes obreros portuarios, el germen de la CNT de los años republicanos, comenzaron a realizar un intenso trabajo societario que no dudó en utilizar los mecanismos y organismos legales. Así, aunque desconocemos si efectuó posesión, con apenas veinte años en un mundo laboral en el que la experiencia era equivalente al prestigio personal, Marcelino fue elegido vocal obrero del Comité Paritario designado en agosto de 1929 para negociar un conflicto laboral entre la “Obrera Marítima” y una casa consignataria.16 Ese mismo año, dentro de un contexto general de expansión de los Pósitos Marítimos, Marcelino aparece como uno de los principales impulsores en la fundación y crecimiento del Pósito Marítimo Terrestre en el que los pescadores ocupaban un lugar muy minoritario, dotándolo de una clara dirección formativa de la clase trabajadora y de resolución de algunos de sus problemas extralaborales: Sección de Cultura (que en 1935 se convertiría en la Escuela Nacional de Orientación Marítima); Sección de Viviendas; de Socorros Mutuos y de Trabajo (con las dos sociedades obreras).17 En 1933 representa al Pósito en el Secretariado Cooperativo Regional de Levante.18 En 1930, Marcelino expresaba su proyecto de convertir el sindicalismo de oficio portuario en reivindicativo e integrado supralocalmente. Constataba que ambas sociedades “(…) no se han definido aún, quizás porque ignoren su verdadera misión social, deteniéndose solamente a la ligera defensa de sus intereses particulares (…) sus s.a.: “Los obreros del Puerto”, El Popular, 12 de enero de 1929. s.a.: “Gandia. El conflicto obrero del Puerto”, Las Provincias, 31 de agosto de 1929. 17 s.a.: “Desde Gandia”, Las Provincias, 5 de mayo de 1929. Los Pósitos en Alberto ANSOLA FERNÁNDEZ: “Una pesca feliz: Alfredo Saralegui y sus pósitos de pescadores (1915-1936)”, Historia Social, 57 (2007), pp. 3-26. 18 IBORRA: “Congreso Pleno Extraordinario del Secretariado Cooperativo de Levante”, España Marítima y Pesquera, 30 de noviembre de 1933. 15 16 9 características son la más completa ignorancia de las cuestiones que deben conocer el obrero moderno; están completamente aislados. Por eso es necesario definirse o en sociedades de defensa del obrero o en sociedades de defensa de intereses privados, en sociedades de hombres conscientes o en masa informe y sin idealidad en sociedades netamente obreras o en armas de la burguesía para maniatar al obrero”. Por ello era imprescindible “derrumbar esos cimientos en ruinas y edificar sobre ellos el nuevo edificio de la unidad obrera del Puerto”.19 El camino emprendido participa de los rasgos comunes de este sector laboral: elegir entre “(…) el enfrentamiento directo con sus patronos y participaron en estructuras sindicales de ámbito suprasocietario, o bien mantuvieron su independencia y se centraron en la defensa de la profesión, es decir de la cualificación”.20 Su creciente protagonismo societario estuvo acompañado por un activismo político en el campo republicano. En 1930 es uno de de los delegados que la Fraternidad Republicana de Gandia (próxima al blasquismo) envía a la Asamblea provincial del PURA. Desde los inicios documentados de su actividad pública, se pueden establecer paralelismos con Félix Morga (alcalde de Nájera, Logroño) una de las personalidades estudiadas más detenidamente de una de las corrientes libertarias menos conocidas a nivel local, como es el posibilismo libertario, aunque tampoco disponga de una monografía el Partido Sindicalista de Ángel Pestaña.21 Al igual que Félix Morga, Marcelino Pérez estaba convencido en 1930 que la instauración de una república democrática permitiría un marco político de libertades que colaboraría al desarrollo y crecimiento sindical, base previa para la construcción del comunismo libertario. En el otoño de este año, Marcelino advertía a la Unión Monárquica que “si en Gandia se verifica algún mitin monárquico iríamos a la huelga hasta los futbolistas del Grao” o “En España el que no es republicano no es nada, pues por dignidad, por justicia, y por amor a la verdad se debe ser enemigo de un régimen como el actual que es una mordaza para la verdad, una cadena para la justicia y una Marcelino PÉREZ: “Para las sociedades obreras del Puerto”, El Momento, 11 de agosto de 1930. JORDI IBARZ GELABERT: “Oficios y cualificaciones en el trabajo portuario. El caso de Barcelona en la primera mitad del siglo XX”, Historia Social, 45 (2003), p. 119-137, esp. p. 1.279. 21 Jesús RUIZ PÉREZ: Posibilismo libertario: Félix Morga, alcalde de Nájera (1891-1936), Logroño, Universidad de La Rioja, 2003. 19 20 10 cárcel para la libertad”.22 En 1931 forma parte del comité local del PURA que, junto a los comités de la Derecha Liberal Republicana y del Partido Socialista proclamaron la República en Gandia el 14 de abril. Marcelino intervendría solicitando que se colocara en el Salón de Plenos el retrato del capitán Ángel García Hernández, fusilado por su participación en la sublevación de Jaca de diciembre de 1930.23 En junio participa activamente con los radical-socialistas en la campaña electoral de las elecciones constituyentes. Esta sería la última información sobre sus actividades estrictamente políticas.24 Los que le conocieron le han descrito como un “joven activo, excelente organizador y mejor orador”, dotado de un gran carisma personal entre los obreros portuarios que ha perdurado en la tradición oral del Grau. El diario conservador Las Provincias le describiría en marzo de 1936 como un “joven culto (…) motor del movimiento obrerista en el puerto, movimiento que afianza su potencialidad por la disciplina que se imbuye a los sindicados”.25 En el verano de 1930, Domingo Torres, principal figura de la CNT del puerto de Valencia y “uno de los dirigentes más importantes en la historia de la CNT valenciana durante los años veinte y treinta”, iniciaba el proceso de reorganización sindical propulsado en la campaña de propaganda del verano y otoño de 1931.26 En este contexto se sitúa en Gandia el “primer acto de propaganda de la CNT” el 13 de septiembre.27 En octubre de 1931, Marcelino Pérez, secretario de la “Obrera Marítima”, representa al Comité Comarcal cenetista de Gandia en la Asamblea General Regional de Campesinos de Alzira mientras que despliega una gran actividad en la campaña de mítines libertarios desarrollados en la Safor. Hasta 1932 no existe la primera constatación documental que, al menos, la “Obrera Marítima” y sus 294 afiliados se habían inscrito en la CNT. También ingresaría el “Progreso Obrero” (320 afiliados), aunque desde entonces, como sucedía en Gandia y de manera general con el sindicalismo autónomo, esta sociedad oscilaría entre el mantenimiento de su autonomía y su adscripción a la CNT, aunque siempre manteniendo una unidad de acción con la “Obrera Marítima”. Marcelino PÉREZ: “Contestando”, El Momento, 20 de octubre de 1930; ÍD.: “Para el Serpis”, 27 de octubre de 1930. 23 s.a.: “Actas de la proclamación oficial de la República”, El Momento, 20 de abril de 1931. 24 s.a.: “De Gandia”, Las Provincias, 12 de junio de 1931. 25 s.a.: “Desde Gandia”, Las Provincias, 20 de marzo de 1936; Damián CATALÀ: Gandia: pinceladas de historia local, Gandia, s.e., 1983, p. 97. 26 Javier NAVARRO NAVARRO: “Domingo Torres”, en Albert GIRONA y José Miguel SANTACREU SOLER (dir.): La Guerra Civil… 6, pp. 122-125, esp. p. 123. 27 s.a.: “Locales y Generales”, El Momento, 14 de septiembre de 1931. 22 11 Desde el otoño de 1931, el Grau se consolidó como un espacio obrero cenetista, con una “esfera pública proletaria” que acompañaba al obrero societario (fuera o no anarquista) en el trabajo y en la sociabilidad, gracias a la confluencia con jóvenes estudiantes universitarios como el anarquista individualista Damián Català. Marcelino creó con sus propios libros una biblioteca pública en la sede sindical; participó junto a universitarios y maestros locales en la creación en 1932 del Ateneo de Divulgación Social y su escuela racionalista, en la que ejercería la docencia e impartiría conferencias culturales y sindicales, un Ateneo que contaba como uno de sus objetivos “(…) que al mismo tiempo que cultivan su cerebro, ir preparando un grupo consciente de obreros, capaces de organizar la comarca bajo las consignas de nuestra Central Sindical”. Uno de sus lemas más recordados reafirmaba esta pasión libertaria por la cultura: “Cultiveu el vostre esperit, estudieu, formeu-vos culturalment i no sereu fanàtics d’allò que no coneixeu”.28 También participó en el nacimiento de la primera Falla en el Grau con claros tintes obreristas en su Comisión. La sociabilidad se completó con el Club de Natación y Sports (1930 y 400 socios) con amplia representación femenina, “Compuesto sobre todo por estudiantes del Instituto de Segunda Enseñanza y obreros portuarios. Entre sus componentes circulaba una frase que, más o menos, podría resumir la abierta filosofía del C.N. y S.: ‘En eslip tots els homes són iguals, no hi classes socials”. Estos estudiantes impregnaron de sociabilidad cultural libertaria la FUE local. El Club presentaba un “cierto tono nietzscheano que ensalzaba el heroísmo y la voluntad de superación personal”, en disciplinas siempre alejadas del denostado fútbol profesional (secciones de boxeo, rugby, atletismo, natación y alpinismo). Por último, el grupo de jóvenes vegetarianos naturistas que ingresarían en buena medida en la CNT.29 28 Chris EALHAM: La lucha por Barcelona: clase, cultura y conflicto 1898-1937, Madrid, Alianza Editorial, 2005, pp. 78-104; Javier NAVARRO NAVARRO: “La calle rojinegra. Anarcosindicalismo, rituales de movilización y símbolos en el espacio público (1931-9136)”, Pasado y Memoria, 13 (2014), pp. 141-172; Anna MONJÓ: Militants. Participació i democràcia als anys trenta, Barcelona, Laertes, pp. 378-381. La cultura libertaria en Javier NAVARRO NAVARRO: Ateneos y grupos ácratas. Vida y actividad cultural de las asociaciones anarquistas valencianas durante la Segunda República y la Guerra Civil, València, Biblioteca Valenciana, 2002; ÍD.: A la revolución por la cultura: prácticas culturales y sociabilidad libertarias en el País Valenciano (1931-1939), València, Universitat de Valencia, 2004. 29 Prologo de J.M. Monjó en Damián CATALÀ: Gandia: pinceladas de... , s.p. y Javier NAVARRO: “El paraíso de la razón”. La revista Estudios (1928-1937) y el mundo cultural anarquista, València, Ed. Alfons el Magnànim, 1997, p. 199, respectivamente. 12 Durante la República, el Grau viviría cotidianamente una explosión de movilización con dos sindicatos con una intensa vida societaria, desde las asambleas que decidían cada una de sus propuestas (con el diáfano simbolismo de su coincidencia con la misa dominical); las huelgas, los mítines, las clases, charlas y conferencias en el Ateneo o la programación deportiva. Se consolidó un potente sindicalismo en el Grau (no perdió afiliación ni siquiera entre 1934-1936) que destrozó la alianza entre capataces y patronal y controló el mercado de trabajo con la abolición del trabajo a destajo y el establecimiento por parte de los sindicatos de turnos (“tassa”) por la que cuando se alcanzaba esta “tassa” o cantidad prefijada de dinero, se cedía el puesto de trabajo a otro obrero. Posteriormente también alcanzarían el control sobre el horario laboral, obligando a instalar un reloj en las cubiertas del Puerto. Así como importantes mejoras salariales que situaron a los portuarios como el colectivo laboral mejor retribuido de Gandia; tres Cajas de Jubilaciones (los dos sindicatos portuarios y el sindicato femenino de la exportación frutícola) y los primeros pasos de una cooperativa de consumos. La acción sindical se vio favorecida por la leve repercusión de la crisis económica sobre el puerto de Gandia (apenas un reducido descenso comercial en 1934-1935). Este poder sindical plantó constante batalla contra la patronal, centralizando la conflictividad laboral de la ciudad en los meses álgidos de la exportación citrícola (octubre-enero). En 1931 y 1932 sendas breves huelgas para presionar en la firma de las Bases de Trabajo. En 1933 se dilucidaría la pugna por el control del trabajo ya que se había creado la Asociación Patronal del Puerto integrada en Fomento, la gran asociación patronal de Gandia y su Partido Judicial. En el mes de enero, la negativa de los capataces, apoyados por la patronal, a aceptar las sanciones al turno impuestas por la “Obrera Marítima”, provocó una huelga de casi 17 días que fue respondida por el Gobernador Civil con la clausura de la sociedad, el despliegue de la Guardia Civil y las consiguientes detenciones. Sin embargo, la inmediata solidaridad del “Progreso Obrero” y del Sindicato del Transporte de la CNT del puerto de Valencia, decidió la victoria de las posiciones societarias. Esta unidad de acción alrededor de los trabajos portuarios fraguó el nacimiento del Sindicato de la Industria del Transporte de Gandia y su Radio (partido judicial de Gandia) que presentaba la unidad de acción sindical con los puertos de Alacant, Borriana, Castelló y València. En este Sindicato confluyeron tradicionales sociedades obreras autónomas como “La Veloz” (chóferes, 70 afiliados) y los Obreros del Ramo 13 del Transporte y Similares (84 afiliados), además de las dos sociedades portuarias. Sindicato de Industria reconocido por la patronal después de la convocatoria de huelga de 1934. El Sindicato de la Industria y la “Obrera Marítima” acordaron adscribirse a los Sindicatos de Oposición de la CNT (aunque se debía refrendar el acuerdo en una asamblea), por similares razones que el Sindicato de Benaguasil: “El apoyo que había dado el Sindicato del Transporte de Valencia a esta localidad de manera desinteresada, a lo largo de las luchas mantenidas contra la burguesía local, había sido decisivo para el triunfo obrero”.30 Pero también, la opción es coherente con la trayectoria sindical de Marcelino Pérez, sus experiencias y sus relaciones personales. Su actividad pública documentada incide en la construcción de un sindicalismo de masas apolítico compuesto por la CNT (en cualquiera de sus tendencias) y los sindicatos autónomos, integrado en estructuras sindicales superiores (regionales, nacionales) y con una particular incidencia en la formación profesional, la cultura y la educación. Además se debe subrayar la estrecha cercanía personal de Marcelino con Domingo Torres (“amigo personal (…) con el que mantuvo estrechas relaciones”), uno de los firmantes del manifiesto treintista en 1931 e impulsor de los Sindicatos de Oposición, invitado habitualmente a mítines en Gandia al igual que Ángel Pestaña, con los que compartía el proyecto de una Federación Nacional del Transporte.31 Marcelino participó activamente en el Pleno Regional de Sindicatos de Oposición de Levante (Valencia, febrero 1934), integrando la ponencia inicial junto a Domingo Torres y otros cenetistas de oposición valencianos (junto con Cataluña, una de las dos zonas con mayor implantación de este sindicalismo). En sus intervenciones en el Pleno Regional (al igual que en los artículos publicados en Combate Sindicalista) defendería los postulados básicos del treintismo, reflejo de la heterogeneidad interna de la CNT desde su creación y propuesta de adecuación a la complejidad de las sociedades industriales: apoliticismo, rechazo a la vía insurreccional predominante en la CNT (de hecho, ninguna de las convocatorias insurreccionales fue seguida en Gandia); las Federaciones Nacionales de Industria como eje central de la futura revolución libertaria 30 Eulalia VEGA: Anarquistas y sindicalistas durante la Segunda República: la CNT y los Sindicatos de Oposición en el País Valenciano, València, Ed. Alfons el Magnànim, 1987, p. 182. Para los Sindicatos de Oposición, las pp. 145-172; Xavier PANIAGUA: La sociedad libertaria. Agrarismo e industrialización en el anarquismo español (1930-1939), Barcelona, Crítica, 1982, pp. 47-61 y el capítulo dedicado a Ángel Pestaña y Joan Peiró, pp. 166-177. 31 Joan Lluís SOLER: “El anarcosindicalismo en Gandia durante la Segunda República (1931-1936). De los Sindicatos Autónomos a los Sindicatos de Oposición”, AHG, ejemplar mecanografiado, p. 14. 14 (defendidas ya por Joan Peiró en el Congreso cenetista de la Comedia de 1919) y las Alianzas Obreras Antifascistas como organismos de unidad sindical para combatir contra el fascismo, aunque recelaba del socialismo como partido “no hay que fiar ciegamente en la actuación de los socialistas como partido”. Todo ello, como condición indispensable para sumarse a los Sindicatos de Oposición, “se sigan la tácticas y acuerdos tomados en los Congresos de la Confederación”.32 La unidad de acción portuaria constituía una aspiración de recorrido histórico: en 1906 con la Federación Nacional de Obreros del Mar; en 1929 con la Federación Nacional de Entidades Obreras de los Puertos de España, todavía sin adscripción cenetista y en 1934 con la Alianza de Sindicatos Portuarios de España (constituida en Santander en el mes de septiembre), compuesta por sindicatos cenetistas de las dos corrientes, autónomos y ugetistas, organizados por litorales, con Domingo Torres como Secretario del Comité Nacional. La represión posterior a octubre de 1934 paralizó su desarrollo que se retomaría a principios de 1935 (en el mes de junio afirmaba reunir a 25.000 trabajadores). Marcelino sería elegido secretario del Litoral de Levante que agrupaba a once puertos.33 Con todo, la fragmentaria documentación disponible, parece indicar que en 1935 el Sindicato de la Industria se había desintegrado ya que solamente la “Obrera Marítima” continuaba en la CNT. Esta sociedad participaría como representante de los Sindicatos de Oposición en el Congreso Nacional cenetista de Zaragoza en mayo de 1936 y en el Congreso Regional de julio de 1936.34 La Alianza permitía el objetivo de la superación de los localismos y un frente común contra la patronal de un sector económico clave y, por tanto, con una gran capacidad de presión. Así se exponía en la reunión del Litoral de Levante a finales de octubre de 1935 celebrado en Alacant, cuando se acordó que el rechazo patronal a las Bases de Trabajo presentadas por los sindicatos portuarios de Borriana y Gandia, recibirían la respuesta conjunta de los once puertos con la presentación de un oficio de huelga. Las Bases se 32 CONFEDERACIÓN NACIONAL DEL TRABAJO: Actas del Pleno Regional de Sindicatos de Oposición de Levante: celebrado en Valencia los días 11 y 12 de febrero de 1934, s.e., s.l. [1934]. La complejidad cenetista en Javier NAVARRO NAVARRO: “Diversidad y dualismo: La (s) cultura (s) política (s) del movimiento libertario español”, en Aurora BOSCH, Teresa CARNERO y Sergio VALERO (eds.): Entre la reforma y la revolución: la construcción de la democracia desde la izquierda, Granada, Comares, 2013, pp. 183-200 y Julián CASANOVA: De la calle al frente. El anarcosindicalismo en España (1931-1939), Barcelona, Crítica, 1997, pp. 13-152. Una reconsideración del apoliticismo en Enric UCELAY DA CAL y Susanna TAVERA: “Una revolución dentro de otra: la lógica insurreccional en la política española, 1924-1934”, Ayer, 13 (1994), pp. 115-146. 33 s.a: “Lucha de clases”, La Región. Diario de Izquierdas. (Santander), 1 de noviembre de 1935. Informaciones sobre la Alianza aparecen repetidamente en sus páginas entre 1935 y 1936. 34 Eulalia VEGA: Anarquistas y sindicalistas…, pp. 238-282. 15 presentaron y se negociaron con la patronal. La Alianza estaba bien asentada en el País Valenciano. La huelga general de 15 minutos el 24 de mayo de 1935 convocada por la Alianza para protestar contra el Decreto-Ley de Accidentes del Ministro de Trabajo Anguera de Sojo fue seguida por catorce puertos (seis valencianos, entre ellos Gandia) o el boicot portuario en junio de 1936 a la madera gallega (en el que también participaría Gandia).35 Un anarcosindicalista en la alcaldía: febrero-julio 1936 La alcaldía de Marcelino Pérez se inicia con un claro protagonismo personal en los primeros, pacíficos y festivos actos de masas, inmediatamente posteriores al triunfo frentepopulista, presididos por la unidad republicana y obrera y por un destacado protagonismo femenino: el día 19 de febrero, una espontánea y multitudinaria manifestación desembocaba en el céntrico y burgués Paseo de las Germanías en el que Marcelino y los representantes socialista y republicano “abogaron por el cumplimiento del programa de la coalición del Frente Popular”. El día siguiente, una multitud tomó la calle por la mañana y por la tarde para acompañar a dos vecinos de la Font d’en Carròs, detenidos por la muerte accidental de un militante de la DRV en un mitin de las elecciones de noviembre de 1933, hasta el Centro Socialista desde el que Marcelino se dirigió a la multitud.36 Durante su mandato, la ciudad asistiría a un exponencial incremento de acciones de masas, poliédricas en sus orígenes y objetivos, de distinta violencia, que desmienten tanto su carácter revolucionario, como su coordinación política o sindical o la pasividad y permisividad de las autoridades gubernativas (cinco delegados gubernativos fueron cesados en este período en Gandia).37 En cuanto a la conflictividad extralaboral, Marcelino Pérez desempeñó un protagonismo exclusivamente institucional. En el mes de marzo tendría lugar un ejemplo de superación de la legislación secularizadora acaecida entre febrero y julio de 1936, encabezada por socialistas y comunistas y relacionada con el peso decisivo que desempeñaban en el anticlericalismo las tradiciones históricas locales, que determinaban 35 La huelga de 1935 en Jordi IBARZ GELABERT: Treballar a ciutat..., pp. 109-110. Los conflictos laborales de 1931 a 1936 en AHG, Indústria i Treball, sig. 1998. 36 s.a.: “Locales” y “Manifestación de júbilo”, respectivamente, en Germinal, 21 de febrero de 1936. 37 La conflictividad laboral en Francisco SÁNCHEZ PÉREZ: “Las protestas del trabajo en la primavera de 1936”, Mélanges de la Casa de Velázquez…, pp. 77-101. 16 espacios propios (por más que también participaran en corrientes generales) como la fijación en determinadas órdenes religiosas o en unas parroquias sobre otras. Desde principios del siglo XX, se había consolidado en Gandia un poderoso movimiento católico (sindicatos, asociaciones, prensa, Caja de Ahorros) dirigido por la congregación de la Compañía de Jesús instalada en el borjiano Palau Ducal, enfrentado al liberalismo canalejista apoyado por el exiguo republicanismo. Ambos elaboraron discursos radicalmente antijesuíticos, que contrastan con su casi ausencia respecto a la influyente congregación educativa de los Escolapios. Ya en la huelga de septiembre de 1911 se intentó asaltar el Palau Ducal y en febrero de 1936 la victoria frentepopulista recibió estos titulares periodísticos: “En la ciudad de los Borjias, cuna del jesuitismo y del caciquismo sin entrañas, triunfa el Frente de Izquierdas (…)”.38 El 16 de marzo de 1936, la Comisión Gestora respaldaba el acuerdo del Consejo Local de Primera Enseñanza de demandar al Estado el Colegio de las Escuelas Pías. Este acuerdo, basado en la legalidad vigente, se vería ampliado cuando un vocal socialista incitó a que, después de la sesión plenaria, “fuera la gestora con los del público que quisieran ir, a decirle a los Escolapios que se marcharan”. Esta convocatoria ocasionaría una jornada plural: el alcalde anarcosindicalista junto al Abad de la Colegiata supervisarían el desalojo de la congregación escolapia para evitar incidentes; al mismo tiempo, un numeroso grupo se incautó del Palau Ducal de la Compañía de Jesús gestionado por el Ministerio de Hacienda desde su expulsión para ser entregado al Ayuntamiento; obligaron a suspender las clases del colegio de las Carmelitas y, por último, forzaron el desalojo del convento de clausura de Santa Clara, al que acudiría el alcalde Marcelino Pérez para detener el asalto y garantizar que las clarisas fuesen acogidas en domicilios particulares. Actos relacionados con la proliferación de peticiones en la Gestora para que estos edificios religiosos se utilizasen como centros escolares o reformados para viviendas obreras.39 El Primero de Mayo de 1936, una jornada con violencia iconoclasta en cinco poblaciones valencianas, también sería una fecha tumultuosa con una impronta específica. Desde 1934 se habían asentado en Gandia un grupo de exiliados italianos (libertarios como Ginno Bibbi y Ernesto Danio o exclusivamente antifascistas como 38 Samuel GARRIDO: El sindicalisme catòlic..., pp. 60-62 y s.a: Germinal, 21 de febrero de 1936. “Sesión ordinaria del 16 de marzo de 1936”, “Sesión ordinaria supletoria del 24 de marzo de 1936” y “Sesión extraordinaria del 25 de marzo de 1935”, AHG, LAMAG, sig. 130; s.a.: “De Gandia”, Las Provincias, 26 de marzo de 1936 y FEBUS.: “Son desalojadas por los religiosos los conventos de Gandía”, El Sol, 27 de marzo de 1936. 39 17 Baldassarre Londero).40 Se asociaron con un industrial para la adquisición de una antigua fábrica de conservas con la constante vigilancia de la OVRA fascista, firmemente convencida que elaboraban explosivos para atentar contra Mussolini. Progresivamente se fueron instalando anarquistas argentinos y austríacos. Se trataba de un colectivo con una clara disposición a la acción y a la utilización de la violencia (se les acusaba de haber intentado atentar contra Mussolini) sobre el trabajo sindical. Al mismo tiempo, y sin precisar documentalmente una posible conexión, también se instalaron faistas como Bernardo Merino (en la guerra sería Secretario Regional de la FAI) o, entre otros, anarquistas “de acción” como Cesáreo Cervera, acusado de participar en 1923 en un atentado mortal en Valencia contra dirigentes del Sindicato Libre de la Banca. Ambos grupos establecieron sólidas relaciones personales e ideológicas con libertarios gandienses, como se plasmaría en la radicalidad maximalista de la Comarcal-CNT durante la contienda civil. A las seis de la mañana del uno de mayo de 1936, se obligó a cerrar la Colegiata. Después, según un testigo presencial; “al pasar [la manifestación] por delante de donde estaba el local de la Derecha Regional un líder anarquista se subió al balcón y quitó la bandera de la organización y la tiró al suelo y profirió frases ofensivas para este partido (…) los manifestantes, enardecidos por la alocución de aquel líder, asaltaron el local y comenzaron a sacar a la calle los bancos, garrafas de licores que rompían y otros enseres que pillaban, mientras la gente curiosa se apiñaba contemplando aquellas barbaridades sin poderlo evitar…”41 Los informes de la policía secreta de la Italia fascista señalan que el italiano Ernesto Dano inició el asalto (por el que sería detenido) con una gran bandera roja y al grito de “Viva l’Anarchia! e morte a Mussolini”.42 Aunque la prensa señaló que los asaltantes se 40 Claudio VENZA y M. DOZIO: Bibbi, Gino, Dizionario biografico on line degli anarchichi italiani, 2003, Recuperado de Internet, (http://bfscollezionidigitali.org/index.php/Detail/Collection/Show/collection_id/3) y Umberto TOMMASINI: Memòries d’un anarquista de Trieste, Barcelona, Llibres de Matricula, 2012. Los informes fascistas de Bibbi en Roberto GREMMO: Bombe, soldi e anarchia. L’”affaire Berneri” e la tragedia dei libertari italiani in Spagna, Biella,Storia Ribelle, 2008. 41 Ferrer SUBIELA: Rememorando a mis setenta, AHG, ejemplar mecanografiado, pp. 13-14. 42 Giuseppe GALZERANO: Vincenzo Perrone: Vita e lotte, esilio e morte dell’anarchico salernitano volontari della libertà in Spagna, Salerno,Galzerano Editore, 1999, pp. 168-170; Ilaria POERIO y Vania SAPERE: Vento del Sud: gli antifascisti meridionali nella guerra di Spagna, Cittanova, Istituto “Ugo Arcuri”, 2007, pp. 88-101 y 234-235. 18 enfrentaron con piedras a la Guardia de Asalto, con cuatro agentes heridos y disparos al aire, las memorias de Ferrer Subiela no señalan estos incidentes. Ese mismo día consta “Asalto y ocupación” de la iglesia de San Nicolau del Grau, aunque este hecho no aparece en ninguno del centenar de Procedimientos Sumarísimos de Urgencia incoados por el franquismo consultados hasta el momento.43 La conflictividad del período siguió desde principios de mayo un curso eminentemente laboral (cuatro huelgas): la continuación de los conflictos por el reparto del trabajo, iniciados a finales de 1935, de los obreros que se ocupaban de la construcción del alcantarillado urbano; en el mes de junio, la huelga de barberos ugetistas con lock-out empresarial, cócteles Molotov y detenidos (ocho días) y de obreras de una sedería (una empresa con una intensa conflictividad laboral desde 1931) y una última, a principios de julio, de jornaleros agrícolas, pero protagonizada exclusivamente por mujeres ante el temor que pudieran suceder incidentes, que interceptaron el curso del agua de una acequia y fueron disueltas “a vergajazos” por parte de la Guardia Civil.44 En estos meses intensos, Marcelino Pérez trató de ejercer un papel apaciguador y defensor del marco legal vigente, muy similar a Domingo Torres al frente de la alcaldía de València durante la Guerra Civil. Conocía perfectamente su situación inestable, que se mantuvo gracias a la prolongación del clima de unidad obrera junto al socialismougetismo y al comunismo, presente en el acontecimiento extraordinario en el principal ámbito del mundo festivo local que supuso la elección de la Fallera Mayor de la ciudad en la “Bellea” del Grau, en contraposición a la recurrente elección de Falleras Mayores de familias burguesas. Con todo, la posición de Marcelino se fue deteriorando ante novedosos movimientos políticos. A pesar de la alineación en los discursos públicos del blasquismo hacia la izquierda republicana, esta rechazó la aproximación ya que estaba incrementando su afiliación con la continuidad de la sangría de militantes blasquistas. El incremento de la fortaleza de Izquierda Republicana condujo a un giro en sus alianzas ya que podía construir un republicanismo de masas sin invocar el apoyo obrero. Si desde abril de 1931 se había mantenido una abierta enemistad entre republicanos de todas las Los actos anticlericales en Manuel ÁLVAREZ TARDÍO y Roberto VILLA GARCÍA: “El impacto de la violencia anticlerical en la primavera de 1936 y la respuesta de las autoridades”, Historia Sacra, LXV (julio-diciembre 2013), pp. 683-764. 44 s.a.: “Motín femenino”, La prensa, 4 de julio de 1936. Jorge MARCOS: “La multitud invadió las calles. Experiencia, repertorios y marcos simbólicos de la protesta (1931-1936)”, en Mª Encarna NICOLÁS MARÍN y Carmen GONZÁLEZ MARTÍNEZ (coord.): Ayeres en discusión. IX Congreso de la Asociación de Historia Contemporánea, Murcia, Universidad de Murcia, 2008, pp. 1988-2007. 43 19 tendencias y socialistas, en julio de 1936 Izquierda Republicana había iniciado conversaciones con los socialistas gandienses para presentar en el Gobierno Civil una renovación de la Comisión Gestora con ocho vocales de su partido y socialistas, respectivamente y tres comunistas, presionando al Gobernador con la ingobernabilidad ya que en el caso de no aceptar la propuesta, se pensaban retirar los gestores socialistas. La política institucional de Marcelino Pérez al frente de la alcaldía participó en el ambiente general de optimismo reformista pero también, como Félix Morga, en la defensa del gobierno Azaña como resultado de la voluntad popular, incluso de los votantes libertarios y, como en abril de 1931, marco para un desarrollo normalizado de la acción sindical y de la acción política en un nivel municipal (como posteriormente expresarían otros libertarios en los Consejos Municipales durante la guerra). Así, Marcelino declaraba en una entrevista que “La política que actualmente se desarrolla en el país reportará a Gandia los mismos beneficios que, en general, producirá España. En el aspecto económico, social y cultural, España va a dar un gran salto”.45 Su gestión siempre sería pragmática: continuidad del proyecto de reformas urbanas iniciado por el anterior consistorio blasquista o de las gestiones junto a asociaciones patronales y obreras para conseguir el anhelado pantano de Beniarres, la necesidad de disponer de maestros y maestras con anterioridad a la sustitución de la enseñanza religiosa demandada por el anticlericalismo maximalista de los vocales comunistas y socialistas. En general, se podría resumir en esta intervención en el plenario, incluso aplicado a la festividad del Primero de Mayo, cuando los vocales socialistas querían obligar a la totalidad del comercio de la ciudad al cierre: “(…) todo acuerdo ha de ajustarse a la Ley sin perjuicio de que de forma extraoficial se hagan las gestiones conducentes”.46 Sus intervenciones en los plenarios de la Gestora se centraron especialmente en la infancia; la educación laica (de hecho su matrimonio fue civil); los problemas obreros (sanidad, vivienda) y la cultura (conversión del Instituto de Segunda Enseñanza en nacional). Con todo, nunca olvidó su sindicalismo. Cuando los vocales socialistas pidieron a la Gestora que interviniera en la revisión de los alquileres, Marcelino Pérez expresó que los intereses de los trabajadores debían defenderse a través de sus propias organizaciones: los sindicatos y, por ello, debían ser las sociedades obreras quienes crearan juntas de defensa económica. Igualmente, cuando se demandaba la preferencia de los obreros locales en las obras de alcantarillado, respondía que “tendría fácil 45 46 s.a: “Desde Gandia”, Las Provincias, 20 de marzo de 1936. “Sesión ordinaria supletoria del 24 de marzo de 1936”… 20 solución si tuvieran el control las organizaciones obreras, en lugar de la Oficina Local de Colocación Obrera”.47 Desde el 17 de julio de 1936, Marcelino arbitró las medidas necesarias para intentar impedir el triunfo de la sublevación antirrepublicana desde el ordenamiento jurídico vigente. Cuando las hermanas Carmelitas fueron detenidas, se trasladó al Cuartel de las Milicias para obtener su liberación. También facilitó la salida de Gandia del Abad de la Colegiata. Ante las amenazas sufridas por el sector libertario más maximalista, Marcelino Pérez se vio obligado a abandonar la alcaldía el 28 de julio de 1936, para enrolarse como Jefe Político del Comandante del Batallón Gandia (CNT-UGT) de la Columna miliciana valenciana Torres-Benedito que combatía en Teruel. Como Domingo Torres y otros treintistas, Marcelino sería muy crítico con algunos aspectos del ambiente revolucionario abierto en julio de 1936, fustigando la desorganización y fragmentación que habían supuesto algunos comités y milicias (así como algunos de sus hechos delictivos) y abogando por un mando único para conseguir el objetivo de ganar la guerra. Cuando terminó la contienda, un Consejo de Guerra le condenó a muerte por “Adhesión a la Rebelión”. Fue asesinado en Paterna el 19 de diciembre de 1939.48 “Sesión ordinaria supletoria del 28 de abril de 1936” y “Sesión ordinaria supletoria del 16 de junio de 1936”, AHG, LAMAG, sig. 130. 48 “Marcelino Pérez Martí” (1939), Archivo General e Histórico de Defensa, Fondo Valencia, Sumario 9.848, caja 19.758/9. 47 21 Los temblores del clero durante el Frente Popular José Luis González Gullón Università della Santa Croce (Roma) Santiago Martínez Sánchez Universidad de Navarra Este trabajo analiza la actitud del episcopado español ante el Gobierno frentepopulista, de febrero a julio de 1936. Cuanto opinaron los obispos es inseparable de la conducta del clero en un escenario político-social inestable y agresivamente anticatólico. Por tanto, pretendemos detallar el discurso de unas elites y, también, la conducta de unos clérigos que sufrían la tensión en un tiempo de incertidumbre. Las fuentes empleadas son los escritos episcopales de diversa índole publicados en esos meses en los boletines diocesanos, y la literatura académica, que no ha tratado a fondo los muchos aspectos concernientes al fenómeno binario clericalismo / anticlericalismo de esos meses decisivos. Las elecciones de febrero: el encuentro de dos civilizaciones Los obispos españoles siguieron el periodo electoral de 1936 con interés y preocupación. La revolución de octubre de 1934 había creado un foso en la convivencia nacional1 y la campaña electoral de 1936 había mantenido vivo el discurso anticlerical2. La opinión de Eustaquio Ilundain, arzobispo de Sevilla, en enero de 1936, representaba 1 Cfr. Gabriele RANZATO, El gran miedo de 1936, Madrid, La Esfera de los Libros, 2014, pp. 63-90. Cfr. Manuel ÁLVAREZ TARDÍO y Roberto VILLA, “El impacto de la violencia anticlerical en la primavera de 1936 y la respuesta de las autoridades”, Hispania Sacra 132 (2013), pp. 689-690. Fernando DEL REY, Paisanos en lucha. Exclusión política y violencia en la Segunda República española, Madrid, Biblioteca Nueva, 2008, pp. 471-483 ofrece una buena descripción de la campaña electoral en Ciudad Real, con sus ribetes anticlericales. Ver también, Manuel ÁLVAREZ TARDÍO, Anticlericalismo y libertad de conciencia. Política y religión en la Segunda República Española (1931-1936), Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2002, pp. 327-355. 2 23 Universidad de Castilla~La Mancha Departamento de Historia. Área de Historia Contemporánea Edificio Benjamín Palencia | Campus Universitario s/n | 02071 Albacete Email: [email protected] | www.ahistcon.org | perfectamente al episcopado español, cuando afirmaba que aquel tiempo suponía una «grave y dolorosa situación»3, también para una Iglesia que, según el prelado de Tortosa Félix Bilbao, se enfrentaba a unas circunstancias «difíciles y gravísimas»4. Los obispos consideraban que los comicios trascendían el simple triunfo coyuntural de unas candidaturas políticas sobre otras. Según explicaron, de palabra y por escrito, España estaba en un periodo que marcaría el rumbo de su historia: el sufragio «reviste importancia tal, como quizá no se registre otro en la historia política de nuestra patria», según el administrador apostólico de Orihuela5. Para el pensamiento tradicionalista, mayoritario entre los católicos españoles, dos modelos irreconciliables de sociedad luchaban en las elecciones. De una parte, «la civilización cristiana, con sus instituciones fundamentales de familia, propiedad, libertad y orden»6. De otra, «la civilización atea y destructora del Comunismo ruso»7. El resultado daría la victoria a una y derrotaría definitivamente a la otra: «o se consolida la reacción católica felizmente iniciada de dos años a esta parte, o España se lanza con insensato furor hacia el abismo»8. Con tonos dramáticos, explicaban que esta segunda posibilidad supondría «el hundimiento de la civilización y de la Patria; para los que sinceramente profesamos la religión de Cristo Nuestro Señor, la alternativa ineludible de tener que ser o mártires o apóstatas»9. Ante una dificultad de tanta envergadura, los obispos lanzaron a los fieles diversas peticiones a lo largo de la campaña: oraciones por su buen resultado, como el obispo de Tuy cuando amonestó que «las rogativas por la Iglesia y por España han de proseguirse hasta que el nuevo Parlamento esté constituido»10; y exhortaciones a bregar para que el futuro Parlamento fuese un «órgano adecuado para procurar el bienestar general de Nuestra nación», como dijo el cardenal Ilundain11. Sin mención explícita a siglas “Circular ordenando preces”, en Boletín Oficial Eclesiástico del Arzobispado de Sevilla, n. 1280 (22-I1936) 17. Cuando se vuelva a citar un boletín, lo haremos añadiendo el nombre de la diócesis. 4 Félix BILBAO Y UGARRIZA, “Circular mandando oraciones ante las presentes circunstancias”, en Boletín Oficial Eclesiástico del Obispado de Tortosa, n. 2 (31-I-1936) 17. 5 Juan DE DIOS PONCE Y POZO, “Circular sobre las próximas elecciones”, en Boletín de la Diócesis de Orihuela, n. 2 (25-I-1936) 2. 6 Ibid. 7 Ibid. La idea de una lucha entre los revolucionarios y los antirrevolucionarios estaba muy presente entre los intelectuales católicos: cfr. William J. CALLAHAN, La Iglesia católica en España (1875-2002), Crítica, Barcelona, 2002, p. 259. 8 Justino GUITART Y VILARDEBÓ, “Circular ordenando preces”, en Boletín Oficial del Obispado de Urgel, (suplemento al 1-II-1936) 25. 9 Agustín PARRADO Y GARCÍA, en Boletín oficial eclesiástico del Arzobispado de Granada, n. 3558 (1-II1936) 71. 10 Antonio GARCÍA Y GARCÍA, Boletín Oficial del obispado de Tuy, n. 2 (10-II-1936) 38. 11 “Circular ordenando preces”, en Boletín Sevilla, n. 1280 (22-I-1936) 18. 3 24 políticas, insistieron –por ejemplo, el administrador apostólico de Orihuela– a los laicos para «aportar en este periodo de preparación electoral, sus actividades, su influencia y su dinero, hasta conseguir el triunfo en la urnas con su propio voto»12. Si estaban unidos, «todos con grande disciplina en la defensa de la fe»13 –afirmaba el obispo de Córdoba–, conseguirían «conquistar por los medios que la ley pone en sus manos el reinado de la paz y de la pública tranquilidad», según el obispo de Astorga14. En definitiva, los católicos tenían «un doble deber, grave de la hora presente. El de no absteneros de votar y el de votar todos a una»15. No en vano esa consigna la había oído el arzobispo de Toledo de boca de Pío XI durante su estancia en Roma, en enero de 1936, y que había transmitido a sus feligreses –y, vía ABC, a muchos otros– en su pastoral de 24 de enero de 193616. La resistencia pasiva del clero La victoria del Frente Popular hizo realidad los pronósticos episcopales más pesimistas, al instalarse un nuevo poder cuya hostilidad a la Iglesia era inequívoca, como iba a demostrarse a lo largo de los siguientes meses. Los prelados advirtieron a sacerdotes y laicos que las circunstancias no habían cambiado después de los comicios y que debían seguir comprometidos en la unión política de los católicos. La guerra ideológica entre dos bloques antagónicos –una España revolucionaria y otra contrarrevolucionaria– se mantenía más viva que nunca, avivada por el resultado electoral, las medidas del nuevo Gobierno y la agitación callejera17. Puesto que «la incredulidad y el ateísmo se han empeñado en desterrar del mundo toda práctica de religión, toda verdad religiosa, todo culto a la Divinidad» (afirmaba el arzobispo de Sevilla el 15 de abril)18, la disyuntiva era radical: «Espiritualismo y Materialismo, Cristianismo y Comunismo, Roma y Moscú; he aquí Juan DE DIOS PONCE Y POZO, “Circular sobre las próximas elecciones”, en Boletín Orihuela, n. 2 (25-I1936) 17. El administrador apostólico consideraba que la abstención o la indiferencia «en estos críticos momentos, serían un crimen de la religión y de lesa patria» (Ibid., p. 18). 13 Adolfo PÉREZ MUÑOZ, “Circular ordenando preces”, en Boletín Oficial Eclesiástico del Obispado de Córdoba, n. 2 (1-II-1936) 47. 14 Antonio SENSO LÁZARO, “Circular sobre el Día del Papa”, en Boletín Oficial del Obispado de Astorga, n. 2 (1-II-1936) 19. 15 Agustín PARRADO Y GARCÍA, “Alocución pastoral pidiendo oraciones y penitencia”, en Boletín Granada, n. 3558 (1-II-1936) 71. 16 Cfr. Isidro GOMÁ, “Nuestra vuelta de Roma. Saludo y exhortación”, en Boletín Eclesiástico del Arzobispado de Toledo, n. 1 (15-I-1936) 41-47; Gabriele RANZATO, El gran miedo…, p. 90. 17 Sobre la escalada de violencia cfr. González GONZÁLEZ CALLEJA, Contrarrevolucionarios. Radicalización violenta de las derechas durante la Segunda República, 1931-1936, Madrid, Alianza Editorial, 2011, pp. 307-339. 18 Eustaquio ILUNDAIN, “Exhortación pastoral”, en Boletín Sevilla, n. 1284 (17-IV-1936) 116. 12 25 los dos luchadores gigantes», según había dicho poco antes el obispo de Córdoba19. Estas expresiones serían más frecuentes en la guerra tanto en los escritos episcopales – baste recordar algunas de las pastorales iniciales del propio Gomá o de Pla y Deniel20– como en la propaganda franquista. De momento, era un lenguaje prebélico de tono apocalíptico a juego con la zozobra social en la que España se adentraba. En esa batalla de ideas, quienes debían organizarse entonces eran los católicos. La jerarquía y sus ayudantes –los sacerdotes– «dieron prioridad a la renovación interna, espiritual y moral, en vez de a la acción política»21. Parecía lo lógico después de los fracasados intentos de diálogo, los enfrentamientos en 1931 que culminaron con la expulsión del cardenal Segura, la aprobación de una Constitución y leyes beligerantes con la Iglesia y la vuelta al Gobierno de los impulsores de una República laicista. A todo lo cual se sumaba la formidable carga de odio contenido contra la Iglesia y el clero que se desbordó tras las elecciones de febrero22. El 20 de febrero de 1936, el cardenal primado, Isidro Gomá, firmó una circular para sus sacerdotes, que enseguida reprodujeron muchos otros boletines23. Insistía Gomá en la santidad sacerdotal, en línea con la reciente encíclica Ad Catholici Sacerdotii, de Pío XI. Indicaba que amasen el recogimiento de la oración, el estudio y el trabajo, y que no abandonaran la sotana. En particular, Gomá les daba algunas sugerencias prácticas de carácter social: no intervenir en cuestiones políticas ni afiliarse a partidos, ser corteses con la autoridad y exponer con moderación la doctrina. Además, el prelado explicaba que la verdadera influencia social del clérigo se lograba con la enseñanza del catecismo a niños y adultos, y con los actos de culto y las prácticas piadosas. Adolfo PÉREZ MUÑOZ, “Pastoral”, en Boletín Córdoba, n. 3 (26-II-1936) 57. Alfonso ÁLVAREZ BOLADO, Para ganar la guerra, para ganar la paz. Iglesia y guerra civil: 19361939, Madrid, Universidad Pontificia de Comillas, 1995, pp. 68-71. 21 William J. CALLAHAN, La Iglesia católica…, p. 261. 22 Sobre la violencia política y religiosa de ese periodo, cfr. Miguel Ángel DIONISIO VIVAS, El clero toledano en la primavera trágica de 1936, Toledo, Instituto Teológico San Ildefonso, 2014; Roberto VILLA GARCÍA, “Las raíces de la recatolización: la extinción de la Iglesia católica en la Granada republicana (1936-1939)”, en José-Leonardo RUIZ SÁNCHEZ (coord.), La Iglesia en Andalucía durante la guerra civil y el primer franquismo, Sevilla, Secretariado de Publicaciones de la Universidad de Sevilla, 2014, pp. 49-80; Julius RUIZ , El terror Rojo. Madrid, 1936, Madrid, Espasa, 2012, pp. 31-57; Eduardo GONZÁLEZ CALLEJA, “La necro-lógica de la violencia sociopolítica en la primavera de 1936”, Mélanges de la Casa de Velázquez, 41/1 (2011), pp. 37-60; Fernando DEL REY, “La Segunda República y la violencia. Entre la cultura política y la acción revolucionaria”, en Antonio RIVERA, Carlos CARNICERO HERREROS (eds.), Violencia política. Historia, memoria y víctimas, Madrid, Maia Ediciones, 2010, pp. 63-99; Rafael CRUZ, En el nombre del pueblo. República, rebelión y guerra en la España de 1936, Madrid, Siglo XXI, 2006, pp. 107-187; Stanley PAYNE, El colapso de la República. Los orígenes de la Guerra Civil (1933-1936), Madrid, La Esfera de los Libros, 2005, pp. 296-306, 331-344, 367-369; 379413. 23 Cfr. Isidro GOMÁ, “Circular n. 10, sobre cómo han de proceder los Sacerdotes en las presentes circunstancias”, en Boletín Toledo, n. 3 (1-III-1936) 102-105. 19 20 26 En abril la Santa Sede comunicó al nuncio y a los obispos que había aprobado el acta de la última conferencia de los metropolitanos –los nueve arzobispos españoles–, celebrada medio año antes. Entre otros puntos, los prelados prohibían a los clérigos tomar «parte en las actuaciones de política partidista, así como el estar afiliados a algún partido político»24. Varios obispos aprovecharon la ocasión para recordar que un sacerdote no debían tomar partido porque, si lo hiciera, «imposibilitaría muchas veces, y dificultaría siempre, su actuación superior, propia y sacerdotal»25. Esta insistencia reflejaba el activismo partidista de un sector del clero y la dificultad de distinguir lo político y lo religioso en la actividad de los propios sacerdotes, que percibieron a lo largo del quinquenio republicano, como cualquier otro ciudadano, el interés de los partidos republicanos por secularizar la sociedad española. A la necesidad de apartarse de la vida política por razones de cautela o de prudencia pastoral se unió la creciente hostilidad anticlerical de una parte de españoles. De hecho, los eventos, noticias y rumores que mostraban una fuerte erosión de la convivencia en España desarrollaron entre los eclesiásticos una cierta conciencia martirial. Podía estar cerca el momento de dar la vida por Cristo, aunque de hecho ninguno la dio antes del inicio de la guerra civil26. Pero los atropellos contra los curas y templos, que salpicaron como un sarampión toda la piel de toro, no eran una cuestión anecdótica o irrelevante; al contrario, confirmaban la impresión de estar al borde del precipicio27. Además las “Acta del 12-13 de noviembre de 1935”, n. IV-6, en Vicente CÁRCEL ORTÍ (ed.), Actas de las Conferencias de Metropolitanos Españoles (1921-1965), BAC, Madrid, 1994, p. 378. 25 Tomás GUTIÉRREZ DÍEZ, “Al clero de la diócesis con motivo de las próximas elecciones municipales”, en Boletín Oficial del Obispado de Osma, n. 5 (2-IV-1936) 107; cfr. “Acuerdos de la Conferencia de Metropolitanos”, en Boletín Eclesiástico del Arzobispado de Burgos, n. 8 (12-V-1936) 169-174. 26 Sobre las razones por las que no hubo asesinato de clérigos en el primer semestre de 1936, cfr. Santiago MARTÍNEZ SÁNCHEZ, Santiago MARTÍNEZ SÁNCHEZ, “Miedo, humo y muerte. Clero y obispos en Andalucía, 1936-1939”, en José-Leonardo RUIZ SÁNCHEZ (coord.), La Iglesia en Andalucía durante la guerra civil y el primer franquismo, Sevilla, Secretariado de Publicaciones de la Universidad de Sevilla, 2014, pp. 279-281. 27 Sobre la violencia anticlerical contra edificios, cfr. José Ramón HERNÁNDEZ FIGUEIREDO, Destrucción del patrimonio religioso en la II República (1931-1936), Madrid, BAC, 2009. La bibliografía sobre el fenómeno del anticlericalismo es amplísima. Por citar solo algunos estudios clásicos y nuevas aportaciones: Antonio MONTERO MORENO, Historia de la persecución religiosa en España, 1936-1939, Madrid, BAC, 1961, pp. 1-52; Gonzalo REDONDO, Historia de la Iglesia en España. 1931-1939, vol. II. La Guerra Civil (1936-1939), pp. 25-26; Manuel DELGADO RUIZ, “Anticlericalismo, espacio y poder. La destrucción de los rituales católicos, 1931-1939”, Ayer, 27 (1997), pp. 149-180; Julio DE LA CUEVA MERINO, “El anticlericalismo en la Segunda República y la Guerra Civil”, en Emilio LAPARRA LÓPEZ, Manuel SUÁREZ CORTINA (eds.): El anticlericalismo español contemporáneo, Madrid, Biblioteca Nueva, 1998, pp. 273-285; Jordi ALBERTÍ , La Iglesia en llamas. La persecución religiosa en España durante la guerra civil, Barcelona, Destino, 2008, pp. 237-254; Manuel DELGADO, La ira sagrada. Anticlericalismo, iconoclastia y antirritualismo en la España contemporánea, Barcelona, RBA, 2012; José Luis LEDESMA, “La «primavera trágica» de 1936 y la pendiente hacia la guerra civil”, en Ángel VIÑAS et al. (coords.), Los mitos del 18 de julio, Barcelona, Crítica, 2013, pp. 313-339; Andreu NAVARRA ORDOÑO, El anticlericalismo. ¿Una singularidad de la cultura española?, Madrid, Cátedra, 2013, pp. 279-294; Maria 24 27 autoridades eclesiásticas fomentaron esa “actitud martirial”. Por ejemplo, las referencias a los eclesiásticos asesinados en Asturias en octubre de 1934 asomaron varias veces en los boletines diocesanos y en otras publicaciones católicas; se les llamó mártires, aunque la Iglesia todavía no se había pronunciado28. Algo semejante ocurrió con las referencias a la “Cristiada”: muchos boletines eclesiásticos publicaron cartas de los obispos mexicanos sobre el acoso legislativo y la violencia anticlerical29. El obispo de Madrid-Alcalá mencionó expresamente esta posibilidad: «En la última ordenación sacerdotal que tuvo lugar en la diócesis, pocos días antes del 18 de julio, Eijo advirtió a los seminaristas que antes de un mes algunos de ellos podrían ser mártires. Después de estas palabras les requirió que expresaran de nuevo libremente su decisión de recibir el sacerdocio. Todos respondieron afirmativamente»30. La conexión entre anticlericalismo y martirio se incrustó así en la idiosincrasia de los presbíteros a lo largo de la agitada primavera de 1936. Percibieron (y hablaron abiertamente sobre) el riesgo de su asesinato. El cura de Castilblanco (Badajoz) se expresó de este modo el 21 de febrero de 1936, al secretario de Cámara de Toledo: «No obstante todo lo expuesto no le quepa la menor duda, Sr. Secretario, de que siempre estaré firme en el cumplimiento de mi deber, aunque cayese, como tantos compañeros de Asturias, víctima de un movimiento revolucionario, nada improbable ni el primero en este tristemente célebre pueblo»31. Y Felipe Celestino Parrilla, coadjutor de Cuerva (Toledo), escribió el 13 de marzo de 1936: «somos huéspedes de esta vida, no es la nuestra, qué nos importa las amarguras de ella, si son para purificarnos más»32. Con todo, los prelados pidieron a sus curas calma y oraciones; debían promover «una cruzada de oración y de expiación por medio de penitencias dirigidas a obtener de la divina misericordia la paz espiritual de España y Méjico y el reconocimiento en ambas THOMAS, La fe y la furia. Violencia anticlerical popular e iconoclastia en España, 1931-1936, Granada, Comares, 2014, pp. 132-192. Un análisis comparado en Julio DE LA CUEVA MERINO, “El asalto de los cielos: una perspectiva comparada para la violencia anticlerical española de 1936”, Ayer 88 (2012), pp. 51-74 28 Cfr. “Los Mártires de Oviedo”, en Boletín oficial del Obispado Priorato de las cuatro órdenes militares n. 1 (21-I-1936), pp. 16-18; Hilario YABEN, “El martirio de los sacerdotes asturianos”, en Revista Eclesiástica 50 (X-1935), pp. 492-502. 29 Por ejemplo, “Carta que el episcopado mexicano dirige a los venerables episcopados de los Estados Unidos, Inglaterra, España, Centro y Sudamérica, Antillas y Filipinas”, en Boletín Toledo, n. 5. (1-IV1936) 143-146; y “La persecución religiosa en Méjico. Carta del Episcopado Mejicano”, en Boletín Oficial del Obispado de Madrid-Alcalá, n. 1651 (16-III-1936) 133. 30 Gonzalo REDONDO, Historia de la Iglesia en España. 1931-1939. Vol. I. La Segunda República (19311936) Madrid, Rialp, 1993, p. 514. 31 Miguel Ángel DIONISIO VIVAS, El clero toledano…, p. 173. 32 Miguel Ángel DIONISIO, Isidro Gomá ante la dictadura y la república. Pensamiento político-religioso y acción pastoral, Toledo, Instituto Teológico San Ildefonso, 2011, p. 162. 28 naciones de los derechos imprescindibles de Nuestra Santa Madre la Iglesia»33, escribió el arzobispo de Granada, Agustín Parrado, el 24 de marzo. También les animó a ser ejemplares en la conducta y fuertes ante la adversidad, permaneciendo en el puesto asignado, por difícil que pareciese: «¿Nos hemos acaso olvidado de que la Iglesia luchó durante tres siglos nadando en la sangre de sus mártires para conquistar el derecho a la vida sobre la tierra? Y cuando a nosotros nos vienen las primeras pruebas, ¿vamos a retroceder?»34. En mayo y junio –dedicados a Santa María y al Sagrado Corazón de Jesús, respectivamente–, se pidieron especiales oraciones de reparación y de conversión, pues «nunca, quizá, ni tan universalmente como en nuestros tiempos, se le niega a JesuCristo el amor y el reconocimiento que se le debe, y sobre todo, raras veces en nuestra patria, se le ha agraviado públicamente, como en nuestros días»35. Minimizar los daños en el ámbito legislativo Poco después de las elecciones de 1936, el Ejecutivo frentepopulista solicitó a los diversos organismos estatales que aplicaran las leyes aprobadas en el primer bienio que afectaban a la Iglesia; leyes que, en buena medida, habían sido modificadas o simplemente ignoradas en el bienio radical-cedista36. Esa legislación afectaba de un modo particular a la enseñanza, prohibida a los consagrados por la Ley de Confesiones y Congregaciones religiosas de 1933 37. De hecho, los dos ministros de Instrucción Pública y Bellas Artes entre febrero y julio de 1936 –Marcelino Domingo y Francisco Barnés– dieron pasos para sustituir completamente la enseñanza confesional por la laica. No era fácil, por la amplia red de colegios católicos. Además, reflejaban el deseo que tenían muchas familias de que sus hijos tuvieran una educación religiosa. “Oraciones y penitencia por las necesidades de la Iglesia en España y Méjico”, 24-III-1936, en Boletín Granada, n. 3560 (1-IV-1936) 167; cursivas en el original. 34 “Instrucción a nuestro amadísimo Clero en estas horas de tribulación y de prueba”, 26-III-1936, en Boletín Granada, 3560 (1-IV-1936) 161. 35 Juan DE DIOS PONCE Y POZO, “Circular sobre el mes del Sagrado Corazón de Jesús”, 14-V-1936, en Boletín Orihuela, n. 6 (15-V-1936) 59. Cfr. Manuel GONZÁLEZ, “Para la hora presente. Una cruzada de Rosarios bien rezados y meditados contra el odio. Carta a nuestros amadísimos sacerdotes”, en Boletín Eclesiástico del Obispado de Palencia, n. 9 (4-V-1936) 237-242. 36 Manuel ÁLVAREZ TARDÍO, Anticlericalismo y libertad de conciencia…, pp. 292-310; Octavio RUIZMANJÓN, “La vida política en el segundo bienio republicano”, en Santos JULIÁ (coord.), República y Guerra en España (1931-1939), Madrid, Espasa, 2006, pp. 87-113. 37 Sobre esta ley, cfr. Alfredo VERDOY, “Una República sin religiosos: la Ley de Confesiones y Congregaciones Religiosas”, en Julio DE LA CUEVA y Feliciano MONTERO (eds.), Laicismo y catolicismo. El conflicto político-religioso en la Segunda República, Alcalá, Servicio de Publicaciones, 2009, pp. 351388. 33 29 Pero la decisión de sustituir progresivamente las escuelas católicas por las estatales estaba tomada. El 28 de marzo el Gobierno ordenó a los inspectores de primaria que vigilasen para que «el laicismo de la enseñanza sea efectivo y que las prácticas de la misma respondan al espíritu de nuestro tiempo»38. El 6 de mayo instó a «la sustitución de la enseñanza dada por Congregaciones religiosas»39 en las escuelas de primaria. Y, un día más tarde, el Consejo de Ministros acordó el establecimiento de patronatos provinciales que estudiaran la sustitución en poco tiempo de los docentes religiosos por un personal laico interino40. De este modo, en mayo se cerraron e incautaron numerosos colegios de instituciones religiosas, y también centros privados de seglares católicos41. El cierre de estas escuelas creó una seria crisis educativa42. Ante esta situación, los prelados cambiaron la actitud que habían mantenido antes de las elecciones de 1936. El deje apocalíptico en sus escritos y discursos se abandonó. Intentaron dialogar o, al menos, no enfrentarse públicamente con el Gobierno del Frente Popular. Así, callaron en público ante la sustitución de la enseñanza congregacional por la nacional, y también ante la violencia física que sufrían los sacerdotes en toda España. En cambio, animaron a que se crearan asociaciones de padres y mutuas de profesorado católico que regentasen los colegios de religiosos –como se había hecho en 1933– y trataron de animar a un clero cada vez más amedrentado. La relación oficial de los obispos con el Gobierno también se canalizó de forma en parte distinta respecto de los meses anteriores. Federico Tedeschini, pro-nuncio de la Santa Sede en España, era el interlocutor con el Estado. Como gesto de buena voluntad, medió para que el Vaticano otorgara su placet al embajador Zulueta, rechazado en 1931. Pero, al mismo tiempo, señaló las dificultades de la Iglesia para ejercer su misión evangelizadora, pues envió hasta trece notas de protesta a las autoridades frentepopulistas, lamentando que las autoridades locales no hicieran nada o alentaran las “Orden circular”, 28-III-1936, en Gaceta de Madrid, n. 89 (29-III-1936) 2529. “Órdenes”, 6-V-1936, en Gaceta de Madrid, n. 128 (7-V-1936) 1264. 40 Cfr., por ejemplo, la disolución del patronato benéfico docente de El Escorial, en “Orden”, 7-V-1936, en Gaceta de Madrid 129 (8-V-1936) 1293. 41 Ver, por ejemplo, el caso de los colegios de los patronatos en Madrid, en José Luis GONZÁLEZ GULLÓN, El clero en la Segunda República. Madrid, 1931-1939, Burgos, Monte Carmelo, 2011, pp. 5051. 42 Por ejemplo, en Madrid la clausura de los centros de las congregaciones religiosas tuvo como consecuencia que el 32% de la población infantil quedaba sin escolarizar. Sobre la cuestión educativa, cfr. María del Mar DEL POZO ANDRÉS y Borja HONTAÑÓN GONZÁLEZ, “El laicismo en la escuela pública” y Maitane OSTOLAZA ESNAL, “La ‘guerra escolar’ y la movilización de los católicos en la II República (1931-1936)”, en Julio DE LA CUEVA y Feliciano MONTERO (eds.), Laicismo y catolicismo. El conflicto político-religioso en la Segunda República, Alcalá, Servicio de Publicaciones, 2009, pp. 295-319 y 321350 respectivamente. 38 39 30 agresiones a personas y edificios eclesiásticos43. Y no hablaba por hablar, puesto que sus protestas se basaban en los informes recibidos de los obispos españoles44. Por su parte, algunos obispos españoles –en particular, los cardenales Gomá y Vidal i Barraquer– escribieron a miembros del Gobierno o se vieron con ellos. Muchas veces, las quejas fueron verbales o reservadas. Por ejemplo, cuando varias escuelas de Cambrils –sostenidas económicamente por la familia Vidal i Barraquer– recibieron visitas de inspectores y amenazas de clausura, el cardenal de Tarragona escribió protestando al ministro de la Gobernación, amigo suyo, pues «bien te consta la prudencia con que siempre he actuado y a ella se corresponde con una falta de comprensión contraproducente, y de consideración inexplicable. La paciencia, que ya sabes ha sido grande, forzosamente ha de tener un límite antes tales hechos»45. Ante los católicos españoles, los obispos trataron de serenar los ánimos, planteando la necesidad de salvar lo que pudieran. Había que combatir pacífica y legalmente la legislación anticlerical. De hecho, en los boletines diocesanos se publicaron sentencias judiciales contrarias a la incautación municipal de los cementerios católicos, animando a recuperar la confesionalidad del cementerio allí donde los camposantos hubiesen sido municipalizados46. Privadamente, algunos obispos como el cardenal de Tarragona pensaban que el paso del tiempo resquebrajaría la frágil coalición del Frente Popular. Mientras tanto, había que contentarse con una estoica espera, reforzando el tejido católico. Vidal i Barraquer escribió al Secretario de Estado vaticano que la situación obligaba «a los elementos de 43 Esas notas diplomáticas, y las respuestas del Gobierno, en Vicente CÁRCEL ORTÍ, Pío XI entre la República y Franco, Madrid, BAC, 2008, pp. 614-698. Para las tensas relaciones entre los nuevos gobernantes y la Iglesia ante los episodios de violencia anticlerical, con su desglose por provincias, cfr. Manuel ÁLVAREZ TARDÍO y Roberto VILLA, «El impacto..», pp. 706-762. Por el contrario, José Luis MARTÍN RAMOS, El Frente Popular. Victoria y derrota de la democracia en España, Barcelona, Pasado&Presente, 2015, pp. 169-174, relativiza la naturaleza y minimiza la intensidad global del anticlericalismo que estos autores sostienen, aduciendo unos porcentajes municipales que no muestran el porcentaje poblacional que en realidad protagonizó o sufrió ese anticlericalismo. 44 Un resumen parcial de este material y de sus despachos a la Santa Sede, en Miguel Ángel DIONISIO, Isidro Gomá ante…, pp. 106-118. En marzo y junio, mons. Tedeschini pidió a los obispos españoles que le enviaran «una sucinta relación estadística de todos los desmanes que con carácter antirreligioso se han verificado» (Cartas de Tedeschini a Vidal i Barraquer, Madrid, 19-III-1936 y 1-VI-1936, en Miquel BATLLORI y Víctor Manuel ARBELOA (eds.), Arxiu Vidal i Barraquer: Església i Estat durant la Segona República Espanyola, 1931-1936, Montserrat, Monasterio de Montserrat, 1991, vol. 4, pp. 1302 y 1379). 45 Carta de Vidal i Barraquer a Juan Moles, Tarragona, 26-V-1936, en Miquel BATLLORI y Víctor Manuel ARBELOA (eds.), Arxiu Vidal..., vol. 4, p. 1371. 46 Cfr. Isidro GOMÁ, “Circular sobre expropiación de cementerios parroquiales”, 8-II-1936, en Boletín Toledo, n. 2 (II-1936) 75-77. Varios boletines (Osma, 15-I-1936, pp. 11-14; Palencia, 15-I-1936, pp. 6771; Priorato (Ciudad Real), 21-I-1936, pp. 12-14; Barbastro, 25-II-1936, pp. 30-32; Zaragoza, 1-V-1936, pp. 137-143; Almería, VII-1936 pp. 249-253; etc.) reprodujeron la sentencia de diciembre de 1935, que daba la razón a la parroquia contra el ayuntamiento de Neda (La Coruña). 31 orden a estar vigilantes y comportarse de forma que su actitud no provoque una nueva cohesión de todos los sectores de izquierdas; sabiendo sufrir con paciencia y serenidad, acompañadas de una prudente y digna energía, cabe esperar fundadamente que la Divina Providencia libre a España del dominio comunista»47. Perfil bajo ante la eclesiofobia Desde el 16 de febrero de 1936, gran parte de España sufrió un incremento de la inestabilidad pública, manifestado en un clima de violencia, con particulares resonancias en el ámbito clerical, como se dijo48. En los cinco meses que median entre el 16 de febrero y el 17 de julio, fueron asesinadas 384 personas49. Fue una «violencia fuertemente atomizada y desestructurada, en la que prevaleció la confrontación de carácter individual»50. La agresividad descoordinada, su paradójica simultaneidad en casi todo el territorio nacional y sus formas externas semejantes, muestran la amplitud del problema y la hondura de la quiebra de dos mentalidades irreconciliables, una revolucionaria y otra antirrevolucionaria. Para paliar los desmanes, los sucesivos gobiernos republicanos prorrogaron sistemáticamente el estado de alarma, otorgaron reivindicaciones sociales a las formaciones obreras y emplearon medios policiales contundentes. En cambio, se evitó una política represiva, tal vez para prevenir mayores desórdenes. Pero el esfuerzo fue insuficiente para embridar la violencia. Y, como el paso del tiempo no disminuía el anticlericalismo popular, muchos católicos –laicos y eclesiásticos– consideraron que el Gobierno mantenía una actitud indolente, cuando no claramente contraria a la Iglesia. Vivieron, en este sentido, con sensación de desamparo y con incertidumbre ante el porvenir. Los párrocos y otros clérigos que formaban parte de la estructura pastoral fueron los más afectados por el anticlericalismo agresivo, dado que convivían diariamente con la población. Los obispos, en cambio, carecían de esta cercanía con la sociedad, dedicados a tareas de gobierno que incluían, con todo, las visitas pastorales, los encuentros con 47 Carta de Vidal i Barraquer a Pacelli, Tarragona, 1-VI-1936, en Miquel BATLLORI y Víctor Manuel ARBELOA (eds.), Arxiu Vidal..., vol. 4, p. 1375. 48 Aparte de la bibliografía citada en la nota 22, puede verse –para la microhistoria, en ese caso manchega–, Fernando DEL REY, Paisanos…, pp. 511-520. 49 Cfr. Eduardo GONZÁLEZ CALLEJA, Cifras cruentas. Las víctimas mortales de la violencia sociopolítica en la Segunda República española (1931-1936), Granada, Comares, 2015, p. 276. Estas muertes –casi a partes iguales– las ocasionaron la policía, las organizaciones de derechas y las de izquierdas. 50 Eduardo GONZÁLEZ CALLEJA, Cifras cruentas…, pp. 273-274. La inestabilidad rural tuvo también una importancia decisiva para enconar los ánimos: cfr. Gabriele RENZATO, El gran miedo…, pp. 175-205. 32 sacerdotes, arciprestes y católicos que exponían sus dificultades. Conocían los problemas pero no sufrían agresiones físicas, detenciones, vejaciones o insultos por la calle. Esto se reservaba al clero, en particular a los curas que atendían como párrocos, coadjutores y ecónomos los templos urbanos y rurales. Así, durante el primer semestre de 1936, casi todas las diócesis tuvieron sacerdotes expulsados de sus parroquias, y algunos ingresaron en prisión un corto tiempo por razones políticas o religiosas. Por ejemplo, en Andalucía 106 fueron amenazados o tuvieron que dejar la iglesia de su pueblo y 46 fueron encarcelados51. También hubo comunidades de clausura que sufrieron el incendio o saqueo de los conventos, o que los abandonaron ante las intimidaciones. Recogemos dos ejemplos concretos, procedentes de estudios de carácter local. El primero se refiere a la archidiócesis de Toledo. El 6 de junio, el cardenal Gomá envió un informe a la Santa Sede explicando la inseguridad del clero: «En Carmena se prohibía, tras la expulsión del párroco, a los fieles ir a misa a otro pueblo; en Navahermosa, con el pretexto de que el cura ya no era necesario, se le conminaba a dejar la casa rectoral para convertirla en Casa del Pueblo; en Puebla Don Fadrique, en la provincia de Granada, se destrozó e incendió la iglesia parroquial; en Sonseca, en la de Toledo, se prohibía a los sacerdotes asistir a los entierros»52. El segundo caso se refiere al “bulo de los caramelos envenados”. Durante el 3 y el 4 de mayo corrió por Madrid la noticia falsa de que unas monjas habían envenenado a niños, hijos de obreros. El resultado fue una sublevación popular de violencia incontenible. Dos monjas mercedarias y tres damas catequistas fueron atacadas en la calle, quedando gravemente heridas; además, otras veinte personas sufrieron lesiones de diversa consideración y, en esos días, fueron completamente incendiados cuatro iglesias, cuatro escuelas católicas, dos capillas y un convento53. A estos atentados contra la libertad religiosa se unieron otros episodios menores, como las amenazas de muerte y los insultos callejeros al clero, la prohibición del toque de campanas y de la conducción solemne del Viático, o los registros en las casas de los curas en busca de armas. Tanto los extremistas como quienes callaban ante esos atropellos hicieron beber al clérigo –llamado a ser un guía religioso y social–, el amargo Cfr. Santiago MARTÍNEZ SÁNCHEZ, “Miedo, humo y muerte…”, p. 271. La aproximación más completa para todo el territorio español es el estudio ya citado de ÁLVAREZ TARDÍO y VILLA GARCÍA. 52 Miguel Ángel DIONISIO, Isidro Gomá ante…, p. 115. 53 Cfr. José Luis GONZÁLEZ GULLÓN, “El bulo de los caramelos envenenados (Madrid, 3 y 4 de mayo de 1936)”, en Alfonso BULLÓN DE MENDOZA y Luis E. TOGORES (coords.), La Otra Memoria, San Sebastián de los Reyes, Actas, 2011, pp. 650-660. 51 33 vaso del rechazo o la indiferencia de sus conciudadanos54. Las amenazas que se han conservado revelan una crudeza brutal, como la carta anónima para Celestino Gallego, párroco de Paracuellos del Jarama, de finales de junio del 36: «Camarada cura esta para comunicarte que antes del día 5 de Julio tienes que marcharte de Paracuellos sino por consiguiente nosotros nos encargaremos de ponerte cuatro bombas en tu casa. Te lo advertimos y toma nuestro consejo, sino por el contrario ya sabes lo que te espera. Porque somos fieles a nuestra promesa. Ya lo sabes si quieres bien tu pellejo coge los trastos y nada más»55. A pesar de que el alarmismo creció entre el clero –especialmente desde mayo–, los sacerdotes permanecieron generalmente en sus puestos, movidos por su fe en Dios y por la conciencia del deber. Con todo, quienes se sintieron más amenazados o tuvieron más miedo solicitaron a la curia diocesana cambiar de destino, pues a veces temían por la vida de los familiares que vivían con ellos. Por su parte, los obispos animaron a la calma, una vez y otra, e intentaron alejar cualquier motivo de enfrentamiento; por ejemplo, las diócesis andaluzas suprimieron las procesiones de Semana Santa, que tuvieron lugar dentro de los templos 56. Pero algunos pueblos se quedaron sin culto por falta del cura. En esas ocasiones, el obispado sugirió a los católicos recibir los sacramentos en la población más cercana que tuviese un sacerdote57. Además de las personas, los edificios eclesiásticos fueron objeto de incautación, asalto o vandalismo58. Si nos fijamos de nuevo en Andalucía, 171 iglesias fueron quemadas o atacadas en la etapa frentepupulista59. Esos ataques a los templos se realizaron siguiendo pautas ya empleadas en la “quema de conventos” de 1931: saqueos, quema de imágenes y muebles, desterramiento y exhibición de cadáveres de religiosos. Y, como Miguel Ángel DIONISIO VIVAS, El clero toledano…, p. 161. Oficio, 28-VI-1936, en Expediente personal de Celestino Gallego Sánchez, Archivo Central de Curia de la Archidiócesis de Madrid, XV, A g 1.1, cit. en José Luis GONZÁLEZ GULLÓN, El clero en…, p. 415. Gallego Sánchez fue asesinado un mes más tarde, el 26 de julio de 1936. 56 La violencia de “baja intensidad” es difícilmente mensurable, pero reviste una notable importancia porque incrementó en muchos sacerdotes la sensación de rechazo, alienación social y miedo ante un posible asesinato. 57 Cfr. Antonio ÁLVAREZ, “Circular importante”, en Boletín Oficial Eclesiástico del Obispado de Cartagena, n. 4. (28-III-1936) 144-145. 58 Sobre la violencia anticlerical contra edificios, cfr. José Ramón HERNÁNDEZ FIGUEIREDO, Destrucción... La información más precisa sobre su número y lugar está en los informes del pro-nuncio Tedeschini al Secretario de Estado Pacelli (Archivio Segreto Vaticano, Arch. Nunz. Madrid, 912B, 925, 945 y 967; y Archivio Segreto Vaticano, A.E.S., Spagna, Periodo IV, pos. 881, fasc. 255). La prensa española, sujeta a censura gubernamental, recogió solo una pequeña parte estos ataques. 59 Cfr. Santiago MARTÍNEZ SÁNCHEZ, “Miedo, humo y muerte…”, p. 271. 54 55 34 también sucediera al inicio de la República, varios colegios de religiosos fueron clausurados o incendiados, una vez que desalojados los escolares60. Las tenues respuestas ante las dificultades Al avanzar el primer semestre de 1936, la jerarquía episcopal española mantuvo su único mensaje al clero: mantener una actitud pacífica y pacificadora, seguir donde se le había asignado y dedicarse en exclusiva a las tareas ministeriales, ajeno a toda labor política. La contraseña insistente impartida al clero fue que rezara, como se escribía en el boletín eclesiástico de una Málaga volcánica: «Mientras en la calle hay luchas y disparos, y carteles con los gritos chillones de la policromía pero más con los gritos de odios fratricidas; mientras en la calle se lanzan manifiestos y se plantea para el porvenir, aquí, ante Dios, Señor y Dueño del futuro, el padre y los hijos hemos levantado nuestras manos suplicantes hacia Él para pedirle porque el terrible interrogante del mañana no deje caer sobre nosotros zozobras, intranquilidades y pesadumbres»61. Y, junto con la oración, los sacerdotes fueron invitados a mantener el sosiego: ante la autoridad civil «hay que cargarse de paciencia y tratar a las personas y cosas con una prudente energía no destituida de suavidad y afecto»62, explicaba el cardenal Vidal i Barraquer al pronuncio Tedeschini. En efecto, la vida diocesana mantuvo las mismas formas de atención a los fieles. La predicación de los sacerdotes, la administración de los sacramentos, la celebración de actos litúrgicos y prácticas piadosas, la enseñanza del catecismo a los niños, y las visitas pastorales y misiones de evangelización fueron constantes en las diócesis españolas durante el convulso primer semestre de 1936. Incluso hubo una somera autocrítica: el clero había descuidado el contacto con el pueblo, esperando que los fieles fueran a los templos, en vez de salir a su encuentro. Esta actitud, además de alejar a los sacerdotes del resto de los cristianos, colaboraba indirectamente con la apostasía de las masas, pues mermaba su influencia social frente a las ideologías materialistas. De hecho, los obispos se dolieron con frecuencia porque 60 Un mapa de la violencia político-religiosa a partir de la prensa, en Juan BLÁZQUEZ MIGUEL, España turbulenta. Alteraciones, violencia y sangre durante la II República, Madrid, 2009, pp. 573-7061; y id, “La España cainita. La violencia durante el periodo del Frente Popular (febrero-julio de 1936)”, en Alfonso BULLÓN DE MENDOZA y Luis E. TOGORES (coords.), La república y la Guerra Civil. Setenta años después, San Sebastián de los Reyes, Actas, 2008, pp. 483-540. 61 Cfr. “Crónica diocesana”, en Boletín oficial eclesiástico del obispado de Málaga, n. 2 (II-1936) 116. 62 Carta de Vidal i Barraquer a Tedeschini, Tarragona, 27-III-1936, en Miquel BATLLORI y Víctor Manuel ARBELOA (eds.), Arxiu Vidal..., vol. 4, p. 1313. 35 amplios grupos de la población habían crecido ignorando la doctrina cristiana63. Para recuperarlos proponían a sus sacerdotes visitar a los fieles, casa por casa, «empezando por los hogares más humildes»64. La gran respuesta ante la situación social que se vivía en España, la clave para afrontar la ideología adversa de la cultura moderna, estaba para los obispos (y para el papado) en la Acción Católica, «el instrumento más poderoso que Dios ha puesto en vuestras manos [de los sacerdotes], en los tiempos modernos, para recristianizar la sociedad»65. Impulsada con fuerza por Pío XI, la Acción Católica deseaba estimular la participación y la colaboración de los seglares en el apostolado jerárquico de la Iglesia. Este apostolado estaba creciendo de modo exponencial en toda España, gracias a las tareas que había emprendido la Junta Central que Ángel Herrera dirigía desde 193366. En 1936, los obispos insistieron a los fieles para que se inscribieran en las diversas ramas y organizaciones de la Acción Católica, de modo que «al lado de los sacerdotes se apiñen dóciles falanges compactas de seglares buenos», idea que resumía el pensamiento de una carta de Pío XI al episcopado brasileño sobre la Acción Católica67. Y, como aspecto concreto para las circunstancias del momento, animaron a la «sujeción a la Jerarquía, y a la independencia de toda política o de nacionalismo partidista, por parte de la A. C.»68. Uno de los apostolados de la Acción Católica al que debían contribuir todos los fieles era la Prensa Católica, es decir, las publicaciones confesionales. Reconociendo la influencia enorme en la opinión pública de la prensa periódica, se animaba a colaborar, también económicamente, con la “buena prensa”, defensora «de la fe y de los intereses morales y espirituales, que tan graves quebrantos sufren actualmente»69. De modo particular, convenía fomentar las suscripciones a los diarios católicos, pues la prensa Cfr. Isidro GOMÁ, “Exhortación pastoral acerca de la ‘Obra del magisterio eclesiástico’”, 10-III-1936, en Boletín Toledo, n. 4 (16-III-1936) 119; Adolfo PÉREZ MUÑOZ, “Circular”, 26-II-1936, en Boletín Córdoba, n. 3 (26-II-1936) 98. 64 “Responsabilidad de los sacerdotes españoles”, en Boletín Madrid-Alcalá, n. 1646 (2-I-1936) 46-47. 65 Adolfo PÉREZ MUÑOZ, “Circular”, 26-II-1936, en Boletín Córdoba (II-1936) 104. 66 Cfr. Feliciano MONTERO, El movimiento católico en España, Eudema, Madrid 1993; Feliciano MONTERO (coord.), La Acción Católica en la II República, Universidad de Alcalá, Alcalá de Henares 2008. 67 “Sobre la Acción Católica”, en Boletín Málaga, n. 4 (IV-1936) 204. Cfr. Félix BILBAO Y UGARRIZA, “Apoyémonos sobre la roca. Breve pastoral con motivo del Santo tiempo de Cuaresma”, 25-II-1936, en Boletín Tortosa, n. 3 (15-II-1936) VIII. 68 “Carta del Consiliario General de la A. C. E. A los Rvdos. Consiliarios y a los dirigentes nacionales de las cuatro Ramas de Hombres, Mujeres y Jóvenes de ambos sexos”, en Boletín Madrid-Alcalá, n. 1658 (1-VII-1936) 255. 69 “El día de la Prensa Católica”, en Boletín Priorato, n. 5 (20-VI-1936) 127. 63 36 «no alcanza la influencia debida, no se leen ni penetran en la mayoría de los hogares»70. En este sentido, junto a la propaganda escrita, no se podía olvidar la predicación sistemática del Evangelio en el catecismo de los niños, en las homilías y en la propaganda oral71. Por ejemplo, en el mes de junio, los boletines diocesanos dieron noticia del Congreso Internacional de Librepensadores y de Asociaciones de los “sin Dios”. Como forma concreta de contrarrestar los posibles frutos de esa asamblea, el pro-nuncio en España animó a los obispos que fomentasen las «reuniones y actos de protesta debidamente apoyados por la Acción Católica y la prensa»72. Después de las llamadas a la oración, a la calma y la espera, y a la actividad en la sociedad a través de la Acción Católica, ¿qué más se podía hacer? A finales de mayo, el cardenal Ilundain manifestó a Vidal i Barraquer su gran preocupación, pues la Iglesia se encontraba contra las cuerdas en «la situación religiosa, moral y social presentes. ¿Cómo desembocará la agitación de los socialistas y comunistas? ¿Qué va a suceder si las huelgas envuelven el país por todas partes? Dios se apiade de España»73. Si, como había manifestado repetidamente el Papa Pío XI, el comunismo era el verdadero mal para la Iglesia, ¿sería posible que fuera a implantarse en España, nación católica por antonomasia? El comunismo, como tal, era una fuerza política y social menor en aquella España convulsa. Los obispos no destacaban por un conocimiento certero de este hecho. Más bien, sobresalían por la triste experiencia del miedo causado por un anticlericalismo envalentonado contra los suyos, sus templos y sus propiedades. Entre febrero y la primera mitad de julio del 36 hubo agresiones, intimidaciones y vejaciones a eclesiásticos, así como asaltos, incautaciones y vandalismo contra lugares sagrados… pero en ese tiempo no se franqueó el umbral del asesinato de curas, un freno que saltó por los aires a partir del mismo 18 de julio de 1936. José CARTAÑÁ E INGLÉS, circular “Día de la Prensa Católica”, 22-VI-1936, en Boletín Oficial Eclesiástico del Obispado de Gerona, n. 6 (25-VI-1936) 154. Cfr. “Circular sobre el ‘Día de la Prensa Católica’”, en Boletín Madrid-Alcalá, n. 1656 (1-VI-1936) 212-214. 71 Cfr. Isidro GOMÁ, “Exhortación pastoral acerca de la ‘Obra del magisterio eclesiástico’”, 10-III-1936, en Boletín Toledo, n. 4 (16-III-1936) 120; Cfr. “Interesantísimos acuerdos de la Conferencia de Metropolitanos”, en Boletín Madrid-Alcalá, n. 1655 (16-V-1936) 203-206. 72 Carta de Tedeschini a Vidal i Barraquer, Madrid, 1-VI-1936, en Miquel BATLLORI y Víctor Manuel ARBELOA (eds.), Arxiu Vidal..., vol. 4, p. 1377. 73 Carta de Ilundain a Vidal i Barraquer, Sevilla, 28-VI-1936, en Miquel BATLLORI y Víctor Manuel ARBELOA (eds.), Arxiu Vidal..., vol. 4, p. 1403. 70 37 Quedaban así a la vista la fuerza de dos concepciones ideológicas sobre la naturaleza de España y, para lo que a este trabajo interesa, también el eco débil que tuvieron, en la recta final de aquella maltrecha convivencia, las propuestas pacificadoras de los obispos ante las autoridades civiles. Con todo, aflora una pregunta sobre la actitud del clero ante las instrucciones de su episcopado. ¿Secundaron los sacerdotes las instrucciones de la elite eclesiástica durante ese tiempo? Porque sabemos que, una vez iniciada la guerra civil, al menos durante los momentos iniciales de las represalias contra las izquierdas en la España de Franco, muchos párrocos hicieron caso omiso de las instrucciones de sus obispos, y ayudaron a quienes les habían acosado sólo unas semanas o meses atrás. Aunque no podemos dar una respuesta acabada –apenas hay trabajos sobre este particular y sobre tantos otros aspectos de la conducta del estamento eclesiástico en aquellos meses decisivos–, por los datos recabados podemos afirmar que la mayoría del clero aceptó con resignación los tiempos que vivía, moviéndose entre el miedo y la esperanza de que aquellas circunstancias cambiasen. 38 Izquierda obrera y nación. La formación del Frente Popular español y francés Aurelio Martí Bataller Universitat de València Desde hace ya algunos han sido considerables los esfuerzos de la historiografía española por reevaluar el período del Frente Popular en tiempos anteriores a la Guerra Civil. De acuerdo con José Luis Ledesma, esta tendencia no solo estaría permitiendo discutir muchos lugares comunes, en buena medida heredados de las interpretaciones franquistas, a los que contribuyeron algunas de las primeras miradas historiográficas sobre el período —con una vocación evidentemente distinta—; sino que, en general, ha dado lugar a una valoración de dicha fase del régimen republicano como elemento autónomo y, sobre todo, separado de la posterior contienda civil1. De esta manera, la presente comunicación pretende un ejercicio de reflexión y análisis comparativo sobre el Frente Popular español, con el objetivo de intentar ofrecer una interpretación sobre la naturaleza de dicha agrupación política. En general, la citada renovación en los estudios sobre el Frente Popular español ha dejado incólume la visión de este como un fenómeno distinto del caso francés. En este sentido, la coincidencia temporal, onomástica e, incluso, en el gobierno del Frente Popular en España y Francia generó desde décadas atrás comparaciones en que —como en tantos otros campos— el El autor es miembro del Proyecto de Investigación HAR2014-57392-P, financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad y a través de los fondos FEDER. 1 José Luis LEDESMA: “De prólogo a espacio de debate: la etapa del Frente Popular y la historiografía”, en Manuel BALLARÍN y José Luis LEDESMA (eds.): La República del Frente Popular. Reformas, conflictos y conspiraciones, Zaragoza, Fundación Rey del Corral de Investigaciones Marxistas, 2010, pp. 165-203; e ÍD: “El núcleo duro de los años treinta: la historiografía reciente sobre el periodo del Frente Popular”, Bulletin d’Histoire Contemporaine de l’Espagne, 48 (2013), pp. 123-143. 39 Universidad de Castilla~La Mancha Departamento de Historia. Área de Historia Contemporánea Edificio Benjamín Palencia | Campus Universitario s/n | 02071 Albacete Email: [email protected] | www.ahistcon.org | caso español se consideraba diferente. Así pues, centrándose en los sectores obreristas, a continuación se tratará de defender que, en esencia, uno y otro respondieron a una dinámica de coalición política en que la narrativa nacional fue un punto clave. Los Frentes en la historiografía española Así pues, sobre la formación y naturaleza del Frente Popular español, la mayoría de argumentos fueron servidos por Santos Juliá ya a finales de la década del 1970. Este historiador señaló que la fórmula del Frente Popular llegó en España como resultado tanto del fracaso de la unidad de acción entre comunistas y socialistas a lo largo del verano de 1934, como del entendimiento del republicanismo de izquierdas y el socialismo prietista del año posterior2. Esta dinámica se contrapondría al caso francés en que la alianza frentepopulista resultaría de la unidad de acción previa forjada por comunistas y socialistas desde el mismo año de 1934. En dicho proceso, por lo tanto, fue clave la división del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) que siguió a la fallida Revolución de Octubre de 1934 —elemento inexistente en el caso francés que añadiría tensión en el caso español. A partir de aquellos hechos Indalecio Prieto y sus seguidores se convencerían de la conveniencia de reeditar una coalición con los republicanos y rehuir, así, las estrategias revolucionarias enarboladas por la facción caballerista. De este modo, las propuestas de coalición impulsadas por el republicanismo progresista serían bien recibidas por el prietismo. No obstante, esto no suponía que los seguidores de Prieto se cerraran a la posibilidad de abrir el hipotético acuerdo a otras fuerzas de la izquierda obrera; ahora bien, se entendía necesario recuperar la senda reformista del primer bienio republicano mediante un gobierno con el apoyo parlamentario e incluso, si la situación lo requería, la participación directa del socialismo. En cambio, el caballerismo recelaba de una repetición del pacto con los republicanos que pudiese conducir al socialismo a una nueva participación en el poder en el seno de un gobierno compartido. En consecuencia, los socialistas caballeristas no aceptarían la posibilidad de aliarse con los republicanos hasta finales de 1935, toda vez 2 Santos JULIÁ: Orígenes del Frente Popular en España (1934-1936), Madrid, Siglo XXI Editores, 1979; e ÍD: “The origins and nature of the Spanish Popular Front”, en Martin S. ALEXANDER y Helen GRAHAM (eds.): The French and Spanish Popular Fronts. Comparative Perspectives, Cambridge, Cambridge University Press, 1989, pp. 24-37, en este capítulo el autor subrayaba la importancia de la mayor fuerza sindical respecto a los partidos obreros como factor que complicó la realización de un Frente Popular al estilo francés. 40 que Manuel Azaña demostró un gran poder de convocatoria en el mitin de Comillas de octubre. Empero, aquel hipotético pacto debería contar, desde su punto de vista, con la participación de la Unión General de Trabajadores y otras fuerzas políticas y sindicales obreras, principalmente el comunismo3. El Partido Comunista de España (PCE), por su parte, a finales de 1935 representaba una fuerza minoritaria y sin presencia parlamentaria, motivo por el cual no pudo convertirse en un interlocutor de relevancia —a pesar de tratar de incentivar una unidad antifascista, incluso con fuerzas no estrictamente obreras, desde tiempo atrás 4. También sería aquí diferente el caso francés, pues el Parti Communiste Française (PCF) contaba con cerca de un millón de votantes en las elecciones de 1932 y fue capaz de erigirse en un agente clave en la propuesta de ampliación del pacto hacia el radicalismo republicano. Por consiguiente, la apuesta del PCE —calcada a la del comunismo francés— de forjar una alianza frentepopulista y antifascista para orientar la política de un futuro gobierno republicano, con el apoyo de las fuerzas obreras, no acabaría de tener eco entre socialistas y republicanos, quienes llevaron el peso del proceso de coalición5. A partir de la descomposición del lerrouxismo a causa de los escándalos Strauss y Nombela, en diciembre de 1935, el PSOE dio luz verde a la alianza con los republicanos, en la misma reunión del Comité Nacional en que Largo y sus seguidores abandonaron la ejecutiva del partido. Desde entonces se aceleraron las gestiones para aprobar un programa electoral común, cerrado definitivamente en enero de 1936. En aquel contexto, la presión del caballerismo condujo a la incorporación del PCE y, a excepción de la CNT, del resto de fuerzas obreras; no obstante, Azaña y Prieto no aceptaron su presencia en las negociaciones, de forma que se limitaron a firmar la propuesta elaborada por republicanos y socialistas. De nuevo, esto diferenciaría el caso francés del español, ya que en el primero el peso del proceso recayó principalmente en las fuerzas obreras. 3 Los vaivenes del caballerismo respecto al Frente Popular se pueden seguir también en Santos JULIÁ: La izquierda del PSOE (1935-1936), Madrid, Siglo XXI, 1977. 4 Una de las iniciativas se articuló en torno a Socorro Rojo Internacional, sobre la cual se puede ver Laura BRANCIFORTE: “El Socorro Rojo Internacional: agente político de la dinámica unitaria del Frente Popular (1933-1936)”, en Eduardo GONZÁLEZ CALLEJA y Rocío NAVARRO COMAS (eds.): La España del Frente Popular. Política, sociedad, cultura y conflicto en la España de 1936, Getafe, Universidad Carlos III, 2011. 5 Además de otros ya citados, véase Fernando HERNÁNDEZ SÁNCHEZ: Guerra o Revolución. El partido Comunista de España en la guerra civil, Barcelona, Crítica, 2010, pp. 66-68. 41 El resultado de todo ello fue la conformación de una coalición electoral, pero no de un pacto de gobierno compartido —como sería el caso en Francia. Cuando las fuerzas del Frente Popular ganaron las elecciones de febrero del 1936, el nuevo gobierno estuvo estrictamente compuesto por republicanos, mientras el resto de fuerzas obreras deberían apoyarlo desde el Parlamento. Las luchas internas socialistas, de hecho, habrían imposibilitado la participación del PSOE en el nuevo ejecutivo. Esta visión, que subraya las diferencias entre la experiencia frentepopulista española y francesa ha sido confirmada en posteriores trabajos por investigadores como Francisco Sánchez Pérez6. Ciertamente, el recorrido de conformación y el resultado final del Frente Popular en Francia sería distinto en tanto que la unidad obrera articulada alrededor de la Section Française de l’Internationale Ouvrière (SFIO) y del PCF, puesta en marcha ya en parte en las elecciones de 1935, condujo a un compromiso de gobierno a tres bandas, con la extensión del pacto a los republicanos radicales de Édouard Daladier. Tras las elecciones de mayo de 1936, los socialistas de Léon Blum encabezaron un gobierno de Frente Popular que pretendió frenar la acción de la derecha francesa, defender la democracia republicana e impulsar políticas sociales favorables a los trabajadores. Dicho gobierno, el primero en tiempos de paz en que el socialismo francés tomó parte sin que ello supusiera la salida del movimiento por la puerta trasera —como fue el caso de Alexandre Millerand décadas atrás—, contó con la participación del radicalismo francés y con el apoyo de los comunistas —que contrariamente a lo pactado terminaron por no integrarse directamente. Por lo tanto, existieron diferencias en las tendencias de confluencia, en el peso de los diferentes actores y en el resultado final en cada país. No obstante, recientes aproximaciones a la cuestión han matizado dichos contrastes. En este caso, Antonio Robles ha situado ambos Frentes en un mismo plano como coaliciones de socialistas y demócratas radicales frente a las fuerzas de la derecha, todo ello en una dinámica fundamentalmente interna que se relacionaría con las alianzas previas del Bloc des Francisco SÁNCHEZ PÉREZ: “Las protestas del trabajo en la primavera de 1936”, Mélanges de la Casa de Velázquez, 41-1 (2011), pp. 77-101; e ÍD: “La primavera de 1936: algunas observaciones sobre Francia y España”, en Manuel BALLARÍN y José Luis LEDESMA (eds.): La República del…, pp. 97120. 6 42 gauches, Cartel des Gauches y las diferentes conjunciones republicanas y socialistas españolas del primer tercio del siglo XX7. Asimismo, más interesante para lo que aquí se trata resulta la visión de Rafael Cruz. Este historiador ha defendido que candidatos, argumentos y resultados no fueron tan diferentes. De acuerdo con Cruz, en ambos Frentes radicales, socialistas y comunistas emplearon una dialéctica del pueblo que marginaría otras identidades como la de clase. El pueblo se trocó en voluntad y expresión de la nación frente a otro, un enemigo, etiquetado de fascista y extranjerizante8. Efectivamente, en este sentido sí sería posible equiparar ambas experiencias, ya que en el compromiso adquirido por los integrantes de los respectivos Frentes latía la defensa de una idea de nación frente a la amenaza fascista y que, en cierta manera, posibilitó un punto de encuentro común alrededor del Frente Popular. Muy probablemente —especialmente para en el caso de ambos socialismos—, a ese pacto cada fuerza política pudo acudir sin renunciar a sus particulares proyectos políticos y construcción ideológicas. Es decir, más allá del acuerdo en defender una idea de nación, las distintas formaciones políticas mantuvieron sus premisas ideológicas. Una cosa similar habría sucedido cuando se formó el gobierno de Union Sacrée durante la Primera Guerra Mundial. Aunque no se trata de realizar una comparación forzada, lo acaecido a partir de 1914 indicaría que desde diferentes culturas políticas sería posible la unión bajo la cobertura de la narrativa nacional9. La narrativa de la nación en la articulación del Frente Popular Así pues, seguidamente se realiza una aproximación a la importancia del lenguaje nacional como elemento que habilitó la concentración frentepopulista, tanto en España como en Francia, con la atención centrada en las fuerzas obreras socialista y comunista. A tal efecto, se trata de una propuesta factible a juzgar por los avances que en dicha dirección ha proporcionado la historiografía para el caso francés. Antonio ROBLES EGEA: “Las coaliciones de izquierdas en España y Francia (1899-1939)”, Cahiers de civilisation espagnole contemporaine, 2 (2015), http://ccec.revues.org/5404. 8 Rafael CRUZ: En el nombre del pueblo. República, rebelión y guerra en la España de 1936, Madrid, Siglo XXI, 2006, pp. 101-106. 9 Jean-Jacques BECKER: “Unions sacrées et sentiment des responsabilités”, en Stéphane AUDOINROUZEAU y Jean-Jacques BECKER (dirs.): Encyclopédie de la Grande Guerre, 1914-1918: histoire et culture, Montrouge, Bayard, 2014, pp. 195-206. Ya pusieron de manifiesto la particular visión del movimiento obrero dentro de la Union Sacrée Annie KRIEGEL y Jean-Jacques BECKER: 1914. La guerre et le mouvement ouvrier français, Paris, Armand Colin, 1964. 7 43 En efecto, en líneas generales, se ha puesto de manifiesto la conexión existente, especialmente desde el período 1934-1935, entre el antifascismo y una narrativa y simbología nacional francesa que unía la clase obrera a la idea de República, nación y Pueblo, entendido como ente soberano10. Aunque existieron divergencias en la trayectoria recorrida por socialismo y comunismo en cuanto al giro nacional, en ambos casos se trató de una dinámica central y anterior al pacto del Frente Popular. En este sentido, respecto a la SFIO, el punto de arranque para la convergencia con el PCF, núcleo forjador del Frente Popular, se puede situar en las movilizaciones obreras de febrero de 1934 —en respuesta a las inmediatamente anteriores de las ligas derechistas, en las cuales también participaron algunos sectores comunistas. En aquella ocasión, la Confédération Générale du Travail socialista, dirigida por Léon Jouhaux ubicó el objetivo de las manifestaciones programadas en el campo de la defensa de la nación francesa, en tanto se llamó a combatir por las libertades conseguidas por nuestros abuelos y emplazaba al “ralliement por tous ceux qui veulent que le droit triomphe de la force, que la Déclaration des droits de l’homme de 1789 reste la charte des hommes libres”11. Asimismo, en aquel contexto, el día 6 de febrero, Léon Blum ofreció el apoyo de la SFIO al presidente Daladier con la célebre proclama de Ne passera pas!, contra la reacción y el fascismo12. Dicho grito —posteriormente adoptado por el PCE en la defensa de Madrid durante la Guerra Civil— contenía una lectura nacional ya que formaba parte de la iconografía patriótica anterior a 1914 y, durante la Primera Guerra Mundial, fue retomada por los defensores de Verdum contra los ejércitos alemanes. Por consiguiente, ya antes de la extensión del pacto a las fuerzas republicanas radicales propuesta por el PCF, los socialistas privilegiaban la lucha contra la derecha en términos patrióticos. Posteriormente, cuando la propuesta de extensión del pacto obrero antifascista al republicanismo ya había surgido desde el comunismo, en los prolegómenos de la celebración del 14 de julio de 1935 —fecha clave en la conformación simbólica del Frente— Blum afirmó que De gran relevancia al respecto ha sido la obra de Gilles VERGNON: L’antifascisme en France, de Mussolini à Le Pen, Bonchamp-Lès-Laval, Presses Universitaires de Rennes, 2009. 11 La primera expresión es de 9 de febrero, mientras que el segundo fragmento data de 11 del mismo mes. Citado en Antoine PROST: Autour du Front populaire. Aspects du mouvement social au XXe siècle, Paris, Seuil, 2006, p. 65. 12 Un fragmento del discurso de Blum traducido al castellano se puede leer en Jean LACOUTURE: Léon Blum, Valencia, Ed. Alfons el Magnànim, 1986, pp. 205-207. 10 44 “Le drapeau tricolore, celui de Valmy, flottera aux côtés du drapeau rouge (…); la Marseillaise, celle du 10 août sonnera en même temps que l’Internationale (…); les deux grands cris historiques: Vive la nation! et Vive la révolution!”13. De esta forma, Blum unía la simbología nacional francesa a la propia del movimiento obrero marxista y equiparaba la lucha por la nación a la revolución obrera. El líder socialista entroncaba la idea de Frente Popular del momento a la lucha por Francia, a través de la apelación a los referentes históricos y simbólicos nacionales provenientes de la tradición del nacionalismo francés liberal más revolucionario. Esta construcción no era nueva para el marxismo francés, que ya habría dado pruebas en décadas anteriores de su asunción del marco político y cultural nacional francés; de hecho, varios autores apuntan que detrás del compromiso obrerista del Frente Popular con la III República existían fuertes resonancias jauresianas 14. En efecto, en el compromiso internacionalista y pacifista de Jean Jaurès no pretendía acabar con las naciones, sino que —y especialmente en el caso de Francia— perseguía “dans un large esprit prolétarien, de mettre très haut l’indépendance et l’originalité de toutes les nations, et de mettre en belle lumière la valeur propre de la France”15. Para el dirigente socialista, en su conocida fórmula, era necesario “un peu d’internationalisme éloigne de la patrie, beaucoup d’internationalisme y ramène. Un peu de patriotisme éloigne de l’Internationale, beaucoup de patriotisme y ramène”16. En consecuencia, Jaurès ligaba sin contradicción el futuro de la humanidad socialista internacional a la conservación de la autonomía de las naciones, las cuales eran entendidas como genios originales y puntos de acción para el proletariado. Ahora bien, la aceptación del marco nacional, así como la identificación del socialismo como opción política congruente con la tradición nacional francesa no fueron una elaboración original de Jaurès. Al contrario, el POF de Jules Guesde ya venía afirmando su voluntad de restablecer el proletariado a la nación e identificándose como el único partido patriota y nacional17. Igualmente, la construcción interCitado en Gilles VERGNON: L’antifascime en France…, p. 76. Gilles VERGNON: L’antifascime en France…, pp. 78-79; Jean VIGREUX: Le Front Populaire. 19341938, Paris, Presses Universitaires de France, 2011. 15 Citado en Ulrike BRUMMERT: L’universel et le particulier dans la pensée de Jean Jaurès: fondements théoriques et analyse politique du fait occitan, Tübingen, Gunter Narr Verlag, 1990, p. 290. 16 Citado en Gilles CANDAR y Vincent DUCLERT: Jean Jaurès, Paris, Fayard, 2014, p. 434. 17 Robert STUART: Marxism and national identity. Socialism, nationalism and National Socialism during the French fin de siècle, Albany, State University of New York Press, 2006. Una visión alternativa en Brian JENKINS: Nationalism in France. Class and Nation since 1789, London, Routledge, 1990. 13 14 45 nacionalista proletaria, que aceptaba la idea de nación y la legitimidad de la defensa nacional, era una realidad dominante en el conjunto del socialismo de la Segunda Internacional18. En el caso del comunismo, en cambio, el PCF transitó desde la visión de la lucha de clase contra clase, de denuncia del carácter fascista de la democracia republicana, así como de ataque al patriotismo francés, hasta la defensa de la nación francesa y la autorepresentación como movimiento continuador de la auténtica herencia de Francia. Si bien dicho cambio no fue súbito, lo cierto es que se trató de un componente clave, y no una consecuencia, de la formación del Frente Popular19. Así, Maurice Thorez, a finales del año 1934, lanzó la idea de una amplia unidad antifascista entre la clase obrera y la burguesía republicana, bajo la consideración del comunismo francés como seguidor de la herencia cultural y jacobina revolucionaria francesa. El líder comunista llamó al “combat sans merci contre l’ennemi dans notre propre pays (…) les capitalistes ne son pas attachés à leur pays, mais à leurs privilèges”20. Tras un descenso en este tipo de manifestaciones en los inicios del año 1935, en la primavera de dicho año los comunistas se lanzaron a la reconciliación de clase y nación, y más todavía con la aquiescencia oficial de la Komintern desde el mes de agosto21. Así, el PCF inició la conversión nacional del partido mediante la apropiación de la mitología del nacionalismo francés, todo ello insistiendo en el elemento revolucionario jacobino. El comunismo se proclamó orgulloso heredero directo de los revolucionarios franceses del siglo XVIII, defendió los filósofos franceses de la Ilustración y enalteció la cultura y el folklore franceses22. Aquel redescubrimiento del discurso nacional republicano francés permitió a Thorez proclamar, por ejemplo, el 17 de junio de 1936 que “aux accents mêlés de «La Marseillaise» et de «L’Internationale», sous les plis réconciliés de drapeau tricolore et du drapeau rouge, Kevin CALLAHAN: “«Performing Inter-Nationalism» in Stuttgart in 1907: French and German Socialist Nationalism and the Political Culture of an International Socialist Congress”, International Review of Social History, 45 (2000), pp. 51-87. 19 Frédéric MONIER: “Le Front populaire”, en Jean-Jacques BECKER y Gilles CANDAR (dirs.): Histoire des gauches en France. Volume II. XXe siècle: a l’épreuve de l’histoire, Paris, La Découverte, 2004-2005, pp. 238-254. 20 Discurso pronunciado en el Parlamento francés en noviembre de 1934, citado en Serge WOLIKOW: “Le PCF et la nation au temps du Front Populaire”, en Serge WOLIKOW y Annie BLETON-RUGET (dirs.): Antifascisme et nation. Les gauches européennes au temps du Front populaire, Dijon, Editions Universitaires de Dijon, 1998, pp. 129-140, concretamente p. 132. 21 Yves SANTAMARIA: “«Noblesse oblige»: PCF, defense nationale et lutte pour la paix (1935-1936)”, en Serge WOLIKOW y Annie BLETON-RUGET (dirs.): Antifascisme et nation…, pp. 75-85, subraya la importancia de las directrices enviadas desde Moscú en aquel proceso. 22 Marc LAZAR: Le communisme une passion française, Paris, Perrin, 2005. 18 46 nous ferons une France libre, forte et heureuse”23; y, diez días más tarde sostener que “nous sommes, nous communistes de France, les héritiers authentiques des jacobins de 1792”24. Por lo tanto, con un discurso político y cultural de nación, el PCF completó una total identificación entre clase obrera comunista y nación francesa. En resumen, la propuesta de formación del Frente Popular en Francia tomó cuerpo alrededor de una retórica patriótica que asumió el rol central de las formaciones obreras en la defensa de la nación francesa, como continuadores de la tradición revolucionaria liberal jacobina frente a la amenaza fascista que intentaría subyugar Francia. El antifascismo que aglutinó a socialistas, comunistas y radicales se impregnó de discursos nacionalistas con la unión de la clase obrera, del pueblo francés, en defensa de la nación en peligro, por lo que la lucha antifascista se insería en las visiones de la República amenazada por el eterno blanco, por la contrarevolución, como a finales del siglo XVIII o durante el afer Dreyfus25. A pesar de que existieron divergencias en la concepción de las implicaciones del antifascismo, especialmente en relación con su vertiente pacifista, la profesión de fe nacional fue totalmente compartida26. Si esta fue la dinámica del Frente Popular francés, desde este punto de vista no sería demasiado diferente del caso español, en que también existió una unidad bajo el paraguas del Frente Popular sustentada en buena medida por la premisa de la defensa de una determinada concepción de España. Para sostener tal afirmación, seguidamente se observa la campaña socialista y comunista para las elecciones de 1936. A propósito del primero, a pesar de las tensiones internas que el Partido Socialista manifestaba abiertamente desde el año anterior, la campaña electoral puso de relieve la creencia compartida en, y defensa común de, la nación española. Las facciones prietista y caballerista27 coincidieron en hacer de la campaña electoral una competición con la derecha, más intensa si cabe que en campañas anteriores, por ver quién era el auténtico representante de España —competición que Citado en Michel VOVELLE: “La Marseillaise. La guerre ou la paix”, en Pierre NORA (dir.): Les lieux de mémoire, Vol. 1, Paris, Gallimard, 1997, pp. 107-152, concretamente p. 147. 24 Citado en Serge WOLIKOW: “Le PCF et...”, pp. 134-135. 25 Gilles VERGNON: L’antifascisme en France..., p. 208. 26 Las diferentes formas de relacionar pacifismo y antifascismo entre socialistas, radicales y comunistas en Serge WOLIKOW: “Les gauches, l’antifascisme et le pacifisme pendant les annés 1930”, en JeanJacques BECKER y Gilles CANDAR (dirs.): Histoire des gauches…, pp. 357-374. 27 En esos momentos los besteiristas restaban ya un grupo marginado de escasa relevancia. 23 47 acabó por afectarles a ellos28. Por consiguiente, las elecciones de 1936 se convirtieron en un combate por España y la españolidad29. En este sentido, El Socialista, canal de expresión de la ejecutiva prietista del PSOE, aunque ya venía haciendo propaganda con anterioridad, el 16 de enero anunciaba la aprobación del pacto del bloque popular y, con este, reclamaba el voto a favor de los partidos populares30. Evidentemente, la coincidencia onomástica ayudaba, pero también resultó intencionada. Los partidos coaligados se disponían a trabajar en beneficio del pueblo de España. Asimismo, se pedía responsabilidad y unidad entre las filas socialistas para garantizar la libertad de los reprimidos tras octubre del 1934 y un mínimo bienestar a los trabajadores dentro de la República democrática. Con la dignidad de españoles ofendida por la inmoralidad y vileza del bienio radicalcedista, El Socialista afirmaba que, con el voto, el pueblo frenaría a las derechas, que España había alzado la bandera de la vida31. Por consiguiente, el planteamiento inicial del prietismo consistía en hablar en nombre del pueblo, elemento identificado con la nación32. Esta invocación de la patria se hizo pues central cuando El Socialista juzgó el programa de la CEDA. Después de denunciar la represión y corrupción dominantes en la administración anterior, el rotativo discutía que la derecha hiciese uso de la apelación patriótica. Desde su punto de vista, la patria, definida explícitamente con Maurice Barrès como la tierra y los muertos, correspondía a todos; pero, más intensamente a jornaleros y mineros que trabajaban y dejaban su salud en la tierra. En consecuencia, se afirmaba contundentemente: “hora es ya de arrebatarles a las derechas los mitos que monopolizan. Ni son España ni son el orden”. Después de haber regado la piel de toro con sangre y resentimiento, de haber arruinado la agricultura y el comercio exterior, de llenar las prisiones de trabajadores, de imponer jornales de hambre; después de todo eso Aurelio MARTÍ: “España somos nosotros. Socialismo y democracia republicana: las elecciones de 1936”, en Ana AGUADO y Luz SANFELIU (eds.): Caminos de democracia. Ciudadanías y culturas democráticas en el siglo XX, Granada, Comares, 2014, pp. 45-61. 29 La apelación al referente nacional español por parte del conjunto de la izquierda, y no solo entre la derecha, ha sido indicada ya para dichas elecciones por algunos investigadores. Véase, Fernando DEL REY: Paisanos en lucha. Exclusión política y violencia en la Segunda República española, Madrid, Biblioteca Nueva, 2008, pp. 482-483. 30 La utilización concreta de la expresión de Frente Popular no se impuso, ni en España ni en Francia, hasta después del período electoral, como señala François GODICHEAU: “L’existence et le nom du Front populaire comme enjeux d’interprétation et d’appropriation (1936-1938)”, Mélanges de la Casa de Velázquez, 41 (2011), pp. 17-35. Sobre el anuncio del pacto y la llamada al voto El Socialista, “Apremiante convocatoria al trabajo”, 16/I/1936. 31 S.a.: “La ficticia legalidad que nos brinda el Gobierno”, El Socialista, 24 de enero de 1936. 32 Rafael CRUZ: En nombre del..., p. 88. 28 48 “Que no se llamen valedores de la patria. Dejen el nombre de España quieto. En sus carteles electorales la maternal invocación posee resonancias alevosas. No de malos hijos, sino de malsines, que prostituyeron a la madre, queriendo hacer de la República española, ilusionada de trabajo y civilidad, una torva dictadura de sacristanes medradores y de políticos rapaces. Dejad a España, noble imagen doliente, que no cabe en el área de un pasquín electoral de la Ceda”33. De esta manera, la madre España, aquella república civil y trabajadora, era una invocación que no merecía aparecer asociada a la derecha. Esto, de rebote, dejaba la única legitimación del patriotismo en manos de las fuerzas del Frente Popular. El desterramiento del adversario de la comunidad nacional señalado por Cruz en aquella campaña electoral se hacía así presente34. Si aquella era la línea de propaganda propuesta des de la prensa, Fernando de los Ríos, una de las principales figuras del prietismo, la llevó a la práctica. En un mitin en el teatro Cervantes de Granada, el socialista denunció la desatención de las amarguras del pueblo por el anterior gobierno y la preparación por las derechas de la supresión del régimen constitucional. Además de dichas invocaciones populares y del peligro fascista, De los Ríos negó la falta de españolidad de los integrantes del Frente Popular de la siguiente manera, “Nos llaman anti-España; pero pobre España si la historia fuera lo que simbolizan las derechas: persecución hambre, negación del sentido de justicia, falta de sensibilidad para tener fe y humanidad y para comprender el noble ideal que nosotros representamos. España es lo que nosotros representamos. España es lo que nosotros pensamos; el que os habla ha predicado desde la Universidad de Londres a la de Nueva York, desde la de París a la de Méjico, y esto es un valor cultural español. Ante ellos siento enfervorizada mi alma. Yo, Fernando de los Ríos, porque nosotros somos españoles hasta las cachas y queremos una España justa, grande, respetuosa”35. Todas las citas en s.a.: “Dejad a España quieta”, El Socialista, 21 de enero de 1936. Rafael CRUZ: En el nombre…, pp. 88-89. 35 S.a.: “Un interesante discurso de Fernando de los Ríos”, El Socialista, 28 de enero de 1936. 33 34 49 Los referentes de justicia y humanidad, muy del gusto de este intelectual, no dejaban lugar a dudas sobre su adhesión a la auténtica nación española. La España representada en el Frente, la que ellos imaginaban, era la verdadera España. Argumentos muy similares repitió De los Ríos en distintos actos por Andalucía, de los que cabe destacar su intervención en Málaga, donde comentó que “Nosotros queremos una España como pueblo y no como masa inútil. Amamos a la España del labrador, del profesor, del hombre de laboratorio y amamos la España que enriquece. También queremos una España justa y no persecutoria; una España culta, no analfabeta, y no una España harapienta, sino rica”36. La oposición entre España, representada por el Frente Popular, y sus enemigos fue, así, servida día a día. El 16 de febrero se pondrían frente a frente, “de una parte, Lerroux-Gil Robles… y Portela (…). De otra parte, España, la nuestra, la doliente y creadora”37. La misma línea fue seguida por el caballerismo. Desde Claridad, el 25 de enero, y tras afirmar que era necesario evitar que la propaganda electoral quedara al arbitrio de la autonomía local y la inspiración militante —ya que el individualismo racial español se traduciría en desorganización e incapacidad—, se lanzaban tres sencillos eslóganes: DICEN QUE ELLOS SON ESPAÑA y llevaron moros a Asturias a «razziar» los hogares de honrados españoles”; “ESPAÑA SOMOS NOSOTROS. ¡LOS TRABAJADORES!”; “¡Español! ¡Vota por el Frente de izquierdas! ¡Es votar por España!”38. Para este rotativo, la derecha había situado la campaña electoral en el terreno de la patria, motivo por el cual era necesario demostrar que ella representaría la carcoma de la nación. Al margen de la cuestión asturiana —que merecería capítulo aparte—, aquellos mensajes suponían una apropiación directa de la nación española por parte del caballerismo. España eran los trabajadores, de manera que el voto por el frente de izquierdas significaba votar por España. Sin renunciar a la apelación obrera era completamente posible la reivindicación nacional española. S.a.: “Los compañeros Fernando de los Ríos y Álvarez del Vayo pronuncian briosos discursos”, El Socialista, 12 de febrero de 1936. 37 S.a.: “Lerroux, Gil Robles, Portela... y España”, El Socialista, 11 de febrero de 1936. 38 Claridad. Semanario socialista de crítica e información, 25 de enero de 1936. 36 50 En este sentido, en el último mitin realizado en Madrid por el Frente Popular, Largo observó que su triunfo escribiría una importante página de la historia de España. El líder socialista, para cerrar su intervención, comentó sobre la apelación de las derechas a votar por España el 16 de febrero que “¿A qué España quieren que se vote? ¿A la suya, feudal, o a la España que representa el Frente popular, la España progresiva, que trabaja? ¡A ésta es a la que hay que votar, y no a la España regresiva! ¡Que voten por la España democrática, por la que quiere ensalzar a España, y no a la España negra que representan ellos! (...) Por consiguiente, trabajadores, que el lunes por la mañana podamos decir al mundo entero: España se ha reivindicado; España se ha salvado, y se pone en marcha para realizar su obra, que será efectuada por el Frente popular (...)”39. En consecuencia, Largo, y con él la izquierda socialista, mantenía un discurso que —bien fuera dirigido preferentemente a los obreros, aunque con un toque moderado por situar en un futuro indeterminado el momento del proletariado40; bien intentara destacar la libertad de acción de la clase obrera dentro de la alianza antifascista del Frente Popular41— asociaba la victoria de las izquierdas a la salvación de España. La alternativa planteada en las elecciones era una España retardataria, anclada en el feudalismo y la reacción. Así pues, el conflicto sociopolítico en la retórica del caballerismo no abandonaba el campo de la narrativa nacional; dos ideas de España pugnaban en las elecciones y el socialismo se situaba del lado del progreso, el futuro y el trabajo, pero también de la auténtica nación. Largo subrayó en distintos momentos las diferencias entre el socialismo y sus aliados y advirtió con frecuencia la inevitable actuación revolucionaria de la clase obrera en el futuro. Sin embargo, aquellas manifestaciones solían conjugarse con la S.a.: “En la víspera de nuestra victoria, José Díaz, Martínez Barrio, Largo Caballero y Azaña ratifican su lealtad al programa de las izquierdas”, El Socialista, 16 de febrero de 1936. 40 Javier TUSSELL: Las elecciones del Frente Popular en España, Madrid, Cuadernos para el Diálogo, 1971, pp. 197-200. La moderación socialista, y también comunista, en la campaña fue un elemento destacado, asimismo, por Mariano GARCÍA ANDREU: Alicante en las elecciones republicanas. 19311936, Alicante, Universidad de Alicante, 1985, p. 192. En cambio, Juan MARTÍNEZ LEAL: “Las elecciones del Frente Popular en la provincia de Alicante”, Pasado y Memoria. Revista de Historia Contemporánea, 11 (2012), pp. 205-238, destaca el obrerismo de Largo Caballero y la condición excluyente de los discursos de la campaña electoral. 41 Santos JULIÁ: Los orígenes del..., pp. 154-157. 39 51 afirmación del patriotismo obrero y socialista, y la falsedad del de sus rivales, porque “el verdadero patriotismo está en desarrollar la Constitución y la gobernación en provecho de todos y no de unos cuantos”, lo que permitía justificar la nacionalización de la tierra no por el placer de expropiar, sino “por el bien nacional y de la clase obrera”42. Los capitalistas no eran buenos patriotas ya que cuando atisbarían un peligro se llevarían su dinero al extranjero, donde, además, educarían a sus hijos43. Finalmente, con la victoria electoral, la efusividad patriótica y popular volvió a la prensa socialista. Claridad celebraba que el pueblo trabajador había concedido la victoria a las izquierdas, mientras El Socialista, por su parte, destacaba que el voto a los marxistas y republicanos facilitaría la redención de España, una “España sensible, honesta, viril, de la que es dable esperar aún hermosas acciones”44. Respecto al caso comunista, finalmente, Antonio Elorza sostuvo que, al contrario del caso francés, el PCE únicamente apuntó indicios de un discurso nacional español a partir de la formación del Frente Popular. Según el investigador, no sería hasta la Guerra Civil española que el comunismo realizaría un giro nacionalista claro en su discurso45. En una línea similar, Hugo García ha indicado también que la adhesión patriótica del PCE no llegaría al mismo nivel que la del PCF, con el mantenimiento de las señas de identidad obreristas46. En cambio, los estudios de Cruz han permitido equiparar el deslizamiento patriótico de comunistas franceses y españoles. De acuerdo con este autor, el comunismo español ya antes de la contienda utilizaba el lenguaje republicano más genuino de los que se empleaban en España, por lo que giró desde el internacionalismo de clase hasta la reivindicación de la nación española47. Asimismo, desde el punto de vista cultural y de la misma manera que en el caso francés, el PCE potenció una identidad colectiva basada en una cultura nacional-populista que valoraba positivamente La primera frase se extrae de s.a.: “El Frente popular de izquierdas celebra centenares de actos en toda España”, El Socialista, 4 de febrero de 1936. La segunda proviene de s.a.: “En la inauguración de la Casa del Pueblo de Linares pronunció Largo Caballero un interesantísimo discurso”, El Socialista, 21 de enero de 1936. 43 S.a.: “En la inauguración de la Casa del Pueblo de Linares pronunció Largo Caballero un interesantísimo discurso”, El Socialista, 21 de enero de 1936. 44 Claridad. Semanario socialista de crítica e información, 21 de febrero de 1936. S.a.: “El Frente popular victorioso en toda España”, El Socialista, 18 de febrero de 1936. 45 Antonio ELORZA: “La «nation eclatee»: Front Populaire et question nationale en Espagne”, en Serge WOLIKOW y Annie BLETON-RUGET (dirs.): Antifascisme et nation…, pp. 113-128. 46 Hugo GARCÍA: “De los soviets a las Cortes. Los comunistas ante la República”, en Fernando DEL REY (dir.): Palabras como puños. La intransigencia política en la Segunda República española, Madrid, Tecnos, 2011, pp. 111-157. 47 Rafael CRUZ: En el nombre…, p. 183. 42 52 la españolidad e intentaba alzarse en alternativa válida al nacionalcatolicismo a través del enaltecimiento de autores como Lope de Vega, Pío Baroja, Antonio Machado y Juan Ramón Jiménez por su supuesto carácter popular, inconformista y revolucionario del cual serían portadores los comunistas48. Así pues, el cabe indicar que el PCE planteó la campaña electoral del 1936 en términos de lucha entre dos Españas: la España honrada y de espíritu liberal de los trabajadores, frente a la inquisitorial e indecente. Un discurso que no renunciaba al referente obrero, pero que Cruz ya calificó de nacionalista en el año 198749. A modo de ejemplo, en un mitin junto a Maurín y Pestaña, José Díaz afirmó la lucha electoral entre el fascismo y la democracia, en consonancia con la idea frentepopulista. No obstante, el centro de su discurso se dirigió a apropiarse la idea de nación, en concordancia con el planteamiento socialista señalado. “¿Patriotas ellos? ¡No! Las masas populares, vosotros, obreros y antifascistas en general, sois los que queréis vuestro país libre de parásitos y opresores, pero los que os explotan, no; porque ni son españoles, ni son defensores de los intereses del país, ni tienen derecho a vivir en la España de la cultura y del trabajo”. Así, la retórica del líder comunista situaba los agentes contendientes en el campo de lucha entre el pueblo y sus opresores y parásitos. Aquellos enemigos de la patria representaban la tradición de la Inquisición, mientras que desde el Frente Popular se continuaba la de los combatientes por el progreso. Los amigos del pueblo, las izquierdas, “Continúan la tradición de esos hombres que lucharon contra la Inquisición; los que, como los comuneros, lucharon posteriormente por una situación de mejora para la mayoría del pueblo de España, los que lucharon para traer la primera República, hombres como Pi y Margall, como Salvochea, como Zorrilla, como Salmerón, y una serie de hombres que luchaban en aquella época por una España republicana, donde existiera el bienestar para el pueblo; los que, como Galán y 48 Rafael CRUZ: El arte que inflama. La creación de una literatura política bolchevique en España. 1931-1936, Madrid, Biblioteca Nueva, 1999, pp. 52-57. 49 Rafael CRUZ: El Partido Comunista de España en la Segunda República, Madrid, Alianza, 1987, pp. 251-256. 53 García Hernández, dieron su vida en aras de una República de carácter social (...). Nosotros continuamos, pues, la tradición de Pi y Margall, la tradición de Salvochea, de Galán y García Hernández, y de todos los republicanos que luchaban para destruir la España feudal, clerical y monárquica (...)”50. Mientras el Frente Popular representaba aquella tendencia popular y republicana auténticamente española, monárquicos y fascistas eran malos españoles, herederos de Torquemada que pretenderían continuar imponiendo un dominio feudal sobre la nación, a la cual, además, entregarían al capitalismo imperialista extranjero. De aquella manera, el comunismo trazaba una línea de continuidad entre comuneros, republicanos del siglo XIX, los militares Galán y García Hernández y el comunismo de 1936. La narrativa dominante del nacionalismo republicano de la década de 1930 se reproducía, así, al pie de la letra, al tiempo que se añadía una connotación de tendencia social. Según Díaz, ellos limpiarían España de los enemigos del pueblo, lo que completó días después con la identificación de las candidaturas de derechas con una panoplia de representantes de la destrucción de España, frente a las cuales se alzaría el pueblo, los trabajadores y amantes de la libertad51. Esta retórica, en resumen, no tendría nada que envidiar a la del comunismo francés y, además, era idéntica a la que el PSOE ponía a disposición de su militancia. De hecho, El Socialista loó el planteamiento de Díaz por marcar las distancias entre “la patria de los trabajadores” frente a “la patria de los nacionalistas”, mientras pidió poner “en pie de guerra nuestro patriotismo, trabajadores, contra el patriotismo criminal de los reaccionarios y fascistas”52. Por consiguiente, es posible afirmar la utilización comunista del discurso nacional español de raíces liberales progresistas y republicanas a través del cual el Frente Popular y las elecciones del 16 de febrero suponían un episodio más de la lucha entre la auténtica nación española y sus enemigos, considerados malos patriotas y de filiaciones extranjeras. El discurso de donde proviene las citas en s.a.: “El Frente popular alecciona a los electores y define su actitud ante los Poderes públicos”, El Socialista, 11 de febrero de 1936. 51 S.a.: “En la víspera de nuestra victoria, José Díaz, Martínez Barrio, Largo Caballero y Azaña ratifican su lealtad al programa de las izquierdas”, El Socialista, 16 de febrero de 1936. 52 S.a.: “Patriotismo de paz y patriotismo de muerte”, El Socialista, 12 de febrero de 1936. 50 54 Conclusiones Este estudio, evidentemente, no ha pretendido agotar una cuestión tan compleja como el análisis de la naturaleza del Frente Popular en España y Francia. Antes bien, se ha intentado apuntar una vía de comparación entre ambos casos de acuerdo con algunas de las interpretaciones más recientes. Así pues, de lo analizado hasta aquí no parece aventurada la equiparación entre ambos fenómenos entendidos como experiencias de alianzas de la izquierda democrática y obrera articuladas, de forma muy destacada, a través de la narrativa nacional. De acuerdo con Godicheau, tanto para el caso francés como el español, la fórmula del Frente Popular permitía “remplacer le vocabulaire de la clase par une grammaire du «peuple»”53. Sin embargo, muy probablemente aquella coalición no necesariamente habría de implicar una eliminación del referente obrero, como prueban especialmente —pero no solo— el caso del caballerismo y el comunismo español. En muchos casos se trataba de elementos compatibles, pues —como ya venía practicando la cultura política socialista en el conjunto de Europa desde décadas atrás—, el proletariado podía ser convertido en el referente nuclear de la identidad y la historia nacional, al mismo tiempo que la revolución obrera vestirse con los ropajes de la salvación y el engrandecimiento patrio frente a los sectores considerados antinacionales y extranjerizantes54. François GODICHEAU: “Front Populaire, de la tactique cominternienne aux «politiques du peuple»”, Bulletin d’Histoire Contemporaine de l’Espagne, 48 (2013), pp. 13-25, cita de p. 21. 54 Fundamental a tal efecto resulta el trabajo de Stefan BERGER y Angel SMITH: “Between Scylla and Charybdis: nationalism, labour and ethnicity across five continents, 1870-1939”, en Stefan BERGER y Angel SMITH (eds.): Nationalism, Labour and ethnicity 1870-1939, Manchester, Manchester University Press, 1999, pp. 1-30 53 55 La violencia política de 1936 en la provincia de Guadalajara. Continuidades y rupturas* Isaac Martín Nieto Universidad de Salamanca El día 5 de enero hubo en Auñón, una localidad situada al suroeste de la provincia de Guadalajara, un choque violento entre socialistas y católicos motivado por el control del ayuntamiento que se saldó con varios individuos detenidos, dos heridos y una víctima mortal, un militante católico llamado Mariano Martínez Fernández, tiroteado por el alcalde electo, que había sido destituido por una comisión gestora conservadora. El 11 de marzo un simpatizante del Frente Popular, Víctor Bernáldez, que era cartero en Moratilla de los Meleros, no muy lejos de Auñón, murió víctima de una colisión violenta entre vecinos del pueblo. El 13 de junio un grupo de falangistas mató al socialista Francisco González durante un intento de asalto a la Casa del Pueblo de Guadalajara capital. Y en la noche del 13 al 14 de julio en Sigüenza, al norte del territorio provincial, un grupo de pistoleros falangistas asesinó al presidente de la Casa del Pueblo, Francisco Gonzalo de Francisco, cartero, fundador de la Agrupación Socialista y el Sindicato de Oficios Varios y presidente, también, de la Comisión Gestora del Ayuntamiento. Y eso es todo. Esos son todos los episodios de violencia política con resultado de muerte que hubo durante los seis meses y medio de 1936 que transcurrieron antes de que empezara la guerra civil.1 El autor participa en el Proyecto de Investigación “La violencia política de 1936 y el 18 de julio como punto de ruptura. Un análisis micro”, financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad y por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (HAR2015-65115-P). 1 Auñón, en Abril, 18 de enero de 1936, p. 2 (si no se indica lo contrario siempre será Abril y 1936, por lo que a partir de ahora solo mencionaré el día, el mes y la página) y Manuel ÁLVAREZ TARDÍO: “The Impact of Political Violence During the Spanish General Election of 1936”, Journal of Contemporary History, 48, 3 (2013), p. 482. Moratilla, en 21 de marzo, p. 1. Sigüenza, en 18 de julio, pp. 1 y 4. * 57 Universidad de Castilla~La Mancha Departamento de Historia. Área de Historia Contemporánea Edificio Benjamín Palencia | Campus Universitario s/n | 02071 Albacete Email: [email protected] | www.ahistcon.org | Hubo otros casos no carentes de gravedad, ciertamente, pero ninguno terminó con víctimas mortales. Tras el desfile del 14 de abril en Guadalajara capital, protagonizado por los soldados del Regimiento de Aerostación y los números de la Guardia Civil, se produjeron algunos enfrentamientos entre partidarios del Frente Popular y grupos de derechistas. La manifestación que se organizó posteriormente apedreó el Casino y obligó a algunos comercios a cerrar. El gobernador, Miguel Benavides, ordenó una veintena de detenciones, entre falangistas, tradicionalistas y cedistas, y la clausura del Centro tradicionalista y el Centro Obrero Católico. En Pastrana una manifestación de mujeres amenazó con atacar a la inspectora Tomasa Piosa que acababa de clausurar el Colegio las Religiosas. Para disolver la manifestación y proteger a la funcionaria el alcalde tuvo que solicitar la intervención de la Guardia Civil. En La Olmeda de Jadraque un cabo y dos números de la Guardia Civil hirieron a tres personas el 3 de junio al tirotear a un grupo de campesinos afectos a la Casa del Pueblo que pretendía impedir que las salinas situadas en el término municipal fueran trabajadas por obreros procedentes de otra población. Y en Brihuega un grupo de extremistas de derecha asaltó el ayuntamiento el 14 de abril. También hubo varios episodios de violencia anticlerical. En Horche se produjo el 17 de febrero el asalto y el saqueo de una ermita y el robo de la imagen. En Riba de Saelices también asaltaron y saquearon una ermita el día 19 de marzo aunque aquí las imágenes fueron quemadas directamente. Y en mayo fueron asaltadas y ocupadas las casas rectorales de Ciruelos del Pinar y Tordesilos.2 A la vista de este breve relato de los actos violentos de naturaleza política y social ocurridos en la provincia de Guadalajara antes de la sublevación militar resulta sorprendente la magnitud de lo que ocurrió después de la misma. Y es que el fracaso de esa rebelión abrió las puertas a una etapa caracterizada por la violencia política, no solo en virtud de la guerra civil que desató el triunfo de esa sublevación en media España, sino, sobre todo, por el proceso revolucionario violento que impulsaron los partidos y sindicatos de la izquierda obrera. Durante los cerca de tres años que duró la guerra esa Guadalajara, en Eduardo GONZÁLEZ CALLEJA: Cifras cruentas. Las víctimas mortales de la violencia sociopolítica en la Segunda República española (1931-1936), Granada, Comares, 2015, p. 418. En este libro hay asimismo breves reseñas de los otros tres incidentes violentos. Ver pp. 392 (Auñón), 401-402 (Moratilla) y 423 (Sigüenza). 2 Guadalajara, en 18 de abril, pp. 1 y 3. Pastrana, en 23 de mayo, p. 1. La Olmeda, en 13 de junio, p. 4. Brihuega, en 16 de mayo, p. 1 y Alejandro R. DÍEZ TORRE: “Guadalajara, 1936: la primera crisis del caciquismo”, Wad-al-Hayara, 10 (1983), p. 162. Violencia anticlerical, en Manuel ÁLVAREZ TARDÍO y Roberto VILLA GARCÍA: “El impacto de la violencia anticlerical en la primavera de 1936 y la respuesta de las autoridades”, Hispania Sacra, LXV, 132 (2013), p. 734; el acontecimiento de Horche, también en 22 de febrero, p. 3. 58 violencia política acabó con la vida de al menos 709 personas residentes en municipios de la provincia. Y esto solo en la zona controlada por la República. Este trabajo tiene el propósito de contribuir al debate sobre las continuidades y rupturas que representó la rebelión militar de julio de 1936 en el plano de la violencia sociopolítica desde la atalaya de un territorio como el de Guadalajara, que tras el golpe de Estado fallido recibió el impacto de un inesperado y violento proceso revolucionario a pesar de haber sido una provincia relativamente pacífica. La estrategia para conseguir llegar a alguna conclusión válida para el debate general consistirá, primero, en relatar y analizar la movilización social y política desplegada durante el invierno, la primavera y la primera parte del verano de 1936; segundo, en describir y analizar la violencia revolucionaria desarrollada en la retaguardia republicana de la provincia durante la segunda mitad del verano y el otoño de ese mismo año; y tercero, en establecer conexiones entre las acciones colectivas de antes y de después de julio. El método de la investigación será el que me proporcione la estructura del texto. A continuación paso a explorar la conflictividad social y política de la primera mitad del año, después procederé a examinar la violencia revolucionaria de la segunda mitad y, finalmente, en el apartado final, extraeré las conclusiones que sugiera la comparación entre la primera y la segunda.3 Antes de entrar de lleno en los relatos y los análisis, me parece de justicia realizar un par de advertencias preliminares. La primera es que el análisis de la violencia política posterior a la sublevación militar está centrado exclusivamente en la zona republicana. Y es que buena parte de esta provincia permaneció bajo control de las tropas rebeldes desde el principio de la guerra. La cuestión es, sin embargo, que falta Un buen resumen de ese debate general, en José Luis LEDESMA: “La «primavera trágica» de 1936 y la pendiente hacia la guerra civil”, en Francisco SÁNCHEZ PÉREZ (coord.): Los mitos del 18 de julio, Barcelona, Crítica, 2013, pp. 313-339. La cifra de víctimas de la violencia es propia y ha sido obtenida a partir de los datos de la Causa General de la provincia de Guadalajara, conservada en el Archivo Histórico Nacional, aunque puede consultarse en el Portal de Archivos Españoles, PARES (pares.mcu.es). Para una mayor información sobre las fuentes y la metodología utilizadas en este recuento provisional, ver Isaac MARTÍN NIETO: “Muerte en la Alcarria. Violencia revolucionaria y anarquismo en Guadalajara durante la guerra civil española (1936-1939)”, Revista Universitaria de Historia Militar, 3, 6 (2014), pp. 31-32 y nota 5. En el citado artículo ofrecí un número de muertes violentas que he podido actualizar para este trabajo: la cifra ha pasado de 706 a 709. Toda la información relativa a las víctimas de la violencia que utilizo aquí procede de mi propia base de datos. La perspectiva teórica desde la que analizo tanto las acciones colectivas anteriores a la sublevación militar como las posteriores a la misma es la propia de los analistas de los movimientos sociales. Mis referencias fundamentales son Sidney TARROW: El poder en movimiento. Los movimientos sociales, la acción colectiva y la política, Madrid, Alianza, 1997 [1994] y la introducción y los capítulos conceptuales de Doug MACADAM, John D. MACCARTHY y Mayer N. ZALD (eds.): Movimientos sociales: perspectivas comparadas. Oportunidades políticas, estructuras de movilización y marcos interpretativos culturales, Madrid, Istmo, 1999. 3 59 todavía una investigación que desentrañe el origen, la naturaleza y los fines de la violencia política en la zona rebelde. Ni que decir tiene que tampoco existe un cálculo mínimamente fiable de la cifra de víctimas provocadas por esa violencia. Lo único que a día de hoy puede ser tomado como punto de partida es el guarismo que ofreció hace ya casi cuarenta años Ramón Salas Larrazábal en su Pérdidas de la guerra: 789 personas asesinadas o ejecutadas. Una cifra, sin embargo, insuficiente para ampliar el análisis a todo el territorio provincial en la medida en que resulta imposible desagregarla en términos espaciales y temporales. La segunda advertencia es que la reconstrucción de la movilización social y política desplegada en esta provincia durante los primeros siete meses de 1936 que ofrezco aquí está muy lejos de ser definitiva debido a la escasez y parcialidad de la base documental sobre la que está levantada. De hecho, para esa reconstrucción solo he utilizado el semanario Abril, un periódico editado desde 1935 en la capital provincial por republicanos, socialistas y comunistas. Siempre que ha sido posible la información procedente de ese periódico ha sido contrastada y completada con la del artículo de Alejandro Díez Torre sobre la crisis del sistema caciquil en esta provincia.4 La conflictividad social y política entre enero y julio Durante el invierno, la primavera y las primeras semanas del verano de 1936 en esta provincia se desplegaron amplias campañas de propaganda electoral por parte de republicanos, socialistas y comunistas, se plantearon largas y enconadas huelgas industriales y agrarias y se produjeron también multitudinarias concentraciones y manifestaciones de campesinos y obreros. Prácticas políticas y sindicales todas que representaban un claro desafío a la hegemonía política y social que liberales y católicos disfrutaban en Guadalajara desde antes de la instauración de la República. Una hegemonía que había quedado claramente demostrada con los resultados de las elecciones de noviembre de 1933 y febrero de 1936 tras el espejismo del triunfo de los representantes de la conjunción republicano-socialista en junio de 1931. En efecto, los 4 Ramón SALAS LARRAZÁBAL: Pérdidas de la guerra, Barcelona, Planeta, 1977, citado en Manuel ORTIZ HERAS: “Terror y violencia política en Castilla-La Mancha”, en Francisco ALÍA MIRANDA y Ángel Ramón del VALLE CALZADO (coords.): La Guerra Civil en Castilla-La Mancha, 70 años después. Actas del Congreso Internacional, Cuenca, Universidad de Castilla-La Mancha, 2008, p. 1.388. Hay disponible una colección incompleta del semanario Abril en la web de la Biblioteca Virtual de Prensa Histórica del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (prensahistorica.mcu.es). Alejandro R. DÍEZ TORRE: “Guadalajara, 1936…”, pp. 137-164. 60 candidatos que obtuvieron el acta de diputado por esta provincia en los comicios de febrero fueron dos liberales, Álvaro Figueroa y Torres, conde de Romanones, y su hijo, Álvaro Figueroa y Alonso Martínez, y dos católicos, José Arizcun Moreno y Félix Valenzuela, ambos en nombre de la CEDA. Las derechas salieron victoriosas en todos los partidos judiciales de la provincia y en todos los distritos fueron mayoría los municipios que otorgaron el triunfo a las derechas. Buena parte de los mítines celebrados para apoyar la candidatura izquierdista en las elecciones de febrero tuvieron lugar en municipios de la zona suroccidental de la provincia, en los partidos de Guadalajara y Pastrana. Aunque también se celebraron muchos actos de este tipo en las áreas septentrional y oriental de la provincia, en los partidos de Atienza, Molina de Aragón y Sigüenza.5 La zona de la provincia que conoció un mayor nivel de conflictividad laboral durante los meses anteriores a la rebelión militar fue el partido de Guadalajara. Cuando los soldados y guardias civiles de la capital provincial salieron a la calle el 21 de julio todavía estaban en huelga los obreros que trabajaban en la fábrica de cemento conocida como la Pizarrita. La habían planteado a primeros de mayo para reivindicar un aumento de salario y una mejora en las condiciones de trabajo relacionada con la salud del personal empleado. La intensa conflictividad laboral que afectó a esta zona de la provincia no se redujo a la capital provincial. De hecho fue en algunos municipios de este partido donde mayor impacto tuvo la huelga planteada en toda la provincia por los obreros del campo. Fue convocada a finales de junio por la Federación Provincial de Trabajadores de la Tierra de la UGT con el propósito de obligar al Jurado Mixto Rural a contemplar en su dictamen las bases de trabajo elaboradas en el congreso que esa organización celebró el 7 de mayo. Esencialmente reivindicaban un aumento de salario, una disminución de la jornada y la creación de bolsas de trabajo en las Casas del Pueblo para los socios de la UGT y la CNT. La huelga consiguió pronto sus objetivos pero como los jornales habían sido vinculados al rendimiento del trabajo, el conflicto rebrotó Elecciones, en Manuel REQUENA GALLEGO: “La clase política y las contiendas electorales en las provincias de Castilla-La Mancha, 1931-1933”, en I Congreso de Historia de Castilla-La Mancha. Tomo X. Transformaciones burguesas, cambios políticos y evolución social (2), Toledo, Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, 1988, p. 31; Boletín Oficial de la Provincia de Guadalajara, 27 de noviembre de 1933, pp. 5-15, y 24 de febrero de 1936, pp. 3-10. Mítines, en 21 de diciembre de 1935, p. 2; 11 de enero, p. 1; 5 de febrero, p. 2; 11 de febrero, p. 2; 15 de febrero, p. 2; y Alejandro R. DÍEZ TORRE: “Guadalajara, 1936…”, pp. 144-145. 5 61 rápidamente a principios de julio. Cuando la rebelión militar comenzó no existía aún acuerdo alguno entre propietarios y jornaleros.6 Las acciones colectivas preferidas por los diversos actores sociales y políticos no fueron, sin embargo, las huelgas, sino las concentraciones, las manifestaciones y los mítines. De este tipo de acciones hubo por todo el territorio pero la mayor parte tuvo lugar en dos zonas separadas. La primera comprendía los partidos de Guadalajara y Sacedón; la segunda, los de Molina y Sigüenza. Las primeras multitudes que ocuparon la calle tras los comicios de febrero fueron los sectores de la ciudadanía que celebraban la victoria a nivel nacional de la coalición del Frente Popular. Cuatro días después de las elecciones los manifestantes liberaron de la prisión de la capital provincial a tres guardias de asalto pertenecientes a las milicias socialistas y condenados por su participación en la insurrección revolucionaria de octubre de 1934. Acto seguido la manifestación ocupó el ayuntamiento y constituyó una comisión gestora que pretendía recomponer la corporación municipal elegida el 12 de abril de 1931. En los días siguientes hubo manifestaciones que celebraron el triunfo electoral izquierdista en otras localidades de la provincia pero la acción más significativa de este tipo fue la que los partidos y sindicatos izquierdistas organizaron el 1 de marzo en la capital de la provincia para exigir al Gobierno el cumplimiento del pacto electoral. Las 4.000 personas que asistieron a esa manifestación pudieron después escuchar los discursos del gobernador civil, el alcalde y el presidente de la Federación Obrera de la UGT.7 La mayor parte de las manifestaciones celebradas en la provincia durante los meses siguientes sirvieron para reclamar el rescate de los bienes comunales, la explotación de las grandes propiedades de tierra sin cultivar y la promulgación de una ley de arrendamientos. Estas acciones colectivas alcanzaron mayor amplitud en los partidos de Sacedón, Sigüenza, Molina de Aragón y Cifuentes. En buena parte de las localidades de esas zonas de la provincia las manifestaciones que celebraban la Fiesta del Trabajo del Primero de Mayo terminaron con la petición de que las tierras privatizadas que habían pertenecido a los municipios fueran devueltas a sus anteriores titulares. Así ocurrió en varios pueblos de los distritos de Sacedón y Sigüenza. Acciones colectivas de esta naturaleza hubo también durante los meses de marzo, abril y mayo en 6 La huelga de la Pizarrita, en 16 de mayo, p. 1; 23 de mayo, p. 1; 30 de mayo, pp. 1 y 2; 6 de junio, p. 2; 13 de junio, p. 2; 20 de junio, p. 3; 27 de junio, pp. 1 y 2; y 11 de julio, p. 3. La huelga agrícola, en 16 de mayo, p. 4; 27 de junio, pp. 1 y 4; 4 de julio, p. 1; 11 de julio, pp. 1 y 4. Ver también Ibid., pp. 159-161. 7 22 de febrero, pp. 1 y 2; 29 de febrero, pp. 2 y 4; y 7 de marzo, p. 1. Más manifestaciones, en 7 de marzo, pp. 3 y 4. 62 otros municipios de los partidos de Molina, Sacedón y Sigüenza. Pero donde estas movilizaciones alcanzaron mayor amplitud y grado de organización fue en la zona del Ducado de Medinaceli, alrededor de poblaciones pertenecientes a los partidos de Cifuentes, Molina y Sigüenza en las que los montes públicos habían sido en buena parte privatizados por la Unión Resinera Española. Aquí las manifestaciones resultaron en la formación de un Comité Regional pro-rescate, orbitaron en torno al Sindicato Resinero de Mazarete y culminaron con la celebración de una masiva concentración de campesinos en esa localidad el 4 de junio.8 Los campesinos de la provincia también reclamaban la explotación de aquellas fincas que habían dejado de ser arrendadas y no estaban siendo cultivadas directamente por sus propietarios. En otras palabras, solicitaban la aplicación del decreto sobre laboreo forzoso de mayo de 1931, convertido en ley en septiembre del mismo año. En esa situación había importantes extensiones de terreno que eran de señorío, como en El Pobo de Dueñas, donde la manifestación que tuvo lugar el 8 de marzo terminó pidiendo al ayuntamiento que las tierras del señorío de Molina que había en el término municipal fueran puestas en cultivo inmediatamente. Se trataba de acciones que se concentraban por lo general en el partido de Molina, como las de los campesinos que exigían la promulgación de una ley que regulara el acceso a la propiedad, la supresión de impuestos y la concesión de créditos. Eran en su mayoría vecinos de localidades comprendidas en ese partido que aprovecharon las conmemoraciones del 14 de Abril y el Primero de Mayo para expresar sus reclamaciones en público.9 Porque era precisamente entonces cuando todas las reivindicaciones sostenidas por republicanos, socialistas y comunistas encontraban su sitio en la calle. Los vecinos de los pueblos solían viajar a la cabecera del partido u otra población de referencia para formar en manifestaciones multitudinarias. Y no hubo otra más multitudinaria que la que recorrió las calles de la capital provincial el 1 de mayo para entregar las conclusiones del acto al gobernador civil. Antes de eso dirigentes de la Federación Obrera, las Juventudes Socialistas Unificadas, el PSOE y el PCE hablaron ante más de 5.000 personas en un mitin que tuvo lugar en la Plaza de Toros de la ciudad. A las 8 6 de junio, pp. 1 y 3. El rescate de bienes comunales estaba entre las conclusiones aprobadas por la Federación Provincial de Trabajadores de la Tierra en los dos congresos que celebró en enero y mayo de 1936. Ver 18 de enero, p. 4; y 16 de mayo, p. 4. Más sobre estas movilizaciones campesinas, en 21 de marzo, p. 4; Alejandro R. DÍEZ TORRE: “Guadalajara, 1936…”, p. 152; e ÍD.: “Del caciquismo a la colectivización: el desarrollo histórico de las colectividades de Guadalajara, 1936-1939”, Wad-al-Hayara, 11 (1984), pp. 183-184. 9 El Pobo y otras localidades, en 21 de marzo, p. 2; 13 de junio, p. 1; y Alejandro R. DÍEZ TORRE: “Guadalajara, 1936…”, p. 154. El resto, en 25 de abril, p. 2; e Ibid., pp. 155-156. 63 manifestaciones y mítines del Primero de Mayo en Molina y Sigüenza asistieron representantes de las localidades de la zona. En la primera hubo miles de personas, todas procedentes de localidades del partido. A la de Sigüenza, que fue acompañada de una velada teatral, concurrieron vecinos de poblaciones del propio partido de Sigüenza y de otras de los partidos de Atienza y Cifuentes. También hubo manifestaciones en otras localidades del partido de Molina, que fueron en algunos casos combinadas con rondallas y bailes. Aunque menos sonadas que las manifestaciones de los partidos de Guadalajara, Molina y Sigüenza, las celebradas en el resto de la provincia supusieron igualmente un profundo desafío a la hegemonía conservadora.10 La violencia política entre julio y diciembre La neutralización de la sublevación militar en la ciudad de Guadalajara fue inmediatamente seguida de la movilización armada de las organizaciones de la izquierda burguesa y obrera tanto en la capital como en el resto de la provincia. Los militares y guardias civiles que salieron a la calle el día 21 de julio de 1936 tomaron el control de las calles de la capital con relativa facilidad. Pero al día siguiente los rebeldes fueron derrotados por la columna del coronel Ildefonso Puigdengolas, procedente de Madrid y compuesta por militares, guardias de asalto y milicianos. A partir de entonces la ciudad estuvo bajo la autoridad de un Comité del Frente Popular compuesto por socialistas, comunistas y republicanos y los pueblos bajo la de los comités de enlace formados por los líderes de los diversos partidos y sindicatos de izquierda. Esos contrapoderes revolucionarios procedieron de forma inmediata a la movilización de los militantes de las organizaciones políticas y sindicales de izquierda, al reclutamiento de grupos de civiles armados y al ejercicio de las funciones policiales y judiciales que hasta entonces habían sido potestad del Estado republicano, maltrecho por el impacto sucesivo del golpe de Estado militar, primero, y de la movilización armada de la población civil, después.11 10 9 de mayo. Guadalajara capital, en 2 de mayo, pp. 1, 2 y 4. Más manifestaciones, mítines, rondallas y bailes, en 18 de abril, pp. 1 y 3; 25 de abril, p. 2; y 2 de mayo, pp. 2 y 4. Otros mítines, en 4 de abril, p. 1, y 18 de julio, p. 2 (unión antifascista); 23 de mayo, p. 2 (alianza obrera; antes hubo manifestación); y 6 de junio, p. 1 (educación). Concentración y mitin, en 4 de julio, p. 2; e Ibid., p. 159 (programa del Frente Popular, huelgas agrícolas y rentas de los arrendatarios). 11 El desarrollo de la rebelión militar, en Ramón SALAS LARRAZÁBAL: Historia del Ejército Popular de la República, Madrid, Editora Nacional, 1973, vol. I, pp. 248-251; y Vicente CAMARENA MERINO: “Guadalajara, sesenta y tres años después…”, en Manuel ORTIZ HERAS (coord.): La Guerra Civil en Castilla-La Mancha. De El Alcázar a Los Llanos, Madrid, Celeste, 2000, pp. 116-120. El Comité del 64 Los siete centenares de víctimas mortales que hubo en esta provincia durante la guerra civil fueron en su mayoría el resultado de la acción combinada de los grupos de milicianos y de los comités locales. Los primeros ostentaban las armas. Los segundos poseían la información. De no haber existido colaboración entre milicianos y comités es probable que no hubiera habido tantas víctimas de la violencia. Los milicianos no habrían sabido a quién matar y los comités no habrían podido fusilar a nadie. Ahora bien, creo que no conviene exagerar la responsabilidad en la violencia política de los grupos de milicianos extraños a la comunidad. O al menos no conviene hacerlo en el caso de esta provincia. En cualquier caso, de lo que no cabe duda es de que fueron los milicianos y los comités los que acabaron con la vida de la mayor parte de las víctimas de la violencia de esta provincia. La cronología de esa violencia no deja lugar a la duda.12 De las 709 personas que fueron muertas violentamente durante la guerra por motivos políticos, 639 perdieron la vida antes de que acabara el año. Ni que decir tiene que las cifras correspondientes a los otros tres años de guerra no fueron nada en comparación con ese 90 por ciento del total. En 1937 hubo 48 muertes, menos del 7 por ciento del total, en 1938 murieron 18 personas y en 1939 solo 4. Es decir, que la inmensa mayoría de los asesinatos y ejecuciones se produjo durante los primeros seis meses de guerra, que fueron los que duró la situación de soberanía múltiple que había surgido en la retaguardia republicana como producto del fracaso de la rebelión militar y la movilización revolucionaria de partidos y sindicatos de izquierda. Esa situación revolucionaria dominada por las columnas milicianas y los comités locales fue desapareciendo a medida que el Estado republicano lograba integrar a los grupos de civiles armados en el nuevo Ejército Popular de la República y convertir los comités revolucionarios en consejos municipales. Un proceso militar y político que comenzó precisamente en los últimos meses de 1936 y que estará prácticamente culminado en los primeros de 1937. Como he dicho, la cronología deja poco espacio a la duda: la coincidencia en el tiempo de la progresiva desaparición de los contrapoderes Frente Popular, en Archivo Histórico Nacional. Causa General (a partir de ahora: AHN. CG), legajo 1.552, exp. 3, f. 471; los comités de los pueblos, en legajo 1.071, exp. 111. 12 Colaboración entre milicias y comités, en Julián CASANOVA: “Rebelión y revolución”, en Santos JULIÁ (coord.): Víctimas de la guerra civil, Madrid, Temas de Hoy, 1999, pp. 136-139; José Luis LEDESMA: “Una retaguardia al rojo. Las violencias en la zona republicana”, en Francisco ESPINOSA (ed.): Violencia roja y azul. España, 1936-1950, Barcelona, Crítica, 2010, p. 163; y Stathis N. KALYVAS: La lógica de la violencia en la guerra civil, Madrid, Akal, 2010 [2006], pp. 157-163. 65 revolucionarios y la remisión significativa del volumen mensual de muertes violentas no puede ser una casualidad.13 Las pruebas de la colaboración entre milicianos y comités son innegables, según señalaba antes. Dos son las principales. La primera es que buena parte de las víctimas de la violencia revolucionaria murió lejos de su lugar de residencia, lo que denota la intervención de agentes extraños a la comunidad en las acciones violentas. 463 personas, o lo que es lo mismo, cerca de dos tercios del total de víctimas, fueron asesinadas o ejecutadas tras cruzar los límites del término municipal en que residían habitualmente. La segunda de las pruebas de la colaboración entre grupos de civiles armados y comités locales revolucionarios se encuentra en la filiación política de las víctimas y en los cargos públicos ocupados por las mismas durante las etapas políticas inmediatamente anteriores a la rebelión militar, hechos que señalan la participación necesaria de vecinos en la violencia desplegada sobre una comunidad local. Primero, de las 394 personas muertas violentamente sobre las que existe información relativa a su adscripción ideológica, 232, es decir, cerca del 60 por ciento del total, eran derechistas, según la expresión utilizada por los funcionarios que elaboraron la Causa General; otras 100, o sea, una cuarta parte, eran militantes, afiliados o simpatizantes de Falange Española; y 49 más, otro 10 por ciento largo, pertenecían o estaban relacionadas con las organizaciones del catolicismo social y político. Segundo, entre las 709 víctimas de la violencia política hubo 97 personas que habían desempeñado o desempeñaban cargos públicos. Eran 35 alcaldes, 30 concejales, 15 secretarios de ayuntamiento y 17 jueces. Las evidencias de que los comités locales jugaron un papel de mayor importancia en el proceso de la violencia política también son de difícil discusión. Las principales son dos. Y ambas están relacionadas con la distribución espacial de las víctimas de esa violencia. Prácticamente la mitad de las personas que perdieron la vida violentamente residía en municipios de los partidos de Guadalajara y Pastrana, situados en la zona suroccidental de la provincia. En un segundo plano aparecen los partidos de Sacedón, Brihuega, Sigüenza, Cogolludo y Cifuentes, que conjuntamente arrojaron casi en su totalidad la mitad restante de las muertes violentas y que extendieron la zona de mayor impacto de la violencia política hacia el norte y el este. En fin, los partidos que contabilizaron un menor número de víctimas de esa violencia fueron los de Atienza y Molina, que radicaban en los extremos septentrional y oriental del territorio y que 13 La desaparición de milicianos y comités como dos de las razones fundamentales de la disminución de la violencia, en Julián CASANOVA: “Rebelión y revolución”, p. 163. 66 estuvieron ocupadas parcialmente por los rebeldes desde el principio de la guerra. Al relacionar la cantidad de muertes violentas con el número de habitantes de cada partido judicial en 1930 el panorama ofrecido por el volumen de víctimas adquiere mayor precisión. La intensidad de la violencia política, en efecto, fue también mayor en la parte suroccidental de la provincia, aunque desde esta perspectiva es el partido de Sacedón el territorio que encabeza la lista, seguido muy de cerca por los de Guadalajara y Pastrana. Mucho menor fue la intensidad de esa violencia en los partidos de Brihuega, Cogolludo, Sigüenza y Cifuentes. Las zonas en las que esa intensidad fue mínima fueron los partidos de Atienza y, sobre todo, Molina.14 La primera de las evidencias de que la intervención que los comités locales tuvieron en el proceso de la violencia política fue mayor que la de los grupos de milicianos se encuentra en la correspondencia existente entre la geografía de la violencia y la geografía de los contrapoderes revolucionarios. Porque lo cierto es que aquellas zonas en que mayor fue el volumen y la intensidad de la violencia no coincidían con las áreas en que operaban las columnas milicianas, es decir, las que recorría la línea del frente, sino lejos de la misma, en el cuadrante suroeste de la provincia, que era donde la red de comités poseía un mayor espesor, tanto en términos absolutos como en términos relativos. En efecto, 42 de los 55 comités locales cuya existencia está documentada, es decir, más del 75 por ciento del total, funcionaban en municipios de los distritos de Sacedón, Pastrana, Brihuega y Guadalajara. De menor tamaño era el entramado de comités en la zona comprendida por los de Sigüenza, Cifuentes y Cogolludo. En los de Atienza y Molina no existen pruebas de la existencia de comité alguno.15 La segunda de las evidencias de que los comités adquirieron mayor responsabilidad en la violencia política se halla en la distribución espacial de las víctimas que fueron asesinadas o ejecutadas lejos del hogar. Y es que esa geografía cuestiona que fueran los grupos de civiles armados los únicos que contaban con capacidad suficiente para trasladar a las futuras víctimas de una localidad a otra. Primero, porque la mayor parte de las víctimas de la violencia que murieron fuera de su municipio de residencia habitaba la zona suroccidental de la provincia, y segundo, 14 El número de habitantes, en DIRECCIÓN GENERAL DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO, CATASTRAL Y DE ESTADÍSTICA: Censo de la Población de España, 1930, Madrid, Talleres del Instituto Geográfico y Catastral, 1932, tomo I, pp. 115-126 y 342. 15 Una advertencia acerca de la naturaleza de la información sobre los comités, en Isaac MARTÍN NIETO: “Muerte en la Alcarria…”, nota 10. 67 porque la mayoría de ese tipo de víctimas falleció en esa misma parte del territorio. Es decir, que el origen y el destino de estos viajes mortales coincidían entre sí y correspondían a su vez con el área donde mayor volumen y espesor tomó la red de comités locales y donde menor presencia poseían las unidades militares de civiles armados, concentradas en torno a la línea del frente, más al noreste. Nada menos que 355 de las 463 víctimas de esta clase, más de las tres cuartas partes del total, eran vecinos de municipios pertenecientes a los partidos de Pastrana, Guadalajara, Sacedón y Brihuega. Y en estos distritos fue, precisamente, donde falleció cerca del 70 por ciento de las víctimas de este tipo, 321 personas concretamente. En los comités locales había de todo. Había socialistas, comunistas y anarquistas, por supuesto. Pero también republicanos. La UGT era, sin lugar a dudas, la organización que contaba con una mayor cuota de poder en ese enjambre de contrapoderes revolucionarios. Contaba con representantes en los comités de 39 de los 55 municipios con comité que hubo en la provincia. Además, en 23 de esos 39 municipios el comité estaba compuesto exclusivamente por militantes de la UGT. Ninguna otra organización política o sindical podía competir ni de lejos con semejante poder. Los comunistas estaban representados en los comités de nueve municipios, los anarquistas en los de ocho y los republicanos solo en los de tres. Por si fuera poco, a la cifra de comités con militantes de la UGT entre sus miembros habría que sumar la de comités con representantes del PSOE, con lo que el poder de los socialistas alcanzaría a nada menos que a 41 de los 55 municipios con comité de la provincia, o sea, a casi un 75 por ciento del total. Fueron los socialistas, por tanto, los principales responsables de la violencia política desplegada en esta provincia, una certeza que queda confirmada al observar la relación existente en los partidos de la zona suroccidental del territorio, la zona donde mayor volumen e intensidad había adquirido esa violencia, entre municipios en que funcionaba un comité con al menos un representante de la UGT o el PSOE y el total de municipios con comité. Porque en Sacedón y Guadalajara esa relación supera el 85 por ciento, en Brihuega alcanza el 75 y en Pastrana está cerca del 70. Los socialistas eran asimismo el grupo político que poseía una mayor cuota de poder entre los grupos de civiles armados que operaron en esta provincia durante los seis primeros meses de guerra. Participaron en el reclutamiento y la organización de la columna de Jesús Martínez Aragón, de las Milicias Aragonesas y de la columna del teniente coronel Víctor Lacalle. Eso, entre las unidades militares que participaron en la lucha desde la misma derrota de la rebelión militar. En noviembre de 1936 había en la 68 provincia cuatro formaciones tras las que estaban los socialistas. Eran los batallones Pablo Iglesias, Alicante Rojo, 20 de Julio y Numancia. Los comunistas también habían participado en el alistamiento y el encuadramiento de la columna de Martínez Aragón y es probable que también en los de la columna de Lacalle. Meses después los comunistas eran responsables de los batallones Alicante Rojo y Pasionaria y de las Milicias Antifascistas de Guadalajara. Los republicanos tomaron parte asimismo en el reclutamiento y la organización de las Milicias Aragonesas, la columna de Lacalle y el Batallón Numancia. Las dos primeras unidades estaban vinculadas a Izquierda Republicana y la tercera a Unión Republicana. El POUM, por su parte, había enviado a las Milicias de la Juventud, otro de los grupos armados que luchaba en esta provincia desde el principio de la guerra. Los anarquistas, en fin, también habían mandado solo una columna a este territorio. De hecho, el de los anarquistas era el grupo de milicianos que participó en la derrota de la rebelión de los militares y los guardias civiles en la capital provincial a las órdenes del coronel Puigdengolas. El batallón de la CNT permaneció en esta provincia hasta octubre, cuando fue prácticamente destruido por las tropas insurrectas en Sigüenza.16 16 La evolución global de las fuerzas armadas republicanas y el desarrollo general de las operaciones bélicas, en Ramón SALAS LARRAZÁBAL: Historia del Ejército…, vol. I, pp. 248-251, 659, 664, 668671 y 871; y Vicente CAMARENA MERINO: “Guadalajara, sesenta y tres…”, pp. 121-124 y 126-129. Martínez Aragón y Milicias de la Juventud, en José María MANRIQUE: Sangre en la Alcarria. Sigüenza en la Guerra (1936-1939), Valladolid, Galland Books, 2009, pp. 20 y 22; y Luis de SEQUERA MARTÍNEZ: “Una aproximación a la batalla de Sigüenza”, Revista de historia militar, 102 (2007), p. 22. Milicias Aragonesas, en Ramón SALAS LARRAZÁBAL: Historia del Ejército…, vol. I, p. 249; y Ascensión HERNÁNDEZ DE LEÓN PORTILLA: España desde México. Vida y testimonio de transterrados, Madrid, Algaba, 2004, pp. 249-250. Lacalle y Pablo Iglesias, en AHN. CG, legajo 1.530, exp. 7, declaraciones de Gregorio García Sánchez, f. 33; Ángel de la Orden Díaz, f. 40; y Domingo Mármol Prato, f. 259. Los grupos que había en la provincia en noviembre, en un estado de situación de fuerzas incompleto y sin fecha que puede ser datado en la segunda mitad de noviembre de 1936 conservado en Archivo General Militar de Ávila. Zona Roja, rollo 96, armario 97, legajo 953, carpeta 9, documento 2, ff. 105 y 107 (este documento fue confundido con otro en Isaac MARTÍN NIETO: “Muerte en la Alcarria…”, nota 14). Alicante Rojo, en Arturo RUIZ: “Cartas desde el Batallón Rojo”, El País, 5 de enero de 2009; y Mika ETCHEBÉHÈRE: Mi guerra de España. Testimonio de una miliciana al mando de una columna del POUM, Barcelona, Alikornio Ediciones, 2003, p. 132. 20 de Julio, en la entrada de Gabriel Carvajal Alcaide, militante del Sindicato de Artes Blancas, en el Diccionario Biográfico del Socialismo Español (http://www.fpabloiglesias.es/archivo-y-biblioteca/diccionariobiografico). Numancia, en Enrique BERZAL DE LA ROSA: “Represión y resistencia (1936-1939)”, en Manuel REDERO SAN ROMÁN (coord.): La Unión General de Trabajadores en Castilla y León (18881998). Historia de un compromiso social, Salamanca, Universidad de Salamanca, 2004, p. 298. Pasionaria, en Vicente CAMARENA MERINO: “Guadalajara, sesenta y tres…”, pp. 122-124; Luis de SEQUERA MARTÍNEZ: “Una aproximación…”, pp. 30 y 45; y José María MANRIQUE: Sangre en la Alcarria…, p. 41. Milicias Antifascistas de Guadalajara, en Ángel Ramón del VALLE CALZADO, Rafael VILLENA ESPINOSA e Isidro SÁNCHEZ SÁNCHEZ: “La prensa, una fuente para el estudio de la Guerra Civil en Castilla-La Mancha”, en Isidro SÁNCHEZ SÁNCHEZ, Manuel ORTIZ HERAS y David RUIZ GONZÁLEZ (coords.): España franquista. Causa general y actitudes sociales ante la dictadura, Albacete, Universidad de Castilla-La Mancha, 1993, p. 126. CNT, en Ramón SALAS 69 Conclusiones Las conclusiones a las que es posible llegar tras este recorrido por la secuencia de acciones colectivas protagonizadas por los diversos actores sociales y políticos de la provincia de Guadalajara a lo largo de 1936 permiten poner en cuestión algunos de los argumentos que ciertos historiadores manejan a la hora de analizar la violencia política y social durante la primavera del Frente Popular y la guerra civil. En primer lugar, es obvio que esa violencia no fue un factor determinante del proceso político de la provincia. O al menos no lo fue durante los primeros seis meses y medio del año. Las cifras de víctimas mortales de la violencia entre las elecciones de febrero y el golpe de julio son muy elocuentes al respecto. Guadalajara, con solo tres muertes violentas, figuró en el grupo de provincias en el que falleció menos de un 1 por ciento del total de víctimas que hubo en todo el país durante esa etapa, que fue de 384. El relato de la constitución de comités del Frente Popular, de las huelgas industriales y agrarias y de las manifestaciones, las concentraciones y los mítines que tuvieron lugar en la primera mitad de 1936 que ha ocupado buena parte de este trabajo también es muy significativo. Apunta con claridad que los actores sociales y políticos de esta provincia prefirieron por lo general formas de acción pacíficas. En segundo lugar, resulta evidente que no hubo continuidad entre las violencias de antes y de después de julio. No la hubo a nivel cuantitativo. Durante los primeros seis meses y medio de 1936 la violencia sociopolítica causó cuatro víctimas mortales en toda la provincia; cuando terminó el mes de julio, habiendo transcurrido solo diez días desde la derrota del golpe militar en la capital provincial, las muertes violentas ascendían ya a 71. No hubo continuidad entre los actores de esas violencias. Si durante el verano y el otoño de 1936 los que asesinaban y ejecutaban eran, sobre todo, los socialistas, parece ser que durante el invierno, la primavera y la primera parte del verano los victimarios no eran izquierdistas, sino individuos o grupos de ideología conservadora o reaccionaria. Esto significa varias cosas. La primera es que la violencia de la primera mitad del año no explica el apoyo de las clases medias urbanas y rurales a la conspiración y la rebelión militares, como podría sostenerse si esos sectores sociales hubieran sido el objetivo de las acciones violentas. La segunda es que esa violencia no LARRAZÁBAL: Historia del Ejército…, vol. I, pp. 659-660 y 662; y Cipriano MERA: Guerra, exilio y cárcel de un anarcosindicalista, París, Ruedo Ibérico, 1976, pp. 55-72, 98-104 y 115. 70 fue causa de la guerra civil, pues los responsables de las acciones violentas previas a la sublevación militar y los grupos políticos que estaban detrás de la conspiración en que dicha sublevación tuvo su origen eran exactamente los mismos: en el caso de esta provincia, católicos y falangistas. Y la tercera es que la violencia posterior al golpe de Estado fallido no fue ni la culminación ni la consecuencia de las prácticas violentas anteriores al mismo. Y no lo fue, sencillamente, porque esas violencias, como he dicho, estuvieron protagonizadas por distintos actores. Tampoco hubo continuidad entre la violencia de antes y de después del golpe en lo que respecta a los espacios en que tuvo lugar. Es cierto que tres de las cuatro víctimas que hubo durante los seis primeros meses del año eran vecinos de municipios incardinados en los partidos judiciales que formaban el suroeste provincial, es decir, la zona donde mayor volumen e intensidad adquirió la violencia política después de julio. Y es cierto que la cuarta residía en Sigüenza, cabeza de otro de los partidos que peor parados salieron del proceso revolucionario que sucedió a la rebelión militar. Pero también es innegable que el fracaso parcial de esa rebelión y la consiguiente movilización de los partidos y sindicatos de izquierda inauguró una situación revolucionaria en el marco de la cual las prácticas violentas conocieron una generalizada expansión por la geografía provincial, alcanzando puntos del territorio que, antes de la insurrección militar, no habían sido testigos de ningún tipo de violencia. En otras palabras, la inmensa mayoría de los municipios que fueron escenario de asesinatos y ejecuciones tras la neutralización de la rebelión militar no había sido escenario de ni un solo episodio de violencia entre enero y julio. La continuidad entre las violencias anterior y posterior a la sublevación militar también brilló por su ausencia, al fin, en lo relativo a las formas de las acciones violentas. Y es que los choques violentos entre grupos de vecinos y los atentados personales de antes de julio eran claramente distintos a los asesinatos, las ejecuciones, los paseos y las sacas de después. Ni que decir tiene que, por lo general, la violencia anterior al golpe de Estado estaba bastante desorganizada y descoordinada, no como la posterior al mismo, que estaba relativamente bien organizada y conocía un grado de coordinación nada desdeñable. La primera era el fruto o bien de encuentros fortuitos entre un conjunto mayor o menor de vecinos de una población, como en Auñón y Moratilla, o bien de iniciativas de pequeños grupos de individuos, como en Guadalajara capital y Sigüenza. La segunda, por el contrario, era, en su mayor parte, el resultado de una estrategia política que las diversas organizaciones políticas y sindicales de la 71 izquierda burguesa y obrera impulsaron desde las columnas milicianas y los comités locales surgidos tras la derrota de la rebelión militar. Columnas y comités que, como más arriba quedó apuntado, ejercieron la violencia de forma coordinada. Y es seguro que esta coordinación no funcionó solo entre unidades militares y comités revolucionarios, porque existen pruebas de que era precisamente dentro de la red que formaban dichos comités locales donde mayor era el nivel de coordinación. Incluso es posible encontrar un indicador de que dentro de esa red existía una cierta jerarquía entre el Comité del Frente Popular de la ciudad de Guadalajara, por un lado, y el resto de comités de enlace, por otro. No otra cosa parece señalar el hecho de que más del 40 por ciento de las víctimas de la violencia que murieron fuera de su municipio de residencia terminaran sus días en la capital de la provincia. En tercer y último lugar, el análisis de la violencia política posterior a julio en relación con la movilización sociopolítica anterior a esa fecha señala que las prácticas violentas del verano y el otoño de 1936 no respondían solo a la conflictividad social y política anterior, sino, sobre todo, a una estrategia política determinada. Porque es innegable que existen conexiones entre las acciones colectivas de antes y de después de la sublevación militar. Los actores coinciden: comunistas, republicanos y, sobre todo, socialistas fueron los responsables principales tanto de las movilizaciones de la primera mitad del año como de las de la segunda. Los espacios de unas y de otras también coinciden: el suroeste provincial fue el escenario tanto de la mayor parte de la conflictividad previa a la guerra, en este caso, junto al noreste, que enseguida cayó bajo el control de las tropas rebeldes, como de la mayor parte de la violencia política posterior a la rebelión militar. Y existe asimismo una cierta relación entre las formas de la violencia de guerra y uno de los tipos de acción que los partidos y sindicatos de izquierda utilizaron durante el invierno, la primavera y las primeras semanas del verano: los comités locales del Frente Popular, que pretendían coordinar la acción social y política de republicanos, socialistas y comunistas antes de la guerra, en los que resulta difícil no identificar un significativo precedente de los comités de enlace revolucionarios, utilizados por esos mismos grupos políticos y sindicales para desarrollar sus acciones violentas. De hecho, era frecuente que entre el comité revolucionario y el comité del Frente Popular no existiera solución de continuidad.17 17 Comités locales del Frente Popular, en 7 de marzo, p. 1; 21 de marzo, pp. 1 y 4; 28 de marzo, pp. 1 y 2; 4 de abril, p. 1; 2 de mayo, pp. 1 y 4; 23 de mayo, p. 3; y Alejandro R. DÍEZ TORRE: “Guadalajara, 1936…”, pp. 150-151. 72 Pero esas conexiones no sirven por sí solas para explicar la violencia política desarrollada en la retaguardia republicana de la provincia. Es decir, que la conflictividad previa no deja de ser uno solo de los varios factores que explican esa violencia. Existen otros, quizá todavía de mayor importancia, como la oportunidad política brindada por la situación de soberanía múltiple creada por la rebelión y la revolución; la cultura política de naturaleza excluyente y violenta que los actores de la izquierda burguesa y obrera compartían; la disponibilidad de recursos materiales, como las armas, y organizativos, como los comités; y la estrategia política de naturaleza revolucionaria que conformaba las agendas de los diversos partidos y sindicatos. De estos factores, sin embargo, solo el último me parece decisivo para explicar la violencia sociopolítica posterior a julio de 1936. Los grupos políticos y sindicales de izquierda asesinaron y ejecutaron no porque la nueva estructura de oportunidades políticas lo permitiera, porque su cultura política lo dictara, porque dispusieran de armas o porque estuvieran organizados en comités, sino, sobre todo, porque optaron por incluir las prácticas violentas en su repertorio de acciones colectivas, porque decidieron utilizar la violencia para construir y consolidar sus espacios de poder y porque eligieron colocar la eliminación del enemigo político y social en el centro de su estrategia política. Y así fue. Por eso el blanco predilecto de las acciones violentas fueron los labradores de ideología conservadora o reaccionaria, según el perfil social y político de las víctimas. Y por eso la violencia mostró mayor volumen e intensidad en la zona suroccidental de la provincia, la misma donde estaba concentraba la mayor parte de la población derechista, según la geografía del voto en las elecciones de febrero. En definitiva, los partidos y sindicatos de la izquierda burguesa y obrera asesinaron y ejecutaron no porque estuvieran determinados a hacerlo por las estructuras sociales, las oportunidades políticas o las culturas políticas, sino, sobre todo, porque eso fue lo que decidieron. 73 Evolución de los principales conflictos y violencia en la Cantabria del Frente Popular. 16-II-1936 18-VII-1936 Enrique Menéndez Criado Universidad de Cantabria Contexto político y social El 16 de febrero de 1936, nos encontramos con una sociedad en conflicto permanente, reflejo de la tormentosa situación política del conjunto del país, siendo la violencia el medio más empleado para solucionar las disputas existentes. No se trata de un fenómeno aislado o característico de un municipio o comarca sino que se extiende en mayor o menor medida a la totalidad de la región, inserta en la dinámica de la sociedad española. En las elecciones del 16 de febrero de 1936, la participación en Cantabria arrojó un total de 147.388 votantes, lo que representaba el 75,23% del censo. Los cinco diputados de elección mayoritaria correspondieron a la candidatura contrarrevolucionaria, con un 51,4% de los votos, frente al 41,4% del Frente Popular. El triunfo contrarrevolucionario se produjo en las áreas rurales, además de Laredo y Santoña, mientras que la candidatura del Frente Popular venció en los núcleos más habitados e industrializados, como Santander, Torrelavega, Camargo, Castro Urdiales, Los Corrales de Buelna y Reinosa. Los resultados de Falange fueron poco significativos, sumando un total de 2950 sufragios. El Tradicionalista José Luis Zamanillo obtuvo buenos resultados en municipios como Campoo de Suso, Escalante, Molledo, Santiurde de Reinosa o Solórzano. 75 Universidad de Castilla~La Mancha Departamento de Historia. Área de Historia Contemporánea Edificio Benjamín Palencia | Campus Universitario s/n | 02071 Albacete Email: [email protected] | www.ahistcon.org | Cuadro 1 Resultados De Las Elecciones De Febrero De 1936: Cantabria Nombre Provincia Pedro Ceballos Botín (A.P. Ceda) 77763 SANTOS FUENTES PILA Monárquico (ARI) 76206 Ricardo Sánchez Movellán (A.P. Ceda) 75352 Eduardo Pérez Del Molino (A.P. Ceda) 74000 PEDRO SAIZ RODRIGUEZ Monárquico (ARI) 71574 Bruno Alonso (Socialista) 61670 Ramón Ruiz Rebollo (Izquierda Republicana) 61086 José Lillo Sanz (Izquierda Republicana) 60486 A. Ramos González (Socialista) 60446 J. Ruiz Olazarán (Socialista) 60218 Alonso Velarde Blanco (Centro) 15469 José Luis Zamanillo Y G. Camino (Tradicionalista) 11735 Eduardo Benzo Cano (Radical) 9495 Julio Arce Alonso (Radical) 9256 Victoriano Sancho Y Sánchez (Agrario) 5431 Julio Ruiz De Alda (Fe) 2950 Nulo Y Blanco 77 Fuente: “La Región” 18 de febrero de 1936 y BOP 28 de febrero de 1936 El cambio de gobierno trajo consigo la reposición de ayuntamientos o nombramiento de gestoras, destacando en el Ayuntamiento de Santander el retorno de Eleofredo García, de IR, como Alcalde, y los concejales socialistas, presos por los hechos de Octubre de 1934, Cipriano González y Julio Saiz, para posteriormente resultar elegido Alcalde Ernesto del Castillo, miembro de Unión Republicana1, Pedro Lorenzo Molleda, independiente, en Torrelavega, Silvio Fombellida González e Isaías Fernández Bueras, en Camargo y Reinosa, socialistas, Epifanio Azofra Herrerías, en Santoña, IR. La Comisión Gestora de la Diputación Provincial fue igualmente renovada en III-1936, pasando a presidirla el socialista y Presidente de la Federación Obrera Montañesa, Juan Ruiz Olazarán. De la situación conflictiva existente da fe la promulgación del Estado de Alarma en el país por medio del Decreto de 17 de febrero de 1936, que facultaba a la autoridad civil a detener a cualquier persona en aras a la conservación del orden, así como a entrar en domicilios sin autorización y a suspender el ejercicio de los derechos de reunión, 1 Archivo Municipal de Santander (AMS) Libro de Actas, 21-28-II-1936. 76 manifestación, asociación y sindicación, constituyéndose el Tribunal de Urgencia en las Audiencias provinciales, competentes para conocer de esos delitos. A la hora de analizar la violencia en el periodo objeto de estudio hay que tener en cuenta una serie de factores. Uno de estos es la existencia de una grave crisis económica, que dispara las cifras del paro en Cantabria2. A su vez, las exigencias de la izquierda de cara a conseguir la amnistía para los presos por motivo de los sucesos del 34, se ven satisfechas con el Decreto Ley de 21 de febrero 1936. Dicho Decreto concede la amnistía a los penados y encausados por delitos políticos y sociales3. En esta situación, se promulga el Decreto de 29-II-1936, Gaceta 1-III-1936, por el que se obliga a todas las entidades patronales a readmitir a los obreros, empleados o agentes que hubiesen despedido por sus ideas o con motivo de las huelgas políticas a partir de enero de 1934, reintegrando las plantillas que estuvieran vigentes en 4-X-1934, con posibilidad de exigir indemnización por el tiempo que estuvieron privados de su empleo. La finalidad del Decreto, recogida en el preámbulo del mismo, era: "poner término al estado de violencia producido por los hechos políticos y sociales que han perturbado el país durante este tiempo, y buscando la concordia y solidaridad nacionales que debe ser lograda con la práctica de una política de pacificación, no ha de omitir medio ni recurso alguno para que desaparezcan las causas de antagonismo e incertidumbre en la vida del trabajo, restableciendo entre todas las clases la normalidad y la confianza". Sin embargo no se consigue su objetivo, sino el efecto contrario, favorecido por la angustiosa precariedad del mercado laboral, dado que la readmisión provocaba la salida de aquéllos que habían ocupado los puestos de los despedidos por los sucesos del 344. A todo ello se ha de añadir el hecho de que con fecha de 24-II-1936 se produce la suspensión provisional de licencias para el uso de armas de primera y segunda clase por 2 El paro a 31-XII-1935 alcanzaba las 14377 personas. 18120 en junio, según cifras publicadas por el INE. y recogidas en el BOP. 3 La Vanguardia 26-II-1936 "Han salido del penal del Dueso todos los presos políticos y sociales (25 de febrero) .En Santander esperaban a los presos Comisiones con banderas. Se formó una manifestación, que después se disolvió pacíficamente". 4 Los conflictos originados por el puesto de trabajo son frecuentes. Así el acaecido el 26 de febrero con la agresión con una porra metálica por parte de un izquierdista tranviario a un compañero, falangista, que había entrado tras los sucesos del 34 quien responde con un disparo, siendo detenido o la muerte de José Antonio Aumentes el 6 de marzo cuando aguardaba para ver el recurso de su despido, empleado municipal de Acción Popular. 77 parte del Gobernador Civil, anunciándose registros en el caso de que no fueran entregadas. Así, con motivo de la Revolución del 34 estaban en circulación armas que se habían entregado a organizaciones derechistas para ayudar a sofocar la misma. A partir de este momento los cacheos y registros domiciliarios fueron frecuentes, muchas veces practicados no por la autoridad, sino por milicias5. En este contexto los acontecimientos se suceden inmediatamente. Así, en el Penal del Dueso, el 18-II-1936 se produce un motín al solicitar los presos el traslado del "provisional" al "periodo". Unos 350 presos permanecieron en el patio pues, a pesar de comunicárseles la imposibilidad reglamentaria de sus peticiones, se negaron a volver a sus celdas Por la mañana ingresaron 16 soldados al mando del capitán Medialdea, y al intentar los reclusos arrebatarles las armas, dispararon contra éstos con un resultado de tres muertos y cinco heridos, de los que uno fallecería. Dos días más tarde son puestos en libertad 119 presos de de la Prisión Provincial de Santander. Se produce entonces una manifestación en Santander motivada por su salida, y a las 22:30 horas, al dirigirse a la sede de Falange sita en la calle Pedrueca, fueron rechazados a tiros y detenidos diecisiete falangistas. Tipología de la violencia y sucesos violentos con resultado de muerte El análisis de la prensa regional permite apreciar, desde los primeros momentos, el clima de violencia política imperante en el territorio, que adoptaba las formas de atentados, agresiones, disturbios, manifestaciones y huelgas, así como las realizadas desde el propio poder político en base a actuaciones gubernativas. Esta violencia es susceptible de ser clasificada conforme a una doble tipología, por un lado las acciones carentes de intencionalidad o dolo en su origen y, por otro, las efectuadas con premeditación o dolo. Las primeras se desarrollan a partir de un aparente motivo o provocación para el presunto ofendido. El ámbito espacial es variado, pudiendo sucederse en las calles, fiestas o romerías populares, bares, teatros o cines. El detonante podía ser cualquiera; bastando la exhibición de insignias, la expresión de consignas, o la militancia o pertenencia a partido alguno. Las consecuencias eran variadas, pudiendo limitarse a un enfrentamiento físico o peleas, ya sean individuales o de grupo, hasta la intervención de armas blancas o de fuego. 5 DM 25-II-1936 El 24 es agredido y apuñalado posteriormente un derechista por un grupo que lo había cacheado con anterioridad. 78 En las segundas la violencia se ejercita, con la finalidad de obtener un resultado, la eliminación del adversario, en las que armas de fuego o explosivos juegan un papel determinante. El lugar de colisión ideal es la calle, aquélla por cuyo dominio se lucha, y la forma de su inicio es la provocación. En estos casos solían consistir en enfrentamientos entre grupos jóvenes con una ideología y unos gustos personales afines, así como con una parecida situación socioeconómica, aficiones y actividades. Las marcadas diferencias sociales existentes favorecen la formación de estos grupos, en los que inmediatamente se establecen jerarquías y liderazgos, progresando dentro de él aquel que destaque por sus cualidades tanto físicas como de valor y coraje en la lucha. Los enfrentamientos suelen ser entre grupos de una parecida composición numérica, manteniendo una especie de ritual, principalmente en las zonas rurales, un código no escrito que marca el modo de comportamiento ante determinadas situaciones, que se respeta para, en caso contrario, no ser tratado del mismo modo. Se aprovecha para ello cualquier excusa, mediante cualquiera de sus formas aunque destacan los gestos y la simbología, como son los brazos en alto y los puños cerrados, elementos religiosos, camisas azules o rojas, boinas de requeté o la hoz y el martillo, entre otras. Igualmente decisivo es la cohabitación durante el periodo de milicias en los diversos partidos políticos que contribuye de un modo definitivo a la colisión entre sus miembros. Los atentados, entendidos como un ataque contra la vida, con un total de 58, y las agresiones (acciones violentas con intención de causar daño), alcanzando las 65, constituyen la máxima expresión de las conductas violentas siendo los conflictos más reproducidos durante el periodo. Respecto a las agresiones, las cinco más importantes con resultado de muerte son: el 6III-1936 hacia el militante de Acción Popular José Antonio Aumentes Rodríguez, mecánico de limpieza pública en el Ayuntamiento de Santander6, el 13-III-1936 Juan José Alonso Guerra, marinero de Santoña, miembro de Acción Popular, apuñalado en una colisión de carácter político social7 falleciendo el 25-III-1936. El 19-III-1936 a la salida de un baile, en el que se habían dado varios "vivas al fascio", se produjo una refriega en la que el falangista Julio Yanci Edesa, al verse rodeado, hirió de muerte con 6 El Cantábrico y DM 7-III-1936, AFMV: Con la reposición de los concejales de izquierdas, perdió su empleo, al que había accedido tras los hechos del 34, presentando recurso de reposición, que iba a ser visto en el pleno, acompañado por amigos. Un grupo de izquierdistas, se encaró con ellos, tratando de quitarles el puesto e impedir su entrada. Emilio Ruiz Olazarán, le lanzó un golpe respondiendo aquel acuchillándole. José Aumentes huyó saliendo tras el entre ocho y diez personas del grupo, que disparan dos veces sobre él falleciendo. 7 AFMV 13-III-1936, EC y RCS 26-III-1936. 79 una navaja al comunista Lino Saráchaga Llaguno8. Destaca el caso de Petra San Esteban Goya, de 41 años, residente en Ontón, socialista, herida con ocasión de la Huelga General de Castro Urdiales, falleciendo el 21-III-1936. Por último, el 13-VI1936 José Cuevas Fernández, patrón de marineros y miembro de Acción Popular fue herido por arma de fuego en la Romería de San Antonio, en Suánces, tras originarse una pelea entre diversas facciones, falleciendo enValdecilla9. A estos fallecimientos se han de añadir nueve atentados con resultado de muerte. El ocurrido en Maoño el 21-III-1936, hacia Rufino Molleda Portilla, inspector general de sindicatos de la SAM, jefe local de la Comunión Tradicionalista de Santa Cruz de Bezana y que había sido alcalde del municipio entre 1926-3010, el de José Olavarrieta Ortega, empleado en una fábrica de aceites, falangista desde el 15-V-1935, que fue herido el 5-V-1936 en Santander al ser disparado con una pistola ametralladora11, el ocurrido el 25-V-1936 en Los Corrales, donde fue herido por un grupo de izquierdistas, el obrero falangista José Marcano Igartua, tras terminar su turno de trabajo y cuando regresaba a su casa junto con su compañero Bernardo Polanco, quien pudo escapar. Apaleado y apedreado, falleció en Valdecilla12. Significativo el fallecimiento de Luciano Malumbres Francés, director del periódico "La Región" miembro de la Federación Obrera Montañesa y de la Agrupación Socialista de Santander. Malumbres, disparado dos veces en la mano izquierda y en el pecho, en el Bar "La Zanguina" de Santander el 3-VI-1936, mientras jugaba a las cartas. Trasladado a Valdecilla, fallecería el día 4. El presunto autor material del crimen, el falangista Amadeo Pico Rodríguez sería abatido en la persecución13. Malumbres había iniciado meses atrás una dura 8 DM y EC 21-22-III-1936. Con motivo de estos hechos, resulta herido un falangista, y se forma una manifestación hacia el Círculo Católico para asaltarlo, lanzando una botella de líquido inflamable. Yancí sería juzgado y absuelto por un jurado. 9 AFMV 13-VI-1936 EC 14-VI-1936 y RCS 15-VI-1936. 10 DM 24-III-1936 Presentaba siete balazos. El 28 se celebraron solemnes funerales. 11 La Voz de Cantabria (VC) 6-V-1936, AFMV, RCS, CDMH, OIPA 4. Trabajaba a raíz de los sucesos de 1934, en la fábrica del Sr. Bustelo: Como represalia a lo sucedido, se produce el mismo día otro tiroteo por falangistas desde un vehículo alquilado contra varios comunistas que se encontraban en le terraza del Café Español, hiriendo a dos de ellos. En Astillero dos socialistas que se encontraban en la puerta de un bar fueron tiroteados desde un automóvil, resultando heridos. Son detenidos en el Astillero siete derechistas y en Santander ocho falangistas y, dos mujeres por suponer que en su casa se ocultaban algunos de los detenidos, y otro mas en relación al coche alquilado. Respecto al atentado a Olavarrieta es detenido el conocido activista de la CNT Hermenegildo José Torre Iglesias. Por parte de socialistas, comunistas y CNT se pediría su libertad. Juzgado por el Tribunal de Urgencia el 13 de Junio, Hermenegildo resultó absuelto. Los ataques derivarían en la proclamación de la huelga general el día 7. CDMH, OIPA 4. DM 6-7-V-1936, AFMV. 12 EC y DM 26-V-1936, AFMV, RCS. Tras su entierro el 29 de mayo, se producen disturbios intentando linchar al obrero falangista Fernando Ruiz Campuzano. 13 La Región, (LR) 4-14-VI-1936, DM y EC 4-5-VI-1936. RCS; AFMV. 80 campaña contra de los dirigentes de la cooperativa lechera SAM (Sindicatos Agrarios Montañeses), que había generado un cruce de declaraciones constantes14. Ese mismo día 3 de junio, a las 20 horas, momento en que el falangista Pedro Cea Gutiérrez, maestro cursillista de Soto Iruz, encuentra la muerte en Santander de un tiro en el corazón15 al grito de: "ese es fascista". Dos casos más tienen lugar en las personas de José Luis Obregón Siurana, vecino de Torres y miembro de la ARI, y Luis Cabañas Abarca, de Acción Popular, empleados de la Real Compañía Asturiana de Minas asesinados por la espalda en la calle Hernán Cortés de Santander, el 18-VI-193616. Tras el atentado, próximo a la sede de Acción Popular, miembros de la Vanguardia Federal intentaron agredir a unos jóvenes, respondiendo estos con disparos, resultando herido uno de los atacantes. Una octava víctima fue Benjamin Piñeira Alberdi, derechista, disparado por la espalda el 19-VI-1936 en Santander, y quien fallecería el 23-VI-1936 en Valdecilla17. Por último, mencionamos a María Díaz Gutiérrez, madre del falangista Bernardo Polanco, disparada por izquierdistas18, al ser confundida con su hijo, en su casa en los Corrales de Buelna el 23-VI-1936. Cabe resaltar además siete muertes acaecidas durante el mencionado periodo. Las cuatro sucedidas el 19-II-1936, en el Penal del Dueso: Avelino Alonso Díaz, dirigente de la CNT, natural de Gijón, condenado a muerte por rebelión por los sucesos del 34, pena que fue conmutada posteriormente, Leandro Iniesta González, natural de Talavera de la Reina y Ramón Jiménez, condenados por robo y homicidio y José Benito González condenado por la Audiencia de Segovia. 14 LR 9-VI-1936 y CDMH PS-Santander A. Caja 248, Exp. 7. Se recogen las conclusiones obtenidas por la Comisaria de Investigación y Vigilancia, en las que se señala que dicho atentado tuvo su gestación en la organización de Falange ,no disponiendo la misma de un elemento de acción capaz de llevar a cabo el hecho, por lo que hubo de contar con un desconocido en la ciudad que no figurase en los archivos policíacos como falangista y así seguir de cerca todos los movimientos del finado, debiendo cometerse de día, dado que hacía más de un mes que se le prestaba vigilancia personal durante la noche hasta que se retirase a su domicilio, junto con la necesidad de montarse un sistema de protección que facilitase la huida del autor.(...). 15 DM y EC 4-VI-1936. RCS, Además de este hecho, se arrojaron por izquierdistas dos bidones de líquido inflamable sobre la droguería de Pérez del Molino, consiguiendo un empleado sacar el otro a la calle, disparando los autores cuatro tiros al aire en su huida. 16 DM 19-VI-1936. 17 EC, VC, DM 20-VI-1936, RCS y ARMNV 23-VI-1936. 18 DM y EC 24-VI-1936 Revolución Notas de Falange, CEM, Carpeta 45/13: " (...) Pero no les bastaba una víctima (en referencia a Marcano), y cobardemente fueron a la “caza” de la segunda. Esta vez tuvieron mucho escrúpulo, si es que ellos lo tuvieron alguna vez. Y fueron más cobardes que nunca. Fueron a casa de nuestro camarada Bernardo Polanco. Se aproximaron a la casa, le oyeron hablar a través de una ventana cerrada y suponiendo su posición por la voz, dispararon una descarga brutal, matando a la madre que estaba con su hijo". 81 Leocadia San Emeterio Londo, de 42 años, sin militancia política, falleció a pedradas y palos y con la cabeza tapada el 25-II-1936, en Colindres. José María Olazola Rodríguez, pastor de 47 años y natural de Viveda, fue hallado muerto en su casa el 16III-1936, atado a la cama de pies y manos. Esteban Diego Huría Dosal, ganadero, derechista, residente en Obeso, fue asesinado en Cabanzón el 21-V-1936, por un conocido izquierdista asturiano, después de robarle el dinero de la venta de una vaca. Además Agustín Martínez Lombana, industrial derechista, de 52 años, murió atropellado en Santander el 24 de mayo de 1936. Se ignoran las causas aunque tomó fuerza el carácter político social del hecho. Otro tipo de violencia premeditada se relaciona con atentados o explosiones a grupos diversos. Así, constan 18 explosiones de bombas de entre las que destacan las acaecidas el 28-II-1936, en tres edificios de derechistas en Torrelavega y otro en Castro Urdiales. A éstas se unen las acaecidas el 10 y 26-IV-1936 en Cóbreces, el 1-V-1936 en Cabezón de la Sal, las dos del 5-VI-1936 en Ontón, las tres en Santander el 9-VI-1936, la sucedida en la Asociación de Damas Protectoras del Obrero en Santoña el 13-VI-1936, y otras tres el 20-VI-1936, en locales y viviendas vinculadas a elementos derechistas. Otras formas de violencia: Incendios, manifestaciones y huelgas En este periodo son incendiadas diversas iglesias: el 6-IV-1936 la de Puente Arce, el 25-IV-1936 las imágenes de la de Mata y los ornamentos de la de Somahoz y el 8-V1936 las de Campuzano, Ganzo, Cortiguera, Vioño y Zurita. Se arrojaron igualmente botellas de líquido inflamable contra el Círculo de la Juventud Católica de Santoña, el 28-II-1936; contra el Círculo Católico de Castro Urdiales, el 19-III-1936; contra el domicilio del falangista Betegón en Santander, el 17-III-1936; contra el Convento de las Madres Reparadoras el 9-IV-1936, contra el Bar Rojo, por falangistas, el 15-IV-1936 y contra la droguería de Pérez del Molino el 3-VI-1936. Por su parte las manifestaciones están compuestas por grupos de izquierda que en un primer momento celebran su triunfo electoral y demandan la ley de amnistía para los presos del 34. También destacan los días 14-IV-1936, con motivo del aniversario de la República, y el 1-V-1936, fiesta del Trabajo. Otras tendrán un carácter más reivindicativo solicitando el desarme de las fuerzas de derecha y la depuración del poder judicial, unido a demandas relativas a la mala situación económica y paro de la provincia y aquellas en las que se solicita por organizaciones de izquierda apoyadas en 82 la campaña iniciada por el periódico “La Región”, un cambio en la dirección y el nombramiento de comisiones encargadas del control de la SAM19. Las protagonizadas por grupos de derecha se centran en la protesta por las clausuras de los colegios religiosos20. Por Orden Circular de 28-II-1936 y 4-V-1936 se reactivó el proceso de sustitución de la enseñanza religiosa. En Cantabria se traduce en el cese de la actividad docente y la clausura de colegios religiosos. Se clausuran el 15-III-1936, las Hijas de la Caridad y en abril el colegio San José, de Reinosa, dando lugar a importantes disturbios21. El 15-V-1936 el colegio de las Hijas de la Cruz de Ampuero, y el 16-V1936 se intentó la del colegio de las Hijas de la Caridad de Comillas organizándose una manifestación. El 17-V-1936 el colegio de la Divina Pastora de San Felices de Buelna. Los dirigentes católicos convocaban concentraciones ante el colegio o el Ayuntamiento en el momento en que llegaba al pueblo el inspector con la orden de cierre. La presión de los manifestantes impedía en casi todas las ocasiones el cumplimiento de la orden. También en algunos casos se produjeron enfrentamientos con manifestantes de izquierda22. Los incidentes más graves se produjeron el 20-V-1936. En Santoña, el vecindario se manifestó en defensa de la enseñanza religiosa, ante el posible cierre del colegio del Sagrado Corazón regentado por la orden de San Vicente de Paul. Al entrar en el Instituto de Santoña, el catedrático y concejal Leandro Orellana condenado por los sucesos del 34, resultó herido de bala por José María Herrería Sisniega tras una discusión, cuando una comisión esperaba para entrevistarse con el director del Instituto para que permitiese la incorporación de los alumnos que quisieran sumarse a la 19 Destacan en marzo, el 19 y 20 en Santander "antifascista". Participan los partidos republicanos de izquierdas con sus banderas y los comités de las agrupaciones socialistas, comunistas y las milicias uniformadas, entregando al gobernador sus conclusiones, El 20-III-1936 en Castro Urdiales con motivo de la huelga general. 20 EC, 3-III-1936 . EC 7-III-1936,. relativos a los proyectos del Ministerio de Instrucción. 21 EC 17-IV-1936: "Algunas mujeres, de las que sus hijos recibían instrucción en el Colegio San José, organizaron una manifestación de protesta que hubo de ser disuelta. Por la tarde se organizó otra manifestación, izquierdista; pero al pasar por frente a los Centros de Acción Popular y Tradicionalista, sonaron varios disparos. Se produjo la consiguiente alarma; pero pronto volvió a renacer la tranquilidad, haciéndose las diligencias encaminadas al descubrimiento de los autores de los disparos". 22 Los incidentes acaecidos en el intento de cierre de las Hijas de la Cruz de Ampuero el 14 de mayo, en DM 13-15-20-V-1936.. Manifestaciones y protestas similares ocurrieron en los cierres de las escuelas de de La Salle de Terán, en Isla, Liérganes, Ceceñas y Villaescusa. El 22-V-1936, al intentar el cierre del colegio de Cristo Rey de San Vicente de la Barquera, se produjeron incidentes graves que obligaron al alcalde a refugiarse en el cuartel de la Guardia Civil y pedir refuerzos al gobernador, DM 21-24-V-1936 83 manifestación. Se hizo necesaria la llegada de refuerzos de la Guardia Civil y Guardia de Asalto que practicaron más de cincuenta detenciones23. Por lo que se refiere a las huelgas, en número de 45, se basan en su mayoría en motivos laborales, siendo contados los casos en que los trabajadores se solidarizan con otras empresas o sectores de otras poblaciones, como sucedió el 28-III-1936 por parte de los obreros del muelle con los de Gijón. La duración de las mismas comprendió, desde un día en la de los obreros metalúrgicos en Los Corrales, hasta los 33 días en el caso de los obreros de la construcción. El número de trabajadores variaba desde los 9 en el sector de los ebanistas, hasta los 4000 en el de la construcción. La evolución numérica temporal de las mismas es constante, iniciándose en marzo y manteniéndose hasta julio. Muy importantes fueron las seis huelgas generales, de carácter local o comarcal. En Castro Urdiales y comarca el 20-III-1936, con motivo del atentado de Lino Saráchaga24, en Santoña el 17-IV-1936 en apoyo a los trabajadores de las conserveras, en Renedo el 18-IV-1936 por haber sido objeto de una agresión un alguacil del Ayuntamiento, extendiéndose a Vioño y Zurita, en Santander el 7-V-1936 como protesta contra el fascismo y para pedir la destitución del Gobernador Civil, que se extendió a Torrelavega, Santoña, Cabezón de la Sal y Reinosa, debido a los hechos ocurridos el 5V-1936 con los tiroteos de miembros izquierdistas tras el atentado a Olavarrieta25, el 523 DM 21-24-5-1936 En el Tribunal de Urgencia, se vio sumario por lesiones al Catedrático del Instituto de Santoña, Sr. Orellana, y por los delitos de manifestación ilegal y uso ilícito de armas de fuego, Se absuelve a todos menos a José María Herrería, al que se le impone la pena de seis meses y un día. 24 EC y DM 21-V-1936 A ella se suman los mineros de Ontón, Mioño y Setares Por la mañana se celebra una manifestación sin incidentes. Al finalizar izquierdistas se dirigen a la cárcel con objeto de liberar a un socialista preso desde hace más de quince días. Se escuchan varios disparos, resultando herida la vecina de Ontón, Petra San Esteban Goya, falleciendo por la tarde. La munición empleada corresponde con la de las fuerzas del orden. Otro grupo asaltó el edificio donde estaban diversos centros derechistas, apoderándose de los muebles y lanzándolos a la calle, prendiéndoles fuego. Igualmente se lanzó una bomba contra una imprenta, alcanzando al que presuntamente la había lanzado, siendo detenido 25 DM y EC 8-VI-1936 El paro fue absoluto, con intervención de los piquetes que recorrían los locales, con repetidas agresiones e incidentes. El primero se produjo a las doce de la mañana en la Plaza de las Escuelas, un tiroteo, resultando herido de bala. Mas tarde un grupo de fascistas es agredido en Atarazanas, el intento de linchamiento de un joven al que se creía "fascista" sin serlo disparando desde el gentío contra la policía, que repele la agresión con tiros al aire, hiriendo a un joven próximo a el. Desde los tejados también se atentó contra la Guardia de Asalto, por lo que hubo de desalojar las calles próximas, realizándose cargas, además de cacheos y registros. Resultaron heridos dos policías. Se solicita por los huelguistas la destitución del Gobernador Civil, Sr. Ciges Aparicio: "por falta de energía para contrarrestar las actividades de los elementos fascistas. y de toda la Sala de la Audiencia, incluyendo a todos los jueces municipales fascistas, el Encarcelamiento de los fascistas hasta que se detenga a los autores de las provocaciones y atentados de ayer, y la aplicación de la ley de vagos, que aquellos con amenaza de los fascistas por su significación política y representativa en los organismos sindicales se les facilite licencia gratuita de armas, Que para suplir la falta de celo revolucionario de los funcionarios se requiera el auxilio de los militantes juveniles, a los registros domiciliarios y detenciones de los elementos francamente contrarios al régimen". 84 VI-1936 por el asesinato de Luciano Malumbres, y en Laredo el 13-VI-1936 en solidaridad con los pescadores. Cuadro 1. Muertos y heridos por incidentes entre el 16-II-1936 y el 18-VII-1936 Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Muertos 5 6 0 4 8 0 Heridos 9 19 12 40 25 1 Fuente: AFMV; RCS, Prensa Regional, CDMH, ARRMNF Cuadro 2. Fallecidos en incidentes afiliados a partidos políticos (periodo:16-II-1936 a 18-VII-1936) Acción Popular 4 Agrupación Falange Tradicionalista Regional Socialista Comunista 2 1 Independiente 4 1 1 Fuente: Prensa Regional, CDMH, ARRMNF Síntesis del contexto, conflictos y violencia en Cantabria en el periodo de febrero a julio de 1936 Como resultado de los sentimientos de venganza que engendró la represión por los sucesos del 34, de la animosidad entre trabajadores y patrones en las ciudades y áreas rurales, y, finalmente, de la contraposición entre las fuerzas de la izquierda y de la derecha, la primavera y el comienzo del verano, transcurrieron entre continuas conmociones agravadas por las provocaciones y represalias de los dos bandos antagónicos. El mayor número de conflictos se produce en comarcas donde la industrialización es mayor, con mano de obra abundante, con alto índice de paro. Así el eje Santander-Torrelavega-Los Corrales es el que mayor número de incidentes presenta, seguido del oriental, Santoña-Laredo-Castro Urdiales, donde la caída del sector Suscriben estas peticiones el partido socialista, el comunista y las juventudes unificadas. Igualmente se pide la libertad de Hermenegildo Torre Iglesias (CNT), alegando que no se ha demostrado su culpabilidad en él atentado a José Olavarrieta. 85 pesquero es muy importante26. Estos conflictos no son unidireccionales sino que abarcan a todos los grupos ideológicos existentes en la región. A lo largo de estos cinco meses la conflictividad no mantiene una línea uniforme, sino que es mucho más acusada desde marzo hasta mediados de mayo y mucho menor a partir de junio. Javier Merino Pacheco y Carmen Díaz Marzal en su trabajo referente al estudio de la violencia política en la primavera de 1936 en la provincia, establecen en sus conclusiones que la situación general del orden público estaba “muy deteriorada”, determinando la autoría de las distintas formas de violencia en base a que: “la mayor parte de los atentados a personas o a edificios son llevados a cabo por grupos de izquierda; los tumultos callejeros, con pocos o muchos participantes, son protagonizados en su mayor parte por derechistas. Grupos derechistas parecen tener una mayor preparación y organización de cara a prácticas violentas, los elementos de izquierda que efectúan acciones armadas lo hacen más bien de forma individual"27. Esta afirmación general solo puede mantenerse en relación a la primera de sus premisas y a los disturbios provocados con motivo de la clausura de centros de enseñanza religiosa. Las detenciones pueden considerarse como un elemento determinante del grado de resistencia de los grupos sociales a la Autoridad del Estado. Estas llevan una tendencia ascendente desde febrero hasta Junio, descendiendo de un modo radical en la tercera semana de Junio, y practicándose una en la semana anterior a la sublevación militar. Se producen mayoritariamente en torno a un grupo ideológico determinado, derechista (falangistas y tradicionalistas), y no respecto a los grupos izquierdistas, cuando se producen agresiones o disturbios. De las practicadas se han podido identificar un total de 445 correspondientes a derechistas, muchos reincidentes y 150 a izquierdistas. Estas detenciones no suponen una convalidación automática respecto a las autorías o responsabilidades de las distintas formas de violencia. El cambio de gobierno trajo consigo una renovación y reposición de cargos locales y provinciales. En los distintos municipios se designaron delegados gubernativos a 26 Para conocer la crisis del sector conservero, de salazones y lácteo en la provincia ver, con reducción drástica de los puestos de trabajo, ver Informe de La Cámara de Comercio de Santander, año 1935, Archivo Histórico de la Cámara de Comercio. firmado el 20 de Mayo de 1936. 27 Javier MERINO PACHECO y Carmen DIEZ MARZAL (eds): La conflictividad en Cantabria durante la primavera de 1936, Tantín, Santander, 1984, p. 21. 86 personas afiliadas o simpatizantes a partidos políticos u organizaciones sindicales de izquierda, incumpliendo lo establecido en el artículo 7 de la Ley de Orden público que establecía que "habrá de recaer necesariamente en funcionarios públicos" quienes en los casos de colisión entre grupos de diferente ideología, procedían a detener fundamentalmente a elementos derechistas y no izquierdistas, en virtud del art. 40 de la Ley. El problema se hizo patente cuando el Gobernador Civil, ante el caos reinante, inserta en el BOP el 23 de abril de 1936 una circular según la cual: "Se le debe comunicar por los alcaldes y delegados gubernativos, en el plazo de veinticuatro horas, por el procedimiento más rápido las detenciones efectuadas, no pudiendo ponerse en libertad sin su conocimiento. Si son hechos susceptibles de delito, deberán ponerse a disposición de la autoridad judicial competente”. Igualmente se recoge que "solo el gobernador es quien puede imponer sanciones, a excepción de los casos que la ley excepcionalmente faculta a los alcaldes". La protesta se hace patente en la prensa derechista28. Por disposición del Gobernador, y con motivo del aniversario de la República se acuerda la puesta en libertad de los detenidos gubernativos. Sin embargo entre los meses de abril y mayo las detenciones continúan masivamente con “carácter preventivo”, según declaraciones del Gobernador Civil. Siguen la línea marcada por la Dirección General de Seguridad y el Ministerio de la Gobernación. Con el nombramiento de Enrique Balmaseda Vélez, juez en excedencia, de IR, como Gobernador, Gaceta de 3 de Junio, aquel adopta el 15-VI-1936 la medida del cese de los delegados de Torrelavega, Reinosa y los Corrales, que son sustituidos por agentes de policía y el 19, la de cesar a todos los delegados gubernativos provinciales a excepción de los tres anteriores, adecuándose a lo determinado en la Ley. A partir de este momento y hasta el 18 de julio, las detenciones disminuyen drásticamente, no superando las cincuenta, una sola en los trece días anteriores a la sublevación. 28 DM 16-V-1936 con motivo de que el Corresponsal de Castro Urdiales lleva 26 días detenido acusando al delegado gubernativo. “de ser persona sin capacidad alguna para desempeñar la función para la que no reúne la mas mínima capacidad, exigiendo el cumplimiento de la Ley de Orden Público y desapareciendo los delegados gubernativos que no sean funcionarios públicos, como exige la ley". 87 La Falange juega un papel de especial relevancia en el desarrollo de la violencia durante el periodo, ya sea como generadora o receptora de los conflictos, en sus distintas vertientes. Con motivo de los hechos acaecidos el 20-II-1936, resulta clausurada su sede, aunque horas después el juez ordena su reapertura. Clausurada nuevamente el 24, tras un enfrentamiento entre un falangista tranviario, y unos izquierdistas que le increpan, pendientes de su reincorporación, y tras encararse y recibir un golpe, este dispara hiriendo a uno de ellos. El 2-III-1936 en Suances, donde se celebraba en el Café Moderno el triunfo del Frente Popular, un grupo de falangistas penetra "con intención de romper el mismo" originándose una pelea en la que se realizan tres disparos, deteniendo la Guardia Civil a seis falangistas. Al día siguiente el Gobernador Civil ordena la clausura de todos los centros de Falange y sociedades afectas por los hechos29. El 11-III-1936 son detenidos en el Sardinero los principales mandos de la Falange santanderina, trece de los catorce serían puestos en libertad. Tras el atentado a Jiménez de Asúa y la ilegalización del partido, el 14-III-1936 sus afiliados pasan a la clandestinidad. La intensa actividad policial obliga a los mandos a buscar nuevos lugares de reunión. El mando nacional opta por introducir cambios en los mandos regionales en marzo, pasando Hedilla a la nacional asumiendo la jefatura Martín Ruiz Arenado antiguo jefe provincial de Sevilla.30. La actividad policial, y las detenciones gubernativas, en algún caso hasta cuatro ocasiones, merman exponencialmente la capacidad de acción de los falangistas, que disponían de pocas armas cortas. Los meses de abril y mayo reflejan las mayores estadísticas de violencia. La Falange se muestra como el único estamento en las confrontaciones contra extremistas de izquierda. En estos meses las agresiones se suceden mayoritariamente contra miembros del Bloque 29 EC y DM 2-III-1936 y DM y LR 4-III-1936. Para el estudio de la actuación de la Falange Montañesa ver José Manuel PUENTE FERNÁNDEZ La Falange clandestina. Historia de la Falange Española de las JONS en Cantabria (1933-1937), Libracos Torrelavega 2009. El papel jugado en el desarrollo y ejecución de la violencia en los meses del Frente Popular, ver pp. 181-203. Maximiano GARCIA VENERO: La Falange en La Guerra de España: La Unificación y Hedilla. Ediciones Ruedo Ibérico Paris Imprimerie Samie Bordeaux 1967, p. 152. 30 "No estuvo a la altura de las circunstancias, ni asimiló la responsabilidad que le incumbía. Las órdenes las daba siembre valiéndose de intermediarios, no admitía que un falangista como tal le hablara en público...No asistía a los consejos por temor a que le detuviesen..En unos momentos en que la quiebra del principio de autoridad era casi absoluta, resultaba imprescindible obrar con toda dureza y tratar a nuestros oponentes como en la guerra. La falta de compresión de este problema, las dudas y la indiferencia, crearon serias dificultades a la Falange montañesa: no solamente las derivas de la acción política, sino incluso en el orden político. Las órdenes para actuar contra el Frente Popular y sus satélites, emanaban de la jefatura de milicias, a espaldas del jefe provincia. El Gobernador Civil trataba de hacernos la vida imposible u casi lo conseguía". 88 Nacional (Agrupación Regional Independiente, Falange y Acción Popular)31, destacando el 9-IV-1936 cuando tres falangistas fueron tiroteados a la altura del Círculo de Recreo. Coincidiendo con la presentación del nuevo líder regional, y tras haberse tomado el acuerdo por los falangistas, el 15-IV-1936, se atenta contra los bares Rojo y Tayo en Santander, propiedad del hermano del Concejal Leiza, lugar de reunión de izquierdistas. Además el 19-IV-1936 dos militantes de Falange sufrieron una paliza en Guriezo. El 9-V-1936 fue agredido el falangista Luis Pacheco en Santander. El 10-V1936 fueron atacados varios miembros de Acción Popular y el 13-V-1936 uno de la ARI en Torrelavega. El día 24-V-1936 fue atacado el falangista Nicanor Varela en Villasuso de Cieza y ese mismo día tres derechistas en Santander. El 4-V-1936 fue clausurado el local de la ARI por celebrarse una reunión clandestina de falangistas y tradicionalistas, con 33 detenidos. El día 15 tuvo lugar la clausura de los locales de Acción Popular y Tradicionalista en Reinosa y el 14-III-1936 el centro Tradicionalista y el de la Juventud Católica de Noja. Las detenciones en estos dos meses alcanzan las doscientas. Desde el 5-V-1936 se encontraban en prisión como gubernativos el Jefe Provincial de Milicias, Ángel Español, el de la prensa y propaganda, Florentino Torre, el Jefe del 1º grupo de acción Jerónimo Izaguirre, el secretario provincial Fernando Murga, el de la 1ª centuria Jaime Antonio Rubayo, Domingo Betegón, secretario del SEU dos jefes de centuria, cuatro jefes de escuadra y escuadristas de acción. Los registros se suceden casi diariamente llegando a 250 en Junio, ya sean en la calle, en domicilios particulares o locales públicos. Consta la participación directa de la Falange en la represión del atentado a Olavarrieta el 5-V-1936, provocando dos heridos socialistas en el Astillero y dos comunistas en Santander, y en el asesinato de Luciano Malumbres el 3-VI-1936, al que denominaban "El Sapo": "La Región” ha hecho una campaña de embustes y envenenamiento como solo los montañeses conocen. Continuamente publican listas de camaradas de Falange, dando sus domicilios, e indicando a las “masas proletarias”, que ya saben donde los tienen. Su director, un anormal en todos los aspectos, se deleita con sus campañas vergonzosas. Ya una vez tuvo que habérselas cara a cara con 31 La relación de acontecimientos, imposible de abarcar en este trabajo por su amplitud, se encuentran recogidos en las páginas 111-191 de mi tesis doctoral Guerra Civil en Cantabria 1936-1948. La represión republicana y franquista. Universidad de Cantabria, 2016. 89 uno de nuestros camaradas que le propinó una buena paliza y la rotura de sus gafas. En otra ocasión recibió la visita de dos camaradas, Yllera y Torre, que le advirtieron sobre la necesidad de no meterse con Falange. El fue uno de los principales causantes de tantos atentados como se cometieron a las personas de nuestros camaradas. Y por fin la justa represalia contra, quien con tanto daño hizo a la Falange y a Santander y que causa de tantas persecuciones, detenciones y asesinatos de camaradas, hizo que un día cayera atravesado de un balazo cuando sobre la mesa de un café planeaba nuevas campañas de difamación y gozaba con el resultado de las anteriores. Los rojos se enfurecen y tratan de continuar y llevar mas adelante sus asesinatos. En la calle Tableros, acorralan al camarada Amadeo Pico y lo asesinan por la espalda, suponiendo que ha intervenido en la represalia llevada a cabo en la persona de Malumbres. Los camaradas que colaboraron en el servicio, marcharon en automóvil fuera de Santander. Los rojos, la milicianada de la época roja, hace su anticipo ahora por las calles de Santander, por todos los lugares se ven patrullas de la milicia marxista con pistola en mano montando guardia".32 La decisión del atentado se adoptó en el café Zahara de Madrid el 9-V-1936 en la que entre otros estuvo presente Hedilla. Matilde Zapata, viuda de Luciano Malumbres, señala a José Santos Fernández, primer presidente de la SAM, la comisión del delito de “asesinato por inducción”, de su marido33. La actuación de los Tribunales de Urgencia se centra en juzgar los delitos por tenencia ilícita de armas y uso de las mismas, siendo las penas impuestas muy livianas, y en muchos casos absoluciones, frente a las peticiones efectuadas por el Ministerio Fiscal. La pena más relevante alcanza el año y dos meses de prisión. El número de heridos atendidos en la Casa de Salud Valdecilla por herida de arma de fuego entre el 16-II-1936 y el 18-VII-1936, que traigan causa en conflictos políticos sociales asciende a la cifra de 45 personas, a las que hay que añadir 19 por herida de arma blanca u objetos cortantes y otras trece por contusiones y fracturas varias, lo que hacen un total de 77 personas las atendidas. Nos encontramos pues a principios de Julio de 1936, en que, a pesar de haber disminuido en la última semana de junio drásticamente el número de conflictos político 32 33 CEM, Revolución. Notas de Falange. Carpeta 45/13 La Región, 15-VI-1936 90 sociales, el recuerdo de los graves acontecimientos habidos recientemente alimentan el pensamiento en el que el peligro revolucionario está patente entre los sectores más reaccionarios regionales, con el recuerdo de los sucesos del 34. Dicho enfoque se recoge en la carta de 25-VI-1936 de Domingo Betanzos, monárquico, a Biempica, en la que tras la muerte de Obregón y Cabañas, aconseja a Calvo Sotelo no acudir a Comillas: "El pobre joven Piñeira Alberdi, hijo de un directivo de la casa de Galicía (...) no estaba afiliado a ningún partido político, ha muerto anoche. A un afiliado a falange que fue agredido a tiros hace unos pocos días al salir de la cárcel, lo han matado anoche a su anciana madre cuando se encontraba en su casa de Los Corrales con una niñita en brazos. La asesinaron de siete tiros y la censura no ha dejado decir nada a un chico empleado en el banco Hispano Americano le han tirado cuatro tiros al retirarse a casa hace unas pocas noches. Como Ud. ve, mi querido amigo, para este gobierno beligerante, no sucede nada y el orden público mejora notablemente, sin duda porque todas las víctimas son de derechas o personas decentes (...)"34. En la carta dirigida por Leopoldo Bárcena y Díaz, monárquico, ingeniero de minas a Arturo Salgado Biempica, secretario personal de Calvo Sotelo, manifiesta: "Le escribo para que llegue a usted y D. José una vez más, indignada por la que estamos contemplando en esta provincia.. Ya estará enterado del vil asesinato de dos empleados de esta compañía, el uno por monárquico que trabajó siempre ardientemente por el ideal y el otro... por ir acompañándole nada mas, pues aunque persona decente, no se había metido jamás en política. Al día siguiente hirieron gravemente a otro muchacho de derechas. Ayer murió. el otro día hirieron a un obrero de derechas de Corrales, un joven de 19 años, y anteayer asesinaron vilmente a su madre desde la ventana de la cocina de su casa en el momento que tenía un sus brazos a una criatura. Y por si esto fuera poco, hay que ver las muestras de satisfacción que da esa gente por estos asesinatos. Al día siguiente de caer esos dos empleados de esta compañía, Las zapatilleras al entrar 34 CDMH, PS Madrid Caja 1700, Leg. 1390 91 al trabajo iban en plan de romería gritando !Ya cayeron dos!, así a pares, oye tu sabes que mataron a José Luis y al hijo de Cabañas?, ay y los que tiene que caer aun, etc, etc. El monstruo que lleva esa gente dentro, está hoy dominando completamente todo su ser, y esto no se podrá ya reabsorber más que por medio de una dictadura feroz y precedida de una labor de desmoche y seguida de algo completamente distinto a lo hasta hoy conocido. Todo esto no tendrá más remedio que venir porque la cobardía tiene un límite. No se puede ser infinitamente cobarde"35. Queda acreditado de modo fehaciente que la etapa objeto de estudio fue un periodo caracterizado por la constante agitación, en el que la presión ejercida por las organizaciones sindicales de izquierda sobre las autoridades era constante, en aras a la consecución de sus objetivos y promesas efectuadas en las elecciones por el Frente Popular. Un periodo en el que dominaron las agresiones aisladas, pero también fueron abundantes las colisiones y enfrentamientos promovidos por una dinámica de represalias, especialmente en el ámbito urbano. La casuística de la provocación, acción y reacción, conlleva en muchos casos la convocatoria de manifestaciones y huelgas como se ha señalado por parte de las organizaciones de izquierda y al asalto de locales de organizaciones y partidos de derechas. Ahora bien: la violencia no surgió en el periodo del Frente Popular, sino que se mostró durante toda la Segunda República en sus diversas formas dinamitando desde su base cualquier línea de consenso entre los interlocutores del orden político social establecidos. La generalización de la violencia tiene su máximo reflejo en el escenario local, unidad de ensayo de las distintas medidas y contramedidas adoptadas por los diversos gobiernos, y con ello la disputa por el poder. Fuentes y bibliografia GARCÍA VENERO, Maximiano: La Falange en la guerra de España: La Unificación y Hedilla, Ruedo Ibérico, París, 1967. LLANO DIAZ, Ángel: La enseñanza primaria en Cantabria. Dictadura de Primo de Rivera y Segunda República (1923-1936) Tesis Doctoral UC 2012 Santander. 35 Julián SANZ HOYA, De la resistencia a la reacción: las derechas frente a la Segunda, República (Cantabria 1931-1936)” UC Santander 2007, p.254.y CDMH, PS Madrid Caja 1700, Leg. 1390. 92 MENENDEZ CRIADO, Enrique: Guerra Civil en Cantabria 1936-1948. La represión republicana y franquista. Tesis Doctoral UC. 2016. MERINO PACHECO, Javier y DIEZ MARZAL, Carmen: La Conflictividad en Cantabria Durante la Primavera de 1936. Editorial Tantín Santander 1986. PUENTE FERNÁNDEZ, José Manuel: La Falange clandestina. Historia de la Falange Española de las JONS en Cantabria (1933-1937), Libracos Torrelavega 2009. SANZ HOYA, Julián: De la resistencia a la reacción: las derechas frente a la Segunda República (Cantabria 1931-1936) UC Santander 2007. SOLLA GUTIÉRREZ, Miguel Ángel: La sublevación frustrada. Los inicios de la Guerra civil en Cantabria. UC. Santander 2005. Diarios El Diario Montañés (DM) 1936. La Región 1936 (LR). El Cantábrico 1936 (EC). La Voz de Cantabria 1936 (VC). Alerta (1938). ABC (Madrid y Sevilla 1936). La Vanguardia 1936. Registros Civiles de Cantabria (RCS Registro de Santander). Archivo Fundación Marqués de Valdecilla (AFMV). Libro Urgencias 1936. Archivo Histórico de la Cámara de Comercio, Industria y Navegación. Memoria de 1935. Anuarios Instituto Nacional de Estadística (INE). Año 1930-35, 1942 y siguientes. Archivo Prisión Provincial de Santander (APPS). Libro de reclusos 1927-1937. Archivo Histórico de Cantabria (AHC). Archivo Militar Intermedio Región Noroeste de El Ferrol (ARRMNF). Centro Documental de la Memoria Histórica, Salamanca (CDMH). Sección Guerra Civil. Político Social (PS) Santander Series A, C, CU, D, E, H/A, L, M, O OIPA . Boletín Oficial de la Provincia de Santander (BOP) 1936-1948. Boletín Oficial del Estado (BOE) 1936 -1950 (en sus distintas denominaciones). 93 La gran coalición contra el Frente Popular Roberto Muñoz Bolaños Doctor en Historia Contemporánea Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado (UNED) A la memoria del maestro Javier Donézar Díez de Ulzurrún Los antecedentes de la gran coalición (abril de 1931-diciembre de 1935) Desde el 14 de abril de 1931, determinados grupos políticos tomaron la decisión de enfrentarse violentamente contra el proyecto revolucionario1 que representaba la II República. Por tanto, la fecha de la proclamación del régimen republicano fue también la del origen de la Gran Coalición2 de partidos, que junto a un importante sector del Ejército, terminaría derribándolo. No obstante, no se trató de un proceso lineal, aunque si acumulativo, donde pudieron distinguirse diferentes fases. La primera fase abarcó desde abril hasta diciembre de 1931, y estuvo representada por las conspiraciones que pusieron en marcha los monárquicos tanto carlistas como alfonsinos, y donde se buscó también el apoyo de otros grupos conservadores, como el Partido Nacionalista Vasco (PNV). Este proyecto fracasó totalmente, ya que no se consiguió crear un frente unido entre los tres grupos, por la oposición entre los grupos monárquicos y la negativa final del PNV a unirse a la conspiración3. El término “revolucionario” se usa en sentido objetivo y no peyorativo. La II República pretendía un cambio de las estructuras socioeconómicas, jurídico-políticas y educativo-culturales de España, que hubiera supuesto la imposibilidad de volver a lo que antes existía. 2 El término Gran Coalición fue utilizado por primera vez por Gil Pecharromán en 2013. Julio GIL PECHARROMAN: El Movimiento Nacional (1937-1977), Barcelona, Planeta, 2013, pp. 19-24. 3 Roberto MUÑOZ BOLAÑOS: “Por Dios, por la Patria y el Rey marchemos sobre Madrid: el intento de sublevación carlista en la primavera de 1936” en Daniel MACÍAS FERNÁNDEZ y Fernando PUELL 1 95 Universidad de Castilla~La Mancha Departamento de Historia. Área de Historia Contemporánea Edificio Benjamín Palencia | Campus Universitario s/n | 02071 Albacete Email: [email protected] | www.ahistcon.org | La segunda fase se extendió entre enero y agosto de 1932, y junto a los monárquicos, ya aparecen políticos republicanos conservadores –Alejandro Lerroux, líder del el Partido Republicano Radical (PRR), y Melquíades Álvarez, del Partido Republicano Liberal-Demócrata (PRLD)– que se oponían a la política desarrollada por el Gobierno republicano-socialista presidido por Manuel Azaña. El resultado de esta alianza sería la sublevación fracasada del 10 de agosto de 1932, articulada sobre ambos grupos: el monárquico en Madrid, bajo la dirección del teniente general Emilio Barrera Luyando, y el republicano conservador en Sevilla, liderado por el de su mismo empleo José Sarjurjo Sacanell4. La tercera fase, que supuso un impasse, se desarrolló entre septiembre de 1932 y diciembre de 1935. El fracaso del tándem Barrera-Sanjurjo; la represión desencadenada por el Gobierno republicano contra sus enemigos; la victoria de la derecha en las elecciones del 19 de noviembre de 1933, y sobre todo la llegada del líder de la Confederación Española de Derechas Autónomas (CEDA), José María Gil-Robles y Quiñones al Ministerio de Guerra (mayo/diciembre de 1935) dentro de un Gobierno de coalición entre este partido y el PRR, provocaron que los proyectos violentos contra la II República quedaran momentáneamente suspendidos. No obstante, en esta fase se produjeron una serie de acontecimientos que posteriormente serían determinantes para la sublevación gestada en 1936. Así, en el seno del Ejército, se creó la Unión Militar Española (UME), una organización clandestina de extrema derecha, integrada por Jefes y Oficiales, que si bien no podía desencadenar por si misma una sublevación militar, si podría actuar como un útil auxiliar en un golpe de Estado dirigido por generales, como se demostraría posteriormente5. Y también se organizó en Madrid, bajo la presidencia del general de división Manuel Goded Llopis –seguidor político de Melquíades Alvárez6– la “Junta de Generales”, integrada entre otros por los de brigada de Infantería Luís Orgaz Yoldi y José Enrique Varela y los de división Joaquín Fanjul Goñi, Rafael Villegas Montesinos y José Rodríguez del Barrio. El objetivo de esta organización no era la destrucción de la República mediante un golpe de Estado, sino poner fin al DE LA VILLA (eds.): David contra Goliat: Guerra y asimetría en la Edad Contemporánea, Madrid, IUGM-UNED, 2014, pp. 145-147; “La Guerra Civil: una síntesis histórico-militar” en Ricardo RECIO CARDONA (ed.): Rojo y Azul. Imágenes de la guerra civil, Madrid, Almena, 1999, p. 6. 4 Roberto MUÑOZ BOLAÑOS: “Francisco Llano de la Encomienda. General de División”, en Javier GARCÍA FERNÁNDEZ (coord.): 25 militares de la República, Madrid: Ministerio de Defensa, 2011, pp. 560-563. 5 Ibidem, p. 563. 6 Manuel AZAÑA DÍAZ: Diarios 1932-1933: Los cuadernos robados, Barcelona, Crítica, 1997, p. 2. 96 Gobierno de Azaña. La mayoría de sus miembros colaboraron en puesto de responsabilidad con Gil-Robles7. En el campo de las organizaciones políticas, hubo tres hechos destacados. El primero, la creación por los monárquicos alfonsinos –agrupados ya en el partido Renovación Española (RE)– de una nueva organización conspirativa, dirigida por el teniente coronel de Estado Mayor (EM) Valentín Galarza Morente –miembro también de la UME–, y bajo la jefatura del teniente general Barrera, al negarse el de su mismo empleo Severiano Martínez Anido a liderarla. No era, en todo caso, un grupo importante desde el punto de vista militar, pues la mayoría de sus integrantes estaban retirados, y por tanto carecían de tropas bajo su mando8. El segundo fue la reorganización de la milicia carlista, el Requeté, por los dirigentes de la Comunión Tradicionalista (CT), Manuel Fal Conde, delegado nacional, y José Luis Zamanillo, delegados nacionales del pretendiente Alfonso Carlos y del Requeté, respectivamente. No obstante, a pesar del mito gestado por los carlistas tras la guerra civil, y aceptado por autores académicos como Blinkhorn9, Arostegui10 o González Calleja11, esta milicia nunca fue ni numerosa ni efectiva como reconocía uno de los militares colaboradores de CT, el teniente coronel de EM Eduardo Baselga en mayo de 193612. Y el tercero, el famoso pacto con Benito Mussolini, suscrito en Roma el 31 de marzo de 1934, por los miembros de CT Antonio de Lizarza y Rafael Olazabal; el alfonsino Antonio de Goicoechea, y el teniente general Barrera. Por el mismo, el dictador italiano se comprometía a apoyar a los dos partidos monárquicos con armas y dinero para que derribasen la II República, y a cambio, el nuevo gobierno que surgiese después, firmaría una serie de pactos con Italia que reforzarían la posición geoestratégica de este país en el mar Mediterráneo13. No obstante, a pesar de la situación de impasse que caracterizó esta fase, hubo un hecho que alteró totalmente a las fuerzas conservadoras: la revolución de octubre de 1934. La posibilidad de que las organizaciones izquierdistas pudieran culminar en un Roberto MUÑOZ BOLAÑOS: “Francisco Llano…”, pp. 563-564. Roberto MUÑOZ BOLAÑOS: “La Guerra Civil…”, p. 8. 9 Martin BLINKHORN: Carlismo y contrarrevolución en España, 1931-1939, Barcelona, Crítica, 1979. 10 Julio ARÓSTEGUI: “El carlismo, la conspiración y la insurrección antirrepublicana”, Arbor, 491-2 (1986), pp. 27-76. 11 Eduardo GONZÁLEZ CALLEJA y Julio ARÓSTEGUI: “La Tradición recuperada. El Requeté carlista y la insurrección”, Historia Contemporánea, 11 (1994), pp. 29-53. 12 Proyecto de movilización del Teniente Coronel Baselga, bajo la dirección del General Muslera, entregado por Fal Conde al General Sanjurjo y hallado en sus papeles, Archivo de la Universidad de Navarra (AUN), Archivo Fal Conde (AFC), sección: Delegación Nacional, serie: Conspiración, caja 133/257, carpetas 28-43, p. 9. 13 Antonio de LIZARZA: Memorias de la Conspiración, Madrid, Dyrsa, 1986, pp. 29-32. 7 8 97 futuro un proyecto político de estas características, se convirtió en el mayor temor para un importante sector del Ejército y de la sociedad española, y para todas las organizaciones políticas de la derecha. Esta fase finalizó con el estallido de los escándalos Straperlo y Nombela, que supusieron la caída del Gobierno radical-cedista, y la convocatoria de nuevas elecciones legislativas para el 16 de febrero de 1936. En estos comicios, la izquierda se presentó en coalición bajo la denominación de Frente Popular (FP). Sería tras el triunfo electoral de esta coalición cuando se inició la cuarta y definitiva fase de oposición violenta a la II República. El primer intento de gran coalición: el proyecto de sublevación carlista (marzo-mayo de 1936I). El Frente Antirrevolucionario comenzó a gestarse en los prolegómenos de las elecciones de febrero de 1936. Por un lado, las organizaciones políticas derechistas buscaron crear una coalición que se opusiera al FP14; fracasando en su empeño. Por otro, un sector del Ejército –bajo la jefatura de los generales de división Francisco Franco Bahamonde, jefe del Estado Mayor Central (EMC)15 y Goded, inspector general del Ejército y director general de la Aeronáutica Militar16– quiso evitar la salida de la CEDA del Gobierno, la celebración de nuevas elecciones, e intentó que se declarase el estado de guerra en la noche del 16 de febrero, para evitar la toma del poder por el FP, fracasando en los tres casos17. Tras la llegada al Gobierno de la coalición de izquierda, y temiendo que fuera el inicio de un nuevo proceso revolucionario, el general Rodríguez del Barrio, lugarteniente de Goded –éste había sido destinado a las Baleares–, convocó una reunión en Madrid, el 8 de marzo de 1936, en el domicilio del agente de Cambio y Bolsa José Delgado y Hernández de Tejada, afiliado a la CEDA, a la que asistieron los generales de división Franco, Fanjul, Villegas y Manuel González Carrasco, y los de brigada de 14 Carta de Fal Conde a Alfonso Carlos. Sevilla, 16 de enero de 1936 y carta de Fal Conde a Alfonso Carlos. Sevilla, 23 de enero de 1936, AUN, AFC, sección: Correspondencia, serie: Correspondencia de Alfonso Carlos. (1936), caja 133/008, carpeta 3. 15 Dos cuadernos manuscritos de Franco explicando su participación en la revolución de Asturias, Fundación Nacional Francisco Franco (FNFF), Archivo del general Francisco Franco Bahamonde (AGFF), documento. 26.630, pp. 4-5 ( en citas sucesivas Dos cuadernos) 16 Declaración del general de división Manuel González Carrasco, Archivo General Militar (Avila) (AGM), Archivo de la Guerra Civil (AGC), Documentación Nacional, legajo 273 bis, carpeta 18. 17 Dos cuadernos, pp. 6-10. 98 Infantería Varela, Orgaz y Emilio Mola Vidal; el de Ingenieros Alfredo Kindelan Duany, y el de Caballería Ponte, más el teniente coronel Galarza. En esta reunión se tomaron tres acuerdos importantes. El primero, que la sublevación sería apolítica. El segundo, que la jefatura de la sublevación correspondería al teniente general Sanjurjo. Y el tercero, que sería un golpe centrifugo (controlar Madrid primero y luego el resto del territorio nacional) –tesis de Varela– frente al centrífugo (control primero de la periferia para converger sobre Madrid) propuesto por Mola18. Esta toma de postura de un sector importante del generalato español no pasó desapercibida a la CT, ya que entre ellos había varios colaboradores del carlismo: el general Varela –clave en la reorganización del Requeté– y el teniente general retirado Manuel Fernández Pérez, africanista, implicado en la sublevación de Sanjurjo, y que se había entrevistado Goded en enero de 193619. Ambos debieron informar a sus amigos políticos de la conspiración que se estaba gestando20. Sólo así se entiende que veinte días después de la reunión del 8 de marzo, se activase la Junta Técnica Militar de este partido que ahora integró en la misma a civiles para crear una auténtica división del trabajo en nueve sesiones. En este nuevo proyecto de sublevación carlista, se consideraba fundamental la alianza con el Ejército21: El estado de hondísima perturbación en que vive España exige una pronta y enérgica intervención. La Comunión puede realizarla y en circunstancias propicias encontrará colaboración en el Ejército; más para que ese propósito sea una realidad se requiere un supremo esfuerzo y una firme resolución al mismo tiempo. La importancia de esta alianza explica que los líderes de CT buscaran el apoyo del teniente general Sanjurjo22 para dirigir su proyecto, ya que también lideraba la trama militar. Además, este militar había estrechado su relación con CT desde 1932, durante 18 Los documentos más importantes para conocer la conspiración de 1936 son los que el ayudante del general Mola, el comandante de Infantería Emiliano Fernández Cordón entregó al Servicio Histórico Militar (SHM). Copias de documentos facilitados por el teniente coronel Emiliano Fernández Cordón, referentes a la preparación y desarrollo del Alzamiento Nacional, ÁGM, AGC, Documentación Nacional, legajo 4, carpeta 8 (en citas sucesivas Documentos Fernández Cordón). 19 Declaración del general de división Manuel González Carrasco, AGM, AGC, legajo 273 bis, carpeta 18. 20 José Luís ZAMANILLO: La conspiración de 1936, AUN, AFC, sección: Delegación Nacional, serie: Conspiración, caja 133/257, carpetas 44-47, Apuntes y correspondencia, p. 2. (en citas sucesivas La conspiración de 1936) 21 AUN, AFC, sección: Delegación Nacional, serie: Conspiración, caja 133/257, carpeta 44. 22 José Luís ZAMANILLO: La conspiración de 1936, p. 1. 99 su estancia en Portugal, rememorando sus antecedentes familiares carlistas23. El objetivo de los dirigentes carlistas era que Sanjurjo encabezara una sublevación del Requeté, a la que se podrían incorporar también un importante sector del Ejército y otras organizaciones políticas antirrevolucionarias, y que culminaría con el establecimiento de una regencia encabezada por el príncipe Javier de Borbón-Parma, heredero del pretendiente carlista Alfonso Carlos. Con esta pretensión, Fal Conde y Sanjurjo se entrevistaron en Lisboa a comienzos de mayo24. En esta reunión, y según el testimonio manuscrito del teniente general, “[Fal Conde] me habló de su deseo de que fuera yo el General que dirigiera un movimiento en Navarra combinado con levantamientos de partidas por el Maestrazgo y también en la frontera de Portugal”25. Sanjurjo le explicó que el proyecto nacería muerto sino contaba con el apoyo del Ejército, y que él ya se había comprometido con sus compañeros de armas. No obstante, indicó al líder carlista que si el Ejército no se sublevaba, la operación podría estudiarse, siempre que se contara con el apoyo de las guarniciones militares del Norte. De hecho, de esta entrevista surgieron tres planes militares para la sublevación del Requeté, cuyo dato más elocuente fue que los diseñadores de los mismos jugaron con la cifra de no más de 8.000 milicianos carlistas en toda España26. Junto al militar, el otro frente que debían construir los dirigentes carlistas era el político, para conformar una Gran Coalición bajo el liderazgo de CT. Para lograr este objetivo, Fal Conde, que ya tenía sólidas relaciones con la CEDA, pero no tanto con RE27, trató de buscar el apoyo de dos organizaciones políticas que disponían de un importante componente juvenil: el Partido Nacionalista Vasco (PNV) y Falange Española de las Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista (FE de las JONS). El PNV era la fuerza hegemónica de la derecha en Guipúzcoa y Vizcaya, aunque su ideología independentista chocara con la de las organizaciones conservadoras española, incluida CT. No obstante, existían dos puntos de unión entre ellas: el rechazo al desorden público que azotaba las provincias vascas28 y el temor a una revolución 23 Jaime del BURGO: Conspiración y guerra civil, Barcelona, Alfaguara, 1970, pp. 529-530: José Luís ZAMANILLO: La conspiración de 1936, p. 7. 24 Ibid. 25 Nota autógrafa del General Sanjurjo. Mes de mayo de 1936, AUN, AFC, sección: Delegación Nacional, serie: Conspiración, caja 133/257, carpetas 28-43, p. 1 (en notas sucesivas Nota autógrafa) 26 Preámbulo a la redacción de un anteproyecto de marcha, AUN, AFC, sección: Delegación Nacional, serie: Conspiración, caja 133/257, carpeta 45. 27 Roberto MUÑOZ BOLAÑOS: “Por Dios…”, pp. 150-151. 28 Fernando de MEER: El Partido Nacionalista Vasco ante la guerra de España (1936-1937), Pamplona, EUNSA, 1992, pp. 68-69; Ignacio OLABARRI GORTÁZAR: Relaciones laborales en Vizcaya 18901936, Durango (Vizcaya), Leopoldo Zugaza, 1978, p. 429. 100 comunista29. Ambos hechos, habían inclinado al PNV hacía una posición antirrevolucionaria, como lo reconoció el militante de la Euzko Gaztedi Indarra (EGI “Fuerza Juventud Vasca”), José Manuel Iradi: “Ya no había más lucha que izquierda y PNV. Las Juventudes Nacionalistas están radicalizadas en ese enfrentamiento y mentalizadas para ese fin”30. Esta posición de los nacionalistas vascos no pasó desapercibida a los líderes carlistas que a comienzos de abril de 1936, organizaron una reunión en San Sebastián. El anfitrión fue un miembro de Sección Séptima “Financiera” de la Junta Técnica Militar, Fausto Gaiztarro, que junto a José Luís Zuazola, llevarían el peso de las negociaciones con el PNV31. A esta reunión, asistieron también representantes del RE –Ramón Sierra Bustamante, director de El Diario Vasco, de San Sebastián–, de la CEDA y de F.E. de las JONS. Por el PNV, asistió el burukide Telésforo Monzón, presidente del Guipúzcoa Buru Batzar (GBB), quien aceptó colaborar en una futura conspiración, aunque el resultado fuera el establecimiento de una dictadura militar. No obstante, añadió que tenían “hombres, pero no armas”. Para subsanar esta carencia, los monárquicos le harían poco después una reducida entrega de armas y de dinero; pues los jeltzales temían una revolución izquierdista inminente32. En la siguiente reunión, celebrada el 20 de abril, a la que de nuevo asistió Monzón y en la que estuvieron presente oficiales del Ejército –probablemente el general de división Mario Muslera y el teniente coronel Baselga, ambos carlistas y miembros de la Junta Técnica Militar, y que eran los encargados de dirigir la sublevación en Guipúzcoa–, el burukide presentó la siguiente propuesta: si la sublevación era estrictamente militar, los nacionalistas vascos se mantendrían al margen, pero garantizarían el orden y tomarían los edificios públicos; pero, si la sublevación la dirigían los carlistas, se unirían a este partido e irían con ellos hasta el final. Esta respuesta del dirigente del PNV satisfizo a los representantes de la derecha española que 29 En este sentido, destacan las declaraciones de Luís Araquistáin, The New York Times, 26 de junio de 1936. 30 Carlos BLASCO OLAETXEA: Diálogos de guerra. Euzkadi 1936, Usúrbil (Guipúzcoa), Gráficas Izarra, 1983, p. 14. 31 José María GIL-ROBLES: No fue posible la paz, Barcelona, Ariel, 1978, p. 710. Declaración de José Múgica, Archivo Histórico Nacional (AHN), Fondo Causa General (FCG), sección: Guipúzcoa, caja 1336, pieza 2: Alzamiento nacional y antecedentes. 32 Ramón SIERRA BUSTAMANTE: Euzkadi. De Sabino Arana a José Antonio Aguirre. Notas para la historia del nacionalismo vasco, Madrid, Editora Nacional, 1941, p. 156. Elías Etxeberria (Miembro del EBB, 1936), Centro de Microfilm de Vergara (Guipúzcoa), Archivo Oral “Carlos Blasco”, nº 30. 101 aceptaron realizar una nueva entrega de armas a los nacionalistas vascos33, a los que consideraron ya como parte de la conspiración. Sí los líderes de CT consiguieron el apoyo del PNV, no puede decirse lo mismo de F.E de las JONS. Esta fuerza política había tenido un gran crecimiento desde febrero de 1936, convirtiéndose en el polo de atracción de toda la juventud contraria a la política del FP34, lo que la hacía especialmente atractiva para los carlistas como aliado para poder culminar con éxito sus planes. Además, el líder del partido José Antonio Primo de Rivera –encarcelado por las autoridades desde el 15 de marzo de 1936– venía apostando por una sublevación militar desde el fracaso de la revolución de octubre de 193435, y había enviado el 4 de mayo una hoja clandestina titulada “Carta a los militares de España” donde animaba al Ejército a sublevarse contra el Gobierno36. Esta toma de postura del líder fascista, animó a los carlistas a buscar el contacto con los falangistas con objeto de crear un frente común, en igualdad de condiciones y capaz de imponer sus condiciones al Ejército37. El encargado de reunirse con Primo de Rivera fue un aristócrata, Álvaro Caro y Gillamas, conde de Torrubia, que le presentó –en clave– una propuesta de sublevación conjunta entre carlistas, falangistas y militares, donde los dos primeros grupos impondrían sus condiciones al tercero, y también al resto de las fuerzas de la derecha, que se incorporarían tras el triunfo no como partidos políticos –pues todos serían disueltos– “sino como individuos destacados del mundo de los negocios”, formando parte de un gobierno técnico y apolítico. Además se añadía “Una advertencia” que resultó premonitoria38: Si no hay una inteligencia previa con los Gómez [militares], y estos han de constituir ellos solos la Dirección interina, queda incierto lo que sucederá luego, no podremos impedir que la interinidad se prolongue, si ellos no quieren ceder, y nos entregaríamos todos a maniobras y forcejeos que pondrían esterilizarlo todo. Ramón SIERRA BUSTAMANTE: Euzkadi…, p. 156. Luis María y Juan Carlos JIMÉNEZ DE ABERASTURI: La guerra en Euzkadi, Barcelona, Plaza & Janés, 1978, p. 146. 34 Roberto MUÑOZ BOLAÑOS: “Estudio crítico de ¿Fascismo en España?”, en Ramiro LEDESMA RAMOS: ¿Fascismo en España?, Málaga, Sepha, 2013, p. 128. 35 Ibidem, pp. 123-124. 36 Ismael SAZ CAMPOS: Fascismo y franquismo, Valencia, Publicacions de la Universitat de València, 2004, p. 72. 37 Sobre los contactos entre falangistas y carlistas, véase Maximiano GARCÍA VENERO: Testimonio de Manuel Hedilla, Barcelona, Acervo, 1972, pp. 101-103. 38 AUN, AFC, sección: Delegación Nacional, serie: Conspiración, caja 133/257, carpetas 28-43. 33 102 La respuesta de José Antonio fue totalmente contraria al proyecto carlista, articulándose en los siguientes puntos. El primero, que aceptaba el liderazgo del Ejército. El segundo, que rechazaba la disolución de los partidos políticos, afirmando que “primeramente sean los militares los que se apoderen de las riendas de la gobernación del Estado, y al cesar estos, venga a sustituirlos, aquel partido que mayor ambiente popular tenga”. Y el tercero, tal vez el más importante, que se oponía a que la monarquía como elemento definidor de la sublevación, alegando que: …debido a la extrema dureza del castigo que obligatoriamente habrá que imponer, para restablecer el equilibrio de la Patria y del principio de autoridad, caiga sobre ella, todo el peso de la responsabilidad, y se aleje con dicho estigma, toda posibilidad de una posible restauración39. Con el apoyo del PNV y la negativa de F.E. de las JONS, el príncipe Javier, Fal Conde y Aurelio González de Gregorio, delegado nacional de la Juventud Carlista se trasladaron a Lisboa a mediados de mayo para discutir su plan de sublevación con Sanjurjo. Pensaban que contaban con un elemento que aseguraba su triunfo: el general Mola, nombrado jefe de la Brigada de Infantería XII (Pamplona), se había puesto al frente de una nueva conspiración militar, tras el fracaso del golpe de la Junta de Generales40. Los dirigentes carlistas consideraban que esta nueva trama cumplía el requisito establecido por Sanjurjo de que los planes carlistas fueran apoyados por las guarniciones del Norte. De hecho, en la cena celebrada en el Hotel Hispano Americano, de Lisboa, los carlistas no dudaron en intentar imponer sus condiciones políticas, ya que, según escribió el propio Sanjurjo, el príncipe “quería que fuera nombrado regente si triunfara el Movimiento, pero más tarde se votará por la forma de gobierno y que se acataría el resultado de la votación”41. Al final se llegó al acuerdo de que si se sublevaba el Ejército, los carlistas le apoyarían, y si sólo lo hacían los miembros de CT, Sanjurjo lideraría la operación42. Tras este acuerdo, Sanjurjo entregó al príncipe Javier una carta 39 Este párrafo es interesante por dos aspectos. El primero, que el líder falangista asumía que la represión sobre los vencidos sería muy dura. Y el segundo, que su opinión sobre la monarquía es muy similar a la que Franco daría al pretendiente don Juan de Borbón. 40 B. Félix MAÍZ: Mola, aquel hombre, Barcelona, Planeta, 1976, pp. 99-100. 41 Nota autógrafa, p. 1. 42 Ibid. La Actualidad Española, 6 de junio de 1968. 103 para el general Mola. Sin embargo, este general rechazó en su respuesta el plan carlista, escribiendo a Sanjurjo una misiva en la que se podía leer43: Me dijo que el General Mola estaba resueltamente dispuesto a levantar la región con el Ejército y los muchos paisanos, núcleo compuestos de Carlistas. Que no me moviera sin que él me hubiera llamado, ni aún quitándolo de allí. Que todo lo hacía por mí y para mí. La propuesta de Mola hizo a Sanjurjo jefe de una nueva sublevación organizada y dirigida por su compañero de armas; sellando el destino de la conspiración carlista, y por tanto del primer intento de Gran Coalición contra el FP. La conspiración del General Mola: la gran coalición contra el Frente Popular (abril-julio de 1936) La operación golpista que puso en marcha Mola, con el apoyo inicial de la guarnición Navarra –vinculada a la UME–, y con el sobrenombre de El Director, se artículo en dos niveles: militar y político44. Así, desde el punto de vista militar, presentó tres grandes características: 1. Controlar la periferia de España para converger sobre Madrid, ya que el triunfo de la sublevación en la capital de España se antojaba muy complicado45. 2. Apoyarse principalmente en militares en activo, y si fuera posible en los generales, jefes y oficiales cada división orgánica, para no romper la cadena de mando. Los retirados estarían en un segundo plano. 3. Colaborar especialmente con los miembros de la UME, lo que le acarreó problemas con la Junta de Generales, a la que a veces punteó; pero que, en contrapartida, no siguió las directivas de Mola, especialmente en Madrid46. 43 Nota autógrafa, pp. 1-2. Roberto MUÑOZ BOLAÑOS: “La Guerra Civil…”, p. 12-16. Roberto MUÑOZ BOLAÑOS: “El general Mola y la evolución política de la España Nacional (1936-1937)” en José Manuel TRUJILLANO SÁNCHEZ y Pilar DÍAZ SÁNCHEZ: Jornadas <<Fuentes orales y escritos>>. Testimonios orales y escritos. España 1936-1996, Fundación Santa Teresa, Avila, 1998, pp. 202-4. 45 “El objetivo, los medios, el itinerario”, Documentos Fernández Cordón, pp. 51-52. 46 Véase Maximiano GARCÍA VENERO: Madrid 1936, Tebas, Madrid, 1973, pp. 229-316. 44 104 Desde el punto de vista político, El Director –de ideología liberal y republicana47– optó por plantear una conspiración “amplia” donde cupiesen todos los enemigos del FP, especialmente los republicanos moderados tanto del Ejército –representado por generales como Miguel Cabanellas Ferrer o Gonzalo Queipo de Llano, seguidores de Lerroux, o coroneles como Antonio Aranda Mata48–, como de la clase política, con el objetivo de legitimar y dotar de una base social lo más extensa posible a la operación. Esta búsqueda de la centralidad como punto de unión entre todos los enemigos del FP quedó plasmada en una instrucción secreta titulada “El Directorio y su obra inicial” y fechada el 5 de junio de 193649, donde no solo se establecía el carácter militar del nuevo gobierno, sino también las primeras medidas que tomaría entre las que destacaban: j) Separación de la Iglesia y del Estado, libertad de cultos y respeto a todas las religiones. k) Absorción del paro y subsidio a los obreros en paro forzoso comprobado. l) Extinción del analfabetismo. n) Plan de obras públicas y riegos de carácter remunerador. o) Creación de comisiones regionales para la resolución de los problemas de la tierra, sobre la base del fomento, de la pequeña propiedad y de la explotación colectiva donde ella no fuere posible (…) EL DIRECTORIO se comprometerá durante su gestión a no cambiar en su gestión el régimen republicano, mantener en todo las reivindicaciones obreras legalmente logradas… Se trataba por tanto de un programa político que resultaba más fácil de aceptar para FE de las JONS y para los republicanos conservadores que para la CEDA o los monárquicos. Sin embargo, los acontecimientos que se sucedieron entre febrero y junio de 1936, especialmente la aceleración de las reformas defendidas por el Frente Popular, 47 Mola era el más liberal de los generales golpistas. Así lo reconocen políticos de ideología tan diversa como Serrano Suñer, Alcalá Zamora o Mariano Ansó. Véase ALCALÁ ZAMORA: Asalto a la República, Madrid, La Esfera de los Libros, 2011, p. 132; Mariano ANSÓ: Yo fui ministro de Negrín, Planeta, Barcelona, 1976, p. 28, y Ramón SERRANO SUÑER: Entre el silencio y la propaganda, Barcelona, Planeta, 1997, p. 212. 48 Sobre el papel de estos tres militares en la sublevación puesta en marcha por Mola, véase Documentos Fernández Cordón, pp. 9, 14-16. 49 Ibidem, pp. 53-54. 105 el desorden público –provocado por el auge del pistolerismo–50, y la actitud del Gobierno, que realizó una dura represión sobre las organizaciones de derecha y fascista –especialmente FE. de las JONS–, mientras permitía las actuaciones delictivas de las organizaciones de izquierda, a las que llegó a convertir en algunos lugares, en auxiliares de las Fuerzas de Orden Público (FOP)51; provocaron una movilización contra el Gobierno de todas las fuerzas política de la derecha. Esta movilización facilitaría los planes de Mola, y permitiría la formación de una Gran Coalición política, que junto a un amplio sector del Ejército y la Armada, integrarían el Frente Antirrevolucionario cívico-militar que se sublevó el 17 de julio de 1936. En esta Gran Coalición, el sector más “izquierdista” estaba constituido por los pequeños partidos republicanos liberal-conservadores –PRR de Lerroux, el PRLD de Melquíades Álvarez, Partido Republicano Conservador (PRC) de Miguel Maura, Partido Republicano Progresista (PRP) de Niceto Alcalá Zamora, y el Partido Agrario Español (PAE), de Ángel Alcázar de Velasco–. Se trataba de organizaciones minoritarias y carentes de masas. Sin embargo, sus líderes todavía conservaban un importante prestigio entre las clases medias republicanas conservadoras, por lo que Mola trató de atraérselos con objeto de legitimar la sublevación, presentándola como una operación contra el Gobierno, y no contra el régimen republicano. Así, El Director informó a Melquíades Álvarez de lo que se preparaba a través de su hombre de confianza, Hipólito Jiménez Coronado, a quien también utilizó como enlace para ponerse en comunicación con otro seguidor del político asturiano, el general Goded, y con su hombre de confianza en Madrid, el teniente coronel de Ingenieros Alberto Álvarez Rementería52. La misma actitud tuvo con Alejandro Lerroux, a quien puso en antecedentes de lo que preparaba, y al que el 17 de julio, un hombre del general, el comisario de Policía Santiago Martín Báguenas, le avisó de que la conspiración 50 Esta situación de desorden queda reflejada en una carta escrita por Azaña a su cuñado Cipriano Rivas Cherif: “Hoy nos han quemado […]: 7 iglesias, 6 casas, todos los centros políticos de derecha, y el Registro de la Propiedad. A media tarde, incendios en Albacete, en Almansa. Ayer, motín y asesinatos en Jumilla. El sábado, Logroño; el viernes, Madrid, tres iglesias. El jueves y miércoles, Vallecas… Han apaleado en la calle de Caballero de Gracia a un comandante vestido de uniforme, que no hacía nada. En Ferrol, a dos oficiales de Artillería; en Logroño, acorralaron y encerraron a un general y cuatro oficiales… lo más oportuno. Creo que van más de doscientos muertos y heridos desde que se formó el Gobierno y he perdido la cuenta de las poblaciones en que se han quemado iglesias y conventos: ¡hasta en Alcalá!”. Manuel AZAÑA: Obras completas, Madrid, Taurus, Madrid, 2008, p. 640. 51 Roberto MUÑOZ BOLAÑOS: “Estudio crítico…”, pp. 127-136. Esta situación ha sido incluso reconocida por historiadores favorables a la II República, y a lo que representaba el Frente Popular. José Luis LEDESMA: “La <<Primavera Trágica> de 1936 y la pendiente hacia la guerra civil”, Francisco SÁNCHEZ PÉREZ (coord.): Los mitos del 18 de julio, Barcelona, Planeta, 2013, pp. 319-325. 52 Maximiano GARCÍA VENERO: Testimonio…, pp. 96-97. 106 estallaría ese mismo día en Marruecos, y al día siguiente, en el resto de España. El veterano líder republicano decidió ponerse a salvo53. Mola también tuvo especial interés en atraerse a otro político republicano conservador, Miguel Maura, quien tenía la legitimidad republicana de ser uno de los firmantes del Pacto de San Sebastián, y la conservadora, por haber sido uno de los máximos defensores de una coalición antimarxista para las elecciones del 16 de febrero54 y de la dictadura republicana para acabar con el desorden existente en la “Primavera Trágica”55. Los generales Mola, Cabanellas y Queipo de Llano pensaron que, por su prestigio entre los sectores conservadores y por su carácter moderado, debería ser la persona que presidiera el gobierno de partidos de derechas que sustituiría al directorio militar. Gil-Robles y Juan Ignacio Luca de Tena –dueño del diario monárquico ABC–, estaban también de acuerdo con esta propuesta56. Sin embargo, Miguel Maura se negó a cooperar con los conspiradores. La misma actitud mantuvo Niceto Alcalá Zamora, también firmante del Pacto de San Sebastián y primer presidente de la II República57. Mención a parte merece el PAE, partido republicano conservador representante de los grandes y medianos propietarios de tierras fundamentalmente castellanos, el cual, a pesar de la persecución que sufrió tras los comicios de febrero de 1936, se mantuvo dentro de la legalidad hasta el asesinato de José Calvo Sotelo el 13 de julio, cuando la mayoría de sus dirigentes así como de sus seguidores, se unieron a la conspiración58. El gran partido de la derecha durante el periodo de la II República, la CEDA, representaba el “centro” dentro de la Gran Coalición. Su proyecto político, articulado sobre una reforma legal de la constitución en sentido corporativo y autoritario, se había venido abajo tras los escándalos Straperlo y Nombela, y la derrota en las elecciones de febrero de 193659. Tras estos comicios, y como consecuencia de la radicalización política y el desorden existente, Gil-Robles había dado por muerto su objetivo de moderar la República, a la vez que observaba como los elementos juveniles del partido –Juventudes de Acción Popular (JAP)– lo abandonaban para ingresar en FE de las 53 Alejandro LERROUX: La pequeña historia, Barcelona, Afrodisio Aguado, Barcelona, 1963, pp. 487-8. Niceto ALCALÁ ZAMORA: Asalto a la…, pp. 115-116. 55 Miguel MAURA: Así cayo Alfonso XIII: de una dictadura a otra, Madrid, Marcial Pons, 2007, pp. 513546. 56 José Luis ZAMANILLO: La conspiración de 1936, p. 18. Carta de Fal Conde a Mola, 6 de julio de 1936, AUN. AFC, sección: Delegación Nacional, serie: Conspiración, caja 133/257, carpetas 28-43. 57 Niceto ALCALÁ ZAMORA: Asalto a la…, pp. 388-411. 58 Luis Teofilo GIL CUADRADO: El Partido Agrario Español (1934-1936): Una alternativa conservadora y republicana, Madrid, Universidad Complutense de Madrid, 2008, pp. 546-562. 59 Roberto MUÑOZ BOLAÑOS: “Estudio crítico…”, pp. 120-121. 54 107 JONS, y como él mismo era desplazado de facto como líder de la oposición por el dirigente monárquico José Calvo Sotelo. En estas condiciones, el líder cedista, contactado por los conspiradores, decidió integrar su partido en la Gran Coalición política contra el FP. Así, no sólo entregó 500.000 pesetas de los fondos electorales de la CEDA a Mola y realizó distintas gestiones, sino que elaboró un conjunto de instrucciones reservadas para sus militantes en relación con la futura sublevación60: 1ª. Todos los afiliados se pondrían inmediata y públicamente al lado de los elementos militares. 2ª. Las organizaciones del partido ofrecerían y prestarían la más amplia colaboración, sin el menor carácter partidista. 3ª. Los elementos jóvenes se presentarían en el acto en los cuartales para vestir el uniforme del Ejército y colocarse bajo el mando de los jefes militares, huyendo todo lo posible de formar milicias o batallones propios en los que se veía un grave peligro de particularismo e indisciplina. 4ª. Los elementos de la C. E. D. A. se abstendrían de todo acto de represalia, actuando contra los izquierdistas responsables por conducto de los Tribunales militares ordinarios o extraordinarios, y siempre con garantías para los reos. 5ª. Los elementos del partido evitarían a toda costa luchas patriotas por la hegemonía, aun a trueque de ceder posiciones políticas o administrativas. 6ª. El partido prestaría la máxima ayuda pecuniaria posible a las autoridades militares. Por su parte, la segunda organización en importancia dentro de la CEDA –tras Acción Católica (AC)–, la Derecha Regional Valenciana (DVR), desde febrero de 1936 –bajo la dirección de su secretario general, José María Costa Serrano, y en contra de su presidente, el democristiano Luís Lucia– había comenzado a crear su propia milicia, a hacer acopio de armas y a colaborar con otras fuerzas de la derecha y con la UME, en pos de una futura sublevación contra el Gobierno61. 60 Declaración de José María Gil Robles. Lisboa, 27 de febrero de 1942, AHN, FCG, sección: Madrid, caja 1513, pieza 1. 61 Rafael VALLS MONTÉS: “La Derecha Regional Valenciana y la guerra civil”, en VV.AA.: La II República una esperanza frustrada: actas del Congreso Valencia Capital de la República, Valencia, Institució Alfons el Magnánim, 1987, pp. 243.250. 108 El componente fascista de la Gran Coalición lo representaba FE de las JONS. Esta organización política decidió colaborar en la conspiración de Mola y las otras fuerzas de la derecha; máxime cuando la situación de Primo de Rivera, que seguía encarcelado, se había tornado imposible dentro del régimen republicano62. Rafael Garcerán, pasante del líder falangista, y Agustín Aznar fueron los encargados de la comunicación directa con El Director63, entregándole dos cartas de José Antonio donde ofrecía el apoyo “pleno y sin condiciones” del partido al Ejército, pero también defendía que tras el triunfo de la sublevación, “surgiría potente el credo de la Falange la que habría que ensanchar y dar participaciones en los destinos del Nuevo Estado”. Según Fernández Cordón, estar cartas llenaron a Mola de “emoción patriótica que no podía ocultar, ya que derramó alguna lágrima al leerlas”64. No obstante, a pesar de este ofrecimiento “pleno y sin condiciones”, Primo de Rivera no se sentía cómodo en el proyecto de Mola. Él siempre había apostado por una operación entre militares y falangistas, que hubiera permitido a su partido alcanzar una posición de poder en el periodo de paz. Incluso, hubiera aceptado la inclusión de CT, pues consideraba anacrónico al carlismo y, por tanto, incapaz de imponer su ideología en el Nuevo Estado. Sin embargo, la incorporación a la conspiración de organizaciones como la CEDA y RE, con sus potentes cuadros dirigentes y su experiencia de Gobierno, colocaban a los dirigentes falangistas en una posición de inferioridad. Este temor quedó reflejado en una misiva fechada el 28 de junio, que envió a su amigo Miguel Maura desde Alicante donde había sido trasladado el 5 de junio65: Pero ya verás: ya verás cómo la terrible incultura, o mejor aún, la pereza mental de nuestro pueblo (en todas sus capas) acaba por darnos o un ensayo de bolchevismo cruel y sucio o una representación flatulenta de patriotería alicorta a cargo de algún figurón de la derecha. Que Dios nos libre de lo uno y de lo otro. A pesar de esta prevención por el resultado de la conspiración, Primo de Rivera mantuvo una colaboración total con los planes de Mola. La “derecha” de la Gran Coalición la representaban los monárquicos, tanto alfonsinos como carlistas. Los primeros agrupaban a la élite tradicional, siendo por Roberto MUÑOZ BOLAÑOS: “Estudio crítico…”, p. 131. Documentos Fernández Cordón, p. 45. 64 Ibidem, p. 27. 65 Diego MARTÍNEZ BARRIOS: Memorias, Barcelona, Planeta, 1983, p. 338. 62 63 109 tanto minoritarios y con nulo peso popular, a pesar del carácter carismático de su líder de facto José Calvo Sotelo. Pero, más allá de estas limitaciones, habían sido el sector político más comprometido con la destrucción del régimen republicano, por lo que apoyaron desde el primer momento el plan de Mola aportando al mismo dos elementos. Por un lado, su trama militar, donde destacaba el teniente coronel Galarza, convertido en jefe del Estado Mayor de la conspiración66, y los generales Orgaz y Ponte. Y por otro, sus contactos internacionales, que permitieron firmar una serie de contratos para la compra de armamento en Italia, dotando de apoyo internacional a la conspiración67. No obstante, este hecho por si sólo no puede ser la base sobre la que afirmar que la sublevación de 1936 fue un golpe de Estado fascista o fascistizado, ya que la inmensa mayoría de sus participantes no profesaban esta ideología. Por el contrario, la posición de los carlistas era muy distinta. La decisión de Sanjurjo de unirse a la conspiración de Mola había hecho imposible la sublevación liderada por este grupo político. No obstante, todavía el día 8 de junio, Fal Conde soñaba con un posible golpe de Estado carlista, un putch, que se desencadenaría en Madrid y para lo que se precisaría “medios económicos suficientes”68, y si esto no fuera posible, se colaboraría con la conspiración militar en marcha, siempre que se dieran garantías. Pero, el propio delegado nacional reconocía que “En teoría habría muchas fórmulas de esa garantía, pero en la práctica, todas o casi todas se sustentan en la fe que merezcan los hombres que intervienen. No me merecen esa fe los militares, los políticos derechistas ni algunas personalidades tradicionalistas”69. Al final, serían esas “personalidades tradicionalistas”, como Joaquín Baleztena, el conde de Rodezno y José Luís de Oriol, unidas a la intervención del propio Sanjurjo, las que resolverían el enfrentamiento que se produjo entre Fal Conde y el general Mola70; uniendo a CT a la Gran Coalición. 66 Documentos Fernández Cordón, p. 4. Ángel VIÑAS: “La connivencia fascista con la conspiración y otros éxitos de la trama civil”, en Francisco SÁNCHEZ PÉREZ (coord.), Los mitos…, pp. 79-182. 68 Informe del 8 de junio de 1936, AUN, AFC, sección: Delegación Nacional, serie: Conspiración, caja 133/257, carpetas 28-43, p. 1. 69 Ibid, p. 1. 70 Las relaciones entre Mola y Fal Conde han sido explicadas por diferentes autores, destacando Aróstegui. No obstante, más allá de las divergencias de carácter político y simbólico –futuro Gobierno y bandera-, el problema mayor entre ambos era de carácter ideológico. Mola, por su ideología liberal y republicana, sentía una profunda antipatía hacía el viejo partido reaccionario. Actitud que fue percibida por Fal Conde: “Mola es hombre agrio y de trato difícil. No nos estima aunque cuando nos necesita acude a nosotros”. Carta de Fal Conde a Alfonso Carlos. Sevilla, 16 de enero de 1936 y carta de Fal Conde a Alfonso Carlos. San Juan de Luz, 8 de agosto de 1936, AUN, AFC, sección: Correspondencia, serie: Correspondencia de Alfonso Carlos. (1936), caja 133/008, carpeta 3. 67 110 Mención aparte merecen los dos partidos nacionalistas conservadores que Gil Pecharromán no incluye en la Gran Coalición: PNV y Lliga Catalana. Los nacionalistas vascos, inicialmente favorables a la sublevación contra el Gobierno del FP cambiaron de postura gracias a la acción de Indalecio Prieto, que ofreció el estatuto de autonomía por el que tanto había laborado el PNV, a cambio de la lealtad de los nacionalistas vascos71. Sin embargo, José María de Areilza, alfonsino vasco y con excelentes relaciones en el mundo del nacionalismo, intentó una gestión a última hora, pidiendo a los dirigentes militares de la sublevación que estudiaran la posibilidad de proporcionar a las provincias vascas un sistema autonómico con fueros y concierto económico. Esta propuesta también fue realizada a los dirigentes del PNV, probablemente a su primo, el diputado vizcaíno José Horn Areilza, un integrista católico y líder de la minoría parlamentaria nacionalista vasca en las cortes, que terminaría colaborando financieramente con la sublevación72. Sin embargo, la negociación no siguió adelante “porque faltaba el interlocutor valido con autoridad suficiente por parte de los conspiradores”73, con lo que fue imposible incorporar a los nacionalistas vascos a la Gran Coalición. La posición de la Lliga, un partido que representaba a la élite burguesa catalanista, y que carecía de masas que pudieran apoyar la sublevación era diferente. Pues, Cataluña presentaba dos características que la distinguían de las provincias vascas. La primera, que la sublevación estaba en manos de la UME74, que era profundamente anticatalanista, por lo que no existía una vía de negociación. La segunda, que si había conseguido un estatuto de autonomía con la II República. Esta situación colocaba a la Lliga –conservadora y regionalista– en una posición contraria a cualquier sublevación contra el Gobierno, como quedó reflejado en una carta que su líder Francesc Cambó escribió a su hombre de confianza Juan Ventosa y Calvell fechada el 18 de julio de 193675: 71 Ludger MEES, José Luis de la GRANJA SAINZ, Santiago de PABLO y José Antonio RODRÍGUEZ RANZ: La política como pasión. El lehendakari José Antonio Aguirre (1904-1960), Madrid, Tecnos, 2014, pp. 257-258. 72 Antonio MARQUINA: “El pacto Galeuzca”, Historia 16, 46 (1980), pp. 27-38. 73 Sheelagh ELWOOD: “Entrevista con José María de Areilza”, en Manuel TUÑÓN DE LARA (coord.): La guerra civil española, Madrid, Folio, 1996, vol. 26, p. 23. 74 Documentos Fernández Cordón, p. 4. 75 Antonio F. CANALES SERRANO: Las otras derechas: derechas y poder local en el País Vasco y Cataluña en el siglo XX, Madrid, Marcial Pons, 2006, p. 17. 111 Creo que lo peor que podría pasar en España sería que una militarada y una reacción derechista prematura echase del poder a los hombres del Frente Popular antes de que éstos se hayan desacreditado ante los suyos y se hayan enfrentado con la masa neutra que les dio su voto el 16 de febrero (…) No obstante, a pesar de este alejamiento de los objetivos de los sublevados y esa defensa del régimen republicano, Joaquín María de Nadal, secretario de Cambó, estuvo al tanto de lo que se preparaba, y el 14 de julio, recibió la visita de “un ilustre militar” que le informó que la sublevación se produciría entre el 18 y el 20 de julio. Esta información, a la que no dio importancia, se la pasó a Cambó, que curiosamente se marchó de vacaciones en esas fechas; pero no hizo lo mismo con las autoridades ni del Gobierno español ni catalán76. Conclusión El 17 de julio comenzó la sublevación militar contra el Gobierno del FP, siendo apoyada por la mayor parte de las fuerzas políticas conservadoras y las masas que simpatizaban con ellas, que con esta toma de posición no sólo legitimaban el golpe de Estado, sino que también manifestaban su oposición al proyecto revolucionario representado por la II República. Una oposición que se había originado en los primeros años del régimen, pero que se había incrementado como consecuencia de la radicalización de la izquierda y de la inestabilidad e inseguridad que había caracterizado el periodo comprendido entre febrero y julio de 1936. Estas organizaciones políticas serían unificadas en 1937 en un nuevo partido de corte fascista denominado Falange Española Tradicionalista y de las JONS, pero esto no significó su fin. Pues, siguieron existiendo de facto, conformando las diferentes familias del Franquismo, que compartirían el poder a lo largo de los treinta y seis años que duró este régimen, y al que le dotaron de un pluralismo político limitado. Esta sería la característica fundamental de un sistema político que si bien fue conservador, nacionalista y autoritario, nunca fue fascista; ya que ni los seguidores de esta ideología fueron dominantes en la sublevación de julio de 1936, ni tampoco a partir de ese momento, no pudiendo imponer su ideología al resto de las organizaciones de la Gran Coalición. No obstante, en este 76 Borja de RIQUER: El último Cambó (1936-1947): la tentación autoritaria, Barcelona: Grijalbo, 1997, p. 46. 112 sistema de pluralismo limitado hubo dos tipos de organizaciones que si bien apoyaron la sublevación, más tarde no tuvieron cabida en el nuevo régimen: los republicanos conservadores y los nacionalistas de derechas. El Franquismo, a pesar del apoyo que recibió de las mismas –incluyendo el de las organizaciones del PNV de Alava y Navarra, aunque no de las de Guipúzcoa y Vizcaya, y también de la Lliga– no sólo no permitió que se conformaran como familias dentro del régimen, sino que ejerció la represión sobre algunos de sus miembros, llegando hasta el fusilamiento –como ocurrió con Fortunato de Aguirre, alcalde de Estella (Navarra) y miembro del PNV–; aunque otros colaboraron con el régimen a título individual. No obstante, a todos les garantizó un orden social, económico e incluso cultural, en el que se sintieron relativamente cómodos, aunque la España de Franco no fuera una república ni reconociese jurídicamente las diferencias regionales. 113 El Frente Popular, ¿un dique contra la Revolución o el primer paso de la misma? Miedos y cautelas de la Iglesia Católica Santiago Navarro de la Fuente Universidad de Sevilla Nuestra comunicación analiza la relación de la Iglesia católica en cuanto a tal y, en buena medida también de los católicos, con el gobierno del Frente Popular entre los meses de febrero y julio de 1936. Tratamos de hacerlo de una manera independiente de la Guerra Civil con la que con frecuencia se vincula dicho análisis. Son conocidos en relación a esta materia los datos sobre la violencia anticlerical y aquella sangrienta primavera marcada por los enfrentamientos de grupos políticos paramilitares rivales. Sin embargo, entendemos que las relaciones entre la Iglesia católica y la Segunda República española en particular, pero en general con el largo proceso de construcción de la democracia española, deben ser comprendidas también a través de otros aspectos fundamentales. En este caso abordaremos el periodo con la confianza de que algunas de estas cuestiones puedan analizarse para profundizar en la comprensión de la relación de la Iglesia con la España del Frente Popular. Desde la indicación pontificia de acatamiento del régimen republicano siguiendo la Doctrina Social de la Iglesia, ésta había tratado de buscar los medios para acomodarse con la democracia naciente, y estos intentos y sus sucesivas frustraciones marcan en gran medida el estudio que puede hacerse sobre el periodo. Si bien se ha dicho que una de las claves para entender el colapso de la Segunda República es la falta de cultura democrática entre los españoles y, para el caso concreto de los católicos, el excesivo 115 Universidad de Castilla~La Mancha Departamento de Historia. Área de Historia Contemporánea Edificio Benjamín Palencia | Campus Universitario s/n | 02071 Albacete Email: [email protected] | www.ahistcon.org | apego a formas más tradicionales del Estado, quizás las impresiones que a continuación mostramos a partir de nuestra incursión en el tema puedan servir para plantear las diferencias de juicio entre los propios católicos sobre la evolución política española, y juzgar sobre la capacidad –o su ausencia- de adaptación de la Iglesia a nuevas formas de organización política. La situación a finales de 1935, el fracaso del modus vivendi Fue durante el primer bienio republicano, entre 1931 y 1933, cuando quedó orientada la política religiosa de la Segunda República. Aunque marcada desde el comienzo por los recelos de buena parte de los católicos españoles que tradicionalmente se habían posicionado en las posturas políticas más conservadoras, y especialmente de un episcopado que debía su ministerio al Patronato Real, la Segunda República contó desde el principio con el reconocimiento de la Santa Sede. Por otro lado, la nueva etapa venía a situar en la primera línea política del país a republicanos de amplio espectro ideológico e izquierdas obreras que tradicionalmente se habían caracterizado por un anticlericalismo que mantenía una amplia escala de gradación en sus expresiones. El rechazo que muchos de los católicos españoles –muy probablemente una amplísima mayoría- mantenían respecto de la República a causa de las extendidas posturas de tradicionalismo y conservadurismo político entre los sectores confesionales; y de otro la hostilidad manifiesta de los sectores obreros y populares que apoyaban la nueva fórmula republicana hacia la Iglesia se retroalimentaban; pero hubieran quedado en una suma de visceralidades1 de no ser por la sanción legal de algunas medidas que incomodaban enormemente a la Iglesia. La legislación de este periodo, y especialmente la aprobación de los conocidos artículos 26 y 27 de la Constitución de la República junto a la aprobación de la Ley de Confesiones religiosas de junio de 1933, profundizaron el distanciamiento entre la Santa Sede y el Gobierno de la República. El distanciamiento puede seguirse también en que el Vaticano, pese a disponer el acatamiento del régimen republicano, no concedió el plácet al embajador Luis de Zulueta que había sido propuesto por el Gobierno español; en principio debido a las reservas que Roma presentaba a aceptar la acreditación como representante de un país católico a alguien que no profesaba la fe romana. Fue 1 Quizás puedan considerarse como tales tanto la quema de conventos de mayo de 1931 como la cuestión del Cardenal Segura, que contó con la colaboración de la Santa Sede para destinarle a Roma. 116 precisamente esta traducción a las leyes la que provocó el pronunciamiento del Papa Pío XI con motivo de la publicación de la Ley de Confesiones en junio de 1933. El pontífice firmó entonces su encíclica Dilectissima nobis dirigida la Iglesia en España y en la que insistía en la licitud de la República, pero a la vez solicitaba la reforma de aquellos aspectos legales que más incomodaban a la Iglesia. La situación cambió en el segundo bienio con la mayoría radical-cedista. La nueva configuración del Congreso permitía si no corregir, al menos paralizar en lo posible la aplicación de las medidas más duras contra la Iglesia. Y, sobre todo, permitía aspirar a la definitiva modificación de la legalidad cuando las circunstancias lo permitiesen. Con una firme decisión de reconducir las relaciones entre el Gobierno español y la Iglesia, a partir de 1934, el propio Ministro de Estado del momento, Leandro Pita Romero, fue enviado a Roma como embajador ante el Vaticano con la intención de negociar un nuevo Concordato con la Santa Sede. Sin embargo, debido a las limitaciones que imponía el ordenamiento jurídico sancionado en los años precedentes, se entendió más adecuado iniciar las negociaciones con el horizonte de firmar un acuerdo provisional, un modus vivendi, que mejorase las condiciones con carácter inmediato y suspendiese la aplicación de las medidas más incómodas para la Iglesia. En cualquier caso el acuerdo quería ser entendido como un paso previo a la “necesaria” reforma de la Constitución en sus extremos más duros para la Iglesia, especialmente dolida por algunos de los preceptos contenidos en el artículo 26 de la norma fundamental de la República y que en tanto limitaban la libertad práctica de la Iglesia (se prohibía en el párrafo cuarto ejercer el comercio, la industria y la enseñanza). Las negociaciones para el establecimiento de aquel modus vivendi no llegaron a buen puerto. En marzo de 1935 el Papa Pío XI puso fin a las mismas siguiendo las recomendaciones al respecto de la Sagrada Congregación de Asuntos Eclesiásticos Extraordinarios, organismo vaticano dependiente de la Secretaría de Estado al que le competían estos aspectos. La propia fecha en la que lo hizo resulta especialmente significativa por cuanto a tenor de lo dispuesto en el procedimiento de reforma de la Constitución, a partir de diciembre de 1935 se cumplían los primeros cuatro años de vigencia de la norma fundamental y su reforma podía efectuarse mediante la mayoría absoluta de la Cámara y no mediante la mayoría de dos tercios requerida durante el periodo inicial. De esta forma podía esperarse la posibilidad de que un acuerdo entre radicales y cedistas llevara a ejecución la ansiada modificación. Las razones por las que Pío XI decidió en tal circunstancia romper las negociaciones para el modus vivendi 117 tenían que ver tanto con los contenidos mismos de la negociación cuanto con las posibilidades reales que Roma percibía de que las modificaciones legales se llevaran a efecto. De un lado, la Santa Sede tenía poco margen de negociación en sus concesiones más allá de su libertad en el nombramiento de los obispos, y éste le era requerido por Pita Romero a cambio de unas garantías que en realidad no podía dar porque la Constitución no se lo permitía. En tal circunstancia, la Sagrada Congregación de Asuntos Eclesiásticos Extraordinarios resolvió recomendarle al Papa no jugar sus mejores cartas en esta partida, fiándolo todo a una reforma constitucional que no estaba aún en marcha, sino esperar a que pudieran obtenerse mejores ventajas. Circunstancialmente también había elementos a tener en cuenta para dudar de la capacidad de reforma del texto constitucional: la reacción del país a la entrada de la CEDA en el Gobierno, en la que se integraba el partido católico Acción Popular, en octubre de 1934 había conllevado los conocidos levantamientos insurreccionales cuya represión había costado un hondo desgaste al Gobierno. En tal circunstancia, no estaba en nada claro que el estado de opinión del país fuera favorable a las políticas de las fuerzas de la derecha liderada por Gil Robles, ni que la reforma constitucional por la que abogada el líder de la católica Acción Popular fueran a limitarse sólo a las cuestiones de tipo estrictamente religioso dada la calculada ambigüedad con la que éste se refería a ella. Fracasadas las negociaciones para un modus vivendi, Pita Romero permaneció en Roma hasta su dimisión tras las elecciones de febrero de 1936. Desde allí continuó enviando información al Gobierno de Madrid sobre el estado en que la política española era percibida desde el gobierno central de la Iglesia. Para ello usó con frecuencia el tratamiento que el diario de la Acción Católica italiana, L’Avvenire d’Italia, daba a las noticias de España, dado que el representante español entendía que contenía los juicios que se compartían desde la Santa Sede. Sus informaciones revelan que la interpretación que desde Roma se hacía de los acontecimientos españoles distaban bastante de aquella que situaba a la Iglesia como un único bloque monolítico opuesto a la República en particular y a todo progreso democrático en general. A juzgar por las publicaciones del diario, en la opinión de importantes miembros de la curia el problema social era el principal asunto a resolver en España y por ello se criticaba duramente la política social ejercida por los católicos de la CEDA desde el Gobierno, de entre los que salvaba sólo a Giménez Fernández a la par que se reprochaban los ataques que éste sufría de sus correligionarios. Consideraban en estos círculos vaticanos que los cedistas mantenían 118 una “actitud conservadora apegados a intereses particulares”; y temían además que esta tibieza para atajar el conflicto social en España provocase una importante pérdida de apoyos electorales. A finales de octubre de 1935, y mientras España estaba sacudida por el desgaste de los radicales a causa de la corrupción y los cambios de Gobierno de septiembre y octubre que terminaron desplazando a Lerroux, pero sin encomendar nunca la presidencia del Gobierno a Gil Robles tal como éste reclamaba al contar con la minoría más numerosa del Congreso, se percibió ya el fracaso de la estrategia seguida hasta entonces por el líder cedista. De un lado, estaba la crisis de los radicales amenazaba con la marcha de algunos de sus diputados hacia la escindida Unión Republicana de Diego Martínez Barrio, afectándose así la mayoría necesaria para la reforma constitucional que era posible a partir de diciembre. Por otro quedó el temor a que la presión de las izquierdas por las corruptelas del Gobierno forzara la disolución de la Cámara unido a la certeza de que en tal caso las elecciones no serían beneficiosas para las derechas, que se verían castigadas a juzgar por el estado de opinión del país. A todo ello se unía la presión de los monárquicos y sus reticencias a cerrar filas en unión de la CEDA para la defensa de los derechos e intereses de la Iglesia, postergando sus principios ideológicos. De la campaña electoral a la frustración de la derrota de febrero de 1936 Tal como había previsto en su análisis anterior L’Avvenire d’Italia, cuyas líneas principales había Pita Romero transmitido a España, la decisión final de Alcalá Zamora de disolver el Congreso y convocar elecciones no sólo postergaba el anhelo de modificación de la Constitución según el deseo del Vaticano sino que las derechas podían verse muy perjudicadas en las urnas. Escindida la Unión Republicana de Martínez Barrio del Partido Radical de Lerroux y marcado el bienio que terminaba por la paralización de las medidas de los años precedentes antes que por las reformas en sentido alternativo2, el éxito electoral de la CEDA resultaba comprometido. Las elecciones fueron convocadas para el 16 de febrero de 1936, y mientras que las izquierdas –aceptando la lección de noviembre de 1933- decidieron concurrir unidas a las elecciones integrando el conocido Frente Popular, las derechas no consiguieron una 2 Punto fundamental de esta falta de reformas alternativas fue la desacreditación de la labor de Giménez Fernández al frente del Ministerio de Agricultura por parte de sus compañeros de partido, a diferencia de los círculos vaticanos donde se percibió su labor como modélica por su aspiración a la justicia social reclamada por el Magisterio. 119 unidad tan clara como hubiesen deseado desde Roma a pesar de formar listas coaligadas. La cuestión de la unidad de acción política de los católicos en la defensa de los derechos e intereses de la Iglesia era un anhelo desde muy antiguo, de forma que la incapacidad de los católicos españoles para postergar aquellas controversias de carácter ideológico que les separaban en favor de la unidad de intereses que les unían se había convertido en una característica secular de la Iglesia en España; incluso León XIII dedicó su Cum multa, en el lejano 1882, a tratar de que los católicos españoles antepusieran la fe que les vinculaba a las ideas que les distanciaban en la acción política, y Pío X otro tanto en su Inter Catholicos Hispaniae. A la altura de 1936 continuaba siendo un anhelo vano. En los primeros días del año, mientras hacía escala en Barcelona a su regreso de recoger en Roma la birreta cardenalicia otorgada por el Papa Pío XI, el arzobispo de Toledo trasladó el vivo deseo del pontífice romano sobre la unidad de acción de los católicos en las inmediatas elecciones3. De alguna forma esto podía traducirse en que se postergaran los cuestionamientos sobre la forma de Estado que dividían a tradicionalistas, monárquicos e internamente a los propios miembros de Acción Popular para aunar esfuerzos en la modificación de la Constitución y de la Ley de Confesiones. Este deseo había de volver a quedar en tal condición, puesto que las querellas internas entre las derechas imposibilitaron que la unidad apareciese como un valor incuestionable aun cuando finalmente se llegaran a constituir candidaturas con representantes de diferentes partidos. Fueron precisamente estas querellas las que hicieron imposible que las diferentes fuerzas de derecha firmasen una proclama electoral análoga a la que publicó el Frente Popular el 16 de enero, y entre las tensiones se destacaba la voluntad firme de José Calvo Sotelo, líder de la monárquica-alfonisna Renovación Española, por disputar el liderazgo sobre las derechas a José María Gil Robles. Si el de Acción Popular culpaba a Alcalá Zamora del fracaso de su estrategia de hacerse con el Gobierno merced a la Cámara elegida en noviembre de 1933, el segundo de ellos acusaba al líder de la CEDA de falta de rigor y de habilidad política para corregir los males del país. Si la unidad tenía una clara limitación en los diferentes programas políticos, Calvo Sotelo reclamaba esta legítima diversidad en la unidad a los 3 El 10 de enero de 1936, en su primera página, el diario sevillano El Correo de Andalucía daba noticia de que el cardenal Gomá se encontraba ya en Barcelona dentro de su periplo de vuelta de Roma tras recibir el capelo. En la ciudad condal manifestó que “el Sumo Pontífice tiene un interés expreso de que en España se haga una verdadera unión de católicos, para oponerse al avance de la revolución” 120 obispos, que parecían demasiado insistentes en solicitar el apoyo de Acción Popular, que venía a ser una suerte de versión política de la Acción Católica: “[…] Somos – dice- sinceramente católicos, hostiles al laicismo del Estado. Nos oponemos al laicismo integralmente y pedimos la derogación del artículo tercero de la Constitución. La Religión oficial de España debe ser la católica y el Crucifijo tiene que volver a presidir las Escuelas y los Tribunales de Justicia y coronar con él, como hizo Mussolini, la cúspide de la vida nacional. Pero no consentiremos que se haga del catolicismo mercancía, ya que nadie tiene derecho a monopolizarlo. La jerarquía eclesiástica no puede convertirse en una oficina electoral”.4 En los medios católicos se dio amplia cobertura al enfado de las derechas católicas por lo que llegó a ser llamado incluso “golpe de Estado” del Presidente de la República al negar el gobierno a Gil Robles y decidir la convocatoria de elecciones. Alcalá Zamora, católico practicante, había de ser considerado necesariamente como “traidor” por impedir que sus correligionarios pudieran por fin acceder al Gobierno. El Presidente de la República albergaba muchas dudas sobre la lealtad al régimen republicado de la coalición de derechas, que con el objetivo de integrar una gran masa social había preferido un discurso poco concreto en cuanto a las medidas de su programa de Gobierno, especialmente en lo referente a la forma del Estado. Por esto mismo, Alcalá Zamora, sin querer pasar a la Historia como una suerte de “Hindenburg español” había decidido disolver las Cortes conforme a sus prerrogativas presidenciales y convocar elecciones. Aunque postergados por la disolución del Congreso, los católicos de Acción Popular aspiraban igualmente a vencer de tal modo que se pudiera ejercer una reconducción de la República que Gil Robles no quiso nunca concretar en toda la campaña. Para cumplir este propósito se hacía necesario, y así lo proyectó hacer Gil Robles, desplazar a Alcalá Zamora de la Presidencia la República aplicando el artículo 81 de la Constitución, que facultaba al Jefe del Estado para disolver el Congreso hasta en dos ocasiones durante sus seis años de mandato, pero que establecía: “[…] En el caso de segunda disolución, el primer acto de las nuevas Cortes será examinar y resolver la necesidad del decreto de disolución de las anteriores. El voto desfavorable de la mayoría absoluta de las Cortes llevará aneja la destitución del Presidente”.5 4 5 s.a. “Discurso de Calvo Sotelo en Orense”, El Correo de Andalucía, 6 de febrero de 1936. Art. 81 de la Constitución de la Segunda República. 121 Si bien es cierto que Alcalá Zamora mantenía importantes reservas sobre las actitudes de Acción Popular hacia la República, también hemos de considerar que a la formación se le vetaba el Gobierno, lo que de alguna forma cerraba la posibilidad de que los católicos se hicieran fuertes dentro de la legalidad y el propio ejercicio de la democracia contribuyese a moderar sus posturas y a un acatamiento mucho más cómodo de la República, que probablemente era lo que deseaban en la Nunciatura y en Roma cuando se dispuso el acatamiento de la República en 1931 y se decidió fomentar la participación de los católicos en la vida política. El resultado de la diatriba venía a ser que justo cuando era posible legalmente la ansiada modificación de la Constitución era cuando se convocaban nuevas elecciones merced a las reservas que originaba la mayoría de la Cámara. Se hacía además para tratar de propiciar una opción electoral relativamente fuerte por el centro político que moderase las tensiones que se vivían en los cada vez más polarizados bloques. Obvia decir que la opción tenía de plano el rechazo de amplios sectores católicos por el mismo vicio de origen que la hacía nacer del rechazo a un Gobierno presidido por José María Gil Robles. El tercer elemento a tener en cuenta para juzgar el papel de la Iglesia en la campaña electoral de 1936, junto a la llamada infructuosa a la unidad de los católicos y la condena de Alcalá Zamora -y con él de su opción por el centro político- fue el miedo real a una revolución comunista. Sin entrar a considerar que existiese de modo orquestado o no, inmediato o no, un plan de los sectores obreros más radicalizados para iniciar en España una revolución social, la experiencia de los sucesos de subversión anarquista como los ocurridos en Casas Viejas en 1933 y, sobre todo de la Revolución de 1934 en Asturias generaba el miedo suficiente como para tratar de aglutinar a sus opositores en un único lado de la política. El miedo encontraba inmediato eco en el pensamiento del Papa Pío XI, profundamente anticomunista, que a las alturas de 1936 temía la expansión universal de la revolución que subvertía el orden cristiano y de la que encontraba ejemplos en Rusia y en México que le hacían temer que se extendiese también a España. La confusión de la condena al centro político a partir de la “traición” de Alcalá Zamora con la llamada a la unidad de los católicos por parte del episcopado -y especialmente del Papa- sumado al temor de una revolución comunista marcó la campaña electoral. La amenaza de la revolución tomaba cuerpo para los católicos en la alianza que daba forma a la coalición electoral de las izquierdas cuyo manifiesto publicado el 16 de enero de 1936 aparecía firmado por nueve líderes de los cuales “seis 122 son marxistas, uno sindicalista y dos republicanos”6. La combinación de estos elementos llevó a los católicos a concebir la campaña electoral con un extraordinario maniqueísmo, una decisiva batalla en las urnas en las que se enfrentaban dos opciones que eran, en definitiva, el bien y el mal. Así, el 18 de enero de 1936 apareció en el comentario editorial “Del momento” –una suerte de comentario editorial diario- del diario católico sevillano El Correo de Andalucía la siguiente reflexión al objeto de mover las conciencias de aquellos católicos que militaban en otros partidos distintos a los que la coherencia religiosa decía exigirles: “[…] meditasen […] no pocos burgueses que figuran –por compromisos anteriores, por los bandazos de la política pueblerina o por otras razones- en los partidos republicanos de izquierda. Porque es el caso, aunque parezca increíble, que hay algunos hombres que por su educación, por su posición y por su manera de vivir deberían lógicamente figurar entre las derechas y no obstante esto figuran en los partidos de Martínez Barrio o de Azaña.-Y si hasta ahora han podido tener dos personalidades –una privada y otra política- ha llegado el momento de que sean consecuentes y sinceros poniéndose de acuerdo consigo mismos. Ya no pueden existir razones que disculpen tamaña sinrazón. Ya hay que optar de un modo decidido por una u otra fracción. O con los de orden o con los de desorden.De un lado existen unas derechas amplísimas que empiezan en Lerroux y acaban en el tradicionalismo. Hay, pues, para todos los gustos y todos pueden encontrar sitio en la zona que les acomode.-Del otro lado está, no la izquierda, sino la revolución. Estos burgueses de Azaña o de don Diego tienen que ir del brazo ¡y en minoría! Con los marxistas y sindicalistas: con los asesinos de Asturias, con los ladrones de Bancos, con los violadores de mujeres, con los sacrílegos, con los dinamiteros… Será en vano que quieran hacer distingos ni justificar lo que no tiene justificación.-¿Republicanos? Únanse con radicales, agrarios, mauristas, independientes o cedistas. ¿Monárquicos? Vayan con Renovación o con los tradicionalistas. Hay para todos los gustos en el bloque antirrevolucionario.”7 No puede albergarse duda alguna que la prensa católica no dejó nada por hacer en su afán de conseguir el mayor número de votos posible a favor del “frente antirrevolucionario”. Pero la cuestión reviste mayor interés cuando tratamos de analizar 6 7 s.a. “Del momento”, El Correo de Andalucía, 18 de enero de 1936. Ibid. 123 el modo en que encajó la derrota electoral de aquel 16 de febrero de 1936 y se posicionó a partir de la formación del nuevo Gobierno conforme a la nueva mayoría de la Cámara8. En los días siguientes a la elección se prodigaron en los medios de prensa católica artículos sobre la derrota electoral que dan buena prueba que amplios sectores católicos estaban dispuestos a encajar los mismos con una actitud serena e incluso democrática, aceptando que se trataba de conquistar nuevamente a las personas para que estas pudieran apoyar las opciones católicas en las urnas. No parece adecuado exigir, para su tiempo, mucha más actitud democrática a una fuerza política republicana que aspirase al Gobierno. Así, El Correo de Andalucía, diario perteneciente al arzobispo de Sevilla que y citamos anteriormente, también en la sección “Del momento” de la edición del día 21 de febrero tituló elocuentemente “Saber perder” un comentario que albergaba, además de un reconocimiento explícito de la derrota, una invitación a evitar el espectáculo desagradable de la crítica mutua entre quienes habían concurrido a los comicios en el lado de las derechas. Afirmaba: “tengamos por lo menos la elegancia de saber perder”. Al hablar en estos términos se evidenciaban las graves tensiones que ni siquiera la coalición había logrado evitar y que se elevaron a su máximo exponente pasados los comicios. No aparece, por el contrario, un espíritu de revancha, ni un descrédito del sistema de la elección, sino un encaje de la situación de derrota electoral. Y todo ello, situándose en un espacio privilegiado para la expresión de la línea editorial del periódico, tiene mucho que decirnos. Con todo, no fue sólo el diario católico sevillano el que manifestó esta percepción de los acontecimientos, sino que se permitió reproducir seis días después de los comicios un extenso artículo del también diario católico Ideal de Granada, dirigido por los acenepistas de Ángel Herrera, que con el título “Otra vez en la brecha” era aún más explícito sobre la interpretación que los católicos más activos hacían del momento. Nada hacía rastrear en aquellas líneas ansia alguna –ni justificación- de tomar el poder por más medios que el estricto cumplimiento de la legalidad, hablándose específicamente de caridad, de perdón y de concordia. “[…] Quede el odio y el rencor para quienes no sean capaces de más nobles y elevados sentimientos. Nuestro programa de cristianos no puede ser otro que el de la justicia y la caridad, el del olvido de todos los agravios y el de la voluntad firme de llevar adelante nuestros indeclinables ideales de paz entre los hombres. ¿Quién sabe si la causa de esta derrota de hoy habrá sido el no permanecer enteramente 8 Una mayoría a la que aún le quedaba pendiente el asunto nada menor de la discusión parlamentaria de las actas, asunto que había de despertar una renovada visceralidad en los enfrentamientos políticos. 124 fieles a ese ¡programa, cuya consecución nos obligaba como cristianos y como españoles!...”.9 En el diario granadino estaban convencidos de que Dios “escribe derecho con renglones torcidos” y por eso el tono del discurso se orientaba hacia el trabajo diligente antes que al derrotismo o al afán de revancha. Y en el centro de todo ese peculiar punto de vista de los católicos granadinos aparecía de nuevo la certeza de que España estaba espiritualmente desfondada, que el origen de los males era la falta de fe de demasiados ciudadanos. “Otra vez en la brecha”, sin conocer lo significativo de sus palabras para quienes las leemos desde el conocimiento de que sucedió tiempo después, terminaba así: “[…] A recorrer palmo a palmo, no lo perdido -que fue bien poco-, sino lo que no ha sido nuestro nunca. Y eso, desde ahora mismo, sin más demora que la precisa para recuperar unas fuerzas que no debieron desvanecerse. De nuevo a la propaganda, a llevar la buena nueva a todos los pueblos y a todos los hogares. Pero no la propaganda sola, sino el ejemplo de la propia conducta. Porque la Sociedad cristiana a la que aspiramos no puede tener jamás como cimientos la incomprensión y la injusticia, sino esa fraternidad caritativa y justa que echamos de menos en algunos y que debe ser ley inexorable para todos cuantos nos llamemos cristianos y españoles.”10 Lamentablemente habían de ser bastantes esos “algunos” en quienes no brillaba la fraternidad; ni caritativa, ni justa. De hecho, en la prensa se prodigaron también las críticas a aquellos que, conociéndose sus ideas católicas o de derechas, se abstuvieron de las elecciones. Por eso mismo, porque fueron muchos los católicos que mantuvieron la estrecha vinculación de su fe religiosa con su ideario político, se ha escrito que: “[…] la corriente mayoritariamente integrista y reaccionaria del clero español edificó un discurso de descalificación de la República y de exaltación de un catolicismo integral rotundamente opuesto a la experiencia democrática de los años treinta, al tiempo que profundamente comprometido con su irremediable destrucción. Este discurso se instaló sobre la antítesis alegóricamente erigida sobre los siguientes extremos contrapuestos, insertos dentro de un mismo y vertiginoso alineamiento: República-Ateísmo-Anti-España-Comunismo- “Otra vez en la brecha” artículo tomado de Ideal de Granada y reproducido en El Correo de Andalucía, 22 de febrero de 1936. 10 Ibid. 9 125 Revolución versus Catolicismo-Orden-Familia-Tradición. La satisfactoria contención del supuestamente imparable avance de la revolución y el ateísmo encerraba la aceptación implícita de la legitimidad de un alzamiento armado contra un Estado catalogado de anticatólico, a la vez que inculpado de una irreconciliable enemistad con la Iglesia y su doctrina. Tan seductora recreación discursiva movilizó a un ingente número de católicos, hasta arrastrarlos hacia la adopción de actitudes fervorosamente dispuestas a apoyar, hasta sus últimas consecuencias, la inminente puesta en marcha de un movimiento militar dirigido a destruir los cimientos mismos de la democracia republicana”.11 Pero aun siendo ésta la mayor parte de los católicos españoles, y siendo una opinión en crecimiento a partir de la derrota electoral de febrero de 1936, no puede afirmarse que no existiese una conciencia crítica de autoexigencia entre los católicos españoles como venimos viendo en algunas afirmaciones de quienes formaban parte del “nervio católico” de Acción Popular y de la CEDA. Así, pasadas las elecciones, vuelve a insistirse en la necesidad de conquistar la sociedad y, especialmente, al proletariado: “una política de auténticas derechas no puede tampoco concebirse sino como el exponente de las soluciones sociales cristianas”12, insistiéndose así en el matiz social que solicitaba el Magisterio. Un matiz que no había conseguido imponerse mientras se tuvo ocasión, pero que seguía estando en el ánimo de quienes aún defendían una proyección política católica para la Segunda República española. Los católicos y el Frente Popular La situación de la Iglesia católica en España durante el periodo del Frente Popular está inseparablemente unida a los graves ataques contra ella y falta de orden público que se sabían producido tras la victoria electoral. Sin embargo no trataremos aquí de la violencia por entender que ha sido suficientemente tratada en otros trabajos13, mientras que quizás no son tan conocidas las actitudes que la Iglesia mantuvo respecto al Gobierno constituido durante el periodo y con el que estaba obligada a relacionarse en 11 Eduardo GONZÁLEZ CALLEJA et al. (cooords.), La Segunda República Española, Barcelona, Pasado y Presente, 2015, p.209. 12 s.a. “La política que se impone”, El Correo de Andalucía, 25 de febrero de 1936. 13 Tratan específicamente sobre la cuestión Manuel ÁLVAREZ TARDÍO y Roberto VILLA GARCÍA: “El impacto de la violencia anticlerical en la primavera de 1936 y el impacto de las autoridades”, Hispania Sacra, LXV, (julio-diciembre 2013), pp. 683-764. También pueden verse algunos datos en Eduardo GONZÁLEZ CALLEJA et al. (coords.) La Segunda… 126 tanto que Gobierno tan legal como efectivo del país. Este planteamiento es una consecuencia natural de la premisa de que el último periodo de la Segunda República merece ser estudiado por sí mismo y no sólo en su calidad de precedente 14 inmediato de la Guerra Civil. Tras la victoria de la coalición de izquierdas y como apuntamos antes, Pita Romero presentó su dimisión como representante español en el Vaticano, marchándose de Roma en marzo de 1936. En su despedida pudo departir tanto con el Secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Eugenio Pacelli (más tarde sucesor del Papa Pío XI con el nombre de Pío XII); con el Secretario de la sagrada Congregación de Asuntos Eclesiásticos extraordinarios, Monseñor Pizzardo y con Mons. Tardini, Sustituto de la Secretaría de Estado vaticana. De la conversación con ellos confirmo el diplomático español que no sobraban en Roma los elogios para la labor de la CEDA en el poder en materia social, entendiendo esto como una posible causa de la victoria electoral de las izquierdas. En opinión de Pita Romero, en la Santa Sede estaban incluso dispuestos a secundar las políticas de justicia social que pudieran emprender las izquierdas en el Gobierno, pero con la esperanza de que no se atacasen nuevamente los intereses de la Iglesia. Y en sentido político, el diplomático entendía que en la Santa Sede se deseaba que la evolución en España llevase a las que “derechas fueran menos derechas y las izquierdas menos izquierdas”. Pita Romero fue sustituido por Luís de Zulueta, quien –como vimos- no había obtenido el plácet del Vaticano en 1931 debido a la tradicional costumbre de no admitir a quienes no profesaban la fe cristiana como representantes de países tradicionalmente católicos. Al otorgarle la Santa Sede en esta ocasión su visto bueno para que se pusiera al cargo de la representación diplomática española se evidenciaba que la situación había evolucionado desde el advenimiento de la República. Posesionado de la Embajada en la simbólica fecha del primero de mayo de 1936, desde los primeros contactos con la curia vaticana, Zulueta pudo percibir el miedo que en Roma despertaba la posibilidad de que en España se desatase una revolución social. Lo que había sido una de las características fundamentales de la campaña electoral, el miedo al comunismo, era un interrogante para el Vaticano. El diplomático, con habilidad, no sólo aceptó que ese temor tenía cierto fundamento –sin otorgarle demasiada importancia- sino que supo ver en ese miedo la posibilidad de que la Santa Sede encajase al Frente Popular como un mal menor ante la 14 Entiéndase el uso de término tan sólo en el sentido cronológico, no causal. 127 revolución. El argumento de Zulueta se fundaba en que mientras que un Gobierno de derechas o moderado podía exaltar a los revolucionarios, el hecho de que las izquierdas gobernasen podía calmar sus ánimos y reconducirlos hacia una política “progresiva”, pero no revolucionaria. Zulueta, al igual que su predecesor, también confirmó la falta de simpatías que en el Vaticano despertaba la labor de los cedistas durante el bienio 19331935. Si en lugar de en las relaciones diplomáticas centramos nuestro análisis en la prensa católica para los meses que median desde la formación del Gobierno de Azaña hasta la sublevación militar de julio, puede observarse en líneas generales la intención de propiciar un gobierno fuerte por parte del republicanismo de izquierdas como medio de controlar a los compañeros de coalición más ardorosos. De esta forma, El Correo de Andalucía, por seguir con el medio anterior, se prodigó en hacer ver que la mejor solución para el país era la ruptura de la coalición de Gobierno del Frente Popular en el sentido de que aquellos que eran republicanos dejasen de vincularse políticamente con quienes llevaban como aspiración máxima de sus políticas la revolución social proletaria. Y es que para la Iglesia Católica, todo el periodo viene marcado por la duda entre si el Frente Popular actuaría de freno a la revolución de izquierdas al contentarse los sectores revolucionarios con la política de izquierdas de los republicanos, o si sería tan sólo un estadio intermedio que necesariamente habría de dar paso a la revolución. En su afán de reconducir la política del Frente Popular y de evitar la revolución, el medio católico de Sevilla insistió durante aquellos meses, sobre todo, en dos extremos. El primero de ellos fue en hacer ver que Azaña era, efectivamente, una garantía contra la revolución tal y como había expuesto Zuleta a la Santa Sede. Así, en la sección editorial “Del momento” de la primera plana de la edición del 4 de abril se potenciaba esta imagen centrista del propio Azaña: “Cuando el señor Azaña decía anoche en las Cortes que no permitiría el desbordamiento y que no dejaría paso al soviet, sus palabras eran las de un gobernante consciente de su deber”.15 Y sobre la misma idea se volvía al citar la respuesta que el propio presidente del Gobierno daba a Calvo Sotelo en el Congreso apenas unos días después: “Reconocerá su señoría conmigo que la instauración del comunismo sería fatal para su señoría y para mí”.16 15 16 s.a.“Del momento”, El Correo de Andalucía, 4 de abril de 1936. El Correo de Andalucía, 17 de abril de 1936. p.3. 128 El otro extremo, aunque directamente relacionado con el anterior, fue el intento de acentuar las diferencias entre el ala más centrada del PSOE, encarnada por Indalecio Prieto, y el ala más revolucionaria que encabezaba Francisco Largo Caballero. A medida que se acentuaba la distancia entre ambos se pretendía distanciar –aún en el mismo partido- a quienes podían situarse con cierta comodidad en una democracia frente a quienes aspiraban a la temida revolución. Para principios de abril, y coincidiendo con la destitución de Alcalá Zamora como Presidente de la República, El Correo de Andalucía esperaba de un momento a otro el anuncio de Prieto de “su separación del partido socialista por considerar que, virtualmente, está expulsado de él”. Con él, esperaba el diario que se marchasen una veintena de diputados que habrían de dejar las filas socialistas para integrarse en una perimetral izquierda republicana17. La división no se materializó, pero cuando Manuel Azaña asumió la primera magistratura del Estado, Prieto fue uno de los convocados para asumir la presidencia del Consejo de Ministros. La rechazó con el argumento de no tener el apoyo de su propio partido, que mayoritariamente se situaba más próximo a las posiciones más extremas de Largo Caballero18. El punto determinante de la tensión entre “prietistas” y “largocabelleristas” tuvo lugar en el enfrentamiento del 31 de mayo de 1936 en la plaza de toros de Écija, donde un grupo de las juventudes socialistas partidarias del ala revolucionaria hicieron huir a Indalecio Prieto del lugar con sus violencias, llegando a producirse algún tiroteo. Pese a los deseos de Roma y de la prensa católica de que la coalición electoral de izquierdas no se mantuviera unida en el Gobierno, la quiebra no se produjo. Y el peligro de la revolución continuó presente, especialmente gracias a los múltiples episodios de violencia callejera que caracterizaron aquellos meses. Pero, más allá de lo que la Iglesia pensara sobre que el Gobierno de la izquierda alejara o acercase una revolución proletaria: ¿en qué sentido cabía esperar que los acontecimientos evolucionasen? La otra gran opción con la que podía alterarse la situación era un golpe de Estado que cambiase el Gobierno y recondujese (¿en qué sentido?) la situación política española. Más allá de las opciones legales sólo quedaban las que rompían la legalidad. A todo ello se unía el clima de descrédito de la idea de reconducir en sentido católico la República que comenzaba a cundir en aquellos mismos que habían abanderado la posibilidad. El 17 El Correo de Andalucía, 9 de abril de 1936. p.1. s.a. “Prieto no aceptó por las divisiones internas de su partido”, El Correo de Andalucía, 13 de mayo de 1936. 18 129 alejamiento del poder de la CEDA y el ostracismo de su líder tras las elecciones de febrero motivaron, a juzgar por sus propios comentarios, la pérdida importante de afiliados a su fuerza política en beneficio de otras opciones más radicales, mucho más violentas contra la República como podían ser la Renovación Española de Calvo Sotelo, los requetés tradicionalistas y –especialmente- la Falange Española de José Antonio Primo de Rivera. Todo ello en una situación en la que la violencia callejera entre grupos políticos estaba motivando la detención de muchos afiliados a los partidos de derecha, especialmente de Falange Española o al menos con la excusa de su pertenencia a esta formación. En este sentido, con ocasión de la destitución de Alcalá Zamora como Presidente de la República en el mes de mayo y en el marco de la elección de compromisarios para la elección de su sustituto, el estado de las cosas dejaba poco margen a la normalidad democrática que hubiera sido deseable y la CEDA decidió no concurrir a los comicios. Gil Robles protestaba por aquellos días por el encarcelamiento de miembros de Acción Popular y manifestaba su desconfianza sobre las posibilidades de reconducir la situación a través de la legalidad: “[…] había formulado una queja ante el señor Casares Quiroga por los detenidos gubernativos que hay en toda España pertenecientes a su organización, que ascienden a 2.500.- El señor Casares me ha dicho que pondrá en libertad a todos aquellos que en realidad pertenezcan a Acción Popular, pero no a los que aun siéndolo en apariencia, en realidad pertenecen a Falange Española. Yo le contesté que si sigue como hasta ahora, no va a poner en libertad a ninguno, porque se van a marchar todos hacia ese sector político.- Después el señor Gil Robles estuvo hablando con un grupo de diputados y periodistas acerca de la situación, y dijo que tal y como estaban las cosas, preveía que en breve tiempo se cerraría el paréntesis de su actuación política, que abrió en 1931, ya que el partido que acaudilla había nacido para actuar en el Parlamento, y a éste cada vez se le prestaba menos interés, porque la situación requería una actuación fuera del ámbito parlamentario.”19 Hasta el propio Gil Robles parecía convencido de que la solución política de la República – para la que él mismo no estaba dispuesto a participar- no pasaba ya por la legalidad establecida. Poco margen quedaba ya para pedirle a los propis afiliados de Acción Popular que mantuvieran su confianza en el funcionamiento de la formación s.a. “Gil Robles espera que en breve tiempo cerrará el paréntesis de su actuación política”, El Correo de Andalucía, 6 de mayo de 1936. 19 130 para alcanzar el poder. Todos, incluso “el jefe”, parecían ya dispuestos a abandonar el barco. Todos estos elementos se combinaban entre sí y con uno que era el más peligroso por cuanto encerraba las conclusiones más arriesgadas. Se trataba de la opinión, cada vez más generalizada entre los católicos de la parcialidad con la que funcionaban las propias instituciones del Estado. Si esta percepción se había iniciado al comprobar el dudo éxito de los medios empleados para controlar los asaltos a edificios e instituciones religiosas y poner en duda la voluntad del Gobierno de controlar los desmanes cometidos por personas afines a las fuerzas políticas que lo sostenían en el Congreso, a medida que avanzaba el periodo la situación comenzó a extenderse a numerosos resortes del Estado y tuvo su expresión más clara cuando Santiago Casares Quiroga se declaró en sesión parlamentaria “beligerante contra el fascismo” con ocasión de su toma de posesión como Presidente del Consejo de Ministros que había quedado vacante tras la elevación de Manuel Azaña a Presidente de la República. A comienzos de julio, días antes de que tuviese lugar la sublevación militar en Melilla que dio origen a la Guerra Civil, se cumplió el primer mes de marcha a Roma del anterior Pro Nuncio el cardenal Tedeschini. Con ocasión de su primer mes al cargo, el Encargado de Negocios de la Santa Sede en Madrid que había quedado cubriendo la interinidad, Mons. Silvio Sericano, solicitó a algunos colaboradores informes sobre la situación política española. Estos informes llegan a indicar, después de exponer cuanto hemos planteado más arriba, que “el Gobierno y la Cámara prescinden en absoluto de las leyes y aún de la misma Constitución, siempre que les estorba”, sin que por ello mismo pudiera confiarse en la limpieza del resultado de ninguna cita electoral que hubiera de celebrarse. El informador que aseguraba tales cosas consideraba también la posibilidad de la quiebra del Frente Popular aunque entendía, sin embargo, que la solución más eficaz a aquellas alturas era el golpe de Estado. Con todo, Mons. Sericano no contó sólo con un informe, y en otros de los que recibió se le indicaba que tampoco podía garantizarse el éxito de una sublevación militar puesto que en el Ejército no había una unidad de criterio claro en cuanto al programa político a aplicar si éste triunfase. Todo ello, y aunque sin posibilidad alguna de prever el dramático resultado de la Guerra Civil, eran claves que habían de marcar la historia de España de los años siguientes. 131 Algunas impresiones Resulta muy adecuada la oportunidad de presentar el estudio de la etapa del Frente Popular al margen de los vicios historiográficos de otros tiempos en los que se condicionaba la visión que del periodo se tuviera en función de la exaltación de otros periodos históricos, ya fueran antecedentes en un caso o consecuentes en otro. Más allá de todo ello, aquellos meses cruciales representan por sí mismo una singular etapa de la contemporaneidad española que, en cuanto a la Iglesia Católica se refiere, precisa todavía de visiones más profundas. La relación de los católicos, tanto españoles como desde la curia vaticana, cono el Frente Popular representa un eslabón más en las diversas etapas de estudio de la relación de la Iglesia con la contemporaneidad española, con la particularidad añadida de cruzar estas lecturas con las influencias de las ideologías que amenazaban la existencia misma de la democracia en la Europa de entreguerras. Sin que pueda extraerse todavía de nuestras impresiones ninguna conclusión sólida, a la luz de cuanto hemos tratado de esbozar puede verse en primer lugar que el papel de la Iglesia Católica en su relación con el Frente Popular no puede entenderse sólo como el de una víctima de los desórdenes públicos que no busca más que la oportunidad de armarse contra la República por las armas. Es preciso comprender también cómo la Iglesia trató de relacionarse con el nuevo Gobierno, especialmente a nivel romano puesto que da la impresión de que el descrédito que la labor de la CEDA en el bienio 1933-1935 había cosechado en los círculos vaticanos llevó a la impresión de que el fracaso de la “reconducción católica” de la República no fue tanto del mérito de los adversarios cuanto de la incapacidad de los propios. Esta percepción, que parece clara en los círculos vaticanos, merece ser tenida en cuenta a la hora de estudiar el papel de la Iglesia en el final de la República. Por otro lado, ciertamente no parece que haya que buscar entre los católicos a los más encendidos republicanos, pero a juzgar por bastantes aspectos de lo estudiado tampoco parece que deba sostenerse que los fieles católicos hubieran de ser –por el mero hecho de ser católicos- firmes opositores del modelo republicano; sirva el caso de Niceto Alcalá Zamora como apoyo de cuánto afirmamos. Más bien parece que, aunque a muchos de los propios católicos les sorprendiese, no existía fundamento doctrinal alguno para oponerse al régimen republicano en cuanto a tal, sino sólo a determinados aspectos de su labor legislativa. Por lo tanto, la República era un modelo posible 132 también para los católicos y en este sentido se muestran las reacciones en la prensa confesional a las elecciones de febrero de 1936 que hemos apuntado cuando se invitaba a continuar la propaganda y a recuperar “no ya lo perdido, sino lo que no ha sido nuestro nunca”. Bien es cierto que, en general, los católicos españoles carecían por completo de una cultura política democrática y sólo entre una selecta minoría podían comprenderse algunas de las ventajas del sistema, pero en buena medida esto no era una excepción entre los españoles del momento. Todo ello no deja de ser una suma de sugerencias que el estudio pormenorizado de la cuestión deberá ir concretando. Pero a priori, una vez fuera de toda duda que la Iglesia Católica no tuvo participación alguna en cuanto a tal en la confabulación del golpe del 17 de julio de 1936 aunque lo considerase como una de las opciones de salida a la situación de la primavera de aquel año, el estudio de sus relaciones con la España del Frente Popular puede arrojar luces en muchas direcciones; algunas de ellas quizás fundamentales para entender los posicionamientos de los católicos en otros momentos posteriores de la contemporaneidad; con especial referencia a la desarticulación del franquismo. 133 El Poder local durante el Gobierno del Frente Popular. El caso de Albacete Manuel Requena Gallego Universidad de Castilla la Mancha Después de conocerse el triunfo electoral del Frente Popular, el presidente del Gobierno, Portela Valladares dimitió y al día siguiente, se hizo cargo del gabinete, Manuel Azaña, contando únicamente con ministros republicanos de izquierdas, ya que los socialistas se opusieron a entrar en él. Éstos deseaban presionar, desde las bases populares, para obligarle a avanzar en su programa reformista. Se realizaron manifestaciones envueltas en un espíritu alegre, compartido con una exigencia del cumplimiento de las promesas electorales y con un trasfondo vengativo en respuesta a las penurias pasadas durante el bienio anterior. Al frente de ellas estaban los partidos de izquierdas, las organizaciones sindicales y las clases populares. Las principales reivindicaciones eran: la amnistía política y económica, restitución de ayuntamientos, reforma agraria, cumplimiento de la legislación laboral, etc. La estrategia para logar la mejora de los más necesitados pasaba por la colaboración de los ayuntamientos de izquierdas y las Casas del Pueblo. El poder local en España durante el Frente Popular El Gobierno de Azaña ordenó restituir los consistorios democráticos. Acción que fue llevada a cabo desde los Gobiernos Civiles. Se enviaron órdenes reponiéndolos a partir de 20 de febrero, según consta en las actas municipales1. Esto nos plantea un 1 En lo que afecta a los Gobiernos Civiles, ver AGA, Ministerio del Interior, leg. 2.416. La fecha de la notificación del 20 al 23 de febrero se puede comprobar detalladamente en el caso de los pueblos de la provincia de Albacete, a través de las Actas municipales. 135 Universidad de Castilla~La Mancha Departamento de Historia. Área de Historia Contemporánea Edificio Benjamín Palencia | Campus Universitario s/n | 02071 Albacete Email: [email protected] | www.ahistcon.org | primer problema. ¿Fue el Gobierno de Azaña el responsable de incumplir la promesa electoral de restaurar los concejos democráticos en febrero de 1936? Su intención, como lo demuestran los hechos, fue restablecerlos. Pero la presión inmediata de los socialistas, contrarios a dicha medida, le obligó a cambiar la estrategia. No olvidemos que necesitaba el apoyo socialista en las Cortes para llevar a cabo su programa reformista y social. Por lo cual es comprensible que accediese a dicha modificación o cambio de plan, aunque con cierta resistencia. Hubo gobernadores que dimitieron y concejales o alcaldes que consideraban que sus puestos eran interinos y eso facilitó su renuncia, aunque hubieron casos en que se resistieron. Otra interpretación distinta es la de Roberto Villa quien sostiene, que tras la subida al poder de Azaña y sin esperar que el Ministerio de Gobernación tomase la iniciativa, se sucedió una <<expulsión desordenada de alcaldes y concejales de los partidos de centro y de derecha que reveló que las instituciones locales seguirían utilizándose como una especie de botín de guerra de los partidos vencedores>> y ocuparon los consistorios sin la preceptiva disposición gubernativa, nombrándose comisiones gestoras con partidos del Frente Popular2. En esta misma línea, pero con ciertas matizaciones, figuran Fernando del Rey quien asevera que <<los partido de Frente Popular se sintieron legitimados para hacerse con el poder local por la vía de los hechos consumados, amagando con utilizar la fuerza>> y los concejales de centro y de la derecha, << fueron expulsados, limitándose el gobernador a ratificar los hechos consumados>>3 y José Manuel Macarro. Ninguno de los tres plantea que dicho incumplimiento se debió a las presiones de los socialistas sobre el Gobierno de Azaña. Debemos destacar la gran importancia y el destacado papel de los gobernadores civiles, debido a su responsabilidad en el nombramiento de los concejos. Repusieron a la mayoría de consistorios, fuesen de derechas o izquierdas, aunque días después, ante la presión de los socialistas, negociaron la destitución de parte de aquellos, nombrando comisiones gestoras del Frente Popular. Así lo reconoce en sus memorias el gobernador civil de Almería Juan Ruiz-Peinado, militante de IR, atribuyendo las modificaciones a la intensa presión de los socialistas que <<no aceptaron esta norma, aduciendo la posible alteración del orden público y pretendían que estas fuesen del Roberto VILLA GARCÍA: “Los límites de la democratización: elecciones en la Segunda República española” en Manuel ÁLVAREZ TRADIO y Fernando del REY (eds.): El laberinto republicano. La democracia española y sus enemigos (1931-1936), Barcelona, RBA, 2012, p. 212. 3 Fernando del REY: Paisanos en lucha. Exclusión política y violencia en la Segunda República española, Madrid, Biblioteca Nueva, pp. 488-490. 2 136 Frente Popular>>4. Los múltiples cambios estuvieron acompañados de tensiones, enfrentamientos y, en algunos casos, actos de violencia. Se adoptó una postura excluyente, sobre todo en los pueblos, donde se prescindió de las fuerzas de derechas y de una gran parte de los republicanos moderados, mientras que en muchas capitales se respetaron las minorías. El papel de los gobernadores fue muy complicado, tenían que favorecer a los republicanos de izquierdas y contentar a los socialistas En cada provincia, el proceso de cambio fue diferente, dependiendo del talente y la estrategia del gobernador, de la actitud de los socialistas y del apoyo electoral logrado por cada partido. En general, la ventaja en militancia y votos fue superior en IR frente a los socialistas, además de contar los primeros con la ayuda del gobernador civil5. En Cáceres se repusieron los consistorios entre los días 20 y 22 de febrero y posteriormente se cambiaron, preferentemente, en las zonas rurales6. Respecto a Almería, Oscar Rodríguez, indicaba que el gobernador ordenó la reincorporación de los concejales elegidos democráticamente << fuese el que fuese su cariz político>>. Pero reconoce que en muchos de ellos, posteriormente, se nombraron comisiones gestoras en donde <<los socialistas intentaron arrinconar a IR, cometiendo una deslealtad con sus aliados>>, aunque no lo consiguieron. Pero si aumentaron su presencia, reduciendo la diferencia entre IR y el PSOE, fijándola en cuatro a uno7. Y una parte de sus militantes eran antiguos monárquicos que se pasaron al republicanismo después del 14 de abril. En Granada, sin embargo, hubo presión y protestas ante muchos ayuntamientos repuestos pero, por lo general, <<sin violencia física, aunque no dejó de haber una cierta atmósfera de tensión y de revancha>>, solicitando la destitución de trabajadores municipales al servicio de la derecha. Concluye el autor indicando, <<El proceso se desarrolló en el más estricto orden republicano>>8. María Rosa Sepúlveda señala que en la <<reposición de los consistorios>> en Albacete << se dio prioridad a la presencia de la izquierda>> y en los de centro y derechas se nombraron comisiones gestoras 4 Juan RUIZ-PEINADO: Cuando la muerte no quiere, México, Azteca, 1967, p. 103. José Manuel MACARRO: Socialismo, república y revolución en Andalucía (1931-1936), Sevilla, Secretariado de Publicaciones, 2000, p. 406. 6 Julián CHAVES PALACIOS: Violencia política y conflictividad en Extremadura. Cáceres en 1936, Diputación de Cáceres y Badajoz, 2000, pp. 40-41. 7 Oscar RODRÍGUEZ BARREIRA: “El pueblo contra los pueblos. Intervención gubernativa y clientelismo en las instituciones locales durante la Segunda República”, Ayer, 83 (2011), pp. 202-205. 8 Mario LÓPEZ MARTINEZ, Rafael GIL BRACERO: Caciques contra socialistas. Poder y conflictos en los ayuntamientos de la República. Granada 1931/1936, Granada, Diputación Provincial de Ganada, 1997, p. 432. 5 137 frentepopulistas9. En Pontevedra, el Frente Popular restituyó el 75% de los alcaldes democráticos y el resto fueron destituidos; en Valencia, de los 259 pueblos de los que tenemos datos se nombraron 151 comisiones gestoras con representantes del Frente Popular. En Madrid se repusieron el 20 de febrero los consistorios de la capital, Carabanchel Alto, Sam Lorenzo del Escorial, Alcalá de Henares, Vicálvaro y Aranjuez10. Fernando del Rey nos ofrece una cifra, tal vez abultada, sobre la provincia de Ciudad Real, donde <<57 alcaldes, al menos, eran socialistas>>, o sea, en más de la mitad de los consistorios11. La exclusión municipal se registró, preferentemente, en los pueblos donde había triunfado la derecha y los republicanos conservadores, nombrándose comisiones gestoras del Frente Popular. Esta manera de actuar tan descarada y poco democrática, generó protestas, desórdenes y conflictos en dichas localidades. A modo de ejemplo citaremos algunos casos. En Fondón (Almería), el gobernador nombró una gestora, a mediados de marzo, liderada por los socialistas, pero después de las elecciones a Compromisarios celebradas en abril, donde ambos partidos se presentaron por separado, decidió sustituirla de nuevo por una de mayoría de IR, argumentando que ésta había logrado más votos en la última consulta. El alcalde socialista se negó a entregar la vara al delegado gubernativo quien le detuvo y le condujo a la cárcel de Bejar, de donde salió tres días después12. En Villablanca (Huelva), localidad gobernada por el centro derecha, hubo una dura confrontación en protesta por el nombramiento de una gestora con 4 socialistas, dos de UR y otros dos de IR, designando alcalde al socialista Próspero Álvarez. La situación se complicó ya que en la sesión del 20 de mayo, dos ciudadanos insultaron al alcalde y son liberados por la irrupción de las masas, finalizando la sesión. Siete de ellos ingresaron en prisión13. O actitudes provocadoras como las acaecidas en los pueblos granadinos de La Zubia donde, tras la toma de posesión de los concejales socialistas, se organizó una manifestación y los obreros se paraban ante las puertas de los patronos para insultarles, sin que interviniera la Guardia Civil, y en Huéscar, la 9 Rosa María SEPÚLVEDA LOSA: Republicanos tibios, socialistas beligerantes. La república social inviable. Albacete, 1933-1936, Albacete, IEA, 2003, p. 347. 10 Sergio VALERO GÓMEZ: “Socialismo valenciano y poder local. El proceso de constitución de gestoras durante 1936”, en Eduardo González, ¿?? La España de Frente Popular. Política, sociedad, conflicto y cultura en la España de 1936, Granada, Editorial Comares, 2011, pp. 72; Sandra SOUTO: Y ¿Madrid? ¿Qué hace Madrid?, Movimiento revolucionario y acción colectiva (1933-1936), Madrid, Siglo XXI, 2004, p. 395. 11 Fernando del REY: Paisanos en lucha…, p. 489. 12 Oscar RODRIGUEZ BARRIIRA: “El pueblo contra los pueblos…, p. 208. 13 Juan Ignacio GONZALO ORTA: “Poder local y democracia municipal…, p. 28. 138 multitud protestó indignada en el salón de plenos ante las injusticias sufridas en la etapa anterior y fue calmada por el delegado gubernativo14. Por el contrario, en las capitales de provincia y ciudades donde, por lo general, triunfaron las izquierdas, no se prescindió, en muchos casos, de los concejales republicanos moderados y los de derechas como sucedió en las capitales andaluzas15, Barcelona, Zaragoza y Vitoria16. En algunas de ellas, las minorías solicitaron su cese por sus desacuerdos con las mayorías. En algunas urbes hubo cambios significativos como sucedió en la de Santa Cruz de Tenerife. Concejales del partido republicano tinerfeño se incorporaron al sector de Martínez Barrios que se había integrado en Unión Republicana, perdiendo este partido las mayorías. A comienzos de marzo, los socialistas arremetieron contra el alcalde republicano tinerfeño Francisco Martínez quien, al no tener la mayoría, presentó su dimisión irrevocable al que acompañaron nueve compañeros más. El gobernador, en la sesión del 12 de marzo, nombró en su lugar a componentes del Frente Popular, 8 de IR, 6 socialistas, 5 UR y 3 PCE17. La segunda cuestión en donde discrepan los historiadores afecta al nivel de intromisión gubernamental en el cambio de consistorios. ¿Fue el Gobierno de Azaña o el radical-cedista? Entre los que defienden que el gabinete radical-cedista “desmochó” menos consistorios, está el ministro de Gobernación Rafael Salazar Alonso. Este aporta cifras claramente bajas, señalando que a finales de 1934 aún había 6.189 ayuntamientos en propiedad y 2.157 habían sido sustituidos por comisiones gestoras de centro-derecha, o sea, un 25 por cien18. Con ello desmentía la acusación de la izquierda de ser el responsable del cese de casi todos los ayuntamientos de izquierdas. Estas cifras erróneas han sido reproducidas por otros historiadores sin criticarlas. Coincidiendo con que fue mayor la intervención del gobierno de Azaña, pero sin hacer referencia a estas cifras, están Fernando del Rey, acerca de la provincia de Ciudad Real y José Manuel Macarro Mario LÓPEZ y Rafael GIL: Caciques contra…, p. 431. Octavio RUIZ-MANJON: “Autoridades locales y partidos políticos en Andalucía durante la II República”, REIS, 5 (1979), pp. 167-184. Mantiene una opinión contraria José Manuel Macarro: Socialismo, república…, al asegurar que los mayores beneficiados en las capitales andaluzas fueron los socialistas. 16 Ramón ALQUEZAR: “Els conflictes a l’Ayuntament de Barcelona durant la segona república”, L’Avenç, 116 (1988), pp. 21; Héctor VICENTE SÁNCHEZ: “La represión ejercida contra los concejales del Frente Popular en Zaragoza Capital” en XI Congreso de la Asociación de Historia Contemporánea, Granada, 2012, p. 5; Santiago de PABLO CONTRERAS: “El control político del ayuntamiento de Vitoria durante la Segunda República”, Cuadernos de historia-geografía, 15 (1990), pp. 263. 17 Juan Antonio YAÑES MESA: “El ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife durante la II República: continuismo, involución y languidecimiento hasta el triunfo del Frente Popular”, El Museo Canario, 63 (2008), pp. 307-342. 18 Rafael SALAZAR ALONSO: Bajo el sino de la revolución, Madrid, Akrón, 2007, p. 129. 14 15 139 para Andalucía. El primero habla de que el <<el grado de arbitrariedad alcanzado, no tenía parangón con los dos períodos anteriores>>, considerándolo mucho más grave, al calificarlo, utilizando palabras de José Manuel Macarro, como un “pequeño golpe de estado”19. Esta afirmación no va acompañada de datos precisos por lo que hemos de considerarlas como provisionales. Otros estudios mantienen todo lo contrario, que los “desmoches” fueron mayores durante el bienio radical-cedista. En Badajoz el partido republicano radical controló 161 consistorio de los 163 y en Alicante no quedó ningún ayuntamiento de izquierdas 20. En Cuenca21 fueron destituidos casi todos los ayuntamientos y se nombraron la mitad de ellos lerrouxistas, el 25 por cien agrarios y sólo quedaron en poder de la izquierda el 3,5 por cien. En Albacete22, la mayoría pasaron a los republicanismos radicales y, en menor medida, a la derecha. En Granada <<la práctica totalidad de las corporaciones elegidas mediante sufragio habían ido sustituidas por comisiones gestoras>> en las que figuraban 132 alcaldes republicanos radicales y, el resto, agrarios, republicanos conservadores y cedistas23. En Almería a partir de octubre se acabó la <<disidencia en los ayuntamientos. Los radicales y sus socios ejercieron todo el poder>>24. Cambios en el poder local en la provincia de Albacete durante el Frente Popular25 La dimisión precipitada del jefe de Gobierno Portela Valladares el 18 de enero, propició la renuncia inmediata del gobernador de Albacete José María Mingot, sin Roberto VILLA: “Los límites…, p. 212; Fernando del REY: Paisanos en…, p. 492. Idea compartida con José Manuel MACARRO, Socialismo, república…, p. 408. 20 Nigel TAWNSON: La República que …p. 324. 21 Luís Ángel LÓPEZ VILLAVERDE: Cuenca durante la II República…, p. 198. 22 Manuel REQUENA GALLEGO: “El poder local en la provincia de Albacete durante la II República y el intervencionismo del Gobierno, 1931-1936”, Studia Histórica. Historia contemporánea, vol. 33, 2015, p. 203. 23 Mario LÓPEZ y Rafael GIL: Caciques contra…, p. 299. 24 Oscar Rodríguez BARRIIRA: “El pueblo contra los pueblos… , p. 210. 25 La diversidad de fuentes disponibles con interpretaciones diversas enriquece el análisis y la interpretación de los hechos acaecidos en la provincia de Albacete. Ello, nos ha permitido un seguimiento más preciso y despejar algunas dudas, como por ejemplo, el proceso de nombramiento y cese de los consistorios y las razones a que obedecieron, en algunos casos. La prensa provincial nos aporta los sucesos vistos por la derecha (El Diario de Albacete), por el republicanismo moderado (Defensor de Albacete) y por el republicanismo de izquierdas (República). Amplia correspondencia del socialista José Prat (CDMH y Fundación Pablo Iglesias) con información de la mayoría de los pueblos de Albacete y otra documentación localizada en el CDMH. Hemos consultado las actas del 60 por cien de las localidades albacetenses. En este muestreo, con el fin de que fuese significativo, elegimos tres modelos de consistorios: donde tenían mayoría la derecha (Masegoso, Jorquera, Balazote, Valdeganga, La Herrera); los republicanos moderados (Casas Ibánez, Letur, Lietor, Minaya, Motilla, Ossa de Montiel y Yeste); la izquierda (Albacete, Alcaraz, Almansa, Caudete, Hellín, Higueruela, Mahora, Tobarra, Villa de Ves y Villarrobledo). 19 140 esperar al nuevo nombramiento, siendo reemplazado por el secretario Tomás Serna quien el día 20 notificaba a la prensa que se estaban reponiendo los ayuntamientos democráticos26. Y así lo confirman las actas municipales con fechas entre el 20 y el 22 de febrero, donde se les ordenaba el cese de las comisiones gestores anteriores y la reposición de los consistorios elegidos por votación. Mientras, en el Consejo de Ministros, los socialistas se opusieron contundentemente a la renovación de los ayuntamientos, basándose en la victoria electoral de febrero que les legitimaba para hacerse con el poder local, exigiendo que los elementos contrarios al régimen republicano, fuesen sustituidos por comisiones gestoras, formadas con miembros del Frente Popular. Ante esta presión, el Gobierno de Azaña cedió, ya que era consciente de la necesidad del apoyo del PSOE en las Cortes. Y pidió a los gobernadores que negociasen con los socialistas la renovación de éstos. Para Albacete fue nombrado gobernador el azañista José María Lucas Parra quien trató de llegar a un acuerdo con los socialistas los cuales se mostraron muy exigentes al pretender sustituir la mayoría de consistorios. Las divergencias entre socialistas seguidores de Besteiro y de Largo Caballero se aprecian desde el inicio de la II República, pero el enfrentamiento se acrecienta a partir de 1933 y se agrava a comienzos de 1936, sobre todo en las provincias donde estos tienen mayoría, como en Albacete. A través de la correspondencia mantenida entre los líderes albacetenses de Besteiro, estos nos ofrecen una imagen negativa de la política desarrollada por Largo Caballero. Eleazar Huerta resaltaba la contradicción de éste al <<querer concejales y alcaldes, y no querer gobernadores y ministros>>. Mucho más crítica e hiriente es la opinión del diputado por Albacete José Prat, al calificar las ideas de Largo Caballero y Claridad, de <<ladridos>> que destilan <<veneno y perjudican a los obreros, favoreciendo a la reacción>>, aunque confiaba <<en la vitalidad y espíritu sano del Partido>>. A las que contestaban los caballeristas haciendo a estos <<responsables de que las reformas sociales no fuesen tan rápidas como ellos deseaban>>27. Ambos sectores jugarán un papel importante en los acuerdos con el gobernador, los radicales tensando la situación y los moderados buscando acuerdos. La negociación fue tensa y dilatada en el tiempo, iniciándose el 20 de febrero, alargándose hasta mediados de marzo28. El PSOE, al tiempo que pactaba, presionaba 26 Diario de Albacete, 21 de febrero de 1936. Centro Documental de la Memoria Histórica (CDMH), serie PS, Madrid, leg. 2.198 28 El caso excepcional fue el de Hellín que finalizaba a finales de abril. 27 141 con manifestaciones, cartas de protesta, notas de prensa o declaraciones en los ayuntamientos. Los republicanos de izquierdas contaban con la colaboración del gobernador civil. La discrepancia básica provenía de que una parte importante del republicanismo albacetense, posiblemente más de la mitad, procedía de los partidos monárquicos e importantes caciques como los Ochando, los Alfaro o Jiménez de Córdoba. Estos exmonárquicos ingresaron en no solo en fuerzas republicanas moderadas sino también en Acción Republicana y algunos en el PRRS. Al tiempo, en muchos municipios dominaban los republicanos caballeristas. En las localidades donde se daban estas dos características era mucho más difícil llegar a un pacto. El gobernador Lucas Parra, para darle un tinte de legalidad al nuevo proceso de nombramientos29, se desplazó hasta algunos pueblos con finalidad inspectora y envió a otros municipios al delegado socialista Arnaldo Molina, quien en carta remitida al diputado albacetense José Prat, le indicaba que ya había visitado cinco pueblos y <<he procurado y he conseguido fastidiar a nuestros enemigos, dentro del terreno legal y creo conseguiré caigan bastantes más>>, ya que me quedan quince pueblos que visitar. Y añadía que estaba cumpliendo con los objetivos de estas inspecciones, que a fin de cuentas era <<mirar con lupa para encontrar alguna causa que permita, dentro de la legalidad, sustituir dichos consistorios>>30. Se cesaron 56 concejos (65 por cien) y se designaron comisiones gestoras del Frente Popular. En 12 por haberse descubierto irregularidades administrativas, 37 por ser políticamente opuestos al Gobierno y 7 de izquierda republicana las cuales fueron a los socialistas. Fueron destituidos por irregularidades administrativas doce consistorios (14 por cien) de localidades pequeñas (Barrax, Fuentealbilla, Montealegre del Castillo, Navas de Jorquera, Paterna de Madera y Villalgordo del Júcar, entre otros 31) y reemplazados por comisiones gestoras. De las 37 restantes en poder del centro y de la derecha, se adjudicaron 31 de los republicanos de izquierdas y 6 (Casas Ibáñez, Casas de Ves, Letur, Lietor, Paterna de Madera y Yeste) a los socialistas. En muchos de estos ayuntamientos se encontraban republicanos procedentes de los partidos monárquicos, con vinculación a los caciques como los Alfaro de la zona de Yeste y los Ochando en el distrito de Casas Ibáñez. Manuel REQUENA GALLEGO: “El poder local en la provincia…, p.208. . CDMH, serie PS, Madrid, leg. 1.002. 31 Las denuncias se pueden consultar en el CDMH, serie PS, Madrid, leg. 2.239. Defensor de Albacete, 25 de febrero de 1936. 29 30 142 En los casos de Yeste y Paterna de Madera podemos apreciar las divergencias y tensiones entre republicanos moderados y socialistas. En las elecciones municipales del 12 de abril de 1931 salieron elegidos 18 monárquicos pues no había republicanos y el partido socialista se acababa de formar unos meses antes y no presentó candidatos. Se anularon los comicios y se volvieron a celebrar el 31 de mayo. El gobernador azañista negoció con el cacique Antonio Alfaro la formación de una candidatura única formada por diez amigos del cacique que se habían pasado al lerrouxismo, tres compañeros del gobernador civil que habían ingresado recientemente en su partido AR y los socialistas a los cuales se les concedió cinco puestos, muy superior a sus fuerzas. De esa manera, el cacique Alfaro y sus amigos controlaron el consistorio desde mayo de 1931 a febrero de 1936, aunque a partir de octubre de 1934 con más comodidad al cesar a socialistas y republicanos de izquierdas. El 21 de febrero de 1936 fue repuesto el ayuntamiento electo en 1931 y elegido alcalde el lerrouxista Amable Cazaña Ortuño. En los días siguientes, los socialistas realizaron una manifestación de protesta y enviaron cartas solicitando el cese de estos “monárquicos y caciques disfrazados de republicanos”. El gobernador notificó el día 3 de marzo el cese de todos los concejales y el nombramiento de una comisión gestora formada por cinco socialistas, 3 de IR y uno de UR, quedando presidida por el socialista Germán Gonzales32. La denuncia del escaso republicanismo de la mayoría de los concejales del anterior consistorio realizada por los socialistas yestanos era autentica como se puede apreciar en la actuación de dos de sus alcaldes de este consistorio. Constantino Córdoba Suarez ocupó el cargo a finales de 1934 y meses después solicitó su ingreso en los Agrarios y Jesús Ramírez de Orellana, alcalde en 1935, pero en mayo de 1936 era amigo de Calvo Sotelo a quien envió una carta con el relato de los Sucesos de Yeste. Pero aun llegó más lejos, desempeñó el cargo de alcalde por designación de los militares sublevados en Albacete, ejerciéndolo desde el 20 al 25 de julio de 193633. Una situación similar acaeció en Paterna de Madera donde se restituyó el ayuntamiento lerrouxistas el 21 de febrero y se nombró alcalde al propietario Juan Fernández Fernández. Pero días después fue sustituido por una gestora socialista que acordó la distribución de los obreros en paro entre los patronos. El alcalde dimitido influyó sobre éstos para que se negaran a aceptar el pacto. Se le denunció, además, por 32 Libro de Actas de Yeste, 21 de febrero y 3 de marzo de 1936. Manuel REQUENA GALLEGO: Yeste durante la II República: Modernización política y conflictividad social, 1931-1936, Albacete, IEA Don Juan Manuel, 2006, pp. 72-73 y 106. 33 143 incumplir el decreto del Ministerio de Trabajo de contratar a los jornaleros en el orden en que figuraban en la bolsa de trabajo, con la intención de no contratar a socialistas. Los trabajadores se amotinaron y fue detenido y puesto a disposición del gobernador civil. Este no le sancionó y le dejó en libertad. Los obreros se opusieron y el los amenazó con un arma. Fue detenido y puso una querella por su detención. Ante todos estos manejos, los obreros indignados decidieron echarlo del pueblo, pero la gestora se opuso con el fin de evitar un mal efecto para el pueblo y tensiones con la Guardia Civil, que tenía tendencias contrarias a los socialistas34. Un grupo de militantes socialistas envió una carta al diputado Prat en la cual le comunicaban su gran alegría por la <<labor en nuestro ayuntamiento de los camaradas, aun conviviendo por conveniencia con partidos burgueses, no puede ser más eficaz para los partidos proletarios, pues por estos pueblos se vive en pleno estado bolchevique>>35. De los 32 concejos de mayoría de izquierda republicana, defenestraron a 7 (La Gineta, Minaya, Casas de Ves, Chinchilla, Madrigueras y Ontur) en beneficio de los socialistas. El alcalde y los concejales azañistas de La Gineta, monárquicos liberales que se habían pasado al republicanismo después del 14 de abril fueron reemplazados por el socialista J. Sánchez García. Se les acusaba de <<caciques camuflados que aborrecían las reformas sociales y, por ello, solicitaban su cese>>. En Minaya, a mediados de marzo, se cesó a Cesar Torres Pozuelo y se nombró al socialista J. Ruiz Roldán. Algo similar sucedió en Ontur, el alcalde de IR Alfonso Arnero Caballero fue relevado, el 5 de marzo, por José Cuesta Martínez36. En otros casos, a pesar de que hubo presión, no se registraron modificaciones como en Alcaraz, El Bonillo, Pozohondo, La Roda o Hellín. En esta última localidad, la resistencia al cambio fue numantina, ya que la negociación se inició el 23 de febrero y duró hasta mediados de mayo, con la amenaza del comité local socialista de abandonar el Frente Popular. Se repuso el Ayuntamiento de 21 de febrero y se nombró alcalde a José Graell (IR). Los socialistas movilizaron a los obreros y presionaron al gobernador quien, el tres de marzo designó una Comisión Gestora con mayoría de IR: cinco concejales frente a los cuatro socialistas, siendo elegido presidente Cristóbal Lozano Díaz. En dicha sesión, la oposición leyó un escrito de protesta en representación de la clase obrera. A continuación tomó la palabra el 34 Actas municipales de Paterna de Madera, febrero-abril 1936. CDMH, serie PS, leg. 716, correspondencia Prat. 36 Actas municipales de Minaya, 21 de febrero y 7 de abril de 1936; Actas municipales de Ontur, 21 de febrero y 5 de marzo de 1936. 35 144 alcalde el cual fue interrumpido, arreciando las protestas de quienes solicitaban su cese, acompañado de altercados, culminando con el apresamiento de tres socialistas. Ante tal situación acordó la finalización del acto. Al día siguiente hubo una concentración pidiendo su dimisión y las fuerzas de orden realizaron nuevas detenciones. A partir de esta fecha los desacuerdos fueron constantes. En la sesión del 16 de marzo, el señor Marín reclamó la reposición inmediata de los empleados municipales. La presidencia habló de la necesidad de pedir informes pertinentes para tomar tal decisión. Al mostrar la oposición a la propuesta, se procedió a votarla. En las dos ocasiones se registró un empate, ante lo cual se aplicó el valor doble de la papeleta del presidente, por lo cual fue aprobada dicha moción. En otra intervención, responsabilizó al presidente de la gestora de la contundencia de la fuerza pública y la detención de algunos compañeros, por lo que solicitó un voto de censura por su actuación. Le contestó que la presencia de las fuerzas del orden se debió a la decisión del gobernador al tener conocimiento del “movimiento sedicioso ocurrido en la ciudad”. Baldomero le replicó que la actuación <<ha sido excesivamente enérgica encarcelando a varios compañeros>”. El presidente propuso a los socialistas un pacto de no agresión y <<unir los esfuerzos en resolver los múltiples e importantes problemas que el pueblo tiene pendientes>>. Pero el concejal Baldomero pidió que se pusiese a votación el cargo de presidente y este insistió que retirase la propuesta, ante lo cual la minoría socialista abandonó la sala37. Las discrepancias entre ambos partidos se mantenían a comienzos de abril y se seguían realizando gestiones para conseguir sus propósitos. El secretario del comité local socialista envió una carta al Comité Ejecutivo de su partido, mostrando su contrariedad por la designación y comportamiento del alcalde de IR y amenazaba con abandonar el Frente Popular. Argumentaba que ellos habían obtenido más votos en las elecciones generales y acusaba al azañista de aliarse con los caciques más reaccionarios, unos pertenecientes a Acción Popular y otros a Falange. La contestación fue contundente, mantenerse dentro de la coalición de Frente Popular, orden acatada por estos. También los representantes de Izquierda Republicana reforzaban su postura enviando cartas al diputado azañista Esteban Mirasol y al Ministro de Gobernación, mostrando su desencanto por los ataques injustos que recibía su alcalde38. La tensión en los debates bajó de intensidad pero continuaron las quejas de la Casa del Pueblo a comienzos de junio. Acusó a la gestora de no atender las necesidades obreras, permitir 37 38 Acta del municipio de Hellín, 16 de marzo de 1936 CDMH, serie PS, Madrid, legs. 706 y 716. 145 que en la recolección participaran obreros de otros pueblos, dejando parados a los de Hellín. Denunciaba los tratos de favor a la Iglesia, a propietarios de empresas y a fascistas, no atendiendo, por el contrario, las denuncias de agresiones a socialistas39. En otras localidades con consistorios republicanos de izquierdas, los socialistas tampoco lograron su destitución. Se repuso el consistorio de La Roda en poder de IR y días después se cambió por una gestora de UR. Los socialistas reaccionaron acusando al nuevo presidente de reunirse con representantes de CEDA, Agrarios y radicales; detener al vicepresidente de la Agrupación Socialista, Deusdenio del Campo, y a siete jóvenes socialistas, sin conocerse las causas; permitir la presencia de la Guardia Civil en las sesiones, para impedir determinadas intervenciones y colocar una pareja en la puerta de la Casa Consistorial, para cachear a los ciudadanos y obligarles a firmar un pliego. Además, propuso cambiar el horario de las sesiones a la mañana, con el fin de impedir la participación de los concejales obreros. Y como un gestor socialista protestó ante esta maniobra, éste fue detenido40. En Pozohondo, la Asociación de Trabajadores de la Tierra envió una carta, a primeros de mayo, al diputado José Prat, exigiendo la destitución de los representantes locales por tránsfugas que, siguiendo las órdenes del cacique Francisco Mahiques, propietario de más de 1.500 Has, habían abandonado el partido monárquico e ingresaron en el PRR después de proclamarse la República. Los cuales últimammente se han desplazado a IR para solicitar la gestora>>. Las gestiones de Prat para lograr su destitución, no dieron resultado41. Tampoco lo lograron en Alcaraz, a pesar de las inculpaciones graves presentadas al gobernador azañista acerca del alcalde de su partido Tomás Marquez Barriopedro. Lo acusaron de rebajar las cuotas del reparto de utilidades a los Flores, familia terrateniente, ya que éste era al mismo tiempo su abogado; nombrar funcionarios a su criterio; destituir a los alcaldes pedáneos socialistas y entorpecer el asentamiento de yunteros en las tierras de los Flores42. En los cinco consistorios democráticos con mayoría socialista (Almansa, Caudete, Mahora, Tarazona de la Mancha y Villarrobledo) no hubo cambios. Al tiempo se procedió a la expulsión de empleados y funcionarios de los ayuntamientos, considerados traidores a la República. Se recuperaba la idea de Manuel Azaña de que el freno en las reformas progresistas del Gobierno, se debía en parte, a 39 Fundación Pablo Iglesias, legajo 11; Actas Municipales de Hellín, febrero-junio 1936. CDMH, serie PS, Madrid, leg. 2.239. 41 Fundación Pablo Iglesias, leg. 11, carpeta 28. 42 Fundación Pablo Iglesias, Correspondencia de Prat. 40 146 <<las covachuelas de la administración>>. Por ello, se destituyó un gran número de ellos quienes, en la etapa anterior, habían demostrado estar contra el régimen, pues en ocasiones, en ayuntamientos de izquierdas, constituidos por hombres de escasa formación jurídica, aquellos se convertían en títeres de avezados funcionarios que les complicaban la vida y cometían algún error administrativo, causante de su destitución. En esta orientación se expresaba el semanario republicano de izquierdas albacetense, República: <<los técnicos están al servicio del Estado, no sobre él ni contra él>>, y concluía que <<en Albacete, hay muchos elementos perturbadores para el Régimen que deben ser desplazados de sus puestos>>43. Se procedió a la depuración de varios centenares de empleados y funcionarios municipales albacetenses (administrativos, alguaciles, policías, secretarios, vigilantes, etc.) considerados desafectos a la República. Destituyeron once guardias municipales en La Roda, dos en Chinchilla, unos veinte en la capital…. En Caudete, seis funcionarios solicitaron su excedencia voluntaria y cesaron 4 guardas de campo y 2 guardias municipales. Destituyeron al secretario de Alatoz, un cabo de guardas de campo de Osssa de Montiel, al pregonero de Ossa de Montiel por falta grave al proferir palabras de menosprecio contra el Gobierno y su presidente. La relación es amplia y ante tan reiterados atropellos, el director General de Administración envió una circular el 15 de marzo a los gobernadores civiles ordenando que las denuncias debían ir acompañadas de los trámites previstos por la legislación republicana. También la Asociación Provincial de Obreros y Empleados Municipales de Albacete se quejó ante el gobernador civil de la destitución de funcionarios de la administración local siguiendo, únicamente, el criterio de la ideología política y no por situaciones delictivas. Por lo tanto le pedían impusiese su autoridad y frenase tales desmanes, obligando a las corporaciones municipales al exacto cumplimiento de la legislación44. El Gobierno de Azaña con las modificaciones realizadas en los ayuntamientos había logrado un giro a la izquierda en el poder local, permitiendo con ello poner en funcionamiento fácilmente su programa reformista. Había puesto en sintonía el poder local con la estrategia del Gobierno. Ello a costa de la exclusión del centro y la derecha de las decisiones municipales, generando un amplio malestar entre sus dirigentes y asociaciones. Aunque también se había encontrado que en dicho cambio, los socialistas 43 44 República, 2 y 9 de marzo de 1936. . Boletín de la Asociación Provincial de Obreros y Empleados Municipales de Albacete, abril 1936. 147 habían incrementado su poder respecto a los republicanos de izquierdas. En la provincia de Albacete, de escasa tradición socialista, estos pasaron de controlar cinco concejos democráticos durante la II República a 20 a partir de marzo de 1936, o sea, se multiplicaron por cuatro. Sin embargo, los republicanos de izquierdas aumentaron el doble, pasando de 32 a 66 ayuntamientos. Medidas reformistas en los ayuntamientos45 Los consistorios de izquierdas adoptaron medidas reformistas de carácter económica, social y laboral con la finalidad de paliar la grave situación, especialmente en la cuestión del paro y la miseria de los trabajadores. Pusieron en práctica inmediatamente los decretos del Gobierno de Frente Popular, adoptando las siguientes medidas: 1ª. Para recabar nuevos fondos propios, restableció <<la décima>> con la que lograba ingresos provenientes de las clases adineradas. Era una contribución extraordinaria que ya se había adoptado durante el primer bienio republicano en algunos consistorios. Consistía en el recargo del diez por ciento sobre la contribución industrial y territorial. Tenemos constancia de ello en Elche de la Sierra, Fuentealbilla, Ossa de Montiel, Almansa, entre otras localidades. 2ª. El mayor problema era el altísimo índice de paro que se trató de reducir con varias medidas. a) La realización de obras públicas, recurriendo a las ayudas del Gobierno, de las diputaciones provinciales y a sus escasos recursos económicos. Con estos medios se llevaron a cabo carreteras y caminos en Letur, Casa Ibáñez, Nerpio, Fuentealbilla, Férez, Ossa de Montiel, entre otros. El arreglo de calles, restauración de edificios públicos, cementerios y jardines en la mayoría de los pueblos. Se construyeron caleras para ayudar a los vecinos en sus obras, con el ahorro que ello suponía de disponer de cal gratis, como sucedió en Elche de la Sierra y Yeste. b) Se obligó a los propietarios de tierras a dar trabajo a los parados, exigiéndoles a aquellos limpiar en monte (en Elche de la Sierra y Nerpio) o simplemente repartir jornales entre los parados, ante la escasez de faenas en el campo, adoptándose en muchos consistorios. Esto supuso protestas de los propietarios y de su patronal Unión Agraria Provincial que lamentaba la obligación de los patronos a contratar a los 45 La información de este apartado procede de las Actas municipales de los pueblos que se nombran y para no generar tantas citas a pie de página que dificultaría una lectura rápida, hemos elegido esta referencia general. Las fechas corresponden oscilan entre finales de febrero y mediados de julio de 1936. 148 elementos <<más extremistas, perturbadores y que peores rendimientos daban>> pues muchos de ellos carecían de experiencia. Lo cual representaba una bajada de rendimientos en el trabajo y, por tanto, de los beneficios. La reacción de algunos propietarios fue no pagar el jornal a la vuelta del trabajo, acumulándose la tensión en el ámbito rural. 3. La situación de los jornaleros era tan desesperada que, en ocasiones, no tenían ni para comer y, en esta situación, realizaron pequeños delitos como la caza furtiva, pequeños robos de alimentos o leña y ocupación de tierras municipales para talar árboles o roturar tierras46. Estos pequeños delitos obedecían a un mecanismo de supervivencia y por ello las autoridades locales trataron de ignorarlas, pero no la Guardia Civil o los guardas los cuales realizaban detenciones. Estos tipos de denuncias se conservan en los archivos de Almansa, Bonete, El Bonillo, Cenizate, Madrigueras, Villamalea y Yeste. La ocupación de tierras y tala de árboles en propiedades particulares tenían un trasfondo reivindicativo al ser consideradas tierras comunales. Este fue el caso acaecido en Yeste en las tierras del cacique Antonio Alfaro. Estas habían sido bienes comunales que había comprado la familia Alfaro. Los jornaleros de la aldea de La Graya ocuparon el 27 de mayo de 1936 una parcela suya y éste avisó a la Guardia Civil que se personó rápidamente. Un acuerdo del pedáneo y la Guardia Civil consistente en el compromiso de los propietarios de dar faena a los braceros, permitió el abandono de las tierras. Pero al finalizar la jornada del día siguiente, muchos de ellos no recibieron su salario y volvieron a ocuparla nuevamente. El cabo de la Guardia Civil les convenció de volver a abandonarla. La indignación cundió entre un grupo de jóvenes los cuales rodearon esa noche la fonda donde cenaban los guardias con gritos de <<vamos por ellos>>. Estos salieron y detuvieron a seis de ellos. Al día siguiente cuando les llevaban detenidos desde La Graya a Yeste se produjo el enfrentamiento generando 18 muertos (un guardia civil y 17 campesinos)47. 4. Se pusieron en práctica las mejoras laborales decretadas por Largo Caballero en el primer bienio: Jurados Mixtos, laboreo forzoso, términos municipales, Oficina de Colocación Obrera, etc. que se aplicaron en la mayoría de pueblos. Esto suponía 46 Estas denuncias se conservan en los archivos de Almansa, Bonete, El Bonillo, Cenizate, Madrigueras, Villamalea y Yeste. En esta última población hay varias denuncias de invasión de propiedades municipales y corte de madera. La cantidad de pinos cortados fraudulentamente en tierras municipales en Yeste fue de 1.026 pinos, según la información del B.O.P. de Albacete, 3-6-1936. 47 Manuel REQUENA GALLEGO: Yeste durante la II República…, pp. 88-92. 149 beneficiar a arrendatarios, jornaleros y pequeños propietarios. La reacción de los patronos fue burlar en lo posible el cumplimiento de dichas leyes, sufriendo sanciones. Un ejemplo de los incumplimientos de esta leyes es la relación de patronos que contrataron obreros forasteros, desobedeciendo la obligación de acudir a la oficina de colocación y fueron sancionados en Hellín, Ossa de Montiel, Socovos, Villa de Ves y Villavaliente48. 5. La puesta en práctica de la reforma agraria se hizo con retraso en algunos pueblos, según los directivos de las organizaciones agrarias de Carcelén, Minaya, Montealegre del Castillo, Alcaraz que le envió una carta José Prat, pidiéndole que mediase ante el Director General de Reforma Agraria y el de El Bonillo indicando la pérdida de toda esperanza ya que estaban en manos de los republicanos que <<se habían aliado con los fascistas>>. 6. En algunas localidades donde el índice de pobreza y desempleo era altísimo, se elaboró una lista de familias muy pobres que recibieron una pequeña ayuda mensual para su subsistencia. Estos gastos sociales eran socorros benéficos en ayuda de las familias más humildes que figuraron en las actas municipales. Poblaciones esencialmente serranas como El Robledo, Vianos, El Salobre, Casas de Lázaro, Masegoso y Povedilla. 7. También se impulsó una atención preferente en la construcción de escuelas en las zonas rurales, paralizadas en los últimos dos años durante el bienio radical-cedista. Se solicitaron en Fuentealbilla, Herrera, Higueruela, Ontur, Casas de Ves y Villa de Ves. Todas estas medidas eran claramente perjudiciales para las clases medias y los sectores propietarios los cuales no estaban dispuestos a perder de golpe su situación acomodada. Su reacción fue abandonar su apoyo al régimen democrático y apoyar el golpe militar, que ya estaba en marcha. A esta situación social se unió la frustración política de un sector de la derecha alrededor de Gil Roble con la desconvocatoria de las elecciones municipales prometidas por el Gobierno de Azaña en marzo de 1936. Se había perdido la posibilidad de recuperar parte del poder local. A partir de dicho momento Gil Robles incrementó los contactos con el Ejército y renunció a presentar candidatos de su partido en las elecciones a Compromisarios que se celebraron el 26 de abril. A estas alturas, éste había perdido la confianza en las urnas ante la estrategia excluyente del Gobierno y se incorporaba definitivamente a la opción insurreccional. 48 Rosa Mª. SEPÚLVADA LOSA: Republicanos tibios…, pp. 352-356. 150 Conclusiones Tras el triunfo electoral del Frente Popular, se formó un Gobierno presidido por Azaña sin presencia de socialistas que prefirieron quedar fuera del gabinete, como medio de presión desde la calle con el fin de impulsar las medidas gubernamentales. Ordenó a los gobernadores civiles reponer los ayuntamientos democráticos a partir del 20 de febrero. Pero los socialistas se opusieron y Azaña se vio obligado a ceder pues necesitaba su apoyo en las Cortes para llevar a cabo sus medidas reformistas. Ordenó a los gobernadores cesar a parte de los nombrados y negociar con los socialistas. Ideas claves del proceso de destitución: 1. El papel clave de los gobernadores civiles que gestionaron todo el proceso. Repuso a todos los consistorios democráticos y después negoció con los socialistas en proceso de cambio y el nombramiento de comisiones gestoras en parte de ellos. Todas las decisiones eran trasmitidas a los ayuntamientos. 2. El proceso de negociación entre republicanos de izquierdas y socialistas, dio distintos resultados ya que en cada provincia la correlación de fuerzas y los partidos tienen detrás un historial diferente y ello nos permite interpretar o entender las dificultades de acuerdo y sus resultados. 3. El gobierno de Azaña destituyó menos consistorios que el gabinete radical-cedista, según los trabajos locales realizados hasta ahora. Aspecto que sigue abierto a futuras investigaciones. 4. Los “demoches”, eliminando a todos los representantes del centro y la derecha, fue generalizado en las zonas rurales y se nombraron comisiones gestoras de Frente Popular, mientras en las capitales y ciudades importantes donde ganó la izquierda, se respetaron, en muchas ocasiones, a las minorías. En la provincia de Albacete, el gobernador azañista Lucas Parra, restituyó todos los ayuntamientos democráticos fuesen de derechas o de izquierdas, a partir del día 20 de febrero. Pero días después le ordenaron cesar a muchos de ellos. Con esta finalidad de darle un tinte de legalidad a dichas dimisiones, visitó diversos pueblos con la finalidad inspectora y envió a un delegado a otras localidades consiguiendo entre ambos detectar irregularidades en doce, los cuales destituyó inmediatamente. Respecto a las demás nombramientos el gobernador mantuvo una larga e tensa negociación con los socialistas que mostraron una dura resistencia, intentado modificar los máximos posibles. Treinta y siete consistorios opuestos al Gobierno fueron sustituidos por comisiones gestoras, argumentando el gobernador que muchos de ellos estaban 151 formados por antiguos caciques y monárquicos que se habían pasado al republicanismo después del 14 abril. De los 32 concejos republicanos de izquierdas, 6 pasaron a manos socialistas. A los que añadir los 5 democráticos que permanecieron en su poder. Se había producido un cambio hacia la izquierda quedando el poder local en consonancia con el Gobierno de Frente Popular. Al mismo tiempo se destituía trabajadores del consistorio por considerarlos traidores a la República y al Gobierno. Los excesos fueron tan evidentes y cuantiosos, afectando no solo a trabajadores sino también a funcionarios que intervino el gobernador y protestaron la Asociación Provincial de Obreros y Empleados Municipales de Albacete. Por primera vez, el Gobierno podía aplicar programa reformista en el mundo rural, sin mucha resistencia, situación que no fue posible en el primer bienio. Desde estos ayuntamientos de izquierdas se pusieron en práctica los decretos progresistas del Gobierno de Frente Popular para solucionar los graves problemas sociales y laborales. Estas fueron algunas de las medidas. 1. Reponer <<la décima>> que ya la había adoptado el Gobierno durante el primer bienio. Consistía en aumentar el diez por cien sobre la contribución industrial y territorial con lo que incrementar los ingresos de las escuálidas arcas municipales. Afectaba a las clases adineradas. 2. El problema más grave era el paro, especialmente en el campo. Para ello se solicitaron ayudas económicas al Gobierno y a las diputaciones para realizar obras públicas en carreteras, caminos y mejoras municipales, con la finalidad de lograr faena para los parados. Pero el paro iba en ascenso y se adoptaron otras medidas con la finalidad de paliarlo. Muchos alcaldes obligaron a los propietarios a contratar a un número de desempleados. Pero algunos no pagaron los salarios cuando finalizó la jornada. Lo que aumentó la tensión en el mundo rural. La situación era tan desesperada que los jornaleros no tenían medios para comer y calentarse. Se generalizó como medio de sobrevivir la caza furtiva, el robo de alimentos o leña, invasión de fincas municipales para talar árboles o roturar tierras. Se acumularon las denuncias pero muchos ayuntamientos no las tuvieron en cuenta ante la situación sangrante en el campo. 3. La puesta en práctica de las reformas laborales que Largo Caballero decretó durante el primer bienio (términos municipales, laboreo forzoso, oficina de colocación obrera, ley de Jurados mixtos…). Daba trabajo y no permitía la discriminación de los jornaleros sindicados por parte de los patronos. Permitió la subida de salarios. 152 4. La aplicación de la reforma agraria. Por fin se tomaron medidas en los pueblos de Albacete, aunque no con la rapidez deseada como se pone de manifesto algunas cartas de protesta. Todo ello supuso un retroceso en el control que hasta estos momentos había ejercido los grandes propietarios sobre el ámbito rural, ya que desde este momento los ayuntamientos, controlados por la izquierda, les iba a obligar a cumplir las leyes laborales, pagar altos salarios, perder control sobre la propiedad de muchas tierras. La patronal agraria, Unión Agraria Provincial protestaba por la ruina de los propietarios afectados por el año de pésimas cosechas como consecuencia del nefasto año climático que ha arruinado en campo. 153 El separatismo catalán ante el Frente Popular. Conflictos, divergencias y nuevas perspectivas políticas en la Cataluña de 1936 Daniel Roig Sanz CEHI-Universitat de Barcelona Poco interés ha suscitado en la historiografía especializada el comportamiento del separatismo catalán durante el periodo comprendido entre las elecciones de febrero de 1936 y el inicio de la contienda española en julio de ese mismo año. De hecho, los únicos intentos de teorización más allá del valor descriptivo de lo sucedido, han ido primordialmente de la mano de Enric Ucelay-Da Cal, quién en diversos trabajos ha ido cubriendo múltiples aspectos sobre la evolución del catalanismo radical durante la etapa republicana.1 En esta tarea, tampoco han faltado avances substanciales desde la estasiología y la biografía política, donde entre otros han sobresalido autores como Fermí Rubiralta.2 Pero también Xosé Manoel Núñez Seixas y Arnau González Vilalta, que sin lugar a dudas han contribuido notablemente a desbrozar la acción internacional Esta comunicación se insiere dentro del proyecto I+D del Programa Estatal de Fomento de la Investigación Científica y Técnica de Excelencia: “La Guerra Civil española y tres décadas de guerra en Europa: herencias y consecuencias (1914-1945/2014)” (HAR 2013-41460-P). 1 Para la temática aquí abordada destacamos Enric UCELAY-DA CAL: “Un joc d’aparences: ‘Front Nacional’, ‘Frontpopulisme’ i les alternatives feixistes i comunistas dins el separatisme català, 19191939”, en Pere ANGUERA et al.: Primer Congrés d’Història de l’independentisme català, Reus, Edicions del Centre de Cultura, 2007, pp. 67-143. 2 En el terreno estasiológico de organizaciones separatistas Lluís DURAN: Intel·ligència i carácter. Palestra i la formació dels joves (1928-1939), Catarroja-Barcelona, Afers, 2007. Fermí RUBIRALTA: El Partit Nacionalista Català (1932-1936). Joc polític i separatisme, Barcelona, Rafael Dalmau, 2010. Para el género biográfico destacamos del mismo autor la trilogía de líderes independentistas: ÍD.: Joan Cornudella i Barberà (1904-1985), Barcelona, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2003; ÍD.: Daniel Cardona i Civit, Catarroja-Barcelona, Afers, 2008; ÍD.: Miquel Badia i Capell: vida i mort d’un líder separatista, Barcelona, Fundació Josep Irla-Duxelm, 2011. Y también Jordi RABASSA: Josep Dencàs i Puigdollers: el nacionalisme radical a la Generalitat, Barcelona, Rafael Dalmau, 2006. 155 Universidad de Castilla~La Mancha Departamento de Historia. Área de Historia Contemporánea Edificio Benjamín Palencia | Campus Universitario s/n | 02071 Albacete Email: [email protected] | www.ahistcon.org | del separatismo catalán de los años treinta, con importantes y valiosos trabajos que han arrojado al debate nuevas fuentes de carácter diplomático.3 Por su parte, las reflexiones sobre el frente-populismo catalán siguen teniendo como referencia imprescindible los clásicos estudios de Ricard Vinyes. Aunque, ciertamente, las abundantes aportaciones realizadas hasta la fecha por el conjunto de la historiografía española, permitirían retomar nuevamente la cuestión y enriquecer las interpretaciones que se han hecho sobre el período.4 Asimismo, y ya de manera más concreta, el estudio sobre la cuestión nacional durante la Segunda República también ha gozado de cierta atención desde principios de los años noventa con algunas obras colectivas de hondo calado historiográfico.5 Y a pesar de que la temática ha suscitado mucho mayor interés en las historiografías periféricas, a día de hoy todavía suponen publicaciones referentes para todo estudio que se tercie. Así las cosas, autores como Núñez Seixas han llegado a afirmar que la dinámica política tomada la primavera de 1936 conducía a una especie de “café para todos”, anticipando lo que se acabaría desarrollando durante la Transición democrática.6 Sin pretender abordar esta cuestión de fondo, pues, el texto que aquí se presenta intenta descifrar de forma sumaria algunas de las claves que caracterizaron el comportamiento político del separatismo catalán ante la gestación del frente-populismo y la nueva coyuntura surgida a partir de febrero de 1936. 3 A modo de ejemplo, Xosé Manoel NÚÑEZ SEIXAS: Internacionalitzant el nacionalisme. El catalanisme polític i la qüestió de les minories nacionals a Europa (1914-1936), Catarroja-Valencia, Afers, 2010; Arnau GONZÀLEZ VILALTA: Cataluña bajo vigilància: el consulado italiano y el fascio de Barcelona (1930-1943), València, Publicacions de la Universitat de València, 2009. 4 Nos referimos a Ricard VINYES: La Catalunya internacional. El frontpopulisme en l’exemple català, Barcelona, Curial, 1983. También destaca Enric UCELAY-DA CAL: La Catalunya populista: imatge, cultura i política en l’etapa republicana (1931-1939), Barcelona, La Magrana, 1982. Por su parte, para un compendio historiográfico sobre la etapa del Frente Popular: José Luis LEDESMA: “De prólogo a espacio de debate: la etapa del Frente Popular y la historiografía”, en Manuel BALLARÍN y José Luis LEDESMA (eds.): La República del Frente Popular: reformas, conflictos y conspiraciones, Zaragoza, Fundación Rey del Corral de Investigaciones Marxistas, 2010. Para una interpretación sintética reciente, José Luis MARTÍN RAMOS: El Frente Popular. Victoria y derrota dela democracia en España, Barcelona, Pasado&Presente, 2015. 5 Nos referimos a Justo G. BERAMENDI y Ramón MÁIZ (comps.): Los nacionalismos en la España de la II República, Madrid, Siglo XXI, 1991. Más reciente, José Luis DE LA GRANJA, Justo BERAMENDI y Pere ANGUERA: La España de los nacionalismos y las autonomías, Madrid, Síntesis, 2001. También el monográfico de Justo BERAMENDI: “Nacionalismos, regionalismo y autonomía en la Segunda República”, Pasado y memoria, 2, 2003, pp. 53-82. 6 Xosé M. NÚÑEZ SEIXAS: “¿Autodeterminación, federalismo o café para todos? La cuestión nacional durante el período del Frente Popular (enero-julio 1936)”, en Manuel BALLARÍN y José Luis LEDESMA (eds.): La República…, pp. 35-58, esp. 56-57. 156 El separatismo catalán ante la gestación del frente-populismo Cuando el 16 de febrero de 1936 se celebraron elecciones en España, la militancia separatista todavía se encontraba en prisión, en la clandestinidad, en el exilio o sencillamente desperdigada y desarticulada orgánicamente. La larga ausencia de sus principales dirigentes –desde Josep Dencàs y Miquel Badia hasta el líder de los sinnfeiners catalanes Daniel Cardona– había mantenido a las bases del catalanismo radical sin una dirección clara. Había razones objetivas. A lo largo de aquellos dieciséis meses, con el Estatuto de autonomía suspendido, y con muchas de las entidades políticas, sociales y sindicales clausuradas o intervenidas por las nuevas autoridades – militares primero, civiles después–, la capacidad de acción del independentismo estaba bajo mínimos. Sus fuerzas habían menguado considerablemente. Y más allá de acumular un listado de mártires –entre los cuales destacarían los profusamente citados Jaume Compte o Manuel González Alba, por su gesta heroica en el Centre de Dependents del Comerç i de la Indústria (CADCI)– para el separatismo catalán en su conjunto el 6 de Octubre había significado una derrota militar y política sin paliativos. Aunque a decir verdad, fuese con lecturas ligeramente diferentes según la organización. Al fin y al cabo, hasta esa fecha la fragmentación orgánica del separatismo por razones ideológicas o estratégicas se había mantenido inalterable. Como también lo había estado su grado de implicación en la planificación insurreccional, que por varios derroteros acabaría recayendo sobre la principal organización independentista con representación en el Gobierno de la Generalitat: las Joventuts d’Esquerra RepublicanaEstat Català (JEREC). Y lógicamente sobre quién había sido hasta entonces su dirigente más importante: el consejero de gobernación Josep Dencàs i Puigdollers. Un personaje con luces y sombras. Para muchos de sus contemporáneos, un tipo inteligente pero con veleidades fascistas, aunque sin duda con buenas dotes para la gestión gubernamental, tal como había demostrado al frente de la consejería de Sanidad y Asistencia Social. Su carrera política caería en desgracia inmediatamente después de aquel octubre y, lejos de conseguir contrarrestar el relato de su culpabilidad a través de la publicación de su versión en 1935, Dencàs no volvería a reaparecer en la esfera pública hasta la primavera de 1936.7 Sobre esta cuestión, Josep DENCÀS: El 6 d’octubre des del Palau de Governació, Barcelona, Edicions Mediterrània, 1935. 7 157 Pero al margen del debate sobre los hechos de octubre y de sus consecuencias más inmediatas, que obviamente se escapa del propósito de este texto, la gesta también conllevaría a medio plazo un cambio de tendencias en el seno del catalanismo radical, y que simplificando se acabaría traduciendo en dos direcciones. Por un lado, en un rassemblement progresivo de fuerzas. Un proceso no sin complejidades que se iría implementando a lo largo de esos meses. Y que no solamente quedaría reflejado durante el periodo anterior a 1936 con el lanzamiento de algunos manifiestos, octavillas u otra documentación editada por varios núcleos separatistas como Nosaltres Sols! (NS!) o el Partit Nacionalista Català (PNC), sino sobre todo a través de unas bases militantes marcadas por un sentimiento común de vindicación del 6 de octubre, por una experiencia de camaradería forjada en las prisiones y en la clandestinidad, y por un ambiente unificador que se acabaría plasmando en amplios procesos de confluencia política, a los que el independentismo no sería ni mucho menos ajeno. Así pues, si bien esta tendencia a superar la disgregación iría en aumento, por otra parte tampoco sería menor el realineamiento de posturas y de estrategias que se adoptaría. En primer lugar, y de forma general, se produciría una acentuación de la cuestión social. O mejor dicho, se ampliaría notablemente el repertorio con la adquisición de una retórica abiertamente obrerista. Esto no era ninguna novedad para la extrema izquierda independentista, que moviéndose entre el Bloc Obrer i Camperol (BOC), el Partit Català Proletari (PCP) o el Partit Comunista de Catalunya (PCC) formaba ya parte de su cosmovisión.8 Pero sí lo sería para grupos como el PNC, que de abrazar el nacionalismo integral con tintes maurrasianos daría un claro giro a la izquierda, desprendiéndose del conservadurismo social que le había caracterizado al menos hasta 1934. No en vano, con la reaparición de su órgano portavoz La Nació Catalana, a finales de enero de 1936, uno de los más firmes partidarios de la nueva orientación, Josep M. Murià, llegaba a escribir: “Al costat de la bandera estelada, hissem amb tots els honors la bandera vermella”, en lo que era una referencia explícita a los miembros de la Alianza Obrera que habían luchado en la misma trinchera durante la gesta de octubre.9 Sin lugar a dudas, esta afirmación ilustraba bastante bien la evolución 8 Para la evolución de estos grupos: Francesc BONAMUSA: El Bloc Obrer i Camperol (1930-1932), Barcelona, Curial, 1972; Manuel MORENO: Abono inagotable. Historia del PCC, 1932-1936, Barcelona, Debarris, 1997; Imma TUBELLA: Jaume Compte i el Partit Català Proletari, Barcelona, La Magrana, 1979. 9 Josep Maria MURIÀ: “Les dues banderes”, La Nació Catalana, 90, 25 de enero de 1936, p. 1. Sobre la evolución que experimentaría el PNC hasta su integración en Estat Català ver Fermí RUBIRALTA: El Partit…, pp. 227-234. 158 de fondo que había ido experimentado durante ese periodo buena parte del independentismo duro de la primera mitad de los treinta. Sea como fuere, estos dos procesos –rassemblement y realineamiento ideológico a la izquierda–, de los que aquí tan solo hemos pretendido apuntar de forma breve, acabarían convergiendo durante la gestación del frente-populismo. De hecho, dejando aparte los sectores independentistas más comunistizantes, que o bien se habían diluido en el Partido Obrero de Unificación Marxista (POUM), o más adelante lo harían en el Partit Socialista Unificat de Catalunya (PSUC), el grueso de la militancia separatista acabó inmiscuyéndose en esta oleada de cambios y nuevas perspectivas doctrinarias.10 Para muchos, pues, atrás quedaban las ideologías de tercera vía que tanto habían abundado entre 1932 y 1935. En las que precisamente, no pocos habían llegado a posicionamientos propios de la derecha revolucionaria europea. En una especie de vía intermedia que los había llevado a entrar en el champ magnétique de los fascismos, o inclusive a flirtear con concepciones totalitarias.11 Tal como había sucedido entre los segmentos más jóvenes y radicalizados de NS!, ya fuese con la aparición en agosto de 1935 del Moviment Nacionalista Totalitari (MNT), fundado por el estudiante de arquitectura Jacint Goday i Prats, o el mismo Bloc Escolar Nacionalista (BEN), que en enero de 1936 todavía apelaba a una “Revolució d’Occident” a través de su portavoz Juny. Una “Revolució Nacional”, en suma, que, bajo el lema “Pàtria, Justícia Social i Treball”, solo se podía alcanzar a través de “disciplina” y “jerarquia social”.12 En cierto modo, autores como Ucelay-Da Cal han llegado a afirmar que el sector ideológico más atraído por este conjunto de vías terceristas y superadoras de la polarización comunismo-fascismo fue el nacionalismo radical. Y más particularmente las JEREC, aunque la nueva coyuntura abierta en 1936 hiciese al final que el frentepopulismo cortase esta “discussió especulativa tercerista, absorbint bona part del seu contingut”.13 Esta nueva orientación conllevaría al final que los nacionalistas acabasen 10 Sobre la integración del PCP y otros miembros del independentismo marxista en el PSUC, Enric UCELAY-DA CAL: “Documents (1936). Els nacionalistes catalans del PSUC”, Arreu, 1, octubre de 1976, pp. 26-31. 11 Extraemos el término de Philippe BURRIN: “La France dans le camp magnétique des fascismes”, Le Débat, 32, noviembre de 1984, pp. 52-72. 12 Para una reflexión en torno al recorrido ideológico de estos grupos Daniel ROIG SANZ: Del nacionalisme integral al totalitarisme: el catalanisme radical davant l’ascens dels feixismes a l’Europa dels anys trenta (1931-1935), Tesis doctoral, Universitat de Barcelona, 2016. 13 Enric UCELAY-DA CAL: “Le Corbusier i les rivalitats tecnocràtiques a la Catalunya revolucionària” en Juan José LAHUERTA (ed.): Le Corbusier y España, Barcelona, Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, 1996, pp. 121-188, esp. 176-177. Sobre esta cuestión también es sugerente, ÍD.: “Los malos de 159 aceptando el estalinismo como un aliado mucho más digerible que el fascismo. O para ser más exactos, que la lucha por la emancipación nacional en el caso catalán quedase fijada desde entonces –e irremediablemente– en el campo antifascista, aun sin abandonar del todo algunos intentos de aproximación a las potencias fascistas que dirigentes como Manuel Blasi o Francesc Glanadell de NS!, o el mismo Dencàs, realizarían intermitentemente hasta bien iniciada la Guerra Civil, con el objetivo de buscar una paz separada de España.14 Así las cosas, bajo esta coyuntura el independentismo catalán llegaría a las elecciones de febrero de 1936. Y aunque algunas informaciones periodísticas rumorearon sobre la configuración de una candidatura estrictamente nacionalista que abarcase desde la Unió Democrática de Catalunya (UDC) hasta los filocomunistas del PCP, lo cierto es que esta posibilidad no pasaría de la mera especulación. 15 Es más, por pragmatismo los catalanistas radicales optarían por dar apoyo al Frente Popular. Así lo haría, por ejemplo, el PNC, que organizando el primer mitin masivo y público el 24 de enero de 1936 en el Iris Park de Barcelona, al día siguiente informaba de la comunicación que tres de sus representantes –Murià, Josep M. Xammar i Joaquim Casamitjana– habían hecho llegar al comité de enlace del Frente Popular. Esta comunicación establecía que, dada “la consubstancialitat entre el principi de l’alliberament nacional i les reivindicacions socials”, su posición era “incompatible amb les dretes”, y aun admitiendo que el Estatuto no solucionaba el problema nacional catalán, no dejaba de mostrar su disconformidad “amb la lentitud que es dóna a l’elaboració del pacte”.16 Una postura, en suma, que rompía con la tradicional apetencia hacia el juego electoral en Madrid que había mostrado históricamente el catalanismo radical. De este parecer también sería el caso de organizaciones más pequeñas, pero de vieja implantación en la capital catalana, como Pàtria Nova, que contaba con militantes de prestigio como el catalanista Domènec Latorre i Soler. El grupo daría apoyo de forma la película: las Joventuts d’Esquerra Republicana-Estat Català y la problemática de un fascismo catalán”, Ayer, 59, 2005, pp. 147-172. 14 Para los contactos con Alemania, Xosé Manoel NÚÑEZ SEIXAS: “Nacionalismos periféricos y fascismo. Acerca de un Memorándum catalanista a la Alemania Nazi (1936)”, Historia Contemporánea, n. 7, 1992, pp. 311-332. Sobre la participación del catalanismo radical alrededor del Congreso de Minorías Nacionales de la Sociedad de Naciones o para las relaciones con la Italia fascista ver la nota al pie 3 del presente texto. 15 Sobre esta hipótesis, repetida en posteriores trabajos por diferentes autores, ver Javier TUSELL: Las elecciones del Frente Popular en España, Madrid, Cuadernos para el diálogo, 1971, vol. 1, pp. 114-115. 16 S.A.: “Ha estat enviat als membres del Comitè d’enllaç del Front Popular la present comunicación”, La Nació Catalana, 90, 25 de gener de 1936. 160 unánime al Front d’Esquerres en Cataluña. Y tal como se ha podido localizar por una carta fechada a principios del mes de febrero, no dudaría tampoco en ofrecerse a colaborar en la campaña electoral.17 En este esfuerzo tampoco faltarían otros grupos como el Front Nacional Català Proletari (FNCP), nueva organización creada entonces por militantes provenientes de la izquierda independentista, disconformes tanto con las vías más comunistizantes como con la tibiez social-demócrata de formaciones como la Unió Socialista de Catalunya (USC), habitual socio de gobierno de ERC. En este sentido, su posicionamiento respecto a la política española todavía sería más clarificador: “Ni absoluta inhibició ni intervenció directa”, tal como uno de sus dirigentes –el líder sindical del sector ferroviario Francesc Pina– escribía desde las páginas del nuevo portavoz La Dalla. Para Pina, pues, no se podía confiar “en cap polític espanyol”, ni de derechas ni de izquierdas, ya que “no podran satisfer mai les nostres aspiracions nacionals”. Sin embargo, no dudaba en defender que “hem de veure amb bons ulls la constitució de qualsevol govern que tingui per missió establir la normalitat i retornar a l’estat de coses anterior al 6 d’octubre”.18 Como tampoco en criticar a todos aquellos separatistas que sostenían que los catalanes sencillamente tenían que desentenderse de España. De hecho, en esta última línea se situaban los militantes de NS!, opuestos a toda participación electoral. Su posición quedaría fijada el 18 de enero de 1936 a través de un manifiesto. Y a pesar de no disponer todavía de más documentación que pueda dilucidar su evolución a lo largo de esas semanas, la organización cardonista se mantuvo invariable en este sentido: “la llibertat de la nostra Pàtria sols pot aconseguir-se amb la lluita cruenta”, razón por la cual apostaba por seguir trabajando en la clandestinidad. Al mismo tiempo, aprovechaba las posibilidades que “la greu tivantor internacional” y “la descomposició cada dia més accentuada de l’Estat opressor” ofrecían para conseguir la independencia del país.19 Una receta que al fin y al cabo seguía la vieja lógica del irredentismo irlandés “England’s difficulty is Ireland’s opportunity”. En suma, más allá de matices o de lecturas e interpretaciones diferentes, pocos separatistas quedarían al margen de los comicios de aquel 16 de febrero de 1936. Y aun quedando las listas hegemonizadas por ERC, Acció Catalana Republicana (ACR) y por el resto de partidos de la izquierda socialista y comunista, la prioridad de los 17 Carta de Pàtria Nova a Acció Catalana Republicana (3 de febrero de 1936), Centro Documental de la Memoria Histórica (Salamanca), PS Barcelona, 905/1 199. 18 Francesc PINA: “Comentaris”, La Dalla, 1, 31 de enero de 1936, p. 2. 19 Manifiesto intitulado “Catalans!”, 18 de enero de 1936. Archivo personal del autor. 161 independentistas no fue en ningún momento su participación electoral en sí. Sino sobre todo la amnistía y el retorno de los exiliados. Necesidades perentorias, pues, para unos segmentos políticos que, sedientos por ajustar cuentas, eran conscientes de que “no ens resta altra cosa a fer que deixar per a després del triomf el parlar d’aquest aspecte”, tal como sugerían las JEREC desde su nuevo órgano oficial Ara!! en referencia a la gesta de Octubre.20 De las elecciones del 16 de febrero a la asunción del nacional-revolucionarismo Con el triunfo del Front d’Esquerres en Cataluña, y del Frente Popular en España, las principales reivindicaciones programáticas no se hicieron esperar. El 22 de febrero, un decreto-ley concedía la amnistía a los penados y encausados por delitos políticos y sociales. Mientras que cuatro días después, otro decreto-ley de un solo artículo firmado por el nuevo Presidente del Consejo de ministros Manuel Azaña, autorizaba al parlamento catalán para que reanudase sus funciones, eligiese presidente y se restableciera el Gobierno de la Generalitat.21 El día 27 se hacía oficial el traspaso de poderes entre el Gobernador General de Cataluña, Joan Moles i Ormella, con el Presidente del Parlamento catalán Joan Casanovas i Maristany. Y finalmente, dos días más tarde y en sesión extraordinaria la cámara catalana se reunía por primera vez desde el 5 de octubre de 1934. El mismo día que, en ausencia todavía de un gobierno, Joan Moles daba también la orden para la constitución de una comisión revisora de los nombramientos, ascensos y despidos de funcionarios de la Generalitat realizados hasta la fecha.22 Una cuestión que se desvelaría desde entonces como una de las máximas preocupaciones para los independentistas. Sin embargo, ni la consecución de la amnistía ni la normalización de la vida parlamentaria significarían ningún apaciguamiento de las diferencias. Al contrario, en el caso de ERC la brecha entre corrientes y sensibilidades distintas solo hizo que ensancharse. De hecho, ya en el primer número de Ara!!, publicado después de la victoria electoral, el sector independentista se hacía eco de la polémica que había ido surgiendo entorno a los símbolos oficiales del partido. Discusión que, al parecer, tenía “La nostra posició”, Ara!!, 5 de febrero de 1936, p. 2. Para el decreto-ley, ver La Gaceta de Madrid, 57, 26 de febrero de 1936, p. 1611. 22 Para la sesión extraordinaria del Parlamento catalán ver Diari de sessions del Parlament de Catalunya, 208, 29 de febrero de 1936, pp. 4211-4213. Para la constitución de dicha comisión, Butlletí Oficial de la Generalitat de Catalunya, vol. I, 60, p. 1690. 20 21 162 como epicentro las objeciones –cuando no el rechazo– que algunos dirigentes de la Esquerra habían hecho alrededor del uso de la estelada. Una postura que no dudaban en tildar como un regreso al “provincianisme” que tanto habían practicado los lligaires. Y que era, a fin de cuentas, lo que, en su opinión, había hecho también fracasar la República catalana del 14 de abril.23 Las discrepancias, por supuesto, no quedarían aquí. Y en realidad, ésa sólo sería una de las tantas agrias disputas que aflorarían a lo largo de esos meses en el seno del partido republicano. Pero más allá de estos desencuentros internos, a los que volveremos más adelante, lo cierto es que pocas semanas después la cuestión de la estelada también acabaría siendo objeto de otra polémica. Sería el mismo semanario quien nuevamente se hacía eco denunciando la “persecució de la bandera estelada (…) per les forces policíaques de l’Estat espanyol”, a las que acusaba de haber obligado –inclusive de forma violenta– a retirarla de diferentes centros de las JEREC. Según la misma fuente, esta situación se debía a que la bandera había sido “considerada fora de la legalitat després del 16 de febrer”.24 Pero, en verdad, no parece que se emitiese disposición específica alguna en este sentido, pese a que, ciertamente, el Gobierno de Portela Valladares decretó el estado de alarma al día siguiente de los comicios. Esta condición se mantendría prorrogada hasta la guerra, tanto en las cuatro provincias catalanas como en la gran mayoría de las del resto del Estado, y seguiría el articulado de la Ley de Orden Público vigente de julio de 1933, que otorgaba amplias competencias a la autoridad gubernativa para adoptar “cuantas medidas preventivas y de vigilancia” conceptuase necesarias.25 Un factor que, por consiguiente, permitía a la fuerza pública practicar detenciones arbitrarias, registros a domicilio, prohibir la formación de grupos en la vía pública, o entre otras la suspensión y requisición inmediata de publicaciones. Aun así, si bien no conocemos en profundidad si se tomarían algún tipo de medidas hacia el separatismo catalán durante los gobiernos de Azaña o Casares Quiroga, la cuestión de la estelada respondía también al clima de excitación creciente que produjo el repunte de acción violenta de grupos falangistas y de la derecha anti-republicana. Este repunte tuvo lugar especialmente durante el mes de marzo, si bien la agitación separatista fue moderadamente baja, lejos de los niveles de movilización registrados F. de M.: “La bandera única”, Ara!!, 3, 18 de febrero de 1936, p. 2. “La persecució de la bandera estelada”, Ara!!, 10, 17 de abril de 1936, p. 1. 25 Para el decreto sobre el estado de alarma por parte de la presidencia del Consejo ver La Gaceta de Madrid, 49, 18 de febrero de 1936, p. 1427. Para el articulado de la Ley de Orden Público: La Gaceta de Madrid, 211, 30 de julio de 1936, pp. 682-690. 23 24 163 durante la discusión del Estatuto en 1932 y a todas luces de la de verano de 1934, a raíz de la suspensión de la Ley de Contratos de Cultivo.26 A principios de la primavera de 1936, por lo tanto, el separatismo todavía se encontraba en vías de recuperación. Cardona había llegado del exilio el 19 de febrero, para no ser repuesto como alcalde de Sant Just Desvern hasta cuatro días después. El FNCP aún estaba en proceso de estructuración a caballo de Barcelona y Tarragona. Pero el PNC ya no estaría más en condiciones para sacar adelante su órgano de prensa. Mientras que la situación de Dencàs i Badia –denostados por sus correligionarios de ERC– no era mucho más halagüeña: su situación no se regularizaría hasta mediados de aquel mismo mes de marzo.27 Sin embargo, la debilidad orgánica no impidió para que menudeasen los choques y altercados entre la extrema derecha de cuño españolista y otros grupos separatistas – numéricamente muy superiores. La situación sería sistemáticamente denunciada desde diferentes altavoces del catalanismo radical. “Prou provocacions” se decía; “cal declarar el feixisme fora de la llei”.28 Además, se acusaba directamente a las fuerzas de orden público por dejar que el desorden campase a sus anchas, particularmente en los aledaños de la Universidad, que fue el principal escenario de las múltiples colisiones que se habían ido produciendo entre militantes de uno y otro signo desde la misma reanudación del curso a principios de enero. De hecho, los estudiantes universitarios –agrupados en la Federació Nacional d’Estudiants de Catalunya (FNEC), y muchos de ellos de filiación separatista– habían protagonizado una primera demostración de fuerza llamando a la huelga general hasta que no se restableciera el Patronato y la autonomía universitaria. Aquella huelga –avivada especialmente desde las filas del BEN, que apelaba “a tots els mitjans que calguin, per violents que siguin”– también había provocado, con incidentes intensos que se prolongarían a lo largo de las próximas semanas, la reacción del Bloque Escolar de Derechas, que inmediatamente la tildaría de “anti-patriótica”.29 Desde el mismo lunes día 20, la huelga se había extendido de forma Para la monografía más reciente Josep Maria THOMÀS: Feixistes! Viatge a l’interior del falangisme català, Barcelona, l’Esfera dels Llibres, 2008. 27 Fermí RUBIRALTA: Daniel Cardona…, p. 158. Para la amnistía de Dencàs y Badia: “Las acusaciones contra el señor Dencàs”, La Vanguardia, 14 de marzo de 1936, p. 26; “Miguel Badia, amnistiado”, La Vanguardia, 18 de marzo de 1936, p. 7. Sobre esta cuestión también es útil Arnau GONZÀLEZ VILALTA: “La extradició de Josep Dencàs (1935): la documentació de Presidència del govern español”, Afers, 53-54 (2006), pp. 345-352. 28 WORKER: “Prou provocacions”, Ara!!, 7, 19 de marzo de 1936, p. 2. 29 Para el manifiesto del BEN: “Nosaltres, els catalans”, Redreçament (Suplemento extraordinario), 8 de enero de 1936, Hemeroteca del AHCB. Sobre esta cuestión Aleix PURCET: “Una soledat massa sorollosa. L’extrema dreta i la catalanització de la Universitat Autònoma de Barcelona (1933-1936)”, 26 164 definitiva por diferentes facultades y centros docentes en una oleada de protestas “contra el separatismo”, protagonizadas principalmente por jóvenes tradicionalistas, monárquicos o por el mismo Sindicato Español Universitario (SEU). Y aun no siendo graves, serían lo suficientemente importantes como para provocar numerosos altercados, agresiones, todo tipo de desperfectos y cierres parciales o totales de escuelas y universidades en prácticamente todas las capitales de provincia.30 Al margen de las continuidades indiscutibles que a medio plazo acarrearían estas revueltas estudiantiles de principios de año, lo cierto es que en Cataluña la primera víctima en este tipo de encontronazos desde las elecciones de febrero caería sobre un miembro de las JEREC: Ramon Guitart i Vallès, que fue asesinado en una trifulca que se produciría el 24 de marzo en la villa de la Torre de Claramunt, en la comarca de la Anoia. Y en la que, al parecer, también habían participado miembros de las milicias de Acción Ciudadana en el tiroteo que se había producido en la misma casa consistorial. El incidente traería cola, y llegaría a ser motivo de debate en sede parlamentaria, precisamente, en un momento en que las voces que exigían el retorno de las competencias de orden público a Cataluña generaban un amplio consenso social.31 Esta exigencia respondía también al temor que suscitaba una vuelta al pistolerismo, aunque, de forma quizás paradójica, esta percepción coexistiese con la sensación de estar viviendo en un “oasis catalán”, expresión bien conocida que se popularizaría desde entonces entre la opinión pública catalana. Para los independentistas, lógicamente este asunto tenía especial relevancia. Más, cuando después de las elecciones a compromisarios de finales de abril, con la destitución de Alcalá Zamora de la jefatura del Estado, las reticencias que despertaba en un amplio espectro de la política española la devolución de las competencias en materia de orden público quedarían nuevamente al descubierto. Desde los órganos Recerques, 55 (2007), pp. 95-125. Para la FNEC, Arnau FIGUERAS: Història de la FNEC: la Federació Nacional d’Estudiants de Catalunya de 1932 a 1986, Barcelona, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2005. Para una obra de referencia sobre esta temática Sandra SOUTO: Paso a la juventud: movilización democrática, estalinismo y revolución en la República Española, València, Universitat de València, 2013. 30 Aunque las crónicas periodísticas sobre los sucesos son abundantes, es significativo que buena parte de las líneas editoriales de la prensa regional derechista y católica mostrasen cierta complacencia y satisfacción ante los hechos. A modo ilustrativo: “Días de algarada estudiantil (…) que por fortuna han carecido de gravedad. Pero son reflejo de que el espíritu de la hora y las influencias del ambiente de la calle infiltra en las filas estudiantiles (…). Afortunadamente en esta ocasión la sensibilidad de la juventud ha reaccionado en favor de la causa de España y en contra del separatismo”, EDITORIAL: “Jóvenes de España”, Diario Palentino, 21 de enero de 1936, p. 1. 31 El ruego lo protagonizaría el diputado Francesc Riera de la Unió de Rabassaires, ver: “Els fets de la Torre de Claramunt”, Diari de Sessions del Parlament de Catalunya, 210, 27 de marzo de 1936, pp. 4234-4235. 165 independentistas, estos obstáculos también se atribuían a los cuadros policiales: “la policia espanyola s’oposa a que Catalunya tingui l’ordre públic”, es “enemiga de la República”, y además actuaba en connivencia con todos aquellos “que s’oposen a l’establiment del programa del Front Popular”.32 En el fondo, atrás quedaba la demonización del inmigrante, el murciano. Una figura que había sido estigmatizada en la Cataluña de aquellos años, tanto en la vertiente social –visto muchas veces como un delincuente–, como en la política, visto como un pistolero bajo el paraguas de la FAI.33 Una FAI contra la cual, precisamente, los escamots de las JEREC habían protagonizado no pocos enfrentamientos durante el periodo 1932-1934. En 1936, aun sin abandonar estos estereotipos, para el catalanismo radical la demonización del enemigo se trasladaría al fascista. De hecho, fue el momento en que se construiría su estereotipo: “nou avatar d’aquesta podridura que ha corcat i corcarà per molt temps l’Espanya”. El senyoret pinxo –el equivalente a un chulo y a un matón– “vol resoldre tots els problemes per la força. I es que per la força els resolía l’Espanya que ell vindica”. Lo definían como “l’estudiant que espera el càrrec públic, i el fill gandul del rendista gandul (…), del contractista trampós, i del contrabandista, i del saquejador de fons públics”, que circulaba por las calles “amb el braç aixecat a la moda italiana i cridant Viva España libre”. En definitiva, un viejo conocido de “l’exèrcit opressor”, que al fin y al cabo arrancaba de los jóvenes mauristas, pasando por la Unión Patriótica o el Requeté: “ara són Falange. Però a Catalunya els ha calgut sempre l’ajut de la policia”.34 Estos cambios, que a corte de ejemplo se ha ilustrado con Pamflet –semanario de la vieja guardia de Estat Català leal a ERC– fueron sin duda rasgos característicos de aquel periodo, como se pone de manifiesto en el notable incremento de la retórica antifascista que se lanzaría desde los medios independentistas catalanes durante aquella primavera. Estos medios, nada ajenos a los acontecimientos internacionales, como la reciente crisis de Renania demostraba, estaban cada vez más convencidos que la causa por las libertades patrias solo se podía encontrar en el antifascismo. Así fue como desde las páginas de Pamflet –donde también colaborarían plumas como la de Joan Peiró– se dedicarían crónicas semanales sobre la situación en Alemania o Italia, mientras que las “L’ordre públic”, Ara!!, 10, 17 de abril de 1936, p. 3. La obra clásica es Josep TERMES: La immigració a Catalunya i altres estudis d’història del nacionalisme català, Barcelona, Empúries, 1984. Para dos estudios más recientes: Arnau GONZÀLEZ VILALTA: “La immigració vista pel catalanisme (1931-1936), Revista de Catalunya, 193, 2004, pp. 936. También Albert BALCELLS: “La immigració i la política catalana durant la Segona República”, Cercles. Revista d’Història cultural, 18, 2005, pp. 21-41. 34 “El senyoret pinxo, matriu del feixisme”, Pamflet, 12, 28 de març de 1936, p. 8. 32 33 166 mismas JEREC homenajeaban al líder comunista alemán Ernst Thälmann en motivo de su cincuenta aniversario a finales de abril.35 En realidad, este giro no fue motivado porqué la organización de Dencàs y Badia se hubiese vuelto comunista –jamás se reivindicarían como una organización de clase–, sino porqué la nueva disyuntiva internacional no dejaba ya muchos más espacios para otras alternativas. Y es que a fin de cuentas, como el mismo ex alcalde de Barcelona y dirigente de ERC Jaume Aiguader afirmaría acertadamente en motivo del quinto aniversario del 14 de abril, el pleito ya no se disputaba entre la vieja dicotomía República o Monarquía que tanto había apasionado “els nostres pares i avis”, sino que el dilema que ahora se presentaba era entre “Democràcia i Dictadura”.36 En suma, fue bajo este telón de fondo que el grueso del independentismo catalán desarrollaría su nuevo utillaje ideológico. Una nueva síntesis que, aun sin renunciar de los principios que habían aupado el frente-populismo, pasarían a denominar como “posició nacional revolucionària”. Esta posición se planteaba como un oxímoron al nacional-sindicalismo fascista. Pero al mismo tiempo también se situaba “al costat de les forces revolucionàries i proletàries catalanes”, y, por supuesto, “enfront de la contrarevolució nacional i social, sigui de dreta, sigui d’esquerra”. Una “força d’avançada revolucionària i d’acció constructiva” que solo “amb disciplina de ferro” podía hacer que triunfaran los ideales revolucionarios y de emancipación nacional.37 Del asesinato de los hermanos Badia a la constitución de Estat Català Más allá de estas evoluciones de carácter doctrinal, a las que volveremos en última instancia, lo cierto es que para el separatismo catalán los dos episodios más relevantes desde la primavera de 1936 hasta el estallido de la guerra fueron el asesinato de los hermanos Badia y la constitución de Estat Català (EC). El primero tendría una enorme repercusión pública. Mientras que el segundo fue el epílogo de un largo proceso de recomposición política. Y aunque ciertamente se ha tendido a establecer una causaefecto entre ambos, en realidad la gestación del nuevo partido separatista no fue en ningún caso consecuencia directa del tiroteo que en pleno centro de Barcelona acabaría Ver: “Abaix el feixisme!”, Ara!!, 11, 24 de abril de 1936, p. 4. Jaume AIGUADER: “Després de cinc anys de República”, Pamflet, 15, 18 de abril de 1936, p. 5. 37 Enric LLISTOSELLA: “Posició Nacional Revolucionària”, Ara!!, 11, 24 de abril de 1936, p. 4. 35 36 167 aquel 28 de abril con la vida de Miquel y Josep Badia. No obstante, sí fue, sin lugar a dudas, un punto de inflexión, tanto para aquellos que todavía titubeaban entre la escisión o seguir en ERC como para el resto de organizaciones independentistas como el PNC o NS!, que desde hacía año y medio apostaban –con más o menos entusiasmo– por la construcción de un nuevo frente patriótico. En efecto, si bien anteriormente se aludía a la polémica de las banderas, la llegada de Lluís Companys a principios de marzo solo hizo que confirmar la postración política de Dencàs, sobre el cual ya se mostraría bien explícito en la presentación de su programa de gobierno en el Parlamento catalán: “no he de formular cap programa: som els mateixos d’abans del 6 d’octubre (…), amb el canvi, en aquest banc, del Conseller de Governació per raons polítiques de tots conegudes”.38 Obviamente, su expulsión gubernamental también implicaba la marginación del sector separatista que se aglutinaba entorno al ex consejero, principalmente las JEREC, aunque con matices. No todos seguirían a Dencàs, y los que lo hicieron igualmente le acabarían exigiendo explicaciones sobre su gestión durante las jornadas de Octubre, algo que haría en la cámara catalana los días 5 y 6 de mayo, a raíz de una interpelación sobre el 6 de Octubre. Y sobre todo durante el congreso que celebrarían las JEREC entre el 21 y el 24 de mayo en Barcelona. Pero en este proceso de ruptura también intervinieron otros factores. En primer lugar, para el ala independentista la nueva coyuntura política conllevaba tres puntos fundamentales: “depuració, construcció i orientació”. Estos objetivos no solo implicaban una purga interna contra los “arribistes” o contra todos aquellos miembros de ERC que habían mantenido actitudes de connivencia con las nuevas autoridades surgidas durante el periodo de suspensión estatutaria, sino que la depuración también tenía que ser trasladada a la administración pública: dónde una comisión depuradora equiparable a un “soviet” –“que no faci pas por el nom”, se defendía desde las páginas de Ara!!– realizaría estas funciones.39 Efectivamente, el mismo Gobernador Moles ya había creado esta comisión como se apuntaba antes, pero tanto su gestión como la profundidad de la depuración bien pronto se revelarían harto problemáticas. Al fin y al cabo, volver a la normalidad también significaba revisar dieciséis meses de gestión “Declaració de Govern”, Diari de Sessions del Parlament de Catalunya, 209, 26 de marzo de 1936, p. 4217. El nuevo consejero sería el aranés Josep M. Espanya. 39 Pere MORA: “Depuració”, Ara!!, 10 de marzo de 1936, p. 2. A lo largo de esos meses, Mora sería el principal redactor sobre esta cuestión. A corte de ejemplo, y en esta campaña de depuración, a finales de marzo el mismo semanario publicaba los nombres y apellidos de 233 funcionarios del Ayuntamiento de Barcelona que habían sido nominados o ascendidos desde octubre de 1934. 38 168 gubernamental y municipal, una tarea nada fácil que abarcaba un amplio abanico de puntos a resolver. A saber, la anulación de los desahucios de rabasaires y aparceros, la readmisión de todos los dependientes i obreros despedidos por causas políticas, la anulación de los contratos i nominaciones ilegales realizados por las gestoras municipales, o entre otras la readmisión de los tranviarios –contra los cuales, por cierto, los mismos escamots habían actuado de esquiroles en las huelgas de 1933 que había protagonizado el sector. Por otra parte, también influyó la aspereza con que se llevó el debate. En esta ocasión, las discrepancias ya no se circunscribían únicamente a diferencias relativas a la cuestión nacional. La temática laboral y sindical despertaba mucho interés, y la línea claramente obrerista de Ara!!, en realidad situó a las JEREC a la izquierda del partido hasta la misma escisión. De hecho, el mismo director del semanario, Daniel Domingo i Montserrat, era un claro exponente del independentismo filo-marxista. Provenía del BOC y, aunque a principios de agosto de 1936 pasaría de EC a las filas del PSUC, fue un convencido dencasista.40 Este perfil de militantes también contribuyó a radicalizar los planteamientos de las JEREC, creando una clara incompatibilidad con la indiferencia o el legalismo que algunos miembros dirigentes del partido mostraban ante estas cuestiones. En este sentido, diputados como Josep Antoni Trabal se convertirían en el blanco de sus críticas. Era el ejemplo de político “arribista”, con buenas relaciones con la oposición lligaire y los poderes institucionales del Estado. Trabal arrastraba un amplio currículum de declaraciones públicas contra el sector separatista de ERC. Era, en suma, “l’agent provocador n. 1”, para el que se exigía a la Comisión Ejecutiva del partido a que tomara medidas disciplinarias.41 Pero los peores augurios se cumplirían a principios de abril, con la entrada progresiva en ERC del Partit Nacionalista Republicà d’Esquerra (PNRE). En lo que era una nueva confirmación de que, aun manteniendo su barniz nacionalista, el partido estaba virando hacia postulados federalistas. Una deriva que, obviamente, sería criticada por nacionalistas como Aiguader desde Pamflet.42 Pero que 40 Sobre el paso de Domingo Montserrat por la dirección de Ara!! y EC, David MARTÍNEZ FIOL: Daniel Domingo i Montserrat (1900-1968): entre el marxisme i el nacionalisme radical, Barcelona, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2001, pp. 206-225 41 Al parecer, Trabal también había prohibido la exhibición de banderas esteladas en una manifestació pro amnistía, ver: “L’agent provocador n. 1”, Ara!!, 8, 29 de marzo de 1936, p. 4. Para otro artículo ilustrativo en este sentido: “Trabal-Alcalá Zamora”, Ara!!, 10, 17 de abril de 1936, p. 2. 42 Jaume AIGUADER: “L’ingrés a l’Esquerra”, Pamflet, 14, 11 de abril de 1936, p. 5. Para el PNRE, la obra clásica es Joan B. CULLA: El catalanisme d’esquerra: del grup de L’Opinió al Partit Nacionalista Republicà d’Esquerra (1928-1936), Barcelona, Curial, 1977. 169 para el grueso de las JEREC creaba un nuevo antagonismo, esta vez insalvable. Más, si cabe, cuando a mediados de mayo el alma mater del PNRE –Joan Lluhí i Vallescà, que había sido expulsado de ERC en otoño de 1933– accedía al gobierno de Casares Quiroga como Ministro de Trabajo, Sanidad y Previsión Social. Fue precisamente en este contexto –cuando el distanciamiento respecto ERC entraba en su fase final, y las noticias acerca del próximo congreso de las JEREC sonaban ya a escisión– que se produjo el asesinato de los hermanos Badia. Un atentado que recibiría la condena unánime por parte de toda la opinión pública catalana, con un entierro masivo que sirvió para mostrar nuevamente la fuerza del independentismo. Y por si acaso cabía duda en el seno de ERC, la manifestación también se convertiría en una contundente exhibición de banderas esteladas. Un argumento que serviría a hombres puente como Ventura Gassol o Aiguader para intentar convencer a la cúpula de ERC del “suïcidi” que significaba “prescindir de l’Estat Català i separar-lo del Partit”, llegándose a preguntar: “¿Renunciará a la força de xoc que controlen les Joventuts d’Estat Català?”.43 En realidad, pues, la muerte de los Badia solo hizo que certificar la separación de facto que ya se venía avistando. Además, para los más nacionalistas la impunidad con la que habían perpetrado el crimen a plena luz del día era la prueba más fehaciente de que el Orden Público no estaba en manos de la Generalitat. Así lo expresaría Dencàs al día siguiente del doble homicidio en el parlamento catalán cuando lamentó profundamente el ambiente de hostilidad que se había creado contra ellos, y que solo había provocado que “avivar totes les baixes passions”. A esta crítica también se sumaría Amadeu Colldeforns i Margalló, diputado dencasista, que significativamente hablaría “en representació de les Joventuts d’EC”. Un pronunciamiento que le valdría la amonestación por parte de la presidencia de la cámara al no referirse concretamente al nombre “de la minoría parlamentària a la qual pertanyen”.44 Pero a la complejidad del caso también se añadiría la lentitud de las primeras pesquisas policiales, que desatarían la exasperación y la ira de los independentistas: “Qui protegeix els assassins dels germans Badia?”, se preguntaba la editorial de Ara!! diez días después.45 El interrogante quedaría abierto. Y aunque finalmente la autoría Editorial “Amb les banderes estelades”, Pamflet, 18, 9 de mayo de 1936, p. 1. “Protesta i condol per l’assassinat dels germans Badia”, Diari de Sessions del Parlament de Catalunya, 212, 29 de abril de 1936, pp. 4252-4255. Por su parte Amadeu Colldeforns moriría en los combates del 19 de julio en Barcelona. 45 “Qui protegeix els assassins dels germans Badia?”, Ara!!, 13, 8 de mayo de 1936, p. 1. 43 44 170 acabó recayendo sobre conocidos pistoleros de la FAI –liberados de forma polémica a finales de junio–, el proceso judicial suscitaría todo tipo de hipótesis y comentarios, como ha documentado el principal biógrafo de Badia. Pero donde tampoco han faltado algunas interpretaciones con tintes más cinematográficos sobre un caso que, en realidad, acabó removiendo las bajas pasiones de la política catalana.46 En medio de este marasmo mediático se celebraría el congreso de las JEREC, que a su vez acabaría significando la refundación de Estat Català. Allí concluían cinco años de historia convulsa en ERC. El 30 de mayo salía de nuevo el histórico título de prensa de Estat Català, donde se anunciaban cuáles habían sido las resoluciones del congreso. Habían participado más de 1500 delegados, en representación de un total de 5873 militantes según la misma fuente. Como también se había procedido a la expulsión de la vieja guardia de EC como Gassol, Aiguader, Jaume Vachier o el mismo Jaume Miravitlles. Pero más allá de los detalles orgánicos y otros aspectos que envolvieron el congreso, sobre los que ya existen trabajos descriptivos del mismo, lo cierto es que fue allí donde en cierto modo culminaría la larga evolución ideológica a la que hemos ido aludiendo.47 El capitalismo había “naufragat” y por lo tanto se abogaba por un programa de “nacionalització i expropiació (…). En una paraula: Socialisme”, aunque un socialismo superador de la lucha de clases, ya que “al món només n’hi ha una de classe. La dels homes que treballen”.48 Este era el contenido social que se tenía que implantar en una Cataluña libre. Una nueva síntesis de lo que había de ser una “Revolució Nacional i una Revolució Social”. ¿Un nacional-socialismo, pues? Quizá sí. Pero esta vez a la izquierda y férreamente antifascista: “el feixisme és anti-català, anti-social” decían. A fin de cuentas, la misma escenografía del congreso fundacional en el CADCI no dejaría muchas dudas al respecto: una pancarta bajo el lema “A baix la olimpíada Hitleriana” ambientaba el lado izquierdo de la sala congresual. Se acordaría la adhesión al Socorro Rojo Internacional, como también se solidarizarían con el líder comunista brasileño Carlos Prestes, detenido desde el mes de marzo por el régimen de Getúlio Vargas. Y finalmente entonarían Els 46 Para una interpretación en este sentido: Enric UCELAY-DA CAL y Arnau GONZÀLEZ VILALTA (eds.): Contra Companys, 1936. La frustración nacionalista ante la Revolución, València, Publicacions de la Universitat de València, 2012, pp. 11-49. 47 Dolors IVERN: Esquerra Republicana de Catalunya (1931-1936), Barcelona, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, vol. 2, pp. 301-336. 48 “Contingut social que ha de tenir Catalunya Lliure”, Estat Català, 1, 30 de mayo de 1936, p. 1. Por su parte, según ha descrito Ucelay-Da Cal: “EC va esdevenir allò que els comunistes van anomenar un partit nacional revolucionari, un company petit-burgès en el camí de la revolució”, en Enric UCELAY-DA CAL: “Un joc d’aparences…”, p. 130. 171 Segadors y la Internacional. Pero el futuro de EC, al que se le añadirían durante las siguientes semanas el PNC, NS! y parte de los núcleos tarraconenses del FNCP como otros grupos menores, tampoco sería muy plácido: la guerra y la Revolución de julio acabarían expulsándolo del tablero político y, tanto la atracción inicial del PSUC, como las discrepancias ideológicas internas que aparecerían al poco tiempo, acabarían por minar nuevamente toda posibilidad de éxito de resucitar el viejo partido de Francesc Macià. Epílogo Si bien el separatismo catalán stricto sensu no jugó ningún papel destacado en los comicios de febrero de 1936, la coyuntura surgida a raíz del 6 de octubre lo llevaría a alinearse de forma muy mayoritaria con las candidaturas frente-populistas. En este contexto, dos procesos se entrelazarían en el seno del catalanismo radical. Por un lado, un rassemblement de fuerzas que culminaría con la refundación de Estat Català a finales de esa misma primavera. Por otra, un realineamiento de posturas y estrategias que no solo conllevaría un giro generalizado a la izquierda, sino también a la plena aceptación del programa del Frente Popular. Esta evolución se acabaría concretando con la asunción de posicionamientos nacional revolucionarios, síntesis ideológica de un socialismo de base nacional, de notable contenido obrerista y superador de toda lógica de clase. Pero que la propia experiencia octubrista, la pugna con un falangismo ascendente y la propia progresión de la política internacional acabarían ciñendo en el campo antifascista. Tal como el mismo Cardona, en una entrevista concedida en L’Indépendant de Perpiñán, y ya en septiembre de 1937, acabaría reflejando sin ambages: “Qu’on la veuille ou non, le problème national catalán est un grand problème qui doit être résolu dans le camp antifasciste”.49 Sin embargo, el proyecto de refundación de Estat Català acabaría viéndose truncado bien pronto. La guerra y la Revolución lo expulsarían de la primera línea política. Pero sobre todo sería la pluralidad ideológica del catalanismo radical –una constante en su larga historia– la que enterraría nuevamente toda posibilidad de aglutinar a los separatistas bajo un mismo paraguas. Una tendencia que ya se había demostrado con su fragmentación orgánica durante el primer bienio republicano. Y que también se Entrevista a Daniel CARDONA: “Les séparatistes catalans contre Valence”, L’Indépendant, 25 de septiembre de 1937, p. 4. 49 172 confirmaría a partir de 1935 con la participación del independentismo en los diferentes procesos de confluencia política que se desarrollarían desde entonces en Cataluña, ya fuese con el objetivo de volver a la República catalana del 14 de abril, o directamente y sin ambigüedades a la consecución de la independencia. Bibliografía citada BALCELLS, Albert: “La immigració i la política catalana durant la Segona República”, Cercles. Revista d’Història cultural, 18 (2005), pp. 21-41. BALLARÍN, Manuel; LEDESMA, José Luis (eds.): La República del Frente Popular: reformas, conflictos y conspiraciones, Zaragoza, Fundación Rey del Corral de Investigaciones Marxistas, 2010. BERAMENDI, Justo G. y MÁIZ, Ramón (dirs.): Los nacionalismos en la España de la II República, Madrid, Siglo XXI, 1991. BONAMUSA, Francesc: El Bloc Obrer i Camperol: els primers anys (1930-1932), Barcelona, Curial, 1974. BURRIN, Philippe: “La France dans le camp magnétique des fascismes”, Le Débat, 32 (noviembre de 1984), pp. 52-72. CULLA, Joan B.: El catalanisme d’esquerra: del grup de L’Opinió al Partit Nacionalista Republicà d’Esquerra (1928-1936), Barcelona, Curial, 1977. DE LA GRANJA, José Luis; BERAMENDI, Justo, y ANGUERA, Pere: La España de los nacionalismos y las autonomías, Madrid, Síntesis, 2001. DURAN, Lluís: Intel·ligència i caràcter. Palestra i la formació dels joves (1928-1939), Catarroja-Barcelona, Afers, 2007. FIGUERAS, Arnau: Història de la FNEC: la Federació Nacional d’Estudiants de Catalunya de 1932 a 1986, Barcelona, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2005. GONZÀLEZ VILALTA, Arnau: “La immigració vista pel catalanisme (1931-1936)”, Revista de Catalunya, 193 (2004), pp. 9-36. : “L’extradició de Dencàs (1935): la documentació de Presidència del govern espanyol”, Afers: fulls de recerca i pensament, vol. 21, n. 53-54 (2006), pp. 345-352. : Cataluña bajo vigilancia. El Consulado italiano y el Fascio de Barcelona, València, Publicacions de la Universitat de València, 2009. IVERN SALVÀ, M. Dolors, Esquerra Republicana de Catalunya (1931-1936), Barcelona, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1988-1989, 2 vols. MARTÍN RAMOS, José Luis: El Frente Popular: victoria y derrota de la democracia en España, Barcelona, Pasado&Presente, 2015. MARTÍNEZ FIOL, David: Daniel Domingo i Montserrat (1900-1968): entre el marxisme i el nacionalisme radical, Barcelona, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2001. MOLAS, Isidre (ed.): Diccionari dels partits polítics de Catalunya: segle XX, Barcelona, Enciclopèdia Catalana, 2000. MORENO, Manuel: Abono inagotable: Historia del P.C.C.: 1932-1936, Barcelona, Debarris, 1997. NÚÑEZ SEIXAS, Xosé M.: “Nacionalismos periféricos y fascismo. Acerca de un memorándum catalanista a la Alemania nazi (1936)”, Historia Contemporánea, 7 (1992), pp. 311-332. 173 : Internacionalitzant el nacionalisme. El catalanisme polític i la qüestió de les minories nacionals a Europa (1914-1936), Catarroja-Valencia, Afers, 2010. PURCET, Aleix: La reacció dels estudiants. Feixisme, joves i món universitari durant la II República espanyola (1931-1936), Tesis doctoral, Universitat Autònoma de Barcelona, 2010. ―: “Una soledat massa sorollosa. L’extrema dreta i la catalanització de la Universitat Autònoma de Barcelona (1933-1936)”, Recerques, n. 55 (2007), p. 96. RABASSA MASONS, Jordi: Josep Dencàs i Puigdollers: el nacionalisme radical a la Generalitat. Barcelona, Rafael Dalmau, 2006. ROIG SANZ, Daniel: Del nacionalisme integral al totalitarisme: el catalanisme radical davant l’ascens dels feixismes a l’Europa dels anys trenta (1931-1935), Tesis doctoral, Universitat de Barcelona, 2016. RUBIRALTA CASAS, Fermí: Una història de l’independentisme polític català. De Francesc Macià a Josep Lluís Carod-Rovira, Lleida, Pagès Editors, 2004. : Daniel Cardona i Civit, Catarroja-Barcelona, Afers, 2008. ―: El Partit Nacionalista Català (1932-1936): joc polític i separatisme, Barcelona, Rafael Dalmau, 2010. : Miquel Badia: vida i mort d’un líder separatista, Barcelona, Fundació Josep IrlaDuxelm, 2011. SOUTO, Sandra: Paso a la juventud: movilización democrática, estalinismo y revolución en la República Española, València, Universitat de València, 2013. TERMES, Josep: La immigració a Catalunya i altres estudis d’història del nacionalisme català, Barcelona, Empúries, 1984. THOMÀS, Joan Maria: Feixistes! Viatge a l’interior del falangisme català, Barcelona, l’Esfera dels Llibres, 2008. TUBELLA, Imma: Jaume Compte i el Partit Català Proletari, Barcelona, La Magrana, 1979. TUSELL, Javier: Las elecciones del Frente Popular, Madrid, Cuadernos para el dialogo, 1971, 2 vols. UCELAY-DA CAL, Enric; GONZÀLEZ VILALTA, Arnau (eds.): Companys, 1936. La frustración nacionalista ante la Revolución, València, Publicacions de la Universitat de València, 2012. UCELAY-DA CAL, Enric: “Documents (1936): els nacionalistes catalans del PSUC”, Arreu, 1 (octubre de 1976), pp. 26-31. : La Catalunya populista. Imatge, cultura i política en l’etapa republicana (19311939), Barcelona, La Magrana, 1982. : “Violencia simbólica y temática militarista en el nacionalismo radical catalán”, Ayer, 13 (1994), pp.: 237-264. : “Le Corbusier i les rivalitats tecnocràtiques a la Catalunya revolucionària”, en Juan José LAHUERTA (ed.): Le Corbusier y España, Barcelona, Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, 1996, pp. 121-188. : “Los malos de la película: Las Joventuts d’Esquerra Republicana-Estat Català y la problemática de un fascismo catalán”, Ayer, 59 (2005), pp. 147-172. : “Un joc d’aparences ‘Front Nacional’, ‘Frontpopulista’ i les alternatives feixistes i comunistes dins el separatisme català, 1919-1939”, en VV.AA: Ir Congrés d’història de l’independentisme català, Reus, Centre de Lectura de Reus, 2007, pp. 67-143. VINYES, Ricard: La Catalunya internacional: el frontpopulisme en l’exemple català, Barcelona, Curial, 1983. 174 Entre la defensa y la beligerancia. Élites gobernantes, fuerzas de orden público y violencia política en la España del Frente Popular Sergio Vaquero Martínez* Universidad Complutense de Madrid Introducción Las elecciones de febrero de 1936 dieron paso a la etapa del Frente Popular, la última fase de la Segunda República anterior a la guerra civil. Un periodo cuya interpretación ha venido lastrada por una lectura fijada por el Franquismo en 1939 con el dictamen de la Comisión sobre ilegitimidad de poderes actuantes del 18 de julio de 1936. Su objetivo era construir el mito de la “primavera trágica”: un periodo en el que la anarquía, la violencia y el ambiente de guerra civil alcanzaron tal intensidad que hicieron necesario un alzamiento que restableciera el orden, la moral y el derecho. Una visión con un evidente sesgo teleológico, heredado incluso por algunos hispanistas críticos con este discurso, que percibía esta etapa como si de una “pendiente hacia la revolución” se tratara, un prólogo de una guerra inevitable causada por el fracaso del régimen republicano.1 Actualmente se ha alcanzado un consenso en cuanto al carácter no ineluctable de la guerra pero sigue habiendo debate en torno al origen de la violencia. Algunos historiadores niegan que los gobernantes fueran blandos con los desórdenes al entender * Investigación financiada por una ayuda para la formación del profesorado universitario del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, y enmarcada en el proyecto “La violencia política de 1936 y el 18 de julio como punto de ruptura. Un análisis micro”, referencia: HAR2015-65115-P (MINECO/FEDER). 1 José Luis LEDESMA: “La ‘primavera trágica’ de 1936 y la pendiente hacia la guerra civil”, en Francisco SÁNCHEZ PÉREZ (coord.): Los mitos del 18 de julio, Barcelona, Crítica, 2013, pp. 313-339, pp. 315-317. 175 Universidad de Castilla~La Mancha Departamento de Historia. Área de Historia Contemporánea Edificio Benjamín Palencia | Campus Universitario s/n | 02071 Albacete Email: [email protected] | www.ahistcon.org | que mantuvieron una concepción del orden público que anteponía el principio de autoridad al respeto por los derechos y las libertades civiles. Para Rafael Cruz, la causa residía en unas políticas de exclusión orientadas a la neutralización de los enemigos políticos que otorgaron a los cuerpos coactivos una enorme autonomía e impunidad en el control de la protesta, aunque Eduardo González Calleja matiza que la represión aplicada por Casares fue más moderada y selectiva que en el segundo bienio. Por ello las fuerzas coercitivas, especialmente militares, fueron las responsables del grueso de las víctimas frente a una protesta mayoritariamente pacífica, ya que su cultura autoritaria y militarista las alejaba de las estrategias preventivas y proporcionadas propias de una democracia. Respecto al “frenesí huelguístico” de 1936, cuestionan que fuera un periodo especialmente conflictivo en comparación con el pasado y niegan que la situación pudiera definirse como prerrevolucionaria. Incluso apuntan que la violencia por sí sola no destruyó a la República, ya que otros gobiernos han soportados niveles similares sin derrumbarse, y destacan la construcción del miedo realizada por las derechas que tendía a sobredimensionar el alcance real de los desórdenes.2 Otros autores resaltan todavía más esas lógicas de exclusión y sostienen que las autoridades persiguieron a las derechas, especialmente a Falange, pero que se inhibieron frente a una izquierda en proceso de radicalización. Por un lado, Fernando del Rey defiende que los gobiernos realmente se esforzaron por mantener el orden y que el origen del “cerco al mundo conservador” estuvo en el surgimiento de un “poder bifronte” que oponía a gobernadores civiles, Guardia Civil y Guardia de Asalto un “contrapoder protorrevolucionario” ejercido por los ayuntamientos y las guardias cívicas socialistas que desempeñaban ilegalmente funciones policiales. También sostiene la falta de preparación de las instituciones coactivas en el tratamiento incruento de la protesta, pero recuerda que eran las “legítimas depositarias de la función de preservar el orden público y defender las leyes” y que generalmente se limitaban a obedecer órdenes, criticando a los autores anteriores por infravalorar la violencia alcanzada en el periodo. En contraposición, otros especialistas como Gabriele Ranzato van más lejos y afirman la permisividad y el empleo ocasional de las milicias socialistas y comunistas por parte de los gobiernos, así como el progresivo control que obtuvo la 2 Eduardo GONZÁLEZ CALLEJA: En nombre de la autoridad. La defensa del orden público durante la segunda República Española (1931-1936), Granada, Comares, 2014, pp. 51-53, 55, 282, 305-306; Rafael CRUZ: En el nombre del pueblo. República, rebelión y guerra en la España de 1936, Madrid, Siglo XXI, 2006, pp. 42, 149, 166, 168, 191; Julián CASANOVA: De la calle al frente. El anarcosindicalismo en España, Barcelona, Crítica, 2010, pp. 147, 149. 176 extrema izquierda sobre las fuerzas policiales; mientras que Stanley Payne califica la etapa como “prerrevolucionaria” y acusa a los gobiernos de implementar una política de orden público “espasmódica e irregular” y de politizar a la policía introduciendo milicianos como delegados, tal y como hizo Hitler con las S. A. y la Hilfspolizei.3 La siguiente comunicación pretende analizar el papel de los actores estatales en el devenir de la violencia política del periodo. Se defenderá que el restablecimiento de una política de orden público menos represiva y similar a la del primer bienio paradójicamente fomentó su desarrollo. Casares intentaría adaptarse a la nueva situación aplicando una política de reestructuración institucional y de empleo más consistente de la represión que empezó a corregir esa deriva, pero el aumento de los choques violentos, la subversión de derechas e izquierdas y el asesinato de Calvo Sotelo deslegitimaron el cambio, y la sublevación de parte de las fuerzas coercitivas lo abortó definitivamente. La defensa de la República El triunfo electoral del Frente Popular el 16 de febrero de 1936 y la movilización popular que precipitó la transferencia del poder motivaron la dimisión del presidente del Gobierno, Manuel Portela Valladares, tras haber rechazado los ofrecimientos de Gil Robles y de Franco de mantenerle en el gobierno por miedo a un golpe militar. 4 Ello obligó a Azaña a asumir el poder sin apenas autoridades y con la gente “suelta por las calles”. Sin embargo, no se dejó de impresionar y en lugar de ordenar la dispersión de la multitud reunida en Sol, les mandó callar desde el balcón del Ministerio de Gobernación y consiguió que se disolvieran pacíficamente. Pero era consciente de que si no concedía la amnistía cuanto antes saldría “a motín por día”, y de hecho ya había habido disturbios en Huelva, Alicante y Játiva, y motines en las cárceles de Burgos, Cartagena, Chinchilla, San Miguel de los Reyes y Santoña. Por ello trató de calmar los ánimos comunicando sus “propósitos de pacificación” y “restablecimiento de la justicia, de la 3 Fernando del REY: Paisanos en lucha. Exclusión política y violencia en la Segunda República española, Madrid, Biblioteca Nueva, 2008, pp. 520-523, 526-528; ÍD.: “Reflexiones sobre la violencia política en la II República española”, en Mercedes GUTIÉRREZ SÁNCHEZ y Diego PALACIOS CEREZALES (eds.), Conflicto político, democracia y dictadura. Portugal y España en la década de 1930, Madrid, CEPC, 2007, pp. 17-96, pp. 36-40, 42; Gabriele RANZATO: “El peso de la violencia en los orígenes de la guerra civil de 1936-1939”, Espacio, Tiempo y Forma. Serie V. Historia Contemporánea, 20 (2008), pp. 159-182, esp. pp. 166-167, 170-171; Stanley G. PAYNE: El camino al 18 de julio. La erosión de la democracia en España (diciembre de 1935-julio de 1936), Barcelona, Espasa, 2016, pp. 95, 100, 130, 236-237, 354. 4 Pilar MERA COSTAS: Monárquico, republicano, liberal. Biografía política de Manuel Portela Valladares, Tesis doctoral, Universidad Complutense de Madrid, 2015, pp. 310-319. 177 libertad, de la vigencia de la Constitución y del espíritu republicano”, pidiendo que no se perturbara la paz pública y prometiendo que se restablecerían los ayuntamientos populares y que la “defensa de la República” solo afectaría a sus “enemigos”.5 Las primeras medidas pretendían cumplir el programa del Frente Popular conteniendo al mismo tiempo los desórdenes. El día 21 la Diputación Permanente de las Cortes aprobó el decreto-ley de amnistía para los delincuentes políticos y sociales y se ordenó la readmisión de los obreros despedidos en octubre de 1934. 6 Además se suspendieron las licencias de uso de armas cortas y largas de cañón estriado en Madrid y se revisaron en toda España, se mandó a los gobernadores que instaran a los ayuntamientos a respetar el procedimiento legal de destitución y se prorrogó treinta días el estado de alarma.7 También intentaron buscar el favor de la fuerza pública aprobando un crédito para el pago de dietas, viáticos y asistencias de la Policía, trasladando la Oficina de Información y Enlace del Ministerio de la Gobernación a la DGS, declarando “hechos de guerra” los sucesos de Jérez de la Frontera y Arcos en los que un guardia civil fue asesinado y confirmando el derecho de asistencia de los guardias civiles y sus familiares en hospitales militares.8 Sin embargo, peor opinión despertó entre la fuerza pública la derogación del decreto de suspensión de la Comisión Mixta que reactivaba el traspaso de servicios de orden público a la Generalitat catalana.9 Respecto a las elecciones, la prensa policial tendió a subrayar su neutralidad en esa “batalla sin cuartel” y a congratularse del triunfo del “pueblo” como sus “honrados hijos” y parte de ese “sufrido proletariado” que pedía el reconocimiento de sus derechos y comprensión por las víctimas causadas en el bienio anterior.10 Pero la amnistía fue un duro golpe para la fuerza pública porque implicaba la liberación de los condenados de Castilblanco y Octubre, y porque los agentes no solo no fueron incluidos sino que 5 Manuel AZAÑA: Diarios completos. Monarquía, República, Guerra Civil, Barcelona, Crítica, 2004, pp. 934 y 939-941; Diego MARTÍNEZ BARRIO: Memorias, Barcelona, Planeta, 1983, p. 309. 6 Gaceta de Madrid, 22-II-1936, n.º 53, p. 1.515. 7 Gaceta de Madrid, 1-III-1936, n.º 61, p. 1.762; Gaceta de Madrid, 26-II-1936, n.º 57, pp. 1.615-1.616; Gaceta de Madrid, 10-III-1936, n.º 70, p. 1.957; Gaceta de Madrid, 14-III-1936, n.º 74, p. 2.088; Gaceta de Madrid, 17-III-1936, n.º 77, p. 2.132. Estado que sería durante prorrogado durante toda esta etapa: Gaceta de Madrid, 18-IV-1936, n.º 109, p. 514; Gaceta de Madrid, 17-V-1936, n.º 138, pp. 1.554; Gaceta de Madrid, 14-VI-1936, n.º 166, p. 2.331; Gaceta de Madrid, 16-VII-1936, n.º 198, p. 595. 8 Gaceta de Madrid, 26-II-1936, n.º 57, p. 1.611; Gaceta de Madrid, 27-II-1936, n.º 58, p. 1.652; Gaceta de Madrid, 1-III-1936, n.º 61, p. 1.761; Gaceta de Madrid, 7-III-1936, n.º 67, p. 1.910. 9 Gaceta de Madrid, 5-III-1936, n.º 65, p. 1.844. 10 “La función policial en las elecciones”, Policía Gubernativa, 20 de febrero de 1936; “La voluntad nacional”, ¡Presente...!, 1 de marzo de 1936. 178 algunos empezaron a ser traslados por falta de lealtad y procesados por sus abusos. 11 También apoyaron la prórroga del estado de alarma, afirmando que su deseo de respetar los derechos cívicos garantizaba la protección de las “personas decentes” aunque reconociendo que no se podía “limpiar el trigo sin removerlo”.12 Solo así podrían hacer frente al pistolerismo, que tantos “caídos en cumplimiento del deber” había dejado por no aplicarse la ley “con mano firme”: “Basta ya de titubeos. Basta ya de flaquezas. Barramos entre todos esa inmundicia humana, y llegarán los días de paz tan deseados”.13 Sin embargo, el punto más controvertido fue el de la republicanización, especialmente a raíz de unas declaraciones del director general de Seguridad, José Alonso Mallol, sobre la “tibieza republicana” de la Policía. A esa aculturación en valores republicanos sus revistas contraponían su objetivo de ser “leales al Poder legítimamente constituido” y el aislamiento del “virus político” para no acabar al servicio de la reacción o de la revolución, y para mantener los “ligamentos de la disciplina”, ya que el Estado y sus órganos son “perennes” mientras que la política es “fluctuante”. El segundo aspecto conflictivo fue el de la depuración porque no todos entendían que esa “operación de higiene corporativa” debía tener el mismo alcance y por el malestar que generaba ese “trasiego constante” de los mandos y los agentes.14 El cambio de gobierno había supuesto un aumento de las manifestaciones, las huelgas y las concentraciones, pero también de los motines, las destrucciones de edificios y el pistolerismo: “Creo que van más de doscientos muertos y heridos desde que se formó el Gobierno, y he perdido la cuenta de las poblaciones en que han quemado iglesias y conventos”, escribió Azaña en marzo.15 El día 12, Luis Jiménez de Asúa sufrió un atentado a manos de un pistolero falangista en el que murió su escolta, el agente de Investigación Jesús Gisbert. Su entierro acabó convirtiéndose en una multitudinaria protesta que desembocó en saqueos, tiroteos, la quema de dos iglesias y la muerte de un guardia de Seguridad; en total, once muertos y 24 heridos esa semana.16 Este incidente tuvo un gran impacto entre los policías, que exigieron “justicia Gerald BLANEY: “Nuevas perspectivas sobre la Guardia Civil y la Segunda República”, en Manuel ÁLVAREZ TARDÍO y Fernando del REY (eds.), El laberinto republicano. La democracia española y sus enemigos (1931-1936), Barcelona, RBA, 2012, pp. 363-387, p. 383; Eduardo GONZÁLEZ CALLEJA: En nombre de…, pp. 295, 296. 12 “La función del guardia de Seguridad y Asalto”, ¡Presente...!, 1 de marzo de 1936. 13 “Bajo el plomo asesino”, ¡Presente...!, 15 de febrero de 1936. 14 “¿Tibieza republicana?...”, Investigación, 29 de febrero de 1936; “Neutralidad precisa”, ¡Presente...!, 15 de marzo de 1936; “Los que se van”, ¡Presente...!, 1 de mayo de 1936. 15 Cipriano de RIVAS CHERIF: Retrato de un desconocido. Vida de Manuel Azaña, Barcelona, Ediciones Grijalbo, 1979, pp. 665-666. 16 Eduardo GONZÁLEZ CALLEJA: En nombre de…, pp. 277, 279. 11 179 inexorable” contra esos criminales que, “escudados en falsas ideologías políticas, las hacen banderín de sus asesinatos”, y respeto en lugar de “escarnios y vejaciones” para aquellos que saben “morir en defensa de la sociedad, del orden y de la República”.17 El suceso también socavó la confianza de la fuerza pública en la prometida modernización técnica, ya que hasta la Guardia Civil esperaba reformarse para no caer “víctima de la inexorable ley biológica de la selección”. 18 Ahora replicaban que no era necesario republicanizar a una Policía que había demostrado su lealtad tanto en la Sanjurjada como en Octubre, sino “haber dotado a la República de la Policía que necesita”, y afirmaban que las reformas olían a “puchero de enfermo” porque dudaban de su aplicación efectiva.19 Además, se mostraban bastante más exigentes en sus reivindicaciones: reserva del 50% de las plazas de oficiales para las clases del Cuerpo, quinquenios, reducción de la edad de jubilación, asistencia en hospitales militares, cobro de dietas e indemnizaciones por servicios y gratificaciones por vestuario y casa.20 Por otro lado, el Gobierno intensificó la depuración y reforzó los instrumentos preventivos creando la situación de “disponible forzoso” para los generales, jefes, oficiales y suboficiales de la Benemérita y del Cuerpo de Seguridad y Asalto y para todas las categorías del de Investigación y Vigilancia, sustituyendo a importantes cargos de este último organismo y restableciendo el Servicio de Identificación en la DGS.21 El motivo fundamental de la insatisfacción policial radicaba en las frecuentes órdenes que recibían de inhibición frente a las acciones colectivas de izquierdas. Por ello su prensa aconsejaba a los agentes intervenir siempre, distinguiendo entre los “hechos tumultuarios y agresivos” y las “manifestaciones pacíficas” y legales, y apoyándose en la ley en el caso de que alguna “autoridad incompetente” les censurase, dado que era un “acto arbitrario en desprestigio del poder público; porque si tiene confianza en los manifestantes, ¿qué estorbo son las fuerzas? Y si no tiene confianza, es que hipoteca la tranquilidad pública”.22 El problema era que la reducción de la represión estaba desautorizando a los agentes antes de que las reformas policiales se hubieran “Otra víctima de una campaña cobarde y ruin”, Policía Gubernativa, 17 de marzo de 1936; “Letras de luto”, Investigación, 19 de marzo de 1936. 18 “Charla entre dos amigos”, Revista Técnica de la Guardia Civil, marzo de 1936. 19 “La política y la policía”, Investigación, 19 de marzo de 1936; “¿Reformas?”, Investigación, 19 de marzo de 1936. 20 “Aspiraciones del Cuerpo de Seguridad”, 1 de abril de 1936; “Aspiraciones del Cuerpo de Seguridad”, ¡Presente...!, 15 de abril de 1936. 21 Gaceta de Madrid, 24-III-1936, n.º 84, p. 2.326-2.325; Gaceta de Madrid, 25-III-1936, n.º 85, p. 2.355; Gaceta de Madrid, 28-III-1936, n.º 88, p. 2.469-2.470. 22 “Carta de mi amigo”, ¡Presente...!, 15 de abril de 1936. 17 180 consolidado, lo que provocaba que empleasen la violencia con mayor intensidad cuando intervenían.23 A ello había que añadir que el engrose de su martirologio potenciaba su agresividad, pese a que algunos guardias subrayasen la importancia de “gozar de buen concepto y que de nosotros se guarde grata memoria” en la sociedad.24 Y es que, aunque la represión tiende generalmente a retraer la movilización y fomentar el uso de la violencia por parte de pequeños grupos radicalizados, también puede potenciarla si se acerca a niveles intermedios al activar la protesta antirrepresiva y transgresora de otros actores que consideran esa represión ilegítima, lo que complica enormemente la actuación policial e incrementa el riesgo de que haya víctimas.25 Las corrientes de pánico Con el fin de canalizar institucionalmente la protesta y legitimar las destituciones ya consumadas en diversos ayuntamientos, Azaña había convocado elecciones municipales el 17 de marzo. Sin embargo, decidió suspenderlas el 3 de abril por la repetición de los comicios generales en Granada y Cuenca y por la convocatoria de elecciones de compromisarios que siguió a la destitución de Alcalá Zamora como presidente de la República.26 El motivo era que estas consultas habían abierto tanto la estructura de oportunidades que el Gobierno se vio incapaz de gestionar el incremento de la incertidumbre política y de la movilización que conllevaba, ya que precisamente este factor constituye una de las principales fuentes de poder de la acción colectiva.27 En las Cortes, Azaña insistía en que el ejecutor del programa del Frente Popular era el Gobierno, culpaba a los gobiernos anteriores de los desórdenes por haberles dejado un “país abandonado por las autoridades” y consideraba necesario buscar “la manera de reprimirlos y, sobre todo, de impedirlos”. También denunciaba la existencia de dos “corrientes de pánico”: la de aquellos que dicen que “España va a amanecer constituida en soviet” para favorecer el triunfo de un golpe de fuerza y otra similar en Diego PALACIOS CEREZALES: “Ansias de normalidad. La policía y la República”, en Fernando del REY (ed.): Palabras como puños. La intransigencia política en la Segunda República española, Madrid, Tecnos, 2011, pp. 596-646, pp. 644-645. 24 “Reflexión”, Revista Técnica de la Guardia Civil, abril de 1936. 25 Eduardo GONZÁLEZ CALLEJA: “Sobre el concepto de represión”, Historia Nova. Revista de Historia Contemporánea, 6 (2006), pp. 551-579., esp. pp. 563-564. 26 Gaceta de Madrid, 18-III-1936, n.º 78, pp. 2.166-2.167; Gaceta de Madrid, 5-IV-1936, n.º 96, p. 163; Gaceta de Madrid, 9-IV-1936, n.º 100, p. 260; Gaceta de Madrid, 10-IV-1936, n.º 101, p. 291. 27 Sidney TARROW: El poder en movimiento. Los movimientos sociales, la acción colectiva y la política, Madrid, Alianza, 1997, p. 183. 23 181 sentido inverso que era también un “fantasma”.28 Más tarde afirmó su intención de castigar los abusos represivos de Asturias exigiendo únicamente responsabilidades individuales y de desarraigar la “apelación cotidiana a la violencia física” del carácter español: “no hemos venido a presidir una guerra civil; más bien hemos venido con la intención de evitarla”; contraponiendo así su “calma” a la “alarma” de aquellos que sobredimensionaban los desórdenes para dar la falsa impresión de que el régimen estaba en peligro. Como respuesta, José Calvo Sotelo leyó una relación de hechos violentos y criticó esa política de “desorden público, por condescendencia o por inhibición de las autoridades”, acusó al Frente Popular de ser “un santo y seña soviético” que pretendía destruir el orden social y criticó el clima hostil que sufría el Ejército. Gil Robles condenó la “persecución implacable” de las derechas y advirtió de que empezaba a “germinar en nuestra gente la idea de la violencia”, ya que era “preferible saber morir en la calle a ser atropellado por cobardía”. Seguidamente, José Díaz proclamó que estaban en una “Cámara de cuellos flojos y puños fuertes” y exigió justicia por los “cinco mil muertos de Asturias”, condenó las provocaciones derechistas y su propósito de provocar un golpe militar y amenazó de muerte a Gil Robles. Además, Alonso Ríos denunció la necesidad de depurar la Administración porque entendía que el “espíritu” con el que se aplicaban las leyes seguía siendo “monárquico” y “clasista”.29 Indudablemente, mediante esta “construcción social del miedo” las derechas buscaban dramatizar los desórdenes para deslegitimar al Gobierno, pero ello no debe llevar a infravalorar la violencia del periodo ni el papel amplificador ejercido también por el discurso antifascista.30 Azaña respondió que la anarquía la había originado el Estado durante el segundo bienio porque había perdido su legitimidad al haber empleado la “más terrible y sanguinaria opresión” y “subvertido los principios esenciales del régimen”. También anunció sustituciones en numerosos Gobiernos Civiles –medida que sería elogiada por una prensa policial que denunciaba que la inexperiencia de muchos gobernadores agravaba frecuentemente los desórdenes– y en los cuerpos coactivos, ya que había personas que, “sin faltar manifiestamente a su deber, tienen ese desmayo que nace de no comulgar en las mismas convicciones políticas que el Gobierno”, pero matizaba que debía hacerse despacio para “no cometer atropellos ni injusticias”. Volvía a subrayar la 28 Diario de Sesiones de Cortes, 3-IV-1936, n.º 13, pp. 223-224. Diario de Sesiones de Cortes, 15-IV-1936, n.º 17, pp. 283, 284, 288-290, 292-294, 297, 300, 309-311, 315. 30 Rafael CRUZ: En el nombre…, pp. 131, 192. 29 182 necesidad de “proporcionar la represión” a la magnitud del delito porque “lo demás es barbarie”, y de “distinguir entre el desorden público real” y la “explotación política del desorden”, recordando a las izquierdas que las reacciones violentas a las provocaciones eran contrarias a los objetivos de las manifestaciones y promovían el ambiente de desconfianza en el que algunos pretendían cultivar las agresiones contra la República.31 El motivo más inmediato de que el ambiente estuviera tan enrarecido había sido el asesinato del alférez de la Guardia Civil, Anastasio de los Reyes, en el desfile del 14 de abril. El entierro celebrado dos días después contó con una asistencia masiva de militares, policías, ciudadanos y dirigentes políticos como Gil Robles y Honorio Maura, y acabó desembocando en una marcha de protesta que trató de llegar al Congreso pero que fue duramente interceptada por la guardia de Asalto. La prensa policial criticó el “confusionismo” presente en ambos entierros por haber derivado en “manifestaciones políticas”: unos levantando los puños y gritando contra las “turbas fascistas” y otros igual pero en sentido contrario, y apoyó las medidas tomadas por el Gobierno contra las milicias políticas: “Una República ha de ser un pueblo; no puede ser una tribu ni una kábila”.32 Al día siguiente, Santiago Casares Quiroga asumió interinamente la cartera de Gobernación de Amós Salvador y presentó un proyecto ley, aprobado el día 23, que privaba a los militares acogidos a las leyes de retiros de su derecho al percibo de los haberes pasivos y al uso del uniforme cuando pertenecieran a ligas y asociaciones ilegales, participasen en acciones contrarias al orden público o colaborasen en la realización de propagandas o manejos contrarios a la República.33 Además, destituyó y trasladó a numerosos mandos policiales y militares e incluso envió a algunos a prisión por insubordinación. Esta intensificación de las medidas contra la extrema derecha se amplió el día 18 con la ilegalización y disolución de las ligas y organizaciones fascistas y, al mes siguiente, con la detención de los dirigentes de Falange tras haber sido absueltos varios miembros de la Junta Política por un tribunal de urgencia.34 Paralelamente el Gobierno trataba de reforzar la aquiescencia de los institutos armados permitiendo a los agentes galardonados con la Corbata de la Orden de la República ostentar un distintivo y segregando del Parque Móvil de los Ministerios Diario de Sesiones de Cortes, 16-IV-1936, n.º 16, pp. 339, 345; “¿Sistema o conductas?”, ¡Presente...!, 1 de abril de 1936. 32 “Confusionismo deplorable”, ¡Presente...!, 1 de mayo de 1936. 33 Gaceta de Madrid, 24-IV-1936, n.º 115, pp. 690-691. 34 Eduardo GONZÁLEZ CALLEJA: En nombre de…, pp. 299-301. 31 183 civiles, Vigilancia y Seguridad todo lo relacionado con el Ministerio de Obras Públicas; medida que fue bien recibida por la Policía, aunque seguiría insistiendo en que salieran todos los servicios ajenos a ella.35 Sin embargo, estas medidas volvieron a quedar en segundo plano ante la anulación de todas las disposiciones dictadas como consecuencia de la ley de enero de 1935 que había revertido el traspaso de servicios a la Generalitat, incluyendo el decreto de 26 de octubre referido a las de orden público, y el restablecimiento de la Junta de Seguridad.36 El problema era que los disturbios y los motines seguían en ascenso. Entre el 3 y el 5 de mayo una decena de edificios religiosos ardieron a raíz del famoso bulo de los caramelos envenenados y seis religiosos fueron heridos por la falta de medidas preventivas y la tardía intervención policial.37 En el Congreso, Calvo Sotelo se mostró muy crítico con la permisividad gubernamental y, tras dar otra lista de desórdenes, denunció que el Estado se hallaba mediatizado por otro “subalterno, capcioso, muchas veces faccioso” y “subversivo, integrado exclusivamente por el marxismo”, cuyos representantes, “invistiéndose de hecho de una autoridad que no les corresponde, cachean, registran, detienen y ejercen facultades policíacas, amparados unas veces y suplantando otras a los gobernadores civiles”. Casares le respondió acusando a las derechas de haber propalado el rumor y disculpando a los amotinados argumentando el “estado de exaltación, de histerismo, perfectamente enfermizo” que padecieron. Después intentó trasladar la atención hacia el pistolerismo fascista mostrando dos balas “dum-dum” y rebatió que la fuerza pública había intervenido “con energía y rapidez, pero sin la crueldad que vosotros hubierais deseado”. Acabó reconociendo los “desbordamientos” de las izquierdas pero destacando su lealtad, a diferencia de ciertos grupos de derechas que usaban la violencia para “crear un estado perpetuo de inquietud, que es mucho peor que una sublevación armada”, lo que hacía más urgente su desarme.38 Esto lógicamente repercutió en el ánimo de los cuerpos coactivos, cuyas revistas denunciaban que, sin esa “armadura” de autoridad que permitía a los policías ingleses servir sin armas, sucumbirían en “ese mar revuelto del pistolerismo” y criticaban que la 35 Gaceta de Madrid, 25-IV-1936, n.º 116, p. 739; Gaceta de Madrid, 26-IV-1936, n.º 117, pp. 786-787; “Una bien orientada disposición”, Policía Gubernativa, 15 de junio de 1936. 36 Gaceta de Madrid, 10-V-1936, n.º 131, p. 1.359. 37 Manuel ÁLVAREZ TARDÍO y Roberto VILLA GARCÍA: “El impacto de la violencia anticlerical en la primavera de 1936 y la respuesta de las autoridades”, Hispania Sacra, LXV, 132 (julio-diciembre 2013), pp. 683-764, esp. pp.703, 715. 38 Diario de Sesiones de Cortes, 6-V-1936, n.º 25, pp. 621, 623-625. 184 depuración había afectado a competentes funcionarios que habían demostrado su lealtad con innumerables sacrificios.39 Recordaban también que la fuerza pública “no puede obedecer órdenes de empresarios ni de otros particulares”, ni “dejar de cumplir cuanto previene la ley de Orden público”, condenando “la autodelegación de que suelen investirse algunos ‘frescos’ en momentos de revuelta para cometer con absoluta impunidad actos vejatorios que satisfagan sus pasiones políticas”, especialmente cuando algunas milicias se atrevían incluso a cachear a los propios policías. Por ello exigían el restablecimiento del “principio de autoridad”, del imperio de la ley y del respeto a la fuerza pública.40 A su juicio, esto demostraba que no era la Benemérita la que necesitaba una “reforma que amengüe su fuerte autoridad” sino que eran las masas las que debían ser educadas en el respeto a dicho principio.41 La cuestión es que, aunque la situación no pudiera definirse como revolucionaria, esta incapacidad del Gobierno para imponer su criterio a los ayuntamientos y a las guardias cívicas socialistas generó un grave problema de gobernabilidad que minó la autoridad de las instituciones estatales.42 La beligerancia contra el fascismo El 13 de mayo se constituyó un nuevo gabinete presidido por Casares en el que Juan Moles fue nombrado ministro de la Gobernación. En su declaración ministerial, el presidente exhibió una retórica más agresiva para reforzar el apoyo de la izquierda mediante la asimilación, la capitalización y la resignificación del discurso antifascista. Prometió que la República “será respetada, y, si no, se hará temer”; sustituyó la “táctica de defensa” por la del “ataque a fondo” contra los enemigos “abiertos” o “enmascarados” del régimen; y declaró que no estaba “dispuesto a tolerar una guerra civil” y que su gobierno era “beligerante” contra el fascismo. Sin embargo, también afirmó que su gabinete era el único que podía ejecutar el programa del Frente Popular y que no podía admitir “huelgas políticas fuera de la ley” ni actos violentos que fueran un “trágala” o una “coacción”. Gil Robles respondió acusándole de haber despedazado el “ídolo de la democracia” repitiendo las elecciones, de provocar la violencia por no “Hay que cortar el sacrificio estéril de vuestras vidas”, Policía Gubernativa, 30 de abril de 1936; “Los que se van”, ¡Presente...!, 1 de mayo de 1936. 40 “Carta de mi amigo”, ¡Presente...!, 1 de mayo de 1936; “Carta de mi amigo”, ¡Presente...!, 1 de junio de 1936. 41 “El Instituto de la Guardia Civil”, ¡Presente...!, 1 de julio de 1936. 42 Eduardo GONZÁLEZ CALLEJA: En nombre de…, p. 293; Diego PALACIOS CEREZALES: “Ansias de normalidad…”, p. 645. 39 185 respetar la ley y de ser el principal propagador del fascismo por perseguir arbitrariamente a las derechas, advirtiéndole de que si no era capaz de encauzarlo, ese movimiento encontraría a un líder que llevaría a España a la guerra civil. Calvo Sotelo añadió que no podía convertirse en enemigo de un grupo de ciudadanos y repitió que muchos españoles seguían viviendo “sojuzgados por unos déspotas rurales, monterillas de aldea” en un “régimen de taifas de la anarquía, en un cantonalismo asiático”.43 Este discurso se materializó en una política de recomposición del sistema de orden público y de restablecimiento del principio de autoridad que puso las bases para la restauración del funcionamiento institucionalizado de la vida política y del protagonismo gubernamental en la ejecución de las reformas sociales.44 También supuso la aplicación de una represión más firme, aunque todavía moderada y selectiva, que redujo su letalidad, ya que la tasa de muertos al día por violencia política pasó de 3,35 en febrero y marzo a 2,26 en mayo y julio, aproximadamente.45 Y es que el problema del orden público no había derivado tanto del aumento del “poder despótico” del Gobierno, como de la falta de integración entre las autoridades y los organismos especializados y de voluntad por parte de los gobernantes para emplearlos.46 Para lograrlo el Gobierno necesitaba aumentar la lealtad de las instituciones coactivas, por lo que comenzó eximiendo del pago de las cédulas personales a los alféreces de la Benemérita ascendidos en diciembre, lo que fue contestado por la prensa policial por haber excluido a las clases y tropas de Seguridad y Asalto.47 También ordenó a los gobernadores civiles que observaran el procedimiento legal y que informasen de los nombramientos de los delegados gubernativos para potenciar y reforzar el control gubernamental de su actuación como mediadores en los conflictos sociolaborales.48 Además, el Ejecutivo modificó posteriormente la Ley de Orden Público para agilizar las actuaciones policiales y judiciales contra el pistolerismo, incluyendo entre los “actos contra el orden público” aquellos que fueran cometidos con armas o explosivos y que tuvieran un móvil terrorista o una motivación política.49 43 Diario de Sesiones de Cortes, 19-V-1936, n.º 29, pp. 692-694, 697, 698, 703, 704. Diego PALACIOS CEREZALES: “Ansias de normalidad…”, pp. 645-646. 45 Eduardo GONZÁLEZ CALLEJA: En nombre de…, pp. 305-306; ÍD.: Cifras cruentas. Las víctimas mortales de la violencia sociopolítica en la Segunda República española (1931-1936), Granada, Comares, 2015, p. 273. 46 Rafael CRUZ: En el nombre…, p. 190; Diego PALACIOS CEREZALES: Estado, régimen y orden público en el Portugal contemporáneo (1834-2000), Tesis doctoral, Universidad Complutense de Madrid, 2008, pp. 11-12. 47 “Exención de cédulas personales y otras reparación”, ¡Presente…!, 1 de julio de 1936. 48 Gaceta de Madrid, 15-V-1936, n.º 136, pp. 1.527. 49 Gaceta de Madrid, 29-V-1936, n.º 150, p. 1.803. 44 186 Sin embargo, esta nueva política de orden público sufrió un serio contratiempo el 29 de mayo en Yeste, donde murieron 17 vecinos y un guardia civil tras una conducción de detenidos motivada por la ocupación ilegal de unas tierras. Los hechos alentaron las críticas socialistas contra el Instituto y el rechazo de la tesis gubernamental de la individualización de las responsabilidades, aunque paradójicamente hubiera habido un intento de negociación que suponía un tenue cambio en su actuación.50 En el Parlamento, José Prat denunció que la Guardia Civil seguía al servicio de la oligarquía local y exigió que el suceso no quedase impune porque la República era un “régimen de responsabilidad”. En su réplica, Casares agradeció a los diputados que hubieran investigado personalmente el incidente, anunció la designación de un juez especial, negó que hubiera habido malos tratos y aseguró que desde la propia Benemérita le habían pedido que investigara los hechos.51 Este debate agravó el malestar del Instituto, cuya revista reclamó con más vehemencia la satisfacción de sus clásicas aspiraciones: nivelar las plantillas de cabos y sargentos, ascender a más guardias segundos, un nuevo reglamento de régimen interior, dar a los guardias la consideración de los sargentos del Ejército y cobrar dietas como el resto de funcionarios, entre otras.52 A ello se sumó la implantación del acuerdo de la Junta de Seguridad, que daba dos meses para la reintegración de los servicios de orden y de policía en Cataluña, cuya prensa demandó seguir dependiendo del poder central como la Guardia Civil y advirtió de “los peligros y deficiencias que representaba el sistema disgregador”, ya que temía que la proliferación de estatutos conllevase la aparición de multitud de policías regionales.53 A principios de junio, Casares continuando reforzando su control sobre los resortes del orden público ordenando el desarme de personas sin licencia, amenazando a los alcaldes para que no ordenaran cacheos ilegales, insistiendo en la prohibición de los registros indebidos de automóviles e ilegalizando las huelgas y los lockouts no ajustados al procedimiento establecido.54 Además, restableció un decreto por el cual los tenientes de las Armas generales tenían que pasar por las academias militares para poder ingresar en la Benemérita hasta la creación de una academia específica, prometiendo resolver así Eduardo GONZÁLEZ CALLEJA: En nombre de…, pp. 126-127. Diario de Sesiones de Cortes, 5-VI-1936, n.º 40, pp. 1.190, 1.191, 1.194, 1.195. 52 “Legítimas aspiraciones”, Revista Técnica de la Guardia Civil, junio de 1936. 53 Gaceta de Madrid, 3-VI-1936, n.º 155, pp. 1.988; “El orden en Cataluña”, Investigación, 19 de mayo de 1936; “Los servicios de orden público”, Policía Española, 2 de junio de 1936. 54 Fernando del REY: Paisanos en lucha…, p. 546. 50 51 187 una reivindicación tradicional del Instituto.55 Respecto al Cuerpo de Seguridad y Asalto y con el fin de “poner término a las desigualdades” con la Guardia Civil, el Gobierno concedió a sus funcionarios el derecho a viajar gratis de uniforme en los ferrocarriles y nombró un delegado gubernativo en el Parque Móvil.56 A mediados de mes tuvo lugar uno de los debates parlamentarios más importantes acerca del “estado de subversión” imperante. Comenzó Gil Robles leyendo otro listado de desórdenes que incluía nuevamente el asesinato de un guardia civil en una Casa del Pueblo y acusando al Gobierno de que, pese a tener poderes excepcionales, España seguía “desgobernada” porque las autoridades no obedecían, abusaban de su autoridad y dejaban que ciertos sujetos asumieran sus funciones: “estamos presenciando los funerales de la democracia”, concluía. Calvo Sotelo criticó la ineficacia de esa “política de desembolso, sin tasa ni freno” de orden público e identificó la raíz del problema en un régimen inspirado en el “fetichismo de la turbamulta” y contrario al “principio de autoridad, cuya más augusta encarnación es el Ejército”, que en momentos críticos dejaba de ser el brazo de la patria para convertirse en su “columna vertebral”; porque consideraba que el militar que “no estuviera dispuesto a sublevarse a favor de España y en contra de la anarquía” era un loco, aunque negaba que hubiera alguno. Tras esta evidente “llamada al soldado”, Casares le hizo responsable de lo que pudiera suceder y se presentó como el auténtico defensor de la Benemérita por haberle dado “algo más que palabras, apoyo moral y apoyo material”. Insistió en que los desórdenes se debían al “fondo de odio” incubado por las masas en el segundo bienio y defendió que al menos había la “relativa paz” necesaria para que los ciudadanos pudieran transitar libremente y que el “estado de perturbación” era menor que hacía cuatro meses. A continuación, la Pasionaria recordó el “Octubre glorioso, que significó la defensa instintiva del pueblo frente al peligro fascista”, mientras que José María Cid afirmó que la fuerza pública estaba ejerciendo funciones de la “Cruz Roja, pues se limita a recoger los muertos y heridos”. Finalmente, Marcelino Domingo cerró el debate defendiendo el cambio que quería representar el Gobierno en el orden público: “Queremos autoridad, pero autoridad republicana; es decir, autoridad ágil, dinámica y legal; autoridad que 55 Gaceta de Madrid, 4-VI-1936, n.º 156, pp. 2.028-2.029. Gaceta de Madrid, 16-VI-1936, n.º 168, p. 2.386; “Viajes por ferrocarril”, Policía Española, 2 de julio de 1936; Gaceta de Madrid, 14-VI-1936, n.º 166, pp. 2.334-2.335. 56 188 nazca de las responsabilidades políticas que se han comprometido en pacto solemne” y que “nazca del impulso que el sufragio universal ha dado nuevamente a la República”.57 Dos días después volvió a modificarse la Ley de Orden Público para agilizar el procedimiento y reforzar el poder de los tribunales de urgencia frente a la justicia ordinaria, disponiéndose que fueran los únicos organismos que conocieran los delitos contra el orden público y los de terrorismo, empleo de explosivos y depósito y tenencia ilícita de armas.58 Al día siguiente, con el fin de mejorar el funcionamiento y la obediencia de los resortes administrativos, el Gobierno constituyó una Comisión interministerial encargada de proponer un nuevo estatuto que regulase las condiciones, las situaciones y los deberes de los funcionarios y de velar por el respeto de los preceptos vigentes.59 Sin embargo, el Cuerpo de Seguridad y Asalto criticó que el representante del Ministerio de la Gobernación no fuera policía, lamentándose también de no estar protegido de los caprichos del mando como la Guardia Civil por su pertenencia al Ejército y de seguir “sin ser carne ni pescado: si se le militariza, ha de ser con las ventajas todas inherentes en lo orgánico a su condición militar, aunque el funcionario en sus intervenciones sea esencialmente civil, y si no se le militariza entonces, ha de concedérsele plenamente cuantos derechos se instituyen en el Estatuto de funcionarios”, apostando claramente por la primera opción.60 Por su parte, la revista del Cuerpo de Investigación y Vigilancia, que poseía un discurso mucho más reivindicativo y civilista, criticaba que esta comisión solo buscaba amortiguar la protesta policial y retrasar la reorganización pendiente.61 A final de mes, el Gobierno presentó un proyecto de ley de represión de actividades sociales ilícitas que pretendía refundir toda la legislación sobre terrorismo, posesión y uso de explosivos y tenencia ilícita de armas, aunque no llegó a aprobarse.62 Poco después, ordenó la formación de una Junta Central de Acuartelamiento para la gestión, construcción y reparación de las casas-cuarteles de la Guardia Civil, con el fin de mitigar el lamentable estado que solían presentar.63 Una medida que fue bien acogida por la Benemérita pero que coincidió con otra disposición que ordenaba que las 57 Diario de Sesiones de Cortes, 16-VI-1936, n.º 45, pp. 1.372, 1.374, 1.376, 1.377, 1.382, 1.384-1.386, 1.389-1.391, 1.394, 1.402, 1.404, 1.410-1.411. 58 Gaceta de Madrid, 23-VI-1936, n.º 175, p. 2.580. 59 Gaceta de Madrid, 21-VI-1936, n.º 173, pp. 2.547-2.548. 60 “El caso del Cuerpo de Seguridad y Asalto ante la Comisión interministerial”, ¡Presente…!, 1 de julio de 1936. 61 “La Comisión interministerial para la reorganización burocrática”, Investigación, 9 de julio de 1936. 62 Diario de Sesiones de Cortes, 23-VI-1936, n.º 49, Apéndice 3.º, pp. 1-3. 63 Gaceta de Madrid, 25-VI-1936, n.º 177, pp. 2.657-2.658. 189 gratificaciones percibidas por los militares y sus asimilados por servicios personales se acumularan al sueldo de cara al abono de la cédula personal.64 Poco después, para reforzar su control de la administración policial el Gobierno restableció el cargo de subdirector e inspector general de Seguridad, designando al fiscal de la Audiencia de Madrid Carlos de Juan Rodríguez, y ordenó la concesión de permisos de verano al funcionariado, satisfaciendo así otra antigua demanda de los cuerpos policiales.65 No obstante, a pesar de estas mejoras el tono de sus revistas se fue agriando como reacción a la politización policial y al aumento de los desórdenes. Hay que tener en cuenta que, según González Calleja, del 19 de febrero al 17 de julio hubo 384 muertos por violencia política, un número mayor incluso que las cifras pregonadas por Calvo Sotelo y Gil Robles en las Cortes.66 Unos agentes criticaban ese “falso y nuevo concepto” de la republicanización que permitía que los funcionarios inmorales ascendieran a base de proclamar su republicanismo mientras que los agentes que se atenían a su deber quedaban postergados.67 Otros sostenían que eran los “sistemas” los que debían republicanizarse más que las personas y cargaban contra ciertos sectores del Cuerpo que se habían erigido en una suerte de comité seleccionador: “¡Qué rabia os debe causar no poder decir de mí que soy ‘fascista’!”. 68 También denunciaban que los obreros obtenían mejoras por pertenecer a “organizaciones de resistencia” y emplear la “fuerza (huelgas)”, mientras que ellos debían esperar para mantener la disciplina y su carácter apolítico.69 Sin embargo, la crítica principal seguía siendo la falta de “cariño y respeto a la autoridad y a sus agentes” por parte del pueblo, que tendía a ponerse “de forma ‘instintiva’ o espontánea’ de lado del malhechor”, así como “el hermetismo, la complicidad y la mala fe” que demostraba cuando la Policía requería su colaboración. 70 Para concluir, pese a lo sostenido tradicionalmente por la historiografía no hay prueba alguna de la supuesta desidia de Casares frente el golpe militar ni de que pretendiera repetir el efecto conseguido tras la Sanjurjada.71 De hecho, a principios de junio el Gobierno ya había ordenado extremar la vigilancia de los conjurados y el propio 64 Gaceta de Madrid, 3-VII-1936, n.º 185, p. 87. Gaceta de Madrid, 1-VII-1936, n.º 183, p. 8; Gaceta de Madrid, 4-VII-1936, n.º 186, p. 117; “Los permisos de verano”, ¡Presente...!, 15 de julio de 1936. 66 Eduardo GONZÁLEZ CALLEJA: Cifras cruentas…, pp. 269, 271. 67 “Carta de mi amigo”, ¡Presente…!, 1 de julio de 1936. 68 “Republicanización”, Investigación, 19 de julio de 1936. 69 “El sueldo que en la actualidad disfrutan los funcionarios de Seguridad es insuficiente para su sostenimiento”, ¡Presente...!, 15 de julio de 1936. 70 “La autoridad y sus agentes”, Policía Gubernativa, 15 de julio de 1936. 71 Emilio GRANDÍO: “Casares y el 18 de julio”, en Emilio GRANDÍO y Joaquín RODERO (eds.): Santiago Casares Quiroga. La forja de un líder, Madrid, Editorial Eneida, 2011, pp. 153-195, p. 154. 65 190 Alonso Mallol encabezó una operación en Pamplona para capturar in fraganti a los conspiradores, que fracasó debido a una filtración de Santiago Martín Báguenas. Sin embargo, los sucesos de mediados de julio precipitaron los acontecimientos. El día 12, el asesinato del teniente de Asalto e instructor de las milicias socialistas José del Castillo provocó un motín entre sus compañeros, que consiguieron que Moles les permitiese detener a algunos falangistas y ordenara clausurar varios centros monárquicos, carlistas y anarquistas. Sin embargo, un grupo liderado por Fernando Condés –que había sido amnistiado por los sucesos de octubre y que fue readmitido en la Benemérita como “disponible forzoso” con el grado de capitán– y compuesto por varios guardias de asalto y miembros del grupo prietista “La Motorizada”, las Juventudes Socialistas y la FUE asesinó a Calvo Sotelo. Consciente de que este suceso podía acelerar la sublevación, el Gobierno anuló los permisos de la Policía y concentró sus efectivos en Madrid, acuarteló a las tropas y ordenó a la flota que se preparase para cortar un hipotético paso desde Marruecos y prorrogó el estado de alarma tras una tensa reunión de la Diputación Permanente en la que Gil Robles leyó un último listado de desmanes y acusó a Casares de ser el responsable moral del asesinato por el carácter beligerante de su discurso y por haber permitido una “política de persecución, de exterminio y de violencia de todo lo que signifique derecha”, advirtiendo que “cuanto mayor sea la violencia, mayor será la reacción; por cada uno de los muertos, surgirá otro combatiente”.72 Pero estos esfuerzos no fueron suficientes y tan solo dos días después daba comienzo el temido golpe de Estado protagonizado por una parte del Ejército, que contaría con el auxilio de diferentes sectores de la extrema derecha. Conclusión El contexto político que se encontraron los republicanos de izquierda cuando retomaron el poder era muy distinto al del primer bienio. El proceso de bolchevización del socialismo lo había dividido internamente y estaba provocando numerosos conflictos institucionales por su desconfianza en el Gobierno de cara a la contención del fascismo. En frente, unas derechas parcialmente más radicalizadas pretendían amplificar los desórdenes para difundir una imagen anárquica de España que desencadenara la 72 Gaceta de Madrid, 2-VII-1936, nº 184, p. 50; Gaceta de Madrid, 4-VII-1936, nº 186, p. 124; Eduardo GONZÁLEZ CALLEJA: En nombre de…, pp. 307-309, 311-317; Sesiones de la Diputación Permanente de Cortes, 15-VII-1936, n.º 5, pp. 6, 9, 10. 191 intervención del Ejército. Esta inestabilidad en los alineamientos de las élites políticas coincidió con la convocatoria de tres elecciones y una marcada discontinuidad en las políticas de orden público, lo que incrementó las oportunidades y la incertidumbre política hasta tal punto que el Gobierno no pudo canalizar el aumento de la acción colectiva que conllevaba, por lo que tuvo que suspender los comicios municipales. Las políticas de orden público tuvieron dos fases diferentes. Una primera etapa de “defensa” de la República caracterizada por la reactivación de una “republicanización” de la fuerza pública basada en la desmilitarización, la aculturación en valores teóricamente más progresistas, la depuración de aquellos individuos especialmente destacados en la represión del segundo bienio y una mayor tolerancia frente a la movilización de izquierdas. No obstante, a partir de mayo el Gobierno aplicó una política más “beligerante” dirigida al restablecimiento de la autoridad policial, la coordinación entre autoridades y especialistas del orden público, la satisfacción de sus aspiraciones laborales, la recuperación del monopolio de la violencia legítima, el empleo de medidas más enérgicas contra las acciones violentas y la intensificación de la vigilancia de los implicados en la conjura militar. El estado de ánimo de las fuerzas de orden público se caracterizó por la insatisfacción, debida a su juicio a una depuración que había afectado a funcionarios que solo cumplían con su deber, una politización derivada del apoyo o la reacción a una republicanización que generó profundas divisiones, la desprotección frente a las críticas de la izquierda obrera, una reorganización que no acaba de efectuarse y unas aspiraciones que estaban siendo desatendidas. Ello minó la confianza y la coordinación entre gobernantes y policías, aunque la mitigación de la vertiente más política de la republicanización, la concesión de mejoras y la reintegración institucional iniciada en mayo consiguió atenuar algunos de los principales puntos de fricción. La acción colectiva experimentó un crecimiento sin precedentes y, pese a que mayoritariamente fue pacífica, vino acompañada por un notable incremento de la protesta violenta. Esto supuso una mayor carga de trabajo para unos policías que no solo tenían que intervenir más, sino que debían tener más cautela al distinguir entre acciones pacíficas y violentas. Si además se considera la falta de preparación en técnicas incruentas de contención de la protesta, la aparición de unas milicias que usurpaban sus atribuciones y el aumento de los agentes caídos en acto de servicio, no resulta extraño que la coerción estatal provocara el grueso de un número verdaderamente elevado de víctimas por violencia política. No obstante, el paso de una inhibición ante las 192 izquierdas que minaba su autoridad a un uso moderado aunque más consistente, selectivo pero menos arbitrario y firme pero menos letal de la represión, focalizado en el terrorismo falangista aunque extendido progresivamente a las izquierdas, pudo suponer una ligera aunque insuficiente corrección de esa tendencia. En resumen, las políticas de orden público potenciaron cuatro catalizadores de la violencia política al pretender aplicar unas medidas reformistas similares a las del primer bienio: la incertidumbre política, la descoordinación institucional, la politización y desautorización de las fuerzas policiales y la movilización transgresora y violenta. El cambio de orientación iniciado en mayo empezó a mitigar estos problemas pero el goteo constante de muertos, las acciones violentas de derechas e izquierdas, la resistencia de las instituciones policiales y su implicación en el asesinato de Calvo Sotelo acabaron deslegitimándolo, hasta quedar interrumpido por un golpe de Estado impulsado por una parte de las fuerzas coercitivas como reacción no solo a un grave problema de orden público, sino a su propio proceso de democratización. 193 Los Ayuntamientos del Frente Popular Héctor Vicente Sánchez Universidad de Zaragoza Introducción El triunfo de las candidaturas del Frente Popular en febrero de 1936 supuso la recuperación, en buena medida, de la legislación desarrollada durante el primer bienio. La restauración del espíritu de abril de 1931 la llevarían a cabo los mismos protagonistas puesto que una de las primeras medidas adoptadas por el Gobierno de Manuel Azaña fue reponer los Ayuntamientos populares de abril de 1931. Esta medida iba a suponer la vuelta a sus cargos de un importante número de ediles que habían dejado de serlo por disposición gubernativa después de las elecciones de noviembre de 1933. El triunfo de radicales y cedistas en la contienda electoral será nuestro punto de partida pues a partir de esos momentos comenzó a producirse la depuración de cabildos. Retrotraer el inicio de esta investigación a fechas tan tempranas permitirá ver que la acción gubernamental contra los ayuntamientos no se circunscribió a los acontecimientos de octubre de 1934. Aunque en estas fechas las destituciones alcanzaron su cenit, ya habían comenzado con anterioridad y continuarían después. Otro proceso electoral, el de febrero de 1936, será el momento clave para la reposición de los consistorios previamente depuestos. Igualmente fue un proceso que no solo se ciñó a los resultados electorales. Con antelación a esta fecha fueron repuestos algunos ayuntamientos con fines eminentemente electorales. Tampoco fueron repuestos todos los Ayuntamientos con los mismos integrantes ya que en algunos casos hubo 195 Universidad de Castilla~La Mancha Departamento de Historia. Área de Historia Contemporánea Edificio Benjamín Palencia | Campus Universitario s/n | 02071 Albacete Email: [email protected] | www.ahistcon.org | designaciones gubernativas. Este proceso de restituciones se completaría con las sustituciones de aquellos cabildos cuya composición no era afín al nuevo gobierno por otra que si lo fuera. Una vez examinada la configuración de las corporaciones locales procederemos al análisis de su actuación. Si bien el objetivo era recuperar la línea reformista del primer bienio, las experiencias acumuladas a lo largo de estos casi cinco años provocó modificaciones y cambios de posturas. El primer aspecto donde se aprecia el cambio es en el propio ambiente. Si el 14 de abril fue un momento de celebración pacífica, el triunfo electoral de febrero volvió a ser una fiesta aunque en este caso salpicada por un buen número de incidentes y de acciones violentas. La aplicación del programa electoral estará caracterizada por una mayor radicalidad y en algunos aspectos cierto grado de revanchismo. A partir de febrero de 1936 se recuperó la legislación en cuestiones como la autonomía, la reforma agraria, la educación que como veremos en algunos casos, su puesta en funcionamiento difirió a la del primer bienio. Un bienio de destituciones Frente a la idea generalizada de que las destituciones de ayuntamientos vinieron marcadas por la revolución de octubre de 1934, contamos con un buen número de investigaciones que retrotraen este fenómeno al periodo justamente posterior a los comicios electorales de noviembre de 1933. Es en el marco del ámbito rural donde la destitución de ayuntamientos se convierte en una prioridad para los patronos pues durante el primer bienio las fuerzas obreras se habían hecho con el control de los resortes municipales. Como explican Mario López y Rafael Gil fue un proceso largo e intermitente que se prolongó desde diciembre de 1933 hasta octubre de 1934. El sistema para proceder a las destituciones consistía en una solicitud cursada por los gobernadores civiles a la Dirección General de la Administración del Ministerio, mencionando la autorización pertinente para corroborar las denuncias contra los ayuntamientos. Este proceso administrativo sirvió para que el municipio granadino de La Zubia viera depuesto a su alcalde socialista y el delegado gubernativo ocupara el despacho de la Alcaldía.1 Este mismo mecanismo fue el utilizado en Jaén, donde la presencia socialista 1 Mario LÓPEZ MARTÍNEZ y Rafael GIL BRACERO: Caciques contra socialistas. Poder y conflictos en los Ayuntamientos de la República. Granada 1931-1936, Granada, Diputación Provincial de Granada, 1997, pp. 273-282. 196 en los ayuntamientos era una de sus principales preocupaciones de los sectores conservadores. Entre abril y mayo las inspecciones giradas a los ayuntamientos de Torreperogil, Marmolejo, Mengíbar y Mancha Real acarreó la suspensión de los mismos. Para cubrir las vacantes producidas fueron nombraban Comisiones Gestoras integradas por miembros locales de los partidos republicanos conservadores.2 Las inspecciones no fueron las únicas vías para decretar las destituciones. Manuel Rodríguez y Manuel Menargues, alcaldes de Elche y Crevillente respectivamente, fueron depuestos de sus cargos por no evitar y encabezar las manifestaciones habidas en ambas localidades entre los días 22 y 24 de abril.3 Durante junio de 1934 se produjo la primera avalancha de destituciones masivas de consistorios como consecuencia del fracaso de la huelga campesina. El movimiento huelguístico fue organizado por la Federación Nacional de Trabajadores de la Tierra para el 5 de junio, a pesar de contar con la opinión contraria de la dirección nacional de la Unión General de Trabajadores, más partidaria de una acción escalonada ante los peligros que esta iniciativa pudiera tener contra el Sindicato. Su fracaso fue seguido de una amplia campaña de desmantelamiento de los poderes municipales que todavía ostentaban los partidos de izquierdas.4 Con acusaciones como ser los más instigadores y conspicuos responsables de los hechos acaecidos durante la huelga de campesinos, amén de participar violentamente en la misma, fueron suspendidos los concejales socialistas granadinos de Loja.5 Una cuestión de carácter fiscal, como lo fue el “Estatuto del vino”, provocó la destitución de un importante número de alcaldes y ediles por toda la geografía del País Vasco. Esta medida violaba lo establecido en el Concierto Económico, ya que competía exclusivamente a las diputaciones vascas fijar el tipo de contribución y su cuantía. La aplicación de esta medida significaría la ruina de las haciendas locales vascas, que se basaban en la tributación indirecta sobres los consumos, especialmente sobre el arbitrio del consumo del vino. Para defender sus derechos, el 5 de julio de 1934, eran 2 Francisco COBO ROMERO: Conflicto rural y violencia política. El largo camino hacia la dictadura. Jaén, 1917-1950, Granada, Comares, 1998, pp. 208-212. 3 Juan MARTÍNEZ LEAL: Los socialistas en acción. La II República en Elche (1931-1936), Alicante, Universidad de Alicante, 2005, pp. 116-117. Enrique MONTAÑÉS PRIMICIA y Diego CARO CANCELA: “Las elecciones de febrero de 1936 en Andalucía: un espacio decisivo” en Eduardo GONZÁLEZ CALLEJA y Rocío NAVARRO COMAS (eds.): La España del Frente Popular. Política, sociedad, conflicto y cultura en la España de 1936, Granada, Comares, 2011, pp. 37-52. 5 Mario LÓPEZ MARTÍNEZ y Rafael GIL BRACERO: Caciques contra socialistas…, p. 283. 4 197 convocados todos los ayuntamientos vascos a una asamblea que se celebraría en Bilbao. De esta asamblea salió el acuerdo de crear una comisión interina intermunicipal para la defensa del Concierto Económico. Igualmente se organizarían en el plazo de un mes elecciones en todos los Ayuntamientos para conformar una comisión permanente. Por mandato gubernativo fueron prohibidas y declaradas ilegales estas elecciones bajo la amenaza de destitución de aquellos alcaldes que incumplieran la orden gubernamental. El 12 de agosto, fecha de la consulta electoral, las capitales y principales núcleos urbanos de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya amanecieron bajo un imponente despliegue policial, a pesar de lo cual más de un centenar de cabildos consiguieron celebrar las elecciones.6 El Gobierno cumplió su amenaza y el Alcalde de Bilbao junto con siete tenientes de alcalde eran suspendidos. El Alcalde de San Sebastián corrió la misma suerte, igual que los alcaldes de los pueblos de Irún, Guetaria, Placencia, Vergara, Zumaya, Beasaín, Alegría, Urnieta, Astigarraga y Azpeitia.7 La revolución de octubre, y su consiguiente represión, sirvió para destituir de forma masiva los ayuntamientos electos de abril de 1931. Singular fue situación que vivió el Ayuntamiento de Oviedo, ubicado en el epicentro de la revolución. Las fuerzas revolucionarias fueron las primeras en hacerse con el control municipal, llegando a dictar algún bando como el que regulaba la distribución de los alimentos. En Valladolid los efectos de la revolución también se hicieron sentir en algunos servicios municipales que secundaron la huelga. En ambas poblaciones, las destituciones podían darse por seguras.8 Hubo otras poblaciones donde la acción revolucionaria fue escasa o nula, sin embargo si que sufrieron la represión. En Yeste los concejales José Ramón Vivancos y Juan Marín fueron suspendidos por el Gobernador Civil y en une acto de solidaridad tres ediles más presentaron su dimisión.9 Los acontecimientos de octubre supondrían el punto y final a la gestión de Acción Republicana en Granada a pesar del comunicado de José Miguel FERNÁNDEZ URBINA: “La guerra del vino. Verano de 1934: La «revuelta» de los ayuntamientos vascos”, Historia 16, 41 (1979), pp. 19-30 y José Luís de la GRANJA SAÍNZ: Nacionalismo y II República en el País Vasco. Estatutos de autonomía, partidos y elecciones. Historia de Acción Nacionalista Vasca, 1930-1936, Madrid, Centro de Investigaciones Sociológicas, Siglo Veintiuno de España, 1986, pp. 474-485. 7 Rafael SALAZAR ALONSO: Bajo el signo de la revolución, Madrid, Librería de Roberto de San Martín, 1935, pp. 194-219. 8 Carmen BENITO DEL POZO: El Ayuntamiento republicano de Oviedo, 1931-1936, Oviedo, Pentalfa, 1989, pp. 108-113 y María del Carmen GARCÍA DE LA RASILLA ORTEGA: El Ayuntamiento de Valladolid: política y gestión (1898-1936), Valladolid, Ayuntamiento de Valladolid, 1991, p. 168. 9 Manuel REQUENA GALLEGO: Los sucesos de Yeste, Albacete, Instituto de Estudios Albacetenses, 1983, p. 78. 6 198 su Alcalde Ricardo Corro oponiéndose al movimiento revolucionario.10 El Gobernador Civil de Zaragoza al tiempo que destituía a los seis munícipes socialistas también desposeía de su cargo a una serie de concejales que no acudían con la suficiente periodicidad a las sesiones municipales. Las sanciones no se quedarían ahí, pues los socialistas Bernardo Aladrén y Eduardo Castillo pasarían una temporada encarcelados.11 Hubo también situaciones insólitas como la que se produjo en la localidad zaragozana de Almonacid de la Sierra. Allí, los concejales de la CEDA se negaron a tomar posesión del cargo, renunciando a favor de los anteriores concejales pertenecientes a Izquierda Republicana por entender que estaban realizando bien su labor.12 El total de ayuntamientos suspendidos, siguiendo las cifras aportadas por Rafael Salazar Alonso, ascendió a 1.116.13 Beneficiario directo de las destituciones fue el Partido Radical, pues la mayoría de los nuevos ediles nombrados pertenecían al partido de Alejandro Lerroux.14 Las cifras de la provincia de Granada lo dejaban bien claro: el Partido Radical multiplicó por seis su presentica en las corporaciones locales, pasó de tener un 10,8 por ciento a un 60,4 por ciento.15 Manuel Ardid constató para el caso de Zaragoza como los nombramientos gubernativos provocaron que el lerrouxismo municipal adquiriera un carácter netamente conservador pues los nuevos regidores, salvo alguna excepción, estaban vinculados a los grupos de presión, arrinconando de este modo al radicalismo histórico.16 La represión también estuvo dirigida hacia los empleados municipales. Cuando las fuerzas gubernamentales recuperaron el control del Ayuntamiento ovetense una de las primeras medidas que tomó el Alcalde fue disolver los Cuerpos de la Guardia Urbana, Arbitrios y Matarifes amparándose en que “fueron los primeros en secundar la huelga”. Los individuos pertenecientes a dichos cuerpos debían de solicitar de nuevo la admisión, que sería concedida en caso de no haber participado en la revolución.17 De 10 Nieves SANÍGER MARTÍNEZ: Gobierno y administración municipal. Granada, 1931-1936, Granada, CEMCI, 2000, pp. 164-166; 213. 11 Archivo Municipal Zaragoza (A.M.Z.), Sección de Gobernación, General, Caja 3393, expediente 3971/1934, «Gobernador Civil da cuenta de haber suspendido a los concejales socialistas». 12 José Luís LOPEZ CASAMAYOR: Mariano Joven Hernández. La ética de un demócrata, Zaragoza, Ayuntamiento de Almonacid de la Sierra, 2006, p. 34-35. 13 Rafael SALAZAR ALONSO: Bajo el signo…, pp. 129. 14 Nigel TOWNSON: La República que no pudo ser. La política de centro en España (1931-1936), Madrid, Taurus, 2002, p. 324 y José Luís MARTÍN RAMOS: El Frente Popular. Victoria y derrota de la democracia en España, Barcelona, Pasado & Presente, 2015, p. 102. 15 Mario LÓPEZ MARTÍNEZ y Rafael GIL BRACERO: Caciques contra socialistas…, pp. 291. 16 Manuel ARDID LORÉS: Propiedad inmobiliaria y actuación municipal en la Zaragoza de la Segunda República, Zaragoza, Institución Fernando el Católico, 1996, p. 98. 17 Carmen BENITO DEL POZO: El Ayuntamiento republicano…, p. 110. 199 nada sirvió al Celador de la Policía Sanitaria de Abastos, Manuel Fernández Corminas, y al obrero del servicios de limpieza Antonio Gotor que el edil Juan López Conde interviniera en su favor. Puestas a votación sus destituciones, el pleno municipal zaragozano votó afirmativamente.18 La vuelta de los Ayuntamientos de abril de 1931 El control de los ayuntamientos estaría en manos de las gestoras hasta las elecciones de febrero de 1936. Sin embargo, antes de que se verificaran los comicios se produjo la renovación algunos ayuntamientos con fines eminentemente electoralistas. Quien fuera Presidente del Gobierno, Joaquín Chapaprieta, contó en sus memorias como se produjeron estos manejos, en los que estuvo implicado de forma directa el propio Presidente del Gobierno en esos momentos: Manuel Portela. El político torrevejense reflejó como Manuel Portela tras no conseguir los tres puestos en la candidatura de derecha, “se pasó resueltamente al enemigo y trató con el Frente Popular de Alicante, con el que llegó al acuerdo de que el gobierno le daría todos los medios gubernamentales que necesitara para que el Frente Popular sacara íntegros los ocho puestos de la mayoría”. La ayuda gubernamental se materializaría en la puesta de los gobiernos civiles bajo el control de las fuerzas frente populistas. De este modo pudieron apoderarse de los ayuntamientos más importantes de la provincia como eran los de como los de Alicante, Alcoy, Orihuela, Elche, Elda y Torrevieja. Posteriormente, Juan Martínez matizaría lo expuesto por Joaquín Chapaprieta y aclararía que el Ayuntamiento de Elche no fue repuesto hasta después de las elecciones.19 En la provincia de Valencia la operación tuvo un calado más hondo. Junto al nombramiento de comisiones gestoras en diversos municipios como Tabernes de Valldigna, Bétera, Mogente, Montesa y Liria se produjo el nombramiento de concejales gubernativos. Estas designaciones provocaron que, en ayuntamientos como los de Favareta y Oliva, las estructuras locales fueran más afines a las fuerzas gubernamentales.20 18 Actas del Ayuntamiento de Zaragoza (A.A.Z.), 7 de diciembre de 1934. Joaquín CHAPAPRIETA: La paz fue posible. Memorias de un político, Barcelona, Ariel, 1971, pp. 390-391 y Juan MARTÍNEZ LEAL: Los socialistas en acción…, pp. 139-140. 20 Sergio VALERO GÓMEZ: “Socialismo valenciano y poder local. El proceso de constitución de gestoras durante 1936” en Eduardo GONZÁLEZ CALLEJA y Rocío NAVARRO COMAS (eds.): La España del Frente Popular. Política, sociedad, conflicto y cultura en la España de 1936, Granada, Comares, 2011, pp. 65-77. 19 200 El resultado de las elecciones de febrero de 1936 trajo consigo a la escena política española a los hombres e ideas del primer bienio, pero las circunstancias eran diferentes.21 El triunfo de la izquierda, como señaló Julián Casanova, “poco o nada se asemejaba al de aquella primavera de 1931 que había inaugurado la República”. 22 Esta coyuntura se puso de manifiesto en la propia reposición de Ayuntamientos, en algunos momentos alejada de la fiesta popular que supuso su configuración en abril de 1931, o como veremos en la radicalización de la propia actuación municipal. Una vez conocidos los resultados electorales los acontecimientos se sucedieron de forma vertiginosa. El día 19 de febrero Manuel Portela presentaba su dimisión y horas después, de forma precipitada, Manuel Azaña se veía en la obligación de configurar de forma precipitada un nuevo Gobierno. Asimismo era necesario proceder a nombrar gobernadores interinos puesto que los gobernadores afectos al Gobierno Portela habían abandonado sus puestos. Al día siguiente los gobernadores interinos recibían la orden del Ministro del Gobernación de proceder a la reposición de los ayuntamientos elegidos en abril de 1931. En ese trance se vio el director del alicantino El Luchador que en calidad de gobernador interino restituyó el Ayuntamiento de la ciudad.23 Mariano Menor informaba a la prensa sobre la orden gubernamental que había recibido para que procediera a constituir en Zaragoza y en los pueblos de la provincia los Ayuntamientos elegidos el 12 de abril de 1931.24 La premura a la hora de reponer los ayuntamientos y testimonios como el de Manuel Portela Valladares, quien recoge en sus memorias como estando él aún al frente del Gobierno fue la multitud la que repuso las Casas Consistoriales en Vallecas o Chamartín,25 puede hacer parecer que las reposiciones municipales fueron un proceso desorganizado. Contra la generalización de esta idea, Roberto Villa aclaró que en todo momento fue un proceso regulado por el propio Ministro de Gobernación.26 21 Manuel RAMÍEREZ JIMÉNEZ: Los grupos de presión en la Segunda República española, Madrid, Tecnos, 1969, p. 40. 22 Julián CASANOVA: República y guerra civil, Barcelona, Crítica, p. 153. 23 Juan MARTÍNEZ LEAL: De las urnas a las armas, El Frente Popular y los orígenes de la guerra civil en la provincia de Alicante, Alicante, Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert, 2014, pp. 61-62. 24 Heraldo de Aragón (Zaragoza), 21 de febrero de 1936, p. 1. 25 Manuel PORTELA VALLADARES: Memorias. Dentro del drama español, Madrid, Alianza, 1988, p. 191. 26 Roberto VILLA GARCÍA: “La democracia en el campo: la práctica electoral en el mundo rural durante la segunda república”, en Ángeles BARRIO ALONSO, Jorge de HOYOS PUENTE y Rebeca SAAVEDRA ARIAS (coords.): Nuevos horizontes del pasado. Culturas políticas, identidades y formas de representación, Santander, Ediciones de la Universidad de Cantabria, 2011, s.n. 201 La campaña electoral de febrero de 1936 fue la que mayor número de muertos registró durante el periodo republicano, y tras conocerse el resultado se inicio una ola de manifestaciones izquierdistas de tono reivindicativo que terminaron degenerando en enfrentamientos luctuosos.27 Las manifestaciones que se formaron para proceder a las reposiciones municipales terminaron convirtiéndose en el origen de múltiples altercados de diversa índole. El saldo de la manifestación por la reposición municipal en Alicante fue de 46 heridos, cuatro de ellos graves, asalto y destrucción de las redacciones de los talleres de los diarios de derechas y el asalto y destrozo en el interior de diversas iglesias. Todos estos desmanes sería duramente censurados por el Alcalde en la primera sesión: “Como sabe los señores concejales el día de ayer, que debía de haber sido un día completo de alegría para la población, fue empañado por unas extralimitaciones de las cuales no es culpable ni responsable el pueblo alicantino ni ninguna de las fuerzas que hay formadas en Alicante. Elementos extraños, un poco dudosos, cometieron esas extralimitaciones y de ellas no es responsable el pueblo alicantino, ni ninguna fuerza organizada. El Ayuntamiento debe condolerse de lo ocurrido y debe hacer constar que todo el elemento consciente y organizado de Alicante es extraño a lo ocurrido”.28 En la cercana Elche al calor del triunfo electoral se produjeron los incidentes más graves del periodo. Y es que la manifestación subsiguiente a la reposición municipal terminó con el trágico balance de dos muertos.29 No todo fueron incidentes, pues hubo lugares donde las manifestaciones se desarrollaron sin ningún tipo de incidentes como sucedió en Albacete. En la ciudad manchega fue el Alcalde recien repuesto quien instó al pueblo a celebrar un manifestación que se llevó a cabo en el más estricto orden. Otro ejemplo fue Hellín donde la izquierda organizó una manifestación para mostrar el apoyo al Frente Popular.30 27 Eduardo GONZÁLEZ CALLEJA: Cifras cruentas. Las víctimas mortales de la violencia sociopolítica en la Segunda República española (1931-1936), Granada, Comares, 2015, pp. 124-125. 28 Juan MARTÍNEZ LEAL: De las urnas a las armas…,pp. 62-66. 29 Juan MARTÍNEZ LEAL: Los socialistas en acción…, pp. 146-151. 30 Manuel REQUENA GALLEGO: “La primera conflictividad de 1936 en la provincia de Albacete” en Eduardo GONZÁLEZ CALLEJA y Rocío NAVARRO COMAS (eds.): La España del Frente Popular. Política, sociedad, conflicto y cultura en la España de 1936, Granada, Comares, 2011, pp. 105-119. 202 Dentro de los ayuntamientos resonaron las palabras de crítica por la situación vivida a lo largo del segundo bienio republicano. El socialista Antonio Ruiz lamentó en el salón de plenos zaragozano que “cuando la minoría Socialista fue lanzada del Ayuntamiento no se hubieran hecho constar por sus restantes compañeros de Concejo, palabras de sentimiento”.31 Más dura fue la crítica de García Quintana al posesionarse de nuevo de la Alcaldía en Valladolid: “Se cierra hoy un largo paréntesis de secuestro de la soberanía popular; un largo paréntesis de ilegalidad, que comenzó el 6 de octubre y termina hoy, en que Valladolid se recobra a sí mismo y recobra su soberanía. Si hubiera en España hombres de tipo conservador y no demagogos de derecha, no habría posibilidad de esos secuestros; porque si hay algo anárquico y revolucionario es que se diga al pueblo que es soberano para elegir sus representantes, y un mal día, el arbitrio de un Gobierno utilizando pretextos, no motivos, despoja de la soberanía al pueblo y entrega la gestión y la facultad de gobernar a unos señores a quienes el pueblo nada confió… habrá que revisar escrupulosamente los actos del Ayuntamiento que ha cesado para ver qué se derivan de ellos”.32 El proceso de recomposición de los poderes locales no terminó con la restitución de las autoridades destituidas. Con el objetivo de poner en sintonía los poderes locales con el poder central, se inició un proceso de destitución de ayuntamientos gobernados por fuerzas de derechas que fueron sustituidos por comisiones gestoras más afines al Frente Popular. Esta coyuntura se produjo en Granada donde el Gobernador Civil, afiliado a Unión Republicana, se encontró con que medio centenar de municipios seguían regidos por fuerzas de derechas. Optó por nombrar numerosas comisiones gestoras compuestas por elementos de izquierdas. La misma situación vivieron los concejos de Callosa de Ensarriá, Denia, Dolores durante los primeros días de marzo, perpetuándose una vez, en palabras de Juan Martínez, “la política de exclusión”.33 31 A.A.Z., 21 de febrero de 1936. María del Carmen GARCÍA DE LA RASILLA ORTEGA: El Ayuntamiento de Valladolid…, pp. 170-171. 33 Juan MARTÍNEZ LEAL: De las urnas a las armas…,p. 95. 32 203 El programa del Frente Popular y los ayuntamientos. Como ya hemos visto febrero de 1936 volvió a recuperar a los actores del primer bienio pero las circunstancias eran distintas. Tras casi cinco años de República los dirigentes gubernamentales había podido comprobar que medidas había funcionado y cuales fracasado al tiempo que habían podido constatar cuales eran las demandas populares. Esta idea la reflejó de forma clara Eduardo Calleja al señalar como el programa del Frente Popular no fue “un mero remake del acuerdo fundacional de 1931”. En 1936 se conformó un programa progresista pero no falto de realismo. 34 En lo tocante a las políticas a desarrollar por los ayuntamientos se aprecia un giro en las estrategias en pos de la consecución de unos objetivos, que en lo sustancial, no variaron mucho de los propuestos en abril de 1931. Una de las labores pendiente con respecto a los ayuntamientos era su renovación. Esta debería haberse realizado por mitades entre 1933 y 1935, aunque esta labor sólo se realizó parcialmente en abril de 1933.35 Si bien el programa del Frente Popular no recogía expresamente la celebración de elecciones municipales no fue un obstáculo para que desde el 6 de marzo el Consejo de Ministros abordara la necesidad de renovar los ayuntamientos. El decreto de la convocatoria electoral fue publicado en la Gaceta de Madrid, estableciendose la fecha del 12 de abril para elegir nuevos munícipes. La operación electoral tenía como objetivo renovar por completo los ayuntamientos, no por mitades como indicaba la ley. Otra novedad que se iba a introducir en este proceso era la posibilidad, por primera vez en la historia de España, de elegir a los alcaldes de forma directa por parte de los propios ciudadanos. Empero, el proceso electoral no llegó a verificarse por la interposición de dos obstáculos. El primero de ellos fue la discusión dentro de la coalición gubernamental sobre la configuración de las candidaturas. Pero, sin duda alguna, la celebración de elecciones a compromisarios para elegir un nuevo Presidente de la República fue más prioritaria que las elecciones municipales.36 La suspensión del proceso electoral el día tres de abril, desbarató las operaciones electorales efectuadas hasta esos momentos. Esto sucedió en 34 Eduardo GONZÁLEZ CALLEJA et al: La Segunda República española, Barcelona, Pasado & Presente, pp. 1094-1095. 35 En abril de 1933 se celebraron elecciones municipales pero tan sólo se verificaron en aquellas poblaciones donde sus representantes había sido nombrados en virtud del artículo 29 de la ley electoral. El desarrollo de estas elecciones puede verse en Roberto VILLA GARCÍA: “Burgos podridos y democratización. Las elecciones municipales de abril de 1933”, Hispania. Revista española de historia, 240 (2012), pp. 147-176. 36 José Luís MARTÍN RAMOS: El Frente Popular…, pp. 175-178. 204 lugares como Pamplona donde quedaron invalidadas las antevotaciones para elegir Alcalde que ya se habían llevado a cabo.37 Pese a que no se verificó la renovación municipal desde amplios sectores del Frente Popular se realizó una campaña que incidía en el saneamiento de las instituciones y en la depuración de los elementos desafectos a los nuevos poderes configurados.38 Dentro de los consistorios esta política estuvo dirigida principalmente hacia los funcionarios. En fecha tan temprana como el 26 de febrero el Ayuntamiento de Elche acordaba la destitución inmediata de empleados y agentes de la autoridad que hubieran sido nombrados por la Gestora al tiempo que se nombraba una Comisión para depurar la conducta del resto de empleados.39 No fue un proceso tan sencillo como pueda parecer, pues se alzaron no pocas voces contra las destituciones. Las destituciones en Oviedo, que habían afectado a trece empleados, motivó la intervención de la Dirección General que se vio en la obligación de enviar circulares a los gobernadores civiles con el objeto de hacer recordar a los ayuntamiento el cumplimiento de los trámites en legislación sobre el tema. La Asociación Provincial de Obreros y Empleados Municipales de Albacete fue quien elevó queja al Gobernador Civil por las destituciones de funcionarios pues consideraban que estaba promovidas, únicamente, por el criterio de la ideología política. El Secretario municipal de Granada fue quien puso sobre aviso que con los ceses decretados se estaba incumpliendo lo establecido por la Ley Municipal de 1935. Como último recurso quedaban los tribunales donde, como ha constatando Juan Martínez, los jueces anularon sistemáticamente las destituciones decretadas por los ayuntamientos.40 Sin embargo estas continuaron más allá del estallido de la guerra civil. Poco después de iniciada la sublevación militar, dio comienzo la selección de personal en Murcia, que no sólo se ciñó a la destitución de funcionarios. Amplió su campo de acción a otros ámbitos donde tenía competencias la corporación, como la concesión de licencias.41 Carlos ESLAVA y Fernando OTÍN: “Las frustradas elecciones municipales de abril de 1936 en Navarra», Príncipe de Viana, Anejo 10 (1988), pp. 107-118. 38 Manuel BALLARÍN AURED: La razón en marcha. Crónica del Frente Popular de Zaragoza, Zaragoza, Fundación Rey del Corral de Investigaciones Marxistas, 2004, p. 145 39 Juan MARTÍNEZ LEAL: Los socialistas en acción…, pp. 154. 40 Carmen BENITO DEL POZO: El Ayuntamiento republicano…, p. 116; Manuel REQUENA GALLEGO: “La primera conflictividad…”, pp. 105-119; Nieves SANÍGER MARTÍNEZ: Gobierno y administración municipal…, pp. 171; Juan MARTÍNEZ LEAL: De las urnas a las armas…,p. 96. 41 Carmen GONZÁLEZ: La gestión municipal republicana en el ayuntamiento de Murcia (1931-1939), Murcia, Almudí, 1990, pp. 34-36. 37 205 La composición del Tribunal de Sanciones iba a dejar traslucir las tensiones generadas dentro del ente municipal zaragozano e incluso rencillas personales entre algunos de sus integrantes. El republicano Diario de Aragón iniciaba a comienzos de junio su campaña para que el cedista Mariano Baselga y el tradicionalista Francisco Cavero cesaran en sus cargos de representantes municipales en el Tribunal de Sanciones. Joaquín Uriarte fue el encargado de plantear la cuestión en el salón de plenos, donde pidió la dimisión de ambos representantes a lo que estos se negaron. La situación se enquistó todavía más al rechazarse una moción del propio Joaquín Uriarte proponiendo que fuera la propia Alcaldía quien los destituyera. Entre los opositores a esta medida se encontraba Antonio Aramendia, jefe de la minoría municipal de Izquierda Republicana.42 Finalmente, tanto Mariano Baselga como Francisco Cavero dimitieron por voluntad propia y Joaquín Uriarte fue designado como sustituto. A este nombramiento se opondría Alfonso Sarría, miembro de Izquierda Republicana, por unas declaraciones que Joaquín Uriarte había hecho en octubre de 1934.43 Finalmente el socialista Bernardo Rubio y el republicano Juan López fueron elegidos vocal titular y vocal suplente para el Tribunal Provincial de Sanciones. 44 El reverso de las depuraciones fueron las reposiciones de los funcionarios que habían sido desposeídos de su puesto durante el segundo bienio. Un total de 23 empleados, 18 de ellos guardias municipales, se beneficiaron de esta medida en Oviedo mientras que en Elche fueron repuestos todos aquellos funcionaros destituidos por las Gestoras.45 En el salón de plenos de Zaragoza volvían a ser motivo de debate el Celador de la Policía Sanitaria de Abastos, Manuel Fernández Corminas, y el obrero del servicios de limpieza Antonio Gotor. Por medio de un escrito, la Alcaldía proponía que ambos funcionarios (separados de sus cargos el 7 de diciembre de 1934) fueran destinados inmediatamente a los cargos que desempeñaban antes de su cese. Esta propuesta, a la que nadie se opuso, fue completada con la enmienda presentada por el 42 Las relaciones entre Joaquín Uriarte y Antonio Aramendia no eran del todo cordiales tras la carta que el primero publicó en octubre de 1934 anunciando su marcha de Izquierda Republicana por no acatar las órdenes del partido. Posteriormente Joaquín Uriarte se enroló en las filas de Unión Republicana, partido que abandonó también de forma polémica. 43 La campaña sobre el Tribunal de Sanciones en Diario de Aragón (Zaragoza), los días 6, 9, 11, 13, 17, 20 y 26 de junio de 1936. 44 A.A.Z., 10 de julio de 1936 45 Carmen BENITO DEL POZO: El Ayuntamiento republicano…, pp. 116 y Juan MARTÍNEZ LEAL: Los socialistas en acción…, pp. 154. 206 socialista Bernardo Aladrén quien solicitó que a dichos dependientes les fueran abonados los jornales que habían dejado de percibir.46 La reforma educativa, uno de los grandes proyectos de la Segunda República, recuperaba a partir de febrero de 1936 el programa iniciado en 1931. Las fuerzas frente populistas se habían marcado como objetivos volver a impulsar la construcción de escuelas, crear las enseñanzas medias y profesionales necesarias e impulsar el acceso a las mismas de la clase obrera. Nada se refería entorno a la sustitución de la enseñanza religiosa que tantas pasiones había desatado en el primer bienio. La brevedad del periodo, febrero-julio y el inicio de la guerra civil son dos factores que determinaron el proceder gubernamental en esta materia, pero a pesar de la coyuntura se puede apreciar un viraje en la aplicación de la reforma. El primer esfuerzo por sustituir la enseñanza religiosa en 1933 se hizo recaer sobre las arcas municipales. Fue obligación municipal facilitar locales, costear su alquiler y las obras de adaptación necesarias. A ello había que añadir la dotación del material escolar necesario y facilitar la casa-habitación a los nuevos maestros. Como señaló Fernando Millán, el Ministerio de Instrucción Pública obvió la posibilidad de incautar los locales que las órdenes religiosas destinaban a enseñanza para destinarlos a centros educativos públicos.47 Para subvencionar todos los gastos derivados de la sustitución el Gobierno concedió tres créditos por un valor ligeramente superior a los veintisiete millones de pesetas, insuficientes para tan basta reforma. Fue el factor económico el que provocó que en Cádiz, en palabras de Juan Benvenuty, la viabilidad de la sustitución rayara lo utópico. Igualmente sucedió en Huelva, donde los elevados coste de la sustitución fue su principal obstáculo.48 Hubo otras causas que frenaron la sustitución, como la resistencia de los sectores más conservadores que indujeron a su fracaso en lugares como Alicante o La Rioja.49 Los sectores católicos también utilizaron todos los medios a su alcance para evitar el cierre de sus centros. Uno de los más célebres fue el que el periodista Luís Bello denominó “autosustitución”. Este proceso 46 A.A.Z., 28 de febrero de 1936. Fernando MILLÁN: La revolución laica. De la Institución Libre de Enseñanza a la Escuela de la República, Valencia, Fernando Torres, 1983, pp. 184. 48 Juan BENVENUTY MORALES: Educación y política educativa en Cádiz durante la Segunda República (1931-1936). Análisis de la reforma, Cádiz, pp. 122-135; Consuelo DOMÍNGUEZ DOMÍNGUEZ: La enseñanza en Huelva durante la II República (1931-1936), Tesis doctoral, Universidad de Huelva, 1996, Diputación Provincial, 1987, s.n. 49 Mónica MORENO SECO: Conflicto educativo y secularización en Alicante durante la II República (1931-1936), Alicante, Instituto de Cultura Juan Gil-Albrert, 1995, p. 44; María del Carmen PALMERO CÁMARA,: Educación y sociedad en La Rioja republicana (1931-1936), Salamanca, Universidad Pontificia de Salamanca, Instituto de Estudios Riojanos, 1990, pp. 162-165 47 207 consistía en transformar los centros religiosos en mutualidades escolares, de este modo, si no tropezaban con la ley, sólo cesaría la enseñanza en aquellos centros donde las órdenes obtuvieran pérdidas.50 Con Marcelino Domingo al frente del Ministerio de Instrucción Pública, cargo que ocupó también durante el primer bienio, comenzaron pronto a adoptarse medidas para conocer el alcance de las medidas a adoptar. Los primero informes obtenidos tras la publicación de la orden circular de 28 de febrero reflejaban la necesidad de abrir 1.270 escuelas nuevas mandando posteriormente inspectores a las localidades donde la sustitución presentaba más dificultades. La coyuntura a la altura de 1936 había cambiado y las medidas a adoptar también. El peso económico no iba a recaer únicamente sobre las arcas públicas y se adoptaron medidas más expeditivas con los centros religiosos que se habían convertido en mutualidades. Hay documentados cierres de algunos escuelas católicas en algunos pueblos navarros y en Murcia, donde había reinado, en 1933, la más absoluta calma.51 Como no podía ser de otra forma, las dificultades del primer bienio volvieron a reaparecer, y las estrecheces económicas volvieron a traer al primer plano las peticiones de incautación de las centros confesionales. Desde Cádiz y Santander esta era la solución que proponían ante la incapacidad municipal para poder albergar a la totalidad del censo escolar. En Huelva, en fecha tan temprana como el 18 de marzo, el Ayuntamiento ya estaba escuchando proposiciones para incautar los edificios de las Órdenes religiosas para destinarlos a escuelas públicas.52 Habría que esperar a que estallara la guerra civil para que el 28 de julio el Gobierno republicano emitiera un decreto emplazando tanto a los Alcaldes, como Delegados de los Gobernadores civiles a proceder a la incautación de edificios religiosos. El tema autonómico volvía a recuperarse de forma idéntica al primer bienio, como recogía el programa electoral: “Los partidos coligados repondrán en su vigor la legislación autonómica votada por las Cortes constituyentes y desarrollarán los principios autonómicos consignados en la Constitución”. Ahora bien, en los pocos casos que hemos podido documentar de ayuntamientos que abordaron la elaboración de Luís BELLO: “Programa contra programa”, El Sol (Madrid), 4 de julio de 1933. Reyes BERRUEZO ALBÉNIZ: Política educativa en Navarra, Navarra, Gobierno de Navarra, 1991. p. 72; Carmen GONZÁLEZ: La gestión municipal …, pp. 79-80. 52 Juan BENVENUTY MORALES: “Laicismo y guerra escolar en Cádiz durante la Segunda República”, Gades, 15 (1987), pp. 95-123; Ángel LLANO DÍAZ: La enseñanza primaria en Cantabria. Dictadura de Primo de Rivera y Segunda República, Tesis Doctoral, Universidad de Cantabria, 2013, p. 467; Consuelo DOMÍNGUEZ DOMÍNGUEZ: La enseñanza en Huelva…, s.n. 50 51 208 Estatutos, el entusiasmo fue escaso. La Izquierda Murciana fue la encargada de plantear “la necesidad y conveniencia del Estatuto Murciano”. Esta propuesta fue refutada por los federales alegando “la falta de ambiente y la necesidad de crear previamente un estado de opinión”. Se reproducía la misma reacción a la producida cuatro años antes cuando se desecho la idea ante la “escasez de un espíritu regionalista”53 Fueron los representantes en las Cortes Constituyentes quienes impelieron a la corporación granadina a expresar su opinión sobre el proyecto de Estatuto que se había redactado en Sevilla. Ningún grupo político granadino se mostró favorable al mismo pero plantearon una alternativa. Crear una doble Mancomunidad de Andalucía oriental (Granada, Almería, Málaga y Granada) aunque la falta de acuerdo político y el giro político de noviembre de 1933 puso fin a la iniciativa. Retomada en junio de 1936, volvió a fracasar la iniciativa, en esta ocasión debido a la falta de apoyo mostrado desde Almería y Jaén.54 Las demandas para elaborar un Estatuto de autonomía para Aragón no tardaron en hacer acto de presencia en la corporación zaragozana. Desde los pueblos de Sádaba y Barbastro llegaron las primeras peticiones en mayo y junio de 1931 para que el Ayuntamiento de Zaragoza encabezara el movimiento municipalista. Esta responsabilidad la asumió la Diputación Provincial, que fue la encargada de convocar una reunión de personalidades y representantes de entidades para abordar el anteproyecto de Estatuto Aragonés. El Ayuntamiento recibió la correspondiente invitación para enviar a un representante a dicho acto. A pesar de los intentos de la Diputación, el Estatuto de Autonomía entraría en vía muerta.55 Con el nuevo horizonte que se abrió para los procesos autonomistas a partir de febrero de 1936, volvió a retomarse la elaboración del Estatuto Aragonés. En esta ocasión la iniciativa la encabezó la Juventud “Los Almogávares” pertenecientes al Estado Aragonés de Barcelona. Los primeros días del mes de mayo se celebró en Caspe un congreso donde se abordó la elaboración del Estatuto. El Ayuntamiento de Zaragoza no mostró su adhesión al Congreso aunque si que tuvo representación. En la ciudad caspolina estuvieron presente los ediles Casimiro Sarría, en representación del Diario Carmen GONZÁLEZ: La gestión municipal …, pp. 101. Nieves SANÍGER MARTÍNEZ: Gobierno y administración municipal…, pp. 185-197. 55 A.M.Z., Sección de Gobernación, General, Caja 3362, expedientes 2711/1932, «Presidente de la Diputación invita a la reunión que ha de tratarse de la formación del Estatuto Aragonés». El proyecto de Estatuto de Autonomía de la Diputación en: Antonio EMBID y Carlos FORCADELL: El anteproyecto de Estatuto de Autonomía de Aragón de 1931: estudio jurídico y análisis histórico: un nuevo texto del pasado autonómico aragonés, Zaragoza, Diputación Provincial de Zaragoza, 1985. 53 54 209 de Aragón y del Partido Republicano Aragonés, Manuel Pérez-Lizano Pérez, como máxima autoridad de la Diputación Provincial de Zaragoza y encabezando el capítulo de Alcaldes, estuvo el de Zaragoza, Federico Martínez Andrés. Aunque no estuvo presente, el concejal y diputado socialista Eduardo Castillo, mandó su adhesión al Congreso El estallido del conflicto bélico impidió continuar la labor iniciada en Caspe.56 La cuestión de los comunales se recogía de forma taxativa: se dictarán normas para el rescate de bienes comunales. No admitía dudas la intención gubernamental en este terreno. Se iba a buscar solución a un problema que venía de lejos y que durante el primer bienio tampoco se había podido solucionar. La llegada del régimen republicano había abierto un escenario favorable para la recuperación de los comunales y con socialistas y republicanos ostentando los resortes municipales parecía factible resarcir a los municipios de los abusos que habían sufrido en el pasado.57 Los primero pasos se iniciaron en junio de 1931 cuando el Ministerio de Trabajo y Previsión giró a los ayuntamientos órdenes para conocer de primera mano los despojos de que habían sido víctimas. De la consulta ministerial saldrían la bases 6 y 20 de la Ley de Reforma Agraria de 15 de septiembre de 1932 donde se reservaba de la explotación “los bienes comunales pertenecientes a los pueblos” y declaraba la inalienabilidad y la imprescriptibilidad del patrimonio municipal.58 Sin embargo la puesta en marcha de esta legislación estuvo lejos de cumplir sus objetivos. La subcomisión encargada del estudio de lo concerniente al rescate de los bienes comunales a penas si funcionó y la misma inoperancia mostró el Instituto de Reforma Agraria para resolver las demandas de restitución de los pueblos.59 Es en este contexto en el que se produce la amenaza de los alcaldes de la Comarca de las Cinco Villas 56 El desarrollo del Congreso de Caspe puede verse en: Lorenzo MARTÍN RETORNILLO: Caspe: un estatuto de autonomía para Aragón, Zaragoza, Alcrudo, 1977; Antonio PERIÓ ARROYO: Autonomía y República. El Congreso y el Estatuto de Caspe, Zaragoza, Cortes de Aragón, 2007, pp. 80-155; s.a.: Crónica del Congreso de Caspe (1 al 3 de mayo de 1936), Zaragoza, Rolde de Estudios Aragoneses. 57 Salvador CRUZ ARTACHO, Manuel GONZÁLEZ DE MOLINA y Antonio HERRERA GONZÁLEZ DE MOLINA: “Los bienes comunales y el socialismo español 1888-1936” en José A. PIQUERAS ARENAS (coord.): Bienes comunales: propiedad, arraigo y apropiación, Madrid, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Secretaría General Técnica, Centro de Publicaciones, pp. 251-297. 58 Antonio M. LINARES LUJÁN:, “Los bienes de los pueblos: del reparto al rescate”, en Salustiano DE DIOS DE DIOS, et al. (eds.): Historia de la propiedad: la expropiación, Salamanca, Ediciones de la Universidad de Salamanca, 2012, pp. 317-370. 59 Salvador CRUZ ARTACHO, Manuel GONZÁLEZ DE MOLINA y Antonio HERRERA GONZÁLEZ DE MOLINA: “Los bienes comunales y el socialismo…, pp. 251-297. 210 (Zaragoza) de dimitir si en plazo inmediato no se regulaba eficazmente la devolución del patrimonio comunal y de propios.60 La reforma agraria, y con ella la recuperación de los comunales, quedaría relegada al olvido durante el bienio radical-cedista. Pero con el regreso de los sectores progresistas volvió a retomarse la cuestión. El 19 de abril el Ministro de Agricultura, Mariano Ruiz Funes proponía cinco proyectos de ley destinados a reactivas la base legislativa de la reforma agraria, ocupando un lugar destacado uno “sobre rescate y adquisición de comunales”61 La iniciativa gubernamental no fue discutida hasta el 10 de julio de 1936 no dando tiempo a su aplicación. Esta situación fue la que se dio en Navarra done se contaba con todos los elementos para impulsar la reforma, todo dependía de la voluntad política, pero los acontecimientos lo impidieron.62 Serrano Álvarez también señala como los resultados del intento de rescate de comunales en la provincia de León fue exiguo y a penas se beneficiaron un pequeño porcentaje de los mil doscientos pueblos de la provincia.63 La propuesta de la minoría socialista zaragozana pedía que fueran revisadas las concesiones de tierras en los montes comunales, con el fin de corregir los abusos que por exceso que iban en perjuicio de otros vecinos que carecían de ellas. Analizadas las concesiones de tierras que regían hasta esos momentos, la Comisión de Propios propuso limitar las concesiones de tierra a un máximo de diez hectáreas por vecino y que las tierras sobrantes se distribuyeran entre los vecinos de los barrios en cuyo término se hallara enclavado el monte. El nuevo reparto entraría en vigor a comienzos del año forestal 1936-37, aunque nunca llegaría a efectuarse puesto que sería anulada en septiembre y tres meses después se daría a conocer el nuevo reparto, del que se beneficiarían siete personas que no excederían el cupo de 48 hectáreas.64 60 Enrique BERNAD y Carlos FORCADELL (eds.): Historia de la Unión General de Trabajadores en Aragón: un siglo de cultura sindical y socialista, Zaragoza, Institución Fernando El Católico, 2000, p. 118. 61 Antonio M. LINARES LUJÁN:, “Los bienes de los pueblos…, pp. 317-370. 62 Joseba DE LA TORRE y José Miguel LANA BERASAIN: “El asalto a los bienes comunales. Cambio económico y conflictos sociales en Navarra, 1808-1936”, Historia Social, 37 (II) (2000), pp. 75-95. esp. pp. 91-92. 63 José A. SERRANO ÁLVAREZ: “Reviviendo el sueño de varias generaciones: comunales y reforma agraria en León en la II República (1931-1936)”, Historia agraria: Revista de agricultura e historia rural, 62 (2014), pp. 147-175. esp. pp. 101-102. 64 A.M.Z., Sección de Propios y presupuestos, Montes y Propios, Caja 2530, expediente 1853/1936, «Redistribución de las tierras de los Montes Comunales» 211 Conclusiones Como hemos podido comprobar en las páginas anteriores, el control de los ayuntamientos se convirtió en una herramienta fundamental para poder desarrollar a escala local la política gubernamental. La importancia de las corporaciones locales quedó patente tras los procesos electorales de noviembre de 1933 y febrero de 1936. Ambos comicios sirvieron para virar el rumbo político del país, e hizo necesaria una adecuación de las estructurales locales para ponerlas en consonancia con los nuevos poderes centrales. Los gobiernos regidos por radicales y cedistas iniciaron muy pronto las destituciones de ayuntamientos. La primera vía para poner fin a los cabildos elegidos democráticamente en abril de 1931 fue administrativa, cursando denuncias sobre irregularidades en la gestión. A este proceso de sustitución de los dirigentes locales ayudó en gran medida la huelga campesina de junio de 1934 y la revolución de octubre del mismo año. En muchos casos estos acontecimientos sirvieron de coartada a los gobernadores civiles para poner fin a la gestión de socialistas y republicanos de izquierdas en ayuntamientos que en nada habían participado en estos movimientos. Como gran beneficiario de esta reconfiguración de los cabildos saldría el Partido Radical que pasó a controlar un buen número de ayuntamientos donde antes no lo hacía. El triunfo del Frente Popular supuso la vuelta a la escena de los protagonistas del primer bienio, y con ellos la recuperación de su política de reformas. Habían transcurrido ya cinco años de República y era complicado volver a resucitar el espíritu de abril y pronto quedó de manifiesto. La primera decisión que se adoptó con los ayuntamientos fue restituir a los ediles elegidos democráticamente en el ya lejano abril de 1931. A estas restituciones les seguirían destituciones de ayuntamientos donde las fuerzas conservadoras tenían el control y nombrando comisiones gestoras para sustituirlos. Para regularizar la situación de los cabildos se convocaron elecciones municipales que tendrían como objetivo renovarlos de forma completa, aunque dichos comicios no llegaron a celebrarse. Con unos ayuntamientos que no se habían renovado conforme dictaba la ley a lo largo de todo el periodo republicano, había que poner en marcha el programa de reformas. Unas reformas que iban a comenzar con un proceso de saneamiento de las instituciones, destituyendo a los elementos que no eran afectos a los nuevos poderes constituidos y reponer a quienes habían sido destituidos en el bienio anterior. Estas 212 medidas serían generadoras de tensiones y reclamaciones ante las autoridades competentes. La educación, los comunales, los procesos autonómicos serían cuestiones que en el breve periodo de febrero a julio de 1936 marcarían el que hacer diario de las corporaciones. No serían estos los únicos asuntos a tratar, pero la hasta ahora poco desarrollada historiografía sobre Ayuntamientos no nos permite adentrarnos en otras cuestiones. En los temas que hemos planteado si que puede apreciarse un cambio de estrategias a la hora de llevarlas a la práctica. En el ámbito educativa, aunque no hubo cambios legislativos, se fue más expeditivo a la ahora de sustituir la enseñanza religiosa. Se cerraron centros religiosos y, aunque tarde, se decretó la confiscación de inmuebles de centros religiosos. Si que hubo modificación legislativa en la recuperación de los comunales aunque apenas si se consiguió nada. En la cuestión autonómica se recuperó íntegra la legislación del primer bienio, sin embargo el apoyo municipal fue escaso. Todos los esfuerzos por llevar a la práctica el programa de reformas se vería bruscamente frenado con el estallido de la guerra civil. 213 214 215 De vuelta con el avance de la Falange José Antonio Parejo Fernández Universidad de Sevilla En septiembre de 1945 Isaiah Berlin visitó a Boris Pasternak y su mujer. Los encontró en una dacha durante una tarde soleada y cálida. Según recordó el propio Berlin, Pasternak, después de saludarlo cálidamente, lo «recibió con un: «viene usted de Inglaterra. Yo estuve en Londres en los años treinta, en 1935, en mi viaje de regreso del Congreso Antifascista de París»1. Tal y como le contó el escritor ruso, había sido André Malraux —organizador de la reunión de escritores comprometidos contra el fascismo— quien había hecho posible su viaje a Francia. Por lo visto, Malraux tuvo que hacer insistentes gestiones ante las autoridades soviéticas. Si no le permitían asistir —les aseguró el escritor francés a los jerarcas comunistas— les iba a resultar muy difícil explicar por qué un autor mundialmente conocido como Pasternak no había acudido a tan importante acontecimiento. A fin de cuentas fascismo y comunismo (así lo presentaba por entonces la propaganda soviética) eran antagónicos y nadie mejor que Pasternak para hacerlo visible. Provisto, pues, de la autorización (porque Rusia, por aquel tiempo, hacía mucho que era una dictadura totalitaria) y de la indumentaria adecuada que le facilitaron las autoridades (porque a pesar de vivir en el paraíso soviético Pasternak, por aquellas fechas, apenas tenía vestuario), el escritor se dispuso a emprender el largo viaje. Cuando Esta comunicación que presento al XIII Congreso de la Asociación de Historia Contemporánea, a celebrar en la Universidad de Castilla La Mancha-Albacete en septiembre de 2016, se integra en el marco del Proyecto de Excelencia I+D+I HAR2015-65115-P "La violencia política de 1936 y el 18 de julio como punto de ruptura. Un análisis micro", acogido al Programa Estatal de Investigación Científica y Técnica de Excelencia del Ministerio de Economía y Competitividad. 1 Isaiah BERLIN: La mentalidad soviética. La cultura rusa bajo el comunismo, Barcelona, Galaxia Gutenberg, 2009, pp. 123-124. 217 Universidad de Castilla~La Mancha Departamento de Historia. Área de Historia Contemporánea Edificio Benjamín Palencia | Campus Universitario s/n | 02071 Albacete Email: [email protected] | www.ahistcon.org | llegó a la capital parisina y se presentó en el lugar del evento se quedó muy sorprendido al conocer la larga lista de escritores ilustres que se habían dado cita en tan importante acontecimiento: «Dreiser, Gide, Malraux, Aragon, Auden, Forster, Rosamond, Lehmann e infinidad de celebridades excelsas». Todos dispuestos a luchar contra el fascismo y todos expectantes ante las palabras que les iba a dirigir Pasternak. Pero cuál fue la sorpresa de los asistentes cuando en vez de la esperada arenga antifascista, el escritor ruso se descolgó con las siguientes palabras: «Entiendo que ésta es una reunión de escritores para organizar la resistencia al fascismo. Sólo tengo una cosa que decirles: no se organicen. La organización es la muerte de la literatura. La independencia personal es lo único que importa. En 1789, 1848 y 1917, los escritores no se organizaron ni a favor ni en contra de nada. Se lo imploro, no se organicen»2. «Se mostraron sorprendidos, pero ¿qué otra cosa podía decirles?»3. Desde luego la sorpresa que causaron sus palabras debió ser mayúscula y también entendible si bien hasta cierto punto porque Pasternak en ningún momento los llamó al derrotismo ni quiso inducirlos a la frivolidad ni menos aún minusvaloró la importancia de la amenaza fascista. Él, mejor que la inmensa mayoría de los que estaban allí escuchándole, conocía los efectos devastadores del totalitarismo. En realidad, lo que les lanzó fue una llamada sorda a la conservación de la independencia intelectual porque sólo siendo fieles a su espíritu crítico, sólo sabiendo que el compromiso era capaz de distorsionar la realidad presente, pasada y futura podrían seguir siendo intelectuales libres. Lo que Pasternak no pudo imaginarse entonces fue que la libertad, tal y cómo él la entendía, era un valor en franco retroceso entre una parte importante de la intelectualidad occidental, algunos de los cuales estaban presentes en aquel congreso4. Sabía lo que decía porque llevaba años padeciendo esa falta libertad. Sabía los efectos devastadores que había causado en la intelectualidad rusa el manual de 2 Ibid., p. 124. Ibid. 4 Herbert LOTTMAN: La Rive Gauche. La élite intelectual y política en Francia entre 1935 y 1950, Barcelona, Tusquets, 2006; Tony JUDT: Pasado imperfecto. Los intelectuales franceses (1944-1956), Madrid, Taurus, 2007; del mismo autor: El peso de la responsabilidad. Blum, Camus, Aron y el siglo XX francés, Madrid, Taurus, 2013. Finalmente, es de obligada referencia la obra de François FURET: El pasado de una ilusión. Ensayo sobre la idea comunista en el siglo XX, México, Fondo de Cultura Económica, 1995. 3 218 actuación intelectual de Máximo Gorki5; sabía qué significaba pertenecer a organizaciones como la Unión de Escritores Soviéticos; sabía qué había pasado con el individualismo verdadero6; sabía qué les había pasado a los que intentaron resistirse a la planificación cultural; sabía mejor que ninguno de ellos en qué condiciones vivían sus amigos Osip y Nadia Mandelstam y sabía también cómo malvivía Anna Ajmatova, su otra gran amiga, autora años después de un poema, Requiem, que vino a retratar la opresión del estado soviético contra todos los que fueron considerados enemigos del estado y la revolución. Porque Pasternak, es verdad, salió de la Unión Soviética para participar en aquella reunión de intelectuales antifascistas; pero las vidas de Pasternak y de sus amigas Ajmatova y Nadia Mandelstam hoy representan ese faro de opresión y falta de libertad que no fue visto por una parte de la intelectualidad occidental7, demasiado atenta a los peligros que traía consigo el fascismo, pero excesivamente complaciente y relajada con el totalitarismo comunista8. Fueron los años y las décadas del compromiso de los intelectuales9. Como en tantas ocasiones, aquella llamada de atención no fue percibida a tiempo y por eso el compromiso no sólo fue una de las banderas intelectuales que más fuertemente se ondearon en la cultura occidental durante la segunda mitad del siglo XX, sino que, además, los dueños de las mismas devinieron en los guardianes de la ortodoxia ideológica. Afortunadamente, con la caída del Muro de Berlín y el hundimiento de las democracias populares y la propia Unión Soviética todo aquello tocó a su fin. Y, sin embargo, cuando parecía que la intransigencia se había acabado parece que en los últimos tiempos están surgiendo algunos intentos para traer de vuelta los tiempos de las ortodoxias y las condenas ideológicas10. Ir en busca de los orígenes de la Falange, mostrar las características socioprofesionales de los que un día integraron las filas del fascismo español vuelve a ser problemático toda vez que esos datos 5 Para la destrucción de la larguísima y brillante trayectoria cultural rusa cfr. Frank WESTERMAN: Ingenieros del alma, Madrid, Siruela, 2005. Una historia cultural rusa en Orlando FIGES: El baile de Nathasha. Una historia cultural rusa, Barcelona, Edhasa, 2010. 6 Friedrich HAYEK: Individualismo: el verdadero y el falso, Madrid, Unión Editorial, 2009. 7 Para sumergirse en ese mundo de opresión sin fin cfr. Nadia MANDELSTAM: Contra toda esperanza. Memorias, Madrid, Acantilado, 2012. Un retrato de los padecimientos de Ajmatova y el propio Pasternak en Isaiah BERLIN, La mentalidad... 8 Otra visión de conjunto, especialmente en lo tocante a la sordera moral de Occidente (que es lo que encierra el subtítulo de la obra) frente a los crímenes del comunismo en Martin AMIS: Koba el temible. La risa y los veinte millones, Barcelona, Anagrama, 2004. 9 Cfr. Friedrich HAYEK: Democracia, justicia y socialismo, Madrid, Unión Editorial, 2005. 10 Ángel Alcalde se ha referido a esto de forma breve y elegante en el estudio introductorio que hace a la, por otra parte esperada, obra de George MOSSE: Soldados caídos. La transformación de la memoria de las guerras mundiales, Zaragoza, Prensas de la Universidad de Zaragoza, 2016, p. 25. 219 contradicen las tesis de una escuela historiográfica, que fue muy importante en el pasado y que como tal consiguió que en Occidente el fascismo fuera visto como un invento del capital al servicio de la burguesía y en contra del movimiento obrero11. Durante mucho tiempo la presencia masiva de los sectores populares en las filas fascistas se explicó en torno a una serie de argumentos hoy superados aunque merecedores de la atención de la historiografía dada la importancia que llegaron a tener12. Así y siguiendo las interpretaciones tradicionales, los líderes del fascismo pudieron engrosar los ficheros de sus organizaciones gracias al miedo que inocularon en amplias capas de la población, a las presiones violentas que ejercieron sobre aquellas gentes o asegurándose una supuesta obligatoriedad de pertenencia a las mismas, amalgamando así, en el caso de la Falange, las distintas etapas de la Falange en un todo completamente irreconocible. Y, sobre todo, el verdadero muro que tuvieron que sortear los renovadores de la historia del fascismo vino dado por presuponer que esos retratos interclasistas con una fuerte presencia de trabajadores en los fascismos conllevaban indefectiblemente una intención implícita y, por tanto, reprobable de querer disminuir la carga de ilegitimidad y responsabilidad contraídas por los miembros de aquellas formaciones fascistas. La cuestión es que la imagen tradicional que siempre se tuvo sobre los fascistas no soportó el contraste factual. Sucedió con los estudios renovadores del fascismo europeo a partir de los años setenta y sucedió también, en el caso español, en cuanto Alfonso Lazo localizó dónde estaban las fuentes, es decir, los ficheros, carnés y expedientes de los militantes que, como sabemos, son los papeles más fiables y, por consiguiente, indispensables a la hora de rastrear el origen social de los falangistas. Ya lo expliqué en su momento y lo vuelvo a recordar otra vez: sabíamos con detalle quiénes fueron los nacionalsocialistas alemanes o el número de militantes que tuvo el NSDAP a lo largo de su historia. También conocíamos desde hacía mucho el fascio de Mussolini. Teníamos fuentes suficientes para acercarnos a la Guardia de Hierro rumana y a la trayectoria de su fundador Codreanu. El profesor Lazo en más de una ocasión ha descrito cómo se han publicado «no pocos estudios que han tomado como objeto los llamados fascismos menores: movimiento rexista belga; grupúsculos de 11 Si bien aparecido hace unos años, el balance historiográfico firmado por el profesor Joan Maria Thomàs, hoy por hoy el mejor conocedor de la trayectoria de la Falange, sigue siendo el más completo. Cfr. Joan Maria THOMÀS: "Los estudios sobre las Falanges (FE de las JONS y FET de las JONS): revisión historiográfica y perspectivas", Ayer, 71 (2008), pp. 293-318. 12 Otra obra de conjunto que se ha convertido, nada más aparecer publicada, en una referencia obligada para todos los estudiosos del fascismo español la firma Ferrán GALLEGO: El evangelio fascista. La formación de la cultura política del franquismo, Barcelona, Crítica, 2014. 220 la Francia de Vichy; los cruces flechadas de Hungría; fascistas extravagantes como los ingleses de Mosley». En cambio, de los falangistas españoles se nos escapaba, como decía, lo fundamental. Porque cualquiera que conozca mínimamente la trayectoria de la Falange sabe que ésta, en vísperas de las elecciones de 1936, sólo era un grupúsculo. Pero aparte de esto, poco más se sabía. Cuando al inicio de mis investigaciones sobre FE de las JONS me dispuse a acercarme al retrato de sus gentes —desde abajo y desde el detalle porque la trayectoria de sus líderes se conocía algo mejor13— enseguida comprendí que había cuestiones fundamentales para la historia de un partido político que seguían sin estar claras. No había manera de precisar en la bibliografía cuántos falangistas había tenido la Falange a lo largo de sus diferentes etapas. Es verdad que desde hacía mucho se tenía cierta idea del volumen de militancia que tuvo la Falange antes del 18 de julio; pero cuando fui en busca de esos números, los reuní, los puse en las fichas uno detrás de otro lo único que conseguí fue adentrarme en un terreno completamente impreciso. Por muchos historiadores que se hubieren referido a la cuestión, no había manera de saber cuántos militantes tuvo la Falange el día antes del triunfo frentepopulista; cuántos después, cuando la gente comenzó a afiliarse ya de una manera imparable; cuántos al día siguiente del 18 de julio; cuántos llegado el momento de la Unificación; cuántos al día siguiente de haber acabado la Guerra Civil; cuántos después de la derrota nazi en la Segunda Guerra Mundial; en 1956, año en el que José Luis Arrese intentó revitalizar la Falange o cuántos quedaron en el Movimiento en vísperas de la Democracia, es decir, en 1977. «Porque es evidente que no es lo mismo que la Falange tuviese 5.000 militantes que un millón; como tampoco que sus militantes perteneciesen a la aristocracia, a las clases medias o bien a las capas trabajadoras ya que un partido resulta bastante distinto cuando recluta a sus afiliados entre los partidarios de la derecha, entre los de la izquierda o, por ejemplo, entre aquéllos que nunca pertenecieron a una organización política; una circunstancia sobre la que no se había escrito nada ni se sabía nada»14. La cuestión, por tanto, era indagar hasta encontrar el verdadero rostro de los 13 No obstante y cómo bien está demostrando el profesor Thomàs todavía hay cuestiones muy importantes sobre las élites falangistas que estaban pendientes de una revisión a fondo. Cfr. sus dos últimos trabajos: El gran golpe. El caso 'Hedilla' o cómo Franco se quedó con Falange, Barcelona, Debate, 2013 y Franquistas contra franquistas: luchas por el poder en la cúpula del régimen de Franco, Barcelona, Debate, 2016. 14 Cfr. José Antonio PAREJO FERNÁNDEZ: Las piezas perdidas de la Falange: el Sur de España, Sevilla, Editorial Universidad de Sevilla, 2008, pp. 9-10. 221 falangistas. A eso nos dispusimos. Primero lo hizo Alfonso Lazo con su pionero libro sobre el falangismo en la comarca del Aljarafe15 y, posteriormente, quien firma estas líneas con otros tres libros más: uno sobre La Falange en la Sierra Norte de Sevilla; el siguiente, publicado en 2008, titulado Las piezas perdidas de la Falange: el sur de España, el cual tuvo su origen en una tesis doctoral leída en diciembre de 2005 de idéntico título y el tercero (también aparecido en 2008 aunque por mera coincidencia de fechas de publicación ya que esta obra fue una continuación de las investigaciones que había iniciado con anterioridad): Señoritos, Jornaleros y Falangistas16. Finalmente, el profesor Lazo ha publicado recientemente una obra más —Historias falangistas del Sur de España. Una teoría sobre vasos comunicantes17— que viene a sumarse a esta serie de investigaciones que dieron comienzo a finales de los años noventa del siglo pasado. Dentro de poco, pues, se cumplirán veinte años desde que Lazo marcara la senda para ir en busca de los fascistas españoles. Y lo hicimos sabiendo que durante mucho tiempo la ortodoxia de la escuela marxista había impedido poner sobre el tapete todos los nombres y todas las responsabilidades que se contrajeron en la era de los horrores. Es una paradoja, pero ocurrió así. Porque ir en busca de la verdad supone sumar al retrato conocido nuevas caras sean éstas de quien sea, es decir, sumar nuevos actores que contrajeron importantísimas responsabilidades durante los años que nos ocupan y que durante décadas permanecieron en el anonimato, entre otras cosas, por la ortodoxia que imperó en la Academia. Algo que por lo visto no todo el mundo está dispuesto a hacer por esas implicaciones a las que me acabo de referir. Afortunadamente hoy ya no es ningún secreto para la historiografía el hecho de que las dictaduras, fueran totalitarias de un tipo u otro o autoritarias de derechas, forjaron sólidos consensos con amplias capas de la población, que fue lo que a la postre les permitió llegar a dónde llegaron18. Por eso, no hace mucho, Timothy Snyder, en su libro Tierras de sangre, ha dejado escrito en un 15 Alfonso LAZO: Retrato de fascismo rural en Sevilla, Sevilla, Universidad, 1998. José Antonio PAREJO FERNÁNDEZ: La Falange en la Sierra Norte de Sevilla (1934-1956), Sevilla, Universidad-Ateneo de Sevilla, 2004; Las piezas perdidas de la Falange: el sur de España, Sevilla, Universidad de Sevilla, 2008 y Señoritos, Jornaleros y Falangistas, Sevilla, Bosque de Palabras, 2008. 17 Alfonso LAZO: Historias falangistas del sur de España. Una teoría sobre vasos comunicantes, Sevilla, Espuela de Plata, 2015. 18 Resalto la palabra consenso en cursiva para recalcar lo ya señalado hace unos años, entre otros, por Renzo de Felice y más recientemente por Robert GELLATELY: La Gestapo y la sociedad alemana. La política racial nazi (1933-1945), Barcelona, Paidós, 2003, p. 27. En realidad todos los que en los años 70 se adentraron en los archivos sin anteojeras ideológicas o metodológicas de inspiración marxista se llevaron una enorme sorpresa al constatar el pasado tan sorprendente que les tenían reservados aquellos legajos hasta entonces olvidados. Volveré a referirme a esta cuestión más adelante cuando traiga a colación la historia personal e investigadora de Timothy Garton Ash. 16 222 capítulo soberbio titulado 'Humanidad' reflexiones como las siguientes: «Todos tenían un nombre [...] Cada uno de los muertos se convirtió en un número. Entre ambos, los regímenes nazi y estalinista asesinaron a más de catorce millones de personas en las Tierras de sangre [...]. Los regímenes nazi y soviético convirtieron a personas en números, algunos de los cuales sólo podemos conocer aproximadamente, mientras que otros se pueden establecer con bastante precisión. A nosotros los estudiosos nos corresponde buscar esos números y situarlos en perspectiva. A nosotros, como humanistas, nos toca transformar de nuevo esos números en personas. Si no podemos hacerlo, Hitler y Stalin habrán configurado no sólo nuestro mundo, sino también nuestra humanidad»19. Libertad y sufrimiento de las víctimas. Son las dos cuestiones que más me interesan como historiador. Las aprendí de la mano de Alfonso Lazo. Para conocer los fundamentos de la tragedia consideré que había que seguir indagando en el pasado de los fascismos hasta traer de vuelta, para el caso español, las responsabilidades que muchos contrajeron en el pasado y que por diversas causas quedaron ocultas con el paso del tiempo. Nos propusimos esto y también hacerlo de una manera muy concreta: apartando a un lado la tentación de convertirnos en jueces de aquellos responsables y rescatar esa otra historia del modo en el que lo harían los artesanos del pasado, esto es, trabajando en un taller uniendo pieza a pieza hasta componer un retrato documentado y, por tanto, nítido de lo ocurrido. Así pues, me quedó claro desde un principio que para contribuir a la devolución de los nombres y de las dignidades arrebatas a las víctimas no podía transitar las sendas del compromiso intelectual que imperó durante tanto tiempo en los ámbitos de la cultura occidental. Porque de hacerlo no sólo acabaría torciendo yo también el pasado sino que, además, jamás podría alcanzar el objetivo que me propuse. Ahora bien, esto no me impidió renunciar a mis convicciones porque, a pesar de que el compromiso intelectual (tal y como se entendió en los años de las ortodoxias) sea incompatible con el trabajo del historiador, sí existen dos vías, únicamente dos, en las que volcar las preocupaciones personales propias de todo historiador no supone incurrir en una enmienda a la totalidad de las enseñanzas de Snyder: una nos lleva a rescatar, por encima de cualesquiera modas imperantes o supuestas ortodoxias intelectuales, las verdaderas posibilidades de supervivencia que tuvo la libertad en la España de los años 19 Timothy SNYDER: Tierras de sangre. Europa entre Hitler y Stalin, Barcelona, Galaxia Gutenberg, 2011, pp. 445-479 223 treinta y la otra, no menos importante que la anterior, nos permite ir en busca de las posibilidades reales de escapatoria que tuvieron las víctimas durante la guerra civil y la posterior represión. Dos compromisos intelectuales perfectamente compatibles con la recuperación científica del pasado. A esto es a lo que nos hemos dedicado el profesor Lazo y yo en los últimos casi veinte años y sobre esto mismo, por tanto, tratarán las páginas siguientes. * El Fascismo necesitó tiempo para evolucionar; los fascistas necesitaron tiempo para convertirse en organizaciones de masas, porque sin la aspiración de llegar a ser movimientos de masas no hubo fascismo. Necesitaron tiempo incluso para descubrir esa aspiración. Así ocurrió en el caso de la Guardia de Hierro Rumana o en el de la propia Falange Española. Y necesitaron tiempo para llegar a ser lo que fueron porque —hay que recordarlo— todas las organizaciones fascistas comenzaron su andadura de la mano de una pequeña minoría. Luego es evidente que los historiadores no nos podemos acercar al fascismo con prisas. Hay que recordarlo porque demasiadas veces esta premisa no se ha tenido en cuenta. Pongamos un ejemplo. Cuando se celebraron las elecciones de febrero de 1936 la Falange cosechó en España un sonoro fracaso 20. Si a estos magros resultados obtenidos en todo el país le unimos el hecho de que, a los pocos días de aquel triunfo del Frente Popular, los agentes de las comisarías de Investigación y Vigilancia procedieron a clausurar, por orden gubernativa y por enésima vez, las sedes que la Falange tenía por todo el territorio nacional21, devolviendo así a los falangistas a la clandestinidad, entonces la conclusión parece clara: éstos habían fracasado completamente. Hasta aquí nada que no se conociera desde hace mucho en la historiografía. No obstante, la evolución posterior del conocimiento de la Falange merece algunos comentarios. Siempre se había dicho que después de las elecciones de febrero del 36 el partido de José Antonio creció, si bien no se sabía cuánto. Sí, en cambio, se afirmó durante décadas —sin contar con los ficheros de FE-JONS— cómo, durante los meses que siguieron hasta el 18 de julio, buena parte de aquel crecimiento se debió a un trasvase enorme de jóvenes de las juventudes de Acción Popular, las JAP, hacia las filas 20 Julio GIL PECHARROMÁN: José Antonio Primo de Rivera. Retrato de un visionario, Madrid, Temas de Hoy, 1996, p. 430. 21 Ibid., pp. 437-438. 224 de Falange. Durante décadas, como digo, se sostuvo esto en los libros de historia. Pues bien, a pesar de aquella derrota sin paliativos, a pesar de los cierres gubernativos, de la posterior detención de cientos de falangistas en toda España con José Antonio y multitud de mandos territoriales a la cabeza, el triunfo del Frente Popular supuso el pistoletazo de salida para el crecimiento de la Falange22. Un crecimiento, en primer lugar, que se inició justo en el peor momento posible para hacerse fascista. Y un aumento muy notable de la afiliación que no dio comienzo con el 18 de julio como se había supuesto durante tanto tiempo, sino al día siguiente del triunfo del Frente Popular. Así, lo que muestran los datos de archivo, es decir, los ficheros es concluyente: entre el 16 de febrero de 1936 y el 18 de julio (un periodo en el que se abrió una nueva etapa en la historia falangista) sucedió en todas partes lo mismo. En la mayoría de los pueblos en los que aún no existía una Falange local, ésta se organizó rápidamente, pasando inmediatamente de la nada a contar con un número importante de afiliados. Y en aquellas poblaciones en las que ya había un centro de FE, el número de militantes aumentó notablemente sin excepción23. Tan notable fue el crecimiento de la Falange en toda España que a principios del mes de julio de 1936, cuando aún no se había declarado la guerra, Manuel Giménez Fernández no dejaba de recibir cartas de correligionarios suyos en las que se recogían comentarios como los siguientes: «[…] Tan pronto como he podido he procurado ir observando el estado de ánimo y opinión que hay por aquí y veo con agrado que no es tan desquiciado como supuse en lo que atañe a los dirigentes del partido. He hablado con el presidente de la Juventud, M. Gómez, y o lo disimula muy bien o las visitas de Pérez Laborda de que Vd. me habló no han surtido mucho efecto. Lo que sí me dijo, y esto es cosa que hay que procurar evitar, es que en pueblos que hace tres meses no sabían lo que era (bueno, ni hoy tampoco lo saben) el fascio, ya andan hablando de él […]»24. A pesar de lo que pudiera parecerles a los cedistas, la Falange estaba pasando por sus peores momentos porque, desde un punto de vista político, la organización seguía 22 Un buen balance historiográfico sobre la primavera del 36 en José Luis LEDESMA: "De prólogo a espacio de debate: la etapa del Frente Popular y la historiografía", en Manuel BALLARÍN y José Luis LEDESMA (Eds.): La República del Frente Popular. Reforma, conflictos y conspiraciones, Zaragoza, Fundación Rey del Corral de Investigaciones Marxistas, 2010, pp. 165-203. 23 Cfr. José Antonio PAREJO FERNÁNDEZ: Las piezas..., pp. 71-118. 24 Ibid. 225 siendo un partido con muy poca implantación y desarrollo político. Si bien tampoco hay que llamarse a engaño con los falangistas: la Falange no tenía las mismas aspiraciones que pudo tener Gil Robles cuando acabó convirtiendo a la confederación de derechas en una organización muy importante en número de afiliados, moderna y con una enorme capacidad de movilización política y social. Los falangistas no querían hacerse un hueco para competir por la alternancia política. Ellos querían abrirse paso para literalmente destruir el sistema. Y lo empezaron a conseguir a partir de febrero de 1936. Por eso sus métodos de desarrollo políticos fueron otros y por esto mismo Falange siguió aumentando sus filas (a pesar de todas las dificultades por las que atravesó) a un ritmo cada vez mayor a partir de aquella fecha. Qué sabemos ahora de los nuevos falangistas que llegaron al partido durante aquellos meses. Muchísimos detalles gracias a los datos que hallamos en los ficheros que se han conservado fundamentalmente en los archivos municipales. Gráfico 1 FUENTE: José Antonio Parejo, Las piezas perdidas de la Falange..., p. 51. A través de éstos papeles conocemos las profesiones, los niveles de renta y los orígenes políticos, que es lo primero que quiero resaltar fundamentalmente porque siempre se dijo que la gran mayoría de los que ingresaron en la Falange durante la primavera de 1936 lo hicieron después de haber abandonado masivamente las filas cedistas y, más concretamente, las Juventudes de Acción Popular (JAP); las cuales, al parecer y siempre 226 siguiendo las imágenes clásicas a las que he hecho referencia anteriormente, se quedaron vacías de jóvenes. La cuestión es que el trasvase masivo de cedistas y japistas no coincide con los datos que guardaban los ficheros. Cuando contabilizamos los expedientes la imagen que nos encontramos fue completamente distinta a la mencionada anteriormente ya que la inmensa mayoría de los afiliados, tal y cómo se recoge en el gráfico de más arriba, carecían de orígenes políticos: un 70,8% para la etapa anterior al 18 de julio25. Razones para acabar en Falange se han aportado muchas a lo largo de las décadas, tantas y tan imprecisas o inciertas que la inmensa mayoría de éstas han acabado convertidas en lugares comunes. Así, cuando hubo que explicar el avance de la Falange durante la República, especialmente en el transcurso de la primavera del 36, se adujo el trasvase de jóvenes derechistas al que antes me refería y cuando hubo que explicar la avalancha de afiliaciones a partir del 18 de julio se atribuyó a la necesidad de refugio que tuvieron tantísimos españoles a partir de aquella fecha. Cualquier argumento, como vemos, menos barajar el más factible de todos: la afiliación atropellada y voluntaria de decenas y decenas de miles de españoles26. Porque si bien es verdad que hubo presiones por parte de algunos de jefes de Falange (habría que medir las que llevaron a cabo los comunistas en el bando republicano para tener una idea exacta de las mismas), tampoco es menos cierto que a la hora de elaborar el retrato general de la militancia el historiador no debe convertir en categoría datos parciales pues de otra forma jamás podría rescatar la imagen de conjunto. Siendo así las cosas y siendo imposible, además, preguntarle uno por uno a los militantes por las razones verdaderas que los llevaron a Falange 27, la imagen que emana de los ficheros y de los expedientes de los propios militantes es concluyente: los españoles se afiliaron a Falange en masa porque una parte considerable de la sociedad 25 Ibid., p. 51. Cfr. Francisco COBO ROMERO: "Represión y persecución de minorías y disidentes en las dictaduras fascistas europeas del periodo de entreguerras. Los apoyos sociales y la colaboración de ciudadanos comunes. La Alemania nazi y la España franquista", en Conxita MIR, Carmen AGUSTÍ, Josep GELONCH (Eds.): Pobreza, marginación, delincuencia y políticas sociales bajo el franquismo, Lérida, Universidad de Lérida, 2005, pp. 13-49. Del mismo profesor COBO un balance mucho más interesante, documentado y extenso sobre estas cuestiones en ¿Fascismo o democracia? Campesinado y política en la crisis del liberalismo europeo, 1870-1939, Granada, Universidad de Granada, 2012. 27 Dicho lo de arriba, tampoco es menos cierto que en las series documentales halladas en los archivos municipales es posible elaborar esa encuesta a través de los testimonios recogidos en los expedientes personales de muchos falangistas, los cuales, a la hora de las renovaciones de carnés emprendidas alrededor de 1938, explicaron porqué se habían hecho falangistas. Si tomamos al pie de la letra lo dicho por aquellos hombres y tenemos en cuenta que sus testimonios fueron verificados posteriormente por los servicios de información falangistas entonces nos topamos con una imagen donde la voluntariedad y la firme creencia en las ideas de la Falange ganaron la partida a otras muchas razones. 26 227 española creyó que la mejor manera de solventar los problemas del país pasaba por actuar conforme a los valores y los comportamientos de una organización antidemocrática, antiliberal y enormemente violenta como fue la Falange. Aunque a la gente de bien les parezca increíble debemos reconocer que hubo mucha gente que se afilió a Falange sabiendo en dónde se metían. Conocemos la procedencia política, o mejor dicho, la falta de procedencia política y también pudimos recomponer la manera en la que aquella gente se ganó la vida. Lo cual también fue interesante porque durante muchísimas décadas el retrato fascista que se estuvo explicando en las aulas de los centros educativos occidentales fue el de una imagen trufada de marxismo académico (algo que, por desgracia, aún no ha desaparecido). Estas enseñanzas dieron lugar, por una parte, a que un sector de aquellos antiguos alumnos incorporara a su bagaje cultural todos los lugares comunes a los que me he referido, convirtiéndose muchos de ellos, con el tiempo, en los nuevos transmisores de aquella visión a las siguientes generaciones. Otro sector, en cambio, volvió sobre la cuestión a tiempo y por eso entre éstos es dónde debemos buscar a los pioneros que renovaron a partir de los años 70 los estudios sobre el fascismo. Nada más empezaron a bucear entre los documentos de archivo se vieron embargados por las sorpresas que les fueron deparando aquellos papeles. Uno de los primeros fue Timothy Garton Ash, el cual, con sólo unas jornadas de trabajo entre los antiguos documentos de la Gestapo, no pudo reprimir la duda que le embargó al ver a unas ancianas sentadas tan tranquilas en la misma terraza en la que él estaba tomando un trago asqueada de tanta bajeza humana como había visto aquel día en el archivo: ¿qué hicisteis en la guerra abuelitos? fue la primera pregunta que se apoderó de él28. De modo que el sólo hecho de tener acceso a los ficheros de una organización fascista y poder elaborar una estadística socioprofesional se convirtió en uno de los ejes más importantes de nuestro trabajo. Así lo creímos en su momento porque la imagen que siempre se había tenido de los falangistas había sido la de unos señoritos movilizados políticamente por la desesperación que les causaba la política de masas y las reclamaciones sociolaborales de los obreros, hasta tal punto que eso fue lo que explicó por qué habían respaldado con su participación la aparición de aquellas formaciones repletas de pistoleros y gente violenta. Sin embargo, la imagen que 28 Timothy GARTON ASH: El expediente. Una historia personal, Barcelona, Tusquets, 1999. 228 esperaba en los archivos, tanto en los españoles como en los europeos, era una completamente distinta a la que acabo de describir. CUADRO 1 ENCUADRAMIENTO DE LOS FALANGISTAS POR PROFESIONES. PROVINCIA DE SEVILLA OCUPACIÓN MILITAR DE LAS POBLACIONES – DECRETO DE UNIFICACIÓN (19/04/1937) OCUPACIÓN - DECRETO ETAPA REPUBLICANA % % Artesanos 12,72 8,8 Artista 0,02 - Bodegueros 0,04 - Capataces 0,11 - Comerciantes 7,3 8 Empleados 8,66 13,3 Empresario 0,02 - Esquilador 0,02 - Estanqueros 0,07 - Estudiantes 1,52 5,6 Funcionarios 4,44 5,7 Hortelanos 3,21 2 Jornaleros 33,76 20,9 Labradores 9,26 15,1 Lotero 0,02 - Molinero 0,04 - Obreros 8,39 7,1 Otros 1,7 2,7 Porqueros 0,09 - Profesionales 7,36 10,1 Propietarios 1,23 0,7 Porcentaje Total 100 100 PROFESIONES FUENTE: Cfr. José Antonio PAREJO FERNÁNDEZ: Las piezas perdidas de la Falange: el sur de España, p. 93. Lo primero que llama la atención, si se observan los porcentajes que recojo en este cuadro, es el enorme componente de clases trabajadoras que hubo en las filas de esta primera Falange, un porcentaje que se acrecentó todavía más con el comienzo la guerra. 229 Llama la atención porque siempre se supuso que los falangistas fueron esos señoritos de los que hablaba antes, luego la pregunta que nos hicimos fue: ¿qué hicieron gentes como aquellas, procedentes de los sectores populares, en formaciones como éstas tan violentas, tan antidemocráticas, tan antiliberales y tan aparentemente alejadas de las preocupaciones de la gente corriente? A algunos la sensación que le dieron estos datos fue que Lazo y yo estábamos afirmando que los partidos fascistas fueron organizaciones obreras. Error. Nada más lejos de la realidad y de las tesis que sostenemos. La correcta categorización del fascismo, tanto de la Falange como del resto de formaciones que lo fueron durante los años 20, 30 y 40 del pasado siglo, fue la de partidos interclasistas, por la sencilla razón de que entre sus aspiraciones siempre estuvo la conformación de una comunidad nacional. Por eso la propaganda fascista, tanto en España como fuera de ella, siempre apeló a los miembros de todos los sectores sociales. El triunfo de la misma, finalmente, es lo que explica por qué las filas de estas organizaciones estuvieron repletas de gente corriente, de gente convencionalmente buena a priori que durante una parte de sus vidas creyeron en las promesas de formaciones radicalmente nuevas que venían apelando con fuerza a la superación de la política y las instituciones viejas y caducas29. Personas, evidentemente, muy equivocadas. Y otro dato fundamental: el nivel económico de la militancia. Una impronta socioeconómica que en nada tuvo que ver con aquel supuesto partido repleto de ricos al que tantas veces se aludió en el pasado. Lo que muestran las fichas de los falangistas es que la mayoría de ellos procedía de todos los sectores sociales, gente normal, gente eminentemente pobre en su mayoría30. Personas normales, pero dispuestas a traspasar el horizonte de violencia que les proponía la Falange. Así pues, la importancia de estos tres elementos —orígenes políticos, encuadramiento profesional y nivel económico— se comprenderá, además, si tenemos en cuenta lo difícil que ha sido siempre hacer la historia de una formación política sin los ficheros. Pues sobra decir a estas alturas que sin fichas ni expedientes siempre fue imposible saber quiénes fueron los individuos que integraron las filas de una formación política. Y sin estas informaciones difícilmente podremos hacer una historia política completa y veraz. Para el caso de la Falange, como se acaba de ver, esto se consiguió resolver. * 29 Sobre el ideal de comunidad nacional cfr. Ian KERSHAW: Hitler (1889-1936), Barcelona, Península, 1999, p. 318. 30 Cfr. José Antonio PAREJO: Las piezas..., pp. 94-96. 230 Orígenes políticos, profesiones y niveles económicos constituyen la columna vertebral de la reconstrucción socioprofesional falangista. Un trabajo de años. Por qué comento esto. Primero, porque hace más de una década ya que este retrato está completo. Y segundo porque a pesar de estar completo, a pesar de que esa imagen se corresponde, punto por punto, con la que presentaron la inmensa mayoría de las falanges de este país (algo que conseguimos averiguar a través de las catas hechas en otras partes de España31) y a pesar, finalmente, de que esa misma impronta social coincide casi al milímetro con la de otras fascismos europeos del momento, aún sigue constando asimilar el hecho de que la gente corriente decidiera apuntarse a las filas del fascismo. ¿A qué se debe esto? Desde luego hay una serie de razones que lo explican. La principal de todas, a decir de un buen conocedor del fascismo como es John Lukacs, «es la miopía y la estrechez de las categorías de la visión marxista del mundo y de la naturaleza humana»32. Otra, no menos importante, tiene que ver con el hecho de que estos datos dan la impresión de querer descargar de ilegitimidad y responsabilidad a los integrantes de las formaciones fascistas. Es más, el hecho de afirmar empíricamente que la Falange fue un partido interclasista con un fuerte componente obrero entre sus filas sigue siendo un problema porque parece que ese componente popular hace del fascismo algo menos brutal y menos ilegítimo de lo que verdaderamente fue. Pero precisamente por este carácter masivo y por el hecho de que millones de personas normales y corrientes arribaran a las filas del fascismo es por lo que hoy estamos más cerca de comprender las verdaderas posibilidades de escapatoria que tuvieron las víctimas. 31 32 Ibidem. John LUKACS: El Hitler de la historia. Juicio a los biógrafos de Hitler, Madrid, Turner, 2003, p. 44. 231 CUADRO 2 COMPOSICIÓN SOCIAL DE ALGUNOS PARTIDOS FASCISTAS ANTES DE LLEGAR AL PODER O CONVERTIRSE EN PARTIDOS ÚNICOS PROFESIONES/GRUPOS PNF NSDAP FE DE LAS JONS PROFESIONALES (NOVIEMBRE 1921) (HACIA 1929) (a 19 de Abril de 1937) 15,4% 28,1% 8,4% Trabajadores del Campo 24,3% - 33,8% Empleados 9,8% 25,6% 8,7% Profesiones Liberales 6,6% 20,7% 7,4% Funcionarios 4,8% 8,3% 4,4% y 12% 14% 13,7% Comerciantes y Artesanos 9,2% - 20% Industriales 2,8% - - Maestros 1,1% - - Marineros 1% - - Estudiantes 13,8% - 1,5% - 3,3% 2,1% Obreros industriales/Urbanos Campesinos Propietarios Rurales Otros FUENTE: PNF, Stanley G. PAYNE. Historia del fascismo, p. 138; NSDAP, Álvaro LOZANO: La Alemania nazi; FE de las JONS, José Antonio PAREJO: Las piezas..., pp. 93-97. La tercera razón se deriva de un fenómeno interesante como es el que una parte muy importante de la población occidental sigue pensando, en la mejor y más directa influencia roussoniana, que el Hombre es bueno por naturaleza. Así pues, como el fascismo fue intrínsecamente malo y claramente violento se niegan a admitir, por muchos datos empíricos que se les ponga encima de la mesa, que bastantes millones de europeos —incluidos algunos españoles— se apuntaron voluntariamente a las filas de ese fascismo malo y violento. Y la cuarta razón viene determinada por un déficit educativo enorme pues todavía hay una parte muy importante de esa población occidental que sigue enormemente influenciada por los tópicos, los lugares comunes e incluso las caricaturas que durante décadas (concretamente desde 1940 año en que se estrenó El Gran Dictador) se han hecho contra el fascismo. Todo lo cual ha originado un terreno cultural muy abonado para la incomprensión del fascismo, de tal manera que la única conclusión que ha arraigado en el mismo a pesar del esfuerzo de muchos y muy 232 buenos historiadores es la siguiente: como el fascismo fue algo intrínsecamente malo y como, además, estoy fuertemente influenciado por las constantes caricaturizaciones del mismo es evidente que 'yo, con mi formación actual y mi alta moralidad, jamás me habría hecho fascista'. Y claro: todo esto, a la luz de las fuentes documentales y a la luz del propio comportamiento de millones de fascistas en toda Europa constituye un error de grandes proporciones33. Afortunadamente, los trabajos respaldados por las fuentes documentales están corrigiendo en toda Europa, poco a poco, esta torcida percepción. En este proceso, pues, es en el que se inscriben los trabajos sobre la Falange que hemos hecho durante estos años, gracias a los cuales hemos podido continuar reconstruyendo el retrato de grupo que un día conformaron los falangistas, hasta el punto de que durante los diez años que han mediado entre 2005 (cuando defendí mi tesis doctoral) y la fecha en la que firmo esta comunicación (junio de 2016) hemos añadido tres elementos más a esa imagen de conjunto: la conformación de las milicias, él cómo lucharon aquellos milicianos y el grado de consenso y colaboración popular que fue capaz de forjar la dictadura de Franco. Veamos brevemente cómo ha ganado en nitidez el retrato de grupo falangista. * Falange, como es sabido, se fundó en octubre de 1933. Un mes después alguien disparó contra la multitud en un mitin de Primo de Rivera en Cádiz ocasionando un muerto y varios heridos. El 11 de enero de 1934 fue asesinado el primer falangista en Madrid, el cual acababa de comprar una publicación de Falange. A raíz de aquel asesinato los quiosqueros se negaron a vender los periódicos de FE por lo que se les encargó a los jóvenes del partido la venta de los mismos en las calles. El resultado de todo aquello fue que el 27 de enero de aquel mismo año caía asesinado a tiros el encargado de dirigir esas ventas a pie de calle. El 3 de febrero dos heridos de bala que vendían el periódico, el 9 de febrero moría Matías Montero. Es decir, en cuatro meses de vida Falange ya contaba con cuatro militantes muertos34. ¿Cómo respondió a dichos asesinatos Falange? En realidad no hubo respuesta, por lo que aquellos asesinatos dieron lugar a una intensísima campaña de burla contra los mandos de la organización, hasta el punto de que los críticos le dieron un nuevo significado a las siglas de Falange: FE, Funeraria 33 Ibid., pp. 46-47. Cfr. Alfonso LAZO: "Independencia y verdad en la historia. El caso de la Falange republicana", en José Manuel MACARRO VERA (Dir.): De la restauración borbónica a la guerra civil (1874-1936), Sevilla, Universidad de Sevilla-Ayuntamiento de Carmona, 2009, pp. 375-385. 34 233 Española. El fascismo, como ya he explicado al comienzo de esta comunicación, necesitó tiempo para evolucionar y tiempo fue el que necesitaron los líderes y los afiliados de la Falange para asimilar el uso de la violencia. Así, mientras Primo de Rivera no resolvió sus dudas los falangistas siguieron siendo asesinados sin que en la Falange nadie diera la orden de responder. El 9 de marzo de 1934, por consiguiente, un obrero de FE era acribillado a balazos en Madrid; una situación que seguiría de este modo hasta el 10 de junio de 1934. Aquel día un grupo de falangistas salieron de excursión camino de los montes del Pardo en Madrid. No era una salida campestre cualquiera ya que fueron al encuentro de las Juventudes Socialistas que solían acudir a aquel mismo lugar. Fueron a provocarlos. Sin embargo, la provocación les salió mal porque aquella jornada los socialistas los superaban en número, al punto que éstos consiguieron aislar y rodear a uno de los falangistas que acabaría muriendo a puñaladas. Aquella misma tarde Primo de Rivera ordenó la represalia. Horas después, ya de noche, el grupo de las Juventudes Socialistas que regresaba en autobús fue tiroteado por los falangistas, muriendo en la refriega una muchacha del PSOE llamada Juanita Rico. Fue así cómo los falangistas resolvieron sus dudas y fue de esta manera cómo empezó la matanza entre unos y otros, la cual iría aumentando hasta el inicio de la Guerra Civil35. Cuando la Falange se dispuso a contraatacar, el ideal de violencia propio de todo fascismo cobró definitivamente carta de naturaleza, convirtiéndose así la Primera Línea de la Falange en un verdadero instrumento de castigo contra los adversarios políticos devenidos ahora en enemigos. Las cifras de adscripción a la Falange de la Sangre allí donde se ha completado el estudio no dejan lugar a dudas: un 65,9% de los militantes en la Falange de la capital hispalense y un 68% en los pueblos muestran claramente la disposición de los afiliados para el combate36. Y, sobre todo, una adscripción a la sección más expuesta que fue voluntaria. Y no porque sea una interpretación, sino porque los datos de adscripción a la misma y los propios testimonios de los afiliados recogidos en sus fichas personales así lo muestran. El resultado de todo aquello es de sobra conocido: la Falange se convirtió en un grupo más que sumar a la larga lista de organizaciones violentas que, desde la primavera de 1931, venían violentando la legalidad republicana y la convivencia de los españoles. Unos y otros, por tanto, 35 Ibid. Más cifras sobre la adscripción a la Primera Línea en otras partes de España en José Antonio PAREJO: Las piezas..., p. 52. 36 234 despreciando el estado de derecho llevaron a España a una ola de crímenes que, entre 1931 y 1936, se cobró según uno de los cálculos más solventes no menos de 2.200 muertos (sin contar los heridos ni menos aún todas las situaciones que entrarían dentro del concepto de violencia política), una cifra inasimilable en la España de hoy37. Ese carácter violento y esa adscripción voluntaria a la primera línea no desapareció con la avalancha de afiliaciones que se produjo a partir del 18 de julio, entre otras cosas porque la adscripción a la Primera Línea continuó siendo voluntaria para los nuevos afiliados hasta bien entrado el año 1938. Otra cuestión en la que apenas se ha reparado. Durante mucho tiempo se dijo que buena parte de los españoles que se apuntaron a la Falange a partir del inicio de la guerra lo hicieron movidos por el miedo y por la necesidad de buscar un refugio que los mantuviera a salvo de las tapias de los cementerios. Presiones sobre los nuevos afiliados para que se apuntaran a Falange las hubo desde luego, pero el retrato general muestra algo más que eso. Ahora sabemos que, en esta nueva etapa que inauguró el comienzo de la Guerra, la gran mayoría de los nuevos afiliados que ingresaron en la Falange lo hicieron sin haber militado previamente en una organización política, concretamente un 57,46% de la militancia que había en las filas de la Falange entre el inicio de la guerra civil y el Decreto de Unificación de abril de 1937 jamás había pertenecido a un partido político38. Unas cifras que se repiten sin variación en otras partes de España. Pero, sobre todo, son unos números que se ven refrendados por datos importantes como, por ejemplo, el hecho de que Falange pusiera al servicio de Franco a 205.173 combatientes falangistas. Estos números significan que la Falange fue capaz de movilizar a 10 divisiones si tomamos el canon soviético durante la Segunda Guerra Mundial o 20 si nuestro modelo es la división norteamericana. Diez o veinte divisiones son muchas divisiones como para no prestarle atención a esa capacidad de movilización39. Estas decenas de miles de combatientes arrojan una nueva imagen sobre la fotografía tradicional por varias razones. La primera porque los elevadísimos números de muertos y heridos que tuvieron las banderas de Falange demuestran que los falangistas no se afiliaron a la misma para agazaparse tal y como suele leerse de vez en cuando. Y segundo porque las tasas de muertos y heridos, a falta de una confesiones 37 Cfr. Stanley G. PAYNE: El colapso de la República. Los orígenes de la guerra civil, Madrid, La Esfera de los Libros, 2005, p. 536. 38 Cfr. José Antonio PAREJO: Las piezas..., p. 87. 39 Cfr. José Antonio PAREJO: "De puños y pistolas. Violencia falangista y violencias fascistas", Ayer, 88 (2012), p. 143. 235 íntimas sobre los motivos que los llevaron a Falange, dan buena idea del cómo lucharon los falangistas contra la República. No cabe duda: la Falange y los falangistas fueron un importantísimo estilete contra el régimen republicano. Reconocer esto implica empezar a valorar las verdaderas posibilidades de supervivencia que tuvo la República en este país. Dicho esto, la pregunta ya no podía esperar más: ¿por qué se afiliaron los españoles a esta nueva Falange? CUADRO 3 Número de Integrantes, relación de fallecidos y heridos enrolados en las Milicias de FET durante la guerra civil, diferenciados por regiones militares y procedencia anterior a la Unificación Regiones Excombatientes % Excombatientes Militares Falange Bajas Carlistas Primera 5.834 25,32 2.004 5.793 1.320 34 Cuarta 891 Quinta Muertos Heridos 28.410 1.811 Segunda 63.383 Tercera % Muertos Heridos 3.752 417 1.151 41,79 12,30 6.803 249 1.023 18,70 102 10,3 - - - - 3 12 1,68 1.395 269 346 44,09 31.945 1.916 14.710 52,05 9.050 481 4.159 51,27 Sexta 45.529 3.599 23.950 60,51 48.279 3.212 22.475 53,21 Séptima 22.103 2.327 5.818 36,85 - - - - Octava 7.590 637 1.865 32,96 - - - - Canarias 4.002 167 295 11,54 TOTAL 205.173 12.498 58.379 34,54 69.279 4.628 29.154 48,76 FUENTE: cuadro publicado con anterioridad en José Antonio PAREJO: "De puños y...", p. 143. Desde luego una respuesta concluyente es imposible por falta de espacio y, sobre todo, porque nunca podremos interrogar uno a uno a los camisas azules por los motivos que los llevaron hasta las filas falangistas. Por eso no queda más remedio que echar mano de los datos disponibles para articular la imagen de conjunto más nítida posible. Partiendo, por tanto, de este supuesto, cuando fuimos en busca de las respuestas vimos que la entrada en Falange, al igual que en el resto de organizaciones fascistas de la Europa del momento, no obedeció a una sola razón. En primer lugar porque hubo muchos españoles que acudieron a FE de las JONS —lo sabemos porque así lo hicieron constar en sus expedientes personales el día que entraron en la organización— movidos por las consecuencias de la crisis económica. Otros, en cambio, adujeron en sus expedientes motivaciones relacionadas con la crisis de valores que experimentó la 236 Bajas sociedad europea de entreguerras: ataques a cuestiones tan importantes para muchos como el patriotismo, la falta de respeto a las leyes y a las autoridades, lo poco que a su entender se respetaba la propiedad colectiva y la privada. Hubo muchos, también, que aludieron a la amenaza comunista y otros al sectarismo sindical que los obligaba a afiliarse al sindicato dominante para encontrar trabajo en sus respectivos pueblos: yo fui de la CNT o de la UGT, me apunté para poder trabajar dijo más de uno. Reacción de los jefes locales: sello de admitido luego nuevo falangista. Aunque lo que verdaderamente movilizó a los españoles hacia la Falange, según los datos de archivo, fue el odio a la democracia y a las instituciones republicanas. Pero no sólo la odiaron y lucharon contra ella durante la guerra civil. Acabada ésta e instalado el país en una durísima posguerra muchísimos españoles siguieron respaldando a los mismos que habían derrotado a la República —los militares con Franco a la cabeza—, hasta el punto de que en España amplias capas de la población forjaron el mismo tipo de consenso con la dictadura franquista que el que establecieron los alemanes con Hitler y que de manera tan impecable ha estudiado Robert Gellately. Esto es lo que explica por qué el sistema de control social y colaboración ciudadana impulsados por la Falange —una estructura nacional, con escasísimos agentes (como la Gestapo) y necesitada de la colaboración y las denuncias de la gente corriente) se parece tantísimo al caso alemán. O dicho de otra forma: los datos que se recogen en el cuadro número 4 que se incluye al final de esta comunicación vienen a demostrar que la gente no sólo se apuntó a Falange voluntariamente, no sólo arribaron a sus filas procedentes de todos los sectores sociales, no sólo lucharon a brazo partido contra la República, sino que, además, llegado el momento, establecida la dictadura definitivamente, aupado Franco y convertido en un cruento dictador colaboraron con él y con su sistema de represión de la misma manera que lo hicieron los alemanes durante el III Reich 40. Poner esto encima de la mesa es traer de vuelta las responsabilidades que contrajeron tantos españoles. Y traerlas de vuelta supone, finalmente, poder valorar en toda su extensión las dos motivaciones que nos han movido durante todos estos años: las posibilidades de supervivencia que tuvo la libertad y las escasas vías de escapatoria que tuvieron las víctimas. Pero tampoco hay que llamarse a engaño. Porque la simple voluntad fascista de llegar a las masas indignadas más la firme idea de pertenecer a esos movimientos que 40 Cfr. José Antonio PAREJO: "Fascismo rural, control social y colaboración ciudadana. Datos y propuestas para el caso español", Historia Social, 71 (2011), pp. 143-159. 237 sintieron muchos españoles de toda condición no conformaron, por sí mismo, un binomio que les garantizara el éxito a los enemigos de la libertad, el pluralismo y la democracia liberal ya que las posibilidades de éxito o de fracaso de los partidos fascistas, incluida la Falange, también estuvieron directamente relacionadas con las oportunidades que les brindaron la crisis política, la institucional y, sobre todo, los climas de violencia política más o menos generalizados. Como bien ha explicado el profesor Manuel Álvarez Tardío en más de una ocasión, la supervivencia de la libertad, la democracia liberal y el pluralismo se anclan, tanto en el pasado como en la actualidad, en cuatro pilares claves: la existencia de un consenso procedimental consolidado, la pervivencia del Estado de derecho, la firme voluntad gubernativa de defenderlo ante la acción de sus enemigos y la férrea convicción de la ciudadanía de que sólo integrada en una democracia liberal es cómo únicamente se pueden alcanzar los objetivos planteados, dirimir las dificultades existentes en un marco de paz y seguridad y trabajar por el bienestar de la comunidad en todas sus manifestaciones. Cuando estos cuatro pilares estuvieron sólidamente anclados los partidos fascistas apenas consiguieron abandonar la marginalidad política en la que surgieron, como bien pudieron comprobar los falangistas españoles mientras Salazar Alonso estuvo al frente de Gobernación41. Ahora bien, cuando alguno de éstos entró en crisis la puerta se abrió inmediatamente al ascenso del fascismo. Eso fue lo que pasó en España durante los meses de invierno, primavera y primeras semanas del verano de 1936. Ya no tengo espacio ni tampoco éste constituía el tema central de esta comunicación; pero cada vez que un cura párroco llamó durante aquellos meses a la autoridad para que ésta les mandara un contingente policial que impidiera el incendio de su parroquia; cada vez que los presbíteros llamaron a esas mismas autoridades para que les enviaran los bomberos porque antes se habían negado a enviarles a la policía; cada vez que la autoridad no demostró una férrea voluntad para aplastar a los enemigos de la libertad, para encerrar a quienes perseguían a las minorías; cada vez que se produjo un acto violento y éste quedó sin respuesta gubernativa42; cada vez que un español dejaba de creer en el estado de derecho como único medio para combatir la violencia; cada vez que un nuevo 41 La Causa General posteriormente cubriría de indignidades la figura y la trayectoria del ministro, de la misma forma que otros desde la izquierda republicana lo acusarían de ser un amigo de fascistas. La verdad es que Salazar Alonso fue uno de los más firmes enemigos que tuvo el fascismo español. Una breve muestra del mismo en José Antonio Parejo: Señoritos, jornaleros..., pp. 43-58. 42 En este sentido es concluyente el artículo de Manuel ÁLVAREZ TARDÍO y Roberto VILLA GARCÍA: "El impacto de la violencia anticlerical en la primavera de 1936 y la respuesta de las autoridades", Hispania Sacra, LXV, 132 (2013), pp. 683-764. 238 militante de Falange creía que la violencia se combatía con más violencia la libertad se disponía a morir poco a poco. Con esto no estoy justificando el 18 de julio porque el 18 de julio es injustificable desde todos los puntos de vista. Lo único que intento explicar es que la democracia liberal, el pluralismo y la libertad o se cuidan día a día o en cuanto deja de interesar lo único que se hace es abrir la puerta a la legión de enemigos que siempre están dispuestos a asaltar las sociedades abiertas, democráticas y libres43. CUADRO 4 NÚMERO DE AGENTES ADSCRITOS AL SERVICIO DE INFORMACIÓN E INVESTIGACIÓN DE FET DE LAS JONS EN 1940, POR PROVINCIAS Y EXPRESIÓN DEL TOTAL DE POBLACIÓN QUE DEBÍAN CONTROLAR DELEGACIONES Agentes Agentes Auxiliares Efectivos Auxiliares Oficina 123 25 - - 148 - ALBACETE - 5 6 - 11 374.472 ALICANTE 10 32 10 150 202 607.562 ALMERÍA 8 39 7 31 85 359.730 ÁVILA 5 4 1 1 11 234.671 BADAJOZ 9 2 - 164 175 742.547 BARCELONA 54 115 97 408 674 1.931.875 BILBAO 11 20 5 64 100 511.135 BURGOS 7 25 3 25 60 378.580 CÁCERES 8 60 2 18 88 511.377 CÁDIZ 8 31 8 - 47 600.440 CASTELLÓN DE 8 7 5 1 21 312.475 CIUDAD REAL 5 1 1 2 9 530.308 CÓRDOBA 12 12 3 169 196 761.150 CORUÑA 8 13 4 - 25 883.090 CUENCA 4 - 2 - 6 333.335 GERONA 7 12 2 9 30 322.360 GRANADA 10 - 7 - 17 737.690 GUADALAJARA 7 6 1 6 20 205.726 HUELVA 8 6 2 - 16 366.526 DELEGACIÓN Colaboradores Totales Población en 1940 NACIONAL (VIZCAYA) LA PLANA 43 Un desgarrador y desesperado grito a favor de la libertad y en contra de los que abrieron la puerta a los enemigos de la libertad en Johan HUIZINGA: Entre las sombras del mañana. Diagnóstico de la enfermedad cultural de nuestro tiempo, Barcelona, Península, 2007. 239 HUESCA 4 13 - - 17 231.647 JAÉN 9 202 4 - 215 753.308 LAS PALMAS 5 6 3 65 79 320.524 LEÓN 6 3 2 - 11 493.258 LÉRIDA 2 29 2 8 41 297.440 LOGROÑO 6 9 2 1 18 221.160 LUGO 6 1 1 - 8 512.735 MADRID 23 181 35 100 339 1.579.793 MÁLAGA 15 108 10 - 133 677.474 MURCIA 8 1 6 15 30 719.701 ORENSE 5 - 1 1 7 458.272 OVIEDO 10 32 4 203 249 836.642 6 2 3 3 14 217.108 11 - - 19 30 407.497 3 3 3 - 9 369.618 PONTEVEDRA - 4 1 2 7 641.763 STA. ISABEL DE 2 - - - 2 - SALAMANCA 9 - 1 1 11 390.468 SAN SEBASTIÁN 11 56 2 17 86 331.753 4 2 1 5 12 359.770 SANTANDER 8 6 3 12 29 393.710 SEGOVIA 7 - - - 7 189.190 SEVILLA 24 46 5 190 265 963.044 SORIA 4 1 1 - 6 159.824 TARRAGONA 5 29 - 5 39 339.299 TERUEL - - 3 1 4 232.064 TETUÁN 4 4 1 26 35 - TOLEDO 6 8 2 2 18 480.008 VALENCIA 16 6 2 34 58 1.256.633 VALLADOLID 9 17 - 8 34 332.526 VITORIA 6 - 1 - 7 112.876 ZAMORA 4 8 - 10 22 298.722 ZARAGOZA 16 4 1 - 21 595.095 (ASTURIAS) PALENCIA PALMA DE MALLORCA PAMPLONA (NAVARRA) FERNANDO POO (GUIPÚZCOA) SANTA CRUZ DE TENERIFE (ÁLAVA) 240 TOTALES 566 1.196 266 1.776 3.804 25.877.971 Fuente: cfr. José Antonio Parejo: “Fascismo rural...", pp. 158-159. 241